revista excepción nº 31

Octubre 2010 / EDICIÓN No. 31 / 100% financiada

CEDwww.cedfeuu.com.uy

Centro Estudiantesde Derecho

Campaña de sistema-tización de propuestas estudiantilesPág. 4 y ss.

Nuevo! Agendas de Derecho para todas las carreras Pág. 8

Entrevista al Ministro del Interior Eduardo BonomiPág. 27

Derecho a la discusión de la Ley Orgánica de la UdelaRPág. 35

Discusión del proyecto interpretativo de la ley de caducidadPág.15

El CED puertas abiertas a la sociedad

2 Revista Excepción - Octubre 2010

EditorialOctubre 2010CED

Antes de comenzar a leer este número de la Revista Ex-cepción, creo necesario citar parte del inciso segundo del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la Repú-blica (Ley N° 12.549): Le in-cumbe a la Universidad de la República... “...contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública...”.

Teniendo este enunciado como guía, a lo largo de este número buscaremos generar discusiones, intercambios, análisis sobre temáticas de pertinencia social que invo-lucren a la Universidad de la República.

Desde el CED estamos con-vencidos de que la Universi-

dad debe abrir sus puertas a la sociedad, a la cual se debe. De nada sirve discutir, profundizar, crear nuevos conocimientos enclaustra-dos entre las paredes de la Universidad; es fundamental socializar el conocimiento, contribuir al desarrollo del país y para ello es imperativo formar universitarios com-prometidos y concientes.

Ahora bien. Para poder cum-plir con este mandato que nos impone la actual ley or-gánica desde la Universidad se deben tomar ciertas medi-das y realizar acciones espe-cíficas para estar a la altura de nuestra misión.

Es por esa razón que presen-

tamos un artículo sobre el presupuesto universitario, tema que involucra a todo el demos universitario y que ha sido puesto sobre el tapete en los últimos meses.

Otro tema de sumo interés para todo el país es el de la descentralización universita-ria. Recientemente comen-zó la segunda generación de estudiantes de relaciones laborales en la regional Este (CURE), siendo Facultad de Derecho una de los servicios pioneros en llevar carreras de grado a esa sede univer-sitaria. La descentralización del conocimiento, de la en-señanza y sobretodo de la in-vestigación requiere un gran esfuerzo y debe ser tomada como una prioridad.

Volviendo a la idea original de esta editorial (la finalidad social de la Universidad y en tanto eso de Facultad de Derecho), para cumplir con nuestras tareas es menester seguir mejorando nuestra Fa-cultad.

Este año en particular, De-recho se encontró con una instancia de gran trascen-dencia y de gran definición. Nos tocó decidir quién sería nuestro/a decano/a los próxi-mos 4 años. Por una amplia mayoría los órdenes nos pro-nunciamos a favor de la con-

Revista Excepción - Octubre2010 3

tinuación del mandato de la Prof. Esc. Dora Bagdassarián.

Particularmente el orden es-tudiantil apoyó contunden-temente el decanato de Bag-dassarián.

Como estudiantes tenemos un rol muy importante que cumplir. Históricamente he-mos sido el motor de muchas reivindicaciones y reformas universitarias. Hoy nos toca seguir desarrollando este papel. Hoy más que nunca tenemos la posibilidad de ha-cernos escuchar, de propo-ner, de hacer, de aportar.

El decanato ha sido muy re-ceptivo con el orden estu-diantil y lo seguirá siendo. Por ello es que presentaremos una plataforma estudiantil con ideas, proyectos, reivin-dicaciones que surgieron de la campaña de síntesis de propuestas llevada adelante por el Centro Estudiantes de Derecho durante los meses de setiembre/octubre.

Más de 300 propuestas han llegado a la oficina del CED, lo cual evidencia la iniciativa que tenemos los estudiantes de proponer. Ahora falta lle-varlas adelante. Para eso, se-guiremos invitando a todos a participar de las actividades y ámbitos.

Además de la campaña de sistematización de propues-tas de estudiantes dentro de

Facultad de Derecho, desde el CED hemos estado profun-dizando una línea de trabajo social, extramuros de Facul-tad, que promueva el diálogo e intercambio con distintos actores sociales de relevancia.

En este sentido, desde la Se-cretaría de Derechos Huma-nos se ha elegido para este semestre la temática del “sis-tema carcelario” buscando generar análisis respecto a la realidad hoy y a las perspecti-vas de futuro.

Desde la secretaría de Exten-sión Universitaria hemos tra-bajado en ésta línea profundi-zando y consolidando años de experiencia, específicamente a través del programa de Con-sultorios jurídicos barriales gratuitos en el cual participan cientos de estudiantes, de-cenas de profesionales y se atienden más de 6.000 con-sultas anuales.

En otra área de trabajo, la se-cretaría de Publicaciones, el CED desarrolla la línea social a través de su “Proyecto Li-ceos”. A través de este proyec-to, abrimos las puertas de la UdelaR a la sociedad, presen-tando las carreras, sus caracte-rísticas, sus perfiles de egreso, en síntesis, presentamos a la Universidad de la República y contribuimos con la forma-ción de la decisión de esos estudiantes respecto a su fu-turo.

Esta línea ha sido acompaña-da por cientos de estudiantes de Facultad de Derecho oriun-dos de todo el país quienes se identificaron con sus compa-ñeros más jóvenes y contribu-yeron a que pudieran evacuar dudas o inquietudes respecto a las carreras universitarias.

Por último, aprovechamos la revista para sintetizar un año de mucho trabajo y participa-ción.

Hace años que el CED viene desarrollando esta línea de trabajo y participación que ha llegado a niveles impresio-nantes, como es el caso del Encuentro de Colonia al cual asistieron más de 500 estu-diantes de todas las carreras de Facultad.

Es fundamental fortalecer nuestro Centro de Estudian-tes como herramienta para mejorar la Facultad, para rei-vindicar derechos y planteos estudiantiles y para posicio-narnos extramuros de Facul-tad.

Hoy más que nunca, las pro-puestas están, las ganas tam-bién. Sigamos trabajando para mejorar nuestra Facultad.

Florencia UaldeSecretaria de PublicacionesCED-ASCEEP-FEUU

Centro Estudiantes de Derecho


PLATAFORMA ESTUDIANTIL

Campaña de sistematización de Propuestas Estudiantiles

Actualmente nos encontramos en un muy buen momento para nues-tra Facultad de Derecho ya que hace dos meses la Prof. Esc. Dora Bagdas-sarián fue reelecta como Decana. Esto significa que durante cuatro años más, se estará apostando a se-guir construyendo, a seguir hacien-do, tal como ha sucedido del 2006 a esta parte. Ese seguir haciendo es fundamental para que nuestra Facultad avance en diversas líneas, tales como: en-señanza (cursos, exámenes, función docente), becas y apoyo estudiantil y servicios de Facultad (biblioteca, bedelía, mantenimiento de edifi-cio), entre otros, a partir de un plan de acción en el que se distingan los cambios que se deban realizar en el largo, mediano y corto plazo.A su vez, este Decanato que se re-nueva ha tenido una característica particular que ha sido la de respetar

y escuchar al estudiantado; prueba de ello es que las propuestas reali-zadas por los estudiantes, en estos últimos cuatro años, contaron con el apoyo de la decana en virtud de la seriedad y responsabilidad con la que las mismas fueron planteadas.El orden estudiantil tiene entonces, un rol sumamente relevante a jugar en los próximos años como prin-cipal motor de las mejoras que se realicen, los estudiantes tenemos, además del derecho, la responsabi-lidad de ser los protagonistas de los cambios a llevarse adelante.Para asumir ese rol protagónico en la transformación de Facultad, en el corto, mediano y largo plazo, es necesario que todos reflexionemos acerca de la realidad de nuestra Casa de Estudios y realicemos pro-puestas para transformarla.Nuestro primer ámbito de propues-

CED te representa

ESTÉTICA DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROPUESTAS ESTUDIANTILES REALIZADA POR EL CED EN FACULTAD DE DERECHO DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE/OCTUBRE 2010SOLICITÁ LOS MATERIALES EN LA OFICINA DEL CED O EN: www.cedfeuu.com.uy.

Hace dos meses el Centro Estudiantes de Derecho comenzó una campaña de sistematización de propuestas estudiantiles para mejorar la facultad, en el marco de un nuevo decanato de la Prof. Esc. Dora Bagdassarián. A continuación presentamos los resultados de la campaña y los pasos a seguir.



ta debe ser el CED. Como gremio, representa a todos los estudiantes y por tanto está abierto a recibir cualquier tipo de planteo que sea responsable, ideas, proyectos que busquen solucionar o mejorar algún

aspecto de Facultad.Estas propuestas que todos los estu-diantes hagamos llegar al CED, serán sintetizadas en una Plataforma Estu-diantil que será presentada a la de-cana, la Prof. Esc. Dora Bagdassarián,

de manera de enriquecer el plan de acción de Facultad y como insumo para discutir y reflexionar para posi-bilitar las mejoras necesarias, hecho que redundará en todos los estu-diantes de nuestra Facultad.

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

¿Por qué una plataforma estudiantil?Una Plataforma es un conjunto de propuestas sobre distintos aspectos, en este caso de Facultad, que tiene como objetivo mejorar en el corto y mediano plazo diversas áreas de nuestra Casa de Estudios.Quiénes cursamos en Facultad día a día, seguramente nos encontremos con algunos problemas y cosas que podrían mejorarse de ella.Reclamos, reivindicaciones y quejas sobre algunas cuestiones de nuestra Facultad pueden haber sido tema de conversación entre varios de los estudiantes, incluso de cómo habría que mejorar cada una de esas difi-cultades.Es entonces que la idea de confor-mar una plataforma estudiantil busca reunir todas esas ideas que se encuentran dispersas, en un do-cumento único, que las organice y dé forma, para poder llevarlas a la

práctica. Dicha idea surge como iniciativa de la agrupación FREZELMI-CED-ASCEEP-FEUU, quién presentó una propuesta de plataforma en la Se-cretaría Coordinadora del CED y además propuso llamar a todos los estudiantes a proponer ideas para mejorar nuestra Facultad y de esta manera enriquecerla, con el objetivo de conformar una Plataforma pen-sada y discutida por todo el orden estudiantil, de modo de construir, con el aporte de todos, un insumo de trabajo de gran valor para los próximos cuatro años de un nuevo decanato de la Prof. Esc. Dora Bag-dassarián.Estas propuestas que integrarán la Plataforma, apuntan a mejorar las áreas de mayor relevancia para to-

dos los estudiantes, para ello, desde el CED hemos pensado en basar la presentación de propuestas y pos-terior discusión en tres ejes o áreas:

1)Una Facultad con más y mejor en-señanza. Este eje incluye lo relativo a cursos, exámenes y función docen-te.2)Una Facultad más abierta e inte-grada. Este eje está vinculado a los temas de becas, apoyo estudiantil, pasantías y actividades extracurricu-lares.3)Una Facultad más eficiente y mo-derna. Este eje comprende todo lo relativo a: bedelía, biblioteca, co-municación institucional y recursos web, edificio, cantina.

Claustro de Facultad de Derecho en la reelección de la Prof. Esc. Dora Bagdassarián como decana por el período 2006 - 2010.

Comienza una nueva etapa de trabajo



SETIEMBRE/OCTUBRE 2010

Resultados de la campaña

La propuesta de Campaña de Sis-tematización de Propuestas, pre-sentada por el CED a todo el orden estudiantil, en el mes de setiembre, consta de varias etapas. En una pri-mera etapa se presentarían las pro-puestas por parte de todos los es-tudiantes, a través de la entrega de formularios y el envío de un correo electrónico; en una segunda etapa se sistematizarían las diversas pro-puestas y se elaboraría la Plataforma Estudiantil; en una tercera etapa, los representantes al cogobierno por parte del orden estudiantil or-ganizarán las reuniones necesarias con los distintos actores de Facultad así como con los servicios y depen-dencias (bedelía, biblioteca, cantina, etc.) para discutir sobre la viabilidad de las propuestas y los modos de ejecución.Por último, las propuestas sintetiza-das en un proyecto institucional se-rán puestas a votación en los distin-tos ámbitos (Consejo, Comisiones, claustro, etc.) y llevadas a la práctica. Algunas tomarán más tiempo que otras, dependiendo de la compleji-dad de la propuesta.La participación de todos nosotros en la mejora de nuestra Facultad es fundamental. En la Universidad, los estudiantes tenemos un rol protagónico, se sue-le decir que somos el motor de los cambios… Históricamente, los estu-diantes, hemos hecho diversas rei-vindicaciones para nuestra Univer-sidad, reivindicaciones que hoy son plenos derechos como el cogobierno del orden estudiantil.Quiénes imaginamos una Facultad mejor, hicimos propuestas, recibi-mos apoyo y las llevamos adelante. HOY Facultad está mejor. Construya-mos entre todos la Facultad de Dere-cho que nos merecemos. PARTICIPÁ!

Durante el mes de setiembre se realizó una gran campaña de pro-puestas impulsada por el Centro Estudiantes de Derecho. Es la pri-mera vez que en Facultad de Dere-cho se realiza una campaña de esta magnitud y masividad. En el marco del comienzo del se-gundo decanato de la Prof. Esc. Dora Bagdassarián (2010-2014), tenemos una oportunidad histórica para presentar ideas y proyectos que mejoren la vida cotidiana de los estudiantes, basada en nuestras necesidades. Fueron convocados a participar todo lo estudiante y to-das las agrupaciones.Esta campaña contó con gran apo-yo de parte del estudiantado (estu-diantes de todas las carreras y de todas las generaciones) y también con un gran apoyo docente; en sólo 7 días se presentaron más de 300 formularios con propuestas y su-gerencias que versaron mayorita-riamente sobre los ejes de cursos, exámenes, rol docente, edificio y cantina y pasantías. Un mes despúes de iniciada esta

actividad, nos encontramos sinte-tizando las 300 propuestas en un documento al que definimos lla-mar como “plataforma estudiantil” el cual será presentado en los dis-tintos ámbitos de Facultad para su ejecución. La respuesta que esta campaña ha tenido en el orden estudiantil refle-ja el carácter participativo del es-tudiante de Facultad de Derecho y su interés por mejorar nuestra casa de estudios. Además de la elabo-ración de la plataforma estudian-til, es fundamental que día a día más compañeros participen de las distintas actividades que plantea y organiza el Centro Estudiantes de Derecho; la ejecución de mu-chas de las propuestas planteadas requieren tiempo y esfuerzo y es fundamental que cada vez seamos más quienes las llevemos adelante. A pesar de haber finalizado la pri-mera etapa de esta campaña, el CED siempre está abierto para reci-bir propuestas y discutir temas de interés universitario que busquen la mejora de la Facultad de Dere-cho.

