Buenos Aires, marzo de 2014

CONVOCATORIA POPULAR

EN EL PROYECTO NACIONAL, DEMOCRÁTICO Y LATINOAMERICANO

MÁS DEMOCRACIA Y MÁS ESTADO

CON MÁS ORGANIZACIÓN POPULAR

Los abajo firmantes, representantes de partidos políticos, organizaciones sindicales, sociales y ecuménicas, así como ciudadanas y ciudadanos con responsabilidad dirigente en diversos ámbitos, protagonistas del vasto universo que integra y respalda el proceso de reformas iniciado en 2003, decidimos encaminarnos hacia un ámbito común que supere la dispersión del campo popular, sin abandonar nuestras respectivas identidades político culturales. Lo hacemos con el propósito de fortalecer el proyecto nacional, popular, democrático y latinoamericanista que hoy encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los avances obtenidos en América Latina durante todo este primer tramo del siglo XXI y, en nuestro país, a partir de mayo de 2003, abrieron una etapa que debemos defender; profundizando los cambios estructurales que amplíen la democracia y logren más igualdad, recreando utopías y fortaleciendo la organización popular que las concrete.

Desde el 25 de mayo de 2003, sostenidos en las convicciones que se asientan en la mejor historia política del Movimiento Nacional, Popular, Democrático y Latinoamericano, con la voluntad y el coraje de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández y alentados por las organizaciones populares y amplios sectores que se sintieron representados en las políticas de transformación social, política y económica, se hicieron realidad muchas ideas que años antes parecían solo una ilusión

Las múltiples políticas públicas impulsadas desde esa fecha se sostuvieron en la decisión de reparar las graves consecuencias que dejara la aplicación de las políticas del neoliberalismo en nuestro pasado reciente, dejando como resultado una sociedad y una economía desigual, concentrada y centralizada, impuesta a escala internacional en los años ’90 y que en nuestro país se remonta a las salvajes políticas de la última dictadura y a la burla a la voluntad popular de los gobiernos democráticos, cuya más cruda expresión fuera el menemismo.

Las decisiones políticas ejecutadas en materia económica-social, han permitido el renacimiento de nuestro sector productivo (agrario e industrial), con el consiguiente crecimiento sostenido de la economía, el aumento significativo de la ocupación laboral y del empleo en blanco, como asimismo la reducción y sustentabilidad de la deuda

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externa y una acumulación record de divisas hasta el estallido de la crisis financiera global. También han cumplido un importante papel las políticas de redistribución del ingreso a través de la Asignación Universal por Hijo, la universalización de las jubilaciones y diversos programas de inclusión social, como el PROGRESAR, el más reciente de ellos.

Es también de la mayor relevancia, el camino seguido en las políticas de Derechos Humanos y de Defensa, el impulso a la integración regional y la política exterior consensuada en América Latina, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las políticas de género y respeto a la diversidad con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario como ejemplo, así como los avances que se registran en materia de salud, ciencia y tecnología y educación, entre otras áreas.

En síntesis, las múltiples políticas públicas impulsadas desde esa fecha en adelante, pusieron en el centro la dignidad y el ingreso de los trabajadores y los desposeídos, la reconstrucción del Estado y la economía, así como la recuperación de nuestra olvidada dimensión latinoamericana, re alumbrando el viejo sueño de la Patria Grande.

Desde luego que es mucho lo que falta para consolidar lo hecho, por lo que es necesario abrir múltiples espacios de discusión acerca de qué y cómo hacerlo.

Es precisamente gracias a lo logrado que se han generado nuevas demandas, en muchos casos de compleja resolución. Esto, lejos de ser un disvalor, constituye un hecho saludable, porque está señalando nuevos y más profundos desafíos de ampliación democrática, y es el resultado de la movilidad social ascendente que tuvo lugar en todo nuestro continente, en base a esa síntesis virtuosa entre la voluntad de movilización y transformación de nuestros pueblos y los liderazgos populares surgidos de ella.

La crisis global, que excede absolutamente el plano financiero y adquiere una clara dimensión civilizatoria, pone en evidencia los problemas estructurales del capitalismo para proporcionar un contexto de felicidad a los pueblos. De aquí la reafirmación del camino emprendido, que en algunas experiencias regionales adquiere la denominación de socialismo del siglo XXI, y que converge con otras experiencias llevadas adelante por los gobiernos populares de la región, más allá de las lógicas particularidades de cada uno de los procesos. Y que no se agota en nuestra América Latina, sino que también está presente en las experiencias altermundistas de resistencia al capitalismo global, desde los movimientos OWS de los EE.UU. a las nuevas izquierdas y los indignados de Europa, pasando por todas las luchas populares en África, en Asia y en Oceanía.

