tercera parte la violencia organizada

TERCERA PARTE

La violencia organizada

La organización como factor

diferencial Fernando Cubides

Aun cuando en la base de datos que recibimos para el análisis, la guerrilla es el único agente organizado para el cual se construyeron series históricas y para el cual, por lo mismo, es posible examinar la forma en que han evolucionado sus relaciones con el territorio en diversos análisis se ha realzado a la organización, en las varias modalidades que reviste, como el genuino factor diferenciador entre la violencia banal, cotidiana, y aquélla con móviles más complejos. Desde la perspectiva económica, Libardo Sarmiento, al hacer el análisis de la pobreza y la violencia en el contexto municipal, adopta la división de los hechos violentos en dos grandes categorías: violencia orgánica y violencia inorgánica.'

Pero los referentes conceptuales previos ya eran claros en la necesidad de introducir el factor organizacional como el que permite deslindar una modalidad de violencia de otra. Bastaría mencionar el

«Con el fin de intentar separar un tipo de violencia que se relaciona con estrategias de grupos con intereses políticos y /o económicos homogéneos de aquella otra violencia más inorgánica, la que como patología social estaría expresando una forma primaria de resolver los conflictos, entre individuos; esto es, con la eliminación física del oponente, se introdujo como variable proxi la presencia o no de grupo armados. De esta manera, se incluyen dos variables de violencia: 1) violencia orgánica, esto es municipios considerados con presencia activa de grupos armados y por tanto escenario de confrontaciones armadas; 2) violencia inorgánica, o sea las muertes violentas (sin incluir las ocasionadas por accidentes de tránsito), esto es intencionales», véase Libardo SARMIENTO en Pobreza, violencia y desigualdad: retos para la nueva Colombia, Pnud, Bogotá, 1991, p. 373.

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Tercera parte

abandono paulatino por parte de los penalistas de la clásica distinción entre homicidio y asesinato, y entre delito común y delito político tal como los definía la criminología positivista. Como se sabe, jjara esa escuela —desde Ferri— sólo se contempla un caso límite, una posibilidad de contacto entre esos dos tijjos de delito y de delincuente: el de un delito económico que se reviste de finalidad política para ocultar sus fines particulares, pero en el tratamiento que contempla es más condenable y con él no cabe transacción alguna.

Dicho abandono se ha hecho inevitable si se tiene en cuenta que, dados los niveles de impunidad, dc mantener como criterio la intencionalidad comprobada mediante sentencia judicial, la mayoría absoluta de muertes violentas quedarían sin una exjjlicación. Pero el otro componente que cambia los términos del jjroblema es el de la estructura organizativa y el de los medios, económicos y técnicos de que disponen algunas de las organizaciones, en esjjecial las creadas por el narcotráfico.2

Tengamos en cuenta, además, que desde la década del 60 el Código Penal colombiano omite la categoría de asesinato, prefiriendo la tipificación de diversas clases de homicidio. La antigua definición de asesinato vendría a equivaler a lo que hoy se tipifica como homicidio agravado. Aun así, por su utilidad analítica la calificación de asesinato se mantiene, no siempre con las debidas salvedades, jjara designar a la muerte violenta producida por algún agente organizado.

La rectificación se propone, sobre todo respecto de los linderos que se había trazado la Comisión de 1987, y que le permitía distinguir la violencia negociable de la que no ICJ era. Indicio de cjue cambiaba de magnitud el jjroblema es cjue, aunque sólo se considera política y negociable la violencia ejercida por las organizaciones abiertamente insurreccionales, en la antedicha Comisión se aseveraba al ticmjjo que la violencia organizada controlaba recursos cada vez más ingentes, y se dedica un capítulo del informe a analizarla en sus rasgos particulares.

«Es razonable afirmar respecto de ellos (de los narcotraficantes) cjue las fronteras entre lo delincuencia! común y lo delincuencia! político se han vuelto difusas. SM enorme capacidad de violencia y el carácter sistemático de su utilización con el propósito de desestahilizar el Estado para forzarlo a una. solución negociada, no pueden segur siendo interpretadas, en tal sentido, en el marco restringido de lo delincuencia! común», afirma Iván OROZCO ABAD en su libro Combatientes rebeldes y terroristas: Guerra y derecho en Colombia, Iepri, Universidad Nacional, Ed. Temis, 1992, p. 132. (la cursiva es nuestra).

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En la clasificación que allí se introduce, y que intenta ser exhaustiva acerca de la violencia y sus modalidades, se formulan 10 categorías, para las cuales 8 cuentan con algún grado de organización.

El célebre principio de dolus o mal propósito que los juristas de cuño romano desarrollaron cuidadosamente para ser corroborado o negado mediante proceso, partía del supuesto de que la consciente voluntad del individuo es de la mayor importancia jurídica y moral, pero a la vez contaba con otro supuesto y era una cobertura y operancia plenas del sistema judicial. Implicaba, de suyo una valoración distinta para el hecho cometido respecto de la simple intención punible.

Pero el abandono de la dicotomía clásica no ha dado lugar todavía a una coincidencia acerca del criterio diferenciador entre homicidio y asesinato; como vimos, en recuentos estadísticos como los del DAS, el criterio que se introduce es el de la calidad de la persona asesinada. Llámase asesinato, o muerte por móviles políticos, a toda aquella en que la víctima haya tenido una representatividad o una capacidad de liderazgo. Las demás cuentan como homicidios.

En otras clasificaciones y análisis, como el de la Revista Cien Días del Cinep, el sentido que se la da a la diferenciación es más polémico: se entiende por asesinato toda muerte provocada jjor agentes del estado, y se define como homicidio aquella que es atribuible a cualquier otro agente, independientemente del grado de organización o de la ideología con que cuenten. Pero aun en el primer caso persiste un grado de ambigüedad: la introducción del factor organizativo como criterio diferenciador no permite todavía incluir en las estadísticas respectivas los crímenes cometidos por organizaciones delincuencia-Íes, de delito común, pero cada vez más complejas como tales organizaciones.

Si Losada y Vélez en su investigación de 1988 son conscientes de las imprecisiones con que se han compilado las estadísticas sobre la violencia, particularmente por lo genérico de la variable homicidio, la jjropuesta con que concluyen, de tipificar al menos 10 clases de homicidios, no resuelve del todo el problema, ya que los tipos propuestos no son excluyentes; en todo caso en la clasificación que proponen, la organización no es el factor diferencial.3

' «Provisionalmente (mientras se logia más claridad sobre la materia) cabría distinguir nueve tipos de homicidio:

(continúa en la página siguiente)

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En un trabajo más reciente, nutrido de un conocimiento directo de las regiones gracias a la participación de protagonistas del conflicto, de una manera tácita todavía la violencia política aparece asociada de modo esencial con el grado de organización. Aunque se admiten variantes y se formulan recomendaciones diferenciadas, es decir no se consideran susceptibles de un esquema negociador semejante (ni siquiera se considera posible, mucho menos conveniente, la negociación con varios de ellos) la enumeración que contiene de los actores violentos según regiones conlleva la novedad. En efecto, en los análisis y en las recomendaciones de la Comisión de Superación de la Violencia de 1992, del estudio de las regiones en que venían actuando el EPL y el Quintín Lame, la enumeración incluye jjara las regiones estudiadas los siguientes actores: guerrilla, narcotráfico, funcionarios oficiales y para-militares. Es difícil hallar en toda la literatura explorada, nacional e internacional, una mejor formulación ¡jara el problema de política estatal que involucra la tercera de las categorías. Analítica y ponderada, sopesando cada uno de los términos y la responsabilidad social que tiene el enunciarlos: la exjjresión cuidadosa en cjue concluye acierta en el meollo del problema de esa variedad de la violencia y de sus efectos multiplicadores.4

1) Homicidio causado por grupos que buscan crear otra organización política en cl país. 2) Homicidios causados por la acción de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de su misión legal. 3) Homicidios causados por quienes desean impedir que personas de ideologías j)olíticas contrarias a la suya, desarrollen actividades en pro de sus ideas. 4) Homicidios relacionados con la producción, procesamiento y comercialización de sustancias alucinógenas. 5) Homicidios causados por grupos que quieren impartir justicia o realizar operaciones de limpieza social. 6) Homicidios como venganza por homicidios anteriores. 7) Homicidios relacionados con intentos de apropiarse de un bien ajeno. Más dos categorías heterogéneas, residuales: 8) Homicidios pasionales, por riñas de borrachos, por consumo de droga y por desarreglos psíquicos. 9) Homicidios preterintencionales y por piedad». Muertes violentas en Colombia, 1979-1986, abril de 1988, p. 64-65. 4 Por lo dicho, vale la [iena transcribirla: « Estudiada la situación de la violencia en cada una de las regiones analizadas, la Comisión ha llegado al convencimiento de que en todas ellas ha habido, además de otros actores, funcionarios estatales gravemente comprometidos en violaciones reiteradas de derechos humanos. Asimismo no se encontró ningún elemento de juicio que permita afirmar que tales violaciones hayan sido el producto de un designio único o de un plan diseñado desde el Estado con determinados propósitos. El gobierno nacional no ha ordenado, ni patrocinado esas violaciones; pero tampoco puede afirmarse, como frecuentemente se hace, que se trate de casos aislados: son demasiado numerosos y se presentan


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Tal vez n o sea exage rado af i rmar q u e en c u a n t o a la clasificación d e

las formas d e violencia, y a la definición del t r a t a m i e n t o co r respon

d ien te , la Estrategia Nacional contra la Violencia a d o p t a d e l leno los cri

terios fo rmu lados p o r los invest igadores d e 1987: la mul t icausa l idad

c o m o e n f o q u e explicativo, el con jun to d e las r e c o m e n d a c i o n e s formu

ladas p o r los au to res del l ibro Colombia: Violencia y democracia, la aten

c ión a los niveles regional y local, y u n a concepc ión d e base : la violen

cia es la síntesis d e diversas violencias con lógicas específicas q u e se in

terf ieren y r e t roa l imen tan , t e n i e n d o p r imac ía las m o d a l i d a d e s colecti

vas q u e se a d o p t a n en d icha Estrategia. I gua lmen te , a d o p t a la diferen

ciación d e agentes , med ios pa ra el ejercicio d e la violencia e intensida

des reg ionales . N o obs tan te , r e spec to d e la violencia ejercida p o r los

funcionar ios oficiales, la Estra tegia pers i s te en e n t e n d e r l a c o m o u n a

s imple p lura l idad de acciones individuales y dispersas :

Y finalmente, la violencia relacionada con la violación de los derechos humanos por parte de miembros de organismos del estado que por decisión individual, en casos focalizados y en contra de las normas institucionales vigentes, se extralimitan en el ejercicio de la guarda del orden público.

C o n todo , al ser f o r m u l a d a cua t ro años después d e la p rognos i s e n

q u e se basa, d e m o d o m u y significativo, la Estrategia co r r e el l i nde ro

e n t r e la violencia o rgán i ca y la inorgánica , y p o r e n d e el c r i te r io d e la

negociabi l idad . Basta r epasa r su def in ic ión d e los objetivos q u e se

j j r o p o n e el narcot rá f ico con la violencia q u e ejerce:

La violencia organizada y el sicariato que cobija la violencia perpetrada por las redes criminales jjropulsoras del narcoterrorismo y la violencia propia del negocio del narcotráfico, de intimidar la justicia, el Estado y la sociedad, eliminar rivales, dirimir asuntos relativos a los dividendos del negocio apuntalar actividades delictivas y ejercer hegemonías territoriales.

en regiones tan disímiles como para que no existan unos elemento comunes que los expliquen. Atribuir tales hechos en forma individual a uno que otro empleado que inevitablemente se habita desviado del recto cumplimiento de sus funciones, sería engañarse con el pasado.» Pacificar la paz. Comisión de Superación de la Violencia, Santafé de Bogotá, 1992, p. 143. Se deduce que si no hay designio único, sí hay un propósito concertado que rebasa lo puramente individual, y que requiere el tratamiento que se da a los actores organizados.

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Al observar los mapas de la forma en que ha evolucionado la presencia guerrillera, la modalidad organizativa cjue ha sido objeto de un seguimiento más detallado, puede comprobarse cjue en la última etapa su crecimiento ha inducido el crecimiento correlativo y la mayor complejidad organizativa de su contrario dual: el conjunto de grupos paramilitares. Algunas de las fuentes solían distinguir las acciones de los grupos de autodefensa de las acciones de los grupos paramilitares; tras la declaración de ilegalidad de los primeros tal distinción ha perdido sentido. A efectos del jjresente análisis, la información se agrupa bajo una sola denominación, que pese a la suspicacia que suscitó en un comienzo es la más adecuada por lo genérica.

Cuando la Comisión de Superación de la Violencia de 1991 hace el recuento de los actores violentos, región por región, da por entendido que se ocupa de los agentes organizados de la violencia y el propio subtítulo de la publicación sugiere ya el criterio de la negociabilidad. Ahora bien, ese recuento sólo toma aquellos datos susceptibles de agregación y de tratamiento estadístico para el caso de los agentes organizados sobre los cjue hay registros históricos.

En los informes sobre la situación de los Derechos humanos que publica la Procuraduría desde 1991, también la organización se convierte en el criterio diferenciador: se habla allí de la violencia difusa y de la violencia organizada. Y tal definición tiene consecuencias en la forma en que se presenta e interpreta la información. Tales informes se han convertido en la primera fuente oficial para hacer estimativos acerca del número de violaciones a los Derechos Humanos que son cometidas por funcionarios estatales. Resulta discutible sin embargo la apreciación gruesa con que se introduce el II informe, por una simple cuestión de jjrojjorciones:

Este informe se presenta con la relativa tranquilidad de conciencia que da saber que en el marco de las múltiples violencias privadas cjue aquejan a la sociedad colombiana, el Estado, a jjesar de su mayor fortaleza militar, es entre los actores armados el vínico con una legitimidad fuera de duda, por cuanto es el cjue menos viola los derechos humanos."

7 Véase Carlos Gustavo ARRIETA en Procuraduría General de la Nación, II Informe sobre Derechos Humanos, 1992, p. 5.

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Si se pondera suficientemente el componente organizativo no debería ser tranquilizador comprobar que en proporción a su tamaño y función, y en comparación con otros actores de violencia de carácter privado, el estado es, tan sólo, quien menos viola esos derechos. La comparación no cabe, pues desconoce lo peculiar de la aberración de que cuando es el funcionario del Estado quien delinque, además de la mampara institucional, utiliza información, armas, indumentaria, comunicaciones, en suma recursos organizativos propios del Estado, a servicio de una finalidad privada e ilícita. Obra así con una ventaja considerable sobre cualquier contendiente por ilícito que éste sea: ni siquiera asume los costos organizacionales en que incurre.

Precisamente el derecho humanitario, a la hora de entender las responsabilidades de los distintos protagonistas en el curso de las confrontaciones armadas, además del dominio territorial, de la coordinación perceptible entre sus distintas acciones y el respeto a las normas que él contiene, incluye la existencia de un grado de organización como elemento diferenciador.

No se quiere decir con lo anterior que para el caso de las violaciones a los derechos humanos se haya podido confirmar la existencia de una unidad de propósito, de una organización clandestina que en el seno del propio Estado actúe con tal grado de coordinación y sistematicidad que, como tal organización, amerite considerársela sujeto de ese tipo de derecho: sería un contrasentido. Lo que se quiere significar es que la organización en sí, el aparato institucional de que se valen quienes delinquen dentro del Estado, sus recursos, son de tal valor que incluso el derecho humanitario a la hora de caracterizar a los actores colectivos la considera un componente básico.

Es un componente que no se puede asimilar sin más a cualquiera de los otros; las diferencias entre los asaltantes que merodeaban en el camino de Jerusalén a Jericó de que habla el Evangelio (Lucas 10:29) y los miembros de las organizaciones delincuenciales dedicadas al secuestro o al robo de carros (una comparación histórica en la que se apoya argumentativamente Fernando Gaitán en su libro con Malcolm Deas) no se miden por la distancia entre la espada y la subametralla-dora, sino más bien por el grado de organización, de división del trabajo que adopten, pues es ésta la que a su vez mejora la eficiencia, aumenta la probabilidad de que las acciones cometidas queden impu-

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nes y eventualmente las convierte, como ha ocurrido, en un lema de la agenda de jjolítica internacional en pleno contexto de globalización.

Suficientemente se ha estudiado, y no tan sólo, ni de modo principal, por la sociología, la forma en cjue para alcanzar sus objetivos toda organización debe darse una estructura jerárquica capaz de contrajje-sar las luchas entre grupos e individuos. Si no tuviese control, la lucha por cl poder dentro de la propia organización redundaría en efectos jjaralizadores. No hay organización cjue funcione sin que existan en su interior, en el modo de funcionamiento JJCOJJÍO, restricciones al poder de negociación sobre los medios e instrumentos que le son específi eos.''

Tal vez por ello, al referirse a la tendencia migratoria de ciertos agentes de violencia, al cruce de escenarios en donde se superponen y retroalimentan diversas modalidades de violencia que tienen en común, nej obstante ser organizadas, los violentólogos del 87 afirman en el capítulo sobre la violencia organizada y a propósito de una de las regiones con más alto índice de muertes violentas en un período de por lo menos tres décadas:

Las relaciones internas en estos complejos escenarios se agravan jjor el hecho de que la normatividad que rige las diferentes organizaciones es muy estricta e imjjlica adhesiones y lealtades muy definidas, cuya transgresión se paga frecuentemente con la muerte.'

Luego están entendiendo las organizaciones como estructuras de jjoder y ponderan la complejidad a la cjue nos hemos venido refiriendo, aun cuando no consideren todavía a la organización en sí como un criterio diferenciador. La frecuencia a la que se refieren, y el grado en el que se agravan dichas relaciones es lo que se trata de medir, más circunstanciadamente, en las Estadísticas generales sobre la violencia en Colombia.

La discusión acerca del sistema de clasificación cjue se emplea en la anterior base de datos se ha centrado en el criterio empírico y normativo con que clasifican los enfrentamientos y las muertes jjroducidas

f) Ver al respecto "Influencia de las relaciones de poder en la estructura de una organización", en El fenómeno burocrático, de Michel CROZIF.R, Tomo II, p. 38, Amo-rrortu Editores, Buenos Aires, 1969.

Colombia: Violencia y democracia, Bogotá, 1987. p. 85.

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entre el ejército y la guerrilla. Se considera, por ejemplo, insuficiente el número de acciones armadas que contiene y que proviene en principio de la adoptada por el DAS: contactos armados, emboscadas, actos terroristas, asaltos a población, ataques a instalaciones, asaltos a entidades, piratería terrestre y hostigamientos. Una objeción central es que pese a la intención exhaustiva con que se formula la anterior enumeración, sirva para disfrazar acciones irregulares emprendidas por el Ejército (el contacto armado sería una emboscada oficial) y a la vez produzca un sesgo que consiste en desconocer al guerrillero como combatiente rebelde, protagonista de violencia movido por móviles políticos.8

Más que de criterio, la confusión y la consiguiente dificultad clasificatoria pueden provenir del modo como ha evolucionado el orden de lo real. Ello ha significado que no necesaria o ineluctablemente el guerrillero sea un rebelde: bien puede ser un partidario del sistema. En la medida en que el conflicto se polariza en algunas regiones, a la vez se guenilleriza, si cabe el barbarismo. En ellas, como se ha estudiado para el caso del Magdalena Medio, de Córdoba y de Urabá, el modus operandi guerrillero ha dejado de ser exclusivo de las agrupaciones de signo ideológico izcjuierdista.

Según se puede comprobar en un examen retrospectivo y partiendo de la información disponible, una técnica organizativa —ciertos rasgos estructurales como organización— ha venido difundiéndose entre diversos agentes, y puede decirse que ya no hay características exclusivas y excluyentes. Ello resulta claro, y lo veremos, a propósito del crecimiento paralelo entre los frentes guerrilleros y diversas modalidades de agrupaciones paramilitares: la guerrilla como técnica bélica y como modalidad de organización, las relaciones que se establecen entre la infraestructura política clandestina y el aparato militar, y las que se establecen entre los dos componentes anteriores y la agrupación política legal ya no son exclusivas.9

Ver en particular Iván OROZCO ABAD, "El guerrillero como combatiente rebelde", en Combatientes, rebelde y terroristas, Temis, Iepri, Bogotá, 1992 p. 85.

" «A ese respecto tengamos en cuenta que la guerrilla es una técnica, que por ello no es en sí misma ni de izquierda ni de derecha, como lo prueban muchos ejemplos del pasado», Gérard CHALIAND en Stratégies de la guérilla: Anthologie historique de la Longie Marche a nos jours, Gallimard, Collection Idees, París, 1984, p. 31.

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Si en las décadas del 60 y el 70 la combinación de todas las formas de lucha parecía ser el distintivo ideológico y el rasgo organizativo JJIOJJÍO

de una de las organizaciones guerrilleras, entrada la década del 80 lo anterior no puede afirmarse sin más. En una región como el Magdalena Medio, el proceso resulta característico: simultáneamente con la organización de corte gremial y reivindicativo Acdegam, se organizan los paramilitares de la zona y se consolida cl movimiento político de vehemente anticomunismo.

A la vez, las cifras muestran cjue para el caso de regiones como ésta, en tanto cjue el conflicto entre organizaciones se intensifica, parece cumplirse aquella exjjectativa teórica según la cual, a mayor grado de organización, de monojjolio u oligopolio de ciertas formas de violencia, menor número de ciertos hechos delincuenciales. Se produce el descenso de algunos dc los indicadores: mejoran los índices de modalidades como el secuestro, de homicidio común, en general de muertes violentas no asociadas al enfrentamiento armado entre aparatos militares de tipo irregular.

Como criterio general, no es cjue la existencia de una estructura organizativa redunde en el carácter político de la violencia cjue ejerza el actor en cuestión; puede comprobarse en efecto que organizaciones muy complejas, con recursos ingentes, continúan sirviendo fines muy particulares, pero en la medida en que se reconozca que la organización es, además de un recurso que potencia los demás recursos, una estructura de jjoder, se deduce que la violencia que ejerce no puede ser tratada de la misma manera que aquella ejercida de modo individual y difuso. La ¡jarticipación que han tenido en la reciente espiral de violencia homicida sugiere que aún asumiendo la carencia de fines políticos, en la medida cn que sean organizaciones, incluso a aquellas denominadas de delincuencia común, se les reserve nn tratamiento especial en la estrategia contra la violencia, que su desactivación se convierta en uno de los objetivos específicos de la ¡jolítica gubernamental y merezca la asignación de recursos y operativos especiales y, consecuentemente se cree una categoría intermedia abandonando aquella rígida dicotomía; acción individual (delincuencia común-móviles individuales)/acción políticamente orientada (delincuencia política-móviles sociales).

