estudio diagnóstico y evaluativo de las percepciones y condu

Estudio Diagnóstico y Evaluativo de las Percepciones y Conductas de los Actores Involucrados en la Interacción Estado - Pueblos Indígenas en la VIII, IX y X Región

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA VICERRECTORIA DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y EXTENSION

DIRECCION DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS E INTERCULTURALIDAD

Estudio Diagnóstico y Evaluativo de las Percepciones y Conductas de los Actores Involucrados en la Interacción

Estado - Pueblos Indígenas en la VIII, IX y X Región

Han Gundermann K. Joaquín Bascopé J. Alejandro Clavería C. Temístocles Lizama A.


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INDICE INTRODUCCIÓN 7 I. RESUMEN DEL INFORME VIII Región del Bío Bío 10 IX Región de la Araucanía 14 X Región de Los Lagos 20 II. INFORME FINAL VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO 27 Presentación 28 1. La población mapuche regional y en las tres comunas consideradas,

características generales

29 2. El Estado y su institucionalidad regional y comunal respecto a la población

mapuche

35 3. Interacciones entre agentes estatales y sujetos indígenas 38 3.1 Los agentes estatales 38 3.1.1 La agencia estatal y la programación culturalmente diferenciada dirigida

hacia los sujetos mapuches.

38 3.1.2 Tensiones entre agentes estatales considerados institucionalmente: la

problemática de la intersectorialidad

41 3.1.3 La programación étnica estatal y la lógica de proyectos: la externalización a

través del contingente paraestatal

46 3.1.4 Agentes estatales: las personas 49 3.1.4.1 Del rescate cultural a la instalación de capacidades 49 3.1.4.2 Caracteriología de lo mapuche, convergencia entre distintos funcionarios: el

caso evangélico

52 3.1.4.3 Caracteriología de lo mapuche, divergencia entre distintos funcionarios: el

“carácter situacional mapuche”

53 3.1.4.4 Percepciones “periféricas” sobre lo mapuche, funcionarios ajenos a la

agencia pública indígena

55 3.1.5 Mapuches Funcionarios 59 3.2 Los agentes mapuches 64 3.2.1 Entre la imposición y el reconocimiento 65 3.2.2 El posicionamiento carenciado de los sujetos mapuchea frente a la agencia

pública

69 3.2.3 El recurso de la presión frente a la agencia pública 73 3.2.4 Percepción de los funcionarios mapuches 77 3.2.5 Comparación funcionarios públicos-agentes privados 78 3.3 Interacciones agentes estatales-agentes mapuches 81 3.3.1 La acción de agencias y funcionarios públicos sobre fisuras pre existentes en


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las comunidades mapuches 81 3.3.2 La conciencia de los sujetos mapuches de ser objeto de la acción estatal,

algunas de sus manifestaciones en las interacciones con los funcionarios públicos

84 3.3.3 Las disputas dirigenciales mapuches y el logro de la interlocución con la

agencia pública a través de las interacciones

87 3.3.4 Interacciones entre funcionarios públicos mapuches y agentes comunitarios

mapuches

90 3.3.4.1 La “identificación étnica” a la luz de la personalización de los vínculos 90 3.3.4.2 Las brechas relacionadas con la profesionalización de los funcionarios

Mapuches.

93 III. INFORME FINAL IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 97 Introducción 98 1. La Región de la Araucanía y el estudio en tres comunas 101 1.1 La IX Región de la Araucanía 101 1.2 Aspectos de la situación mapuche 102 1.3 Las comunas consideradas en el estudio 103 2. Agencias estatales y puntos de relación con lo mapuche 109 2.1 Panorama general 109 2.2 Algunas agencias estatales y su acción en comunas y comunidades

mapuches

110 3. Los agentes estatales 115 3.1 Caracterización general 115 3.2 Agentes estatales y agentes en el Estado 117 3.3 Reclutamiento y movilidad en los agentes estatales, características y

problema

118 3.4 Hombres y mujeres del/en el Estado trabajando con mapuches 119 3.5 Mujeres mapuches trabajando en el Estado 120 3.6 La condición de agente estatal mapuche 122 3.7 Locales y afuerinos, antiguos y nuevos 122 4. Interacciones: tipos y escenarios 124 4.1 Tipos genéricos de interacción y variantes 124 4.2 Los escenarios de la interacción 127 5. Tensiones, nudos y problemas en la interacción agentes estatales e

indígenas

133 5.1 El personal del Estado en la Araucanía: categorías contractuales,

heterogeneidad y relaciones con los mapuche

133 5.2 Funcionarios locales y de organismos sectoriales del Estado en la relación

con mapuches

136 5.3 Lo interno y lo externo en las agencias públicas: visiones y prácticas

encontradas

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5.4 El prejuicio hacia los indígenas como elemento modelador en las interacciones

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5.5 Los funcionarios públicos mapuches y la visión interna 147 5.6 Continuidad, rotación y personificación 151 5.7 La interacción mapuche diferenciada y selectiva con agentes públicos 152 IV. INFORME FINAL X REGIÓN DE LOS LAGOS 154 1. Presentación 156 2. Política pública y realidad indígena regional y local 159 2.1 Actividad estatal comparada en Panguipulli y San Juan de la Costa 161 2.1.1 Agencias presentes y orientación de la inversión 162 3. La agencia estatal 165 3.1 Etnificación y focalización 165 3.2 Regímenes institucionales. Continuidades, cambios, alcances y objeto de

aplicación

166 3.3 Algunas tensiones en torno a la coordinación interinstitucional 169 3.3.1 Trayectorias personales: el desplazado 170 3.3.2 El problema de las expectativas y la movilización de los recursos 171 3.3 3 La dilución de la responsabilidad y la sobrecarga de trabajo 172 3.4 Omnipresencia y supervisión estatales: la asesoría externa y la lógica del

proyecto

173 3.4.1 Acción estatal rutinaria y clientelismo 174 4. De la institución a la persona: el agente estatal 177 4.1 Viejos y jóvenes: ¿del asistencialismo a la autogestión? 178 4.2 El funcionario ante la dicotomía cultural 181 4.2.1 El funcionario cultural 182 4.2.2 El anti-funcionario 184 5. El agente indígena en tensión 187 5.1 Características locales de la agencia indígena 190 5.2 Posiciones de agente 192 5.2.1 El funcionario-institución 192 5.2.2 Acción individual, acción colectiva y diferencia de género 194 5.2.3 Tensiones internas 198 6. La interacción en escena 207 6.1 Secuencia típica de interacción 207 6.1.1 Convocatoria (motivaciones) 207 6.1.2 Fechas (cuándo) 208 6.1.3 Lugares (dónde) 209 6.2 Ejemplos analíticos de interacción 212 6.2.1 En la nueva oficina 213 6.2.2 Silencios y reclamos 214 6.2.3 De la reunión técnica a la reunión étnica 216


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6.2.4 La tierra en el imaginario de la interacción 221 6.2.5 Lo étnico desborda(n)do 223 6.3 Grupos interaccionales 229 7. Conclusiones 232 V. CONCLUSIONES GENERALES 239 VI. ANEXO: ENTREVISTAS Y OBSERVACIONES VIII Región del Bío Bío 250 IX Región de la Araucanía 254 X Región de Los Lagos 258


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INTRODUCCIÓN Este informe final contiene cuatro secciones: tres informes regionales y un documento introductorio que integra todo lo anterior en un resumen de los principales antecedentes y resultados alcanzados en el trabajo realizado en la VIII, IX y X Regiones. Los informes regionales siguen un esquema general común que considera las siguientes secciones: a) una caracterización somera de cada región en cuanto a su población mapuche: cantidad, localización, situación social, etc., y el Estado y su institucionalidad en la región respecto de los indígenas; b) una caracterización somera de las comunas estudiadas en que se focalizó el estudio en cuanto a la población mapuche comunal y sus características, y el Estado y su institucionalidad, de manera semejante a lo regional. Luego se pasa, c) a caracterizar las interacciones entre agentes estatales y sujetos indígenas, consignando en cada caso las principales complejidades de esas interacciones. Algunas precisiones y delimitaciones respecto del estudio deben hacerse. Ellas informan la estrategia de investigación seguida en este estudio. Primero, no se investiga aquí las determinantes estructurales de las formas de dominación hacia el pueblo mapuche presentes en las regiones consideradas, aun cuando deben tenerse siempre en cuenta por su importancia para el conocimiento y caracterización de las relaciones sociales de los mapuches con otros sujetos sociales regionales. El análisis que emprendemos se dirige a la caracterización de actores o agentes en situación de interacción, a las formas de interacción que les son características y a sus determinaciones sociales, políticas y culturales. No se aborda entonces un análisis de tipo sistémico, de sistemas o estructuras sociales globales. No obstante, ellos se suponen y se traen a colación toda vez que sea necesario.

Segundo, es un estudio dirigido a caracterizar relaciones sociales y no políticas públicas hacia los pueblos indígenas. No son las lógicas ni los cursos de acción que se siguen en la implementación de los programas y proyectos estatales hacia los pueblos indígenas lo que aquí interesa principalmente, aun cuando es en su despliegue que tienen lugar las interacciones que son materia del estudio. El estudio supone prestar atención a programas y proyectos, además de muchas otras actividades más convencionales y difusas para poder hacer efectiva la observación de interacciones. Tercero, no todas las instituciones del Estado, ni todos los tipos de agentes estatales regionales podrán ser considerados de igual manera. Ello por razones de capacidad de cobertura, accesibilidad y orientación de la acción del Programa Orígenes, mandatario del estudio. En cuanto a esto último, se privilegian aquellos organismos que son co-ejecutores de la acción del Programa Orígenes y que focalizan su acción en la prestación de servicios, la asistencia y el desarrollo (por ejemplo, INDAP, CONADI, Servicios de Salud, Servicios de Educación, municipios). Quedan fuera de esta focalización otras entidades estatales con clara presencia regional, por ejemplo Carabineros de Chile, Instituto de Normalización Provisional, Registro Civil, por alejarse de la orientación genérica de Orígenes, aun cuando su presencia y efectos puedan ser gravitantes en la vida de la gente mapuche regional.


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Se trata de un estudio diagnóstico y evaluativo de las percepciones y conductas de los actores involucrados en la interacción Estado - Pueblos Indígenas en la VIII, IX y X Región. Tiene entonces por finalidad conocer de manera sistemática la interacción social que se realiza entre agentes del Estado – sujetos indígenas, sus principales aspectos y determinantes. Para estos efectos, se incluyen las percepciones mutuas y medio ambiente circundante de los actores involucrados en las actividades de capacitación (funcionarios públicos e indígenas). Ello supuso la caracterización de programas de servicios públicos e instituciones privadas relacionados con el pueblo mapuche La información obtenida es permitió delimitar y caracterizar la oferta actual de programas y proyectos hacia la población mapuche. También se abordó, como segundo aspecto, las condiciones y percepción de la relación con el Estado que experimenta la población indígena mapuche de las regiones VIII, IX y X. El estudio buscó explorar las percepciones que mantiene la población indígena acerca de los servicios públicos que implementan programas y proyectos de los cuales son usuarios, beneficiarios y/o clientes. Se dirige a estudiar percepciones, conciencia y valoraciones de la relación con las distintas reparticiones públicas. Corresponde con dimensiones subjetivas de la relación entre el pueblo mapuche y las agencias estatales. Se debe entender por “percepciones” no una manifestación meramente sensorial o cognitiva de algún aspecto de la realidad, sino, fundamentalmente, la forma en que simbólicamente, a través del lenguaje, se representa activamente dicha realidad. Se parte del supuesto de una preformación simbólica o cultural del mundo, que se manifiesta en los individuos, pero tiene siempre un carácter colectivo; y que el lenguaje es la expresión fundamental de esta estructuración, aunque no necesariamente en forma conciente. Adicionalmente, se debe buscar recuperar, en la mayor medida posible, las maneras espontáneas en que los sujetos en estudio intercambian verbalmente formas simbólicas con significados pertinentes para el estudio. Complementario a lo anterior, se estudiaron las percepciones de las instituciones públicas acerca del Pueblo Mapuche. Se trató en este caso de obtener una perspectiva definida de la percepción que existe en las instituciones públicas regionales acerca de la situación del pueblo mapuche, la naturaleza de los sujetos mapuche y las formas de interacción que caracterizan su relación con los servicios públicos. Resultó de interés, asimismo, caracterizar los espacios en que se da la interrelación servicios del Estado – comunidades. Los componentes indicados permitieron configurar las principales características de los espacios (institucionales y comunitarios) en que se da la interrelación entre la población indígena y los servicios públicos, tanto al interior de estos servicios como en las localidades y comunidades en que residen los mapuches. La actividad contempla, entonces, una caracterización objetiva y subjetiva de dichos espacios, así como un análisis crítico de las brechas que en estos se presentan para una relación fluida entre ambos actores. Por ende, se busca, por un lado, confrontar las visiones de indígenas y funcionarios públicos, intentando establecer no sólo la forma en que describen sus relaciones entre sí, sino fundamentalmente las valoraciones y expectativas que existen acerca de dichas relaciones. El estudio de las interacciones podría haberse abordado regionalmente, pero se optó por situarlo y contextuarlo comunalmente tomando el trabajo de servicios estatales y grupos indígenas en comunas particulares. Hacerlo de otro modo habría limitado la observación y el conocimiento de la acción estatal en el nivel municipal al alcanzarse sólo información muy disgregada. Se recordará que aspectos relevantes de la acción estatal hacia la población indígena se realiza a través de los municipios (ciertas inversiones, asistencia social, asistencia productiva, servicios de salud y educación, etc.). Para estos efectos, entonces, se determinó tomar a lo menos dos comunas de cada


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una de las tres regiones consideradas. Se prefirió aquellas o algunas de aquellas con más población indígena relativa y con, correspondientemente, una acción estatal visible en ellas. En la VIII Región del Biobío se abordó la comuna de Tirua y, complementariamente, se tomaron antecedentes de la de Cañete en la Provincia de Arauco. En la provincia del Biobío se tomó la reciente comuna de Alto Biobío para incluir el núcleo mapuche pehuenche de la cordillera andina regional. En la IX Región de la Araucanía se seleccionó las comunas de Lumaco y Galvarino y la de Melipeuco en la precordillera andina. En la X Región de los Lagos, a su vez, se consideraron dos de los núcleos comunales más importante de población Hulliche: San Juan de la Costa den la Provincia de Osorno y la comuna cordillerana de Panguipulli en la de Valdivia. Agradecimientos El equipo de investigación del estudio desea dejar expresa constancia de su agradecimiento por el tiempo y las facilidades prestadas para el desarrollo de sus actividades por comuneros mapuches y dirigentes, así como por funcionarios y directivos de agencias públicas, sectoriales y municipales, que residen, laboran o se vinculan a las comunas de Tirua y Alto Biobío en la VIII Región, Lumaco, Galvarino y Melipeuco en la IX Región y Panguipulli y San Juan de la Costa en la X Región. De distintas maneras y en diversas circunstancias, unos y otros prestaron su colaboración aceptando entrevistas y también como sujetos de observación en eventos de interacción social. Agradecemos también la posibilidad dada por el Programa Orígenes y la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) a través de su Programa Pueblos Indígenas e Interculturalidad para abordar el estudio de nuevos temas antropológicos, social y políticamente relevantes en las regiones con presencia indígena importante de nuestro país.


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I. RESUMEN DEL INFORME

RESUMEN INFORME VIII REGION DEL BIOBIO El régimen de relaciones Estado Pueblos Indígenas inaugurado por la ley indígena de 1993, abrió el cauce para que se direccionara desde el Estado una programación específica basada en el reconocimiento de la diferencia cultural de las poblaciones indígenas del país. Con centro en lo que podríamos denominar la agencia pública indígena (CONADI, y más recientemente el programa Orígenes), este empeño se ha ido difundiendo hacia el resto del aparataje estatal, hacia agencias como INDAP, CONAF, los Ministerios de Salud, y Educación, entre otros. Esto se está produciendo no sin notorias dificultades y resistencias. Entre las principales de éstas se cuentan la falta de intersectorialidad (confluencia en los objetivos y en las metodologías) en las múltiples líneas de acción que se ejecutan entre diferentes agencias; lo que se grafica en las diferentes conceptualizaciones con que cada agencia aborda el objeto de su programación: usuario o beneficiario rural (INDAP), beneficiario-paciente (Salud), alumnos (Educación), mujeres (SERNAM y Prodemu), entre otras. Conceptualizaciones a las que se agrega una categoría transversal a todo el entramado estatal: la de pobres, o pobres-rurales. Vinculado a esto aparece otra dificultad atávica en el desempeño estatal, el centralismo con que, en general, se definen los programas sociales también afecta a la programación estatal étnicamente diferenciada. Ambas situaciones (el déficit de intersectorialidad y la persitencia del centralismo en la definición de programas y proyectos públicos) fueron elementos resaltados por los diferentes funcionarios públicos regionales considerados en este estudio. A pesar de lo anterior, en los funcionarios regionales entrevistados se constata, discursivamente al menos, una valorización de la importancia que reviste la existencia de políticas públicas de promoción de un objeto étnico, asociada en algunos casos a la idea de preservación de una identidad cultural específica, la que debe ser reconocida en su alteridad por el Estado. En sí, esto puede considerarse como uno de los logros de la programación estatal étnica o culturalmente diferenciada. Paralelamente este direccionamiento y empeño etnificador de la programación estatal con foco en el reconocimiento de la diferencia cultural se conjuga con otra característica predominante en la actual fisonomía estatal, la externalización de muchas de las funciones y servicios tradicionales del aparato público dirigidos hacia los diversos nichos de población beneficiaria. En el caso de la programación dirigida hacia la población mapuche regional esta realidad aparece concentrada en las agencias que cuentan con más recursos para ello, Orígenes, INDAP, y CONADI (básicamente a través de su Fondo de Tierras y Aguas). Esta externalización de servicios, asociada al predominio del régimen operativo vía proyectos, enfrenta resistencias en algunos de los funcionarios de la agencia indígena, fundadas en la sangría que implicaría para una efectiva participación de los comuneros y dirigentes mapuches en la definición y ejecución de las diversas iniciativas públicas que les atañen. Este estudio consideró tres comunas de la VII Región, Cañete y Tirúa en la Provincia de Arauco, y Alto Bio Bío en la Provincia de Bio Bío. En ellas se concentra el grueso de la población mapuche regional, población que en el contexto regional es muy marginal (representa el 2.86 % del total


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regional según el censo de 2002). Esta población mapuche se concentra fundamentalmente en lugares periféricos de la región, en rincones de ella (que es donde se encuentran las tres comunas consideradas), por lo cual, con respecto a la realidad regional presenta las características de enclaves. Si, en principio, los agentes municipales ostentan un mayor conocimiento y cercanía con los habitantes mapuches de sus jurisdicciones, en comparación con los funcionarios de las agencias sectoriales, esto se matiza a la luz de las características distintivas de cada una de las comunas consideradas. En estas comunas la tematización de la diferencia cultural como vector de la acción municipal hacia la población mapuche es disímil. El municipio de Cañete no operacionaliza tal distinción. En cambio, los otros dos sí. Éstos comparten la relevante característica de ser encabezados por alcaldes mapuches, Adolfo Millabur en Tirúa y Félix Vita en Alto Bio Bío. Particularmente en el caso tiruano, el alcalde y su equipo de confianza (compuesto fundamentalmente por mapuches) definen la gestión municipal como un ejercicio al servicio del incremento de la autonomía territorial de las comunidades tiruanas. En el caso de Alto Bio Bío este propósito aparece a nivel de discurso en el alcalde, y también en los pocos funcionarios pehuenches del municipio, pero de una manera mucho más difusa y menos estructurada en comparación con el municipio tiruano. En ambos casos sin embargo, la concreción de dicho propósito se confunde con la promoción e incremento de la autoridad personal de ambos alcaldes. Tanto en los funcionarios que se desempeñan en la agencia pública indígena, como en aquellos que, en agencias más tradicionales, laboran en unidades especialmente implementadas para relacionarse con los mapuches (en base a su condición étnica específica), se ha socializado una imagen o construcción de un objeto étnico que, en la mayoría de los casos, aún responde a la idea de una identidad cultural “tradicional”, fundamentalmente preservada en la fuente oral, la que es necesario rescatar, revalorizar. Imbricándose con lo anterior, se acusa un posicionamiento de los agentes estatales con respecto a los agentes mapuches sustentado en la perspectiva de considerar el desempeño funcionario como un ejercicio que estimula procesos de cambio (valorados como positivos) en las comunidades mapuches. La consigna de instalar capacidades resume esta posición. La sistematización que la programación culturalmente diferenciada ha ido efectuando de su objeto étnico, se ha ido plasmando en una caracteriología de la “identidad mapuche”, que incide claramente en las interacciones que los funcionarios públicos establecen con los dirigentes y comuneros mapuches. Algunos rasgos de tal caracteriología se encuentran muy difundidos entre el funcionariado regional. Uno de ellos es la distancia, por no decir rechazo, con que los funcionarios públicos (particularmente de aquellos que se desempeñan en las agencias indígenas) enfrentan la presencia del mundo evangélico en las comunidades mapuches de la región. Lo perciben como un obstáculo importante para los propósitos de reforzamiento de una identidad cultural situada en las coordenadas de una tradicionalidad esencializante. Existen, en cambio, otros ámbitos de las relaciones entre los agentes mapuches y los agentes públicos, que generan discrepancias interpretativas entre los funcionarios públicos. Uno de estas discrepancias recae en lo que podríamos denominar el carácter situacional de los sujetos mapuches en lo que hace a las vinculaciones que establecen con las agencias públicas. Por carácter situacional se entiende la adecuación discursiva y conductual de los sujetos beneficiarios a los diferentes escenarios y requerimientos que plantean las diversas agencias públicas (y también privadas), en vistas de una optimización de la obtención de los recursos vehiculados por dichas


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agencias. Algunos de los funcionarios que remarcan esta situación, sitúan tal conducta en una suerte de esencia mapuche. Para otros en cambio, tal conducta es una respuesta adaptada (y acotada) de los agentes mapuches ante la política organizacional y la lógica proyectual imperante en la programación étnica nacida al alero de la ley indígena de 1993. Respuesta adaptada qua no coparía la totalidad de la vida organizacional mapuche y, menos aún, tendría una índole esencial. Centrándonos en la agencia indígena, en las tres comunas consideradas existe un total de 96 comunidades jurídicamente constituidas (50 en Cañete, 23 en Tirúa y 11 en Alto Bio Bío). Además existe una gran variabilidad de asociaciones funcionales vinculadas a diversos ámbitos y quehaceres productivos, tanto urbanas como rurales (artesanía -que agrupa a la mayoría de las organizaciones femeninas mapuches-, turísticas, de pesca y recolección, agrícolas). Junto a ellas existen algunas asociaciones más inclusivas que mezclan este perfil funcional con uno más territorial, es decir, se asientan en una base supracomunitaria que integra una amplia gama de intereses productivos, pero articulados en una representación y vocería que se perfila, o pretende establecerse, en las coordenadas de la autogestión y de un diálogo más general con las agencias públicas. Algunas de las organizaciones territoriales más destacadas son, en Arauco, la Asociación Pu Lafkenche (10 comunidades de Tirúa Sur), la Rayinche Leubu Lafken (9 comunidades tiruanas ribereñas del Lago Lleu Lleu), la Asociación Provincial Lautaro (11 comunidades principalmente de Cañete). Y, en Alto Bio Bío, la Asociación de Lonkos y Comunidades Pehuenches (que agrupa a las 11 comunidades representadas por 34 dirigentes y lonkos). Junto con apuntar los problemas de representación que suelen presentar estas organizaciones, es importante notar que su interlocución frente a las agencias públicas en muchos casos se ha formalizado a través de la utilización de los espacios que la institucionalidad pública ha abierto en su programación especialmente dirigida hacia la población mapuche. Así por ejemplo, el Comité Provincial de Salud Intercultural de Arauco, dialoga con representantes de estas organizaciones en el marco de una Mesa de carácter participativo y resolutivo. Por otra parte, muchos de estos mismos representantes interlocutan con el resto del aparataje público (Intendencia, Gobernaciones, Programa Orígenes, CONADI), con un grado de fluidez aceptable, lo que por cierto no indica ausencia de conflictos. Es importante señalar la diferencia que se marca entre el mundo organizacional mapuche de Arauco y el de Alto Bio Bío. En el primer caso, debido a un mayor desarrollo histórico de sus organizaciones, tempranamente vinculadas al sindicalismo de la minería del carbón, se han generado orgánicas de aglutinación supracomunitarias que, en la última década, han articulado un discurso de autonomía territorial mapuche. Este grado de aglutinación ha estado ausente en el mundo pehuenche, donde el accionar de los dirigentes, aún hoy, aparece más bien circunscrito a intereses comunitarios; situación que, no obstante, muestra visos de cambio gatillados por los drásticos cambios generados en Alto Bio Bío por el impacto asociado a todo el proceso de construcción de las centrales hidroeléctricas Pangue y Ralco. Dentro de la recepción que los actores mapuches regionales dan a la oferta programática estatal étnicamente diferenciada, se aprecia el claro reconocimiento de una mejora en el trato de parte de los funcionarios públicos. Mejoría en el trato que puede resumirse en mejor disposición y prontitud de los funcionarios para atender los diversos requerimientos y necesidades de los comuneros, y que encuentra en la figura del diálogo con los funcionarios y directivos de reparticiones un buen


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compendio. Esto, que sin dudas admite excepciones y relativizaciones, generalmente es interpretado como una consecuencia del nuevo régimen de relaciones inaugurado por la ley indígena. Especialmente de parte de los dirigentes comunitarios se valoran algunos espacios de participación y decisión abiertos por las agencias públicas en ámbitos específicos de la programación estatal. Dichos espacios suelen ser interpretados por los dirigentes como el resultado de la lucha dada por las comunidades por lograr el reconocimiento de parte del Estado. Sin embargo al indagar en las razones de esta valoración emergen consideraciones que cabe calificar de paternalistas, y que cuestionan el posicionamiento de contraparte ante las agencias estatales con que suelen presentarse los dirigentes comunitarios y supracomunitarios. Lo anterior cuestiona también el empeño etnificador de la programación estatal, ya que si bien, ésta apela a los agentes indígenas en base al reconocimiento de su identidad cultural específica, la operacionalización de dicha apelación se realiza bajo los apremios de la carencia. Concibe a los agentes mapuches como sujetos carenciados: en términos tradicionales los sitúa como carenciados socialmente, lo que en la práctica subsume a los mapuches bajo la clásica categoría de campesinado pobre. Y en términos más actuales los sitúa como sujetos carentes de identidad cultural. Emerge como un discurso reiterado en muchos funcionarios de la agencia pública indígena, el diagnóstico de que los agentes y comunidades mapuches acusan un agudo déficit de identidad cultural. Frente a lo cual, asumen su cometido funcionario como un esfuerzo por resarcir tal situación. Análogamente, de parte de los agentes mapuches opera un mecanismo de acoplamiento a dicha operacionalización. Interlocutan con la agencia pública situándose en la dimensión de la carencia, para lo cual se apoyan en una condición étnica específicamente adaptada para tal interlocución. Tal condición étnica (distinta a una identidad o conciencia étnica) es un producto de la relación con el Estado, y su base de legitimidad, para ambas agencias, se sustenta en el régimen de reconocimiento abierto por el Estado. A la luz de esta situación, las interacciones que los actores mapuches establecen con los funcionarios públicos acusan una clara personalización. La valoración que efectúan de los avances o retrocesos en sus relaciones con las agencias públicas descansa prioritariamante en el enjuiciamiento de la conducta personal de los funcionarios con los que se vinculan. Y en esto, no constituye un elemento diferenciador el hecho de que algunos de estos funcionarios sean mapuches. Los funcionarios, independiente de su condición étnica, son evaluados con el mismo rasero. Por otra parte, desde los actores mapuches suele emitirse una crítica genérica en el sentido de que los programas y proyectos vehiculados hacia ellos por las agencias públicas indígenas, generan división en las comunidades. Esto, por el exacerbamiento de tensiones y competencia que se produce en las comunidades ante la (relativamente considerable) inyección de recursos que suponen los programas de la agencia indígena. Algunos funcionarios apuntan que esta situación es atribuible a la lógica proyectual y organizacional con que opera la programación estatal direccionada hacia los indígenas. Ésta, al permitir la creación de varias asociaciones al interior de una comunidad jurídica, con miras a la obtención y administración de diversos proyectos, estaría generando un efecto formalizador, institucionalizador de fisuras preexistentes en las comunidades. Lo cual, podría considerarse un efecto concreto de la actual programación estatal étnicamente diferenciada.


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RESUMEN: IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA La Región de la Araucanía reune la mayor población indígena del país, y es la región donde la acción del Estado hacia los mapuche es más intensa y diversificada. Integran esta región dos provincias, Malleco y Cautín con un total de 32 comunas, considerando la nueva comuna de Cholchol. La población regional total según el Censo Nacional de Población de 2002, alcanza a 867.351 habitantes. La concentración urbana es de un 61,3% y del 38,7 % restante es rural. La Araucanía es una región con alta ruralidad relativa en el país. El porcentaje de la población indígena regional asciende, según el último Censo, a 204.195 personas, correspondiente con un 30,79%. La región es quizá la única del país en que las relaciones interétnicas son social y políticamente gravitantes por la envergadura de sus tensiones y conflictos. La Araucanía es la región con mayores índices de pobreza e indigencia del país. Ello explicado por técnicos, políticos y planificadores con base en la preeminencia de actividades económicas primarias de baja productividad, por la alta ruralidad existente y por la extrema subdivisión de las propiedades agrícolas. Esto afecta principalmente a la población mapuche y es por tanto en ella que se manifiestan tales restricciones generales. Esta realidad social, cultural y económica orienta la acción pública en algunas líneas estratégicas de acción regional que pudieran ayudar a superar los índices de pobreza. Una de esas orientaciones se dirige hacia la ruralidad y el mundo indígena. Para ello el sistema estatal se organiza en un nivel central regional (Seremías, Direcciones Regionales; Servicios), un nivel local (Oficinas, Áreas) de servicios centrales y el Estado local, los municipios y sus servicios. Importancia operativa adquieren en este empeño la Corporación Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADI), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Instituto Nacional de Normalización Provisional (INP), además de la acción de la Intendencia Regional, las Gobernaciones y Municipios, estos últimos básicamente en la administración de recursos y programas de la red subsidiaria del estado. El Programa ORÍGENES de reciente creación es también relevante. Las comunas estudiadas en la IX Región tres: Galvarino, Lumaco y Melipeuco; más precisamente, la interacción entre agentes públicos y sujetos indígenas en esas comunas en un marco de tiempo breve de unos 3 meses. En cuanto a las fuentes de información, se privilegió en un caso testimonios y experiencias de actores indígenas y agentes estatales Se acudió también a documentos y registros escritos y se asistió a eventos en que interactuaban agentes públicos (estatales y para estatales) con sujetos mapuche. Esas comunas gozaban de accesibilidad para los investigadores y por representar situaciones distintas en cuanto a la estructuración y actividad de los actores mapuches. También se consideró de interés la intensidad de la acción estatal. La comuna de Galvarino, se localiza en el denominado secano interior de la región de la Araucanía, en la provincia de Cautín. Ocupa parte de la vertiente oriental de la cordillera de Nahuelbuta y de la depresión intermedia, al noroeste de la capital regional, Temuco. La población comunal es de 12.596 habitantes, de la cual es rural un 71,90 % (INE 2002). La población mapuche repre4senta un 59,7% (INE, 2002). En la comuna de Galvarino está presente un gran número de organizaciones


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(102 de mujeres, 85 deportivas, 68 de iglesias, 18 de adultos mayores, 15 de jóvenes). Respecto de las mapuches, están presentes 68 comunidades y 10 asociaciones indígenas. Las comunas estudiadas La comuna de Lumaco pertenece a la provincia de Malleco y está ubicada en el denominado Secano Costero, al sur de Angol la capital provincial. Prevalecen en la comuna, por lo tanto, las formas montañosas abruptas, con quebradas ocupadas por ríos y esteros. Según el Censo de 2002 la población es de 11.335 habitantes, de los cuales un 37,78% es mapuche. Los mapuches ocupan, como es característico de la IX Región, terrenos con escasa capacidad productiva y con fuerte degradación, por efecto de la sobreexplotación, los monocultivos y la deforestación agresiva. Lumaco es una de las áreas más claramente identificadas como epicentro o foco de conflictos y demandas étnicas durante la última década. Allí se reclama y litigan terrenos que manifiestan les fueron usurpados, generándose un largo proceso de negociación con la intermediación de CONADI, que ya ha ido resolviendo algunos asuntos. Como es general a todas las comunas de la región, están presentes en Lumaco numerosas organizaciones territoriales (Juntas de Vecinos, agrupaciones de mujeres, clubes deportivos, grupos de iglesia, agrupaciones de jóvenes, comités de diverso tipo) que elaboran y gestionan una diversificada demanda hacia el municipio y las agencias estatales con presencia en la comuna. La demanda propiamente mapuche es levantada en la comuna por la Asociación Comunal Mapuche que reúne a un grupo numerosos de las 58 comunidades indígenas constituidas con arreglo a la Ley Indígena ( N° 19.253). Este mismo cuerpo legal ampara un grupo de 8 Asociaciones Indígenas. La Comuna de Melipeuco se ubica en una zona precordillerana de la provincia de Cautín, al noreste de Temuco. Esta comuna fue fundada en 1981 siendo parte del proceso de regionalización impulsado por el gobierno de la época, con la intención de dotar a este apartado rincón de la región de elementos de administración propios, potenciando el desarrollo de la población local. Por sus características y ubicación geográfica precordillerana, tiene la mayor parte de su superficie compuesta por cerros y cordones montañosos, con pocas áreas cultivables. La zona basa su actividad económica en la explotación forestal y en la ganadería de ovinos, caprinos y vacunos. En el último tiempo ha surgido con cierta fuerza la actividad turística, teniendo en consideración los recursos naturales de la comuna. La población comunal es mayoritariamente rural: 5.578 personas, según el Censo de 2002 de los cuales un 37,68% se declara mapuche. Esta población se asienta básicamente en los sectores rurales y convive en plenitud con los denominados colonos “chilenos”. Las organizaciones mapuche de la comuna están integradas por asociados descendientes o miembros de familias agrupadas según títulos de merced y por lo común expresan demandas locales productivas, lo que no dista de las características de otro tipo de organismos como los talleres laborales y grupos de pequeños productores al cual acceden indistintamente mapuches y no mapuches y, de manera más amplia, el conjunto de la población local. Dada la escasa diferenciación de propuestas, en relación a grupos de no mapuche, se evidencia en Melipeuco una débil orientación desde las bases indígenas hacia reivindicaciones más amplias en un sentido étnico, territorial o cultural, lo que sí está presente en comunas como las de Lumaco y Galvarino. Según lo descrito, destaca el pequeño tamaño, el carácter prevalecientemente rural de las tres comunas, las altas tasas de pobreza y el alto porcentaje mapuche relativo de su población: mayoritaria en Galvarino, de algo más de un tercio en Lumaco y Melipeuco. En relación con esta


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caracterización se puede desde ya anotar que la acción del Estado, visto en perspectiva, se dirige de manera general hacia la ruralidad indígena, su pobreza característica y los esfuerzos para la superación de la misma, más que a abordar el carácter étnico de esa población. Agencias públicas y agentes estatales Todas las agencias estatales deben en principio llegar a las comunas de una región; aunque no en todos los casos es procedente. El modo en que se estructura su presencia en las comunas se origina en una acción centralizada desde las cabeceras regionales, o provinciales, para desde allí bajar a las localidades y familias campesinas según líneas programáticas. En algunos casos se establecen oficinas de acción local con fines operativos. A lo anterior se agregan los convenios de responsabilidad compartida con los gobiernos comunales. Algunos organismos lo hacen con exclusividad o con importantes programas dirigidos a los indígenas, enfatizando una focalización y trato preferencial hacia ellos: la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Programa Orígenes, el Programa de Recuperación Ambiental y Desarrollo Socio Productivo en Áreas Campesinas e Indígenas Araucanía Tierra Viva y el Ministerio de Bienes Nacionales. Están presentes también agencias que cubren realidades regionales de pobreza y ruralidad. Algunas de ellas introducen acciones específicas para abordar la población indígena, pero sin que ello suponga metodologías y foco de trabajo nítidamente diferenciados: Instituto de Normalización Previsional (INP), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). También el Ministerio de Obras Públicas (MOP). En otros tantos, los cursos de acción no consideran lo indígena y este tema no recibe algún tipo de tratamiento especial. Visto en perspectiva, resulta notable el aumento de agencias creadas para abordar específicamente los pueblos indígenas indígena o que se han abierto a la formulación de programas y acciones focalizadas a estos grupos, como nunca antes en la historia moderna del país. Se privilegió el estudio de dos formas de estructuración de las instituciones y la acción estatal. Una es la local o municipal, correspondiendo a ello un repertorio bastante amplio de agentes y acciones que son privativos, se organizan y ejecutan a nivel comunal. Otra es sectorial y su organización es regional, aunque con llegada local, con o sin participación o coordinación cercana con el municipio. Principales distinciones en los agentes estatales Varias distinciones son pertinentes a los fines de caracterización de los agentes públicos. Una de ellas es la que reconoce diferencias entre agentes estatales y agentes en el Estado. Corresponde, por una parte, a sujetos a contratos de planta, con una serie de privilegios como estabilidad laboral, posibilidad de organización, restricciones a las acciones arbitrarias de superiores, etc. Y también un numeroso contingente de personas sometidas a contratos por honorarios y otros tantos que ejecutan acciones para el Estado. En especial en el área social del Estado, dentro de la que caben buena parte de las agencias y programas hacia los indígenas, se mantienen plantas reducidas, un buen número de contratas y relaciones extensas con entidades ejecutoras.


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Otra de ellas se refiere a la rotación, movilidad y circulación de los funcionarios públicos, muchos de los cuales desempeñan labores con población mapuche. En las agencias nacionales la rotación se relaciona con la carrera funcionaria, según la cual el personal busca destinaciones con mejores condiciones laborales, remuneraciones y ascensos. En los municipios está presente también la carrera funcionaria, pero adquiere igualmente importancia la rotación por afinidades políticas y confianzas de la autoridad local. La transitabilidad por las comunas obstaculiza su visualización como agentes realmente interesados por la situación local. La gran mayoría del personal de terreno y de oficina de las agencias estatales y municipales proviene de la misma región, o de las inmediatamente aledañas. Profesionales de alta calificación y, a veces, algunas jefaturas son originarias de la capital u otras regiones más distantes. Pero, ese personal está sujeto a altas tasas de rotación en razón de los periódicos cambios de jefaturas y autoridades locales, por interrupciones, cambios o términos de programas y proyectos y, también, por movilidad asociada a carreras funcionarias y mejoramiento de ingresos y destinaciones. Una fracción importante de los agentes implicados en la acción pública no son del Estado, sino que están "en el Estado" y lo que caracteriza su presencia allí es una alta movilidad y rotación. Poco queda entonces de ese antiguo personal de la administración pública regional y municipal, originario de las mismas comunas y provincia, o con proyectos de vida allí, partícipe íntimo y directo de un sistema de relaciones de poder locales y relaciones entre grupos en cuyo balance lo indígena se encontraba en posición de subordinación y en el lugar más bajo de la escala social. Y en el interior de esta nueva camada encontramos antecedentes y tomas de posición sobre lo étnico muy heterogéneas que no corresponde con la vieja configuración del sistema estatal en la región. Con todo, siguen siendo hijos de la región y portadores, en mayor o menor grado, de una cultura regional de las relaciones sociales. Participan de las formas de sentir, pensar y actuar, viejas o nuevas, hacia lo rural y agrícola, lo campesino y lo mapuche. Una parte de ellos mantiene fuertes relaciones locales por sus orígenes familiares o por una prolongada permanencia y estabilidad en el lugar, con ubicaciones definidas en el sistema de relaciones sociales (de clase y étnicas locales): por lo común integrantes de estratos socio-económicos medios, usualmente distantes de lo indígena y de visiones solidarias con ellos. La relación de hombres y mujeres, mapuches y no mapuches con comunidades y grupos indígenas está también cruzada por factores de personificación, reconocimiento de capacidades para ejercer las funciones asignadas y aceptación, o cuestionamiento, de la condición de experto o del nivel de decisiones en el que participa. Con todo, suele ser más fuerte la evaluación a la que se somete a los agentes mapuche y mucho mayor entre estos a las mujeres. No hay segregación, en principio, por género, edad, origen social o geográfico y condición étnica para la incorporación al Estado. Para los mapuches que buscan incorporarse al Estado no existen trabas explícitas y tampoco preferencias especiales. Esto debe matizarse de dos maneras. Una es discriminatoria y excluyente, no pública, velada, no reconocida pero existente. Razones de prejuicio, cálculo o expectativas llevan a desestimar candidatos indígenas (así como también a mujeres, personas mayores, según atributos físicos, etc.), a la manera de una plantilla de evaluación presente en el substrato de las decisiones. Otra es solidaria y positiva. Por razones éticas (opción por una acción afirmativa y de igualación, en un municipio con mayoría de indígenas, por ejemplo), políticas (aplicación de criterios de igualación, pero también por conveniencias para no recibir críticas de discriminación) o funcionales (mediadores, facilitadores, etc.) se eligen mapuches.


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Escenarios e interacciones La interacción entre agentes públicos y sujetos mapuches se realiza en escenarios característicos, en espacios sociales donde tiene lugar la concurrencia de unos y otros, individual o colectivamente, y en donde se realizan interacciones. Por otra parte, estas interacciones son más heterogéneas de lo que pudiera pensarse y guardan una relación de correspondencia no mecánica con los escenarios sociales. Los escenarios propios a las relaciones mapuches-funcionarios y agentes públicos del tipo que estamos aquí tratando son las reuniones de trabajo en la comunidad y espacios propios mapuches o en dependencias de los organismos públicos. Tenemos luego la entrevista, una modalidad de interacción empleada preferentemente por los funcionarios públicos y asociada con la etapa de diseño de las acciones o intervenciones estatales, sean estas de carácter local (municipal), o sectorial. En la visita de terreno, por su parte, se puede diferenciar aquella de tipo técnico profesional que corresponde a prácticas de capacitación, monitoreo, seguimiento y control de acciones en mayor medida radicadas en el campo productivo. Desde el municipio tenemos, además, a los directivos de la alcaldía (encargados del Área Social, Jefe de Obras, Director de Planificación) y en especial el Alcalde quienes realizan visitas a terreno. A su vez, el “trámite” representa una forma de interacción por lo general efímera, centrada en la gestión o trámite breve de entrega de documentos o solicitudes y de recepción de certificados, papeles, depósitos, subsidios de dinero, obtención de atención en establecimientos escolares o de salud, etc. La entrega- recepción de “beneficios” es de los momentos más felices y efusivos de las interacciones entre organismos estatales y comunidades o grupos mapuches. Por último, las “gestiones personales” designan un tipo de interacción que se da entre miembros individuales de grupos mapuches (comuneros o dirigentes) y agentes públicos (en alguno de los niveles de la jerarquía burocrática, pero de preferencia en aquellos que mantienen nexos directos con mapuches) sobre asuntos personales o individualizados y de mutua conveniencia a propósito o al amparo de relaciones entre instituciones y comunidades indígenas. En cuanto a los escenarios, de manera característica estos son, primero, la “oficina” de la repartición pública. Es inevitable su concurrencia a ellas para la gestión de proyectos colectivos, búsqueda de beneficios individuales, obtención de información, hacerse de documentos y certificaciones de diversa índole, etc. De otra parte, es el lugar donde una manera más fuerte los mapuches han experimentado los maltratos que los funcionarios estatales solían y suelen todavía prodigarles: rehuyendo recibirlos, y cuando los tienen delante, mantener una postura de ascendencia. Luego, tenemos La “ventanilla” o el “mesón”. Con mayor frecuencia en las últimas décadas la relación de campesinos y pobladores mapuches y no mapuches con el Estado está mediada por trámites y documentación que se resuelven en escenarios de relación tipificados por la figura de la caja pagadora o el mesón de atención para la solicitud de certificados y la entrega de documentos. La “sede social” es el espacio en que la organización local mapuche (comunidad indígena, asociación indígena, junta de vecinos, comité de agricultores) converge y se reúne. Aquí es donde se recibe información de funcionarios públicos, donde se dialoga con ellos, donde se acuerda impulsar iniciativas de trabajo (proyectos), donde la organización adopta resoluciones, donde se llevan a efecto las conversaciones y confrontaciones críticas, internas o hacia un organismo estatal,


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etc. El "salón de reuniones” es lo opuesto de la “sede social” por el lado de las agencias estatales y han empezado a abrirse para los mapuches cuando grupos de dirigentes o delegaciones mapuches se reúnen con autoridades locales o regionales y con funcionarios públicos. Y en estos eventos el tono de las relaciones también ha ido cambiando hacia modalidades más horizontales, a veces confrontacionales y otras con el tinte de la autoridad que logran seguir imponiendo los agentes públicos. La “ruka” mapuche puede considerarse como el escenario antitético de la “oficina”. Todas las valencias se invierten. Los poderes y autoridad del funcionario quedan momentáneamente en suspenso, abriéndose la relación hacia el trato distendido y familiar. El campo, a su vez, designa el espacio rural inmediato con sus casas e instalaciones, parcelas y terrenos, espacios sociales y públicos como construcciones escolares y canchas, cementerio, etc., que conforma la localidad y alberga la comunidad. La “parcela demostrativa” puede entenderse como un predio o instalación campesina donde se lleva a efecto una acción de tipo técnico, por lo común técnico productiva, que se constituye como el escenario para acciones de enseñanza, capacitación y evaluación. “Toparse en la calle” es una expresión que ejemplifica la situación o escenario en que se dan varias formas de relación entre sujetos mapuches y funcionarios públicos. Ellas se realizan de manera usualmente informal y más o menos casual, que dependen para su realización de un conocimiento previo y relaciones de confianza. A veces están implicados compromisos personales (de amistad), se comparten intereses en común (políticos o económicos, por ejemplo) o hay vínculos profesionales (asesoría, asistencia). Por último, el celular también llegó al campo mapuche simbolizando las formas de interacción no basadas en la copresencia, mediadas por formas escriturales, orales y en tecnologías de comunicación (correspondencia, telefonía fija o celular, Internet y correo electrónico). No constituyen propiamente escenarios de interacción.


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RESUMEN X REGION DE LOS LAGOS La historia de las interacciones, de encuentros y desencuentros, entre el Estado y los mapuche-huilliches de la actual Región de Los Lagos tiene matices respecto a lo que ocurrió en el resto de la antigua Araucanía (desde el Toltén al Bío-Bío), aunque, al igual que en esas zonas, por más de 400 años el motivo que las ordenó fue la tierra: de un lado su apropiación, de otro su pérdida. Con el tiempo, sin embargo, algunos de esos matices han persistido, otros se han intensificado y constituyen verdaderas diferencias, mientras que otro tanto señalan importantes similitudes. No obstante, continuidades y cambios no son ajenos a la transformación estructural de la relación acaecida con la Ley Indígena de 1993. En efecto, desde ese momento el Estado se da por tarea la promoción y desarrollo de las etnias del país e inicia, con el reconocimiento de “otros”, la vía hacia un “nuevo trato” con ellos. Éste comprende no sólo un reconocimiento abstracto de la diferencia (reconocimiento legal) sino una transformación efectiva de la política pública y sus agentes, de las formas de intervención y cursos de acción sobre / con los usuarios indígenas. Es así, con este “nuevo trato”, como la denominada “interculturalidad” ha venido a permear las estructuras funcionariales de todos los servicios, afectando sustantivamente los espacios y dinámicas de interacción. Por su parte, los agentes indígenas, a ratos desbordados por el nuevo escenario y su multiplicación de recursos, de reuniones, de proyectos, ofrecen también respuestas ante esta formalización estatal de lo indígena, diseñando sus propias estrategias de acción y aprovechando los resquicios para decidir crecientemente sobre los asuntos que los afectan. Política pública y realidad indígena regional y local La orientación de la política pública sectorial encuentra su horizonte en la proyección hecha por el Gobierno Regional de Los Lagos al 2010 en la denominada Estrategia Regional de Desarrollo. Allí encontramos que la planificación política, social, medioambiental, etc., tiene por meta la integración de la región en las redes globales del mercado con un claro énfasis en el crecimiento económico. Pese a ello, la Décima se piensa como una región plural, aunque las manifestaciones de esa diversidad interesan en la medida en que contribuyan a la unidad de una zona marcada, no obstante, por los contrastes geográficos, económicos, políticos y culturales. Por otra parte, se apunta al aumento de la participación ciudadana. En líneas generales, los planes comunales de desarrollo (PLADECO) de las comunas seleccionadas en el estudio, a saber, Panguipulli y San Juan de la Costa replican el modelo de la ERD. Los matices y énfasis respectivos vienen dados en parte por la especificidad socioproductiva de cada comuna (mayoría de población rural, riquezas paisajísticas para el turismo) y en parte por la orientación de los gobiernos locales (en San Juan el componente “Identidad y Cultura” no tiene tanto peso como en Panguipulli). S.J. de la Costa y Panguipulli albergan el 15,4% de la población mapuche de la región (5,2% y 10,2%, respectivamente), siendo los puntos más importantes tras los centros urbanos (Valdivia 6,9%, Osorno 12,5% y Puerto Montt 8,2%). A diferencia de éstos, donde la población es preferentemente urbana, en las comunas estudiadas la tasa de ruralidad alcanza el 86,4%. Ambas ocupan asimismo los últimos lugares regionales y nacionales en el ranking de desarrollo humano (PNUD).


