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EXPEDIENTE FAMILIAR 835/2018 Juicio Civil Ordinario
XALISCO, NAYARIT, A 22 VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL 2019
DOS MIL DIECINUEVE.
V I S T O S, para resolver en primera instancia y mediante
sentencia definitiva los autos originales del Juicio Civil
Ordinario número 835/2018, promovido por ********** por su
propio derecho en contra de **********, por la disolución del
vínculo matrimonial que los une y demás conceptos que expresa
y;
R E S U L T A N D O
1º.- Mediante auto de fecha 23 veintitrés de agosto del 2018 dos
mil dieciocho, este Juzgado admitió en la Vía Civil Ordinaria la
demanda presentada por **********, por su propio derecho en
contra de **********, en donde le reclama la disolución del vínculo
matrimonial que los une y demás conceptos que señala y
presenta la propuesta de convenio correspondiente. Se ordenó
registrar y formar expediente, así como dar la intervención que en
derecho corresponde al ciudadano Agente del Ministerio Público
de la adscripción y al Delegado de la Procuraduría de Protección
a niñas, niños y adolescentes del Municipio. Se ordenó emplazar
a la parte demandada para que dentro del término legal de 9
nueve días diera contestación a la demanda incoada en su contra,
apercibiéndolo que de no hacerlo se le declararía la
correspondiente rebeldía y en el mismo auto se designó como
tutor de los menores, al Delegado de la institución antes
mencionada, así mismo, se fijó como pensión provisional a favor
de la menor, del 30% treinta por ciento de su sueldo y demás
prestaciones que percibe en forma quincenal como trabajador en
la Empresa Lechera Guadalajara, S.A. de C.V. (sello rojo),
ordenándose girar el oficio correspondiente para el descuento.
2º.- Efectuado que fue dicho emplazamiento en fecha 30 treinta
de agosto del 2018 dos mil dieciocho, visible a foja 29 a la 35,
mediante auto de fecha 18 dieciocho de octubre del 2018 dos mil
dieciocho, se le tuvo contestando en tiempo y forma y por hechas
las manifestaciones y contrapropuesta, por lo que se le dio vista al
accionante para que manifestara lo que a su interés legal
convenga, mediante proveído de 27 veintisiete de noviembre del
año próximo pasado, se señalaron las 10:15 diez horas con
quince minutos del 29 veintinueve de enero del 2019 dos mil
diecinueve, para efecto de celebrar una audiencia de desahogo
de pruebas, conforme a lo dispuesto por el artículo 202 del
ordenamiento procesal civil en vigor, la cual se desahogó en
tiempo y forma y se turnó el presente expediente al titular del
Juzgado para que procediera a dictar la resolución definitiva
correspondiente, misma que hoy se pronuncia.
3. Pronunciamiento en cuanto al resguardo de datos
sensibles de personas menores de edad. En atención a que en
el presente asunto se advierte de la existencia de personas
menores de edad, se suprimen sus datos personales que
permitan su identificación (nombre y apellidos) y en su lugar, se
colocan los primeros caracteres de escritura del nombre
respectivo “iniciales”; lo anterior, de conformidad con lo
establecido en la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas
como, “Reglas de Beijín”, adoptadas por la Asamblea General en
su resolución 40/33, de veintiocho de noviembre de mil
novecientos ochenta y cinco. El acuerdo general citado es del
temor siguiente: “8 Protección de la intimidad.- 8.1 Para evitar que
la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a
los menores, se respetaran en todas las etapas el derecho de los
menores a la intimidad”; y.
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C O N S I D E R A N D O
I.- COMPETENCIA.- Este Juzgado Cuarto de Primera Instancia
del Ramo Familiar con residencia en Xalisco, Nayarit, es
competente para conocer y resolver lo relativo al presente juicio
por tratarse de una acción de divorcio y el domicilio conyugal se
estableció dentro de esta jurisdicción.- Artículo 30 Fracción X del
Código Procesal Civil.
II.- PERSONALIDAD Y CAPACIDAD.- La personalidad y
capacidad de las partes independientemente de que no fueron
objetadas su estudio nos lleva a dejar precisado que ha quedado
debidamente acreditada con el escrito de demanda,
emplazamiento y documentos fundatorios de la acción además
con todo lo actuado en el presente juicio.- Artículos 9 y 10 de la
Ley Adjetiva Civil.
III.- FORMALIDAD Y VÍA. Las formalidades que la ley exige para
esta clase de juicio a que el presente pertenece según se observa
de autos, se han cumplido y la vía elegida es la adecuada.
IV.- FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.- Artículos 1 párrafo
primero, 14 párrafo cuarto y 17 párrafo primero y segundo de la
Constitución General de la República Mexicana, que en su orden
disponen: 1 párrafo primero.- “En los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece”. 14 párrafo cuarto.- “En los juicios del
orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o
a la interpretación jurídica de la ley y la falta de ésta de fundará en
los principios generales del derecho” 17 párrafo primero.-
“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer
violencia para reclamar su derecho. Párrafo segundo.- Toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito,
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.