Como lo ejemplifica el gamonalismo para el caso de la acción política legal, a escala del municipio (de la mayoría dc municipios y de su densidad promedio) es más fluida la transición entre el interés privado

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y el interés público. En la disputa por el poder a esta escala, la existencia de organizaciones —independientemente de las finalidades con las que hayan surgido— modifica los términos del problema, y hace especialmente complicada aquella distinción que se utiliza para los actos de violencia en el marco de un conglomerado urbano.10

Como lo indican las tasas de homicidios municipales que incluimos, en una proporción decisiva los municipios más violentos son también aquellos en donde hay una mayor diversidad y mayor complejidad en las organizaciones que ejercen la violencia. Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestra categorización, además de las cuatro categorías de municipios según rangos de violencia homicida, incluimos a continuación el listado de los municipios con presencia de agentes organizados de violencia, cuando éstos mantienen de manera explícita una referencia al orden social general (Véase ei Cuadro 2, p. 264).

Luego, en distintos apartados, trataremos de discernir el peso específico de cada modalidad de organización en la violencia a escala municipal, y de establecer la relación que tengan con las características socioeconómicas de los municipios en los oue están oresentes.

10 Como la que establece para el caso de Cali el estudio de CAMACHO GUIZADO, "Las dimensiones pública y privada de la violencia en la ciudad de Cali", en Pasado y Presente de la Violencia en Colombia, Cerec, 1990.

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Presencia territorial de la guerrilla

colombiana: una mirada a su

evolución reciente Fernando Cubides

Fundamentada en una amplia evidencia empírica, es creciente la aceptación de que no es posible en la actualidad, como sí lo era hace dos décadas, establecer una relación inmediata —una conexión causal— entre las carencias de la población de determinados territorios, su endeblez institucional y la presencia guerrillera. La insuficiencia de lo cjue en su momento fue considerada una explicación estructural genuina resulta patente ahora, al constatar la expansión de la guerrilla en el período más reciente, su ostensible accionar en territorios de los que ya no es posible afirmar se caractericen por un predominio de población con necesidades básicas insatisfechas, o de los que se pueda afirmar, con el viejo tópico, que haya ausencia del Estado.

La anterior comprobación corre jjareja con otra que precisa la magnitud de muertes violentas directamente atribuibles a la lucha guerrillera.1 Dicha cifra es mínima cuando se la relaciona con el total; no obstante, con matices de interjjretación, nadie pretende inferir de ella una pérdida de significación de la guerrilla como agente organiza-

1 «Aunque en Colombia ha subsistido por más de 40 años una actividad guerrillera, el número anual promedio de muertos en acciones militares que jíertenecen a las fuerzas armadas regulares o a las guerrillas es una proporción casi insignificante del número total de homicidios en los últimos decenios (menos de 1% en 1993)», Armando MONTENEGRO T. y Carlos Esteban POSADA, en "Criminalidad en Colombia", Borradores Semanales de Economía, N° 4 de 1994, Mimeo, p. 1.

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do de violencia. Así solo fuere porque para una porción cada vez más amplia del territorio colombiano la guerrilla ejerce un control territorial y, desde el punto de vista de la legalidad formalmente estatuida, es el principal factor de impunidad. (Como lo puede comprobar quien quiera que transite por una zona bajo influencia guerrillera: basta que un funcionario de nivel medio o bajo esgrima como argumento que el territorio donde se reclama su gestión es zona roja, para que se considere tácitamente eximido de las responsabilidades que figuran nomi-nalmente a su cargo).

Al contrario de aquella sabiduría convencional, lo que ponen en evidencia los datos que tuvimos a nuestro alcance, como también documentos en que a partir de dichos datos se formula un nuevo principio explicativo2 es que ha ocurrido una creciente diversificación en las acciones guerrilleras, una rciacion caoa vez mas compleja oc ias organizaciones que las llevan a cabo, con el territorio en el que aculan, y con la población que lo habita. Ya en 1990, el investigador Jorge Orlando Meló consideraba como el rasgo distintivo en la última etapa, el que a la violencia guerrillera, marginal hasta hace unos años, se le hubiesen añadido el incremento de la violencia delincuencial, y un componente más bien inescrutable a la luz de la información disponible: .-1 •-, ^ ^ n * n ! r , ' " ' , ' ' , ' ^ " r \ c l / í r m n e Q V I I V - Ü < - , m r , < - » c , . * " - L . i l l ^ O l l L í X l I I I l l C l L l W l l U L l U U U t l J C l l l U . O . H 1 l - K X J " .

Pues, por lo que parece, la diferencia entre la guerrilla y cualquiera de los restantes agentes organizados de violencia, por ingentes que sean los recursos de éstos y por sofisticados que sean los medios de que dispongan, es que la primera, quiérase que no, cuenta con un objetivo político, con una estrategia de largo alcance, y en concordancia con ella ha puesto en práctica una visión altamente diferenciada del territorio, adaptándose a sus diversas características geográficas, económicas y sociales, o, para decirlo en el lenguaje de uno de los jefes del ELN entrevistados por Marta Harnecker al explicar el rápido crecimiento de la organización tras superar la crisis de 1976, es el resultado del un nuevo diseño de su estructura, de una definición más adecuada del

" "Estudio del impacto de la violencia en la producción agropecuaria 1990-1993, Versión Borrador", de circulación limitada, de Santiago ESCOBAR ACEVEDO, en el que se aplica un enfoque del todo novedoso, y a nuestro juicio muy acertado.

' "Comentario sobre la ponencia de Armando Borrero" en Construir la Paz: Memorias de! seminario Paz, Democracia y Desarrollo, Presidencia de la República, Pnud, 1990, p. 322.

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http://-L.il

Tercera parte

conjunto de las regiones del país, y de «planes adecuados a su especificidad social y geográfica».

Tal vez cl {junto en que se aprecie mayor divergencia entre las jjar-tes, en los diversos intentos de negociación del conflicto armado colombiano, sea el de la dimensión territorial. Las posiciones negociadoras en las distintas rondas efectuadas hasta ahora dan cuenta de la enorme desjjroporción entre las aspiraciones de los negociadores guerrilleros y las varias ofertas de las delegaciones gubernamentales. No jjarece razonable esperar que la entrada en vigor del Protocolo II de Ginebra contribuya a dilucidar las diferencias. Lo que desde ahora se percibe como el meollo de la dificultad a la hora de establecer responsables por las eventuales violaciones del derecho humanitario es precisamente el grado de control sobre un territorio circunscrito.

Signo de que la evidencia empírica que mencionamos no ha dado lugar todavía a explicaciones adecuadas es que hasta donde hemos podido seguir la discusión reciente acerca de los factores de violencia, resjjecto del desplazamiento dc la guerrilla a zonas geográficas que no se caracterizan precisamente por ser marginales, se han encontrado tres concepciones: a) se le resta significación a exjjensas de afirmar que lo esencial es cjue está en todas partes y que pese a todo, ello no modifica sustancialmente el cuadro general de los hechos de violencia, y se ofrece entonces un panorama difuso en que la guerrilla es uno más y tal vez el menor de los agentes organizados de violencia b) se acentúa cl crecimiento reciente que indica el desplazamiento de la guerrilla a municipios con predominio de agricultura comercial como resultado de una lógica económica: de la decisión deliberada de obtener un mayor caudal de recursos que satisfaga necesidades logísticas, pero sobre todo un afán de rentabilidad, y como resultado la guerrilla se habría desvirtuado como organización política pudiéndosela asimilar a una organización de delincuentes de cuello blanco a gran escala, razonamiento importante jjero subsidiario; o c) se atribuye dicho crecimiento a la inercia de los procesos históricos, acentuando el carácter {juramente cuantitativo del crecimiento registrado.

No es la menor de las lecciones que se puede extraer del caso salvadoreño, la dc cómo evolucionaron en el curso de la guerra los factores de localización de la guerrilla y su relación con el territorio. Si con las salvedades debidas se ha visto la necesidad de examinar el proceso negociador de aquel ¡jais, otro tanto valdría la pena hacer con dichos factores y su adecuación a los rasgos regionales y subregionales. ¿Es

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posible una analogía entre lo que el Fmln definió como zonas de contención, zonas de expansión y zonas de control en diversos momentos de su estrategia y lo aplicado por la guerrilla colombiana en circunstancias equiparables?

Por lo pronto un analista económico ha encontrado válido tomar esas definiciones de la guerrilla salvadoreña para examinar otro aspecto del problema: el tipo de racionalidad económica, las formas de financiación características de las diversas organizaciones guerrilleras según su estrategia y según el grado de organización de la propia guerrilla.4 Al hacerlo, una de las conclusiones que establece — para el caso salvadoreño, una vez más— es que los motivos económicos estuvieron siempre subordinados a los políticos y militares. Ninguna de las decisiones acerca de los territorios a los cuales se expandió estuvo determinada por t_ clase uc recursos que se esperaba Ouícner v̂ e ehos, siempre fue a la inversa: los aspectos logísticos y la actividad económica desarrollada (el monto de los recursos obtenidos, y la forma de financiar el esfuerzo bélico) dependieron del grado de control militar y político que se dispusiera sobre el territorio en cuestión.

En el presente apartado se intenta hacer un análisis de la distribución territorial de las organizaciones guerrilleras colombianas según las características regionales y a partir de dos tipos de fuentes: eí registro detallado, a todas luces exhaustivo, de las acciones guerrilleras durante los años de 1985 y 1993 (el período en estudio) y su ubicación en el mapa (que hace parte de la base de datos puesta a nuestra disposición por los investigadores de Presidencia de la República) y de otra parte las entrevistas a dirigentes y los documentos provenientes de las organizaciones guerrilleras en donde se han hallado explícitas referencias territoriales, cotejando siempre, claro está, con la secuencia que establecen los datos recogidos de otras fuentes. Con posterioridad a la terminación de nuestro trabajo, pero antes de su publicación, han aparecido varios trabajos en que el seguimiento abarca un período más amplio, cubriendo incluso el año inmediatamente anterior al presente. Sin duda el más completo de los que utiliza el mismo referente

Ver "The insurgen! economy: Black market operations ofgterrilla organizations" de R. T. N.AYLOR, en Crime, Law and Social Change 20, p. 13-51, 1993, Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands. Las correspondencias que establece son: zonas de contención: essentially predaiory economic activities; zonas de expansión: fund-raising activities will shift to the parasítica! mode, particularly extortion or revolutionary taxation, y zonas de control: symbioticforms offundraising.

171

Tercera parte

empírico es el elaborado por los investigadores Camilo Echandía Castilla, Rodolfo Escobedo y Enrique León Queruz. Compartiendo la evidencia —cjue en el caso de su trabajo es más exhaustiva y actual— compartimos además las principales conclusiones a las que arriban estos autores en su examen de la forma en que ha evolucionado la presencia territorial de la guerrilla. Tan significativo es, en la etapa reciente, el escaso peso de la guerrilla cn los municijjios más pobres del jjaís (desvirtuando un tanto sus projjósitos re-distributivos y el énfasis agrarista de su plataforma inicial) como la creciente presencia en municipios de actividad productiva deslacable. A nuestro juicio son consistentes las evidencias y válidas las conclusiones cjue extraen acerca de que:

La actual presencia de la insurgencia y las manifestaciones de violencia que de ella se derivan, no son entonces resultado de las condiciones socioeconómicas de los pobladores, sino más bien dc las decisiones conscientes que ICJS actores organizados de la violencia toman en desarrollo de sus planes estratégicos.0

En cuanto a lo que podríamos denominar fuentes cualitativas, para el caso del ELN las entrevistas consideradas fueron tres, cn orden cronológico: la ya mencionada de Marta Harnecker, que se publicó en Quito en 1988 con el título Unidad (¡ue multiplica; la publicada por María López Vigil en 1989 con el título Camilo camina en Colombia, también conocida, y un relato inédito hasta el momento en que llevamos a cabo nuestro trabajo y publicado luego por el investigador Carlos Medina Gallego, en la serie Historia testimonial, sobre la base de entrevistas exhaustivas con Nicolás Rodríguez Bautista {Gabina) del ELN. Estas entrevistas salieron a la luz en 1996 con el título ELN: Una historia contada a dos voces, aunque para efectos de nuestro análisis preferimos la versión inicial, más extensa, no editada, y con menos eufemismos: Ejército de Liberación Nacional, ELN: Una historia). Las cuatro entrevistas conforman una secuencia que coincide con el período estudiado, y en las dos últimas se retoma el hilo y se actualizan los temas de las dos anteriores. Para el caso de las Farc, además de los textos firmados por Ja-cobo Arenas, Cese al fuego (febrero de 1985) y Correspondencia, secreta del proceso de Paz (junio de 1989), se examinan las entrevistas obtenidas y elaboradas literariamente por Alfredo Molano, la que sirve para la

3 Con el título Inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales, editado por Fonade y la Universidad Externado de Colombia, octubre de 1997.

172


semblanza de Manuel Marulanda Vélez, hecha por Arturo Alape, y un documento inédito: una entrevista hecha por Carlos Miguel Ortiz a quien fuera jefe de un frente de las Farc en el Urabá, luego desertor, fechada el 6 de abril de 1992.

Para el caso de la disidencia del EPL, se tuvo acceso a algunos boletines y a la información archivada como Documentación disponible sobre el proceso de paz en Presidencia de la Repiiblica. Por lo demás, se hace uso de toda la literatura testimonial que ha venido apareciendo a tenor de los distintos procesos de negociación, la cual aparece referen-ciada en la bibliografía adjunta.

GUERRILLA Y NBI: LAS DISCORDANCIAS

Si, en gracia de discusión, se admiten las posiciones formuladas entre junio y septiembre de 1991 por los voceros de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y los delegados gubernamentales, las demandas de los primeros y las ofertas de los segundos en materia territorial constituyen sendas muestras representativas de las respectivas concejjciones sobre el grado de dominio adquirido (aunque dicha negociación haya sido trunca hasta ahora). Unas y otras, exigencias y contrapropuestas, constituyen un material invaluable para este análisis.

Un ejercicio simple consistiría entonces en acudir a la información del mapa de la pobreza absoluta6 y, después de obtener el promedio para los municipios demandados u ofrecidos, compararlos con el promedio nacional. No perdemos de vista, claro está, que en la propuesta gubernamental pesan consideraciones de otra índole: la ubicación y seguridad de las guarniciones militares; el mantenimiento del control de los ejes viales; la no discusión sobre el control de los recursos estratégicos, amén de la seguridad de las áreas fronterizas. Correlativamente, en la guerrilla el sesgo está en su pretensión de consolidar su presencia en áreas fronterizas claves para el suministro logístico, amén de su maximalismo. Como posición negociadora, la exigencia por parte de la guerrilla del retiro de la fuerza pública de al menos la tercera parte de los municipios del país, no registra variaciones a lo largo de dicha ronda, pero aun así, las sucesivas propuestas gubernamentales (si nos atenemos al procedimiento de las aproximaciones su-

Véase el mapa 1, p. 312.

173

Tercera parte

cesivas) admiten ser interpretadas cn función de las exigencias de la contraparte. No es éste un procedimiento óptimo, pero es el posible ¡jara el investigador académico, cuando se trata de representar la presencia por municipio de las distintas organizaciones guerrilleras, tal como se pudo haber expresado en ese fallido proceso de negociación. Es un intento dc lo que algunos lógicos denominan suposición aproximada o abducción, un ejercicio en el cjue se intenta hacer de la necesidad virtud. La presencia guerrillera es una evidencia incontrastable, premisa mayor; la existencia de designios estratégicos y de fortalecimiento en cierto tipo de territorios según planes una probabilidad que el investigador debe inferir a partir dc indicios sueltos, y para el efecto es la premisa menor, y una y otra en todo caso son más demostrables que las conclusiones a las que por ahora puede arribar el investigador acerca de la evolución inmediata del fenómeno guerrillero y de su relación con otras manifestaciones de violencia, las cuales caen más bien en un terreno especulativo.

Tal vez no resulte demasiado artificioso el parámetro obtenido así, y en el peor de los casos podría ilustrar las diferencias, algo así como la medida del desacuerdo. Al fin y al cabo se trata de una negociación inconclusa, sobre cuyo curso posterior la especulación no sólo es lícita, sino inevitable. Se trata de algo ilustrativo, aunque, como decimos, desde luego no demostrativo.

Hasta donde se puede recapitular, la propuesta inicial del gobierno señalaba áreas circunscritas de 15 municipios para el asentamiento de la CGSB. El primero de los comunicados gubernamentales en que se expresa tal oferta, incluye un estimativo de la superficie territorial que abarca 37.092 km . A tal listado de municipios, con un promedio de NBI de 71.36. (y si se tiene en cuenta que promedio nacional de NBI es 45,0 según los datos del Censo 85) no es arbitrario atribuirle que corresponde a una definición de la guerrilla como resultante de condiciones económicas y sociales marginales.

La anterior apreciación parece corroborada por el hecho de que 12 de los 15 municipios escogidos para el asentamiento corresponden, en la categorización del Dañe,' a la categoría de colonización {activa de

frontera, activa interna, y no activa —esta última recibe otra denomina-

' Véase el mapa 1, p. 312, el primer mapa en el que se aplica la tipología utilizada por el Dañe en 1988 para los estudios de pobreza a partir de los datos censales de 1985.

174


PRIMERA PROPUESTA PARA ASENTAMIENTO;

MUNICIPIOS

D p t o .

A n t i o q .

A n t i o q .

An t i oq .

Arauca

Santan

der

Caquetá

Boyacá

Cauca

C h o c ó

Hui la

Cesar

Meta

Meta

N o r t e

Stder.

To l ima

Mpio.

Dabeiba

Taraza

Remedios

Tame

La Belleza

Paujil

Fáez

Sta,Rosa

El Carmen

Algeciras

El Copey

La Uribe

Puerto Rico

Sardinata

Chaparral

" Extensiones aproximadas, pobreza. Promedio de pobt

Ext.

K m t 2

2.262

2.253

2.100

7.546

600

2.229

1.330

650

1.017

711

1.000*

7.000*

4.000*

1346

2124

El código ación con

Frentes

Farc

5.8,34

35,37

4,9,12,20,2 4.36,46,46,

47

10,45

11,23

13,14,3,15, 32

16,28,

38,39

8,29

48

2,17,26

19,41

25,27,31,4 0,44

1,7,42

33

30.6,21

JUNIO DE

ELN

17

11.19

3.4,5, 6,10,16,20, 22,23,24,2

5

7,8,

21

1 í.

1

2,15,18

13,14

9,21

de la última columna es e NBI/85: 71.38%. Fuentes:

199 1. - ÁREAS DE CESE AL FUEGO:

EPL

1.2

4

3

7

5

6

N o .

efect.

485

355

1795

540

190

640

490

217

345

350

345

1.365

368

295

350

1 de ia tipología adoptada Dañe y Presidencia de la

% NBI 71.9

79.4

73.5

59.4

61.2

61.0

Q t O

74.8

55.9

64.5

71.4

B2.3

82.0

72.3

63.1

por el Dañe en República.

15

Cód.

52

52

52

51

52

51

52

51

52

12

42

51

51

52

21

el mapa de

ción con posterioridad: periferia rural marginal, si bien la noción se mantiene). Particularmente para el caso de las Farc, los testimonios y los análisis coinciden en mostrar una directa asociación entre las características socioeconómicas y agroecológicas de las áreas de su influencia inicial: el territorio de las cinco repúblicas independientes, las subregiones de Sumapaz y el Pato en la Cordillera Oriental, Marqueta-lia y Riochiquito en la Cordillera Central y Ariari-Guayabero en los Llanos Orientales, y el proceso de colonización que se da con posterioridad a la ley de Reforma Agraria.

De allí en adelante las sucesivas posiciones varían e incluyen paulatinamente nuevas categorías de municipios, si bien se mantiene el predominio de los correspondientes a los tipos de colonización. Preci

as

Tercera parte

sámente, la versión cjue la dirigencia guerrillera ofrece de las condiciones sociales predominantes, en todos sus matices y variantes, apunta siempre a las zonas de colonización como óptimas para su etapa de implantación.8 Pero una vez consolidado el núcleo guerrillero, en los mismos relatos, la meta siguiente es expandirse a áreas de mayor poblamiento y más vinculadas al mercado: bien pudo parecerles que la primera propuesta pretendía hacerlos retroceder hacia sus orígenes.

La propuesta siguiente, de 23 municipios, conlleva variaciones importantes: para ese listado de municipios, si bien el promedio de población con NBI se incrementa (74,83%), más significativo es cjue aparecen nuevos tipos de municipios: minifundio andino deprimido, agricultura comercial y empresarial con alta población urbana, y adquieren mayor importancia los municipios correspondientes a la categoría latifundio de Costa Caribe.

La siguiente propuesta, que contempla un listado de 35 municipios (con un promedio de población con Necesidades Básicas Insatisfechas de 73.45%) registra una creciente diversificación en las categorías municipales. Siguen siendo una amplia mayoría los municipios en zonas de colonización: 22 de 35, pero a la vez ha crecido la proporción de municipios que corresponden a las categorías: minifundio andino deprimido, latifundio Costa Caribe y campesinado medio con otros cultivos comerciales.

La siguiente de las propuestas enunciadas, con fecha de septiembre 17, se refiere a 60 sitios correspondientes a 56 municipios, que al promediar su poblacieSn con NBI muestran una marginalidad ligeramente menor que la de la anterior propuesta: 71.81%. La distribución en la tipología es semejante a la anterior: de los 56 municipios, 34 corresponden a las diversas categorías de colonización, se duplica con respecto a la propuesta anterior el número de municipios de la cate-

«La gente que vino con Fabio exploró distintas zonas para ver dónde sería mejor iniciar el foco guerrillero. Exploraron una región de Boyacá —Miradores— donde el Partido Comunista había tenido alguna influencia y había habido guerrillas liberales. Exploraron por el viejo Caldas, por San Pablo, en Bolívar. Por fin decidieron quedarse por la zona de San Vicente de Chucurí, por mi tierra, poique ofrecía las mejores condiciones: zona de colonización, tradición guerrillera, base campesina...» María LÓPEZ VlGIL, Camilo camina en Colombia, p, 133. Habla Nicolás, del grupo de fundadores del ELN. Por otra parte en cuanto a las Farc, su relación con las zonas de colonización ha sido abundantemente analizada en la literatura reciente, por William Ramírez Tobón y Alfredo Molano, entre otros.