Se recibieron más de 300 formularios con propuestas para seguir mejorando la facultad



CED de trabajoACTIVIDADES 2do. SEMESTRE

Trabajamos todo el añoCreyendo que una imagen vale más que mil palabras, presentamos al-gunas fotos de actividades de este segundo semestre 2010 (que aún no termina). Próximamente: fiesta de fin de año, talleres de expresión oral y forense, talleres de investigación estudiantil y muchas actividades más. PARTICIPÁ!

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1. Jornadas preparatorias del III Encuentro de Derecho en Colonia del Sacramento.2. Campaña contra la violencia doméstica.3. Taller de tango 20104. Jornada del día del Niño en Punta de Rieles.5. Taller de murga 20106. Campeonato femenino de Handball 20107. Campeonato de fútbol 11 2010.



NUEVA GENERACIÓN DE ESTUDIANTES EN EL CURE

Relaciones Laborales en el ESTE

ELECCIONES

Egresados de Relaciones LaboralesLa reciente Comisión Directiva y Co-misión Fiscal del CERLU han comu-nicado que en cumplimiento de los procedimientos gremiales previstos estatutariamente y resoluciones posteriores adoptadas por el CERLU, se llevó adelante el pasado sábado 11 de setiembre las elecciones so-ciales del CERLU.Resultaron electas autoridades que representarán a los egresados de Relaciones Laborales por el período

2010 - 2012.El Centro Estudiantes de Derecho junto con los egresados organizados en el CERLU y los docentes, día a día trabajamos para seguir mejorando la tecnicatura. Este año se han organizado decenas de actividades y ya estamos prepa-rando las actividades para el próxi-mo año. El CERLU permite que una vez egre-sados, las personas sigan vinculadas a Facultad de Derecho. Más info del CERLU: http://www.fder.edu.uy/contenido/rrll/

EN COORDINACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE COLOMBIA

Ciclo de VideconferenciaA iniciativa del Profesor de Socio-logía del Trabajo, Pablo Guerra, el Centro Estudiantes de Dere-cho ha organizado, con el apoyo de la Facultad de Derecho, el pri-mer ciclo de videoconferencias para Relaciones Laborales.Este sistema permite disfrutar de exposiciones académicas de prestigiosos docentes del exte-rior (Universidad de Colombia) en vivo desde nuestra propia casa de estudio. El ciclo se realiza en la Sala 26 de Facultad de Derecho, donde está instalado el equipo informático.

Las próximas jornadas son: 13/10, 27/10 y 10/11 (horario a conf.)Las inscripciones se realizan en la oficina del Centro Estudiantes de Derecho de 09:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:30 hs. La entrada es libre. Mas info: [email protected]

El viernes 8 de octubre comenzaron los cursos de la segunda generación de estudiantes de Relaciones Labo-rales en la Regional Este (CURE). Facultad de Derecho es uno de los servicios pioneros en trasladar ca-rreras de grado hacia el interior, promoviendo permanentemente la descentralización. Actualmente están inscriptos en este Centro 120 estudiantes gene-ración 2010 los cuales cursan los días viernes y sábados materias de la tecnicatura de Relaciones Laborales dictadas por docentes que viajan ex-clusivamente a Rocha para dar cla-

se. En el acto inaugural participó una delegación de Montevideo integra-da por la Decana de Facultad de De-recho Prof. Esc. Dora Bagdassarián, el asistente académico de la decana Marcelo Telechea, el coordinador de la carrera de RRLL Juan Raso Delgue y los consejeros estudiantiles y re-presentantes del CED Nicolás Brener y Florencia Ualde. Desde el CED mantenemos un exce-lente vínculo con los compañeros de Rocha y Treinta y Tres y seguire-mos trabajando para que la carrera siga mejorando.

Dora Bagdassarián saludando a la nueva generación de estudiantes de RRLL en el CURE.



PRIMER ACERCAMIENTO CON LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Proyecto Liceos: 3 años de experiencia

Es muy probable que estando en al-gún salón de clase, hayas visto pasar a algún compañero del CED con un grupo de estudiantes liceales. Hace ya 3 años que el Centro Estu-diantes de Derecho lleva adelante el “Proyecto Liceos”. El mismo consiste en invitar a los grupos de 6to dere-cho de liceos públicos y privados de todo el país a visitar el edificio cen-tral de la Universidad y a conversar sobre la Facultad de Derecho a tra-vés de una visita guiada y la entrega de un material informativo. En estos últimos 3 años, el CED ha recibido a más de 3000 estudiantes de secundaria.

Para llevar adelante esta tarea, ha sido fundamental la participación de cientos de estudiantes de Fa-cultad (la mayoría de la generación entrante) los cuales se involucraron muy fuerte con este proyecto y han recibido a futuros compañeros con-tándoles experiencias, anécdotas, etc.Año a año hemos mejorado el pro-yecto, sobretodo en función de los comentarios de los propios estu-diantes de secundaria que participa-ron y de los apoyos de la Comisión Sectorial de Enseñanza (Universidad de la República). Los principales objetivos de este

Durante los meses de octubre / noviembre cientos de estudian-tes de secundaria visitan las distintas Facultades de la Univer-sidad para conocer la oferta académica, características de las carreras y tomar una decisión respecto a su futuro. En Facultad de Derecho, el CED los invita a conocer el edificio, tener una charla informativa y llevarse un librillo con información básica de la Universidad. A partir del Proyecto Liceos, el cual se realiza hace 3 años, el CED abre las puertas de la UdelaR.

proyecto son: 1. Acercar la Univer-sidad a la sociedad, 2. Facilitar el ingreso de futuros universitarios evacuando dudas o inquietudes, 3. Llegar a todos los departamentos del país, etc.En este artículo presentamos datos de los últimos 3 años y parte de un informe presentado a la Comisión Sectorial de Enseñanza de la tarea realizada.

Las visitas de los liceales incluyen un recorrido por el edificio central de la Universidad. En el 2010 recibimos más de 1000 estudiantes



En el 2009 se volvió a repetir la ex-periencia con la generación 2008 y 2009.En esa oportunidad se convocó a 40 liceos, llegando a los 1050 estu-diantes de secundaria que visitaron nuestra Facultad.Con la experiencia adquirida, de-cidimos presentar el proyecto a la convocatoria de proyectos estu-diantiles de la Comisión Sectorial de Enseñanza, logrando la financiación de un material informativo, lo que mejoró el desarrollo del proyecto. Asimismo, varios estudiantes de Fa-cultad fueron a sus liceos a dictar charlas informativas.

Este año se comenzó organizar el proyecto liceos en Agosto, se convo-co a estudiantes generación 2009 y 2010 a participar del mismo.Se han venido realizando varias re-uniones a las cuales han asistido más de 50 personas para coordinar las visitas de los liceos.La recorrida está a cargo de la ge-neración 2010 por lo que se han organizado Talleres sobre la Univer-sidad, sus funciones, el cogobierno, su funcionamiento, la oferta acadé-mica, la FEUU y las distintas becas que se ofrecen, para prepararlos para dar esas charlas.Seguiremos trabajando.

Año 2008 Año 2009 Año 2010El Centro Estudiantes de Derecho comienza a desarrollar esta línea de trabajo aprovechando los liceos que espontáneamente llegaban a la Uni-versidad solicitando información.Comenzamos llamando a los liceos públicos y privados de todo el país para coordinar fechas e invitarlos a conocer la Facultad de Derecho. Enviamos cartas y llamamos a una gran cantidad de liceos con la cola-boración de un grupo de estudiantes de Facultad de la generación 2008. Finalmente, visitaron Facultad más de 1000 estudiantes de secundaria de todo el país representando a más de 50 liceos.

En el marco de la convocatoria de la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) a participar del proyecto “La Previa” en el cual la Universidad invita a estudiantes universitarios a visitar liceos y compartir experiencias, el Centro Estudiantes de Derecho presentó un informe especifi-cando la actividad del CED durante los pasados 3 años en el cual se sintetiza todas las tareas realizadas, la cantidad de estudiantes universitarios que participaron y la cantidad de liceos que fueron convocados. A través de este proyecto, el Centro Estudiantes de Derecho llega a todos los departamentos del país invitando a participar a liceos tanto públicos como privados. La edición de un material informativo que complemente la charla realizada, permite que los estudiantes de secundaria tengan los contactos de los distintos servicios del área social y las páginas webs para poder consultar la oferta académica, los requisitos de ingreso y las perfiles de egreso. Seguiremos desarrollando ésta línea de trabajo e invitando a participar!.

Llegan a Facultad de Derecho liceos tanto públicos como privados de todo el país.



¿QUÉ HA HECHO EL CED EN MATERIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA?

Actividades de Extensión 2010

Llamado abierto y público a estudiantes

En el mes de MAYO se abrió un nue-vo llamado público que convocó a más de 150 estudiantes en la ins-cripción. Se han realizado 2 instan-cias de ingreso, de acuerdo al orden de prelación establecido mediante sorteo con escribano público, a tra-vés de las cuales se sumaron 100 estudiantes a la actividad de los diferentes consultorios barriales. Es de vital importancia la constante renovación y participación de nue-vos estudiantes en los consultorios, dinamizando la actividad y hacien-do de esta forma avanzar y mejorar la tarea emprendida.

Llamado a abogados todo el año

Se trata de un llamado que se en-cuentra abierto todo el año a través del cual se busca dar mayor difusión a la actividad y convocar a profesio-nales a que se acerquen y participen en el CED. Es muy importante la par-ticipación de profesionales en la ac-tividad de los consultorios barriales de forma cotidiana, como forma de no desvincularse de la UdelaR, brin-

dando un apoyo técnico-jurídico a los estudiantes y aportando para hacer efectivo el acceso a la justicia a través de los consultorios barriales del CED. Actualmente contamos con 20 profesionales que colaboran de forma honoraria con la tarea.

Proyecto en escuelas públicas Comisión gen10 extensión

A través de la conformación de una comisión de trabajo integrada por estudiantes de la generación 2010, se llevó adelante el proyecto deno-minado “Promoción de Derechos Humanos en Escuelas Públicas”. Se realizaron dinámicas de juegos, di-bujos a partir de la lectura de una

historia relacionada con los dere-chos de los niños y manualidades con los niños de 4º, 5º y 6º año de la Escuela Nº 6 (Estados Unidos) en el aula, tratando de que ellos cono-cieran un poco más de la temática y pudieran analizar en conjunto los diferentes derechos y deberes que tienen.

Incorporación de psicólogos y asistentes sociales a 4 consul-torios jurídicos

Ya desde el año 2009, por un acuerdo de trabajo realizado con la UdelaR, hemos venido trabajando con psicó-logos en el consultorio de MALVÍN NORTE, logrando este año extender

Desde el 20 de febrero la Secretaría de Extensión Universitaria comenzó a trabajar, como hace ya varios años, en el desempeño de las diferentes tareas del Programa “Consultorios Jurídicos Barriales Gratuitos”. Están involucrados en esta actividad más de 200 estudiantes y 20 profesio-nales de manera constante en los trece consultorios jurídicos barriales gratuitos del CED, lle-gando de forma anual a atender más de seis mil casos, trabajando con diversas organizaciones sociales y llegando incluso al interior del país a través del consultorio ubicado en la ciudad de Las Piedras - departamento de Canelones. Presentamos algunas de las actividades desarrolladas en el 2010.

Comisión gen 2010 de la Secretaría de Extensión Universitaria en el proyecto ESCUELAS



Talleres forenses en el marco de la actividad de los consul-torios barriales

Atendiendo a la necesidad de crear un ámbito de participación en el cual aprender, mejorar y evacuar dudas o cuestiones que tuvieran que ver con la materia forense y precisio-nes jurídicas, es que se realizaron di-versos talleres a cargo de estudian-tes y profesionales que participan de los consultorios jurídicos.

Jornada sobre violencia do-méstica

En el mes de setiembre se llevó adelante una Jornada sobre violen-cia doméstica. Abordaron el tema panelistas representantes de la Red contra la Violencia Doméstica, Ins-tituto Mujer y Sociedad, de la Se-cretaría de la Mujer de la IMM, del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio del Interior. En dicha Jornada se buscó dar a conocer las diferentes ópticas de esta proble-mática de interés social.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN. MAS INFO: www.cedfeuu.com.uy

Recientemente la secretaría de Extensión Universitaria del CED presentó a la CSEAM una “rendición de cuentas” con algunas de las actividades y proyectos realizados durante el año 2009 y el primer semestre de 2010 con apoyo de la Universidad, a través del Pro Rectorado de Extensión y Actividades en el Medio. Han quedado sin mencionar otras tantas tareas que se están llevando adelante en este segundo semestre así como las que son auto financiadas por el CED. El trabajo emprendido en ese período nos ha permitido crecer y mejorar en las tareas plan-teadas, a la vez que aportar desde nuestro lugar a las distintas propuestas de la Universidad. Creemos que el presentar las actividades realizadas y la elaboración de una rendición de cuentas es una forma de brindar las garantías pertinentes, a la vez que demostrar la serie-dad, transparencia y responsabilidad que caracterizan a las propuestas planteadas desde el Centro Estudiantes de Derecho.El documento completo está disponible en el blog de la secretaría: extensionced.blogspot.com y en la web del CED: www.cedfeuu.com.uy

este trabajo multidisciplinario a los consultorios de BELLA ITALIA, PUN-TA DE RIELES y CERRO. Además se han incorporado al consultorio de Malvín Norte docentes y estudian-tes de la Facultad de Ciencias So-ciales - UdelaR, lo que nos permite abarcar desde diferentes disciplinas (derecho – psicología – asistencia so-cial) las diversas problemáticas que se presentan. Se trata de una expe-riencia sumamente enriquecedora que busca acercar lo que realiza el CED hoy a la concepción actual de extensión universitaria y unir es-fuerzos entre diferentes actores que forman parte de la Universidad de la República.

Proyecto de sistematización y estadísticas

Desde el primer semestre se está trabajando en un nuevo proyec-to denominado “Sistematización y Proyección Estadística de Datos socio-jurídicos recogidos por el Pro-grama Consultorios Jurídicos Ba-rriales Gratuitos“. Se busca darle un mejor “aprove-chamiento” a la información que se le solicita a los consultantes en la declaración jurada, y de esta manera compilar datos estadísticos y siste-

matizar la información generada en estos años de trabajo, procurando recuperar el saber generado y que sirva como herramienta de trabajo para futuras iniciativas, líneas de in-vestigación y análisis.

