Simulación de empleo y claves para fomentar

el empleo de calidad juvenil en Venezuela

Resumen

MSc Exequíades Chirinos 1 MSc Andrés Uzcátegui 2

exequiades@yahoo.com andresuzcateguib@gmail.com,

En el presente trabajo se

Palabras clave: desintegración, debilitamiento democrático, Latinoamérica,

cooperación, institucionalidad, acuerdos comerciales.

1 Comunicador Social, docente en la Universidad Cecilio Acosta y la Universidad del Zulia. 2 Comunicador Social, docente en la Universidad Rafael Belloso Chacín y la Universidad del Zulia

Introducción

Al;dm;lsdlkd;lsaxcxzcxcxcxzc

Escenario mundial: empleo juvenil en descenso y aumento del desempleo

Al reflejar los datos de las Tendencias Mundiales del Empleo de la Organización Internacional del Trabajo, contenidas en el informe World of Work Report 2014: Developing with jobs del 2014, específicamente en cuanto a la tasa de crecimiento por género y edad, el empleo juvenil en los países ubicados dentro de la categoría Economías Emergentes (EE), entre los cuales ubican a Venezuela, revela una constante disminución del orden del 1.5%, respecto a las tasas medias de crecimiento anual porcentual, correspondiente al período del 1991 al 2013, según se refleja en la siguiente tabla del estudio de la Organización, a pesar de que en el lapso 2000 al 2013 mejoró con relación al porcentaje global.

Tasa de empleo juvenil en los países EE (%)

EEs 1991–2000 2000–2013 1991–2013

–2.3 –0.9 –1.5

(Fuente: World of Work Report 2014: Developing with jobs (OIT). Consultado 12 de Julio)

De igual modo, cuando se mide el desempleo por género y edad, la desocupación juvenil en los países Emergentes, aumentó en el 2013 después de experimentar una baja en el año 2007, con lo cual queda en evidencia que la tendencia es negativa, según los indicadores expuestos en la siguiente tabla de la OIT.

Tasa de desempleo juvenil en los países EE (%)

EEs 1991 2000 2007 2013

Es 11.8 13.3 11.4 12.9(Fuente: World of Work Report 2014: Developing with jobs (OIT). Consultado 12 de Julio)

El escenario mundial en cuanto a los países emergentes donde se ubican a la mayor parte de las naciones latinoamericanas refleja un decrecimiento del empleo juvenil y un aumento del desempleo que, evidentemente, afecta de manera directa a los jóvenes y por ello se requieren de planes, proyectos, programas o leyes que permitan mejorar estos dos indicadores, los cuales son variables dependientes.

Venezuela y los altos niveles de desempleo

En cuanto a Venezuela, muy a pesar de los estándares particulares que maneja el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para el cálculo del empleo y desempleo (aspecto que se explicará más adelante), los indicadores sociales

reflejan una dramática situación general en cuanto al desempleo, producto de diversos factores, entre ellos la falta de inversión privada nacional y extranjera; y las políticas públicas de expropiación de empresas productivas, éstas últimas con incidencia negativa directa en el sector privado, elemento clave en el aparato productivo nacional.

En términos específicos y según los datos tomados del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su Informe Trimestral de enero 2014, correspondientes a la Encuesta de Hogares por Muestreo Situación en la Fuerza de Trabajo Venezuela asociados al Informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Venezuela pasó a ser la segunda nación del continente con la tasa de desempleo más alta”, de acuerdo al análisis publicado en el diario venezolano El Nacional (2014).

“La tasa de desocupación se ubicó en 9,5%, y según cifras de la Cepal, Venezuela sólo quedaría por detrás de Colombia, que tenía al final de 2013, un índice de desempleo de 10,6. El vecino país sigue siendo el único con cifra de dos dígitos en esta área” (El Nacional, 2014).

A la estadística sobre desocupación nacional se unen aspectos relacionados con: reducción de 200 mil empleadores (empresas), generando la pérdida de cerca de 1 millón de puestos de trabajo formales, según datos del 2014 manejados por el secretario del Progreso Económico del estado Miranda, Raúl López, citado por el periódico venezolano.

Conceptos oficiales sobre empleo y desempleo

El concepto de Población Ocupada que emplea el gobierno es flexible porque permite incluir a trabajadores que no devengan un salario de acuerdo a las definiciones que se manejan, expresadas en la Encuesta de Hogares por Muestreo Situación en la Fuerza de Trabajo Venezuela, correspondiente al Informe Trimestral 4to.Trimestre 2013 (Octubre– Diciembre) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, INE.

En esa encuesta se sostiene el criterio de que la “Población Ocupada” son “las personas ocupadas con remuneración son aquellas que perciben un sueldo, salario u otro tipo de ingreso o compensación en dinero efectivo o en especie (alimentación o alojamiento) por el trabajo realizado como empleado u obrero, trabajador por cuenta propia, patrono o empleador. Las personas ocupadas sin remuneración en dinero se denominan por lo general “trabajadores familiares” y se definen como personas que trabajan sin remuneración en dinero en una empresa económica explotada por otro miembro de la familia con el cual conviven, siempre

que no hayan buscado trabajo en el período de referencia de la encuesta” (subrayado nuestro) (INE, 2014).