Lo que seguramente cuenta a favor de las presentes experiencias en América Latina es la conducción política que sus líderes ejercen desde el Estado, a partir de haber sido reiteradamente legitimados por la voluntad popular mayoritaria.

Estamos firmemente convencidos de que los problemas estructurales e históricos del capitalismo deben afrontarse con más Estado, más democracia en la sociedad y en las empresas, más economía social y solidaria, más participación popular

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-especialmente de los jóvenes- y, sobre todo, más organización y empoderamiento de las mayorías populares.

Como parte de una contraofensiva a escala de toda la región, hemos visto cómo, en los últimos tiempos, los grupos destituyentes han procurado la desestabilización -cuando no el retiro anticipado- del gobierno popular, mediante una estridente corrida cambiaria con el objetivo de una mega-devaluación, por una parte, y al mismo tiempo mediante la remarcación –tan injustificada como inescrupulosa- de los precios. Ambos, instrumentos históricos del ajuste social propiciado por la oligarquía.

Frente a estas acciones, nuestro gobierno responde, una vez más, con programas de inclusión, cuya última expresión es el plan ‘Progresar’, e hizo también un llamado a custodiar el bolsillo de trabajadores y consumidores a través del programa ‘Precios cuidados’.

La cuestión nodal a resolver sigue siendo la disputa, tanto con los monopolios y oligopolios que abusan de su posición dominante en la producción de insumos básicos, como con la industria alimenticia y las grandes cadenas de supermercados que, al concentrar el acopio, la comercialización y el negocio financiero dominan el proceso de formación de precios y avanzan en la puja distributiva contra el salario. Esas empresas, sumadas las cerealeras que subfacturan y retacean la liquidación de divisas poseen, en un conjunto concertado, un poder de extorsión que amenaza cíclicamente la estabilidad y profundización del proyecto popular

En este contexto y tratándose de uno de los logros más significativos de los gobiernos kirchneristas, reafirmamos la necesidad de defender el salario real de los trabajadores, en particular el de los más postergados, a través de las negociaciones colectivas, sin condicionamientos para la necesaria recomposición del salario y con un accionar responsable de todos los actores involucrados.

CONVOCATORIA

Quienes aquí estamos convocados somos los que nos opusimos a la globalización neoliberal y a sus alineamientos locales, los que formamos parte de la construcción de la CTA, de la Marcha Federal, de la Carpa Blanca, de las puebladas de Cutral Có y Tartagal, del Matanzaso, de las resistencias y las disidencias parlamentarias y del repudio a los vicios enquistados en la vieja corporación política.

Reconocemos y reivindicamos nuestra diversidad de orígenes, sus consecuentes matices metodológicos y organizativos que conviven en ella y nuestra unidad en la lucha por la democracia, la justicia social, la reconstrucción del Estado y la batalla contra los monopolios, lo que se vio intensificado en las experiencias comunes de los últimos años.

No nos consideramos la síntesis de ninguna totalidad, pero sí estamos convencidos de la necesidad de un trabajo común. Por eso nos convocamos y convocamos a distintos sectores militantes, desde nuestros partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que abrevan en el espacio de las tradiciones de la izquierda, del movimiento nacional-popular, del progresismo, con sectores de la

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cultura, la comunicación, la agricultura familiar y las pymes, el cooperativismo, pueblos originarios

Trabajamos por la unidad del Proyecto Nacional, Popular, Democrático y Latinoamericano y por eso, como expresión militante, sostenemos la Unidad Latinoamericana y las construcciones que, como Mercosur, Unasur y CELAC nos unen a Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Cuba, Uruguay, Chile y toda Latinoamérica.

Es necesario que el conjunto de las fuerzas políticas y sociales que sostenemos a nuestro gobierno ampliemos la participación en el proceso de la toma de decisiones.

Es por ese motivo que nos proponemos la construcción a nivel nacional y territorial de un espacio común, utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance para fortalecerlo.

Desde esa perspectiva vemos en el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la posibilidad de poder construir y legitimar candidaturas que expresen la continuidad y profundización del proceso iniciado en 2003.

Por todo esto, convocamos a militantes y adherentes de todas las Provincias, que estén de acuerdo con estos principios generales y manteniendo la convocatoria abierta, a participar del PRIMER PLENARIO el próximo sábado 29 de marzo de 2014, donde nos proponemos debatir sobre ideas, propuestas de políticas públicas y acciones, en pos de:

La unidad en la lucha por la distribución de la riqueza. La transformación de la matriz productiva monopólica y oligopólica, para ser reemplazada por otra que se exprese en una economía mixta, con mayor participación del Estado, las pequeñas y medianas empresas y los sectores de la economía social y solidaria.

La estricta regulación de las inversiones extranjeras, en particular del capital transnacional.

