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Boletín de
Actualización Fiscal
Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 26 de abril de
2018. Asuntos C-233/16, C-234/16, C-235/16, C-236/16 y C-237/16. El
TJUE considera que los impuestos autonómicos a grandes superficies de
Aragón, Asturias y Cataluña pueden constituir ayudas de Estado.
Resolución del TEAC de 10 de mayo de 2018 (R.G. 02036/2017): el TEAC
determina que el importe de la sanción regulado en el artículo 16.10.2º del
TRLIS, que consiste en una multa proporcional del 15% sobre el importe de las
cantidades que resulten de las correcciones valorativas de cada operación
vinculada, tiene un límite mínimo del doble de la sanción que se derivaría del
artículo 16.10.1º pero no un límite máximo.
Mayo 2018
Número 77
Boletín de Actualización Fiscal | Mayo 2018| Número 77 Página 2 de 20
I. Propuestas normativas y
Legislación
Propuesta de Directiva del Consejo por la que
se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo
que se refiere a la introducción de
modificaciones técnicas detalladas para el
funcionamiento del sistema definitivo del IVA
de tributación del comercio entre Estados
Miembros
El pasado 25 de mayo de 2018 la Comisión propuso una
serie de modificaciones técnicas detalladas de las
normas del IVA para crear un sistema definitivo del IVA
de la UE a prueba del fraude fiscal, las cuales se
implementarán mediante Directiva del Consejo.
Esta Propuesta prevé la adaptación de alrededor de 200
artículos de la Directiva 2006/112/CE (en adelante,
Sexta Directiva o Directiva del IVA) para alcanzar los
siguientes objetivos:
• Simplificación de las operaciones transfronterizas:
actualmente estas operaciones se dividen en (i) una
venta exenta del IVA en el Estado Miembro de
origen y (ii) una adquisición gravada en el Estado
Miembro de destino. Las modificaciones propuestas
prevén simplificar esta operación, pasando a
definirla como una “única operación gravada”, lo
que supondrá que su tributación por el IVA tenga
lugar en el Estado Miembro en el que termine el
transporte de los bienes. Así, se reduce la
posibilidad de defraudar el IVA devengado en la
operación.
• Portal en línea o sistema de “ventanilla única”: se
introduce el sistema de “ventanilla única” por el
que todos los comerciantes (B2B) de la UE podrán
gestionar el IVA. También se prevé que las
empresas no pertenecientes a la UE puedan hacer
uso de este portal único, evitando así tener que
registrarse en cada Estado Miembro en el que se
desee realizar ventas. El vendedor recaudará el IVA,
salvo a sujetos pasivos certificados.
En las ventas transfronterizas, el vendedor
facturará el IVA devengado al cliente del otro
Estado Miembro, aplicando el tipo de gravamen del
Estado de destino.
Cuando el cliente tenga la condición de sujeto
pasivo certificado, esto es, se le haya identificado
como un contribuyente fiable por la administración
tributaria, podrá ser el propio adquirente de los
bienes el encargado de recaudar el IVA de la
operación.
• Reducción de trámites y formalidades
administrativas: los Estados Miembros dispondrán
de plazo hasta el 30 de junio de 2022 para
incorporar la Directiva a su ordenamiento jurídico
nacional, siendo de aplicación las nuevas
modificaciones de la Sexta Directiva a partir del 1
de julio de 2022.
Directiva 2018/822 del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2011/16/UE, en lo que
se refiere al intercambio automático y
obligatorio de información en el ámbito de la
fiscalidad en relación con los mecanismos
transfronterizos sujetos a comunicación de
información
El pasado 25 de mayo de 2018 el ECOFIN adoptó la
propuesta de Directiva del Consejo que modifica la
Directiva 2011/16/UE, en lo que se refiere al
intercambio automático y a la obligatoriedad de
información en el ámbito de la fiscalidad en relación con
los mecanismos transfronterizos sujetos a
comunicación de información.
El objetivo de esta Directiva se centra en evitar la
planificación fiscal agresiva, posibilitando un mejor
control de las actividades de los intermediarios fiscales.
Para ello, se obliga a los intermediarios, como asesores
fiscales, contables y abogados que diseñen o
promuevan mecanismos de planificación fiscal, a
informar de los mecanismos que se consideren
potencialmente agresivos. Por su parte, los Estados
miembros, estarán obligados a imponer sanciones a los
citados intermediarios que no cumplan las medidas de
transparencia.
Adicionalmente, la Directiva establece «señas
distintivas» para identificar los tipos de mecanismos
que deberán comunicarse a las autoridades fiscales.
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Estas «señas distintivas» abarcan una amplia gama de
estructuras y transacciones, incluidos ciertos pagos
deducibles que se encuentran exentos de tributación o
tributan a un tipo casi del 0% cuando se reciben, así
como transacciones entre entidades que cumplen las
«señas distintivas» específicas de precios de
transferencia, como podrían ser aquellas transferencias
de intangibles de difícil valoración.
Por otra parte, algunas de las «señas distintivas» sólo
supondrán el cumplimiento de los requisitos de
información cuando se cumpla con el criterio del
“beneficio principal”, que supone que el beneficio
principal o uno de los beneficios principales que una
persona espere de un determinado mecanismo, sea la
obtención de un beneficio fiscal.
Adicionalmente, si el intermediario estuviese protegido
por una cláusula de confidencialidad, entonces la
obligación de divulgar se traspasaría a cualquier otro
intermediario que pueda revelar la información, y si
éste no pudiera, dicha obligación se traslada finalmente
al contribuyente. El contribuyente también tendrá la
obligación de informar cuando no haya un intermediario
o cuando los intermediarios se encuentren fuera de la
jurisdicción de la UE.
No obstante lo anterior, la obligación de información
sobre un mecanismo no supone que este sea pernicioso,
sino que puede ser de interés para las autoridades
fiscales profundizar en su análisis.
Los Estados Miembros tienen de plazo hasta el 31 de
diciembre de 2019 para incorporar la Directiva a sus
ordenamientos jurídicos nacionales, siendo de
aplicación los nuevos requisitos de comunicación a
partir del 1 de julio de 2020.
Propuesta de Directiva del Consejo por la que
se modifica la Directiva 92/83/CEE, en lo que
se refiere a la armonización de las
estructuras de impuestos especiales sobre el
alcohol y las bebidas alcohólicas
El 25 de mayo de 2018 la CE propuso reformar las
normas que regulan los impuestos especiales sobre el
alcohol en la UE, allanando el camino para un mejor
entorno empresarial, reduciendo costes para las
pequeñas empresas productoras de alcohol y mejorando
la protección de la salud del consumidor.
Concretamente, esta Propuesta se dirige a:
• Establecer un sistema uniforme de certificación
para los pequeños productores independientes de
toda la UE.
• Garantizar una clasificación coherente de la sidra
en toda la UE.
• Aclarar cuáles son los procesos y condiciones de
fabricación adecuados para el alcohol
desnaturalizado.
• Actualizar los sistemas informáticos para seguir el
rastro del alcohol desnaturalizado.
• Aumentar el umbral de cervezas de menor
graduación del 2,8% al 3,5%, para que éstas puedan
beneficiarse de los tipos de gravamen reducidos.
