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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DE SERVICIOS Y

DERECHOS SOCIALES

COMISIÓN DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

Oviedo, 15 de septiembre de 2015

Buenos días, presidente, señorías. Es un placer comparecer ante ustedes para exponer lo que son nuestros compromisos para esta X legislatura que está recién comenzada. Saber que queremos hacer, cual es nuestro proyecto y comprometerlo públicamente es la oportunidad de poder más adelante valorar o no los avances, las dificultades, las evaluaciones y los nuevos retos que tendremos que abordar. Es también una ocasión perfecta para enriquecer este proyecto con sus aportaciones, que les prometo ya, que tendré en alta consideración y que incorporaremos en la medida de nuestras posibilidades. Es para mi una responsabilidad que enfrento con entusiasmo y créanme si les digo que no ahorraré ningún esfuerzo personal para cumplir este programa. El Presidente del Principado como parte del Consejo de Gobierno de Asturias me ha encomendado la responsabilidad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. El propio nombre ya es una declaración de intenciones, damos un paso más desde el Bienestar Social (que tiene múltiples elementos: educación, sanidad, pensiones...) y Vivienda a los Servicios y los Derechos Sociales. La intención es clara, hacer de Asturias una sociedad cohesionada, sólida en derechos sociales. El Presidente lo decía en su discurso de toma de posesión. Tenemos un destino al que caminamos en Asturias, pujanza económica, fortaleza social y regeneración democrática. Los retos son complejos, lo esencial es lograrlos procurando que nadie se quede atrás. En mi intervención hablaré siempre de inversión social, frente a aquellos que piensan que esta Consejería es la del gasto social yo les digo que es la de la inversión social. La UE define inversión social como “preparar mejor que reparar; invertir en infancia y familia; acercar el mercado laboral a grupos alejados; invertir en capital humano y dotar de capacidades a la población para

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que pueda gestionar mejor los retos de la globalización económica, la sociedad del conocimiento y los nuevos riesgos sociales”. Ahora bien, esta tarea no puede hacerla solo el Gobierno, requiere cooperación y consensos con el resto de fuerzas políticas, con los agentes sociales a través de los acuerdos de concertación, con los Ayuntamientos y con la ciudadanía organizada en las entidades del Tercer Sector. Asimismo, señalar que quien operativiza estas políticas son personas, mención especial para todos y cada uno de los/as profesionales del Sistema de Servicios Sociales y el equipo directivo de esta Consejería, con experiencia y conocimiento en la materia. A lo largo de los últimos 15 años el Sistema Asturiano de Servicios Sociales se ha configurado como un sistema de responsabilidad pública sólido y de amplio alcance. A lo largo de esos años el sistema ha crecido de forma notable tanto en presupuesto, como en población atendida, como en profesionales ocupados. Si se mide el esfuerzo respecto a la riqueza, el presupuesto en servicios sociales del Gobierno del Principado de Asturias respecto al PIB se sitúa en el 1,57 %, muy por encima de la media del resto de CCAA (0,98%). Desde 2010 hasta 2015, el presupuesto para servicios sociales (excluida vivienda) se ha incrementado en un 12,8 %, pese a los recortes impuestos por el Gobierno central. En el mismo tiempo, el presupuesto en servicios sociales del resto de CCAA se ha reducido en mayor o menor medida, mientras que el presupuesto del Estado se redujo en un 33,9%. Es preciso destacar que el desarrollo de los servicios sociales debe considerarse en términos de inversión, dado el potencial de generación de empleo, sus elevados niveles de retorno económico y capacidad para la prevención de problemáticas que implican un coste personal, social y económico elevado. En términos de empleo, en la actualidad el sector público de servicios sociales dependientes de la Consejería y que incluyen ERA, FASAD, VIPASA, FAEDIS, ocupa a 3.000 personas aproximadamente. A esta cifra hay que unir el empleo existente en Ayuntamientos, Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio y el Tercer Sector. Asturias ha sido una comunidad autónoma pionera en cuanto al diseño de un nuevo modelo de servicios sociales, tal y como estableció la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, que introdujo por primera vez en nuestro país los derechos sociales como derechos subjetivos y la ordenación del sistema a través del Mapa Asturiano de Servicios sociales.

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Siguiendo este camino, y tras el desarrollo y avances obtenidos en estos años, debemos avanzar en la mejora de la organización y la eficiencia de la red pública de servicios sociales, y con esto ya señalo una de las líneas estratégicas en las que se apoya este programa. Es el momento de abordar un trabajo de ordenación y revisión, tanto en cuanto a normas como en lo relativo a la gestión y organización del sistema de servicios sociales. Es preciso diseñar una nueva organización coordinada e integrada y una gestión moderna con los controles e inspecciones necesarios para garantizar la calidad de los servicios prestados a las personas usuarias. Hay que destacar que este trabajo debe realizarse en un contexto de crisis económica en la que, por un lado, se ha reducido el gasto público y por otro, una significativa parte de la ciudadanía ha perdido su trabajo y, con ello, el acceso a derechos económicos y sociales. Como todos ya conocen a través de un informe de la OCDE de 2015, España ha sido el país en el que mas se ha incrementado la desigualdad social, así mientras los ingresos de los más ricos se han reducido en un 1,4% entre 2007 y 2011, los ingresos del 10% mas pobre se han reducido en un 13%. Esta situación ha llevado a un incremento de la demanda de prestaciones y servicios por parte de la población con mayores dificultades económicas, en las que encontramos nuevos perfiles y situaciones que antes de la crisis y los recortes no llegaban a los servicios sociales. Los datos de evolución del Salario Social Básico muestran este hecho: El Gobierno asturiano ha extendido el salario social como principal instrumento en la lucha contra la exclusión de las personas vulnerables, hasta llegar a duplicar el número de perceptores que había registrados a finales del ejercicio 2011. Desde entonces, se han incorporado 9.365 nuevos perceptores, y a 31 de julio de 2015 son ya 17.148 los registrados. Si tenemos en cuenta que esta prestación llega a más personas que a los titulares, encontrándose la media en 2,2 personas por unidad de convivencia, estamos hablando de 37.725 personas beneficiarias. Esta amplia tasa de cobertura viene avalada por el último Informe de Rentas Mínimas de Inserción publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que sitúa al Principado de Asturias como la tercera comunidad con más personas atendidas en relación a la población, llegando al 3,26% de cobertura, cuando la media nacional es del 1,30%. La crisis económica coincide con otra crisis propia de las sociedades occidentales y envejecidas y conocida como la “crisis de cuidados” que hace referencia a la ruptura del modelo tradicional de cuidados en el entorno familiar, en concreto realizados por la mujer, y que nos sitúa ante un escenario en el que el cuidado de personas según su momento vital (infancia, madurez, dependencia) o necesidades de atención (diversidad funcional) debe ser socialmente replanteado, distribuyendo el cuidado entre los servicios públicos y las familias, dentro de un contexto de conciliación de vida familiar y laboral. En definitiva, nuestra

