tg maria jose reyna nieves
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EL PROCEDEMIENTO DE LA OFICINA DECONTROL DE LA ACTUACION
POLICIAL PARAESTABLECER LAS RESPONSABILIDADESDE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DELMUNICIPIO SAN DIEGO
ESTADO CARABOBO
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD JOSÈ ANTONIO PÀEZ FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
ESCUELA DE DERECHO CARRERA: DERECHO.
EL PROCEDIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE LA ACTUACIÒN POLICIAL PARA ESTABLECER LAS
RESPONSABILIDADESDE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DEL MUNICIPIO SAN DIEGO
INSTITUCIÒN: INSTITUTO AUTÒNOMO
MUNICPAL POLICIA DE SAN DIEGO
AUTOR(A):
MARIA JOSÉ REYNA NIEVES
C.I: V- 21 242 963
SAN DIEGO, FEBRERO DE 2013
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD JOSÈ ANTONIO PÀEZ
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS ESCUELA DE DERECHO CARRERA: DERECHO.
EL PROCEDIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE LA ACTUACIÒN POLICIAL PARA ESTABLECER LAS
RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DE L MUNICIPIO SAN DIEGO
CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN
Nombre, firma y cédula de identidad del tutor académico
Nombre, firma y cédula de identidad del tutor institucional
Nombre, firma y cédula de identidad del tutor Metodológico
AUTOR: MARIA J REYNA N.
C.I: V- 21 242 963
SAN DIEGO, FEBRERO DE 2013
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Agradecimiento
Primero que nada quiero agradecer a Dios, a la Virgen María y San miguel Arcángel por interceder siempre en mi camino, y permitir tener salud para poder realizar esta investigación que permitirá alcanzar unas de mis metas.
A mis padres, por la motivaciòn, la eseñanza de seguir adelante de pasar todos los obtaculos que se presenten en el camino; por estar en las buenas y las malas son mi gran inspiraciòn.
A mis Tutores Acadèmico, Institucional y Metodològico, por el apoyo de haber elaborado la presente investigaciòn.
A mis hermanos por sus apoyos, novio, primos, amigos y demàs seres queridos .
v
ÍNDICE GENERAL
Pág. TÍTULO………………………………………………………………………… ii
CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN………………………………………….. iii
AGRADECIMIENTO………………………………………………………… IV
ÍNDICE…………………………………………………………………………. V
RESUMEN INFORMATIVO………………………………………………… VIII
INTRODUCCIÒN…………………………………………………………….. 1
CAPÍTULO I
LA INSTITUCIÓN
Identificación de la Institución…………………………………………….......... 3
Ubicación………………………………………………………………...……… 3
Descripción………………………………………………………………………. 3
Organización…………………………………………………………………….. 5
Misión………………………………………………………………….……....... 6
Visión……………………………………………………………………………. 6
Valores…………………………………………………………………………… 6
Unidad de la Institución donde se Realiza pasantía………………………………………………………………………….. 6
Descripción……………………………………………………………………… 6
Objetivos………………………………………………………………………… 7
Actividades Realizadas en la Pasantía ……………………………………............ 7
vi
CAPÍTULO II
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema…………………………………………………… 8
Formulación del Problema…………………………………………………….. 10
Objetivos de la Investigación…………………………………………………... 10
Objetivo General……………………………………………………………….. 10
Objetivos Específico…………………………………………………………… 10
Justificación y Alcance de la Investigación……………………………………. 11
Limitación de Estudio…………………………………………………………... 12
CAPÍTULO III
MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL
Antecedente de la Investigación………………………………………………… 13
Bases teóricas………………………………………………………………….. 17
Bases Legales…………………………………………………………………... 21
Definición de Términos Básicos………………………………………………. 36
CAPÍTULO IV
FASES METODOLÓGICAS
La metodología………………………………………………………………… 38
Tipo y Diseño de la Investigación ……………………………………………. 38
Técnicas e Instrumentos de Recolección De datos…………………………… 39
Fases Metodológicas………………………………………………………….. 40
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CAPÍTULO V RESULTADOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Análisis del Resultado……………………………………………………… 44
Conclusiones……………………………………………………………….. 45
Recomendaciones…………………………………………………………. 46
Bibliografía…………………………………………………………………... 47
Anexos……………………………………………………………………….. 48
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÀEZ FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
ESCUELA DE DERECHO CARRERA: DERECHO.
EL PROCEDIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE LA ACTUACIÓN POLICIAL PARA ESTABLECERLAS
RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOSPOLICIALES DEL MUNICIPIO SAN DIEGO
Autor: María J. Reyna Nieves
Tutor Académico: Katiusca García
Fecha: Agosto 2012
RESUMEN INFORMATIVO
El presente informe tiene por objeto analizar el procedimiento de la oficina de control de la actuación policial para establecer las responsabilidades de los funcionarios policiales del municipio san diego, de acuerdo a la legislación venezolana. Se desarrollaron las siguientes fases; Describir cual es el procedimiento a seguir para establecer la responsabilidad de los funcionarios policiales, establecer qué tipo de responsabilidad se aplican a los funcionarios policiales del municipio san diego; Determinar las recomendaciones que se lleva a cabo la oficina de control de la actuación policial, para mejorar el ejercicio de sus funciones. Este estudio se orientará bajo el tipo de investigación documental, un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas.
Descriptores: Procedimiento, Responsabilidad, Funcionario Policial, Cumplimiento.
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INTRODUCCIÓN
La actuación de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía es respetar
y proteger la dignidad humana, defender y promover los derechos humanos de todas
las personas, servir a la comunidad y proteger a todas las personas de actos ilegales,
con respeto y cumpliendo los deberes que les imponen la Constitución de la
República y demás leyes.
El desempeño de los funcionarios policiales en los últimos tiempos ha sido
deficiente en la formación policial y el servicio, han incurrido en desviaciones de la
ética como abuso de poder, (violación de los derechos humanos), desviándose del
propósito de la prestación del servicio policial.
La investigación se fundamenta en demostrar las irregularidades efectuadas por los
funcionarios del cuerpo de policía municipal e identificar el tipo de responsabilidad y
el procedimiento que lleva la oficina de control de la actuación policial, (OCAP),
Implementando medidas y haciendo seguimiento adecuado a fin de asegurar la
correcta actuación de los funcionarios policiales en situaciones disciplinarias y
complejas que contravenga la Constitución de la República de Venezuela y las leyes
que rigen la materia, implementando mecanismos de alerta temprana para el buen
desarrollo de las actuaciones policiales.
El presente informe se encuentra dividido por capítulos, el Capítulo I, abordará
todo lo referente a identificar el problema, el objetivo general y los específicos, la
justificación y alcance, para concluir con la limitación de esta investigación.
El Capítulo II, referente al marco referencial conceptual, donde se reseñaran una
serie de doctrinas y leyes, que nos darán una idea clara del tema, definiendo los
términos básicos más resaltantes dentro de la investigación
El Capítulo III, referente al marco referencial conceptual, donde se reseñaran una
serie de doctrinas y leyes, que nos darán una idea clara del tema, definiendo los
términos básicos más resaltantes dentro de la investigación.
x
El Capítulo IV, las fases metodológicas utilizadas dentro de esta investigación, así
como las herramientas necesarias según la naturaleza del trabajo para culminar
satisfactoriamente dicha investigación.
Por último, el Capítulo V, se dan los resultados, conclusiones obtenidas de esta
investigación, así como las respectivas recomendaciones sobre la misma.
xi
CAPÍTULO I
LA INSTITUCIÓN
1.1.Identificación de la Institución
Instituto Autónomo Municipal Policía de San Diego.
1.2. Ubicación
Av. Boulevard Sur, C1. 66 y 68, Centro Comercial Industrial Mavinca, Local
1 y 2, Urbanización Parque Comercial Castillito, San Diego, Estado Carabobo.
1.3. Descripción
El Instituto Autónomo Municipal Policial de San Diego, (IAMPOSAD), es un
instituto sin fines de lucro con carácter Autónomo Municipal el cual presta servicios
de seguridad a los ciudadanos que tengan problemas de cualquier naturaleza dentro
de nuestro ámbito jurisdiccional, manteniendo el orden social y la tranquilidad
pública del Municipio, haciendo cumplir la Constitución Nacional, las leyes, decretos
y ordenanzas. Orgánica del Régimen Municipal.
El Instituto Autónomo Municipal Policial de San Diego fue creada en fecha 12 de
abril de 1996, mediante “Ordenanza sobre la Policía Municipal”, publicada en Gaceta
Municipal de San Diego Extraordinario Nº 04, con fundamento en el entonces
artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los
artículos 36, 37, 41, 43, y 76 de la para entonces vigente Ley Orgánica del Régimen
Municipal.
Esta Ordenanza fue una de las primeras regulaciones del novísimo Municipio San
Diego dictada para la implementación de los servicios de policía Municipal al
servicio de la ciudadanía en general y como ente colaborador de la ejecución de las
decisiones de los distintos órganos yentes que conforman la Alcaldía del Municipio
San Diego, a fin de mantener el orden y bien común como competencias propias
asignadas al Instituto Autónomo Municipal de Policía.
xii
La “Ordenanza sobre la Policía Municipal” ha sido objeto de reforma en tres
distintas oportunidades, la primera en fecha 29 de noviembre de 2000 y la segunda en
fecha 15 de mayo de 2002 y la última fecha 15 de julio del año 2008, para ajustarlas a
los lineamientos establecidos con la entrada en vigencia de nuevas leyes como la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal así como también al Decreto con rango, valor
y fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional
publicado en gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Extraordinaria
Nº 5.880 de fecha 9 de abril de 2008.
Para ajustar el ordenamiento jurídico Municipal a los parámetros requeridos como
está previsto en la disposición transitoria cuarta de la mencionada ley, sin modificar
otros aspectos que deberán esperar el desarrollo legislativo y reglamentario previsto.