176


T PROPUESTA: ÁREAS DE CESE AL FUEGO PARA ASENTAMIENTO DE LA CGSB

Dpto.

Antioq.

Antioq.

Antioq.

Antioq.

Arauca

Bolívar

Boyacá

Caquetá

Boyacá

Boyacá

Cauca

Cauca

Cesar

Chocó

Chocó

Huila

Cesar

Meta

Meta

N.Sder.

N.Sder.

Santder.

Tolima

Mpio.

Cáceres

Dabeiba

Taraza

Remedio s

Tame

Pinillos

Chiscas

Paujil

Paya

Piez

Sta. Rosa

Argelia

Fl Cnt ipv r- /

El Carmen

Condoto

Algecira

San Diego

La Uribe

Pto. Rico

Hacarí

Sardinat

Lbellez

Chaparral

Ext.

3.264

2.262

2.253

2.100

7.546

1.601

774

3.229

1.330

3.290

887

650

1.000

1.017

1.020

711

650

7.000

4.000

792

1.346

600

2.124

Frentes

Farc

5,34,18

35,37

4,9,12,20,2 4,36,46,47

10,45

3,15,32,13, 14

16.28,38,3 9

8,29

48

2,17,26

19,41

25,27.31,

40,44

1.7.42

33

23, I I

21,6,30

Frentes

ELN

3.4.17.1 I I 9.22,23,24,

25

5,6.10,16,2 0

7,11,21

12

1

13.14

2,15,18

9,21

Frentes

EPL

1,2

4

3

5

7

6

No. efect.

1090

410

185

735

200

360

340

640

390

100

60

140

115

180

i 65

350

210

1365

260

150

i 45

190

350

23 MUNICIPIOS:

% NBI

88.5

71.9

79.4

73.5

59.4

95.7

73.3

61.0

97.8

74.7

74.8

85.8

71.4

55.9

70.5

64.5

71.6

82.3

82.0

91.2

72.3

61.2

63.1

C ó d .

52

52

52

52

51

42

31

SI

52

31

51

52

42

53

53

12

42

51

51

52

52

52

21

goría con predominio de campesinado medio, también la de los correspondientes a minifundio andino deprimido, y aparece por primera vez la categoría 22 {municipios de agricultura comercial con predominio de población rural), manteniéndose proporcionales las otras categorías.

La propuesta que quedó sobre la mesa, sin ser discutida, cuando se interrumpieron las negociaciones (ver el Cuadro 5- Propuesta Gubernamental (No discutida). Áreas de Cese Al fuego para asentamiento de la CGSB. Septiembre de 1991, p. 183) contemplaba 81 sitios correspon-

177

Tercera parte

dientes a 74 municipios con un NBI promedio de 71.05. De ellos, sólo una leve mayoría —40— corresponden a las distintas categorías de colonización, en tanto que se incrementan muy significativamente los municipios correspondientes a la categoría campesinado medio con otros cultivos comerciales (distintos al café, como dijimos) de los cjue solamente aparecía uno en las dos primeras listas y ahora son 12. También los correspondientes a la categoría latifundio de Costa Caribe y, de modo característico, aparecen por primera vez municipios de campesinado medio cafetero, aunque —como es notorio— no mejora sensiblemente el indicador de calidad de vida para las municipios de la propuesta gubernamental que quedó sobre el tapete al interrumpirse las negociaciones.

Con las salvedades ya hechas, se trata de una progresión indicativa. Por lo que se puede inferir de la documentación leída, la guerrilla no modificó sustantivamente su demanda inicial, así es que la serie de listados proviene más de la iniciativa negociadora de la delegación gubernamental, la cual, a partir de anotaciones e indicaciones sueltas (pues las múltiples intervenciones de las delegaciones guerrilleras, salvo la reiteración de su exigencia original, no constituyen una contrapropuesta) y con sutileza talmúdica procura interpretarlas. Por reflejo entonces, dicha progresión va dando cuenta de las orientaciones estratégicas que subyacen a las demandas territoriales.

Analistas que en el curso de la negociación procuran el acercamiento entre las partes, como Alejandro Reyes, se esfuerzan en definir una geografía de la. distensión, es decir un documento en el cjue se indica una ubicación posible para los 96 frentes identificados de la guerrilla, que cumpla como una de las condiciones principales, el que los sitios señalados estén exentos de enemigos del proceso de paz. (Paramilitares, grupos de justicia privada, narco traficantes-terratenientes, o población afectada por masacres o excesos atribuibles a las guerrillas). Labor sutil a cual más, si se tiene en cuenta el mosaico de poderes armados y su distribución territorial. Refiriéndose al último de los listados propuestos —de 81 puntos ubicados en 74 municipios— y al aplicar el criterio que se enunció, Alejandro Reyes encuentra indicadores de conflicto potencial entre los frentes guerrilleros a asentar y grupos armados adversos en al menos 13 de ellos. Con toda su importancia, es un análisis cjue no fue atendido en el curso de la negociación, pues hasta el momento en que interrumpe persiste una divergencia fundamental: cómo cada una de las partes entiende el control territorial.

178


Los avances que se hubieran producido no alteran todavía dicha divergencia.

Si retrocedemos a los relatos testimoniales, y si con todas sus difracciones y omisiones, buscamos en ellos las orientaciones estratégicas de las organizaciones guerrilleras, tal vez sea posible entender que el esfuerzo por una adscripción territorial delimitada, en que se empeña la delegación gubernamental, se halla en sentido contrario de los propósitos de paulatina expansión territorial que desde 1982, aproximadamente, tanto las Farc como el ELN, se han formulado. Unos propósitos que, si se tiene en cuenta el crecimiento registrado desde entonces, aún en los estimativos más conservadores se han ido consiguiendo.

Será menester, no obstante, abandonar algunos de los conceptos ligados a la epopeya guerrillerista de los 60, entendiéndola más bien como un mito movilizador que como una estrategia. El caso es que, sin perder la movilidad, la trashumancia y las ventajas del combate irregular, sin desdecirse abiertamente de ninguno de sus mitos fundadores, de ninguna de las piezas de su retórica inicial, la propia dirigencia guerrillera ha ido modificando su estrategia y su manera de entender la relación con el territorio, como trataremos de ver.

Aquella ubicuidad cjue se expresaba en la fórmula, consagrada y ritual, desde las montañas de Colombia, la acción insurreccional que partía del foco y se conjugaba con la revuelta urbana, o el progresivo cerco de las ciudades por el campo, parecía excluir en principio fórmulas transaccionales, etapas intermedias o el control parcial de territorios circunscritos como no fuese en la etapa abiertamente insurreccional que precediera a la toma del poder.9 Con variantes en su concepción inicial, propias de la ideología de cada grupo, uno de los aspectos en que se registra una progresiva coincidencia entre organizaciones guerrilleras es, justamente, la relación con el territorio y las adaptaciones organizativas que implica.

A diferencia de lo que acontecía con el investigador de hace dos décadas, que para abordar esta temática sólo contaba con comunicados intermitentes y algunas entrevistas sueltas de circulación tam-

Un examen del problema en el plano más universal, pero basado en el conocimiento especializado de los casos nacionales más representativos, incluido el colombiano, lo encontraremos en Gérard CHALIAND, Stratégies de la giérilla: Anthologie historique de la Longte Marche a nos jours, Op. cit.

179

Tercera parte

bien subrepticia, quien quiera cjue aborde hoy el problema dispone de una profusa documentación y de abundante literatura original. Ya no ha de esmerarse en distinguir lo apócrifo de la auténtico, pues por así decirlo, para el caso de las dos organizaciones guerrilleras de mayor envergadura y tradición, se dispone de textos canónicos, en el sentido en que han sido revisados y autorizados por los protagonistas, como en el caso de la secuencia de entrevistas a la dirigencia del ELN, a cjue nos referíamos arriba, o textos suscritos por el propio Jacobo Arenas. El esmero ha de aplicarse entonces al cotejo con los datos acumulados acerca de las acciones guerrilleras que correspondan a los cambios de orientación, y a establecer el beneficio de inventario resultante de la diferencia.

3a PROPUESTA. ÁREAS

Dpto.

Antioq.

Antioq.

Antioq.

Antioq.

Antioq.

Antioq.

Arauca

Bolívar

Bolívar

Boyacá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Boyacá

Boyacá

Cauca

Cauca

Cesar

Cesar

C h o c ó

C h o c ó

C ó r d o b a

Mp io .

Cáceres

Dabeiba

Maceo

San Luis

Taraza

Reme

dios

Tame

Pinillos

San Pablo

Chiscas

Donce l lo

El Paujil

Albania

Páez

Paya

Sta. Rosa

Argel ia

Sn.Diego

El Copey

El

Carmen

Condoto

Pueblo Nuevo

DE CESE

Ext

3.264

2.264

398

350

2.253

2.100

7.546

1.601

2.805

774

15,000

3.229

1.012

3.290

1.330

887

650

650

1.000

1.017

1.020

835

AL FUEGO PARA ASENTAMIENTOS DE LA C G S B :

Frentes

Farc

5,34

9,47

35,37

4,36,46

10,45

5.6,24

12,20,24

3.15

14

13,32

28,29,39

8.29

19,41

48

18

Frentes Frentes

ELN EPL 3,4,11,171

9,22

1,2

10,20,23

4

7,8.21

12

1

3

13,14 5

2,15,18

7

No.

efect.

570

295

150

260

185

335

200

260

350

340

240

150

250

100

270

60

157

210

115

180

165

150

35 MUNICIPIOS

%NBI

88.5

71.9

60.0

75.7

79.4

73.5

59,4

95.7

86.3

73.3

52.7

61.0

84.6

74,1

97.8

74.8

85.8

71.6

71.4

55.9

70.5

79.9

Cód.

52

52

12

31

52

52

51

42

52

31

51

51

51

31

52

51

52

42

42

53

53

42

C/marca Caparrapí 783 22 120 78.7 52

180


3a PROPUESTA. ÁREAS DE CESE AL FUEGO PARA ASENTAMIENTOS DE LA CGSB: 35 MUNICIPIOS

Huila

Huila

Meta

Meta

Meta

Meta

Nte.Sder

Nte.Sder

Sntder

Sucre

Tolima

Tolima

Villavieja

Algeciras

La Uribe

P.Gaitán

P.Rico

San Juan

Arama

Hacarí

Sardinata

1.Belleza

Ovejas

Chaparral

Dolores

433

711

7.000

14.000

4.000

1.300

792

1.346

600

463

2.124

428

17

2

26,40,44

16

1,7,42

27,31

33

23,11

21,6,30

25

9,21

6

16,25

80

140

1025

163

325

250

150

145

190

110

350

90

73.5

64,5

82.3

69.7

82.0

61.5

91.2

72.3

61.2

73.4

63.1

496

12

12

51

53

51

51

52

52

52

42

21

12

4a PROPUESTA GUBERNAMENTAL DE ÁREAS DE CESE AL FUEGO

60 PUNTOS EN 57 MUNICIPIOS

Dpto.

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Arauca

Arauca

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Boyacá

Boyacá

Boyacá

Boyacá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I I

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Municipio

Cáceres

Cáceres

Dabeiba

San. Feo.

El Bagre

Remedios

Yarumal

Ituango

Caracoli

Chigorodó

Bolívar

Tame

Tame

Morales

San Pablo

Achí

Chiscas

Páez

Paya

Aquitania

Sitios/ Veredas

Manizales

Corrales

Llanogrande

Aquitania

Amacerí

Casan ueva

Cedeño

Sta, Rita

El Bagre

Lomas.Ads.

Farallones

Malvinas

Betoyes

Guasimal

Pozo Azul

Pueblo Nuevo

Las Mdes.

La Unuria

Morcóte

Maravilla

Frentes

Farc

5

37

4

36

35

9

10

24

26

38

PARA ASENTAMIENTO DE LA CGSB:

Frentes ELN

I I

19

10

15

5

4

3

7

12

% Pob.

con NBI

88.5

86.5

71.9

-66.3

73.5

44.6

77.5

58.7

68.5

45.3

59.4

59.4

91.6

86.3

94.4

73.3

74.1

97.8

65,1

Cód.

Dañe

52

52

52

31

52

52

21

31

12

12

I I

51

51

52

52

52

31

31

52

12

Caquetá 21 Doncello La Sonora 52.7

181

Tercera parte

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Casanare

Cauca

Cauca

Cauca

Cesar

Cesar

Cesar

Córdoba

C/marca

Chocó

Guaviare

Huila

Huila

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Nariño

N/stander.

N/stander.

N/stander.

Stander.

Stander.

Stander.

Stander.

Stander.

Stander.

Stander.

Sucre

Tolima

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Solano

Sn. Antonio Getuchá

Albania

Orocué

Argelia

Sta.Rosa

Bs. Aires

Sn.Diego

El Copey

Manaure

Pueblo Nuevo

Caparrapí

SJ.Palenque

Sn José Guaviare

Villavieja

Algeciras

La Uribe

La Uribe

Pto Gaitán

Pto Lleras

Fte. de Oro

Acacias

Puerto Rico

Mesetas

Iscuandé

Hacarí

Sardinata

El Carmen

La Belleza

Bolívar

Simacota

Rionegro

Galán

Rionegro

Pto.Wilches

Ovejas

Chaparral

El 45

Entre Jamaica y

Cpo. Alegre

Fragüita

Yarumito

Plateado

El Tambor

El Cenal

Media Luna

Chimila

Sn.josé

Puertosanto

El Cámbulo

Valencia

El Retorno

Polonia

Paraíso

La Julia

Cerro Peralta

El Rosario

R.Infierno

Maracaibo

El Diamante

Los Guayabos

Santander

Sanabria

Las Juntas

Santa Cruz

Culebrita

La Quitay

Berbeo

La Militosa

Papayal

Buenavista

Misiguay

Cayumba

Florián

Sn José.Hsas

15

14

14

39

8

32

30

19

41

18

22

1

17

2

26

EMC*

16

40

Embo*

29

33

23

I I

12

20

21

(4

2

9

5

6

24

20

25

63.6

60.9

84.6

89.5

85.8

74.6

74.3

71.6

71.4

69.4

79.9

78.7

64.6

69.9

73.5

64.5

82.3

82.3

69.7

73.2

49.6

43.8

82.0

82.3

73.2

91.2

72.3

76.6

61.2

71.3

77,8

66.6

67.9

66.6

76.3

77.4

63.1

SI

51

51

SI

52

SI

31

42

42

41

42

52

53

51

12

12

51

51

53

53

51

22

SI

51

53

52

52

52

52

52

52

12

31

12

52

42

21

Tolima 59 Planadas San Miguel 75,3 52

182


Tolima 60 Dolores Llanitas

Promedio de población con

* (siglas que en el lenguaje i

Mayor del Bloque Oriental

NBI/85: 71.8%

de los negociadores

, respectivamente)

25

quieren decir: Estado Mayor

49.6

• Central , y Estado

12

5a PROPUESTA GUBERNAMENTAL ( N O DISCUTIDA) . ÁREAS DE CESE A L FUEGO PARA

ASENTAMIENTO DE LA CGSB. SEPTIEMBRE DE 1991

Depto.

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Arauca

Arauca

Arauca

Arauca

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Boyacá

Boyacá

Boyacá

Boyacá

Caquetá

Mun.

Cáceres

Cáceres

Dabeiba

Maceo

San Francisco

El Bagre

Remedios

Yarumal

Ituango

Caracoli

Bolívar

Remedios

Yolombó

Turbo

Peque

Tame

Tame

Arauquita

Tame

Morales

San Pablo

Achí

Chiscas

Paez

Paya

Aquitania

El Doncello

Sitios/veredas

1 Manizales

2 Corrales

3 Llano Grande

4 La Susana

5 Aquitania

6 Anaceri

7 Casanueva

8 Cedeño

9 Santa Rita de Ituango

10 El Bagre

1 1 Farallones

12 Cruzada

13 El Rubí

l4EIGuadual

15 Santa Águeda

16 Malvinas

17 Betoyes

18 Pto.Jordán

19 Puerto Nidia

20 Guasimal

21 Pozo Azul

22 Pueblo Nuevo

23 Pueblo Las Mdes

24 La Ururia

25 Morcóte

26 La Maravilla

27 La Sonora

Farc

5

47

37

4

36

36

9

10

45

24

28

38

3

ELN EPL

I I

19

10

15

22

23

1

2

8

21

4

3

7

12

n° hombres

100

70

150

50

150

70

ISO

110

90

90

80

30

30

40

25

130

200

70

50

100

80

200

120

100

120

80

90

% pob. NBI

88.5

88.5

71.9

60,0

66.3

73.5

44.6

77.5

58.7

45.3

73.5

62.8

77.3

87.4

59.4

59.4

57,1

59,4

91.8

86.3

94.4

73.3

74.1

97.8

65.1

52.7

Cod. Dañe

52

52

52

12

31

52

52

21

31

12

I I

52

12

12

31

31

51

51

51

52

52

52

31

31

52

12

51

Caquetá Solano 28 El 45 15 150 63.6 51

183

Tercera parte

5a PROPUESTA GUBERNAMENTAL ( N O DISCUTIDA) .

ASENTAMIENTO DE LA CGSB. SEPTIEMBRE DE ! 99 !

Depto.

Caquetá

Caquetá

Casanare

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cesar

Cesar

Cesar

Cesar

Córdoba

Córdoba

Bolívar

Bolívar

Cundin.

Chocó

Chocó

Antioquia

Antioquia

Guaviare

Huila

Huila

Mgdna.

Meta

Meta

Meta

Mun.

Milán

Albania

Orocué

Santa Rosa

Argelia

Santa Rosa

Buenos Aires

Sotará

San Diego

Manaure

El Copey

El Copey

Pueblo Nuevo

Monte Líbano

Carmen de Bolívar

Tierralta

Caparrapí

El Carmen

San J. del Palmar

Chigorodó

Condoto

San José de G.

Villa Vieja

Algeciras

Pivijay

La Uribe

Pto. Lleras

San Martín

Sitios/veredas

29 San Antonio del Getu-chá

30 Fraguita

3 1 El Yarumito

32 El Playón

33 El Plateado

34 El Tambor

35 El Ceral

36 La Chapa

37 Media Luna

38 San José de Ote.

39 Chimila

40 San Francisco

41 Pto. Santo

42 Uré

43 El Salado

44 Matagordal

45 El Cámbulo

46 Guaduas

47 Valencia

48 Lomas Aisladas

49 San Lorenzo

50 El Retorno

51 Polonia

52 Paraíso

53 Piñuela

54 La Julia

55 Rincón del Infierno

56 Las Palmas

Farc

14

13

39

8

32

30

19

41

18

22

34

48

1

17

2

26

40

44

ÁREAS DE CESE A L

ELN

1

14

13

17

16

18

2

EPL

3

4

5

FUEGO PARA

n° hombres

ISO

120

70

60

120

130

1 10

20

130

80

60

40

150

40

50

25

120

30

70

80

135

ISO

80

140

15

130

55

40

% pob. NBI

60.9

84.6

89.8

74.8

85.8

74.8

74.3

62.0

71.6

69.4

71.4

71.4

79.9

69.3

80.1

87.2

78.7

55.9

64.6

68.5

70,5

69.9

73.5

64.5

77.6

82.3

73.2

45.4

Cod. Dañe

51

SI

51

SI

52

41

31

32

42

42

42

42

42

42

42

52

52

53

53

12

53

51

12

12

42

SI

51

22

Meta Pto. Gaitán 57 El Rosario 16 120 69.7 53

184


5a PROPUESTA GUBERNAMENTAL ( N O DISCUTIDA). .

ASENTAMIENTO DE LA CGSB. SEPTIEMBRE DE 1991

Depto.

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Nariño

N de Sarit.

N de Sant.

N de Sant.

N de Sant.

Risaralda

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Sucre

Tolima

Tolima

Tolima

Mun.

Pto. Rico

La Macarena

Fuente de Oro

Acacias

La Uribe

Mesetas

Iscuandé

Hacarí

Sardinata

El Carmen

Tibú

Guatica

La Belleza

Bolívar

Simacota

Rionegro

Chima

Galán

Rionegro

Pto. Wilches

Ovejas

Chaparral

Planadas

Dolores

Sitios/veredas

58 Los Guayabos

59 La Tania

60 Maracaibo

61 El Diamante

62 Cerro Peralta

63 Santander

64 Sanabria

65 Las juntas

66 Santa Cruz

67Culebrita

68 Pacheli

69 El Paraíso

70 La Quitay

71 Berbeo

72 La Militosa

73 Papayal

74 Lechal

75 Buenavista

76 Misiguay

77 Cayumba

78 Florián

78 SJ. Hermosas

79 S. Miguel

80 Llanitos

Farc

7

42

27

31

EMC

EMBO

29

33

23

11

12

20

46

21

6

25

ÁREAS DE CESE AL

ELN

n 7

5

6

24

20

25

EPL

6

7

FUEGO PARA

n° hombres

130

45

120

130

550

250

110

100

90

100

55

30

110

80

150

120

75

80

80

60

60

120

120

90

% pob. NBI

82

89.5

49.6

43.8

82.3

82.3

73.2 Q 1 "> 7 1 . í .

73.2

76.6

76,3

44.1

61.2

71.3

77.8

56.8

73.5

67.9

56.8

76.3

77.4

63.1

75.3

49.6

Cod. Dañe

51

SI

51

22

51

51

52 n

52

52

52

12

52

52

52

12

31

31

12

52

42

21

52

12

TLAXCALA: ¿UNA APOSTILLA A CARACAS?

La buena voluntad desplegada por el nuevo Consejero para la Paz que el gobierno designó poco antes de la ronda de Tlaxcala (Horacio Serpa, quien entró en funciones a comienzos de 1992) en el teína de la agenda en que más tropiezos encontró fue precisamente en el de las áreas de localización para el asentamiento de los frentes guerrilleros.

