Ni ideal ni desastre. Colombia: entre el mito de la robustez democrática y

el estereotipo de nación violenta

José Fernando Flórez1

Sumario. I. ¿Historia de la democracia o democracia en la historia? II. La feria de los adjetivos. A. ¿Estado, régimen o gobierno ilegítimo? B. ¿Una democracia “disminuida”? III. El mito de la robustez democrática. IV. Necesidad de un modelo de análisis transversal.

“Los verdaderos problemas no tienen solución sino historia”

Nicolás Gómez Dávila, Escolios I

I. ¿Historia de la democracia o democracia en la historia?

En la historia universal del galimatías, pocas trayectorias causan tanta

perplejidad como la descrita por la palabra democracia2. Debido a su capacidad

milenaria de supervivencia y el margen de ambigüedad tan amplio que ha

podido soportar el mismo vocablo, la multiplicidad de objetos que ha servido

para designar tal vez no conoce parangón en la historia de la ciencia política:

1 José Fernando Flórez Ruiz es profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Abogado (2005), especialista en Derecho Constitucional (2006), Magíster en Administración y Políticas Públicas (2007) y candidato a Doctor (PhD) en Ciencia Política por la Universidad París II Panthéon-Assas. Ha sido investigador invitado de la Universidad de Buenos Aires (2008), la Universidad Autónoma de México (2008) y Visiting Scholar de Columbia University, NY (2009-2010). Es el autor de numerosos artículos sobre Estados fallidos, democracia, políticas públicas, presidencialismo, sistemas electorales, regímenes y partidos políticos latinoamericanos, publicados en revistas de Colombia, Panamá, México y Francia. Su actividad científica ha sido auspiciada por becas de la Universidad Externado de Colombia y el Programa de Excelencia Eiffel del gobierno francés. Además de columnista de Semana.com, es colaborador habitual de la revista virtual Razón Pública, blogger de La Silla Vacía, crítico de cine en el portal www.ochoymedio.info y representante para América Latina de la tecnología Urtak. jose.florez@uexternado.edu.co @florezjose en Twitter http://iuspoliticum.blogspot.com 2 JOHN DUNN. Democracy: A History, New York, Atlantic Monthly Press, 2005.

COLLIER y LEVITSKY identifican 550 “subtipos” nominales de democracia,

algunos confeccionados para señalar arreglos institucionales con

características específicas que deben considerarse “plenas” democracias, y

otros utilizados para enmarcar formas “disminuidas” de democracia3.

Por esta razón, aproximarse a la historia de la democracia colombiana no

equivale a abordar la noción de democracia en la historia de Colombia. La

distinción no es anodina si se tiene en cuenta que la democracia, antes que un

ideal tipo metafísico, es un problema en permanente construcción histórica

cuyo contenido viene determinado por las circunstancias fácticas y los

desarrollos intelectuales de cada época. En esta medida, una teoría de la

democracia lo suficientemente ambiciosa debería integrar en su cuerpo de

análisis, de un lado la filosofía concebida en torno a las formas de organizar el

“gobierno del pueblo”, y del otro las prácticas experimentadas en el campo

político para el efecto.

SORENSEN considera que el debate sobre la democracia tiene una “dinámica

integrada” (a built-in dynamic)4. Se refiere a que las reflexiones sobre la

democracia son elaboradas con respecto a un contexto social específico, que

incorpora nuevos aspectos y dimensiones tanto cuando las prácticas, como la

percepción que los analistas tienen de ellas, varían.

PLATÓN consideraba la democracia una forma de gobierno intrínsecamente

inconveniente y la contaba entre las principales causas del declive de Atenas.

En su entender, la derrota de la ciudad-estado en la guerra contra Esparta se

explicaba en buena medida por la decadencia de la moral y del liderazgo

favorecida por el gobierno de la “pobre mayoría”, uno donde ya no había

respeto por la familia, la escuela, ni las demás estructuras de autoridad.

Llegaría el momento en que ya ni las leyes serían respetadas puesto que se

les vería como ataques a la libertad del pueblo, situación que terminaría por

3 DAVID COLLIER y STEVEN LEVITSKY. “Democracy with Adjectives”, World Politics, Vol. 49, No. 3, 1997, p. 430-451. 4 GEORG SORENSEN. Democracy and Democratization: Processes an Prospects in a Changing World, Third Edition, Boulder, Westview Press, 2008, Kindle Version, Locations 99-106.

conducir a la anarquía y el caos propicios para la tiranía. De ahí que la solución

propuesta por PLATÓN para sustituir el gobierno de los incapaces, fuera el

gobierno de los filósofos, de los más sabios, entrenados y educados5.

ARISTÓTELES, otro gran crítico de la democracia, la juzgaba una forma de

gobierno consagrada exclusivamente al bienestar de los pobres y por lo tanto

esencialmente sesgada en favor de un sector específico de la sociedad. Por

esta razón, el Estagirita se inclinaba por una asamblea con participación

popular para la discusión de las leyes, pero combinada con elementos de

monarquía y aristocracia, que dieran lugar a un “Estado mixto” donde la

separación de poderes garantizara el balance fuerzas entre los principales

grupos de la sociedad6.

Después de la caída de Roma, el debate sobre la democracia entró en período

de hibernación. La rígida estructura jerárquica del feudalismo propio de la Edad

Media aplazó cualquier discusión sobre el ejercicio del poder que no estuviera

basado en el rango, que para la época provenía de la herencia o la fuerza.

Un nuevo cuerpo de pensamiento sobre la democracia comenzó a tomar forma

durante el Renacimiento. La obra de MAQUIAVELO, en especial la publicación de

El Príncipe en 1513, supuso una recuperación del debate en torno a la idea

democrática, que se intensificó a finales del siglo XVIII para acompañar los

procesos revolucionarios en Estados Unidos y Francia. Sin embargo, al

contrario de lo que de corriente se piensa, ambas revoluciones en sus inicios

vehicularon una visión negativa de la democracia, donde se le consideró una

amenaza para la República, que podía degenerar en demagogia u oclocracia, e

incluso conducir a la anarquía.

Tanto MADISON como SIEYÈS vieron en la democracia un enemigo del buen

gobierno. El primero distinguió las “repúblicas”, fundadas en el principio de

gobierno representativo, de las “democracias puras” inspiradas en el modelo

5 ROBERT DAHL. La democracia y sus críticos, Madrid, Paidós, 1992, p. 22. 6 DAVID HELD. Models of Democracy, 3ª ed., Cambridge, Polity, 2006, p. 26

antiguo griego, a las que describía como “espectáculos de turbulencia y

disputa”, incompatibles con la seguridad personal y el derecho de propiedad, y

de poca duración: “tan cortas en sus vidas como violentas en sus muertes”7.

Por su parte, SIEYÈS advirtió que el tamaño de los Estados modernos era un

obstáculo insalvable para la democracia directa al modo ateniense, y por lo

tanto consideró que su ejercicio por medio de representantes, que “son mucho

más capaces que los ciudadanos para conocer el interés general”8, era más

conveniente. En suma, aunque hoy el gobierno representativo es uno de los

corolarios de la democracia, a finales del XVIII la acepción arcaica del concepto

como gobierno directo que aún prevalecía, suponía su negación.

Esta concepción peyorativa de la palabra democracia fue retomada durante el

período postrevolucionario y solo será desvirtuada más tarde, una vez

superada la disociación entre democracia y representación, gracias al intento

temprano de conciliación conceptual iniciado por ROBESPIERRE en 1794, para

quien los términos “gobierno democrático” y “gobierno republicano” debían

entenderse como sinónimos “a pesar de los abusos encontrados en el habla

vulgar”9.

Este esfuerzo será completado en Francia desde una perspectiva sociológica

por PIERRE-PAUL ROYER-COLLARD, quien para 1822 ya entendía la democracia

no como una forma de régimen político, sino un “tipo de sociedad” donde

estaba consagrada la igualdad de derechos ante la ley, resultado cardinal de la

emergencia de las clases medias y la reducción de la brecha que alguna vez

las separó de las clases altas (la aristocracia, en particular)10. En un texto

célebre publicado 1837, GUIZOT terminará de caracterizar la “democracia

moderna”, en oposición a la democracia de las antiguas repúblicas, como un 7 JAMES MADISON. The Federalist, No. 10, “The Union as a Safeguard Against Domestic Faction and Insurrection”, from the New York Packet, Friday, November 23, 1787. (http://www.foundingfathers.info/federalistpapers/fed10.htm). 8 ABBÉ SIEYÈS. Dire sur la question du veto royal, p. 14. 9 ROBESPIERRE. Discurso del 5 de febrero de 1794 “Sobre los principios de moralidad política que deben guiar la Convención Nacional en la administración interna de la República”, en Textes choisis, París, Editions Sociales, 1974, Tomo 3, p. 113. 10 PIERRE ROSANVALLON. “The History of the Word «Democracy» in France”, Journal of Democracy, Vol. 6, No. 4, 1995, p. 145-149.

“movimiento social” que entraña “la limitación de todos los poderes por el

gobierno representativo, la igualdad civil, la igualdad en la admisibilidad a todos

los puestos oficiales, y la extensión de las libertades individuales”11.

Sólo a partir de la década de 1830 se consolida la democracia como ideal

positivo de gobierno, “gobierno del pueblo”, desde luego, pero que utiliza la

representación como principal instrumento de materialización. ALEXIS DE

TOCQUEVILLE completó el salto semántico en 1835 con la publicación del primer

volumen de La Democracia en América. Allí invirtió la lógica hasta entonces

imperante de identificar la democracia con el gobierno directo, al adoptar la

extensión del sufragio como criterio definitivo, y señaló que incluso en la

antigua Atenas, de corriente considerada como la “cuna histórica” de la

democracia, ésta no existió. Con apenas 20.000 ciudadanos (de entre 350.000

habitantes) habilitados para votar, Atenas “no era entonces, después de todo,

sino una república aristocrática donde todos los nobles tenían un derecho igual

al gobierno”12. No deja sin embargo de causar asombro el contexto social en

que la palabra democracia en su versión electoral empezó a ser usada para

definir la sociedad moderna, puesto que en Francia, para 1820, el voto era

censitario y apenas sufragaban 100.000 personas de una población que ya

superaba los 30 millones13 (apenas el 0,3 %).

Más recientemente, JOHNATAN SUNSHINE estableció dos criterios para

determinar en qué momento un país debía considerarse democrático en el

contexto del siglo XIX: 1) Cuando el 50% de los adultos hombres son aptos

para el voto y 2) cuando existe un ejecutivo responsable que debe mantener el

apoyo mayoritario en un parlamento elegido (régimen parlamentario), o bien él

mismo es elegido popular y periódicamente (régimen presidencial). Bajo esta

lente, la democracia en Estados Unidos sólo habría comenzado a partir de

11 FRANÇOIS GUIZOT. “De la démocratie dans les sociétés modernes”, Revue Française, noviembre de 1837, p. 224. 12 ALEXIS DE TOCQUEVILLE. De la démocratie en Amérique, Volume 2, Première Partie, Chapitre XV (« Pourquoi l’étude de la littérature grecque et latine est particulièrement utile dans les sociétés démocratiques »), p. 67. El texto en francés está disponible en Google Books. La versión inglesa se encuentra en: http://xroads.virginia.edu/~Hyper/detoc/toc_indx.html 13 Según el censo de 1821, Francia contaba para la época con 30.461.875 habitantes.