En el mes de actividades operaban en la sede de la alcaldía de San Diego, luego, a los
pocos meses se instaló en el Centro Comercial Car frente a Pollos Arturo s en el Big
Low Center hasta1998, y de ahí hasta los actuales momentos en la dirección actual.
De igual manera la División General de Administración fue creada para controlar
ejecutar y difundir los procesos Administrativos de esta institución de igual manera
coordinar y salvaguardar el patrimonio físico y monetario de la Institución, contando
con un profesional, diestro y capaz de lograr todos los objetivos trazados.
(IAMPOSAD), cuenta con un personal capacitado para la atención de cualquier
emergencia y servicios a la ciudadanía éntrelos cuales figura:
• Luchar contrala delincuencia y todo aquello que estuviera fuera del margen de la
ley.
• Controlar el Tránsito Vehicular y Resguardar el Patrimonio Municipal.
xiii
1.4. Organización:
Director
Jefe control Interno Policial Dpto. de Armas
Sub –Director
Jefe de Operaciones Policiales
Patrullaje Vehicular Patrullaje Motorizado Brigada de Transito
Lucchese Scaletta Salvatore
Comisario
O. A. Noel Romero O. A. Elley Morillo
Economista Gloria Pacheco
Junta Directiva
O.A Raíza Medina
O. Jefe Daniel Tablante O.A Eliut Gonzales O. Jefe José Gálea
xiv
1.5Misión:
Garantizar plena seguridad ciudadana a todos los habitantes del municipio San
Diego, brindándole protección, seguridad y resguardo de sus vidas y bienes a través
de la implementación de programas preventivos, planes de seguridad, chequeos
permanentes y constantes en los sitios claves del Municipio.
1.6 Visión
Estar en los primeros lugares a nivel nacional en el área de Seguridad Preventiva y
Correctiva, de tal manera que se logre consolidar como Organización líder en
Prevención y Corrección del Delito, asegurando el pacifico y armonioso disfrute de
las Garantías y Derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.
1.7 Valores
• Cortesía, profesionalismo y respeto.
• Ética moral, disciplina y responsabilidad
• Seguridad integral a través de la prevención del delito
• Mística del trabajo y mejoramiento continúo.
• La comunidad forma parte de nosotros.
• Optimismo y superación.
1.8Unidad de la institución donde se realizo la pasantía
Control Interno Policial.
1.9 Descripción
Es una unidad Policial de Control Interno es un sistema integrado por el esquema
de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas,
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación con el fin de procurar que
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la
información, los recursos, el manejo y control de todos los funcionarios que en ella se
desenvuelven, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales
xv
vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y atención a las metas u
objetivos previstos.
2. Objetivos.
Entre los objetivos se encuentran: Transformar la cultura institucional con el
propósito de lograr una mayor eficiencia en su gestión, establecer políticas de
seguridad, prevención del delito y / o faltas que permitan garantizar la protección y
resguardo de los ciudadanos del Municipio San Diego, de sus bienes y de los
pertenecientes al mismo, respetando el debido proceso enmarcado en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela con la participación directa de las
comunidades, consejos comunales y asociaciones de vecinos ejes centrales para la
participación comunitaria preventiva dirigido a reforzar la seguridad participativa.
2.1 Actividades Realizadas en la Pasantía
Se sustanció expedientes administrativos, se iniciaron procedimientos
administrativos, revisión de expedientes.
Seguidamente, se proporcionó la atención al público que asistió al departamento de
Asuntos Internos a fin de tratar sobre imposiciones de multas, por desatender las
indicaciones del semáforo, por realizar maniobras indebidas al conducir, por la no
utilización del casco en caso de los motorizados, entre otros casos. Atendidos
principalmente por el Abg. Romero.
xvi
CAPÍTULO II
EL PROBLEMA
2.1 Planteamiento de Problema
En el Estado democrático de Derecho, la función policial se erige como un
servicio público a la comunidad que tiene por finalidad garantizar a toda la población
el libre ejercicio de los derechos y libertades; siendo una labor íntimamente ligada al
bienestar general y a la calidad de vida de las personas como función superior del
Estado. La razón de ser que otorga legitimidad a la profesión policial es la protección
y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales, razón que constituye
su horizonte último.
Sin embargo, la recurrencia de episodios en los que el accionar de las fuerzas
policiales genera consecuencias más dramáticas que las que pretende evitar, permite
sostener que el abuso de poder y el uso de la fuerza por parte de la policía, es un
problema de tal magnitud que contribuye a incrementar los niveles de violencia, al
tiempo que genera una desnaturalización de la obligación de garantía de la seguridad
ciudadana como responsabilidad del Estado y sus funcionarios.
En Venezuela, existen diversas normas jurídicas que por su rango legal son de
carácter obligatorio para que sean cumplidas y así regular la conducta de los seres
humanos en su desenvolvimiento en la sociedad. La norma jurídica se define según el
Diccionario Jurídico Elemental, Cabanellas, G, (2005) Editorial Heliasta como: “la
regla de conducta cuyo fin es el cumplimiento de un principio legal”.
Es por ello, que las normas jurídicas son la herramienta principal que posee un
estado para regular a sus habitantes en su convivir, pero a su vez regula las funciones
que debe desempeña un funcionario público como organismo parte del control social
del estado y así garantizar un correcto ejercicio de su función.
En este sentido la Ley del Estatuto de la Función Policial (2009) regula tanto el
ámbito económico, social, deportivo así como también el ejercicio de la función
xvii
policial. La función policial según lo establecido en esta ley en su artículo 4
comprende:
1. Proteger el libre ejercicio de los derechos de personas, de las libertades
públicas y la garantía de paz social.
2. Prevenir la comisión de delitos e infracciones de disposiciones legales,
reglamentarias y ordenanzas municipales.
3. Apoyar a las autoridades competentes para la ejecución de las decisiones
legítimamente adoptadas.
4. Controlar y vigilar las vías de circulación, canales, ríos, lagos, mar territorial,
puertos, aeropuertos, así como también el tránsito de peatones, tracción de sangre,
vehículos, naves y aeronaves de cualquier naturaleza.
5. Facilitar la resolución de conflictos mediante el dialogo, la mediación y la
conciliación.
En la actualidad, el desempeño de los funcionarios policiales ha sido deficiente en
cuanto a la formación policial y el servicio que prestan a la comunidad, lo cual se
observa en la violación de los derechos humanos, desviándose del propósito de la
prestación del servicio policial.
El estado en su Ius imperio y/o poder estadal delega el poder en los órganos de
seguridad tanto nacional, como estatal y municipal para que resguarden a los
ciudadanos en sus bienes jurídicos tutelados, en este sentido la responsabilidad del
estado en materia de seguridad, viene dada por la negligencia de este en la
capacitación de funcionarios incapaces para ejercer tal función, trayendo como
consecuencia la presencia de funcionarios que incurren en hechos que acarrean
responsabilidad penal, civil y administrativa.
La investigación se fundamenta en demostrar las irregularidades efectuadas por los
funcionarios del cuerpo de policía municipal e identificar el tipo de responsabilidad y
el procedimiento que lleva la oficina de control de la actuación policial, (OCAP),
Implementando medidas y haciendo seguimiento adecuado a fin de asegurar la
correcta actuación de los funcionarios policiales en situaciones disciplinarias y
xviii
complejas que contravenga la Constitución de la República de Venezuela y las leyes
que rigen la materia, implementando mecanismos de alerta temprana para el buen
desarrollo de las actuaciones policiales.
2.2. Formulación del Problema
1) ¿Cuál es el procedimiento a seguir para establecer la responsabilidad de los
funcionarios de la policía municipal de San Diego?
2) ¿En qué responsabilidades incurren los funcionarios policiales del Municipio San
Diego?
3) ¿Qué recomendaciones se deben aplicar en la oficina de control de la actuación
policial para mejorar el ejercicio de las funciones?
2.3Objetivos de la Investigación
2.3.1. Objetivo General
Analizar el procedimiento de la oficina de control de la actuación policial, para
establecer las responsabilidades de los funcionarios policiales del Municipio San
Diego de acuerdo a la legislación venezolana.
2.3.2. Objetivos Específicos
� Describir cuál es el procedimiento a seguir para establecer la responsabilidad
de los funcionarios policiales.
� Establecer que tipo de responsabilidad se aplican a los funcionarios policiales
del municipio San Diego.
� Determinar las recomendaciones que debe aplicar la oficina de control de la
actuación policial, para mejorar el ejercicio de sus funciones.
xix
2.4 Justificación y Alcance
La responsabilidad de los funcionarios públicos es una institución esencial en el
estado de derecho. Es necesario, además, que mediante sanciones de diverso orden, se
mantenga a los funcionarios dentro del círculo preciso de las atribuciones y deberes
que las normas jurídicas les trazan. El principio de responsabilidad de los
funcionarios públicos está consagrado en el artículo 139 de la Constitución, conforme
al cual, el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o
desviación de poder o por violación de la Constitución o las leyes.
Según el numeral 5 del artículo 285 de la Constitución, corresponde al Ministerio
Público, intentar las acciones a que hubiere lugar para ser efectiva la responsabilidad
civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido
los funcionarios del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones.
El abuso de autoridad en Venezuela ha traído como consecuencia la violación de
los derechos de personas por parte de los organismos policiales, este fenómeno
pudiera ser consecuencia del nivel de formación policial en el sistema que existe en el
país. Frente a esta problemática, el estado se abocó a la creación de un nuevo modelo
policial y la planificación de las políticas para el ejercicio de las funciones, orientado
al fortalecimiento de la ética del funcionario policial en el marco de la ley de manera
que cumpla con el fin último de la policía que es garantizar los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas.
La presente investigación se propone sintetizar el procedimiento que lleva acabo la
oficina de control interno para establecer las responsabilidades de los funcionarios
policiales, cuando incurran en abuso de poder o violación a los derechos humanos.