Barriadas de difusión en los ba-rrios de Villa García, Piedras Blancas, Punta de Rieles, Centro, Cerro y La Teja

Con el fin de dar difusión de diversos temas en los barrios, la barriada es una herramienta que utilizamos para lograr un mayor contacto con los ve-cinos.

Convenio con la comisión barrial “Villa Esperanza” en Casabó

Es necesario, para la estabilidad de los consultorios, que se mantenga una política de convenios de diver-sos tipos. En este sentido, en el mes de agos-to, se concretó un convenio entre el CED y la comisión barrial que nos cede el local para el funcionamiento del consultorio jurídico en la zona de Casabó.



El texto que estará a consideración de la bancada de diputados del FA del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad es el siguiente:

Art. 1.- Declárase como interpretación auténtica de la Constitución de la República (artículo 85 numeral 20) que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las vio-laciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a la Constitución de la Repú-blica por la vía del art. 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República. Artículo 2. Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, art. 12) que los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 15.848 violan los arts. 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República siendo en consecuencia inaplicables. Artículo 3. En virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente ley:a) toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley 15.848, continuará de oficio, por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendiddas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales.b) sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de deli-tos de naturaleza prescriptibles, hayan o no sido incluidos en la caducidad establecida en el art. 1 de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986, no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el compren-dido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de promulgación de la presente ley.

LEY DE CADUCIDAD

El proyecto interpretativo

CED tribuna

La ley de caducidad ha sido un tema que el Centro Estu-diantes de Derecho ha traba-jado profundamente. En ese sentido, en la edición N° 27 de la revista Excepción (Abril 2009) publicamos un artículo del prof. Dr. Alberto Pérez Pérez respecto a la in-constitucionalidad de la ley y convocamos a firmar por la anulación. Hoy, la ley sigue siendo tema de discusión y en ese senti-do, presentamos otro artícu-lo, esta vez, del Prof. Daoíz Uriarte respecto al proyeto interpretativo presentado.



ARTÍCULO DEL DR. DAOÍZ URIARTE SOBRE EL PROYECTO INTERPRETATIVO

Una solución tardía pero imprescindible

Introducción

Si bien a alguien puede resultar innece-sario explicar las circunstancias particu-lares en las que surgió la ley 15.848, así como las múltiples irregularidades for-males y de fondo que acompañaron su espurio origen, nos parece imprescindi-ble hacer al menos una reseña limitada, para que el lector menos informado pue-da al menos hacerse una composición de lugar que justifique las razones por las cuales, aún hoy, a más de 21 años de su nacimiento, la insistencia en su desapari-ción representa, al menos para la mitad de nuestra población, una cuestión de principios.Al finalizar formalmente la dictadura, el 1º de Marzo de 1985, el retorno a la insti-tucionalidad adolecía aún de la fortaleza fáctica y jurídica necesaria para afirmar que realmente se había retornado a un régimen de Estado de Derecho. En efec-to, si bien las elecciones no habían sido fraudulentas en sentido estricto, cierto es que las mismas no se habían realiza-do rigurosamente de acuerdo a la norma constitucional, en tanto, existieron pros-cripciones que impedían a los ciudada-nos el libre ejercicio de la ciudadanía.Es así que, el fantasma de la dictadura perseguía en forma constante a las ins-

tituciones democráticas y anidaba sin duda en las almas de muchos de los ac-tores políticos y jurídicos del momento.Cuando los reclamos por acciones de justicia contra las gravísimas violaciones a los derechos humanos comenzaron a llegar a los tribunales, los militares co-menzaron a ganar tiempo mediante la interposición de la excepción de compe-tencia, reclamando que dichas acciones correspondían al fuero militar. La Supre-ma Corte de entonces, votó por unani-midad la competencia del fuero penal ordinario, a pesar del voto en contra de los integrantes militares. Descartada en-tonces esta vía, las citaciones comenza-ron a llegar y generaron una postura de fuerza encabezada por el General Medi-na (entonces General en Jefe del Ejérci-to) quien desobedeciendo abiertamente al Poder Judicial, retuvo dichas citacio-nes en la caja fuerte. Era una clara pul-seada entre el poder político y el poder militar aunque en realidad lo era entre la democracia y la dictadura.En ese momento, una mayoría parla-mentaria coyuntural, optó por ceder a la presión militar, y, reconociendo que no tenía capacidad de obligar a los militares a concurrir a declarar, optó por encubrir dicha situación generando una ley muy particular, no representaba mucho más

que un indulto o una amnistía, sino la lisa y llana renuncia a toda acción judi-cial o administrativa, contra los actos de violación a los derechos humanos come-tidos por policías y militares durante la dictadura. En los hechos esta ley fue mu-cho más allá que cualquiera de las nor-mas similares generadas en situaciones similares por lo países de la región, como Argentina, Perú, Chile, etc. ya que en ge-neral en estos casos existían investiga-ciones previas, inclusive condenas, etc.Desde este punto de vista la protección a la impunidad de los responsables de estas violaciones pretendía, por medio de esta ley, ser tan completa como fuera posible y no dejar margen alguno para que pudiera investigarse dichos delitos.Contra esta ley, se iniciaron acciones de inconstitucionalidad no bien fuera aprobada, pero la Suprema Corte de en-tonces, por una mayoría de tres a dos, sostuvo que se trataba de una ley de am-nistía (aunque expresamente se había negado tal hipótesis en el parlamento)y la declaró constitucional. Luego se inició un recurso de referéndum que alcanzó los votos necesarios en 1989. Veinte años después nuevamente se in-tentó anular la ley mediante una inicia-tiva popular la que plebiscitada fracasó por muy escaso margen. Casi al mismo tiempo la Suprema Corte dictó una no-vedosa sentencia 365/09 la cual, por unanimidad de sus integrantes esta vez, declaró inconstitucional la ley a pedido de la Fiscal, Dra. Mirtha Guianze. Asimis-mo, a comienzos de esta año, apenas unos meses después del pronunciamien-to de la Suprema Corte y del fracaso del plebiscito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelve que la aplicación de la ley 15.848, en el caso de Macarena Gelman, viola la Conven-ción Americana de Derechos Humanos y decide acusar al Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo entre otras cosas, la elimina-ción total de los efectos de dicha ley.



¿Porqué es inconstitucional la ley 15. 848?

Tratando de resumir las argumentacio-nes de la Suprema Corte de Justicia al dictar la Sentencia 365/09 que a su vez hace caudal en los argumentos de las discordias de los miembros de la Su-prema Corte en 1987, Jacinta Balbela y García Otero, y en un excelente trabajo de la Dra. Alicia Castro, señalaba bási-camente:1.- La lógica de los hechos no es fuente de derecho aceptada en nuestro ordena-miento jurídico. Ningún acuerdo político (dice la actual sentencia) cuenta con pre-visión constitucional que autorice a des-conocer lo que establecen los arts. 4 y 82 de la Constitución.2.- Si bien la ley permite la amnistía de acuerdo al art. 85 num.14, esta ley no es ni un indulto ni una amnistía. Sin perjui-cio de que no lo dice expresamente la ley requiere una mayoría especial que no se obtuvo.3.- La función jurisdiccional de neto ran-go constitucional no puede ser otorgada a otra autoridad o Poder del Estado sin transgredir el principio de separación de poderes. La potestad del ejecutivo de determinar si un caso debía incluirse o no dentro de la ley, como condición pre-via y necesaria, de contenido obligatorio para el Juez constituía una clásica desvia-ción de funciones y sustitución del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo en el caso.A estas importantes razones de carác-ter estrictamente doméstico, la Supre-ma Corte de Justicia, agregó una razón más fundamental aún, la violación de la normativa internacional de Derechos Humanos, contenida en los Pactos In-ternacionales, así como en el Derecho Humanitario y las normas de Ius Cogens internacional.

Despejando algunas dudas

1º.- Los plebiscitos frustrados de 1989 y 2009, no le confirieron a la ley de ca-ducidad ningún tipo de legitimación, ni podían dársela. En nada alteraron su na-turaleza por lo que resulta bien claro que sigue siendo una ley y como tal objeto de

análisis, virtualmente objeto de acción de inconstitucionalidad, sujeta al orden jerárquico de nuestro sistema jurídico, y finalmente derogable por el parlamento, sin requerir mayoría especial. Por otra parte, en materia de derechos individua-les, su derogación por un plebiscito, no es pensable, ya que los mismos integran la base misma del pacto social. Como bien lo ha afirmado la Suprema Corte de Justicia a) el referéndum no proyec-ta consecuencia relevante alguna con relación al análisis de constitucionalidad que se debe realizar. El Soberano no fue consultado sobre la naturaleza jurídica ni sobre las mayorías con las que se dictó la ley sino exclusivamente sobre si hacer o no lugar al recurso b) el rechazo de la de-rogación no extiende su eficacia al punto de otorgar cobertura de constitucionali-dad a una norma legal “ab origine” por transgredir normas o principios consa-grados o reconocidos por la Carta.2º.- No es una ley de amnistía, indulto o gracia, por varias razones: a) porque lo negó en su propia invocación b) porque no reunió las mayorías necesarias c) por-que ya se había descartado y por tanto no podía ser presentada como tal dentro del mismo período legislativo d) porque la Suprema Corte recientemente lo ha declarado en forma terminante.3º.- En ningún caso su derogación y/o anulación podría significar la liberación, absolución, o archivo de los casos actual-mente juzgados por crímenes de la dic-tadura. Esto es un absurdo jurídico, en tanto, cualquiera de estos casos se basa justamente en la no aplicación de la ley de caducidad.

¿Es necesario dictar una ley para eliminar los efectos de la ley de caducidad?

Por supuesto que la pregunta es perti-nente dado que, la Suprema Corte de Justicia, se ha expresado y todo indica que se seguirá expresando en el mismo sentido. Pero como sabemos, de acuer-do a lo dispuesto en el art. 211 de la Constitución la Suprema Corte se con-tinuará expresando para cada caso en concreto y siempre y cuando se utilice

por el interesado, o de oficio, la vía de la declaración de inconstitucionalidad. De lo contrario, la norma inconstitucio-nal se podría seguir aplicando por los jueces, y además mantendría su vigencia de tal modo que ser potencialmente vio-latoria en forma continua, de varias nor-mas internacionales, y en particular de la Convención Americana de Derechos Humanos, sometiéndonos a la conde-na internacional por incumplimiento de nuestras obligaciones, dado que la deci-sión individual de la Suprema Corte, no nos libera de dicho incumplimiento. Por otra parte, siempre cabe la posibilidad de que la Suprema Corte pudiera variar de posición o bien, que no se utilice la vía de la inconstitucionalidad, por omi-sión de la parte o del magistrado.

¿Por qué no se utilizó antes?

Por supuesto que esta pregunta es per-tinente. En los más de veinte años de vi-gencia de esta norma, muchas cosas han cambiado, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional. Luego de todo este tiempo el proceso democrático de nues-tro país y de la región se ha afirmado en forma terminante y definitiva. La con-ciencia pública de la obligación de respe-tar los derechos humanos, así como de juzgar todos los casos de violación de de-rechos, no sólo se ha afirmado en el Uru-guay sino en el mundo entero, alcanzaría simplemente con señalar la creación de los Tribunales para la Ex Yugoeslavia, Ruanda y finalmente y más importante, el Tribunal Penal Internacional, al que nuestro país ha adherido. Cientos son los casos de criminales de lesa humanidad que han sido juzgados y que son reque-ridos por la justicia de todos los países. Por otra parte, la Jurisprudencia de la Corte Interamericana ha mantenido una actitud constante de condenar en forma reiterada las amnistías e indultos otorga-dos a los responsables de las violaciones a Derechos Humanos en el continente, lo que motivara que Argentina, Chile, y Perú, tuvieran que juzgar a los respon-sables.Asimismo, el proceso político del Uru-guay determinó que el Estado comenza-



ra a reconocer no solo la existencia sino la gravedad de las violaciones y su res-ponsabilidad institucional, durante el go-bierno de Batlle primero con la creación de la Comisión para la Paz, y luego, du-rante el gobierno de Vázquez, con la apa-rición de restos de las víctimas (Chávez Sosa, Miranda) y el reconocimiento ofi-cial de la responsabilidad de la Fuerzas Armadas, así como la desaplicación por el Poder Ejecutivo de la ley 15.848 que permitió el juzgamiento a los militares.Todo ello fue demostrando, además de la inconstitucionalidad y la oposición a los principios de derecho internacional de derechos humanos, la aberración que significaba mantener en el orden jurídico nacional la vigencia de dicha norma.Finalmente la Sentencia 365/09, así como la condena por parte de la Comi-sión Interamericana que hace prever la sentencia de igual sentido de la Corte In-teramericana, impone solucionar en for-ma definitiva la situación de ilegitimidad manifiesta creada por la vigencia formal de la ley 15.848.