Es decir, el gobierno venezolano crea la categoría de “trabajador familiar”, en cuanto es aquella persona que percibe alimentación o alojamiento como compensación a la realización de un trabajo, con lo cual le permite ampliar el concepto de Población Ocupada para así crear unas estadísticas favorables, en vez de responder al parámetro de las personas que reciben un sueldo, según el criterio general.

De allí que al incluir a trabajadores que no perciben un salario, los datos de la Tasa de Ocupación con respecto a la Población Económicamente Activa evidentemente se reflejan en una mejoría con respecto a la tasa de desocupación porque de acuerdo al análisis Comparativo del 4to trimestre de 2013 con relación al 4to trimestre de 2012, efectuado por el INE (2014), las estadísticas oficiales reflejan que fue del orden del 7,0 % (973.033 personas en el 2014, mientras que por su parte, los datos del 4to trimestre del año 2012 arrojaron un 6,9 % (937.790 personas), comparación que, según la interpretación del INE, “reflejó estabilidad en términos estadísticos”, en pro del gobierno.

También el uso particular del concepto de “Sector Formal” tiene su incidencia en el manejo oficial de las estadísticas de empleo, particularmente en el sector privado porque el INE (2014), establece en su concepto que Sector Formal se define en cuanto “se considera que una persona está ocupada en el Sector Formal cuando labora en empresas que tienen cinco o más personas empleadas, tanto del sector público como del sector privado. También se incluye a los trabajadores por cuenta propia profesionales universitarios” (subrayado nuestro).

Con relación al “Sector Informal” la definición oficial usada se relaciona sólo con el número de trabajadores que laboran en las empresas y, en ese sentido, establece que “son aquellas personas que laboran en empresas con menos de cinco personas empleadas (incluido el patrono), servicio doméstico, trabajadores por cuenta propia no profesionales (tales como vendedores, artesanos, conductores, pintores, carpinteros, buhoneros, etc.) y ayudantes o auxiliares que no son remunerados y que trabajan 15 horas o más semanalmente”, definición que carece de los aspectos contenido en la explicación de la OIT (2014), organismo para el cual el trabajador informal carece de un sistema legal de protección, de apoyo de sindicato, falta de contratación colectiva, entre otros aspectos, como se explicará en el próximo apartado.

Partiendo del manejo de este indicador, igualmente en el análisis comparativo del 4to trimestre de 2013 con respecto al 4to trimestre de 2012 el “Sector Informal “desciende porque de acuerdo al INE (2014), “la población ocupada en el sector

informal, en el 4to trimestre de 2013, fue 5. 300.634 personas (40,8%), que en comparación con el 4to trimestre del año anterior, que fue 5.365.643 Personas (42,4%), reflejando una disminución de 65.009 personas (1,6pp)”.

Cuando con estas cifras obtenidas a partir del uso de conceptos sui géneris por parte del gobierno nacional se cruzan los datos de la población ocupada con aquellos correspondientes a los trabajadores informales, vale decir, el total de los ocupados en el sector formal versus los correspondientes al sector informal, las cifras arrojan que “para el 4to trimestre del año 2013 fue igual a 5.300.634 personas (40,8%), que en comparación con el trimestre anterior (5.311.410 personas 41,2%) y se evidencia estabilidad en términos estadísticos”, de acuerdo a la interpretación del INE (2014) reflejada en la Encuesta de Hogares por Muestreo Situación en la Fuerza de Trabajo Venezuela, correspondiente al Informe Trimestral 4to.Trimestre 2013 (Octubre– Diciembre), con lo cual evidentemente se convierte en una interpretación favorable a los intereses del gobierno nacional (subrayado nuestro).

La metodología empleada y los datos obtenidos a partir de la Encuesta de Hogares y del Informe Técnico del INE, éste último correspondiente a 4to trimestre del 2014, le proveen al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de razones técnicas para sostener que la tasa de desempleo disminuyó a un 7,1%, a la fecha de abril 2014 con relación a años anteriores

Ello porque de acuerdo al Informe Técnico del 2014 la población ocupada aumentó a 444.313 personas en el lapso de un año, entre abril 2013- 2014, mientras que un total de 155.415 personas fueron incorporadas a la economía formal en ese mismo período.

Para el presidente del INE, Elías Eljuri (2014), se debe a “una política económica y social orientada a la satisfacción de las necesidades de la población y no del capital, dirigida a transformar el ingreso petrolero en inversión productiva, en misiones sociales de salud, alimentación, educación, protección social y vivienda, entre otras; y destinada a permitir que los miembros de la clase trabajadora puedan contribuir con su aporte laboral al desarrollo nacional”.

Esta es una tesis cuestionable por dos grandes razones: la metodología particular empleada por el INE para el cálculo del empleo y desempleo y el estado difícil de la economía socialista venezolana, incapaz de satisfacer la necesidad básica alimentaria de las personas, al extremo de tener que recurrir al racionamiento de alimentos mediante un sistema de racionamiento de bienes (Méndez, 2014).