La importancia del presente estudio, es que se va a dar a conocer el procedimiento de
la oficina de control y actuación policial para establecer las responsabilidades
funcionarios policiales, ayudara a los funcionarios a mejorar el ejercicio de sus
funciones en la comunidad, para no incurrir en una falta, que equivalga sustanciar un
procedimiento disciplinario.
xx
2.5Limitaciones del Estudio
En referencia a la investigación, no existieron límites geográficos, tecnológicos ni
económicos por ser esta de tipo documental además de encontrarse todo la
información utilizada en libro, leyes, páginas web y documentos. No obstante, existe
un límite muy importante que es el factor tiempo, por no contar con un amplio tiempo
para profundizar aún más en este estudio, existe la posibilidad de dejar en incógnitas
algunas inquietudes fundamentales o atrayentes al tema.
xxi
CAPÍTULO III
MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL
Este capítulo describe los elementos teóricos conceptuales que permiten comprender
las variables en estudio, de esta forma los antecedentes se traducen en aportes
significativos de otras investigaciones, las bases teóricas se describen partiendo de
una revisión documental de diversos autores. De igual manera se expone la definición
de términos, construyendo un acercamiento al vocabulario utilizado.
3.1 Antecedentes
A escala Internacional Michael Pawlik, Universidad Regensburg Barcelona
(2008), realizo una investigación sobre “El funcionario policial como garante de
impedir delitos”; la responsabilidad por omisión del policía que no impide la
comisión de delitos y concluye que equivale a la comisiva al hallar su fundamento en
el correspondiente cometido del Estado en tanto "institución".
La pregunta de si el funcionario tiene un deber garante de impedir delitos,
también ha sido fuertemente discutida en los últimos años en el ámbito del Derecho
penal del medio ambiente; La doctrina hoy dominante relativa a los garantes se
orienta, como es sabido, según el esquema de clasificación de la llamada teoría
funcional, fundada por Armin Kaufmann. Según ello, la posición de garante puede
estar enderezada, por un lado, a vigilar determinadas fuentes de peligro, y por otro, a
proteger determinados bienes jurídicos frente a los peligros que los amenazan; habría
entonces diferencias entre garantes de vigilancia y de protección.
Dentro de este esquema de clasificación habitualmente es tratada también la
cuestión que aquí interesa de la posición de garante del funcionario policial.
Se está ampliamente de acuerdo en que sólo bajo estrictos requisitos entra en
consideración una posición de garante de vigilancia del funcionario policial, como
fundamento de un deber de impedir delitos. La razón material de esta clase de esta
xxii
clase de posiciones de garante sería que la fuente de peligro a vigilar, está sujeta al
dominio jurídico del garante.
La responsabilidad por las consecuencias más precisamente el deber de impedir
efectos dañosos de los actos de organización propios que gravan a terceros, aparece
aquí como precio de la aprobación jurídica de la libertad de acción. Por eso, en casos
en que la fuente de peligro es una persona, entra en escena, como garante de
vigilancia, sólo aquel a quien el Derecho le otorga un poder especial de supervisión y
mando sobre la respectiva persona peligrosa.
Por ello, dicho a modo de ejemplo, el funcionario policial que lleva detenido
provisionalmente a alguien ante el juez de garantías, sería responsable, como garante
de vigilancia, de que el detenido no cometa en el camino otros delitos.
Este estudio se relaciona con la presente investigación, ya que se refiere a la
función policial como ente garante de impedir delitos, y de ejercer de manera eficaz,
con ética, legalidad e imparcialidad, para así evitar el mal servicio a las comunidades,
e incurrir en responsabilidades que genere una sanción.
A escala nacional, Manrique, (2011), en su informe de pasantías para optar al
título de abogado en la Universidad José Antonio Páez “Ajusticiamiento como
practica policial y su incidencia en la violación de los Derechos Humanos”.
Desarrollado bajo el tipo de investigación documental – descriptiva, que tuvo
como propósito principal analizar el ajusticiamiento como práctica policial y su
incidencia en la violación de los derechos humanos, casos que se conocen a diario a
través de los distintos medios informativos los cuales, mencionados casos muestran el
abuso de autoridad en el que incurren los funcionarios policiales en el “ejercicio de
sus funciones”. Es importante resaltar, que nuestro país es participe de distintos
tratados internacionales, suscritos y ratificados de manera que aplique a todos los
funcionarios.
A manera de analizar y profundizar un poco en esta materia es menester a la hora
de aplicar la sanción correspondiente a los funcionarios que toman” justicia por mano
propia, por lo que se encuentra una serie de ideas y leyes de uso práctico de
aplicación inmediata por parte de los tribunales a la hora de sentenciar.
xxiii
Cabe destacar que puestos a que estos abusos de autoridad son ejercidos por parte
de funcionarios policiales, se podría resaltar, que el Estado como tal, es participe de
los mencionados abusos, y a pesar de que el funcionario es responsable penalmente,
civilmente y administrativamente, es el Estado quien debe velar y garantizar el sano
cumplimiento de las normas constitucionales garantes de los derechos de los
ciudadanos.
Puesto que los sujetos afectados de manera contundente, son personas jóvenes, de
sexo masculino, habitantes de zonas marginales y de escasos recursos, tomando parte
de estos en numerables casos, persona inocente lo cual abarca un gran índice de
muertes en el país. La investigación se fundamenta en demostrar la existencia de
grupos de exterminios constituidos por funcionarios policiales, que cercenen los
derechos humanos considerados por ellos como delincuentes. De la misma forma se
evidencia la relevancia social por el impacto que produce sobre la población.
Este estudio, se relaciona a la presente investigación en cuanto refiere al abuso de
poder policial valiéndose de su investidura de poder, lesionando así derechos
humanos, los cuales son inherentes al ser humano y no pueden relajarse, incurriendo a
su vez en abuso de autoridad. Constituyendo así un factor determinante para la
implementación del uso racional de la fuerza policial que es un aspecto importante en
su actividad funcionaria; al incurrir en este hecho se abre un procedimiento penal y
administrativo contra el funcionario.
María Gómez (2010), en su informe de pasantías desarrolla “Análisis sobre la
aplicabilidad de un correcto procedimiento para la destitución de un funcionario
policial “; se empleó un diseño de investigación documental de tipo jurídico
dogmático, el cual su objetivo principal evaluar la aplicabilidad de los
procedimientos administrativos empleados por el departamento de asuntos internos
para la destitución de los funcionarios policiales.
Actualmente, la oficina de control de actuación policial (OCAP), con la entrada
en vigencia de la Ley del estatuto de la función policial (2009).Se desarrollaron dos
fases de investigación en la primera se determino el procedimiento adecuado para la
apertura de averiguaciones y expedientes hacia un funcionario policial en los casos
xxiv
de destitución, y en la segunda se realizo un manual que contiene detalladamente el
procedimiento administrativo a seguir con respecto a la destitución de un funcionario
policial.
Una vez culminada el desarrollo de estas fases se obtuvo como conclusión que
existen dudas al momento de aplicar estos procedimientos pero con el desarrollo de la
investigación se pudieron esclarecer, así mismo la creación del manual servirá de
ayuda para la aplicación rápida y eficiente de los procedimientos ordinarios.
Tiene una vinculación con la presente investigación, es porque en esta institución
el procedimiento que se lleva a cabo para establecer las responsabilidades de los
funcionario policiales que incurran en omisiones o faltas, se aplica el procedimiento
destitución, con la observación que se aplica es la Ley del estatuto de la función
policial y en supletoriedad la Ley del estatuto de la función pública.
De igual manera, Leisy Carolina Lugo (2007), en su investigación de trabajo
desarrolla “Consideraciones acerca del Abuso Policial como Fenómeno Delictivo en
el Municipio Maracaibo del Estado Zulia”, como objetivo principal es demostrar la
presencia de abuso policial como fenómeno delictivo en el Municipio Maracaibo del
Estado Zulia durante el año 2007.Siendo la policía una instancia de control social
formal, dotado de poder coactivo inmediato, que se encarga primordialmente de
restringir y prevenir conductas jurídicamente inaceptables, no está reservada para la
policía el “castigo” aunque algunos funcionarios lo entienden entre sus funciones.
Encontramos que ningún cuerpo policial o militar venezolano ha quedado exento
de cometer graves violaciones a los derechos humanos, lo cual nos habla claramente
del carácter represivo de nuestros funcionarios policiales, de la insuficiente pobre
formación recibida en materia de derechos humanos y de la poca importancia
asignada a las labores de prevención e inteligencia. La gravedad de la situación por la
que actualmente atraviesa Venezuela y en este caso el municipio Maracaibo, requiere
una respuesta de todos los sectores de la sociedad partiendo del Estado venezolano,
quien es responsable ante estos hechos.
El tipo de investigación es descriptivo con diseño documental, donde se utilizó
como técnica de recolección el método de análisis documental. El trabajo concluye
xxv
con algunas recomendaciones para erradicar, en la medida de lo posible, este
fenómeno delictivo presente en nuestras instituciones policiales.
Se relaciona con la presente investigación, porque se refiere a la actuación policial
antes los ciudadanos, y se presencia la violación de los derechos humanos, a tal
efecto, asumir la responsabilidad administrativa o penal, por incumplimiento a la ley
del estatuto de la función policial y no ejercer sus atribuciones con ética.
3.2 Bases Teóricas.
Cabe resaltar que las teorías son un conjunto de principios establecidos sobre un
área de conocimiento determinado, que permite el abordaje al objeto de estudio,
explica fenómenos e interpreta sus relaciones, causa o efectos. En esta investigación
las bases teóricas constituyen el fundamento para la comprensión y el abordaje de la
problemática expuesta.
Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), se parte que el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de México (2009), donde se reseña que la gran mayoría de las acciones policiales no
está involucrado el uso de la fuerza pública, ni tampoco necesariamente en aquellos
comportamientos que son considerados como abusivos o inadecuados.
Sin embargo, la distribución del uso de la fuerza por parte de la policía, la
economía de su uso, por decirlo de otra manera, puede tener un alto costo social tanto
en términos de la integridad física de las personas como de la calidad de la seguridad
pública y del nivel de deterioro de las relaciones entre el policía y la comunidad.