El Proyecto presentado al Poder Legislativo

De lo expuesto anteriormente surge la necesidad de dejar sin efecto la ley con carácter general, pero, el proyecto no sería razonable ni valedero, si no tuviese objetivos de carácter más amplio, reafir-mando una posición madura y razona-da, vanguardista en ciertos aspectos de nuestra Suprema Corte de Justicia. Por eso su objeto va mucho más allá de la eliminación formal de los efectos de la ley, sino que su existencia se justifica en la necesidad de reconocer la existencia de una herramienta jurídica constitucio-nal que nos permite adecuarnos a la rea-lidad y a la exigencia de la nueva etapa actual de la Humanidad en materia de Derechos Humanos. Seguiremos en este análisis la exposición de motivos, en cuya redacción participa-mos activamente, y que creemos esta-blece una clara defensa y fundamenta-ción del proyecto. Artículo1º.- Declárese como interpre-tación auténtica de la Constitución de

la República (artículo 85 numeral 20) que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, per-secución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la Repúbli-ca y por las normas de ius cogens, están incorporadas a la Constitución de la Re-pública por la vía del art. 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tri-bunales de la República. Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Diciembre de 1948, el Derecho Inter-nacional de los Derechos Humanos ha representado la máxima garantía de los Derechos de la persona humana, in-dependientemente de su condición de raza, sexo, religión o nacionalidad.En tal sentido, la legislación, la doctrina y la jurisprudencia internacional, y domés-tica ha tenido un continuo y manifiesto avance en el sentido de reconocer el predominio de estas normas por sobre toda norma de carácter interno de los Estados, inclusive, respecto de las nor-mas constitucionales.Superadas las tesis dualistas, el proceso de reconocimiento de la prevalencia del derecho internacional de los derechos humanos, ha llevado a los diversos or-denamientos nacionales y regionales a reconocer inclusive la validez de estas normas como un estándar mínimo in-dispensable, que constituye un bloque inexpugnable, frente al cual deben ceder no solamente las normas internas, aún las de rango constitucional.No somos los únicos ni los primeros en este rumbo. La Jurisprudencia consti-tucional de Costa Rica hace ya más de quince años señalaba: “como lo ha re-conocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica, tienen no so-lamente un valor similar a la Constitu-ción Política, sin que en la medida en que otorguen mayores derechos o ga-rantías a las personas priman sobre la

Constitución (Sentencia 2313-95, del 9.5.95 , 3435/92).”(Sentencia 2313-95 del 9.V.1995. Considerando VI Citado por Rodolfo Piza Escalante en Liber Amico-rum Hector Fix-Zamudio Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos S.Jose , Costa Rica 1998) .Coherente con esto la Suprema Corte de Justicia de nuestro país reconoció que los principios y normas de derecho internacional, que constituyen un todo con la parte dogmática de nuestra Cons-titución y deben considerarse incorpo-radas a esta de acuerdo con el art. 72 de la Carta al señalar “no puede ahora invocarse la teoría clásica de la sobera-nía para defender la potestad estatal de limitar la protección jurídica de los dere-chos humanos… los derechos esenciales no pueden ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni originario ni derivado.” (Sentencia no. 365/2009 SCJ). Por otra parte, el principio de jerarquía de la norma impone al tribunal, apli-car la norma de mayor jerarquía, y, por tanto resulta hoy, un principio general la aplicación de la norma internacional de derechos humanos, en virtud de su incorporación a través del art. 72 de la Constitución, por tratarse de una norma superior a cualquier ley nacional.Por último pero no menor, la Conven-ción Americana de Derechos Humanos fue aprobada por ley 15.737 y ratificada debidamente por Uruguay en 1985. Por tanto, sus normas, en tanto reconoce de-rechos inherentes a la persona humana se incorporaron de pleno derecho, en el art. 72 por lo que, resulta claro que una ley posterior no puede derogar derechos constitucionalmente garantidos. En tal sentido la norma propuesta recoge este principio de jerarquía de la norma internacional, y su incorporación al blo-que constitucional de derechos, efec-tuando un reconocimiento legal de esta situación, con el objetivo de unificar la jurisprudencia al respecto. Artículo 2º.- Declárese como interpre-tación obligatoria (Código Civil, art. 12) que los arts. 1,2, 3 y 4 de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986, violan los arts. 4, 72, 83, y 233 de la Constitución



de la República siendo en consecuencia inaplicables. Es imposible para todo poder público reconocer la existencia de una norma inconstitucional y no actuar para dejar-la sin efecto alguno. En el caso concreto cabe señalar que los tres poderes del Es-tado, se han expresado, a raíz del caso ci-tado respecto de la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la misma. En primer lugar el Poder Ejecutivo, al decidir ex-cluir de la ley de caducidad a partir del año 2005, a todos los casos en los que fue consultado y responder en tal sen-tido a la vista conferida por la Suprema Corte de Justicia. En idéntico sentido se expresó el Poder Legislativo en la vista que oportunamente se le confiriera. Y finalmente la Suprema Corte de Justicia en la sentencia.Citando a Kelsen, Sánchez Carnelli se-ñala “la declaración de inconstituciona-lidad de una ley supone la violación del derecho por el Legislador. Así, el acto le-gislativo, colocado en el ámbito de un or-den inferior, en cuanto está limitado por el orden supremo – Constitución – está sometido al contralor jurisdiccional. Este contralor ha sido confiado a la Suprema Corte de Justicia, como órgano superior del Poder Judicial” (, Declaración de in-constitucionalidad de los actos legisla-tivos. Pg. 139 FCU. Mdeo. 2005). Esta situación impone al legislador el deber de actuar para darle efectos generales evitando de esta forma la discrimina-ción que puede surgir de la aplicación desigual de las leyes violentando en los hechos el art. 8 de la Constitución.La norma en cuestión propone la aplica-ción directa de la norma internacional por parte de los jueces, con carácter obligatorio. ¿Esto significa acaso el des-conocimiento de los arts. 257 y 258 de la Constitución?En absoluto, la interpretación es total-mente compatible con ellos, simple-mente permite a los jueces la aplicación directa del derecho internacional, sin tener que recurrir al trámite de inconsti-tucionalidad, pero, quienes obviamente entiendan lo podrán recurrir al art.258 inc.3º.

Si bien la declaración de inconstitucio-nalidad de la ley solo tiene efecto para el caso concreto en que se ha dictado sentencia, resulta claro que el reconoci-miento constante de la inconstitucionali-dad de una norma, obliga a los jueces a considerar la desaplicación de la misma en virtud de los principios generales del derecho. Así ningún juez de la República ha dudado en la desaplicación del art. 165 del Código Penal, pese a que no exis-te registro de que el mismo haya sido de-rogado expresamente por norma alguna.Ya oportunamente la sentencia 22/93 de la Suprema Corte de Justicia, seña-laba que “la interpretación de la CONS-TITUCION no es monopolio exclusivo de la Suprema Corte de Justicia: ninguna norma de derecho positivo consagra una tal exclusividad… y tanto la justicia ordinaria como el Tribunal de lo Conten-cioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, y en general, todo órgano público deben interpretar la Constitución para y a la luz de sus dis-posiciones, aplicar los textos legales y re-glamentarios… no es por cierto la de que se le haya sido atribuida en forma exclu-siva la custodia de la CONSTITUCION: todos los órganos públicos, en especial los jueces, deben velar por la primacía del texto constitucional frente a normas jurídicas de menor jerarquía….”Al respecto señala Sánchez Carnelli co-mentando esta sentencia “En el futuro el Juez de la causa, puede opinar compar-tiendo la tesis. Su independencia técnica lo habilita. Puede entender que tiene competencia para resolver los casos de existencia de derogación de la ley ante-rior a la Constitución por esta última. Por lo cual serían muchos… los casos que no llegarían a la Corte, siempre y cuando no alcance el conocimiento de la litis por la vía de interposición de Recurso de Casa-ción, que es otra posibilidad muy reduci-da. Solamente se elevarían los casos en que el Juez de la causa no compartiera la tesis de la derogación. Pensamos enton-ces que, la situación podría fácilmente llegar a ser definitiva. Se agilitará consi-derablemente la Administración de Justi-cia, por la inmediatez del procedimiento.(Sanchez Carnelli Lorenzo, Declaración

de inconstitucionalidad de los actos le-gislativos. Pg. 145 FCU. Mdeo. 2005).Enseñaba el ilustre Justino Jiménez de Aréchaga, en la Defensa jurídica de la Constitución, “Hemos visto ya que la Constitución se integra con dos partes distintas, la dogmática o sustantiva, en la cual se declaran y salvaguardan los derechos de los ciudadanos y personas jurídicas, y la parte orgánica, en la que se fijan las normas para la estructuración del Estado y sus diversas actividades…. El individuo dentro del Estado puede hacer todo lo que no se encuentre pro-hibido por el orden jurídico: el Estado puede hacer solamente lo que en forma expresa le está permitido realizar. Esto nos da un nuevo criterio afirmativo, que nos faculta para rechazar en términos absolutos la posibilidad de que una cos-tumbre o una ley que no se sujete a los requisitos constitucionalmente prescrip-tos corrija la competencia atribuída al Estado, facultándolo a hacer lo que por el texto le era cometido. Debe recordar-se además y es consecuencia de lo que ya hemos dicho, que el Estado, además de ser un sistema de normas, implica una idea moral”(Teoría del Gobierno tomo II FCU.1977 pg.134)En el mismo trabajo cita al Juez Marshall, cuando señala que “o admitimos que la Constitución anula cualquier medida le-gislativa que la contraríe, o consentimos en que la Legislatura pueda alterarla por medidas ordinarias. O la Constitución es una ley superior, soberana, irreformable por medios comunes o se nivela con los actos de legislación usual, convirtiéndo-se en reformable al sabor de la legislatu-ra. Si la primera proposición es verdade-ra, entonces el acto legislativo, contrario a la Constitución, no será ley, si es ver-dadera la segunda, entonces las Consti-tuciones escritas son absurdos esfuerzos del pueblo para limitar un poder por su naturaleza ilimitada. Todos los que han sancionado constituciones escritas, lo hicieron siempre con el intento de esta-blecer la ley fundamental y suprema de la nación, y , por consiguiente la teoría de tales gobiernos debe ser que cual-quier acto de la legislatura ofensivo a la Constitución es nulo. Esta doctrina está



esencialmente ligada a las Constitucio-nes escritas y por tanto se debe observar como uno de los principales fundamen-tos de la sociedad”(pg.131).Asimismo y refiriéndose a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad dice Jiménez de Aréchaga “Vulgarmente se afirma – y no es exacto- que es ésta una facultad privativa de la Suprema corte: cualquier Juez puede decretar la inconstitucionalidad de una ley. Pero la decisión sobre inconstitucionalidad, en cualquier caso, no aprovecha sino a las partes…..”. Y más adelante señala “En la Constitución de los Estados Unidos de Norte América, rige el mismo principio (que la nuestra) y por ello puede afir-marse que en ella y en nuestro país, y en todos los demás que adoptan el princi-pio del juicio particular, la ley inconstitu-cional en principio es nula; pero la justi-cia no declara su nulidad, no la deroga. La declara inaplicable en el litigio en que se promueve su declaración y esa decla-ración sólo tiene fuerza ejecutoria en el caso debatido.” (pag. 135).A su vez Martín Risso cita entre las po-siciones afirmativas a la posibilidad de desaplicar las normas legales claramen-te inconstitucionales sin necesidad de recurrir previamente a la Suprema Corte de Justicia, al Fiscal de Gobierno de Pri-mer Turno que consideraba “Si el Poder Ejecutivo tienen la obligación de cumplir la Constitución , de cuyo cometido es responsable, civil y políticamente, el Pre-sidente de la República –artículos 24,84, 160- no sería lógico ni sensato, cercenar-le la facultad de juicio para apreciar, ín-tegramente, los elementos de sus actos, precisamente de aquellos que una vez realizado son violatorios de la Constitu-ción”Juan Andrés Ramírez concluyo en que tanto los particulares como los órganos públicos (incluyendo al Poder Ejecutivo), están habilitados para no aplicar una ley que consideran inconstitucional, que-dando la cuestión librada a la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justi-cia.Cassinelli Muñoz, en La Defensa jurídica de la Constitución, sostuvo que como defensa de la misma, es posible que tan-

to los particulares como los órganos es-tatales, dejen de aplicar una disposición legal que consideran inconstitucional, y en la medida que estén convencidos de que tendrán éxito en sede jurisdiccional, apliquen directamente la Constitución con prescindencia de la norma de je-rarquía inferior contraria a Derecho. El fundamento estaría en la solución de principio de que frente al conflicto entre dos normas la que debe aplicarse es la de mayor jerarquía salvo que medie ex-cepción expresa.Martín Risso señala refiriéndose a las potestades de interpretación Constitu-cional de la Asamblea General (art. 85 núm. 20) que la interpretación cons-titucional realizada por una norma de inferior jerarquía a la norma interpreta-da, tendrá la eficacia de cualquier ley, agregando que como enseñaba Jiménez de Aréchaga, esa interpretación será ge-neralmente obligatoria como cualquier ley. Más adelante señala inclusive que, fuera de la función jurisdiccional, en materia de interpretación constitucional y legal, regirán los principios genera-les, y el interesado aplicará la totalidad del ordenamiento jurídico (y no sólo la ley), resolviendo las contradicciones de acuerdo a los principios ya enunciados (jerarquía y temporalidad). (Derecho Constitucional pg.226 y sts. FCU Mdeo. 2006)Asimismo en otra obra, Risso expresa “el intérprete no tiene libertad ni discrecio-nalidad para buscar los principios sino que éstos le son dados, a veces en forma expresa (por ejemplos los artículos 7 y 8 de la Constitución) , otras en forma im-plícita y otras por la vía del artículo 72 de la Carta. Y es dentro de estos principios que se mueve dicha discrecionalidad o margen de la decisión del juez. Pero además debe tenerse presente que esos principios generales son en definitiva la formulación jurídica de los valores supe-riores de la comunidad nacional (plas-mados en la Constitución) y de la co-munidad internacional (plasmados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos). O sea que son estos valores los que enmarcan la labor judicial.” (Al-gunas Garantías Básica de los Derechos

Humanos. Risso Ferrand. FCU. Mdeo. 2008).La declaración con carácter obligatorio busca llevar a los jueces a que apliquen directamente la constitución, declarar inaplicable la ley de caducidad. Ello sur-ge de la disposición del art. 1º, y desde esa óptica, permite que el juez de la cau-sa desaplique sin que necesariamente deba consultar a la Suprema Corte de Justicia, en tanto tiene una norma de carácter general y obligatorio que se lo permite, del mismo rango y posterior.Ello no impide por supuesto que ante la duda el juez pueda recurrir a las disposi-ciones del art. 256 y sts.Pero en todo caso una norma inconsti-tucional y violatoria de la Convención Americana así como de otros tratados internacionales y normas consuetudi-narias de derechos humanitario, como la ley 15.848, dejará de tener todo valor por cuanto, la presente ley, ordena su desaplicación, le quita todo efecto jurí-dico y fija el criterio de interpretación, ordenando la aplicación de las normas de derecho internacional de los dere-chos humanos, en forma directa. Debe destacarse que esta norma propuesta no hace más que reconocer y dar cum-plimiento con carácter general, cosa que corresponde al Poder Legislativo, de lo decidido unánimemente por la senten-cia de la Suprema Corte de Justicia (con-forme a lo dispuesto por el C.G.P.) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 12.607.-Artículo 3º.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente ley: a) toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o ar-chivada por aplicación de la Ley 15.848, continuará de oficio, por la mera solici-tud del interesado o del Ministerio Pú-blico y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales. b) sin perjuicio de los delitos impres-criptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles, hayan o no sido incluidos en la caducidad estable-



DESDE LA OTRA VEREDA

Entrevista al Dr. Luis Alberto Lacalle

cida en el art. 1 de la Ley 15.848, no se computará en ningún caso para el térmi-no de prescripción, el comprendido en-tre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de promulgación de la presente ley.