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sociedad debe plantearse el modelo de cuidados que quiere para sus miembros y dentro de este modelo los servicios sociales tienen un papel fundamental. Los servicios sociales también tienen especial protagonismo en lo referido a las necesidades de protección, desarrollo integral e incorporación social de nuevas demandas, motivadas por múltiples factores y asociadas a situaciones de vulnerabilidad y riesgo como consecuencia de la insuficiente protección social, las situaciones de aislamiento y soledad, el incremento de las situaciones de conflicto en la adolescencia y situaciones de desprotección que afectan a menores de edad. Ciertamente estamos ante un cambio social en el que los riesgos vitales han aumentado y cambian de forma rápida y profunda tal y como han señalado insignes estudiosos de las ciencias sociales, varios de ellos Premios Príncipe de Asturias como Zygmunt Bauman, Saskia Sassen y el economista Paul Krugman entre otros. Una muestra de ello ha saltado a nuestras prioridades informativas y de agenda estos días, y me refiero a la situación vivida en estas semanas con la atención a refugiados de conflictos bélicos, en concreto de las personas que huyen de la guerra de Siria. Asturias siempre ha mostrado ser una sociedad solidaria, cohesionada y con una alta valoración de los servicios públicos. Una sociedad que durante estos años ha apoyado la construcción de un sistema de servicios sociales de vocación universalista, equitativo, capaz de garantizar iguales derechos y prestaciones de calidad. Señor presidente, señorías, antes de pasar a detallar las actuaciones, de forma esquemática por el tiempo del que dispongo, quiero hacerles un avance sobre las bases y fundamentos en las que se apoya el programa de legislatura que hoy expongo en esta Cámara. En primer lugar es un programa en el que se presenta una importante actividad de actualización normativa y desarrollo de derechos. El sistema público de servicios sociales asturiano cuenta con un desarrollo normativo que debe ser actualizado y adaptado a los cambios ocurridos desde su implantación. Señalo como ejemplo, una nueva Ley de Servicios Sociales, que incorpore las novedades y dé cohesión al sistema, una nueva ley del Menor, que se adapte a la normativa nacional, el desarrollo del Catálogo de Prestaciones Sociales, la revisión de la normativa en materia de Dependencia, Salario Social Básico, Atención al Anciano y acreditación de servicios, entre otros. Esta actuación enlaza con otro de los fundamentos de este programa y que es el desarrollo de acciones para una mayor modernización y articulación interna del sistema de servicios sociales. Queremos dotarlo de herramientas comunes en el ámbito del análisis, la planificación, la prospección o la intervención individual. Queremos introducir mejoras sustanciales en la gestión de la información como

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instrumento clave para la planificación, evaluación y la mejora continua. En este sentido, el desarrollo normativo como elemento articulador también forma parte de este fundamento. Un tercer fundamento de este programa es que se guía por garantizar la eficiencia, agilidad y calidad del sistema, en un contexto de crisis económica y de cuidados e inevitable crecimiento de la demanda de servicios y prestaciones es necesario el desarrollo de fórmulas de gestión administrativa que sin perjuicio de la necesidad de extremar el rigor en la aplicación del procedimiento administrativo, permitan una tramitación mas ágil de las demandas y una mayor adecuación de los servicios prestados a las necesidades reales de las personas usuarias. En este sentido también debemos dotar al sistema de modelos de gestión de recursos acordes al desarrollo y volumen de los mismos. Todo ello debe realizarse bajo criterios de calidad en el acceso y en la prestación de servicios. Continuando con las bases del programa, reforzaremos el desarrollo del trabajo comunitario y de proximidad en la atención. Una actuación territorializada basada en una política social centrada en la persona, a través de la intervención individualizada y adaptada a las necesidades particulares y la prestación de servicios de proximidad, siendo clave la cooperación con los Ayuntamientos. En quinto lugar, mejoraremos la coordinación con otros sectores de protección social, por el lugar que ocupa en el entramado de sistemas de protección social, los servicios sociales precisa de relaciones ágiles y sólidas de coordinación con el resto de sistemas de protección, que permitan el abordaje coordinado e integral de las necesidades de las personas. En esta legislatura se crearán estructuras y cauces estables, autonómicos y territorializados de coordinación con los sistemas sanitario, educativo y laboral. Por último señalar que dada la naturaleza cada vez mas compleja y plural de las necesidades de las personas es necesario reforzar la colaboración con el conocido por tercer sector, contar con el soporte de las redes informales de apoyo y promover la participación organizada de las propias personas afectadas, en definitiva contar con la participación colectiva de la sociedad civil e individual de las personas usuarias. Señorías, desarrollo de derechos, cohesión interna del sistema, agilidad, modernización y calidad, trabajo comunitario centrado en y con la persona y coordinado con otros sistemas de protección, incluyendo la participación del tercer sector son los fundamentos que guiarán las actuaciones de este programa. La nueva estructura de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales responde a estas líneas y a las políticas que quiere desarrollar a través de tres criterios de ordenación: la planificación, la intervención técnica y la gestión de recursos.

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Comenzaré por una nueva Dirección General de Planificación, Ordenación e Innovación Social competente en materia de planificación en su dimensión técnica y normativa, de ordenación funcional y territorial del sistema, coordinación interdepartamental, innovación del conocimiento y la información y desarrollo de herramientas de calidad para la mejora de los procesos de atención e intervención social. La Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad que ejercerá las funciones de dirección y coordinación de las actuaciones de la Consejería relacionadas con la red municipal de servicios sociales, la descentralización de servicios sociales especializados y diversificación de programas de intervención social en las Áreas de Servicios Sociales territoriales, particularmente en lo relativo a la atención a las personas mayores y aquellas con dependencia y/o con diversidad funcional. Adscrito a esta Dirección General se crea el Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia, con el objetivo de dotar de una estructura específica al departamento con responsabilidad en materia de protección de menores y atención a las familias. Por su parte, la Dirección General de Gestión de Prestaciones y Recursos se encargará de las funciones en materia de gestión y seguimiento de prestaciones derivadas de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, Salario Social Básico y Pensiones No Contributivas. Asimismo le corresponde la gestión, acreditación e inspección de centros. Siguiendo con la gestión de alojamientos residenciales se mantiene el ERA como organismo autónomo. Comenzaremos por la puerta de entrada al sistema de servicios sociales: propuestas para la red básica. En este punto no nos podemos abstraer de las incertidumbres creadas con la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Desde la Administración del Principado se entiende que en lo que afecta especialmente a las competencias en Servicios Sociales, a 1 de enero de 2016 la Ley 27/2013 no resulta aplicable por las siguientes razones:

• la condición suspensiva que se deduce de la Disposición Transitoria 2ª de la misma Ley donde se vincula la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales a los “términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales”.