La preocupación por el fenómeno del uso de la fuerza policial ha proporcionado
una serie de distinciones de relevancia conceptual y empírica, referidas al uso y abuso
de la fuerza policial.
Responsabilidad de los funcionarios públicos
Según Lares (2008), la responsabilidad de los funcionarios públicos es una
institución esencial en el estado de derecho. Poco valdría la definición de las
atribuciones y deberes de los agentes públicos, si estos pudieran impunemente
xxvi
extralimitarse en el ejercicio de las primeras y dejar de observar el cumplimiento de
los segundos. No es suficiente con la declaración de nulidad de los actos
administrativos contrarios a derecho.
Es necesario, además, que mediante sanciones de diverso orden, se mantengan a
los funcionarios dentro del círculo preciso de las atribuciones y deberes que las
normas jurídicas les trazan. El principio de la responsabilidad de los funcionarios
públicos está consagrado en el artículo de la Constitución, conforme al cual, el
ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación
de poder o por violación de la Constitución o las leyes.
Según el numeral 5 del artículo 285 de la Constitución, corresponde al Ministerio
Público, intentar las acciones que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad
civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido
los funcionarios del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones.
Diversas formas de Responsabilidad
Incurren en responsabilidad penal los agentes públicos que, en ejercicio de sus
funciones, por acción u omisión, realizan infracciones expresamente previstas por las
leyes como delitos o faltas, y sancionadas legalmente con penas determinadas. Dicha
responsabilidad acarrea la condena impuesta por los tribunales, al cumplimiento de
las pena, corporales o incorporales, establecidas por el legislador. Existen delitos que
se castigan cualquiera que sea la persona que los cometa, pero en caso de realizarlos
un funcionario público produce una agravación de la pena o una transformación de la
figura delictiva.
Asimismo, el concepto doctrinal de Lares (ob cit), “incurre en responsabilidad
administrativa el agente público que, en ejercicios de sus funciones por acción u
omisión, afecta la disciplina o el buen funcionamiento del servicio”. Se le ha
denominado igualmente responsabilidad disciplinaria. Las infracciones a los deberes
de los funcionarios, se sancionan con medidas disciplinarias.
xxvii
Este parece haber sido el criterio del Constituyente, al referirse en el artículo 285,
numeral 5 de la Constitución a la responsabilidad administrativa disciplinarias como
identificando uno o varios conceptos.
Según el artículo 45 de la Ley contra la Corrupción, en el objeto de ella queda
incluido el propósito de hacer efectiva la responsabilidad penal, civil, laboral, militar,
administrativa o disciplinaria en que hubieren incurridos las personas indicadas en el
articulo 38 (funcionarios y empleados públicos).
Por otra parte, La Ley Orgánica de la Contraloría dispone que si una investigación
abierta por la Contraloría concluye con un acto declarativo de responsabilidad
administrativa, la decisión se comunicará al funcionario competente, para que esté, en
el término de treinta días, aplique razonablemente la sanción administrativa que
corresponda, de lo cual informará por escrito a la Contraloría.
Añade la Ley que la declaratoria de responsabilidad administrativa en virtud de la
cual se aplique una sanción de destitución, podrá producir, además, inhabilitación
para el ejercicio de la función pública durante un periodo no mayor de tres años, que
fijará el funcionario competente, de acuerdo con la magnitud de la falta y el monto de
los perjuicios causados.
De igual manera, García (citado por Lares) señala que “el derecho disciplinario
administrativo tiende a mantener a los funcionarios en la observancia de sus deberes
y sancionar sus infracciones por medio de la imposición de medidas correctivas y
disciplinarias”. Este medio disciplinario proviene del ejercicio de la potestad
disciplinaria, que pertenece por esencia al Estado y cuyo fin es el mantenimiento por
parte de los funcionarios de una conducta ajustada a los deberes y obligaciones que su
reglamentación profesional les impone.
Por tanto, el derecho disciplinario es de naturaleza penal, pues conmina con males
(correcciones) la ejecución de actos ilícitos (faltas profesionales). Se diferencia con el
derecho penal verdadero y propio, especialmente, por su diverso fin, mientras el
derecho penal aspira a la conservación del orden jurídico y a su restablecimiento
cuando ha sido violado por el delito, el derecho disciplinario está restringido sólo a la
esfera de la administración pública.
xxviii
Por otra parte, el maestro Cuello (citado por Lares) enfatiza, otra diferencia
especial entre el derecho penal y el disciplinario consiste en que éste se caracteriza
por la ausencia de figuras legales de infracción, conteniendo, en lugar de éstas,
órdenes y mandatos de carácter general que dejan amplio espacio para la resolución
del asunto; mientras que le derecho penal propio la legalidad de la infracción y su
especificación previa es uno de sus conceptos fundamentales. Aclarando más, Mayer
observa que la práctica del poder disciplinario es administración; la del poder penal
es justicia.
También, García (ob cit) afirma que “la responsabilidad de los funcionarios puede
ser en relación a los terceros, llamada también externa, o en ración al Estado,
denominada interna”. Con respeto a su naturaleza, la responsabilidad puede ser
política, por actos de este tipo, o jurídica, surgida de la realización o gestión jurídica
del funcionario; la cual puede, a su vez ser civil, penal o disciplinaria. Con respecto a
la responsabilidad externa, o se afrente a terceros, ésta no puede ser más que civil. Ya
hemos dicho que la penal sólo afecta a las relaciones entre el funcionario y la
administración, y la disciplinaria atañe sólo al orden de ésta.
La responsabilidad jurídica dimana de la transgresión del orden jurídico, lo que
produce consecuencias jurídicas de derecho. Presenta esta responsabilidad tres
modalidades:
Responsabilidad civil; llamada por otros autores civil- administrativa, nace de los
actos de los funcionarios, legales y lesivos al patrimonio del Estado o de los
particulares. Esta responsabilidad concluye con la sanción pecuniaria, con la
indemnización de daños y perjuicios.
Responsabilidad penal; sobreviene en los casos que los funcionarios, en el
desempeño de su función y no suscitan problema alguno de tipo administrativo, salvo
por supuesto, la cesación en el cargo como consecuencia de la decisión judicial;
pueden realizar también delitos comunes prevaliéndose de su carácter (penetración en
domicilio ajeno, detención personal, en los casos no autorizados por las leyes); y por
último,
xxix
Delitos especiales; que denominan algunos autores delitos provisionales, que están
determinados en el Código Penal. Como delitos contrala cosa pública,
responsabilidad disciplinaria, que es lo que se produce a transgredir el empleado el
orden jurídico interno del servicio o empresa. Capítulo IV de los abusos de la
autoridad y de las infracciones de los deberes de los funcionarios públicos.
3.3 Bases Legales
Desde el marco jurídico nacional, se tiene la carta magna de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999): que en su TÍTULO I. Principios
Fundamentales:
Artículo 1 (Valores de la República): La República Bolivariana de Venezuela es
irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus
valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón
Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la
libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación
nacional.
Artículo 2 (Valores supremos del estado venezolano): Venezuela se constituye en
un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la
justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Los artículos antes mencionados se relacionan con la presente investigación,
porque es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con rango legal
estipula los valores fundamentales del país, el estado venezolano garantizará a los
ciudadanos, la vida, la libertad la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, y
los organismos, entes e instituciones del Estado, deberán regirse por la Constitución,
los funcionarios policiales deben ejercer la responsabilidad social, respetar los
derechos humanos y ejercer con ética sus funciones.
xxx
Título III Capítulo III, articulo 55.
Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los
órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que
constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas,
sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
La participación de los ciudadanos en los programas destinados a la prevención,
seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley
especial.
Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos
humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del
funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad,
conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.
Frente a la situación que una persona sea amenazada su integridad física o
psicológica, es el Estado quien garantizara la seguridad ciudadana, y los funcionarios
policiales ya sea nacional, estadal o municipal, deberán respetar los derechos
humanos actuando con ética y imparcialidad, para no así incurrir en una falta.
Desde Marco legal Internacional la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), Capitulo II - Derecho Civiles y
Políticos articulo siete derecho a la libertad personal; Toda persona tiene derecho a a
Se presenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), este
documento es considerado en la actualidad como fundamento de todo el sistema de
Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y se les tiene como patrón para
medir el grado de respeto y aplicación de las normas internacionales en asuntos de
derechos humanos. Apoyándose en sus artículos 3 y 5 respectivamente, los cuales
rezan: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”. Y “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes”
Por su parte, Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía
Nacional Bolivariana (2009), Capítulo VI, Titulo III articulo 64, establece el Régimen
Disciplinario y Responsabilidad Penal.
xxxi
Artículo 64: el régimen disciplinario aplicable a los funcionarios y funcionarias
policiales favorecerá la adhesión normativa y promoverá la corrección temprana de
faltas policiales con oportunidad y eficacia.
Se promoverá, dentro del Sistema de Defensa Publica del Tribunal Supremo de
Justicia, una unidad especializada para los funcionarios policiales que el
cumplimiento del deber incurra en la comisión de los hechos punibles, con el fin de
brindar orientación y asistencia judicial.
En la Oficina de Control de actuación Policial, cuando un funcionario o
funcionaria policial incurre en causales de asistencia voluntarias o asistencias
obligatorias, se realizará un proceso de supervisión continua e intervención temprana,
aplicando la medida según sea el caso para la corrección.
En el capítulo I, de las normas de actuación de los funcionarios y funcionarias
policiales, Artículo 65 establece las Normas Básicas de Actuación Policial, las cuales
define como las “normas básicas de actuación de las funcionarias y funcionarios de
los cuerpos de policía y demás órganos y entes que excepcionalmente ejerzan
funciones del servicio de policía” descritas de la siguiente manera:
1. Respetar y proteger la dignidad humana, y defender y promover los derechos
humanos de todas las personas, sin discriminación por motivos de origen étnico,
sexo, religión, nacionalidad, idioma, opinión política, posición económica o de
cualquier otra índole.