En primer término cuando se observa la Tasa de Desocupación en el Informe Técnico de Abril del 2014 del INE, correspondiente al período abril 1999-Abril

2014, se evidencia que, más allá de la interpretación oficial de “disminución”, a partir de abril 2007 se produce un decrecimiento notable de este indicador y es producto del cambio de metodología que emplea el organismo oficial para sus cálculos de empleo formal, muy distinto a los estándares internacionales.

La misma la ratifica el propio presidente del INE, Elías Eljuri (2014), en el sentido de que el gobierno nacional viene incorporando a la categoría de empleo formal a los trabajadores informales que laboran en empresas con menos de 5 personas y a los trabajadores por cuenta propia bajo los criterios de que entre el millón 282 mil .445 de informales contabilizados para el mes de abril de 2014 los mismos gozaban de “un salario, utilizaban tecnología moderna y cumplían con la normativa socio laboral”, mientras que en el segundo caso, los justifica por el solo hecho de que “puedan cotizar a la seguridad social y tener derecho a pensiones de vejez, gracias a la modificación de la Ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales”.

Incluso, Eljuri (2014) se atreve a justificar los criterios metodológicos venezolanos, del INE, en cuanto a que, afirma: “si consideramos las últimas definiciones de empleo formal de la OIT, un alto porcentaje de las categorías de trabajadores anteriormente mencionados se clasificarían como empleados formales, lo que aumentaría significativamente el empleo formal” y con esa metodología sui generis, el INE incorpora a los 3 millones 637.484 de trabajadores que tiene contabilizado y laboran en el marco del “empleo vulnerable”, éste último acogiendo el criterio de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT).

Por ello, resulta evidente que la Tasa de Desocupación cae a partir del 2007 hasta el 2014 a un 50% con relación al porcentaje de 1999 que era del orden del 14.6% y ahora, en abril del 2014, es de 7.1%, según puede observarse en la siguiente tabla del INE, fenómeno que se explica por los estándares particulares que ahora emplea el gobierno de Venezuela para medir este indicador.

Tasa de desocupación, abril 1999-abril 2014

14.6 14.7 14. 15.9 19.1 16.3 12.1 10.2 8.8 7.9 7.7 8.2 8.1 8.6 7.9 7.1Abril 1999

Abril 2000

Abril 2001

Abril 2002

Abril 2003

Abril 2004

Abril 2005

Abril 2006

Abril 2007

Abril 2008

Abril 2009

Abril 2010

Abril 2011

Abril 2012

Abril 2013

Abril 2014

(Fuente: Encuesta a Hogares por Muestreo – Instituto Nacional de Estadística, INE, Consultado 13 de agosto de 2014)

Empleo de calidad de la OIT

El optimismo gubernamental en cuanto al crecimiento del empleo y decrecimiento del desempleo contrasta, sin embargo, con los criterios que en materia de empleo formal, empleo informal, empleo pobre y empleo vulnerable maneja la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muy a pesar de la afirmación del

presidente del INE de que los estándares venezolanos se asemejan a los criterios de la OIT, dado que cuando se les compara, existe una muy marcada diferencia.

La definición de empleo de calidad que emplea la OIT se fundamenta a partir del análisis de los indicadores de empleo y desempleo de los países en vías de desarrollo y, al respecto son tres las dimensiones inherentes al mismo: a) el empleo informal; b) el empleo pobre y c) el empleo vulnerable.

El criterio de empleo informal de la OIT varió en el año 2003 cuando, con base a los fundamentos de la 17 Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo (International Conference of Labour Statisticians, en original), se refiere a puestos de trabajo que generalmente carecen de protección social, de leyes o de beneficios sociales básicos que les brinden protección e incluye la modalidad de empresas en razón de la existencia de empresarios y trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares no remunerados, es decir, trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para su propio hogar(OIT, 2014). Este tipo de empleo no tiene la cobertura de sistemas formales, es decir, un empleo donde no hay contratos, ni prestaciones ni protección social, de allí que la OIT lo considera como una condición del trabajador que implica un pago volátil y peores condiciones de trabajo.

Los trabajadores informales que el INE incorpora a la categoría de “empleo formal” carecen de un sistema de cobertura formal, convenios colectivos, prestaciones sociales, su salario es volátil y sólo porque emplean tecnología y respetan la normativa laboral, el gobierno les cambia su condición. No bastan estos dos aspectos para ser considerados trabajadores formales.

Para la OIT, el empleo informal es la primera condición opuesta al criterio de empleo de calidad y los otros dos son el empleo pobre, relacionado con aquellos trabajadores que ganan menos de US $ 1,25 - $2 dólares americanos al día y el empleo vulnerable, definido como aquellos con empleo independiente y trabajadores familiares no remunerados, quienes tienen menos probabilidades de tener acuerdos formales de trabajo y carecen de condiciones de trabajo apropiadas, seguridad social apropiada y representación de gremios sindicados, además que percibir “ingresos inadecuados, baja productividad y condiciones de trabajo difíciles, que socavan los derechos fundamentales de los trabajadores” (Jeffrey,2010).