Al resumir las experiencias previas de las rondas en Caracas, la delegación gubernamental sacaba en claro que no había ninguna

18£

Llenera parte

posibilidad de que se repitiesen los errores del proceso de paz de la administración Betancur «cuya indefinición temjjoral y territorial dio como resultado la intensificación de la confrontación y la ampliación territorial y cuantitativa de la guerrilla», como dice cl comunicado gubernamental al justificar la insistencia en la necesidad de delimitar con precisión las áreas en que entraría en vigor el cese al fuego, y los mecanismos de verificación.

Para entonces, todas las cifras eran elocuentes en mostrar cómo el más drástico crecimiento de los frentes guerrilleros provenía del período en que estuvieron vigentes los acuerdos de cese al fuego. Se comprendía entonces que la directriz del desdoblamiento dc los frentes correspondió a una orientación estratégica cuidadosamente preparada y seguida de recomendaciones tácticas a cada frente por jjarte de la dirigencia guerrillera de las Farc. Todo ello sin que se hubiese avanzado un ájjice en la agenda de desmovilización. El cese al fuego había sido una más de las formas de lucha, y no había significado contra-jjrestacioncs o concesiones significativas de jjarte de la guerrilla.

Para las delegaciones gubernamentales, de Caracas a Tlaxcala, definir con jjrecisión la cuestión territorial, circunscribirla y acompañarla de mecanismos de verificación se había convertido en la meta esencial, síntoma mejor que cualquier otro de que el proceso de negociación avanzaba.

Con variaciones ligeras en el contenido, y algunos cambios de tono, cl documento gubernamental Propósitos para ponerle fin al conflicto armado, de marzo de 1992, hace depender la verificación de la localización. Sin que se refiera exjjlícitamente al punto en que habían quedado las cosas en materia territorial en la ronda previa, se mencionan aquí áreas razonables de extensión limitada, como una condición básica.

A la inversa, como se estableció con posterioridad, cn la Sexta Conferencia de Comandantes Cucrrilleros de la Coordinadora (llevada a cabo a fines de enero de 1992), los acuerdos cjue se produjeron con antelación a la ronda entre los rcjjrcsentantes de las diversas organizaciones guerrilleras habían desear!ado la cuestión territorial de la agenda.

Consiguientemente, en el curso de las negociaciones por momentos parecía retrocederse al comjjonenle tradicional de la retórica revolucionaria, que excluye cualquier transacción en lo territorial, que proclama la ubicuidad en tanto se desata el jjroeeso insurreccional. Mientras cjue en las rondas dc Caracas los esfuerzos por definir con

186


cierta precisión los frentes guerrilleros habían tropezado con elusivi-dad y tácticas dilatorias, en Tlaxcala la propia intención de colocarlos en la agenda se vio fallida.

Si en el documento gubernamental arriba mencionado hay una gradación mayor en las etapas de distensión y en los preliminares de cese al fuego, tal concesión no produce resultados apreciables en la contraparte, y en todo caso no produce ninguna referencia hacia el tema territorial. El acuerdo entre las organizaciones guerrilleras era el de proponer nuevas rondas de diálogo, puntuales, y procurar una masiva divulgación de lo tratado, insistir en diálogos regionales sin contraprestaciones, y eludir cualquier compromiso en materia de localización. Tras la clausura de la ronda, a nadie le quedaba duda alguna que la territorial era una de las incompatibilidades básicas a las que se referiría después el exconsejero de Paz, Jesús Antonio Bejarano.

Como si hubiese un reconocimiento de que reconocer la presencia territorial en grados y matices redundaría en vulnerabilidad a la hora de la negociación, la dirigencia guerrillera se empeñó en retroceder al discurso característico de las etapas anteriores a cualquier negociación.

Por eso no es extraño que la declaración suscrita el 13 de marzo, a falta de referencias concretas a la agenda acordada con anterioridad, y sustituyendo aquella labor previa de identificación de características regionales, pese a su brevedad haya sido insustancial y meramente protocolaria. Si a simple vista tienen más concreción los diversos argumentos en contra de la política económica del gobierno, y hay una gruesa batería de conceptos y cifras económicas invocadas por la delegación guerrillera, el supuesto es el de un nacionalismo integrador, de un espacio económico autárquico, que difícilmente se compagina con la diversidad regional proclamada previamente y reconocida en la forma en que se diseñaron planes de expansión, y en la forma en que se reitera la demanda de diálogos regionales. Contra la globalización, la guerrilla volvió a formular la idea de un mercado nacional integrado, de un espacio económico único; abstrajo las diferencias regionales. Sintomático, por decir lo menos, es en ese sentido que al proceso abierto a las expresiones regionales por la Comisión de Reordenamiento Territorial, a la multiplicidad de foros, seminarios y formas de participación que promovió ese ente creado por la Constituyente del 91, desde el momento que se instaló, no hubiera arribado ninguno de los reclamos de los que la guerrilla pretendía hacerse vocera con los llamados diálogos regionales.

187

Tercera parte

LA ELEMENTAL CONSTATACIÓN DEMOGRÁFICA Y SUS DERIVACIONES

Los demógrafos ubican ¡jara Colombia, a fines de los 60, la inversión demográfica: cl definitivo predominio de la población urbana sobre la rural. Ya en el Censo de 1964 tal predominio es ostensible, aun cuando para entonces, tratándose de su etajja inicial, la base social preferente jjara la guerrilla, en sus diversas expresiones, seguía siendo el camjje-sinado. Pero si 1964 fue el punto de viraje, 1985 es el que marca el predominio absoluto (urbano: 69.5%, rural: 30.4%), que hace imperativa e irreversible la cjue en el lenguaje de la guerrilla se llama rectificación estratégica en la orientación hacia una base social y en las modalidades organizativas.

Quienes son más explícitos a la hora de responder acerca de los cambios a que conduce esa recomposición de la jjoblación, son ios dirigentes del ELN, presumiblemente porejue interpelaban más directamente su plataforma inicial. Sendas respuestas de los dirigentes entrevistados JJOI Marta Harnecker y María Lójjez Vigil se refieren a los cambios demográficos de las tres últimas décadas y a las rectificaciones que imponen, lo que no significa, en todo caso, cjue hubiera que cambiar dc inmediato la projjorción de los cuadros dedicados a uno y otro sector dc la jjoblación, según afirmaban:

Pregunta: Y, ¿cuál es el jjeso de lo rural resjjecto a lo urbano? Rafael: El año pasado, el 70% de estos colectivos tenía una ubicación

rural y el 30% eran urbanos, por eso nos liemos jiropueslo desarrollar mucho más el trabajo urbano..."'

Pero no es cuestión de enunciados o disquisiciones de corte sociológico; la rectificación se traduce en un incremento significativo de acciones a nivel urbano, como lo prueban las Estadísticas generales sobre la

111 Marta HARNECKER, Op. cit, p 88. Previamente (p. 35) a la pregunta de Harnecker, «Cuando el ELN nace ¿cuál es el peso de la población rural?» Rafael, respondió: «En 1964, un 65% era rural» y, con más precisión: «¿Cayeron ustedes cn la desviación campesinista como otras guerrillas en América Latina?», a lo cjue Felipe responde: «Sí, esto ocurrió en la organización en su período inicial. Considerábamos que el campesinado, y no el proletariado, era la vanguardia dc la revolución.» Apreciaciones más detalladas acerca de los cambios demográficos del [jais y sus derivaciones sociales y políticas pueden encontrarse en María LÓPEZ VIGIL, p. 194 yss.

188


Violencia: a partir de 1985, justamente, comienzan a incrementarse las acciones urbanas del ELN, y entre 1985 y 1989, se llegan a contabilizar un total de 946, que afectaron principalmente a epicentros urbanos regionales como Medellín, Bucaramanga y Cúcuta. En el plano nacional, y siguiendo la tipología del Dañe, un incremento correspondiente se puede hallar en el porcentaje de municipios de estructura urbana con presencia guerrillera en el cuadro Municipios con presencia guerrillera segiin estructuras y planes de desarrollo (1983-1994), elaborado por Camilo Echandía y citado en varios trabajos, entre ellos el de Fernando Gaitán, con sucesivas actualizaciones, hasta llegar a la versión más reciente, que se puede consultar en el libro de Echandía, Escobedo y León Queruz antes citado.

Con la correspondiente salvedad acerca de la diversidad de acciones que se cobijan bajo el rótulo de presencia, y con la propuesta de adoptar y adaptar la diversificación propuesta por Naylor, las tendencias que se revelan son de gran utilidad para discernir los objetivos estratégicos.

La categoría de municipios en donde se registra un incremento más drástico es la de campesinado medio cafetero; guiados por esa pista cobran sentido las múltiples argumentaciones y referencias que en la literatura producida por la guerrilla hallan a la crisis de un sector de la caficultura y a los coletazos de la oscilación de precios en el mercado mundial.

A un ritmo mucho mayor de lo que crece la presencia guerrillera global (en 1985 se hallaba en el 27,1% de los municipios, en 1991 en el 43,o% y en 1994 en el 56,0%) se incrementa la presencia guerrillera en ciudades secundarias: lo que era insignificante en 1985 (estaba en apenas el 3,2 % de ellas) pasa a ser muy significativo en 1991 (se registra presencia y actividad continuada en el 39,0% de las ciudades correspondientes a esta categoría) y llega a ser preponderante en 1994 (el 65,0%).

El tercer incremento en importancia se registra en la categoría de municipios de agricultura comercial con predominio de jjoblación urbana; la secuencia es: 1985: 13,3 %, 1991: 44,0%, 1994: 56,0 %. Un hallazgo empírico de la base de datos elaborada por Camilo Echandía y Rodolfo Escobedo, reclama una explicación particular. No basta con comprobar el crecimiento global, pues en tal caso el género próximo (en todos los tipos de municipio se registra algún grado de presencia, a la vez que su incremento en el período posterior a 1985) impediría

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Tercera parte

ver la diferencia esjjecífica. Mientras que la presencia de redes urbanas de la guerrilla en ciudades que son centros regionales (como lo son las capitales departamentales) está asociada ante todo a las crecientes necesidades logísticas y de comunicación, el crecimiento en las demás categorías de municipios con un componente urbano definido es el resultado de un plan de crecimiento y de consolidación de la influencia política. Sobreviene cuando se han consolidado suficientes zonas de contención como para hacer imjjeraliva la construcción y consolidación de zonas de expansión. En el ya referido análisis de Naylor, basado en la secuencia real de la guerrilla salvadoreña, organizativamente ese cambio comporta que el aparato clandestino se especializa y que las actividades económicas, esencialmente predadoras e intermitentes que caracterizaban a la guerrilla de la jjrimera etapa, dan lugar a una actividad económica continuada: la extorsión —el secuestro— y el cobro de un impuesto revolucionario {Theparasitical rnode).

Consistentes con lo anterior resultan las decisiones organizativas y operativas adojjtadas por la VIII Conferencia de las Farc, cl 23 de abril de 1993: ampliar a 7 el número dc miembros de su cúpula {El Secretariado) y a 25 el número de miembros de su Estado Mayor Central. La novedad consiste, ante todo, en que en el seno del Secretariado ingresa de lleno un representante del frente urbano.

DEFINICIÓN DE ZONAS ESTRATÉGICAS

Los testimonios obtenidos para el caso del ELN señalan la íntegra coincidencia entre la orientación a crecer en un determinado tijjo de regiones, la práctica sistemática del secuestro (o del eufemismo acuñado por la dirigencia guerrillera para el caso: retenciones) y la plena asimilación de las exjjeriencias centroamericanas. Oigamos a Gabina en la entrevista de Carlos Medina Gallego:

Es a partir de 1969 que la organización comienza a realizar retenciones con objetivos económicos. Hasta ese momento lo básico de nuestra subsistencia había sido el jjroducto de algunas otras acciones. (...) Quiero resallar que es a ¡partir de 1969 que en la organización se inicia la retención como una práctica revolucionaria para obtener recursos ¡lara desarrollar la lucha, porque hasta ese momento lo que existía era el secuestro, que no es lo misino, porque este es llevado a cabo por la delincuencia común y su objetivo es el enriquecimiento particular. (...) Cuando se entra entonces ])or parte del movimiento insurgente en América Latina, en Venezuela, Guatemala, de manera más protuberan-

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te en Argentina y en Uruguay, la organización empieza a validar esa práctica como una forma de conseguir finanzas para la lucha revolucionaria. Entre 1969 y 1972 la organización tiene un salto en su desarrollo en cuanto a la ampliación de áreas geográficas.11

Para el ELN, el caso de Arauca ejemplifica bien cómo se aplicaron las orientaciones estratégicas para expandirse territorialmente y cómo operaron los factores de localización, en momentos en que esta guerrilla se hallaba apenas saliendo de la crisis posterior a Anorí y en plena reestructuración. Contra lo que suele pensarse, no es en el período de prospección y hallazgo de Caño Limón que se produce su arribo a la región, ni la búsqueda de una participación en el flujo de las regalías lo que decide la implantación allí. Se trata de un frente que surge con relativa autonomía, apoyándose en una supérstite organización campesina (filial regional de la ANUC) y, como lo ha estudiado al detalle y con profundidad Andrés Péñate, sacando partido a fondo de las adversas condiciones sociales y del sentimiento de exclusión frente a los poderes regionales y locales, de los giates o colonos originarios del ¡jiedemonte andino,12 Para esta región clave otro factor de localización de la guerrilla es casi obvio y consiste en que se trata de una zona fronteriza, con toda la ambigüedad que en esta frontera existe, y con las consiguientes posibilidades logísticas.

El petróleo y sus posibilidades vendrán por añadidura, catalizarán los componentes de la nueva estructura y a ojos de la dirigencia comprobarán las ventajas de las rectificaciones estratégicas en que ya se hallaba empeñada.13

Citado en Ejército de Liberación nacional, ELN: Una historia, de Carlos MEDINA GALLEGO. Ver los acápites del título "Retenciones con fines económicos" y "Crecimiento orgánico y exjjansión territorial". 12 Ver Andrés PÉÑATE, "Arauca: Politics and Oil in a Colombian Province", M. Ph. Thesis in Latin American Studies, University of Oxford, St. Anthony's College, May 1991. Inédito.

' En la versión de Gabina: «Al darse cuenta que Julio Leguizamón está orientando a la desmovilización (1976), los compañeros se regresan para Arauca y prácticamente con las uñas, le dan origen al grupo guerrillero de esa área, en plena crisis y piácticamente solos, con los pocos contactos que tenían, con escasos recursos y sin poder recibir una orientación de la organización, porque en ese momento se está dando la crisis; los compañeros del ELN en la región de Arauca, sin contar con ninguna base fume en lo material y en lo económico crean lo que después se llamaría el frente Domingo Laín». Ver Carlos MEDINA GALLEGO, Op. cit, acápite "A la


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Sin duda, las características singulares del caso de Arauca y el hallazgo fortuito de Caño Limón, no serán la jjauta que explique cl itinerario de expansión hacia otras regiones. Lo dc Arauca es a la vez espontáneo y fortuito, pero tan pronto se consolida, además de proveerle de un recurso tan importante como inesjjerado, producto de la extorsión a la Mannesmann, abre al ELN un horizonte estratégico, le hace entrever las inmensas posibilidades de la coadministración de recursos ingentes, la necesidad de desarrollar una infraestructura política clandestina más comjjleja y de incidir cn la forma como se distribuyen los recursos de una región.

Cuando dichas rectificaciones comienzan a surtir efecto y se han consolidado varias zonas de confrontación, vendrá luego lo que en el lenguaje de la dirigencia será llamado el empalme geográfico. Un empalme que consiste no sólo en garantizar las conexiones entre las áreas en donde se ha implantado (y lograr aquello que se considera el epítome de la movilidad guerrillera: atravesar en un sentido u otro la parte poblada del país sin ser detectado) sino ante todo en lo que axiomáticamente en la literatura sobre el tema se define como la principal condición organizativa para que la implantación en las nuevas zonas tenga éxito: la construcción de una infraestructura jjolítica clandestina. Infraestructura que, basada en cuadros intermedios cjue hayan hecho un reconocido trabajo político en la jjoblación, se especialice de manera creciente y esté en condiciones de adaptarse a las características económicas y sociales predominantes en cada una de las regiones. Para el caso de Arauca, de ese período de consolidación es de donde proviene multitud de boletines de Insurgenria, en los cjue en el lenguaje de los especialistas, con todos los tecnicismos necesarios, y con profusas referencias a esjjecificaciones técnicas de volúmenes de exportación y capacidad de transjjorte de los oleoductos, se desarrolla la argumentación nacionalista sobre cl recurso petrolero.

Hay una gran consistencia entre los tres testimonios citados del ELN acerca de como se va produciendo el empalme geográfico de las zonas en donde se han ido imjjlantando, y en líneas generales corresponden a los mapas en cjue se muestra el crecimiento del ELN para el período 1983-1986, y el crecimiento, casi exponencial, cjue sugieren para el período 1988-1992, como se jjuede ver en los mapas que ilustran el libro de Echandía y Escobedo: Localización de los frentes guerrille-

sombra de la crisis".

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ros: ELN y su cotejo con los correspondientes a años anteriores, provenientes de la misma fuente. Empalme y consolidación, que lleva a los dirigentes del ELN a definir con cierta homogeneidad la que denominan nuestra zona estratégica:

Nos movemos y actuamos jjor todo el país, en el camjjo y en las ciudades, pero tenemos nuestra 'zona estratégica', como le llamamos. Es la zona donde somos más fuertes y donde, más que hablar de control militar, podemos hablar de control político de la población, porque tenemos una base de apoyo sólida y porque convivimos permanentemente con el pueblo. Nuestra zona estratégica abarca desde el Arauca, en la frontera con Venezuela, hasta el norte de la Costa Atlántica, pasando por Santander, el noroccidente de Antioquia, el sur de Bolívar. Es una franja como de 600 Kilómetros de largo y unos 150 km". La zona donde nació el ELN está en el centro de esta franja. Nuestra zona atraviesa el país de oriente a occidente y va de la parte centro-norte hacia la costa norte. (...) En esta zona se encuentran los principales recursos naturales del jjaís, los recursos económicos más estratégicos: los principales pozos de petróleo, las refinerías, las minas de oro y carbón y una de las principales zonas industriales.14

En cambio resulta prácticamente inescrutable para el investigador académico la cuestión de las cifras de crecimiento en número de hombres de cualquiera de las organizaciones guerrilleras. Por su propio carácter resultan un tema vedado para el análisis y el cotejo objetivo: caen en el ámbito de los respectivos aparatos de inteligencia. Están sujetos, por ende, a todos los estratagemas de la psicología bélica. Los estimativos de la dirigencia del ELN son los de un crecimiento de un 350% en número de hombres en sólo tres años, de 1983 a 1986, y un crecimiento más acelerado aún, de 500%, entre 1986 y 1988.

Ahora bien, cualquier pretensión generalizadora asume que el control de la cúpula guerrillera sobre sus frentes es íntegro; en cambio, como se puede deducir del cotejo de las entrevistas de distintas épocas y de una confrontación con los mapas históricos sobre el crecimiento de la guerrilla, los criterios de expansión varían de una región a otra, y con posterioridad a la reinserción de movimientos de fuerte arraigo regional como el Quintín Lame y el EPL en Córdoba, lo que se ha comprobado es la directriz de llenar el vacío que dejan, de sustituirlos

14 Ver María LÓPEZ VIGIL, Op. cit., p. 191. (Habla Nicolás)

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a toda costa y lucrarse dc los circuitos clandestinos creados y de los hábitos que la guerrilla reinsertada haya contribuido a configurar, estimulando la iniciativa del comandante del frente, garantizando su margen de maniobra.

OTROS REFERENTES HISTÓRICOS INDISPENSABLES

Cuando aún no se habían manifestado las diferencias ideológicas entre las potencias socialistas, era todavía posible, como en el número co-rrespondiente a los meses de mayo y junio de 1960 de la Revista Documentos Políticos (subtitulada: Revista del Comité Central del PCC) encontrar reseñas como la de Aníbal Pineda, que con el título Lecciones de la lucha revolucionaria en China presentaban una edición criolla de los escritos militares de Mao Tse Tung. (Ediciones Paz y Socialismo, Colección China nueva, Bogotá, marzo de 1960, hoy toda una curiosidad para bibliófilos). El corolario dc la reseña apuntaba a mostrar la validez y vigencia del enfoque insurreccional de la guerra prolongada y el cerco de las ciudades jjor el campo. Sin embargo, como lo ha mostrado coherentemente Eduardo Pizarro en su libro sobre las Farc, no jjarece cjue los núcleos embrionarios de lo que serán más adelante las Farc se hayan guiado por un modelo histórico predeterminado en su estrategia insurreccional. Conservaron hasta bien adelante su concepción de autodefensa camjjesina, dejando a la vanguardia obrera, y a la lógica de la combinación de las formas de lucha, el meollo de la estrategia.

No hay argumentaciones igual de explícitas para el caso de las Farc sobre su interpretación de las condiciones sociales de las regiones en que ha logrado implantarse, ni acerca dc las condiciones en que busca su exjjansión. Tamjjoco referencias directas a la constatación demográfica como la que citábamos del ELN, o directrices particulares para el trabajo urbano. La directriz jjara la configuración de frentes, así como un ¡jrincipio de adscripción al territorio en cjue operarían, provienen de la V Conferencia de 1973.

Aparte de la retórica revolucionaria de la primera época en que la cuestión agraria era el componente determinante, lo que se encuentra más recientemente es un esfuerzo por refutar las caracterizaciones que los jjresentan como la vanguardia armada del proceso colonizador. Como si hubiesen hecho mella en su línea argumentativa las afirmaciones de varios investigadores sociales sobre la colonización como una válvula de escajjc en la ¡jresión jjor la Reforma Agraria integral y de

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ésta como un objetivo más reformista que revolucionario, en los comunicados más recientes de las Farc el propio concepto de colonización es refutado, y presentado negativamente. (Por ejemplo en Resistencia, órgano informativo del Frente XXXII, octubre de 1992).

El equivalente de las rectificaciones estratégicas lo constituye en este caso el conjunto de orientaciones de la VII Conferencia (1982) que implican la reformulación de objetivos políticos, de estrategias opera-cionales y de directrices tácticas. Como se sabe, de allí proviene la pretensión de conformarse como ejército, de formular como una meta posible en el futuro el desarrollo de una guerra de movimientos y de posiciones (por ello se le añade a la sigla tradicional la partícula EP).