V.- DEBATE ENTRE LAS PARTES.- El artículo 249 del Código
Procesal Civil en vigor en el Estado determina los requisitos
que debe contener toda sentencia y a la letra dice:
“Las sentencias deben tener lugar, fecha y tribunal que las pronuncie, los nombres de las partes contendientes, el carácter con que litiguen y el objeto del juicio; ser claras, precisas, exhaustivas, motivadas, fundadas y congruentes con lo deducido oportunamente, condenando o absolviendo o en su caso dejando a salvo sus derechos.”
Disposición de la que se desprende que los datos necesarios y
esenciales de toda sentencia son el lugar, fecha y tribunal que las
pronuncie, así como los datos de identificación de las partes, es
decir, el nombre y carácter con que litiguen, además del objeto del
juicio, pero no establecen obligación alguna al juzgador de realizar
la transcripción de los hechos contenidos en la demanda y
contestación de la misma y en su caso, de la reconvención; en
esas condiciones y al no existir obligación jurídica se omite la
transcripción de los hechos.
En este caso, la actora ********** demanda a **********, la
disolución del vínculo matrimonial que los une, argumentando que
se casó con el demando el **********, ante el oficial del Registro
Civil 05 cinco de Tepic, Nayarit, bajo el régimen de sociedad
conyugal y que establecieron su ultimo domicilio conyugal en
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**********, habiendo procreado 1 un hija de nombre **********,
quien cuenta con la edad de ********** año, ********** meses y
formula la propuesta de convenio correspondiente agregando que
es su deseo no continuar unida en matrimonio con el demandado,
solicitando se establezca una convivencia los días martes y
jueves de 3:30 a 5:30 de la tarde, así como el domingo de 10:00
de la mañana hasta las 4:00 de la tarde con su menor hija,
quedando bajo la custodia de la actora**********En cuanto a la
disolución del vínculo matrimonial, la actora no señala causal,
promoviendo así el divorcio incausado y presentando una
propuesta para regular las consecuencias de disolución del
vínculo matrimonial para dar cumplimiento a lo previsto por el
artículo 261 del Código Civil Vigente.
Por su parte el demandado **********, al contestar la demanda
argumento que está de acuerdo con el divorcio y en cuanto a la
administración de bienes, manifiesta que al haberse casado bajo
el régimen de sociedad conyugal, el bien inmueble adquirido para
domicilio conyugal, propone se venda y con la ganancia obtenida
por la venta se cubra la deuda que se tiene con INFONAVIT y si
llegase a quedar remanente sea dividido en partes iguales, de
igual manera plantea sea vendido el vehículo automotriz marca
Honda Fit, modelo 2007 y la ganancia sea repartida en partes
iguales.
VI.- ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS Y SU VALOR JURÍDICO.-
Ahora bien al comparecer ante esta autoridad judicial **********,
solicita la disolución del vínculo matrimonial así como la pensión
provisional y en su caso definitiva para su menor hija ya referida,
argumentando que se casó con el demandado **********, el
**********, **********y de dicha relación procrearon a 1 hija de
nombres **********, quien es menor de edad y cuenta con la edad
de **********un año, ********** meses, agregando que es su deseo
no continuar con el matrimonio que la une con el demandado.
Establecida la Litis, el artículo 173 del Enjuiciamiento Civil en
Vigor, señala: **********desprendiéndose así que la parte actora
debe probar su acción y el demandado sus excepciones.
Antes de continuar con el análisis de las pruebas es necesario
que para juzgar con perspectiva de género determinar si en el
presente juicio existió o no acceso a la justicia en
condiciones de igualdad, atendiendo a los siguientes
parámetros:
I) Identificar primeramente si existieron situaciones de
poder que por cuestiones de género den cuenta de un
desequilibrio entre las partes de la controversia. Al
respecto no existió un desequilibrio entre las partes toda
vez que esta autoridad judicial durante el procedimiento
veló por la equidad de género.
II) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando
cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de
visualizar las situaciones de desventaja provocadas por
condiciones de sexo o género. No existió desventaja,
toda vez que el actor formuló su demanda y ofreció
pruebas mismas que se admitieron conforme a derecho
y en el caso de la demandada, fue debidamente
emplazada a juicio, quien contesto y ofreció pruebas de
su parte.
III) En caso de que el material probatorio no sea suficiente
para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o
discriminación por razones de género, ordenar las
pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. En
el presente juicio no existió ninguna situación de violencia
o vulnerabilidad por razón de género, por lo que no fue
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necesario oficiosamente recabar ningún medio de
prueba.
IV) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones
de género, cuestionar la neutralidad del derecho
aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la
solución propuesta para buscar una resolución justa e
igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por
condiciones de género. No existió ninguna desventaja
por cuestión de género. Para ello debe aplicar los
estándares de derechos humanos de todas las personas
involucradas, especialmente de los niños y niñas. En el
presente juicio se aplican la Ley de Protección de
derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado,
toda vez que existen menores involucrados.