Los Estados Miembros tienen hasta el 1 de enero de
2020 para incorporar la Directiva a sus ordenamientos
jurídicos nacionales, siendo de aplicación las nuevas
disposiciones a partir de dicha fecha.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/504 de
la Comisión, de 7 de marzo de Orden
HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se
aprueban los modelos de declaración del IS y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR)
correspondiente a establecimientos permanentes
y a entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español, para los períodos impositivos
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2017, se dictan instrucciones relativas al
procedimiento de declaración e ingreso y se
establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación electrónica,
y por la que se modifica el modelo 222 «Impuesto
sobre Sociedades. Régimen de consolidación
fiscal. Pago fraccionado» aprobado por la Orden
HFP/227/2017, de 13 de marzo
El pasado 2 de mayo se publicó en el BOE la citada
Orden, con el objetivo de adaptarse a los cambios
normativos que tuvieron lugar en 2017, entre los que
destacan los siguientes:
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• La restricción a la deducibilidad de los deterioros y
de las pérdidas obtenidas en la transmisión de
participaciones.
• La exclusión de integración en la base imponible de
cualquier tipo de pérdida que se genere por la
participación en entidades ubicadas en paraísos
fiscales o en territorios que no alcancen un nivel de
tributación adecuado, es decir, el tipo nominal sea
menor al 10 % con independencia de la aplicación
de algún tipo de exención, bonificación, reducción o
deducción sobre aquéllos.
• En el caso concreto de rentas negativas derivadas
de la transmisión de valores, si el adquirente forma
parte del mismo grupo se ha eliminado el régimen
de diferimiento que permitía integrar las rentas
negativas en la base imponible en el momento que
se transmitían a terceros o dejaban de formar parte
del mismo grupo, minoradas por determinadas
rentas. Cuando, por no cumplirse los requisitos
expresados anteriormente, proceda la integración
de rentas negativas derivadas de la transmisión de
participaciones, las rentas negativas se minorarán:
i) en el caso de transmisión intra-grupo, en el
importe de la renta positiva generada en la
transmisión precedente a la que se hubiera aplicado
exención o deducción por doble imposición; y ii) en
el importe de los dividendos o participaciones en
beneficios recibidos a partir de 2009 que no hayan
minorado el valor de adquisición y hayan tenido
derecho a aplicar la exención por doble imposición.
• La exención para evitar la doble imposición en el
caso de transmisiones sucesivas de valores
homogéneos y de las rentas obtenidas en el
extranjero a través de EPs.
• Las deducciones para evitar la doble imposición
internacional, derogando los apartados relativos a
las rentas negativas con el objetivo de adaptarse a
las novedades mencionadas respecto a las
exenciones.
• Para los períodos impositivos iniciados en 2017,
una vez transcurrido el período transitorio regulado
para los ejercicios 2015 y 2016, los límites de
compensación de bases imponibles negativas y
activos por impuesto diferido, así como de
compensación de cuotas negativas de cooperativas,
serán del 70%, en los términos regulados por la
normativa del impuesto, para aquellos
contribuyentes con importe neto de la cifra de
negocios (INCN) inferior a 20 millones de euros.
Para los contribuyentes con INCN igual o superior a
20 millones de euros se mantienen los límites del
50% y 25%, en función de su importe, aplicables a
partir de 2016.
Asimismo, los nuevos modelos también han sido
adaptados a las modificaciones introducidas por la Ley
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 relativas a las deducciones
aplicables por inversiones en producciones
cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos
en vivo de artes escénicas y musicales, y respecto de las
actividades prioritarias de mecenazgo y los eventos con
consideración de acontecimientos de excepcional
interés público.
Por último, en la disposición final primera de esta Orden
se modifica el modelo 222 de la Orden HFP/227/2017,
de 13 de marzo, por la que se aprueban los modelos
202 y 222, para unificar y coordinar con el modelo 220
la información de los apartados de Identificación del
modelo 222 «Impuesto sobre Sociedades. Régimen de
consolidación fiscal. Pago fraccionado».
Proyecto de orden por la que se modifican
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la
que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y
353 de autoliquidación mensual, modelo
agregado, y el modelo 039 de comunicación
de datos correspondientes al régimen
especial del grupo de entidades en el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la
Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre,
por la que se aprueban el modelo 303 del
IVA, Autoliquidación, y la Orden
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la
que se aprueba el modelo 390 de
declaración-resumen anual del IVA y se
modifica el anexo I de la Orden
EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que
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se aprueban los modelos 036 de Declaración
censal de alta, modificación y baja en el
Censo de empresarios, profesionales y
retenedores y 037 Declaración censal
simplificada de alta, modificación y baja en el
Censo de empresarios, profesionales y
retenedores
En relación a los modelos 303 y 322, se persigue la
modificación de los aspectos relativos a la información
del volumen de operaciones en la declaración-
liquidación correspondiente al último período de
liquidación, desglosando este campo en dos secciones,
la primera a cumplimentar por los exonerados de la
obligación de presentar la declaración-resumen anual y
la segunda por los que, estando exonerados, deban
consignar su volumen de operaciones. Asimismo, se
modifica la casilla 79 de los modelos para incluir el
importe de las entregas no habituales de oro de
inversión.
Respecto al modelo 390, los cambios que se pretenden
introducir son los siguientes:
• Como consecuencia de la exoneración de la
obligación de presentar la declaración-resumen
anual para los sujetos pasivos obligados a la
llevanza de los Libros registro del IVA a través de la
Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro
electrónico de los registros de facturación, en el
apartado de datos identificativos del modelo 390 se
elimina la casilla ¿La autoliquidación del último
período corresponde al régimen especial del grupo
de entidades?
• Se eliminan los tipos no vigentes y se crea una
casilla en la que se incluirán, en su caso, las cuotas
deducibles en virtud de resolución administrativa o
sentencia firmes con tipos no vigentes.
• En el apartado de resultados de las liquidaciones
del modelo 390 se crea una casilla para consignar
las cuotas pendientes de compensación al término
del ejercicio.
• Por último, en el desglose del volumen de
operaciones del modelo 390 se incluyen
expresamente las entregas no habituales de oro
inversión en la casilla 106.
Proyecto de Orden por la que se aprueban las
normas de desarrollo de lo dispuesto en los
artículos 27, 101, 102 y 110 del Reglamento
de los Impuestos Especiales (IIEE)
Se ha publicado en la página web de la AEAT el texto del
Proyecto de Orden por la que se aprueban las normas
de desarrollo de lo dispuesto en los artículos 27, 101,
102 y 110 del Reglamento de los IIEE, cuyos artículos
han sido modificados por el Real Decreto 1075/2017,
de 29 de diciembre, si bien estos cambios son de
aplicación a partir del 1 de enero de 2019.
Cabe destacar las siguientes novedades incluidas en el
Proyecto de Orden:
• En relación con el artículo 27, que desarrolla el
procedimiento de ventas en ruta, el borrador del
albarán de circulación que el expedidor deberá
cumplimentar electrónicamente con carácter previo
a la expedición, y con una antelación no superior a
los siete días naturales anteriores a la fecha de
inicio de la circulación.
• Por su parte, el artículo 101 establece que en los
avituallamientos de carburantes a aeronaves, la
exención prevista en el artículo 51.2.a) de la Ley se
justificará mediante los comprobantes de entrega
que se ajustarán al modelo que se apruebe por el
Ministro de Hacienda y Función Pública, y que en
estos avituallamientos, el suministrador presentará
en el plazo y por los medios y procedimientos
electrónicos, informáticos o telemáticos que
determine el Ministro de Hacienda y Función
Pública la información contenida en los
comprobantes de entrega.
• Finalmente, el artículo 110 del Reglamento de los
IIEE establece el procedimiento para la solicitud de
la devolución del impuesto establecida en el
artículo 52.b) de la Ley, la cual será solicitada por
los sujetos pasivos proveedores en los plazos, y por
los medios electrónicos, informáticos o telemáticos
que se determinen.