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Pero estos elevados índices de ruralidad tienen matices locales: si bien S.J. de la Costa prácticamente no cuenta con poblados urbanos, Panguipulli, capital comunal, es un importante centro urbano provincial, impulsado por el creciente turismo. Así, mientras en S.J. de la Costa el referente urbano es extra comunal (Osorno), puesto que Puaucho, la capital, alberga únicamente el municipio, una escuela, la biblioteca, la posta, la oficina del PRODESAL y un par de kioscos, en Panguipulli existe una infraestructura urbana considerable y tienen allí oficina los principales servicios públicos (INDAP, CONADI, CONAF, INP, Registro Civil, además del municipio dos bancos, tres consultoras, así como supermercados, cafés y restoranes) haciendo menos urgentes y más ocasionales los trámites en Valdivia. De este modo, podemos afirmar que mientras que en S.J. de la Costa la comuna no pasa de ser una mera delimitación administrativa (de hecho, en Puaucho no habita prácticamente nadie –la imagen de los funcionarios municipales siendo trasladados diariamente en bus a Osorno es ejemplificadora), en Panguipulli tiene un correlato territorial con cierta autonomía política. La agencia estatal Abandonaremos aquí los análisis que abordan el Estado como entidad uniforme en su constitución y homogénea en su actividad. Por el contrario, consideramos que en su interior (distinción que para el caso indígena es problemática) es posible rastrear una serie de instituciones, programas, agentes y prácticas distintas entre sí que reconducen el análisis hacia un modelo multiforme sujeto a constantes reordenamientos ocurridos ya no en la planificación sino en la interacción. Observamos un cierto desfase entre los distintos niveles –Institución, Agente, Beneficiario–, lo cual deriva en que, en el paso de un nivel a otro, la acción estatal ve afectado su carácter institucional adaptándose a las particularidades locales de interacción. Son los agentes en interacción (entre ellos y con los beneficiarios, y éstos entre ellos) los que definen en gran medida “en qué consiste el programa” (fijan expectativas, disponen medios, obtienen resultados). A este esquema debemos incorporar el impacto de la Ley Indígena (1993) sobre los distintos servicios públicos y sus funcionarios introduciendo el paradigma intercultural en la acción estatal. Con el aumento creciente de la intervención en localidades indígenas, la Ley, en el transcurso de su traducción e implementación como proyectos y programas, ha contribuido definitivamente a visibilizar (o “promocionar” como establece el texto) lo indígena –el Programa Orígenes desde 2001 marcó un hito en tal sentido. Las consecuencias de este nuevo horizonte de acción se advierten claramente en los agentes estatales ahora “sensibilizados” o en proceso de sensibilización respecto de la “diferencia étnica” e influyen decisivamente en las relaciones con los usuarios.Lo indígena hoy, como nunca antes vuelto objeto de política pública, deberá entenderse como el conjunto de las complejas relaciones entre “agentes estatales” y “usuarios indígenas” en constante proceso de definición de sus posiciones y con el marco culturalista como telón fondo. Pero el arribo del indigenismo de Estado, si bien afecta, no suprime todo un conjunto de disposiciones para la acción sedimentadas históricamente en los regímenes institucionales. Así el alcance de los servicios (sectorial / local) así como su carácter (especialización indígena, semi-especialización, etc.), su objeto de aplicación (“indígena”, “paciente”, “alumno”, “campesino”, “pobre”, “emprendedor”), sus cursos de acción (proyectos, programas, concursos, acción rutinaria), sus dinámicas internas o “culturas institucionales” (filiaciones políticas, formas de reclutamiento y


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movilidad de funcionarios, clientelismo), entre otras, constituyen las condiciones estructurales de la relación entre agentes y a la vez distinciones analíticas para una lógica de la interacción Estado-Indígena. De la institución a la persona: el agente estatal La experiencia en terreno nos enseñó, sin embargo, que si bien el diagrama institucional y su especificidad según cada servicio, determinan, a partir de cierta “cultura inter e intrainstitucional”, un perfil de funcionario (sea éste hombre, mujer, mapuche o no mapuche), se ven alterados o invertidos (según cada caso) y no alcanzan a dar cuenta de la heterogeneidad de interacciones entre agentes. Ello puesto que la influencia del personalismo en las relaciones tanto horizontales (entre funcionarios) como verticales (entre funcionarios y beneficiarios). Veremos que esto es también aplicable a la agencia mapuche. Este régimen personalista vuelve difusa la distinción entre los agentes (considerados como entidades previamente constituidas) y el espacio de interacción al que concurren, donde se encuentran, interactúan y transforman mutuamente. Una expresión de un funcionario de la UEZ-Orígenes sirve para comprender los alcances de este esquema: “yo no trabajo con la Intendencia, trabajo con el intendente”. Dicho esto, la tipología que organizamos aquí arranca de una primera diferenciación, a la vez generacional y operativa, que distingue a los antiguos funcionarios arraigados en el patrón asistencialista de intervención, es decir, un tipo de relación paternal y una visión pesimista del beneficiario mapuche, de un grupo de jóvenes profesionales en expansión que trabajan con la autogestión como horizonte, esto es, un vínculo más participativo, menos vertical y jerárquico, con el ahora “usuario” indígena. A esta distinción inicial debemos, sin embargo, superponer otra derivada del ingreso del paradigma culturalista a la agencia estatal. No sólo ha habido un incremento en el número de funcionarios mapuches en cargos de responsabilidad y en la toma de decisiones, sino en gran parte de los funcionarios no indígenas, el discurso de la diferencia a cuajado, al menos como noción de “dos mundos”. Esta dicotomía cultural instalada en el seno de los servicios públicos que trabajan con población indígena, ofrece al menos tres perfiles de agente, desde aquél que concibe una diferencia étnica aunque siquiera sospeche su sentido, hasta el funcionario subversivo o anti-funcionario que, pese a trabajar para el Estado, rechaza la forma en que este concibe lo mapuche y conduce sus políticas. Un tipo intermedio describe a aquél que se ha interiorizado en el “mundo indígena” y, si bien reconoce las carencias del modelo intercultural actual, comulga con gran parte del trabajo estatal (“su” trabajo, al fin y al cabo). Estos perfiles atraviesan a los agentes estatales mapuche y no mapuche, sin ser exclusivo de uno u otro. El agente indígena San Juan de la Costa y Panguipulli destacan por el gran número de organizaciones mapuche que albergan. Sólo remitiéndonos a las estadísticas de CONADI (es decir, Asociaciones y Comunidades, sin contar los sindicatos o empresas colectivas), suman un total de 257. Estamos hablando de 6.639


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socios con sus respectivas familias, según las últimas actualizaciones de CONADI, lo que da una idea de la gran cantidad de población que pretendemos tipificar. Cabe diferenciar a Panguipulli y San Juan de la Costa según los entramados en que se constituyen y ubican las respectivas agencias. Ambos territorios comparten historias de violencia más o menos recientes que conservan aún las huellas de la discriminación en la vida cotidiana. Coinciden también en la distribución geográfica de sus poblaciones, con periferias marcadas respecto a los centros urbanos, pese a que en el caso de S.J. de la Costa podríamos hablar de una periferia más profunda puesto que el centro urbano pertenece a otra comuna (Osorno). Se repite un tipo de distribución que ha significado un acceso desigual a las instituciones públicas con el consiguiente reconocimiento diferencial de comuneros y dirigentes (se advierten relaciones distintas cuando los sujetos son conocidos, es decir, con contacto institucional fluido). Existen además en ambas comunas periferias políticas (que en el caso de Panguipulli se traslapan con las geográficas) lo cual implica un régimen de visibilidad entre los agentes indígenas que favorece las desigualdades de poder internas1. Ahora bien, la agencia indígena de Panguipulli presenta características organizacionales diferentes a las de S.J. de la Costa. Probablemente ligado a las vinculaciones de cierta élite dirigencial con las organizaciones de Temuco, en Panguipulli se observa una dinámica política interna más intensa, con importantes conflictos entre viejos y nuevos líderes, entre estos entre sí y entre dirigentes y bases, todo lo cual repercute en los vínculos con las instituciones. Lo anterior difiere notablemente de la realidad en S.J. de la Costa, donde la mayor parte de la organización está sujeta a estas instituciones, pues se ha constituido a su alero. De ahí que la interacción asuma otra forma. Sin embargo, y contra lo que podría suponerse, en Panguipulli es mayor la dispersión organizacional, aunque más fuertes los liderazgos, mientras que en S.J. de la Costa las organizaciones son –relativamente– más estables, no obstante sus líderes aún no alcanzan posiciones de interlocución fuertes como sucede en Panguipulli. Podría definirse un tipo predominante de acción indígena en S.J. de la Costa como “cultural”, es decir, donde los agentes negocian una profundización de las políticas indigenistas, que en consideración de su alteridad, se traduzcan en inversión y desarrollo. Su expresión interna es el dilema tradición / modernidad. En cambio en Panguipulli, si bien el tipo cultural tiene presencia, posee un carácter “político” marcado, es decir, en las relaciones entre los distintos agentes predomina la disputa por mayores cuotas de poder. Los dos tipos –el cultural y el político– se entrecruzan también con un tipo más general aún presente en ambas comunas: el desarrollista. Los discursos y prácticas en torno al desarrollo (aunque no existan todavía criterios compartidos respecto al camino y sentido de este proceso) son hoy quizás las más comunes para un amplio sector de población campesina, indígena y no indígena. Con grados de tensión y efectividad dispares, estos perfiles se componen de bases clientelares, semi clientelares o bien de relaciones horizontales. En general, cuanto más político2 es el perfil al

1 Las comunidades seleccionadas por el Programa Orígenes, cuyos dirigentes resultan ser los más “conocidos” por la autoridad, reproducen este mapa político. 2 Incluimos aquí a la “cultura” cuando ésta es motivo de disputas políticas. Tal es el caso de gran parte de las “demandas culturales” de los pueblos indígenas actualmente: una lucha de poderes que busca el


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que responde un determinado agente, mayores posibilidades tenemos de encontrar allí relaciones clientelares clásicas (“favores a cambio de lealtad”). Como dijimos más arriba, con el ingreso del paradigma neo-desarrollista, y su brazo proyectológico, se habría producido un tránsito hacia relaciones semiclientelares (intermediación y negociación) que favorecerían el empoderamiento de ciertas élites mediadoras (los brokers) cuyo poder, sin embargo, no estaría garantizado más que a condición de renovar constantemente su apoyo en las bases. Bajo estas distinciones, diremos que las formas semiclientelares se encuentran más desarrolladas en Panguipulli que en S.J. de la Costa donde las encontramos en una fase inicial. En cambio, en S.J. de la Costa se conservan todavía las relaciones tanto horizontales como las clientelares clásicas. Finalmente, a los tipos esbozados habría que incorporar una última dimensión: las formas de acción de los agentes mapuche-huilliches se actualizan ante un determinado público (que en ocasiones son los propios actores) en una circunstancia específica de interacción. En otros términos, su actualización depende de la continua capacidad de los agentes de representar la diferencia étnica, de representarse a sí mismos como étnicamente distintos, ante públicos diversos. En síntesis, este esquema ejemplifica el rango en el que fluctúan no sólo las posiciones de las élites políticas, insistimos, cuya relación al poder podría confundirnos, sino cualquier agente que entre en interacción. Ésta comprende en sí, e independiente de la institución y los agentes que involucre, un juego de reconocimientos mutuos. La interacción en escenas Los agentes, sus posiciones y sus relaciones se actualizan o transforman en diversos escenarios interaccionales. Éstos reúnen un conjunto de circunstancias que, en tanto condiciones de producción de la interacción, constituyen su infraestructura. Distinguimos en este nivel tres dimensiones: a) Convocatoria: La convocatoria a un encuentro (entendido como cualquier reunión de agentes, independiente del lugar y concurrencia que se trate) surge la mayor parte de las veces del agente indígena. Sólo en casos excepcionales tales como la presentación de alguna institución proyecto o programa, aviso de alguna información urgente, entrega de algún beneficio o la necesidad de presencia indígena para ciertos eventos institucionales, sucede al revés. En cambio, los motivos por los que el agente indígena solicita la presencia de, o se desplaza hacia, un funcionario-institución varían notablemente según el sector (desde posicionar demandas hasta la mera búsqueda de, pasando por beneficios, negociaciones / acuerdos, reclamos y trámites personales). b) Fechas: en ciertos períodos se acumulan un mayor número de interacciones en relación a una estructura programática. Tales períodos se acoplan, en general y de manera creciente (en desmedro de la acción rutinaria), a la lógica de los proyectos, a su temporalidad , su metodología (cronogramas precisos de trabajo) y sus metas. Se trata principalmente de los períodos de postulación, iniciación y cierre de proyectos.

reconocimiento de formas tradicionales de vida, formas que son a la vez motivo de discusiones internas ante la invasión de prácticas “no tradicionales” en el seno de “la” tradición.


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c) Lugares: el mayor número de interacciones se da en contextos urbanos (oficinas, ventanillas o mesones de edificios públicos) e implica el desplazamiento del agente indígena desde las comunidades hasta los centros comunales. Esto último favorece la interacción preferencial de las directivas de comunidades y asociaciones. Sólo ocasionalmente se dan interacciones descentralizadas (de preferencia en la sede comunitaria, la “parcela demostrativa” junto al técnico) o fuera del circuito de líderes locales (la visita al hogar del asistente social o el médico), aunque en los casos de interacción rutinaria local (Salud, Educación) el esquema se invierte. Últimamente la expansión de la tecnología comunicacional (telefonía celular e internet) ha favorecido el aumento de las interacciones no presenciales y transformado en gran medida su relación temporo-espacial (la velocidad y el “no-lugar” de una conversación teléfónica o un mail) . Una vez descritos los elementos espaciales es preciso organizar los contenidos de la interacción. Según cuatro criterios-marco surgen cuatro grupos interaccionales no exclusivos ni excluyentes entre sí, que presentan, sin embargo, una relativa regularidad en su ocurrencia. a) Generacional: enfrenta tanto a agentes estatales modernos v/s tradicionales o asistencialistas v/s autogestores pero también se aplica a la relación entre los lonkos y los nuevos dirigentes. Creemos, en este último caso, que la diferencia generacional, como grupo de interacciones, no se limita a la dirigencia mapuche sino que, en tanto diferencia de poderes, es pertinente para entender la vinculación de los nuevos y antiguos funcionarios con los nuevos y antiguos beneficiarios. b) Étnico: son aquellas interacciones cuyo motivo gira en torno al propio marco que las hace posibles, esto es, lo mapuche en sus diversas manifestaciones. La forma que asume el tópico étnico es también amplio y se expresa igualmente en ambas comunas: desde la Salud hasta la Tierra, desde la Educación hasta el Medioambiente. De preferencia, diremos que el grupo de interacciones étnicas se presenta bajo la forma de reuniones ampliadas, con participación de agentes estatales e indígenas diversos en número y jerarquía, en general, al alero de CONADI, el Programa Orígenes y / o las instituciones articuladas a ambas. c) Clientelar y / o personalista: en las relaciones clientelares prima un tipo de relación asimétrica donde se reproduce el fenómeno extendido de “favores a cambio de lealtad”. Se trata de una forma conocida y aceptada de interacción entre los agentes huilliches, especialmente en las capas con menor contacto institucional. Sin embargo, hemos dicho, el clientelismo ha sufrido una derivación en formas semiclientelares con la emergencia, por una parte, de las consultoras y la lógica del proyecto, y por otra, aunque íntimamente ligada a lo anterior, de la figura del broker o intermediario. Esta intermediación si bien equilibra en parte la asimetría política, refuerza, por otra parte, el peso (histórico) del personalismo en la interacción “inter” e “intra” étnica –de los liderazgos carismáticos, de las relaciones basadas en la confianza, de los modos de presentación de los agentes–, y con ello de su determinación escénica. d) Rutinarias: son aquellas interacciones asociadas a oficinas, mesones de atención, salas de espera, aulas, consultorios, etc., aunque también a las reuniones técnicas de bajada o recolección de información. Entran aquí todos los agentes estatales no abocados específicamente a lo indígena (INP, Registro Civil, aunque también la plana más antigua de INDAP o CONAF). El contenido de las interacciones tiene que ver con trámites burocráticos tales como el relleno de formularios o la respuesta a una encuesta. Por ello, por la aparente “naturalidad del proceso” que lleva adjunta, este


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tipo de interacciones carece de muchos diálogos y tiende a ser instructiva. Es el campo donde aún persisten los prejuicios y donde la dicotomía cultural institucional, o etnificación de los agentes estatales, aún no penetra consistentemente. Junto con una tendencia preferentemente asistencialista, en las interacciones rutinarias se da asimismo una mayor asimetría de posiciones, en la medida en que el control de la escena está del lado del agente estatal en posesión del know how de los procedimientos.


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II. INFORME FINAL VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

Informe regional redactado por Alejandro Clavería


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Presentación

La necesidad de determinar con grados suficientes de certeza el efecto y recepción que está teniendo la programación que el Estado está direccionando hacia los sujetos mapuches, a partir del reconocimiento a su condición cultural específica, deriva en esfuerzos por precisar la incidencia que en este proceso tienen aspectos que podrían aparecer más alejados de las prioridades que en principio apremian a los diversos programas y proyectos de inversión y desarrollo dirigidos hacia la población mapuche. El juego de percepciones y conductas entre los agentes públicos y los agentes mapuches, de cara al espacio de interacción que los conjuga es uno de tales aspectos. Éste determina y caracteriza en buena medida las relaciones que en el marco de la citada programación deben establecer, ostentando en consecuencia una capacidad demarcadora relevante en las interpretaciones que los sujetos involucrados en dicha interacción hacen tanto de sus propias posiciones relativas, como del marco programático que los involucra. Este marco se asume, por una parte, tanto como la expresión actual de una relación histórica entre el Estado y el Pueblo Mapuche, encarnada en sus respectivos agentes --relación caracterizada por el desconocimiento y la desconfianza mutua-- y, por otra, como un esfuerzo conciente por superar cualitativamente dichas brechas en la dirección de entablar un nuevo trato, se supone igualitario, en el que los actores mapuches tenderían a ser concebidos (y autoconcebirse) como usuarios concientes de los servicios estatales en provecho de sus propios procesos de autogestión, característica, esta última, atribuible al empeño etnificador de la actual programación estatal. Ciertas problematizaciones de estos supuestos se vislumbran en el propio campo de las interacciones agentes estatales-agentes indígenas, de sus conductas y percepciones mutuas, a saber, qué tanto desconocimiento ha existido entre ambos mundos y agentes. O si más bien no se ha ido produciendo, sedimentándose al fragor de la relación histórica, un conocimiento apropiado, discreto, pertinente al espacio de interacción agentes estatales-agentes mapuches, que desde estos últimos podríamos considerar como la potenciación rescilente de su condición de sujetos interculturales a la fuerza, expresada en la elaboración de una condición étnica (distinta por ejemplo a una conciencia étnica) adecuada a la comparecencia al espacio interacción; y, ligado a lo anterior, qué tan pertinente es ese mismo espacio interacción (con su carga histórica) para avanzar en los propósitos que el énfasis etnificante le ha impuesto a la actual programación estatal, la que buscaría impulsar procesos que se relacionan con aspectos vinculados a la conciencia étnica de los sujetos mapuches, pero en un diálogo permanente con una condición étnica ad hoc al espacio interacción. Esta condición étnica (que la programación estatal, al reconocerla, ayudaría a generar, a potenciar), podríamos decir que se ancla en la referencia a una identidad étnico-cultural mapuche, para desde ahí encarar a los agentes estatales desde otras dimensiones, por ejemplo desde la dimensión de la carencia-pobreza. Para abordar el estudio-diagnóstico de esta realidad en la VIII Región, nos focalizamos en tres comunas en las que se concentra la población mapuche y, en consecuencia se concentran los programas estatales direccionados hacia ella. Estas comunas son Cañete y Tirúa en la Provincia de Arauco, y la recién creada comuna de Alto Bio Bío, en la Provincia de Bio Bío. La pesquisa de esta situación se asentó en un exhaustivo trabajo de terreno que implicó la entrevista a un número


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creemos considerable de actores, tanto funcionarios públicos como agentes mapuches, con una preponderancia en este último caso de dirigentes comunitarios y supracomunitarios, como así también la observación de sus patrones de percepción y conducta a través de nuestra comparecencia a un número relevante de eventos y situaciones de interacción entre ambos tipos de agentes. Desde la consideración de algunas de las características relevantes de la programación étnica estatal a nivel de las instituciones públicas, y su conjugación con particularidades regionales (así como los grados de variabilidad que se marcan entre las situaciones de la Provincia de Arauco y la de Alto Bio Bío); la forma en que este marco se pormenoriza en las personas de diversos funcionarios públicos; la recepción de los sujetos mapuches a la apelación estatal desde el reconocimiento de su especificidad cultural; los diversos posicionamientos frente a las agencias estatales que de dicha recepción se derivan; la forma en que estos posicionamientos se expresan en las relaciones con las personas de los funcionarios, hasta divisar las posibilidades de confluencia o inadecuación entre las expectativas y valoraciones de ambas clases de agentes, que de todo esto, en la fragua de las interacciones, se van señalando, amén de las insinuaciones que de esto pueden establecerse de cara a aspectos que escapan al campo mismo de las interacciones, este informe irá circunstanciando la problemática que se manifiesta en el (y a propósito del) espacio de la interacción entre agentes públicos y agentes mapuches de la región, procurando conformar una visión que ayude a una mejor comprensión de tal espacio. 1. LA POBLACIÓN MAPUCHE REGIONAL Y EN LAS TRES COMUNAS CONSIDERADAS,

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Según el censo de 2002 la población mapuche de la VIII Región alcanza a 53.104 personas, lo que representa el 2,86 % de la población regional (1.859.546). Este solo dato refleja el peso marginal que la realidad mapuche tiene en la región. Esta situación tiene un correlato en la distribución geográfica de esta población, la que aparece bajo las características de enclaves, concentrándose principalmente en dos zonas periféricas, en dos rincones del mapa regional (y alejadas de los principales centros de decisión política), en la Provincia de Arauco, principalmente en el sector sur, llamado también el “cono sur”, y que comprende a las comunas de Cañete, Tirúa y Contulmo, y en la zona cordillerana denominada Alto Bio Bío, que corresponde a la jurisdicción que abarca la recientemente creada comuna del mismo nombre, en la Provincia de Bio Bío, ámbitos y espacios históricos de los lafkenches en el primer caso y de los pehuenches en el segundo3. Esta misma distribución quizás sirva como parábola de la histórica situación social desmejorada de la población mapuche regional. Tradicionalmente asimilada al campesinado regional, esta población

3 Existe además una porción relativamente significativa de población mapuche en las comunas de Lebu (3.164 de un total comunal de 25.013 habitantes) y en Los Alamos (2.429 de un total comunal de 18.535 habitantes), ambas en la Provincia de Arauco).


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ha enfrentado constantes problemas de acceso y de tenencia-propiedad de la tierra4, lo que se ha visto agravado por el aumento demográfico, que derivó en una temprana busqueda de trabajo asalariado en los fundos de la zona (en el caso de Arauco) y en un movimiento migratorio de los elementos más jóvenes, tanto a las faenas de extracción de carbón (nuevamente en Arauco) como a centros urbanos regionales o a la capital. Actualmente las huellas de este movimiento aún pueden percibirse en la asaliarización y temporización de hombres jóvenes mapuches en las faenas forestales (Arauco), o en la salida periódica y transhumante de pehuenches a faenas agrícolas y forestales tanto en la misma región, como en las que están ubicadas más al norte. Situados como campesinos con poco tierra, o ganaderos menores en el caso de las comunidades pehuenches (y pescadores recolectores de orilla en el caso de varias comunidades costeras de Arauco), con una baja escolaridad aún persistente, su vinculación con las agencias públicas ha estado marcada, aún hoy, por el signo de la reparación y solución de necesidades sociales y económicas básicas, marcando en algunas zonas la persistencia de una relación paternalista con un Estado asistencialista, como en Alto Bio Bío, donde los directivos comunales señalan que la población pehuenche “no tiene salarios”, y que los ingresos provienen fundamentalmente de subsidios estatales (el “subsidio familiar” y la pensión asistencial). La superación de esta situación es una idea dominante que está presente tanto en las agencias públicas, como en los representantes y organizaciones mapuches (algunos de ellos imbricados con administraciones municipales: Tirúa y Alto Bio Bío). Más allá de la fuerza discursiva de esta idea, pareciera que esfuerzos concretos, como las compras de tierras de CONADI, unidos a ciertas vinculaciones virtuosas con circuítos de la economía regional, están marcando algunos despuntes de reversión o superación de la situación descrita, lo que se marca en fenómenos y lugares acotados, como el retorno a las comunidades de jóvenes emigrados, en Tirúa Sur por ejemplo (vinculado a una mayor disponibilidad de tierra). Por otra parte, la emergencia de un acotado estamento de jóvenes profesionales mapuches (particularmente en Arauco), y que están copando puestos laborales en las instituciones y programas que dirigen su accionar hacia la población mapuche, señala otra vía de superación de la tradicional condición de desmejoría social. Además de su conformación en comunidades y asociaciones indígenas al alero de la ley indígena de 1993, el perfil organizacional de esta población puede establecerse hoy como el resultado de un desplazamiento desde una organicidad vinculada o derivada a organizaciones o movimientos mapuches de alcance y pretensiones de representación generales, que tenían su centro operativo y representativo en la novena región, y que fue una de las características de las manifestaciones organizacionales durante el siglo XX, hacia el surgimiento (desde mediados de la década de los noventa), predominio y podríamos decir actual “estancamiento” de referentes anclados en la realidad regional. Este situación la podríamos graficar en el paso desde organizaciones como Ad-Mapu y los Centros Culturales5 de los ochentas, al movimiento Identidad Lafkenche, que emergió con fuerza en el segundo lustro de los noventas.

4 Hay que recordar que el ingreso de esta población a la vida reduccional, a principios del siglo XX, fue muy parcial, y que algunos de los títulos de merced entregados en Arauco están entre los más reducidos de todo el proceso de radicación. 5 Algunas voces regionales le otorgan a los Centros Culturales un origen e idiosincracia más bien regional (Arauco), por sobre una variante organizativa de un referente con cabeza en la IX Región.


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Con todo, la vinculación o articulación entre manifestaciones organizativas mapuches regionales y extraregionales (aquí, el referente principal sigue siendo la IX Región) ha seguido presentándose, lo que se evidencia, por ejemplo, en el accionar en Alto Bio Bío (no así en Arauco) de una organización con sede en Temuco como el Consejo de Todas las Tierras, esto fundamentalmente entre 2000-2004; y en la emergencia de un referente derivado de Identidad Lafkenche, la Coordinadora Arauco Malleco, que, como su nombre lo indica ha surgido con una pretensión de coordinación entre comunidades de la VIII y IX regiones, dentro de una estrategia más radicalizada de demanda territorial con una perspectiva autonómica que se perfila claramente enfrentada al Estado Nacional. Volviendo a la dimensión de la asociatividad vinculada a la ordenanza jurídica de la ley indígena, cabe anotar la gran variabilidad de asociaciones funcionales vinculadas a diversos ámbitos y quehaceres productivos, tanto urbanas como rurales (artesanía -que agrupa a la mayoría de las organizaciones femeninas mapuches-, turísticas, de pesca y recolección, agrícolas), junto a asociaciones un poco más inclusivas que mezclan este perfil funcional con uno más territorial, lo que se traduce en que se asientan en una base supracomunitaria que integra una amplia gama de intereses productivos, pero articulados en una representación y vocería que se perfila, o pretende establecerse, en las coordenadas de la autogestión y de un diálogo más general con las agencias públicas. Algunas de las organizaciones territoriales más destacadas son la Asociación Pu Lafkenche (10 comunidades de Tirúa Sur), la Rayinche Leubu Lafken (9 comunidades tiruanas ribereñas del Lago Lleu Lleu), la Asociación Provincial Lautaro (11 comunidades principalmente de Cañete), y la Asociación de Lonkos y Comunidades Pehuenches de Alto Bío Bío (11 comunidades y 34 dirigentes y lonkos). Junto con apuntar los problemas de representación que suelen presentar estas organizaciones, es importante notar que su interlocución frente a las agencias públicas en muchos casos se ha formalizado a través de la utilización de los espacios que la institucionalidad pública ha abierto en su programación especialmente dirigida hacia la población mapuche. Así, el Comité Provincial de Salud Intercultural de Arauco, dialoga con estas organizaciones en el marco de una Mesa de carácter participativo y resolutivo, en la que están presentes, además de tales organizaciones territoriales, representantes de otros territorios (Contulmo Alto, Cayucupil y Antiquina en Cañete, por ejemplo) que ejercen una vocería supracomunitaria de su territorio que aún no se ha formalizado a nivel de Asociación Territorial. Por otra parte, muchos de estos mismos representantes interlocutan con el resto del aparateje público (Intendencia, Gobernaciones, Programa Orígenes, CONADI), con un grado de fluídez aceptable, lo que no indica por cierto la ausencia de conflictos. Esta imagen de confluencia en torno a los espacios generados por las agencias públicas hacia los mapuches, señala un cierto grado de procesamiento de un nivel de la demanda mapuche asociado particularmente a las dimensiones productivas, lo que siempre se efectúa bajo la plataforma discursiva de la profundización de la participación de los sujetos mapuches, punto tematizado a estas alturas tanto por ellos mismos como por la agencia pública como una de sus principales demandas. Sin embargo las demandas de los colectivos mapuches vinculadas el ámbito productivo (y que en su presentación, nuevamente, tanto por parte de los actores colectivos mapuches como por la agencia pública, se asocia a dimensiones culturales y religiosas de una identidad cultural tradicional) no siempre son adecuadamente procesadas a través de la interlocución con la agencia pública. En esto incide determinantemente la falta de intersectorialidad de las políticas y programación estatal dirigida hacia la población mapuche.


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Esto puede llegar a traducirse en fuertes conflictos, como el producido en torno a la otorgación y administración de las áreas de manejo de pesca y recolección de orilla establecidas por la ley de pesca de 1992. En este caso se han generado agudos conflictos entre comunidades costeras a lo largo de la provincia de Arauco, y, sobretodo, entre algunas de éstas y sindicatos de pescadores, y aún entre todos estos actores colectivos con SERNAPESCA, la entidad pública destinada a fiscalizar el cumplimiento de dicha ley. Algo similar ocurre frente la demanda mapuche más tradicional, la ampliación de tierras, o recuperación de espacios territoriales, también por cierto presente en el planteamiento de los colectivos y organizaciones mapuches de la región. El procesamiento del Estado de esta demanda a través de CONADI --que, con su Fondo de Tierras y Aguas dedica la principalísima parte de su presupuesto a las compras de tierra para comunidades y familias mapuches--, genera como efecto añadido una serie de cuestionamientos de parte de los actores mapuches, que recaen en los criterios de priorización y selección, los procedimientos, y algunos daños colaterales que las compras generarían incluso a los mismos beneficiarios. El desborde de parte de algunas organizaciones mapuches del procesamiento estatal de la demanda de recuperación de tierras, ha generado conflictos puntuales pero intensos6 en algunas zonas de Tirúa Sur, o Lleu Lleu en Arauco, o conflictos más sistemáticos y abarcadores como el que se vivió entre 2000-2004 en algunas comunidades pehuenches asociado al accionar del Consejo de Todas las Tierras en Alto Bio Bío. Según el censo de 2002, la población mapuche en las comunas estudiadas corresponde al 20% en el caso de Cañete (6.511 mapuches de un total de 31.463) y de 49% en el caso de Tirúa (4.625 mapuches de un total de 9.646). Para el caso de la nueva comuna de Alto Bio Bío las cifras del censo nos presentan la dificultad de que en 2002 no existía esta comuna, por lo cual los datos aparecen en relación a la comuna madre de Santa Bárbara, indicando que de un total de 19.262 habitantes de esa comuna, 2.474 son mapuches, y se infiere que éstos últimos corresponden a la población pehuenche de Alto Bio Bío, que entonces pertenecía a dicha comuna; esta cifra aparece como notoriamente inferior a la que nos entregaron diversos funcionarios, tanto sectoriales como municipales, que sitúan la población de la nueva comuna en cerca de 7.000 personas, de las cuales 5.000 serían pehuenches. Una característica relevante es que dos de estas comunas están comandadas por alcaldes mapuches, en el caso de Tirúa por Adolfo Millabur (en ese puesto desde 1996), y en el de la flamante comuna de Alto Bio Bío, por el dirigente pehuenche Félix Vita Manquepi. Según los registros de cada una de estas municipalidades, la cantidad de comunidades y asociaciones indígenas existentes en cada una de ellas es la siguiente: Cañete: 50 comunidades y 23 asociaciones (destacando entre estas últimas una considerable proporción de asociaciones urbanas); Tirúa: 35 comunidades y 18 asociaciones indígenas; y Alto Bio Bío con 11 comunidades y una asociación (la Asociación de Lonkos y Comunidades Pehuenches, que agrupa a las 11 comunidades). Para entregar un boceto que contextualice esta información, haremos una comparación entre las situaciones y algunas de las características de la vida organizacional y el liderazgo mapuche que se presenta en Cañete y Tirúa (agrupadas bajo la denominación de Arauco), por una parte, y en Alto Bio Bío (ABB) por otra.

6 Desde otra perspectiva esos desbordes son la expresión, una consecuencia, visible hoy día, del conflicto basal, asociado a la deuda histórica.


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La diversidad del perfil organizacional que se presenta entre estos territorios marca un contraste claro entre la situación existente en Cañete y Tirúa y la de ABB. A causa del mayor desarrollo histórico, comparativamente hablando, del movimiento organizacional mapuche en la Provincia de Arauco, vinculado primeramente a una mayor conexión con movimientos políticos y reivindicativos de alcances más nacionales (una temprana vinculación, nítida desde la década de 1940,.de las organizaciones mapuches con los movimientos políticos nacionales, a través del influjo de la fuerte cultura sindical de la cercana cuenca carbonífera, lo que en las décadas del 1960-70 se imbricó con el agudo perfilamiento de la demanda campesina presionando por la concreción de la reforma agraria, proceso éste último que dejó su marca en las comunidades mapuches hasta la zona del Lago Lleu Lleu y Tranaquepe (en lo que hoy se denomina Tirúa Norte). Todo lo que llevó al surgimiento de un estrato de dirigentes mapuches vinculados a los partidos de izquierda tradicional -principalmente el comunista y socialista- que señaló claramente la fisonomía de las organizaciones mapuches hasta los discontínuos pero notorios actos de protesta contra la dictadura militar en la década del 80, y que, podríamos decir, tuvo su canto del cisne en su confluencia en las propuestas que se recogieron en el Pacto de Nueva Imperial, y en los primeros años de marcha de la nueva ley indígena y de la CONADI. Cuadro que desde la década del 90 se ha ligado al surgimiento y perfilamiento, con foco primordialmente en el hasta entonces periférico (políticamente hablando) territorio tiruano, de un movimiento mapuche que se alejaba de la izquierda tradicional para abrazar un discurso autonomista mapuche conectado con los impulsos y debates del movimiento indígena internacional, y que tuvo en el movimiento Identidad Lafkenche su principal referente (junto hay que decir, al vástago más redicalizado de ese movimiento, la Coordinadora Arauco Malleco), y en su lider, el actual alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, a su máxima figura. Por todo ello decimos, las características de la organización y liderazgo mapuche en Arauco difieren claramente de las del mundo pehuenche. La mayor tradición de asociatividad supracomunitaria araucana, vinculado además al manejo de contenidos y demandas que exceden el ámbito estrictamente comunitario, y aún mapuche, ha posibilitado la conformación de un panorama dirigencial que se estructura en un gradiente de niveles que asciende desde el dirigente comunitario de base, pasando por los líderes de organizaciones supracomunitarias o territoriales, hasta llegar a aquellos dirigentes (con mayor o menor peso histórico) que ostentan una representación (precaria en muchos casos), que no descansa en el ejercicio directo de contacto con las bases, tal como tradicionalmente se entiende este tipo de ejercicio representativo, sino más bien en una alusión oblicua, velada, sugerida, implicada, a una potencial comunión de voluntades (y de redes de contacto) que se pretende referida por el sólo accionar del dirigente. Estamos hablando de aquellos dirigentes a los que les cabe el calificativo de mediadores, brookers, o más tradicionalmente de operadores políticos. Los escenarios típicos de acción de éstos últimos (y de socialización e incrementación de contactos y traspaso de infornación) son por una parte lo que podríamos calificar de “clubes”, o escuelas políticas, círculos de relación de varios de este tipo de dirigentes, en algunos de los cuales participan funcionarios públicos mapuches (y en otros, agentes vinculados al alcalde de Tirúa, con vinculaciones a movimientos o agrupaciones similares de otras regiones), y, por otra, la interpelación e interlocución ante las agencias públicas. Pensamos que este estrato dirigencial se ha desarrollado en Arauco gracias a los antecendentes históricos que hemos resumido, y es uno de los elementos cooperantes a que en la agenda mapuche de Arauco, junto a las demandas y requerimientos de base comunitaria e intercomunitaria, se haga presente una articulación discursiva que apela a contenidos más globales e inclusivos (mayor o menormente relacionados con el discurso autonómico mapuche).


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El dirigente mediador ostenta un alto grado de independencia con respecto a la vida organizacional, su accionar inmediato y cotidiano no está determinado por la vida orgánica de comunidades y asociaciones, y en algunos casos podría decirse que las asociaciones son en realidad los dirigentes mismos. Pero no todo se reduce a esta fantasmagoría directiva. En los dos primeros niveles, los dirigentes comunitarios y los supracomunitarios o territoriales, existe una genuina, pero no por ello menos problemática, conexión con la vida organizacional de sus propias colectivos y con el resto de las organizaciones. Si bien, en general, esta dirigencia acusa una precaria línea de flotación en lo que se refiere a la representatividad que sustenta su posición (algo común pensamos a la generalidad de las organizaciones mapuches), han logrado construir y mantener una posición de contraparte frente a la agencia pública en los mismos escenarios que ésta ha abierto en su oferta de participación hacia los mapuches (en las vocerías territoriales de comunidades frente al Programa Orígenes, en el Comité Provincial de Salud, también con representantes territoriales que agrupan a varias comunidades, y cuyos representantes en algunos casos son los mismos que interlocutan ante Orígenes, por ejemplo). Todo lo que se ha logrado, a pesar del alto grado de dispersión que presentan las organizaciones mapuches (los recurrentes quiebres internos por ejemplo, asociados a conflictos de liderazgo). La ausencia del tercer tipo de dirigente que acabamos de presentar, el mediador u operador político, es una de las características que resalta al comparar Alto Bio Bío con Arauco (Cañete y Tirúa). Entre las once comunidades en que se distribuye la población pehuenche de ABB (comunidades que por lo demás poseen un arraigado sentido de pertenencia, y aún podría decirse de identidad, lo que las lleva a diferenciarse nítidamante entre ellas), predominan los dirigentes comunitarios, resaltando el papel activo que como dirigentes juegan los lonkos (algunos de ellos muy jóvenes, 43 años por ejemplo), emergiendo como figuras en las que se ha condensado una suerte de traslapación entre el rol tradicional del lonko y el del nuevo dirigente, marcando un nuevo contraste con Arauco, donde los lonkos aparecen en su rol más tradicional, y desplazados frente a los agentes externos, incluídos los agentes públicos, por la figura preponderante de los dirigentes (en todos sus niveles). El mayor grado de aislamiento en que se ha desenvuelto la vida organizacional pehuenche, en comparación a la realidad lafkenche, lo que se refleja en el extendido manejo del chedungun que todavía existe entre sus habitantes, explica estas características. Sin embargo, la zona está sometida desde hace poco más de una década a cambios traumáticos; las consecuencias, aún no del todo claras, asociadas al proceso de construcciones de las centrales Pangue y Ralco, como la creación del ADI (y la masiva llegada de programas de desarrollo y asistencia públicos), el arribo compensatorio de los programas de la Fundación Pehuén, y la abundante presencia de miembros de organizaciones de diverso tipo que llegaron a la zona para oponerse a la construcción de las centrales (destacando entre ellas, por las consecuencias que aún registra su presencia en ABB, el Consejo de Todas las Tierras), se están conjugando con el relativo aislamiento en que se desenvolvían las organizaciones y liderazgo pehuenches. Uno de los aspectos más notorios, resaltado reiteradamente por muchos funcionarios de diversas agencias públicas, es el relativo “retraso” del panorama organizacional pehuenche al compararlo con el de Arauco. Acusándose el predominio de una dirigencia que vehicula preferentemente demandas de alcance comunitario, y aún familiares, y que no logra integrarse en una serie de demandas agregadas. Por otra parte los dos intentos de agrupación supracomunitaria más relevantes que se


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han registrado en la zona en el último tiempo no han logrado conformarse como contraparte estructurada de las comunidades. El Consejo de Lonkos, asociado al Consejo de Todas las Tierras, se encuentra desactivado, y por lo demás nunca logró erigirse como referente inclusivo de una mayoría del mundo pehuenche en razón de la polarización que generó el accionar de su organización matriz, el Consejo de Todas las Tierras; por otra parte, la actual Asociación de Lonkos y Comunidades, surgida como reacción al Consejo, y que sirvió de plataforma dirigencial para el actual alcalde Félix Vita (por lo que muchos la consideran una organización funcional a su actual desempeño edilicio), presenta hoy notorios problemas de representación y de funcionamiento. 2.. EL ESTADO Y SU INSTITUCIONALIDAD REGIONAL Y COMUNAL RESPECTO A LA POBLACIÓN MAPUCHE La institucionalidad pública regional dirigida específicamente hacia la población mapuche aparece concentrada en las agencias y programas que vieron la luz bajo el régimen inaugurado por la ley indígena 19.253, a saber, CONADI y el Programa Orígenes. La Corporación, que tiene su sede regional en la ciudad de Cañete, cuenta con 23 funcionarios, de los cuales 17 son mapuches. Como en el resto del país su accionar se divide en tres unidades: de Tierras y Aguas, Desarrollo, y Cultura y Educación. La Unidad de Tierras concentra la mayor parte de la inversión que la Corporación realiza en programas y proyectos, llevándose poco más del 95% del presupuesto 2005 del capitulo regional de la Corporación (ascendente a 3.443 millones de pesos). La mayor parte del presupuesto de esta Unidad se insume en el subsisio a la compra de tierras, principalmente a través de su mecanismo de “letra a” (compras familiares), y en menor medida a través del dispositivo “letra b” (compras a comunidades en conflictos por recuperación de tierras), y por último en subsidios para obras de riego (nuevamente prioritariamente para familias, y en menor medida para comunidades). La Unidad de Desarrollo implementa dos programas: uno es el denominado Apoyo a la Gestión Social Indígena, a través del cual se desarrollan proyectos que van desde la promoción y fortalecimiento del liderazgo juvenil indígena (en Arauco), la promoción de la ciudadanía y participación de la mujer mapuche (esto en Alto Bio Bío, en coejecutoría con PRODEMU), fortalecimiento de organizaciones mapuches para “la planificación territorial y contraloría social indígena”, hasta el financiamiento de ferias de promoción de bienes y servicios interculturales. El segundo es el denominado Fomento a la Economía Urbana y Rural, que ejecuta proyectos a través de dos fondos concursables: uno es el Programa de Apoyo Predial PAP, en coordinación con INDAP, que contempla la entrega de equipamiento básico (cercos, arados) y apoyo en el apotreramiento para familias beneficiarias con subsidio de tierra (letra A), y el otro es el apoyo a “Emprendedores Mapuches”, operativo sólo en Arauco, y que financia diversas iniciativas productivas familiares (artesanía, turismo, elaboración de productos deshidratados, gastronomía, etc.). La Unidad de Cultura y Educación, realiza acciones de capacitación y especialización de profesores y prefesionales mapuches en la implementación del programa de Educación Intercultural Bilingüe en establecimientos de enseñanza preescolar y básica (esto en coordinación con MINEDUC, INTEGRA y JUNJI), y recientemente ha estructurado, en coordinación con la Universidad de Concepción, una


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Comisión para el Rescate del Chedungun, integrada por diversos dirigentes mapuches tanto de Arauco como de Alto Bio Bío. Además participa en el otorgamiento de becas para estudiantes mapuches de enseñanzas básica, media y superior (que hoy administra JUNAEB), y entrega subsidios a la Residencia Estudiantil para Alumnos Indígenas de Educación Superior, en Concepción. En la región CONADI ha implementado dos Areas de Desarrollo Indígena (ADI), una en Alto Bio Bio, que coincide con el territorio de la nueva comuna, y que agrupa a las 11 comunidades pehuenches de ese territorio, y otra en el Lago Lleu Lleu, en la Provincia de Arauco, que reúne a las comunidades ribereñas de dicho lago, y que se se reparten entre la comuna de Tirúa (Tirúa Norte), Contulmo (“Contulmo Alto”) y Cañete (3 comunidades del deslinde sur de dicha comuna. Con respecto al Programa de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas, u Orígenes, en su primera fase de ejecución (2001-2005), éste se ha implementado o focalizado en 58 comunidades tanto en Arauco (en Tirúa: 27; Contulmo: 13; Cañete: 3, Los Alamos: 3) como en Alto Bio Bío (12 comunidades). Actualmente el programa está entrando en la etapa denominada de interfase, en la cual se intenta superar la forma de intervención comunitaria, mediante la agrupación de un conjunto de comunidades en un territorio, operacionalizado como nuevo eje de focalización. Este cambio se acometió asumiéndose que así se permitirá una mejoría en los resultados de la implementación de los diversos proyectos productivos familiares, de salud y educación intercultural, de fortalecimiento organizacional y comunitario que caracterizan al Programa. Así, están entrando al Programa en esta etapa de interfase 36 comunidades de Cañete (agrupadas en 4 territorios), 8 de Tirúa (agrupadas en el territorio Ponotro-Quidico), 8 de Los Alamos, 7 de Lebu y tres pequeñas comunidades moluches de Mulchén, todas agrupadas en sendos territorios. Asociado al énfasis focalizador que caracteriza a Orígenes y a CONADI (manifestado en la implementación de los ADI), desde estas dos agencias han emanado impulsos de coordinación intersectorial hacia el resto de las agencias públicas para abordar diversas áreas de la programación estatal especialmente direccionada hacia la población mapuche. Igual que en el caso de CONADI, algunos organismos públicos operan como coejecutores del programa Orígenes. INDAP por ejemplo, ha ejecutado diversos servicios de asistencia técnica agropecuaria en las comunidades en que se ha desarrollado el Programa, amén de la construcción de galpones, proyectos de riego, mejoramiento de praderas, bono ganadero (Alto Bio Bío), entre otros proyectos. Por otra parte el Ministerio de Salud, a través de los Servicios de Salud de Arauco y Bio Bío ha articulado, desde 2003, los Comités Provinciales de Salud Intercultural, en los que participan representantes mapuches de los diversos territorios y comunidades y representantes de los servicios públicos relacionados con Salud (hospitales, consultorios, FONASA). En estos Comités, mediante una operativa de resolución participativa de los representantes mapuches, se procesan y generan diversas iniciativas de promoción de la medicina tradicional mapuche y de sus agentes (habilitación de servicios sociales básicos para que atiendan las machis (luz, agua), implementación de un sistema de derivación entre los hospitales y consultorios y los agentes de medicina tradicional mapuche, entre otras). Hay que señalar que el Ministerio de Salud implementa desde 2000 el Programa Salud y Pueblos Indígenas, que ha venido a complementarse con las iniciativas y dinámicas de decisión que se generan en los Comités de Salud Intercultural. De esta manera, en dichos Comités se resuelven la metodología y procedimientos de aplicación de proyectos como el programa denominado FONASA en Mi Comunidad (presencia ambulante en el terreno de las comunidades de diversos especialistas


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médicos, fundamentalmente dentistas y oftalmólogos), e iniciativas como la contratación de asesores culturales mapuches en los consultorios y hospitales de ambos territorios. A su vez el MINEDUC opera como coejecutor de Orígenes en el desarrollo del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, el que se aplica en escuelas de la Provincias de Arauco y Alto Bio Bío. En Arauco se aplica en 40 escuelas, algunas de ellas localizadas en comunidades que no están focalizadas en Orígenes (sólo la escuela está focalizada), y otras en ciudades (como Lebu). Para desarrollar este programa se imparten capacitaciones a los profesores y se procura alcanzar un mayor involucramiento de las comunidades en la planificación y evaluación de dicho programa a través de la contratación de asesores culturales, los cuales son miembros de las comunidades, y se desempeñan en las escuelas apoyando la enseñanza del chedungun y de elementos de la cultura mapuche. Estos asesores son elegidos por las propias comunidades, los directores y profesores de las escuelas no intervienen en su elección. CONAF es otro de los coejecutores de Orígenes, y en ese marco desarrolla tanto proyectos productivos con pino y eucaliptus, como programas de recuperación y manejo de bosque nativo, además de algunos programas de empleo para comuneros, por ejemplo en la habilitación de senderos de penetración (Alto Bio Bío). Los ADI han operado como marco para diversos esfuerzos y compromisos estatales de coordinación e intensificación de inversión pública. Así, nuevamente el MINEDUC y los Servicios de Salud han desarrollado en dichas áreas tanto programas especiales de becas y ampliación de cobertura de enseñanza pre-básica y básica en el primer caso, y ampliación de postas y de rondas médicas en el segundo. Indap por su parte ha destinado fondos de su Programa de Rehabilitación de Suelos Degradados para recuperación de suelos en estas áreas. El SERVIU ha concentrado en las mismas áreas programas especiales de subsidio habitacional rural (contemplan un calendario especial de postulación, un mayor monto en UF para cada beneficiario en comparación al subsidio normal y las casas tienen un mayor metraje). A todo lo anterior se suman iniciativas de diversas SEREMIS como las de Obras Públicas (Dirección Regional de Vialidad) en la ampliación y mejoramiento de caminos, de Transporte y Telecomunicaciones (ampliación de red telefónica pública), entre otros compromisos de agencias públicas. La extensión de la coordinación intersectorial ha alcanzado, de manera menos sistemática, hacia otras agencias públicas que implementan proyectos más acotados en relación a la población mapuche, como es el caso de SERNATUR y FOSIS que han desarrollado proyectos y circuítos turísticos en Alto Bio Bío; y SERCOTEC, que ha apoyado diversas iniciativas productivas en Arauco (proyectos de secado de algas y apoyo a iniciativas turísticas familiares en Arauco: en Tirúa Sur, Huentelolén, Paicaví) y apoyo a grupos de pescadores en la explotación de Áreas de Manejo de pesca y recolección en comunidades de la costa centro y norte de la Provincia de Arauco (Morhuilla, Yani, Tubul). Junto a esto, la acción de muchas de estas agencias públicas subsume su atención a la población mapuche en el marco de un lineamiento dirigido más gruesamente hacia la población campesina, que no tematiza la diferencia cultural como criterio rector de su programación. Así por ejemplo, INDAP y PRODEMU co-ejecutan el programa Capacitación y Formación para Mujeres Rurales, el que en Arauco se desarrolló durante 2005 en 9 talleres, algunos de los cuales se implementaron en


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comunidades mapuches; FOSIS desarrolla programas tanto de Apoyo a Unidades Económicas Familiares, como de Habitabilidad, en que aparecen algunas familias mapuches beneficiadas. Algo similar ocurre en el caso de CORFO (a través de su programa PROFO) y en el de SENCE (a través de su programa de Capacitación Laboral). Muchos de estos programas, casi todos, se operacionalizan a través de las municipalidades, en donde, en medidas variables, se determinan ciertos aspectos de la administración y asignación de los mismos. Es el caso de la beca indígena, donde a través de las DIDECO, se hacen las inscripciones, postulaciones y renovaciones de dicha beca, cuya selección final le compete a JUNAEB. Algo similar ocurre con el Programa Puente (Chile Solidario) de FOSIS que atiende a las familias más pobres de las comunas (en base a la ficha CAS), entre las que están muchos núcleos familiares mapuches, y con el Programa de Desarrollo Local PRODESAL, financiado y normado fundamentalmente por INDAP (por ejemplo el beneficiario no puede ser deudor moroso del Instituro), a través del cual se entrega asesoría técnica a diversos proyectos productivos agropecuarios familiares, muchos de los cuales corresponden por cierto a apoyos a familias mapuches. Las municipalidades de las comunas que hemos considerado en este estudio operacionalizan estos programas de manera variable en lo que hace al factor étnico, la de Cañete por ejemplo no hace de la distinción étnica un factor de su implementación, trata a los mapuches como campesinos-pobres. En cambio las de Tirúa y Alto Bio Bío si operacionalizan la distinción étnica al aplicar estos programas, aunque esto es más claro en lo discursivo que en lo práctico, pero de hecho, la justificación étnica aparece en los agentes municipales de ambas comunas como argumento para fortalecer la priorización ante el Fondo de Desarrollo Regional de iniciativas que involucran un mayor volumen de inversión (camimos, construcción de escuelas, postas). 3. INTERACCIONES ENTRE AGENTES ESTATALES Y SUJETOS INDÍGENAS 3.1 LOS AGENTES ESTATALES 3.1.1 La agencia estatal y la programación culturalmente diferenciada dirigida hacia los sujetos mapuches La implementación de la ley indígena en 1993, con la institucionalización del organismo público específicamente condicionado para dirigir y priorizar políticas públicas hacia el sujeto étnico que por dicha ley fue reconocido por el Estado, la CONADI, cristalizó un cambio en la acción estatal hacia la población indígena cuya marca y señales perduran hasta la actualidad. Esto, sin embargo, enmarcado en una matriz estatal que presenta, históricamente, una multiplicidad de intereses y cursos de acción, muchos de ellos contradictorios entre sí, y algunos de estos intereses con mucho mayor peso específico que lo indígena (la conclusión del conflicto de Ralco, con el incontrastable predominio de la ley eléctrica por sobre la ley indígena da cuenta de ello). De tal forma que la institucionalidad indígena del Estado aparece como un matiz que se difumina, y aún se pierde en el entramado estatal. El desencantamiento de la dirigencia indígena que desde fines de la dictadura militar pujó y colaboró en la elaboración de la ley indígena y en el nacimiento de su vástago institucional, ante la reducción de su institución híbrida (la CONADI, mitad agencia pública y mitad


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representación de lo indígena) a la mera ejecución de programas y proyectos, giro sancionado también por el cierre del citado caso Ralco, describe esta misma situación. Empero, la nueva realidad política del país desde los noventa ha permitido que la atención estatal hacia lo indígena (equilibrándose en los umbrales e implicancias del reconocimiento), con los límites ya insinuados, continúe desplegándose hasta ahora. El desembarco del Programa de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas u Orígenes, desde 1999 es la más clara constatación de este diseño estatal. Pero también esto se plasma en la implementación de programas específicamente abocados a la población indígena en agencias estatales tradicionales, como el programa de EIB en el MINEDUC o el Programa Salud y Pueblos Indígenas de la cartera de Salud, con la correspondiente creación de unidades especializadas para administrarlos. En la VIII región, cuya realidad indígena podemos considerarla bajo las características de enclaves, con un total de la población que se declara mapuche que no alcanza el 3% de la población regional, y que geográficamente se concentra en sectores periféricos, en rincones de la región (principalmente en el cono sur de la Provincia de Arauco, y en el Alto Bio Bío), esta programación estatal, con la marca del discurso intercultural, vino a complementarse, o superponerse, a la acción más genérica y tradicional de las agencias estatales que dirigían su acción hacia un campo de política gubernamental tradicional, la ruralidad, donde lo mapuche se subsumía genéricamente como campesinado (con el INDAP como epítome de esta visión). No obstante la tematización de lo étnico bajo los pivotes de las nuevas agencias estatales indígenas ha logrado, al menos programáticamente, cuajar líneas de acción específicamente basadas en el reconocimiento de la diferencia cultural (desarrollo con identidad como consigna) a las que se han acoplado diversas agencias estatales tradicionales, si quisiéramos desde un ángulo técnico, por ejemplo, CONAF, SERVIU, SERCOTEC, FOSIS, SAG, Direcciones de Vialidad, SEREMI de Transportes/ Telecomunicaciones, entre otros. Esto ha sido posible gracias a la intensificación de la inversión de recursos en determinadas áreas mapuches (la creaión de los dos ADI en la región, el de Lleu Lleu en Arauco, y el de Alto Bio Bío; y la operativa de Orígenes al focalizar conjuntos de comunidades), lo que no deja de relacionarse con los sobresaltos que el “conflicto mapuche” ha producido en esta como en otras regiones. Esta focalización ha generado una demanda por mayores grados de intersectorialidad entre las políticas y programas (amén de las metodologías y procedimientos) que los diversos servicios públicos condensan en áreas mapuches, demanda que por cierto, se ve contrastada con los variados escenarios de inadecuación que se presentan tanto en el diseño de los diversos programas y proyectos, como en la ejecución de éstos, y en sus evaluaciones. Las diversas maneras en las agencias estatales conceptualizan al objeto de sus políticas, desde el indígena en CONADI y Orígenes, que se traslapa con las categorias más “clásicas” de algunas de las agencias que operan como coejecutoras de Orígenes por ejemplo, INDAP/ usuario rural; Salud /usuario-paciente; Educación /alumnos; hasta categorías más específicas como pescadores (SERNAPESCA), o mujeres carenciadas-rurales (PRODEMU), da cuenta de estas inadecuaciones. Además de considerar la presencia transversal en el tejido institucional estatal de categorías como beneficiario (“beneficiario mapuche”, por ejemplo, en algunos documentos de Orígenes), y la categoría de pobre-pobre rural, que se inscribe aún en el discurso de agentes de los organismos indígenas, como en el caso del director regional de CONADI, quien expresa que uno de sus objetivos al asumir el cargo fue modificar la operatoria del Fondo de Tierras y Aguas de la Corporación, para complementarlo con


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programas de desarrollo, porque sin tales programas “las compras de tierra de CONADI lo único que han logrado es hacer pasar a los mapuches de mapuches pobres sin tierra a mapuches pobres con tierra”. . La engranaje de las políticas públicas encuentra en la institucionalidad pública local o municipal una instancia de concreción relevante (sólo basta recordar que desde principios de la década del 80 estas entidades administran áreas básicas de la política social del Estado como son la salud primaria y la educación pública). La incidencia de esta realidad en los agentes municipales que se relacionan con políticas públicas dirigidas hacia los indígenas se pormenoriza en una gama de variables, algunas de carácter evidente (presentes en cualquier municipio) como la orientación política que ostente el jefe comunal, y que determina el sello de la administración comunal, lo que remite al ciclo electoral que atraviesan estas entidades, determinando en buena medida la permanencia o cambio de sus agentes, particularmente de los que ocupan cargos de jefaturas. Otras en cambio se relacionan con características y procesos más específicos, como el desarrollo y circunstancias de las organizaciones mapuches. Si en principio podemos caracterizar a los agentes municipales de las tres comunas en que hemos investigado, como sujetos que poseen un contacto y conocimiento más cotidiano con la realidad social de sus respectivas jurisdicciones comunales, lo que los diferencia de los funcionarios sectoriales (en principio nuevamente), para realizar un dibujo más certero de los agentes municipales tendríamos que desagregarlos por cada una de las comunas en cuestión. En Cañete, que desde 2004 cuenta con un alcalde de RN, sus funcionarios no tematizan ni instrumentalizan la diferencia étnica como vector de la acción municipal. La atención hacia la población beneficiaria de los diversos programas sociales que se implementan o vehiculan a través del municipio (Programa Puente, PRODESAL, incluso las becas indígenas) no reconoce en lo mapuche un factor diferenciador (a pesar de que algunos de estos programas se han desarrollado específicamente en zonas con alta concentración de población mapuche, como una etapa del PRODESAL en Huentelolén). Los funcionarios municipales entrevistados fueron claros en señalar esta situación. Con respecto a las políticas hacialas organizaciones comunitarias ocurre otro tanto, los funcionarios encargados de este tema no desarrollan una promoción o vinculación especial con las comunidades y asociaciones mapuches de la comuna, en comparación con el resto de las organizaciones, y si se nos licencia para prestar oídos a los descontentos, agregaríamos que desde que asumió el nuevo jefe comunal ha habido una progresiva desvinculación con el mundo organizacional comunal, vinculaciones que se habían cultivado, de manera bastante personalista, por el anterior alcalde. Las otras dos comunas comparten una característica relevante, ambas son comandadas por alcaldes mapuches. En Tirúa, la gestión de Adolfo Millabur, que ya se extiende desde 1996, se ha vinculado de modo preferente con las comunidades y organizaciones mapuches (si bien, es importante apuntar que no con todas ellas), lo que desde el municipio se plantea como una concreción del objetivo de transformar el poder municipal en un agente catalizador en el sentido generar y desarrollar mayores grados de autonomía en las comunidades mapuches. Junto a Millabur, son sus funcionarios de confianza (la mayoría mapuches) los que desarrollan preferentemente esta vinculación estrecha con las comunidades y organizaciones mapuches, lo que se concreta en un cercano seguimiento (y podríamos decir supervigilancia) de los diversos proyectos estatales que se implementan en las comunidades. Sin embargo la realidad tiruana no se restringe al mundo mapuche, de hecho aunque éste es muy preponderante, representa como vimos, cerca del


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50% de la población comunal, lo que explica las declaraciones de algunos funcionarios (mapuches) de ella en el sentido de que la municipalidad no puede tener en la distinción étnica una orientación de su gestión, lo que nos desliza a la consideración de que la vinculación estrecha que en la práctica mantiene la cabeza comunal y su equipo cercano con el mundo mapuche comunal (que no está exenta de tensiones) se desplaza por la vía del personalismo de la autoridad. Por otra parte, resulta contrastante constatar el dato de que del total del personal municipal (44), apenas 10 son mapuches, si bien éstos ocupan cargos de relevancia o de confianza del alcalde (Jefes de Gabinete, “Encargados Territoriales”, en Desarrollo Rural, y en DAEM, por ejemplo). En Alto Bio Bío (ABB), debido a la reciente constitución de su municipalidad (fines de 2004), a cargo del dirigente pehuenche Félix Vita Manquepi, los diferentes proyectos y programas están en fase de implementación. Los principales cargos de nueva municipalidad (SERPLAC, DIDECO, Administración Municipal, DAEM) fueron cubiertos con profesionales venidos de otras municipalidades y de organismos sectoriales de la región, algunos de ellos, respondiendo a la movilización que el partido por el que postuló el alcalde (PPD) hizo de sus cuadros municipales. La presencia de funcionarios pehuenches es escasa, destacando la Jefa de Gabinete del alcalde, y el encargado de EIB del DAEM, siendo este un aspecto crítico en la constitución de la planta municipal, debido a la expectativa que generó entre la población pehuenche la posibilidad de llenar tal planta con funcionarios pehuenches, propósito que en definitiva chocó con la escasa calificación profesional y técnica de los habitantes de la zona. La carrera dirigencial que Vita desarrolló en ABB, y que lo llevó a ser elegido alcalde se cimentó sobre una clara oposición al accionar del Consejo de Todas las Tierras entre las comunidades pehuenches, lo que aún hoy repercute en las relaciones (o ausencia de éstas) que el alcalde, y con él, el personal municipal, mantienen con aquellos sectores y dirigentes pehuenches que aún adscriben, o están cercanos a dicha organización. 3.1.2 Tensiones entre agentes estatales considerados institucionalmente: la problemática de la intersectorialidad El predicamento de la intersectorialidad como eje de la acción entre las diversas agencias públicas que están focalizando programas e inversión en la población mapuche, y que tiene en Orígenes a su principal promotor, está sometido a constantes tensiones y desajustes producto, entre otras razones, de que no pasa de ser una intencionalidad que choca con la inercia de los servicios públicos mantenida al alero de la tradición sectorialista y centralista que tiñe el aparato estatal. Ambas característiscas, centralismo (leyes, reglamentaciones, normativas, orientaciones) y sectorialismo (lo ya apuntado sobre la conceptualización que cada agencia construye del objeto de su accionar, que se operacionaliza en metodologías y procedimientos característicos), emergieron como quejas frecuentes de varios de los funcionarios públicos (sectoriales y municipales) entrevistados. Algunos de ellos señalan que desde la dimensión centralista, los diferentes programas y orientaciones del accionar hacia los indígenas, han comenzado últimamente a “bajar” vestidos con los ropajes del discurso intercultural, lo que no alcanza para superar la sectorialización. “Aunar eso en la base es muy difícil” como un diagnóstico compartido por muchos funcionarios podría servirnos como arranque para abordar diferentes tipos de tensiones que se producen entre agentes públicos a propósito de la implementación de una programación étnicamente orientada, y de la recepción, administración y circulación de su correlato discursivo: la interculturalidad.