Dicho nuevo modo de operar incluye una relación más directa con las reivindicaciones locales y regionales de las áreas en que actúan los frentes, así como reforzar el trabajo político, prohijar y aupar las organizaciones legales surgidas en las zonas donde actúa cada frente (siempre que se puedan controlar) y desarrollar acciones ostensiblemente de cara a la población. «Combinar la acción militar con todas las demás luchas de masas», es la enunciación que le da Jacobo Arenas.

La directriz acerca del desdoblamiento de los frentes parece ubicarse hacia 1979, y resulta del crecimiento comprobado en varios de ellos. Sin detrimento de la movilidad de las columnas y de los propios frentes, la directriz conlleva una relativa adscripción a un territorio delimitado, aun cuando la delimitación, como se verá más adelante para un caso representativo, Urabá, está basada ante todo en la ubicación respecto de vías de entrada de armas, en el paisaje natural, en la topografía y en la orografía regionales, así como en la creciente importancia del banano y de la agroindustria que lo exjjorta.

Como ha sido reconocido, el desdoblamiento de los frentes adquiere el carácter de una directriz para todos ellos, en el curso de la negociación de los acuerdos de La Uribe y a favor de las ambigüedades contempladas en el cese al fuego. La coyuntura fue propicia y su aprovechamiento óptimo. Pero no se trataba de una duplicación de esfuerzos con los mismos efectivos, o su dispersión en el territorio más amplio; la consolidación que se llevó a cabo en la mayoría de los casos evidencia que cada uno de los desdoblamientos fue cuidadosamente preparado, y precedido de la construcción de la infraestructura política clandestina indispensable, acompañada de una campaña sistemática de reclutamiento de nuevos efectivos.

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Un protagonista de la directriz del desdoblamiento de los frentes, y quien como jefe de uno de ellos (el V frente, formado en torno a Apartado) contribuye a su desdoblamiento para conformar el frente XXXV, describe así el territorio que le corresjjonde al segundo de los mencionados:

Parte de Antioquia y Sucre, margen derecho del río San Pedro, por el norte hasta la desembocadura del San Jorge, parte de Peque, y de Ituango...1"

La jjarticular complejidad del conflicto en la región de Urabá, el entrecruce de siglas y áreas de influencia, tiene que ver, entre otras cosas con el hecho de que para cada una de las organizaciones guerrilleras es la mejor salida al mar, y la ruta de ingreso más segura para el aprovisionamiento de armas y municiones, como se desprende claramente del conjunto de los testimonios consultados. Hay, claro, apreciaciones en contrario, basadas en la porosidad de todas las fronteras y en la impunidad creciente en el tráfico clandestino de armas; pero los testimonios regionales son reiterativos y elocuentes al respecto.

Es poco lo cjue se ha podido hallar hasta ahora acerca de la disidencia del EPL que lideraba —hasta ser detenido— Francisco Caraballo, como no sea la anotación, más bien obvia, de cjue con la cobertura de la Coordinadora, y el apoyo de las otras dos organizaciones, jjrocuró asentarse en las áreas dejadas por el grueso del EPL que se reinsertó.

Los contactos del ELN con el entonces frente Francisco Cárnica del EPL en la zona dc 1979 fueron particularmente estrechos en 1979 en la zona del bajo Cauca, y durante mes y medio al menos, según los relatos, los dirigentes del jjroeeso de reestructuración del ELN, Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez Bautista, permanecieron en Córdoba, examinando las relaciones entre el EPL y sus organizaciones populares.

¿Qué han significado los intentos dc la coordinación de las fuerzas guerrilleras para la distribución territorial de las organizaciones que integran la Coordinadora y para sus resjjectivas estrategias de expansión territorial? Si la conformación en mayo de 1985 de una Coordinadora Nacional Guerrillera projjició un acercamiento entre las organizaciones distintas a las Farc, a la vez definió áreas de influencia o zonas es-

3 Entrevista cedida por Carlos Miguel Ortiz, hecha el 6 de abril de 1992 a un ex-comandante del V frente de las Farc.

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tratégicas para cada una de las integrantes, y procuró eliminar las fricciones y las luchas territoriales que se habían presentado intermitentemente hasta comienzos de los 80. Particularmente, los enfrenta-mientos en Arauca, a finales de 1981 y comienzos de 82, entre el ELN y las Farc, en busca de una hegemonía en las áreas adyacentes a la explotación petrolera, así como al conflicto que se había presentado de modo intermitente en Urabá. Significó además la organización de acciones conjuntas (se cita a modo de ejemplo el asalto a Urrao, en noviembre de 1986 por destacamentos del M-19 y del EPL).

Desde su conformación en septiembre de 1987, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar planeó y llevó a cabo algunas acciones conjuntas (como las realizadas por el EPL y las Farc en agosto de 1988, en Urabá), si bien —según los datos de que se dispone— no dio lugar a otras acciones significativas. Desde el 2o semestre dc 1992, sus dos integrantes principales, las Farc y el ELN, cesaron de desarrollar acciones militares a través de la Coordinadora y volvieron a sus acciones típicas e individuales. Pese a todo, la Coordinadora ha propiciado la redistribución territorial y la sumatoria de esfuerzos para la ocupación de los territorios en los que los grupos reinsertados han dejado la acción armada. La existencia de tal grado de coordinación, por imperfecto que sea, significa ante todo una posición negociadora común, como se demostró en las tres rondas de Caracas, en donde la convergencia sobre áreas estratégicas potenció la presión guerrillera sobre ellas. En buena medida, la desproporción entre lo ofrecido y lo demandado en cuanto a territorio para la distensión tenía que ver con esa sumatoria, con ese refuerzo recíproco en la expansión de las zonas estratégicas de cada una de las organizaciones.

LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN: EL PANORAMA HASTA 1993

Más allá de la clara contraposición que se presenta en los meses de junio y septiembre de 1991, entre la exigencia gubernamental que condiciona el cese al fuego a la definición circunscrita de áreas de localización para los 96 frentes guerrilleros identificados, y la renuencia de los voceros guerrilleros a aceptar parámetros que asocien el número de hombres en armas, o de acciones desarrolladas a lo largo del tiempo con un territorio circunscrito, lo que subyace es una diferencia en el objetivo político, en el enfoque estratégico de las partes.

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Tercera parte

Ni entonces ni ahora se avizoran mediaciones. Desde las primeras tratativas de paz en el gobierno de López Michelsen, cuando se discutían las condiciones para acordar el estatus de beligerancia que se le otorgaría a la guerrilla, la dificultad ha estribado en reconocer ese territorio con un carácter circunscrito. He ahí un nudo gordiano que en cnanto a la aplicación del derecho humanitario puede zanjarse si se establece la asimetría entre las partes: cualquiera que sea la actitud de los agentes organizados de violencia, quien ha de velar por su ajjlica-ción, el principal responsable de la aplicación de ese capítulo del derecho, es el Estado. Con todo, ello en sí mismo no resuelve las dificultades de la negociación.

Una de las comprobaciones iniciales, al revisar las estadísticas acumuladas desde 1987 acerca del comportamiento de la acción guerrillera para cada una de las organizaciones y expuestas espacialmente, es que no parece haber una jjauta de asentamiento, o una coincidencia con alguna de las demarcaciones territoriales. Ni el dispositivo actual del ELN, ni el de las Farc, puede explicarse en función de un criterio territorial, o de unas características sociales predominantes a nivel regional.

Pero tal vez haya de rejjrimirse la tentación fundamentalista —o el nihilismo metodológico— de afirmar que la guerrilla está en todas partes, y parafrasear el proverbio pojjular, agregando: «Y no se la puede medir...» Tan importante como comprobar que actualmente la guerrilla puede hacer jjresencia en todo tipo de municipios, es comjjrobar las metas puntuales que se fija jjara su expansión, etapa por etapa, discernir su estrategia territorial examinado en qué clase de municipios ha crecido con mayor rapidez. Establecer sus pretensiones territoriales, entender en qué grados y matices está cumjjliendo sus propias metas de exjjansión, hace vislumbrar un princijjio de negociabilidad.

A este respecto, se revelan ya algunas tendencias en la detallada cronología descrijjtiva que se ha ido elaborando en las dependencias que han tenido a su cargo la negociación jjor la jjarte gubernamental desde 1987. De ese consolidado empírico se pueden extraer algunas conclusiones —más bien tentativas— ya sugeridas en los escritos de Camilo Echandía y Rodolfo Escobedo:

1. Que en cl jjeríodo estudiado la guerrilla ha incrementado su presencia en municipios con un mayor grado de desarrollo, y que adquiere una significación ¡jarticular el crecimiento que ha obtenido en

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los municipios con predominio de agricultura comercial: esto indicaría todo un propósito estratégico.

2. Que lo anterior no significa que haya disminuido su presencia en las áreas tradicionales de asentamiento, en los municipios con predominio de colonización, sino que la ha diversificado. Contribuye a aclarar esa diversidad la clasificación adoptada por Santiago Escobar (en el documento ya citado) cruzada con el criterio histórico: los municipios en cuyo territorio la guerrilla se implantó inicialmente vienen siendo áreas de refugio; los municipios en donde adquirió una presencia significativa antes de 1985, aproximadamente, se han convertido en áreas para la captación de recursos —o de aprovisionamiento logístico—; y, por último los municipios a donde busca expandirse y consolidar su influencia se convierten en áreas preferentes para la confrontación armada.

La anterior clasificación es consistente con la establecida por Nay-lor (también citada arriba). Accesoriamente, ello nos sugiere que a esa diversificación territorial y a las crecientes necesidades logísticas y de comunicación, le ha correspondido en el plano organizativo una también creciente especialización y exigencias operativas específicas para cada región. Dado el volumen de recursos que se maneja, la actividad económica continuada exige un cuadro administrativo cada vez más complejo —Jacobo Arenas mencionaba ya en 1982 la existencia de un portafolio de inversiones en entidades financieras internacionales—. La guerrilla ha desarrollado nuevas ramas de su esquema organizativo y ha asignado cuadros especializados para ello. Los testimonios del ELN, por ejemplo, mencionan una menor proporción de hombres en armas respecto de los dedicados al trabajo político y al soporte logístico y de comunicaciones. Las decisiones organizativas de las Farc en 1993, a nuestro parecer, van en el mismo sentido.

3. Persisten apreciables diferencias en lo que Santiago Escobar denomina el índice de nomadismo. Excluida ya la guerrilla del Quintín Lame —la de menor grado de nomadismo entre las que han existido, la más circunscrita territorialmente hablando— puede considerarse que el dispositivo del ELN, menos disperso en el territorio, más referido a lo en su lenguaje se denomina nuestra zona estratégica, revela un menor nomadismo que el dispositivo de las Farc. En su intervención en el pleno ampliado del Estado Mayor Central de las Farc el 29 de diciembre de 1987, esa ambigüedad organizativa la expresaba Jacobo Arenas cuando propendía por la organización de bloques de frentes y bloques de compañías móviles estratégicas pero a la vez subrayaba que las de las Farc

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«son fuerzas eminentemente irregulares forjadas para la guerra de guerrillas móviles; su movilidad tiene que ser total y absoluta, cuanto más irregulares y móviles sean las guerrillas mayor será su fuerza».

4. Sin perjuicio de las diferencias ideológicas, que subsisten, se ha venido produciendo una unificación en la estrategia política de las organizaciones guerrilleras. Se asemejan cada vez más en su manera de concebir los vínculos entre la acción militar irregular y la acción legal, y en su propósito de ejercer un ascendiente en los poderes locales de las áreas en donde tienen presencia. La combinación de todas las formas de lucha ya no es monojjolio o distintivo ideológico de una de ellas; y con leves variantes el proceso electoral, da lugar a la jjarticijjación creciente."'

En lo territorial, eso significa cjue las organizaciones guerrilleras están sometidas a las contrajjrestaciones —y al desgaste— propios del juego político legal: tendrán que ser juzgadas ¡jor los recursos públicos que han llegado a controlar y por las realizaciones de las administraciones locales bajo su influencia. Si se presentan como un elemento de renovación, si se erigen en veedores de las administraciones locales y pretenden mayor efectividad que la veeduría ciudadana gracias al poder de coacción de que disponen, esto no significa que puedan ejercer ese poder de manera inconteslada. Las acciones dirigidas contra alcaldes y concejales en los municipios a cuyo control asjjiran, pueden contribuir —en efecto y en el corto plazo— a dejjurar las administraciones locales mediante la intimidación directa, pero a la vez involucran a la guerrilla en el día a día administrativo; debido a ello no pueden sustraerse al juicio sobre otros efectos menos inmediatos, y sobre la gestión emprendida jjor aquellos administradores y poderes locales cjue influyen o controlan.

'' A ese respecto es elocuente el testimonio dc Nicolás Rodríguez Bautista, en la entrevista de Carlos MEDINA GALLEGO; bajo el ajjartado que se titula "¿Todas las vías están cerradas?" se formula exjilícitamente el abandono dc la anterior orientación, que excluía o condicionaba el trabajo político legal y los vínculos con la acción reivindicativa legal.

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Los paramilitares como agentes

organizados de violencia: su

dimensión territorial Fernando Cubides

UNA INELUDIBLE DISQUISICIÓN SEMÁNTICA: OLIVOS Y ACEITUNOS

I I J l I l J I U U C l a O / , M C 1 1 U U J.VJL1111SL1CJ CCC U U U 1 C 1 1 1 U , ^ C s t U ^ l a v i l l c l 5 U 1 -

prendió al país con el reconocimiento de la existencia de por lo menos 140 organizaciones oue baio el rótulo de autodefensas combatían de

O 1 J

modo irregular contra las agrupaciones de izquierda legales o ilegales: tan sorprendente como el reconocimiento fue la cifra revelada, que daba cuenta de la rápida propagación de una modalidad de organización armada, de signo ideológico en el otro extremo del espectro político y con amplia presencia en el territorio nacional. Si el día inmediatamente anterior a esa declaración oficial su propia existencia era puesta en duda, de lo que se trataba después era de ofrecer una explicación elemental a tal pluralidad y dispersión.

El informe tenía visos de ser exhaustivo a la fecha, pero como suele ocurrir con esa clase de organizaciones, la detallada enunciación de nombres y características operativas no iba acompañada de una información igual de precisa acerca de su ubicación o de sus nexos con organizaciones legales. De todos modos, el reconocimiento representó un viraje significativo en la política gubernamental; desde entonces figura en toda la literatura sobre el tema como la primera referencia precisa y oficial: tiene ya un valor antológico. La discusión acerca de su naturaleza, de sus fines, de la estrategia de la que eran un instrumento —o de la que estuviesen gestando de modo autónomo— no hizo más que intensificarse.

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El cjue la gestación de muchos de esos grupos estuviese amparada por una norma legal, a primera vista contribuía a avalar la sospecha de que su creación obedecía a un jjrojjósito estratégico pero subterráneo. Gran parte de la discusión derivó al campo de significación del rótulo de autodefensa empleado en la norma, al cual se acogían muchos de ellos. Desde el otro flanco, voceros de la izquierda y muchos defensores de los derechos humanos adoptaron el término de paramilitares jjara designar a estos grupos. En el jjrimer caso la connotación se empleaba con fuerza jjolémica y quería subrayar que todas ellas hacían parte de una estrategia surgida en el jjropio seno de las Fuerzas Armadas, por ende conllevaba una inculpación. En el segundo caso, no necesariamente se implicaba ello, pero se acogió la denominación por su carácter comprensivo, unívoco y técnico: designa a todos los grujjos armados irregulares que se jjroclaman defensores del sistema, cjue justifican su existencia por el jjropio carácter irregular del ojjerar de la guerrilla, y en directa contraposición a ella, defienden patrimonios y territorios que ésta amenaza o donde ha actuado. Por lo demás, es la connotación cjue el fenómeno tiene en un jjlano más universal: irregulares de Estado. No es una paradoja ni un contrasentido: como lo muestra la literatura que existe sobre el tema, abarca a todos aquellos grupos armados que se jjrojjonen suplir las funciones estatales, ajjuntalar un orden social amenazado, y actuar en forma paralela a las instituciones vigentes contra quienes las atacan, así sea infringiendo la propia legalidad que dicen defender.1 Son por lo tanto grujjos que aspiran a replicar los métodos y tácticas de las organizaciones guerrilleras y su actividad bélica pretende estar en coordinación con la acción legal de organizaciones políticas ideológicamente afínes.

Tal vez no sea superfino recordar cjue cuando adquieren sn jjrime-ra proyección jjolítica, a finales de julio de 1987, no existía claridad acerca de sus fines y del tipo de acciones que desarrollaban. A raíz de su salida a la luz pública, su existencia fue saludada por un editorial de El Tiempo, el 30 de julio de ese año, titulado El derecho a la defensa; allí

En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, se ha estudiado en detalle la tradición del american vigilantism, tal como se puede ver en el cajiítulo respectivo de The History of Violence in America (A report to the national Commission on the causes and prevention of violence), Bantam Books, 1969. Para las manifestaciones más recientes, ver "The new revolutionaries" de Gary WlLLS en The New York Revino of Books, agosto 10 de 1995.

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se hacen aseveraciones de cierto vuelo teórico-naturalista como las siguientes:

El libro El sentido de la agresión de Konrad Laurens (sic) muestra cómo el ser viviente, sea racional o irracional, lleva en lo más profundo de su sentimiento el instinto de defensa de su territorio. Nadie puede tocárselo. Por eso los animales, como el hombre, fijan sus zonas para que el enemigo no las ocupe, y cuando lo hace las defiende hasta la muerte. El bandolerismo está llegando a las zonas de los camjjesinos, agricultores, hacendados de todas las categorías, irrumpe en sus terrenos. Lo que ha hecho el Ejército es dotarlos de las armas necesarias para detener esos abusos.

En la medida en que se comprobaba cómo la violencia que ejercían dejaba de ser en defensa propia e interfería v retroalimentaba con otras, su inconveniencia comenzó a entenderse. Una de las recomendaciones concretas del trabajo Violencia y democracia era precisamente abolir la norma legal, el Artículo 1 de la Ley 48 de 1968, que había permitido su existencia y posibilitado su desnaturalización. Cuando se acoge la recomendación, con los decretos-leyes 813, 814 y 815 de abril de 1989, que ponen fin a la ambigüedad de su existencia legal, no se ha suprimido el eufemismo: en el enunciado del primero se insiste todavía en la diferenciación semántica al prohibir los «grupos de autodefensa o de justicia privada equivocadamente llamados paramilitares».

En sucesivas y posteriores declaraciones, ya en situación de ilegalidad, un comunicado de las autodefensas firmado el 27 de marzo de 1990 en las montañas del Magdalena Medio seguía invocando el derecho anterior y aportando su cuota a la confusión semántica al denunciar

La perversa confusión de un lenguaje que sustituyó el término de autodefensa como expresión natural y jurídica del instinto de conservación y del derecho de defensa."

Todavía en buena parte de la literatura y en la propia base de datos a nuestro alcance para el período 1985-1993 de las Estadísticas generales sobre la violencia en Colombia, se persiste en denominar a estos grupos como de autodefensa, al mismo tiempo que se afirma que «las experiencias en el pasado muestran cómo degeneran en bandolerismo y se

Publicarlo en El Tiempo de marzo 30 del mismo año,

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constituyen en actores que pasan de la actitud defensiva a la ofensiva generando violencia», como se afirma en el documento Violencia, y Desarrollo en el municipio colombiano 1987-1993, dc la Presidencia de la República, que fue la base jjara nuestro análisis. Si tales son las experiencias, en aras de la claridad conceptual proponemos cjue se abandone una denominación que es imprecisa por lo eufemística.

La denominación paramilitar se ha ido abriendo jjaso independientemente de la primera acejjción polémica e inculjjatoria, porque es lo suficientemente genérica para englobar todas las modalidades y las variedades regionales de esa clase de organizaciones armadas. Quienes se hallen persuadidos de su inconveniencia, del carácter contraproducente de sus acciones para la pretensión estatal de detentar el monopolio de la fuerza legítima, no jjodrán encontrar en el prefijo para otra cosa que su connotación literal: la alusión a su existencia jjaralela (y como es archisabido las paralelas por definición no se locan) y no necesariamente una sindicación de que, necesariamente las que existen en la actualidad, estén siendo en promovidas por el ejército o estén coordinando su acción con la acción de las fuerzas militares.

Aunque la denominación de paramilitares no le satisfaga a la Comisión para la Superación de la Violencia por su carácter genérico, precisamente es ese carácter cl que permite abarcar, que no esconder, todos los contenidos que ella misma propone:

Una gran variedad de conductas y alianzas entre intereses privados y organizaciones armadas, que se sitúan entre dos polos de acción: la iniciativa local de propietarios y empresarios y la conducta de miembros de las Fuerzas Armadas.3

Por cierto que, como se ha comprobado, una de las imprecisiones en que incurría el editorial citado arriba al apoyarse en la otología de los machos territoriales de Lorenz era enfatizar esa adscrijjción territorial fija, el carácter muy circunscrito del territorio donde actúan. Como se puede inferir de los datos, si han logrado persistir pese a las acciones represivas y judiciales que se les han dirigido es precisamente jjor su ubicuidad, por su trashurnancia a lo largo y ancho de varias regiones. El rejjlicar de una manera cada vez más metódica al modo de operar de las guerrillas, el asimilar la guerrilla como técnica de hacer

3 Pacificarla Paz, Santafé de Bogotá, 1991, p. 189

204


la guerra es, claro está, la clave de su expansión y del grado de control territorial que han conseguido.4

Si las primeras manifestaciones concretas daban cuenta de 17 veredas del municipio de Campoalegre en donde se habían organizado, y las formadas en el Magdalena Medio tenían su epicentro y su aparato logístico en el casco urbano de Puerto Boyacá, al entrar en situación de ilegalidad la ubicuidad se impone y, parafraseando a la guerrilla, firman sus comunicados en las montañas del Magdalena Medio o en algún lugar de Colombia.