En virtud del precepto anterior, con la entrada en vigor
de la Orden se aprobarían los medios y procedimientos
aplicables para la solicitud de esta devolución y el
modelo de recibo de entrega aplicable en estos
suministros.
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Corrección de errores de la Orden
HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que
se modifican la Orden HFP/417/2017, de 12
de mayo, por la que se regulan las
especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los Libros registro
del IVA a través de la Sede electrónica de la
AEAT establecida en el artículo 62.6 del
Reglamento del IVA, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y
otra normativa tributaria, y el modelo 322
«Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de
Entidades. Modelo individual. Autoliquidación
mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor
Añadido a la importación liquidado por la
Aduana», aprobado por la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre
Se ha publicado en el BOE el 23 de mayo del 2018 la
corrección de errores de la Orden HFP/187/2018,
corrigiendo los errores que se refieren al importe a
partir del cual debe identificarse el registro de
facturación para confirmar que no se trata de un error.
Proyecto de Orden por la que se modifica la
Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre,
por la que se aprueba el modelo 143 para la
solicitud del abono anticipado de las
deducciones por familia numerosa y personas
con discapacidad a cargo del IRPF y se
regulan el lugar, plazo y formas de
presentación y la Orden HFP/105/2017, de 6
de febrero, por la que se aprueba el modelo
121 «Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Deducciones por familia
numerosa o por personas con discapacidad a
cargo. Comunicación de la cesión del derecho
a la deducción por contribuyentes no
obligados a presentar declaración», y el
modelo 122 «Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Deducciones por familia
numerosa, por personas con discapacidad a
cargo o por ascendiente con dos hijos
separado legalmente o sin vínculo
matrimonial. Regularización del derecho a la
deducción por contribuyentes no obligados a
presentar declaración», se establece el lugar,
forma y plazo para su presentación
Se ha publicado este Proyecto de Orden para responder
a las modificaciones de la LIRPF que incluirá la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2018 en
cuanto a la reducción de la tributación de los
contribuyentes que soportan mayores cargas familiares,
entre otros, las familias numerosas o las personas con
discapacidad.
La LPGE 2018 modifica el apartado 1 del artículo 81 bis
de la LIRPF, con la finalidad de ampliar los supuestos de
aplicación de las deducciones previstas en el
mencionado precepto.
Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se modifica
el Reglamento (UE) nº 952/2013 por el que
se establece el Código Aduanero de la Unión
El 8 de mayo de 2018, la Comisión Europea publicó su
propuesta de modificación del Reglamento (UE) nº
952/2013 para subsanar errores técnicos y omisiones
detectadas en el proceso de consultas periódicas con
los Estados miembros y las empresas, incluida la
adaptación del Código Aduanero de la Unión (CAU) a un
acuerdo internacional que no estaba vigente en el
momento de adopción del CAU, en concreto el Acuerdo
Económico y Comercial Global (AECG) entre la UE y
Canadá.
La propuesta tiene dos objetivos:
• Garantizar la correcta aplicación del Reglamento
(UE) nº 952/2013, en plena consonancia con las
políticas y los actuales objetivos relevantes para el
comercio de mercancías introducidas en el
territorio aduanero de la Unión y que salen del
mismo.
• Garantizar que el CAU esté en consonancia con los
acuerdos comerciales internacionales firmados por
la UE, incluyendo la incorporación del municipio de
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Campione d’Italia y las aguas italianas del lago
Lugano en la definición de territorio aduanero de la
Unión.
Como cuestiones relevantes se pueden destacar las
siguientes:
• Modificación del artículo que permite en
determinadas condiciones seguir aplicando las
decisiones relativas a información arancelaria
vinculante, que hayan dejado de ser válidas o hayan
sido revocadas, para dar la posibilidad de ampliar el
uso en situaciones en las que la decisión relativa a
información arancelaria vinculante haya sido
revocada por no ajustarse a la legislación aduanera,
o porque las condiciones previstas para la emisión
de una decisión sobre la información arancelaria
vinculante no se hayan cumplido o hayan dejado de
cumplirse.
• Añadir el depósito temporal a la lista de casos en
los que una deuda aduanera (derivada del
incumplimiento de formalidades aduaneras) se
podrá extinguir si no se produjo ningún efecto
negativo significativo, ningún intento de fraude y la
situación fue regularizada posteriormente,
modificando también la correspondiente delegación
de poderes a la Comisión para incluir el depósito
temporal.
• Aclaración de determinados puntos:
• En los casos en que las autoridades aduaneras
tengan que invalidar una declaración sumaria
de entrada, debido a que las mercancías no
pertenecientes a la UE en objeto de la
declaración no se introducen en el territorio
aduanero, la invalidación deberá tener lugar
una vez que hayan transcurrido 200 días
desde la presentación de la declaración.
• En todos los casos en que los operadores
económicos o los transportistas de mercancías
no hayan presentado información previa sobre
la llegada de mercancías no pertenecientes a
la Unión (en forma de «declaración sumaria de
entrada») antes de la llegada efectiva de las
mercancías y su presentación en la aduana, las
declaraciones en aduana o las declaraciones
de depósito temporal deberán incluir los datos
que habrían constado en la declaración
sumaria de entrada.
• En los casos en que las autoridades aduaneras
invaliden una declaración de depósito temporal
debido a la no presentación de las mercancías
de que se trate, la invalidación deberá tener
lugar una vez que hayan transcurrido 30 días
desde la presentación de la declaración.
• En los casos en que las autoridades aduaneras
tengan que invalidar una declaración sumaria
de salida o una notificación de reexportación
debido a la no exportación de las mercancías,
la invalidación deberá tener lugar una vez que
hayan transcurrido 150 días desde la
presentación de la declaración o notificación.
• Inclusión de una exención total de derechos de
importación para las mercancías que no
puedan beneficiarse de la exención total
establecida en el artículo 260, pero que hayan
sido reparadas o modificadas en el régimen de
perfeccionamiento pasivo en un país con el que
la Unión haya celebrado un acuerdo
preferencial (como el Acuerdo Económico y
Comercial Global con Canadá) que prevea
dicha exención.
Anuncio sobre la creación del Impuesto sobre
determinados servicios digitales
Tal como había sido anunciado, en el Programa de
Estabilidad 2018-2021 remitido a Bruselas, el Gobierno
plantea la creación en 2018 de un nuevo impuesto
sobre determinados servicios digitales que seguirá los
principios recogidos en la propuesta de Directiva
presentada por la Comisión Europea el pasado 21 de
marzo, anticipando su aplicación en España.
El objetivo de este impuesto es superar las deficiencias
de los sistemas fiscales actuales y lograr que las
grandes empresas de la economía digital tributen allí
donde se crea el valor añadido. Por este motivo, se
aplicará únicamente a empresas con un elevado importe
de ingresos anuales, de forma que no grave a las
PYMES, y sólo gravará por los ingresos derivados de la
prestación de determinados servicios digitales, que son
los más difíciles de capturar por los sistemas tributarios
vigentes.
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La Actualización Programa de Estabilidad 2018-2021 y
Plan Presupuestario 2018 ya prevé la creación de un
impuesto sobre determinados servicios digitales en este
mismo año 2018. Se estima que esta nueva figura
tendrá un impacto recaudatorio de unos 600 millones
de euros de este año 2018 y en 1.500 millones
adicionales en 2019.
Reunión del ECOFIN de 25 de mayo de 2018.