V) Considerar que el método exige que, en todo momento,
se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o
prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje
incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la
justicia sin discriminación por motivos de género. De
actuaciones no se advierte que los contendientes hayan
utilizado un lenguaje discriminatorio en cuanto al género.
Teniendo aplicación la siguiente Jurisprudencia materia
Constitucional, registro 2011430, Décima Época, Primera Sala.
ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD.
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la
igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva
que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base
en una perspectiva de género, para lo cual, debe
implementarse un método en toda controversia judicial, aun
cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una
situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de
género, impida impartir justicia de manera completa e
igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo
siguiente: I) identificar primeramente si existen situaciones de
poder que por cuestiones de género den cuenta de un
desequilibrio entre las partes de la controversia; II) cuestionar
los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las
situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo
o género; III) en caso de que el material probatorio no sea
suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o
discriminación por razones de género, ordenar las pruebas
necesarias para visibilizar dichas situaciones; IV) de detectarse
la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar
la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el
impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una
resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de
desigualdad por condiciones de género; V) para ello debe
aplicar los estándares de derechos humanos de todas las
personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y,
VI) considerar que el método exige que, en todo momento, se
evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios,
por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto
de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por
motivos de género.
Ahora bien, en cuanto a la acción consistente en la disolución
del vínculo matrimonial, la actora ofreció las siguientes pruebas:
documentales públicas, referentes al acta de nacimiento,
número **********, de fecha **********, a nombre de
**********.; visible a foja 6 seis.
Acta de nacimiento, número **********, de fecha **********, a
nombre de **********, visible a foja 7 siete.
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acta de matrimonio número **********, celebrado entre
********** y ********** con fecha de registro **********,
expedida por el Oficial del Registro Civil 5 cinco, de Tepic,
Nayarit, bajo el régimen de sociedad conyugal, visible a foja
8 ocho.
Así como el acta de nacimiento, número ********** de fecha
********** a nombre de la menor ********** visible a foja 9
nueve de autos.
Medios de convicción que adquieren valor probatorio pleno,
conforme a lo previsto por el artículo 238 fracción VI el Código de
Procedimientos Civiles, por ser expedido por una autoridad con fe
en sus actos y con la que se tiene por acreditado que las partes
contrajeron matrimonio el día ********** ante el oficial del Registro
Civil 5 cinco, de Tepic, Nayarit, bajo el régimen de sociedad
conyugal, prueba que resulta ser suficiente para acreditar la
existencia del vínculo matrimonial entre las partes, por lo que en
innecesario valorar los diversos medios de convicción.
Por lo que dada la voluntad de la accionante, resulta procedente
la prestación consistente en la disolución del vínculo
matrimonial entre ********** y **********, en razón de lo dispuesto
por los artículos 259 y 260 del Código Civil del Estado de Nayarit
vigente, numerales que disponen lo siguiente:
“Artículo 259.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Artículo 260.- Cualquiera de los cónyuges podrán solicitar el divorcio ante la autoridad judicial y manifestar su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin necesidad de señalar la causa por la cual se solicita”.
Desprendiéndose de dichos artículos que no es necesario señalar
causal, ni probar la misma para que proceda la disolución del
vínculo matrimonial, sino que de única forma se requiere que
cualquiera de los cónyuges solicite el divorcio y manifieste su
voluntad de no continuar con el matrimonio, lo cual realizó la
actora **********, ante lo cual el demandado manifestó su
conformidad con el divorcio al contestar la demanda.
Por lo que, Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une
a ********** y **********, contraído el día ********** ante el Oficial del
Registro Civil 5 cinco, de Tepic, Nayarit y que obra en el Libro
********** Acta número **********
Con motivo del Divorcio decretado quedan en aptitud los
promoventes para contraer nuevo matrimonio, una vez que cause
Ejecutoria la presente Resolución, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 282 del Código Civil Vigente en la entidad.
Una vez que cause Ejecutoria esta sentencia remítase copia
certificada de la misma, así como del auto que la declare
Ejecutoriada, al Oficial del Registro Civil número 5 cinco, de
Tepic, Nayarit, para que levante el acta de divorcio
correspondiente y para que publique un extracto de esta
Resolución durante 15 quince días en los tableros destinados al
efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 284 del
ordenamiento anteriormente invocado.
Así mismo se deberán hacer las anotaciones en el Registro
Civil donde se registró el nacimiento de los divorciados, lo
anterior en base a lo dispuesto por el artículo 520 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, que a la letra dice:
“Ejecutoriada la sentencia de divorcio, el tribunal mandará
remitir copia de ella al Juez del Registro Civil de su
jurisdicción, al del lugar en que el matrimonio se efectuó y al
del en que se registró el nacimiento de los divorciados para
los efectos de los artículos 110, 112 y 284 del Código Civil.”;
Consecuentemente y a fin de dar cumplimiento a lo señalado en
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líneas anteriores, se ordena girar atento oficio, al Oficial del
Registro Civil número 3 (tres), de Tepic, Nayarit, para que
proceda a realizar las anotaciones correspondientes en el acta de
nacimiento de **********, así mismo, se ordena girar oficio a la
Dirección Estatal del Registro Civil de Tepic, Nayarit, para que
proceda a realizar las anotaciones correspondientes en el acta de
nacimiento de **********.
Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 276 del
Código Civil en vigor en el Estado, el cual señala:
“La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, para lo cual el juez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su perdida, suspensión o limitación, según el caso y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos. Debiendo obtener de oficio o a petición de parte y en el interés superior de éstos, los elementos de juicio necesarios para ello, escuchando a ambos progenitores y a los menores, para evitar conductas de violencia familiar o cualquier otra circunstancia que les cause peligro. En todo caso, se protegerá y hará respetar el derecho de convivencia de los progenitores, salvo que exista riesgo para el menor. El juez observará las normas del presente Código para los fines de llamar al ejercicio de la patria potestad a quien legalmente tenga derecho a ello, en su caso, o de designar tutor. En cuanto a las modalidades del derecho de visita o convivencia serán acordadas por ambos progenitores y en caso de desacuerdo, será el Juez en ejecución de sentencia quien resuelva tales modalidades, con audiencia tanto de la madre como del padre.”
Disposición que es determinante al señalar que el juzgador debe
fijar la situación de los hijos cuando se trate de la acción de
divorcio, de ahí que exista obligación por parte de esta Autoridad
de resolver lo conducente, para lo cual debemos partir de la
norma hipotética prevista por el artículo 405 del Código Civil, que
señala: “La patria potestad se ejerce sobre la persona y los
bienes de los hijos y se instituye para la guarda y educación
de estos;”.- Así como lo dispuesto por el artículo 408 del citado
Código, que establece:
“En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente oyendo al Ministerio Publico. En este supuesto, con base al interés superior del menor, este quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a proporcionar alimentos y conservará los derechos de vigilancia y de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial.”
De igual forma el artículo 409 del Código sustantivo, señala.
“Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tenga la custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes…”
Preceptos de los que deriva que la patria potestad tiene implícita
como prerrogativas la guarda y custodia de los hijos y sus bienes,
lo que viene siendo el cuidado y vigilancia de los menores para
protegerlos, cultivarlos física y espiritualmente y procurarles la
satisfacción de sus necesidades.- Asimismo el artículo 507 del
Código de Procedimientos Civiles establece:
“En cualquier estado del juicio el juez podrá ordenar que la custodia de los hijos quede al cuidado de alguno de los padres o de otra persona y podrá además, de oficio o a petición de parte, acordar las medidas precautorias que juzgue adecuadas”. Precepto de cuya interpretación deriva que la custodia de los
menores, debe ser encomendada a la persona idónea que
garantice el cuidado y estabilidad emocional para su desarrollo
normal, por ello, es el juez quien está facultado para decidir la
forma más adecuada de convivencia de los menores en el núcleo
familiar y su relación con quienes sobre ellos ejercen la custodia.-
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Y toda vez que la parte actora presenta una propuesta de
convenio, la cual se encuentra a foja 5 cinco, en la que delimita la
situación de la menor hija de nombre **********., quien se
encuentra viviendo al lado de su progenitora **********, según se
advierte de lo manifestado por ésta en la contra propuesta que
formula al contestar la demanda, de ahí que se considere que lo
más benéfico para la menor antes mencionada es que continúe al
lado de su progenitora, debido a su edad, ya que cuenta con la
edad de **********año, ********** meses, por lo que la legislación
establece que deberán permanecer al lado de su madre, aunado
a que siempre ha vivido con ella y a efecto de lograr un óptimo
desarrollo emocional no es conveniente sacarla de su entorno
familiar y social; en esas circunstancias es procedente declarar
que ambos padres ********** y **********, conservaran la patria
potestad sobre la menor hija de nombre ********** y que la
guarda y custodia definitiva la conservará la progenitora
**********, en virtud de que el entorno en el que se desenvuelve la
menor es conveniente para su estabilidad emocional.
Por otra parte, es conveniente precisar que el Artículo 26 de la
Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y los
Adolescentes del Estado de Nayarit, dispone:
“Las autoridades estatales y municipales competentes establecerán las normas y los mecanismos necesarios a fin de que siempre que una niña, un niño, una o un adolescente se vean privados de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella, Así mismo, se tendrá como prioritaria la necesidad de que niñas, niños y adolescentes, cuyos padres estén separados, tengan derecho a convivir o mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que de conformidad con la ley, la autoridad determine que ello es contrario al interés superior del niño.” De ahí que es obligación de este Juzgador fijar las reglas para
que el demandado **********, conviva con su menor hija de
nombre ********** como un derecho inherente a la patria potestad,
por lo que la actora ********** está obligada a compartirlo con el
demandado y para ese efecto y debido a la edad de la menor ya
que cuenta con la edad de ********** año, ********** meses, deberá
permitir que conviva con su progenitor los días martes y jueves
de las 15:30 p.m. (quince horas con treinta minutos) a las 17:30
p.m. (diecisiete horas con treinta minutos) y el domingo a partir de
las 10:00 a.m. (diez horas) hasta las 16:00 p.m. (dieciséis horas),
siempre y cuando se presente de manera conveniente.