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Si bien la tematización de lo indígena (reconocimiento de la alteridad como objeto de política pública, que procura preservarla, pero buscando siempre una inserción adecuada en el marco o modelo de desarrollo nacional) se ha logrado introducir, discursivamente, en las diversas agencias públicas de la región, los pliegues y contradicciones que se producen en los procesos de concreción, operacionalización y aún de presentación, de visibilización del tema indígena como un rasgo distintivo de la gestión estatal, se acusan en una serie de dimensiones. Si tomamos como referencia la visión que desde CONADI se tiene del devenir y estado de situación del tema indígena en el resto del aparato estatal (regional para nuestro objetivo, pero puede extrapolarse a un nivel más inclusivo), surge la percepción de un aislamiento o un confinamiento de dicho tema en las instituciones específicamente mandatadas para abocarse él, lo que se manifiestaría por ejemplo en la poca visibilidad, o resonancia que tendría el accionar de la Corporación en los diseños de planificación regional que se han emprendido bajo los impulsos de las instancias de representación del poder central (la Intendencia, Gobernaciones). Esto es lo que ocurre en el caso de la elaboración y presentación del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) de la región, el que a su vez se desagrega en siete planes territoriales correspondiendo dos de ellos, a los territorios de Arauco y Alto Bio Bío. “Dentro del aparato público somos discriminados por trabajar con los discriminados”, como constatación, diríamos subjetiva, de una reproducción de la discriminación al interior del aparato estatal de la discrimación general que afecta a los mapuches dentro de la sociedad chilena, aparece en boca de algunos funcionarios de la Corporación para marcar esta visión. Si asumiéramos esta visión, quizás tendríamos que atribuir este déficit de resonancia al ya citado escaso peso de “lo mapuche” en la realidad regional, al que designamos con características de enclaves, lo que se impondría como una elemento determinante en el entramado estatal, y esto a pesar del protagonismo que ha adquirido el denominado “conflicto mapuche” en algunas zonas de la región. El esfuerzo de coordinación interinstitucional entre los dos organismos públicos dedicados exclusivamente a lo indígena (CONADI y Orígenes) tropieza con el hecho de que las vinculaciones entre ambas entidades están marcadas por una cierta distancia, que arranca desde que la implementación del segundo fue interpretada por los funcionarios de la primera como una pérdida de injerencia y peso específico en la administración de la política indígena. Aunque en la actualidad se produce una coordinación entre ambas instituciones en ámbitos relativamente acotados7, por ejemplo, en el desarrollo de proyectos productivos no agrícolas en las comunidades focalizadas por Orígenes, el cuestionamiento que funcionarios de la Corporación hacen a Orígenes en el sentido de que la lógica de éste busca inducir iniciativas de desarrollo (con identidad) que instalen capacidades en las comunidades receptoras, indicando en cambio que lo apropiado es potenciar el despliegue de capacidades que ya existen en ellas, da cuenta de la persistencia de la percepción de paralelismo que en muchos funcionarios de CONADI produjo la instalación de Orígenes como un programa autónomo de dicha Corporación. Por otra parte, desde el conjunto de estas dos entidades, como los modelos de agencia pública indígena, se visualizan con nitidez las brechas persistentes que se distinguen en el inacabado (e incipiente) proceso de inclusión de la diferencia étnica como eje programático efectivo al interior de

7 La actividad principal de CONADI se concentra en abordar soluciones para las demandas de tierra de las comunidades, sólo un dato para confirmar esto: del presupuesto 2005 de la sección regional de la Corporación, se destinan al Fondo de Tierras y Aguas 3. 280 millones de pesos, contra los 93 millones que se destinan a la Unidad de Desarrollo, y los 70 para la de Cultura y Educación.


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las agencias no étnicamente orientadas. Como dijimos más arriba, la conceptualización que cada agencia pública hace del objeto de sus políticas marca la inadecuación que enfrenta la demanda de intersectorialidad entre los diversos esfuerzos programáticos dirigidos hacia la población mapuche. Un ejemplo de esto nos lo brinda el programa CONADI-PRODEMU “Fomento de la ciudadanía y participación de la mujer mapuche”, el que estuvo operativo hasta el año pasado en la Provincia de Arauco, y sobre el que funcionarios de CONADI hacen una mala evaluación, atribuyéndolo a que desde la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer “no hicieron un buen trabajo”. La demanda o expectativa de especificidad cultural que desde la Corporación se proyecta a sus coejecutores chocó en este caso con la óptica de la Fundación, la cual no reconoce en la diferencia cultural una dimensión pertinente para estructurar su trabajo, la subordina claramente a un enfoque de género solidario con el diagnóstico de la carencia. En una entrevista con la Directora Provincial de PRODEMU, ella señala que su institución no establece una diferencia entre mujeres mapuches y no mapuches, en cuanto al vínculo que establecen con su servicio, dice que PRODEMU trabaja con mujeres carenciadas, y que en eso el ser mapuche no influiría distintivamente, todas las mujeres con que inician contactos y trabajos se sienten, y están, muy desvalorizadas en lo público y en lo privado, eso las iguala. Afirma que ahondar o problematizar esa dasvalorización básica de las mujeres pobres, carenciadas, con elementos de diferenciación cultural (discriminación étnica positiva o “negativa”), es algo que posiblemente esté en la mente de algunos funcionarios, pero que escencialmente no alteraría el núcleo del problema, tal como ella (PRODEMU) lo ve. Enmarcadas en este tipo de desajustes entendemos también las críticas que desde funcionarios de la agencia pública indígena se dirigen por ejemplo a la orientación del accionar INDAP, la que se enjuicia como inserta en una lógica desarrollista con poca pertinencia no sólo étnica, sino también local, y agravada por la discontinuidad de sus iniciativas y priorizaciones, lo que se concretaría en una seguidilla de proyectos productivos “que llegan y se terminan como modas” y que no cuentan previamente con adecuados estudios sobre mercados (hoy son las flores, mañana las hortalizas bajo plástico, después ¿los berries?….), dejando como excedentes a sucesivos conjuntos de campesinos-mapuches (junto a otros no-mapuches) en la categoría de morosos frente al Instituto. Otra dimensión de la inadecuación la podemos establecer a propósito de la acción eminentemente fiscalizadora (y en términos ideales también preventiva) que desarrollan agencias de alcance nacional como el SAG, SERNAPESCA y, en menor medida hoy día, CONAF. (que ha comenzado a operar como co-ejecutor del programa Orígenes). Por cierto este mandato fiscalizador no reconoce en la especificidad étnica un criterio diferenciador para su aplicación, el que al concretarse genera conflictos de variada intensidad y alcance entre los agentes fiscalizadores y los colectivos mapuches objeto de la fiscalización, como las más bien acotadas fricciones entre el personal del SAG y comuneros pehuenches en Alto Bio Bío por los controles de ingreso de ganado desde Argentina en prevención de la fiebre aftosa, o el más generalizado conflicto que se ha producido en amplias zonas de la costa de Arauco entre comunidades mapuches entre sí, y entre éstas y sindicatos de buzos, por el usufructo y explotación de áreas de manejo de pesca y recolección de orilla (un fruto de la ley de pesca de 1992). Esta situación ha llevado a algunos funcionarios, a partir de su personal interés y empuje, a promover e implementar iniciativas, limitadas, que buscan establecer una mejor relación con los fiscalizados mapuches, tratando de ampliar, de superar así, en la práctica, la misión fiscalizadora de sus instituciones (en los sectores altos del Valle del Queco en ABB, en las comunidades de Trapa Bajo y Butalelbun, funcionarios del SAG han establecido con los comuneros programas de prevención de la fiebre aftosa y desparasitación del ganado, contando con la


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participación de un par de técnicos de las propias comunidades; y SERNAPESCA en Arauco ha desarrollo un par de programas de capacitación en liderazgo y cultivos marinos, en coordinación con CONADI, entre comunidades pescadoras de la costa de la comuna de Arauco, en El Yani por ejemplo). En ambos la inadecuación se produce al interior de la propia agencia, con los jefes y superiores de los funcionarios, ya que las iniciativas tendientes a superar el mandato fiscalizador no están reconocidas ni promovidas por las respectivas instituciones, de tal manera que su concreción depende del grado de compromiso y sensibilidad que los superiores tengan ante estas temáticas. Pero en el caso de la fiscalización de SERNAPESCA (garantizando la exclusiva explotación de un área de manejo al colectivo asignatario de ella), por la envergadura e intensidad que ha alcanzado el conflicto, se dibuja además una contradicción con el discurso de promoción del desarrollo con identidad y de fomento de la interculturalidad que promueve la agencia pública indígena (y también algunas autoridades como el Gobernador Provincial, quien en reuniones con comunidades costeras excluídas de un área de manejo -o afectadas por la escasez de recursos marinos que ha producido la sobreexplotación- ha instado a las comunidades a “luchar organizadamente por recuperar el borde costero”). La articulación entre la agencia indígena y los municipios se inscribe en un terreno en el que deben conciliarse (o se contraponen) los objetivos e intereses propios de cada actor institucional, dentro de lo cual las inadecuaciones se manifiestan tanto en el plano más bien delimitado de la coordinación (o falta de ella) en el diseño e implementación de programas e iniciativas, como en el nivel más abarcativo de las visiones diríamos estratégicas que cada actor tiene. En el primer caso, las compras de tierra que hace CONADI para comunidades mapuches, o familias dentro de ellas, resultan ejemplificadoras. Tales acumulan quejas de funcionarios municipales porque se diseñan e implementan sin consultar a los municipios, los que, caricaturizando, se enterarían por el traslado mismo de los comuneros a terrenos de su jurisdicción, generando luego presión sobre el municipio receptor al recurrir a él los trasladados en busca de soluciones a necesidades sociales básicas (vivienda, agua potable, electricidad, caminos)8. En el plano de las visiones estratégicas, las características propias de cada municipio –en general celosos guardianes de sus prerrogativas en sus jurisdicciones, lo que en la práctica muchas veces se confunde con el ejercicio y resguardo de las atribuciones y el poder local del alcalde-- adquieren relieve y se presentan como un rasgo demarcador. Ejemplificaremos esto con algunas observaciones referentes a relaciones entre el agentes municipales de la comuna de Tirúa y agentes sectoriales. Como ya apuntamos el alcalde mapuche de esta comuna, y su equipo colaborador, conciben y presentan discursivamente el ejercicio de ese espacio de poder local como un catalizador al servicio de la generación de mayores grados de autonomía y empoderamiento de las comunidades mapuches de su jurisdicción (y no sólo de la comuna, la visión de un espacio terrirorial lafkenche sobrepasa con mucho los estrechos límites comunales). Bajo este predicamento se plantea que todo programa o proyecto (público o privado) que esté destinado a las comunidades y organizaciones mapuches de la comuna, debe ser solidario con ese objetivo, para garantizar lo cual el municipio ejerce un cercano seguimiento de los diversos proyectos que efectivamente llegan a

8 Tendríamos que agregar la queja que el encargado de organizaciones sociales de la Municipalidad de Cañete dirige a CONADI por que, en su experiencia, la Corporación delega en la municipalidad actividades que debería realizar aquella, como derivar a solicitantes mapuches a la municipalidad a averiguar los procedimientos para la constitución de comunidades y asociaciones indígenas.


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desarrollarse, acompañamiento que se presenta como un apoyo en beneficio de las comunidades más que para el municipio en sí. Por lo cual, en principio para las agencias públicas (y privadas) que desean o deben implementar programas o proyectos en dichas comunidades el municipio se transforma en un actor clave, ineludible, con el que deben concordar9. La concreción de esta definición municipal, que ha posicionado en la práctica a la municipalidad como contraparte de las agencias públicas, en un proceso en el cual los beneficiarios mapuches y sus organizaciones aparecen como representados por aquella, requiere que la legitimación de esta representación sea reafirmada ante las comunidades y ante las agencias públicas. Para lo cual, los momentos de presentación de programas ante las comunidades son una instancia apropiada, lo que da lugar a situaciones en las que, por ejemplo, ante una asamblea de comuneros, los agentes comunales se presenten como contraparte crítica de la labor encarnada por los agentes sectoriales, definición que éstos asumen, o deciden no cuestionar, al menos durante dichas presentaciones. En visitas a las que concurrimos en algunas comunidades de Tirúa, a propósito de la puesta en marcha del programa Orígenes en ellas, uno de estos funcionarios municipales (mapuche) plantea de una manera muy pedagógica ante el silente auditorio de comuneros que su labor como representante de la municipalidad será acompañar a la comunidad en la supervigilancia del desarrollo del programa. Habla a favor del alcalde, lo presenta como el impulsor de que Orígenes -“un proyecto del gobierno”- llegue a la comunidad. Su discurso aparece claramente como contrapeso del programa, y desde esa posición explica porqué es necesario este acompañamiento, “porque ahora a ustedes les van a hablar mucho, les van a dar mucha información, pero las cosas son distintas en la práctica a como se presentan”, les dice, concretando más, que la comunidad debe ser patrona de la consultora que escojan para implementar el plan de desarrollo comunitario (o territorial), y no al revés. Sin pretender ahondar en el proceso de construcción, ni en los mecanismos de sostenimiento de este acompañamiento/representación de la municipalidad hacia las comunidades, lo cierto es que los múltiples escenarios que abren el diseño y la implementación de los planes y proyectos públicos que se concretan en las comunidades tiruanas, operan, desde el municipio, como instancias legitimadoras del poder municipal (“el alcalde es el impulsor de que Orígenes, un proyecto del Gobierno, llegue a la comunidad”). Esto a través del discurso de autonomía municipal al servicio de la construcción de una autonomía territorial que integre e incluso supere la lógica y la delimitación comunitaria (el mensaje a los comuneros es: la autonomía del municipio es la autonomía de las comunidades). Por lo cual este discurso se reviste ante los comuneros con un perfil de independencia y suspicacia: el “proyecto del Gobierno”, es decir un proyecto ajeno, se va a desarrollar bajo la mirada rectificadora del municipio (el alcalde y su equipo), para lo cual es necesario un municipio fuerte, para lo cual a su vez, es necesaria la actualización permanente de una relación estrecha entre éste y las comunidades. En la trastienda de este andamiaje, el modo en que recepcionan e interpretan los comuneros tiruanos este discurso municipal, parece estar marcado por el reconocimiento del poder del alcalde y su equipo, más que por una solidaria concurrencia al discurso de construcción autonómica, si bien ésta en algunas casos puede existir, los comuneros y dirigentes están más pendientes de los beneficios y mejoras que pueden obtener de los diversos programas públicos.

9 Lo que contrasta notoriamente, por ejemplo, con la actitud de la municipalidad de Cañete, que mantiene una posición más bien prescindente frente a los programas que se direccionan hacia las comunidades mapuches de su jurisdicción.


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Por lo demás la personalización del poder municipal se expresa en la variable cualidad de las relaciones que el alcalde mantiene con las comunidades y organizaciones mapuches de la comuna. No todas las comunidades gozan del cercano acompañamiento del poder municipal mapuche, algunas distantes del alcalde aseguran que tuvieron que luchar contra la oposición que éste ha ejercido para que ingresaran a la actual etapa de interfase del programa Orígenes. Esta personalización se imprime también en los esfuerzos desplegados por el municipio por imponer su mediación en las interlocuciones directas que se han establecido entre las comunidades y las autoridades regionales y provinciales, a propósito de conflictos de tierras por ejemplo. 3.1.3 La programación étnica estatal y la lógica de proyectos: la externalización a través del contingente paraestatal La ejecución y direccionamiento de una programación étnicamente diferenciada por parte del Estado es un proceso que corre paralelo a otra característica del rasgo estatal contemporáneo, la contracción progresiva de éste a funciones de coordinación y supervisión de políticas públicas, lo que se traduce en la externalización de la operatividad de la gestión de programas públicos a un conjunto de agentes externos (consultoras, ONGs, Universidades). Aunque más apropiado que la denominación de agentes externos, cabría presentarlos como la configuración de un contingente paraestatal para la ejecución de proyectos públicos-sociales. Este movimiento genérico del Estado, que es cubierto por la denominación de Modernización (la conjugación del Estado “tradicional” con la hegemonía del mercado), arranca de procesos y cambios estructurales muy profundos, y de larga data ya, de modo que hoy día presenta una fuerza demarcadora que caracteriza el perfil actual del Estado-Gestor, Estado-Actor (estaríamos mucho más cerca de la realidad si caracterizamos al Estado actual como “moderno”- externalizado- coordinador, que si nos aventuráramos a describirlo como intercultural). La acción vía proyectos, como paradigma operativo de este diseño, se ha impuesto como un rasgo predominante en la fisonomía de la agencia pública. En ella el agente público aparece más circunscrito a labores de coordinación y administración, y el contingente paraestatal a la implementación y desarrollo de los múltiples y sucesivos proyectos. Los esfuerzos programáticos culturalmente diferenciados, con foco en la agencia pública indígena, que para ejecutarlos integra a agencias públicas no indígenas, se conjugan también con esta realidad. Todo lo que nos lleva a considerar a las consultoras como actores muy relevantes en lo que se refiere a las interacciones con los agentes mapuches. Son ellas las que detentan un contacto estrecho y diríamos cotidiano con los dirigentes y familias mapuches destinatarias de los diversos programas10. En la ejecución del programa Orígenes por ejemplo, los funcionarios estatales se

10 La implementación focalizada de programas especialmente diseñados y dirigidos hacia sectores de población mapuche, desde la agencia pública indígena, en esfuerzos de coordinación con la agencia pública tradicional, también se operacionaliza bajo la modalidad de proyectos o programas de duración acotada en algunos servicios públicos no étnicamente orientados, proyectos que posibilitan que los funcionarios que los implementen establezcan una interacción sistemática con los miembros de las comunidades donde se aplica el programa, durante el tiempo de duración de éste. La concentración de inversión pública en las comunidades del ADI Lleu Lleu por ejemplo, generó la puesta en marcha en el SERVIU, desde 2001, de un


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relacionan con las comunidades, y dentro de esto principalmente (si no exclusivamente) con sus dirigentes, durante momentos específicos del desenvolvimiento de los proyectos (las reuniones de presentación del inicio del programa en una comunidad, la presentación de las consultoras postulantes a ejecutarlos, la resolución de algún problema o incidencia que se presente en el transcurso de éste, y en el cierre de los diversos proyectos, con la clásica escena de la busca de la firma de parte de los miembros de la directiva comunitaria). La mayor parte de su labor se consume en actividades administrativas, o de seguimiento de oficina del conjunto de los proyectos. En cambio, los agentes paraestatales de los consultoras que ejecutan los diversos proyectos del programa, mantienen durante el desarrollo de los mismos un contacto estrecho no sólo con los dirigentes sino con las diversas familias beneficiarias, llegando a interiorizarse, y por cierto a intervenir (aunque la declarada prescindencia de su labor no lo reconozca) en múltiples conflictos comunitarios, y aún familiares, que se presentan en el devenir de los proyectos. La relevancia que los agentes paraestatales adquieren en relación a la interacción con actores mapuches, queda ratificada por la importancia que los beneficiarios mapuches asignan a las vinculaciones con las consultoras. De hecho para muchos de aquellos la evaluación de un programa público se funde con la evaluación del trabajo de la consultora que lo ejecuta, en donde la permanencia y seguimiento permanente en terreno deviene en factor crítico de la evaluación (en general podríamos decir que las consultoras mejor evaluadas son aquellas que efectivamente mantienen una presencia permanente en terreno de sus agentes). Incluso algunos beneficiarios mapuches diluyen la diferencia entre funcionario público-agente paraestatal: un comunero y ex dirigente de una comunidad del sector Ponotro en Cañete, junto con valorar un proyecto con hortalizas que INDAP realizaba en su comunidad, recalca que los miembros de la consultora que lo ejecutaba “hacían lo que sus jefes decían (INDAP)…..ellos dependían de INDAP”. Decimos diluir la diferencia funcionario público-agente paraestatal no porque no se perciba o conciba (de hecho los beneficiarios mapuches manejan la distinción), sino porque no resultaría pertinente. El comunero de Ponotro al resaltar ese vínculo de dependencia está diciendo que en lo concreto, en el trabajo en su comunidad, los agentes de la consultora operaban como empleados de INDAP. Esta relación de dependencia de las consultoras, o ejecutores, con respecto a las agencias estatales mandantes, subrayada por beneficiarios mapuches, sirve para relevar las fricciones y tensiones que se producen en la relación entre ambos tipos de agencias. Las relaciones entre estas empresas, y entre su conjunto con el Estado-Licitador se insertan en la lógica de funcionamiento del mercado (licitaciones-postulaciones, mejores ofertas, eficiencia en la administración de los recursos, obtención de logros-productos en plazos acotados), lo que define la intensa competencia que se observa entre las consultoras, todo ello, en términos puros, en un marco de transparencia. Algunos agentes consultores se quejan de la frecuencia con que las agencias estatales modifican los términos de referencia y de procedimientos bajo los cuales se ejecutan los proyectos, señalando que

programa especial de postulación al subsidio rural dirigido exclusivamente para las comunidades del ADI; la funcionaria de este servicio encargada de implementar este programa refiere que éste le ha permitido desarrollar una historia de relaciones y un conocimiento más profundo con las diferentes familias beneficiadas y con los dirigentes de las comunidades (ella se encarga de la presentación del programa en cada comunidad, y del acompañamiento a cada una de las familias de la comunidad beneficiadas durante gran parte del proceso de postulación), esto en claro contraste con su labor rutinaria en el subsidio rural normal, donde ella ve, a lo más, un par de veces durante todo el proceso a cada familia beneficiaria (mapuche o no).


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ellos (las consultoras) deben adaptarse a tales cambios, lo que muchas veces repercute en desencuentros con los beneficiarios mapuches, desencuentros que estos agentes paraestatales deben absorber. Algunos de estos cambios responden a la necesidad de la agencia pública de optimizar la ecuación recursos-resultados, traspasando al contingente paraestatal el cometido de emprender un conjunto de tareas diversas en una misma asesoría. En este fluído marco de competencia, existe un predominante tópico de sospechas y recriminaciones que recorre el mercado de la consultoría, denunciado como un elemento alterador de las bases de la competencia: la determinación que tendría la adscripción política tanto de los diferentes agentes (y directivos) estatales, como de las cabezas de las distintas consultoras (y eventualmente también la de algunos dirigentes mapuches) en la adjudicación y mantención de asesorías a tal o cual consultora en determinados proyectos. La trastienda de las instancias de postulación y adjudicación de una determinada asesoría, constituyen uno de los momentos álgidos en este aspecto, con los notables encuentros de presentación y seducción de las consultoras ante los dirigentes comunitarios, todo ello bajo la mirada arbitral de los funcionarios estatales de la agencia licitadora: éstos últimos en una sala (de una municipalidad, de la agencia licitante, en una sede comunitaria) van presentando ante los dirigentes una a una a las consultoras postulantes, las que van respondiendo las preguntas de los dirigentes, en un diálogo con mayor o menor direccionamiento por parte de los funcionarios estatales. Mientras, los encuentros y contactos paralelos, ex ante, durante y ex post, a la presentación, van creciendo en intensidad (agentes paraestatales-dirigentes; dirigentes-funcionarios municipales; agentes estatales-agentes paraestatales, y todas sus posibles combinaciones, lo que incluye consultas y recados de algún alcalde, y llamadas urgentes y reiteradas a Concepción y Santiago). Si bien, como hemos expuesto acá, este mecanismo de externalización se encuentra ya muy instaurado como operativa de funcionamiento de la agencia pública, es un proceso que enfrenta resistencias. Uno de ellas es la escasez presupuestaria, el recurso al contingente paraestatal se posibilita en aquellas agencias públicas que cuentan con medios suficientes para sostenerlo (para nuestro objetivo, este sería el caso de Orígenes e INDAP), en otras agencias este mecanismo se concentra en áreas específicas (como el Fondo de Tierras y Aguas de CONADI, en desmedro de la Unidad de Desarrollo que por escasez de fondos no convoca a consultorías, sino que asigna una parte de su presupuesto directamente a los beneficiarios). Por otra parte en ciertos segmentos de la agencia pública indígena, sus funcionarios declaran una resistencia diríamos de principios a la articulación con el contingente paraestatal, y esto básicamente por dos tipos de causa. Por una parte por un rechazo genérico a la lógica proyectológica, tanto por lo que tiene de mercado (con sus criterios de eficiencia, obtención de logros, criterios de evaluación), y derivado de ello, porque se la concibe en antagonía con una esencia cultural mapuche definida como objeto de su programación; y por otra, porque se interpreta el recurso a la consultoría como una cortapisa a la efectiva participación de los actores mapuches en los programas y proyectos que los involucran, como un acto de imposición. En este caso se argumenta preferir el trabajo y contacto directo agencia pública-agencia indígena, como si en la concreción y profundización de ese contacto se diluyeran los fantasmas de verticalismo en la relación. La agentes de la Unidad de Salud Intercultural del Servicio de Salud de Arauco responden a este perfil.


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3.1.4 Agentes estatales: las personas A partir del juego de tensiones descritas entre diversas agencias estatales a propósito o referentes tanto a la circulación y manejo del discurso estatal de la promoción de la diferencia étnica, como a la ejecución de la programación específica que a dicho discurso se asocia, acometeremos ahora la presentación del cuadro que se conforma desde la perspectiva de la personalización de la agencia pública en los diversos funcionarios entrevistados y observados en nuestra investigación de campo. Cuadro conformado a partir de sus percepciones sobre los sujetos mapuches

3.1.4.1 Del rescate cultural a la instalación de capacidades

Si partiéramos desde los funcionarios que se ubican en los agencias específicamente orientadas hacia la población mapuche (Orígenes, CONADI), o de aquellos que estando en un servicio público genérico se desempeñan en programas o unidades étnicamente orientadas (salud, educación), podríamos constatar la recurrencia de un discurso que asume el cometido funcionario como parte de un esfuerzo por rescatar, por revalorizar una cultura tradicional mapuche, que alude implícitamente a la perviviencia de una identidad cultural tradicional (que incluye a las autoridades tradicionales mapuches), básicamente preservada en la fuente oral, y que es solidaria con el planteamiento de la deuda histórica del Estado Nacional frente a la población mapuche. La encargada de la Unidad de Salud Intercultural del Servicio de Salud Arauco (el resto del equipo lo conforman un pehuenche, y un joven psicólogo que llegó a trabajar ahí por el Servicio País) resalta el esfuerzo del equipo de su Unidad por vincularse y rescatar la cultura tradicional mapuche, particularmente a las autoridades tradicionales mapuches: lonkos, machis. Dice que si se hace una actividad en un territorio, lo primero que hacen es hablar con el lonko, “esa decisión no la toma el dirigente (representante en el Comité Provincial de Salud Intercultural que funciona en Cañete, y en el que participan 18 representantes mapuches de la Provincia de Arauco)….los dirigentes hay algunas decisiones que no las toman acá (en el Comité), que la toman con su lonko y si el lonko dice que sí, se hace, incluso con la machi también, si la machi dice que sí, se hace, si la machi dice que no, entonces no”. Puntualiza que este papel de los representantes como canales de las autoridades tradicionales cobra vigencia especialmente cuando hay que tomar decisiones que incidan en el ámbito territorial, ejemplificando, dice que cuando fue el Presidente Lagos a Elicura (en el otoño de 2005) “lo recibió el lonko, no los dirigentes”. Afirma que esto lo han ido aprendiendo en la práctica, “la misma gente nos ha enseñado”. El equipo regional compuesto por tres profesionales mapuches (profesores) que trabaja en el programa de Educación Intercultural Bilingüe regional (MINEDUC-ORIGENES), por cierto, se inscribe en esta óptica en que la labor funcionaria es vista como una herramienta al servicio del rescate de la identidad cultural tradicional mapuche (lafkenche y pehuenche). Desde la conciencia de su situación de mapuches trabajando para mapuches, este rescate aparece, en sus declaraciones (y también en las de otros funcionarios mapuches) como la concreción de un compromiso personal y social con su pueblo.


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Esta mirada etnificada-etnificante (que, por cierto, también se acusa en ciertos funcionarios municipales mapuches) a la vez es conciente de la posición institucional que la posibilita y sustenta, el Estado mismo. Uno de los integrantes de este equipo en una jornada con los asesores culturales del programa EIB de Arauco y Bio Bío, realizada en junio en Concepción, resaltaba el hecho de que desde el Estado “se estaban dando espacios de participación para el rescate y reforzamiento de la cultura mapuche”, llamando en consecuencia a los asesores a copar, a apropiarse de dichos espacios. Lo que lleva a estos funcionarios a situarse en una intersección que se equilibra entre el reconocimiento a este empeño estatal y la crítica hacia los desajustes y contradicciones que se visualizan en la operacionalización del discurso promotor de la interculturalidad. Aquí es donde la concepción de los espacios estatales en los que se desenvuelven como ámbitos de acrecentamiento de la participación de los mapuches, y esto como un elemento cooperante al empoderamiento de las comunidades, se contrapone con los rasgos de verticalidad y asistencialismo que advierten en la generalidad del aparato estatal. Pero este empeño etnificador estatal, del que estos mismos funcionarios son una herramienta, lleva en sí la doble señal del reconocimiento y del verticalismo. La expresión clara de esta situación la encontramos en la concepción presente en muchos funcionarios (algunos de los cuales también comulgan con la visión primordial del rescate cultural) de su labor como parte de un cometido que contribuye a generar cambios positivos, que modifican y enriquecen a los sujetos mapuches (modificando su mentalidad incluso). A partir del predicamento del reconocimiento como política del Estado hacia los mapuches, se concibe a los sujetos mapuches (individual y colectivamente considerados) como carentes o inhábiles para desarrollar sus potencialidades, frente a lo cual la acción estatal se presenta como el catalizador necesario para desplegar las potencialidades dormidas. Esto claro, en una visión de integración al marco del desarrollo general de la sociedad nacional. La consigna de “instalar capacidades” (asociada al objetivo de incrementar la autogestión entre los sujetos mapuches) cobija esta visión, y aquí abarcamos un haz de funcionarios que militan en la agencia pública indígena (Orígenes) y en la agencia pública tradicional, incluyendo en esta a los municipios. La base desarrollista que sustenta esta visión evidencia el sesgo vertical desde el que se concibe la promoción de la participación y el potenciamiento de los sujetos mapuches. La funcionaria mapuche encargada del programa de EIB en la Provincia de Arauco establece una distinción clara entre las 40 escuelas con programa EIB que ella atiende: por una parte las que están ubicadas en comunidades que están focalizadas en Orígenes (Ejemplo: Casa de Piedra, Primer Agua, Ranquilhue, Choque, Calebu) y por otra las que están ubicadas en comunidades que no están focalizadas en Orígenes, sólo la escuela está focalizada (Ponotro). Ella atribuye al hecho de que el primer grupo de comunidades lleve un tiempo de trabajo focalizadas en Orígenes (en proyectos productivos, en fortalecimiento de liderazgos en dirigentes) el hecho de que sean en general “más activos”, participativos, que “manejen más información”, que sean más propositivos, más contraparte, “y sus propuestas van mucho más allá que la escuela”. En el segundo caso, dice, su trabajo es más complejo, “en ellas recién tenemos que establecer el lazo de que la gente hable por ejemplo, que diga lo que piensa”. Afirma que las personas se muestran más pasivas, menos críticas, menos contraparte, “y las tratamos como diferentes (a las comunidades en Orígenes) porque tiene que ver con el crecimiento de las mismas personas”. Declara que su trabajo consiste también en modificar esa situación “con el tiempo vamos viendo eso, colocando una mentalidad más crítica porque la


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idea es generar cambios también, cambios positivos, o sea, cambiar lo que está malo y fortalecer lo que está bueno, en las escuelas”. Ella asume que en su trabajo con las comunidades va depositando “conceptos nuevos”, que las enriquecen (por ejemplo, “la socialización de la misma idea de EIB”), a través de una “comunicación respetuosa” (característica ésta que atribuye al accionar del programa Orígenes, del que ella forma parte), comunicación que para ser efectiva o pertinente debe darse en un plano de igualdad, para lo cual ella entiende que tiene que “bajar” a la realidad de los comuneros “y yo entrar en el mundo del otro….soy yo la que tengo que bajar”. El punto de vista que dibuja este testimonio, decidor por revelar la visión de una profesional mapuche con respecto a los actores mapuches objeto de la programación estatal (este aspecto específico lo tocaremos más adelante), ostenta el poder de visibilizar el pecado original de la programación estatal étnicamente diferenciada: surge de un Estado que se abre, a partir de la base del reconocimiento, a la incorporación de la diferencia cultural, abre un espacio para la promoción y preservación del “nuevo” sujeto social visibilizado y relevado en el régimen inaugurado por la ley indígena, pero lo mantiene constreñido por las definiciones de la carencia o de déficit (que abarcan desde la definición de sujetos pobres hasta la de sujetos diferenciados culturalmente pero con déficit de identidad cultural). Una programación estatal que procura reparar o solucionar estas dimensiones pero en un horizonte de confluencia hacia el desarrollo de la sociedad nacional. El alcance de esta visión “superacionista” (que abarca a un conjunto de funcionarios de diversas edades), revela el hecho de ser tributaria de las concepciones desarrollistas que primaron (y priman) en el escenario y debate de las políticas públicas de las últimas cuatro décadas, enfoque que ahora de dirige sobre la población indígena bajo el apremio de la diferencia cultural reconocida. Esto se acusa en el empeño que deben hacer funcionarios que se desempeñan en agencias tradicionales por conjugar la ecuación entre diferencia e impulsos de superación. El Director de la SECPLAN de la nueva municipalidad de Alto Bio Bío (un ingeniero en administración de 51 años) define la actitud que los pehuenches acusan ante los diversos proyectos e iniciativas de la municipalidad como “pasiva” (o indiferente, una caracterización más detallada de esta impresión se expone más adelante). Explica esta actitud fundándose en una doble causalidad. Lo primero que dice es que los pehuenches son así porque “han sido tan postergados y tan engañados que ya no creen en nada ni en nadie”, ya que las intervenciones en el Alto Bio Bío, tanto públicas como privadas, han sido muchas, pero todas ellas, sostiene categórico, “han sido para sacar una mascada, no para instalar capacidades”. Por esto, explica, los pehuenches serían desconfiados, reticentes con todos los nuevos proyectos e inversiones que llegan a la zona (estatales o no), y frente a los funcionarios que los implementan, “no se ilusionan con nada”. Pero luego señala que esta actitud pasiva que los pehuenches muestran, esta resistencia a las intervenciones, a los proyectos de desarrollo dirigidos hacia ellos, responde a una “estructura cultural pehuenche que es difícil de cambiarla….que hay que mejorarla, potenciarla”. El hecho de que los funcionarios acusen esta percepción (y como vimos recién, identificándose algunos como mapuches comprometidos) claramente puede atribuirse a su profesionalización, han sido formados en universidades estatales que promueven y propagan esta visión. Sin embargo este elemento operaría como un vigoroso reforzamiento sistematizador de una perspectiva predominante aún hoy día en el aparato estatal, reproduciéndose en las diversas escalas de la administración pública y en los distintos niveles de la educación y formación ténico-profesional. La joven funcionaria del programa PRODESAL en la municipalidad de Alto Bio Bío (técnico en asistente social, 32 años),


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quien lleva trabajando 13 años con las comunidades pehuenches (en INDAP, PRODEMU y con su consultora), fundamentalmente con grupos de mujeres en proyectos de fomento productivo (particularmente en artesanía). Al enjuiciar su experincia laboral a la luz de las resistencias que debió vencer en los comuneros, tanto para desarrollar “los temas de género y derechos de la mujer”, como para “capacitar a las mujeres para tratar de desarrollar una mentalidad más comercial”, la evalúa positivamente, como asimismo los resultados de ella ( en su apreciación, mayor participación y organización de las mujeres, y ciertos resultados económicos en la comercialización de la artesanía). Inserta su experiencia en un marco mayor al afirmar que “hoy los pehuenches hablan más, especialmente las mujeres……porque a los pehuenches se les han dado más oportunidades de parte del gobierno…..reconociéndoles sus derechos”. Lo que la hace concluir que hoy “las mujeres (pehuenches) se valoran más…ellas reconocen que son capaces de hacer otras cosas, pero que por falta de oportunidades no se puede”.

3.1.4.2 Caracterología de lo mapuche, convergencia entre distintos funcionarios: el caso evangélico

El empeño etnificador de la actual programación estatal culturalmente diferenciada ha terminado por definir una caracteriología de lo mapuche (a nivel colectivo primeramente y luego individual) como objeto de programación, que se ha encarnado en el funcionariado público, particularmente en aquellos que trabajan en la agencia pública indígena. El predominio de esta concepción en los funcionarios se ha ido asentando por el reforzamiento que años de trabajo y funcionamiento institucional conjunto han producido, y que se ha cuajado en un conjunto de preconceptos que operan como marco diríamos ideológico sobre lo mapuche. La adecuación de este marco al desenvolvimiento real de su objeto de programación (los procesos de largo alcance que lo afectan y sus manifestaciones coyunturales) es, por cierto, problemática y está sembrada de inadecuaciones que emergen como brechas que conflictúan y problematizan las interacciones agente público-agente mapuche, sin llegar a obstaculizarlas completamente (la evidenciación al fragor de las interacciones de notorios desfases entre la visión del objeto mapuche –desde la perspectiva funcionaria- y su concreción en los sujetos mapuches con los que debe interactuar no impide la ejercitación de las mismas). Los desfases entre el objeto étnico preconcebido y su concreción en el sujeto alterno de la interacción se van sedimentando como un inclasificable producto excedentario que parece reclamar una corrección que siempre se posterga (en espera de su disolución progresiva) en virtud de la voluntad de cambio y fe en los resultados que siempre impera en las políticas públicas. Evidentemente es en la dimensión cultural donde más nítidamente se presentan las preconcepciones funcionarias sobre lo mapuche, ya que es esta dimensión la que diferencia (y justifica) a la agencia y la programación pública indígena del resto del aparataje estatal. Aquí constatamos que las definiciones en torno a una identidad cultural tradicional mapuche, la que debe ser preservada y revalorizada a través del ejercicio del cometido funcionario, se han extendido desde la agencia pública indígena hacia el resto de las agencias estatales. Y, si hay un aspecto de la actual vida mapuche (individual-familiar y comunitaria) donde con mayor fuerza se deja sentir un juicio muy consolidado asociado a esta idea o concepto de identidad cultural tradicional mapuche y que, en general, constituye un rasgo que se proyecta nítidamente en la cultura funcionaria observada, es frente a la presencia evangélica en las comunidades.


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La distancia con que muchos funcionarios enfrentan el tema evangélico en las comunidades es algo que en mayor o menor intensidad se percibe en sus declaraciones y relaciones con los mapuches. Se podría decir que lo ven, lo sienten, como un obstáculo a superar. Para muchos funcionarios pareciera ser que el ideal de comunidad mapuche sería aquella en la que no hay presencia evangélica, o mejor aún, aquella en la que si hubo tal presencia, esta se contrarrestó a través de procesos de revalorización y rescate de la cultura tradicional mapuche (algunos de estos procesos dirigidos desde el Estado, como el caso de la EIB, y los Programas de Salud Intercultural). Claro, el argumento para este rechazo es que el discurso y la práctica evangélica atenta, mina, conceptos y prácticas esenciales de la cultura mapuche, emanados desde su dimensión religiosa o cosmovisión ancestral (este argumento presente en la encargada de la Unidad de Salud Intercultural Arauco, los tres profesionales mapuches del programa EIB regional (MINEDUC-ORIGENES), promotores –mapuches y no mapuches- de ORIGENES en ambas provincias, encargados de área de CONADI, por ejemplo). Tendríamos que apuntar que tal visión sobrevalora la importancia de lo religioso como el principal y casi único ámbito o dimensión donde radicaría y se perpetuaría la quintaesencia de una cultura, desestimando todas las otras dimensiones (económicas, sociales, familiares, políticas etc.) donde también se regenera una cultura. Sin embargo, algunos de los funcionarios que laboran en los ámbitos educacionales y de salud realizan esfuerzos por no excluir de su accionar a los comuneros evangélicos. En boca de la encargada de EIB en Arauco: “no podemos estar siempre diciendo ‘es un problema’, tenemos que enfrentarlo, buscar soluciones”, y resalta actividades como la realización durante el último Wetripantu de mesas de conversación sobre “cultura mapuche” en las escuelas de algunas comunidades, en las que participaron comuneros evangélicos. Pero siempre parece haber un reparo de los funcionarios frente a este tema, lo dijo el encargado de desarrollo de CONADI regional al referirse a las mujeres de la directiva de la comunidad de Cuyimpalihue (al norte de Cañete), destacando lo pujantes que son como microempresarias, eso sí, añadiendo un pero: “pero ellas lamentablemente han tenido problemas para rescatar su cultura tradicional….”. Claro, son evangélicas. 3.1.4.3 Caracterología de lo mapuche, divergencia entre distintos funcionarios: el carácter situacional mapuche”

Podríamos decir que la incompatibilidad que se concibe entre lo que se define como una identidad cultural mapuche y la presencia del mundo evangélico como un factor aglutinante y otorgador de sentido a colectivos importantes de sujetos mapuches, diagnóstico asociado a las preconcepciones construidas sobre el objeto étnico como destinatario de la programación estatal, se presenta como un rasgo relativamente homogéneo en el contingente funcionarial. Sin embargo existen otras dimensiones distintivas de dicha programación que generan una mayor divergencia de puntos de vista y de criterios de evaluación entre diversos agentes estatales. Situación que da cuenta de la existencia de aspectos en que la construcción del objeto étnico por parte del Estado no ha logrado generar un cierre que consolide una caracterización de tal objeto, que luego la repreoduzca como interpretación predominante en el tejido funcionarial. Son áreas donde la definición del objeto está inacabada para la agencia pública. Quizás el mismo sesgo etnificador que se ha desarrollado en sectores de funcionarios de la agencia indígena contribuye a profundizar espacios que podríamos caracterizar como de debate en torno a estos campos en definición.


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Las relaciones que los sujetos mapuches establecen con los programas y proyectos de asistencia y desarrollo que el Estado está direccionado hacia ellos abren uno de tales espacios de divergencia interpretativa entre diversos funcionarios públicos. Así, la percepción de distinciones entre dirigentes mapuches y comuneros de base que manejan algunos de los funcionarios públicos que ejecutan su trabajo directa y cotidianamente con las comunidades (a saber, que los dirigentes, especialmente los más jóvenes, se muestran mucho más confrontacionales con los agentes estatales al presentar demandas; que los dirigentes mostrarían una tendencia bastante más acentuada a dividirse, a pelearse entre ellos, que los comuneros), encuentran una suerte de objetivación en la brecha que un Director de Servicio establece entre dirigentes y comuneros. Este directivo afirma que los dirigentes siempre están más prestos y dispuestos a criticar a las instituciones públicas porque esta actitud formaría parte de algo así como una profesión dirigencial, sostiene en cambio, que los comuneros de base que han recibido apoyo concreto de las instituciones estatales estarían más satisfechos y acordes con la labor de dichas instituciones, pero tienen menos voz, menos presencia. Estableciendo entonces a los dirigentes y su perfilamiento público en base a una actitud crítica frente a las organismos estatales, en una suerte de libreto dirigencial, señala que las agencias públicas toleran las criticas de muchos dirigentes mapuches (aún cuando, obviamente, consideren que muchas de estas críticas no tienen sustento) a pesar de que contarían con elementos para desacreditar públicamente a algunos de esos mismos dirigentes, por las malas prácticas y los problemas de ética de que adolecerían. La asociación entre problemas de ética y la dirigencia mapuche aparece también en las declaraciones de algunos otros funcionarios (problemas de ética consistentes básicamente en que algunos dirigentes aprovecharían la representación que ostentan - “o que algunos dicen ostentar” apunta un funcionario especialmente crítico en este aspecto- para obtener beneficios personales o familiares). Esta constatación se vincula, en la percepción de estos funcionarios (aunque son aspectos claramente distintos), a la facilidad que evidenciarían los dirigentes mapuches para adecuarse discursiva y prácticamente a las diferentes situaciones o requerimientos que les presenta el Estado (y también entidades privadas, ONGs, etc.), con el fin de obtener recursos. Comportamiento que podría denominarse carácter situacional, atribuido como vimos, particularmente a los dirigentes mapuches, pero que algunos funcionarios extienden a los mapuches en general: una asistente social de la Municipalidad de Cañete caracteriza a los comuneros mapuches como oportunistas “ellos son oportunistas, sacan a sus hijos de la escuela municipal, sabiendo que es mejor, y los inscriben en una escuela particular, aunque sea más mala, porque ahí les dan los cuadernos, no les exigen uniformes, y ellos saben que es más mala”. Generalmente los funcionarios que acusan este carácter situacional mapuche, con la instrumentalización que supone de las relaciones con los organismos estatales y sus agentes, se limitan a constatarlo, pero al verbalizarlo lo escencializan, es decir lo enuncian como si ese comportamiento situacional fuera parte del ser mapuche, como si se radicara en una esencia mapuche, dicen: “los mapuches son situacionales, son instrumentales, son oportunistas….”. Hay algunos funcionarios que rebaten esta enunciación y caracterización de dicha situación. La encargada de la Unidad de Salud Intercultural Arauco al señalar el empeño por lograr el reconocimiento, la revaloración del rol de las autoridades tradicionales mapuches, como una de las principales motivaciones de la labor de su Unidad, lo resalta como un esfuerzo por superar la lógica


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organizativa instrumental y proyectual que según ella impera en la actual política organizacional promovida desde el Estado chileno hacia los mapuches, la que a su juicio “ha ido en desmedro de la cultura mapuche”. Desde aquí critica la orientación y los resultados que ha tenido la política organizacional promovida desde los noventas por el Estado hacia los pueblos indígenas, y hacia los mapuches en particular. Señala que la ley indígena obligó a los mapuches a organizarse en una forma huinca, ya que, por ejemplo. “la comunidad CONADI tiene presidente, secretario, tesorero, etc.”, es decir no habría respetado ni las estructuras, ni los cargos y sus mecanismos de designación, del sistema de autoridad tradicional mapuche, lo que importaría un debilitamiento de este sistema de autoridad. Entonces, sigue, “los mapuches postularon a proyectos Orígenes, se organizaron en comunidades CONADI de manera instrumental, porque el Estado se los impuso”. Por lo tanto, para ella, el carácter situacional acusado por los mapuches sería algo así como la respuesta adaptada que éstos habrían dado ante la lógica organizativa instrumental y proyectual que el Estado chileno les habría impuesto. Una herramienta adaptada para obtener los recursos estatales; lo que no significa necesariamente, sigue, que los mapuches abandonen y desactiven sus organizaciones y autoridades tradicionales (lo que en principio contradice su afirmación de que la lógica organizativa instrumental estatal atenta contra la cultura mapuche). Sería una expresión contemporánea de un mecanismo adaptativo histórico frente a la dominación que han sufrido “es igual que en la medicina, van a la posta pero eso no significa que no recurran a su propia medicina, los mapuches han sido interculturales siempre, obligados” . Para ella el carácter situacional mapuche, comprendido como una herramienta adaptada, por lo tanto acotada, discreta, hermana a los mapuches con otros sectores sociales carenciados: “claro, yo creo que es estrechez de mente pensar que (los mapuches son así), porque eso mismo yo te puedo decir pasa en las familias pobres de este país, o pasa en los pescadores, o pasa…. me entiendes, no es un tema de un pueblo, es un tema de alguien que tiene necesidad y que se adapta para conseguir solucionar esa necesidad, yo creo que ahí es donde está el punto”. 3.1.4.4 Percepciones “periféricas” sobre lo mapuche, funcionarios ajenos a la agencia pública indígena Junto a las definiciones más cuajadas y predominantes en el entramado funcionarial respecto al objeto étnico de la programación estatal, y a aquellos espacios en los que estas caracterizaciones están en proceso de configuración y están sometidas a las tensiones interpretativas que el propio impulso etnificador a abierto en la agencia pública indígena, aparecen, con un mayor nivel de dispersión, un conjunto de percepciones y juicios de los funcionarios públicos sobre los sujetos mapuches, que, podríamos decir, escapan al efecto sistematizador de la programación culturalmente diferenciada. Nos encontramos aquí con agentes que en general no pertenecen a la agencia indígena, sino que se desenvuelven en el resto del aparataje estatal, y que en virtud de los apremios de coordinación intersectorial que los programas direccionados hacia los mapuches han requerido, fruto de la focalización intensiva como metodología, han debido interactuar de manera más o menos sistemática con sujetos mapuches, constituyendo esto, en general, una experiencia nueva en su desempeño laboral. Estamos entonces en los márgenes de la programación étnica en el resto de la agencia pública, y los juicios y conceptos (y sus variaciones) acusados por estos funcionarios bien podrían


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considerarse como la constatación de algunas de las fronteras en las que el proceso de construcción del objeto étnico estatal se configura o se disuelve en una cultura pública institucional tradicionalmente ajena a la diferencia cultural como vector de programación, lo que pensamos releva, al concentarse en un objeto “nuevo”, el mayor peso del personalismo en la conformación de los juicios sobre los sujetos mapuches. A continuación presentamos una selección de opiniones sobre diversos aspectos de los sujetos mapuches emitidos por funcionarios posicionados en los citados márgenes. La implementación de programas especialmente focalizados hacia los mapuches en servicios públicos que no están étnicamente orientados, posibilita que los funcionarios que se desempeñan en ellos generen una interacción sistemática con los comuneros mapuches que en sus funciones laborales habituales resultaría imposible. La encargada de subsidio rural del SERVIU provincial de Arauco a quien le encomendaron desarrollar un programa especial de subsidio rural en el marco del ADI Lleu Lleu, valora positivamente los vínculos que a partir de esto ha establecido con los comuneros, porque esto le ha permitido “generar confianzas con los mapuches”, a pesar de calificarlos en general como “cerrados y desconfiados”. A pesar de su positiva valoración de esta experiencia sistemática de trabajo e interacción con las comunidades del ADI, es insoslayable la sensación de prejuicio que destilan muchos de sus comentarios, como cuando dice que después de toda esta experiencia “ahora, hasta los entiendo (a los mapuches)”. O como cuando afirma que a veces los mapuches (generalizando) cuando les entregan una casa magnifican un problema pequeño que ésta tiene (una gotera en el lavatorio), “son escandalosos para reclamar” , con lo que está calificando a los mapuches no sólo de escandalosos, sino también de flojos (porque no reparan gotera). Esto evidenciaría que la forma -genuina- en que un funcionario público valora positivamente su experiencia de interacción laboral con los mapuches, no implica una superación de sus prejuicios frente a ellos. Y este fondo puede ocultarse (incluso para él mismo) bajo las formas de un discurso del buen decir, de lo políticamente correcto, que se despliega cuando él habla del tema, cuando lo socializa. El funcionario asumiría que cuando comparte estas experiencias debe hacerlo en términos positivos, aprobatorios, porque, por ejemplo, entendería que eso es lo que domina en el discurso público actual, en la “sensibilidad pública”. Por otra parte, la concepción previa que muchos funcionarios públicos poseen sobre “comunidad mapuche” suele verse fuertemente modificada luego de interactuar con los comuneros. Nuevamente esto es especialmente evidente en funcionarios que hasta la destinación de parte de sus servicios a un trabajo específico con los mapuches, no habían tenido un mayor contacto con ellos. Un ejemplo de los cambios de percepción en este sentido lo entrega una de las dos asistentes sociales del SERVIU de Bio Bío que desarrollan programas de subsidio rural con comuneros pehuenches. Refiere que cuando se abocaron al proceso de otorgar el subsidio a los comuneros de Los Guindos, lo primero que pensaron (ella y algunos otros colegas) fue en presentarles un programa de postulación colectiva, pensando que esto era lo más compatible con el “espíritu y carácter comunitario” atribuido a los pehuenches, pero éstos, para la sorpresa de ella y de su jefe, expresaron tajantemente que preferían un tipo de subsidio individual para cada familia, porque “ellos decían que aunque eran comunidad, les gustaba tener su propio espacio….porque reconocían que tenían diferencias, discrepancias entre ellos, eran comunidad pero a cada cual le gustaba conservar su espacio individual”. Los comuneros prefirieron la modalidad individual a pesar de que el programa de postulación colectiva implicaba el otorgamiento de mayores recursos. Esta adecuación de la