Actualización de la Lista Pan-Europea de
jurisdicciones no cooperativas en materia
fiscal
En la reunión del pasado 25 de mayo de 2018 el ECOFIN
acordó, en aplicación de las reglas y procedimiento
establecido en el acuerdo del propio ECOFIN de 5 de
diciembre de 2017 por el que se aprueba la lista Pan-
Europea de jurisdicciones no cooperativas en materia
fiscal, excluir a Bahamas y a San Cristóbal y Nieves de la
lista negra de jurisdicciones no cooperativas en materia
fiscal.
Por tanto, la “lista negra” quedaría integrada por las
siguientes 7 jurisdicciones: Guam, Namibia, Palaos,
Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y las Islas
Vírgenes de los Estados Unidos.
II. TJUE
Sentencias del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, de 26 de abril de 2018.
Asuntos C-233/16, C-234/16, C-235/16,
C-236/16 y C-237/16. El TJUE considera
que los impuestos autonómicos a grandes
superficies de Aragón, Asturias y Cataluña
pueden constituir ayudas de Estado
El pasado 26 de abril de 2018 se publicaron las
sentencias sobre las cuestiones prejudiciales planteadas
por el Tribunal Supremo español (“TS”), en las cuales se
valora si el Impuesto sobre Grandes Establecimientos
Comerciales (IGEC) establecido por las Comunidades
Autónomas españolas de Aragón, Asturias y Cataluña,
es contrario a la Libertad de Establecimiento, y si las
siguientes exoneraciones establecidas por las distintas
normas autonómicas en el IGEC pueden ser
constitutivas de ayudas de Estado:
• La exoneración total de los establecimientos
comerciales cuya superficie de venta sea inferior a
un determinado umbral (por ejemplo, 2.500 m2 en
el caso de Cataluña).
• La exoneración total o parcial a los
establecimientos comerciales cuya actividad esté
dedica a la venta de determinados productos (por
ejemplo, artículos de jardinería o venta de
vehículos).
• En el caso de Cataluña, la exoneración total a los
grandes establecimientos comerciales colectivos, es
decir, a aquellos integrados por un conjunto de
establecimientos situados en uno o en diversos
edificios en un mismo espacio comercial.
Con carácter general y sin perjuicio de las
particularidades previstas en la regulación específica de
cada Comunidad Autónoma, el citado impuesto grava a
los grandes establecimientos comerciales en la medida
que pueden generar externalidades negativas en el
territorio y el medioambiente.
Así, respecto de la primera cuestión prejudicial
planteada por el TS, el TJUE resuelve que el IGEC no es
contrario a la Libertad de Establecimiento en la medida
en que el impuesto no discrimina en función del Estado
miembro donde las sociedades tengan su domicilio
social.
Respecto de las cuestiones prejudiciales planteadas por
el TS español en relación con la posible consideración
de las exenciones del impuesto como ayudas de Estado,
el TJUE resuelve de la siguiente manera:
• Sobre la exoneración establecida en el IGEC para
aquellos establecimientos cuya superficie de venta
sea inferior a un determinado umbral, señala el
TJUE que, si bien un criterio basado en la superficie
de venta puede ser coherente con la finalidad del
impuesto y, por tanto, no constituye ayuda de
Estado, no corresponde al TJUE determinar que los
umbrales establecidos en las distintas normativas
autonómicas sean los correctos.
• Respecto de la exoneración establecida para
establecimientos cuya actividad esté dedicada a la
venta de determinados productos, si bien señala el
TJUE que la misma puede estar justificada desde el
punto de vista de la finalidad del impuesto,
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corresponde al juez nacional (el TS en este caso)
comprobar si, mediante la aplicación de dicha
medida, no se están dando ventajas selectivas en
favor de los establecimientos señalados en la
norma.
• Sobre la concreta exoneración establecida en el
IGEC en Cataluña, es decir la exoneración
establecida a los grandes establecimientos
comerciales colectivos, señala el TJUE que dicha
medida reviste carácter selectivo siendo, por tanto,
constitutiva de ayuda de Estado.
Por tanto, es competencia del TS analizar si las
exoneraciones basadas en la superficie de venta, así
como si aquellas basadas en la actividad del
establecimiento comercial, conceden ventaja selectiva.
III. Tribunales Nacionales
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de
abril de 2018, dictada en el recurso de
casación número 103/2016: el artículo 95
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, no
vulnera la normativa comunitaria al limitar
la deducción de las cuotas de IVA al grado
efectivo de utilización de los vehículos en
la actividad profesional o empresarial del
contribuyente
El TS estima que ha lugar al recurso de casación
interpuesto por la Administración General del Estado
contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, que estimó el recurso
interpuesto por el contribuyente, que ejercía la
actividad de la abogacía, contra la liquidación girada
por la Administración respecto del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) del ejercicio 2010.
En concreto, la Administración reputó incorrecta la
deducción de la totalidad de las cuotas de IVA
soportado por los gastos derivados de la adquisición
de un vehículo turismo llevada a cabo por el
contribuyente, al considerar que la afección del
vehículo a la actividad de abogado debía cifrarse en
un 50%. En consecuencia, dictó liquidación
minorando las deducciones practicadas; contra dicha
liquidación el obligado tributario interpuso
reclamación económico-administrativa que fue
desestimada por el Tribunal Económico-
Administrativo Regional (TEAR) de Valencia.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
de la Comunidad Valenciana, mediante sentencia de
14 de septiembre de 2014, estimó el recurso
interpuesto frente a la resolución del TEAR
desestimatoria de la reclamación económico-
administrativa.
En concreto, el TSJ de la Comunidad Valenciana
consideró improcedente la regularización practicada
por la Administración y reconoció al demandante el
derecho a la deducción de la totalidad de las cuotas
de IVA fundamentando su decisión sobre la base de
que el artículo 95 de la Ley del IVA no resultaba
aplicable por ser contrario a lo dispuesto en la Sexta
Directiva.
A juicio de la Sala de lo contencioso del TSJ de la
Comunidad Valenciana, el artículo 95 LIVA impone
una restricción general al derecho a deducir en caso
de uso empresarial o profesional limitado que vulnera
el artículo 17 de la Sexta Directiva a la vista de la
interpretación que se infiere de la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea recaída en el
caso Lennartz. En concreto, consideró que del citado
precepto comunitario se desprende que un sujeto
pasivo que utiliza los bienes para las necesidades de
una actividad económica, tiene derecho, en el
momento de la adquisición de los bienes, a la
deducción de la totalidad del IVA soportado, por
reducido que sea el porcentaje de utilización para
fines profesionales.
A este respecto, en primer lugar, el TS establece que
la sentencia recurrida ha interpretado de manera
errónea el ordenamiento jurídico al considerar que el
artículo 17 de la Sexta Directiva no autoriza a limitar
la deducción de las cuotas de IVA relativo a los
vehículos automóviles al grado efectivo de utilización
de esos vehículos en la actividad profesional o
profesional del contribuyente.
Al contrario, el TS entiende que dicho precepto se
limita a establecer que el derecho a deducir debe
reconocerse en la medida en que los bienes y
servicios se utilicen para las necesidades de su
Boletín de Actualización Fiscal | Mayo 2018| Número 77 Página 10 de 20
operaciones gravadas, y que lo que no permite es
una norma que impida el ejercicio del derecho cuando
no se alcance un determinado grado de afectación.