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• Y por la multiplicidad de recursos de inconstitucionalidad presentados contra esta ley y pendientes de resolución.

Tal y como establece la Ley Autonómica de Servicios Sociales del año 2003 los Servicios Sociales generales, también conocida como red básica, constituyen el punto de acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a los ámbitos familiar y social. Éstos reciben la demanda de la población, analizándola en su contexto de referencia y atendiendo las necesidades básicas de dependencia, familia, incorporación y participación social, articulando respuestas adecuadas en el propio entorno familiar y comunitario. La citada ley también establece que su titularidad y gestión corresponda a los ayuntamientos, y como ustedes ya conocen, su desarrollo y mantenimiento se realiza a través de la colaboración técnica y financiera que supone el Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas. Desde esta Consejería somos conscientes de la importancia de contar con una red básica de servicios sociales sólida y extensa, dense cuenta que esta red cuenta con 410 profesionales municipales, además de 2.209 auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio. Por ello durante el período 2011-2015 en el que la aportación del Estado al Plan Concertado ha disminuido significativamente con una reducción de 1,85 millones, lo que representa un descenso del 68,51%, el Principado de Asturias ha compensado esta reducción aportando una media el 54% del monto total, un 43% ha correspondido a las entidades locales mientras que el Estado únicamente ha financiado un exiguo 2,8%. Para esta legislatura nos comprometemos a mantener los créditos destinados a las prestaciones sociales básicas y a continuar con la mejora en la gestión de los mismos procurando agilizar su ingreso en las haciendas municipales para facilitar la ejecución de los programas. El trabajo desarrollado desde este primer nivel de intervención se articula con los servicios especializados de responsabilidad autonómica para atender a problemáticas más complejas con intervenciones, recursos, actuaciones y programas específicos, teniendo así mismo proyección comunitaria y una vocación normalizadora. Dentro de esta articulación de niveles de atención los Equipos Territoriales de Área, dependientes de nuestra Consejería, son la estructura necesaria para la coordinación de la atención y la descentralización de los servicios en el marco del territorio definido a través del Mapa Asturiano de Servicios Sociales.

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Como ya he dicho, somos conscientes de la importancia de contar con una red básica de servicios sociales sólida y extensa, siendo una de las prioridades de esta legislatura por ello hemos creado una estructura específica de coordinación con la red básica a través del nuevo Servicio de Coordinación de Equipos y Recursos en el territorio. Esta nueva estructura también responde a la intención de desarrollar la ordenación territorial y funcional de los servicios de proximidad potenciando la descentralización de actuaciones y la coordinación funcional territorializada, para ello pondremos en marcha y crearemos estructuras territorializadas de coordinación tales como:

1. La Comisión de Coordinación Interadministrativa, creada a través del Decreto 108/2005 del Mapa Asturiano de Servicios Sociales.

2. La Comisión de Coordinación de los Servicios Sociales del Área para

coordinar los recursos sociales especializados existentes en cada área (comisión ya creada a través del Decreto 49/2001). La puesta en marcha de estas Comisiones permitirá establecer fórmulas para descentralizar en el territorio funciones que realiza la Consejería como las Comisiones de Valoración de acceso a recursos.

3. Y como novedad impulsaremos la creación de Consejos Territoriales de

Servicios Sociales en el que estarán presentes los diferentes niveles, administraciones y actores de intervención social existentes en cada Área.

En el marco de estas estructuras de coordinación analizaremos la situación de los servicios sociales locales para evaluar sus necesidades, avanzar en su reordenación y para asegurar una atención homogénea y garantista. Trabajaremos con la red local para articular un modelo común de intervención que mejore la capacidad del sistema para ofrecer a las personas usuarias de los Servicios Sociales acompañamiento social personalizado e integral. Para finalizar con este apartado señalar que dentro de este marco se tratará la actualización del Mapa Asturiano de Servicio Sociales, para ello realizaremos una planificación territorializada avanzando en la adecuación de las coberturas de atención de los servicios según unidad territorial (Área, Zona Básica y Especial). Anteriormente ya he señalado la situación de crisis económica y los nuevos perfiles ligados a los nuevos fenómenos de exclusión. La estrategia Europa 2020 plantea un trabajo a favor de la inclusión social que se articula mediante tres principios: las políticas activas para un mercado de trabajo más inclusivo, la

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asistencia mediante unas políticas de rentas mínimas y el acceso a unos servicios públicos de calidad. El Gobierno asturiano ha extendido el salario social como principal instrumento en la lucha contra la exclusión de las personas vulnerables, hasta llegar a 17.148 perceptores, siendo ya 37.725 las personas las que tienen cobertura con esta prestación. La evolución de la inversión social en SSB desde 2011 evidencia esta capacidad de respuesta del Gobierno del Principado de Asturias, que ha llevado a que en 2015 el presupuesto inicial (83,3 millones de euros), supere en más de dos veces y media al gasto de 2011 (38,2 millones de euros). Otro de los aspectos que ponen de relieve la inversión social en SSB es el de la evolución del personal destinado a su gestión: si en 2012 eran 20 los empleados públicos encargados de la tramitación, en la actualidad ascienden a 47. Partiendo de estos datos, en esta legislatura pretendemos actuar en cuatro líneas dentro del Salario Social: 1. Mantener la agilidad en el acceso y mejorar la reacción frente a los

cambios en las circunstancias de las personas beneficiarias, acortando los plazos de revisión existentes. Se revisará en profundidad tanto la normativa, como los procesos internos para lograr una mayor simplificación, se continuará con la mejora de las funcionalidades de la aplicación informática y se reorganizará la plantilla existente para reforzar el personal destinado a este fin.

2. Fortalecer la intervención técnica que favorezca la salida de los procesos

de exclusión. Nos serviremos del Plan de Seguimiento de los Programas Personalizados de Incorporación Social y de la actualización de la Guía de Incorporación Social, como herramienta básica para las personas profesionales de la materia.

3. Coordinación con empleo. Se establecerán cauces permanentes de

coordinación entre el Servicio Público de Empleo y los Servicios Sociales para la atención a las personas perceptoras de prestaciones con especial colaboración con las entidades del tercer sector con experiencia en el ámbito.

4. Analizar los 10 años de vigencia del Salario Social: el perfil de los usuarios, su implantación, la gestión y sus resultados. Se dotará a la aplicación informática actual de un módulo de estadísticas específico, que estará en funcionamiento a principios del próximo año.