2. Servir a la comunidad y proteger a todas las personas contra actos ilegales, con
respeto y cumpliendo los deberes que les imponen la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y demás leyes.
3. Ejercer el servicio de policía con ética, imparcialidad, legalidad, transparencia,
proporcionalidad y humanidad.
4. Valorar e incentivar la honestidad y en consecuencia, denunciar cualquier acto de
corrupción que conozcan en la prestación del servicio de policía.
xxxii
5. Observar en toda actuación un trato correcto y esmerado en sus relaciones con las
personas, a quienes procurarán proteger y auxiliar en las circunstancias que fuesen
requeridas.
6. Velar por el disfrute del derecho a reunión y del derecho a manifestar pública y
pacíficamente, conforme a los principios de respeto a la dignidad, tolerancia,
cooperación, intervención oportuna, proporcional y necesaria.
7. Respetar la integridad física de todas las personas y bajo ninguna circunstancia
infligir, instigar o tolerar ningún acto arbitrario, ilegal, discriminatorio o de tortura u
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que entrañen violencia física,
psicológica y moral, en cumplimiento del carácter absoluto del derecho a la
integridad física, psíquica y moral garantizado constitucionalmente.
8. Ejercer el servicio de policía utilizando los mecanismos y medios pertinentes y
ajustados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la
preservación de la paz y la garantía de la seguridad individual y colectiva.
9. Extremar las precauciones, cuando la actuación policial esté dirigida hacia las
niñas, los niños o los adolescentes, así como hacia las y los adultos mayores y las
personas con discapacidad, para garantizar su seguridad e integridad física, psíquica
y moral.
10. Abstenerse de ejecutar órdenes que comporten la práctica de acciones u
omisiones ilícitas o que sean lesivas o menoscaben los derechos humanos
garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o en los
tratados internacionales sobre la materia, y oponerse a toda violación de derechos
humanos que conozcan.
11. Denunciar violaciones a los derechos humanos que conozcan o frente a los cuales
haya indicio de que se van a producir.
12. Asegurar plena protección de la salud e integridad de las personas bajo custodia,
adoptando las medidas inmediatas para proporcionar atención médica.
Es importante que todo funcionario o funcionaria de la República tenga en cuenta;
cuáles son sus funciones y como deben ejercerlas ante los ciudadanos, respetando los
xxxiii
derechos humanos ejercer con ética, imparcialidad, legalidad, transparencia,
proporcionalidad y humanidad; Para un mejor servicio a la comunidad.
Por su parte, la Ley del Estatuto de la Función Policial (2009) Capitulo II De los
Derechos, Garantías y Deberes De los Funcionarios y Funcionarias Policiales. En su
artículo 16 establece los deberes de los funcionarios policiales:
Artículo 16. 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes,
reglamentos y demás disposiciones legales.
2. Respetar y proteger la dignidad humana y defender y promover los derechos
humanos de todas las personas sin discriminación alguna.
3. Servir a la comunidad y proteger a todas las personas contra los actos
inconstitucionales e ilegales.
4. Ejercer el servicio de policía con ética, imparcialidad, legalidad, transparencia,
proporcionalidad y humanidad.
5. Observar en toda actuación un trato correcto y esmerado en sus relaciones con las
personas, a quienes procurarán proteger y auxiliar en las circunstancias que fuesen
requeridas.
6. Asegurar plena protección a la salud e integridad de las personas, especialmente de
quienes se encuentran bajo su custodia, adoptando las medidas inmediatas para
proporcionar atención médica de emergencia.
7. Respetar los principios de actuación policial establecidos en la Ley Orgánica del
Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, con preeminencia
al respeto y garantía de los derechos humanos.
8. Cumplir con las actividades de capacitación y mejoramiento profesional.
9. Cumplir con los manuales de estándares del servicio de policía establecidos por el
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana.
10. Los demás establecidos en la Constitución de la República, leyes, reglamentos y
resoluciones, siempre que sean compatibles con el servicio de policía.
El servicio de la policía en cada comunidad del país es de suma importancia,
porque estamos hablando de la seguridad social de cada persona, por eso sea hace
xxxiv
mención de este articulo, porque contiene los deberes de los funcionarios policiales
para una mejor actuación con eficacia y transparencia.
La Ley del Estatuto de la Función Policial establece Medidas Preventivas de
Reentrenamiento; un proceso de supervisión continua e intervención temprana que se
encarga la Oficina de Control de Actuación Policial, de aplicar medidas de asistencia
voluntaria y asistencia obligatoria.
Proceso de supervisión continua e intervención temprana
Artículo 91. La Oficina de Control de Actuación Policial aplicará un protocolo de
supervisión continua e intervención temprana que permita determinar, a través de los
supervisores directos y supervisoras directas de los funcionarios y funcionarias
policiales, de las quejas y reclamos de las personas, de los informes de los jefes de
unidades, departamentos y oficinas, de la Oficina de Respuesta a las Desviaciones
Policiales o de los directivos y directivas del correspondiente cuerpo policial, las
fallas, faltas e incumplimiento de normas, manuales, protocolos, instructivos y
órdenes impartidas a los funcionarios y funcionarias policiales en sus diversos niveles
de jerarquía, mediante un reporte escrito en el que conste el motivo de la observación
o reclamo, el contenido y modalidades de la acción u omisión reportada y las
circunstancias de tiempo, lugar y testimonios frente al comportamiento en cuestión,
con indicación de cualquier otro elemento que contribuya a su mejor determinación y
documentación. Los reglamentos y resoluciones de la presente Ley establecerán los
contenidos, alcances, formatos y gestión del protocolo de supervisión continua e
intervención temprana a que se refiere este artículo.
El proceso de Supervisión continua e intervención temprana es aplicado en la oficina
de Control de Actuación policial, cuando un funcionario comete una falta que
genere reentrenamiento y mejore su actuación.
xxxv
Asistencia voluntaria
Artículo 92. La medida de asistencia voluntaria consiste en el sometimiento con
sentido del funcionario o funcionaria policial a un programa corto de supervisión
intensiva y reentrenamiento en el área a que corresponda la falta detectada. Este
programa podrá estar a cargo del supervisor directo o supervisora directa del
funcionario o funcionaria policial o de algún otro supervisor o unidad de
reentrenamiento y formación dentro del correspondiente cuerpo policial y tendrá una
duración que no excederá de seis horas. Los reglamentos y resoluciones de la
presente Ley establecerán los parámetros para el desarrollo de este programa,
incluyendo cualquier restricción en la dotación o funciones del funcionario o
funcionaria policial y los criterios para evaluar sus resultados.
Esta es una de las medidas de corrección que se le aplican a los funcionarios o
funcionarias policiales cuando incurren en una falta detectada por la oficina de
Control y Actuación policial.
Causales de aplicación de la asistencia voluntaria
Artículo 93. Son causales de aplicación de la medida de asistencia voluntaria las
Siguientes: 1. Incumplimiento del horario de trabajo que no exceda del veinte por
ciento (20%) de una jornada laboral o del tiempo a disponibilidad del servicio a que
se refiera una comisión especial, hasta un máximo de dos oportunidades en un
período de tres meses.
2. Descuido o negligencia en el uso de insignias, equipamiento o apariencia personal,
siempre que no implique simulación, ocultamiento u obstaculización de la
identificación personal o del equipo del funcionario o funcionaria policial.
3. Omisión o retardo en el cumplimiento de tareas, asignaciones, órdenes o
disposiciones, siempre que no comprometa la atención de una emergencia o la
prestación de un servicio de policía requerido en forma inmediata e indiferible por
parte del público.
4. Falta de atención y compromiso en la ejecución de sus funciones o en los planes,
programas, cursos y actividades de formación y entrenamiento, siempre que no
xxxvi
implique indisciplina deliberada o actitud refractaria u hostil a la organización y
funcionamiento del servicio de policía.
5. Omisión o retardo en la presentación de informes o reportes de actos de servicio
que no comprometan, de manera sustancial, la integridad y confiabilidad de la
prestación del servicio policial.
6. Cualquier violación de reglamento, instructivo, protocolo, orden de servicio o
instrucción que no afecte, de manera sustancial, la integridad y confiabilidad de la
prestación del servicio policial.
7. No dar debido cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del artículo 65 de la Ley
Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
8. Cualquier otro supuesto derivado de las causales antes descritas, cuya exacta
determinación en cuanto a la conducta o el resultado esté prevista en un reglamento,
manual o instructivo policial, sin que se admita un reenvío secundario a otra pauta o
disposición normativa.
Asistencia obligatoria
Artículo 94. La medida de asistencia obligatoria consiste en el sometimiento
obligatorio del funcionario o funcionaria policial a un programa de supervisión
intensiva y rentrenamiento en el área a que corresponda la falta detectada. Este
programa podrá estar a cargo del supervisor directo o supervisora directa del
funcionario o funcionaria policial o de algún otro supervisor o unidad de
rentrenamiento y formación dentro del correspondiente cuerpo policial, y tendrá una
duración que no excederá de treinta horas. Los reglamentos y resoluciones de la
presente Ley establecerán los parámetros para el desarrollo de este programa,
incluyendo cualquier restricción en la dotación o funciones del funcionario o
funcionaria policial y los criterios para evaluar sus resultados.
Causales de aplicación de la asistencia obligatoria
Artículo 95. Son causales de aplicación de la medida de asistencia obligatoria las
Siguientes:
xxxvii
1. Falta de adopción, cumplimiento o informe sobre el programa de asistencia
voluntaria que se hubiere recomendado al funcionario o funcionaria policial.
2. Incumplimiento del horario de trabajo que exceda del veinte por ciento (20%) de
una jornada laboral o del tiempo a disponibilidad del servicio a que se refiera una
comisión especial, o que alcance a dos días hábiles en un período de treinta días
continuos.