En cuanto a la prestación ejercitada por la actora referente al
pago de una pensión alimenticia a favor de la menor **********,
debe acudirse a las bases legales de las que emana la obligación
de proporcionar alimentos, las cuales están previstas por los
artículos 296, 301 y 304 del Código Civil en vigor en el Estado,
preceptos en los que se establecen los siguientes principios:
Artículo 296.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximas en grado. Artículo 301.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Artículo 304.- Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos…
Disposiciones de las que se deriva que el objeto fundamental de
la figura jurídica de los alimentos consiste en proporcionar al
acreedor lo necesario para su subsistencia en forma integral,
entendiéndose por esto: el sustento, el vestido, la habitación, el
entretenimiento, la atención médica, la educación en el caso de
los hijos, etcétera, de acuerdo a las necesidades del
derechohabiente y las posibilidades de quien debe darlos.
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Ahora bien, de acuerdo a lo que establece el artículo 470 del
cuerpo de Leyes antes invocado, en el sentido de que las
sentencias en el juicio de alimentos, deberán de pronunciarse de
manera breve, concisa y tomando en cuenta la presunción de
necesitarlos de parte del acreedor alimentista, debido a su minoría
de edad y a la capacidad económica del deudor. Para los efectos
de declarar procedente dicha acción de acuerdo a lo que
establece el artículo 497 del Código de Procedimientos Civiles, es
necesario acreditar los siguientes elementos:
A).- Que se acredite el parentesco con documento fehaciente en que conste la obligación de dar alimentos y, B).- Que se justifique la capacidad o posibilidad económica del demandado para otorgar alimentos.-
Al efecto el primer elemento ya mencionado, se tiene
plenamente acreditado con las pruebas aportadas por la
accionante y que consisten en el acta de nacimiento número
********** con fecha de registro **********, a nombre de la menor
**********, visible a foja 9 nueve. Documental que adquiere valor
probatorio pleno, conforme lo establece el Artículo 238 fracción VI
de la Ley Procesal Civil, al constituir un documento expedido por
un servidor público en pleno ejercicio de sus funciones específicas
entre las cuales se encuentra precisamente la fe de los actos y
documentos que tenga a la vista y que se desarrollen con motivo
de dicha función justificando de esta manera con dicha
documental el primer elemento consistente en el parentesco de
la menor **********, con el deudor alimentista, advirtiéndose de
dicha acta que el nombre del padre es ********** y que la menor
cuenta con la edad de ********** año, ********** meses; prueba de
la que emana el derecho de la actora a reclamar alimentos, ya
que se demuestra la necesidad de alimentos justificándose la
obligación de ésta de darle alimento a su menor hija.
En cuanto al segundo elemento consistente en la capacidad
económica del actor, ésta ha sido justificada con la propia
manifestación del demandado al dar contestación a la demanda,
en donde en el punto 3 de la contrapropuesta de convenio que
adjunta, manifiesta que “se compromete a entregar de manera
personal, por quincena la cantidad que se estipulo por cuestión de
alimentos a mi menor hija”, corroborándose que cuenta con un
empleo con el recibo de nómina que se expide por la empresa
denominada Alimentos Sello Rojo, S.A de C.V., visible a foja 44
cuarenta y cuatro, en la cual hace constar que **********, así
mismo por el escrito presentado por la licenciada **********, con el
carácter de apoderada legal de la persona moral Alimentos Sello
Rojo, S.A de C.V., mediante el cual da contestación al
requerimiento contenido en el oficio 3305/2018, donde informa
que es miembro activo de dicha organización; documental a la
cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo
dispuesto por la Fracción VIII del Artículo 238 de la Ley Procesal
Civil en vigor, en cual el representante de dicha organización hace
constar que el demandado labora en dicha empresa desde el 28
veintiocho de julio del 2015 dos mil quince y desempeña el puesto
de **********, con un sueldo mensual de ********** vales de
despensa de **********mensuales, prima vacacional de 25%
(veinticinco por ciento) y aguinaldo de 25 (veinticinco) días. De
igual manera informa el descuento de la cantidad equivalente al
30% (treinta por ciento) provisional por concepto de alimentos, se
deduce que si los percibe y que si se encuentran dando
cumplimiento a lo ordenado, justificándose con lo anterior el
segundo elemento de la acción, consistente en la capacidad
económica del actor **********, pues se probó que éste cuenta con
un trabajo fijo y percibe un ingreso quincenal.
Por lo tanto, con los medios de convicción antes valorados,
mismos que resultan ser suficientes para tener por justificada
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la procedencia de la acción intentada por la actora **********, en
representación de su menor hija **********, al probar la necesidad
de la pensión alimenticia y la capacidad económica del
demandado, por lo que se procede a analizar el monto que por
dicho concepto deberá otorgar el demandado en comento.