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Por otro lado, para seguir abordando la exclusión social hay que tener en cuenta nuestro Plan Autonómico de la Inclusión Social 2015-2017 y la Agenda Social, que determinan un cambio de rumbo en el ámbito de la protección e inclusión social. Pretendemos desarrollar, como uno de los trabajos clave, la atención prioritaria a los colectivos de personas a las que afectan los nuevos riesgos sociales y que pueden provocar su paso de personas vulnerables a personas excluidas. Me refiero a las mujeres solas o con hijos, las víctimas de violencia de género, la infancia, las personas jóvenes, las desempleadas mayores de 45 o con trabajos precarios, las personas mayores, con discapacidad, sin hogar, las minorías étnicas, las personas reclusas y ex reclusas, las personas prostituidas y la población inmigrante. Unir sinergias con el Tercer Sector en este ámbito es fundamental y el que cabe destacar el marco de participación de la Mesa contra la pobreza y la exclusión.

Y es aquí, en el bloque de la inclusión social donde pasaré a hablar de nuestra política de vivienda. Como todas y todos ustedes conocen el sector de la construcción, y por ende, el de la vivienda, ha sido uno de los que mayor evolución ha sufrido en los últimos años.

El stock de VIVIENDA nueva sin vender en Asturias ha descendido en 3.314 en últimos años, lo que lo sitúa actualmente en una cifra de 1.953 viviendas, cifra muy baja en comparación con las más de 82.000 viviendas desocupadas que hay en el territorio asturiano y, que la inmensa mayoría de ellas, se encuentran en manos de propietarios particulares. Es en ello donde deben de seguir incidiendo una de nuestras políticas durante la legislatura que damos comienzo. El Plan de Vivienda del Principado de Asturias 2014-2016, acorde con el “Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-201” establece como líneas principales el fomento del alquiler y la rehabilitación de edificios especialmente reparación del parque público de viviendas en alquiler. Con una inversión de más de 63 millones de euros, también se mantiene una pequeña línea de ayudas a la compra con el objeto de reducir el stock de viviendas nuevas. Para esta legislatura somos conscientes que la mejor política para garantizar el derecho a una vivienda digna, se desarrolla con un parque de vivienda pública en alquiler que en Asturias supone un 1,65% sobre el total de viviendas, superior a la media nacional un 1,10%, e inferior a las medias europeas y centroeuropeas.

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Otra medida que requerirá nuestros esfuerzos es la reparación de las viviendas desocupadas del parque público y su inmediata adjudicación. Es cierto que en los últimos años ya se desarrolló un plan de choque que logró reducirla a la mitad, situada ahora mismo en 333 viviendas desocupadas pendientes de reparación. Creemos que a lo largo de los próximos dos años y medio pondremos a disposición de la ciudadanía las mismas. La rehabilitación edificatoria seguirá siendo uno de los ejes al que más esfuerzo y presupuesto dedicaremos durante la legislatura. Asturias seguirá siendo una comunidad modélica en ese sentido y, no sólo lo decimos en esta sala, sino que tal como declaró el pasado 16 de agosto al periódico El Comercio D Anselmo Menéndez, Subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Fomento y, cito literalmente: “En la última convocatoria (se refería a las de ayudas a la rehabilitación), el Principado fue la comunidad que mejor respondió al proceso. En materia de rehabilitación y en tejido productivo es, probablemente, el más competitivo y el mejor de España”. En lo relativo al mercado del alquiler nuestra principal línea de trabajo serán las convocatorias de ayudas al alquiler. Además en los próximos meses se iniciará un Programa de Fomento del Alquiler para que las personas propietarias pongan a precios asequibles y a disposición de la demanda las viviendas que tengan desocupadas. Todo ello se realizará por medio de nuestra empresa pública Vipasa. Redundando en lo anterior, lo antes posible se establecerá un Plan de Garantía Habitacional, el cual se incardinará dentro del Plan de Choque de Medidas de Protección para Situaciones de Desahucio puesto en marcha hace 3 años. Dentro de éste ya se han ofrecido 143 viviendas de urgencia para actuaciones inmediatas. El Plan de Garantía Habitacional tendrá una mayor transversalidad con otros recursos existentes, así las personas que se encuentren sin alojamiento por causas sobrevenidas, optarán por una ayuda económica, acompañamiento social o alojamiento alternativo. Otro apartado fundamental para el desarrollo de cualquier administración pública, es el del desarrollo o adaptación normativa. En primer lugar se estudiará la posibilidad de permitir el alquiler con opción a compra dentro de las viviendas protegidas, lo que permitiría que el stock de promotores privados con viviendas protegidas pueda ser ofertado de manera más atractiva reduciendo así la bolsa de vivienda nueva desocupada.

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Es tarea también primordial la regulación del Registro de Informe de Evaluación de Edificios. Con ello se pretende que los Ayuntamientos puedan ejercer su labor de seguimiento y control de aquellas edificaciones que existan en su territorio y tengan importantes carencias estructurales y de seguridad.

Así mismo se plantea la necesidad en esta legislatura de adaptar las vigentes Normas de Diseño para edificios de viviendas, cuya vigencia se remonta al año 1989. El planteamiento es redactar un texto normativo, de carácter técnico que se incorpore a un nuevo decreto de Habitabilidad con el ánimo de agilizar los trámites y evitar duplicidades entre las Administraciones. En último lugar quería hablar de Vipasa, empresa pública del Principado de Asturias, nuestro medio propio e instrumental para gestionar el parque público de viviendas e inmuebles propiedad del Principado. Además se encarga de atender y orientar a cualquier persona en los temas relacionados con la vivienda. Con la experiencia acumulada de estos años conseguimos tener unos niveles en gestión de vivienda pública modélicos en España. Durante esta legislatura se reforzará el papel de Vipasa con el objetivo de que cada vez sea más corto el tiempo desde que una vivienda queda desocupada hasta que se vuelva a ocupar. DEPENDENCIA

En lo referido a la atención a PERSONAS DEPENDIENTES este año finaliza el proceso de incorporación al sistema de todos los grados reconocidos de dependencia con la entrada en vigor de los derechos el pasado 1 de julio, de las personas reconocidas con el grado I. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia aprobada en el año 2006 supuso la creación de un nuevo derecho subjetivo en materia de servicios sociales lo que ha supuesto un cambio profundo en nuestro sistema. Han sido años de trabajo intenso en los que Asturias ha realizado una apuesta notable en cuanto a aportación económica y dotación de personal. Mientras que el Estado ha reducido desde 2011 su aportación al sostenimiento del SAAD en un 19%, el Principado de Asturias ha aumentado la suya en un 6%, siendo gracias a este esfuerzo, y a la de los propios usuarios como se ha podido aumentar la cobertura del Sistema de Dependencia hasta llegar a un gasto total en 2014 de 179,2 millones de euros. Así, mientras que en el Principado de Asturias se ha ido aumentando progresivamente el número de personas beneficiarias de prestaciones del SAAD, el Estado ha venido reduciendo la financiación por las mismas, hasta llegar a ser minoritaria en relación al resto de aportaciones,