184014.

Si se hiciera un ejercicio similar con respecto a Colombia, tendríamos que el

sufragio universal masculino directo fue adoptado en 1853, fecha que con

respecto al contexto latinoamericano denota precocidad ya que junto con

Argentina, Colombia fue el primer país de América continental en hacerlo,

seguido de Venezuela y México. Solo a partir de 1957 el sufragio se hizo

extensivo a la mujer a nivel nacional, aunque la legislatura de la provincia de

Vélez, en Santander, ya lo había reconocido desde 1853, convirtiéndose en el

primer lugar del mundo en otorgar el voto femenino, al adelantarse 16 años a

Wyoming, el más precoz de los estados estadounidenses en la materia15. Sin

embargo este ejercicio, a pesar de su interés histórico, hoy carece de

relevancia teórica porque una visión de la democracia reducida a la falacia del

electoralismo está mandada a recoger16.

Los anteriores son apenas algunos ejemplos, más bien lejanos en el tiempo, de

la enorme heterogeneidad de aproximaciones que ha inspirado la idea

democrática en su devenir histórico como aspiración política ideal, y en su

proceso de consolidación como modelo global de ejercicio del poder.

Revisaré aquí algunas de los enfoques académicos que han hecho carrera

sobre la democracia colombiana, para cotejarlos con las prácticas que se

pueden verificar en la práctica histórica con miras a evaluar su poder

explicativo. El objetivo principal es desvirtuar los dos estereotipos extremos que

14JONATHAN SUNSHINE. Economic Causes and Consequences of Democracy, Ph.D. Dissertation, Columbia University, 1972, pp. 48-58. WILLIAM CHAMBERS adelanta la fecha de operatividad del criterio a 1828 (“Party Development and the American Mainstream”, en WILLIAM CHAMBERS y WALTER DEAN BURNHAM. The American Party Systems: Stages of Political Development, New York, Oxford University Press, 1967, p. 12-13). Ambos ejercicios son reseñados por SAMUEL HUNTINGTON. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, University of Oklahoma Press, 1993, p. 16. 15 DAVID BUSHNELL. Colombia. Una nación a pesar de sí misma, Bogotá, Planeta, 2010, p. 163: “Infortunadamente, los adherentes de la emancipación de las mujeres todavía eran una reducida minoría… La Corte Suprema procedió a anular el decreto de Vélez con el argumento de que ninguna provincia podía otorgar a nadie más derechos de los que la Constitución nacional le garantizaba; y aparentemente la anulación llegó antes de que ninguna veleña pudiera ejercer el derecho al sufragio”. 16 Ver PHILIPPE SCHMITTER y TERRY LYNN. “What Democracy Is… And Is Not”, Journal of Democracy, Vol. 2, No. 3 (verano 1991), p. 78.

han primado sobre nuestra experiencia democrática. De un lado, el de

Colombia como la democracia “más antigua de Latinoamérica” e ideal de

apego democrático, que encontraría su principal manifestación en una fuerte

tradición electoral de más de doscientos años de vida republicana durante los

cuales los golpes de Estado y las dictaduras militares han brillado por su

ausencia (visión democrática optimista). Y de otro lado el estereotipo que

caracteriza a Colombia como una “nación criminal”17, un Estado

“endémicamente débil” que aún no ha terminado de formarse18, y donde la

violencia política desvirtúa cualquier posibilidad de legitimidad democrática

(visión democrática pesimista). En lugar de aventurar respuestas definitivas,

pongo en evidencia falacias argumentativas, al tiempo que sugiero derroteros

conceptuales y estrategias de investigación.

II. La feria de los adjetivos

Es corriente hablar en ciencia política de la “paradoja latinoamericana”, esto es,

el hecho de que los países de la región se caracterizan por un descontento de

la mayoría de sus ciudadanos con la democracia, que contrasta con la

perdurabilidad de las instituciones democráticas19. Sin embargo, una

perspectiva opuesta señala que la “originalidad latinoamericana” es más bien el

resultado de una “imposible conciliación entre la afirmación de una voluntad de

apego al ideal democrático y las realidades que la desmienten”20. Pareciera

entonces que a la ambivalencia de la vida política de América Latina, hubiera

que agregar otra específicamente académica de quienes la estudian.

17 La mejor disección de la caracterización de Colombia como “nación criminal”, recurrente en la historiografía colombiana, la hace EDUARDO POSADA. La nación soñada. Violencia, liberalismo y democracia en Colombia, Bogotá, Norma, 2006. Ver en especial el primer capítulo, titulado “Retratos de un «país asesino»”, p. 19-43. 18 Para esta visión, con respecto al siglo XIX se puede leer a BERNARDO VELA. Contribución al debate sobre la formación del Estado colombiano en el siglo XIX, Bogotá, UEC, 2010 y a GERARDO MOLINA. La formación del Estado en Colombia y otros textos políticos, Bogotá, UEC, 2004. Ver también, a escala latinoamericana, LAURA TEDESCO. El Estado en América Latina. ¿Fallido o en proceso de formación?, Madrid, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), 2007. 19 TRICIA OLSEN. “A Latin American Paradox? Democratic Quality and Endurance”, Conference delivered at the meeting of the Latin American Studies Association, Rio de Janeiro, Brazil, junio 11-14, 2009. 20 JACQUES LAMBERT y ALAIN GANDOLFI. Le système politique de l’Amérique latine, París, PUF, 1987, p. 13.

En lo que concierne a Colombia, el lugar común indica que su sistema político

se singulariza por la presencia de dos fuerzas en permanente tensión histórica:

de un lado, una tradición democrática con fuerte arraigo en las instituciones

electorales, cuya manifestación esencial es la estabilidad política que exhibió a

lo largo del siglo XX, muy alta con respecto a los demás países de la región

donde en cambio cundieron los golpes de Estado y las dictaduras militares. Y

del otro, el flagelo de un conflicto armado interno particularmente largo, intenso

y descarnado. En suma, el contraste entre democracia y conflicto armado, o

entre legitimidad y violencia21.

Desde esta perspectiva, KISSINGER considera a Colombia “un país lleno de

ambigüedades”22 debido a sus tres rasgos históricos principales: en primer

lugar, la estabilidad de las políticas macroeconómicas y el prudente manejo

fiscal, que se tradujo en tasas comparativamente elevadas de crecimiento

económico a lo largo del siglo XX y en el pago cumplido de la deuda externa;

en segundo lugar, la estabilidad política, que la convirtió, junto con México,

Costa Rica y Venezuela, en uno de los pocos países de Latinoamérica que

logró escapar a la oleada dictatorial de los años sesenta y setenta, con apenas

una interrupción de la democracia electoral en cien años (1953-1957); y en

tercer lugar, el padecimiento de uno de los conflictos internos más antiguos y

violentos del mundo.

Esta “situación paradójica” que causa perplejidad internacional, constituye para

ZULETA la nota distintiva de la realidad colombiana, donde la violencia se

explica por la confluencia de tres factores: los antecedentes históricos de la

violencia política, la debilidad “endémica” del Estado y, más recientemente, el

auge del narcotráfico.

“Es frecuente asociar la violencia política a la existencia de un régimen que trata de

imponer a toda costa un determinado modelo de sociedad o de impedir toda forma de 21 MARCO PALACIOS. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Bogotá, Norma, 1995. 22 HENRY KISSINGER. Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21st Century, Nueva York, Simon & Schuster, 2001, p. 89.

oposición. Esto es verdad en casi todas partes, pero no corresponde a nuestra realidad.

Es probablemente este curioso fenómeno el que desconcierta a algunos organismos

internacionales encargados de la protección de los derechos humanos, cuando se

enfrentan a una situación tan compleja e inédita como la nuestra: tratan de asimilarla a

las situaciones políticas que están acostumbrados a encontrar en otros países, piensan

por analogía y son incapaces de reconocer la especificidad y la particularidad del caso

colombiano. No es fácil, en efecto, entender la yuxtaposición de instituciones

democráticas vigentes y violencia política en gran escala”23.

Sin embargo, el respeto por la democracia formal se ve menguado para ZULETA

de facto puesto que las libertades civiles y las institucionales democráticas se

encuentran “socavadas por el temor, y la violencia política y de otros tipos es

mucho mayor que en aquellos países del continente en los que se encuentran

suprimidas por un régimen dictatorial”24.

Tal vez esta ambigüedad hace que Colombia no escape a la tentación

sistemática de utilizar indiscriminadamente adjetivos para intentar discernir su

especificidad democrática. HARTLYN y DUGAS la describen como un país difícil

de categorizar25. Y sin embargo, en lo que concierne a su democracia, ningún

país de Latinoamérica ha sido objeto de más categorizaciones: durante el

período del Frente Nacional (1958-1974) se le calificó, en razón de las

restricciones electorales que impuso la alternancia bipartidista pactada en el

poder y el abuso de la figura del Estado de sitio, como una democracia

“controlada”26, “oligárquica”27, “elitista bipartidista tradicional”28, “próxima a la

23 ESTANISLAO ZULETA. Colombia: violencia, democracia y derechos humanos, Bogotá, Altamir Ediciones, 1991, p. 140. 24 Ibídem, p. 141. 25 JONATHAN HARTLYN y JOHN DUGAS. “Colombia: The Politics of Violence and Democratic Transformation”, en LARRY DIAMOND y al. (Eds.). Democracy in Developing Countries. Latin America, 2nd Edition, Boulder, Lynne Riener, 1999, p. 249. 26 MILES WILLIAMS. El Frente Nacional: Colombia’s Experiment in Controlled Democracy, PhD dissertation, Vanderbilt University, 1976. 27 ALEXANDER WILDE. “Conversations among Gentlemen: Oligarchical Democracy in Colombia”, en JUAN LINZ y ALFRED STEPAN. The Breakdown of Democratic Regimes. Latin America, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1978, p. 28-81. 28 FERNANDO CARDOSO y ENZO FALETTO. Dependency and Development in Latin America, Berkeley, University of California Press, 1979, p. 179.

poliarquía”29, “restringida”30, “inclusiva autoritaria”31 y un “régimen consocional

democrático limitado”32.

Ulteriormente, mientras para algunos la Constitución de 1991 “reforzó” el

carácter democrático del régimen y aceleró el tránsito hacia la consolidación

aún inalcanzada33, para otros la democracia se vio “erosionada” en los últimos

años como resultado de factores exógenos al régimen político, en especial la

resistencia de los grupos de extrema izquierda (guerrillas) y extrema derecha

(paramilitares) a integrarse a la sociedad civil y el debate político legal34.