3. Omisión o retardo en el cumplimiento de tareas, asignaciones, órdenes o
disposiciones indicadas por el supervisor, supervisora, superior inmediato o superiora
inmediata, que pongan en riesgo la atención de una emergencia o la prestación de un
servicio de policía requerido en forma inmediata e indiferible por parte del público.
4. Manifestaciones de indisciplina, actitud refractaria u hostil a la organización y
funcionamiento del servicio de policía.
5. Omisión o retardo en la presentación de informes o reportes de actos de servicio,
bien sean exigibles de oficio o expresamente requeridos por el supervisor,
supervisora, superior inmediato o superiora inmediata, que por su relevancia,
condiciones, situaciones o modalidades puedan comprometer, de manera sustancial,
la integridad y confiabilidad de la prestación del servicio policial.
6. Daño o perjuicio material debido a negligencia, imprudencia o impericia
manifiestas sobre bienes, dotación, equipos, equipamiento o infraestructura para la
prestación del servicio policial.
7. Conducta desconsiderada, irrespetuosa, agresiva o de maltrato u hostigamiento
hacia superiores, supervisores, subalternos, compañeros de trabajo, víctimas o
personas en general.
8. No dar debido cumplimiento a lo previsto en los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 y
12 del artículo 65 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía
Nacional Bolivariana.
9. Cualquier otro supuesto derivado de las causales antes descritas, cuya exacta
determinación en cuanto a la conducta o el resultado esté prevista en un reglamento,
manual o instructivo policial, sin que se admita un reenvío secundario a otra pauta o
disposición normativa.
xxxviii
Los artículos 94 y 95 antes mencionados son las causales de asistencia voluntaria y
obligatoria, en que incurren el funcionario de forma leves, de manera que se pueda
corregir sin necesidad de destituir.
Destitución
La medida de destitución comporta la separación definitiva del cargo del
funcionario o funcionaria policial. El Consejo Disciplinario de Policía ponderará,
para decidir sobre la medida de destitución, las circunstancias atenuantes y agravantes
que concurrieren en cada caso artículo 96.
Es otro de los procedimientos que se lleva a cabo en la oficina de control de
actuación policial para imponer la responsabilidad del funcionario policial que
incurra en una de las siguientes causales:
Causales de aplicación de la destitución
Artículo 97. Son causales de aplicación de la medida de destitución las siguientes:
1. Resistencia, contumacia, rechazo o incumplimiento de la medida de asistencia
obligatoria aplicada, o haber sido sometido o sometida en tres oportunidades durante
el último año a esta medida sin que haya evidencia de corrección según los informes
del supervisor o supervisora correspondiente.
2. Comisión intencional o por imprudencia, negligencia o impericia graves, de un
hecho delictivo que afecte la prestación del servicio policial o la credibilidad y
respetabilidad de la Función Policial.
3. Conductas de desobediencia, insubordinación, obstaculización, sabotaje, daño
material o indisposición frente a instrucciones de servicio o normas y pautas de
conducta para el ejercicio de la Función Policial.
4. Alteración, falsificación, simulación, sustitución o forjamiento de actas y
documentos que comprometan la prestación del servicio o la credibilidad y
respetabilidad de la Función Policial.
5. Violación reiterada de reglamentos, manuales, protocolos, instructivos, órdenes,
disposiciones, reserva y, en general, comandos e instrucciones, de manera que
xxxix
comprometan la prestación del servicio o la credibilidad y respetabilidad de la
Función Policial.
6. Utilización de la fuerza física, la coerción, los procedimientos policiales, los actos
de servicio y cualquier otra intervención amparada por el ejercicio de la autoridad de
policía, en interés privado o por abuso de poder, desviándose del propósito de la
prestación del servicio policial.
7. Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles dentro de un lapso de
treinta días continuos, o abandono del trabajo.
8. Simulación, ocultamiento u obstaculización intencionales de la identificación
personal o del equipo del funcionario o funcionaria policial, que permita facilitar la
perpetración de un delito o acto ilícito, eliminar o desvanecer huellas, rastros o trazas
de su ejecución, evadir la responsabilidad, amenazar o intimidar a cualquier persona
con ocasión de su ejecución y efectos.
9. Violación deliberada y grave de las normas previstas en los numerales 7, 10y 12
del artículo 65 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía
Nacional Bolivariana.
10. Cualquier otra falta prevista en la Ley del Estatuto de la Función Pública como
causal de destitución.
11. Cualquier supuesto grave de rechazo, rebeldía, dolo, negligencia manifiesta,
atentado, subversión, falsedad, extralimitación o daño respecto a normas,
instrucciones o la integridad del servicio policial cuya exacta determinación conste en
el reglamento correspondiente, sin que sea admisible un segundo reenvío.
Procedimiento para la aplicación de las medidas de asistencia voluntaria y asistencia
obligatoria.
Procedimiento en caso de destitución
Artículo 101. Si como consecuencia del seguimiento, registro y supervisión se
evidencia algún supuesto que amerite la consideración de la sanción de destitución,
bien porque se han agotado las medidas de asistencia voluntaria y obligatoria, bien
cuando el comportamiento del funcionario o funcionaria policial encuadre en una de
xl
las causales previstas en esta Ley y los reglamentos, se aplicarán las normas previstas
en el Capítulo III del Título VI de la Ley del Estatuto de la Función Pública, con la
salvedad que la apertura, instrucción y sustanciación de la investigación
corresponderá a la Oficina de Control de Actuación Policial; la revisión del caso y la
correspondiente recomendación, con carácter vinculante, corresponderá al Consejo
Disciplinario, previstos en el Capítulo V de la presente Ley; y la decisión
administrativa será adoptada por el Director del cuerpo policial termina el trámite y
decisión de los procedimientos administrativos dirigidos a establecer su
responsabilidad disciplinaria.
En caso de presuntas amenazas o violaciones graves a los derechos humanos el
Director o Directora del cuerpo de policía nacional, estatal o municipal, según el caso
o, en su defecto, la Oficina de Control de Actuación Policial o la Oficina de
Respuesta a las Desviaciones Policiales podrán dictar dentro del procedimiento
administrativo todas la medidas preventivas, individuales o colectivas, que se estimen
necesarias, incluyendo la separación del cargo de los funcionarios y funcionarias
policiales, con o sin goce de sueldo, así como aquellas necesarias para proteger a las
víctimas de tales hechos.
Excepcionalmente, en los casos de faltas que impliquen la destitución de los
funcionarios y funcionarias policiales, cuando las autoridades disciplinarias de los
cuerpos de policía injustificadamente omitan, obstaculicen o retarden los
Procedimientos disciplinarios o dejen de aplicar las sanciones a que hubiere lugar, el
órgano rector del servicio de policía podrá ejercer directamente las competencias para
iniciar, tramitar y decidir los procedimientos administrativos correspondientes. En
estos procedimientos será obligatoria la intervención del Ministerio Público a los
fines de velar por la celeridad y buena marcha de los mismos y por el debido proceso.
Recurso contencioso administrativo
Artículo 102. La medida de destitución del funcionario o funcionaria policial agota
la vía administrativa, y contra ella es procedente el recurso contencioso
xli
administrativo conforme a lo previsto en el Título VIII de la Ley del Estatuto de la
Función Pública.
Efectos de la destitución
Artículo 103. La destitución acordada, una vez firme la decisión correspondiente,
será notificada al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
seguridad ciudadana a fin de efectuar el registro correspondiente a la
desincorporación del listado y credenciales funcionariales, y a los fines de dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Servicio de
Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
Si la destitución procediere por la comisión de un delito, el Director o Directora del
cuerpo de policía correspondiente notificará al Ministerio Público a los fines de
iniciar la averiguación penal a que hubiere lugar. En caso que el Ministerio Público
hubiere iniciado de oficio una averiguación por la comisión de un delito, el Director o
Directora del cuerpo de policía correspondiente procederá a suspender del ejercicio
de sus funciones al funcionario o funcionaria policial indiciado o indiciada.
Según el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Instituto
Autónomo Municipal Policía de San Diego (IAMPOSAD). En el artículo 13
establece el Control interno Policial.:
Artículo 13: La oficina de control interno policial, estará adscrita al presidente del
Instituto Autónomo Municipal Policía de San Diego; y de ella dependerán y estarán
bajo su coordinación las oficinas de desviaciones policiales y la de actuación policial,
que tienen la obligación de implementar medidas y hacer seguimiento adecuado a fin
de asegurar la correcta actuación de los funcionarios policiales, en situaciones
disciplinarias o complejas, que contravengan la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y las leyes que rigen la materia, implementando
mecanismo de alerta temprana para el buen desarrollo de las actuaciones policiales.
En su artículo 14 numeral cuarto establecer que la oficina de control interno policial,
a través de la oficina de control de la actuación policial, ejercerá las siguientes
funciones:
xlii
a) Recibir denuncias de supuestas irregularidades efectuadas por funcionarios
policiales del cuerpo de policía municipal e identificar el tipo de responsabilidad a
que diera lugar.
b) Desarrollar acciones que permitan prevenir las posibles desviaciones de la
ética y de las buenas prácticas policiales.
c) Sustanciar los expedientes disciplinarios de los funcionarios para establecer
los hechos denunciados o investigados y que impliquen la presunta comisión de faltas
por su acción u omisión.
d) Proponer recomendaciones para mejorar los procesos de supervisión y el
desempeño de los funcionarios policiales.
e) Las demás que confiera el ordenamiento jurídico vigente.