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representando únicamente el 14,5% del total, frente al 70,5% que representa la aportación del Principado de Asturias, o el 15% de los propios usuarios. La apuesta del Gobierno de Asturias por el Sistema de Dependencia tiene su reflejo asimismo en la dotación de personal, que asciende actualmente a 92 empleados públicos, entre valoradores/as, trabajadores/as sociales, gestores y demás personal administrativo y de coordinación. Como les decía, el 1 de julio de 2015 ha entrado en vigor el Grado I, lo que implica que todas las personas dependientes tienen ya derecho a una de las prestaciones del Sistema. Según los últimos datos de gestión publicados por el IMSERSO en Asturias hay registradas 16.060 personas con prestación (un 15,6% más que a finales del ejercicio 2011), - de las que alrededor de 1.000 son dependientes moderados o con Grado I- lo que sigue situando a Asturias por encima de la media en personas atendidas a nivel nacional (71% de cobertura en Asturias frente al 63% de media nacional). Una vez consolidado el Sistema, y tras haber garantizado el acceso a los servicios públicos, de tal manera que nadie quedara fuera del sistema por carecer de recursos suficientes para ello, los objetivos de esta legislatura se centran en 7 medidas:

1. Recuperar el carácter universal del Sistema, mediante el restablecimiento de una cuantía mínima garantizada para las prestaciones económicas.

2. Desarrollar las prestaciones de promoción de autonomía personal, de modo que las personas dependientes puedan recibir dichos servicios de manera autónoma (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva,…), haciendo éstos compatibles con otras prestaciones del Sistema.

3. Continuar adoptando medidas que agilicen el procedimiento, para que, una vez incorporadas al Sistema todas las personas con dependencia moderada o Grado I, se vuelva a cumplir con el plazo de resolución previsto de 6 meses, que ahora se sitúa en 8 meses. Para ello:

• Se llevará un control mensual de los principales ratios de gestión por Área de Servicios Sociales

• Se reforzará la coordinación con las Entidades Locales en la detección de situaciones de emergencia social.

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4. Resulta necesario abordar la reforma de la normativa en materia de Dependencia en el Principado de Asturias, haciendo ésta más sencilla, mediante la aprobación de un único texto de referencia (Decreto) que aúne todos los aspectos relativos a las prestaciones, dotando al Sistema de una mayor estabilidad, que garantice el acceso a las prestaciones de todas las personas dependientes en condiciones de igualdad.

5. Aprobar el Plan de Prevención de la Dependencia, que recoja - mediante el desarrollo coordinado entre los servicios sociales y de salud -, las actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación.

6. En el ámbito de la inspección y acreditación de centros, resulta necesario asimismo realizar el Plan de Evaluación de Calidad de los centros acreditados que prestan servicios a personas dependientes, así como revisar los criterios de acreditación para hacer que éstos estén orientados a la calidad en la atención directa a las personas y aprobar la normativa sobre acreditación de los servicios (ayuda a domicilio, servicios de promoción de la autonomía personal, asistente personal,…)

7. Asimismo, se solicitará al IMSERSO que se abra el diálogo para un nuevo sistema de financiación de la Dependencia, que incremente los fondos con carácter finalista, es decir, el nivel mínimo garantizado a las personas dependientes.

8. Finalmente, el próximo año 2016 se cumplen 10 años de aprobación de la Ley, han sido años de mucho e intenso trabajo que necesita de un análisis sobre su desarrollo e implantación por lo que a lo largo de esta legislatura realizaremos un estudio que nos permita extraer elementos de mejora.

Uno de los principales instrumentos para la atención a las personas dependientes es el ERA cuya función es el desarrollo de los servicios de atención a las personas con dependencia, la implantación de servicios abiertos a la comunidad y la promoción de un envejecimiento activo y participativo entre los usuarios de los centros. El principal objetivo de legislatura es dar una solución residencial a todas aquellas personas que al perder su autonomía personal necesiten de este recurso, ofreciendo una atención integral de calidad a personas de edad avanzada que por sus problemas específicos no puedan permanecer en sus hogares.

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En la actualidad el ERA cuenta con 5.018 plazas residenciales y una lista de espera en torno a 1.300 personas a día de hoy, por ello una de la medidas prioritarias es reducir esta cifra creando en torno a 800 plazas residenciales distribuidas por la comunidad autónoma, entre centros propios y plazas concertadas. También es un objetivo para esta legislatura destinar parte del presupuesto para inversión a mantener en buen estado los centros residenciales que forman nuestra red, acometiendo obras de reforma y de adaptación a las nuevas necesidades, lo que permitiría mantener los altos estándares de calidad en la prestación del servicio de atención residencial. En lo referido a la atención diurna, los centros de día constituyen apoyos imprescindibles y necesarios para que las personas mayores permanezcan en sus hogares y su entorno. Asturias cuenta en la actualidad con 1.326, desde el ERA tenemos la previsión de poner en marcha cerca de 140 plazas, alcanzado con ello la cifra de 1.466 plazas. Como consecuencia de todas estas medidas se incrementaría el empleo tanto público, (a sumar a los 1.428 trabajadores que constituyen actualmente la plantilla fija del ERA, y que en meses como el de agosto superan los 2.000 trabajadores en nómina (temporales/sustituciones), conformando todos ellos un equipo con un alto grado de especialización y comprometido), como el generado por las empresas que gestionan los servicios hoteleros o auxiliares. Como todos ustedes saben, las personas dependientes son, mayoritariamente, PERSONAS MAYORES, sin embargo una parte, cada vez más importante, de este grupo de edad está constituido por personas autónomas, en buen estado de salud físico, mental y relacional. Las actuaciones en materia de política social dirigidas a las personas mayores que se vienen desarrollando en el Principado de Asturias se centran en dos grandes prioridades: la atención a las personas en situación de dependencia, que ya he descrito, y la promoción de la participación social de las personas mayores. Asturias es una comunidad autónoma que cuenta con un importante índice de envejecimiento, superando el 23% de su población el grupo de personas que tienen 65 y más años (Padrón 2014). Un grupo de ciudadanos y ciudadanas no sólo importante desde una óptica cuantitativa, sino también desde una dimensión cualitativa, ya que las personas mayores constituyen un gran capital social. Las personas mayores de Asturias se caracterizan, entre otras cosas, por mantener unas altas cuotas de participación social. Esta participación se canaliza y articula con gran frecuencia desde un recurso que es muy conocido y valorado por las propias personas mayores: los centros sociales para personas mayores (CSPM).