Ni siquiera desde un punto de vista meramente jurídico resulta pacífico el

carácter presidencial35 del régimen político colombiano. Debido al proceso de

paulatina “parlamentarización” que han venido experimentando sus

instituciones36, algunos autores lo clasifican como una hipótesis de

“presidencialismo parlamentarizado”37, en tanto que otros lo consideran, debido

a la inoperancia práctica de la moción de censura contra ministros, apenas un

caso de presidencialismo “con matices parlamentarios”38.

A. ¿Estado, régimen o gobierno ilegítimo?

29 ROBERT DAHL. Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven, Yale University Press, 1971, p. 84. 30 FRANCISCO LEAL. Estado y Política en Colombia, Bogotá, Siglo XXI, 1984. 31 BRUCE BAGLEY. “National Front and Economic Development”, en ROBERT WESSON (Ed.), Politics, Policies and Economic Development in Latin America, Stanford, Hoover Institution Press, 1984, p. 124-160. 32 JONATHAN HARTLYN y JOHN DUGAS (1999), cit., p. 252. 33 Ibídem. 34 ANA BEJARANO y EDUARDO PIZARRO. “From «restricted» to «besieged». The Changing Nature of the Limits to Democracy in Colombia”, en FRANCES HAGOPIAN y SCOTT MAINWARING (Eds.). The Third Wave if Democratization in Latin America. Advances and Setbacks, New York, Cambridge University Press, 2005, p. 235 y 243. 35 CATHERINE FAIVRE. “La Colombie, un régime présidentiel en trompe-l’oeil”, Revue Internationale de Droit Comparé, No. 3, julio-septiembre de 2006, p. 861-883. 36 JOSÉ FERNANDO FLÓREZ. “Rudimentos del régimen parlamentario : ¿una opción para Colombia ?”, Revista Derecho del Estado, No. 22, junio de 2009, p. 245-291. 37 JORGE CARPIZO. Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina, México, UNAM, 2007, p. 205. 38 JOSÉ DE JESÚS OROZCO. “Tendencias recientes en los sistemas presidenciales latinoamericanos”, en PEDRO PABLO VANEGAS (Coord.). La democracia constitucional en América Latina y las evoluciones recientes del presidencialismo, Bogotá, UEC, 2009, p. 59 y 62. Atribuye el autor el matiz a HUMBERTO DE LA CALLE, pero sin precisar en qué escrito.

La tensión entre democracia y violencia característica del caso colombiano

encuentra especial expresión en las distintas percepciones de los analistas en

el plano de la legitimidad democrática. Mientras algunos la descartan, otros

resaltan la fuerte legitimidad histórica del régimen político colombiano, el peso

de sus instituciones y la “resiliencia” de la democracia albergada por un Estado

lleno de vicisitudes, donde “lo que necesita ser mejor explicado y entendido no

es su fracaso, sino su fuerza”39.

Si algún concepto resulta particularmente problemático para la ciencia política y

el derecho es la legitimidad. Para evitar caer en el legalismo reductor de la

noción de legitimidad que propició el positivismo jurídico, SCHMITT recuerda que

la legalidad desde su origen fue un producto del racionalismo occidental y

apenas una “forma de legitimidad”, pero no la única, ni menos aún su sinónimo,

pudiendo además conducir la aplicación extrema de la lógica legalista al

establecimiento de un absolutismo del “Estado legislativo”, que supondría la

negación de la legitimidad y la renuncia a cualquier derecho de resistencia ante

la tiranía, fundado en motivos políticos:

“Si se priva al concepto de ley de toda relación de contenido con la razón y la justicia,

conservándose al mismo tiempo el Estado legislativo con el concepto de legalidad que le

es específico, el cual concentra en la ley toda la dignidad y la majestad del Estado,

entonces toda ordenanza de cualquier especie, todo mandato y toda disposición, toda

orden a cualquier oficial o soldado y toda instrucción concreta a un juez, en virtud de la

“soberanía de la ley”, puede hacerse legal y jurídica mediante una resolución del

Parlamento o de otra instancia que participe en el proceso legislativo”40.

Como se ve, SCHMITT prefiguró las aberraciones legales del régimen nazi que

después irónicamente terminaría por apoyar como militante del partido

nacionalsocialista, es decir, las leyes inhumanas que el nacionalsocialismo

aprobó con respeto del procedimiento legislativo previsto en la Constitución

para la época.

39 EDUARDO POSADA. “Colombia’s Resilient Democracy”, Current History, Vol. 103, No. 670 (febrero de 2004), p. 68-73. 40 CARL SCHMITT. Legalidad y legitimidad, Madrid, Aguilar, 1971, p. 31-32.

El concepto de legitimidad desborda entonces el de legalidad, aunque sin

poder abandonarlo porque en el contexto moderno del Estado de Derecho lo

presupone como principal herramienta de materialización. La legitimidad

encuentra además diversas manifestaciones según el tipo dominación al que

se refiere. Es así como la legitimidad aristocrático-monárquica, basada en la

exaltación de la herencia, o la legitimidad maquiavélica del Príncipe, cimentada

en la gloria del hombre que construye el Estado, difieren sustancialmente de la

legitimidad democrática.

La legitimidad democrática se descompone en dos tipos de procesos, que

hacen referencia a la legitimidad de origen (legitimidad secundum titulum) y la

legitimidad de ejercicio (legitimidad secundum exercitium). En el primer

componente caben la teoría del Poder Constituyente y todo el cuerpo de

pensamiento en torno a la idea de representación, esto es, la realización de

elecciones periódicas, libres y pacíficas para la elección de gobernantes por un

tiempo limitado. El segundo componente abarca aspiraciones exigibles en el

ejercicio del poder democráticamente elegido, tales como la existencia derecho

de oposición, la libertad de expresión y prensa, la separación y equilibrio de los

poderes y, sobre todo, el principio de legalidad y constitucionalidad, que se

traduce en “la imperiosa obligación que se impone a los poderes públicos de

actuar conforme a las formas jurídicas que proclama la letra de la ley”41. De ahí

que ningún gobierno que violente la ley, aunque cuente con una enorme

popularidad y lo haga de la manera más sutil y discreta, pueda considerarse

legítimo.

Desde una perspectiva sociológica, el concepto de legitimidad debe ampliarse

a la aspiración de aceptación por el conglomerado social del aparato de

dominación estatal y el acatamiento pacífico de sus normas jurídicas. La

legitimidad sería desde esta óptica ante todo “una forma de obtener obediencia

cuando el consentimiento permite conjurar el recurso al miedo” o, en otras

palabras, “una forma de obediencia construida en el consentimiento, en la

41 ELOY GARCÍA. Legitimidad y democracia. La democracia ante su momento maquiavélico, Vigo, Universidade de Vigo, 1998, p. 20.

aceptación pacífica del gobernante por el gobernado”42. En esta línea, la

definición que trae el Diccionario de Política de BOBBIO, MATTEUCCI y PASQUINO,

es una de la más ponderadas. Allí, en su sentido específicamente político-

sociológico, la legitimidad se entiende como:

“El atributo del Estado que consiste en la existencia en una parte relevante de la

población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario,

salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza. Por lo tanto, todo poder trata de ganarse

el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en

adhesión. La creencia en la legitimidad es, pues, el elemento integrante de las relaciones

de poder que se desarrollan en el ámbito estatal”43.

POSADA avanza un análisis en defensa de la legitimidad del Estado colombiano,

con base en las tres variables que considera determinantes para delimitar el

concepto: la validez general del sistema electoral y sus instituciones, que

refutaría la supuesta falta de representatividad del sistema político; los

resultados del Estado en el cumplimiento de sus funciones, los cuales

desvirtuarían la alegada inefectividad de la acción gubernamental; y, por último,

la confianza ciudadana en las instituciones, cuya contracara serían las

percepciones y creencias negativas de los gobernados respecto de quienes los

gobiernan y las instituciones . En su opinión:

“Bajo cada uno de los tres criterios el Estado colombiano puede, y debe, reclamar sus

condiciones legítimas. Su poder central se orienta y reconstituye regularmente en

procesos electorales cuyos resultados, en general, no se disputan. Algunas de sus

instituciones funcionan de manera efectiva. Y algunas de sus instituciones reciben

significativos respaldos ciudadanos”44 .

42 Ibídem, p. 9 y 15. 43 NORBERTO BOBBIO, NICOLA MATTEUCCI y GIANFRANCO PASQUINO. Diccionario de Política, décima edición en español, Madrid, Siglo Veintiuno Editores, 1997, p. 862. 44 EDUARDO POSADA. “Ilegitimidad” del Estado en Colombia. Sobre los abusos de un concepto, Bogotá, Cambio, 2003, p. 25.

Conviene a este respecto, siguiendo a EINSIEDEL45, avanzar una aproximación

diferenciada para no confundir la legitimidad del Estado con la del régimen

político, ni con la del gobierno, puesto que se trata de distintas unidades de

análisis.

En primer lugar, un gobierno específico puede perder la legitimidad mientras el

régimen y el Estado que lo enmarcan la conservan, como ocurrió con la

administración de NIXON en 1974 o, para no ir tan lejos, con el gobierno de

ERNESTO SAMPER en 1995 cuando inició el proceso 8.000 y después se probó

que su campaña presidencial había sido financiada con dineros del Cartel de

Cali. Otro tanto sucedió durante el segundo mandato de ÁLVARO URIBE, cuando

se demostró en 2008 que la reforma constitucional que permitió su reelección

en 2006 fue comprada con dádivas otorgadas por el ejecutivo a varios

parlamentarios a cambio de su voto favorable (escándalo de la yidispolítica).

Tan grave resultó este episodio para la legitimidad de la democracia

colombiana, que la Corte Suprema de Justicia decidió compulsar a la Corte

Constitucional copias de la Sentencia No. 173 de 26 de junio de 2008,

condenatoria de la destituida parlamentaria YIDIS MEDINA por el delito de

cohecho, con el fin de que el alto tribunal revirtiera los efectos del fallo C-1040

de 2005, el cual había declarado con anterioridad la constitucionalidad de la

reforma a la Carta (Acto Legislativo No. 2 de 2004) que autorizó la reelección

presidencial inmediata. Para el efecto, la Corte Suprema de Justicia constató

que:

“(i) La Congresista acusada apoyó decididamente el proyecto de reforma (Acto

Legislativo No 2 de 2004); (ii) tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como

fruto de su libre examen y convencimiento sobre las bondades de la propuesta, sino

gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces, deviene ilegítima

la actividad constitucional desplegada”.

Por lo tanto:

45 SEBASTIAN VON EINSIEDEL. “Policy Responses to State Failure”, en SIMON CHESTERMAN y al. (Eds.). Making States Work: State Failure and the Crisis of Governance, Nueva York, United Nations University Press, 2005, p. 19.