La propia movilidad que adquieren es un indicio más de su solvencia financiera y logística, la sofisticación creciente de su estructura y de su capacidad para mimetizarse en regiones muy diversas. Hacia abril de 1989 su ubicación abarcaba el eje Urabá-Córdoba-Bajo Cauca-Magdalena Medio-Meta y era perceptible ya un propósito de expansión, con la fundación de escuelas de entrenamiento en Puerto Boyacá, en Cimitarra, y en las cercanías de Puerto López (Meta). En los retazos de ideología que podían extractarse de sus documentos, una afirmación que se reiteraba era la del fracaso de los distintos procesos de paz emprendidos con la guerrilla, un fracaso que medían en el número de frentes y el número de efectivos con que ahora ésta contaba.

Es bien probable que la profusión de alias y de siglas, tenga que ver con que, dada su menor trayectoria y lo fragmentario de la base social en que se apoyan, se esmeren en sacar partido de las ventajas organizativas con que cuentan, de la movilidad y de las redes construidas a su favor. Lo cierto es que a la hora de analizar su número en su adscripción territorial, hemos hallado la mayor discordancia en las cifras. Mientras que las primeras referencias históricas son muy concretas (las 17 veredas que mencionanros y personas con nombre propio que aparecen como responsables), a medida que el fenómeno se intensifica y se propaga, los intentos de mensurarlo se tropiezan con la indefinición.

Simultáneamente, según se puede inferir de información publicada por la prensa y los documentos de las llamadas Tres Cumbres Nado-

Es un tema que ha seguido explorándose por parte del autor de éste capítulo en dos artículos posteriores: "La estiategia de los paramilitares" en el libro colectivo de Ediciones Uniandes, y "De lo privado y de lo público de la violencia colombiana: los paramilitares" en otra obra colectiva, Las violencias: inclusión creciente. CES, Universidad Nacional, 1998.

205

Tercera parte

nales del Movimiento de Autodefensas, en la asamblea de la mayoría dc los grupos cjue existen, la cual tuvo lugar en Cimitarra —en donde se llevó a cabo la primera cumbre en diciembre de 1994— ya en ese momento se había convertido en un propósito el conformar un organismo coordinador a nivel nacional, y junto con él, darse una estructura jerárquica, que controlara los particularismos locales y regionales, y corrigiera la tendencia centrífuga al que han estado abocados a tenor del interés privado cjue les dio origen. El reclamo de una negociación jjolítica, que se encuentra en el Documento de la Ia Cumbre, salvo la referencia a 23 frentes ubicados cn Córdoba y Urabá (9 de ellos), Cesar (2). Santandercs (5 frentes), Meta, Casanare y Arauca (un frente cada uno), Magdalena Medio (2 frentes) y Putumayo (2 frentes)— elude cualquier otra jjrecisión o adscripción. De ahí que las cifras varíen enormemente dependiendo de la fuente, y del jjeríodo a que se refiera.

Las cifras consultadas oscilan, para el año inmediatamente anterior, entre 80 grujjos en otros tantos municipios, y 373 municijjios con su presencia.5 En cuanto a la negociabilidad dc sus pretensiones políticas, desde que el actual candidato liberal Horacio Serpa era Procurador, en 1989, se ha reiterado la tesis gubernamental acerca de que los paramilitares no son delincuentes jjolíticos y que ninguna de las tipificaciones del delito con móviles políticos —rebelión, sedición o asonada— se les puede aplicar a sus acciones. En la medida que ha pasado el tiempo, en cualquier caso, la reiteración del jjrincipio se va quedando corta, pues tampoco jjueden ser asimilados a la delincuencia común: han sido capaces de desarrollar acciones bélicas de tipo irregular, de manera coordinada, sujetos a disciplina y parecen contar con una estructura de mando.

En ese intento organizativo han procurado a la vez distanciarse de aquellas acciones brutalmente criminales que les dieron mayor resonancia internacional: las masacres, que con propósitos intimidatorios y ejemjjlarizantes, dirigieron de manera específica contra el EPL y los sectores que lo apoyaban. De lo que hay poca duda, tras 7 años de re-

7 Ver por ejernjilo la sejjarata Usted decide, de El Tiempo en el apartado "Justicia privada y violencia: ¿Cómo entienden los candidatos a la Presidencia cl problema del paramilitarismo?" mayo 25 de 1994. Allí se onece la ciña de 373 municijjios jjara el jjeríodo 1985-1991. La cifra de 80 es acogida jjor el Documento Base de nuestro análisis.

206


gistro del fenómeno, es que en cuanto a estructura organizativa, en cuanto a orientación estratégica, y en cuanto a la manera de entender la territorialidad, los paramilitares, con un signo ideológico del todo opuesto, calcan los respectivos componentes de la guerrilla.

¿EN QUÉ TIPO DE MUNICIPIOS SE REGISTRAN ACCIONES DE PARAMILITARES?

De la discordancia que se anotó arriba no está exenta la base de datos que se nos suministró para este estudio. En tanto que el documento analítico se refiere a un total de 80 municipios con presencia de grupos de autodefensa, de los cuales el 88% se ubican en las zonas rurales y atrasadas de la clasificación de Stollbrock, en los listados en que se discriminan lodos ios agentes organizados columna por columna y su existencia a nivel de municipio, fila por fila, la cifra total varía sensiblemente: aparecen 272 municipios.

Al aplicar enseguida la clasificación más detallada del Dañe y los estudios de pobreza, más aptos para captar los grados de desarrollo económico y las variaciones en la dinámica regional, la distribución varía sensiblemente: el 19% de ellos queda ubicado en municipios con predominio de agricultura comercial y empresarial, 13% de ellos en donde predomina el campesinado medio acomodado y el 5% en ciudades secundarias o centros de relevo. Es una diferencia que, nos parece, habla en favor de aplicar la segunda de las tipologías para los demás agentes organizados de violencia. La de Stollbrock, con su valor pionero, al aplicársela para dar cuenta de las relaciones que cualquiera de los agentes organizados tienen con las regiones y los municipios, ofrece un panorama difuso, tiende a avalar la explicación estructuralista más tradicional (la pobreza, la ausencia del Estado). De seguro sigue siendo útil para ilustrar la dicotomía urbano-rural, pero ya no resulta acorde con las formas intermedias.

Hechas todas las salvedades, al aplicar la lista de los 273 municipios con algún tipo de presencia paramilitar para el período 1985-1993 (que era la información de que disponíamos hasta el momento que redactamos el presente texto con miras a su edición), y atendiendo a la categorización del Dañe, obtenemos la siguiente distribución:

Una primera comprobación al cotejar la anterior distribución con la que para ese mismo período hizo Camilo Echandía sobre la guerrilla {Municipios con presencia guerrillera según estructuras y grados de desarro-

207

Tercera parte

lio) y la que elaboramos {jara la jjresencia de tierras de narcos (ver el cuadro Distribución de municipios en donde hay tierra de narcotraficantes según categoría, socioeconómica del capítulo siguiente, JJ. 218) es cjue el orden de importancia varía jjero las projjorcionalidades en las jjrinci-pales categorías son significativamente semejantes.

Al agrupar por departamentos, para el caso de Antioquia, Boyacá, Santander, Huila, Tolima, Cacjuetá, Valle y Chocó, resulta claro que la jjresencia de ICJS jjaranúlitares coincide en líneas generales con la de la guerrilla; al clasificar jjor categoría de municipio, tal semejanza se mantiene: en 1994 la guerrilla está jjresente en el 48% de los municijjios con predominio de latifundio de la Costa Caribe, en tanto cjue los paramilitares lo están en el 43.9% de ellos.

Pero el orden de importancia que adquiere cada categoría de municipio para la organización resjjectiva es también significativo y tal vez informe más acerca de las bases sociales en las que se apoya o en las que pretende tener arraigo; así, mientras la guerrilla ha incrementado su presencia en la última etapa en los municipios de campesinado medio cafetero, en las ciudades secundarias y en los municipios de agricultura comercial con predominio de población urbana —en ese orden— las categorías en importancia de presencia de paramilitares responden a una pauta más tradicional: es la periferia y, de manera característica, son aquellos municipios en donde la endeblez institucional, la precaria presencia del Estado ha sido un reclamo permanente.

En ese sentido, el dispositivo que adojjtan parece responder más bien a una de las jjocas declaraciones en que han balbuceado su razón de existir, territorialmente hablando:

No es, como dice el Ministro de Gobierno, que nosotros estemos suplan!anclo al Eslado. Lo que estamos pidiendo es cjue venga el Estado a reemplazarnos a nosotros, que estamos aquí precisamente [jorque no hay Estado1'

Resulta más bien obvio comprobar que en 10 de los 18 municipios que como equipo catalogamos dentro de los más violentos, y en 42 de los 55 cjue consideramos relativamente violentos, hay presencia de los grupos paramilitares. Puede ser incluso un ejercicio tautológico: al fin

' Declaraciones de Raúl, uno de los comandantes de autodefensas de Córdoba y Urabá, para Semana, febrero 28 de 1995.

208


MUNICIPIOS C O N PRESENCIA DE PARAMILITARES EN EL PERIODO 1985-1993

N°

47

42

31

28

28

16

13

12

12

I I

10

10

8

4

N=272

Tipo de Municipio en la tipología del Dañe

Municipios con predominio de latifundio Costa Caribe

Municipios con predominio de colonización activa interna

Municipios con predominio de minifundio andino deprimido

Municipios con predominio de campesinado medio no cafetero

Municipios con predominio de colonización activa de frontera

Municipios con predominio de agricultura comercial o empresarial y alta población urbana

Municipios con predominio de agricultura comercial o empresarial y alta población rural

Municipios que son ciudades secundarias

Municipios con predominio de minifundio costa Caribe

Municipios con predominio de minifundio andino estable

Municipios con predominio de campesinado medio cafetero

Municipios que son ciudades/centro de relevo

Municipios con predominio de colonización no activa

Municipios que son ciudades-centros regionales

*%

17.2

IS.4

11.3

10.2

10.2

5.8

4.7

4.4

4.4

4.0

3.6

3.6

2.9

1.4

100%

Nota: El primer porcentaje (*) es la proporción dentro de los municí violencia, el segundo (**) su proporción dentro de los municipios de NBI es la sigla del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas.

** %

43.9

72.4

15.5

16.1

38.8

46.8

28.8

38.7

38.7

7.6

16.6

47.6

20.5

80,0

m=

58.2

NBI-85

79.1

74.5

75.6

59.7

70.6

47.2

45,4

35.1

82.3

63.0

41.1

40.7

77.8

24.0

1

pios con este agente esa categoría. Como

NBI-93

69.9

57.6

57.2

44.6

57.6

33.2

23.6

21.2

62.5

57.4

33.7

33.4

66.3

18.0

m=

45,4

de se sabe,

y al cabo, y sin vacilación, dados sus antecedentes, la presencia de grupos paramilitares fue uno de los criterios principales para ubicarlos en dichas categorías.

Pero eso no nos conduce a simplificar las razones de su existencia, de su relativo crecimiento, que —en tanto los registros tengan alguna confiabilidad— paradójicamente es más significativo desde que fueron declarados ilegales.

Es muy sensible que en la primera versión de la Estrategia Nacional contra la Violencia (que como se sabe fue formulada y divulgada en 1991) no se r e señe siquiera una mención a este tipo de organizaciones armadas. Ciertamente, para entonces ya habían sido declaradas ilega-

209

Tercera parte

les, pero no por eso dejaban de existir: en ese mismo año, aun cuando había descendido el número y esjjectacularidad de sus acciones (las masacres ejemplarizantes tuvieron su máxima frecuencia en 1988 y 1989), se habían desplazado a otras zonas del país (como el Putumayo) y habían incrementando su diversidad regional. Si los informes disponibles para la fecha daban cuenta fehaciente de los nexos de grupos de narcotraficantes con aquellas organizaciones con mayor arraigo regional y a la vez con mayor cajjacidad logística, (las autodefensas del Magdalena Medio) y de rasgos de descomposición en su interior, así como de los goljjes que un organismo de seguridad como el DAS había projjinado a su disjjositivo, no por eso dejaban de constituir una amenaza, también, en el 88 y en el 89. Otros informes sueltos jjodían ser interjjretados como síntomas de su recomposición; cn todo caso, en regiones circunscritas (entre ellas la misma donde se habían obtenido tales éxitos) no podía afirmarse que hubiesen desajjarecido las condiciones cjue favorecieron su surgimiento.

He ahí porqué, dada su persistencia y su mayor diversidad en presencia regional en la 2" fase de la Estrategia {Seguridad para la gente, Presidencia de la Rejjública, noviembre de 1993) se destinan dos jjárra-fos a la definición de los efectos sociales y políticos del accionar de los grupos de justicia privada, y a las nietas para contrarrestarlos. Encontramos allí, de modo sintético, un acertado diagnóstico acerca de la forma en que surgen y de los componentes que han llegado a integrarlos hasta ese año; se excluye eso sí cualquier tratamiento que se asemej e al de delincuentes con motivaciones políticas: se enuncia, de una parte, la localización, captura y jjrocesamicnto judicial jjara sus cabecillas, el sometimiento a la justicia —y eventuales rebajas de pena— para aquellos cjue colaboren con las autoridades, y la sanción «a los funcionarios jjúblicos que contribuyan a la acción de grupos de justicia privada». Aun siendo necesario, el tratamiento puede resultar insuficiente: da por descontado cjue la cajJtura de los cabecillas y el rendimiento de los demás miembros de las organizaciones existentes por una suerte de efecto-demostración, harán desaparecer las circunstancias regionales que propiciaron su existencia.

Como lo ha demostrado el debate acerca de la eficiencia de la justicia, una solución genuina jjosiblemente conlleve más liemjjo y de seguro requiere, además de ICJS ya mencionados, otros instrumentos; el princijjal de ellos, uno intangible: que la población de las regiones en que han surgido y encontrado resjjaldo recujjcre la confianza en el funcionamiento de la justicia regular, en la cajjacidad efectiva del Es-

210


tado para mantener el monopolio, y para su empleo a la vez legítimo y legal. Cuestión de secuencia: sólo cuando se haya cumplido ese que fue declarado objetivo principal de la Estrategia Nacional contra la Violencia, y enunciado como un objetivo a largo plazo, podrán considerarse plenamente removidas las causas que han permitido el surgimiento de esa clase de organizaciones y desaparecidas las probabilidades de que surjan otras de ese tipo.

Siendo en sus orígenes un fenómeno puramente reactivo y una alianza entre los poderes regionales más tradicionalistas y reacios al cambio, su perdurabilidad tras la desaparición de aquellos barones de la droga que explícitamente hicieron de ellos piezas de una estrategia de desestabilización, su persistencia y su crecimiento han estado en función de los de la guerrilla: su persistencia no puede ser explicada sino como producto de una base social más amplia que la que le dio origen, jjor exigua que sea.

211

Las agrupaciones de

narcotraficantes como agentes

organizados de violencia: su

dimensión territorial Fernando Cubides

LA DISCUSIÓN. ¿CUÁNTO HAN CAMBIADO LOS

TÉRMINOS DEL PROBLEMA?

Uno de los criterios que se han tenido en cuenta de manera explícita a la hora de seleccionar áreas dc localización para los frentes guerrilleros con miras a una eventual desmovilización, ha sido que la zona escogida no tuviese inversiones en tierras jjor parte de narcotraficantes. Como vimos, para el ejercicio de una geografía de la distensión el criterio cn cuestión complica de modo particular la escogencia. Parte de la dificultad es empírica: en la mayor jjarte de los casos la condición de narcotraficante es una presunción, no algo probado.

Se han obtenido cifras gruesas sobre el número dc municijjios en que existe inversión en tierras agrícolas jjor parte de narcotraficantes. La cifra, resultante de una encuesta en que los informantes son los gerentes regionales del Incora y el indicador indirecto las distorsiones cjue haya sufrido el mercado de tierras, difiere poco de la que se incluye en los listados de la base de datos denominada Estadísticas generales sobre la. violencia en Colombia: mientras cjue la primera arroja 251 municipios, la segunda abarca 239.

En la información básica de que dispusimos, una de las columnas — y por ende uno de los criterios en la clasificación de municipios según rangos de violencia— es la existencia de tierras de narcotraficantes. No obstante, al considerar la situación en su conjunto, o al hacer cálculos

212


acerca de la extensión de tierras que les pertenecen, la cifra resultante es un estimativo sin posibilidad de corroborar. De uno a otro analista las apreciaciones oscilan para el último año del período en referencia entre uno y nueve millones de hectáreas. Pero la mayor dificultad parece estribar en que una de las ventajas organizativas que poseen los narcos consiste en la existencia de una red de sociedades fantasmas y de testaferros.1

La totalidad de la literatura que se puede consultar sobre el fenómeno del narcotráfico en diversas latitudes considera a la violencia un recurso consustancial, un medio específico, de la actividad narcotraficante. Pero adviértase que se distingue, en el caso colombiano, entre una primera etapa en que el recurso a la violencia por lo general es controlado, que se ejerce en función del negocio, dado su carácter ilegal y en lauto no existen recursos distintos para dirimir los litigios, y una etapa de expansión del negocio y de expansión territorial, en que la violencia se dirige contra grupos y sectores sociales que se les oponen en su pretensión de poder local. El carácter oligopólico de las empresas constituidas, así lo determina.

Mientras conserve las características de la primera etapa y la violencia se ejerza en función del mercado clandestino, el número de las muertes violentas que se le atribuyan y su peso específico como factor de violencia, no sería significativo. Precisamente eso fue lo que condujo a que en su etajja de gestación, al narcotráfico como actividad se lo subvalorara.

He ahí {jorqué, todavía a comienzos de 1980, a las acciones de los narcotraficantes se les ve como episodios, no dignos de figurar como registros independientes en la estadística criminal: apenas alcanzan a figurar con ribetes folclóricos en lo que subsiste como crónica roja o crónica judicial. De modo paralelo, los observadores tendían a considerar sus organizaciones como esencialmente móviles, prácticamente ubicuas, en función de las redes de distribución y de las conexiones in-

El interrogante, y formas tentativas de absolverlo han sido una preocupación constante en el trabajo de Alejandro REYES, autor, entre otros, del documento, "Geografía de la distensión", más recientemente ver sus artículos sucesivos: "Colombia no sabe cuánta tierra tiene los narcos" y "La compra de tierra por narcotraficantes" en PANORAMA, Iepri, abril y mayo de 1994, que incluyen sendos estimativos.

213

Tercera parle

ternacionales del negocio, pero sin una adscripción territorial conocida.

Las aspiraciones manifiestas de proyectar en la esfera política su poder económico creciente y la posibilidad latente de la extradición redundará en la conocida esjjiral de violencia a partir de abril de 1983. A partir de ése momento, se hace evidente la existencia de un principio de coordinación entre distintos grujjos regionales, y según se ha recapitulado en diversas crónicas, se construyen aparatos militares es-jjecializados y capacitados. Se trata de una historia que no es inédita y sobre la cual existe un jjrecipitado válido de conocimiento, aun cuando subsiste la diferencia analítica sobre cl tratamiento que se les debe dar.

A la altura de 1987, cuando la violencia ejercida por los narco-traficantes comenzaba a proyectarse hacia afuera, y había consistido ante todo en asesinatos selectivos de personalidades políticas, los investigadores de Violencia y democracia concuerdan en negar el carácter político y cualquier posibilidad de negociación con los grujjos de narcotraficantes constituidos. Se reconoce allí, en el apartado Narcotráfico y violencia, que las muertes producidas a jjersonalidades políticas, a miembros del poder judicial y a periodistas atribuibles a dichas organizaciones, alteran sensiblemente el orden público y conmueven a la nación; con todo, se reiteraba la no negociabilidad de la violencia generada jjor el narcotráfico por considerarla difusa en su realización, producto de actores individualizados y muy heterogéneos, y a favor de intereses puramente privados.

En la medida en que la violencia se intensifica, se impone una reconsideración. Vemos cómo en la Estrategia nacional contra la violencia, en pleno 1991, se acusa ya el efecto de una intensificación del conflicto, y del emjjleo del terrorismo. No se da allí, y no se ha dado todavía, a las organizaciones de narcotráfico el estatus de organizaciones políticas, pero tampoco puede afirmarse que se las asimile sin más a las otras organizaciones de la delincuencia común. La simple desprojjor-cióu en los recursos que manejan, la jjretensión de influir en la normatividad constitucional que se está configurando y una presencia territorial cada vez más perceptible, determinan un tratamiento especial. Se establece en dicha Estrategia una distinción entre la violencia projjia del narcotráfico como negocio y la «violencia perpetrada jjor las redes criminales jjropulsoras del narcoterrorismo» que acusa en ese mismo

214


año una intensificación y una capacidad desestabilizadora tales que por momentos colocan a la guerrilla en un plano secundario.

Lo anterior parece corroborarlo el propio orden en que se enuncian los objetivos políticos en la Estrategia nacional contra la violencia: tras enunciar como prioritario el fortalecimiento de la inteligencia a todos los niveles y en todos los organismos de seguridad por tratarse del elemento que se ha mostrado más débil en la estrategia anterior para enfrentar las diversas manifestaciones de violencia, se formulan, con prelación a las medidas de política frente a la guerrilla, las medidas para enfrentar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. Se define el poder económico, bélico y la hegemonía territorial adquirida por los narcotraficantes como sin precedentes, con lo cual la concepción gubernamental del momento acusa el impacto que ha surtido ya para entonces ia estrategia desestauíiizadora que está llevando a cabo el narcotráfico.

Por cierto que en cuanto a estructura organizativa y al modelo de gestión económica, el documento persiste en una imprecisión: como lo han señalado algunos críticos, a las organizaciones empresariales creadas por los narcotraficantes se les continúa denominando allí carteles, lo cual no corresponde ni a su estructura ni a la forma en que está organizado el mercado. En todo caso, el tratamiento dista de ser eí recomendado 4 años antes: los términos del problema han cambiado y a las agrupaciones de narcotraficantes no se les puede tratar como a las demás organizaciones delincuenciales.2

No ha sido nuestro propósito participar en la discusión acerca de la política a seguir en lo penal y posiblemente no contemos con elementos suficientes para ello. Se trata al fin y al cabo de una discusión de política criminal y de justicia. Las ambigüedades de los diálogos sostenidos entre representantes del gobierno y voceros oficiosos de la cúpula de una de las organizaciones del narcotráfico; aquellas otras ambigüedades características del período en que la ofensiva narcoterro-

Ver por ejemplo lo que afirmaba ya en 1988 el actual gerente del Banco de la Rejjública cuando era columnista de El Tiempo: "Analicemos cuáles cuales son las condiciones que facilitan la creación de un cartel, o sea de un grupo que pueda controlar el mercado de un producto. En primer lugar la entrada de nuevos empresarios al negocio debe ser muy difícil [...] Una segunda condición es el monopolio de la tecnología [...] El negocio de la cocaína no tiene ninguna de las condiciones descritas ", Miguel L'RRUTIA, "El cartel de Medellín y la OPEP" en El Tiempo, maltes 7 de junio de 1988.