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noción de comunidad, caracterizada ahora como un espacio con mayores y claras delimitaciones internas, se correlaciona con un desplazamiento, en la percepción de algunos funcionarios, hacia una mayor individualización del “carácter colectivo” atribuido a los mapuches. El mismo equipo de dos asistentes sociales que trabajan en el subsidio rural con las comunidades pehuenches entrega una opinión reveladora del afinamiento que se produce en la propia autopercepción de los funcionarios (en su visión del rol que cumplen y de algunos de los supuestos que guían su acción) a partir de la interacción con comuneros mapuches. Ambas (entrevistadas por separado) refiriéndose a lo muy difícil que les ha resultado motivar a los comuneros para que cumplan con el ahorro previo que exige el subsidio para postular (10 U F por familia) y, en general, para respetar los plazos del proceso, llegan a la misma conclusión: “ellos son relajados, y dicen que no tienen plata nomás…pero son relajados…….yo creo que la vivienda, el tema habitacional, es un rollo más de mí, de los servicios públicos que de ellos mismos” “los viejos no tienen mentalidad de ahorro, yo tuve que sacarles libretas de ahorro a muchos…. nosotros les generamos la necesidad de ahorro, de vivienda…..uno dice, ‘¿pero cómo no tienen la necesidad de tener una casa mejor, un baño mejor?’, al final ése es un rollo de uno ….. por eso ellos ven la vida desde una perspectiva distinta, al final no van a cumplir (los requisitos de postulación), no porque sean flojos, sino porque son distintos, por eso a lo mejor el tema habitacional no funcionó, porque se hizo desde la perspectiva nuestra”. En marcado contraste con este giro en la autopercepción del rol del funcionario público a partir de sus interacciones con sujetos mapuches, nos encontramos con la situación que se presenta en el caso de la Directora de SERNATUR de la Provincia de Bio Bío. Ella sufrió una desilusión la primera vez que subió y vio a los pehuenches, en 2002. Los comuneros pehuenches se le aparecieron vestidos como cualquier campesino pobre, como pobres normales, pobres estándar, no le parecieron “típicos”, no tenían vestimentas ni otros signos étnicos exteriores, llamativos o distintivos, fácilmente destacables en folletos turísticos. Carecían de encanto turístico. Desde esa desilusión hasta ahora sus interacciones con los pehuenches parecen haber cuajado percepciones, digamos negativas, sobre la actitud que los pehuenches mostrarían ante las distintas iniciativas turísticas en Alto Bio Bío, actitudes que ella pondera como barreras de los pehuenches frente al accionar de funcionarios que, como ella, implementan tales iniciativas: “ellos sienten, y te hacen sentir, que uno se está metiendo en sus terrenos…..ellos no perciben que uno los está ayudando, sino que uno se está metiendo en su territorio”. Desde la interpretación de su accionar funcionario como una ayuda, resiente la actitud que ante esa ayuda expresarían los pehuenches “tienen una actitud como de que el Estado, y todas las instituciones públicas se están preocupando de ellos, y de que el Estado tiene el deber de hacerlo” (algo que la molesta sobremanera, cuando relataba esto en la entrevista, un nítido disgusto dominó su expresión). Puntualiza sí que las actitudes descritas se presentan fundamentalmente en los dirigentes y lonkos, no así en los comuneros de base, lo ejemplifica: en una reunión a que ella asistió, en julio pasado (2005) un lonko interpeló a los de SERNATUR diciéndoles que ellos (Sernatur, y los funcionarios que intervinieran en los proyectos turísticos) deberían saber chedungun, frente a lo cual ella se pregunta “¿pero, qué gano yo con eso?”, su respuesta es categórica: “nada”. La percepción presente en varios funcionarios de los mapuches (especialmente de sus dirigentes) como “muy peladores entre ellos”, es decir, que les costaría aglutinarse, generar asociatividad para trabajar conjuntamente, se concreta para algunos funcionarios en lo que conceptúan como


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dificultades para desarrollar su trabajo. La encargada de subsidio rural del SERVIU provincial de Arauco se enfrentó a casos como el de 4 comunidades tiruanas del ADI Lleu LLeu (Cura, El Malo, Choque y Ranquilhue) que no quisieron (o no pudieron) reunirse entre ellas para recibirla, y tuvo que hacer 4 reuniones distintas, una en cada comunidad. Esto mismo le ha ocurrido además con las tres comunidades cañetinas del ADI (Caupolicán, Nicolás Carbullanca y Pascual Coña).Y esto ha sido “un tema” para ella, en la medida en que ha dificultado su sistema de trabajo habitual, o más bien, aunque esto ella no lo dice, y al parecer no ha llegado a considerado así, la ha obligado a trabajar de otra manera. El hecho de que todavía lo considere en términos negativos (aunque lo valore genéricamente como experiencia) como una dificultad en su trabajo, y no en términos positivos como el aprendizaje de una nueva forma de trabajar, podría considerarse como una manifestación concreta de los límites que operan en algunos funcionarios públicos que interactúan con mapuches, aunque declaren, y genuinamente, su cercanía e incluso su identificación con el pueblo y las demandas mapuches. Superar el límite de considerar, por parte de los funcionarios, este tipo de “dificultades” sólo desde el desgaste que implica para su trabajo, desarrollar una apreciación que logre vincularlas a otros campos de valoración, es un rasgo que se presenta en el hincapié que algunos funcionarios hacen sobre la participación mapuche. La encargada de la Unidad de Salud Intercultural del Servicio de Salud Arauco, valora precisamente que en el Comité Provincial de Salud Intercultural la gran mayoría de las decisiones sobre los diversos proyectos, actividades, cursos de capacitación, etc., se resuelven participativamente con los representantes mapuches, aunque sea más lento y desgastador “las comunidades no funcionan como mono con el reloj, ¡ya vamos!, no, ellos funcionan con un ritmo distinto, con una reflexión distinta, tú podís tener un acuerdo hoy día, y llega la otra reunión y a alguien se le ocurrió que era otra cosa, y vamos de nuevo, y volvemos pa’ atrás, y de nuevo seguir avanzando, yo creo que son trabajos desgastadores, pero que finalmente tú puedes decir, a lo mejor no en un cien por ciento, yo estoy consciente de eso, pero de que existen canales participativos”. Similarmente, el Director SECPLAN de la Municipalidad de Alto Bio Bío, parte caracterizando la actitud que los comuneros pehuenches evidencian frente a los proyectos e iniciativas de la Municipalidad, como pasiva, indiferente. Para ejemplificar relata que cuando recién se instaló la municipalidad (diciembre 2004), él y otros miembros del nuevo equipo municipal decidieron, como una señal simbólica de inicio de una nueva etapa, pintar los postes de luz de Villa Ralco “con los colores pehuenches….azul y amarillo”; luego les preguntaron a los lonkos pehuenches qué les parecía la idea, y los lonkos no dijeron nada, permanecían callados, o respondían con monosílabos. El Director interpreta esto como que a los lonkos “les daba lo mismo” “al final yo no sabía, y todavía no sé, si les gusta o no les gusta….daban ganas de decirles que se pronunciaran, si les parecía horrible o muy bonito, pero nada”. En principio su valoración de esta actitud es que representa un obstáculo para el desarrollo de los proyectos municipales, fundamentalmente por la dilatación que éstos sufren, “un programa que debía desarrollarse en tres meses, se extiende seis meses o más”. Pero precisamente estas dilataciones han acarreado como contrapartida, en su mismo juicio, el beneficio de permitir un involucramiento, una participación más concreta y permanente de las comunidades, a través de sus representantes, en las iniciativas municipales. Como otros de los aprendizajes surgidos de la experiencia acumulada en la interacción con los comuneros mapuches, vinculados el buen desempeño y éxito de los diversos proyectos que los


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funcionarios implementan o dirigen, aparece la pertinencia de incorporar a promotores, facilitadores o técnicos de las propias comunidades en el desarrollo y seguimiento de estas iniciativas, como una forma de lograr una mejor inserción y sustentabilidad. En este mismo sentido surge una valoración de parte de los funcionarios de la figura del lonko como un elemento que facilita la inserción de los programas en las comunidades, y también como un agente mediador de las tensiones intracomunitarias, “la figura del lonko yo no puedo cuestionarla, porque es una figura ancestral, cultural, pero sobretodo porque es alguien que media en los conflictos internos de la comunidad, al presidente de la comunidad yo lo puedo cuestionar, al lonko no” (esta declaración en boca del mismo Director SECPLAC, y con él un funcionario FOSIS de la provincia de Bio Bío, y el Director Zonal del SAG de Mulchén). Si bien esto aparece como una revalorización de una figura cultural tradicional mapuche, el acento está puesto en una dimensión más práctica, más operativa, como el reconocimiento, o el descubrimiento de un elemento que beneficia la eficacia de la interacción funcionario-comunidad, y con ello la eficiencia de los proyectos que los funcionarios ejecutan. Esto se diferencia de la visión que tienen aquellos funcionarios para quienes el rescate y reconocimiento de las autoridades tradicionales mapuches es un propósito pre-inserto en un discurso de “rescate de identidad cultural”, que aparece guiando su accionar funcionario.

3.1.5 Mapuches Funcionarios

El notorio ingreso de funcionarios mapuches (profesionales o no) a la administración pública vinculada a la programación étnica, acaecido desde la vigencia de la ley indígena, ha terminado por dejar su marca en la agencia pública indígena. En la división regional de CONADI por ejemplo, el predominio de los funcionarios mapuches es abrumador, de 23 funcionarios de dicha repartición, 17 son mapuches, incluyendo al director regional. Si la programación estatal ha ido diseñando un objeto étnico sobre el cual aplicarse diferenciadamente, ha avanzado también, merced a políticas de discriminación positiva, hacia la incorporación de agentes mapuches en su planta funcionaria como una forma de visibilizar, de evidenciar, la nueva base de acción inaugurada con la política del reconocimiento hacia la población indígena. En esto se ha producido una concordancia, no exenta de múltiples tensiones, con una parte del movimiento mapuche para el cual la “única manera” de que los reales intereses y prioridades del pueblo mapuche sean atendidas por el Estado es a través de la incorporación de los propios mapuches en las áreas de administración pública que dirigen su programación, o parte de ella, hacia la población mapuche. La predominancia de funcionarios mapuches se da por cierto en las agencias indígenas, muy particularmente en el área cultural, organizacional, y también en la de proyectos productivos dirigidos hacia las comunidades, amén de la presencia de funcionarios mapuches en puestos de relevancia en dos de las municipalidades que hemos considerado en este estudio (Tirúa y Alto Bio Bío). Pero, ¿hay algo que diferencie al funcionario mapuche del que no lo es? Como hemos expuesto más arriba, muchos funcionarios mapuches de la agencia indígena comparten las valoraciones o percepciones que son relativamente comunes en el funcionariado general de la agencia indígena, tanto sobre el objeto étnico al que se aplica la programación estatal, como sobre las características de ésta última (desde la visión de rescate cultural hasta su imbricación con la instalación de capacidades, ambas como sostenemos acá con un claro sello de verticalismo desde su concepción


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hasta su aplicación y evaluación). Los supuestos generales que predominan en la programación étnica estatal, que aquí hemos situado bajo la denominación múltiple de la carencia o el déficit (carencia material de los mapuches como sujetos pobres, y déficit de identidad cultural como sujetos étnicos), acompañan el desenvolvimiento de los funcionarios mapuches, particularmente de los que ostentan un grado profesional, y en esto podemos ver que dicha programación ha logrado consolidar estos supuestos (al interior del entramado estatal) de una manera relativamente exitosa. Así, la valoración de la política pública hacia los mapuches aparece en las declaraciones de varios funcionarios mapuches, concentrándose en aspectos como el reconocimiento a los espacios que el Estado ha abierto para “rescatar la cultura mapuche”, esto en boca de uno de los integrantes del equipo regional (MINEDUC-Orígenes) que implementa el programa de EIB, o en la relevancia que se le otorga al hecho de que el citado programa Orígenes se halla operacionalizado de una manera tan exhaustiva en los diferentes aspectos de la vida comunitaria mapuche. Que los funcionarios mapuches, particularmente los profesionales, compartan en general los supuestos de la carencia puede atribuirse a su formación técnico-profesional en diversas instituciones de enseñanza, mayoritariamente públicas, que difunden estos supuestos. Por otra parte algunos de los funcionarios mapuches, particularmente en la Provincia de Arauco, pertenecen a familias que desde el siglo pasado ostentan una trayectoria dirigencial vinculada a la vida organizacional de partidos políticos de la izquierda tradicional, los que también históricamente han comulgado con ese diagnóstico. De ese modo tenemos que la visibilización del “nuevo” objeto étnico se conjuga o se expresa con lineamientos muy tradicionales arraigados tanto en el Estado como en la sociedad nacional. Por cierto, esto no implica la ausencia de tensiones y conflictos (discursivos o no) en los funcionarios mapuches, los que se expresan tanto en reparos a la naturaleza y características de los diferentes programas estatales en los que se desenvuelven, como en una visión crítica más global del accionar estatal con respecto a la programación étnica y a su objeto de aplicación. La Directora del Museo Mapuche de Cañete critica por ejemplo, la ingente, múltiple y descoordinada intervención estatal en las comunidades (como una señal de la imposición estatal), a la que define como una cortapisa al proceso de acrecentamiento de la participación mapuche en los diversos programas que los atañen. Sin embargo sostenemos, como veremos más adelante, que los desajustes más evidentes se producen no tanto en la relación que los funcionarios mapuches establecen con el entramado administrativo del que forman parte, sino más bien en las relaciones que los funcionarios mapuches sostienen con los agentes mapuches receptores de la programación pública. Y esto lo vemos así ya que para los efectos de este estudio, las brechas que se producen entre funcionarios mapuches v/s receptores mapuches de programación estatal, aparecen como más significativas que las tensiones que les generan a los funcionarios mapuches su pertenencia al aparataje público (adelantándonos a las conclusiones podemos decir que para los beneficiarios mapuches la distinción funcionario mapuche/funcionario huinca no resulta determinante para modificar o diferenciar el corte más inclusivo agente público-agente (beneficiario) indígena). Situando al funcionario mapuche como un elemento integrante del empeño etnificador de la programación estatal que no establece de por sí una diferenciación significativa en la naturaleza de dicha programación, lo que lo homologa al funcionariado general de la agencia indígena, tenemos que apuntar que existe una dimensión donde la doble condición de mapuche-funcionario sí establece una marca que distingue a este agente del resto de los agentes públicos en lo que hace a


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las interacciones con los sujetos mapuches. Esta es la autopercepción que la mayoría de los mapuches-funcionarios tienen de su doble condición como una cualidad que facilita y diríamos profundiza el contacto y las relaciones con los mapuches receptores de la acción estatal, en virtud del reconocimiento mutuo de la identidad social que serviría de base para dichas interacciones. Así, las vinculaciones que establecen con los comuneros y dirigentes mapuches aparecen en sus testimonios signadas por características como la cercanía, el compromiso, el respeto, la confianza. Quizás la dimensión de veracidad sea la que mejor integre las características enunciadas, la figura del funcionario mapuche como un traductor veraz en sus interacciones con las comunidades. En un testimonio que deslinda por sí solo algunas de las diferencias, que dentro de esta auto percepción, se marcarían entre las interacciones que los mapuches establecen con un funcionario mapuche y las que establecen con uno que no lo es, una funcionaria mapuche relata que muchas veces le ha ocurrido que después de que funcionarios huincas han explicado un programa en una comunidad, los comuneros se acercan a ella para preguntarle sobre lo que realmente implica tal programa “usted dígame la verdad, si se puede o no se puede”, los comuneros se acercarían a ella para confirmar, para validar la información que les fue entregada; en sentido contrario ella también opera para los comuneros como una traductora veraz, le han dicho “lo que yo le quise decir al sr…(funcionario no mapuche) fue que….” Esta cercanía, también se especificaría formalmente, en las maneras de entablar y mantener comunicaciones entre un funcionario mapuche y los comuneros y dirigentes mapuches. La encargada del programa de EIB en la Provincia de Arauco (probablemente en un exceso de ortodoxia, pero que, pensamos, no le resta validez a su testimonio) relata la forma en que ella se presenta cuando llega a una comunidad con la que no ha establecido mayores contactos previos: afirma que “por un tema de trato y de respeto” a la primera persona que busca saludar es al lonko, “qué es lo que le va a interesar al lonko, estoy hablando de una comunidad lof, el lof, en el lof lo primero que si usted, bueno, ve un lonko, aparte de saludarlo, él va a querer saber quién es usted primero, antes de hablar de cualquier cosa, quién es usted, quién es usted, X X, pero quién es X X te va a preguntar, yo vengo de Tirúa, ah entonces ya se hace un panorama, mi papá X Y que viene de Lebu, mi mamá Z X que viene de Tirúa, ¡ah, ya!, entonces ahí hay todo un tema familiar, cierto, son mapuches los dos, y yo trabajo en tal parte, y vengo a hablar del tema educación. Entonces se hacen todo, ya un panorama, ¡ah, ya, usted es del lado de allá!, ahora conversemos”. Aún añade que antes de conversar, ella le pregunta al lonko (y a cualquier comunero, dirigente, etc.) cómo está su familia, cómo está la salud, se conversa en general de la comunidad, cómo está funcionando. Y recién después de todo esto se conversaría sobre el tema específico que motivó la visita. Para ella “todo este tema de comunicación” es lo que le haría falta al funcionario huinca cuando se comunica con los comuneros, “el huinca siempre va así, a lo específico, el huinca llega, dispara, después ‘ya, listo permiso, terminó la reunión, estos son los compromisos, me voy’”. Esta despersonalización atribuida a la forma en que los funcionarios no mapuches se contactan con los comuneros y dirigentes mapuches afectaría el nexo que busca establecerse con las agentes mapuches, ya que sería interpretada por comuneros y dirigentes mapuches como indiferencia, falta de compromiso. A través de esta auto percepción de mayor cercanía y confianza de los mapuches-funcionarios con respecto a los agentes mapuches nos deslizamos a un plano en donde la personalización adquiere una relevancia demarcadora, en donde, tanto la historia familiar, los lazos de parentesco y la


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biografía de los mapuches-funcionarios establecerían vinculaciones previas, subyacentes con los agentes mapuches, vinculaciones que soportarían, contextualizarían la mera relación basada en los roles funcionario-beneficiario/usuario. Decimos personalización porque no en todos los casos el mero hecho de ser mapuche, ni aún el hecho de pertenecer al mismo mundo de las comunidades y los territorios en los que desenvuelve el funcionario, facilitaría una relación de mayor cercanía y confianza con los beneficiarios mapuches (por lo demás los mismos actores mapuches recalcan este punto, el hecho de que se enfrenten a un funcionario mapuche no garantiza el surgimiento de una confianza y cercanía automática, éstas se van generando personalizadamente, caso a caso). Con todo, cuando este horizonte de vinculaciones previas entre funcionario y agente mapuche parece operar efectivamente como sustrato de la relación, permitiría el surgimiento de una fluidez que absorbería o procesaría las tensiones que eventualmente surgirían en esa relación. Un funcionario mapuche de Orígenes-Indap de la provincia de Arauco al abordar las relaciones que ha mantenido con algunas comunidades en conflicto en Tirúa Sur, señala que a pesar de haber tenido algunos desacuerdos y “encontrones” con ciertos comuneros, esto no ha dificultado el desarrollo de su trabajo, ni sus vinculaciones con las comunidades en general. Los episodios conflictivos giran, previsiblemente, en torno al reproche que algunos de estos comuneros le han hecho por ser parte de la maquinaria del gobierno, lo que se agravaría por su condición de mapuche. Le han enrostrado ser yanacona. Frente a esto él reafirmaba su trabajo (haciéndoles ver de paso, lo paradójica que resulta la actual postura que sostienen -que aparece muy intransigente frente al Estado- al compararla con la que tenían en los 70 y 80s, ya que esos mismos “viejos” que hoy aparecerían con la CAM, “en esa época apoyaban a Pinochet”). No se crea que episodios de esta especie son muy frecuentes, por lo demás él mismo funcionario señala que después de este tipo de intercambios, frecuentemente terminaba conversando amigablemente con sus “oponentes”. El funcionario citado nació en la misma provincia de Arauco, es hijo de un recordado dirigente, y fue el hombre que instaló la CONADI en la región, fue su primer director regional, y ha sido asesor de la Intendencia Regional, desde donde organizó, por ejemplo, un encuentro entre el Intendente y todas las comunidades de Tirúa Sur. Acopiamos todos estos antecedentes para graficar el conocimiento, el historial de relaciones existente entre un funcionario mapuche como éste y los comuneros de Tirúa Sur. Lo que ayudaría a explicar que a pesar de las fricciones que tuvo, o tendrá, con ciertos comuneros de la zona, estas fricciones no imposibiliten el flujo de sus interacciones con ellos, ni en definitiva obstruyan su trabajo. El mal pronóstico que en principio tendría la interacción entre un funcionario público mapuche “yanacona” y comuneros de “comunidades en conflicto”, se desvanece en un entramado de relaciones, de historia conjunta, en la densidad y profundidad de interacciones historiadas. Si hiciéramos una mención tratando de especificar las características que asume el accionar de los funcionarios mapuches municipales con respecto a las relaciones que establecen con los agentes mapuches de sus respectivas jurisdicciones, tendríamos que desagregar los comentarios en las dos municipalidades que cuentan con alcaldes mapuches, Tirúa y Alto Bio Bío. En el primer caso, como ya lo mencionamos más arriba, el empeño etnificador se confunde con el ejercicio y legitimación del poder local del alcalde Millabur y de su equipo cercano. Como vimos, los funcionarios mapuches de esta municipalidad son pocos (10), pero la mayoría de ellos ocupan cargos de confianza y responsabilidad en la administración municipal. Ellos mantienen vínculos estrechos y permanentes con la mayoría de las comunidades y organizaciones mapuches de la comuna, como parte de la visión que tienen no sólo de su trabajo sino más ampliamente de la misión y objetivos de la gestión edilicia. Digamos que ellos conciben estos vínculos con las comunidades como una concreción, una


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operacionalización de dichos objetivos.(resumidamente y en sus propias palabras: “demostrar que los mapuches pueden gestionar exitosamente un poder local”; “poner en valor la condición de mapuches”; superar la lógica comunitaria en la construcción y defensa de un espacio cultural-territorial, entendido éste bajo el concepto de “territorio integral mapuche” (como horizonte), lo que implica “generar poder de decisión política en los mapuches de Tirúa”), y también como una concreción de la relación participativa y horizontal que la municipalidad pretende establecer con los mapuches de la comuna. Para esto su propia condición de mapuches es asumida como herramienta de trabajo “la relación es de mapuche a mapuche, nosotros somos parte de este territorio”. Estamos frente a una operacionalización de la condición étnica al servicio de un ambiguo y no resuelto multipropósito que, por una parte enarbola el discurso del acrecentamiento de la autonomía política y territorial de las comunidades turuanas, y por otro es funcional al reforzamiento del poder personal de la cabeza comunal. En el caso de la gestión municipal de Alto Bio Bío, por su condición de nueva comuna, y por la reciente conformación de su planta de funcionarios, en la que los funcionarios pehuenches son escasos, y sólo un par de ellos ocupan cargos de cierta relevancia en la administración municipal, no se presenta una elaboración tan integrada y sistematizada sobre la gestión comunal al servicio, por ejemplo, de una profundización de la autonomía comunitaria, como sí la enuncian los funcionarios mapuches tiruanos. En el caso de ABB, los discursos etnificadores de los funcionarios pehuenches aparecen más bien acotados a las dimensiones de rescate de la una identidad cultural tradicional, lo que los posiciona como exponentes del mandato genérico de revalorización cultural que caracteriza al impulso etnificador de la agencia pública indígena. Por ejemplo, la Jefa de Gabinete del alcalde de ABB, una joven pehuenche, desliza una crítica genérica a los dirigentes pehuenches ya que afirma que precisamente no dirigen a las comunidades, “no las orientan, no las rectifican…..(los dirigentes) se dejan llevar por la comunidad, por las necesidades económicas de la comunidad”, ejemplifica esto diciendo que frente a CONAF por ejemplo, los comuneros dicen que no quieren reforestar con pino y eucaliptus sino con especies nativas, pero en la práctica muchos se inscriben en programas de forestación con eucaliptus (en Cauñicú por ejemplo), y allí es donde ella echa de menos dirigentes rectificadores en un sentido de “cultura tradicional”. En este plano dirigir para ella es sinónimo de rectificación, asumiendo que por necesidades económicas los comuneros pehuenches están en la práctica (no tanto en lo discursivo) desviados o desviándose de su identidad cultural. Finalmente en este acápite sobre los funcionarios públicos mapuches, debemos exponer una constatación puntual sobre los funcionarios mapuches de la Provincia de Arauco. Aquí ha habido experiencias informales de aglutinación de algunos de estos funcionarios en redes de contacto, que operan como grupos de discusión y sensibilización sobre aspectos relacionados con la identidad cultural mapuche, problematizándola en relación a la realidad provincial, regional, y a los programas estatales dirigidos a los mapuches, etc. Esto ha ocurrido específicamente con un grupo de profesionales mapuches, la mayoría jóvenes, ligados al ámbito educacional (la mayoría son profesores), y que se desempeñan en diversas reparticiones públicas de la provincia (Museo Mapuche, Conaf, Conadi, Mineduc, Orígenes), los que por afinidad y amistad, en los hechos constituyeron una red de esta especie, a la que se sumaron algunos dirigentes mapuches, pensando incluso en un momento en formalizar esta situación creando un “grupo de prefesionales mapuches”, lo que hasta ahora no ha cuajado. Una de las integrantes de este grupo, la encargada del programa de EIB en la provincia, dice que la socialización generada al interior de este grupo le sirvio mucho


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para formar una idea de qué es lo que se espera del programa de EIB en general, para “estructurar mejor los discursos” , y sobre todo para “ser más abierta de mente” para adaptar el “paquete hecho” de EIB que “viene de arriba”, y que ella debe aplicar “sí o sí”, para que así “calce con la realidad de la gente”. En definitiva este grupo le ayudó a pulir la mirada y la práctica de su trabajo en EIB., y ello habría beneficiado sus vinculaciones con las comuneros. Este tipo de experiencias, informales, incipientes, de asociaciatividad entre funcionarios profesionales mapuches en Arauco, sirve para establecer otro contraste con la situación en Alto Bio Bío, donde no se han dado estas asociaciones, fundamentalmente porque allí existe un gran déficit de profesionales pehuenches, o aún de funcionarios pehuenches con cierta calificación, de hecho los tres funcionarios públicos mapuches no municipales que trabajan en Alto Bio Bío provienen de la novena región. Las características de las relaciones que estos funcionarios mantienen con los comuneros y dirigentes pehuenches se problematizarán más adelante. 3. 2 LOS AGENTES MAPUCHES Frente a la impulso constructor estatal de un objeto étnico al que está diseccionando una programación específica, como consecuencia de la persistencia (con todos sus altibajos y contradicciones) de la política del reconocimiento, encarnada en la ley indígena, los sujetos mapuches acuden o responden anclándose en la auto inscripción social como sujetos caracterizados por una condición cultural específica y distintiva. La concordancia entre ambas apelaciones o señalamientos de definición es por cierto problemática y está plagada de desfases que marcan y a su vez abren sucesivos escenarios de desencuentro. El desenvolvimiento histórico de estos desencuentros Estado-Mapuches, se señala en la evolución de la noción y práctica de la figura jurídica de la comunidad indígena, impuesta por el Estado entre fines del siglo XIX y principios del XX. Desde entonces esa figura ha sido la matriz de las relaciones entre los mapuches y el Estado Nacional, hasta hoy, cuando los empeños de distintos sectores de lo que se denomina el movimiento mapuche buscan superarla en miras a una consideración de territorialidad solidaria con el discurso autonómico. La dimensión comunidad (para muchos una ficción en el mundo mapuche), pensamos, no puede desprenderse de la forma en que los sujetos mapuches se relacionan con el Estado (y con su desagregación progresiva en las diversas agencias que lo componen, hasta llegar a la personalización en los múltiples funcionarios en que se encarna), ya que ha logrado establecerse y permanecer aún como una referencia ineludible, dotada de un gran poder de apelación discursivo con respecto tanto a los propios comuneros mapuches, como hacia los sujetos externos a ella. Por lo demás, el propio Estado ha impelido históricamente a los mapuches a través de ella, creándolas, luego dividiéndolas y, últimamente, reconfigurándolas en un nuevo régimen jurídico de reconocimiento. Por esto, aunque la comunidad mapuche en su interior se diversifique en múltiples y contradictorios intereses, impulsos y decisiones individuales, constituye el marco principal en que se sitúan de interacciones agentes públicos-agentes indígenas. Las agencias públicas apelan a la comunidad para dirigirse a los mapuches, y éstos responden a la apelación apoyándose en la misma base.


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La comunidad se presenta así como el paradigma de valor instrumental de la relación (instrumental desde ambos polos, desde el Estado y desde los mapuches). La diferencia cultural sostenida entonces en la referencia comunitaria, permite a los sujetos mapuches anclarse en ella para desde ahí apelar y demandar al Estado en otras direcciones y posicionamientos, hablando e interpelando al Estado como pobres por ejemplo, claro, pobres mapuches. El Estado los reconoce en tanto poseedores de una especificad cultural (sostenida e instrumentalizada en la noción de comunidad), los sujetos mapuches responden y demandan al Estado desde la dimensión de la carencia, pero remarcando siempre la referencia a la diferencia cultural reconocida y promovida como base de legitimación para los contenidos no culturales de la demanda (la pobreza), y el Estado les retruca tratando de solucionar las demandas de la carencia, pero añadiendo como excedente, apremios de etnificación adicionales sobre los sujetos mapuches. En este juego de posicionamientos y expectativas situaremos a los sujetos mapuches de la región en sus interacciones con los agentes estatales. A continuación presentaremos un diagnóstico de situación de las relaciones con los agentes públicos, desde la percepción recogida en los sujetos mapuches, y una descripción de sus principales posicionamientos frente a la agencia estatal, y de algunos de los tipos de acción que de ellos se derivan. 3.2.1 Entre la imposición y el reconocimiento Entrando crudamente a las percepciones desfavorables que los sujetos mapuches expresan con respecto a las vinculaciones que establecen con los agentes estatales, y al comportamiento actual de éstos, convocaremos un aspecto resaltado en las opiniones de comuneros y dirigentes mapuches, y que se relaciona con una percepción crítica sobre la actitud impositiva que tendrían los funcionarios públicos en su relación con los comuneros, especialmente los funcionarios que se desempeñan en servicios que concretan su accionar hacia las comunidades vía proyectos y, dentro de éstos, a Orígenes en particular. Esta crítica, que lleva implícita una queja por la poca participación que les cabría a los comuneros en la definición y asignación de dichas iniciativas -y que en algunos sujetos mapuches se enmarca en una crítica a la lógica de este tipo de programas más allá de sus funcionarios-, verbalizada como “los funcionarios imponen los proyectos (productivos), creen que porque uno es beneficiario de la ayuda del gobierno tiene que hacer lo que ellos dicen”, aparece con frecuencia en boca de dirigentes de comunidades. De hecho varios de los dirigentes de las comunidades de Cañete que están incorporándose a la etapa de interfase de Orígenes explicitan una actitud aprensiva a este respecto, basados en lo que dicen saber de experiencias similares en otras comunidades. La asimetría en los posicionamientos de la interacción que esta percepción revela, encuentra en el manejo y distribución de la información uno de sus expresiones más evidentes. El déficit de información que muchos dirigentes comunitarios mapuches resienten frente a los funcionarios se plasma en quejas de que éstos no brindan suficiente y clara información sobre las características e incidencias de los diversos proyectos que se ejecutan en las comunidades, de que “niegan información”, o de que entregan informaciones contradictorias. Esto último lo apunta un dirigente de Cañete al referir que en su comunidad, en una reunión el funcionario A dijo que una persona sola


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dentro de la comunidad no es considerada familia y que por lo tanto no puede acceder a los proyectos del programa Orígenes, y luego, en otra reunión, el funcionario B dijo precisamente lo contrario, que una persona sola si es familia, y por tanto, puede acceder a los proyectos. Vinculado a lo anterior emerge en las opiniones de dirigentes y comuneros mapuches la impresión de los funcionarios públicos como sujetos poco comprometidos en sus vinculaciones con las comunidades y con las implicancias que su accionar generaría en ellas, lo que se compendia en la imagen del funcionario como alguien que sólo le interesa hacer su pega y cobrar el sueldo. La dimensión en que este rasgo se evidenciaría con mayor nitidez es en lo que los mapuches resienten como la falta de seguimiento de parte de los funcionarios sobre los proyectos que implementan “hacen un proyecto y después hacen revisión de cuentas, ¡y ya!, chao….nunca hacen un seguimiento”. En una reunión en una comunidad tiruana que está en la fase final de ejecución de proyectos Orígenes, es decir en la etapa de rendición de gastos, y en la que los dirigentes actuales recriminan a los anteriores porque éstos no habrían hecho un adecuado y transparente uso y distribución de los fondos, algunos comuneros reprocharon al funcionario encargado del programa, que estaba presente en la cita, por no haberse preocupado de seguir, de supervisar el desarrollo del proyecto y el manejo de los fondos implicados durante los cerca de dos años en que éste se ha desarrollado, y esperar en consecuencia a que llegara el cierre del programa para encarar un problema que, un seguimiento más cercano y dedicado de parte de su institución (representada por él ante los comuneros), posiblemente hubiera conjurado. El mismo funcionario reconoció ante la asamblea que era la primera vez que se reunía con toda la comunidad, que antes mantuvo contactos más bien puntuales sólo con los dirigentes. Por otra parte, esta crítica asoma, desde dirigentes y ex dirigentes mapuches mayores, que participaron en el proceso de reforma agraria en la Provincia de Arauco por ejemplo, como un rasgo de continuidad en las agencias públicas, encarnado en la actuación laboral de sus funcionarios. El presidente de una comunidad cañetina, que fue dirigente de un asentamiento, señala que los entonces funcionarios de la CORA y los de la actual CONADI sólo se limitan a hacer su trabajo, “a cobrar su sueldo”, sin involucrarse en el seguimiento de los procesos internos (divisiones, desorganización, etc.) que conllevarían los beneficios otorgados. Para ambos casos señala “falta control de la administración de los beneficios otorgados”. Buscando contextualizar este conjunto de percepciones tenemos que señalar que en la actualidad los sujetos mapuches se posicionan claramente frente a la agencia pública dentro de los parámetros del régimen de relación inaugurado por la ley indígena. Lo reconocen, lo han internalizado y lo utilizan como el marco de referencia para sus vinculaciones con los agentes públicos. Ciertamente opera también como marco interpretativo de dichas relaciones, y a partir de ahí como rasero evaluativo de los cambios que se han producido en ellas. Aquí las referencias a una situación diríamos atávica, que aún deja ver sus huellas en la percepción de los sujetos mapuches, y que opera como base memorable de las relaciones con el Estado y sus agentes, emergen como componente relevante del diagnóstico general de las interacciones, nos referimos al señalamiento del maltrato como una dimensión íntimamente asociada a la experiencia de la interacción con los agentes públicos. La evaluación desde los sujetos mapuches de las vinculaciones establecidas con los funcionarios públicos como una experiencia de maltrato se establece directamente desde la misma condición


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étnica de mapuches, es decir, el maltrato desde los funcionarios públicos es interpretado como una expresión de discriminación étnica. Por maltrato estamos entendiendo todas aquellas conductas funcionarias que puedan ser cubiertas desde las calificaciones de desconsideración, prepotencia, indiferencia, falta deliberada de buena y pronta atención, entre otras. El maltrato funcionario como expresión de discriminación étnica se manifestaría en la postergación consuetudinaria de la atención hacia los mapuches, actitud que éstos percibirían gatillada por elementos como la apariencia física de los mapuches y su dificultad para expresarse correctamente en español. Este último elemento es destacado incluso por dirigentes comunitarios de Cañete, Contulmo y Tirúa, en la provincia de Arauco, en donde el manejo del castellano está mucho, y más tempranamente extendido entre la población mapuche11, en comparación con la población pehuenche del Alto Bio Bío. Así, estos testimonios revelan que los mapuches eran más mal tratados, menos considerados por parte de los funcionarios públicos que el resto de los campesinos porque “al mapuche le costaba explicarse….por ser mapuches, a veces no nos entendían (los funcionarios) por no saber hablar bien español, nos discriminaban”. La oficina aparece como el espacio de interacción crítico donde parece concentrarse (antes como ahora) la experiencia del maltrato desde los funcionarios públicos. El vicepresidente de una comunidad de Tirúa Sur entregando una imagen muy viva al respecto, habla del endiosamiento del funcionario en la oficina “…porque ese es el endiosamiento del funcionario en la oficina…..la secretaria dice que él (funcionario) va saliendo y no puede atendernos, ¡y él está en la oficina!”. En un planteamiento cooperante al diagnóstico que da cuenta de la generalidad de esta situación, un funcionario mapuche de la municipalidad de Tirúa menciona que una de los primeros problemas detectados por el equipo que asumió la gestión edilicia con Adolfo Millabur, en 1996, fue “la poca estima de los mapuches frente a los servicios públicos, no eran atendidos en las oficinas”, por lo cual, señala que se impusieron la tarea de “poner en valor la condición de mapuches”. Como puede verse estas opiniones se expresan mediante la utilización de formas verbales en pasado, lo que se corresponde con la percepción de un cambio relativamente generalizado en los funcionarios públicos hacia actitudes más consideradas y hacia una “mejor disposición” frente a los mapuches. Cambio de actitudes que hoy posibilitaría el establecimiento de diálogos entre funcionarios públicos y sujetos mapuches, como lo expresa una joven dirigenta comunitaria, quien señala “antes (los funcionarios) se daban más importancia, porque andaban de corbata, y uno andaba….. entonces ahora no, por eso te digo yo que hubo un cambio, que hay un diálogo ahora entre funcionario y dirigente, o cualquier persona que vaya, hay un diálogo ahora”. La figura del diálogo como superación cualitativa de la experiencia del maltrato en la relación, se conformaría como uno de los escenarios que los agentes mapuches proyectan a partir de la recepción y utilización que efectúan del horizonte del reconocimiento abierto por el Estado. De manera coincidente, y con más o menos matices, este cambio en la actitud de los funcionarios (que admite, aún en el juicio de los propios mapuches que lo apuntan, muchas excepciones y relativizaciones que lo problematizan) se sitúa como una consecuencia o manifestación de esta nueva apelación estatal, concretada en actos o hitos como la vigencia de la ley indígena desde 1993, o a la implementación en las comunidades de programas públicos específicos e intensivos (algunos comuneros y dirigentes mencionan en esto especialmente a Orígenes). Esto constituiría en

11 Con la consecuente pérdida del chedungun, proceso claramente agudizado desde la década del sesenta.


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sí mismo un logro del énfasis focalizador de la programación étnica12 . La opinión de una dirigente comunitaria de Cañete sobre la ley indígena de 1993 serviría como epítome de esta recepción “ha habido un respaldo, un reconocimiento para las comunidades mapuches, y por eso que hoy tenemos derecho de hablar, porque antes no había un derecho de tener que explicar nosotros la necesidad…..ahora no, ahora nosotros pedimos, explicamos, nos escuchan, y si no nos escuchan, tenemos una ley que tiene el mapuche, de tener un derecho que reclamar. Y ese derecho estaba perdido, porque nadie lo reconocía…..que es una ley, que a nosotros, llegamos, y tenemos que ser atendidos”. Los límites o pliegues de este posicionamiento mapuche ante la apelación estatal, estarían señalados por el planteamiento emitido por algunos dirigentes que resaltan el papel proactivo jugado por los colectivos mapuches en la concreción de dichos actos de reconocimiento estatal. Presentan tales actos como el resultado de la “lucha de las comunidades”, a través de la cual “nosotros también nos hemos ganado espacios”, con lo que describen un movimiento de avance y apropiación de los agentes mapuches sobre ciertos espacios e instancias de participación generados en algunos ámbitos de acción de la agencia pública indígena. Así, un dirigente comunitario, representante y vocero territorial de varias comunidades de Cañete, valora especialmente el trabajo desarrollado en el Comité Provincial de Salud Intercultural, porque lo considera un espacio de participación resolutiva para las comunidades mapuches (a través de sus representantes) “en el Comité las condiciones las ponemos los dirigentes mapuches”. Entre las medidas propuestas por los representantes mapuches y concretadas en el marco del Comité menciona la mejoría en las condiciones sociales y sanitarias básicas de las machis (habilitación de agua potable, luz eléctrica para ellas, construcción de rucas especiales para que atiendan), y la contratación de asesores culturales mapuches en los hospitales de Cañete y Contulmo y en el consultorio de Tirúa. Decimos sin embargo que en este tipo de planteamientos se marcan los límites del posicionamiento mapuche ante la apelación estatal, ya que al trasladar (por parte del mismo dirigente-vocero) esta buena evaluación del Comité a los funcionarios de la Unidad de Salud que lo coordinan, llama la atención no un cambio en la evaluación, ya que se mantiene la valoración positiva, sino los términos en que ésta se concreta. El vocero manifiesta que se trata de funcionarios que demuestran voluntad y paciencia para trabajar con el pueblo mapuche. Voluntad y paciencia para con los mapuches revelan una auto percepción y posicionamiento mapuche de desmejora, de minusvalía frente a los funcionarios públicos, posicionamiento que contrasta, que diluye su otra declaración de que los actos de reconocimiento por parte del Estado hacia los mapuches (el programa Orígenes, el Comité de Salud Intercultural) son fruto de la lucha de las comunidades. Esta evidencia de paternalismo mapuche frente a los funcionarios públicos nubla su declarado posicionamiento como contraparte frente el Estado y sus agentes. Al evaluar la poca participación de miembros de instituciones estatales en el Comité (representantes de hospitales, FONASA, incluso de CONADI) recurre a las mismas herramientas, ya que dice que si no asisten a las sesiones del Comité es porque “no tienen voluntad con el pueblo mapuche”.

12 Añadidamente, algunos dirigentes mencionan como otro factor cooperante un recambio en el plantel de funcionarios que se vincula con los agentes y comunidades mapuches, que habría implicado la llegada de funcionarios nuevos, más jóvenes, mejor predispuestos “para atender” a los mapuches


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Estamos entonces ante la evidenciación de las brechas que se abren entre la apelación etnificante estatal y la conciencia étnica de los propios sujetos mapuches, al concurrir éstos a los espacios de participación abiertos por aquella e interpretarlos luego como producto de la puja colectiva por concretarlos y apropiarse de los mismos. Lo que ilustra lo doblemente contradictorio de esta confluencia, por una parte el Estado se percibe proactivamente cooperando a la conformación de un sujeto étnico en posesión y ejercicio de sus atributos y capacidades de contraparte, pero cosecha un sujeto entrampado en las redes de la domesticación étnica, que lo lleva a seguir posicionandose ante la agencia estatal desde la minusvalía. Y por otra, el agente mapuche responde a la apelación estatal concibiendo la profundización de su participación en tales espacios estatales como un ejercicio que coadyuda al fortalecimiento de su conciencia étnica, pero que desnuda este movimiento como un mero acoplamiento a un diseño estatal que imposibilitaría tal fortalecimiento. Pensamos que lo que se trasluce detrás de este múltiple desencuentro (y que ayudaría a explicarlo), es el deslave del maquillaje étnico con que ambos agentes concurren a este espacio, quedando ambos con un rostro que siempre es ocultado por el discurso intercultural que sustenta la programación étnica: el rostro sincerado de la carencia. La agencia estatal continúa operacionalizando sus vínculos con los agentes mapuches bajo los mandatos de la carencia, y los agentes mapuches demandan al Estado prioritariamente desde esta misma dimensión. 3.2.2 El posicionamiento carenciado de los sujetos mapuches frente a la agencia pública. El maquillaje étnico como condición necesaria para la interacción que supone y genera la apelación estatal abierta por los mandatos del reconocimiento, se releva como el producto de la construcción de una condición étnica específicamente apropiada para dicha interlocución. Desde la perspectiva de los sujetos mapuches, su recepción de la apelación estatal se articula en un movimiento que trasviste su identidad o conciencia étnica (si quisiéramos, entendida ésta como una realidad, un antecedente, al margen o previo a los requerimientos de un agente externo) bajo su conformación en una condición étnica elaborada en relación a las definiciones, características y procedimientos con que la programación culturalmente diferenciada estatal vehicula sus programas de asistencia y desarrollo. Se dotan así del pasaporte (reconocido y co-elaborado por la agencia pública indígena) que habilita su plena comparecencia a la interacción, y que posibilita los escenarios para el despliegue de su principal enunciación frente a la agencia pública: la demanda desde la condición de sujetos carenciados13.

13 Las expectativas y definiciones arrancadas desde la carencia en que se posicionan los sujetos mapuches en sus relaciones con los funcionarios estatales, encarados así como agentes dotados de capacidad para suministrar recursos y soluciones, no se agotan por cierto en la dimensión más evidente o material de la carencia, sino que se despliegan en aspectos más o menos intangibles de ésta. Así, los funcionarios públicos también son valorados como agentes proveedores de conocimiento (y de tecnología), dotados de capacidad profesional para desarrollar proyectos (y para “enseñar” a los comuneros a desarrollarlos), y de contactos, redes, que les permiten implementar tales proyectos. Bienes y valores de los que los comuneros se saben carenciados. Aspectos todos en que se asemejan, en la percepción de los mapuches, los funcionarios públicos y los agentes de consultoras, frente a los cuales algunos mapuches resienten un déficit de manejo y suministración de información similar al que expresan en relación a los agentes estatales.


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Los rastros de esta situación los fuimos encontrando desde la tímida intervención de una comunera del Valle de Cayucupil, en Cañete, quien en una sesión de un taller de capacitación en el marco del programa-convenio entre INDAP y PRODEMU “Capacitación y Formación para Mujeres Rurales”, circunscribió exclusivamente la importancia de pertenecer a una comunidad indígena en dicho sentido “es importante pertenecer a la comunidad indígena porque se pueden obtener recursos, postular a proyectos. Pasando por los esfuerzos del lonko de una comunidad pehuenche quien, creyéndonos funcionarios públicos con atribuciones y capacidad para resolver diversos problemas, nos pedía que elaboráramos una carta dirigida al Presidente Lagos, para que se dotara de luz eléctrica a un sector de su comunidad carente de ésta, petición que intercalaba con argumentos que buscaban resaltar lo genuino de su condición étnica (y de su propia autoridad) en relación al Estado, en el hecho de ser descendiente del cacique a cuyo nombre se le entregó el título de merced a su comunidad. Hasta el movimiento más generalizado que se manifiesta en la constitución de nuevas comunidades jurídicas indígenas, con el objetivo de acceder en plena forma a los beneficios que el Estado está direccionando hacia la población mapuche14. Una ejemplificación de esto último la encontramos en una comunidad nueva de Tirúa, conformada por emigrados desde otras comunidades mapuches de la zona que se asentaron en un sector costero a partir de la década del 70. A dicha comunidad concurrimos acompañando a un funcionario municipal mapuche y a un concejal mapuche de la misma comuna, y consejero nacional de la CONADI. La comunidad se constituyó en 2003 con 13 socios y actualmente están enfrentando graves conflictos internos porque ha aumentado la presión de otras personas por ingresar como socios. Las dificultades se han presentado sobre las decisiones y procedimientos para incorporar a nuevos socios. En la reunión, el presidente de la comunidad reseña que esta situación ha generado tensiones fuertes, llegando en ocasiones a bordear las agresiones físicas (habla de reuniones previas suspendidas por “falta de garantías”). Siguiendo con su exposición, puntualiza que cuando los 13 socios fundadores constituyeron la comunidad, no integraron a más personas por simple desconocimiento de los requisitos y procedimientos que CONADI tiene para constituir comunidades. No habrían operado con el objetivo de excluir a nadie. Que es lo que precisamente piensan las personas que desean ingresar. En el transcurso de la reunión queda claro que esta presión por ingresar está gatillada por el inicio de la implementación del programa Orígenes en la comunidad, para de esa manera acceder a los beneficios que representarían sus proyectos productivos. Por lo demás, como nos informa el funcionario municipal, la constitución misma de la comunidad, en 2003, habría tenido una motivación similar (acceder a beneficios estatales especiales para los comuneros indígenas, como algunos programas de atención de salud dental). El presidente de la comunidad requirió la presencia del funcionario municipal y del concejal para que sirvieran de testigos de la reunión (que se realizó en la casa de uno de los socios), la que tenía como

14 El encargado de organizaciones sociales de la Municipalidad de Cañete informa que entre 2004 y lo que va de 2005 se han constituido en la comuna al menos siete comunidades con el expreso objetivo, dice, de acceder a la etapa de interfase del programa Orígenes que se comienza a implementar en la mayoría de las comunidades de la comuna (al menos en 36).


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objetivo iniciar y clarificar el proceso de incorporación de nuevos miembros. Además los requerían para que los asesoraran sobre las características de tal procedimiento. Sin embargo las intervenciones del funcionario y el concejal, si bien se hacen cargo de estos requerimientos de los comuneros (aclaran detalles del proceso de ingreso de nuevos socios, por ejemplo cómo conseguir ante CONADI el certificado de calidad indígena para aquellos que no tienen apellidos mapuches), se deslizan principalmente hacia lo que califican como el agudo déficit de elementos de cultura y tradiciones mapuche que acusan estos comuneros (con los que por cierto han tenido muchos contactos previos). Les recalcan la importancia de rescatar la cultura e identidad mapuches, “los mapuches de antes tenían los lonkos que eran las cabezas de las comunidades, impartían justicia y eran respetados….y ahora, aunque no es lo mismo, ¿cierto?, el presidente de la comunidad dirige, y tienen que respetarlo y respetarse entre ustedes”, llamando en consecuencia a los comuneros a no dividirse ni pelear entre ellos. Entregan además algunos rudimentos de la ley indígena y de las características del programa Orígenes. De manera que asistimos a una suerte de instrucción básica de etnificación, de parte del funcionario municipal y del concejal mapuches hacia el auditorio de nuevos comuneros mapuches (ingresados y por ingresar) presentes en la reunión –principalmente mujeres-. Éstos permanecen en silencio, sólo el presidente acusa recibo y señala que si bien a ellos les importan los proyectos productivos de Orígenes, también poseen un interés especial por rescatar la cultura mapuche (menciona el chedungun y la artesanía). Al final de la reunión la participación de los comuneros vuelve a despertarse enfocándose casi con exclusividad en clarificar qué es lo que Orígenes entiende operativamente por familia beneficiaria, en vista de acceder a algún proyecto productivo familiar del programa. Nos encontramos entonces ante el nuevo desplazamiento que se registra en la apelación de la agencia pública indígena hacia los sujetos mapuches. Una vez recepcionados los imperativos de la carencia, se emite un esfuerzo etnificador adicional de parte de los funcionarios hacia el auditorio de nuevos comuneros15, en un deslizamiento que los funcionarios interpretan como el paso de lo urgente a lo importante. En contraparte, las posiciones que cabría calificar como etnificadas en sujetos mapuches en relación a sus vinculaciones con los funcionarios públicos (y con el Estado por esta vía) son muy escasas. Podríamos constatar un par de casos en que emerge claramente (discursivamente) desde una posición etnificada mapuche (discursivamente), la apreciación de las motivaciones de la acción estatal dirigida, a través de sus funcionarios, hacia los mapuches. Un lonko pehuenche asienta su visión crítica de los funcionarios públicos en una clara oposición racial que determinaría completamente el desenvolvimiento de las interacciones. Al referirse a sus relaciones con los diversos profesores que se han desempeñado en la escuela de la comunidad señala “nunca nos vamos a entender con los castellanos….nunca nos vamos a entregar la verdad mutuamente….nunca nos vamos a entregar la confianza con el huinca (y viceversa)”. Ergo, la vinculación con los profesores tradicionalmente ha sido mala “porque hay mucho racismo, sobretodo en los directores”. Cuando critica a los funcionarios por no entregar información a los comuneros lo sitúa como una manifestación de discriminación racial “los funcionarios niegan la información porque somos pehuenches, no nos quieren dar información”. Esta oposición se amplía hacia una visión de mundos incompatibles (mundo mapuche-pehuenche v/s mundo occidental, representado por el

15 Lo que reafirma la operacionalización, de parte de la agencia pública, desde la dimensión del déficit, déficit de identidad cultural, situación que se asume, el cometido funcionario debe ayudar a superar.