Debe considerarse que las decisiones de carácter administrativo adoptadas por el Poder Ejecutivo, además de violentar el principio de separación de Poderes, que es la base del sistema democrático repu-blicano de gobierno, tuvieron por efecto impedir la investigación en la etapa del Presumario. Por tanto las resoluciones de archivo adoptadas por el Poder Ju-dicial en función de la vigencia de las disposiciones de la ley 15.848, no gene-raron una sentencia o una decisión que pasara en autoridad de cosa juzgada. Al removerse el obstáculo administrativo el Poder Judicial recupera sus facultades de investigación respecto de los hechos y las pruebas aportadas, así como sus competencias de juzgar y castigar en los casos sometidos a su jurisdicción.El proyecto además tiene como clara consecuencia la imprescriptibilidad de los delitos que puedan ser considera-dos de lesa humanidad o contrarios al derecho humanitario, conforme a las disposiciones internacionales, estable-ciendo al mismo tiempo una suspensión del plazo, durante el cual inclusive aque-llos delitos que pudieran ser objeto de prescripción, no pudieron ser objeto de investigación, juzgamiento y castigo, por estar en vigencia la ley 15.848. Resulta claro que la posibilidad real de reclamar el juzgamiento de tales delitos no existió, pero tampoco existió la posibilidad for-mal, dado que el condicionamiento a la anuencia del Poder Ejecutivo constituía una inconstitucionalidad manifiesta im-posible soslayar.

Consideraciones Finales

La norma proyectada, de ser sancionada tendría además un claro objetivo simbó-lico: restablecer plenamente la dignidad de la República ante el pueblo uruguayo y la comunidad internacional, en tanto declara la incompatibilidad absoluta de los artículos 1, 2,3, y 4 de la ley 15.848

como inexistentes por incompatibilidad absoluta con la Constitución de la Repú-blica y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que nuestro país reconoce y/o ha ratifi-cado. Resulta claro que la norma proyectada no vulnera ningún artículo de la Cons-titución de la República, ni su espíritu garantista de los derechos, sino por el contrario cumple con el deber de pro-tección asignado por el art. 7 de la Carta. Por otra parte debe señalarse que la ley 15.848 nunca pudo interpretarse váli-damente como una amnistía, o indulto, como lo ha señalado claramente la Su-prema Corte de Justicia en la Sentencia 365/09 ya mencionada.Mantener en nuestro ordenamiento ju-rídico una norma con tal contenido e in-consistencia compromete nuestro pres-tigio internacional como país respetuoso de los derechos de las personas, y de los principios más caros al sistema democrá-tico representativo de gobierno. Mucho podrá opinarse y sin duda mu-chas bibliotecas podrán utilizarse para sostener desde el punto de vista formal la viabilidad o no de esta norma. Sin duda muchos países y doctrinos resis-ten aún hoy incorporar a su Constitución los principios internacionales y sienten violentada su soberanía. Pero el mundo avanza hacia la protección integral de la persona humana. Absurdo sería refu-giarse en la soberanía para desconocer los derechos de los individuos, cuando hoy está claro sin duda, que la humani-dad avanza a poner como centro a la per-sona, único objeto y fin de la sociedad, y del Estado. No busquemos pretextos formales para eludir nuestra responsa-bilidad como país y como individuos, reconozcamos que la justicia y el dere-cho exigen terminar de una vez con la incongruencia de reconocer la existencia de una grosera inconstitucionalidad que nos ensombrece como pueblo digno y respetuoso de los derechos humanos y de nuestros compromisos internaciona-les.

Prof. Dr. Daoíz Uriarte

En una entrevista telefónica con EX-CEPCIÓN, el Dr. Luis Alberto Lacalle opinó sobre el proyecto de ley pre-sentado por el Frente Amplio al Parla-mento (norma interpretativa de la ley 15.848 que refiere a la caducidad de la pretensión punitiva del Estado).En dicha entrevista el Senador calificó la iniciativa de “inoportuna”, “incon-veniente” e “inconstitucional” ha-ciendo especial énfasis en esto último argumentando que se busca hacer una “derogación por parte del parlamen-to” violando así de forma clara nuestra Constitución.A su vez se manifestó en contra del proyecto desde el entendido de que “hay que tener respeto a la ciudadanía y su opinión” y en este caso, el cuerpo electoral se pronunció por la negativa ya dos veces al respecto.Según el Dr. Lacalle “se trata de una ley que se consagró como una amnistía en un contexto histórico dado y cam-biarla ahora no condice con aquélla realidad”.Sobre la posición del Partido Nacional, nos informó que estima que no se apo-yará esta iniciativa en el parlamento.Desde la Secretaría de DDHH del CED seguiremos dando tratamiento al tema en Jornadas Académicas, mantenete informado y participá.

*El informe completo del Dr. Daoíz Uriarte, un informe del Dr. Felipe Lu-zardo y más Información sobre el tema podés encontrarlo en el blog de la se-cretaría de DDHH del CED (cedddhh.blogspot.com).



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DEL CED

Ciclo académico sobre: “La problemática del sistema carcelario en nuestro país”

En los días 8 y 9 del pasado mes se realizó, en el marco de la Se-cretaría de Derechos humanos, un ciclo sobre: “la problemá-tica del sistema carcelario en nuestro país”.El ciclo se dividió en dos jorna-das: la primera consistió en: “la problemática carcelaria actual en nuestro país” a cargo de una representante del Comisionado Parlamenta-rio, de un representante de la Dirección de Cárceles y por el sociólogo Rafael Bayce.La visión desde los derechos humanos fue dada por el Prof. Alberto Pérez Pérez (director

dar es, en primer lugar, un llamado a la reflexión y a la conciencia, de la responsa-bilidad que nos atañe como estudiantes de derecho y como universitarios a empe-zar a informarnos sobre los temas que afectan a nuestra sociedad y a empezar a ge-nerar nuevo conocimiento académico para contribuir a un análisis que lleve o tien-da a encontrar salida a esos problemas, y en segundo lugar, una amplia convo-catoria a los estudiantes a involucrarse con estas acti-vidades y con estás instan-cias, que hacen parte de la vida universitaria y con el ser universitario, ese ser crítico, reflexivo y solidario con su sociedad.

Secretaría de DDHHCED-ASCEEP-FEUU

del instituto de derechos hu-manos y del Instituto de dere-cho constitucional)La segunda jornada se realizó el día 9 de setiembre y el tema fue: “Perspectivas de salidas y soluciones a futuro”.En la jornada expusieron: la Licenciada Gabriela Fulco (en representación del Ministerio del Interior), el Dr. Fagúndez, y nuevamente el sociólogo Rafael Bayce.La actividad que se realizó, está enmarcada en uno de los prin-cipales objetivos de la Secreta-ría, de promover el interés y la conciencia de los estudiantes universitarios de nuestra Fa-cultad, por las problemáticas de nuestra sociedad, en las cuales están involucrados im-portantes aspectos de los dere-chos humanos.A partir de este ciclo, se da co-mienzo a la senda de la profun-dización en estas temáticas.El mensaje que se intenta

Este segundo semestre 2010 la comisión de Derechos Huma-nos del CED resolvió tratar el tema de sistema carcelario orga-nizando un ciclo académico .



POSICIÓN DEL DR. SOC. RAFAEL BAYCE

“Ni ilustrados ni valientes: una mirada crítica de la situación actual en el sistema carcelario”

Estoy totalmente de acuerdo en que el tema es un tema importante, que es un tema de almacenamiento, que es un problema de orientación edi-licia, problema de la erradicación y la transformación de la gente que controla a los reclusos, estoy de acuerdo, pero creo que el principal problema aquí es el absurdo o imagi-nario poblacional sobre el tema y las pésimas políticas criminales llevadas por el país independientemente del partido político, independientemen-te de la fracción del partido político hegemónico en el gobierno. Creo que esos son los problemas princi-pales. Los temas propiamente car-celarios, son importantes, pero un detalle en el marco de toda una gran concepción equivocada que la gente tiene sobre cómo son las cosas. En este sentido, hay dos problemas principales: por un lado la elección equivocada de la política criminal eterna en el país y sin fin; por otro lado el imaginario popular alimen-tado perversamente por una canti-dad de fenómenos lo cual se vuelve

A continuación transcribimos la primera parte de la expo-sición del Dr. Soc. Rafael Ba-yce durante el ciclo sobre “La problemática del sistema car-celario en nuestro país” orga-nizado por la secretaría de De-rechos Humanos del CED.

contraproducente para solucionar los problemas graves que sin duda existen.Estamos faltándole a Artigas que decía “Sean los orientales tan ilus-trados como valientes” no siendo ni ilustrados ni valientes y vamos a decir por qué. En primer lugar, VALIENTE, no se le puede llamar a una población que encierra a mucha más gente que la que delinque con respecto a los de-más países, es decir, en Uruguay hay una sobretasa de procesamientos y de sentencias y por lo consiguiente de hacinamiento que tiene que ver con una cantidad de factores que alimentan eso y que en ningún caso está justificado por la criminalidad.Uruguay tiene una desmesura res-pecto a lo que “siente como inse-guro” que es mucho mayor a todos los demás países, inclusive de países que son objetivamente mucho más

inseguros. Estamos entonces frente a una población que castiga desme-suradamente y se imagina desmesu-radamente lo que le ocurrirá, exis-tiendo una divergencia creciente y enorme entre las probabilidades objetivas de ser victimado y ser vic-timizado de manera violenta o peli-grosa en lo físico o en el patrimonio y las probabilidades reales y obje-tivas de que ello suceda. Esto lleva a que a opinión pública pidan me-didas que no han contribuido a so-lucionar este problema en ninguna parte del mundo ni van a contribuir acá, pero los poderes del Estado le hacen caso por razones electorales o de otro tipo.El problema que tenemos es el “ima-ginario poblacional ni ilustrado ni va-liente”, absurdo, que además forma parte de un complejo de políticas generales absolutamente equivoca-das porque las políticas criminales

Dr. Sociólogo Rafael Bayce en el ciclo de ddhh del CED



uruguayas de todos los gobiernos sin distinción, copian a los países que no han tenido éxito en ninguna de sus políticas criminales. Las políticas uruguayas han copiado las políticas norteamericanas, francesas e ingle-sas que son tres países que han te-nido la derrota más calamitosa con respecto a la delincuencia que hay, nadie encierra más gente nadie re-habilita menos, nadie gasta más que esos países. He aquí la primera cosa que nos quita la calidad de pueblo ILUSTRADO. El problema no radica en que se imite a los países que no han tenido éxito, sino en que no se imite nada de los que sí lo han teni-do, como es el caso de países como Bélgica, Holanda, Finlandia, Suecia, Islandia, aunque después las políti-cas comunitarias derrumbaron las políticas Nacionales.Estas políticas exitosas están basadas en cuatro principios fundamentales, que son cuatro cosas que el Uruguay hace absolutamente al revés.1. Despenalización de con-ductas ilegítimas y búsqueda de minimización de las infracciones penales. El Uruguay tiene tipificadas infracciones penales desmesuradas. Les llaman copamiento, rapiña, ab-surdos, son una respuesta simbólica a los clamores de la población, que

no corresponden.2. Desjudicializar los conflic-tos sociales. Se tienden a resolver en primera instancia de manera comu-nitaria, en instancias pre controver-siales, para controversiales o para judiciales, lo cual descarga enorme-mente el sistema de la presión y de lo que sucede después de ella.3. También la desinstituciona-lización de la ejecución y aplicación de las penas.4. Desjudicialización de la seguridad interna, la seguridad de-vuelta a la comunidad, salvo en ca-sos fundamentales, en los que los recursos de la comunidad no sean capaces, como en muchos casos su-cede, de tomar cuenta de determi-nadas conductas conflictivas a nivel comunitario.Ninguna de estas cuatro cosas se hace, nunca se probó, se hace lo contrario constantemente, se sigue el modelo de los países a los que peor les ha ido, de manera más cara y más derrotada en las políticas.Además el imaginario poblacional está totalmente equivocado, indu-cido por beneficiarios de la seguri-dad que inducen a la población a un imaginario totalmente contrario a lo que deben ser las cosas al ejemplo del mundo.