“Las circunstancias de factum y de iuris que sirven de fundamento a la presente

sentencia indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una

clara desviación de poder, en la medida en que el apoyo de una congresista a la

iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas.”

A partir de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de

Justicia concluyó que “el delito no puede generar ningún tipo de legitimación

constitucional”, motivo por el cual consideró necesario “ordenar la remisión de

copia de esta sentencia al Tribunal Constitucional y a la Procuraduría General

para los fines que estimen pertinentes”46.

Sin embargo, la Corte Constitucional no tomó en consideración las nuevas

pruebas de que la reforma constitucional que permitió la reelección había sido

el fruto del delito de cohecho, ilícito cuya comisión, según lo estableció la Corte

Suprema de Justicia, fue “definitiva y determinante” para la aprobación de la

reforma en el Congreso puesto que sin la compra del voto de MEDINA no se

habría producido. Por el contario, el máximo tribunal constitucional se abstuvo

de revisar la Sentencia C-1040 de 2005 por considerar que ya había hecho

tránsito a cosa juzgada constitucional al no haberse presentado la solicitud de

nulidad de la misma dentro de los tres días siguientes a su notificación, término

perentorio establecido por la jurisprudencia constitucional para el efecto, y

porque en su entender, frente al Acto Legislativo No. 2 de 2004, ya había

operado también el término perentorio de un año previsto en el numeral 3 del

artículo 242 de la Carta para alegar la nulidad por vicios de forma de los actos

reformatorios de la Constitución:

“En materia de actos reformatorios a la Constitución, la propia Carta ha puesto dos

condiciones para el ejercicio del control de constitucionalidad por la Corte, la primera que

dicho control sólo procede por vicios de forma o de trámite, y la segunda es que tales

vicios deben ser planteados ante la Corte Constitucional dentro del año siguiente a la

expedición del respectivo acto.

Se trata, pues, de que en la oportunidad prevista por la Constitución, la Corte va a juzgar

si el trámite de la reforma cumplido por el Congreso se ajustó a los parámetros

46 Sentencia de junio 26 de 2008, Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia.

constitucionales y legales. Una vez cumplido ese juicio y concluido el proceso con

sentencia, la misma, por expresa disposición constitucional, queda revestida de

autoridad de cosa juzgada, sin que, como se ha visto, frente a ella quepa interponer

ningún recurso y sin que sea posible que el asunto decidido sea nuevamente planteado

ante la Corte.

Se trata de un asunto de seguridad jurídica, plasmado en la misma Constitución, que

quiso, precisamente, evitar la inestabilidad jurídica e institucional que se produciría si se

deja abierta la posibilidad de que los actos del Congreso sean revisados por vicios de

forma años después de haber sido expedidos y de, por consiguiente, haber generado un

sin número de efectos jurídicos y prácticos en la vida del país.

Por eso el constituyente fue expreso en establecer, en el numeral 3º del artículo 242 de

la Carta, que las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado

desde la publicación del respectivo acto. Dicha disposición fue reiterada en relación con

los actos reformatorios de la Constitución por el artículo 379 Superior, a cuyo tenor, «[l]a

acción pública contra estos actos sólo procederá dentro del año siguiente a su

promulgación».

Y por eso es claro que una vez que la Corte Constitucional ha emitido su fallo, el mismo

es definitivo, y los actos del Congreso, si la Corte los declara ajustados a la Constitución

y vencido el término de caducidad para las acciones por vicios de forma, quedan dotados

de certeza sobre su conformidad con la Constitución, sin que quepa, en ningún caso, un

nuevo examen sobre el particular”47.

Así las cosas, en el Auto 156 de 2008, la Corte Constitucional desconoció el

hecho de que el Acto Legislativo No. 2 de 2004 estaba viciado de una nulidad

absoluta insubsanable y respecto de los actos nulos de pleno derecho no

puede existir la cosa juzgada, razón por la cual el argumento del alto tribunal

en favor de la seguridad jurídica resulta falaz, toda vez que la seguridad

jurídica no puede utilizarse para refrendar delitos. De otra parte, la Corte

desconoció en esta providencia el principio elemental del derecho que

establece que el delito, bajo ninguna circunstancia, puede ser fuente de

derecho. Únicamente el magistrado JAIME ARAÚJO salvó el voto al Auto 156 de

2008 por considerar que con él la Corte había:

47 Auto 156 de 2008, Sala Plena de la Corte Constitucional.

“Hecho posible lo imposible desde el punto de vista del Estado constitucional de

Derecho: que el delito pueda más que la Constitución, que esté por encima de ella, esto

es, se ha convalido un delito; se ha refrendado el crimen, la inconstitucionalidad y la

corrupción”.

ARAÚJO puso además de manifiesto que en este auto la Corte contradijo su

jurisprudencia anterior, de la que se desprende que la nulidad de sus fallos

tanto de constitucionalidad como de tutela, procede, incluso de oficio, cuando

se verifican irregularidades formales o sustanciales, e invitó a la ciudadanía a la

desobediencia civil, en los términos propuestos por HENRY THOREAU48, al

considerarla legitimada:

“De lo anterior se concluye que el actual gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico, y que por tanto, se encuentra justificada y legitimada la

desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un

Gobierno que fue elegido gracias a un DELITO, violando las reglas básicas del juego de

la Democracia y del Estado constitucional de Derecho.

Así las cosas, no sólo el presidente y el Vicepresidente sino todo el Gobierno, toda la

rama ejecutiva, comenzando por los ministros y todos los que han sido nombrados,

designados, ternados o candidatizados por el ejecutivo actual, se encuentran en una

situación de inconstitucionalidad e ilegalidad y están usurpando el poder político y

jurídico, ya que estos últimos han derivado su poder político y jurídico de un Gobierno

ilegitimo, y en consecuencia todos los actos de gobierno que realicen tanto el presidente,

como sus ministros y su equipo de gobierno se encuentran viciados de

inconstitucionalidad e ilegalidad; razón por la cual se encuentra justificada desde el punto

de vista iusfilosófico la desobediencia civil”49 (negrillas y mayúsculas en el texto).

Recapitulando, en términos weberianos resulta claro que aunque ÁLVARO URIBE

durante su segundo mandato aún contaba con legitimidad carismática por sus

altos niveles de popularidad y aceptación social, su gobierno había perdido

cualquier viso de legitimidad legal50 puesto que había tenido origen en el delito,

48 HENRY THOREAU. Walden and Civil Disobedience, New York, Penguin Books, 1983, p. 383-314. 49 Salvamento de voto al Auto 156 de 2008 de la Corte Constitucional, Magistrado JAIME ARAÚJO RENTERÍA. 50 En el esquema de WEBER la legitimidad emana del carisma, la tradición y la ley (MAX WEBER. Economía y sociedad, México, FCE, 1992, p. 170-173). La legitimidad legal “se basa en la creencia en la legalidad de las normas del régimen, estatuidas ex professo y de modo racional,

como se comprobó colmadamente una vez estalló el escándalo de la

yidispolítica.

En segundo lugar, puede suceder también que el régimen político carece de

legitimidad en tanto que el Estado la mantiene, como en el caso en 2001 del

gobierno del PRI en México, el régimen militar argentino en 1982 y el contexto

colombiano en 2010, cuando la tercera parte de los puestos de elección

popular estaban ocupados por funcionarios procesados judicialmente por

vínculos con los paramilitares51, situación que sumada a la usurpación del

poder presidencial durante el segundo período de URIBE (2006-2010),

deslegitimó las dos principales emanaciones del principio democrático en el

régimen político presidencial, a saber, el Presidente y el Congreso, ambos

elegidos popularmente.

En tercer y último lugar, los casos de pérdida de legitimidad del Estado son de

más extraña ocurrencia y se confinan a hipótesis que suponen el derrumbe de

todo el aparato estatal e incluso ponen en entredicho su supervivencia como

entidad internacional soberana. Es el caso de Somalia, ejemplo típico de

Estado colapsado52 que durante los últimos 20 años se ha visto reducido a una

mera expresión geográfica, donde el control del territorio y la fuerza están

fragmentados entre señores de la guerra y distintos actores que dominan

fracciones del país53: un gobierno central que controla apenas algunas

manzanas de la capital, Mogadiscio, en forma conjunta con un fideicomiso

compartido entre la Unión Africana, la ONU y Estados Unidos como país

mediador; una feroz insurgencia islámica y dos Estados de facto: Somalilandia,

territorio ubicado al noroeste del país que desde 1991 se declaró independiente

pero aún no es reconocido internacionalmente como soberano a pesar de que

y del derecho de mandar de los que detentan el poder basado en tales normas” (NORBERTO BOBBIO, NICOLA MATTEUCCI y GIANFRANCO PASQUINO (1997), cit., p. 863). 51 CLAUDIA LÓPEZ. “«La refundación de la patria», de la teoría a la evidencia”, en CLAUDIA LÓPEZ (Ed.). Y refundaron la patria… De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, Bogotá, Debate, 2010, p. 30. 52 JEAN-BERNARD VÉRON. “La Somalie: cas d’école des Étas dits «faillis»”, Politique Etrangère, No. 1, Vol. 76 (febrero de 2011), p. 45-57. 53 JAMES TRAUB. “In the Beginning, There Was Somalia”, Foreign Policy, julio-agosto de 2010.

su economía y estabilidad política superan las del gobierno central54; y

Puntlandia, territorio del noreste de Somalia autoproclamado autónomo en

1998, que sin embargo no ha sido reconocido por ningún país ni por

organización internacional alguna como soberano. La situación actual en Libia

con la caída del régimen dictatorial de GADAFI, que dividió el país en dos al

acarrearle la pérdida del control de la mitad del territorio a manos de los

rebeldes del este, hoy apoyados por la mayor parte de la comunidad

internacional, y la proclamación de independencia de la República de Sudán

del Sur después de la secesión del norte el pasado 9 de julio, seguida de su

reconocimiento como miembro número 193 de la ONU el 14 de julio, también

son ejemplos de ilegitimidad del Estado, que en ocasiones puede producir su

extinción y dar nacimiento a nuevas entidades soberanas.

B. ¿Una democracia “disminuida”?

En 2004, PIZARRO consideró que la democracia colombiana se encontraba

“asediada”55 por las tensiones que generaba el complejo conflicto armado

interno que la asolaba, pero estaba experimentando un punto de inflexión en el

desarrollo de la guerra en virtud de la política de Seguridad Democrática

implementada por el gobierno de URIBE.