En ese sentido, los “trabajadores por cuenta propia” que el gobierno nacional reconoce como trabajadores formales por el solo hecho de que cotizan a la seguridad social y gozan de pensiones de vejez, carecen de condiciones de trabajo idóneas porque no los amparan los convenios colectivos, tampoco tienen el apoyo de sindicatos y sus ingresos son volátiles, inadecuados, además de

trabajar en condiciones precarias y mantener baja productividad, es decir, pertenecen al segmento de “empleo vulnerable”.

De allí que los criterios gubernamentales que emplea el INE y, por ende, el gobierno de Venezuela no se corresponden con los estándares que maneja actualmente la OIT en cuanto a empleo formal, de calidad porque no se cumplen la mayor parte de los parámetros, muy a pesar del argumento que esgrime el director del INE.

El empleo de calidad, para la OIT está directamente relacionado con el mejoramiento de sus tres principales indicadores (empleo informal, empleo pobre y empleo vulnerable) , hecho que a la larga permite elevar los ingresos per cápita y la productividad como impulso al desarrollo económico, siendo el empleo asalariado un indicador relevante de la calidad del empleo.

Claves para contrarrestar el desempleo juvenil

El desempleo es una constante en alza actualmente en Venezuela que afecta a todos los sectores sin distinción de clase social o postura política-ideológica pero muy especialmente a quienes desean ingresar por vez primera al segmento de la población ocupada, aspirando un empleo formal.

Esta situación exige medidas de consenso entre el Estado y el sector productivo privado para así poder frenar los indicadores sociales negativos en materia de desempleo y en tal sentido se entiende el propósito del Proyecto de Ley de Fomento del Primer Empleo, el cual aspira dar una repuesta rápida a la situación de desempleo nacional que, de acuerdo a su Exposición de Motivos, es de alrededor del 10% y también para los trabajadores informales, cuya cifra estima en el orden del 45% del total de la fuerza laboral venezolana. Pero, sobre todo, se focaliza en dar respuestas al desempleo juvenil partiendo de la consideración de que éste duplica al desempleo de personas mayores porque suman aproximadamente 400 mil jóvenes sin oportunidad alguna de empleo (Proyecto de Ley de Fomento del Primer Empleo, 2011).

Desde esta perspectiva, es decir, a partir de la inquietud del proyecto legislativo y al escenario actual del empleo en Venezuela, partimos de la idea de la necesidad de desarrollar un Programa de Inversión Social Estímulo al Primer Empleo cuya fundamentación se basa en el Esquema de Indicadores aprobado por los cursantes del Doctorado de Ciencias Sociales Comparadas de la Universidad Privada “Rafael Belloso Chacín”, estructurado con cuatro grandes propósitos: 1) Construcción objetiva; 2) Variables contextuales; 3) Organización; 4) Implementación y 5) Evaluación, con sus respectivos componentes.

Adicionalmente, le incorporaremos elementos propios que, evidentemente, se justificarán teóricamente.

En su primer aspecto, la Construcción Objetiva del Programa se refiere a: desarrollo de políticas públicas a partir del plan de inversión (origen de formulación de la política/arriba/ desde abajo/ movilización); naturaleza del servicio (permanente/ coyuntural/ asistencial/ tecnologías centrales del servicio / producción o distribución); objetivos formales (metas distinguibles/ meta-objetivos) y factor del ciclo realimentativo de la política.

Origen de formulación de la política/arriba/ desde abajo/ movilización:

La propuesta de este programa se fundamenta en que actualmente en Venezuela la tasa de desocupación de los jóvenes cuyas edades oscilan entre 15 y 24, equivalentes a quienes por vez primera acuden al mercado laboral, aumenta en forma alarmante y no existen políticas públicas orientadas a detener este crecimiento porcentual negativo en términos de empleo, incidentes en cualquier economía.

Esta tasa de crecimiento de la desocupación juvenil corresponde a las propias cifras oficiales específicamente al Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Planificación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (SISOV, 2014).

A saber: En las estadísticas del año 2011, en el Indicador “Utilización de los Recursos / Tasa de desocupación por sexo entre 15 y 24 años” los porcentajes son del orden del 22.8 y 16.2 en los segmentos femenino y masculino, respectivamente. Llama la atención que en la consulta el 2014 de los datos del SISOV, efectuada para sustentar este análisis, el organismo gubernamental sólo refleja la tasa de desocupación juvenil hasta el primer semestre del año 2011.

Este hecho sólo puede interpretarse en el sentido de que la ausencia de datos en los años correspondientes al 2012 y 2013 y primer semestre del 2014 pretende esconder la profundización del desempleo juvenil, porque no existe otra razón para ocultar las estadísticas. Es decir, tres años y medio después de la última publicación del indicador “Utilización de los Recursos / Tasa de desocupación por sexo entre 15 y 24 años” se estima que existe una situación de mayor gravedad para los jóvenes, en cuanto a empleo se refiere.