Así, establece el Alto Tribunal que dicha restricción
no la efectúa la normativa española, pues el artículo
95.Tres de la Ley del IVA (i) reconoce expresamente
el derecho a la deducción sin limitación derivada del
grado de afectación del vehículo a la actividad
empresarial, (ii) entiende correcta únicamente la
deducción que responda al grado efectivo de
utilización del bien en el desarrollo de la actividad
empresarial y (iii) presume un porcentaje de
afectación que puede ser, en la práctica, superior o
inferior al presunto, imponiendo a la parte que
pretenda incrementarlo o reducirlo la carga de
acreditar el diferente grado de afectación.
Una vez sentado lo anterior, el TS concluye que ante
la ausencia de actividad probatoria que acreditase un
grado de uso profesional del vehículo del 100%, ha
lugar al recurso de casación interpuesto por la
Administración y desestima así el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el
contribuyente contra la reclamación mencionada
anteriormente.
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de
mayo de 2018, dictada en el recurso de
casación número 2845/2016: dándose las
circunstancias contempladas en la ley, la
Inspección debe promover la ampliación del
plazo de duración de las actuaciones, sin
que en ese momento esté en disposición de
determinar y valorar si se han producido
dilaciones no imputables a la
Administración o interrupciones
justificadas
El TS estima que ha lugar al recurso de casación
interpuesto por la Compañía contra la Sentencia de la
Audiencia Nacional, que había estimado parcialmente
el previo recurso contencioso-administrativo, con
origen en actuaciones de comprobación e
investigación en concepto del Impuesto sobre
Sociedades de los ejercicios 2004 y 2005.
El debate procesal quedó reducido a dos extremos: (i)
si hubo un exceso en la duración de las actuaciones
inspectoras y, como consecuencia del mismo,
prescribió el derecho de la Administración a
determinar la deuda tributaria mediante la oportuna
liquidación, y (ii) si procede la deducción de la
provisión por depreciación de las participaciones en
una compañía vinculada con la recurrente.
Las actuaciones inspectoras se iniciaron el 5 de junio
de 2009 y concluyeron, con la notificación de la
correspondiente liquidación, el 10 de octubre de
2011. Se extendieron, pues, a lo largo de 28 meses y
5 días. Es decir, hubo un exceso de 492 días respecto
del plazo máximo de duración previsto en el artículo
150.1 LGT, pues la Administración no hizo uso de la
facultad de ampliar dicho plazo por otros 12 meses.
La Inspección pretendía imputar como dilaciones al
contribuyente un total de 552 días. Por su parte, la
sociedad sostenía que la Administración había
efectuado una aplicación abusiva de las normas
relativas al cómputo del plazo máximo de duración de
las actuaciones inspectoras, imputándole de forma
automática una dilación continuada sin hacer
referencia alguna a cómo el supuesto retraso en la
entrega de la información requerida ha podido
afectar o no al normal desarrollo de la actividad
inspectora.
El TS recuerda que el carácter dinámico del
procedimiento inspector determina que, a medida
que transcurre el tiempo y se acerca el dies ad quem
del plazo inicialmente previsto, el inspector
interviniente pueda prever que no va a disponer de
tiempo suficiente, por lo que, dándose las
circunstancias contempladas en la ley, debe
promover la ampliación, sin que en ese momento, a la
vista de aquél carácter dinámico, esté en disposición
de determinar y valorar si se han producido
dilaciones no imputables a la Administración o
interrupciones justificadas (por ello, el artículo 184.4
RGIT , párrafo 2º, determina que el cómputo del
plazo para determinar si han transcurrido ya seis
meses debe hacerse en bruto, sin deducir aquellas
dilaciones ni estas interrupciones).
A la luz de las circunstancias analizadas, el TS
concluye que no responde al objetivo de la
Boletín de Actualización Fiscal | Mayo 2018| Número 77 Página 11 de 20
ordenación legal una práctica administrativa que, sin
hacer uso de la facultad de ampliar el plazo de las
actuaciones inspectoras, se excede del legalmente
previsto (incluso, del máximo, si hubiera mediado
decisión de ampliación), para después descontar en
concepto de dilaciones no imputables a la
Administración y de interrupciones justificadas un
número de días que manifiestamente sobrepasan
aquellos que pudieron efectivamente dedicarse a la
tarea de acopiar los elementos de hecho necesarios
para practicar la correspondiente liquidación.
En este sentido, entiende que en el presente caso se
ha producido un exceso en la duración de las
actuaciones Inspectoras.
Por todo lo anterior, el Tribunal entiende que se ha
producido un exceso en la duración de las
actuaciones estimando el recurso, y no entra a
valorar la segunda cuestión relativa a la deducción de
la provisión por depreciación de cartera.
Sentencia de la Audiencia Nacional de 22
de febrero de 2018, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número
314/2016, sobre la deducibilidad en el IS
de los importes satisfechos en concepto de
plan de pensiones (desestimación del
recurso por tener la calificación de
liberalidad)
El principal accionista y administrador único de la
Compañía recurrente fue inicialmente el Sr.
Humberto, si bien, tras una ampliación de capital
suscrita por otra de las entidades del Grupo en
Europa (entidad holandesa), la Compañía pasó a ser
filial del Grupo en España y el Sr. Humberto a formar
parte del Consejo de Administración de la suscriptora
de la ampliación de capital.
La sociedad española siguió realizando aportaciones
al plan de pensiones del Sr. Humberto, que
ascendieron a la cantidad de 2.842.047,55 euros, de
los que únicamente 132.074,67 euros fueron
repercutidos a la matriz holandesa. Por tanto, los
gastos contabilizados por la entidad por tal concepto
ascendieron a 2.709.972,890 euros, gastos
registrados en la contabilidad de la recurrente y que
fue ajustando extracontablemente en la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades en el
ejercicio objeto de las aportaciones.
Posteriormente, en el ejercicio 2009, el Sr.
Humberto ejercita el derecho a percibir las
prestaciones de dicho plan lo que conlleva que la
entidad recurrente realice un ajuste negativo de
2.709.972,89 € en la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades de ese ejercicio.
No obstante, a juicio de la Inspección, dicho ajuste
negativo debió ascender a 473.477,59 euros, por
entender que las aportaciones realizadas a dicho Plan
con posterioridad a 1 de enero de 2002 únicamente
eran deducibles en el 10%, puesto que en dicha fecha
se había firmado un contrato entre la matriz
holandesa y el Sr Humberto por el que éste pasó a
ser presidente europeo y miembro del Consejo de
Administración de la entidad holandesa, pactándose,
entre otras condiciones, que el 90% del tiempo de
trabajo del Sr Humberto lo dedicaría a sus funciones
como Presidente de y el 10% restante lo dedicaría
plenamente a España.
Asimismo, el instructor propone sancionar esta
conducta porque entiende que en este caso no hay
ninguna razón que ampare la actuación de la entidad,
que debe ajustarse a los pactos que ha firmado,
existiendo una actitud negligente al no respetar sus
propios contratos.
La Audiencia Nacional concluye que la regularización
efectuada por la Inspección es correcta conforme a lo
dispuesto en el art. 14.1.e) del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades (“TRLIS”), al
calificar como liberalidad el exceso los importes
satisfechos a a partir del 1 de enero de 2002,
confirmando asimismo la procedencia de la sanción.
Boletín de Actualización Fiscal | Mayo 2018| Número 77 Página 12 de 20
Sentencia de la Audiencia Nacional de 26
de marzo de 2018, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número
72/2016: la Audiencia Nacional declara
como no deducibles los gastos financieros
derivados de un préstamo participativo al
considerarlos una retribución de fondos
propios
En el ejercicio 2006 la Compañía recurrente adquirió
participaciones propias y redujo capital abonando a
sus accionistas un importe superior a las
aportaciones recibidas por las acciones, lo que
implicó que mediante la adquisición de acciones
realizase una distribución de reservas. La operación,
junto a otras, determinó que la sociedad tuviese un
patrimonio neto negativo.