Hoy, a pesar del nuevo equilibrio en favor del Estado que significaron los

últimos ocho años de la guerra contra los actores armados ilegales, el régimen

colombiano aún ofrece para GARCÍA claros visos de una democracia de baja

calidad o “delegativa dotada de un proyecto político conservador”56 que,

durante los dos períodos de gobierno de ÁLVARO URIBE, se concretó en un

desbalance general aún más pronunciado del sistema de pesos y contrapesos

en favor del ejecutivo, provocado por la reforma constitucional que permitió la

reelección presidencial. Este escenario se vio además agravado por el déficit

54 TABEA ZIERAU. “State Building without Sovereignity: The Somaliland Republic”, Mondes en développement, Vol. 123, No. 3 (2003), p. 57-62 . 55 EDUARDO PIZARRO. Una democracia asediada: balance y perspectivas el conflicto armado en Colombia, Bogotá, Norma, 2004. 56 MAURICIO GARCÍA. “Caracterización del régimen político colombiano (1956-2008)”, en MAURICIO GARCÍA y JAVIER REVELO (Cod.). Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009, Bogotá, Dejusticia, 2009, p.75.

de institucionalidad que generó el aumento desmedido de la corrupción y la

captura del Estado por parte de las estructuras narcoparamilitares, fenómeno

conocido como la “parapolítica”.

El derroche de epítetos pone de manifiesto el modelo reduccionista que ha

primado en el estudio del régimen político colombiano. Enfoque que COLLIER y

LEVITSKY denominaron “democracia con adjetivos”57 porque recurre a la

utilización de “subtipos disminuidos” de democracia que intentan ubicar los

estudios de caso con respecto a una definición específica de democracia.

Esta metodología resulta deficiente porque implícitamente sitúa a los países en

un continuum histórico de realización democrática, casi evolucionista, donde se

supone que existe una línea teleológica que van recorriendo, una “maduración

gradual” de su democracia hasta alcanzar un nivel de democratización

deseable que coincide con los criterios aplicables a los Estados industriales

avanzados.

Se trata de un proceder que erige en teoría política una experiencia

democrática determinada, fabricando un ideal tipo en contravía de la realidad

sociológica, donde no puede existir la sino solo las democracias. Antes que

derivar de un proceder hipostático o esencialista donde lo que importa es el

grado de acercamiento al tipo puro, el poder explicativo del análisis

democrático varía en función de su capacidad para discernir histórica y

funcionalmente cómo las dinámicas, tanto institucionales como no

institucionales, se forman y conservan en sus contextos, sus componentes e

interacciones específicas.

Particularmente en el caso colombiano, esta metodología resulta inconveniente

porque exacerba el mito del apego democrático colombiano (Colombia como la

democracia históricamente más estable de Latinoamérica) por medio de un

análisis ideal típico institucionalista que en lugar de integrar aísla las dos

57 DAVID COLLIER y STEVEN LEVITSKY, “Democracy with Adjectives”, World Politics, Vol. 49, No. 3, 1997, pp. 430-451.

características fundamentales que configuran la realidad política colombiana,

esto es, la coexistencia del conflicto armado y la democracia electoral más

antiguas del subcontinente, dando lugar a caracterizaciones que más parecen

caricaturas: resulta aberrante que muchos analistas comparen Colombia con

Estados Unidos, otorgándole un muy próximo segundo lugar en el continente

americano en su compromiso histórico con la democracia, por el simple hecho

de que ROJAS PINILLA haya sido el único dictador militar en apropiarse del poder

durante el siglo XX, y apenas el segundo en toda la historia de un país cuya

tradición democrática se remonta hasta 181058.

Un buen ejemplo de este tipo de aproximación es la de VANEGAS, para quien

las democracias “todas son iguales”, y por ende esencialmente comparables:

“Si de manera rigurosa y sin complejos, la historia democrática colombiana es puesta en

relación con las experiencias de gobierno popular antiguas y modernas, tal indagación

puede sin duda ser enriquecida. Se trata, en este sentido, de abandonar la enervante

idea según la cual la democracia colombiana no puede ser comparada con la de Francia

o Estados Unidos, por ejemplo, porque supuestamente se trata de algo

«incomparable»”59.

VANEGAS identifica ocho puntos60 que en su sentir permitirían “delinear” la

democracia colombiana mediante una confrontación con sus “análogas” de

Francia y Estados Unidos, a saber:

1. La naturaleza del enemigo contra el cual se realizó la revolución

democrática. En el caso colombiano, al igual que en el estadounidense,

se trató de una potencia colonizadora, esto es, de un conglomerado

separable de la comunidad política que se intentaba fundar, y no de un

grupo social privilegiado que era portador del poder en el antiguo

58 MICHAEL MCCARTHY. “Problematizing Views of Colombian Democracy”, documento presentado en la 13th Annual Illinois Conference for Students of Political Science, 1 de abril de 2005, p. 8. 59 ISIDRO VANEGAS. Todas son iguales. Estudios sobre la democracia en Colombia, Bogotá, UEC, 2010, p. 13. 60 Ibídem, pp. 35-46.

régimen absolutista, además de símbolo de la desigualdad, que se erigió

como la gran antagonista ideológica de la revolución en Francia.

2. La gran velocidad con que se impuso el principio de soberanía popular.

Tanto en Francia como en la Nueva Granada, la realeza fue

rápidamente excluida como fuente de cualquier legitimidad. Sin

embargo, a diferencia de lo que ocurrió en Francia, tanto en Estados

Unidos como en la América hispánica la idea abstracta (“monista”) de

soberanía del pueblo que obsesionó el proceso europeo no estuvo

presente, sino que se vio sustituida por una visión “sociológica” del

pueblo.

3. La variedad de concepciones de soberanía popular entre las que osciló

la experiencia colombiana se tradujo en la imposibilidad de consolidar un

mito revolucionario fundador de un modelo político exitoso, como sí

ocurrió en la experiencia francesa, donde se impuso la soberanía

pensada como un bloque identificado con el poder legislativo en tanto

representante de la nación.

4. Al contrario de lo que sucedió en Francia, en Colombia no hubo tensión

entre gobierno representativo y democracia directa como forma de dar

vida a la soberanía popular. Desde el comienzo se optó, de manera casi

natural, por un modelo de democracia representativa exacerbada.

5. La violencia política y la inestabilidad democrática, que en opinión de

VANEGAS no son exclusivas de las “democracias inmaduras”

latinoamericanas, de lo cual rendiría cuenta la historia de Europa hasta

mediados del XX. Sin embargo, el fenómeno de la violencia en el caso

colombiano respondería específicamente a la incapacidad para

“comprender el pluralismo propio de la democracia como un rasgo

positivo”.

6. La necesidad de construir no solo democracia sino también Estado y

nación en el caso colombiano, en oposición al caso francés, donde la

monarquía ya había desarrollado durante el ancien régime una

estatalidad robusta.

7. La visión negativa de la revolución fundadora neogranadina (1810) que

predominó en la experiencia democrática colombiana, a diferencia de lo

que ocurrió en Francia y Estados Unidos, países que asumieron el

rompimiento con la monarquía y la potencia colonizadora como algo

afortunado.

8. La referencia injustificada y reduccionista a América Latina como una

realidad democrática homogénea capaz de englobar diversos países.

Esta tendencia tendería a reducir las exigencias de exhaustividad local

frente al investigador del Latinoamérica, en contraste con el historiador

de Europa, a quien se le exigen análisis más focalizados.

Lo más interesante de la reflexión de VANEGAS es que de los ocho puntos

avanzados, al menos con respecto a Francia solo aparece uno (el segundo),

donde los destinos democráticos logran “coincidir”, aunque en forma matizada,

razón por la cual la comparación no hace sino resaltar la especificidad del

proceso revolucionario democrático neogranadino. Es además un grave error

perder de vista la prominente singularidad de la independencia estadounidense

que, en realidad, fue una revolución británica en el sentido de que no se originó

en América sino en Gran Bretaña, toda vez que fue la reacción de los

pobladores americanos, provocada por las repentinas pretensiones

metropolitanas de disminuirles su tradicional autonomía a las colonias, y de

negarles a sus habitantes los reclamos de identidad británica en términos de

goce de las mismas libertades que habían tenido hasta 1776. Sin embargo, la

independencia estadounidense no alteró la estructura social y económica

precedente. Por el contrario, la economía de explotación esclavista se mantuvo

y el proceso de expansión colonial, aparejado al exterminio de los grupos

amerindios, se vieron agudizados con la financiación renovada del gobierno

nacional de los Estados Unidos a los estados federales, que superó con creces

la que había brindado con anterioridad el Estado británico a las colonias. En el

campo político, la independencia modificó la forma mas no la sustancia del

gobierno, puesto que los nuevos estados federales siguieron disfrutando

durante otro siglo de la misma autonomía que tuvieron en el período colonial

con respecto a la metrópoli, ahora frente al incipiente Estado federal. En otras

palabras, lejos de un rompimiento con el pasado colonial, la revolución de los

Estados Unidos supuso la agudización del proceso colonizador y el

afianzamiento de las estructuras sociales y económicas que lo sostenían,

circunstancia que conduce a GREENE a afirmar que la revolución

estadounidense fue “profundamente conservadora”61.

Una heterogeneidad todavía más pronunciada se advierte al confrontar las

revoluciones inglesa y francesa. Mientras la primera se desarrolló en medio de

un ambiente político de conciliación entre las viejas prácticas monárquicas y las

nuevas prácticas democráticas, que desde el siglo XVII evolucionó a partir de

ajustes lentos y progresivos hacia el parlamentarismo moderno, que se

consolidó en 1782 con la célebre dimisión colectiva del gabinete entero de Lord

NORTH62; en Francia, al igual que en la mayoría de países de Europa

continental, la transición fue el fruto de una violenta revolución donde la

construcción democrática se identificó con la eliminación de la realeza63.

Aunque la metodología comparatista de VANEGAS reviste utilidad didáctica

durante el período de gestación revolucionaria porque precisa ciertos

derroteros que a pesar del desfase temporal (1776, 1789 y 1810) entre los

acontecimientos de ruptura en los tres países pueden extrapolarse para

resaltar diferencias, en el discurrir democrático posterior los destinos de cada

nación se alejan fundamentalmente: sería más que arriesgado intentar discernir

puntos comunes entre, por decir algo, las crisis democráticas europeas

marcadas por las dos guerras mundiales, el período de La Violencia

colombiana (1948-1960) y la guerra de secesión en Estados Unidos (1861-

1865).

En el caso colombiano, cualquier perspectiva meramente institucionalista con

respecto a la democracia del último medio siglo desconocería una importante

capa social de la realidad donde los actores armados ilegales, tanto los que

quieren derrocar al Estado (guerrillas, FARC y ELN) como los que le son

funcionales (paramilitares), y las mafias (narcotraficantes), que 61 JACK GREENE. “La primera revolución atlántica: resistencia, rebelión y construcción de nación en los Estados Unidos”, en MARÍA CALDERÓN y CLÉMENT THIBAUD (Coord.). Las revoluciones en el mundo atlántico, Bogotá, Taurus/UEC, 2006, p. 38. Para un estudio más amplio ver también JACK GREENE. Understanding The American Revolution: Issues and Actors, Charlottesville y Londres, The University Press of Virginia, 1995. 62 PHILIPPE LAUVAUX. Le parlementarisme, París, PUF, 1997. 63 YVES MÉNY e YVES SUREL. Politique comparée, París, Montchrestien, 7.ª ed., 2004, p. 12.

alternativamente lo instrumentalizan o lo combaten, han ejercido y aún ejercen

buena parte del poder económico y político, a veces en contra de las

instituciones y a veces gracias a ellas mediante su captura. Ningún enfoque

que desconozca la interrelación que existe entre las instituciones, los actores

estatales y los no-estatales estará en capacidad de descifrar la singularidad de

la democracia colombiana. Sólo un modelo de análisis integrado permitirá

hacerlo.