Pero, es de advertir que partiendo de los datos oficiales de la institución encargada de coordinar y presentar los Indicadores Sociales en Venezuela se observa que, en términos estadísticos, los ítems 22.8 y 16.2 significan un aumento

de la Tasa de desocupación en el segmento de los jóvenes cuyas edades oscilan entre 15 y 24 años, la cual se viene incrementando significativamente a partir del año 2007 hasta el primer semestre del 2011, tal como se refleja en la siguiente tabla del SISOV.

Semestres Femenino Masculino2S 2007 17,4 12,71S 2008 17,6 13,92S 2008 15,9 12,31S 2009 17,5 13,92S 2009 20,2 13,81S 2010 21,8 16,02S 2010 21,3 15,21S 2011 22,8 16,2Fuente: SISOV (www.sisov.mppp.gob.ve/ Consulta: junio 15 del 2014).

En sólo 5 años, del 2001 al 2007, el porcentaje de desocupación subió a 5.4 (renglón femenino) y 3.5 (renglón masculino), con solo una ligera tendencia a la baja en el año 2008.

Estas tendencias del indicador “Utilización de los Recursos / Tasa de desocupación por sexo entre 15 y 24 años” contrastan, se oponen, a otras cifras oficiales del propio SISOV relacionadas con el indicador Actividad de la Población Económicamente Activa, específicamente relacionadas con Condición de Actividad de la Población Económicamente Activa, como se indica en el siguiente cuadro:

Semestres Tasa de ocupados Tasa de cesantía Tasa btppv

1S 2009 92,4 7,0 0,52S 2009 92,5 6,8 0,61S 2010 91,2 8,1 0,82S 2010 91,5 7,6 0,91S 2011 91,2 7,9 0,92S 2011 92,2 6,4 1,01S 2012 91,3 7,8 0,92S 2012 92,6 7,4 0,91S 2013 91,9 8,1 0,82S 2013 92,5 7,5 0,8

Fuente: SISOV (www.sisov.mppp.gob.ve/ Consulta: junio 16 del 2014).

Las estadísticas que presenta el ente oficial reflejan que un 92.5% de la población económicamente activa está Ocupada, laborando, y es mínimo el índice de Cesantía (7.5%).

Ello se explica a partir de los estándares metodológicos que utiliza el gobierno nacional para calcular el empleo, al cual le incorpora el empleo informal y el

empleo vulnerable, según se explicó anteriormente y que, en términos generales es muy diferente a los criterios de la OIT.

Al cruzar los datos de la Tasa de desocupación, específicamente relacionada con el renglón de los jóvenes cuyas edades oscilan entre 15 y 24 años con el índice de Cesantía de la Condición de Actividad de la Población Económicamente Activa, se hace difícil de creer en los porcentajes de ocupación, máxime cuando la realidad venezolana revela una disminución del número de empresas, del orden aproximado de 4 mil en la última década por el organismo aglutinador de las compañías privadas en Venezuela, Fedecámaras, el cual atribuye la razón principal a las “pésimas” políticas económicas de los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y ahora de Nicolás Maduro (Roig, 2014), gestión de éste último basada en el Plan de la Patria (2013).

Tomando como base puntual el Indicador de la Tasa de desocupación y descartando el Indicador Condición de Actividad de la Población Económicamente Activa se infiere que existe un problema relacionado con la incorporación de los jóvenes entre 15 y 24 años al sector productivo, al campo laboral, hecho que demanda la necesidad de elaborar un programa social para atender esta situación y corregirla en términos inmediatos o a corto plazo.

La propuesta legislativa del Proyecto de Ley de Fomento del Primer Empleo pretende dar una respuesta legal al problema y se encuentra a nivel de la primera discusión en la instancia de la Asamblea Nacional, órgano del Poder Legislativo. Políticamente, este proyecto de ley es impulsado por organizaciones partidistas opuestas al actual gobierno del presidente Nicolás Maduro, específicamente el partido Primero Justicia, hecho que ha generado una especie de contraofensiva del gobierno nacional, al plantear el Proyecto de Ley del Primer Empleo Productivo, lanzada por el Jefe del Estado en el marco del primer aniversario de la Misión Jóvenes de la Patria (Maduro, 2014).

En ese sentido, se trata de una iniciativa cuyo sentido es “desde arriba hacia abajo” (del Estado hacia los jóvenes), hacia el segmento juvenil, por parte de dos Poderes Públicos Nacionales: el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en el primer caso con el fin de crear una movilización de la fuerza económica del país que, en términos de sustentabilidad, pudiese convertirse en una política pública; y en el segundo caso, se trata aún de una iniciativa que está en la fase de propuesta, sin concreción de proyecto legislativo.