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Asturias cuenta con una importante red de centros sociales dirigidos a personas mayores, de dependencia autonómica y local, y un sólido y extenso tejido asociativo que también cuenta con el apoyo de las entidades públicas. A lo largo de esta legislatura nos comprometemos a mantener los Centros Sociales de mayores y los programas comunitarios de “Envejecimiento Activo” que facilitan la implicación de las personas mayores en proyectos culturales y educativos, de promoción de la salud, así como de fomento y canalización de su participación social, evitando situaciones de exclusión y contribuyendo a la prevención de la dependencia. También prestaremos especial atención al envejecimiento de las zonas rurales manteniendo en las zonas rurales el programa “Rompiendo Distancias” que acerca servicios a la población mayor manteniéndolas en su medio y al tiempo que fomenta la participación y la relación social. En esta misma línea apoyaremos los Centros Rurales de Atención Diurna (CRAD) como apoyo a los mayores y sus familias qué precisan mayor intensidad de cuidados en territorios poco accesibles En lo referido a personas con DIVERSIDAD FUNCIONAL nos proponemos desarrollar un conjunto de medidas que potencie la igualdad de oportunidades, impulse la participación y, en suma, favorezca la incorporación social. Trabajaremos para que las personas con capacidades diversas participen activamente en la sociedad ejerciendo derechos y compartiendo responsabilidades. La experiencia ha demostrado que la atención a las personas con discapacidad, si implica aislamiento de su medio habitual, dificulta e impide incorporación y añade barreras de diversas índoles que agravan su desventaja, por eso potenciaremos programas de apoyo para que tengan acceso y utilicen los distintos recursos normalizados con los que cuenta la comunidad en cada territorio. Potenciaremos la atención integral a estas personas, su acceso a los derechos de ciudadanía y a todos los bienes sociales sin restricciones. Esto nos obliga a desarrollar políticas transversales de manera coordinada desde las distintas áreas que afectan a su vida cotidiana, hablamos de vivienda, de trabajo, de transporte, de educación, de sanidad o de servicios sociales. Como medidas concretas:

1. Mantendremos la atención temprana, con cobertura territorial por su interés no solo para la atención de la infancia que presenta trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlo sino también para el apoyo a niños/as y sus familias en casos de dificultades de desarrollo por carencias vinculares y socioafectivas con retrasos de maduración incluyendo la atención por deficiencias auditivas.

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2. Daremos continuidad al programa de apoyo en el entorno, dando soporte tanto a las personas con discapacidad como a sus familias, para mejorar el acceso a la utilización de los recursos normalizados de su entorno, en un proceso de acompañamiento activo, reforzando los apoyos individualizados y las respuestas personalizadas.

3. Completaremos la red asistencial de centros atención integral (CAIS )

y de día en los territorios donde aún no sea suficiente la cobertura trabajando siempre en programas individuales de atención y flexibles en su horario y cobertura

4. Para quienes precisen un alojamiento residencial se seguirá el criterio de

utilizar recursos descentralizados, lo más cerca posible de su entorno habitual, iniciativas normalizadoras para el alojamiento, intensificando el programa de pisos y viviendas tuteladas, sobre todo en aquellas áreas que tienen menos dotaciones o en las que estas son insuficientes en colaboración con la iniciativa social

5. La puesta en marcha de nuevos recursos destinados a satisfacer la

necesidad de las personas con discapacidad en unidades de alojamiento específicas para personas mayores o en proceso de envejecimiento y con discapacidad.

6. Mejorar la accesibilidad en edificios, entornos practicables y locales

públicos para garantizar que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan disfrutar de las mismas oportunidades como ciudadano de forma independiente y digna.

7. Colaboración con las entidades de iniciativa social en el ámbito de la

discapacidad, reconociendo su inestimable labor social y contribuyendo a garantizar su sostenibilidad.

8. Continuidad de las actuaciones de la Fundación Asturiana de Atención

y Protección a Personas con Discapacidades FASAD para atención integral de las personas con Discapacidad o dependencia y en su labor de salvaguarda del ejercicio pleno de sus derechos de ciudadanía y el ejercicio delegado de la función tutelar así como al desarrollo de actuaciones encaminadas a fomentar las posibilidades de integración y participación en la sociedad.

9. Mantendremos la colaboración y apoyo a la Fundación Asturiana para

la promoción del empleo y la reinserción sociolaboral de las personas con discapacidades y en grave riesgo de marginación social (FAEDIS) en la tarea de mejorar la empleabilidad y la contratación de los trabajadores con discapacidad.

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10. Desarrollar las medidas acordadas en El Plan Integral para las personas

con Discapacidad de Asturias 2015 2017 con especial hincapié a las relacionadas con fomentar la coordinación interinstitucional para adoptar medidas transversales desde las distintas áreas que afectan a la vida cotidiana.

11. Acordar actuaciones conjuntas socio-sanitarios del Principado de

Asturias, que permitirán facilitar la atención a las personas usuarias de los recursos públicos. (Problemas de discapacitados intelectuales y alteración conductual, salud preventiva, bucodental con especial atención a la perspectiva de género en la atención a la salud de este colectivo).

12. Colaborar con los agentes educativos para asegurar y garantizar el

acceso, la acogida y la permanencia en condiciones igualitarias para todo el alumnado con necesidades especiales

13. Apoyaremos de manera especial iniciativas y proyectos que favorezcan la

formación y el empleo de las personas con discapacidad, en colaboración con la Consejería de Empleo.

14. Fomentar programas y actividades de ocio que garanticen la participación

plena de las personas con discapacidad en la vida social asturiana. Señorías, la crisis económica y de cuidados tiene una especial incidencia en las situaciones que vive LA POBLACIÓN INFANTIL. El estado de la infancia es un termómetro muy significativo de los efectos que los cambios sociales, ambientales y económicos tienen sobre el conjunto de la sociedad. En Asturias hemos venido desarrollando servicios y programas dirigidos a la infancia, basados en la promoción y defensa de sus derechos, tomando como referencia las disposiciones del Tratado de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Tenemos la responsabilidad como Administración Pública de procurar un entorno social favorable y seguro a la infancia, de satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales, de potenciar sus capacidades y prevenir los riesgos que amenacen su bienestar, garantizando el respeto a todos sus derechos. Respondiendo a esta finalidad, en esta legislatura hemos dotado de una estructura singular al órgano con competencia en esta materia, creando el Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia, que adscrito a la Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad, tendrá un papel central en el ámbito

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de la protección y atención a menores y sus núcleos de convivencia en el Principado de Asturias.

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013 “Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas: los niños que crecen en la pobreza o la exclusión social tienen menos posibilidades que sus coetáneos más favorecidos de tener buen rendimiento escolar, disfrutar de buena salud y aprovechar todo su potencial en fases posteriores de su vida”, hemos puesto en marcha recientemente una ayuda directa destinada a complementar las medidas de apoyo a las familias con menores a cargo que estén en riesgo de pobreza,

Es para esta Consejera una prioridad impulsar la actualización normativa en Infancia y la mejora de los procesos organizativos, metodológicos y de intervención de los servicios que desarrollan las políticas públicas de infancia en Asturias.