215

Tercera parte

risla hacía una pausa y quienes la dirigían aceptaban que sus reivindicaciones políticas y jurídicas fueran tratadas por una comisión de notables; la penetración sistemática cn cl Parlamento en busca de aliados abiertos o inconsútiles; todo ello en su significación política, en los alcances que ha adquirido jjara el sistema jjolítico en su conjunto ha sido analizado con destreza por Iván Orozco Abad, cn un artículo con un título harto significativo. Orozco Abad se vale de la metáfora del falso jugador —o jugador tramposo— {jara interpretar la actitud del narcotráfico en cl curso del proceso y diferenciarla de la de la guerrilla, que estaría emblematizada por la actitud del enemigo del juego.3

Al conocer las interinidades y al ajjreciar los efectos, particularmente los políticos, tal vez no quejja duda ya de cjue a la violencia desatada por el narcotráfico es insuficiente considerarla difusa en su realización e individualista en sus móviles. Nos concierne en cambio de lleno el objetivo de evaluar y ponderar en el contexto del total de muertes violentas las producidas por las organizaciones de narcotraficantes y su distribución territorial. Así mismo, evaluar el poder territorial que han alcanzado hasta el momento; eso lo permite la base de datos que consultamos —con las salvedades ya anotadas sobre el nivel de definición: no se capta el área que han acumulado, sino su presencia por municijjio—; a partir de ahí, son lícitas las inferencias acerca de su coincidencia con los otros factores de vicjlencia analizados.

Si bien se han establecido con nitidez los nexos entre las organizaciones empresariales de los narcotraficantes y los grupos paramilitares, a efectos del presente análisis conviene tomarlos jjor separado; en verdad las organizaciones diseñadas expresamente para la participación en el negocio, sus sistemas de seguridad y sus aparatos para el ajuste de cuentas responden a la lógica del mercado y a la estrategia empresarial de expansión, en tanto que los paramilitares responden a la estrategia de consolidación y ampliación del poder territorial y de sus bases sociales en la escala local, y por ende a una lógica de confrontación con sus opositores a ese nivel. Como estrategias, se diferencian nítidamente, incluso en el tiempo: las organizaciones de narcotraficantes se convierten en agentes organizados de violencia cuan-

' Ver su artículo "Los diálogos con el narcotráfico: historia de la transformación de uu delincuente común en un delincuente político", en Análisis Político, N° 11, diciembre de 1990. Ver también el argumento, recogido con algunos complementos en su libro ya citado, Combatientes, rebeldes y terroristas.

216


do llevan ya un buen tiempo como empresas económicas y es en una fase de confrontación, tras varias frustraciones en su intento de proyectarse en el poder político y como un recurso de justicia privado frente a opositores o competidores potenciales, que dan el paso para la conformación de grupos paramilitares.

La ubicación de los municipios en donde coinciden las inversiones en tierras por parte de los narcos y la presencia de grupos paramilitares puede verse en varios de los mapas que ha elaborado, con propósitos divulgativos, Alejandro Reyes.

Así mismo, éstas organizaciones aparecen con un tratamiento distinto en cualquiera de las bases de datos o fuentes estadísticas consultables. Por ello, independientemente de los nexos que tengan entre ellas, es menester considerarlas de modo separado en cuanto factores de violencia.

¿EN QUÉ TIPO DE MUNICIPIOS INVIERTEN LOS

NARCOS?

Partiendo de la encuesta a gerentes regionales del Incora, Alejandro Reyes, en la primera de las publicaciones que dio a conocer sobre el tema, agrupa los 254 municipios, el total que arroja la encuesta, adoptando una regionalización ad hoc, en donde se ha comprobado la compra de tierras debida a narcos por departamentos y regiones y según las dimensiones. De allí resulta un orden de importancia que tiene que ver con los epicentros de las empresas ilegales: Antioquia (72 municipios) y el suroccidente: Cauca, Valle, Huila y Tolima (52 municipios); a partir de allí la distribución es más armónica. Una de las medidas indirectas que se aplicó en dicha encuesta fue la existencia de distorsiones o fenómenos especulativos en el mercado de tierras de su jurisdicción.

En nuestro caso cobra más sentido analizar la información y agrupar los municipios en que se presente la compra de tierras por narcos, teniendo en cuenta las categorías socioeconómicas del Dañe, dadas las ventajas de la comparación con las otras organizaciones de las que nos ocupamos. Son unas categorías cuya materia prima proviene del Censo de 1985, en donde el peso de la economía subterránea se dejaba sentir ya, y —como lo corroboran algunas cifras puntuales y todos los testimonios— uno de cuyos efectos era la distorsión del precio de la tierra en varias regiones.

217

Tercera parte

DISTRIBUCIÓN DE MUNICIPIOS EN D O N D E HAY TIERRA DE NARCOTRAFICANTES SEGÚN

CATEGORÍA S O C I O E C O N Ó M I C A

N °

50

31

25

24

21

21

16

12

12

1 1

8

5

3

1

N=24C

Tipo de municipio en la categoría Dañe

Municipios con predominio campesinado

medio no cafetero

Municipios con predominio latifundio Costa

Caribe

Municipios con predominio campesinado

medio cafetero

Municipios con predominio de colonización

activa de frontera

Municipios con predominio agricultura comer

cial y alta población urbana

Municipios de colonización activa interna

Municipios con predominio de agricultura

comercial y alta población rural

Municipios que son ciudades secundaria

Municipios que son ciudades/centros de re

levo

Municipios con predominio de minifundio andino deprimido

Municipios de colonización no activa

Municipios de minifundio Costa Caribe

Municipios de minifundio andino estable

Municipio que es ciudad centro/regional

l

Nota: El pr imer porcentaje (*) se refiere a su proporc iór

este agente de violencia; el segundo (**) a su proporc ión

municipio

*%

20.8

12.9

10.4

10.0

8.7

8.7

6.6

5.0

5.0

4.5

3.3

2.0

1.2

0.4

**%

28.9

28.9

41.6

33.3

65.2

36.2

35.6

38.7

57.1

5.5

20.5

16.2

2.0

20.0

100%

NBI 85

49.4

80.9

40.9

66.1

43.5

77.9

43.0

37.3

37.1

77.0

77.8

79.3

60.3

24.7

m= 56.8

NBI 93

39.4

69.3

34.6

52.3

33.6

62.8

33.6

27.7

33.2

59.5

60.7

73.1

47.3

16.1

m= 45.8

i dentro de los municipios con

dentro de la categoría de

Se obtienen con ello algunos indicios útiles. El más significativo es que, de lejos, la categoría de municipio cn cjue se han concentrado las comjjras de narcos es la número 12, corresjjondiente a municipios con predominio de campesinado medio y cultivos comerciales distintos al café. La diferencia entre los 240 municipios de ICJS listados dc Presidencia dc la Rejjública y los 254 dc la encuesta utilizada por Alejandro Reyes no proviene del jjeríodo que cubren: es de sujjoner cjue cl listado acuniu-

218


la los datos para el período 1987-1993, en tanto la encuesta a gerentes del Incora abarca sólo una parte de éste: los años 1989-1992. Por tener la información desagregada a nivel de municipio, ser cotejada en varias fuentes y permitir su cruce con otras variables, es claro que para nuestro análisis los listados del documento Violencia y desarrollo en el municipio colombiano 1987-1993 son la información preferible. En conjunto, para los 240 municipios sobre los que hay información acerca de inversiones en tierras por parte de narcotraficantes en la base de datos la distribución es como sigue (Ver cuadro en página siguiente).

Ahora bien, podría argumentarse que tal distribución obedece a una razón más simple: es la clase de municipio que predomina en las subregiones adyacentes a los epicentros de la actividad narcotraficante. Este factor de contigüidad podemos controlarlo adoptando el epi-centrismo regional que utilizó Alejandro Reyes: comprobamos que Antioquia, epicentro de la organización que lideró el mercado hasta inicios de 1990, tiene 46 municipios en donde hay inversiones de narcotraficantes, el 19% del total, y ele ellos 13 pertenecen a la categoría de municipios con predominio de campesinado medio no cafetero, que son el 26% del total de 50 de esta última categoría.

Algo semejante ocurre con la región suroccidental, cuyo epicentro es el Valle del Cauca: en esta región existen 27 municipios en donde de modo comprobado hay inversiones en tierras por parte de narco-traficantes, y aunque en ellos predominan los de categoría 12, la proporción no es tan elevada como para que pueda explicarse por la cercanía: para esta región, que tiene 27 municipios, el 11.29 % del total los municipios en que hay tierra de narcos, 12, pertenecen a la categoría de campesinado medio no cafetero predominante.

Esa proporción registra pocas variaciones en las demás regiones construidas para este análisis: Costa Atlántica, Centro, Orinoquia, Eje cafetero, Amazonia, Nororiente y Chocó. Con lo que parece demostrarse que para los narcotraficantes las características socioeconómicas del municipio, el tipo de infraestructura y otras ventajas inherentes a su desarrollo económico son predominantes como criterio de inversión. Una racionalidad económica predominante.4

En los puros comienzos de su carrera ascendente, cuando la mayoría de sus actividades se desarrollaba en el plano legal, justificaba así Pablo Escobar sus inversiones en tierras en el primer artículo que se ocupaba del tema en la prensa colombiana: «Solamente su hacienda Ñápales, en las cercanías de Puerto Triunfo, está


219

Tercera pa ríe

Si bien es cierto que se han conformado santuarios de seguridad, y que en subregiones concretas corno el entorno del municipio de Puerto Triunfo en el Magdalena Medio la inversión masiva en tierras estuvo determinada por las ventajas de proximidad, topografía, y facilidades de cruce de vías terrestres y acuáticas, por célebre cjue sea el ejemplo, no parece haberse constituido en la {jauta jjara explicar la localización del poder territorial dc los narcotraficantes a escala nacional.5

Otro ejemplo claro, pero no suficientemente generalizable, es el de la subregión esmeraldífera al occidente de Boyacá y noroccidente de Cundinamarca. Su empalme, mediante una inversión sistemática por parte de narcotraficantes reconocidos, como El mexicano y sus testaferros, suele citarse como prueba de una intención geopolítica de control de un área clave por la riqueza del recurso minero a la vez que como eje de comunicaciones. Al explorar la biografía de los personajes involucrados, el papel que en su etapa jjrevia al ingreso al narcotráfico tuvo la zona y la explotación esmeraldífera, el valor anecdótico que todo ello tuvo permite comprender que la mentalidad que primó no fue la del estratega sino la propia del hacendado ultraconservador que tiende a patrimonializar todas sus empresas. Por lucrativas y rentables que sean todas las demás, sigue considerando cjue la inversión más segura, y la que más prestigio otorga en su región de origen, es la inversión en tierra.

Obsérvese que el promedio de NBI de 1985 para los municipios en que de modo preferencia! han invertido los narcos es 56,3 %, es decir son municipios con una calidad de vida aceptable, no distante del promedio nacional (que, recordemos, es 45,0 en 1985 y 37.2 en 1993) lo cine permite corroborar que la racionalidad económica, la búsqueda

avaluada según sus vecinos en una suma cercana a los 6 mil millones de jjesos. El mismo acepta cjue el solo costo de la tierra es de 4 mil 500 millones, pero aclara cjue fue su olfato de negociante el que le indicó que esas tierras, que compró a 15 mil pesos la cuadra, con el tiempo llegarían a valorizarse hasta el ¡junto de alcanzar rápidamente el precio de un millón». Ver "Un Robín Hood paisa", en Semana N° 50, 19-25 de abril de 1983.

' En 1987, el Clan Ochoa celebraba la adquisición de la hectárea número 180.000 «con la comjjra cié una finca en el dejjartamento de Caldas. A pesar de que esta jjropiedad como tal no es muy grande, jjagaron en una zona en que la hectárea está cotizada entre 400 y 500 mil pesos, 2 millones de pesos por hectárea». Ver Semana N° 290, noviembre 24-30 de 1987.

220

La xnolencia organizada

de ventajas para hacer rentable y productiva la inversión, ha sido predominante.

Los municipios que se hallan en 2° y 3" lugar en preferencias de inversión corroborarían dicho aserto, pues tanto en las áreas de latifundio de la Costa Caribe, como en los municipios de campesinado medio cafetero, los precios del recurso tierra en el mercado han sido favorables al comprador en el período que abarca la información.

En su identificación de municipios ubicados en subregiones de violencia en donde simultáneamente se han presenciado conflictos de tierras, Alejandro Reyes y dos investigadores más utilizan la compra de tierras por narcotraficantes como una variable de referencia. Al sintetizar sus conclusiones, la región en que la ocurrencia de movimientos campesinos por la tierra es más intensa (aunque la subregión así considerada es a la vez muy extensa, como para que puedan existir otras inferencias) corresponde en gran parte a la segunda de las categorías de municipios en que se han producido compras de tierras por parte de narcotraficantes:

La movilización campesina en demanda de tierras ocurrió principalmente en tres regiones del país. La más importante es el arco que parte de Urabá y Córdoba, pasa por las sabanas y ciénagas de Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena, desciende por el Cesar y concluye en el Magdalena Medio.6

Respecto de la categorización que corno equipo utilizamos para establecer rangos de municipios según la ocurrencia de hechos de violencia, vale la pena señalar que en 10 de los 18 municipios que catalogamos como muy violentos, existe inversión en tierra por parte de narcos y de ellos 8 a la vez cuentan con la presencia de grupos paramilitares.

En cuanto a los relativamente violentos, en 25 de los 55 escogidos se da la presencia de tierras propiedad de los narcotraficantes; en 21 de ellos, a la vez, hay comprobada presencia de grupos de paramilitares. Al examinar la distribución por departamento, no es ya sorpresa comprobar que 6 de los 7 municipios del departamento de Antioquia que

6 Véase Alejandro REYES, Luz Piedad CAICEDO y Ciro K.RAUTHAUSEN, Pnud-Incora-FAO, Identificación de municipios para reforma agraria en áreas de violencia, Mimeo, Santafé de Bogotá, 1991. p. 38.

221

Tercera parte

ingresaron al rango de los muy violentos tienen inversiones en tierra por parte de narcotraficantes.

Con lodo, y como se explicó más arriba, mientras cjue los demás componentes, el resto de los actores organizados de violencia se convirtieron en un criterio permanente de nuestra clasificación de municipios según rango de violencia, la corroboración era posible recurriendo a varias fuentes, y cada uno dc ellos era entonces un factor discriminante, a la hora de hacer la selección la presencia de tierras de narcotraficantes se consideró de modo casuista, municipio por municipio, cotejando con otras fuentes de información así fuere muy fragmentarias al no considerar que dicha inversicín en sí misma es un factor de vicjlencia.

222

Los funcionarios del Estado como

actores de violencia: violaciones de

derechos humanos 1988-1995 Carlos Miguel Ortiz

Dentro del extenso cuadro de muerte que hemos venido analizando en las décadas de 1980 y 1990, los homicidios y violaciones de derechos humanos protagonizados por el personal del Estado deben ser, sin duda, los más preocupantes para el propio Estado. De manera increíble, hallamos cómo en algunos momentos y localidades llegan a ser más frecuentes estos hechos —en los cuales se esgrimen las armas contra los indefensos y desarmados, así sean a veces delincuentes, sicarios o apoyos de la guerrilla— que los decesos ocasionados por la fuerza pública en sus combates con los grupos irregulares o en el intercambio de disparos con los delincuentes.

La denominación de violación de derechos humanos que es objeto de este capítulo comprende: las vejaciones sobre los detenidos (independientemente del carácter justo o injusto de la detención), la tortura, el homicidio individual o asesinato fuera de combate y de enfrentamiento armado, y la masacre u homicidio perjjetrado sobre tres o más personas en esas mismas circunstancias de indefensión.

Hasta aquí ha quedado claro que las violaciones a los derechos humanos provienen de muy diferentes actores, como quiera que existe una gran fragmentación del poder y diversidad de organizaciones productoras de violencia y de muerte, diversidad que asimismo les sirve de parapeto. Sin embargo, en este capítulo consideraremos solamente las violaciones que atañen, de manera comprobada o presumible, al personal del Estado.

223

Tercera parte

Las fuentes consultadas fueron de tres tipos: a) La Procuraduría General de la Nación, en particular la dependencia de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos: es la instancia del propio Estado para conocer y sancionar —aunque sólo sea disciplinaria y no penalmente— las violaciones cometidas por el personal integrante del Estado, b) Los boletines de la Comisión Inlercongregacional de Justicia y Paz y la revista Noche y Niebla, con las debidas reservas dado el sesgo de la fuente, ya aludido cn varias ocasiones, c) Informes de ONG y de comités de defensa de Derechos Humanos y, de manera complementaria, archivos de prensa.

Los agentes del Estado más involucrados en estos delitos, según las fuentes anteriores, son: en el área urbana, la Policía y su órgano de inteligencia, especialmente hasta 1995; en el área rural, el Ejército y su órgano de inteligencia, el B-2; en tercer lugar y en menor proporción, otros organismos de seguridad y justicia como el DAS, la Fiscalía o comités interinstitucionales conformados jjor las entidades anteriores o, finalmente, entes del orden municipal como los tristemente célebres Departamentos de Orden Ciudadano, DOC, de Medellín y de los municipios de su área metropolitana.

Algunos de estos hechos, muy JJOCOS, han merecido la difusión de los medios de comunicación, pero la mayoría pasan desapercibidos. Es el caso del fallo condenatorio proferido por la Procuraduría General de la Nación en 1991 contra varios miembros de la Fuerza Élite de la Policía Nacional, hallados responsables de la masacre de 5 jjersonas, posiblemente vinculadas con el narcotráfico, en el Centro Comercial Nueva Villa de Aburra de Medellín, a finales de 1989. El proceso reseña cómo, de manera palpablemente acomodaticia, los victimarios colocaron armas en las manos de los cadáveres después de perpetrado el múltiple homicidio; la Fuerza Élite se opuso durante tres horas a que un juez civil —en vez de uno militar— hiciera el levantamiento.

Ajjarte de los hechos que se atribuyen a la Policía y al Ejército en calidad de violación de derechos humanos, la situación colombiana ¡jlantca un segundo frente de delincuencia, particularmente policial: se trata de los asesinatos protagonizados por agentes camuflados de civiles, realizados a espaldas de la institución, con fines individuales de lucro. Hizo noticia, por las características de la víctima, el asesinato jjerpetrado en una calle de Santafé de Bogotá en 1993 sobre un ciudadano japonés, a la sazón vicepresidente de la compañía Mazda de Co-

224


lombia, con la única intención de atracarlo, hecho del cual resultaron autores dos agentes de la Policía.

Obviamente, han existido factores de índole social que explican los altos índices de delito dentro del personal policivo: los bajos salarios, que no han favorecido el sentido de la dignidad profesional; el que los agentes provengan de los mismos ambientes sociales de donde provienen los delincuentes y tengan que sobrevivir en medio de ellos; la poca exigencia en los requerimientos académicos de los candidatos; la generalización, desde tiempo atrás, del clima de corrupción administrativa tanto en altas como en bajas instancias del Estado; en fin, la mentalidad del rebusque, forjada en procesos de años pero avivada más que nunca en tiempos de deterioro del poder adquisitivo y auge de las economías paralelas.

Hasta no hace mucho, en los allanamientos —poco importa que hubiesen sido ejecutados por personal uniformado con orden judicial o que hubiesen sido ejecutados subrepticiamente, sin la legalización requerida—, se entrecruzaban frecuentemente: a) los objetivos de inteligencia propiamente dichos, trazados desde las coma-ndancias de alta y mediana jerarquía, materializados in situ con excesos y arbitrariedades; b) los mezquinos intereses lucrativos, en donde estos procedimientos estaban acompañados del robo y el saqueo a las pertenencias de los residentes.

En muchas ciudades es vox populi que la policía cobraba vacuna a los jibariaderos o expendios de basuco y de droga en general; el maridaje de los agentes con los jíbaros o pequeños traficantes, que captó con sus cámaras el periodista Hernán Estupiñán, y que le hizo acreedor a un premio de periodismo en 1991, no fue un episodio excepcional ni una situación exclusiva del Distrito Capital.

Por lo menos desde 1988 —año inicial del intervalo que rastreamos— hasta 1995, año límite de nuestro sondeo, en los barrios de las ciudades se combinaban: la vacuna descrita; el saqueo durante los allanamientos; los cruces con la delincuencia (intercambio, alquiler o venta de armas, intercambio de información, silencio cómplice) o los robos violentos (atracos) cometidos subrepticiamente por agentes individuales; y finalmente la tradicional mordida la cual, con el auge del narcotráfico, incrementó notablemente sus proporciones y anudó unas complejas relaciones entre narcotraficantes y personal de la fuerza pública que, como en otras organizaciones —oficiales o incluso insurgentes— alimentaron la corrupción y coadyuvaron a diseminar lo que

225

Tercera parte

se ha llamado el modelo cultural del narcotráfico: al efecto, basta recordar ICJS hechos de corrupción que dieron lugar a la purga colectiva en la Policía Metropolitana de Cali, durante 1995.

Sabido es que en esta intrincada madeja han estado envueltos, no sólo la Policía, sino el Ejército, el DAS, la rama jurisdiccional y muchos otros sectores armados y civiles.

El rebusque ha estado inmiscuido también en la violación de los derechos humanos de diversas maneras: ciertas veces, incitando a atropellos, a espaldas de los mandos, sin discriminación política alguna; otras veces acompañando, con el carácter de excesos y arbitrariedades, o de chantaje, a operativos —oficiales o clandestinos— trazados por los mandos; tales operativos pueden estar diseñados, cn términos clásicos, contra el opositor político insurgente o nutrirse de ICJS imperativos más contemporáneos de la jjersecución al narcotráfico y al sicariato o, eventualmente, dirigirse contra otros infractores delictivos.