Consideramos que el Programa de Inversión Social Estímulo al Primer Empleo debe desarrollarse “desde arriba hacia abajo” porque el segmento de los jóvenes potencialmente activos como fuerza laboral carece de organización y, vista esta realidad, debe impulsarse como iniciativa del Estado y de los empresarios. Pero,

aún cuando sea una política “desde arriba hacia abajo” se necesita del apoyo e impulso “desde abajo hacia arriba”, de los jóvenes, gremios, instituciones estudiantiles, el movimiento estudiantil unitario, entre otros, para fortalecer la sustentabilidad en el tiempo.

Uno de los elementos que incorporamos al esquema de Construcción Objetiva es los “actores” y en ese sentido, acogiendo el planteamiento de Osklak (2002) en cuanto a la identificación de los actores, los mismos en éste programa corresponden a) Los jóvenes, quienes los beneficiarios directos; b) El Estado beneficiario indirecto y 3) Sector productivo privado en el cual los empresarios serían los beneficiarios directos e indirectos.

Los jóvenes se constituyen en los beneficiarios directos porque tendrán la oportunidad, a través del Programa de obtener empleo por vez primera. El Estado recibirá un beneficio indirecto dado que se reducirán los índices de desocupación en el segmento juvenil antes mencionado y, por ende, permitirá mejorar los índices de empleo de la Población Económicamente Activa y, en el caso de los empresarios los mismos recibirán un beneficio directo en cuanto a que la contratación de nuevo personal tendrá una contraprestación por parte del Estado, en virtud de que recibirán beneficios fiscales. Igualmente, tendrán un beneficio indirecto porque podrán contar con mano de obra adecuada a los fines de sus respectivas compañías sin que ello signifique una erogación respecto a la formación del capital humano que requieren.

Naturaleza del servicio: (permanente/ coyuntural/ asistencial/ tecnologías centrales del servicio / producción o distribución):

De acuerdo al planteamiento de Oscar Oszlak en “Gerencia Social: La Construcción de una Disciplina” (2002), sobre algunos asuntos que se omiten en la agenda pública, en este caso el desempleo juvenil es uno de los aspectos que se ocultan actualmente en Venezuela por razones que hipotéticamente son de índole políticas o se solapan, disimulan con datos estadísticos basados en estándares sui géneris que emplea el gobierno nacional.

A pesar de ello y vista la actual situación que existe con los jóvenes venezolanos en edad económicamente productiva, en primera instancia se requiere de un Programa que pueda a su vez generar una política pública específica por parte del Estado para corregir el desequilibro en cuanto a la incorporación de la masa laboral joven al mercado de trabajo en Venezuela.

Un Programa que se contemple desde la perspectiva de inversión social para estimular el empleo juvenil y en el cual los actores Estado y fuerzas productivas puedan alcanzar un consenso en torno a la mejor vía para alcanzar este objetivo.

En ese sentido la necesidad apunta hacia un Programa de carácter temporal porque en este caso, del desempleo juvenil, se trata de un problema coyuntural y no permanente que, una vez corregido, tendrá fórmulas de solución por parte del Estado venezolano dentro de un marco de políticas públicas relacionadas con el sector Trabajo que, igualmente, favorecerán al sector productivo privado, uno de los actores importantes.

Es decir, de la aplicación y evaluación de los proyectos del programa de estímulo al primer empleo se establecerán las bases para crear una política pública y, por consiguiente, no se necesita de una Ley que le daría una especie de carácter permanente al fomento del primer empleo, en deterioro, a futuro, de los demás segmentos de la población económicamente activa, porque si se privilegia a ese subsector por encima de otros sub sectores del indicador Empleo, entonces muy probablemente se entraría en conflicto con a) los desempleados; b) los trabajadores informales, c) los trabajadores vulnerables, entre otros.

No obstante, aspectos esenciales del Proyecto de Ley de Fomento del Primer Empleo y próximamente, en caso de concretarse el Proyecto de Ley del Primer Empleo Productivo deberán serán considerados en el programa que planteamos, a fin de establecer una coordinación política entre el gobierno como ejecutor de las políticas del Estado y los ciudadanos organizados a través de los partidos políticos quienes, en definitiva hacen parte de la ciudadanía, impulsora de ésta iniciativa legislativa.

La naturaleza del Programa de Inversión Social Estímulo al Primer Empleo es centrarse en el sector juvenil que se ubica entre las edades de 15 a 24, de la Población Económicamente Activa en Venezuela, “constituida por todas las personas de 15 años y más con disposición y disponibilidad para trabajar”(INE, 2014) y ello evidentemente con propósitos socioeconómicos, de beneficio personal, social y en términos de consolidación económica del Estado, en última instancia, como principal ente de la nación.

Se justifica este programa porque en Venezuela, el empleo formal, de calidad, en los términos como lo concibe la OIT, se ubica entre el grupo de indicadores sociales relacionados con la calidad de vida y es inherente al desarrollo humano, de allí su importancia social. Además, visto los criterios de empleo que utiliza el gobierno nacional, es evidente que todos los esfuerzos conjuntos entre el Estado, sector privado y los jóvenes, los tres actores identificados, deben orientarse hacia el empleo de calidad, en los términos como lo concibe la OIT.