Por ejemplo, “el problema son los menores”, los menores son el 3% de los privados de libertad, 300 de 9300 más o menos, y son el 5% de los sen-tenciados penales frente al 95% que es adulto, la gente se cree que el problema son los menores que hay en la calle.Pero muy por el contrario, el 95% de las sentencias son sobre adultos y el 5% sobre menores, es muy exagera-da la inversión en el ojo de la retina, decían hace un siglo y medio.Se creen que la violencia es callejera y la violencia es doméstica, no solo porque hay la misma cantidad de violencia doméstica que la otra, sino porque de la violencia no llamada doméstica, la proporción fundamen-tal sucede también en los hogares.Es enormemente más hogareña que callejera, pero la gente se cree que es callejera pero todo eso es induci-do.Hay un problema muy grave, que no es solamente el problema de las di-ficultades edilicias, de inversión, de infraestructura, de rehabilitación, que exigen, que deben tratarse que son en sí mismas importantes, sino que hay un modelo perverso que está atrás, alimentando ese sistema, y un modelo más perverso todavía un imaginario de la opinión pública, que respalda un sistema equivoca-do, técnicamente equivocado.Hay un problema ideológico fuerte atrás, de falta de valentía, de falta de ilustración, o de las dos cosas, “po-bre Artigas”.Los procesados se han cuadruplica-do en democracia, el Uruguay tiene más del doble de procesados que la media de América latina, y mu-chísima más criminalidad. Se han cuadruplicado los procesados en de-mocracia contra un crecimiento po-blacional casi cero, porque cuando se calculan índices contra países, se calculan índices contra países en que las cantidades de frecuencia absolu-Presentación del ciclo a cargo de la secretaria del CED Renata Scaglione



ta se calculan contra poblaciones enormemente crecientes; acá calcu-lamos contra una población estable, que no crece, y no hay ninguna cifra que justifique esto, no hay ninguna estadística criminal que lo justifique.Entonces hay un problema muy se-rio, cuya responsabilidad no recae solo en el sistema político, sino tam-bién en la opinión pública, porque esto que se está diciendo acá, que hay muchos procesados con prisión contra sentenciados, que las cárce-les no rehabilitan, todo esto se está diciendo desde hace mucho y lo que hay que hacer es cambiar de mo-delo, nunca nadie ha probado otra cosa. El problema del procesamien-to sin prisión, el procesamiento sin sentencia, no es de ahora, no es del siglo pasado, es una de las creacio-nes del virreinato del Río de La Plata: cuando Elías fue de virrey a Buenos Aires, estoy hablando de principios del siglo XIX, preguntó cuántos pro-cesados sin sentencia habían en Montevideo.Estamos diciendo hace tres siglos y medio que hay muchos procesados sin prisión, sin sentencia, y seguimos en eso.Seguimos diciendo que las cárceles no rehabilitan, las cárceles podrán rehabilitar más o menos, pero las cárceles en sí no rehabilitan, ni rein-sertan, en parte no rehabilitan por-que están atendidas por un personal que no sabe rehabilitar, porque no estudiaron eso, y siguen estando bajo la órbita del Ministerio del Inte-rior, que no corresponde que estén, porque no está preparado para eso.La reinserción no es un problema carcelario, es un problema de la po-blación también, porque si un em-presario no toma a un ex recluso, es un problema de la población, no de la rehabilitación, y yo no los cul-po demasiado, porque si usted tiene cuatro candidatos para tomar en su empresa, uno es un asesino, y los otros no tienen nada, claro que se

tiende a no tomar ningún riesgo y en este sentido es hasta cierto punto comprensible.Por más que se haga una rehabilita-ción perfecta, después la gente ¿los va a tomar? No los va a tomar, en-tonces hay una acción sobre la po-blación que hay que tomar también, que no es solo sobre el sistema car-celario, y que tiene que ver con que el problema es la gente que hay en el Uruguay, no es sólo el gobierno, es la gente, que está terriblemente mal formada por una opinión públi-ca perversa, y que contribuyen al ge-riátrico que es la población general, que conducen al miedo, que existe en todas partes del mundo de ma-nera exagerada, pero que en el Uru-guay son híper exageradas.Entonces hay un problema grave a nivel de funcionamiento de los mo-delos y de funcionamiento del ima-ginario social, mucho más grave y profundo de lo que puede parecer, que no se arregla con una inversión allá o acá.Además de que la rehabilitación no asegura la reinserción porque es un problema poblacional, hay muchos otros problemas: la cárcel no reha-bilita, quienes estudiaron Foucault saben que fueron instaladas como mecanismo fundamental en las ins-tituciones urbanas y capitalistas con-temporáneas, y ya a los pocos años se decía, que eso no funcionaba y que no iba a funcionar.Se siguió diciendo en el siglo XIX, el XX, el XXI y se sigue en lo mismo.Las cárceles no rehabilitan. El Dr. Castell, el mejor especialista en re-clusiones psiquiátricas, basado en el texto “internados” de Goffman sostiene que los internados no cu-ran a nadie y además contagian al propio staff del internado, no solo a los internos, enferman a los que los atienden, pero no solo en los esta-blecimientos penitenciarios, en los geriátricos, en los internados poli-ciales y militares.

Y voy a agregar otra crítica a la po-blación en general, que la población no quiere los rehabiliten, ni que los reinserten, si quieren que los rehabiliten y que los reinserten, lo desean sin tener que pagar ningún impuesto más para que eso pase, porque donde haya que poner diez pesos más, van a decir: “No, que pa-guen por lo que hicieron”. La gente no quiere eso, la gente no es huma-nista, en Uruguay por lo menos no es humanista.El modelo sobre impuesto por una cúpula ilustrada de juristas que se ve en la constitución y en la ley, no es lo que la gente está sintiendo, la gente no está sintiendo eso, porque está inyectada de una cantidad de senti-mientos, por una serie de mecanis-mos que ahora no puedo detallarAhora los políticos están en una si-tuación muy complicada, porque inicialmente son de la misma clase ilustre de la modernidad, que estaba de acuerdo con la rehabilitación y el positivismo jurídico, pero paulatina-mente se han dado vuelta, paulati-namente los políticos están con un ojo en el voto, en las encuestas de opinión y no en la implementación moral de determinadas cosas. Pro-gresivamente los políticos se están yendo para el lado de la “encuesto-cracia”. El problema entonces es muy com-plicado, no solo por los problemas que todos conocemos: infraestruc-tura, financiamiento, equipamiento, preparación de gente, que sin duda son reales, que deben ser corregidos y que mejorarían la situación, pero en el interior hay un modelo absur-do que no va a mejorar en definitiva nada, que prueba nada más lo que no sirve, no lo que sirve y que ade-más no cuida de lo más importante, que es el imaginario poblacional, que está envenenado por un con-junto de instituciones y procesos que lo envenenan progresivamente, acá y en todo el mundo, pero acá con mucho más éxito que en otros lados.



Nosotros vamos corriendo al pro-blema, y el problema desde el siglo XIX es la cárcel, después pasa a dis-cutirse ¿cual cárcel?, después pasa a discutirse los DDHH, después el hacinamiento, después el plan de emergencia, el año que viene vamos a tener un reunión sobre si en las cárceles tienen que haber cuchetas o camas dobles.Se va discutiendo cada vez lo más adjetivo, lo más emergente, y se va discutiendo cada vez menos lo más importante, lo más sustantivo.Hay que tener cuidado, porque las medidas concretas hay que tomar-las, pero a propósito de ellas, hay que dar la discusión de cosas más profundas, sino se discute sin senti-do, y este país discute las cosas sin sentido hace mucho tiempo.Hace cuanto que se dice que se violan los derechos humanos, hace cuanto se está diciendo que hay ha-cinamiento, que las cárceles no son para torturar sino para rehabilitar, están diciendo un discurso tan gas-tado, que no tiene más sentido, no se puede hablar más de esas cosas.No se puede decir más que las cárce-les no rehabilitan, porque no rehabi-litan en ningún lado, ninguna cárcel del mundo rehabilito, ni rehabilita, ni rehabilitará, porque no están he-chas las cárceles para rehabilitar,

fueron hechas para hacer de pasaje para otras penas, que por motivos políticos se convirtieron en lo que son ahora.No son para nada más que para cas-tigar y para apartar de la sociedad, que es para lo único que sirven.Ningún modelo de cárcel va a reha-bilitar a nadie nunca.Hay modelos que son menos ofensi-vos, que pueden llegar a rehabilitar a alguien y ser como una dosis ho-meopática que finge éxito.

Vamos a discutir las cosas de fondo, discutimos la emergencia carcelaria, discutimos la forma de las camas, se discute hacinamiento, de acuerdo: hay que eliminarlo. Ahora, no se discute ¿por qué hay hacinamiento? Simplemente se dice: “porque hay hacinamiento hay que construir más cárceles”, no, a lo mejor no hay que construir más, a lo mejor hay que tratar de que no haya hacinamiento, no de cómo resolver el hacinamiento.A nivel político, entiendo que no se está pensando en el tema de fondo en eliminar la opinión envenenada de la gente, que es lo que política-mente hay que hacer, tratar de decir: “mire señora usted es madre de He-ber Pintos, lamento mucho decírse-lo, pero lo que usted propone no sir-

POSICIÓN DEL DR. SOC. RAFAEL BAYCE

“Perspectivas de mejora y soluciones del Sistema Carelario ” La segunda jornada preparatoria consistió en analizar posibles “perspectivas de salidas y soluciones a futuro”. Transcribimos la posición de Bayce al respecto.

ve para nada, usted no sabe de esto, usted está con miedo, le hacen creer eso, ¿sabe como lo hacen?, con las editoriales, con el noticiero…” ese es el trabajo político que hay que hacer, no hacer cárceles para darle razón a “doña María. El asunto no es dureza policial, dureza judicial, eso no funcionó nunca en ninguna par-te del mundo y no va a funcionar tampoco.Por qué no se buscan las razones del hacinamiento, en un país en el que no hay criminalidad correspondien-te con la cantidad de procesados y reclusos que hay, no hay relación en-tre eso y lo otro, bueno vamos a ver porque pasa esto.En América Latina, Uruguay tiene más proporción de procesados que toda América Latina, y que países como Colombia y como Brasil, tiene dos veces más o tres veces más que el promedio de América Latina, que es el mayor del mundo, exceptuan-do a Estados Unidos, que es el peor modelo del mundo a nivel penal y judicial, que es el que más se imi-ta, el que menos funciona y el más caro, el más ineficaz y el más inefi-ciente, sin contar con la equidad y la justicia, que son problemas más discutibles.Entonces, hay que buscar el por qué de las cosas, no quedarnos solo en cómo vamos a arreglarlo, se arregla ¿construyendo más? o ¿hacinando menos, condenando menos, proce-sando menos? vamos a pensar, a lo mejor es cierto, está bien hay que construir más cárceles y es la única solución, pero vamos a pensar en la otra posibilidad también, no es-tamos pensando a fondo nada, nos estamos inclinando a gobernar por gritos de madres de barrio y titula-res de diarios, “cobrando el grito”.Hay que aprovechar los problemas concretos que deben ser tratados y darles lecturas inteligentes, exis-



ten emergencias, pero ¿por qué hay emergencia?¿porque en Uruguay que es un país en el que la crimina-lidad es menor que en otros lados, tiene muchos más procesados que otros lados? ¿Será el procedimiento de la pena sin prisión, serán las pe-nas alternativas, será una mezcla de cosas? Hay que pensar en esas co-sas, no podemos condenarnos a lo que está, hay que hacer algo contra eso, porque entonces nos van a lle-var a arrinconar, en las peores posi-ciones ideológicas del mundo que es lo que está pasando.Hay que revertir todo el pensamien-to, tratar de pensar al revés, para ver si esa es una solución falsa, para un problema que está mal planteado: imaginemos que tengo este vaso lle-no de criminales y tengo que vaciar el vaso y dejo abierta la canilla que llena el vaso, no voy a solucionar, consiguiendo una cuchara más gran-de para sacar el agua, hay que cerrar la canilla, si no la cerramos va a se-guir cayendo agua, hay una canilla inagotable. Dicen: “ son trescientos los criminales que hay, los agarra-mos y terminamos con el problema” mentira total, van a aparecer tres-cientos en lugar de los que agarren; entonces hay que cerrar la canilla, pero también hay que vaciar el vaso. No se puede tener una visión del problema, ni que sea miope ni que sea astigmática, las dos son defectos de la visión, no podemos quedarnos en eso.No hay que satisfacer el clamor po-pular por seguridad, hay que des-montar el clamor, tiene que rever-tirse el clamor, y hay gente que sabe cómo hacer eso.Las tareas son mucho más profundas que las que se plantean y no lo plan-teo para no hablar de cosas directas, las personas que tienen responsabi-lidades directas, tienen que hablar de cosas concretas, y las cosas con-

cretas existen y deben existir, pero si no trascendemos las situaciones concretas, con un pensamiento a fondo sobre como es la gente, como es la situación de la escena política con la opinión envenenada de la gente, como es el electoralismo más rampante que cada vez más caracte-riza a la clase política, haciendo que el país sea gobernado por la opinión pública transmitida por las encues-tadoras, al final los arquitectos van a tener que salir a preguntarle a doña maría como tienen que hacer las casas, porque van a salir a decir las encuestadoras como piensa la gente que deben hacerse las casas. Hay que pensar a fondo sobre un problema que tiene que ver con la relación de la clase política, y digo clase política independiente de cual-quier partido, con la opinión pública, y con cómo se forma, que no hay que acatarlo y darlo por dado, porque la tarea de cualquier elite social, es de liderazgo y de hacer entender mejor las cosas, no aceptar la ignorancia impuesta, no aceptar las malas in-tensiones impuestas con intensión comercial.Las medidas que son aprobables de-ben servir no sólo para conocerlas, sino para cuestionar el fondo de las cosas, hay que hacer un plan para contener esas cosas, vamos a no lle-gar al hacinamiento, es una carrera sin fin, nosotros seguimos con “la

canilla abierta” que ha llevado al ha-cinamiento.Hay que saber además que el pro-blema de la seguridad no se solucio-na porque le interesa a una enorme cantidad de actores fundamentales en la sociedad, que lucran con la in-seguridad de varias maneras. De ma-nera que no se soluciona porque hay muchos interesados en que no se solucione, le conviene a muchísimos que no se solucione, de tal manera que los que salen, salen a decir pa-vadas, para seguir con el problema, con el que lucran impresionante-mente una cantidad de actores.Yo lo que trato, quizá para eso es que vine, es tomar los problemas concre-tos para que sirvan para pensar más a fondo, y de que no nos quedemos siempre en como evaluamos el par-che, y no porque no sea necesario el parche, sino porque el parche debe ser considerado en función de la necesidad que hizo necesario el parche, y lo que hay que pensar también es como evitamos parches, no solo como los ponemos.La Facultad de Derecho tiene mu-chos elementos para pensar, tiene que pensar a fondo en el problema y no quedarnos simplemente en cosas concretas, aunque las cosas concre-tas deben servir para pensar más a fondo.

Segunda Jornada Preparatoria del III Encuentro de Derecho en Colonia



EXCEPCIÓN ENTREVISTÓ AL MINISTRO DEL INTERIOR

Entrevista a Bonomi Siguiendo la línea de trabajo del CED respecto al estudio del sistema carcelario y la política cri-minal desde diferentes perspectivas,el miércoles 8 de setiembre, entrevistamos al Ministro del Interior Eduardo Bonomi para conversar sobre varios temas: el sistema carcelario, menores in-fractores, la propuesta de elaborar un Código Penal Juvenil, entre otros.

Ministro, el objetivo de esta entre-vista es discutir desde la perspecti-va del ministerio la política criminal y las temáticas relacionadas con las disciplinas que se estudian en Facul-tad de Derecho.

Primero, quisiéramos conversar so-bre el sistema carcelario.

CED: Nos gustaría saber cuál es la perspectiva de desarrollo respecto al sistema carcelario, si hay alguna evaluación hecha sobre la ley de humanización carcelaria. Asimismo, hemos visto a través de la prensa que hay varios proyectos presenta-dos respecto a esta temática.

BONOMI: La ley de humanización del sistema carcelario se aprobó en el año 2005, cuando inició el go-bierno anterior. En ese tiempo, se comenzó el estudio determinados temas prioritarios que surgían de lo que se interpretaba de las encuestas hechas a la población: 1. El trabajo; 2 La pobreza 3 y 4: Salud y educación 5. Seguridad.