En efecto, debe tenerse en cuenta que la necesidad de recibir los
alimentos se produce de momento a momento debido a que están
destinados a lograr la subsistencia decorosa de los acreedores
alimentarios y mientras existan éstos resulta inexorable que sean
cubiertas las necesidades inherentes al ser humano que tienden a
proteger los diversos elementos integrados en la mencionada
figura jurídica, de modo que la obligación de los deudores
alimentarios se prolongará hasta en tanto los acreedores dejen de
reunir esa calidad, lo que ocurrirá cuando estén en posibilidad de
allegarse por sí mismos los satisfactores necesarios para
subsistir, o en el momento en que los deudores carezcan de la
posibilidad de suministrar los alimentos, por ende, el cumplimiento
previo de la obligación de proporcionar alimentos, no impide que
el órgano jurisdiccional pueda fijar una pensión alimenticia
suficiente para que el acreedor alimentario se desenvuelva de
manera decorosa en el medio determinado por sus personales
circunstancias, ya que la necesidad de subsistencia seguirá
presentándose y, por consiguiente, también se prolongará el
deber de otorgar alimentos.
Luego, la pensión se presenta como un medio idóneo para
garantizar que el acreedor recibirá en el futuro sus alimentos, con
independencia de que los haya obtenido con anterioridad a la
promoción de la controversia judicial, ya que tal circunstancia sólo
es relevante si existen deudas que hayan sido contraídas por el
acreedor alimentista a fin de sufragar sus necesidades pretéritas
de alimentos, habida cuenta que será necesario un
pronunciamiento sobre el pago de esos débitos por parte del
deudor alimentista, pero carece de esa trascendencia si no
existen tales deudas porque, entonces, la cuestión se enfoca en la
subsistencia futura del acreedor alimentario que será solventada
por la cantidad fijada a título de pensión, como lo sostiene la tesis
civil número 371 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito, localizable en la página 744, del Tomo XVI,
correspondiente al mes diciembre de dos mil dos, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que
establece: ALIMENTOS. EL EXAMEN DE SU CUMPLIMIENTO
COMPRENDE NO SÓLO SU SUFICIENCIA, SINO TAMBIÉN LA
REGULARIDAD DE SU PAGO Y ASEGURAMIENTO; POR
TANTO, PROCEDE SU CONDENA AUNQUE EL DEMANDADO
HAYA PROBADO HABER REALIZADO PAGOS ANTES Y
DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO. No es suficiente
para absolver al demandado del pago de alimentos, que haya
probado haberlos ministrado antes y durante la tramitación
del juicio, ya que tal obligación es de tracto sucesivo, en
razón de que la necesidad de recibirlos surge de momento a
momento. Consecuentemente, los pagos efectuados por el
demandado no generan que el órgano jurisdiccional esté
imposibilitado a fijar una pensión alimenticia suficiente y a
determinar su aseguramiento, porque se trata de una
obligación que tiende a satisfacer necesidades de
subsistencia, que no puede quedar a la potestad del deudor
alimentista proporcionarla en el tiempo y por la cantidad que
estime necesaria, salvo cuando existe acuerdo de voluntades
al respecto, ya que mediante la resolución judicial se
salvaguarda y da certeza jurídica al cumplimiento de esa
obligación, en tutela del derecho de las personas que están
imposibilitadas para allegarse por sí mismos de lo necesario
para subsistir. Asimismo cobra aplicación la tesis de
jurisprudencia número 48, emitida por el Tercer Tribunal
19
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito visible en la página
1481 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, tomo XXVII, Marzo de 2008, cuyo rubro y texto es
el siguiente: ALIMENTOS. EL EXAMEN DE SU CUMPLIMIENTO
COMPRENDE NO SÓLO SU SUFICIENCIA, SINO TAMBIÉN LA
REGULARIDAD DE SU PAGO Y ASEGURAMIENTO. No es
suficiente para absolver al demandado del pago de alimentos,
que haya probado haber ministrado antes y durante la
tramitación del juicio, ya que tal obligación es de tracto
sucesivo, en razón de que la necesidad de recibirlos surge de
momento a momento. Consecuentemente, los pagos
efectuados por el demandado no generan que el órgano
jurisdiccional esté imposibilitado a fijar una pensión
alimenticia suficiente y a determinar su aseguramiento,
porque se trata de una obligación que tiende a satisfacer
necesidades de subsistencia, que no puede quedar a la
potestad del deudor alimentista proporcionarla en el tiempo y
por la cantidad que estime necesaria, salvo cuando existe
acuerdo de voluntades al respecto, ya que mediante la
resolución judicial se salvaguarda y da certeza jurídica al
cumplimiento de esa obligación, en tutela del derecho de las
personas que están imposibilitadas para allegarse por sí
mismas de lo necesario para subsistir.