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Estado, el Gobierno) al evaluar por ejemplo, siempre negativamente, el accionar de los funcionarios públicos mapuches que trabajan con las comunidades pehuenches “ése, a pesar de llevar la sangre nuestra trabaja para el Gobierno y no para las comunidades”, diagnóstico que revela su gravedad a la luz de su visión sobre las intenciones del Estado hacia los pehuenches “el Estado no quisiera que existieran los pehuenches….quisieran eliminarnos”. Un joven dirigente pehuenche, integrante del Consejo de Todas las Tierras, y que ha desarrollado su carrera dirigencial en lo que denomina el movimiento de recuperación de tierras del Queuco, no obstante ser concejal de la nueva comuna de Alto Bio Bío, señala que la creación de la comuna representa “un avance del modelo de organización occidental en Alto Bio Bío….es un avance brutal del Estado que va en directo desmedro de la cultura pehuenche”. Sostiene que toda la intervención estatal en Alto Bio Bío “busca eliminar de manera progresiva la identidad pehuenche”, frente a lo cual visualiza su propio rol, como el de su organización, como el de anticipadores de esta amenaza “los pehuenches se tienen que dar cuenta de esta amenaza”. Justifica entonces su desempeño como concejal en la consideración que habrían hecho los miembros y comunidades vinculados a su organización en el sentido de contar, ante lo inevitable que era la creación de la nueva comuna, con alguien que siguiera desde adentro este proceso16. Tendríamos que añadir aquí una constatación referente a una característica específica de la Provincia de Arauco. Se trata del matiz, diríamos de clase, que aparece adherido al posicionamiento desde la carencia, la pobreza, de los sujetos mapuches en relación a los funcionarios públicos. Restringido esto a un haz de dirigentes y ex dirigentes, mayores de 60 años, vinculados, algunos de

16 Las visiones etnificadas en actores mapuches las encontramos más nítidamente presentes y estructuradas en ciertos funcionarios municipales mapuches –menos acusadamente en los funcionarios sectoriales mapuches-. Todos con cierta instrucción o calificación técnico profesional (técnicos en administración o planificación, cursando diplomados de gestión municipal en universidades públicas regionales), jóvenes (al mayor de ellos no sobrepasa los 37 años). Estos funcionarios municipales mapuches ocupan puestos de relevancia en las administraciones comunales de Tirúa y Alto Bio Bío (en los tiruanos este posicionamiento aparece más perfilado y estructurado discursivamente que en Alto Bio Bío, donde esto es más difuso). Uno de los funcionarios mapuches de la municipalidad de Tirúa menciona que entre las primeras tareas que se impuso el equipo municipal que acompaña a Adolfo Millabur desde que éste resultó electo alcalde, fue concordar con las comunidades y asociaciones mapuches de la comuna los valores en que se basaría la relación municipio-comunidades/asociaciones mapuches; valores que el define como “valores mapuches” (entre los que menciona la transparencia, la horizontalidad, la participación, el respeto). Señala que lograr esta concordancia valórica mapuche era fundamental ya que “los valores mapuches son, o eran desconocidos por los propios mapuches…. nuestra gente hacía una defensa de sus valores de una forma sincretizada, por la lógica mercantilista de los servicios públicos…..y el verticalismo de los partidos políticos y las iglesias (evangélicas), y esto sesga mucho la visión.” . Desde este tipo de visiones arrancan apelaciones hacia los individuos y organizaciones mapuches de distintas envergaduras o alcances. Así tenemos la iniciativa de los mismos funcionarios tiruanos de coordinar a las comunidades costeras mapuches, desde Arauco hasta Chiloé, en un esfuerzo por derogar la ley de pesca de 1992, ley que “busca acabar con las comunidades mapuches” ya que éstas, para acceder a un área de manejo, “tienen que dejar de ser lo que son, conformándose en una organización (un sindicato) que está en contraposición con la identidad mapuche”, en un proceso que las llevaría a la quiebra al no poder solventar las regalías que les exigiría el Estado para explotar el borde costero. O la ya apuntada queja de una funcionaria municipal pehuenche contra los dirigentes comunitarios pehuenches por no cumplir un rol rectificador sobre sus comunidades en un sentido de rescate de identidad cultural tradicional.


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ellos aún hoy, a partidos políticos de izquierda (básicamente el comunista y socialista) que durante al siglo XX tuvieron una presencia y actividad significativa en la Provincia (con representantes y dirigentes mapuches que ocuparon cargos de regidores en Cañete y Los Alamos en las décadas de 1940-1960). Se trata de hombres que participaron como dirigentes locales de tales partidos en el proceso de reforma agraria en la zona, y posteriormente en la rearticulación de organizaciones en el marco de la lucha contra la dictadura de Pinochet (por ejemplo en la resistencia contra el decreto 2568 de 1979 que propiciaba la división de las comunidades reduccionales, promoviendo la “titulación interna”). En estos casos, y muy nítidamente en aquellos que aún son militantes comunistas, el posicionamiento social como sujetos carenciados no reconoce en la condición étnica un elemento que determine su accionar. Un ex dirigente de una comunidad ribereña del Lleu Lleu, en Tirúa, lo resume “nosotros, ni mi padre (que fue lonko de su comunidad), nunca hemos luchado por el mapuchismo, siempre hemos peleado por lo social, por la lucha social de las comunidades”. 3.2.3 El recurso de la presión frente a la agencia pública La distribución del poder relacional (vínculos, contactos, influencias) y resolutivo de los funcionarios públicos, asociado al rango que cada uno de ellos detenta, conforma un espectro de distinciones que los sujetos mapuches manejan y que utilizan como recursos de acción en sus interacciones con la agencia pública17. Lo que puede establecerse como un umbral desde el que se abre un nuevo espacio que posibilita, de parte de los sujetos mapuches, el desborde del diálogo entablado entre ambos agentes. El uso de la presión de los sujetos mapuches en relación a la agencia pública se manifiesta mayoritariamente en el recurso (o la amenaza de hacerlo) a autoridades políticas de peso provincial, regional o nacional (a veces también a un alcalde) para que apremien a los funcionarios de menor rango para que “cumplan compromisos” o rectifiquen determinadas conductas. Es lo que expresa un presidente de comunidad al sentenciar que “a los funcionarios de CONADI hay que presionarlos con el Gobernador para que hagan su pega”. El dominio de la expresión y articulación de este recurso aparece circunscrito al ámbito de los dirigentes, comunitarios y supracomunitarios o territoriales, y si bien, naturalmente se relaciona con el logro y el mantenimiento de una interlocución preferente con la agencia pública (anclada también en la diferencia cultural reconocida por ésta), emerge principalmente como un recurso dotado de una

17 Las distinciones que los mapuches hacen entre los diversos funcionarios públicos en base a su rango, manifestadas en situaciones de interacción, quedan claramente plasmadas en el relato de la funcionaria del Serviu que trabaja en la asignación de subsidio habitacional para los comuneros pehuenches de Los Guindos. Ella ha registrado el claro y sensible corte, la distinción que los comuneros hacen entre los diversos niveles de autoridad que tienen u ostentan los diversos funcionarios públicos que los visitan. El Gobernador representaría una autoridad equivalente a un lonko, “o a lo mejor superior a eso”, y por eso mantienen una actitud especialmente respetuosa y expectante frente a él. Ante al resto de los funcionarios de menor rango que llegan a la comunidad, como ella misma, los comuneros se muestran más relajados, se lanzan bromas entre ellos, y significativamente, hablan chedungun entre ellos, estando el funcionario presente; señala que cuando ella les hace algún planteamiento o consulta, los comuneros lo discuten entre ellos en chedungun, y luego le comunican la respuesta en castellano. En cambio, cuando están frente al Gobernador, en la comunidad, nunca hablan chedungun entre ellos.


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pertinencia de aplicabilidad específica al posicionamiento desde la carencia de los sujetos mapuches frente a la agencia pública, ya que es esta dimensión la que posibilita los mayores emplazamientos de aquellos a ésta18. Un lonko de Alto Bio Bío ilustra esto al comentar que las comunidades pehuenches “echaron abajo durante tres veces” los proyectos productivos del programa Orígenes porque los fondos que implicaban les resultaban muy insatisfactorios, hasta haber logrado proyectos productivos por un monto de 300.000 pesos para cada familia beneficiaria. Refiere que para obtener esto formaron mesas técnicas entre todas las comunidades del ADI y los representantes de Orígenes, negociaciones que califica de difíciles “con discusiones”, en las que, dice, “hablamos sólo con los pescados grandes (el director regional del programa, incluso el Gobernador Provincial), no con los técnicos o promotores”. Ciertamente relacionar el recurso de la presión frente a la agencia pública, prioritariamente al posicionamiento desde la carencia de los sujetos mapuches, no agota las explicaciones sobre las posibilidades de emergencia y articulación de dicho recurso. Lo planteamos así, porque es lo que emergió mayoritariamente en nuestro trabajo de terreno. Sin embargo existen coyunturas excepcionales que posibilitan la articulación de una estrategia de presión más sistemática ante las agencias y autoridades públicas de parte de organizaciones mapuches, que sobrepasa los discretos márgenes del posicionamiento carenciado, y esto, en miras de la captación de representatividad mapuche al servicio de objetivos que cabría calificar como políticos, para, a partir de allí, apuntar al logro de una interlocución preferente con los organismos y autoridades estatales. Reiteramos el carácter excepcional de estas situaciones con respecto al objetivo de nuestro estudio y frente a nuestra observación en terreno, a pesar de lo cual, debemos consignar una experiencia de este clase; experiencia de la que puede decirse que está concluida (al menos en sus expresiones más evidentes), pero cuyas consecuencias aún se dejan sentir fuertemente en una importante zona de la población mapuche regional. Nos referimos al accionar del Consejo de Todas las Tierras en Alto Bio Bío a partir de 2000. Esta organización, a través del Consejo de Lonkos (que llegó a reunir a ocho lonkos de Queuco y Bio Bío) desarrolló una estrategia de recuperación y control territorial de diversos predios demandados históricamente por las comunidades pehuenches (particularmente en el Valle del Queuco). Estrategia que buscaba, según sus dirigentes, junto con resarcir la pérdida de dichos espacios, aumentar la autonomía de las comunidades pehuenches. Un dirigente de esta organización señala “a medida que avanzábamos en la recuperación de tierras fortalecíamos alianzas con dirigentes comunitarios”. Desde esta misma óptica, este proceso de recuperación de

18 Como contracara de esta posibilidad de desborde o emplazamiento, aparece el hecho de que muchas de las críticas que los sujetos mapuches dirigen hacia los funcionarios públicos, nuevamente quedan subsumidas por la dimensión carencia, son reordenadas por ésta. Así ocurriría con el reproche que los sujetos mapuches suelen lanzar sobre los funcionarios a raíz de su comportamiento “autoritario”, ya que el encarar a los funcionarios públicos como agentes que llegan a las comunidades como portadores de la ayuda estatal, enmarca, contextualiza y diríamos subordina rasgos como el destacado (el “autoritarismo”). Un comunero y ex dirigente mapuche refiere que los comuneros no reclaman ante lo que define como conducta autoritaria de los funcionarios “porque la gente dice que ‘nos están ayudando’”.


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tierras19, habría dejado como herencia en las comunidades donde se ha aplicado el desarrollo de una llamada “conciencia territorial”, lo que habría generado como consecuencia añadida, una valorización de los comuneros de su potencialidad organizativa y un aumento de su exigencia de participación frente al Estado. Las medidas de presión que implicó este accionar del movimiento de recuperación de tierras en el Queuco, con su política de control territorial (la toma u ocupación de terrenos, y el consiguiente esfuerzo por mantener dicha ocupación, todo ello en una lógica progresiva, la idea por cierto era avanzar en el control territorial), generaron conflictos intensos no sólo con los colonos no mapuches que habitaban esos terrenos, o con los propietarios de ellos, sino también con amplios sectores de comuneros y dirigentes pehuenches que no compartían dicha estrategia. Estos conflictos derivaron en tensiones y enfrentamientos que llegaron incluso a cobrar vidas humanas, como ocurrió en 2002 al producirse la muerte de dos comuneros de Cauñicú, ambos miembros del Consejo, como resultado de una refriega con el resto de los miembros de dicha comunidad. A pesar de esto, o más propiamente habría que decir, no haciéndose cargo de esta situación, en la evaluación de los miembros del Consejo, el legado del movimiento de recuperación de tierras en el Queuco es positivo ya que ellos entienden que, con esta estrategia de presión, habrían logrado que el Estado comenzara a “considerar la opinión de los pehuenches”, y esto motivado por la mayor capacidad de cuestionamiento (y de “exigencia de derechos políticos”) que dicho movimiento de recuperación habría desarrollado en ciertos sectores de los comuneros pehuenches. Lo dice un dirigente pehuenche de esta organización: “nosotros sentamos las bases para que el gobierno cambiara su forma de intervención en Alto Bio Bío”. Más allá de la pretensión que encierra dicha frase, lo cierto es que las autoridades políticas, provinciales y regionales, interlocutaron durante un tiempo con el Consejo de Todas las Tierras, validándolo en la práctica como una organización representativa de las comunidades pehuenches. El Consejo de Lonkos por ejemplo, llegó a gestionar proyectos Orígenes menores como construcción de letrinas, y a ocupar una camioneta que la Intendencia le entregó en comodato. La crítica más recurrente dirigida a las autoridades políticas, provinciales y regionales (y a sus asesores), por otorgar vocería y reconocimiento al Consejo de Lonkos, y a través de éste vicariamente al Consejo de Todas las Tierras, como organización representativa de los pehuenches, consiste precisamente en apuntar que no lo era. El Consejo sólo contaba con bases de cierta consideración en algunas comunidades (fundamentalmente en Malla Malla, hasta hoy día, también en Trapa Bajo, Butalelbun, y en menor medida Ralco Lepoy) y, en los hechos, las autoridades terminaban negociando con personeros del Consejo asentados en Temuco, no con dirigentes pehuenches. Y esto se posibilitó porque tales autoridades políticas, y sus asesores, ante la amenaza de la conflictividad en aumento asociada al accionar del Consejo, se precipitaron a reconocerlo como contraparte siguiendo la premisa de que es mejor tenerlos arriba de la mesa, que afuera armando incendios. Algunas voces en la región sostienen que este reconocimiento otorgado por las autoridades al Consejo catalizó la estrategia más agresiva de recuperación de tierras y de conflictos con los colonos que selló el accionar del Consejo entre 2001-2002.

19 Algunos de estos terrenos todavía permanecen en poder de los comuneros ocupantes, como sectores del fundo Queuco en poder de comuneros de Malla Malla, o algunas veranadas reposeídas hoy por comuneros de Trapa Bajo.


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La declinación de la influencia del Consejo entre las comunidades pehuenches, y de su posicionamiento como organización con poder de interlocución ante las autoridades provinciales y regionales se registró entre 2003-2004. Esto ocurrió paralelamente al surgimiento de la Asociación de Lonkos y Comunidades Pehuenches, organización que claramente emergió como reacción a la presencia del Consejo, y que en la actualidad agrupa a 34 dirigentes y lonkos de las once comunidades que existen en Alto Bio Bío, y que fue la base desde la cual el alcalde pehuenche de la nueva comuna de Alto Bio Bío, Félix Vita, construyó su rápido liderazgo, después de retornar en 1999 al Alto Bio Bío luego de trabajar por mucho tiempo en la zona central del país. La captura, la obtención momentánea de la vocería, la interlocución ante las autoridades estatales por parte de una organización poco representativa, a causa de la visibilidad, conflictividad (efectiva y potencial) que adquirieron sus acciones, basadas en diversas medidas de presión, que se dibuja en la situación resumida en los párrafos precedentes, ilustra sobre la preponderancia que pueden llegar a adquirir las imágenes en el juego de estos reconocimientos de interlocución, (y esto sin desconocer las consecuencias concretas, y trágicas por lo demás, que se generaron en este proceso). Las imágenes se aducen como un justificativo para las acciones y evaluaciones que surgen a partir de una determinada situación. Así, las autoridades provinciales y regionales fundamentaron el reconocimiento como contraparte que le dieron al Consejo, en la amenaza de desbordamiento que representaba la estrategia de dicha organización; así también, el actual lonko de una comunidad pehuenche funda su rechazo al Consejo de Todas las Tierras en que éste dio “una mala imagen de los pehuenches, de violencia”. Mismo recurso que esgrime el alcalde de Alto Bio Bío, Félix Vita, al decir que uno de los principales objetivos de su gestión es cambiar “la imagen de conflictividad que el Consejo dió al Alto Bio Bío”. Vita señala que cuando se constituyó la Asociación de Lonkos y Comunidades Pehuenches, en 2000, de la cual él fue presidente,.una de las primeras medidas tomadas por la nueva Asociación fue llevar al Intendente Tohá a todas las comunidades del Alto Bio Bío, para que las autoridades vieran que los comuneros no estaban con el Consejo, y que “no eran violentos”; Vita señala que esta medida fue efectiva, ya que a partir de ahí las autoridades habrían dejado de prestar el reconocimiento que hasta ese entonces prestaban al Consejo como representante o portavoz de las comunidades pehuenches. O sea, Vita y su equipo habrían logrado cambiar la vocería de la “representación pehuenche” ante las autoridades desde el Consejo hacia la nueva Asociación. Como es obvio, frente a esta visión de Vita sobre el surgimiento de la Asociación, hay voces muy críticas (pehuenches y no pehuenches) que señalan que, si bien los resultados de este proceso son los que el alcalde señala (y que buscaba: el declinar del accionar, de la presencia del Consejo en Alto Bio Bío), lo que estas voces reparan es el origen, (y con esto la intencionalidad de sus objetivos) de la Asociación de Lonkos y Comunidades Pehuenches. Ya que lo que Vita muestra como un movimiento autónomo de las comunidades pehuenches por desbancar al Consejo, sería, en opinión de estas voces, un movimiento digitado desde la gobernación provincial y la intendencia regional para lograr el mismo objetivo. La llegada de Vita en 1999 y su rápido ascenso dirigencial les resultan sospechosos.


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3.2.4 Percepción de los funcionarios mapuches Como vimos, desde los funcionarios públicos mapuches mayoritariamente surge una apreciación más bien genérica de cercanía y veracidad con los comuneros y dirigentes mapuches. Desde estos últimos, en cambio, este diagnóstico genérico tiende a diluirse. Ilustra esta situación la declaración de una funcionaria mapuche, quien aducía el mayor compromiso afectivo que sentirían los funcionarios mapuches para acometer, por ejemplo, una labor como la compra de tierras para las comunidades a través del Fondo de Tierras de CONADI (esta funcionaria no trabaja en la Corporación). Contrastando con lo anterior, diversos dirigentes de comunidades para las que la Corporación ha negociado compras de tierras, señalan que la adscripción étnica de los distintos funcionarios encargados no es un elemento que incida, ni subjetiva ni objetivamente, en la consecución de tales compras “no hay diferencias, tienen que tener dedicación nomás”. Opinión expresada aún por dirigentes de comunidades que han mantenido conflictos de tierras. Así, desde los comuneros y dirigentes mapuches no emerge una visión abarcadora de los funcionarios públicos mapuches, que resulte relativamente equivalente (equivalente por lo unívoca no por la valoración que ostente) a la que éstos últimos esbozan en relación a aquellos. Tenemos en cambio, una diversificación de juicios sobre tales funcionarios, que se abre en una gama de valoraciones donde las puntualizaciones críticas adquieren un mayor perfilamiento y presencia. En general, podríamos decir que los juicios -particularmente los negativos- que los comuneros y dirigentes mapuches dirigen sobre los funcionarios mapuches tienden a personalizarse, y esto de una manera que no difiere sensiblemente de como enjuician a los funcionarios no mapuches. De este modo, desde las quejas de comuneros mapuches por mal trato, tramitación y negligencia en oficinas públicas (dirigidas contra funcionarios (as) mapuches de CONADI por ejemplo), hasta las diversas críticas de dirigentes comunitarios hacia funcionarios mapuches de diverso rango, actuales y pasados: por no hacer su trabajo (por ejemplo, un presidente de comunidad que acusaba a un funcionario mapuche porque “no mandaba los papeles” de una compra de tierras para su comunidad); por no vincularse adecuadamente con toda la comunidad y sus autoridades; “por no querer recibir a los mapuches en su oficina”; hasta llegar a algunas acusaciones de recepción de sobornos; todos estos reparos decimos, aparecen personalizados, sin que se integren, en ninguno de los comuneros y dirigentes que los expresan, en una imagen global de los funcionarios mapuches que los diferencie de los funcionarios no mapuches. La cercanía, la confianza que manifiestan algunos funcionarios mapuches al referirse a sus relaciones con las comunidades, características que se harían más evidentes en momentos en que éstas atraviesan por tensiones y conflictos (con empresas forestales por ejemplo), al ponderarlas desde la perspectiva de los dirigentes mapuches, también acusan esta personalización. Un joven dirigente supracomunitario mapuche del sector de Tirúa Sur, repara categórico que no todos los funcionarios mapuches generan tal confianza, esto depende de cada caso, “porque hay mapuches que han traicionado a su pueblo”. Por otra parte, las apreciaciones positivas de la labor de algunos funcionarios mapuches, y de las vinculaciones que establecen con las comunidades y dirigentes mapuches, aparecen más bien derivadas de una apreciación mayor que supera la mera adscripción étnica de tales funcionarios.


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Así, a partir de la percepción de una mejoría en el marco de la política de reconocimiento hacia los mapuches por parte del Estado, se deriva en buena medida, por ejemplo, la positiva evaluación del trabajo de los asesores culturales mapuches de los hospitales de Cañete y Contulmo y del consultorio de Tirúa, ya que esto se interpreta como una expresión del “reconocimiento que ha llegado para los mapuches dentro de salud”. Algo similar se registra con la buena evaluación que algunos dirigentes y comuneros de Tirúa tienen sobre la actual gestión alcaldicia de dicha comuna, evaluación que diríamos se trasiega a los funcionarios municipales de una manera bastante cabal, sin reconocer en la condición de mapuches de algunos de ellos un elemento determinante en dicha evaluación. 3.2.5 Comparación funcionarios públicos-agentes privados Las relaciones de los sujetos mapuches no se limitan por cierto al mundo de los organismos y agentes públicos, muchos de ellos mantienen relaciones con empresas privadas. En Cañete y Tirúa este tipo de vinculaciones se da fundamentalmente con empresas forestales y, en Alto Bio Bío, con ENDESA, básicamente a través de su fundación Pehuén. Estas relaciones se enraízan con frecuencia en la historia misma de la propiedad de la tierra de las comunidades (más precisamente con la pérdida de ésta), ya que hoy las forestales por ejemplo, aparecen como propietarias de muchos terrenos reclamados como propios por las comunidades, lo que obvia y notoriamente describe una situación de tensión y crispación latente o manifiesta. Esto no obsta, sin embargo, para que se mantengan entre algunas comunidades y las mismas empresas forestales, vinculaciones más o menos puntuales de cooperación y ayuda. El presidente de una comunidad cañetina que ha tenido una vinculación digamos fluida con empresas forestales privadas que explotan los bosques vecinos (Mininco y Bosques Arauco, y esto a pesar de que hoy, Mininco aparece como propietaria de tierra reclamada como propia por su comunidad), refiere que con Bosques Arauco y la municipalidad llegaron a un acuerdo, en 1996, para electrificación pública, la empresa instaló las luminarias públicas y la municipalidad paga las cuentas mensuales. Y en 1997, Mininco ripió el camino y reparó un puente de la comunidad, ante los reclamos de los comuneros por los daños que los camiones de la empresa estaban causando. Por otra parte, Mininco proporciona lana a un grupo de mujeres de la comunidad que tienen un taller de tejido. A partir de estas vinculaciones, establece una comparación entre las interacciones, las relaciones que tienen con las empresas privadas y las que tienen con los organismos públicos. Dice que el vínculo con las empresas forestales, en general, es más directo, más expedito que con las estatales, ya que cuando quieren tener algún beneficio, o más bien una reparación de una forestal (reparaciones como las descritas en este párrafo, naturalmente no estamos considerando aquí demandas más basales de las comunidades, como las de tierra en poder de forestales), afirma que sólo basta enviar un oficio a la empresa, y que “en un 90% (de los casos) responden afirmativamente”. Con los organismos estatales en cambio, estos procesos son más engorrosos y lentos, hay más “trabas”, trámites, y además señala que en la actualidad los fondos estatales se asignan fundamentalmente vía proyectos, los que son concursables “por lo que no hay garantía de obtenerlos”. Todo lo cual, lo lleva a decir, en un momento, que su comunidad ha recibido mayores beneficios de las empresas forestales que de los organismos públicos. Con respecto a las


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vinculaciones, las interacciones directas, cara a cara, que establecen tanto con agentes privados, como con los públicos, afirma que en ambos casos son “correctas” y “directas” (fácil llegada y comunicación), no establece diferencias entre un tipo de funcionario y otro. Esta vinculación, en principio, más expedita y fluida con las empresas privadas no implica, obviamente, ausencia de fricciones, el mismo dirigente señala que en ciertas ocasiones para llegar a acuerdos de solución con las forestales (como en los casos de reparaciones de caminos y puentes) los comuneros han tenido que llegar a medidas de presión, como tomarse el camino. El carácter comparativamente más expedito para la obtención de determinadas ayudas o recursos de parte de empresas privadas es resaltado también por la representante de la comunidad de Callaqui, en Alto Bio Bío, en el directorio de la Fundación Pehuén20. Claramente asume que la fundación es el instrumento de ENDESA para “contentar” a los pehuenches a partir, o frente a los macroproyectos que desarrolló en Alto Bio Bío. Por lo anterior resiente la falta de coordinación que según ella existiría entre los 6 representantes pehuenches en el directorio para defender de mejor manera las demandas de sus comunidades (de las comunidades de Callaqui, Pitril, Quepuca Ralco, Ralco Lepoy, El Barco y Ayin Mapu). Los secuelas del proceso de construcción de las Centrales de ENDESA en Alto Bio Bío, se manifiestan en diversos problemas que aún aquejan a las comunidades (principalmente a las de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, y las comunidades de reasentados que surgieron a partir de éstas: El Barco y Ayin Mapu –esta última ubicada en El Huachi-), y en los que han intervenido algunos organismos públicos como CONADI. El lonko de Ralco Lepoy refiere que las 30 familias de esa comunidad que fueron reasentadas en El Barco quedaron con un “saldo” de terreno (lo que no se inundó con el embalse) en Ralco Lepoy, y lo que él proyecta y rechaza es que esas 30 familias, a pesar de que ya se fueron y constituyeron otra comunidad, van a seguir teniendo injerencia en Ralco Lepoy a través de sus saldo de tierra, en circunstancias “que ya no aportan nada (a la comunidad)”. Señala que la mayoría de los comuneros de Ralco Lepoy está de acuerdo en que las 30 familias de El Barco renuncien a dichos saldos en beneficio de la comunidad de Ralco Lepoy. Al parecer la relocalización en El Barco cristalizó una división, un quiebre drástico, ya que el lonko es categórico para afirmar que no le interesa la suerte de los comuneros de El Barco: “ellos se lo buscaron”. El problema se agudizaría según el lonko porque CONADI, que debe intervenir para resolver este problema, “no se pronuncia claramente” sobre una solución al respecto, y esto lo personaliza en el encargado de la Corporación en Ralco. Por su parte, la presidenta de la comunidad de Quepuca Ralco menciona que tienen un punto no solucionado con ENDESA, referido la inundación del cementerio de Quepuca Ralco. Todavía no llegan a acuerdo sobre la indemnización que debe pagarles la empresa. Según ella el problema es que “se metió el Gobierno, a través de la CONADI regional, como mediador, y se entorpeció hasta ahora una solución”. Agrega decididamente que “si nos hubiéramos entendido directamente con ENDESA ya tendríamos una solución”. La explicación que da a esta demora, que atribuye a la Corporación, se asienta en un juicio mucho más amplio sobre el carácter del Estado, sobre los intereses que se expresan o conjugan en él, ya que aduce que la acción del Estado es dilatoria,

20 Esta representante señala que la Fundación Pehuén cuenta con cuatro áreas de trabajo para las comunidades representadas en ella: educación (becas), “social”, cultural, y “productiva.


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porque éste sería permeable a la acción, a la influencia de los privados. Concretando agrega que en el Estado hay altos funcionarios que a la vez son accionistas en empresas privadas (como ENDESA y las forestales), y por lo tanto operarían para beneficiar a tales empresas. Las experiencias que desarrollan algunos organismos vinculados a distintas iglesias, a través de variados proyectos de asistencia y cooperación en algunas comunidades, también da un matiz para comparar las interacciones que los sujetos mapuches establecen con los agentes de tales organismos, y las que establecen con agentes públicos. En Alto Bio Bío se están implementando diversos proyectos a través de tales organismos, algunos en coejecutoría con agencias estatales. El Servicio Evangélico para el Desarrollo SEPADE, en conjunto con FOSIS, ejecuta en el Cajón del Queuco el proyecto “Wekintún”, que busca desarrollar un concepto de turismo participativo en las comunidades. En Cauñicú, la iglesia anglicana dirige un grupo de autoconstucción que ha ejecutado doce subsidios SERVIU. Por cierto, los comuneros que integran este grupo pertenecen a esta iglesia, como es el caso del mismo presidente de la comunidad, quien señala que los funcionarios del SERVIU tuvieron muchas reticencias para “aceptar” a este grupo como ejecutores del subsidio, esto en contraste con el respaldo incondicional que afirma haber recibido de los representantes de su iglesia para desarrollar este empeño. Uno de los ejemplos más representativos de vinculación a través de proyectos de asistencia entre un organismo de iglesia y miembros de una comunidad mapuche, lo encontramos en la misma comunidad de Cauñicú, en el caso de la Cooperativa Cultrun Cura Ltda. Según nuestros datos, ésta sería la única cooperativa mapuche vigente actualmente en toda la región, es la única en Alto Bio Bío, y en Arauco hoy no existiría ninguna21. La cooperativa se constituyó como tal en 2000, pero tiene su origen en un Comité Apícola formado por 32 familias de comuneros en 1993. Actualmente cuenta con 32 socios, de los cuales 5 son colonos (“chilenos”) del vecino predio de Chichintague y el resto son comuneros de Cauñicú, -entre ellos el lonko Ramón Naupa- . La cooperativa se dedica fundamentalmente a la explotación apícola, y últimamente a la de rosa mosqueta, proporciona en condiciones favorables animales a sus socios, y además arriendan 22,5 hás en Quilaco donde siembran trigo y avena para consumo de los socios. En el desarrollo de esta empresa ha sido fundamental el apoyo que desde 1993 hasta ahora les ha dado la Fundación para el Desarrollo del Bio Bío (FUNDEB), dependiente del Obispado de los Los Angeles, entidad que hoy los apoya en la comercialización –incluso hacia Europa- de la miel y la mosqueta. Además han aportado el desarrollo de la cooperativa agencias públicas como el INDAP, FOSIS, CONADI (la construcción de un galpón), Orígenes (adquisición de un camión), esto último también con apoyo de la Fundación Andes. El comunero que ejerce como vicepresidente de la cooperativa, y que es uno de sus socios fundadores, valora especialmente el apoyo dado por FUNDEB para el desarrollo y mantenimiento de esta empresa, muy por sobre el apoyo que han recibido de parte de agencias públicas. Señala con respecto a los funcionarios públicos en general, que le molesta el cambio de actitud que observa entre el comportamiento que tales funcionarios tienen en terreno, en las comunidades, y el que tienen en las oficinas. En terreno se muestran más cálidos y cercanos y en las oficinas más distantes y frios, esto último calificado por él como mal trato, mencionando especialmente al INDAP como

21 La última habría sido una que formalmente se terminó hace unos dos años en Tranaquepe (Tirúa Norte), pero que en realidad mantenía una pura existencia formal, como un resabio de la reforma agraria.


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ejemplo de esto. Lo que lo lleva a comparar y decir que el trato en las oficinas públicas debería ser como el que a ellos les dan en FUNDEB: “allá todos somos personas, nos escuchan”. 3.3 INTERACCIONES AGENTES ESTATALES-AGENTES MAPUCHES El dibujo que en las páginas precedentes hemos hecho de las características generales con que se posicionan, en sus percepciones y conductas, tanto los agentes públicos como los mapuches, de cara a las relaciones que los conjuga, nos servirá de contexto para la presentación que a continuación haremos de un puñado de problemas de interés que emergen, al fragor de las interacciones, como puntos relevantes cuya sola manifestación problematiza las relaciones agente estatal-agente mapuche, y esto, con alcances que sobrepasan al ámbito mismo de las interacciones. La presentación la haremos en base al juego concordania/divergencia interpretativa entre agentes, a la luz de la descripción de situaciones seleccionadas de interacción. 3.3.1 La acción de agencias y funcionarios públicos sobre fisuras pre existentes en las comunidades mapuches La gama de planes y proyectos en que se pormenoriza la programación estatal culturalmente diferenciada recae sobre una realidad mapuche asentada en dinámicas históricas que marcan, al interior y en las conexiones exteriores de la comunidad mapuche, una serie de movimientos de solidaridades, aglutinaciones, alineamientos, distanciamientos y quiebres (que por facilidad comunicativa denominaremos aquí “internos”), que operan como factores perfilantes de las características que adoptan las interacciones entre los agentes comunitarios y los estatales. Lo anterior incluye los contenidos en que dichas interacciones, en su enjuiciamiento, se problematizan y debaten. Uno de estos contenidos, quizás el que más reiteradamente apareció en nuestros recorridos en terreno, tiene que ver con lo que los actores mapuches arguyen como efecto divisivo sobre las comunidades de los programas de ayuda e inversión estatal. Como ya apuntamos, a pesar de que en la práctica la comunidad se descompone en una amplia gama de intereses individuales o familiares que operan como una dimensión más efectiva y demarcadora de la vida de los comuneros que la abstracción colectiva llamada comunidad, ésta, desde su seña como camisa de fuerza jurídica de fines del siglo XIX, hasta su redimensionamiento por parte de la ley indígena de 1993, no ha perdido su fuerza apelativa como referente distintivísimo de la relación Estado-Pueblo Mapuche. Ambos polos la utilizan para dialogar y apelarse. Por lo tanto, plenamente asentados en esta naturaleza y razón fenomenológica, los actuales comuneros siguen respaldándose discursivamente en ella para referirse a los efectos que, perciben, la acción estatal genera sobre sus vidas. Corroborada la legitimidad de la apelación comunitaria de los sujetos mapuches para enjuiciar el efecto divisivo de los programas públicos, para abordar tal reproche, no perderemos de vista los


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entresijos de aquella construcción, ni los resortes individuales o familiares de intereses, decisiones y alineamientos en que se desagrega, la ya denominada problemática “interna”22. Las múltiples compras de tierra que CONADI realiza para diversas comunidades suscitan con frecuencia en dirigentes comunitarios, y también en algunos comuneros, manifestaciones en el sentido de atribuirles un efecto divisivo para las comunidades (porque no considerarían la opinión de toda la comunidad; porque “debilitan” a la comunidad al comprarle tierra a algunos comuneros, los que deben trasladarse al sitio, a veces distante, donde están las tierras adquiridas; porque generan querellas internas por los criterios de asignación del beneficio; porque los funcionarios no chequean bien quienes realmente necesitan tierra, por ejemplo). Así tenemos que en el caso de la compra del terreno de Las Huellas (ubicado en el Cajón del Alto Bio Bío, frente al embalse de la Central Pangue) que CONADI hizo para la comunidad de Callaqui, una parte de la comunidad, en voz de la representante de ésta en el directorio de la fundación Pehuén, expresaba su oposición a la compra basándose en consideraciones similares a las emitidas por el funcionario encargado de la oficina de CONADI en Villa Ralco. Ambos sitúan estas compras como una mera satisfacción de las demandas de tierra de los comuneros, sin estar insertas en una estrategia de desarrollo más global. Puntualmente, en este caso, los comuneros descontentos aducen que el predio adquirido no tiene mayor valor en términos de aportar a una real mejoría en la condiciones de vida de los comuneros, ya que no es apto para la agricultura, ni para turismo, solamente servirá para la crianza de algunos animales, señalando que la opción correcta habría sido comprar un terreno más abajo, en Sta. Bárbara por ejemplo, que hubiese sido apto para la agricultura. La parte de la comunidad que aprueba la adquisición argumenta, en boca del presidente de la comunidad por ejemplo, que el terreno de Las Huellas es una real opción porque implica seguir en territorio ADI, con todos los beneficios que eso implica, los que se habrían perdido si se hubiese comprado un predio en Santa Bárbara, lo que refuerza además, diciendo que los pehuenches “nunca han sido agricultores” por lo que haber adquirido un predio agrícola más abajo tampoco hubiera sido lo apropiado. Durante la ceremonia de entrega del predio (a la que asistimos) uno de los comuneros descontentos entrega el dato de que la gran mayoría de las familias opositoras a la compra (unas 20) pertenecen a lo que se denomina “Callaqui Alto”. Según la información entregada por la representante de la comunidad en Pehuén la división entre Callaqui Alto y Callaqui Bajo arrancaría de los sucesos vinculados al golpe de estado de 1973 y sus secuelas. Los comuneros de Callaqui Alto habrían sido más partidarios de la junta militar, y los de Callaqui Bajo opositores a ésta, aunque podríamos

22 Por lo demás los mismos dirigentes y comuneros son conscientes de las dinámicas internas de sus comunidades que producen o contribuyen a producir estas divisiones. Un ex dirigente de una comunidad ribereña del Lago Lleu Lleu, apunta una reflexión sobre un síntoma de desorganización y desinterés interno en su propia comunidad, como un factor que se conjuga con el espíritu divisionista (y autoritario) que él atribuye a los programas estatales dirigidos hacia los mapuches, para lograr el efecto de división y conflicto intracomunitario asignado a tales proyectos. Se refiere a la escasa participación activa de los comuneros, el hecho de que no asistan a las reuniones donde se presentan y discuten estos proyectos, “y después quieren agarrar”, surgiendo recriminaciones internas, dirigidas especialmente contra los dirigentes, “antes había un ordenamiento en las comunidades….(ahora) la gente tira pa’ un lado, tira pa’ otro, hay un descontrol grande”.


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suponer que dichos sucesos políticos hayan servido como un escenario para expresar, cristalizar una división o fisura comunitaria previa. Es decidor que la mayoría de las familias descontentas, sino todas, son de Callaqui Alto, y que los dirigentes de la comunidad, incluido el lonko, que encabezan a la mayoría de la comunidad que está más de acuerdo con la compra sean de Callaqui Bajo, lo que da a entender que la división persiste, y que dicha fisura es bastante profunda y, aún hoy, sería una fuerza demarcadora en las relaciones intracomunitarias. Las críticas de la líder de los descontentos con la compra, se amplían al accionar general de la directiva comunitaria, en donde las vinculaciones preferentes que, a sus ojos, mantienen con los funcionarios de la agencia pública indígena, casi connivencia (habla de la compra como un “arreglo” de los funcionarios públicos y los directivos comunitarios), devienen en nuevo cauce explicativo de tal división (los funcionarios apoyando a un sector de la comunidad). En contraparte, los dirigentes comunitarios resienten el liderazgo asumido por aquella, el lonko de la comunidad expresa que ella se estaría extralimitando en su desempeño (representante de la comunidad en el directorio de la Fundación Pehuén) y que buscaría “mandar en la comunidad”. De tal manera que tendríamos un ejemplo claro de fisuras, divisiones al interior de una comunidad que tendrían una larga data, enraizándose en quiebres protagonizados por generaciones anteriores, y que persistirían en el tiempo (manifestándose como vemos en competencias de liderazgos). Tales fisuras se reactualizan, encuentran nuevos momentos para desplegarse en los diversos escenarios que plantean las distintas intervenciones o estímulos externos que consecutivamente va enfrentando la comunidad. Así habría ocurrido con el quiebre nacional del 73, y así podría estar ocurriendo ahora frente a la compra de Las Huellas. Frente a los proyectos productivos también surgen reparos similares. Especificándose en algunos casos la crítica a los funcionarios (Orígenes por ejemplo) por producir divisiones intracomunitarias al fomentar la proliferación de diversas agrupaciones o asociaciones al interior de una comunidad jurídica. Por su parte, los funcionarios que implementan estos proyectos (Orígenes, las consultoras) asumen estas divisiones en las comunidades como algo dado, y, por lo general, frente a una situación de división intracomunitaria adaptan tales proyectos a dicha situación. Ejemplos de esto hay muchos, en la comunidad de Trapa Bajo, en Alto Bio Bío, Orígenes ha tenido que implementar dos proyectos productivos similares (talleres de carpintería), uno para el grupo vinculado al Consejo de Todas las Tierras, y otro para el sector “opuesto” a dicha organización liderado por el lonko y el presidente de la misma. El vicepresidente de una comunidad de Tirúa Sur, señala que con la implementación de los proyectos productivos de Orígenes se produjo una división en la comunidad, ya que un grupo de 6 familias no estaba de acuerdo en postular a proyectos comunitarios sino familiares, y además no querían desarrollar nuevos cultivos (hortalizas), sino seguir con los tradicionales (papas, trigo, arvejas); añade incluso que “ellos querían comprar abarrotes (con las platas Orígenes)”. Esas 6 familias se escindieron de la comunidad, y Orígenes y la consultora decidieron trabajar –hasta hoy día- a dos bandas, como si fueran dos comunidades distintas, que ya lo son (o probablemente antes de Orígenes ya lo eran). Pero el mismo dirigente claramente no atribuye a Orígenes en sí la responsabilidad última de la división, sino que a los “secesionistas”. Lo que reafirma la idea de que este tipo de divisiones en realidad ya existen en las comunidades, y que la llegada de nuevos proyectos estatales que implican inversión de fondos sirven para reactualizar tales divisiones,


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establecen un nuevo escenario para que ellas se expresen. Las divisiones comunitarias coincidirían con la llegada de fondos estatales, o más bien encontrarían en ellos la causa inmediata pero no última de su generación, o más bien de su manifestación, de su emergencia. Las consecuencias que los actuales planes y programas estatales orientados a los mapuches, vehiculados hacia éstos a través de la acción de los funcionarios públicos, tendrían sobre estas divisiones o fisuras preexistentes en las comunidades habría que determinarlas con mayor precisión. Pero, por lo pronto, podríamos conjeturar (asumiendo tales fisuras como algo dado en las comunidades), la emergencia de una mayor institucionalización de tales divisiones. Las fisuras existentes al interior de las comunidades (basadas en divisiones familiares, de parentesco, de poder, o de diferencias en el acceso a recursos, y manifestadas como disputas de liderazgos) probablemente sean interpretadas consuetudinariamente por los comuneros como mayores distancias a observar en las relaciones intracomunitarias. Pero a la luz de la lógica de intervención estatal del último tiempo (la proyectual, que habría tenido como efecto la creación de varias asociaciones al interior de una comunidad mapuche histórica, para acceder así a diversos proyectos) estas divisiones preexistentes se cristalizarían, sufrirían una formalización, tomarían un cariz más institucional. Y esto es lo que los comuneros y dirigentes mapuches expresarían al decir “CONADI, Orígenes dividió a la comunidad”. Las fisuras que tradicionalmente existían en sus comunidades no aparecían a su mirada cuajadas, formalizadas como aparecerían ahora. Y, probablemente, esa sí sea una consecuencia de la actual programación estatal, encarnada, a los ojos de los mapuches, en el desempeño de los funcionarios públicos en sus interacciones con los diversos agentes comunitarios. 3.3.2 La conciencia de los sujetos mapuches de ser objeto de la acción estatal, algunas de sus manifestaciones en las interacciones con los funcionarios públicos Definiendo aquella formalización de las fisuras intracomunitarias como una consecuencia de la lógica proyectual con que se vehicula la programación étnica estatal, tendríamos sin embargo que abrir un espacio para nuestra sospecha de que el propio sesgo que nos impone nuestro objeto de estudio (interacciones agentes públicos-agentes indígenas) nos haya desplazado hasta los límites del mismo, a partir del cual deformemos o sobre definamos situaciones que encontrarían otras explicaciones o dimensiones saliéndose de él. Más concretamente nos referimos a la posibilidad de que al considerar a los sujetos colectivos mapuches más allá de sus relaciones con el Estado aparezcan otras respuestas, por ejemplo, al recién citado efecto formalizador de fisuras. No podemos claro, seguir dicho camino, pero lo apuntamos a la luz de reflexiones y consideraciones de algunos funcionarios que han experimentado esos límites y avizoran esas sospechas. Un funcionario sectorial que trabaja en Alto Bio Bío plantea que las divisiones intracomunitarias se acrecientan o se exacerban con la llegada de proyectos estatales (que representan la llegada de fondos). Grafica esto diciendo que si en una comunidad existe un grupo ligado al Consejo de Todas las Tierras por una parte, y el de la comunidad jurídica por otro, al tenerse noticias de la llegada de fondos estatales, surgen una serie de asociaciones ad-hoc, que pueden o no aliarse a uno u otro bando, pero que tienen como objetivo básico captar los recursos que llegarán. Añade que los


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comuneros que forman estas asociaciones lo hacen por la desconfianza de que los bandos “cristalizados” los excluyan. Señala que cuando los proyectos terminan, se cierran, ello no quiere decir necesariamente que tales asociaciones ad-hoc desaparezcan, sino que se desactivarían aparentemente, permaneciendo en estado de latencia en la comunidad esa tendencia asociativa instrumental, potencialmente reactivable ante futuras llegadas de recursos. O sea, estaríamos ante una reacción, una respuesta de las comunidades específicamente adaptada para hacer frente a la oferta de ayuda estatal, proceso que se exacerbaría en momentos de mayor abundancia de recursos estatales (como el que estaríamos viviendo actualmente). En sus palabras “esas divisiones se presentan ante los funcionarios públicos”. Por esto se puede afirmar que en una primera mirada, son los programas estatales los que aparecen generando esta división, o más bien esta proliferación de asociaciones. Pero esto no quiere decir necesariamente, que estas divisiones preexistentes en las comunidades, y como nos atrevimos a plantear, formalizadas, institucionalizadas por la acción estatal, definan completamente la “vida comunitaria”. Su manifestación más exacerbada ante la llegada de recursos estatales, concretados en las interacciones con los funcionarios públicos, es sólo una forma de lograr una obtención más eficiente de ellos, es decir, sería una suerte de respuesta específica que se relaciona con un aspecto de la vida comunitaria. Aspecto que nos incluye ahora a nosotros como observadores. De hecho en Trapa Bajo y en otras comunidades del Queuco, Orígenes ha implementado proyectos productivos para mujeres en los que participan sin problemas comuneras tanto de sectores adscritos al Consejo de Todas las Tierras, como de los sectores que se oponen a esta organización. Y en la comunidad de Butalelbun, a pesar de contar con varias asociaciones en su interior (nueve), y varios grupos de diversas “orientaciones políticas” (nuevamente la presencia o la sombra del Consejo) -lo que podría interpretarse como una expresión de tendencias divisivas-, todo lo que se manifestaría en el surgimiento de líderes con proyección comunal (el alcalde Vita, Jacinto Manquepi), a pesar de esto decimos, la comunidad se mantiene unida bajo la autoridad tradicional de un lonko, y del presidente de la comunidad. Volviendo a nuestro mandato, podríamos considerar esta tendencia asociativa instrumental como una expresión de la clara conciencia de los sujetos mapuches de ser objeto de la acción estatal, es decir, una manifestación del posicionamiento carenciado de los actores mapuches, sustentado en la recepción-instrumentalización que elaboran de la diferencia cultural reconocida con la que el Estado los convoca y apela. Con lo cual nos situamos en la contracara de las definiciones que realizan algunos funcionarios del comportamiento manifestado por los sujetos mapuches como situacional en lo que hace a sus relaciones con la agencia estatal. En un movimiento este posicionamiento del sujeto mapuche opera bajo un simulacro, un enmascaramiento prácticamente perfecto a las definiciones carenciadas con las que lo aborda la agencia pública. Es el caso de las integrantes de un taller laboral femenino existente en una comunidad cañetina, en el que se dedican al cultivo de hortalizas y la elaboración de alimentos deshidratados, emprendimiento en el que han contado tanto con ayuda de agencias públicas (incluyendo a la municipalidad) como de una ONG que en la actualidad las están apoyando en mejorar la comercialización de los productos. Este taller tiene cuatro años de existencia, sin embargo algunas de sus integrantes elaboran deshidratados desde hace por lo menos treinta años. Este es el caso de una de las integrantes del taller, quien valora la asesoría técnica que les han dado, “nos prepararon”, y esto, a pesar de que ella misma afirma que las técnicas que estos organismos les


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vinieron a enseñar, ellas, en lo esencial, ya las conocían, lo explica: “pero era como interna nuestra (forma de deshidratar)…, pero como las otras (las monitoras) son profesionales para eso, entonces, y le reconocen a ellas, su trabajo, para eso son….claro que, muchas veces nosotros nos adaptábamos a lo que ellas nos decían ‘háganlo así, acá’, y nosotros teníamos otra experiencia porque nosotros hemos hecho y sabíamos realmente, porque lo hacíamos, lo hicimos nosotros en, manualmente, sabemos cómo, y ellas no creían nomás, entonces, pero nosotros hemos hecho ya, claro, que hemos trabajado con la tierra, porque trabajando con la tierra es otra cosa…” En otro movimiento, en cambio, el mismo posicionamiento del sujeto mapuche marca los cauces para el desborde de las definiciones de la apelación estatal, dirigiendo su mirada, discursivamente, más allá de los márgenes de interlocución y programación vislumbrados por la agencia estatal. En una sesión de un taller desarrollado en una comunidad cañetina, dentro de un programa de INDAP-PRODEMU, a la que asistieron 10 comuneros (ocho mujeres y dos hombres), se entregaba una capacitación sobre desarrollo organizacional. La exposición estaba a cargo de una monitora muy joven, quien realizaba una presentación con papelógrafos, muy esquemática y plana, con definiciones muy de manual, extensas. El grupo parecía atento, aunque la participación era casi nula. En un momento realizan una actividad consistente en dividirse en dos grupos para trabajar sobre las fuerzas externas e internas que afectan a una organización. Cuando comienza la exposición de los grupos, por el primer grupo expone uno de los hombres, quien repite correctamente la “lección” aprendida y quien, sorprendentemente, en un momento se refiere a la monitora como “la tía”. En el segundo grupo (sólo mujeres) se reparten la exposición, que versa sobre las fuerzas externas. Como al grupo le cuesta bastante expresarse, cada vez interviene más la monitora detallando las diversas fuerzas externas (económicas, políticas, culturales), de tal manera que la exposición del grupo deviene en una disertación de la monitora, con la aprobación a modo de eco de los integrantes del taller a los diferentes puntos tocados por ella. Esta actitud de rebaño es sin embargo muy engañosa, ya que cuando viene nuestra presentación y la monitora nos pide que planteemos lo que andamos estudiando (interacciones entre actores mapuches y agentes estatales), después de hablarles y pedirles alguna opinión al respecto, el primero en hacerlo es el mismo comunero que expuso por el primer grupo repitiendo tan mecánicamente lo dicho por la monitora. Ahora en cambio, expone un discurso mucho más crítico y global sobre las vinculaciones de los mapuches con el Estado. Si pudiéramos resumirlo: si bien ha habido un cambio positivo en ciertas actitudes de los funcionarios públicos hacia los mapuches, asociado a una mayor oferta de programas sociales hacia los mismos, eso está muy lejos de lo que ellos buscan, que es el reconocimiento como pueblo. Esto lo visualiza como una meta a largo plazo, y como resultado de una lucha y trabajo de los mapuches, es decir lo plantea como el fruto (o la frustración de todo ello) del esfuerzo casi exclusivo que deben hacer los mapuches, ante lo cual, acciones más o menos, el Estado chileno no tiene mucho que hacer. La consecución de su reconocimiento como pueblo es algo que ocurrirá (o se frustrará) a pesar, o más bien, paralelamente al Estado, parafraseando la capacitación PRODEMU, dependería exclusivamente de fuerzas y variables internas del movimiento mapuche. Eso fue lo que dijo, ni más ni menos, en una simple opinión, agregando que lleva varios años de trabajo comunitario en ese sentido, y que actualmente opera como asesor del presidente de su comunidad.


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3.3.3 Las disputas dirigenciales mapuches y el logro de la interlocución con la agencia pública a través de las interacciones Que la interacción agente público-agente indígena se configure como un cauce explicativo que permita la redefinición, de parte de los diversos sectores existentes en las comunidades, de las fisuras o distancias que determinan sus posiciones relativas, releva el papel crítico que las interacciones juegan en la puja que se establece entre los diversos liderazgos (que asumimos encarnan tales posiciones relativas) en el empeño por lograr y preservar una interlocución preferente ante la agencia pública. Si las interacciones permiten darle una redefinición de tales posiciones relativas, también ayudan a redefinir y legitimar los liderazgos en que dichas posiciones suelen expresarse. Las fracturas a nivel de las organizaciones supracomunitarias o territoriales mapuches, con base en la siempre problemática aglutinación y mantención de la representatividad, y expresadas en las frecuentes rupturas organizacionales y disputas de liderazgos, impulsan a sus diversos dirigentes a buscar la captura de la interlocución con funcionarios públicos, particularmente con los directivos de servicios públicos y autoridades políticas provinciales, como una herramienta para definir o redefinir las cuotas o niveles de influencia al interior de las comunidades. La Corporación de Desarrollo del Lago Lleu Lleu, en la Provincia de Arauco, que se constituyó a fines de los noventa vinculada a la creación del ADI del Lago Lleu Lleu, organización presidida hasta hoy por el dirigente Santos Reinao, y que agrupó, según información dada por uno de sus fundadores, a un conjunto de 13 comunidades ribereñas del lago, sufrió en 2002 un quiebre al retirarse nueve comunidades. Según algunos de los dirigentes que se retiraron lo que motivó la ruptura fueron discrepancias agudas con el presidente de la Corporación, recaídas principalmente en el manejo de los fondos y proyectos que administraba la organización. Las nueve comunidades disidentes constituyeron la asociación Rayinche Leubu Lafken. Las tensiones entre los directivos de ambas organizaciones subsisten en la actualidad. La disputa por la representatividad de las comunidades ribereñas del lago, asociada a la búsqueda del reconocimiento y la interlocución con agencias públicas y autoridades estatales, se expresa por ejemplo en que ambas organizaciones tienen a sus presidentes como representantes de sus comunidades en el Comité Provincial de Salud Intercultural. Pero esta disputa llega a manifestarse en la vida organizacional interna de algunas de estas comunidades. El actual secretario (y ex presidente) de una de las comunidades adscritas a la Rayinche, enfrentaba al vicepresidente de su comunidad, a propósito de un malentendido sobre el término de unos proyectos productivos de Orígenes en la comunidad, ya que el vicepresidente había citado, según el secretario sin el conocimiento del resto de la directiva, a una reunión comunitaria extraordinaria donde habría expuesto que la consultora encargada de ejecutar los proyectos estaba sobrepasada en los plazos de ejecución, y que por lo tanto debía llamarse a una reunión con el Gobernador, los directivos de Orígenes y CONADI, y el Presidente de la Corporación de Desarrollo, Santos Reinao, para que se buscara una solución. El diagnóstico del secretario fue que tenía “un hombre trabajando para Reinao” en la directiva, y que debía contactarse con los directivos mencionados, más el Gobernador, el alcalde de Tirúa y la consultora para desenmascarar esta situación. A propósito de lo expuesto más arriba, sobre el accionar del Consejo de Todas las Tierras en Alto Bio Bío como ejemplo del desarrollo de una búsqueda y captura de interlocución con la agencia y autoridades públicas (que tenía como correlato una estrategia de presión) de parte de una


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organización supracomunitaria mapuche, podemos plantear la reproducción de ese patrón, a nivel comunitario. Lo que se registra como irradiación de un conflicto de mayor envergadura, el que como secuela delimitada, continúa incidiendo en los vínculos con la agencia pública. Como ya esbozamos, el accionar del Consejo de Todas las Tierras en Alto Bío Bío (particularmente en las comunidades de Trapa Bajo, Butalelbún, Malla Malla, en el Queuco, y en Ralco Lepoy en el Bio Bío) generó intensos conflictos con amplios sectores de comuneros pehuenches que no compartían su estrategia y sus métodos. Los testimonios actuales de estos comuneros señalan a los miembros de dicha organización como “gente de afuera”, “gente de Temuco que vino a agitar las comunidades”. Hoy día, diversos funcionarios y comuneros pehuenches coinciden en apuntar que es en la comunidad de Malla Malla donde la división comunitaria heredada del accionar del Consejo es más profunda y definitiva. Allí la comunidad está dividida prácticamente en dos, con un sector liderado por un lonko que pertenece al Consejo de Todas las Tierras, y que dirige a las familias que viven (y demandan) en “terrenos en recuperación” que pertenecen o pertenecían al fundo Queuco, y otro sector liderado por otro lonko y que se mantienen en los terrenos “tradicionales” de Malla Malla (los del título de merced). En este caso la expansión territorial, o la posibilidad de recuperación territorial, serviría como base de expresión, como cristalización de una fisura comunitaria. En conversaciones sostenidas por dichos lonkos con algunos funcionarios se dejaban ver algunas de las herramientas que utilizan en la puja por conseguir interlocuciones preferentes con los funcionarios públicos, y también por conseguir recursos para sus sectores. El lonko del sector “tradicional”, que goza de mejor llegada en la administración municipal de Félix Vita, funda ante los funcionarios (y eventualmente ante cualquier otro interlocutor) su pretensión de legitimidad, de ser el representante de la comunidad auténtica o histórica, en el hecho de ser bisnieto del cacique al cual el Estado chileno le otorgó el título de merced de la comunidad, y en el hecho de mantenerse en tal espacio. De tal forma deslegitima al lonko consejero como un simple “dirigente que se dice lonko” de las familias que están “en terremos en recuperación”. Esta delimitación no tiene mayor significación para los funcionarios en lo que hace a sus relaciones con el lonko consejero de Malla, ya que reconocen el hecho básico de que éste representa a por lo menos la mitad de los comuneros. En su caso las vinculaciones con los servicios públicos parecen estar más determinadas por la mediación de ciertos elementos de presión23. Lo que no implica que todas sus vinculaciones con los funcionarios públicos estén teñidas por tales elementos, como lo demuestra el caso de la funcionaria del SERVIU que implementa los subsidios en el ADI, quien afirma no haber tenido mayores inconvenientes en ninguno de los sectores de Malla. Aún así, el funcionario de CONADI en Ralco afirma que con la única comunidad con la cual la Corporación no ha podido trabajar expeditamente ha sido con Malla Malla. Por otra parte, las relaciones del sector consejero de Malla, y de su cabeza, con la administración municipal de Félix Vita, y por lo tanto con el conjunto de funcionarios municipales, son previsiblemente malas (lo que se explica por lo ya

23 En un viaje hacia el Queuco, dos funcionarios de Orígenes e INDAP hablaban sobre problemas menores con algunos proyectos -botiquines para animales- que se están implementando en Malla Malla, y que han repercutido en malentendidos con el lonko consejero, uno de estos funcionarios, que parece haber tenido algunos problemas previos con este lonko, preguntaba si las cosas en Malla estaban tranquilas como para emprender el viaje. Por datos obtenidos posteriormente nos enteramos de que grupos del sector consejero de Malla habían atacado con piedras, a mediados de julio, una camioneta del INDAP.