Como marco general destacaré el desarrollo de una nueva Ley del Menor que incorpore las novedades que figuran en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

A continuación paso a describirles los principios y medidas que, a nuestro entender, han de guiar la intervención social con la infancia:

1. La prevención y detección de cualquier tipo de riesgo de desprotección, maltrato o abuso en la infancia

Se reforzarán los programas comunitarios de carácter preventivo como los Programa de Orientación Educativa Familiar dirigidos a fortalecer en general la capacidad protectora de las familias y la autonomía de niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, se reforzará el papel de los Servicios Sociales generales, en la detección inicial de las situaciones de riesgo, así como el estudio, análisis e intervención con las mismas.

2. Intervención social general y especializada de proximidad.

Promoveremos estrategias integradas de atención y las intervenciones tempranas para abordar las situaciones de desprotección y fomentar el cuidado de los niños y niñas en un entorno familiar adecuado.

La preservación familiar será el principio de actuación básico del Sistema de atención y protección de menores en Asturias y los programas de intervención familiar uno de sus elementos decisivos. En este sentido, se extenderá el Programa de Intervención Técnica de Apoyo a las Familias a todo el territorio del Principado de Asturias para que puedan ofrecer sus servicios a todas las

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familias con hijos e hijas menores de edad en situación de riesgo, sea cual sea su lugar de residencia

Será una tarea prioritaria para esta Consejería definir de manera precisa y consensuada el papel y nivel diferenciado de intervención de los Servicios Sociales Generales, los Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia, los Equipos Territoriales y los programas y recursos especializados promovidos por del Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia dentro del sistema de atención y protección de la infancia en Asturias.

3. Intervención social centrada en la persona, adaptando los recursos a las necesidades de menores y familias.

Los procesos de intervención con menores en riesgo o situación de desprotección requieren de una perspectiva de apoyos y trabajo a medio y largo plazo. Se trabajará en base a planes individuales de protección, adaptados a la diversidad de situaciones de convivencia que viven los y las menores y sujetos a evaluación y adecuación continua.

Trabajaremos en la definición del expediente único personal y/o familiar que de cuenta del itinerario personalizado de atención/protección para cada menor.

En caso de que resulte indicada la separación de la familia de origen, el Sistema de Protección Infantil deberá buscar para el niño/a, en el mínimo plazo de tiempo posible, un entorno de convivencia alternativo y estable, preferentemente otra familia.

Promoveremos el desarrollo y ampliación de diversos tipos de acogimiento familiar (familia extensa, familia ajena, acogimientos de urgencia, acogimiento profesional), avanzando en su efectiva y ágil aplicación, especialmente para menores en sus primeras etapas del desarrollo y proporcionando un seguimiento y apoyo adecuado a las familias acogedoras.

Adecuaremos los recursos de acogimiento residencial a las necesidades de las personas menores que deben hacer uso de este recurso, promoviendo la utilización de recursos alternativos para menores de edades inferiores, y desarrollando una mayor especialización y adecuación de los centros a las necesidades de los menores que deben atender (MENAS , adolescentes en crisis , minorías…)

En relación a los procesos de adopción se impulsarán campañas para la captación de familias adoptantes, perfeccionando los programas de evaluación de la idoneidad, desarrollando programas de apoyo específicos para las familias que van a adoptar niños y niñas con necesidades especiales, y poniendo a disposición de las familias servicios de asesoramiento, orientación y atención postadoptiva.

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Profundizaremos en el conocimiento de la realidad de los y las jóvenes menores de edad con necesidades específicas por conductas disruptivas, desarraigo cultural, étnico, en situación de grave desestructuración familiar y jóvenes extutelados en fase de transición hacia la vida adulta. Es esta una problemática que por su complejidad ha de abordarse de forma intersectorial incorporando las mejoras necesarias en los programas especializados de apoyo y acompañamiento.

4. La cooperación en el territorio

Impulsaremos una mayor cooperación y coordinación con otros sistemas públicos de protección, especialmente el educativo, el sanitario y el de justicia, entre profesionales y entidades implicadas en la atención y protección infantil y en la garantía y promoción de los derechos de la infancia en Asturias. Ello en orden a procurar la elaboración de programas integrados que aborden de forma transversal y multidisciplinar la satisfacción de las necesidades de niños, niñas y adolescentes.

Es necesario romper la perspectiva que la responsabilidad de la atención de las personas en riesgo de exclusión es únicamente de Servicios Sociales

Contaremos con el saber y la experiencia de las entidades sociales, lo que supondrá un valor añadido e ineludible en los procesos de intervención y acompañamiento con la infancia. También con la participación colectiva de la sociedad civil y la individual de las personas usuarias

Como no podría ser de otra manera, continuaremos impulsando el desarrollo de las medidas contempladas en el Plan Integral de la Infancia del principado de Asturias 2013 -2016, complementando las actuaciones destinadas a promover el bienestar de todos los y las menores con medidas más específicas encaminadas a apoyar a la infancia en situación de mayor vulnerabilidad. Y seguiremos apoyando la significativa labor del Observatorio de la Infancia como espacio para el análisis de la diversidad de situaciones que vive la infancia en Asturias, la promoción de la participación infantil y la aproximación a las respuestas que ofrece el sistema público de Servicios Sociales en este ámbito. Todas las actuaciones señaladas hasta el momento deben desarrollarse en coordinación con otros sistemas de protección social. Como ya he señalado al inicio de mi intervención por el lugar que ocupa en el entramado de sistemas de protección social, los servicios sociales precisa de relaciones ágiles y sólidas de coordinación con el resto de sistemas de protección, que permitan el abordaje coordinado e integral de las necesidades de las personas. En esta legislatura se crearán estructuras y cauces estables, autonómicos y territorializados de coordinación entre los sistemas sanitario, educativo y laboral.

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Como ejemplo de ello en esta legislatura se aprobará una Estrategia de coordinación sociosanitaria en la que se plantea la creación e implementación de estructuras como la Comisión Interinstitucional y la Subcomisión Técnica Interinstitucional para la coordinación de los Servicios Sociales y del ámbito de la Salud. Este documento también contemplará medidas concretas de actuación en relación al ERA y al sistema sanitario, a la atención a personas con discapacidad y enfermedad mental y a la población infantil más vulnerable. La actuación territorializada en materia sanitaria se abordará dentro de los Consejos Territoriales de Servicios Sociales antes mencionados. También se establecerán cauces estables para lograr el trabajo en red con los servicios de empleo para la atención a las personas perceptoras de prestaciones de garantía de ingresos. Otra labor importante de coordinación es la referida al sistema educativo, trabajaremos para mejorar el trabajo en red con los centros escolares y establecer acuerdos de colaboración conjunta destacando el trabajo en el territorio. Finalmente mejoraremos la coordinación con otros sistemas (justicia, vivienda, transporte…), dada la transversalidad de las necesidades de los colectivos atendidos por los servicios sociales. Continuando con la coordinación y colaboración, la sociedad asturiana cuenta con un tejido social plural y activo conformado por organizaciones que surgen de la iniciativa ciudadana y canalizan la solidaridad organizada y la participación social de la ciudadanía en general y de las propias personas, familias, grupos o comunidades afectadas por una situación, problema o necesidad de carácter social. Se trata del tercer sector social. Hablar de Tercer Sector nos remite a la gobernanza como la palabra clave para hablar de las responsabilidades compartidas en la gestión de los asuntos públicos. Por ello, es responsabilidad pública promover y facilitar esta participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. Entendemos que la administración no está solo para proveer servicios y prestaciones sino para promover la participación de la ciudadanía como sujeto activo y no solo receptivo de bienes sociales, propiciando la necesaria corresponsabilidad entre sociedad civil y administración. Los cambios sociales y organizativos acaecidos en los últimos años en el ámbito de los servicios sociales han afectado a la relación existente entre la acción