También se cuenta con un Código Orgánico Procesal Penal (2009), que en su
Capítulo IV. De los órganos de la policía de investigaciones penales, articulo 117
acerca de las Reglas para la actuación Policial: Las autoridades de policía de
investigaciones deberán detener a los imputados en los casos que este Código ordena,
cumpliendo con los siguientes principios de actuación:
1. Hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la
proporción que lo requiera la ejecución de la detención;
2. No utilizar armas, excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la
vida o la integridad física de personas, dentro de las limitaciones a que se refiere el
ordinal anterior;
3. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o castigos
crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la captura como durante el
tiempo de la detención;
4. No presentar a los detenidos a ningún medio de comunicación social sin el
expreso consentimiento de ellos, el cual se otorgará en presencia del defensor, y se
hará constar en las diligencias respectivas;
5. Identificarse, en el momento de la captura, como agente de la autoridad y
cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra quienes procedan, no
estando facultados para capturar a persona distinta de aquella a que se refiera la
xliii
correspondiente orden de detención. La identificación de la persona a detener no se
exigirá en los casos de flagrancia;
6. Informar al detenido acerca de sus derechos;
7. Comunicar a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado, el
establecimiento en donde se encuentra detenido;
8. Asentar el lugar, día y hora de la detención en un acta inalterable. Hacer uso
de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la proporción que lo
requiera la ejecución de la detención;
9. No utilizar armas, excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la
vida o la integridad física de personas, dentro de las limitaciones a que se refiere el
ordinal anterior;
10. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o castigos
crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la captura como durante el
tiempo de la detención;
11. No presentar a los detenidos a ningún medio de comunicación social sin el
expreso consentimiento de ellos, el cual se otorgará en presencia del defensor, y se
hará constar en las diligencias respectivas;
12. Identificarse, en el momento de la captura, como agente de la autoridad y
cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra quienes procedan, no
estando facultados para capturar a persona distinta de aquella a que se refiera la
correspondiente orden de detención. La identificación de la persona a detener no se
exigirá en los casos de flagrancia;
13. Informar al detenido acerca de sus derechos;
14. Comunicar a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado, el
establecimiento en donde se encuentra detenido;
15. Asentar el lugar, día y hora de la detención en un acta inalterable.
Igualmente, con el Código Penal (2005), que en el Capítulo IV. De los abusos
de la autoridad y de las infracciones de los deberes de los funcionarios públicos,
articulo 203 al 208
xliv
Artículo 203 rige que “todo funcionario público que abusando de sus funciones,
ordene o ejecute en daño de alguna persona cualquier acto arbitrario que no esté
especialmente previsto como delito o falta por una disposición de la ley, será
castigado con prisión de quince días a un año y si obra por un interés privado, la pena
se aumentará en una sexta parte”.
En el Código Penal establece la responsabilidad del funcionario público que
incurre en un delito o falta como abuso de poder, donde es sancionado con prisión de
quince días a un año.
3.4. Definición de Términos Básicos
Abuso de Poder: Abuso de funcionario Público de exceder sus facultades más allá
de los límites que le fije la ley o la naturaleza de las propias funciones.
Derechos Humanos: Son las prerrogativas que, conforme al Derecho Internacional,
tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como
ser humano, y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas
de la vida individual, o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del
Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y que reflejan las exigencias
fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma parte.
Destitución: Consiste en la separación definitiva de un funcionario policial, del cargo
que desempeña en la institución, por decisión disciplinaria cuando incurra en la
comisión de una falta grave.
Funcionario: Es aquella persona que desempeña funciones dentro de la estructura del
estado, formando parte de un aparato burocrático.
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Fuerza policial: Es el medio a través del cual la policía logra el control de la
situación que atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de
las personas dentro del marco de la ley.
Funcionario policial: Es el agente que se encarga de resguardar la seguridad
ciudadana, están al servicio de la Nación, Estados, municipios o establecimiento
públicos sobre los cuales ejerza tutela el Estado.
Responsabilidad penal: Responsabilidad derivada de la ejecución de actos
penalmente sancionados que recaen en la persona del autor, los instigadores, sus
cómplices y encubridores, serán sancionados de acuerdo al Código penal.
Responsabilidad civil: Consiste en la obligación de reparar las consecuencias de un
hecho dañoso.
Responsabilidad administrativa: Consiste en el agente público que en ejercicios de
sus funciones por acción u omisión, afecta la disciplina o el buen funcionamiento del
servicio. Se le ha denominado igualmente responsabilidad disciplinaria
Oficina de control y actuación policial: Esta adscrita al presidente del Instituto
Autónomo Municipal Policía de San Diego: tiene la obligación de implementar
medidas y hacer seguimiento adecuado a fin de asegurar la correcta actuación de los
funcionarios policiales, en situaciones disciplinarias o complejas, que contravengan la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes que rigen la
materia, implementando mecanismo de alerta temprana para el buen desarrollo de las
actuaciones policiales.
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CAPÍTULO IV
FASES METODOLÓGICAS
4.1. Metodología
En toda investigación documental, se hace necesario que los hechos estudiados, así
como las relaciones que se establecen entre estos, los resultados obtenidos y las
evidencias significativas encontradas en relación con el problema investigado,
además de los nuevos conocimientos que son posibles situar, reúnan las condiciones
de fiabilidad, objetividad y validez interna; para lo cual, se requiere delimitar los
procedimientos de orden metodológicos, a través de los cuales se intenta dar
respuesta a las interrogantes objeto de investigación.
En consecuencia, el Marco Metodológico, donde se estudiará el procedimiento de
la oficina de control de la actuación policial para establecer las responsabilidades de
los funcionarios policiales establecidos en la normativa jurídica venezolana, donde
en todo proceso de investigación; será necesario situar el detalle, el conjunto de
métodos, técnicas y protocolos instrumentales que se emplearán en el proceso de
recolección de los datos requeridos en la investigación propuesta.
4.2. Tipo y diseño de la Investigación
Este estudio se orientará bajo el tipo de investigación documental, que según:
Arias. Fidias (2006) la define como: “Un proceso basado en la búsqueda,
recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es decir, los
obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas,
audiovisuales o electrónicas.
Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos
conocimientos” (p.27). De igual manera según el Manual de la UPEL (2011):
El estudio de los problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos
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divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor.
De ahí que, se tomara con base al objetivo planteado “Analizar el procedimiento de
la oficina de control de la actuación policial, para establecer las responsabilidades de
los funcionarios policiales del municipio san diego de acuerdo a la legislación
venezolana.
4.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Para Arias (2006), la técnica de recolección, es el procedimiento o forma particular
de obtener datos o información (p.67). En esta investigación la técnica utilizada fue el
análisis sobre todos los documentos y material bibliográfico recolectado, lo cual
incluye, doctrinas, legislaciones vigentes, páginas web, trabajos de investigación,
literatura especializada en la materia, entre otros. Aplicando la respectiva
categorización, lectura exhaustiva y detallada para determinar el procedimiento que
lleva acabo la oficina de control de actuación policial para así establecer la
responsabilidad de cada funcionario que incurra en una omisión o falta tipificada en
la ley.
Esta técnica estuvo apoyada por un instrumento, que para Arias (2006), es
cualquier recursos, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para
obtener, registrar o almacenar información (p.69). Siendo implementado para esto, el
registro y almacenamiento de información (Computadora) a través de fichas
bibliográficas, de contenido y de resumen apropiadas para tal fin.
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4.4. Fases Metodológicas
La Investigación tiene sus bases en la ciencia, y la ciencia es investigación, la
investigación adquiere valor científico a través de las aportaciones de la metodología.
Como medio de trabajo intelectual, la investigación se define como un
procedimiento reflexivo, sistemático, controlado, metódico y critico que conduce
hacía el descubrimiento en cualquier campo del conocimiento. Muñoz, C. (1998)
explica que “procedimiento es el modo ordenado de actuar con el propósito de
alcanzar un fin definido”. (p202). A continuación se describen los procedimientos y
actividades que se ejecutaron para llevar a cabo el estudio.
Fase I. Describir cual es el procedimiento a seguir para establecer la
responsabilidad de los funcionarios policiales.
Esta primera fase, se basó en explicar el procedimiento que se lleva a cabo en la
Oficina de Control de Actuación Policial (OCAP), para establecer las
responsabilidades de los funcionarios que incurran en una omisión o falta establecida
en la legislación venezolana. Según la Ley del Estatuto de la Función Policial
establece los siguientes artículos 100 y101:
El Procedimiento para la Aplicación De las Medidas de Asistencia Voluntaria y
Asistencia Obligatoria.
La Oficina de Control de Actuación Policial una vez revisada la documentación
acopiada, después de informar y oír al funcionario o funcionaria policial involucrado
o involucrada sobre los alegatos que estime pertinentes, adoptará la decisión
correspondiente, le notificará sobre las medidas de asistencia voluntaria u obligatoria
a que hubiere lugar, de conformidad con esta Ley, sus reglamentos y resoluciones. La
decisión podrá ser recurrida en el caso de asistencia voluntaria ante el supervisor
inmediato o supervisora inmediata y en caso de asistencia obligatoria ante el Director
o Directora del cuerpo de policía nacional, estatal o municipal, según el caso.
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Procedimiento en caso de Destitución
Si como consecuencia del seguimiento, registro y supervisión se evidencia algún
supuesto que amerite la consideración de la sanción de destitución, bien porque se
han agotado las medidas de asistencia voluntaria y obligatoria, bien cuando el
comportamiento del funcionario o funcionaria policial encuadre en una de las
causales previstas en esta Ley y los reglamentos, se aplicarán las normas previstas en
el Capítulo III del Título VI de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Con la salvedad que la apertura, instrucción y sustanciación de la investigación
corresponderá a la Oficina de Control de Actuación Policial; la revisión del caso y la
correspondiente recomendación, con carácter vinculante, corresponderá al Consejo
Disciplinario, previstos en el Capítulo V de la presente Ley; y la decisión
administrativa será adoptada por el Director del cuerpo policial termina el trámite y
decisión de los procedimientos administrativos dirigidos a establecer su
responsabilidad disciplinaria.
En caso de presuntas amenazas o violaciones graves a los derechos humanos el
Director o Directora del cuerpo de policía nacional, estatal o municipal, según el caso
o, en su defecto, la Oficina de Control de Actuación Policial o la Oficina de
Respuesta a las Desviaciones Policiales podrán dictar dentro del procedimiento
administrativo todas la medidas preventivas, individuales o colectivas, que se estimen
necesarias, incluyendo la separación del cargo de los funcionarios y funcionarias
policiales, con o sin goce de sueldo, así como aquellas necesarias para proteger a las
víctimas de tales hechos.