El pago de la compra de acciones se realizó en parte
con fondos obtenidos mediante un préstamo
participativo (evitando así incurrir en la causa de
disolución prevista en el artículo 260 de la LSA) que
le fue concedido por una sociedad vinculada
luxemburguesa, cuyos accionistas coincidían con los
propios de la recurrente.
La Inspección consideró que los intereses de la parte
del préstamo participativo que viene a cubrir el
déficit de patrimonio neto adquieren la consideración
de fondos propios, y que por aplicación del artículo
14.1 a) de TRLIS, dichos intereses no son deducibles
al suponer una distribución de beneficios futuros a
los socios salientes.
La AN confirma el criterio de la Inspección (y el
TEAC), y es que de acuerdo con la legislación
mercantil (TRLSA) y la doctrina del ICAC los
préstamos participativos tienen la consideración de
fondos propios a efectos de las causas de disolución
previstas y, por tanto, los intereses devengados
derivados de dicho préstamo tendrán la
consideración de retribución de fondos propios.
IV. TEAC
Resolución del TEAC de 10 de mayo de
2018 (R.G. 02036/2017): el TEAC
determina que el importe de la sanción
regulado en el artículo 16.10.2º del TRLIS,
que consiste en una multa proporcional del
15% sobre el importe de las cantidades que
resulten de las correcciones valorativas de
cada operación vinculada, tiene un límite
mínimo del doble de la sanción que se
derivaría del artículo 16.10.1º pero no un
límite máximo
La cuestión controvertida en el caso del recurso
extraordinario para la unificación de criterio que
resuelve la resolución, consiste en determinar si las
sanciones que corresponden a los incumplimientos
del artículo 16.10.2º del TRLIS, tienen o no un límite
máximo.
El referido artículo 16.10.2º regulaba las sanciones a
imponer en el ámbito de las operaciones vinculadas
por no aportar documentación o aportarla de forma
incompleta, inexacta o con datos falsos, cuando
procediese efectuar correcciones valorativas por
parte de la Administración. Por otro lado, el artículo
16.10.1º establecía la sanción por no aportar o
aportar de forma incompleta, inexacta o con datos
falsos la documentación cuando no procediese
realizar corrección valorativa, estableciendo un límite
máximo de esta sanción en la menor de las dos
cantidades: i) El 10 por ciento del importe conjunto
de las operaciones vinculadas realizadas en el
periodo impositivo o ii) el 1 por ciento del importe
neto de la cifra de negocios.
La controversia de la presente resolución tiene como
origen la prestación de servicios de un socio único a
su sociedad. La inspección comprobó dichas
operaciones entendiendo que las mismas no se
habían realizado a valor de mercado, y que tampoco
se había mantenido, a disposición de la
Administración, la documentación relativa a las
operaciones vinculadas exigidas por la norma.
Boletín de Actualización Fiscal | Mayo 2018| Número 77 Página 13 de 20
Como consecuencia de las diferencias entre el valor
de mercado comprobado y las retribuciones recibidas
de la sociedad por su socio único, se incoó acta que
fue firmada en conformidad por el interesado
respecto de los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
Contra el acuerdo sancionador se interpuso
reclamación económico-administrativa ante el TEAR
de Madrid.
Dicho Tribunal estima la reclamación entendiendo
que es de aplicación un límite máximo a la sanción a
imponer, de acuerdo con la referencia que hace el
apartado 2º del artículo 16.10 al apartado 1º.
Contra dicha resolución, el Director del
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria
de la AEAT, interpuso recurso extraordinario de
alzada para unificación de doctrina, al considerar que
la interpretación del TEAR era errónea.
El TEAC considera que la interpretación del TEAR es
errónea y que se puede apreciar la existencia de dos
situaciones: i) la relativa sólo a los incumplimientos
de documentación del artículo 16.10.1º que
establece una sanción no proporcional, fijándose un
límite máximo, y ii) la relativa al incumplimiento de
las obligaciones de documentación cuando se han
producido correcciones valorativas, en la que se
establece un sanción proporcional, con un límite
mínimo, siendo tal límite mínimo el doble de la
cuantía que se fija en el 16.10.1º.
Entiende el TEAC que cuando el artículo 16.10.2º
dice “con un mínimo del doble de la sanción que
correspondería por aplicación del número 1.º” hace
referencia tan solo a la cuantía de ese apartado 1º,
no al límite máximo establecido en dicho apartado
que es específico para los casos en los que no
procede realizar correcciones valorativas.
De esta manera se respeta, según el criterio del
TEAC, la finalidad de la norma, aplicando sanciones
superiores en los casos en los que se realizan
correcciones valorativas, además de la no aportación
de la documentación, frente a aquellos casos en no
se aporta o se aporta de forma incompleta la
documentación pero no se realiza corrección
valorativa.
V. Consultas DGT
Destacamos las siguientes consultas emitidas por la
Dirección General de Tributos (DGT).
Consulta V0896-18, de 6 de abril. Aplicación de
la regla de imputación temporal con pago
aplazado a la transmisión del 45% de
participación en una entidad residente en España
por parte de un no residente
El consultante es una persona física con residencia
fiscal en Francia que posee el 45% de una sociedad
residente fiscal en España. Planea transmitir la
participación cobrando el precio según valor de
mercado de la siguiente forma: 40% al contado y 60%
restante en 3 años por partes iguales.
Se plantea si la transmisión de la participación debe
tributar en España y si resulta de aplicación la regla de
imputación temporal de las operaciones a plazo o con
precio aplazado del artículo 14.2 de la LIRPF.
En cuanto a la tributación en España de la renta
percibida en contraprestación por el 45% de
participación, resulta aplicable lo dispuesto en el
artículo 13.2 a) del Convenio entre el Reino de España y
la República Francesa según el cual la ganancia
patrimonial derivada de la transmisión de la
participación deberá tributar en España.
En relación con la imputación temporal, la DGT concluye
que el TRLIRNR ni recoge la posibilidad de aplicar las
reglas de imputación especiales relativas a las
operaciones a plazo o con precio aplazado, ni tampoco
se remite al respecto a la normativa del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, por lo que no se podrá
optar por imputar proporcionalmente las rentas
obtenidas a medida que se hagan exigibles los cobros
correspondientes.
Consulta Vinculante 0744-18 de 20 de marzo
de 2018. Tratamiento contable y fiscal de la
imputación de resultados de una AIE
La entidad consultante constituirá una Agrupación de
Interés Económico (“IAE”) para dedicarse a la
producción de proyectos cinematográficos. Entre las
diversas cuestiones planteadas en el cuerpo de la
Boletín de Actualización Fiscal | Mayo 2018| Número 77 Página 14 de 20
consulta, se cuestiona el tratamiento contable y fiscal
de la imputación de los resultados de la AIE.
Conforme al artículo 26 LIS, las BINs y las deducciones
generadas por la AIE se imputarán a quienes ostenten
los derechos económicos inherentes a la condición de
socio cuando finalice el periodo impositivo de la AIE.
En relación con el tratamiento contable de la inversión
en la AIE, (tal y como estableció la DGT en la consulta
V1175-09) se debe acudir al fondo económico:
• El acuerdo descrito entre el socio y la AIE sería
asimilable a un instrumento financiero (NRV 9), en
la medida en que la AIE se financia mediante la
obtención de fondos cuya devolución no está
prevista, pero que otorga a los socios el derecho a
recuperar el capital y obtener unos ingresos
financieros a través de la imputación de BINs y de
las deducciones que supondrán reconocer un activo
financiero y la cancelación en un futuro de un
pasivo por impuesto corriente.