Pero sobre todo porque a pesar del manejo sui géneris de estándares para las estadísticas oficiales, las mismas siguen revelando la existencia de un gran

problema en el sector de empleo juvenil como lo revela el INE, en su Informe del 4to.Trimestre 2013, en la Encuesta por Hogares:

“La estimación de la tasa de inactividad para el 4to trimestre de 2013 es 35,4%, que equivale a 7.661.170 personas y para el 3er trimestre de 2013 la tasa de inactividad fue de 34,9%, correspondiente a 7.516.553 personas, observándose un incremento trimestral de 144.617 (0,5 pp.) personas inactivas. Dentro de las clases que conforman la población económicamente inactiva se evidencia un incremento de 227.030 personas en la categoría “estudiantes” y una disminución de 36.012 personas en la categoría de “Incapacitado para trabajar”, en las demás categorías no se observan cambios estadísticos significativos” (INE, 2014).

Es decir, esa categoría “estudiantes” equivalente al segmento juvenil cuyo empleo disminuye y, en sentido contrario, aumenta el desempleo a un ritmo de 227.030 en el último 4to trimestre de 2013.

1.3.- Objetivos formales (metas distinguibles/ meta-objetivos) y factor del ciclo realimentativo de la política.

Objetivos formales: a) Incorporar al sector Trabajo a quienes ingresan por vez primera en la categoría correspondiente a Población Económicamente Activa en la República Bolivariana de Venezuela, específicamente los jóvenes; b) Proporcionar incentivos (beneficios e incentivos fiscales) al sector privado para que incorporar a las empresas a este segmento de la Población Económicamente Activa que actualmente atraviesa problemas para conseguir empleo formal, digno.

Metaobjetivos: a) Mejorar la gobernabilidad democrática mediante la coordinación social entre ciudadanía y Estado; b) Evitar la fuga del talento joven hacia otros países c) Incentivar el crecimiento de la economía del país, de la República Bolivariana de Venezuela, presentando alternativas más eficientes al sector público para conseguir mayores beneficios. .

1.4. Factor del ciclo realimentativo de la política:

Debido a que el programa es una iniciativa que generará bienes no tangibles y necesariamente se enfoca en la rentabilidad social, se debe garantizar que el mismo logre sustentarse en altos resultados atinentes a la rentabilidad social, estudiando los niveles de incremento del valor presente neto y la tasa interna de retorno.

Para conseguir esta meta es necesaria una constante evaluación que permita obtener información útil para la retroalimentación y soporte del programa; y el método de evaluación propuesto es el que hace referencia Ruth Matos en el

artículo, Enfoque de Evaluación de Programas Sociales (2005), y en el cual cita, a su vez, los tipos de evaluación propuestos por Pichardo (1993).

En este orden de ideas se deberá tomar en cuenta la forma de evaluación social, con miras a presentar los beneficios generados por el programa que sean de interés nacional, sin embargo, hay que tomar en cuenta criterios algo distintos a los señalados en el enfoque de Pichardo (1993), en su propuesta.

Para la evaluación del proyecto se tomará como modelo Aguilar y Ander Egg, citados en Matos (2005), en el cual se centra en la triple distinción de la evaluación, desde el diseño y conceptualización la instrumentación y seguimiento, finalizando en la eficacia y eficiencia del mismo, ya que de acuerdo con la autora estos tipos de evaluación coinciden con las tres fases o momentos de la intervención social señalados por los mismos autores, es decir, antes de iniciar la ejecución del programa, durante la ejecución y al finalizar la ejecución.

De la misma forma, Arlette Pichardo (1993) propone la construcción de una tipología para la evaluación del impacto social, lo que en este caso es fundamental para el programa debido a su naturaleza, todo ello con el propósito de contar con parámetros referenciales de opciones significativas de lo que puede considerarse como impacto.

Se muestra necesario, entonces, presentar indicadores de impacto para ser evaluados y considerados en cuanto la retroalimentación política y económica, a manera de sustentar el Programa y garantizar su permanencia y sostenibilidad. Para ese efecto se plantean los siguientes indicadores de evaluación:

1- Grado de confianza de la sociedad hacia el programa: velar que, en este caso, los comités comunitarios cumplan con la función de gestión, verificación y seguimiento de las obras del programa, en este caso la incorporación de los jóvenes al ámbito laboral. Estos comités estarán integrados por los habitantes de la comunidad en la que se desarrolla y su participación es de carácter voluntaria.

2- Eficacia de representación de los actores, tanto beneficiarios como gestores: Establece el derecho por parte de la comunidad de poder solicitar información relacionada con el programa para garantizar la transparencia.

3- Incentivo de proyección a futuro por parte de los actores involucrados

4- Efectividad del programa a través de estadísticas de incorporación de población económicamente activa al sector Trabajo.

5- Aporte social y económico a la Nación: en cuanto al aporte social se determinaría a través del cumplimiento de obligaciones por parte de los

beneficiarios, específicamente en la que plantea conformar el Comité Comunitario de Participación Social.