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pública y el tercer sector. Es necesario establecer un nuevo marco de actuación en el que recuperar el diálogo sobre el modelo de sociedad y desarrollo del sistema. En este sentido durante esta legislatura se ordenará de manera estable la relación del sistema de servicios sociales con el tercer sector a través de la nueva Ley de Servicios Sociales y del desarrollo normativo al que nos obliga la última modificación de la Ley de 2003. Mientras tanto se dará continuidad al Acuerdo Marco de plazas con el objetivo de dimensionar adecuadamente tanto su cobertura como su financiación. Desde esta Consejería de Servicios y Derechos Sociales seguiremos impulsando la participación activa de las personas usuarias desde los diferentes niveles de intervención social y ámbitos de decisión así como aquellos espacios con funciones de análisis, planificación, regulación y evaluación de políticas sociales, que incorporen entidades del Tercer Sector y/o la Iniciativa Social comprometidas y con presencia en nuestra comunidad autónoma véanse los Consejos Autonómicos de Bienestar Social, Mayores, Discapacidad, Voluntariado o la Mesa Ciudadana contra la Pobreza y la Exclusión Social actualmente existentes o aquellos que se puedan crear. Señorías ya voy finalizando, el nombre de esta Consejería añade a los Servicios, los Derechos Sociales y como ya he señalado el desarrollo normativo será una de las principales actuaciones de esta legislatura. Un desarrollo normativo que ordene, actualice e integre los derechos introducidos en los últimos años. Un desarrollo normativo que articule, modernice y consolide un sistema como tal sistema, como un conjunto de elementos interrelacionados y que actúan entre sí. A lo largo de este texto ya es he ido señalando algunas de ellas: una nueva Ley de Servicios Sociales, el nueva Ley del Menor, la revisión de la normativa en materia de Dependencia, Salario Social Básico, Atención al Anciano y acreditación de servicios, entre otros. Nuestro sistema de servicios sociales para realizar todas las actuaciones planteadas en este programa y para entenderse como tal sistema, necesita de información significativa del conjunto del sistema que permita el análisis, la planificación, y mejora la intervención individual asegurando su continuidad y eficacia. En esta legislatura estableceremos las bases del Sistema Asturiano de Información de Servicios Sociales que integre los desarrollos existentes como instrumento clave para la planificación, evaluación y la mejora continua. Este sistema permitirá a introducción de instrumentos comunes relacionados con el análisis de la realidad y su evolución que permitan, entre otros aspectos, disponer de un diagnóstico compartido de las necesidades y planificar el desarrollo del sistema a medio-largo plazo. La apuesta por el futuro de los servicios sociales supone dar respuesta a las nuevas y siempre cambiantes necesidades sociales, ello supone la innovación social que

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significa desarrollar nuevas ideas, servicios y modelos para abordar mejor las cuestiones sociales. Los servicios sociales se enfrentan a nuevos desafíos y es preciso fortalecer el conocimiento basado en la evidencia para la formulación de políticas y las reformas. Tal y como señala la Unión Europea la innovación social es parte del paquete de inversión social, y debe estar integrada en la formulación de políticas y conectado a las prioridades sociales. Es necesario aportar respuestas innovadoras a las necesidades sociales con intervenciones de sondeo a pequeña escala para probar su impacto y valorar si este puede ser ampliado si los resultados resultan convincentes. Desde ese punto de vista, resulta necesario avanzar en la potenciación de las actividades de I+D en el ámbito de los Servicios Sociales que hace referencia al desarrollo de modelos innovadores de organización, prestación y gestión de los servicios, que permitan alcanzar los objetivos del sistema buscando mayores cotas de eficacia y de eficiencia. Por todo ello, resulta necesario promover desde las administraciones públicas pero también desde las entidades privadas con y sin fin de lucro y desde la Universidad, actividades relacionadas con la investigación, la experimentación y el desarrollo, así como todas aquellas actividades relacionadas con la gestión de conocimiento en materia de servicios sociales. La gestión del conocimiento también es un concepto que debemos hacer de uso común en nuestro ámbito. Se trata de entender el conocimiento y su transferencia como el principal recurso estratégico de la organización. Potenciaremos el proveniente de nuestros profesionales puesto que el conocimiento que acumulan las personas es el principal activo de las organizaciones. Para ello, junto a la formación en competencias específicas en función de las necesidades formativas de los diferentes perfiles y la formación en competencias transversales (trabajo en equipo, capacidad de gestión, orientación al logro y los resultados,….) se establecerán entornos informales de aprendizaje e innovación, con la creación de espacios para dialogar sobre intereses e ideas que incidan en la mejora. Debemos convertirnos en una organización en la que se valore el aprendizaje y el conocimiento como trabajo, a través de metodologías de trabajo colaborativo que nos ayuden a dialogar o que contribuyan a generar conversaciones que donde surjan ideas que plantean marcos ideológicos, estratégicos y operativos ligados a la mejora e innovación. Otro elemento imprescindible y transversal al conjunto del sistema es la mejora continua de la calidad a través de la potenciación de buenas prácticas en la gestión y la prestación de servicios sociales. En esta legislatura queremos avanzar en la identificación y el establecimiento de estándares mínimos y comunes de calidad para el conjunto del sistema como garantía de acceso e intervención. Potenciaremos las buenas prácticas vinculadas a servicios al tiempo que desarrollaremos un catálogo consensuado de indicadores de calidad en la gestión

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de los Servicios Sociales que permitan valorar el grado de cumplimiento de tales indicadores por parte de los diversos agentes que intervienen en el sistema y/o en los distintos ámbitos geográficos. Para finalizar esta exposición hacer referencia a lo que planteaba en mis primeras palabras sobre la inversión social y la importancia de que nadie se quede atrás aunque este sea un reto complejo y citar al escritor uruguayo Eduardo Galeano: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. En este camino que, espero sea colaborativo, confío en que esta legislatura nos lleve al objetivo de lograr una Asturias que avanza en la garantía de derechos sociales.

intervenciÓn de la consejera de servicios y … · señor presidente, señorías, antes de pasar a...

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