No se puso la seguridad como priori-dad presupuestal; se le aumentaron los recursos, pero no como priori-dad y se trató de mejorar la situa-ción carcelaria a través de la ley de humanización. De todas formas no solucionó el problema del sistema

carcelario, ya que comenzaron a manifestarse con más fuerza el au-mento de los delitos que comenza-ron en el 2002, 2003. 2007 estaba reinstalado el problema carcelario. La ministra en ese entonces, solicitó más recursos para solucionar esta situación, pero ese gasto no estaba previsto para el quinquenio.

De todas maneras, en el último año se hizo la mayor inversión en cár-celes que se hizo en 25 años. 192 millones de pesos invertidos. Fue la

“La clasificación es imprescindible, porque si hoy, como están las cárceles, uno lleva adelante políticas

de rehabilitación, no tiene éxito”

mayor inversión que hubo. Lo que pasa es que eso no se pudo aprove-char en el gobierno anterior. Lo que empezó a construir el gobierno an-terior, lo heredamos nosotros.

Nosotros nos fijamos 3 pasos que los dos primeros pueden hacerse casi simultáneamente: 1. Descongestio-

nar cárceles, 2. Clasificar presos, y 3. Políticas de rehabilitación.

La clasificación es imprescindible, porque si hoy, como están las cár-

Secretaria de publicaciones del CED, Florencia Ualde entrevista al Ministro Bonomi



celes, uno lleva adelante políticas de rehabilitación, no tiene éxito.

Para descongestionar se necesitan cárceles. Nosotros heredamos del gobierno anterior una módulo en COMCAR, otro en LIBERTAD, una cár-cel en LAS ROSAS, Maldonado, una cárcel en Rivera y dos días antes del cambio de gobierno, se pasó al Mi-nisterio del Interior PUNTA DE RIE-LES y el dinero para acondicionarlo.

Vamos a construir el año que viene dos complejos de 900 plazas cada uno. Que de repente sean 300 de baja, media y alta seguridad. Vamos a tener más o menos encauzado el tema.

Asimismo, estamos desarrollando una política de chacras policiales que tienen 20, 30 presos hoy y transfor-marlas para que tengan capacidad para 200 presos. 100 en un celdario que se van a construir con el trabajo de los mismos presos de media se-guridad y 100 en régimen de chacra de trabajo, abierta. Así, podemos ha-cer por lo menos 4 clasificación: alta seguridad, media seguridad, baja seguridad y prácticamente un previo egreso. Así trabajar con un sistema de estímulos y desestímulos.

CED: ¿Se evalúa que la sociedad ci-vil participe?

Por ejemplo, el CED tuvo en su mo-mento, un consultorio jurídico en COMCAR que después fue COMPEN, en donde se atendían a reclusos, fa-milias y policías en asuntos de fami-lia, pensiones alimenticias, divorcios, etc. Tuvimos que dar un paso al cos-tado, hubo 2 años en que cambiaron los directores dos o tres veces, y la propia situación de hacinamiento hacía muy dificultoso el trabajo allí.

Eso es algo que nosotros estamos dispuestos a volver a realizar…

BONOMI: Si, la idea es transformar la Dirección Nacional de Cárceles en el Instituto Nacional de Rehabi-

litación, con un proceso que lo re-quiere la policía, que transforme la dirección en un desconcentrado que tenga como referencia el Ministerio del Interior pero que no dependa de él. Eso nos va a llevar tiempo, ya que hay que cambiar las vacantes policiales de cárceles por vacantes penitenciales que son civiles. De to-

das formas, arrancamos bien, ya que las 1600 vacantes que se crean aho-ra con el presupuesto se ocupan en el escalafón penitenciario y no en el policial.

“Con un sistema de estímulos, el que tiene buena conducta puede disminuir de media a baja seguri-dad y viceversa; de esta forma, sí se puede realizar

tareas de rehabilitación, por medio del trabajo sobre todo: el trabajo en chacras a nivel de agricultura,

criar ganado, etc...”.

Y acompaña esto, una oficina de se-guimiento de libertad asistida para introducir penas alternativas: cam-biar prisión por trabajo comunitario útil para la sociedad con seguimien-to, incluso electrónico. También es-tamos conversando con la Suprema Corte un sistema de aplicación del Pacto de San José de Costa Rica que



permita la libertad anticipada para quienes cumplieron un porcentaje de la pena y no fueron penados.

También vamos a tratar de estable-cer que quienes no tienen delitos de lesa humanidad y más de 70 años, enfermedades terminales o emba-razos a término, cambiar la prisión por prisión domiciliaria con pulsera de seguridad.

CED: Cambiando un poco la perspectiva: quisiéramos saber la opinión respecto a determi-nadas corrientes de opinión que promueven el aumento de las penas.

Por ejemplo: en Maldonado hay una juntada de firmas de gente de distin-tos partidos proponiendo el aumen-to de la pena para quienes vendan específicamente pasta base…

BONOMI: Yo tengo una posición contradictoria. Creo que el aumen-to de las penas no sirve en general, pero particularmente para el caso de la pasta base creo que sí. La pasta base no es una droga sola; nosotros lo hemos dicho: cuando se procesa pasta base, se hace con otros pro-ductos como ser veneno de ratas, arsénico, tubo de luz molido; el que vende pasta base, está vendiendo un veneno. Y en ese caso hay que ser duros. De todas formas, el endureci-miento de las penas está comproba-do que no es efectivo.

Cambiando de tema…

CED: Usted ha planteado que hay que rediscutir el tema de la minoridad infractora…

BONOMI: Yo tengo claro dos cosas: 1. De nada sirve bajar la edad de

imputabilidad, es inútil, estoy en contra. Los menores son imputables desde los 13 años, desde esa edad se los puede privar de la libertad. Lo que está pasando es que las ins-talaciones que tiene el instituto que debe contener a los menores son inadecuadas, no los contienen, se escapan cuando quieren y eso lleva a algunos decir que hay que bajar la imputabilidad. No tiene nada que ver. Porque si en lugar de poder rete-nerlos a los 13, los retienen a las 11, y el instituto no los contiene, es lo mismo. La tarea es crear una instala-ción que le permita al INAU contener a los menores.

CED: El planteo del presidente del INAU es crear un instituto diferente que no sería propia-mente el INAU…

BONOMI: Sí, un instituto que no lo dirija el directorio todo, sino alguno que los miembros que específica-mente se encargue de gerenciarlo concretamente.

2. El otro tema es mantener los ante-cedentes de los menores. Acá ya en-tro en otra tesitura, ya que para mi hay algunos antecedentes que hay que mantener, no todos.

Código del niño, ¿sino de ha-cer algo diferente?

BONOMI: Un Código Penal Juvenil. Así como en los mayores hay varios reincidentes habituales, con los me-nores está pasando lo mismo. Hay algunos que tienen graves faltas, que deben quedar en los anteceden-tes. Si los delitos se cometen a los 17 años y 11 meses y ha secuestra-do, matado, los antecedentes deben mantenerse en la justicia.

CED: Los jueces ya lo hacen de hecho…

BONOMI: Si, pero es peor el remedio que la enfermedad. Lo que hacen los jueces es lo siguiente: si un menor con 18 años y 3 meses cae por un robo de celulares, y el juez sabe que tiene antecedentes, sabe que si lo manda al COMCAR sale en 3,4 me-ses. Por eso, lo manda al INAU, a juez de menores y éste lo tiene hasta los 23 en el INAU y se transforma en un maestro allí. Enseña. Esa es una so-lución que tienen. La otra es que lo mandan al COMCAR y después cuan-do sale lo devuelven al INAU.

Para mi es adecuado un Código Pe-nal Juvenil que permita a los jueces

“De nada sirve bajar la edad de imputabilidad, es inútil, estoy en contra. El otro tema es mantener los antecedentes de los menores. Habría que elaborar

un Código Penal Juvenil”.

Habría que elaborar un Código Penal Juvenil que permita a los jueces de-terminar qué antecedentes pasan y cuáles no.

CED: O sea, usted no está ha-blando de modificar el CP ni el

que de acuerdo a la reincidencia, gravedad, pase a la justicia. Creo que hay que dar un debate respecto a esta temática. Pero un debate que tenga en cuenta la realidad actual y no la realidad de hace 8 años.



Muchas veces el debate se ha dado partiendo de la base que la norma-tiva internacional impide mantener los antecedentes. En realidad, la normativa internacional lo que dice es que debe tenerse un trato dife-rencial y cada país determina cuál es ese trato. Nuestro país definió que los menores son imputables a partir de los 13 años y que no se mantie-nen los antecedentes. Eso es ley, no normativa internacional.

CED: después del debate, ¿la idea es presentar al Parlamen-to un proyecto de Código Pe-nal Juvenil?

BONOMI: Yo estoy tirando la idea para promover el debate.

CED: Sí, incluso nosotros en el Encuentro de Colonia del 15,16 y 17 de Colonia plan-tearemos este tipo de temas polémicos para dar las discu-siones y debatir respecto a las posiciones del gobierno, de la academia, etc.

BONOMI: No sé si es del gobierno aun, yo estoy tratando de generar el debate. Y no se crea el debate di-ciendo “vamos a debatir” sino pre-sentando insumos.

Ahora que vamos hacia el tema de la prensa…

CED: ¿Cómo ve la relación en-tre el concepto de seguridad ciudadana y el manejo por parte de la prensa de la idea de “sensación térmica”?

BONOMI: El frío es una sensación térmica. Cuando uno tiene frío pue-de ser porque tiene fiebre, está des-abrigado o alguna otra razón subjeti-

va. En cualquiera de los casos, te vas a abrigar. Cuando la sociedad siente frío, el Estado debe abrigarla. Yo no me voy a poner a discutir si es sensa-ción térmica o no.

Si existe esa inseguridad subjetiva, el gobierno debe tratar de bajarla e implementar políticas de seguridad

CED: ¿Pero no piensa que al-gunos factores como la pren-sa puedan incidir sobre esa supuesta sensación térmica de la sociedad?

BONOMI: Claro que pueden. Cuan-do los medios de comunicación pa-san 20 minutos de policiales e inclu-so del extranjero, eso incide. Pero el problema es que eso prende en la gente si hay algo que lo sustenta; yo creo que sí lo hay más allá del noti-ciero.

CED: Y con un país chico como el nuestro… todos conocemos a alguien que haya sido vícti-ma de un delito…

BONOMI: Y otra cosa… yo no se si hay más delitos; las encuestas indi-carían que sí, pero lo que importa es que esos delitos se realizan con más violencia, lo cual aumenta la insegu-ridad.

CED: Las nuevas tipologías, por ejemplo, los secuestros express… aunque parecería que se controló bastante, en un momento parecía que es-tábamos en la cresta de la ola…

BONOMI: Si, no hubo más. Incluso me vino a ver un embajador para ofrecer ayuda, capacitación etc. Yo le dije que sí, porque toda la ayuda

posible es bienvenida, pero le adver-tí que en Uruguay en 2 meses hubo 7 secuestros llamados Express, cuan-do nuestros países vecinos tienen 20 por día.

A nivel de formación policial…

CED: Nosotros hemos trabaja-do junto con la Escuela de Po-licía en actividades del Centro, como por ejemplo los campeo-natos de Fútbol se juegan en las canchas de allí. Se ha traba-jado el tema, y se realizaron re-modelaciones no solo edilicias, sino también a nivel de la for-mación policial…

BONOMI: Nosotros pusimos el acen-to en este período en mejorar los planes de estudio. Nos hemos toma-do bastante tiempo y hemos creado una comisión para adecuar los pla-nes de estudio con los planes de la ley de educación. Hemos recibido propuestas del exterior para contri-buir con la mejora de la Escuela de Policía, todavía no hemos concreta-do nada.

CED: Nosotros, desde Facultad tenemos un vínculo directo con la Escuela de Policía; muchos están cursando la carrera de abogacía/notariado.

Código del Procedimiento Policial…

BONOMI: Capaz que trabajamos la temática, pero no está en la agen-da aun. Nosotros empezamos con presupuesto, luego seguiremos con ley orgánica policial y algunas leyes que hemos presentado. Pero puede ser que tratemos el CPP, acá hay un



problema que hemos estado hablan-do con los jueces que responde a la dinámica de los enfrentamientos ar-mados.

Hoy se ve que un comerciante, un civil que es asaltado, después tira, mata y es defensa propia. Defensa propia que hace 5 años no lo era e iba preso.

Para ir terminando, Seguridad ciu-dadana…

CED: ¿Se va a manejar algún tipo de propuesta respecto al tema?

BONOMI: La seguridad tiene cuatro pilares, no uno como se discutió en la campaña electoral que es la repre-sión: 1. Prevención, 2. Disuasión, 3. Represión y 4. Sanción que es com-partido con el Ministerio y los jue-ces.

Nosotros hemos hablado de prio-rizar las políticas de prevención a través de dos caminos fundamental-mente: un sistema de información policial que aun no lo hemos desa-rrollado, la policía comunitaria como dualidad del funcionamiento de la comisaría unido a las mesas ciuda-danas de convivencia y seguridad. El objetivo es acercar la policía a la gente a través de estas mesas en las que participan la policía comunita-ria, la intendencia, las alcaldías, los comerciantes, los vecinos, las orga-nizaciones sociales, etc. Y pensar la seguridad no en un plano nacional ni departamental, sino local.

Asimismo hay aspectos de la segu-

ridad que no pertenecen al Minis-terio, por ejemplo la iluminación. El objetivo es determinar qué zo-nas deben estar más iluminadas, la recuperación de espacios públicos, lugares que se abandonan y luego se convierten en centros de opera-ciones, etc.

No va a haber mejoras de la seguri-dad ciudadana sin participación de la ciudadanía.

También hay que tener claro que si bien un gobierno tiene que encarar las causas sociales, nosotros esta-mos solucionando hoy problemas que se generaron 20 años atrás. Hoy tiene que haber una acción policial para contribuir a mejorar esos pro-blemas, pero también es importante considerar que no todos hacemos todo; los problemas sociales y eco-nómicos los debe resolver el Minis-terio de Economía, de Trabajo, el Mides, el Ministerio de Industria, de Ganadería, que generen trabajo y políticas sociales. El Ministerio del Interior no hace eso; puede articular, sí, pero no es su tarea principal.