Coordinación Social:

Otro de los elementos necesario que incorporamos al Programa planteado es la Coordinación Social, aspecto que en este caso consideramos muy relevante.

En última instancia significará establecer una coordinación social, de índole pública, en los términos que plantea Lechner (1997), cuya razón esencial, de fondo, en última instancia, descansa en darle mayor fortaleza a una coordinación social centrada en el “bien común” que permita por parte de los actores, en este caso el gobierno y los ciudadanos venezolanos, aplicar una racionalidad instrumental, focalizada en el empleo de los jóvenes, para alcanzar beneficios comunes: para el gobierno, para los ciudadanos y sus representantes y todo dentro de un marco de beneficio social, comunitario, desde la inversión e inclusión del sector privado, visto entonces como principal actor dentro de la dinámica del programa social.

Variables contextuales

1. Económico/ Financiero: Dada la naturaleza compleja del programa los modelos gerenciales el proyecto debe basarse en la principal premisa de eficacia y eficiencia para conseguir administrar los recursos económicos de la mejor manera, esto con la intención de sortear una inviabilidad financiera.

La estructura se mantendrá gracias al cumplimiento estricto de la instancia normativa, y de esta forma queda determinado un orden institucional que es el encargado de distribuir los recursos de manera que queda establecida una estructura burocrática y debe regirse por lo siguiente:

a. Son únicamente los comités ejecutores los capacitados de crear el calendario de distribución de recursos

b. La operacionalización del calendario para determinar las aportaciones pertinentes está en manos exclusivamente de las Unidades Responsables del Programa (URP).

Esto referenciado principalmente en lo expuesto Oszlack, quien plantea aislar el plano institucional de la incertidumbre contextual, lo que nos lleva a diseñar un sistema estructural que permita consolidar los procesos administrativos para procurar la oportuna obtención de insumos al igual que permita la correcta implementación de los mismos para garantizar el cumplimiento del servicio ofrecido.

La estructura institucional del programa estará planteada desde la gerencia de los recursos humanos, materiales y financieros, teniendo cada Unidad Responsable del Programa (URP) un comité que permitirá decidir prioridades de inversión y gasto en beneficio al óptimo funcionamiento del programa.

2. Perfil demográfico( determinación de la focalización / stakeholders)

Desde el punto de vista demográfico, el programa se focaliza en dar respuestas al desempleo juvenil, específicamente en el renglón de los jóvenes cuyas edades oscilan entre 15 y 24 años.

De esta forma se determina que el entorno interesado está focalizado en las comunidades estudiantiles, liceos, colegios privados, Universidades (públicas y privadas), Escuelas técnicas y colegios universitarios, ya que el público interesado y meta se encuentra dentro de este perfil.

1. Capacidades de articulación social/ experiencias previas/ capital social/capacidad de organización de usuarios –beneficiarios

2. Modelo organizacional: ( en todas las fases)

De acuerdo con Mintzberg (2012), existe una relación directa entre la estructura de la organización y el rendimiento de la misma, y muchas comparaciones entre organizaciones exitosas y las de bajo rendimiento pero, sin embargo se puede plantear una estructura que no diste de la consideración de los factores de contingencia.

Tal es el caso del programa, en el que hay que sortear la incertidumbre contextual y, para esto, el modelo organizacional parte de la revisión de estos factores de contingencia. A continuación se presenta la estructura planteada para el programa:

1. Adecuada a la situación para lograr esto, se presenta una visión heurística de la misma adecuando los parámetros de diseño (edad, tamaño, sistema técnico y entorno) a los factores de contingencia.

2. Los elementos de diseño estarán ceñidos dentro de una configuración lógica que permita generar una consistencia interna de la estructura.

3. Consistencia entre los parámetros de diseño y los factores de consistencia.

La estructura organizacional del programa es flexible en su orden departamental con una descentralización vertical que permita resolver y conseguir la adaptación mutua, lo cual se logrará a través del diseño de unidades:

Creación de equipos especiales: Las mencionadas Unidades de Responsabilidad del Programa encargadas de tomar decisiones de gastos y control de recursos, estarán trabajando en función al contexto en el que se desarrolla.

Departamentos especializados: la creación de departamentos especializados permitirá una descentralización horizontal, promoviendo la toma de decisiones a especialistas, estos departamentos especiales que no están dentro de la línea vertical de la estructura organizacional.

Para atender las necesidades delos jóvenes beneficiarios es necesaria que a estructura posea una descentralización horizontal, ya que con el diseño propuesto la delegación de tomas de decisiones radicaría en los mismos actores, esto permitirá que las soluciones empleadas nos e encuentren fuera del contexto real y estén apegadas a la situación real del programa y su funcionamiento dentro de la sociedad.

Una estructura organizacional descentralizada permitirá conseguir el bien común de los vinculados en el Programa de Inversión Social Estímulo al Primer Empleo, ya que al ser estudiados los factores contingentes desde lo financiero a través de equipos especiales hasta lo operacional por parte de los departamentos especializados, se conseguirá una mayor democratización de la organización donde todos los actores participan en la toma de decisión.

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