Los hechos de violación a los derechos humanos por parte de los diversos agentes del Estado, según las fuentes que consultamos para el período 1988-1995, pueden agruparse en los siguientes tipos, que trataremos con algún detenimiento:

• Homicidios, individuales o múltijjles, producidos por el enfrentamiento entre el gobierno y los narcotraficantes o entre el gobierno y las organizaciones guerrilleras.

• Homicidios, individuales o múltiples, perpetrados sobre dirigentes y activistas jjolíticos y de movimientos sociales.

• Desajjariciones ) torturas.

• Homicidios, individuales o múltijjles, con jjretensiones de limpieza social.

LOS HOMICIDIOS PRODUCIDOS POR EL

ENFRENTAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO Y LOS

NARCOTRAFICANTES O ENTRE EL GOBIERNO Y LAS

GUERRILLAS

El Ejército, institución a la cual los sucesivos gobiernos civiles confiaron desde los años 50 la labor de contrainsurgencia, ha sido varias veces inculpado, en esa misión, de consumar homicidios fuera de combate sobre camjjesinos de las zonas de control o presencia guerrillera, sindicados de ser auxiliadores o enlaces de las organizaciones insurgentes. En sn propósito contraguerrillero, el Ejército no siempre escatimó alianzas: primero con los hacendados, y desde finales de los años

226


70 hasta finales de los 80, con los nuevos ricos emergidos de la economía subterránea. El informe del director del DAS al Presidente Barco en abril de 1989, referido en la Segunda Parte, cita puntualmente una lista de vinculaciones entre paramilitares auspiciados por el narcotráfico, y el Ejército.1

Tras el viraje del gobierno Betancur en la política oficial frente a la guerrilla y las consiguientes limitaciones impuestas al accionar del Ejército, paradójicamente aumentaron las violaciones de esta institución a los derechos humanos de los ciudadanos en zonas de actividad guerrillera, y entre ellas los homicidios.

En una cierta división del trabajo, al Ejército correspondió el frente de la vieja guerra territorial (irregular) contra grupos guerrilleros de raigambre ante todo rural, mientras la Policía, destinada en principio a combatir la delincuencia urbana, se halló menos comprometida en la lucha contrainsurgente y, por lo mismo, menos politizada dentro de la hipótesis de guerra Este-Oeste que impulsó al Ejército hasta comienzos de los años 90 por lo menos. Ahora bien, al ser definida como la fuerza prioritaria en la nueva cnierra desarrollada entre los narcotrafican-tes y el gobierno —particularmente durante la administración del Presidente Barco—, la policía fue politizada en esa guerra.

El enfrentamiento a muerte que desde 1984 —y muy especialmente entre 1988 y 1991— libraron el gobierno y las organizaciones del narcotráfico, en particular la organización de Medellín que, para el efecto, se autodenominó Los Extraditables, conllevó asesinatos selectivos, atentados y violación de los derechos humanos por parte de ambos bandos, y un sinnúmero de matanzas de orden masivo, cuyas víctimas fueron principalmente: modestos y anónimos policías, de una parte, y adolescentes yjóvenes en el otro bando.

La matanza de policías fue especialmente encarnizada durante el año de 1990 y la primera parte de 1991; hubo fechas, como el 24 de mayo de 1990, en que, en un solo día y en una sola ciudad —Medellín— fueron asesinados 7 policías, 3 de ellos por explosión de carro-bomba. Durante el segundo trimestre de 1990, los promedios trimestrales se incrementaron en más de 1.500% en comparación con los que se venían contabilizando desde 1988.2

1 Ver El Tiempo. 10 de abril de 1989. 2 Ver holeúnes Justicia y Paz de 1988 a 1991.

227

Tercera parte

Es de advertir que con excepción de las víctimas de los carros-bomba cjue alcanzaron a los efectivos de la Fuerza Élite —creada jjor el gobierno Barco como rama especializada de la Policía en la lucha contra el narcotráfico3— los demás asesinatos recayeron generalmente sobre agentes comunes dc vigilancia, un blanco mucho más fácil de atacar, pese a cjue los operativos con los cuales se sentían incitados a la ofensiva los narcotraficantes eran realizados por esta Fuerza y no por agentes comunes. El desconcierto y la permanente amenaza que esa situación generó en el personal de la Policía, inferior ante el poderoso crimen organizado, lo llevó incluso a recurrir a los Comités de Defensa de Derechos Humanos, en busca de una protección que no hallaba suficiente por parte de su institución y por parte, en general, del Estado.4

El cambio de gobierno, y la llamada política de sometimiento a la justicia introducida por el gobierno del Presidente César Gaviria, pronto mostraron una disminución de los asesinatos de policías; en el segundo trimestre de 1991, desmovilizados los principales jefes de Los Extra-ditables de Medellín, desapareció tal modalidad de violencia.

En cuanto a matanzas individuales o colectivas de adolescentes y jóvenes de los medios urbanos, hay que decir que fueron considerables durante todo el intervalo estudiado (1988-1995). Aunque parecen haberse originado también como subproducto del enfrentamiento del gobierno y los narcotraficantes, no presentaron una reducción significativa a raíz de la desmovilización de los jefes del narcotráfico bajo la política, de sometimiento. La ciudad que registra mayor número en este género de víctimas es Medellín, particularmente adolescentes y jóvenes residentes en las comunas nororientales y noroccidcntales de la ciudad. Según datos del boletín Justicia y Paz, en el año de 1988 fueron asesinados en Medellín y su área metropolitana 26 adultos jóvenes y adolescentes, sin reseñas conocidas de delincuencia a su haber. En 1990, en esa ciudad, las cifras se elevaron a 58 (sin contar 8 jóvenes que murieron en una misma circunstancia de enfrentamiento de bandas).

3 Decretos—leyes 81.3, 814 y 815 del 19 de abril de 1989, por los cuales se quita piso legal a los grupos paramilitares (auspiciados por el narcotráfico) y se crean la Fuerza Élite y la Comisión Antisicaí ial. 4 Entrevistas con quienes eran, a la sazón, Presidentes de Comités Regionales de Defensa de Derechos Humanos, esjjecialmente en Medellín y Pereira. Revisión de la documentación de dichos Comités.

228


Obviamente, no todos esos actos provinieron de la Policía; las posibles responsabilidades se reparten, en efecto, entre muy diversos actores: Milicias Populares de autodenominación revolucionaria; bandas si-cariales, en retaliación unas contra otras; autodefensas barriales de jóvenes apoyados por adultos exacerbados en lo que creían una limpieza social, con o sin participación de la Policía. En esa confusión de actores, las responsabilidades no se esclarecían y el Estado resultó cuando menos incapaz para garantizar los derechos fundamentales: ni siquiera se elevaron denuncias, lo cual habla de la total falta de confianza en el Estado. Pero además, en varios de los casos contabilizados en Medellín, al parecer estuvo vinculada la Policía; el más sonado fue, quizá, el de los cuatro jóvenes del estadio, presuntamente consumidores de basuco, crimen del cual fueron sindicados agentes del F2 adscritos al Comando Metropolitano, según el testimonio del quinto muchacho, que escapó de la muerte pero quedó parapléjico. Su testimonio le valió, en todo caso, la muerte semanas después. El testimonio quedó incluido, sin mucho fruto, en el expediente del Juzgado 92 Penal Militar. Ahí no paró la cadena de crímenes, pues su primo, tras reconocer al autor de este asesinato (y supuesto participante en la masacre de las cuatro), un agente del F2 que emprendió la fuga, también sufrió un atentado meses después v quedó parapléjico.

Otra masacre de 10 jóvenes en la cual cabe posible participación de la Policía, o al menos la institución no logró esclarecer lo contrario en el procedimiento disciplinario que quedó frustrado en la Procuraduría,3 fue la acaecida el 21 de enero de 1990 en la finca Villa Angélica del municipio de Gómez Plata (Antioquia). Muy probablemente las víctimas, o algunas de ellas, estaban comprometidas con actividades delictivas como sicarios; al menos el nombre de la persona que los atacantes sacaron vivo y después hicieron desaparecer, correspondía a alguien bien conocido en los medios sicariales como jefe de la tenebrosa banda La Ramada de Bello (Antioquia), vinculada con Pablo Escobar; la inteligencia de la IV Brigada del Ejército lo sabía; pero, obviamente,

3 Cuando la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos efectuaba los pasos iniciales de la investigación, el entonces comandante nacional de la Dijin se apresuró a formular denuncia ante los jueces, culpando de la masacre a otra banda de sicarios con venganzas pendientes. Ello provocó la remisión del jjroeeso, de la Procuraduría, al Juez 7,3 de Instrucción Criminal de Medellín el 15 de marzo de 1990; remisión que de hecho descartaba —con extrema ligereza, a nuestro entender— la posible responsabilidad de funcionarios del Estado.

229

Tercera parte

ello no exonera a los autores de la gravedad del hecho, ya cjue en el momento del asalto a la finca los jóvenes, sicarios CJ no, estaban indefensos.

HOMICIDIOS PERPETRADOS SOBRE DIRIGENTES Y

ACTIVISTAS POLÍTICOS Y DE MOVIMIENTOS SOCIALES

Desde la misma época en cjue la persecución del Ejército a la guerrilla se desinstitucionalizó parcialmente, dando cabida a violaciones de los derechos humanos menos exccjjcionales sobre camjjesinos sosjjecho-sos de apoyar a la guerrilla, también se conocieron los asesinatos de dirigentes y activistas tanto de partidos de izquierda como de movimientos sociales.

Igual cjue en otros tijjos de asesinatos y violaciones, en éstos de cuadros políticos y de movimientos sociales, los autores son de múltiple procedencia. Advertimos que, por lo regular, sobre estos hechos no existen procesos en curso en la Procuraduría —que constituyó nuestra fuente oficial de consulta— sino en los juzgados.

El año más aciago del período fue 1988; el mayor número de muertos correspondió a la Unión Patriótica, UP; le siguieron los dirigentes sindicales, esjjecialmente en épocas de negociación de convenciones laborales, y algunos dirigentes de movimientos cívicos. En menor proporción, siguen dirigentes de los partidos liberal y conservador. Hubo algunas masacres, como la perpetrada en la sede de la Juventud Comunista de la ciudad de Medellín, el 23 dc abril de 1988, de la cual sobrevivió un militante que de manera sospechosa fue de inmediato retenido por uniformados del Escuadrón de Carabineros de la Policía Metropolitana.

Algunas víctimas, particularmente del movimiento sindical, presentaron indicios de tortura.

Entre los asesinatos relacionados con movimientos sociales, se cuenta el de un directivo empresarial de Cementos Nare en Puerto Nare (Antioquia) al cual le cobraron su permisividad hacia el sindicato. Sobre el cadáver se halló un letrero con esta leyenda: «Por haber permitido que los dirigentes sindicales de Cementos Nare hubieran adquirido armas jjara protegerse».

230


DESAPARICIONES Y TORTURAS

La desaparición y la tortura son violaciones de derechos humanos que, en el período que estudiamos, suelen haber ido mancomunadas. Generalmente se colige la tortura cuando, abandonado en algún paraje, se encuentra el cadáver de quien días antes se daba por desaparecido, y presenta indicios como estar mutilado, atado, amordazado, lacerado, quemado con ácido o incinerado.

Así como en las matanzas de jóvenes, sindicalistas, indigentes, en las desapariciones y en las torturas existe una pluralidad de actores frente a las cuales el Estado se revela casi totalmente incapaz de demostrar responsabilidades y de sancionar. No se puede desvirtuar la injerencia de miembros de los cuerpos armados y de seguridad, que los rumores y ciertos encadenamientos de hechos avalan.

Aquí sólo haremos referencia a algunos de los pocos casos en los cuales existe cierta información disponible, bien porque fueron elevadas las quejas ante la Procuraduría y ella abrió los respectivos procesos disciplinarios, bien poroue son casos oue se hicieron núblicos, por contar con alguna organización, legal o ilegal {Los Extraditahles), que se apersonó de las denuncias.

Mucha gente ha estimado un contrasentido el que Los Extraditahles hubiesen denunciado violaciones de derechos humanos y exigido su respeto, cuando como nadie los violaron, tanto en sus vendettas internas como en la estrategia del narcoterrorismo, o en acciones de intolerancia política o social —aliados muchas veces con comandantes militares—. Ciertamente, era contradictoria esa doble actitud, pero la contradicción no invalidaba por sí misma ni la pertinencia de las denuncias ni la inaplazable necesidad de que el Estado esclareciera las responsabilidades y sancionara ejemplarmente a los culpables. Dada su naturaleza y su finalidad, la entidad estatal no podría de ninguna manera entrar en la misma dinámica de retaliación del crimen organizado.

Hemos estudiado detenidamente tres casos tomados de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos: el primero (con veredicto absolutorio de Procuraduría, refrendado por la Dirección General de la Policía), se refiere a dos desapariciones ligadas al allanamiento de una finca en Acandí (Chocó) en búsqueda de uno de los capos del narcotráfico de Medellín; una de las dos víctimas apareció luego asesinada con indicios de tortura. El segundo proceso estudiado concierne

231

Tercera parte

a la desajjarición, en Medellín, de uno de los confidentes de Pablo Es

cobar y al posterior rapto por la fuerza y desaparición de cuatro per

sonas más, presuntamente conectadas con el capo. El tercer proceso,

menos documentado, corresponde a la desaparición de dos trabajado

res de una de las fincas de Pablo Escobar, de la cual fueron tomados

por la fuerza. Los tres procesos disciplinarios muestran unos rasgos

comunes, que extrañamente son desconocidos por el ente investiga

dor (Procuraduría o Inspección de la Policía) en el curso de la investi

gación:

a) Por lo regular los secuestros y desapariciones forzosas de 2, 3 o hasta 5 jjersonas se han jjresentado la víspera de un operativo oficial de envergadura que, si bien tampoco exento de ati oj>cllos e incluso de torturas, ha contado con sus avenencias jurídicas y se ha registrado parcialmente bajo responsabilidad por lo menos de ICJS mandos intermedios.

b) Los desajiarecidos en todos los casos son jjersonas no sólo cercanas al delincuente cuya cajjtura figura como finalidad del oj>ei ativo coincidente, sino cjue siemjjre jjoseen informaciones exclusivas atinentes a las coordenadas del sitio de dicho ojjerativo y a la jjresencia en él del delincuente de mayor JJCSO, buscado.

c) Los operativos oficiales que suceden a las desapariciones se ejecutan bajo instrucciones directas de la cajjital de la Rejiública, JJOI tanto en contacto con los centros de decisión de la institución que lo programa (Policía y Ejército, principalmente) y bajo la responsabilidad de los altos mandos. Los comandos locales, dentro de cuya jurisdicción se despliega el ojjerativo, a veces ni siquiera son jjreviamente notificados.

cl) Pese a las minuciosas ¡jrecauciones cjue se habrían tomado en los raptos violentos coiucidentes con los operativos oficiales, para no dejar huella alguna utilizable en una eventual investigación, existen en los procesos disciplinarios respectivos, elementos que, si hubiese voluntad de examen imparcial, podrían convertirse en probatorios de nexos entre lo institucional y lo subrejjticio, entre los mandos capitalinos, la comisión csjjecial enviada a la localidad y los actores materiales cobijados jjor el anonimato.

e) La manera como las instituciones armadas han estudiado los procesos disciplinarios sobre los hechos consumados, ¡jai adójicameute se convierte en argumento a favor de la existencia de un patrocinio institucional a las violaciones denunciadas y a favor del compromiso de altos mandos con tales hechos. Los términos parcializados y la retórica defensiva tan forzada, evidente para cualquier observador desprevenido que consulte los fallos proferidos, lo único cjue logran es dejar una gran sensación de complicidad y encubrimiento de parte de los jueces.

232


Si son lógicas nuestras deducciones, estaríamos en presencia de desapariciones forzosas cuyo fin es torturar al secuestrado, sin las complicaciones que conlleva ese ardid cuando se practica dentro de operativos oficiales. La tortura se usaría aquí como uno de los métodos de la inteligencia —institucionalizado— para obtener información conducente al éxito de un gran operativo posterior. Ahora bien, como se confía en el éxito final, se parte de la certeza que éste desplazará la atención que pudiera volcarse sobre los irregulares procedimientos intermedios. En los casos aquí estudiados, empero, falló el resultado final, con las consecuencias contrarias a las previstas.

Podríamos llamar a este tipo de tortura, tortura defines técnicos, para diferenciarla de aquélla que persigue objetivos de venganza y retaliación o fines de escarmiento, como la tortura que, por las secuelas marcadas en los cadáveres, se puede colegir que ha antecedido a numerosos homicidios de registro consuetudinario, en los cuales los sectores sociales que aparecen más golpeados (las raras veces que figura individualizada la víctima) son jóvenes en general y delincuentes.

Ciertamente los casos de tortura de venganza v de escarmiento, practicada por diversidad de actores (no agentes del Estado muchas veces) son los más numerosos. Infortunadamente, la mayoría de las víctimas de esta clase de tortura aparecen en las fuentes consultadas como NN, sin especificaciones de ocupación ni grupo de pertenencia, y eso aumenta la dificultad para ubicar al menos la naturaleza social de sus autores, ya que tampoco existen en torno a tales hechos investigaciones de ninguna clase.

Pero es la otra modalidad, la de tortura defines técnicos, fríamente — aunque subrepticiamente— calculada dentro del conjunto de un operativo, aquélla en la cual más probablemente estarían comprometidos altos y medios mandos, a través, claro está, de cadenas discontinuas de actores y sin implicaciones de registros, ni de espacios, ni de medios oficiales. En cuanto a los espacios físicos destinados a la tortura, no suelen ser espacios oficiales ni fijos; regularmente sirven para ello los propios vehículos y las carreteras. La tortura como recurso investigativo pretendería suplir defacto las deficiencias humanas, logísticas, organizativas, y los atrasos técnicos de la inteligencia, frente a enemigos poderosos para el Ejército, como la guerrilla rural, o los narcotraficantes para la Policía.

El tratarse de un asunto de inteligencia explica también que las denuncias por desapariciones y torturas afecten más frecuentemente al

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Tercera parte

organismo jjolicial o militar esjjecializado en ese género de tareas, como la DIJIN para la Policía y el B2 para el Ejército, hasta 1995. Ocasionalmente han resultado envueltos grupos como el Uraes (Unidad de Reacción Inmediata Antisecuestro, Antiextorsión y Explosivos), dependiente del DAS, y mucho menos el grupo interinstitucional Uñase, cspecializadcj en frustrar las acciones delictivas de chantaje, secuestro y extorsión.

LAS MATANZAS CON PRETENSIONES DE LIMPIEZA

SOCIAL

La opinión se ha ido infaustamente familiarizando en todo el país con el término de los desechables que, salido de los victimarios, ha rodado por calles y caminos para perseguir y exterminar a un sinnúmero de compatriotas que la misma sociedad ha marginado, bien sea de la actividad productiva, bien sea de los códigos morales y sanitarios prevalecientes.

Desde comienzos de la década de los 80 aproximadamente empezó a hacer carrera, en las ciudades, el exterminio físico de estos marginados: Pereira, Medellín y Cali fueron algunas de las primeras ciudades en conocer tal género de violación de derechos humanos.

Existían precedentes de exterminio de ladronzuelos y posteriormente de consumidores de marihuana y basuco en zonas apartadas del país, donde la guerrilla autodenominada revolucionaria practicó desde siempre tales métodos, conquistando a través de ellos apoyo civil para su supervivencia y para sus acciones armadas dc fines políticos.

Luegcj, el país empezó a ver esos procedimientos en los medios urbanos, a cargo ya no de la guerrilla sino, curiosamente, de grupos con signo político contrario, cjue también lograron conquistar simpatías entre sectores altos y medios para sus propósitos.

Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán son prácticamente los primeros científicos sociales que penetraron con su análisis en ese aberrante mundo dc lo que ellos, de forma pionera, rotularon como violencia de limpieza social.1' El país ha visto pasar ya más de una década sin que se haya puesto coto a tal modalidad de exterminio.

6 Alvaro CAMACHO y Alvaro GUZMÁN, Colombia, ciudad y violencia, Bogotá, Ed. Foro Nacional, 1990.

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A partir de las bases de datos que hemos construido, podemos considerar 3 subgrupos dentro del conjunto genérico de desechables, a saber: en el primero, los más malhadados de todos, indigentes, mendigos, gamines, dementes, mujeres y hombres prostituidos, basuriegos, cartoneros, expresidiarios. En el segundo subgrupo: drogadictos y ma-rihuaneros (inermes) y jíbaros (pequeños expendedores de droga). En el tercero, se incluyen incriminados con cuentas sociales pendientes, que han sido víctimas de violencia en estado de indefensión: atracadores, delincuentes, miembros de bandas sicariales o sicarios independientes, y prófugos de la justicia.

Entre todos estos, el subgrupo que mayor número de víctimas registró, comparativamente, durante el intervalo de 1988 a 1995, fue el tercero. Ese subgrupo es también aquél en el cual se halla más fre-cuentemente la tortura precediendo ai asesinato. Sobre los cadáveres los victimarios suelen dejar letreros que hacen pensar en la modalidad de tortura de escarmiento: «Ojo por secuestradores», «Ojo por jalador de carros»...

Detrás de los asesinatos de limpieza maquinan varias cabezas: las Milicias Populares de cuño revolucionario se hallarían vinculadas a varios casos. Otros han sido abiertamente reivindicados por grupos como Cali limpia, Amor por Medellín, Grupo amable de Medellín, en los que se sabe o se sospecha que ha existido participación, aunque no exclusiva, del narcotráfico. No pocos asesinatos de limpieza, finalmente, parecen haber provenido, según indicios, de la Policía y el DAS.

Infortunadamente, lo que se diga sobre responsabilidades y autorías es aún hipotético, pues no existen procesos abiertos en este género de violaciones, ni en los juzgados ni en las instituciones armadas ni en el Ministerio Público, porque no hay quien eleve la queja o formule la denuncia, con excepción de algunas intervenciones de la Defensoría del Pueblo, limitadas legalmente en su alcance efectivo. Una que otra voz, de algún obispo de provincia, se alza de cuando en cuando para condenar tales crímenes. Pero el conjunto del Estado ha sido más bien tolerante.

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tercera parte la violencia organizada

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