• Las aportaciones de los socios a la AIE deben
calificarse como instrumento de patrimonio en la
medida en que la participación en el patrimonio de
la AIE otorga a sus socios un interés en los fondos
propios de otra entidad.
• No podrá registrarse un deterioro de valor por la
evolución desfavorable de los fondos propios de la
AIE dado que las aportaciones no se realizan con el
ánimo de ser reintegradas en el futuro.
• La baja de la inversión se dará a medida que se
vayan imputando las BINs y por diferencia con la
deuda registrada frente a la Hacienda Pública que
es objeto de cancelación, se reconocerá el
correspondiente ingreso financiero.
• En relación con el gasto por IS del socio, como
consecuencia de la compensación de BINs,
cancelará la deuda frente a la Hacienda Pública
mediante la baja del activo financiero.
En relación con el tratamiento fiscal, los socios
tendrán que integrar en su base imponible como
ingreso financiero, el exceso de gastos financieros,
las BINs, la reserva de capitalización y las
deducciones y bonificaciones que les hayan sido
imputadas, sobre el valor de adquisición de las
participaciones de la AIE.
Consulta Vinculante V0758-18 y V0810-18
de 21 y 23 de marzo de 2018,
respectivamente: la DGT resuelve sobre la
posibilidad de que las remuneraciones por
funciones directivas desempeñadas por los
administradores de una entidad "holding"
sean satisfechas por las filiales de la misma,
sin pérdida del derecho a la exención en el
Impuesto sobre el Patrimonio contemplado
en el artículo 4.Ocho.Dos de la LIP
La DGT confirma que, a efectos de la exención
prevista en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley del
Impuesto sobre el Patrimonio (i.e. exención del valor
de las participaciones en una “empresa familiar”), no
es preciso que las funciones directivas ejercidas en
una determinada entidad “holding” sean
remuneradas por la misma, pudiendo serlo por sus
filiales, siempre y cuando, así se prevea en la
escritura de constitución o en los estatutos sociales
de dichas entidades.
En la contestación a la cuestión planteada, la DGT se
remite a la Consulta Vinculante V4970-16 que trata
un supuesto similar, señalando que “… no es preciso
que sea la propia entidad en la que se ejerzan las
funciones la que satisfaga su importe, si bien habrá
de hacerse la previsión oportuna en la escritura o
estatutos. Consiguientemente y para el supuesto
planteado, las tres entidades habrán de ajustarse a tal
exigencia”.
Por lo tanto, para que no exista pérdida del derecho a
la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, la
previsión mencionada deberá realizarse tanto en la
matriz como en sus filiales, si bien no existe una
cláusula “tipo” a tal efecto.
Consulta V0882-18, de 4 de abril de 2018.
Determinación de la residencia fiscal de
empleados que se desplazan a diario a un EP a
España y sujeción de los rendimientos derivados
de dichos trabajos
La consultante, sociedad con sede en Andorra, va a
desarrollar su actividad en España a través de un
Establecimiento Permanente (“EP”). Para ello, enviará
Boletín de Actualización Fiscal | Mayo 2018| Número 77 Página 15 de 20
trabajadores que irán desde Andorra a desempeñar el
trabajo al EP en España volviendo a Andorra al finalizar
la jornada de trabajo.
Se plantean las siguientes cuestiones: i) en qué país son
residentes fiscales los trabajadores y ii) si de ser
residentes fiscales en Andorra, les es de aplicación el
artículo 14 del Convenio Hispano-Andorrano en cuanto
a la sujeción en España de los rendimientos del trabajo
obtenidos.
En relación al primero de los puntos, la DGT concluye
que los trabajadores no adquirirán la condición de
residentes fiscales en España ya que se trasladan
diariamente a España para desempeñar su trabajo pero
vuelven cada noche a pernoctar en Andorra. Por lo
tanto, dicho trabajadores quedarán, en principio,
sujetos a tributación en España como no residentes por
las rentas de fuente española que obtengan.
No obstante, de acuerdo con el artículo 14 del Convenio
Hispano-Andorrano, los sueldos y salarios obtenidos por
los empleados andorranos por razón de su empleo
desarrollado en España estarán únicamente sujetos en
Andorra cuando se cumplan las siguientes
circunstancias –no detalladas en la descripción de
hechos de la consulta-: i) el perceptor no permanezca
en España durante un periodo que exceda en conjunto
de 183 días, ii) el pagador sea una empresa no
residente en España, y iii) las remuneraciones no las
soporte el EP que el empleador tiene en España.
VI. BEPS
Actualización OCDE del proceso de revisión
del Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas
(FHTP) del Marco Inclusivo de
implementación de estándares mínimos de la
Acción 5 BEPS
El 17 de mayo el Marco Inclusivo del Plan BEPS
publicó una actualización de la revisión de regímenes
fiscales preferenciales en el marco de la Acción 5 del
Plan (Combatir las prácticas fiscales perniciosas,
teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia).
Esta actualización de la revisión se ha efectuado por
el Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas (“FPFP”)
y expone los esfuerzos de los miembros del Marco
Inclusivo para adecuarse a los nuevos estándares de
la fiscalidad post-BEPS.
El FHTP ha identificado hasta la fecha 175 regímenes
preferenciales en relación con 50 países:
• Se han modificado 31 regímenes preferenciales
siguiendo las directrices FHTP.
• 81 regímenes están en proceso de modificación.
• 47 regímenes no plantean riesgos BEPS.
• 4 regímenes se han calificado como perniciosos y
deben derogarse.
• 12 regímenes siguen en proceso de revisión.
En relación con España, se menciona el régimen de
patent box (de territorio común, de País Vasco y de
Navarra), indicándose que está en proceso de
modificación. El Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 2018 modifica el artículo 23
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con efectos
a partir de 1 de enero de 2018, modificando el
ámbito objetivo del incentivo fiscal, excluyendo el
know-how e incluyendo el software avanzado
registrado derivado de proyectos de I+D.
Bahrain, Emiratos Árabes Unidos y Santa
Lucía se adhieren al marco inclusivo del Plan
BEPS
En mayo de 2018, Bahrain, Emiratos Árabes Unidos y
Santa Lucía se han incorporado al Marco Inclusivo del
Plan BEPS, lo que supone que el número de
jurisdicciones integrantes del mismo asciende, en la
actualidad, a 116.
Como consecuencia de su integración en el Marco
Inclusivo BEPS, estas tres jurisdicciones se
comprometen a implementar los estándares mínimos
BEPS (incluidos en las Acciones 5, 6, 13 y 14 BEPS) y
participarán en igualdad de condiciones que el resto
de miembros del Marco Inclusivo en las tareas de
revisión y seguimiento de la implementación del
Paquete BEPS.
La presidencia de la UE ha programado varias
reuniones técnicas de trabajo para continuar
avanzando en este sentido y se esperan novedades
en el corto plazo al respecto.
Boletín de Actualización Fiscal | Mayo 2018| Número 77 Página 16 de 20
La OCDE publica los primeros informes de
revisión entre pares (peer review) de la
implementación de estándares mínimos de la
Acción 13 BEPS
La OCDE ha publicado la primera revisión global de la
implementación por parte de las 95 jurisdicciones
comprendidas (en el momento de la revisión) en el
Marco Inclusivo BEPS del estándar mínimo de la
Acción 13 BEPS (CbCR).