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expuesto sobre la construcción del liderazgo de Félix Vita en Alto Bio Bío en base a una oposición clara al accionar del Consejo de Todas las Tierras). Por otra parte, como ya lo señalábamos, en este, como en otros casos, los funcionarios que implementan programas productivos, Orígenes particularmente, adaptan tales proyectos a esta situación, desarrollando proyectos equivalentes en ambos sectores. Pero más allá de esta operativa, y en lo que constituye la contrapartida funcionarial a la puja dirigencial por la interlocución con la agencia estatal, los funcionarios públicos, que en principio asumen estas divisiones y conflictos entre los liderazgos mapuches como una situación “dada” y declaran la prescindencia de su accionar ante ella, en ciertos casos, a lo menos, intervienen en los juegos de poder existentes entre dirigentes mapuches. A nivel comunitario las declaraciones de dirigentes mapuches dando cuenta de que determinados funcionarios públicos intervienen decididamente para favorecer a ciertos dirigentes por sobre otros, particularmente en comunidades que enfrentan conflictos tanto externos (por recuperación de tierras por ejemplo) como internos, aparecen con cierta regularidad. Las relaciones entre funcionarios y dirigentes, encuentran en la elección de autoridades comunitarias un momento propicio para que se produzcan este tipo de situaciones. En una comunidad de Alto Bío Bío que estaba por realizar el cambio de lonko existía una pulsada entre el actual lonko y un joven comunero con un liderazgo emergente. La tensión entre ambos, particularmente la animadversión desde el lonko, y su familia, hacia el nuevo líder era intensa, lo pudimos comprobar en una visita a la comunidad cuando ambos estaban presentes. El lonko fundamentó posteriormente su actitud al calificar al líder emergente como “vivo, mañoso y ladrón” (por la sumaria información que pudimos recoger, al parecer, esta oposición entre ambos se fundamentaría en antiguas diferencias familiares y posiblemente también religiosas). A raíz de esta situación, luego supimos que un funcionario sectorial, pocos días antes, le había avisado al lonko sobre una reunión de una parte de los miembros de la comunidad que buscaba justamente aglutinar consenso en torno al emergente para ser el elegido. Lo que, obviamente, alertó al clan familiar del lonko y les permitió mover sus fichas, en una estrategia que al parecer incluía el desprestigio del nuevo líder ante los funcionarios públicos, hecho de lo cual fuimos testigos. Posteriormente, y a propósito de esta misma situación, otros dos funcionarios de Orígenes comentaban su notoria preferencia por que el elegido sea el líder emergente basándose, en principio, en la mejor disposición y mayor involucramiento que manifestaba con respecto a los problemas de la comunidad, pero agregando luego una razón al parecer más determinante en su preferencia: el nuevo líder no era evangélico como el lonko en ejercicio, lo que les hacía pensar que a la cabeza de la comunidad tendría una actitud “más abierta” para tratar temas como el rescate cultural. Comentario que en sí mismo es una expresión elocuente de la concreción operativa que alcanza la predominente caracteriología sobre el objeto étnico, en el funcionariado de la agencia pública indígena.


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3.3.4 Interacciones entre funcionarios públicos mapuches y agentes comunitarios mapuches

3.3.4.1 La “identificación étnica” a la luz de la personalización de los vínculos

Las declaraciones más bien genéricas de identificación y confianza que emiten los funcionarios mapuches al referirse a sus vinculaciones con las comunidades mapuches y sus actores, se ven confrontadas en las interacciones mismas, con las diferentes realidades o escenarios que se generan, por una parte, a la luz de la personalización con que los agentes mapuches tienden a evaluar el desempeño de los funcionarios mapuches (como el de los funcionarios en general) y, por otra, frente a las dinámicas más específicas de las vinculaciones e interlocuciones de los funcionarios con las organizaciones y dirigentes mapuches. Para ilustrar esta situación expondremos un breve análisis de las relaciones que tres funcionarios públicos sectoriales mapuches (el encargado del Programa de EIB en Alto Bio Bío, un funcionario INDAP-Orígenes, y el funcionario encargado de CONADI en Ralco) han establecido con las comunidades del Alto Bio Bío en las que se desempeñan. El encargado del programa de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia de Bio Bío, que trabaja relacionándose especialmente con las escuelas de las comunidades pehuenches de Alto Bio Bío, declara tener agudos y persistentes problemas de relación y de aceptación de parte de los pehuenches entre los que tiene que trabajar. La descripción y diagnóstico, incluyendo atribución de causas, que él hace de su propia situación podría resumirse así: El primer elemento que lanza para explicar (explicarse) este rechazo es que algunos pehuenches resentirían el hecho de que él no sea pehuenche (es un mapuche de la novena región). Agrega que este rechazo es especialmente acentuado en cierto tipo de dirigentes, que él rotula como “políticos” (entre los que incluye al alcalde Félix Vita, quien manifestaría la misma actitud). Atribuye esta actitud a la envidia de los pehuenches porque un mapuche no pehuenche ocupe un puesto como el suyo, elemento que se reforzaría por la pobreza de la zona, y esto con un añadido específico y determinante: el alcoholismo. Esta situación ha llegado hasta las agresiones físicas en su contra al menos en dos ocasiones; relata, para abundar en el plano de las agresiones, que son especialmente críticos los viajes en bus hacia y desde las comunidades. Introduciendo un nuevo elemento afirma que aquellos dirigentes “políticos” le enrostrarían además ser un yanacona (se lo han dicho en varias ocasiones) por trabajar en las políticas y programas gubernamentales dirigidos hacia los mapuche-pehuenche. Sostiene que desde que empezó a desempeñarse en esta labor, en 2001, la situación descrita (particularmente la hostilidad desde los dirigentes) no ha mejorado. En este problemático marco declara que el único sector de la vida comunitaria pehuenche donde ha logrado establecer mejores relaciones, incluso habla de reconocimiento, es en las escuelas mismas y los centros de padres. Coincidente con este autodiagnóstico, los otros dos funcionarios sectoriales mapuches también manifiestan, con matices, haber enfrentado rechazo de parte de sectores de las comunidades


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pehuenches de Alto Bio Bío. Y todos tienen un elemento en común, son de afuera, los tres provienen de la novena región24. Centrándonos en los citados tres funcionarios sectoriales, y dando por establecido este elemento de rechazo hacia ellos (pehuenches rechazando a funcionarios públicos mapuches no pehuenches), se produce una segunda coincidencia en sus declaraciones, este rechazo es particularmente fuerte en los dirigentes de las comunidades, no en los comuneros de base. Como vimos, el encargado EIB agrega el adjetivo de “políticos” a los dirigentes que lo rechazan. El funcionario INDAP-Orígenes (quien es más drástico para radicar el rechazo sólo en dirigentes pehuenches, no en los comuneros) acopia una razón plausible para esta actitud de algunos dirigentes pehuenches. Afirma que éstos actúan así porque resentirían un eventual perfilamiento político dirigencial de parte de los funcionarios mapuches no pehuenches. Observación muy atinada refiriendose a él mismo (pre candidato a alcalde de la nueva comuna de Alto Bio Bío, disputa en la que se enfrentó al actual alcalde Félix Vita) y al encargado de CONADI, también con apetitos electorales (y ambos bastante enfrentados y distantes con el alcalde). Pero el que ha tenido mayores problemas con dirigentes pehuenches es el encargado de EIB, quien está muy lejano de ambiciones dirigenciales o electorales. Este funcionario, que maneja con fluidez el chedungun, ha tenido problemas fundamentalmente en la comunidad de Malla Malla, los que al parecer se remontan (o se habrían acentuado) al cierre de la escuela de esa comunidad. Los comuneros lo habrían culpado de ello, sin haber tenido, al parecer, ninguna injerencia en dicho cierre. Coincidentemente el funcionario de CONADI también ha tenido que enfrentar resistencias y serios altercados con dirigentes pehuenches del Consejo de Todas las Tierras, particularmente con los de Malla Malla. Pero .él mismo señala, refiriéndose a los dirigentes del Consejo, que desde hace un par de años hasta hoy día, la tensión con los consejeros ha disminuido notablemente, incluso dice que “últimamente algunos de los bravos (del Consejo) han estado acá (en la oficina CONADI en Ralco) conversando sin problemas”. Por otra parte, en nuestro recorrido por las comunidades pehuenches aparecieron repetidas quejas contra este funcionario, las que se centraban más bien en su desempeño funcionario, sin que se puedan relacionar con un rechazo hacia él por ocupar ese puesto sin ser pehuenche. El dato indicativo de que estos tres funcionarios sectoriales mapuches en Alto Bio Bío, sean de afuera, habla de una situación dada, concreta, que es la falta de calificación laboral existente en la población del Alto Bio Bío. De hecho ese ha sido uno de los temas críticos en la instalación y puesta en marcha de la nueva municipalidad: la escasa calificación y preparación técnico-laboral de los pehuenches. El propio funcionario encargado de EIB al referirse a esto, comentaba que él esperaba que esta situación (la marginación de pehuenches de puestos en la nueva municipalidad) estimulara a los jóvenes pehuenches a estudiar, a profesionalizarse, para poder luego acceder a tales puestos en “su municipio”. Podríamos distinguir entonces dos elementos en una primera dimensión del rechazo.(radicado ya en cierto tipo de dirigentes pehuenches más “politizados”) Esta primera dimensión tiene que ver con el

24 En la nueva municipalidad de Alto Bío Bío hay unos pocos funcionarios pehuenches, algunos de los cuales entrevistamos (uno se negó) Por lo recogido en esas entrevistas y en la observación en terreno, éstos no sufrirían este rechazo.


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hecho de que estos tres funcionarios públicos sectoriales mapuches, sean mapuches extranjeros, no pehuenches, y son, 1) el hecho que representarían la irrupción en el “panorama político pehuenche”, de una potencial competencia “mapuche-externa” por el liderazgo político25, y a estas alturas electoral (por la nueva comuna), lo que se reforzaría (2) por la carencia de la calificación laboral necesaria de parte de los dirigentes pehuenches para ocupar tales puestos. ¿Pero qué pasa con la segunda dimensión del rechazo, que es la acusación que le hacen algunos dirigentes pehuenches al encargado de EIB de ser un “yanacona”? Para abordar esto recordemos lo apuntado más arriba al referirnos a las relaciones que en la provincia de Arauco mantenía un funcionario mapuche de INDAP-Orígenes con los miembros de algunas comunidades en conflicto de Tirúa Sur. Resumiendo: allí resaltamos que dicho funcionario mapuche (unos 45 años, que pertenece a una familia de la misma Provincia de Arauco -es hijo de un destacado dirigente mapuche que resaltó en la época de la reforma agraria-, y que además ha tenido una conocida carrera pública vinculada a las políticas indígenas en la provincia) comentaba que en sus visitas a terreno en comunidades en conflicto solía tener enfrentamientos ásperos (algunos al borde de los golpes) con comuneros que le enrostraban ser yanacona por trabajar, siendo mapuche, en la implementación de programas gubernamentales para los indígenas. Imputaciones a las que él contestaba, por ejemplo, aludiendo a lo paradójica que resultaba la actual de esos comuneros, tan radical frente al Estado, al compararla con el apoyo que durante la dictadura le daban a Pinochet. Pero estos conatos, por desagradables que fueran, no impedían su relación con los comuneros, ni el desarrollo de su labor, no paralizaban ni dominaban su trabajo. Eran sólo un aspecto de su relación con los comuneros. Incluso comentaba que muchas veces, luego de estos encontrones, terminaba conversando amigablemente con sus “oponentes”. Y concluíamos, a partir de esto, que el hecho de que este funcionario mapuche compartiera una historia de relaciones, una densidad de vinculaciones con los comuneros de Arauco (densidad que sería incluso anterior a él mismo, por pertenecer a una familia mapuche de la zona, por su padre, etc.) permitía absorber, procesar este tipo de conflictos, de diferencias, sin que se bloquearan las relaciones, no alteraba esencialmente la fluidez de éstas26. Pero en el caso de nuestros tres funcionarios mapuches no pehuenches de Alto Bío Bío, como ninguno es nativo de esa zona, obviamente no cuentan con esta densidad de relaciones dadas o implicadas por el hecho de pertenecer o ser parte del territorio en el que se desenvuelven laboralmente. Con esto como base, apuntamos que el desarrollo de las experiencias tanto del funcionario de INDAP-Orígenes como el de CONADI se diferencian notoriamente de la del

25 Esto es un rasgo muy general, en Arauco por ejemplo, durante el desarrollo del movimiento Identidad Lafkenche -segundo lustro de los 90, principios del 2000- a uno de los ideólogos del movimiento, Luis Llanquilef, muchos lafkenches le reprochaban no ser de la provincia, sino ser huilliche, y con estudios europeos, un advenedizo en las tierras de Arauco. 26 Hay que recordar sí, que al comparar la situación de Arauco con la de Alto Bio Bío, resalta el mayor desarrollo organizacional histórico del primer territorio, acompañado por una mayor capacitación y calificación laboral y “política” de algunos de sus representantes mapuches. Como este caso hay varios profesionales o ténicos mapuches, o más bien lafkenches, trabajando en la agencia pública indígena (Orígenes, CONADI, INDAP; CONAF, MINEDUC, SEREMI de SALUD, municipalidades). Esto hace posible, en importante medida, la situación descrita.


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funcionario de EIB. Los dos primeros, a pesar de los problemas que enfrentaron, y enfrentan, han logrado vincularse, de alguna o varias maneras, con la vida comunitaria y también con los dirigentes pehuenches, sino con todos, con parte importante de ellos. De suerte tal, que si enfrentan cuestionamientos o rechazos, éstos no copan, no dominan la totalidad de sus interacciones con las comunidades. En visitas a las comunidades pudimos ver al funcionario INDAP-Orígenes manteniendo una interacción fluida, relajada, se diría cómplice con algunos lonkos y dirigentes. Y, como ya apuntamos, el funcionario encargado de CONADI, hoy por hoy, conversa tranquilamente con los bravos del Consejo, los mismos que le decían, o todavía le dicen “yanacona”, en su casa-oficina CONADI en Ralco. . En cambio, variados testimonios que recogimos en nuestro terreno dicen que el funcionario EIB no se vincula con la comunidad, con sus dirigentes, sólo se relaciona con el mundo de las escuelas (él mismo lo dice, sólo tiene buena recepción en los centros de padres). Ha mantenido un vínculo hiperespecializado con las comunidades. Los testimonios a este respecto de lonkos o dirigentes, y también de comuneros, tenían en la mayoría de los casos un tono de reproche, de molestia, y en la minoría, de indiferencia. Ni el funcionario INDAP-Orígenes ni el de CONADI pertenecen al Alto Bío Bío, carecen de vínculos subyacentes que soporten y contextualizen sus relaciones con los pehuenches, pero a pesar de todas las resistencias y tropiezos han logrado de una forma u otra vincularse con la vida comunitaria, con sus dirigentes, y al lograr esto, naturalmente han ampliado, superado, su estricto cometido funcionario. La conclusión clara de esto es que para desarrollar una interacción apropiada, pertinente con las comunidades, el funcionario debe involucrarse en la dinámica comunitaria y dirigencial, y esto implica superar el estricto desempeño de su labor funcionaria. En el caso de los funcionarios públicos mapuches, si no pertenecen a la zona donde se desempeñan, y carecen por tanto de vínculos primordiales, el establecer y desarrollar estos lazos más amplios con la vida comunitaria, particularmente con la dirigencia, les permite absorber, procesar, acusaciones del tipo “yanacona”. Estas acusaciones o percepciones pueden existir de parte de algunos comuneros, pero no copan, no tiñen la totalidad de sus vínculos con los agentes mapuches, son sólo un aspecto de ellas. El problema del funcionario mapuche de EIB no es que lo perciban como “yanacona”, su problema es que está aislado.

3.3.4.2 Las brechas relacionadas con la profesionalización de los funcionarios mapuches

La profesionalización de ciertos funcionarios mapuches constituye una realidad con respecto a la cual se evidencian divergencias entre las apreciaciones, distinciones y priorizaciones de los comuneros mapuches y las de los citados funcionarios. Situación que se revela en diversos desajustes valorativos que se manifiestan en, y a propósito de, las interacciones que establecen ambos tipos de agentes.


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Una jornada de capacitación para los asesores culturales del programa de EIB (MINEDUC-Orígenes) de toda la región (es decir de las provincias de Arauco y de Alto Bio Bío) permite apreciar esta constatación. El equipo de funcionarios que dirige la jornada lo conforman los tres profesionales mapuches que dirigen y ejecutan el programa en la región (los tres son profesores y la coordinadora regional tiene estudios de magister en EIB). A la jornada asistieron 28 asesores culturales. La primera exposición de la jornada, a cargo del funcionario encargado del programa de EIB en la Provincia de Bio Bío, versa sobre el tema: “El kimün mapuche y su integración al proceso de enseñanza aprendizaje”. La exposición es principalmente en chedungun, y en menor medida en castellano. Lo más llamativo en principio es el ambiente de cercanía, de comunicación estrecha y fluida entre el expositor y su auditorio. En términos un tanto esquemáticos se puede decir que la situación es mucho más informal y menos rígida de lo que suelen ser este tipo de exposiciones de capacitación. El expositor opera fundamentalmente como un estimulador, un catalizador al servicio del despliegue participativo por parte de los asesores del conocimiento que poseen. Pero si dijimos que la fluidez de la comunicación era resaltante, es porque el expositor no necesita esforzarse en demasía para lograr la participación, ya que desde el inicio y en forma muy frecuente los asesores intervienen verbalmente (principalmente en chedungun), no sólo para responder o preguntar, sino mayoritariamente para apoyar, respaldar, reforzar, ampliar o ejemplificar ciertos puntos que toca el exponente (los asesores que permanecen callados siguen con notoria atención todo el desarrollo de la situación). Como para reforzar la conciencia del ámbito desde el que se permite esta estimulante participación, el expositor afirma que el Estado “esta dando espacios de participación” para el rescate y reforzamiento de la cultura mapuche, y llama en consecuencia a los asesores a apropiarse de dichos espacios. En la segunda parte de la exposición, se busca que entre todos se pongan de acuerdo sobre los contenidos o temas que los asesores abordarán en cada año del ciclo básico. A cada tema debe ir asociada una estrategia de abordaje, la que debe concretarse a su vez, en una serie de actividades. Cuesta ponerse de acuerdo. Algunos de los asesores que hasta ahora no habían hablado intervienen contando sus experiencias de enseñanza. Partiendo del contenido sobre “quién soy” vinculado al entorno, que busca que el niño se identifique como mapuche en relación a conceptos o dimensiones como familia, lof, tugun, etc., se despliega un debate (fundamentalmente en chedungun siempre) sobre una serie de contenidos a transmitir a los niños. Lo llamativo, para alguien de “fuera de la EIB”, es que esos contenidos se vinculan exclusivamente con una cultura y vida cotidiana mapuche rural y “tradicional” (agricultura, ganadería, trabajos de huerta, “o en la ruca”, conocimiento sobre un entorno rural o una naturaleza primordial o “en equilibrio”, cosmovisión, religiosidad, la machi, artesanía, etc.). Esta visión “tradicional”, genera la inquietud sobre las consecuencias que esto puede tener sobre el concepto de cultura mapuche que se busca “rescatar” y transmitir: un concepto cultural escencialista, cuyos contenidos o dimensiones ya han sido definidos y acotados por la “tradición”, la que se preservaría fundamentalmente en la fuente oral. Esto plantea necesariamente la duda sobre lo que ocurre con los cambios culturales, la evolución cultural, las fracturas culturales, ¿cómo la EIB se hace cargo de eso? Lo que lleva a


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preguntarse sobre su pertinencia y efectividad. Estas reflexiones al parecer no son exclusivas de un neófito en EIB, puesto que uno de los propios asesores culturales, a propósito del debate que había sobre el concepto “hacer fuego en la ruca, el fogón” comentó a un compañero (en castellano) “pero si eso no sirve, ahora los niños prenden un fósforo en la cocina y prenden el gas, están ahuincados”. Habría que recordar, por ejemplo, que en la propia “naturaleza de Alto Biobío” ya se instalaron dos megarepresas que implicaron, entre otras muchas consecuencias, la relocalización de muchas familias pehuenches. Y también habría que citar como ejemplo al propio equipo que dirige esta jornada, todos mapuches profesionales, punto sobre el que un asesor comentó que le parecía bien que todos fueran mapuches, pero reprochó que una de ellos no hablara chedungun, lo que “dificulta” el trabajo. Ligado a lo anterior, entre dos asesores se da un intercambio de opiniones (en español) sobre si ellos les deben enseñar a los niños sólo en chedungun, o si deben hacerlo mezclando el chedungun con el castellano. Uno dice que ésta debe ser la opción, ya que estamos hablando de educación intercultural, la idea es que los niños manejen ambos mundos de significación, además de que hay muchos niños que aún siendo mapuches no manejan el chedungun. El otro asesor rebate argumentando que los asesores deben enseñar sólo en chedungun, ya que la enseñanza “occidental” (lo que incluye al castellano) es responsabilidad de los profesores. Es llamativo que ambos conjuntos de observaciones (tanto la discusión sobre el bilingüismo, como el comentario del fósforo en la cocina), apuntando ambas a aspectos críticos para la temática de la jornada, se mantengan a nivel de intercambio entre asesores, ya que ninguno de los asesores opinantes, ni de los que escuchaban, planteó estos temas al auditorio para motivar una discusión en la sala. Por otra parte, ni el expositor ni el resto de los asesores presentaron estos puntos, u otros semejantes, como elementos críticos de discusión, como una base de debate. De tal suerte que estos asuntos se perdieron como meras opiniones entre algunos asesores, restándole a la jornada una base de debate más amplia y quizás más crucial. Quizás a este tipo de intercambio de opiniones se refería el encargado de educación intercultural de la nueva municipalidad de Alto Bio Bío (un pehuenche), cuando al segundo día de la jornada, al presentar una evaluación del encuentro, dijo que por lo que pudo conversar con otros asesores, ésta ha sido muy positiva, de mucho provecho, sobretodo por las conversaciones de pasillo entre los asesores, los contactos, las interacciones establecidas entre ellos a propósito de este encuentro, más que por las exposiciones mismas. Además, reafirmando la necesidad de dejar documentos escritos con las propuestas educativas de los asesores culturales de EIB, presenta un esquema que es un esfuerzo de sistematización de la enseñanza de EIB, en el marco del diseño de enseñanza que se quiere implementar en la nueva comuna de Alto Biobío. La idea es que el esquema sea suscrito y complementado por todos los asesores culturales de la región. El contenido del esquema es muy semejante a lo discutido el día anterior. Luego, la coordinadora regional del programa EIB (antes de presentar un trabajo práctico para crear una metodología de aprendizaje vinculado a los contenidos discutidos el día anterior), sin querer alude al tema de los intercambios entre los asesores, al llamar la atención sobre lo tarde que se quedaron conversando los asesores la noche anterior. Esto, dice, marca una diferencia entre el interés por el tema EIB que muestran los asesores culturales, y el que muestran “los llamados profesionales”. Diferencia importante declarada por una profesional mapuche, que resulta indicativa


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de las brechas que la cultura funcionaria y el timming de los servicios públicos imponen a las interacciones establecidas entre profesionales mapuches y los miembros de las comunidades, en este caso los asesores culturales. Otra manifestación de estas brechas la entrega la misma funcionaria al decir, con energía, ante los asesores, que no está de acuerdo con lo manifestado por el encargado de educación intercultural de la municipalidad de Alto Bío Bío, en el sentido de que se sacó más provecho de las conversaciones informales entre los asesores, que de las exposiciones. En su opinión ambas cosas son provechosas, ya que subraya que se aprende tanto en las interacciones, las conversaciones informales, como en las exposiciones. Esta divergencia en la interpretación de “qué fue lo más provechoso” de la jornada de capacitación, como expresión de las brechas que se abren a partir del desajuste entre el diseño etnificador de la programación culturalmente diferenciada de la agencia pública indígena y las priorizaciones de los agentes comunitarios mapuches (valoración de las exposiciones v/s importancia de las vinculaciones y transmisiones informales que se generan a propósito de tales jornadas), desnuda algunas de las trampas del énfasis participativo con que la agencia pública apela a los sujetos mapuches, revelándose más bien en su carácter de impulso de disciplinamiento de aquella sobre éstos. La fisonomía que reviste al equipo organizador (a la que han cooperado en gran medida el adoctrimaniento, profesionalización y su inmersión en la cultura y timming funcionarial), más allá de su condición étnica, como expresión de la sistematización que la programación étnica está elaborando de su objeto, despliega su predigerido espacio de rescate cultural tradicional, frente a un auditorio identificado como idóneo para recepcionarlo y profundizarlo. Pero la rápida contención por parte del equipo de los desbordes que produce en los entresijos y márgenes de dicho espacio la inserción de los asesores culturales comunitarios (como excedentes de su entusiasta participación en él), revela la inadecuación de la programación estatal para acoger y profundizar los planteamientos de los sujetos mapuches que superan la dimensión de la carencia.


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III. INFORME FINAL IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Informe regional redactado por Hans Gundermann y Temístocles Lizama


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INTRODUCCIÓN Es de importancia señalar algunas precisiones y delimitaciones respecto del estudio. Ellas dan forma a la estrategia de investigación seguida en este estudio. Primero, no se investiga aquí las determinantes estructurales de las formas de dominación hacia el pueblo mapuche presentes en las regiones consideradas, aun cuando deben tenerse siempre en cuenta por su importancia para el conocimiento y caracterización de las relaciones sociales de los mapuches con otros sujetos sociales regionales. El análisis que emprendemos se dirige a la caracterización de actores o agentes en situación de interacción, a las formas de interacción que les son características y a sus determinaciones sociales, políticas y culturales. No se aborda entonces un análisis de tipo sistémico, de sistemas o estructuras sociales globales. No obstante, ellos se suponen y se traen a colación toda vez que sea necesario.

Segundo, es un estudio dirigido a caracterizar relaciones sociales y políticas públicas hacia los pueblos indígenas. No son las lógicas ni los cursos de acción que se siguen en la implementación de los programas y proyectos estatales hacia los pueblos indígenas lo que aquí interesa principalmente, aun cuando es en su despliegue que tienen lugar las interacciones que son materia del estudio. El estudio supone prestar atención a programas y proyectos, además de muchas otras actividades más convencionales y difusas para poder hacer efectiva la observación de interacciones. Tercero, no todas las instituciones del Estado, ni todos los tipos de agentes estatales regionales podrán ser considerados de igual manera. Ello por razones de capacidad de cobertura, accesibilidad y orientación de la acción del Programa Orígenes, mandatario del estudio. En cuanto a esto último, se privilegian aquellos organismos que son co-ejecutores de la acción del Programa Orígenes y que focalizan su acción en la prestación de servicios, la asistencia y el desarrollo (por ejemplo, INDAP, CONADI, Servicios de Salud, Servicios de Educación, municipios). Quedan fuera de esta focalización otras entidades estatales con clara presencia regional, por ejemplo Carabineros de Chile, Instituto de Normalización Provisional, Registro Civil, por alejarse de la orientación genérica de Orígenes, aun cuando su presencia y efectos puedan ser gravitantes en la vida de la gente mapuche regional. En estos últimos casos se buscará, de todos modos, no perder de vista su existencia, acción e impacto. Las comunas estudiadas fueron tres: Galvarino, Lumaco y Melipeuco. Para ser más precisos se estudió la interacción entre agentes públicos y sujetos indígenas en esas comunas en un marco de tiempo relativamente pequeño (unos 3 meses). Esa interacción podría haberse abordado de manera no situada o contextuada comunalmente, tomando el trabajo de servicios estatales y grupos indígenas de cualquier lugar, pero habría limitado la observación y el conocimiento de las acción estatal en el nivel municipal al alcanzarse sólo información muy disgregada. En cuanto a las fuentes de información, se privilegió en un caso testimonios y experiencias de actores indígenas y agentes estatales respecto de si mismos y de los otros en situación de interacción social. En otros se acudió a documentos y registros escritos y también, como un procedimiento relevante de obtención de información y control de la misma, se asistió a diversos eventos en que convergían e interactuaban funcionarios públicos o agentes para estatales con gente mapuche.


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Se seleccionaron esas comunas en particular debido a la accesibilidad que tenían para los investigadores. También por representar situaciones un tanto distintas en cuanto a la estructuración y actividad de los actores mapuches (más organización y proactividad hacia el Estado en un caso, y menos en otro). También interesó tomar en cuenta la intensidad de la acción estatal (Presencia de Orígenes, focalización de la acción estatal sobre áreas conflictivas, etc.). Más específicamente se contempló criterios de mayor o menor presencia de población indígena con base en la autoidentificación censal (media en Melipeuco, más alta en Lumaco y Galvarino), la presencia o no de instituciones e inversiones públicas, la existencia y acción de organizaciones mapuches, la existencia e intencionalidad de programas estatales locales que consideren a la población mapuche. La tabla siguiente resume los valores asignados:

Nº

Comuna

Población Indígena

Instituciones o Inv. Publica

Acción de organizaciones

mapuches

Programas locales hacia lo mapuche

01

Galvarino

Alta

Media a alta

Alta

Limitado

02

Lumaco

Media

Alta

Alta

Relevante

03

Melipeuco

Media

Media

Baja

Limitado

Tomamos como punto de partida, la hipótesis de que la interacción entre agentes del Estado y sujetos Mapuches se ha caracterizado por múltiples trabas o nudos de conflicto, que operan en dos direcciones contrapuestas. Por una parte, los funcionarios del Estado mantienen estereotipos y prejuicios sobre la capacidad de los mapuche para procesar (recibir, integrar, aportar, etc.) las distintas iniciativas que se dirigen a su beneficio (plano subjetivo) y, al mismo tiempo, no disponen de conocimientos suficientes de la cultura mapuche, de su sociedad e historia, de su realidad como grupos regional, o de herramientas metodológicas para incorporar su participación en las distintas etapas de la intervención (plano objetivo). Por otro lado, los mapuche tienen una visión del Estado como un conjunto heterogéneo de agentes sociales dotados de poder que pueden, de manera ambigua, tanto proporcionar productos y servicios valorados y necesarios, como favorecer despojos y su disolución como grupo social y cultura (plano subjetivo). De allí entonces la coexistencia inestable y tensionada (una dialéctica) de sentimientos de atracción-desconfianza respecto de sus intervenciones. Pero, a la vez, mantienen un conocimiento insuficiente –salvo quizá una capa de dirigentes crecientemente informados- de lo que pueden esperar del Estado, de la lógica de funcionamiento de las burocracias estatales, de los momentos y procesos políticos de cada época y de las formas (metodologías, procedimientos, etc.) a través de las que pueden participar de manera más activa en las intervenciones del Estado en los espacios sociales indígenas (plano objetivo).


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En este campo de interacción se han generado distintas posiciones (institucionales o no, explícitas o no) de los agentes estatales acerca de su relación con la población mapuche, a la que a veces ha puesto en condición de beneficiario (población pasiva que recibe un bien o servicio), clientela (población que en una posición de menor poder relativo recibe un bien o servicio a cambio de apoyo político o, al menos, que supone una reciprocidad inmediata o diferida), o usuario como ha querido recientemente orientarse (población activa que usa los servicios del Estado para generar su propio proceso de desarrollo). A la inversa, existe una correlativa toma de posiciones mapuche, a veces correspondientes con las estatales y en otras reactivas o de posicionamiento estratégico ante ellas. En la gran mayoría de los casos esta pluralidad de formas subjetivas (visiones y perspectivas), formas y ambientes de interacción objetiva, están intervenidas por desconfianzas y desconocimiento en dos direcciones. Las relaciones se enmarcan entonces en un contexto en que no hay horizontes cognitivos y valorativos comunes, y tampoco un proyecto o imagen de sociedad que los integre. Ante ello, cada uno (Estado y Pueblo Mapuche o una parte de este) operan con una lógica de negación del otro.


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1. LA REGIÓN DE LA ARAUCANIA Y EL ESTUDIO EN TRES COMUNAS 1.1 La IX Región de la Araucanía La Novena Región de la Araucanía, concentra la mayor cantidad de población indígena del país, y es allí donde la acción estatal hacia los mapuches es más intensa y diversificada. Esa presencia mapuche masiva y el antiguo anhelo de contar con un servicio estatal especializado más cercano, es la razón por la cual en Temuco (capital de la Araucanía), se establece la Dirección Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), organismo estatal que resulta de la promulgación de la Ley Indígena Nº 19.253, del 28 de Septiembre de 1993. La organización administrativa de esta región la integran dos provincias, Malleco y Cautín concentrando una totalidad de 32 comunas, cifra que considera la nueva comuna de Cholchol, recientemente creada y desprendida del territorio originalmente administrado por Imperial, destacándose además en esta nueva comuna la administración de un alcalde (electo), de origen Mapuche. La Región de la Araucanía cuenta con una superficie total de 31.859 Km2 y su población total, de acuerdo al Censo Nacional de Población de 2002, alcanza a 867.351 habitantes. La concentración urbana llega a un 61,3% y del 38,7 % restante es rural. Cabe señalar que la Araucanía es una de las regiones con más alta ruralidad en cifras relativas y absolutas del país. En esa población rural de aproximadamente 335 mil habitantes está presente un alto porcentaje mapuche que se distribuye espacialmente en todo el territorio regional; en parte del valle central, la costa, y la cordillera. El porcentaje de la población indígena regional asciende, según el último Censo, a 204.195 personas, correspondiente con un 30,79%. De ella un 99,52% es mapuche. Aunque manteniendo presencia en todas las comunas, las concentraciones mapuches más importantes están en el valle central y la depresión del río Cholchol (Lumaco, Galvarino, Chol Chol e Imperial). Se destaca también el gran número de población indígena en comunas cordilleranas como Currarrehue, Melipeuco y Lonquimay, así como en la costera comuna de Puerto Saavedra. La región es quizá la única del país en que las relaciones interétnicas son social y políticamente gravitantes por la envergadura de sus tensiones y conflictos. La Araucanía es la región con mayores índices de pobreza e indigencia27 del país. Ello explicado por técnicos, políticos y planificadores con base en la preeminencia de actividades económicas primarias de baja productividad, por la alta ruralidad existente y por la extrema subdivisión de las propiedades agrícolas. Esto afecta principalmente a la población mapuche y es por tanto en ella que

27 Los hogares pobres son aquellos cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, ($43.712 en la zona urbana, y en $29.473 en las zonas rurales).; la indigencia a su vez se define como aquel hogar donde sus miembros aun cuando destinaran todos sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarías de sus miembros, no logran satisfacerlas adecuadamente ($21.856 en lo urbano y en $16.842 en lo rural). La diferencia de líneas de corte urbano y rural se deben a la diferencia de disponibilidad de ingresos monetarios en ambas zonas que le permitan obtener el acceso a igual canasta básica.


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se manifiestan tales restricciones generales. Los mapuches desarrollan actividades silvoagropecuarias en pequeña escala como los cultivos de subsistencia, pequeñas plantaciones forestales, pesca artesanal y labores de recolección. La población indígena y por extensión la no indígena rural es diagnosticada en una situación de “marginación cultural”, la primera, y con deficientes condiciones de vida, ambos categorías. Se reconoce que los problemas que afectan a este grupo indígena han sido provocados por el proceso reduccional a que fueron sometidos, sumado al crecimiento vegetativo de la población, junto a la formación sostenida de nuevos núcleos familiares, lo que los ha llevado a transformarse mayoritariamente en “propietarios minifundistas”. Al estar imposibilitados de ampliar la cabida de sus predios y dificultados de cambiar la gestión de los mismos tienen dificultades estructurales de crecimiento. Un aspecto de lo anterior es la calidad y cobertura insuficiente del apoyo estatal (Estrategia Regional de Desarrollo, IX Región de la Araucanía, 2000-2010) Todo lo anterior es puesto en relación con una dimensión sociopolítica, la del movimiento mapuche, relevante durante los últimos años en la zona. Se señala que “la debilidad institucional y la falta de políticas con pertinencia, disminuye la capacidad de acción del Gobierno en la solución de los problemas más urgentes que debe atender”. De lo anterior se deriva, entonces que de no mediar transformaciones estructurales al respecto se “mantendrán así, por largo tiempo, las condiciones de sustentación de la demanda de las comunidades y, por ende, las posiciones ideológico-culturales que han dado origen a las tomas de fundos y a movilizaciones de los últimos años, incrementadas por la existencia de una plataforma básica de acción de las organizaciones mapuche en torno a la demanda por tierra y a la exigencia de un -Nuevo Trato con el Estado de Chile-, anunciado por los actores políticos e institucionales regionales y nacionales (Gobierno Regional de la Araucanía 2005). Esta realidad social, cultural y económica orienta la acción pública en algunas líneas estratégicas de acción regional que pudieran ayudar a superar los índices de pobreza. Una de esas orientaciones se dirige hacia la ruralidad y el mundo indígena. Para ello el sistema estatal se organiza en un nivel central regional (Seremías, Direcciones Regionales; Servicios), un nivel local (Oficinas, Áreas) de servicios centrales y el Estado local, por así decirlo, los municipios y sus servicios. Importancia operativa adquieren en este empeño la Corporación Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADI), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Instituto Nacional de Normalización Provisional (INP), además de la acción de la Intendencia Regional, las Gobernaciones y Municipios, estos últimos básicamente en la administración de recursos y programas de la red subsidiaria del estado. El Programa ORÍGENES de reciente creación es también relevante. 1.2 Aspectos de la situación mapuche El “problema” mapuche no se produciría por efecto de la cantidad de su población, sino porque en la Región de la Araucanía el grueso de la población mapuche vive en el sector rural (69%), conservando tradiciones y cultura (lo que en general se considera positivo), pero que para algunos autores, o actores políticos sociales, junto con ello también se conservan y potencian actitudes que los marginan de la modernización en las actividades económicas y sociales, constituyendo factores que impiden la necesaria integración de todos los actores regionales hacia objetivos comunes de desarrollo. La imagen oficial asociada al mapuche rural de la región esta muy relacionada con


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pobreza dura persistente y marginalidad. En términos concretos esta situación se manifiesta en una gran extensión de tierras dedicadas a cultivos de subsistencia, aumento de la venta de fuerza de trabajo campesina, y en definitiva, aumento de la pobreza rural. La situación social precaria de la Región de La Araucanía en relación al contexto nacional, se explica entonces por la preeminencia de actividades económicas primarias de baja productividad, por una alta ruralidad y por la extrema subdivisión de las propiedades agrícolas. Nos encontramos ante una numerosa población que se dedica a cultivos de subsistencia, de la cual el pueblo mapuche presenta la situación de mayor marginalidad social. Esta incapacidad de satisfacción de las necesidades básicas de los pequeños propietarios crea una corriente migratoria hacia centros urbanos, produciéndose un trasplante y transformación de los pobres rurales en habitantes de cordones de miseria. Las condiciones de infraestructura, si bien han mejorado notablemente en los últimos 10 años (particularmente en energía eléctrica, caminos secundarios y servicios básicos), aún presenta considerables carencias en agua potable rural y saneamiento básico; no obstante la importancia de esas carencias, el factor que determina su nivel de marginalidad social, es el ingreso real de la familia. En general, la familia rural pobre tiene pocas expectativas de fortalecimiento productivo, por su carencia de capital, dependencia de las actividades de subsistencia, atraso tecnológico y baja vinculación a los mercados de productos agropecuarios. l resultado de esta conjunción de situaciones se expresa en frustración y malestar social frente a la sociedad chilena. 1.3 Las comunas consideradas en el estudio Comuna de Galvarino La comuna de Galvarino, se localiza en el denominado secano interior de la región de la Araucanía, en la provincia de Cautín. Ocupa parte de la vertiente oriental de la cordillera de Nahuelbuta y de la depresión intermedia, y dista a 66 Km. al noroeste de la capital regional, Temuco. Su superficie total es de 568,2 Km2., limita al norte con las comunas de Lumaco y Traiguén; al sur con las comunas de Temuco y Chol Chol; al este, con las comunas de Lautaro y Perquenco; y al oeste con las comunas Lumaco y Chol Chol. Esta comuna tiene la ventaja de situarse en la parte media de la cuenca hidrográfica del río Imperial, lo que le permite un potencial de uso y manejo del recurso hídrico para fines productivos. Sin embargo, su desventaja en consideración al desarrollo de la actividad silvo agropecuaria tiene que ver con la topografía, de carácter ondulada a quebrada con presencia de cerros y quebradas, que condicionan, además, una adecuada comunicación vial entre los distintos sectores (localidades o comunidades) del espacio comunal. Galvarino basa su economía local, en la explotación de la pequeña propiedad campesino mapuche en rangos de subsistencia; la explotación forestal y actividades relacionas; la mediana explotación campesina y ganadera desarrollada por colonos así como por campesinos no mapuche; el comercio y los servicios. La población comunal es de 12.596 habitantes (Censo 2002) que representa solo el 1.5% de la población regional. La población rural de Galvarino es de un 71,90 %, cifra que es muy superior al 32,36 % de la región y al 32,86 % de la provincia de Cautín (INE 2002) . En general, esta característica de ruralidad de Galvarino la comparte con la mayoría de las comunas de la región,


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cuestión que está estrechamente ligada a la presencia de población mapuche (59,7% según el Censo 2002), complementada con población campesina que en términos censales no se declara mapuche. El estado en la comuna de Galvarino esta representado por el municipio local, que ejecuta planes y acciones programáticas establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Nº 18.695). Esta misma institución ejecuta convenios de colaboración con CONADI, quien mantiene una oficina de atención indígena una vez por semana, con Bienes Nacionales para atención preferencial de demandas de saneamiento de títulos indígenas y con INDAP por medio del PRODESAL. Estas últimas son acciones técnicas que no tienen particularidad de atención indígena, pero que por su intervención productivo rural tocan e intervienen extensivamente la realidad campesino mapuche. En la comuna existe también una oficina de INDAP, una sucursal del Banco del Estado, y un hospital tipo 4, aparte de la operación local de cajas pagadoras del INP coordinadas mensualmente con el municipio.

La actividad de las organizaciones mapuches en la comuna de Galvarino tiene algunas particularidades interesantes de abordar. Desde los centros culturales (de mediados de los ochenta), que posteriormente originaron Admapu y desde allí el Consejo de Todas las Tierras se puede asistir a una actividad de demanda y acción reivindicativa ininterrumpida en la comuna. Las zonas de Boyero y Pangueco se las reconoce como las más activas, sitios donde hasta hoy actúan importantes líderes mapuche. El movimiento se expandió también a las zonas conocidas como Raimán y Rucatraro Alto (en el Límite Con Lumaco), para en la actualidad estar distribuido por varios otros puntos del el territorio comunal. Estas comunidades y sus dirigentes mantienen una activa relación con las acciones de protesta y reivindicación en un marco regional, cambiando el modo de acción en la comuna y con sus autoridades locales. Esta diferencia se entiende cuando es explicada por Manuel Santander (miembro del directorio del Consejo): “la pelea es con el Estado y con el poder económico usurpador, por tanto no sacamos nada con protestar en la Municipalidad si al final el que nos va comprar las tierras es otro”. Esta fuerte definición grafica plenamente el curso de acción de las organizaciones indígenas de tipo reivindicativas de Galvarino. En línea con esto, la actuación de las 11 comunidades de la Comuna miembros del Consejo de Todas las Tierras ha estado marcada por relaciones de colaboración con el gobierno local. Un aspecto de ellos son los convenios para la ejecución de las propuestas financiadas por Orígenes, siendo todas estas comunidades incorporadas desde un principio a los planes de este programa. Este aspecto resalta al constatar que son 19 el total de las comunidades de la comuna involucradas con este Programa. En la comuna de Galvarino está presente un gran número de organizaciones (según ley de organizaciones territoriales Nº 19.418). Entre ellas 102 de mujeres, 85 deportivas, 68 de iglesias, 18 de adultos mayores, 15 de jóvenes (Dir. De Desarrollo Comunitario de Galvarino). En cuanto a las organizaciones indígenas (regidas por la Ley Nº19.253), en Galvarino existen 68 comunidades constituidas y 10 asociaciones indígenas. Como ya se señaló también opera en la comuna el Consejo de Todas las Tierras. De las asociaciones está presente la Asociación Trawun Folil (de carácter Comunal), que ha mantenido relaciones con el Estado y el municipio local y algunos otros organismos externos que han financiado sus propuestas. Es el caso tambien de Trawun Mapu (de carácter Territorial incluyendo los sectores de Curaco, Ranquil y Pelantaro) (datos obtenidos de la Dirección de Desarrollo Municipal).


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Comuna de Lumaco La comuna de Lumaco tiene una superficie de 1.119,0 Km2 y pertenece a la provincia de Malleco. Está ubicada en el denominado Secano Costero, a 28 kilómetros de Traiguén, distante 93 kilómetros de Angol la capital provincial y a 123 kilómetros de Temuco, la capital regional. El relieve de la comuna de Lumaco lo caracteriza una serie de cuencas y serranías que avanzan hacia el centro, en las faldas orientales de Nahuelbuta. Prevalecen en la comuna, por lo tanto, las formas montañosas abruptas, con quebradas ocupadas por ríos y esteros. Por tamaño, Lumaco ocupa el 6º lugar provincial y el 7º por población. Limita al norte con las comunas de Purén y Los Sauces; al W con la provincia de Arauco (VIII Región del Biobío); al sur, con las comunas de Carahue, Nueva Imperial y Galvarino y al este con la comuna de Traiguén. Es importante destacar que dos centros poblados de la comuna alcanzan la categoría de pueblo: Capitán Pastene y Lumaco, la capital. El poblado de Pichipellahuén es un villorrio rural que no tiene categoría urbana. La comuna presenta un alto índice de ruralidad (72%), por lo que la actividad económica predominante es la silvoagropecuaria con alrededor de un 60% de población activa empleada. Los resultados del censo 2002 indican un total poblacional de 11.335 habitantes, habiéndose declarado como mapuche una cantidad de 4.282 personas, es decir un 37,78% del total. Es relevante entonces realizar algún comentario sobre la situación general de esta población que convive y subsiste en un territorio compartido además con “chilenos” y algunas familias de “colonos” de origen italiano y alemán. Al respecto, los mapuches ocupan, como es característico de la IX Región, terrenos con escasa capacidad productiva y con fuerte degradación, por efecto de la sobreexplotación, los monocultivos y la deforestación agresiva.

El Estado en la comuna de Lumaco esta presente a través del municipio local, con la operación de planes y acciones programáticas contempladas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Nº 18.695), y en sus propios planes, programas y proyectos. El municipio también ejecuta convenios de colaboración con CONADI, quien mantiene una oficina de atención indígena dos días por semana y cuyo funcionario también atiende la vecina comuna de Galvarino; con la Seremía de Bienes Nacionales para resolver demandas de saneamiento de títulos indígenas y con INDAP por medio del PRODESAL. Mensualmente se coordina la operación de Cajas Pagadoras del INP. Permanece aquí por mas de 20 años la Fundación Instituto Indígena (FII) organismo de la sociedad civil vinculado a la Iglesia Católica. Originalmente operaba con recursos propios de la Iglesia Católica y la Cooperación Internacional, manteniéndose hoy ejecutando programas de desarrollo territorial, con financiamiento estatal por el medio de CONADI, además de la operación como consultora del Programa Orígenes.

Lumaco es una de las áreas más claramente identificadas como epicentro o foco de conflictos y demandas étnicas durante la última década. Allí se reclama y litigan terrenos que manifiestan les fueron usurpados, generándose un largo proceso de negociación con la intermediación de CONADI, que ya ha ido resolviendo algunos asuntos. En relación con las movilizaciones y conflictos son oriundos de allí líderes como Aucan Huilcaman del Consejo de Todas las Tierras y Galvarino Raimán


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de la Asociación Ñancucheo. Un protagonismo visible ha tenido también la Unión de Comunidades Indígenas y las llamadas identidades territoriales. Su expresión se ve a veces disminuida por la acción de grupos mapuches organizados y constituidos como Pequeños Agricultores y Comités (s/ley Nº 19.418), los que han generado vínculos con el Estado y con el municipio local por medio y a través de los programas productivos. La intervención del programa Orígenes ha estado concentrada en los grupos con mayor acción político reivindicativa, por un protocolo y acuerdo de iniciar (en todas las comunas), con aquellas comunidades que mayor disconformidad planteaban hacia el gobierno nacional. Por su parte, este aspecto no ha sido relevado en la instalación del Programa Araucanía Tierra Viva, que pretende una articulación con grupos de productores interesados en buenas prácticas de usos, más que con movimientos indígenas propiamente tal. Como es general a todas las comunas de la región, están presentes en Lumaco numerosas organizaciones territoriales (Juntas de Vecinos, agrupaciones de mujeres, clubes deportivos, grupos de iglesia, agrupaciones de jóvenes, comités de diverso tipo) que elaboran y gestionan una diversificada demanda hacia el municipio y las agencias estatales con presencia en la comuna. La demanda propiamente mapuche es levantada en la comuna por la Asociación Comunal Mapuche que reúne a un grupo numerosos de las 58 comunidades indígenas constituidas con arreglo a la Ley Indígena ( N° 19.253). Este mismo cuerpo legal ampara un grupo de 8 Asociaciones Indígenas. Comuna de Melipeuco La Comuna de Melipeuco se ubica en una zona precordillerana de la provincia de Cautín, entre los 38ª 35´ hasta los 39ª 00´ De latitud sur y los 71ª 24´ y los 71ª 51´ de longitud W, distante a 97 km. al noreste de Temuco, su superficie total es de 1.107, 3 km2., limita al norte con las comunas de Curacautín y noreste con Lonquimay (Provincia de Malleco); al sur con las comunas de Curarehue y Pucon; al este con la Republica de Argentina, y al oeste con las comunas de Cunco y Vilcún . Esta comuna fue fundada en 1981 siendo parte del proceso de regionalización impulsado por el gobierno de la época, con la intención de dotar a este apartado rincón de la región de elementos de administración propios, potenciando el desarrollo de la población local. Y dado lo que en esos tiempos se pensaba: “era de vital importancia como el de sentar y fortalecer soberanía en esta comuna limítrofe con la República de Argentina” (José Relmucao Dirigente Comunidad Indígena Juan Meli de Melipeuco).