III. El mito de la robustez democrática

La creencia en la excepcionalidad democrática colombiana debe

problematizarse. Sin duda, la buena lectura de la realidad no se encuentra en

ninguno de los dos extremos. Colombia no es un ideal de apego democrático

pero tampoco una pseudodemocracia o democracia empobrecida,

históricamente equiparable a los peores regímenes autoritarios del contexto

latinoamericano.

De un lado, existe una resistencia institucional democrática comparativamente

importante a pesar de todas sus deficiencias. Del otro, el conflicto armado

reviste una dinámica propia pero que se entrelaza con las instituciones y

evoluciona según los momentos y gobiernos que se van sucediendo (y

viceversa).

Tanto institucionalidad como guerra son, para ponerlo en términos de PÉCAUT,

“complementarias”64. En palabras de MCCARTHY:

“Las aproximaciones a Colombia desde la ingeniería institucional y la democracia

entendida solo como ·«las reglas del juego» necesitan las condiciones complementarias

del conflicto armado y la política de exclusión para ser inteligibles. La perspectiva

formalista institucional schumpeteriana de que las elecciones y las instituciones le

64 “La imagen de un orden formado desde arriba nunca se logra imponer en Colombia. La violencia expresa la complementariedad entre el orden y el desorden sólo en la medida en que la sociedad y sus tensiones se despliegan sin que el Estado tenga la capacidad de controlarlas”. DANIEL PÉCAUT. Orden y violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953, Bogotá, Norma, 2001, p. 38.

confieren a Colombia la estatura de una democracia, ignoran otra realidad que brama

por fuera de los pasillos del gobierno y no está en lo más mínimo desconectada del

Estado”65.

Con todo, la supuesta robustez de la democracia colombiana se ha visto

matizada por algunos estudios históricos que no se restringen a la dimensión

formal institucional. Según la teoría de PALACIOS, el fracaso del populismo en

Colombia impidió la realización de los cambios sociales cruciales que sí se

dieron en Venezuela por vías institucionales, permitiéndole al país vecino el

tránsito hacia una democracia pactada que le ahorró el padecimiento de la

violencia política durante la segunda mitad del siglo pasado.

Mientras el Frente Nacional colombiano habría excluido el reformismo de

izquierda del espectro político, el Pacto de Punto Fijo venezolano, celebrado

también en 1958 con base en la unidad nacional, habría logrado canalizarlo a

través de organizaciones sindicales y populares para superar la dictadura de

MARCOS PÉREZ JIMÉNEZ (1952-1958). Al decir de PALACIOS:

“Las guerrillas revolucionarias y diversas modalidades de contrainsurgencia parecen

arraigar mejor en países como Nicaragua, Guatemala o El Salvador que, al igual que

Colombia, se caracterizaron por la inexistencia o fracaso de los populismos”66.

Dentro de este esquema, los populistas se quieren opuestos a los

revolucionarios por cuanto son demócratas, es decir, reformistas pero

respetuosos de las instituciones. Y esta condición, en términos estratégicos, los

acerca a sus enemigos ideológicos, los “oligarcas”, puesto que ambos repudian

la revolución marxista-leninista.

En esta ecuación, mientras el populismo venezolano realizó las reformas por

medios legales evitando la confrontación armada, su fracaso rotundo en

Colombia después del asesinato de GAITÁN condujo, por medio de un discurso

65 MICHAEL MCCARTHY (2005), cit., p. 19. 66 MARCO PALACIOS. “Presencia y ausencia de populismo: un contrapunto colombo-venezolano”, Analisis Político No. 39, enero-abril de 2000, p. 58.

autoritarista y antiliberal67, a la marginalidad de todas las iniciativas de reforma

con contenido social inclusivo, exclusión política que se convertirá en el

germen de las guerrillas revolucionarias. Mientras en Venezuela una “base

reformista y populista” deslegitimó la violencia, la ausencia de reformas

sociales impulsadas por líderes populistas en Colombia se volvió su caldo de

cultivo.

La disyuntiva populismo o violencia, según PALACIOS, se vio además reforzada

por los factores económicos subyacentes. La economía política venezolana,

basada en las rentas del petróleo, contribuyó a la apuesta por un modelo de

Estado nacionalista y proteccionista (petroestado). En contraste, el auge del

café en Colombia propició un modelo internacionalista marcado por el

liberalismo económico, que luego la economía del narcotráfico reforzó al

obstaculizar aún más el control del campo económico por parte del Estado. En

otras palabras, la disyuntiva política se desdobló en una económica (y, desde

luego, a la inversa): “nacionalismo populista” o “internacionalismo liberal” .

La importancia de esta perspectiva radica en que permitiría, si no desvirtuar,

por lo menos matizar el mito de la robustez institucional democrática

colombiana, porque plantea la posibilidad de que la estabilidad del régimen

haya sido en realidad el resultado de la exclusión política. La compleja relación

causal entre populismo, reformas sociales, ausencia de violencia política y

proliferación de los golpes de Estado por el lado venezolano, que vivió bajo la

dictadura una buena parte del siglo XX68. Y, por el lado colombiano, el fracaso

del populismo y el reformismo social, su correlación con el aumento de la

violencia política y la escasez de golpes de Estado, plantea un interrogante

inquietante : ¿el "respeto” por las instituciones democráticas colombianas

podría interpretarse como el síntoma del callamiento violento de las opciones

67 MARCO PALACIOS. Parábola del liberalismo, Bogotá, Norma, 1999, pp. 266-283. 68 Los dos dictadores venezolanos del siglo XX, JUAN VICENTE GÓMEZ y MARCOS PÉREZ JIMÉNEZ, gobernaron respectivamente durante los períodos 1908-1935 y 1952-1958. El Caracazo, que estalló a finales de febrero de 1989 como reacción a las medidas neoliberales implementadas por CARLOS ANDRÉS PÉREZ, fue seguido, tres años después, de un intento golpista encabezado por los tenientes coroneles HUGO CHÁVEZ FRÍAS y FRANCISCO ARIAS CÁRDENAS el 4 de febrero de 1992. Más recientemente, se registra el intento fallido de golpe de Estado contra CHÁVEZ de PEDRO CARMONA en abril de 2002.

reformistas como opción política (su exclusión incluso por vías institucionales,

como ocurrió durante el Frente Nacional) y su confinamiento a las vías de

hecho?

ROLL parece confirmar esta hipótesis en su trabajo sobre la dinámica del

cambio político en Colombia. En su entender, el principal problema del régimen

colombiano es la “crisis de legitimidad”, cuya causa estructural es el

“continuismo político” característico del sistema, que se manifiesta en la

capacidad del régimen para incorporar elementos tradicionales en las

instituciones modernas. Continuismo político que en su entender es una forma

de conservadurismo que hace que las relaciones tradicionales de dominación

sean capaces de adaptarse a los grandes cambios sociales, aun a pesar de

resultar abiertamente incompatibles con las condiciones socioeconómicas

subyacentes, y por ende frustráneas del desarrollo político. La persistencia de

esta estructura arcaica de dominación, cuya principal manifestación durante el

siglo XX fue el bipartidismo, sería la explicación de los dos procesos de cambio

más importantes experimentados por el país en el siglo XX antes de la

Constitución de 1991: el fracaso del impulso modernizador de “La Revolución

en Marcha” que quiso adelantar el Presidente LÓPEZ PUMAREJO, pero se vio

fuertemente limitado a mediano plazo debido a la férrea oposición de los

sectores más retardatarios del sistema político: el Partido Conservador, la

Iglesia, las élites económicas y el ala conservadora del partido Liberal; y el

Frente Nacional, acuerdo de alternancia en el poder entre las élites políticas

para reemplazar el gobierno militar y ponerle freno a la violencia bipartidista.

En lo que concierne al fracaso del gaitanismo, ROLL considera que:

“No puede afirmarse que debido al asesinato del entonces principal líder y jefe del

partido mayoritario se frustró nuevamente un proceso de modernización política que ya

estaba en curso, porque Gaitán nunca llegó a gobernar como presidente. Pero su

desaparición, y la ola de violencia que generó la misma, supusieron el fin de la única

alternativa de cambio político innovador que pretendía adecuar las instituciones al

acelerado proceso de modernización económica y social, que entonces estaba entrando

en una segunda y más intensa etapa de expansión”69.

Desde una perspectiva que privilegia la democracia material, podría sostenerse

por ejemplo que la dictadura de GUSTAVO ROJAS PINILLA (1953-1957) fue

“menos antidemocrática” que el desastroso “régimen democrático del terror”

impuesto previamente por LAUREANO GÓMEZ (1950-953). En otras palabras, que

el disfraz democrático formal institucional colombiano pudo esconder

realidades autoritarias aún más despóticas que la única “dictadura populista”

que padeció el país durante el siglo XX.

Ciertamente, el golpe militar perpetrado el 13 de junio de 1953 por el general

ROJAS PINILLA, según las célebres palabras de DARÍO ECHANDÍA no fue un golpe

de Estado sino un “golpe de opinión”, bien recibido por amplios sectores de la

sociedad y el estamento colombiano. Tanto los liberales como los

conservadores de oposición encabezados por MARIANO OSPINA, la Iglesia, el

Ejército, los gremios empresariales y la ciudadanía en general decidieron

apoyar el cuartelazo, que enhorabuena frustró el proyecto de Estado fascista

que estaba impulsando GÓMEZ mediante una Asamblea Nacional Constituyente

cuyo objetivo era aprobar una Constitución corporativista calcada del modelo

español franquista, objeto de su admiración más profunda. Para la época,

GÓMEZ era objeto del repudio de casi toda la sociedad colombiana, motivo por

el cual la sucesión pudo hacerse en forma pacífica, enviándolo al exilio en la

España fascista.

ABELLA narra el episodio como sigue:

“El general ROJAS PINILLA marchó hacia Palacio. Las puertas estaban celosamente

abiertas. Los ministros reunidos lo recibieron como una solución afortunada. Con la

presencia de MARIANO OSPINA, fue aclamado presidente de la República y el país oyó la

conocida frase: «¡No más sangre, no más depredaciones en esta Colombia inmortal!» La

Asamblea Constituyente legitimó el golpe (…) El pueblo se movilizó unánime, en favor

del mandatario con charreteras. Durante los primeros meses, gozó de amplio prestigio

69 DAVID ROLL. Inestabilidad y continuismo en la dinámica del cambio político en Colombia, Bogotá, ICFES, 1999, p. 16.

popular. Después fue decayendo la adhesión y tomando forma un movimiento decidido a

derrumbarlo”70.