En las relatadas condiciones no existe obstáculo alguno para que
esta autoridad fije una pensión definitiva a favor de la acreedora y
a cargo del demandado, pues los alimentos son una cuestión
primordial y de carácter público, que incluso la Ley permite al Juez
intervenir de oficio en tales asuntos, decretando las medidas que
tiendan a preservar a la familia y a proteger a sus miembros, tal
como lo estipula el artículo 463 de la Ley Procesal Civil en vigor
en el Estado, por lo que a efecto de proteger a la acreedora se
hace necesario fijar una pensión definitiva a favor de la menor
**********.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha
pronunciado al respecto en la P. IX/2007, publicada en la página
seis, Tomo XXV, abril de dos mil siete. Publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto
establecen: “TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE
INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE
UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES
GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN
DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación
sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un
orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la
Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes
generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación armonizada
con los principios de derecho internacional dispersos en el texto
constitucional, así como con las normas y premisas
fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los
tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la
Constitución Federal y por encima de las leyes generales,
federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al
suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de
Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y
Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio
fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta
suntservanda”, contrae libremente obligaciones frente a la
comunidad internacional que no pueden ser desconocidas
invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento
supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter
internacional”.
21
Aunado a lo anterior, no pueden oponérsele el contenido de
normas de derecho interno, a la Convención de los Derechos del
Niño de conformidad con la Convención de Viena Sobre el
Derecho de los Tratados, convención publicada en el Diario Oficial
de la Federación el viernes catorce de febrero de mil novecientos
sesenta y cinco, aprobada por la cámara de senadores de
Congreso de la unión, el día veintinueve de diciembre de mil
novecientos sesenta y dos, según Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación del día veintiocho de marzo de mil
novecientos sesenta y tres.
Ello, al tenor de los artículos 26 y 27 de dicha convención, que
establecen: “26. Pacta suntservanda". Todo tratado en vigor
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 27.
El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no
podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”
En las condiciones apuntadas, debe concluirse que en toda
contienda judicial en que se vean involucrados derechos
inherentes a menores de edad, debe resolverse atendiendo al
principio básico del interés superior del niño.
Por lo que considerando la necesidad justificada del acreedor y la
posibilidad del obligado y atendiendo al principio de
proporcionalidad de los alimentos que refiere el artículo 304 del
Código Civil, que señala que los alimentos han de ser
proporcionados a las posibilidades de quien debe de darlos y
a las necesidades de quien debe de recibirlos; debe fijarse la
pensión definitiva, ponderándose también el hecho de que se
encuentra justificado en autos que el demandado **********,
cuenta con un empleo como ********** de la empresa denominada
Alimentos Sello Rojo, S.A. de C.V., lo que se corrobora con el
escrito presentado por la licenciada ********** el 16 dieciséis de
octubre del 2018 dos mil dieciocho, así como el recibo de nómina
que presenta el demandado en su contestación, visibles a fojas 41
cuarenta y uno y 58 cincuenta y ocho, mediante los cuales se
hace constar que **********, es miembro activo de dicha
organización como trabajador con categoría de **********.
Documentales que ha sido valorada en líneas anteriores con la
cual se justifica la capacidad económica del demandado; por lo
que al momento de fijar la pensión alimenticia para los menores
se tomará en consideración los alimentos para el demandado,
pues no se trata de dejarlo en la miseria sino que debe fijarse la
pensión atendiendo a que el demandado cuente con lo suficiente
para solventar sus gastos ya que no ofreció medio de convicción
alguno con el cual justifique que este otorgando alimentos a los
menores o bien que les de asistencia médica en caso de
enfermedad o que tenga otros acreedores; por lo que atendiendo
el principio de proporcionalidad de los alimentos establecido
por el artículo 304 del Código Civil vigente, antes referido, así
como que el compromiso alimentario no es potestativo tan solo
del padre, sino que la misma se contrae a ambos progenitores y
considerando que la actora contribuye en la medida de sus
posibilidades al sostenimiento de sus hijos y al demostrarse que
ella tiene a la menor bajo su custodia y cuidado, lo que implica
necesariamente que ella es la que les prodiga atenciones no sólo
de carácter económico, sino todas aquellas necesarias para que
se desarrollen normalmente; cuenta habida que si los hijos son
menores de edad y la madre los tiene bajo su cuidado, su
contribución en el sostenimiento de los mismos se deduce como
una consecuencia necesaria derivada de la guarda y custodia que
tiene sobre dichos menores.