Por sus características y ubicación geográfica precordillerana, tiene la mayor parte de su superficie compuesta por cerros y cordones montañosos, con pocas áreas cultivables. Posee gran cantidad de recursos turísticos, dentro de los cuales sobresale el Parque Nacional Conguillío, distante a 27 kms de Melipeuco. La zona basa su actividad económica en la explotación forestal y en la ganadería de ovinos, caprinos y vacunos. En el último tiempo ha surgido con cierta fuerza la actividad turística, teniendo en consideración las recursos naturales de la comuna. La población comunal es mayoritariamente rural. El último Censo de Población y Vivienda de 2002 arroja una cantidad de 5.578 personas, de los cuales un total de 2.102 se declararon mapuches; es decir, un 37,68% de la población comunal. Esta población se asienta básicamente en los sectores


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rurales y convive en plenitud con los denominados colonos “chilenos”. Las organizaciones mapuche de la comuna están integradas por asociados descendientes o miembros de familias agrupadas según títulos de merced y por lo común expresan demandas locales productivas, lo que no dista de las características de otro tipo de organismos como los talleres laborales y grupos de pequeños productores al cual acceden indistintamente mapuches y no mapuches y, de manera más amplia, el conjunto de la población local. Dada la escasa diferenciación de propuestas, en relación a grupos de no mapuche, se evidencia en Melipeuco una débil orientación desde las bases indígenas hacia reivindicaciones más amplias en un sentido étnico, territorial o cultural, lo que sí está presente en comunas como las de Lumaco y Galvarino. Se realizan durante la última década encuentros y celebraciones culturales con apego a la tradición, a modo de revitalización cultural, así como también la coordinación de dirigentes e intelectuales locales que intentan difundir planteamientos y demandas más propiamente mapuches. Dada la lejanía de otros centros poblados y de los servicio regionales, la acción de respuesta municipal a estas demandas es aquí de primera importancia. El municipio local ejecuta planes y acciones programáticas, establecidas en la LOC de Municipalidades. (Nº 18.695). Esta misma entidad ejecuta convenios de colaboración con INDAP por medio del PRODESAL y mantiene fluidas relaciones con otros organismos de relevancia para las necesidades locales, como SERVIU, MOP el INP. Es también relevante destacar la acción de organismos como la ONG Gestión y Desarrollo (GEDES), que ha estado operando con recursos de la Cooperación Internacional italiana y de la comunidad Europea en los ámbitos productivos y organizacionales; orientándose hoy a la operación de programas estatales de desarrollo; actúa también como institución de enlace los profesionales del Servicio País. La situación organizacional de la comuna de Melipeuco puede verse según dos categorías. Uno corresponde a organizaciones sociales y productivas, potenciadas por los gobiernos comunales y por los requerimientos de operación en planes y proyectos productivos, como por ejemplo los proyectos holandés y español de principio de los 90, cuya principal población objetivo de intervención fueron las pequeñas unidades campesinas. En estos grupos se concentra indistintamente población indígena y no indígena. También deben incluirse aquí a los grupos de base constituidos para pequeños proyectos de riego y agua para consumo humano, como también los comités de pequeños agricultores potenciados por programas productivos locales, y los grupos de mujeres, que participan de redes productivas como la “Red RUF”, cuya principal atención se concentra en mejorar los ingresos prediales por medio de la comercialización de productos y manufacturas con un sello de identidad y con alto contenido organizativo, experimental y de comercio justo. En estos grupos también participan indistintamente mapuche y no mapuche. Una segunda categoría e la de agrupaciones exclusivamente mapuches, que en esta comuna se han conformado ante requerimientos de proyectos, más que por un proceso de reivindicación propiamente tal. En esta comuna se expresa mediante la existencia y acción de 25 comunidades y 3 asociaciones indígenas. De las asociaciones indígenas, una de las más visibles es la Asociación Comunal Mapuche Folil Cayun.


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Cuadro comparativo de población, distribución, composición y pobreza en las tres comunas estudiadas

COMUNA

SUPERFICIE

POBLACIÓN

%

URBANO

%

RURAL

%

MAPUCHE

ÍNDICE POBREZA (INCLUYE

INDIGENTES)

Galvarino

568,2 km2

12.596.

28,10

71,90

59,7%

30.58%

Lumaco

1.119 km2

11.405

37,23

63,77

37,78%

39,42%

Melipeuco

1.107 km2 5.628 41,45 58,55 37,68% 41.86%

Fuente Elaboración Propia S/g Datos Censales y CASEN. Del cuadro comparativo destaca el pequeño tamaño, el carácter prevalecientemente rural de las tres comunas, las altas tasas de pobreza y el alto porcentaje mapuche relativo de su población: mayoritaria en Galvarino, de algo más de un tercio en Lumaco y Melipeuco. En relación con esta caracterización se puede desde ya anotar que la acción del Estado, visto en perspectiva, se dirige de manera general hacia la ruralidad indígena, su pobreza característica y los esfuerzos para la superación de la misma, más que a abordar el carácter étnico de esa población. También anotemos la imagen sobredimensionada de la presencia mapuche adquiere la comuna de Lumaco en razón de la visibilidad que allí han tenido movilizaciones y conflictos de indígenas con el Estado y las empresas forestales. En esta la población mapuche autodeclarada como tal llega a sólo un 37,78% del total.


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2. AGENCIAS ESTATALES Y PUNTOS DE RELACIÓN CON LO MAPUCHE 2.1 Panorama general Por mandato institucional y de gobierno todas las agencias estatales deben llegar a las comunas de una región. Por las características de la región o la especificidad de algunas de ellas no siempre es procedente su presencia y acción en todas y cada una. Por ejemplo, el Servicio nacional de Pesca (SERNAPESCA), el servicio Nacional de Geología y Minas (SERNAGEOMIN) o el Servicio de Aduanas. El modo en que se estructura su presencia en las comunas es a través de líneas programáticas que suponen una acción centralizada desde las cabeceras regionales, o provinciales, para desde allí bajar a las localidades y familias campesinas. En algunos casos se establecen oficinas de acción local con fines operativos, pero sujetos a responsabilidad y decisión centraliza. A lo anterior se agrega la acción local organizada a través de convenios de responsabilidad compartida con los gobiernos comunales u otros organismos estatales. Algunos organismos operando en esta región lo hacen con exclusividad o con importantes programas dirigidos a los indígenas, enfatizando una focalización y trato preferencial hacia los mapuche. Por definición se encuentran aquí la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Programa Orígenes, el Programa de Recuperación Ambiental y Desarrollo Socio Productivo en Áreas Campesinas e Indígenas Araucanía Tierra Viva y el Ministerio de Bienes Nacionales. Está presente luego un conjunto de agencias dirigidas a cubrir realidades regionales de pobreza y ruralidad. Algunas de ellas introducen acciones específicas para abordar la población indígena, pero sin que ello suponga metodologías y foco de trabajo nítidamente diferenciados. Es el caso del Instituto de Normalización Previsional (INP), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). También el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Este ultimo mantiene un departamento encargado de las mediaciones y la negociación de expropiaciones, junto a un programa de mejoramiento de caminos indígenas, pero las soluciones son indistintas respecto de los no indígenas. En otros tantos, los cursos de acción centrales no consideran lo indígena y este tema no recibe algún tipo de tratamiento especial; según lo constatado el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), el Fondo de Solidaridad de Inversión Social (FOSIS). Así y todo, de manera especial y durante los últimos años se han venido dando convenios propiciados por CONADI con varios de estos organismos para la ejecución de convenios. Por ejemplo con INDAP en un concurso de proyectos productivos (que se mantuvo hasta 2003), con CONAF para la difusión y manejo de bosques, y con Bienes Nacionales para la regularización de la propiedad y la transferencia de sitios de significación cultural hoy en propiedad del Estado de Chile. La instrucción e intención expresa en todos estos esfuerzos interinstitucionales es la orientación preferencial hacia población indígena. Se manejan indicadores de gestión pertinentes a este objetivo y mayoritariamente incorporan funcionarios o ascendencia mapuche en la gestión y ejecución de dichas acciones. Visto en perspectiva, resulta notable el aumento de agencias creadas para abordar específicamente los pueblos indígenas indígena o que se han abierto a la formulación de programas y acciones


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focalizadas a estos grupos, como nunca antes en la historia moderna del país. La cuantía de recursos financieros, la diversidad y complejidad de acciones, la cantidad de profesionales, la incorporación de personal indígena a estas agencias es inconmensurablemente mayor que, por ejemplo, los modestos alcances del Instituto de Desarrollo Indígena (IDI) de la década de 1960. Las instituciones estatales no asentadas en las comunas y que llegan a ellas proceden con criterios establecidos diseñados de manera centralizada y con escasa adecuación a las realidades locales, salvo que por mandato central estén obligadas a hacerlo. Es el caso de las oficinas o servicio de turismo, cuya fortaleza esta centrada en el definir y potenciar la particularidad de los atractivos y esfuerzos turísticos locales. El funcionario que participa como agente de estos organismos rara vez genera lazos o relaciones que requieran un involucramiento mas allá de lo convenido o lo solicitado en la función especifica a realizar. Su propia presencia suele ser efímera. Aquellos organismos que se asientan en las comunas y espacios locales tienden, por el contrario, a generar una identificación territorial y buscan potenciar esta característica mediante planificaciones diferenciadoras y especificas. Esto se constata en la identificación de funciones, tiempos, logros, transformaciones y también en la percepción de los intentos frustrados que como oficina hayan experimentado en el tiempo. Estas diferencias son de dominio común entre los funcionarios entrevistados integrantes que se encuentran en esta situación.

2.2 Algunas agencias estatales y su acción en comunas y comunidades mapuches.

A continuación se describirá someramente la acción que algunas reparticiones públicas importantes despliegan hacia la población mapuche de la región. En el capítulo referido a los sujetos mapuches tendremos ocasión de conocer percepciones y opiniones acerca de ellas. En su conjunto dan cuenta del quehacer gubernamental de los últimos años en materia de política indígena de desarrollo en la Región de la Araucanía ("desarrollo con identidad" es el lema) tal como esta baja hacia los municipios y localidades donde los agentes públicos traban relaciones con las organizaciones y la gente mapuche. Se incluyen entonces agencias orientadas a desplegar la red de protección a los segmentos sociales pobres, aquellas dirigidas a fomentar el desarrollo material (infraestructura, producción) y las específicamente creadas para abordar problemas de los pueblos indígenas. Caen fuera de consideración aquellas entidades especializadas en el control social, disciplinamiento, represión y castigo (en lo principal, fuerzas policiales, tribunales, gendarmería). La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) es el organismo público creado por mandato de la Ley N°19253 o Ley Indígena de 1993, descentralizado y bajo la supervisión del Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), que aborda a través de los instrumentos a su disposición los profundos problemas sociales y culturales de los pueblos indígenas del país. Con su sede central en Temuco, capital de la región con mayor número de indígenas en Chile, organiza su actividad a través de subdirecciones nacionales y oficinas en las zonas con más densa presencia de los pueblos originarios. La Subdirección Nacional Sur de impulsa la intermediación, y transferencia de terrenos, la inscripción de derechos de agua, el fomento a la microempresa mapuche, programas de difusión y fortalecimiento cultural, algunos proyectos de estudio y convenios de acción y desarrollo, la administración de hogares estudiantiles, y la capacitación y posicionamiento del tema indígena en otros organismos estatales.


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El Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas, o Programa Orígenes, desarrollado durante los últimos años tiene sus antecedentes en los Diálogos Comunales, un proceso de consulta a comunidades y grupos mapuches efectuado en 1999 en todas las comunas rurales de la Región de la Araucanía. A su vez, el impulso para que el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) llevara a efecto los Diálogos con la participación de CONADI y las autoridades de los distintos municipios, debe buscarse en las movilizaciones y demandas mapuches de 1997, 1998 y 1999. Esos años se elaboran demandas mapuches de gran alcance -de manera menos visible también en otros pueblos indígenas- que son promovidos por organizaciones indígenas nacionales, coordinaciones regionales y agrupaciones comunales. Es el momento, también, de la eclosión de movilizaciones mapuches con tomas de fundos, ocupación de bosques de empresas forestales, barricadas en caminos, entre otros recursos de acción28. El objetivo principal del Programa es “mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo con identidad de los pueblos aymara, atacameño y mapuche en el área rural, en los ámbitos económico, social, cultural y ambiental” (documento Interno BID, 2001, p. 9). Para el logro de esta intención, se pretendía: mejorar las capacidades y oportunidades de los beneficiarios en el ámbito productivo, educativo y de salud; fortalecer las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) y las comunidades indígenas beneficiarias del Programa en materia de desarrollo integral con identidad mediante una gestión participativa, e institucionalizar la temática indígena en distintos sectores, creando capacidades en los organismos públicos para que la atención a las poblaciones indígenas sea articulada, adecuada y con pertinencia cultural. Este programa que tiene un carácter integral, multisectorial y participativo; además, define componentes como: “el fortalecimiento de las comunidades indígenas e instituciones públicas”; “el desarrollo productivo”; “la educación y cultura”; “la salud intercultural”. Un ingrediente complementario es la elaboración de líneas comunicativas orientadas a distintos públicos, para de esta manera difundir y posicionar una opinión informada de los participantes del programa y sus entornos sociales. Orígenes se concibe como innovador y complejo. Un aspecto de ello es la definición de acciones a realizar por distintos agentes públicos que incorporan competencias y recursos de contraparte. Por otra parte, procede en su ejecución por ciclos, lo que define su operación en multifaces. La instalación del Programa consideró una serie de vías para establecer un "nuevo trato" del Estado con los indígenas, un aspecto de lo cual es el diseño de acciones de desarrollo considerando la consulta y participación de los interesados indígenas. Esta metodología efectivamente se ha estado desarrollando y estableciendo en el curso de la ejecución del Proyecto. Acciones de formación, capacitación, ejecución de proyectos concretos y transferencia de recursos del Programa Orígenes a las comunidades seleccionadas en la primera etapa son una realidad. Se previeron condiciones, obstáculos y riesgos para el logro de objetivos de desarrollo indígena, acción con sentido cultural y modificación de las prácticas de las agencias y agentes públicos hacia

28 Este vínculo entre demandas, movilizaciones y Diálogos Comunales como antecedente inmediato del Programa Orígenes permite sostener la pretensión del Consejo de Todas las Tierras que respecto del Crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) era “derecho propio el que todas las comunidades coordinadas por ellos así como otras vinculadas a distintos movimientos reivindicativos, fuesen focalizadas en primera instancia, mas aun si habían recibido tierras o estaban en proceso de hacerlo”.


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los indígenas. Por lo pronto, "el éxito de este programa esta sujeto ala voluntad del gobierno chileno de construir una mejor relación y comunicación con las poblaciones indígenas, reconociendo la especificidad de su cultura y sus problemas además, de otorgarle una continuidad en el tiempo” (op.cit., p.58). Se entiende entonces que existe el riesgo de que algunos sectores no respeten o no promuevan adecuadamente los principios sustentadores de este programa, es decir “la participación, articulación intersectorial, transparencia e información a nivel individual” y con ello afectar el “nivel de participación y de confianza de los beneficiarios”. Entre las medidas consideradas se encuentran actividades de sensibilización y capacitación de los funcionarios públicos en el proceso y el trascurso del programa y, sobre todo, se promovió desde la etapa de diseño un alto nivel de involucramiento y compromiso. Otro de los riesgos que se perfilaban desde inicios de la operación de Orígenes, guarda relación con el carácter de “intersectorialidad del programa, lo cual implica que la ejecución sea compleja, con una alta participación de diversas entidades publicas, que tienen practicas institucionales distintas” (p.59). Este riesgo debería ser mitigado por el compromiso expreso de las entidades participantes, que tendría que estar reflejado en los convenios que firmaría cada una de ellas con el MIDEPLAN, “así como en el trabajo de coordinación intersectorial al interior de los comités del Programa”.Y por ultimo se asume una fuerte fragmentación de la organización social especialmente “en la población mapuche”, “existiendo el riesgo de que no se logre una articulación efectiva entre los niveles descentralizados del Estado y esta organización social tradicional indígena, lo que dificultaría la ejecución del Programa” (p. 59). Para minimizar este riesgo, el programa debía ofrecer actividades de capacitación y de fortalecimiento de las organizaciones indígenas que enfatizarían la creación de una institucionalidad efectiva, por ejemplo a nivel de las ADI. La Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha reorientado en los últimos años su labor centrada antes en el despliegue de la aplicación del Decreto N°700 de fomento forestal, instrumento que estimuló la expansión forestal del sur de Chile con especies exóticas y el control de la explotación de bosques. Ahora agrega algunas acciones de capacitación y recuperación ambiental. El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) cumplió un rol fundamental en la década de los 90 en la asignación directa de recursos sobre problemáticas identificadas por los propios afectados, y en áreas sociales, productivas, ecológicas y culturales. Asignaba los recursos en el nivel central, sectorial o regional con una clara focalización territorial y trabajo directo con localidades pobres, a veces la contratación de intermediadores y convenios específicos con gobiernos locales. En el presente es el mismo organismo quien realiza la intervención y operación directa por medio de profesionales en jornada parcial (con asiento comunal) y equipos centrales para la administración técnica de recursos e intervenciones en el Programa Puente Sistema Chile Solidario. En este nuevo enfoque el rol del colectivo (organizaciones, grupos de beneficiarios, comunidades) está ausente. La metodología de intervención difundida por este organismo enfatiza técnicas sico-sociales carentes de particularidades regionales y locales, con una preocupación por la tecnología de captura y organización de datos en un soporte computacional que permite el monitoreo desde distintas instancias sobre el avance de las familias insertas en una estrategia destinada a trabajar principalmente la pobreza dura y la indigencia. La relación que hoy establece el Fosis con los usuarios indígenas no tiene factores diferenciadores. Solo se les considera en cuanto pobres y aislados de la red estatal para lo cual ha de tenderse “un puente entre las familias y sus derechos”. En esta medida, no integra en su planificación y evaluación aspectos culturales y locales.


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El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) opera en la totalidad de las comunas de la Araucanía, y su ámbito de acción se orienta a la producción campesina, por medio de instrumentos crediticios de fomento productivo. Esta también encargado de la bonificación a planes de recuperación ambiental. Establece convenios con Conadi para la operación de proyectos productivos. INDAP es además el financista de los convenios PRODESAL de los Municipios El Instituto de Normalización Previsional (INP) opera en la totalidad de las comunas de la Región de la Araucanía y tiene una competencia reconocida en la atención de poblaciones carenciadas, lo que concuerda en la mayoría de los casos con sujetos campesinos y mapuche. Mantienen una periodicidad de atención y se traslada a comunas, coordinándose con los municipios. Es el depositario del Estado para el pago de pensiones y la atención / orientación de los usuarios. Las oficinas del gobierno local o de otras agencias con sedes en las cabeceras comunales se preparan para la recepción de usuarios, puesto que saben del aumento de afluencia. La norma general es ampliar por estos días la apertura a público, lo mismo ocurre con otros organismos locales y algunas instituciones regionales que planifican actividades de difusión o atención para estas fechas. A pesar de su muy puntual y periódica presencia en las comunas, los recursos que traspasa tienen una gravitación importante en la vida económica y social local. Una población campesina e indígena pobre y crecientemente de más edad muchas veces depende de pensiones asistenciales y jubilaciones para la obtención de dinero fresco; con ello hacen posible un abastecimiento regular y la activación del comercio local. A la vez, también se desarrolla un comercio informal ambulante, llegando vendedores de otras comunas y regiones que deambulan por los distintos pueblos de la Araucanía atraídos por los flujos de población con dinero en estos “días de pago”.

El Ministerio de Bienes Nacionales a través de su Secretaría Regional Ministerial opera básicamente por medio de convenios con las alcaldías para la regularización, subdivisión, saneamiento y entrega de títulos de propiedad en comunidades indígenas y terrenos que no se encuentren condicionados por la escasez de superficie, o por conflictos de tenencia (Programa de Regularización de Terrenos Indígenas PRTI). Se observa un cambio en los últimos cinco años, desde cuando los tramites eran subvencionados en la totalidad por el gobierno con la consecuente gratuidad para los beneficiarios, al presente, en que los costos son compartidos (beneficiario - Municipio - Bienes Nacionales). La SEREMI de Bienes Nacionales se preocupa además de la capacitación de funcionarios municipales para otorgar asistencia en las mismas comunas a quienes requieran la participación del gobierno en estos temas. Procura la entrega de información a las familias que acceden al beneficio por medios de comunicación regional y órganos locales, monitorea los avances y encarga a sus funcionarios y dependencias una especial atención a los convenios indígenas. La acción de este organismo toca a un muy sensible tema de la historia moderna mapuche: la tenencia y propiedad del sistema de parcelas circunscrita por los antiguos títulos reduccionales.

Durante el año 2004, por otro lado, se inician esfuerzos interinstitucionales dirigidos por Bienes Nacionales para otorgar títulos de propiedad colectivos sobre terrenos comunitarios. A pesar de estar emplazados en las propias comunidades indígenas y muchos de ellos ser utilizados activamente la propiedad de los mismos corresponde a organismos del gobierno (asignados a ellos durante las últimas entregas de título en la década de los ochenta). Se pretende la regularización de estas propiedades mediante la solicitud de transferencia y los decretos que respalden estas acciones para sitios destinados a acciones de rogativa (Nguillatue, Palihue), deportivas y fúnebres


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(Cementerios), que a la fecha permanecen en propiedad del Ministerio de Educación y Digeder (hoy Chile Deportes). El Registro Civil e Identificación se encuentra presente en todas las comunas de la región y constituye un servicio importante para una gama muy amplia de gestiones, tanto algunas privadas como muchas de las que los mapuches realizan ante oficinas estatales. Como este servicio ha llevado a efecto una importante modernización en sus trámites, destaca hoy por la eficiencia de la mayoría de sus servicios. Se puede mencionar, asimismo, que la mayoría de los funcionarios de estas oficinas en los niveles locales ha permanecido durante mucho tiempo en las comunas, y algunos de ellos conocen casi a toda la gente o las familias de la zona, habiendo casado a varios de nuestros entrevistados, en la situación particular de Galvarino y Lumaco. El Banco del Estado de Chile (Banco Estado actual) se encuentra presente en las principales ciudades y comunas de la región y otorga una importante cobertura de servicios en la región. No obstante, carece de orientación distintiva en localidades con alta concentración campesina e indígena


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3. LOS AGENTES ESTATALES 3.1 Caracterización general Los agentes públicos son en primer lugar burócratas, entendidos no en el sentido peyorativo de la expresión que es usual entre nosotros, sino en una más técnica, como personal especializado de las agencias estatales, capacitados para ejercer de manera eficiente –idealmente- los mandatos institucionales que justifican la existencia de esas agencias. Esas capacidades provienen de la formación profesional y técnica que reciben en institutos superiores y universidades antes de incorporarse a un organismo público y, también o alternativamente, de la experiencia y dominio que alcanzan en el desempeño de las funciones que se les asignan. El dominio se alcanza a través de la ejecución de prácticas burocráticas donde aplican conocimientos previos externos, el saber hacer que congrega la agencia y su cultura institucional. Las competencias y grados de responsabilidad están claramente definidos según estructuras jerárquicas formalizadas. Cada funcionario conoce con suficiente nitidez cuáles son sus funciones, sus atribuciones y responsabilidades, qué tipo de acciones debe emprender, cuáles son los límites en que puede moverse, etc. Los organismos públicos adquieren capacidad de agencia precisamente en virtud del encadenamiento y coordinación de múltiples acciones de individuos y grupos que los integran. Las orientaciones y metodologías que en cada época adopten las instituciones del Estado están en función de los proyectos de gobierno y visiones de país vigentes. Ello modifica cursos de acción, prioridades, asignaciones, etc., pero no altera lo más básico de la acción burocrática rutinaria de los agentes públicos. Independientemente de cuáles sean sus preferencias personales y opciones políticas y ideológicas, se espera que cumpla con estricto apego a reglas e instructivos las acciones institucionales encomendadas. Los detalles normativos de la figura del funcionario público se encuentran para el caso chileno en la ley 18.575 (Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado). Allí se destaca como perfil caracterizador el respeto de los principios de “responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativa”. Deben garantizar, además, la independencia de los grupos con quienes se relacionan para que estos puedan lograr sus propios fines, siendo entonces el agente estatal un colaborador en dichos objetivos. Se dice también que “los funcionarios de la administración del estado estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer las ordenes que les imparta el superior jerárquico” (Art. 7º ley 18.5785). Para la consecución de esta intención el agente cuenta con respaldo institucional y con la posibilidad de inversión o administración de recursos que son parte del presupuesto nacional, distribuido y asignado a las distintas carteras (Ministerios) de los cuales en última instancia dependen administrativamente los servicios de los cuales son funcionarios y agentes. La acción más menos directa dependerá también de la condición de servicio centralizado o descentralizado. El agente estatal debe cumplir una serie de requisitos al ingresar a los servicios públicos, situación que esta normada y regulada, lo que en teoría opera en todos los niveles de la administración del Estado y al que cualquiera que cumpla las condiciones de entrada puede acceder., la situación de “obediencia” que se establece al funcionario no es menor al momento de intentar comprender las dinámicas de interacción, la capacidad de propuesta, las facultades de resolución y el compromiso


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que pueden o no expresar algunos agentes frente a las poblaciones de contacto, para nuestro caso en particular con los mapuche. Dicho lo anterior, debemos abrirnos a varias especificaciones que contextualizan socialmente la acción de los agentes públicos en la Región de la Araucanía. Señalemos algunas hipótesis de trabajo que se irán sustentando. Primero, asumimos que las acciones estatales dirigidas hacia los pueblos indígenas en parte condicionan a las formas de interacción que tienen lugar entre agentes del Estado y sujetos mapuches. Y esto puede darse, en principio, de dos maneras: como modelos de interacción explícitos que forman parte del diseño de programa o proyectos determinados; en segundo lugar, como una forma implicada o implícita en el tipo de acción y que resulta de las propias características que el programa o proyecto asume. Sin embargo, como otro aspecto a considerar, los sujetos implicados en la interacción Estado – pueblo mapuche están situados socialmente en localidades y regiones (muchos allí nacieron, se formaron y aprendieron a vincularse con la gente mapuche o viceversa) y, por lo tanto, también tenderán a ser influidos en su acción por los patrones característicos de interacción social en esas zonas y regiones. Aun si no pertenecen por origen a esas regiones, tenderán a ser influidos en su acción y disposiciones a la acción por los códigos y convenciones allí vigentes. Se trata entonces de hacer algo más de claridad acerca de ellos. No obstante, como tercer aspecto, se debe igualmente prestar atención a las formas rutinarias de la interacción entre agentes estatales y sujetos mapuches. Esta formas rutinarias no dependen de un programa o proyecto que por su propia definición están acotados temporalmente (más bien los traspasan ampliamente), sino que de otras dos fuentes. Por una parte, lo que bien puede calificarse como cultura institucional; es decir, las modalidades de relación que en los servicios del Estado se han establecido con sus usuarios, destinatarios o clientes. Con ello postulamos que la acción de los agentes estatales no es homogénea, sino que se especifica institucionalmente. Resulta de las orientaciones de la acción sectorial, del tipo de personal característico de una repartición pública y de su historia institucional. Por otra parte, proviene de la condición de agente estatal, del hecho genérico de ser un agente del Estado respecto de la población de una localidad o región. Corresponde a un conjunto de supuestos de la acción de difícil identificación por su condición de implícitos y no cuestionados, que toman la forma de representaciones acerca del Estado y sus agentes (su papel, su valor, sus prerrogativas, su posición relativa) respecto del público en general.

Luego, es necesario hacer una distinción en los agentes estatales, entre el “Estado en terreno” y los agentes estatales cuyas relaciones con la población indígena está mediada por la acción administrativa burocrática, la dirección de servicios, etc. Se puede agregar que esta distinción en un cierto número de casos es correlativa con la jerarquía de los funcionarios en los servicios públicos: técnicos y profesionales de “terreno” o ejecutores normalmente están subordinados a jefes o superiores que tienen una relación esporádica, no inmediata con la gente mapuche. Por otro lado, como quinto aspecto, se debe considerar también la dinámica del reclutamiento y la movilidad de los agentes estatales. Estos experimentan procesos de recambio, circulación, o movilidad que los transforma en sujetos bastante ubicuos y que no se puede contar con ellos como que vayan a ocupar ubicaciones y posiciones idénticas o similares a mediano y largo plazo. Tampoco hay garantías de estabilidad del personal y más bien debe contarse con que hay rotación tanto como permanencia. La definición de las formas de interacción debe contar con este hecho.


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Una sexta cuestión deriva de la constatación que la interacción a estudiar tiene lugar entre agentes ubicados en posiciones sociales relativas y, por lo tanto, ocupando posiciones de poder. Estas posiciones de poder dependen de los recursos, prerrogativas y funciones que están adscritos a los sujetos en relación. Los recursos de unos son servicios, asistencia técnico-profesional, enseñanza, promoción, ayuda social y financiamiento, en grados y con características variables. Los de los otros, indígenas, quedan más bien signados por la ausencia, la carencia. A unos corresponden prerrogativas de distribución y asignación. A los otros, la posición de receptores en calidad de beneficiarios, clientes o usuarios. Pero esta posición en principio desventajosa, soporta también la capacidad de demanda y presión con base en el papel ambiguo del Estado: dotado de poder, pero sujeto también a la acción de los agentes de la sociedad. Las funciones de unos se dirigen a la ayuda social, la asistencia, la educación y el desarrollo; las de los otros a la interlocución, la recepción, la validación y la legitimación de la acción del Estado.

Dadas las delimitaciones previas, como séptimo aspecto, se privilegia el estudio de dos formas de estructuración de las instituciones y la acción estatal. Una es la local o municipal, correspondiendo a ello un repertorio bastante amplio de agentes y acciones que son privativos, se organizan y ejecutan a nivel comunal. Otra es sectorial y su organización es regional, aunque con llegada local, con o sin participación o coordinación cercana con el municipio. En este último caso no es posible prestar una atención especial al plano de la gestión política y de gobierno regional, pues escapa de las posibilidades del estudio. Se requiere, no obstante, mantener una atención suficiente a su posible influencia sobre las relaciones estudiadas, especialmente por el carácter dinámico y por momentos conflictivo de las relaciones entre organizaciones mapuches y sectores o segmentos de la sociedad regional y algunas reparticiones públicas. 3.2 Agentes estatales y agentes en el Estado

La distinción es de importancia. Desde el punto de vista del régimen laboral encontramos personal del Estado sujeto a contratos de planta, con una serie de privilegios como estabilidad laboral, posibilidad de organización, restricciones a las acciones arbitrarias de superiores, etc. Y también un numeroso contingente de personas sometidas a contratos por honorarios y otros tantos que ejecutan acciones para el Estado, autónomos en los casos individuales, o integrantes de empresas consultoras de distinto tipo si se trata de grupos. Si a los primeros cabe calificar como funcionarios "del Estado", a los otros debe sólo señalárseles como agentes "en el Estado". La precariedad es el sello característico de la relación, independientemente de si un funcionarios a contrata logra sostenerse por largo tiempo laborando o si una consultora es exitosa en mantener una cartera estable de contratos con agencias públicas y, de esta manera, es capaz de dar continuidad de trabajo e ingresos a sus integrantes. Agencias especializadas como el Programa Orígenes, o la propia CONADI tienen en sus filas un gran número de contratos temporales, en tanto que parte de su acción se desarrolla a través de entidades particulares o, a veces, otros organismos públicos mediante acuerdos de complementación.


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En especial en el área social del Estado, dentro de la que caben buena parte de las agencias y programas hacia los indígenas, se mantienen plantas reducidas, un buen número de contratas y relaciones extensas con entidades ejecutoras. Esto es válido para las agencias centrales, como las descentralizadas, así como para las nacionales y las municipales. Una tal composición de los agentes del/en el Estado se origina en la reducción drástica del tamaño del Estado realizada durante la dictadura, en la continuidad de tal diseño del Estado con el retorno a la democracia, y a la vez en el reforzamiento de la acción social hacia los sectores de la población afectados por estados de postración económica, desigualdad social y discriminación. La fórmula para resolver esta incompatibilidad ha sido el aumento de la focalización y la eficiencia en la acción del Estado (como demandan los tecnócratas de derecha), pero también incorporando personal de manera extensiva sin comprometer el tamaño del Estado. A estos fines sirve el tipo de vinculación con las agencias estatales y funciones que prestan consultoras y personal a contrata.

3.3 Reclutamiento y movilidad en los agentes estatales, características y problema La rotación, movilidad y circulación de los funcionarios públicos es un dato relevante de la dinámica de las agencias públicas y de las relaciones de estas con la gente mapuche. En las agencias nacionales la rotación se relaciona con la carrera funcionaria, según la cual la experiencia, antigüedad, evaluaciones y ciclos de capacitación son antecedentes para destinaciones con mejores condiciones laborales, remuneraciones y ascensos. En los municipios está presente también la carrera funcionaria, pero adquiere igualmente importancia la rotación por afinidades políticas y confianzas de la autoridad local. En efecto, el movimiento de funcionarios esta establecida en el caso de las oficinas comunales de organismos gubernamentales centrales por tiempos de permanencia, ascensos y otras designaciones. También por el término de funciones, convenios, o variación de las estrategias de trabajo, las orientaciones regionales y el cierre de tales oficinas. En el nivel municipal se produce rotación de funciones y se mantiene algunos agentes, pero más bien aquellos con funciones de administración -precisamente aquellos que no hacen terreno y menos contacto relativo tienen con mapuches-, lo que se asocia con movilidad al interior de escalafones técnicos, administrativos y auxiliares. Esta rotación de funciones es atribución de la autoridad político administrativa, el alcalde. Habitualmente se realiza cada cuatro años. Si es que además cambia la autoridad comunal con ocasión de elecciones municipales, entonces la continuidad de los funcionarios se da con seguridad en aquellos casos de contratos de planta, quedando diversos otros cargos a disposición y criterios de la presidencia local. Los cambios pueden ser drásticos en especial en los escalafones directivos que dirigen los Programas de Desarrollo Rural, Desarrollo Comunitario, Educación, Salud y Planificación Comunal, que son precisamente quienes toman decisiones y asesoran a la autoridad local en la definición de una estrategia local de desarrollo y cursos de acción en esta materia, la generación de convenios y la inversión de los recursos de acuerdo a necesidades propias de operación o demandas de las poblaciones locales. La frecuencia de esta circulación queda marcada por los cuatrienios de


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gobierno municipal. Puesto que se trata de cargos de exclusiva confianza del alcalde, las nuevas autoridades confirman, redestinan o prescinden de ellos y de otras contratos de menor importancia a objeto de conformar o reajustar los equipos de trabajo según sus planes y preferencias. Estos mismos momentos son también la ocasión para que técnicos y profesionales migren en búsqueda de otras alternativas con mayores prestaciones o remuneraciones. Bajo estas mismas consideraciones cae el personal municipal que trabaja en contacto directo con la población mapuche comunal, entendiendo que corresponden a líneas de trabajo en ejecución de planes, programas o proyectos, con poca o eventual ingerencia en la planificación y dirección de tales programas. Los funcionarios de organismos públicos con asiento comunal por tónica general aprecian su situación como transitoria y en tránsito a un estado de cosas mejorado en los niveles de área provincial o regional mediante futuras asignaciones y cargos. No se percibe en ellos una opción o vocación por la comuna, salvo lo expresado por algunos funcionarios antiguos que al no ser originarios de la zona se establecieron permanentemente en ellas. Situación similar estos casos es la de algunos agentes municipales. La transitabilidad por las comunas obstaculiza su visualización como agentes realmente interesados por la situación local. Si a lo anterior se agregan los cambios en programas, proyectos, planes, metodologías, la percepción de una acción estatal poco estable, sujeta a vaivenes, interrupciones y frecuentes reajustes se hace más aguda. 3.4 Hombres y mujeres del/en el Estado trabajando con mapuches Para las mujeres indígenas el trabajar con mujeres, sobre todo en reuniones técnicas o de capacitación, se hacia mas productivo y “se aprende mas que con los hombres, porque las chiquillas se lo pasan puro molestando... se pasa mejor, pero se aprende menos”... (Verónica Carrasco Marivil, Comunidad Antonio Liempi, Galvarino). Cuando existe conocimiento y confianza, el contacto entre mujeres se presta, además, para realizar consultas particulares y recibir información sobre temas que consideran de mujeres y privadas o comunicables sólo en círculos muy reducidos de ellas: sexualidad, salud reproductiva, medicaciones y otros de tipo doméstico. Tal parece, entonces, que el personal femenino de terreno de las agencias estatales logra por lo común comunicación y empatía con mujeres mapuches, en especial aquellas de su generación (por lo común mujeres jóvenes o adultas jóvenes). El contraste es notorio, sin embargo, cuando estas relaciones entre mujeres se trasladan de escenario desde la casa campesina, la sede social, una sala de la escuela o, más genéricamente, el campo, para realizarse en la oficina o la repartición pública. Las evaluaciones toman en este caso otros signos: demoras, trato distante, ausencia de calidez y tonos de informalidad. El oficio burocrático se impone. Las mujeres mapuche, en especial con niños pequeños, esperan un mínimo de trato preferencial, habida cuenta de las dificultades que enfrentan para manejar gestiones y trámites con niños a cuestas. Una queja moral se hace sentir: si "todas somos iguales" (mujeres y madres), entonces por qué tan pocos gestos de sororidad. Vale entonces el siguiente testimonio. Al consultar sobre la formulación de un pequeño proyecto de juegos infantiles que se pretendía emplazar en el espacio sociocomunitario (sede social, bodegas, talleres productivos y áreas verdes), se obtuvo una respuesta afirmativa contrastando las ventajas del proyecto respecto de la


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atención en la municipalidad: “aquí venimos todos los martes a trabajar en el taller, además de otros días que nos toca reunión, y casi todas tenemos hijos, por lo que se podrán entretener mientras nosotros estamos ocupadas... a mi hija, le gusta venir para acá, acá sí, pero una vez me acompañó a la muni, a la Asistente Social y se aburrió, y la ... se enojo cuando la Geraldin le tomo un lápiz, parece que la ... no fuera mamá” (Eliana Liempi Inal, Socia Taller Laboral, Comunidad Antonio Liempi, Galvarino). Consultando porqué si sentían esa actitud como poco adecuada no hacían notar inmediatamente el malestar. Se nos respondió que solo algunas de ellas lo hacían pero eran consideradas como conflictivas, y como se debe seguir pidiendo ayuda, mejor quedarse calladas, pero “así se conoce a la gente”. Este desencuentro entre mujeres, provoca aceptación o rechazo para las intervenciones futuras, llevándose la mujer mapuche una impresión desfavorable generada por la falta de consideración; es posible que los contactos con esa otra mujer estarán en el futuro mediatizadas por la experiencia poco favorable. Observaciones y relatos de experiencias negativas de este tipo no son raras, pero parecen menudear más con funcionarias de oficina que con gente que cumple labores de terreno y de gabinete. Por otra parte, estas sensibilidades y encuentros o desencuentros entre mujeres normalmente no son muy tomadas en cuenta por los hombres, según se pudo constatar, y tampoco se interesan mayormente de tales asuntos. Afirmaciones y comentarios mapuches masculinos coinciden en la evaluación favorable de la acción de funcionarias de terreno en oposición a hombres, pero matizado con actitudes de género. De similar manera que en el caso de las mujeres mapuches con capacitadores y monitores hombres, los hombres de la comunidad introducen una dimensión informal y de coqueteo, como bien queda reflejado en el siguiente testimonio: "los hombres siempre andan mas apurados”,... “los hombres se enojan mas y nos retan y nosotros no aceptamos retos de nadie, pero cuando te reta una mujer lo echamos a la talla, y además las mujeres son encachas...” Más allá de estos humanos tonos de relación, hay evidencia consistente para sostener que la convocatoria realizada por mujeres hacia hombres mapuches (en el ámbito productivo), eran muy acudidas y el trabajo se realizaba con prontitud, participando en estos eventos tanto las extensionistas o monitoras, como los usuarios del servicio (PRODESAL, por ejemplo). Y, por otra parte, en el caso de los técnicos hombres sus convocatorias eran menos acudidas, salvo los operativos de desparasitación y vacuna de animales mayores (por lo demás, es una buena ocasión de reunión y conversaciones en medio de una faena conjunta). Se comenta, asimismo, que en las relaciones con los agentes estatales varones, estos por lo común sólo instruían y asignaban tareas, estableciendo fechas o tiempos de ejecución, sin realizar demostraciones participativas, ni menos aun trabajos prácticos, como habitualmente sí lo hacían las mujeres. 3.5 Mujeres mapuches trabajando en el Estado Si introducimos ahora la condición étnica de los agentes estatales mujeres, se constata una suerte de doble exigencia para aquellas que siendo mapuches se desempeñan como instructoras, capacitadoras, monitoras o técnicas con mujeres. Una como mujeres con conocimientos y capacidades; otra como mapuches. En casos conocidos pudieron escucharse expresiones como:


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"deberían entender mejor -la situación y necesidades de las receptoras-porque son mapuche y son mujeres también". De esta manera, la aceptación de funcionarias en el nivel técnico es más dura para aquellas de ascendencia mapuche frente a las que no lo son, más aun si las capacitadoras o técnicas corresponden a familias, o se vinculan familiarmente con las comunidades y las localidades en que actúan (mismo lugar de procedencia y trabajo). De poco sirven los esfuerzos de ganar empatía a través de la socorrida identificación étnica: “yo soy mapuche,... vengo también de una familia como la de ustedes así que entiendo lo que me dicen y se que las cosas son difíciles para ustedes”. La evaluación de estas personas puede cuestionar la condición de “experta” en los temas, presentándose observaciones y críticas a sus capacidades: “esta –señora- se consiguió esa pega por andar haciendo política y sabe menos que yo misma, y es mas creída. Dice que si no nos ponemos a trabajar no esperemos nada de ella. Si ella no es la jefa, ....que se cree y ni siquiera conoce lo que hemos hecho en el taller”, (comentario crítico a monitora productiva municipal, Galvarino). Y junto con ello, como se advierte del comentario citado, se allegan elementos de su historia, introduciendo una dimensión biográfica y familiar común en la sociedad mapuche para valorar o tomar distancia de otros. Estos “cuestionamientos”, según lo registrado de la entrevista a una monitora mapuche del municipio de Galvarino, son tanto o mas fuertes si las funcionarias corresponden a los niveles locales municipales puesto que, de acuerdo a su experiencia de haber trabajado en otro organismo que atendía distintas comunas: “las mujeres nos recibían bien por venir de otras partes a enseñar, criticando y comparándonos, hasta pelando a funcionarios locales”. Esta misma entrevistada agrega que le es muy difícil trabajar en la comuna, siendo mucho mas pesado para ella interactuar con mujeres que con hombres. Según podemos advertir, la situación para mujeres mapuche profesionales (es decir, con alto nivel de calificación), es menos cuestionada por mujeres mapuche. Se les concede mayor conocimiento, mayor capacidad de decisión y se les evalúa en posición de poder ("la jefa", "la señorita, "la encargada"). Por lo común se les otorga un buen trato, su desempeño es menos cuestionado y la evaluación de ellas acude menos a detalles de índole personal (no se la critica y no disminuye su capacidad aparente el hecho de ser conocida o “demasiado joven”). Es poco frecuente que se les cuestione a fondo o que un grupo determinado resuelva no seguir participando29. Lo que en su conjunto hablaría, más allá de las contingencias prácticas del proceso de trabajo de un profesional con un grupo de base, acerca del valor otorgado a la profesionalización como instrumento de movilidad social. La relación de hombres y mujeres, mapuches y no mapuches con comunidades y grupos indígenas está también cruzada por factores de personificación, reconocimiento de capacidades para ejercer las funciones asignadas y aceptación, o cuestionamiento, de la condición de experto o del nivel de decisiones en el que participa. Con todo, suele ser mas fuerte la evaluación a la que se somete a los agentes mapuche y mucho mayor entre estos a las mujeres.

29 Como sí puede ocurrir con hombres y mujeres de origen no mapuche, a veces no mediante una crítica frontal para no enfrentar posibles consecuencias ulteriores, pero sí siguiendo la estrategia de dejar de acudir a las convocatorias y participar.


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3.6 La condición de agente estatal mapuche Es difícil pronunciarse por la existencia de un solo tipo de relación y evaluación de los funcionarios públicos mapuches por parte de la gente mapuche con la que trabajan y atienden. Como acaba de verse para el caso de las mujeres, una cosa son las relaciones e evaluaciones de mujeres mapuches de alta calificación y otra es la de personal de terreno (monitoras, capacitadoras). Si estas son locales no es exactamente lo mismo que si son de fuera de la comuna. Estamos aquí en presencia de relaciones dependientes del nivel de formación profesional y de códigos locales de aceptación/rechazo. En ambas circunstancias la común condición étnica es plenamente conciente, pero no parece representar el eje a partir del cual se establecen las tomas de posición en la relación agente estatal mapuche - usuario o beneficiario indígena. En otro tipo de situación que pasamos a comentar ahora, lo étnico adquiere valores sobresalientes cuando se asocia agencias del Estado a winka o no mapuche La de funcionario público es una designación cómoda que encubre una gran heterogeneidad de individuos diferenciados funcional y jerárquicamente. Las personas que se incorporan lo hacen a distintos escalafones (auxiliares, técnicos, profesionales, directivos, cargos de confianza y designación son las categorías y niveles más claros) y a prestar funciones relativas a esos escalafones y a los que son privativos de cada servicio en particular. No existen normativas que, en principio, segreguen esa incorporación por género, edad, origen social o geográfico y condición étnica. Para los mapuches que buscan incorporarse al Estado no existen trabas explícitas y tampoco preferencias especiales. Esto según un principio de meritocracia: las calificaciones y experiencia relativas de las personas constituyen el criterio principal para aceptar o rechazar una incorporación. Pero esto que puede ser válido en lo general debe matizarse de dos maneras. Una es discriminatoria y excluyente, no pública, velada, no reconocida pero existente. Razones de prejuicio, cálculo o expectativas llevan a desestimar candidatos indígenas (así como también a mujeres, personas mayores, según atributos físicos, etc.), a la manera de una plantilla de evaluación presente en el substrato de las decisiones. Otra es solidaria y positiva. Por razones éticas (opción por una acción afirmativa y de igualación, en un municipio con mayoría de indígenas, por ejemplo), políticas (aplicación de criterios de igualación, pero también por conveniencias para no recibir críticas de discriminación) o funcionales (mediadores, facilitadores, etc.) se eligen mapuches. Un caso especial está representado por programas o servicios del Estado especializados en el trabajo con indígenas: CONADI, Orígenes, Salud y Educación Intercultural, entre otros. Aquí se presenta una combinación de criterios para preferir o al menos asegurar una presencia mapuche importante. Directores, subdirectores o jefes de programa mapuches son una opción ante todo política, pero no cabe dudar de las competencias profesionales de esos sujetos; la elección de un facilitador intercultural en salud es en primer lugar funcional, pero también pueden estar implicados otros criterios. 3.7 Locales y afuerinos, antiguos y nuevos La gran mayoría del personal de terreno y de oficina de las agencias estatales y municipales proviene de la misma región, o de las inmediatamente aledañas. Profesionales de alta calificación y, a veces, algunas jefaturas son originarias de la capital u otras regiones más distantes. Pero, como hemos dicho, ese personal está sujeto a altas tasas de rotación en razón de los periódicos cambios de jefaturas y autoridades locales, por interrupciones, cambios o términos de programas y proyectos


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y, también, por movilidad asociada a carreras funcionarias y mejoramiento de ingresos y destinaciones. Cabe recordar, asimismo, que una fracción importante de los agentes implicados en la acción pública no son del Estado, sino que están "en el Estado" (aquellos sujetos a contratos precarios y, sobretodo, profesionales, técnicos y personal de consultoras que prestan servicios al Estado) y lo que caracteriza su presencia allí es una alta movilidad y rotación. Pueden permanecer por muchos años en el Estado, pero moviéndose y cambiando de locaciones de trabajo y funciones. Es en el grupo de los funcionarios municipales de planta donde encontramos reflejada la imagen tradicional del pequeño funcionario público del sur de Chile, nacido en el lugar, con una profusa red de relaciones locales, que por opción o necesidad ha optado por quedarse en el pueblo o pequeña ciudad y allí ha logrado formar parte del cuerpo estable del municipio. Se reconoce, asimismo, que es un personaje cada vez más escaso dadas las transformaciones en los regímenes laborales, incluidos los del Estado (reducción del Estado, sistema de contratas, transferencia de funciones a privados, etc.), pero también que un cierto número de ellos proviene de la reforma municipal realizada por el gobierno autoritario a inicios de la década de 1980. Como se indica en otro segmento del informe, en su gran mayoría cumplen funciones administrativas y mantienen comparativamente menos contacto con la población rural de sus comunas. Poco queda, de ese antiguo personal de la administración pública regional y municipal, originario de las mismas comunas y provincia, o con proyectos de vida allí, partícipe íntimo y directo de un sistema de relaciones de poder locales y relaciones entre grupos en cuyo balance lo indígena se encontraba en posición de subordinación y en el lugar más bajo de la escala social. La mayor parte de los integrantes de la administración pública regional de hoy, municipios incluidos, son gente relativamente joven, llegada o promovida allí durante la última década y media de democratización del país. Mismo movimiento que ha ido desplazando esa vieja guardia de funcionarios y personal del Estado atrapada y participante en el sistema de dominación clasista y étnica regional tradicional. Y en el interior de esta nueva camada encontramos antecedentes y tomas de posición sobre lo étnico muy heterogéneas que sería un error vincularlas sin más con la vieja configuración del sistema estatal en la región. No debe quedar la impresión, sin embargo, de que estamos ante un cuerpo de agentes estatales completamente nuevo por relación al pasado. Junto con las reformas del Estado, reemplazan a un tipo general desahuciado por edad y capacidades (a veces también por razones políticas), pero siguen siendo hijos de la región y portadores, en mayor o menor grado, de una cultura regional de las relaciones sociales. Conviene recalcar, entonces, que los agentes estatales son también agentes regionales y en esa medida participan de las formas de sentir, pensar y actuar, viejas o nuevas, hacia lo rural y agrícola, lo campesino y lo mapuche. También, que una parte de ellos mantiene fuertes relaciones locales por sus orígenes familiares o por una prolongada permanencia y estabilidad en el lugar, con orientaciones y posiciones políticas diversas, pero en cualquier caso con ubicaciones definidas en el sistema de relaciones sociales (de clase y étnicas locales): por lo común integrantes de estratos socio-económicos medios, usualmente distantes de lo indígena y de visiones solidarias con ellos.


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4. INTERACCIONES: TIPOS DE INTERACCIONES Y ESCENARIOS 4.1 Tipos genéricos de interacción y variantes Reunión de trabajo De manera característica esta se da en dos escenarios de interacción: en la comunidad y espacios propios mapuches, o en oficinas y salones de las agencias públicas. En el primer caso algún o algunos funcionarios se desplazan al campo para sostener un encuentro con una comunidad o grupos y sus dirigentes. De preferencia concurren aquí los funcionarios que realizan labores de terreno, más excepcionalmente algún jefe o autoridad. Los municipales por lo común con algún tiempo disponible mayor que los de organismos sectoriales. El segundo obliga al traslado de dirigentes o representantes a las sedes de alguna institución. La masividad que puede adquirir la primera variante se reemplaza por una asistencia más selectiva en la segunda; no es raro que los jefes de oficina o subdirectores se hagan presentes y traten asuntos con implicaciones mayores que las que pueden tratarse en el campo. Estos encuentros tienen un carácter formal, siguen temarios, programaciones y pautas por lo común bien definidas y, alrededor de tales asuntos de mutuo interés para la repartición pública y el colectivo indígena se intenta llegar a acuerdos y compromisos de acción y trabajo relacionado. Los contenidos pueden centrarse en una gama amplia de aspectos y etapas de la acción del organismo con los mapuche o en algún momento definido de un proceso de trabajo (acuerdos iniciales de trabajo conjunto, cierre de un proyecto, evaluación de avances, desarrollo de una programación de trabajo, etc.). No es ajeno a estas ocasiones el que las asambleas comunitarias encomienden a dirigentes o representantes calificados la asistencia y, además, la interlocución en las reuniones estando o no ella presente, buscando maximizar resultados a través de sus conocimientos, claridad de exposición y capacidades retóricas. En todos los casos se acostumbra a llevar registros de lo tratado y de los compromisos alcanzados. Los dirigentes apelarán en futuros encuentros a tales registros como testimonio de los términos en que se trataron asuntos y se alcanzaron acuerdos. Los problemas de cumplimiento, las dificultades para llevar registros escritos detallados y la ausencia de actas de reunión como instrumentos válidos para unos y otros, han llevado a un empleo extensivo de las grabaciones magnetofónicas. Estas introducen un elemento de presión considerable a las reuniones ya que los agentes públicos son perfectamente concientes de que tales registros pueden ser utilizados en su contra poniéndolos en evidencia y en incómodas posiciones, por lo que deben ser mucho más cuidadosos en lo que comprometen. Pero tampoco pueden dejar, por presión y/o misión, de explicitar una contraparte (recursos monetarios, profesionales, materiales) que poner sobre la mesa. Pasaron los tiempos en que se podía sin mayores consecuencias deslizar promesas y adornar la presencia del organismo para después arreglar su acción a límites más efectivos.