El gobierno del general fue desde el comienzo legitimado por la Asamblea

Nacional Constituyente (ANAC), que consideró la presidencia vacante desde el

13 de junio, legalizando así temporalmente el título de ROJAS hasta agosto de

1954, mientras se lograban las “condiciones de orden público” necesarias para

realizar elecciones, y luego se lo extendió hasta marzo de 1957. De ahí la

necesidad de matizar los alcances de su mandato en términos de legitimidad:

“El término «militar» que califica el gobierno de ROJAS requiere aclaraciones. La

legitimidad inicial del régimen provino de su proyecto de pacificación y reconciliación

nacional. ROJAS, el alto mando militar y la coalición ospino-alzatista controlaron el Estado

y hasta mediados de 1955 contaron con el apoyo liberal y de la jerarquía eclesiástica. Si

bien, en los últimos meses de la dictadura la oposición trató de separar al «usurpador»

de las Fuerzas Armadas, durante todo el mandato gobernó en su nombre, con su estado

mayor de generales y con su respaldo (…) El régimen no fue endureciéndose con el

tiempo. La prensa, por ejemplo, gozó de libertad autocontrolada hasta mediados de 1954

y de nuevo desde octubre de 1956 hasta la caída del general (…) Hasta su

«autodisolución» en marzo de 1957, la ANAC legalizó todos los actos del gobierno”71.

Por su parte, el gobierno precedente de LAUREANO GÓMEZ72 no se caracterizó

por su inclinación hacia la democracia. Durante su mandato, que inició bajo la

marca del Estado de sitio, se suspendieron las Cortes y se redujeron las

libertades civiles. Las denuncias de la oposición por abusos, asesinatos y

masacres cometidos por el oficialismo fueron una constante. La sistemática

violación de los derechos humanos por parte de la fuerza de civiles armados,

auspiciada secretamente por el gobierno y conocida como “Policía Chulavita”,

encargada de perseguir, asesinar y destruir las propiedades de los liberales

radicales y los comunistas (apodados “bandoleros”), en suma, la

implementación de un esquema general de represión contra los miembros del

70 FÉLIX ABELLA. “Gustavo Rojas Pinilla. Indignidad y contrabando ganadero”, Revista Credencial Historia, No. 19 (julio de 1991). 71 MARCO PALACIOS (1995), cit., p. 213. 72 En octubre de 1949, seis semanas antes de las presidenciales, GÓMEZ proclamó: “Permitamos que la nación sea salvada, aunque la democracia perezca en el intento”. Ver ALEXANDER WILDE (1978), cit., p. 56.

liberalismo y el Partido Comunista, desvirtuaron cualquier viso de democracia

material que hubiera podido tener ese gobierno.

Pero ni siquiera desde una óptica meramente electoral podría considerarse

democrático el período presidencial de LAUREANO GÓMEZ. Las elecciones que lo

llevaron al poder el 27 de noviembre de 1949 se vieron viciadas por la renuncia

del candidato del liberalismo DARÍO ECHANDÍA debido a la falta de garantías

para su seguridad personal73 y su partido, dejando a GÓMEZ sin oponente y

como el único candidato que se presentó al sainete comicial.

Resulta entonces apresurado reivindicar sin matices “la validez general del

sistema electoral y sus instituciones”74 como prueba del gran apego

democrático colombiano cuando, primero, un concepto tan rico y complejo

como la democracia mal puede agotarse en los avatares del sufragio sin caer

en el electoralismo y, segundo, los procesos electorales y las sucesiones en el

poder han estado llenos de fraudes, restricciones y equívocos.

En un texto de valor por su crítica sistemática de la visión pesimista que ha

primado en la historiografía local, POSADA se propone “examinar la larga

trayectoria de la tradición electoral del país como una forma de reivindicar las

tradiciones democráticas colombianas”75, y de contera derrumbar el estereotipo

reinante sobre la precariedad de nuestra democracia. El problema de este

trabajo es que, a pesar de su permanente esfuerzo de ponderación, no evita

caer justamente en el estereotipo contrario de la corpulencia democrática

colombiana, basado en la errónea identificación de lo que se denomina una

fuerte “cultura electoral” (“una serie de prácticas alrededor del ejercicio del voto

con el fin de formar gobiernos”76) con la calidad substantiva democrática.

73 El 25 de noviembre cayó asesinado en Bogotá su hermano VICENTE ECHANDÍA en una balacera (probablemente un atentado dirigido contra el líder liberal) contra la manifestación liberal pacífica que tuvo lugar a lo largo de la carrera 13, en protesta por la farsa electoral que se celebraría dos días después. Mientras para PALACIOS (1995, cit., p. 204) se trató de un ataque de “la fuerza pública”, según la versión de APOLINAR DÍAZ (“Memorias actualizadas de un colombiano sentenciado a muerte”, Nueva Sociedad, No. 100, marzo-abril de 1989) un “pelotón de chulavitas” abrió fuego contra DARÍO ECHANDÍA y sus acompañantes. 74 EDUARDO POSADA (2003), cit., p. 20. 75 EDUARDO POSADA (2006), cit., p. 152. 76 Ibídem, p. 155.

Desde esta óptica, la imagen de un país con una intensa actividad electoral

desde 1830, donde los ciudadanos han acudido a las urnas para elegir

presidente de la república y demás representantes populares más de 48 veces,

bastaría para probar las bondades de la democracia.

Se sostiene para defender la misma línea, por ejemplo, que:

“A pesar de las repetidas guerras civiles del siglo diecinueve, sólo en una ocasión, como

bien lo ha subrayado DAVID BUSHNELL, el gobierno constitucional fue derrocado como

resultado de esos conflictos MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ, tras el levantamiento de

1859. Y sólo en una ocasión los militares se tomaron el poder en el siglo veinte bajo el

corto período de 1953-1957”77.

Sin embargo, este tipo de afirmaciones no supera el valor de un repaso

superficial de las estadísticas más escuetas de democracia formal. Urge

escudriñar las condiciones específicas reales de acceso al poder (elección

democrática) y ejercicio de la democracia durante cada mandato (gobierno

democrático), para poder formular generalizaciones bien fundamentadas.

Para empezar, el conteo de BUSHNELL78, retomado en forma optimista por

POSADA79, carece de rigor. En su sentido amplio y genuino, esto es, sin

reducirlo al golpe militar o cuartelazo, el Golpe de Estado80 (al igual que su

corolario necesario: el derrumbe del “gobierno constitucional” cuya supuesta

continuidad se defiende como signo distintivo de la fortaleza democrática

colombiana), debe entenderse como cualquier sucesión en el poder que se

produce sin respeto de las reglas constitucionales previstas para el efecto. Bajo

esta definición, es posible contar al menos once golpes de Estado durante los

dos siglos de vida republicana colombiana:

77 EDUARDO POSADA (2003), cit., p. 15. 78 DAVID BUSHNELL. “Politics and violence in nineteenth-century Colombia” en CHARLES BERGQUIST et al. Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical Perspective, Wilmington, Scholarly Resources, 1992, p. 11-30. 79 Esta visión “positiva” de la democracia colombiana se encuentra en casi todos los trabajos del mismo autor. 80 La expresión viene del francés “Coup d’État”, que el Petit Robert define como “conquista o tentativa de conquista del poder por medios ilegales, inconstitucionales”.

1. El que dio SIMÓN BOLÍVAR (27 de agosto de 1828), después del fracaso

de la convención de Ocaña, cuando se le proclamó dictador en el Acta

de Bogotá.

2. El del General venezolano RAFAEL URDANETA (enero 10 de 1831)

después del retiro de BOLÍVAR del Palacio de San Carlos.

3. El que le propinó el General JOSÉ MARÍA MELO (abril 17 de 1854) al

General JOSÉ MARÍA OBANDO, su jefe y amigo, y desencadenó la guerra

civil entre Gólgotas y Draconianos.

4. El que tuvo lugar el 23 de mayo de 1867, impulsado por MANUEL

MURILLO TORO a la cabeza de los liberales radicales, contra TOMÁS

CIPRIANO DE MOSQUERA, para instalar en el poder a su segundo

designado, el General SANTOS ACOSTA.

5. El de RAFAEL NÚÑEZ, el 10 de septiembre de 1885, cuando siendo ya

Presidente de Colombia salió al balcón del Palacio de San Carlos y

declaró: “La Constitución de 1863 ha dejado de existir”.

6. El que JOSÉ MANUEL MARROQUÍN le dio el 31 de julio de 1900 al anciano

presidente titular MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE.

7. El del General RAFAEL REYES, quien a partir del 13 de diciembre de 1904

hizo a un lado la Constitución y las leyes, y comenzó a gobernar por

decretos.

8. El golpe militar del General GUSTAVO ROJAS PINILLA contra LAUREANO

GÓMEZ el 13 de junio de 1953

La anterior enumeración de ÁLVAREZ81 hay que completarla con la precisión de

que para la época del golpe a TOMÁS CIPRIANO, éste ya se había convertido en

dictador tras haber cerrado el Congreso en abril de 1867, “autogolpe” que debe

por lo tanto sumarse al conteo de exabruptos políticos de la república. Igual

ocurrió con el autogolpe que se dio MARIANO OSPINA en 1949 (cuyo período

presidencial en la mayoría de anales aún se registra como inmaculadamente

democrático) con el fin de evitar el juicio político que intentó adelantarle la

81 ANTONIO ÁLVAREZ. Los Golpes de Estado en Colombia, Bogotá, Banco de la República, 1982. De los ocho golpes que registra, ÁLVAREZ considera que solo 5 pueden considerarse estrictamente tales pues, en su opinión, lo que él llama la “suspensión” de la Constitución que llevaron a cabo Bolívar, Núñez y Reyes, “pertenece a otro tipo de cambio político” (p. 27).

mayoría liberal en el Congreso, que lo llevó a disolverlo junto con las

Asambleas Departamentales, a modificar el sistema interno de votaciones en la

Corte Suprema de Justicia y a censurar la prensa. Más recientemente hay que

agregar el segundo período de ÁLVARO URIBE al catálogo de vergüenzas

antidemocráticas, puesto que la reforma constitucional que permitió su

reelección se consumó con la compra del voto a dos parlamentarios, es decir,

mediante la comisión de los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y

concusión, circunstancia que como se vio anteriormente sumió en la ilegalidad

el mandato presidencial 2006-2010.