Se necesita una nueva doctrina de la policía. Hoy todo el mundo esta-blece como líder máximo al Director de Policía, incluso al propio ministro. Y en realidad el principal referente debe ser el policía de calle. Es el que establece la relación con la gente. Si ese policía actúa bien, la gente tiene una buena imagen de la policía. Por eso hay que darle elementos, mejo-rar las condiciones de vida y com-batir la corrupción. En este sentido, nosotros tenemos una política de seguridad y desarrollo de asuntos in-ternos. No como algo que actúa jun-

to a la justicia, sino que actúa por sí mismo. Sería una dirección Nacional de Asuntos Internos con una aboga-da al frente. Y se ha procesado gente en este período.

CED: ¿Cómo piensa promover el vínculo del Ministerio con la Academia? Por ejemplo: sociología, derecho, etc

BONOMI: Nosotros tenemos un ob-servatorio que analiza la evolución de la tipología de los delitos.

Asimismo, participamos en todos los ámbitos a los que nos convocan e in-vitan a participar para discutir temas relacionados con el Ministerio. Voy yo, o algún representante que lleve la posición del Ministerio.

Creo que hemos fortalecido el tra-to con los jueces, con los fiscales. Tenemos una relación mucho más estrecha en los juzgados de crimen organizado por ejemplo.

CED: Sí, nosotros a la interna de Facultad tenemos que dar la dis-cusión sobre la formación de los jueces y los fiscales…

BONOMI: Hemos hablado con el CEJU, con la Suprema Corte y con la Asociación de Magistrados todos es-tos temas.

CED: Ministro, muchas gracias por recibirnos y lo esperamos en el Encuentro de Colonia en octu-bre.

BONOMI: De nada, un placer.



CED UniversitarioSINTESIS DE LA SOLICITUD PRESUPUESTAL DE LA UDELAR

Presupuesto Universitario

Mirando a diez años plazo

La nación tiene hoy las mejores con-diciones en muchas décadas para proyectar su porvenir de forma de-mocrática, ampliamente compartida y esperanzada. Esta oportunidad se basa en la perspectiva económica, en una renovada vocación por la justicia social, en la concreción de grandes acuerdos políticos y, sobre todo, en un clima que mira al mañana con op-timismo. La UDELAR proyecta su plan estratégi-co queriendo contribuir a que el país y la institución logren aprovechar esta oportunidad histórica; en este marco

Cada 5 años se vota en el Parlamento la Ley de Presupuesto. En la misma se asignan recursos para el cumplimiento de las metas y objetivos fundamentales para el período. En este marco la UdelaR proyecta el presupuesto necesario para alcanzar las metas del ente. Recientemente el Consejo Directivo Central votó el pedido de la UdelaR que fuera enviado al Parlamento en función de las metas que a continuación se transcriben. En dicho escenario los funcionarios no docentes de la universidad, organizados en AFFUR, han realizado paros como medida de reclamo presupuestal. En Facultad de Derecho los delegados de los funcionarios se han reunido con decanato y con el CED. A partir de esas reuniones se acordó que en derecho (como en el resto de los servicios) las medidas adoptadas por los funcionarios no interrumpieran las clases a través del mantenimiento de una guardia gremial por parte de los funcionarios. Desde el CED hemos brindado permanentemente la información oficial que ha permitido que todos estemos informados.

ha definido sus objetivos estratégicos y las acciones para alcanzarlos.

Objetivos estratégicos y pro-gramas presupuestales

La UDELAR participa activamente en actividades relacionadas con: (i) la educación, (ii) la investigación y la in-novación, (iii) la atención a la salud, (iv) la inclusión social, y (v) el desarro-llo productivo. Para colaborar a cons-truir el Uruguay deseable y viable, ha definido los siguientes objetivos estratégicos, que orientan la solici-tud presupuestal para el quinquenio 2011-2015.

1. Educación terciaria y superior para todos en todo el país

Respaldar la generalización de la for-mación avanzada a lo largo de toda la vida: (i) contribuyendo a construir un Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria Pública con nuevas institu-ciones y presencia efectiva en todo el territorio nacional; (ii) ampliando la oferta de carreras de la UDELAR, par-ticularmente en el Interior; (iii) dismi-nuyendo el abandono mediante múl-tiples respaldos al progreso en los estudios; (iv) abriendo espacios para la formación y capacitación perma-nente, en particular de quienes están



insertos en el mundo del trabajo pero fuera del sistema educativo formal. 2. Enseñanza universitaria activa de calidad a nivel internacional

Promover la elevación del nivel de la docencia con diversificación de sus modalidades, para: (i) afrontar la demanda creciente de educación su-perior; (ii) brindar enseñanza de ca-lidad en sentido integral, acreditable a nivel regional e internacional y de-bidamente evaluada; (iii) posibilitar trayectorias educativas y formas de enseñar variadas, de modo que los estudiantes aprendan a ser los princi-pales protagonistas de su formación avanzada permanente.

3. Generación y uso de conocimien-to avanzado para el desarrollo inte-gral

Impulsar la expansión tanto cualita-tiva como cuantitativa de las activi-dades de enseñanza, investigación y extensión, cooperando con toda la sociedad para que el país avance en la creación y difusión de conocimien-tos de alto nivel, así como en la con-tribución de esos conocimientos a la solución de problemas sociales y a la mejora de la producción.

4. Transformación global de la es-tructura de la Universidad

Avanzar en la transformación global que incluye: (i) la diversificación de la estructura académica y la creación de servicios universitarios de nuevo tipo; (ii) el fortalecimiento del cogobierno participativo; (iii) una gestión más ágil y eficiente; (iv) la consolidación de las carreras docente y funcionarial con salarios adecuados; (v) la mejora de las condiciones de trabajo y estudio; (vi) la renovación y la expansión, me-diante una planificación a largo plazo,

de la planta física y del conjunto de la infraestructura necesaria para el ade-cuado cumplimiento de las funciones universitarias.

5. Reformulación y ampliación del aporte de UDELAR a la salud

Potenciar las contribuciones a la salud de la población que realizan diversos servicios universitarios, al tiempo que se promueve una adecuada inserción del Hospital de Clínicas en el Sistema Nacional Integrado de Salud y la pro-funda transformación interna del Hos-pital.

Los créditos que se solicitan se distri-buirán entre los siguientes Programas Presupuestales:

1. Académico: incluye las actividades de cada uno de los servicios universi-tarios. 2. Desarrollo Institucional: incluye las actividades que la institución pla-nifica en conjunto. 3. Programa de Bienestar y Vida Uni-versitaria. 4. Atención a la salud en el Hospital de Clínicas. 5. Desarrollo de la Universidad en el Interior del país 6. Inversiones en infraestructura edi-licia.

Enseñanza

La primera meta de la Reforma es contribuir a la generalización de la enseñanza avanzada. La UDELAR desarrolla tareas de enseñanza a dis-tintos niveles. La mayor parte de su actividad se vincula a la enseñanza a nivel de grado (licenciaturas, carre-ras técnicas, títulos intermedios). La importancia relativa de los cursos de postgrado que ofrece la UDELAR (di-plomas, maestrías y doctorados) se incrementa año a año. Asimismo se encuentran en la órbita universitaria

algunos cursos no terciarios (auxilia-res de enfermería, guardavidas, cur-sos de capacitación a trabajadores). La oferta educativa pasó, entre 2005 y 2009, de 78 a 88 carreras de grado, de 9 a 11 títulos intermedios, de 20 a 27 carreras técnicas y de 130 a 174 títulos de postgrado. Se ha venido incrementando la oferta educativa en el Interior, llegando en la actualidad a los datos que se mues-tran en el siguiente cuadro: En 2009 ingresaron a la UDELAR 24% más estudiantes y egresaron 54% más estudiantes de grado que en 2000. En una perspectiva de más lar-go plazo, en el último medio siglo los ingresos se han multiplicado aproxi-madamente por cinco y los egresos por nueve. Unos 4.500 estudiantes obtienen cada año un título de nivel terciario. Alrededor de 600 estudian-tes por año reciben títulos de espe-cialización, maestría o doctorado. En 2009 se dictaron 511 cursos presen-ciales y 22 cursos a distancia de for-mación permanente para graduados. Creciente atención reciben tanto las actividades de respaldo al aprendiza-je de los estudiantes que ingresan a la Universidad como la diversificación de las modalidades de enseñanza de una misma asignatura, para tener en cuenta las distintas situaciones de los alumnos. Para ampliar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza semi-presencial se ha construido el Entor-no Virtual de Aprendizaje de la UDE-LAR (EVA). Por estas y otras vías se procura abatir el porcentaje de estu-diantes que abandonan los estudios e incrementar el porcentaje de gra-duados en una población estudiantil donde los tres cuartos pertenecen a la Población Económicamente Activa y un tercio trabaja más de 30 horas semanales.



Mejoramiento de la labor docente

La expansión de la enseñanza se basa en la expansión cualitativa y cuanti-tativa del personal docente. Se está construyendo una carrera docente que apunta a fomentar la labor in-tegral, especificar modalidades de evaluación y ascenso, y fomentar la mejora de la formación. Según el censo de 2009 una tercera parte de los docentes de la UDELAR cuentan con un diploma de especialización o título de postgrado. Porción significa-tiva del incremento presupuestal fue dedicado a incorporar más docentes, a extender sus horarios de labor y a posibilitar el ascenso de grado de aquellos con las calificaciones ade-cuadas para ello. El total de horas docentes en la UDELAR creció casi un 25% durante los últimos cinco años. El siguiente cuadro muestra cómo ha crecido el número de docentes de más alto grado que dedican treinta o más horas semanales a la UDELAR. La UDELAR cuenta con un régimen dedicación total (DT) para sus docen-tes, que en cada caso se renueva si son satisfactorias las evaluaciones periódicas del plan de trabajo inte-gral del docente involucrado. La UDE-LAR considera estratégico ampliar el acceso a ese régimen y asignó recur-sos para ello. El número de docentes en régimen de DT pasó de 550 en

diciembre de 2007 a 733 en junio de 2010 y llegará a cerca de 800 al fina-lizar el año, durante el cual llegará a haber varias decenas de docentes con DT en el Interior.

Investigación e innovación

La alta dedicación de los docentes universitarios y una política sosteni-da a lo largo de décadas de apoyo a la investigación han hecho de la UDE-LAR el principal actor de la investiga-ción nacional y el único ámbito del país donde se genera conocimientos en todas las áreas del saber y de la cultura. En ella se desempeñan no menos de 3 de cada 4 investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Uruguay necesita multiplicar al menos por cuatro el nú-mero de investigadores. La UDELAR, donde se combina la formación de postgrado con la generación de cono-cimientos, es un semillero de inves-tigadores aptos para desempeñarse en todos los sectores productores de bienes y servicios Durante largo tiempo la UDELAR ha fomentado sis-temáticamente las relaciones de la investigación con el sector público, el conjunto de la producción y la socie-dad en general. Los convenios de co-laboración con actores de esos ámbi-tos se multiplican. Se han establecido programas conjuntos con organismos públicos. Se está impulsando la inves-tigación y la innovación orientadas a

la inclusión social, que constituye una dimensión relevante de la Reforma. Por todo ello la UDELAR es uno de los actores más “conectados” del llama-do Sistema Nacional de Innovación.

Integración de funciones y cu-rricularización de la extensión.

Se ha priorizado el respaldo mutuo entre las funciones de enseñanza, in-vestigación y extensión, característica fundamental de la formación autén-ticamente universitaria. Un ejemplo de ello en el accionar externo de la UDELAR es el Proyecto Flor de Ceibo de apoyo al Plan Ceibal, impulsado desde la UDELAR por las Comisiones Sectoriales de Enseñanza, Investiga-ción y Extensión, en convenio con el LATU, que movilizando a centenares de estudiantes universitarios llegó a 38 escuelas en 2008 y a 107 en 2009. Se avanza hacia una meta definitoria de la nueva Reforma, la curriculariza-ción de la extensión – vale decir, su incorporación a todos los planes de estudio –, que refuerza la enseñan-za activa conectada con las prácticas sociales. Asimismo, multiplica el nú-mero de docentes y estudiantes que colaboran con otros actores en tareas muy variadas, que van desde la aten-ción rápida a situaciones de emer-gencia nacional al respaldo a coo-perativas y pequeños productores rurales y el desarrollo del Programa Integral Metropolitano en las zonas 6 y 9 de Montevideo, que involucró en 2009 a dieciséis Servicios univer-sitarios, casi mil estudiantes, sesenta docentes, diversas reparticiones pú-blicas y numerosas organizaciones sociales.

MAS INFO EN EL PORTAL DE LA UDE-LAR: www.universidad.edu.uy



LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Derecho a la discusión

El martes 28 de setiembre se reali-zó la segunda parte de una serie de jornadas organizadas por ADUR-FCS (Asociación de docentes de la Uni-versidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales) orientadas a la discusión sobre la ley orgánica de la Universidad de la República po-niendo como documento base el ar-ticulado presentado por la comisión CDC-AGC de la Universidad. El eje de discusión propuesto fue “Estructura orgánica y gobierno de la Universidad”.El primer panelista fue un egresado de Facultad de Derecho, el Dr. José Bessouat el cual resaltó la importan-

cia de organizar la discusión sobre la ley orgánica de la Universidad en base a ejes temáticos y NO en torno a un articulado. Desde un enfoque jurídico, explicó cuál es lal función de una ley orgánica y su diferencias con una ley programática. También comentó las características de la Universidad como ente autónomo de creación constitucional, particu-larísimo, necesario y nacional.La segunda exposición estuvo a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Dr. Diego Piñeiro el cual expuso la necesidad de re-formar la Ley Orgánica basada en los grandes cambios producidos en

los últimos 50 años. Comentó que la geografía de la Universidad va a cambiar fruto de los avances en la descentralización y del aumento de la matrícula estudiantil. Hizo espe-cial hincapié en las posibilidades de integración del CDC.Por último, tuvo la palabra el docen-te de Ciencias Sociales Tabaré Fer-nández el cual hizo un análisis par-ticular, profundo y crítico sobre el articulado propuesto. Hizo especial énfasis en los órganos actuales y su comparación con la nueva propuesta presentada.

Asamblea General del Claustro Convención de la FEUU Consejo de Facultad de DerechoSe conformó una comisión mixta CDC-AGC para discutir el tema L.O.Derecho presentó un documento como insumo para la discusión.

Se instaló para discutir específica-mente el tema a nivel estudiantil. Derecho participa de los talleres y de los plenarios.

Resolvió orientar la discusión de la ley orgánica sobre ejes temáticos; en este ámbito todos los órdenes parti-cipan de la discusión.

Dr. José Bessouat, Prof. Decano Diego Piñeiro y Prof. Tabaré Fernández

revista excepción nº 31

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