23
Por lo que en atención a lo anterior, se condena a **********, a
pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de
su menor hija **********, la cantidad equivalente al 30% (treinta
por ciento) de su sueldo y demás prestaciones que percibe
en forma quincenal como trabajador de la empresa Alimentos
Sello Rojo S.A. de C.V. y conforme la Ley Federal del Trabajo,
en el entendido de que dicha pensión alimenticia tendrá un
incremento automático equivalente al aumento porcentual del
salario mínimo en base a lo preceptuado por el artículo 304 del
Código Civil de la Entidad. Por lo que, gírese atento oficio al jefe
de recursos humanos de la empresa Lechera Guadalajara
S.A. de C.V. (Sello Rojo), para que proceda a descontar en
forma definitiva el 30% treinta por ciento del sueldo y demás
prestaciones en los términos antes señalados a favor de **********,
en su carácter de representante legal de la menor **********
Tesis, Decima Época, Primera Sala, Registro Digital 2006163,
tesis aislada, Materia Civil, pagina 788. ALIMENTOS. LA
OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN
PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos
trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su
cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado
tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta
asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes
cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los
mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por
lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se
deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los
mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante
del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los
recursos necesarios para su subsistencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundamento en los artículos 69,
63, 249, 282, 639, 640 del Enjuiciamiento Civil en Vigor, es de
resolverse y se:
R E S U E L V E
PRIMERO.- La parte actora ********** acreditó los hechos
constitutivos de su acción y el demandado **********, manifestó su
conformidad con el divorcio, en consecuencia.
SEGUNDO.- Se declara disuelto el vínculo matrimonial que
une a ********** y **********, cuyo acto quedo registrado en el acta
de matrimonio número ********** asentada en el libro número
********** de la Oficialía 5 cinco, de Tepic, Nayarit, en fecha
**********, bajo el régimen de sociedad conyugal.
TERCERO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución,
gírese atento oficio al Oficial del Registro Civil 05 cinco de
Tepic, Nayarit, anexando copia debidamente certificada de la
presente resolución y del auto de ejecutoriedad, para efectos de
que inscriba el acta de divorcio conforme a lo establecido por el
artículo 284 del Código Civil del estado.
CUARTO.- Quedan en aptitud las partes de contraer nuevo
matrimonio en los términos del artículo 282 del Código Civil.
QUINTO.- Así mismo se deberán hacer las anotaciones en el
Registro Civil donde se registró el nacimiento de los
divorciados; Consecuentemente, se ordena girar atento oficio,
al Oficial del Registro Civil número 3 (tres), de Tepic, Nayarit,
para que proceda a realizar las anotaciones correspondientes en
el acta de nacimiento de **********, así mismo, se ordena girar
oficio a la Dirección Estatal del Registro Civil de Tepic, Nayarit,
25
para que proceda a realizar las anotaciones correspondientes en
el acta de nacimiento de **********
SEXTO.- Se declara disuelta la sociedad conyugal, régimen
bajo el cual contrajeron matrimonio las partes, previo incidente
de liquidación que promuevan en términos que marca la ley.
SÉPTIMO.- Se declara que la patria potestad de la menor hija
********** la seguirán ejerciendo ambos progenitores ********** y
********** y que la guarda y custodia definitiva la detentará la
señora **********, por las razones expresadas en el cuerpo de la
presente sentencia; debiendo convivir **********, con su menor
hija los martes y jueves de las 15:30 p.m. (quince horas con
treinta minutos) a las 17:30 p.m. (diecisiete horas con treinta
minutos) y el domingo a partir de las 10:00 a.m. (diez horas) hasta
las 16:00 p.m. (dieciséis horas), siempre y cuando se presente de
manera conveniente.
OCTAVO.- se condena a **********, a pagar por concepto de
pensión alimenticia definitiva a favor de su menor hija **********
la cantidad equivalente al 30% treinta por ciento de su sueldo y
demás prestaciones que percibe en forma quincenal como
trabajador de la empresa Lechera Guadalajara S.A. de C.V. y
conforme la Ley Federal del Trabajo, en el entendido de que dicha
pensión alimenticia tendrá un incremento automático equivalente
al aumento porcentual del salario mínimo en base a lo
preceptuado por el artículo 304 del Código Civil de la Entidad. Por
lo que, gírese atento oficio al jefe de Recursos Humanos de la
empresa Lechera Guadalajara S.A. de C.V., para que proceda a
descontar en forma definitiva el 30% treinta por ciento del
sueldo y demás prestaciones en los términos antes señalados a
favor de **********, en su carácter de representante legal de la
menor **********.
NOVENO. Hágase saber a las partes que tienen derecho para
inconformarse con la presente resolución, interponiendo el
recurso de apelación, derecho que podrán hacer valer en un
término de nueve días, a partir del día siguiente al que surta
efectos la notificación de la misma.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
ASÍ LO RESOLVIÓ, EL DÍA DE SU FECHA EN SENTENCIA
DEFINITIVA LA LICENCIADA EN DERECHO ADRIANA ILIANA
IBARRA AYALA, SECRETARIO DE ACUERDOS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT, EN FUNCIONES DE
JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR
CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, QUIEN POR ACUERDO
DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, HABILITADO
EN FUNCIONES DE JUEZ CON LAS FACULTADES A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL Y DEMÁS DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
APLICABLES, CONFERIDAS EN EL NOMBRAMIENTO
EXPEDIDO MEDIANTE OFICIO 1536/2018, ANTE LA FE DEL
SECRETARIO DE ACUERDOS CIUDADANA LICENCIADA EN
DERECHO MARÍA ELVIA OCAMPO LÓPEZ.
CAO