Para terminar de desvirtuar el mito del apego democrático, en lo que concierne

al siglo pasado, es menester recordar los regímenes de fachada democrática

pero de tinte abiertamente autoritario como el de LAUREANO GÓMEZ, y observar

con ojo crítico la democracia restringida de dieciséis años en el papel pero

que alcanzó las tres décadas en la práctica que supuso la “democracia

pactada” del Frente Nacional, carente de oposición, auténtica expresión de la

“exclusión política constitucionalizada” y el gobierno oligárquico:

“El período llamado del «frente nacional», previsto inicialmente para dieciséis años (entre

1958 y 1974) y luego prorrogado en su espíritu hasta 1990, no es propiamente un

modelo aceptable de democracia, sino más bien un pacto de coalición permanente entre

los dos partidos mayoritarios, para no competir por el poder, sino disfrutarlo por mitades

y excluir del mismo a todas las opciones diferentes”82.

Infortunadamente, los ejemplos de este tipo abundan a lo largo de la cacareada

“tradición democrática” colombiana. Podría alegarse que una concepción

material tan amplia conduciría a la adopción de definiciones maximalistas de

democracia bastante discutibles83, pero justamente el estado actual del arte en

materia de análisis democrático así lo exige. Si en pleno siglo XXI siguiera

primando la concepción procedimental minimalista schumpeteriana84 que hizo

82 NÉSTOR OSUNA. “Democracia y presidencialismo en Colombia en los primeros años del siglo XXI”, en PEDRO VANEGAS (Coord.). La democracia constitucional en América Latina y las evoluciones recientes del presidencialismo, Bogotá, UEC, 2009, p. 134-135. 83 Es justamente el reparo de Posada (2003), p. 20 y ·(2006), p. 151-154. 84 JOSEPH SCHUMPETER definió la democracia como un sistema "for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the

carrera desde los cuarenta, toda la teoría democrática material desarrollada en

los últimos años, que busca llenar de contenidos el proyecto global llamado

democracia, no habría servido de nada. Mal habría hecho por ejemplo

Freedom House si en su última medición anual de los niveles globales de

libertad y democracia hubiera considerado el Egipto de MUBARAK (donde se

realizaban periódicamente elecciones) o la Venezuela de CHÁVEZ como

“democráticos”. De ahí la distinción clave que prevalece en sus índices entre

meras “democracias electorales” y países realmente “libres”85. Según el

informe de 2011, 25 países sufrieron retrocesos en el 2010, mientras apenas

11 mostraron avances en sus niveles de libertad. La cantidad de países

calificados como “libres” pasó de 89 a 87, y la de democracias electorales se

redujo de 116 a 115 (del total de 194 países), cifra que no resulta alentadora

teniendo en cuenta las 123 que había en 2005. Se trata del quinto año

consecutivo durante el cual la libertad global sufrió un declive, el período más

largo de reflujo democrático en la historia del reporte, que se realiza desde

1972. Aunque Colombia no cambió de estatus, recibió una “flecha ascendente”.

Esto significa que a pesar de considerarse aún un país “parcialmente libre”, se

le reconoce una tendencia hacia el perfeccionamiento democrático debido a un

“equilibrio mejorado entre las tres ramas del poder público, y el fin de las

operaciones de vigilancia que habían alcanzado a la sociedad civil y figuras del

gobierno”86. Por otra parte, la elección del nuevo presidente JUAN MANUEL

SANTOS propició un “declive en la polarización política después de que el

presidente saliente ÁLVARO URIBE aceptó la decisión de la Corte Constitucional

que frustró su intento por alcanzar un tercer mandato”87.

Por último, otros análisis sugieren que la “resistencia” de la democracia formal

colombiana se debe en buena medida a la delegación histórica implícita, e

incluso a veces abiertamente consentida por el Estado, de la función de

people's vote" (Capitalism, Socialism and Democracy, 2nd ed., New York, Harper, 1947, p. 269). 85 Freedom House aclara en su website que la metodología del informe anual “no mide explícitamente la democracia o el desempeño democrático”, sino los derechos y libertades que integran las instituciones democráticas. 86 FREEDOM HOUSE. “Freedom in the World 2011. The Authoritarian Challenge to Democracy”, p. 19. 87 Ibídem, p. 7.

provisión de seguridad en actores privados. Las “comisiones mixtas de policías

y civiles” durante el período 1947-1953 y los “pájaros” entre 1953 y 1957, son

buenos ejemplos de esta connivencia entre la fuerza pública y actores privados

al margen de la ley88, pactos ilegítimos de “pacificación” que redundaron en

favor de la estabilidad del régimen.

El Frente Nacional, diseñado primordialmente para pacificar el país, si bien

produjo una reducción de los índices de violencia gracias a logros parciales en

los intentos de institucionalización, en otras palabras de “desprivatización” del

uso de la fuerza, soportados en buena parte en el fortalecimiento de las fuerzas

armadas, fue también el germen de una nueva etapa de violencia debido a la

exclusión, en el pacto bipartidista, de fuerzas políticas distintas de los dos

partidos tradicionales.

Fue así como después de un período de relativa baja violencia que corroboran

las estadísticas (1958-1978), desde fines de los setenta el germen pelechó,

creció la amenaza de los actores armados y la efervescencia social, y entonces

revivió la estrategia de delegar la seguridad en los actores privados: el

contubernio entre fuerzas legales e ilegales que esta vez, empero, no estarían

organizadas dentro de partidos sino dentro de carteles del narcotráfico, con un

escandaloso flujo de dinero y una enorme capacidad corruptora; ese

narcotráfico también alcanzará luego a los grupos subversivos.

Esta compleja tensión entre la institucionalidad y la delegación en actores

privados del ejercicio de la fuerza, podría además interpretarse como el

antecedente histórico del fenómeno paramilitar.

IV. Necesidad de un modelo de análisis transversal

A esta altura ya debe estar claro que no utilizaré adjetivos para calificar la

democracia colombiana, ni buscaré posicionarla con respecto a un ideal tipo

88 Para esta tesis se puede leer a CARLOS MIGUEL ORTIZ. Estado y subversión en Colombia: la violencia en el Quindío, años 50, Bogotá, Fondo Editorial CEREC, 1985.

inspirado en los estándares de los países desarrollados. Sin caer en un

particularismo extremo como el propuesto por GEERTZ89, que al recuperar la

singularidad irreductible del estudio de caso anula la posibilidad de cualquier

comparación, hay que reconocer que aunque es pertinente medir ciertos

indicadores de problemas comunes a las democracias contemporáneas (como

lo hace Freedom House en su informe anual sobre niveles de libertad y

democracia en el mundo), el mayor potencial descriptivo de las ciencias

sociales emana de la aproximación interdisciplinaria a las particularidades

democráticas de cada Estado.

Democracia y violencia: ¿cómo se entrelazan estas dos realidades? ¿Cómo

discernirlas y luego relacionarlas sin caer en generalizaciones gratuitas ni

caricaturas? Desde un punto de vista metodológico, el reto consiste en lograr el

perfecto balance entre el peso del componente institucional democrático y el

sociológico violento para incorporarlos en un análisis con alto valor explicativo.

Más que imponer epítetos, la tarea fundamental del investigador debe ser

preguntarse por las condiciones que han permitido esta dinámica de

coexistencia entre democracia y conflicto armado, bajo un marco de análisis

necesariamente pluridisciplinario. Con excepción de algunos trabajos, como el

de PALACIOS, que aunque resulta altamente especulativo (¿cómo demostrar

científicamente el vínculo causal entre ausencia de populismo y proliferación de

la violencia política? ) por lo menos incorporaneconomía, política e historia en

la dialéctica democrática, el grueso de los estudios sobre la democracia

colombiana ha soslayado la tarea de diseñar un modelo de análisis integrado

de todos los factores en juego. Juristas, economistas, politólogos, sociólogos e

historiadores suelen confinarse a los límites y herramientas de su disciplina,

dando versiones obligatoriamente miopes de un objeto difícil de observar. Para

solo mencionar dos vicios recurrentes: el déficit de aparatos analíticos en los

historiadores se corresponde con la ausencia de anecdotismo en los

politólogos.

89 CLIFFORD GEERTZ. “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture”, en The Interpretation of Cultures: Selected Essays, Nueva York, Basic Books, 1973, p. 26.

En lugar de un sendero lineal, un carrefour abierto a la confluencia de distintas

disciplinas se insinúa ahora como espacio propicio para lograr aproximaciones

con alto poder explicativo. Aunque no completamente desprovista de adjetivos

y marcos analíticos (las palabras y las comparaciones siguen siendo las

herramientas esenciales), esta nueva estrategia de investigación debe ser muy

cautelosa en la confección de definiciones, y consagrarse al reconocimiento de

las condiciones históricas específicas colombianas en tanto realidad única, solo

subsidiariamente comparable a patrones foráneos de configuración

democrática.

El cambio general de enfoque que se está operando en los estudios

historiográficos sobre democratización apunta a suplir esta necesidad. Se trata

de un “giro histórico” que recupera la naturaleza conflictiva y caótica de los

procesos de nacimiento y consolidación de la democracia, allí donde fue

apareciendo.

El previo enfoque “anti-histórico” motivado por las numerosas transiciones que

se produjeron en el período post-1990, marcadas por un cambio rápido y

dramático que exigía análisis de corto término, hoy, con el decaimiento a

finales de los noventa del entusiasmo post Guerra Fría por la democracia, cede

el paso a análisis de más largo alcance donde no importa tanto amojonar en

rígidas y repentinas “oleadas” al mejor estilo de HUNTINGTON los procesos

de aparición de la democracia, como resaltar la especificidad irreductible de las

variables en juego en cada contexto, durante lapsos históricos mucho más

representativos del desarrollo democrático, que lejos de ser “linear” describe

una trayectoria de “líneas torcidas” (crooked lines90).

En palabras de CAPOCCIA y ZIBLATT:

“Históricamente, la democracia no emergió como un todo coherente y singular sino más

bien como un conjunto de instituciones diferentes, que fueron el resultado de conflictos a 90 GEOFF ELEY. A Crooked Line: From Cultural History to the History of Society, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2005.

través de múltiples líneas de divisiones políticas y sociales que tuvieron lugar en

diferentes momentos en el tiempo. La ventaja teórica de esta perspectiva es ilustrada al

subrayar el rango de nuevas variables que resultan pertinentes para explicar la

emergencia de la democracia”91.

Analíticamente, concebir la democracia como la suma de condiciones que

deben verificarse progresivamente hasta configurar en forma evolutiva un tipo

ideal abstracto, sin atender a las especificidades históricas contextuales;

resulta tan inconducente como restringir su definición a la mera competición

electoral, despojándola de sus demás contenidos. En especial, esta última

opción reduccionista conduciría a la adopción de una perspectiva que puede

enunciarse como sigue:

Democracia formal: todo pueblo tiene el derecho a elegir periódicamente y

en forma pacífica sus propios dictadores.

91 GIOVANNI CAPOCCIA y DANIEL ZIBLATT. “The Historical Turn in Democratization Studies: A New Research Agenda for Europe and Beyond”, Center for European Studies Working Paper Series, No. 177 (2010), p. 2.

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