La redefinición de las políticas para la agricultura y la ganadería que reconozca en los pequeños productores, en los protagonistas de la agricultura familiar, en las cooperativas y los movimientos campesinos, no un actor marginal de una economía de subsistencia, sino un verdadero sujeto de una nueva matriz productiva agropecuaria y agroindustrial, superadora de los modelos más concentrados en la explotación irracional de la tierra.

La aplicación de políticas tributarias dirigidas a una progresividad cada vez mayor, de modo que el sistema impositivo deje de basarse en el consumo y la actividad productiva, para recaer sobre aquellas rentas que por su nivel de concentración y extranjerización, extorsionan al Estado, y obstruyen la distribución de la riqueza y el desarrollo soberano de nuestra industria y de nuestra tecnología.

Recuperación de todas las empresas de servicios públicos y garantía del rol de testigo del Estado en los sectores estratégicos de la economía.

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Rediseño del federalismo: que implique la búsqueda de nuevos equilibrios interprovinciales a partir del fomento de nuevas actividades productivas y de reconversión de las ya existentes Desarrollo de programas de construcción de infraestructura, transportes e inversión tecnológica, apuntando a la incorporación de mano de obra, a la transformación de la matriz productiva agroexportadora, a aumentar los intercambios en el mercado interno y la exportación de bienes y servicios de mayor valor agregado. Garantizar la plena vigencia de las actuales políticas públicas sobre Derechos Humanos. Sostener la construcción de la memoria colectiva basándose en el camino recorrido estos diez años con la política de estado de Memoria, Verdad y Justicia como objetivo irrenunciable, con continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad

Aplicación irrestricta de la normativa nacional e internacional sobre Derechos Humanos y manifestar el repudio a toda forma de tortura y de violaciones a los DDHH, sea cual sea el motivo.

Intensificar la lucha para lograr el respeto de los derechos de los pueblos originarios y la promoción de la inclusión social en sus propios términos, respetando el concepto de “buen vivir”. Contribuir al desarrollo de estrategias de la metodología de la No Violencia Activa, para la resolución de conflictos y desnaturalización de la violencia, hacia una nueva cultura solidaria y no violenta, en todos los ámbitos del quehacer personal y del colectivo social. Alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan a las legítimas demandas de la sociedad, rechazando las políticas de mano dura que aumenta la violencia y amenaza la gobernabilidad democrática. El impulso a un fuerte compromiso político con la lucha frontal por el desmantelamiento de las redes del narcotráfico y su influencia en los poderes políticos, económicos y judiciales. La reforma judicial para democratizar la Justicia. Realizarla con amplia participación ciudadana para darle legitimidad, garantizar la defensa de los más débiles de la sociedad y generar instrumentos para controlar y regular a los sectores concentrados del poder fáctico.

La plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y por políticas públicas de comunicación que garanticen el acceso a los Medios de todas las expresiones sociales, económicas y políticas y no sólo a los grupos económicos.

Una política social de vivienda para paliar déficits históricos, asegurando el acceso de los sectores populares, jóvenes y clases medias, mediante la continuidad del crédito y el acceso a la tierra. La promoción de acciones positivas para hacer efectiva la igualdad de género en todos los planos. Profundizar los nuevos derechos ya adquiridos por nuestro pueblo, afianzando y consolidando las políticas de inclusión e igualdad en materia de diversidad sexual como los vinculados a violencia de género, trata de personas, que

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han posicionado a la Argentina como país modelo en el mundo en la restitución de derechos a sectores excluidos. Avanzar hacia la despenalización de la tenencia para consumo personal de todo tipo de estupefacientes, yendo hacia una regulación integral del tema. La promoción de un sistema de salud que priorice el sector público y social, realizando las inversiones necesarias para ello y acordando una política única de seguro público de salud que restrinja la mercantilización del sector. Una discusión integral y responsable sobre salud reproductiva, que incluya la inmediata despenalización del aborto (y la libre decisión de la mujer sobre su cuerpo). El debate de una política educativa que permita superar los déficits provocados por las políticas neoliberales, y que garantice el carácter de bien público y común de la educación, rechazando su mercantilización y su condición de bien transable. Contribuir al cumplimiento irrestricto del respeto al pluralismo sindical y de la larga lucha por construir las expresiones autónomas de los trabajadores organizados.

Promover una regulación integral de los recursos naturales, que evite la sobre-explotación y su extranjerización.

El estímulo a las energías alternativas, a través de políticas que articulen la acción estatal con las Universidades, Institutos de investigación y transferencia de tecnología, y otras organizaciones afines de la sociedad civil, para avanzar en una nueva matriz energética, diversificada y amigable.

La Reforma Constitucional, para establecer un nuevo sistema institucional que, eliminando los condicionamientos dejados por el neoliberalismo y rediseñando el federalismo, sirva de base a las trasformaciones estructurales que el país necesita para establecer una democracia social, inclusiva y con poder popular.

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