De acuerdo con esta revisión, 60 jurisdicciones han
establecido legislación dirigida a implementar la
obligación de presentar el CbCR y más de 30
jurisdicciones están desarrollando legislación en este
sentido.
La mayoría de las legislaciones de los países cumplen
de forma consistente con el marco fijado en los
materiales elaborados por la OCDE en relación con el
CbCR. En el caso de España, se ponen de manifiesto
las siguientes cuestiones menores que afectan a la
definición, interpretación y ordenación de tres
elementos sustantivos de la normativa:
• Cálculo de la cifra de ingresos consolidados.
• Definición de entidades dependientes.
• Escenarios de local filing.
OCDE somete a discusión pública la revisión
del Capítulo IV (enfoque administrativos) de
las Directrices de Precios de Transferencia
La OCDE ha invitado a aquellas partes interesadas a
enviar comentarios sobre el alcance de la revisión de
los Capítulos IV (“Procedimientos administrativos
destinados a evitar y resolver las controversias en
materia de precios de transferencia”) y VII
(“Cuestiones de aplicación específica a los servicios
intragrupo”) de las Directrices de precios de
transferencia.
Aquellas partes interesadas deberán enviar sus
comentarios antes del 20 de junio de 2018.
VII. Otros
Naciones Unidas publica su nuevo Modelo de
Convenio para Evitar la Doble Imposición
El nuevo Convenio de la ONU, publicado el 17 de mayo
de 2018, incluye, entre otras, las siguientes
modificaciones:
• Se permite la tributación de servicios técnicos en el
estado de la fuente.
• El concepto de establecimiento permanente (“EP”)
se modifica para impedir la evasión fiscal:
• Se limita el uso de las exenciones por actividad
específica para que no puedan ser utilizadas
para evitar artificiosamente la calificación
como EP.
• Se introduce una regla de anti-fragmentación.
• Se amplía el alcance del concepto de agente
dependiente con el fin de evitar estructuras
artificiosas.
• Para la aplicación de tipos reducidos en el reparto
de dividendos se exige que la entidad perceptora
ostente, al menos, un 25% y que ostente dicha
participación durante los 365 días en la fecha del
reparto.
• Se amplía el concepto de ganancias de capital con
el fin de incluir aquellas que se deriven en más de
un 50%, directa o indirectamente, de bienes
inmuebles.
• Se introduce una nueva cláusula de limitación de
beneficios (“LOB”) además de una norma de anti-
abuso general (similar a la recogida en el Modelo de
Convenio de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos –“OCDE”).
Este nuevo modelo se encuadra dentro de las nuevas
tendencias de tributación internacional destinadas a
evitar la erosión de bases imponibles y el traslado de
beneficios.
Boletín de Actualización Fiscal | Mayo 2018| Número 77 Página 17 de 20
Finlandia propone la introducción de un
establecimiento permanente (“EP”) digital
El Parlamento Finlandés debatirá este mes sobre una
ley que introducirá el concepto de EP digital, de acuerdo
con la propuesta hecha por la Comisión Europea a tal
efecto.
De conformidad con dicha propuesta, las plataformas
digitales recibirán la consideración de EP en los
siguientes supuestos:
• cuando los ingresos anuales de la plataforma
excedan de 7 MEUR;
• cuando la plataforma cuente con más de 100.000
usuarios; o
• cuando la plataforma participe en más de 3.000 de
contratos para la prestación de servicios digitales.
Protocolo que modifica el Convenio entre
España y Bélgica
El Protocolo, publicado en el Boletín Oficial del Estado el
24 de mayo, sustituye la cláusula de intercambio de
información contenida en el Convenio entre España y
Bélgica.
Dicho Protocolo entró en vigor el 23 de abril de 2018,
fecha de la última de las notificaciones entre las partes
sobre la conclusión de sus requisitos internos para la
entrada en vigor.
Puede consultar las últimas alertas fiscales y legales en
nuestro Centro de Estudios EY
Boletín de Actualización Fiscal | Mayo 2018| Número 77 Página 18 de 20
ABREVIATURAS
AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria
AN Audiencia Nacional
BEPS Base Erosion and Profit Shifting
BIN Base imponible negativa
BOICAC Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
CbCR Country-by-Country Reporting
CDI o Convenio Convenio para evitar la Doble Imposición
CE Constitución Europea
DGT Dirección General de Tributos
DGRN Dirección General de los Registros y del Notariado
EEE Espacio Económico Europeo
EP Establecimiento Permanente
ICAC Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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ISyD Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
LGT Ley General Tributaria
LIS Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades
LISyD Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
LIVA Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
MC Modelo de Convenio
OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
RIS Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
SOCIMI Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario
TEAC Tribunal Económico-Administrativo Central
TGUE Tribunal General de la Unión Europea
TFF Tasa sobre las Transacciones Financieras
TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TRLIRNR Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
TRLIS Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
TS Tribunal Supremo
UE Unión Europea
Boletín de Actualización Fiscal | Mayo 2018| Número 77 Página 19 de 20
Responsables del equipo de Tributación de Empresas
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Jorge Baztarrica +34 91 749 3157 [email protected]
Juan Cobo de Guzmán +34 91 572 7216 [email protected]
Maximino Linares +34 91 572 7213 [email protected]
Víctor Gómez de la Cruz +34 91 572 7680 [email protected]
EY Abogados, Barcelona
Jose Luis Prada +34 93 366 3780 [email protected]
EY Abogados, Bilbao
José Francisco Arrasate +34 94 435 6474 [email protected]
EY Abogados, Canarias
Julio Méndez +34 92 838 0984 [email protected]
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Miguel Vicente Guillem +34 96 353 3655 [email protected]
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Maite Yoldi +34 94 826 0903 [email protected]
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Jorge Izquierdo +34 97 645 8110 [email protected]
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Marcos Piñeiro +34 98 644 3029 [email protected]
Marta Fernández +34 91 572 7116 [email protected]
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EY Abogados, Madrid
Castor Garate +34 91 572 7293 [email protected]
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Javier Montes +34 91 572 7301 [email protected]
Ramón Palacín +34 91 572 7485 [email protected]
EY Abogados, Barcelona
José María Remacha +34 93 374 8139 [email protected]
Responsables del equipo de Tributación Financiera
EY Abogados, Madrid
Araceli Sáenz de Navarrete +34 91 572 7728 [email protected]
Elizabeth Malagelada +34 93 366 3894 [email protected]
Enrique Fernandez +34 91 749 3429 [email protected]
Pablo Ulecia +34 91 749 6917 [email protected]
Vicente Durán +34 91 749 9524 [email protected]
Responsables del equipo de Fusiones y Adquisiciones
Laura Ezquerra +34 91 572 7570 [email protected]
Rocío Reyero +34 91 572 7383 [email protected]
Sonia Díaz +34 91 572 7383 [email protected]
Coordinador del Boletín de Actualización Fiscal
EY Abogados, Madrid
Víctor Barrio +34 91 572 7821 [email protected]
Boletín de Actualización Fiscal | Mayo 2018| Número 77 Página 20 de 20
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asesoramiento en transacciones y consultoría. Los
análisis y los servicios de calidad que ofrecemos ayudan
a crear confianza en los mercados de capitales y las
economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes
destacados que trabajan en equipo para cumplir los
compromisos adquiridos con nuestros grupos de
interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en
la creación de un mundo laboral mejor para nuestros
empleados, nuestros clientes y la sociedad.
EY hace referencia a la organización internacional y
podría referirse a una o varias de las empresas de
Ernst & Young Global Limited y cada una de ellas es una
persona jurídica independiente. Ernst & Young Global
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limitada por garantía (company limited by guarantee) y
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