Excepcionalmente, en los casos de faltas que impliquen la destitución de los
funcionarios y funcionarias policiales, cuando las autoridades disciplinarias de los
cuerpos de policía injustificadamente omitan, obstaculicen o retarden los
procedimientos disciplinarios o dejen de aplicar las sanciones a que hubiere lugar, el
órgano rector del servicio de policía podrá ejercer directamente las competencias para
iniciar, tramitar y decidir los procedimientos administrativos correspondientes.
En estos procedimientos será obligatoria la intervención del Ministerio Público a los
fines de velar por la celeridad y buena marcha de los mismos y por el debido proceso.
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El procedimiento de destitución, es el que más se denota en la Oficina de Control y
Actuación Policial en contra de los funcionarios.
Fase II. Establecer qué tipo de responsabilidad se aplican a los funcionarios
policiales del municipio san diego. En esta fase, a través del estudio de la legislación
Venezolana como la Ley del Estatuto de la Función Policial, se denota en el
desarrollo de la investigación el tipo de responsabilidad que se aplican a los
funcionarios policiales, la que se evidencia de manera frecuente en la institución es la
responsabilidad administrativa (Procedimiento de Destitución); a tal efecto si la
destitución procediere por la comisión de un delito, el Director o Directora del cuerpo
de policía correspondiente notificará al Ministerio Público a los fines de iniciar la
averiguación penal a que hubiere lugar. En caso que el Ministerio Público hubiere
iniciado de oficio una averiguación por la comisión de un delito, el director del
cuerpo de policía procederá a suspender del ejercicio de sus funciones al funcionario
o funcionaria policial indiciado o indiciada”.
Fase III. Determinar las recomendaciones que se lleva a cabo la oficina de control
de la actuación policial, para mejorar el ejercicio de sus funciones. Los cuerpos
policiales desarrollarán un sistema de supervisión continua y regular de sus
funcionarios y funcionarias policiales que permitan identificar las fallas en el
cumplimiento de sus deberes y obligaciones e intervenir, en forma temprana,
oportuna y efectiva, a fin de corregirlas y subsanar las situaciones que incidan en el
deficiente desempeño de la función policial.
Cuando un funcionario policial incurre en una falta leve, ya sea descuido en el uso de
insignias, equipamiento o apariencia personal, siempre que no implique ocultamiento
u obstaculización de la identificación personal o del equipo del funcionario, o falta de
atención y compromiso en la ejecución de sus funciones o en planes, programas,
cursos y actividades de formación y entrenamiento entre otros se le aplica la medida
de asistencia voluntaria o asistencia obligatoria según sea la causal, para rehabilitar al
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funcionario policial, en una mejor actuación en el ejercicio; y no llegara abrir un
procedimiento de destitución.
La medida de asistencia voluntaria consiste en el sometimiento consentido del
funcionario policial a un programa corto de supervisión intensiva y reentrenamiento
en el área a que corresponda la falta detectada. Este programa podrá estar a cargo del
supervisor directo o supervisora directa del funcionario o funcionaria policial o de
algún otro supervisor o unidad de reentrenamiento y formación dentro del
correspondiente cuerpo policial y tendrá una duración que no excederá de seis horas.
Los reglamentos y resoluciones de la Ley del Estatuto de la función Policial
establecerán los parámetros para el desarrollo de este programa, incluyendo cualquier
restricción en la dotación o funciones del funcionario o funcionaria policial y los
criterios para evaluar sus resultados.
La medida de asistencia obligatoria consiste en el sometimiento obligatorio del
funcionario o funcionaria policial a un programa de supervisión intensiva y
reentrenamiento en el área a que corresponda la falta detectada. Este programa podrá
estar a cargo del supervisor directo o supervisora directa del funcionario o funcionaria
policial o de algún otro supervisor o unidad de reentrenamiento y formación dentro
del correspondiente cuerpo policial, y tendrá una duración que no excederá de treinta
horas.
Los reglamentos y resoluciones de la presente Ley establecerán los parámetros para
el desarrollo de este programa, incluyendo cualquier restricción en la dotación o
funciones del funcionario o funcionaria policial y los criterios para evaluar sus
resultados.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Resultados
En esta parte de la investigación, se demostraran los resultados obtenidos, de los
instrumentos y técnicas empleados que van en función de los objetivos específicos
planteados y cumplir con el objetivo general de Analizar el procedimiento de la
oficina de control de la actuación policial, para establecer las responsabilidades de los
funcionarios policiales del Municipio San Diego de acuerdo a la legislación
venezolana.
Comenzando con la Fase I, el cual comprende en Describir cual es el
procedimiento a seguir para establecer la responsabilidad de los funcionarios
policiales.
Este objetivo desarrollado en el Capítulo IV de la presente Investigación, tiene
como resultado disertar sobre el procedimiento que lleva a cabo la Oficina de Control
de Actuación Policial para establecer las responsabilidades de los funcionarios
policiales que incurran en una falta u omisión, dando a conocer a los particulares que
le hayan sido violentado su derecho, la sanción impuesta según sea el caso cometido
por el funcionario, en este caso por violación de los derechos humanos o abuso de
poder.
Por su parte, la Fase II, que consiste en Establecer qué tipo de responsabilidad se
aplican a los funcionarios policiales del municipio san diego; Una vez descrito el
procedimiento a seguir, se determinó el tipo de responsabilidad que se aplican a los
funcionarios policiales, según la acción u omisión cometida, aplicando la sanción
correspondiente ya sea, medida de asistencia voluntaria, medida de asistencia
obligatoria, o si el funcionario incurre en una falta más grave se aplicara el
procedimiento de destitución según lo establecido en la ley del estatuto de la función
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policial, obteniendo así un resultado eficiente y satisfactorio, que se haya cumplido lo
contemplado en la ley, una sanción justa por haber violentado los derechos humanos.
Asimismo, la Fase III. Determinar las recomendaciones que se lleva a cabo la
oficina de control de la actuación policial, para mejorar el ejercicio de sus funciones.
En el desarrollo de este objetivo se logro establecer las recomendaciones que
realiza la Oficina de Actuación de Control Policial(OCAP), logrando así la correcta
actuación de los funcionarios policiales con ética, imparcialidad, legalidad,
proporcionalidad, manteniendo la credibilidad del Instituto Autónomo Municipal
Policía de San Diego.
5.2 Conclusiones.
Comenzando con la Fase I, el cual comprende en Describir cual es el
procedimiento a seguir para establecer la responsabilidad de los funcionarios
policiales. Es importante desarrollar el procedimiento administrativo que lleva acabo
la oficina de control de actuación policial, para establecer las responsabilidades del
funcionario policial que incurra en una acción u omisión grave, o infrinja la ley, ya
que el ciudadano que se le haya violentado su derechos humanos tenga conocimiento
que se cumple un procedimiento administrativo en la Oficina de Actuación de
Control Policial, sancionatorio para el funcionario policial que cometa dicha acción;
teniendo como conclusión que si se cumple el procedimiento a seguir, que el
funcionario según la falta cometida cumple el reentrenamiento para mejorar su
función, o en su defecto, la falta es más grave se procede a la destitución cumpliendo
lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Policial.
De acuerdo con la Fase II, que consistió en establecer qué tipo de responsabilidad
se aplican a los funcionarios policiales del municipio San Diego se obtuvo como
resultado que la función policial tiene como objetivo proteger el libre ejercicio de los
derechos de personas, de las libertades públicas y de la garantía de la paz social; si el
funcionario policial cumpliera lo establecido en la ley, en conclusión no se aplicaría
el procedimiento de medidas de corrección temprana y/o en su defecto el
procedimiento de destitución para imponer la sanción correspondiente.
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Asimismo, la Fase III que tuvo como propósito determinar las recomendaciones que
se lleva a cabo la oficina de control de la actuación policial, para mejorar el ejercicio
de sus funciones. El ejercicio del funcionario policial es de suma importancia, para el
estado y los ciudadanos, ya que de ellos depende la seguridad social, el bienestar y
tranquilidad, la Oficina de Actuación de Control Policial(OCAP), implementando
medidas de corrección temprana logra que el funcionario policial mejore su actuación
de manera eficiente.
5.3. Recomendaciones.
Que se siga cumpliendo lo establecido en la ley, que la Oficina de Actuación de
Control Policial mantenga el procedimiento sancionatorio, que se dicten talleres de
forma continua a los funcionarios policiales para que no incurran en la falta, para
mantener la ética profesional y cumplir con las funciones que le infiere la ley.
El funcionario policial como mimbro del cuerpo de policía, encargados de velar
por la seguridad social del estado y los ciudadanos, debe ejercer el servicio de policía
con ética, imparcialidad, legalidad, transparencia, proporcionalidad y humanidad,
respetando los principios de actuación policial establecido en la ley, con preminencia
al respeto y garantía de los derechos humanos, que se mantenga en la Oficina de
Actuación de Control Policial el procedimiento que se lleva a cabo para establecer las
responsabilidades del funcionario.
Seguir cumpliendo el procedimiento que realiza la Oficina de Actuación de
Control Policial de acuerdo a lo establecido en la ley y su reglamento, dictar talleres
de manera continua sobre la formación y el deber de actuar el funcionario policial con
el ciudadano.
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BIBLIOGRAFÍA
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Pasantías. Publicado. Universidad José Antonio Páez. Valencia Venezuela.
Ley Orgánica del Servicio de Policía del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana
(2009). Gaceta Oficial N° 5.940. Caracas 7 de Diciembre de 2009
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Diciembre de 2009.
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Bassa XIII. Caracas-Venezuela
Manrique, Veiris (2011), “Ajusticiamiento como practica Policial y su incidencia
en la violación de los Derechos Humanos”. Informe de Pasantías. No publicado.
Universidad José Antonio Páez. Valencia –Venezuela.
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