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La entrevista Es una modalidad de interacción empleada preferentemente por los funcionarios públicos y se le asocia con la etapa de diseño de las acciones o intervenciones estatales, sean estas de carácter local (municipal), o sectorial. También se dan pero en menor medida para evaluar la marcha, alcance y resultados de un determinado proyecto. Quedan circunscritas a funcionarios y representantes indígenas. Ellos intercambian información, coordinan, establecen acuerdos de operación, definen y precisan cursos de acción, evalúan la acción estatal o el desempeño comunitario. Los propios mapuches ocasionalmente también emplean este modo de relación cuando acuden a tratar temas específicos con funcionarios calificados o autoridades de servicios. En este último caso el lugar obligado son las oficinas, en tanto que en el primero es el domicilio del dirigente mapuche, a veces la sede social o algún lugar intermedio concordado para reunirse. Si el interés acerca de un tema cae por el lado de la organización mapuche, las entrevistas tenderán a darse en las oficinas de servicios; si es al revés, entonces los mapuches requeridos deberán buscarse en la comunidad. La visita de terreno Podemos diferencias dos grandes variantes en la “visita a terreno” (a las localidades y predios campesinos indígenas) que periódicamente efectúan los agentes del Estado. Aquella que llevan a efecto miembros de organismos sectoriales suele seguir un patrón distintivo, diferente del que ejecutan el grupo directivo de los municipios. La primera es más bien de tipo técnico profesional y corresponden a prácticas de capacitación, monitoreo, seguimiento y control de acciones en mayor medida radicadas en el campo productivo. El actor fundamental aquí es el “extensionista” o técnico que transfiere conocimientos, instruye acerca de procedimientos técnicos y registra el curso de las acciones en desarrollo. Una parte de su trabajo se remite a los pequeños agricultores mapuches, la otra se dirige al estamento de directivos y jefes de servicio. La visita a terreno también se emplea con fines demostrativos por comparación en acciones productivas, o para la evaluación de alternativas de solución a problemas claramente definidos y dimensionados. Es frecuente en estos casos realizar visitas con representantes o dirigentes de algunos grupos donde es relevante generar comparaciones prácticas a partir de experiencias establecidas. Desde el municipio, además de los individuos vinculados a labores en el campo productivo, cuyas acciones se asimilan a la primera variante, son los directivos de la alcaldía (encargados del Área Social, Jefe de Obras, Director de Planificación) y en especial el Alcalde quienes realizan visitas a terreno. La mayoría de las veces se acude por invitación de las comunidades, interesadas en llevar a terreno a las autoridades locales y generar una situación de comunicación propicia para que su situación sea revisada, diagnostica y, ojalá, priorizada para su solución. El “trámite” Representa una forma de interacción por lo general efímera, centrada en la gestión o trámite breve de entrega de documentos o solicitudes y de recepción de certificados, papeles, depósitos, subsidios de dinero, obtención de atención en establecimientos escolares o de salud, etc. Es una modalidad básicamente burocrática: impersonal, especializada, codificada, específica, de alta concurrencia e


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idealmente rápida y expedita. Se lleva a efecto en las sedes u oficinas de las agencias estatales en la localidad (alcaldía, oficinas de enlace, sedes provinciales o regionales). Por su propia naturaleza y masividad, no existen posibilidades de introducir matices a la definición estrictamente impersonal de la relación. Para el indígena que no cuenta con experiencia en ello es fuente de azoramiento e inseguridad; cuando se maneja mejor, se conforma en una gestión especial manejable o en una rutina periódica de traslado, gestión del asunto y retorno. Bajo esta modalidad es que los hogares e individuos obtienen subsidios y beneficios de la red de apoyo social estatal; red de una relevante importancia material en la vida mapuche actual (becas de estudio, asignaciones familiares, pensiones y jubilaciones, etc.). Por efímera que sea esta interacción, suele tener una importancia decisiva y la reproducción cotidiana de la vida rural mapuche. Por otra parte, para los dirigentes de base mucho de la vida dirigencial consiste hoy, habida cuenta de la afluencia de recursos estatales hacia los indígenas por distintas y diversas vías, en una serie y sucesión de trámites en oficinas públicas. Una condición indispensable hoy para cualquier dirigente es el conocimiento y la destreza para moverse oportuna y diligentemente en una miríada de oficinas públicas haciendo avanzar proyectos o respondiendo a requerimientos burocráticos estatales. Entrega- recepción de “beneficios” Es de los momentos más felices y efusivos de las interacciones entre organismos estatales y comunidades o grupos mapuches. Normalmente toman la forma de rituales y, como tales, siguen cierta pauta y secuencia definidas, con contenidos discursivos y simbólicos también recurrentes. Se entrega y se recibe el cheque de un proyecto, se distribuyen materiales de construcción o algún equipo, se hace entrega de semillas e implementos agrícolas, se entrega un bono asistencial, etc., etc. Los que entregan no son agentes técnicos o promotores de campo, sino autoridades locales o regionales, jefes de servicio o de secciones importantes dentro de un servicio, a veces representantes del gobierno central. En esta medida, son también agentes políticos interesados en ganar para sí visibilidad, publicidad, credibilidad, reconocimiento, poder de interlocución y sentimientos de deuda o gratitud en los receptores. Y para los servicios, el gobierno al que sirven y a su plataforma política valores equivalentes (legitimidad, credibilidad frente a compromisos, interés por los indígenas, su cultura y pobreza, etc.). Por el lado de los grupos y comunidades es una ocasión de compartir de manera festiva (suele haber comida y bebida), consagrar por este rito político un momento, fase o proceso de trabajo y a veces disputa con agencias públicas y autoridades. No es raro que también se consagre el momento y los logros que lo justifican con algún componente religioso. Es también un momento de ostentación hacia los demás de las capacidades de la comunidad en la competencia, más o menos explícita, por la atención y los recursos estatales. Es la ocasión también en que el colectivo a través de las alocuciones y actos de los dirigentes y asistentes entregan señales de reconocimiento, pero también se aluden a otras necesidades, se insinúan aspectos menos luminosos de la experiencia; es decir, también se hace sentir a la manera de un subtexto la decisión y el poder de la comunidad. Para los dirigentes es un momento político y simbólico crucial pues es allí donde se verifican sus capacidades, su visibilidad ante las autoridades, el reconocimiento que recibe de estos, el compromiso para con sus representados, la tenacidad y fuerza para llevara a buen fin un proyecto o proceso de demanda ante el Estado. El o ellos también esperan señales de aprobación y validación por parte de la asamblea allí reunida para la ocasión, por lo general en un alto número. Es también


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el momento en que las críticas de unos respecto de otros e internas momentáneamente se acallan, los eventuales resquemores y las violencias simbólicas recibidas se ponen en suspenso, esperando expresarse donde mejor corresponda (en la privacidad de la vida institucional o en los nudos de la vida colectiva). “Gestiones personales” Con esta noción designamos un tipo de interacción que se da entre miembros individuales de grupos mapuches (comuneros o dirigentes) y agentes públicos (en alguno de los niveles de la jerarquía burocrática, pero de preferencia en aquellos que mantienen nexos directos con mapuches) sobre asuntos personales o individualizados y de mutua conveniencia a propósito o al amparo de relaciones entre instituciones y comunidades indígenas. Es en estas relaciones personalizadas y no públicas donde se pueden explicitar y concordar entendidos para concluir y cerrar lo no cumplido, lo tapado, las desviaciones de plata, los recursos no entregados; aquí es donde se procesan favores y favoritismos. Estos tratos puede ser individuales (favoreciendo a un dirigente que busca asegurar una cuota extra o una mejor asignación personal, por ejemplo) o tomar un sentido colectivo (acordar cierta acción del dirigente, dar por resuelta una etapa pendiente, desviar algunos recursos de un proyecto para cubrir algún otros problema, etc.). Otra modalidad es también la de los acuerdos de apoyo político por ayuda desde las oficinas estatales a iniciativas y proyectos comunales, en particular durante periodos eleccionarios (un dirigente políticamente afín puede aceptar o proponer una acción proselitista más o menos encubierta o abierta en su comunidad con la promesa de un trato favorable en la distribución de asignaciones estatales). En este último caso estamos en presencia de una triangulación política con claros tintes clientelistas. Pero también pueden ser paralelos a las relaciones institución-comunidad y consistir en arreglos y transacciones puramente individuales y sobre aspectos no relacionados con proyectos o alguna otra modalidad de relación estado-comunidad: negocios y emprendimientos económicos encuentran aquí lugar junto a las relaciones institucionales sin confundirse con ellas. 4.2 Los escenarios de la interacción La “oficina” de la repartición pública Esta puede ser local, provincial o regional; más o menos grande y más o menos concurrida. Desde la relativamente modesta sede de organismos, un proyecto o programa en un pueblo retirado, hasta las bullentes oficinas de un organismo como INDAP en la capital regional, la “oficina” reúne visiones y sentimientos encontrados. Por una parte, es inevitable su concurrencia a ellas para la gestión de proyectos colectivos, búsqueda de beneficios individuales, obtención de información, hacerse de documentos y certificaciones de diversa índole, etc. De otra parte, es el lugar donde una manera más fuerte los mapuches han experimentado los maltratos que los funcionarios estatales solían y suelen todavía prodigarles: rehuyendo recibirlos, y cuando los tienen delante, mantener una postura de ascendencia evidente, alzar la voz, interrumpir, corregir, amonestar, imponer un punto de vista (síndrome, acertadamente descrito por un dirigente, como el “endiosamiento” del funcionario). Y, en cuanto a los servicios, estos podían ser tardíos, de mala calidad, menores en proporción, porque… son “mapuches”.


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La “oficina” esta organizada y condicionada para el mapuche concurrente por horarios, días y normas de atención. Con frecuencia, carece de privacidad y exclusividad para llevar a efecto un más cómodo intercambio con los funcionarios. Estos, a su vez, están sujetos por tiempos limitados, es frecuente la interrupción de otros agentes públicos, se debe atender el teléfono y es normal establecer barreras físicas como un escritorio o mesas de reunión entre los intervinientes. Para acudir a la oficina, se debe invertir tiempo y recursos en los desplazamientos y lo que encuentran allí nos es por lo general muy amigable o al menos suficientemente compatible con los términos campesino-indígenas de interacción. Es común que la propia distancia entre el problema y su verbalización ante el agente público en la oficina dificulte una recepción más apropiada o motivar al interlocutor para calibrar su importancia. El azoramiento, la frustración y una molestia profunda son parte de la experiencia de la oficina de cualquier representante o dirigente de base mapuche. La “oficina” es donde se hacen más evidentes los implícitos, y algunos explícitos, de una relación entre sujetos diferentes y desiguales en términos institucionales, sociales y étnicos. La que se establece es una relación burocrática basada en posiciones de requirente (“usuario”, “beneficiario”) y requerido (práctico, técnico o profesional de una institución pública), este último dotado de un triple poder: tecnocrático con arreglo a un saber especializado, institucional basado en la capacidad de movilizar y distribuir recursos de distintas índole y económico con sustento en beneficios y productos materiales. Dado lo anterior es que el lenguaje de esta relación sea uno tecnocrático, y no coloquial con apertura hacia los temas y argumentos del mapuche. Por ello es que el escenario de la “oficina” esté espacialmente estructurado, dispuesto para significar esta relación burocrática y para establecer las debidas mediaciones: espacios de recepción y secretarias, el espacio del requirente y el espacio del requerido como algo separado en el propio cubículo del funcionario. A veces, la relación también se tiñe de diferencias y distancias sociales, haciéndose sentir su condición de campesinos pobres, de aspecto rústico, sin manejo urbano, y étnicas (“indio”). Los funcionarios pueden, amparados en las condiciones indicadas, expresar aquí mejor que en cualquier otra parte, señales de su animadversión, su rechazo, su enorme distancia respecto de los mapuches. Por mucho que hoy esta relación se plantee discursivamente entre iguales funcionalmente distintos, de todos modos es una relación recorrida por la asimetría, por posiciones de poder desiguales. Puede sostenerse que en la actualidad hay un cambio de cierta importancia en estos patrones de conducta característicos –por lo menos si se compara con el periodo autoritario anterior-, tanto porque de manera creciente los propios mapuches exigen relaciones y servicios de mejor calidad, como porque las plantas de funcionarios o cuerpos de profesionales que trabajan para el Estado se han ido renovando y entre ellos hay mejores disposiciones de relación y tratos con la gente mapuche. Como también porque hay un ambiente institucional menos permisivo respecto de actos agresivos, vejatorios o displicentes. Cabe preguntarse, sin embargo, cuánto de este cambio es relativo a la modificación de un ambiente de las interacciones, el que puede llegar a involucionar, y cuánto a cambios más de fondo en las propias instituciones y en las convicciones y conductas de agentes estatales y sujetos mapuches. Otra fuente de variación del patrón de relaciones asimétricas que de manera privilegiada puede advertirse en la “oficina” son las que se dan entre localidades y pueblos y la gran ciudad. En un caso


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hay mayor familiaridad, contacto y conocimiento; mayor anonimato, frialdad, distancia intelectual y emocional en el otro. Se recordará que es en los pueblos y ciudades pequeñas que tienen asiento las empresas y profesionales consultores, los funcionarios de terreno y los agentes municipales. A ellos se les aprecia con mayor proximidad y la posibilidad de tratos más familiares, a veces se les conoce desde hace mucho tiempo y se sabe qué esperar de cada quién. La “ventanilla” o el “mesón” Por ejemplo, el mesón que en los gimnasios y salones municipales de los pueblos de la Araucanía instala mensualmente el Instituto de Normalización Previsional (INP), o las “ventanillas” del Banco del Estado de Chile, o el despacho de certificados del Registro Civil e Identificación dispuesto en cada cabecera municipal y pueblo de la región. Con mayor frecuencia en las últimas décadas la relación de campesinos y pobladores mapuches y no mapuches con el Estado está mediada por trámites y documentación que se resuelven en escenarios de relación tipificados por la figura de la caja pagadora o el mesón de atención para la solicitud de certificados y la entrega de documentos. La “sede social” La gran mayoría de las comunidades indígenas o juntas de vecinos de una zona mapuche poseen y mantiene bajo su control una “sede social”. Este es el espacio en que la organización local mapuche (comunidad indígena, asociación indígena, junta de vecinos, comité de agricultores) converge y se reúne. Es un lugar de objetivación de la organización. Es un espacio colectivo propio y sujeto a una organización. Aquí es donde se recibe información de funcionarios públicos, donde se dialoga con ellos, donde se acuerda impulsar iniciativas de trabajo (proyectos), donde la organización adopta resoluciones, donde se llevan a efecto las conversaciones y confrontaciones críticas, internas o hacia un organismo estatal, donde se evalúa el trabajo o la relación con un organismo público, donde se reciben las buenas noticias y donde hay que absorber las malas, donde se enfrenta a los dirigentes (se los elige, acepta, felicita, rechaza y critica) y donde estos proponen, dan cuenta, manipulan y encaran a su colectivo, etc. Con todo, la participación no es homogénea (no todos los miembros del grupo compartan dominios de información o capacidades de interlocución o tienen niveles de motivación suficientes. Como sea, es el escenario propio de la relación interna (asamblea) y externa con las agencias públicas. Lo anterior define una posición para la interacción con agentes estatales ciertamente favorable a los sujetos indígenas. Los funcionarios públicos, técnicos y profesionales de terreno tienen en la “sede social” un ámbito ajeno en que se debe confrontar a una colectividad organizada, con voceros y dirigentes a los que corresponde por mandato Desde este punto de vista, es un sitio en el que las posiciones de autoridad, los intentos autoritarios o los pasos arbitrarios de un agente público pueden ser cuestionados y rechazados. Suele ser elegido como lugar para reaccionar y enfrentar a los servicios públicos o incluso para implementar posiciones de fuerza frente a estos como una estrategia dirigida a ganar respeto, atención o posiciones preferentes. Sin embargo, también se debe atender al hecho, anterior a la condición de lugar propio y colectivo que favorece una mejor relación mapuche-funcionario, de un poder burocrático y tecnocrático basado en el control recursos materiales y en la posesión de saberes especializados desde el que


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se reproducen posiciones de autoridad. La disposición de las reuniones con agentes estatales en las sedes sociales ejemplifica bien este precedente. La distribución es escolar: un grupo de comuneros y otros asistentes de cara a un funcionario dispuesto tras una mesa en el otro extremo, a veces solos y en otras junto con la directiva local. El "salón de reuniones” El opuesto de la “sede social” por el lado de las agencias estatales es la “sala de reuniones” de la repartición pública, la gobernación provincial o la municipalidad del lugar. Estos espacios, antaño de uso interno o para circunstancias especiales (reuniones de autoridades, recepción de visitantes destacados, actos solemnes, etc.), han empezado a abrirse para los mapuches cuando grupos de dirigentes o delegaciones mapuches se reúnen con autoridades locales o regionales y con funcionarios públicos. Y en estos eventos el tono de las relaciones también ha ido cambiando hacia modalidades más horizontales, a veces confrontacionales y otras con el tinte de la autoridad que logran seguir imponiendo los agentes públicos. La “ruka” mapuche Puede considerarse como el escenario antitético de la “oficina”. Todas las valencias se invierten. No cabe y resultan extraños y extemporáneos actos de violencia simbólica como los descritos para ese escenario. Los poderes y autoridad del funcionario quedan momentáneamente en suspenso, abriéndose la relación hacia el trato distendido y familiar. Aquí no prevalece, pasa a un segundo plano o incluso desaparece, una interacción burocrática. Es el espacio de la relación de confianza, del trato recíproco cariñoso y con afectos. Es también un espacio de reunión en torno a la mesa y con ocasión de los tiempos de compartir. Los requisitos de su inicio son exigentes: el desarrollo de relaciones personales de confianza y amistad. Los mapuches establecen una separación bastante fuerte entre el afuera de la casa (para recibir momentáneamente y despachar con prontitud al extraño) y el adentro de la “ruka” familiar. Estas relaciones pueden en el extremo, ser claramente instrumentales y, en ese caso, a adquirir matices más formales; o en el otro, a ser expresivas y en ese caso se despliega mejor la informalidad y la compenetración recíproca. Lo usual sería que estén presentes ambos aspectos de la relación con grados y matices diversos. La expectativa de una conducta favorecedora como implicación de una relación de hospitalidad, comensalidad, celebración, de un “compartir”, posiblemente no abandona la relación, por el simple hecho de que uno es un funcionario o profesional y otro es un hogar o familia mapuche. Difícilmente una situación de relación puede en estos casos desligarse de los antecedentes y posiciones de poder relativo de unos y otros. Si bien el llegar con familiaridad a la casa de un dirigente o autoridad mapuche puede ser una demostración del agente estatal de un gran capital social, este uso puede acarrear dificultades al anfitrión. Una relación muy centrada en una sola persona o en unos pocos actores mapuches “se presta para que los demás, piensen mal, crean que uno se esta acomodando, y que se enojen con los dirigentes o los amigos del funcionario” (Salvador Rain P. Comuna de Lumaco).


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Una excepción a lo descrito son las visitas de funcionarios que se originan de las demandas sociales de individuos o del grupo familiar para informes socioeconómicos o evaluación de la necesidad manifiesta. Una variante de esto son las encuestas socioeconómicas propias del quehacer municipal de orientación a la familia y de la estratificación social CAS. El campo Designa de modo un tanto genérico el espacio rural inmediato con sus casas e instalaciones, parcelas y terrenos, espacios sociales y públicos como construcciones escolares y canchas, cementerio, etc., que conforma la localidad y alberga la comunidad. Es notorio por parte de los comuneros y sus dirigentes un mayor dominio y seguridad en la relación con los agentes públicos; es más fácil, por tanto, que muestre o exprese la problemática o el asunto de interés que convoca la concurrencia de unos y otros en el campo. Son relaciones entre pocas personas o al menos un grupo no muy numeroso, avocado con exclusividad a los asuntos de interés y con un intercambio expedito. Los asuntos abordados pueden cubrir una variedad de cuestiones, pero por lo general giran en torno a la infraestructura, los servicios y el desarrollo campesino local. La “parcela demostrativa” La parcela demostrativa puede entenderse como un predio o instalación campesina donde se lleva a efecto una acción de tipo técnico, por lo común técnico productiva, que se constituye como el escenario para acciones de enseñanza, capacitación y evaluación. Es una versión especializada del tipo más genérico de ámbito de interacción que podemos denominar como la “parcela campesina”. Esta locación de relaciones tiene dos características definitorias y en cierta medida opuestas. Por una parte, es un lugar de enseñanza donde el agente estatal (funcionarios tipo “extensionistas” rurales o técnicos calificados) se embiste en una posición de docente, agente de transmisión de conocimientos y habilidades técnicas. Desde este punto de vista, establece una relación con un receptor campesino individual (pequeño productor agropecuario) o colectivo (grupo o comité de agricultores) en función del traspaso de información y capacidades técnicas. Desde otro, se trata de un ámbito propio, de un lugar sujeto a control y dominio campesino donde la innovación o replicación técnica se ha puesto en el espacio de trabajo agropecuario del campesino mapuche. Es menos probable que aquí la interacción se tiña de la violencia simbólica que se experimenta en la “oficina” o lugares equivalentes. No obstante, desde un lenguaje tecnocrático también queda definida por la autoridad y el ascendiente de la posición de agente de enseñanza (“técnico”, “ingeniero”) y de receptor indígena que “no sabe”, que “le falta”, por lo que no carece de paternalismo, por mucho que este lenguaje se reformule para ganar en comprensión. No obstante, es también común que se agreguen tonos de informalidad, distensión, compenetración y cercanía personal que por otra parte sirve bien a los propósitos de sostener esa relación de autoridad basada en un saber técnico. Si la parcela esta situada en la misma comunidad comparte con el campo y la sede, la ventaja de ahorro de tiempo para los concurrentes campesinos, la posibilidad de interactuar de manera directa y sin mayores barreras con los profesionales y técnicos. En el Caso de que esta parcela se ubique


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en otra comunidad, comuna o región, se ha de invertir tiempo y recursos en los traslados, pero con el atractivo del desplazamiento, el rompimiento de rutinas, y el “paseo” que conlleva. “Toparse en la calle” La expresión ejemplifica la situación o escenario en que se dan varias formas de relación entre sujetos mapuches y funcionarios públicos. Ellas se realizan de manera usualmente informal y más o menos casual, que dependen para su realización de un conocimiento previo y relaciones de confianza. A veces están implicados compromisos personales (de amistad), se comparten intereses en común (políticos o económicos, por ejemplo) o hay vínculos profesionales (asesoría, asistencia). Una variante de interés son las “conversaciones aparte” entre dirigentes y representantes con funcionarios y gestores de proyecto. Una u otra modalidad representa el escenario de los arreglos informales, los favores, los acuerdos que escapan de la lógica de interacción burocrática. Abren un extenso campo de relaciones simultáneas y paralelas a la relación formal, plenas de sobrentendidos y también de algunos bien-entendidos. El celular llegó al campo mapuche Cabe consignar formas de interacción no basadas en la copresencia, mediadas por formas escriturales, orales y en tecnologías de comunicación (correspondencia, telefonía fija o celular, Internet y correo electrónico). No constituyen propiamente escenarios de interacción. Es una modalidad de relación que ha aumentado en importancia y que puede apreciarse como una transformación de la interacción hacia modalidades más impersonales, más específicas o focalizadas, deslocalizadas (sin escenario físico), más racionalizadas en suma, a medida que las competencias de lecto escritura aumentan y que las tecnologías de comunicación van llegando a los medios populares rurales y urbanos. Un uso intensivo de estas tecnologías se observa en los dirigentes mapuches, en especial aquellos más jóvenes, con experiencia urbana y relativamente altos niveles educacionales. Ofrece ventajas como forma de comunicación a distancia para fines de información y coordinación de las relaciones entre funcionarios y técnicos con las comunidades y personas mapuches. Puede, por otra parte, tener un impacto en otro segmento mapuche que no domina tales medios y que acude sólo a estrategias más directas y a veces personalizadas de relación con agentes estatales.


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5. TENSIONES, NUDOS Y PROBLEMAS EN LA INTERACCIÓN AGENTES ESTATALES E

INDÍGENAS 5.1 El personal del Estado en la Araucanía: categorías contractuales, heterogeneidad y relaciones con los mapuches La temática indígena ha llegado a ser de importancia en la región y en esa medida es también amplio el contingente de personal del Estado que trabaja directa o indirectamente, de manera exclusiva o parcial, en el tema y con mapuches. En las agencias se presenta una gran heterogeneidad de condiciones. Por lo común se posee una planta de funcionarios relativamente pequeña y claramente jerarquizada, luego algunas personas sujetas a contratos y un número por lo común mayor por honorarios, con variaciones notorias de magnitud según los servicios y los programas o proyectos de que se trate. Y también, en algunos servicios más que en otros, se da la transferencia a terceros (unidades consultoras) de ciertas funciones, para lo cual estas entidades contratan, a honorarios y por plazos limitados, los técnicos, profesionales y operadores de esas acciones traspasadas. Orígenes en la región es un ejemplo quizá extremo de este estado de cosas: orientado completamente hacia los indígenas del país, en sí mismo es un Programa sujeto a la Subsecretaría del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y carece de una planta oficial; pero además desarrolla un buen número de sus acciones a través de contratos individuales ad hoc y por honorarios y mediante empresas consultoras. Por su parte, la sede nacional de CONADI y la subdirección nacional sur de la misma, combina una planta estable con un numeroso personal a contrata que viene a suplir una expansión e intensidad de su acción que de otra manera no podría implementar. No se dispone de cifras oficiales sobre esta materia para la región. Las agencias públicas son instituciones estratificadas y altamente formalizadas y ello imprime un sello característico a las relaciones internas, por mucho que en su interior se produzcan espacios de vigencia de subculturas institucionales y de informalidad. Para el caso de los servicios públicos regionales, a estos corresponden Direcciones Regionales, Departamentos, Subdepartamentos, Secciones u Oficinas. Entre estos niveles se establecen relaciones jerárquicas entre y al interior de ellos, lo que se expresa también en los cargos funcionarios: directores, subdirectores, jefaturas (técnicas, de administración, de personal), administrativos, técnicos y auxiliares. La interrelación entre agentes del Estado esta normada por las facultades administrativas inherentes y relacionadas a cada cargo (en la Ley Nº 18.575 u Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado). Esas normas exigen un alto grado de formalización mediante documentación, instructivos, oficios, providencias, memos, acuerdos, contratos, cronogramas. Lo que no está así instruido no existe en el plano de lo formal. La comunicación verbal se activa para lograr acuerdos de acción, las instrucciones desde las jefaturas a los subalternos o el flujo de información desde subalternos a jefaturas. Esto en reuniones, llamados telefónicos, conversaciones. Pero, en definitiva todo se debe formalizar con documentación siguiendo procedimientos, de tal forma que queden establecidos responsabilidades, tiempos y coberturas. El equivalente para los municipios se encuentra vertido en la Ley Nº 18.695 o Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con características propias, pero sin salirse de estas exigencia burocráticas de formalidad y apego a reglamentos, jerarquías y procedimientos instituidos.


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Los funcionarios estatales en régimen de contrata mantienen condiciones contractuales similares a los de planta. Están afectos a derechos previsionales, las remuneraciones son similares, tienen derechos sindicales, están afectos a posibilidades de capacitación, y tienen acceso a incentivos, puesto que se les asimila a la condición de planta. La obligatoriedad de atenerse a los procedimientos fiscales, la posibilidad de ser sancionados mediante sumarios, la ejecución de calificaciones, la existencia de hojas de vida y las anotaciones en ellas son también comunes. Por lo tanto, la distinción entre los funcionarios de planta y los asimilados a planta es, primero, la duración de los contratos.

El crecimiento de funcionarios a contrata y honorarios es el resultado de la modernización del Estado y la necesidad de incluir profesionales y personal para implementar programas y proyectos en un escenario de retorno a la democracia. Los gobiernos de la Concertación se percatan a principios de los años 90 que no tienen mayores posibilidades de contratar nuevo personal puesto que las plantas estaban ya completas desde finales de la década anterior. Esa conformación de planta la avalaban actos administrativos y su modificación no era posible, como tampoco adecuar la carrera funcionaria a nuevos requisitos. Mediante modificaciones a la ley de presupuestos y a las asignaciones periódicas (anuales) que debían ser aprobadas por el Congreso Nacional, el gobierno comienza a mejorar las posibilidades de incorporación de personal que cubriera la ejecución de nuevos programas, o ante la creación de servicios y reparticiones que anteriormente no existían. Fue útil el recurso a las comisiones de servicios de personal de confianza a estos nuevos departamentos estatales, supliendo los cupos con contratas y honorarios. También se utiliza con cierta frecuencia el traspaso de recursos mediante contratos y convenios directos con las consultoras, cuyo régimen contractual habitual es el de honorarios.

Como podemos apreciar, el desarrollo de este tipo de contratos más precarios es una respuesta a la imposibilidad de generación de nuevas plantas que se agreguen a las heredadas de las administraciones anteriores. A lo anterior podemos agregar el hecho que el gobierno militar no desarrolló una opción de trabajo diferenciado para abordar los asuntos indígenas (salvo en INDAP). Con el retorno a la democracia, los compromisos políticos con los indígenas y las presiones de éstos exigen respuestas estatales ampliadas. En esta dinámica podemos encontrar la explicación del porqué la dotación de funcionarios con que se vincula el indígena en la Araucanía es básicamente aquel en régimen de honorarios, en menor medida a contrata y, de manera también visible, aquel dependiente de consultoras. El personal contratado a honorarios no tiene el carácter de funcionario propiamente tal. Por tanto, su desempeño no está afecto a las disposiciones establecidas en la ley 18.575 en tanto actos administrativos. Los demás tipos de agentes, en especial el de planta, están por su relación contractual sujetos a instructivos, normativas de operación, calificaciones y evaluaciones, escalafones, ascensos y carreras funcionarias. Una de sus implicaciones es el de generar un excesivo apego a los procedimientos, tendencia a disminuir factores de riesgo y una clara jerarquización de las relaciones interpersonales. Otra es que el imperio de las relaciones jerárquicas disminuye también la capacidad de resolución o respuesta de algunos agentes que pueden estar en niveles menores en el organigrama o estructura institucional. A su vez, para los vinculados mediante honorarios esta es una situación de poca estabilidad (precariedad) laboral, pero por otro lado las agencias en donde se aplica este esquema son quizá buenos ejemplos de optimización de la acción estatal desde el punto de vista de los planificadores.


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Una de las consecuencias de todo esto en la región es una visible movilidad circular de personas. Más o menos la misma gente, sin un gran recambio es la que se está hoy moviendo, en un momento postdictatorial avanzado, entre contratos en los servicios públicos y contratos en organizaciones que prestan servicios a esas mismas agencias con sede en la Región de la Araucanía. Factores que favorecen esta rotación circular son, por una parte, capacidades técnicas y profesionales; por otra, conocimiento y experiencia; y, en una tercera, razones de afinidad y relaciones político partidarias. Si en las agencias sectoriales estas afinidades y opciones ideológicas corresponden con los grupos oficialistas, en los municipios la situación es mucho más matizada por la influencia de grupos de derecha. Esta dinámica corresponde, después de un proceso de recambio y expansión muy activo durante la década de 1990, a la conformación de un nuevo cuerpo de agentes estatales y paraestatales implicados en la acción hacia los mapuches. Puede establecerse un perfil aproximado de funciones hacia los indígenas según regímenes laborales. Los funcionarios de planta tanto en los gobiernos locales como en los organismos sectoriales no tienen contacto con la población mapuche o esta es, salvando casos y agencias, esporádica, breve y específica. Sus funciones son administrativas o bien de jefaturas regionales, intermedias o locales. Los regímenes a contrata soportan también una variedad de situaciones. Una es la de los asesores y cargos auxiliares de dirección o jefatura tales como “jefe de gabinete”, “encargado comunicacional”, “jefe de personal”, “subdirector” que caen bajo el rubro de cargos y funciones de confianza, y a lo que no es ajeno la reciprocidad política y los vínculos personales. Una segunda es la de las comisiones de servicio en otras dependencias. Funcionarios con régimen de contrato, cuya dependencia administrativa es de MIDEPLAN, o el Ministerio de Agricultura cumplen funciones en comisión de servicios en algunas agencias estatales como CONADI, CONAF o el Programa Orígenes. Resulta de lo anterior que la proporción de funcionarios sujetos a contrata y con contacto directo continuo con los indígenas es bastante reducida. Más numeroso sería el contingente de aquellos que se mantienen según un régimen a honorarios. La respuesta de los servicios a la demanda mapuche, la obligatoriedad de operar algunos convenios interinstitucionales o programas de pertinencia obliga a suplir mediante estas alternativas contractuales la falta en las plantas de suficiente personal calificado. La existencia de escalafones (auxiliares, técnicos, directivos) genera otras diferencias en los tipos y calidades de los contactos con los usuarios mapuches. Por ejemplo, el personal auxiliar cumple funciones administrativas menores (de oficina, choferes, auxiliares), teniendo también una menor capacitación y menor sensibilidad en temas indígenas. Pero ellos en la mayoría de los casos son los “porteros” (los que median el acceso mapuche a los niveles técnicos y directivos, los que entregan información), con las consecuencias que son de prever en la percepción problemática de los mapuches acerca de las agencias estatales y su personal. Una vez traspasadas estas porterías, se accede por lo común a agentes más calificados técnicamente y, eventualmente y según las agencias, más sensibilizada con los indígenas y sus problemas. En contrapunto a lo anterior, los escalafones técnicos y directivos –cuando no se ha derivado a particulares esas tareas como las de capacitación, seguimiento y monitoreo- son los que se vinculan con los mapuches en espacios de interacción diferentes a la oficina, correspondiendo con que son los que están mayormente informados y a veces los que pueden decidir o influir en las decisiones de distribución de recursos estatales.


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Las empresas consultoras están directamente vinculadas o adecuadas a la operación con el Estado y sus programas, pero por su condición de particulares se hace posible una organización interna menos jerarquizada, normada y regulada. Aquí el concepto de trabajo y responsabilidad colectiva en las acciones, permite una mayor fluidez de compromisos, y aportes. La única diferenciación que se observa es la que separa a los directivos (habitualmente los dueños o socios de la consultora), profesionales que diseñan y ejecutan acciones con mayor responsabilidad metodológica y administrativa, de los técnicos y monitores que básicamente operan en terreno. La interrelación entre agentes estatales y operadores de consultoras, esta definida básicamente en los contratos, acuerdos operativos, y esferas de operación de los proyectos o planes concretos que mandata el Estado y ejecuta el privado. Es entonces limitada la posibilidad de los agente de consultora de proponer, ser atendido o realizar acciones correctivas distintas a lo planteado en los acuerdos iniciales. O no se corre el riesgo, o no corresponde a “lo exclusivamente contratado”; ello no quita que la consultora busque elementos metodológicos y de acción que contribuyan a mejorar las intervenciones. En la práctica no existe una percepción sobre la utilidad de estas “indicaciones” que en la mayoría de los casos están vertidas en informes que duermen en las estanterías, archivos o bibliotecas de las instituciones. El Estado necesita nutrirse de indicaciones y evaluaciones a su accionar porque así esta diseñado en el proyecto o acuerdo inicial de los programas, mas que por la necesidad y posibilidad real de modificar sus acciones o planes de acción. 5.2 Funcionarios locales y de organismos sectoriales del Estado en la relación con mapuches Una distinción relevante para fines de caracterización de los agentes públicos es aquella que diferencia entre funcionarios públicos locales (municipales o con asiento local), respecto de aquellos que integran organismos cuyas sedes son regionales y provinciales e intervienen de manera especializada sobre las comunas y espacios indígenas. Tipificar sus tiempos y marcos de acción puede ayudarnos de inicio. Las actividades de unos suelen ser, o lo intentan, muy estructuradas, con tiempos definidos y márgenes de variación estrechos, durante días de semana, en horarios de oficina. Los segundos es probable que acudan en horarios y días distintos a los estrictamente encuadrados por las jornadas de trabajo, se le ve menos restringido en sus horarios (o tiempo disponible). Estos últimos conocen y dominan más el lugar, sus gentes y las mil particularidades de la gente mapuche de uno u otro sitio, los problemas de las comunidades en la zona (por lo menos desde una cierta visión local) y “se le conoce mas”; por lo común es reconocido por parte de los indígenas y no indígenas con que se vincula. Los segundos en cambio, tienen a la vez un conocimiento y aproximación más genérico y más especializado: genérico en cuanto a que actúan con arreglo a mismos encuadres y especializado dada las funciones específicas de que se ocupan (crédito, fomento productivo, vialidad, etc.). La familiaridad con las comunidades y sus miembros le permite a unos realizar una presencia con base a invitaciones y reuniones concertadas, tanto como con base a requerimientos de reunión y entrevista por ellos impulsados. Por el encuadre de trabajo con que se mueven los funcionarios de agencias nacionales, frecuentemente buscan crear días y horarios de reunión convenientes; a veces, por sus funciones especializadas y las dificultades para su acceso pueden ser invitados por comunidades y grupos mapuches. Otro punto de diferencia que suele mencionarse


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es el del apego de unos a sus funciones y la ejecución de las mismas enmarcadas en las normativas y metodologías propias de su servicio, por diferencia del municipal quien además suele ser más flexible y acomodaticio. Se destaca a veces en el funcionario de servicios centrales sus acciones de seguimiento y fiscalizaciones (verbalizadas ocasionalmente como persecuciones), poco sensible a las flexibilidades que podrían considerase en los entornos locales, más aun cuando en este caso la planificación de intervenciones o proyectos son diseñadas de manera centralizada. Cabe precisar, no obstante, que en los funcionarios de gobierno de alguna de las reparticiones públicas que operan en el ámbito de lo local comunal, y específicamente con población indígena, son reconocibles dos categorías: aquellos con asiento local y los que no tienen asiento local permanente. Los unos están representados por delegados en las oficinas de INDAP, SAG, CONAF, Aduanas (en comunas cordilleranas y limítrofes con Argentina) establecidas en las cabeceras comunales. Ellos pueden mantener un cierto dominio y conocimiento territorial, así como también una percepción de las dinámicas de poder, de decisión organizacional, de los conflictos y pugnas dirigenciales que se reproducen en las comunidades. Por lo demás, interactúan con los indígenas en base a programas y acciones preestablecidas, concordadas, y planificadas con antelación: sus visitas son de asistencia técnica, monitoreo, evaluación, seguimiento y diagnósticos para nuevas acciones programáticas. A pesar de sus restricciones funcionarias, que le hacen operar en tiempos e instancias distintas a los tiempos y espacios propios del comunero mapuche y su modo de vida, se presentan como mas cercanos y con mejor comunicación, de tal forma que los usuarios conocen los ámbitos de acción y los tipos de soluciones o problemáticas que pueden demandar a cada unos de estos organismos. El desplazamiento de estos funcionarios por las localidades campesinas y mapuche es habitual; la población conoce o ubica los vehículos y a pesar de transitar con "disco fiscal" esto no genera mayor impacto, expectativas, ni disrupciones al interior de los colectivos mapuche. Los otros, sin asiento permanente en lo local, son rápidamente vistos como externos, como autoridad, como “enviado de gobierno”, y como eventuales portadores de soluciones. La formalidad define las relaciones con estos agentes. Llegados por iniciativa del servicio o por invitación expresa, raramente los encuentros se desarrollan en espacios informales, menos aun en días y horarios no hábiles (entiéndase, fuera de los establecido como “de atención”). A la gente mapuche del común causa cierto impacto, interrogantes y expectativas el verles transitar por las localidades, desplazándose en vehículos fiscales claramente distintos a los municipales o los de funcionarios de servicios con oficinas locales (advierten, además, que en la mayoría de las ocasiones son vehículos de gran tamaño y alto costo). Este último punto puede entenderse mejor si se repara en que para el comunero que tiene que desplazarse a pie, en vehículos de alquiler o de locomoción colectiva y que raramente accede a estos lujos (vehículos modernos), a los que solo ve pasar por el lado, cuando se le presentan los percibe como signos de opulencia, riqueza y poder. La formalidad en el vestir, o la estudiada informalidad (igualmente ostentosa), también son símbolos de opulencia para los comuneros. El agente estatal local por excelencia es el funcionario municipal o también "el municipal". De este, la población comunal conoce un poco mas, sabe dónde encontrarlo, qué demandarle, y los alcances de las soluciones que se puede obtener de ellos. No es raro verle transitar (a los que hacen terreno), en días y horarios especiales, no causa expectativa ni extrañeza su presencia cuando se les encuentra en la localidad o en transito por alguna de ellas. No se les siente como ajenos a la


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localidad, por lo cual raramente se le limita el tránsito, salvo en situaciones de conflicto con tomas de terreno y clausura de caminos. Pero, al ser conocidos y reconocidos por las partes (gobierno local, comunidad “en conflicto”) la interlocución suele ser deferente y cercana. Estos agente municipales actúan a veces como mediadores con las fuerzas de seguridad, dado que no se le exige ni les responsabiliza por la situación que ocasiona la manifestación: “el problema con los terrenos es con las empresas, los empresarios y el Estado, nada tiene que ver la municipalidad...”, (Fernando Pérez Huilcaleo, Comunidad Pangueco Soto Lincoñir, Miembro Aukin Wallmapu Ngulam, Galvarino). Es notorio el dominio de lo local por parte de los agentes públicos municipales que salen al campo y los técnicos y extensionistas de agencias centrales con asiento en la comuna. Su tránsito habitual los hace conocidos y más fácilmente reconocidos, sus oficinas y personas son accesibles de manera expedita, conocen las rutas de acceso a los distintos hogares y localidades, manejan las rutinas de la vida campesina, identifican la mayoría de los conflictos y los principales factores asociados, conocen también de los liderazgos y el ejercicio de la autoridad y el poder en las organizaciones mapuches, perciben con mayor o menor claridad los tonos y los umbrales para las relaciones según la ocasión. Manejan con cierta fluidez los protocolos de interacción y comunicación. En estos términos, los tratos suelen ser mucho más personalizados. A juicio de los mapuches aparentemente mas comprometido. A la inversa con los agentes externos o aquellos que siendo locales son extraños más allá de los límites de los pueblos y pequeñas ciudades cabeceras municipales. Poseen un menor conocimiento de las comunidades y localidades, saben generalidades de las realidades productivas, culturales, de las carencias materiales, etc. Tienen escasa claridad de los factores de conflicto, de los liderazgos y facciones, generalmente no considerando ni ponderando estos antecedentes en su intervención. Con todo, están también presentes variantes de desempeño que nos ayudan a profundizar en la caracterización de esta categoría de sujetos. Primero, el funcionario de oficina, aquel agente municipal que su accionar es básicamente desde el ámbito de la administración o de los servicios comunales, raramente se desplaza fuera de su sitio habitual de trabajo y dadas sus funciones tiene poco contacto con los mapuches. De darse este contacto, tampoco difiere sustancialmente de los funcionarios de escritorio que dependen de organismos sectoriales. Solo lo referido a la permanencia en el cargo por largo tiempo hace la distinción, lo que por lo demás también genera algún tipo de “calcificación" conductual o del perfil funcionario (burocrático) en su relación con los requirentes de la comuna. El comunero que toma contacto con ellos debe por lo general someterse a horarios de atención, trámites, espera y el contacto es claramente menos personalizado: "se debe llenar o llevar formularios, esperar harto rato y a veces ni te atienden..... lo mismo aquí en Galvarino, y en Temuco también, menos todavía” (Cecilia Torres Pinchulef , Sector Ñielol Galvarino). El funcionario de terreno o que realiza trabajo de campo en la comuna se desplaza fuera de su lugar físico de trabajo, conoce el territorio, es conocido por los usuarios y tiene un trato mas personalizado. Los compromisos de palabra son frecuentes y tienen una expectativa razonable de cumplimiento, aunque compromisos de este tipo suponen un claro consentimiento previo o conocimiento mutuo de las posibilidades de cumplirse. Conocimiento recíproco y vigencia de sanciones sociales están mucho mas presentes por una a veces prolongada experiencia de contactos y relaciones: “la mayoría atiende bien en su oficina... y tiene tiempo para conversar cuando va al campo...” (Cecilia Torres Pinchulef, Sector Ñielol Galvarino).


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La importancia de las relaciones locales y los compromisos implicados pueden ejemplificarse bien con el dilema de subir o no subir pasajeros a los vehículos fiscales. Los funcionarios municipales transitan por las localidades o comunidades y habitualmente se detienen para trasportar pasajeros, en el interior de los vehículos o en el exterior de estos, situación que... “nunca hacen los otros funcionarios que vienen de Temuco... a mi sí pero porque me conocen” (Arsoindo Painen, Sector Calbuco, Comuna de Lumaco). Ambos tipos de agentes, local y externo o del gobierno central conocen la normativa y la inconveniencia de transportar pasajeros no contemplados en las rutas iniciales de viaje, por las dificultades en la tramitación de los seguros, los sumarios administrativos y sanciones en eventuales accidentes de transito, aspectos que recomiendan no transportar pasajeros. Pero, el agente local tiene un mayor contacto con las poblaciones usuarias y como ya lo hemos destacado esta mayormente expuesto a la evaluación, y sanción comunitaria. Por lo tanto, está habituado a ponderar los inconvenientes de ambas sanciones (administrativa y judicial vs. Social) y, frecuentemente, opta por el traslado: “el dirigente o el peñi te conoce y uno sabe que espera que lo lleven, pero al que viene de afuera ni siquiera se espera que paren y algunos ni siquiera se preocupan de no tirar agua o tierra a la gente, cuando pasan por el lado” (Fernando Pincheira Vega, PRODESAL Galvarino).

El siguiente cuadro pone en relación tipos de agentes estatales, su presencia local y la variación de las condiciones y modalidades con que enfrentan las interacciones con los sujetos mapuches.

Cuadro: Tipos de agentes estatales en la relación con comunidades mapuches

AGENTE LOCAL

Factores de comparación

AGENTE EXTERNO

Gubernamental Con Asiento Local Ámbito Municipal

Conocimiento del espacio comunal y comunidades

Habitualmente no conoce bien la comuna, no ubica rutas de acceso. Conocimiento genérico de la realidad social y tecno-productiva de la comuna y comunidades

Conoce la zona y locaciones de trabajo, las rutas de acceso y por lo mismo organiza mejor las itinerarios y visitas

Conoce la zona y locaciones de trabajo, las rutas de acceso y por lo mismo organiza mejor las itinerarios y visitas

Conocimiento de dinámicas sociales locales mapuches

No conoce las dinámicas sociopolíticas mapuches: no identifica a los dirigentes, desconoce los conflictos y sus factores, las pugnas, liderazgos, competencias, tensiones, faccionalismos, estilos de acción colectiva mapuche en la zona, etc.

Conoce algo más de las dinámicas sociopolíticas mapuches. Preocupación por no cometer errores, evitando compromisos y vínculos que limiten recepción y márgenes de acción

Conoce las dinámicas de poder, utilizando este conocimiento en beneficio de la intervención (se respeta y no se interviene en los asuntos propios de las comunidades).

Permanencia en la comuna

Solo transita por la comuna, no hay apegos diferentes por una en relación a otra de las 32

Su lugar de trabajo esta situado en las comunas. Relaciones continuas con

Su lugar de trabajo estable es el territorio comunal. Habitualmente reside también en la comuna. Es


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comunas de la región. sedes centrales (por su dependencia, pero también viajes, estadías, seminarios, reuniones). Rotación y traslados a otras comunas son comunes según ciclos y cambios en proyectos y programas. Con permanencias prolongadas generan algunos vínculos de identificación local.

común que se generen vínculos y apegos con la comuna y su gente. Existe rotación según los avatares de los gobiernos locales

Sedes, oficinas y proximidad física

Sedes y oficinas situadas en capitales provinciales o regionales, generalmente alejadas de la comuna y localidades mapuches.

Ubicadas en las cabeceras comunales. Acceso a ellas dependiente de distancias y condiciones de traslado. A veces espacios compartidos con los municipios u otros organismos públicos locales.

También en la cabecera comunal, emplazada en dependencias municipales o de delegaciones municipales

Modalidad de presentación

Usualmente viste y se presenta de manera formal o con cierta informalidad “ostentosa” de autoridad. Desconocen los protocolos de interacción, y de saber algo, intentan utilizarlos. Trato poco comprometido (distancia formal).

Se presenta como práctico, técnico o profesional (autoridad técnica), emplean-do vestuario y equipo accesorio ad hoc para sus funciones y el entorno de campo. Por lo común conocen los protocolos de interacción que pueden utilizar. El trato más cercano y personalizado

Relativamente mayor capacidad de ajuste en la presentación según ocasiones y tareas, en concordancia con desempeños polifuncionales. Conocen proto-colos de interacción, y los utilizan de manera menos forzada. >Con frecuencia trato personalizado y sostenido por experiencias compartidas

Condiciones de desempeño

Horarios definidos, con poca flexibilidad y en días hábiles. Tiempos restringidos y regresos apurados. Por lo común desarrollan acciones informativas. Interacciones en general ejecutivas. Escasas posibilidades de nuevos encuentros en plazos breves para el desarrollo de asuntos proyectados. Raramente establecen compromisos, y menos aun los suscribe en documentos que no sean posteriormente redactados y profusamente revisados.

Horarios definidos, con alguna flexibilidad y en días hábiles. Con más facilidad los tiempos se adecuan a las necesidades y posibilidades mutuas. Es común la ampliación de tiempos de trabajo para evitar futuros regresos por los mismos asuntos. Establece solo los acuerdos par los que esta facultado, y cuya operatoria esta claramente definida.

Horarios definidos y flexibles en días hábiles. También ocasionalmente días horarios. Los tiempos se adecuan mejor a las necesidades. Pueden postergar los objetivos puntuales de contacto, con el fin de resolver otros asuntos que surjan como prioritarios. Posibilidad de volver en otras ocasiones para continuar lo proyectado. Intenta no establecer compromisos y de hacerlo solo aquellos referidos a lo que pueda cumplir, a veces de manera personal.


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5.3 Lo interno y lo externo en las agencias públicas: visiones y prácticas encontradas Los funcionarios estatales locales municipales o de agencias nacionales se mueven en un campo de relaciones de competencia, posicionamiento y poder con varios puntos de condensación política. Uno de ellos es el gobierno local. Al respecto, es evidente el control establecido por los alcaldes sobre los funcionarios de su dependencia para que realicen bien su trabajo y respondan a las expectativas de los usuarios, pero quedando siempre clara la dependencia jerárquica del Alcalde, quien es el que tiene la posibilidad inmediata de restringir o imponer cursos de acción y aprobar los resultados. Los técnicos y profesionales suelen actuar con la cautela necesaria ante la vigilancia de la “autoridad máxima del servicio”, para que “ningún funcionario se le dispare y después le trate de competir, no olvidís que el alcalde es el jefe y el debe ser el político por excelencia; los demás, a trabajar...” (Fernando Pincheira Vega, PRODESAL, Galvarino). Estos hechos explican también por qué el técnico o agente municipal evita estructurar compromisos por su cuenta, ante el temor de parecer demasiado personalista y sufrir la sanción de su jefe (retiro de apoyo para la implementación de una iniciativa, hasta el relevo de su cargo o responsabilidad). De esta manera, es difícil que quien reemplace en un cargo resalte sustancialmente de los anteriores. Por lo común, realiza una continuidad que “rara vez se plantea en discordancia o critica directa al anterior”, salvo el que se hubiesen constatado fracasos, malos resultados, cambios de la política y énfasis locales de desarrollo o el eventual cambio de la autoridad electa, que comúnmente desecha los lineamientos anteriores. Pero, en lo sustancial las funciones seguirán siendo más o menos las mismas. Por similares razones es también evidente una marcada cautela en el trato de los agentes municipales con los usuarios y en especial para con la dirigencia indígena comunal. Unos y otros buscan tener una llegada directa y preferente con los alcaldes y concejales y no es extraño un trato fluido e informado de unos a otros. En estas circunstancias, los dirigentes y representantes mapuches suelen sentirse con la autoridad de fiscalizar a los funcionarios municipales, puesto que está más cercana la posibilidad de interpelarlo frente a su jefe directo. En una razón por la que los agentes municipales buscan en mayor medida los consensos y acuerdos y se muestran menos drásticos frente a discordias y conflictos con y entre la gente mapuche. Aceptan con mayor facilidad las propuestas y recomendaciones de los beneficiarios, incluso elementos técnicos de algunas obras (entre los casos conocidos, el refuerzo de caminos, la instalación de tuberías de desagüe –“cantarillas”-, y la construcción de garitas peatonales). Por contraste, los agentes estatales externos provenientes del gobierno u organismos nacionales resuelven mas tajantemente en casos complejos, amparados en sus atribuciones, normativas y condición de externos a los vericuetos de la vida política y social local. De esta manera, rara vez aceptan o consultan a los actores locales en las soluciones técnicas desarrolladas, y tampoco se pondera mucho el tipo de resultados anexos a la intervención, o la manera en que se pueden desarrollar o incidir en conflictos presentes o ulteriores: "cuando supimos que .... se había quedado con dinero del proyecto, fuimos primero a la Muni, para ver si nos ayudaban para que se devuelvan las platas, porque si íbamos al tiro a Temuco, de seguro que este gallo hasta iba preso...” (Mario Nahuel Aylla, Dirigente Comunidad Colpi Sur, Galvarino).


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Las diferencias de visión, estrategias y criterios de acción entre agencias y agentes externos e internos se aprecia bastante bien en un terreno en que ambos convergen y en donde se expresan considerables dificultades de relación recíproca. Nos referimos a los módulos PRODESAL de asistencia a pequeños productores silvo-agropecuarios, entre ellos los mapuches. Los mandantes son por un lado INDAP y por otro, en convenio, los gobiernos locales. El financimiento proviene del Ministerio de Agricultura por intermedio de INDAP y la mayoría de los municipios -los PRODESAL pueden también ser ejecutados por empresa consultoras-, quienes además realizan aportes propios. Los módulos persiguen objetivos de desarrollo productivo con indicadores claramente establecidos. Pero, en los hechos deben dar respuesta a una demanda local rural por mejorar condiciones socio-organizativas y de subsistencia familiar. Los receptores de la asistencia siempre se quejan de los escasos o nulos resultados de las experiencias con el PRODESAL si de comercialización y empresas rurales se refiere, pero reconocen el aporte técnico de los funcionarios que los visitan. Es normal, además, que estos se tomen su tiempo para requerimientos muy distintos, ajenos a lo agrícola o lo pecuario, ayudar a confeccionar proyectos, redacción de cartas y solicitudes, la encomienda de recados o favores, etc. Para los municipios la operación de estos programas tiene importancia pues contribuyen a mantener presencia en el sector rural y, en muchos casos, representan un recurso político interesante. Los alcaldes consultados concuerdan en que la dificultad de este programa-convenio está en las evaluaciones y exigencias por parte de la institución estatal que presiona fuertemente sobre el personal contratado para la ejecución de los módulos. Para el INDAP, en cambio, la dificultad no esta en las exigencias planteadas por ellos sino que en la “escasa seriedad de los técnicos y de algunos municipios en lo referido al cumplimiento de las metas y objetivos que claramente se definen y establecen en los acuerdos operativos de cada convenio”. El Programa de Desarrollo Agrícola Local (PRODESAL) esta expresamente orientado a la generación de resultados en ámbitos productivos que generen un impacto en los agricultores y que sustenten la inversión; para nada es en su definición un programa asistencialista. Las intenciones de los gobiernos locales son los de desarrollar planes que ayuden al cumplimiento de sus objetivos como gobierno local, necesariamente más amplios, adecuándose a las realidades en que les toca intervenir. Este programa esta diseñado para generar impulsos de desarrollo en lo local, pero obedece a lineamientos generales y presupuestos tecno productivos determinados centralmente que a INDAP le interesa alcanzar. Con un diseño de este tipo es poco frecuente la adecuación de la intervención una vez acordados los convenios de ejecución. Para los municipios en cambio conviene una acción más flexible, acomodaticia, sensitiva y política, lo que los hace más abiertos a la posibilidad de realizar ajustes y cambios. Las tensiones entre estos intereses contrapuestos son percibidas por los campesinos mapuches. A veces se genera una complicidad permisiva por parte de la dirigencia y los beneficiarios de los módulos en épocas de evaluación, cuando por temor a perder la asistencia y el favor de los funcionarios, no expresan indicaciones reales al evaluador contratado o mandatado por INDAP. A veces defienden los escasos resultados del programa concertándose para ello con los funcionarios PRODESAL y preparando respuestas favorables... “don... nos aviso que nos iban a evaluar y que después habría reunión para lo mismo. Nosotros estábamos enojados con él pero igual lo evaluamos bien... ahora esperamos que las cosas se mejoren”, (dirigente de una comunidad indígena de Galvarino, socio del grupo de productores del programa).


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Para los campesinos receptores de estos servicios resulta a fin de cuentas preferible mantenerlos. Están concientes de que en lo productivo se requiere mas ayuda siendo difícil lograr grandes avances sin recursos de inversión (pero a la vez mantienen un gran temor al endeudamiento). También reconocen que cuando van a la municipalidad casi siempre pueden encontrar a los técnicos y a veces les sirve para que los orienten y apoyen en otras gestiones dirigidas a la esfera de lo estatal. Para los municipios, más allá de las dificultades de evaluación y de una especie de doble dependencia: administrativamente de la Alcaldía y sus departamentos (Desarrollo Comunitario, PRODER, o Desarrollo Económico), y técnicamente del INDAP con sus oficinas, este programa es suficientemente importante -institucional y políticamente- como para sostenerlo. Se aspira a perfeccionarlo, permitiendo algunas flexibilidades que den mayor cuenta de las realidades particulares de cada comuna, pero su continuidad no está en discusión. Consideración aparte es el tema presupuestario que a pesar de ser un significativo aporte a la comuna para la operación, este debe suplementarse con recursos propios al presupuesto municipal, no solo en lo referido a recursos técnicos administrativos y humanos, sino que también en la transferencia y de insumos y hasta maquinaria, para muchas de las faenas requeridas. Este programa local es el ejemplo por excelencia de una especie de terreno donde los comuneros deben operar no solo en aspectos técnicos, sino también moverse en las esferas de las negociaciones y la defensa de esfuerzos muchas veces infructíferos. Deben evaluar como bueno algo que seriamente parece no serlo. Concientes de la doble dependencia ajustan interacciones con el gobierno local y con el INDAP, defendiendo una presencia de agentes estatales fin de cuentas aceptable, pero sin creer completamente los alcances de esta intervención productiva, sus idealistas metas o siquiera en una evolución de sigo positivo.

5.4 El prejuicio hacia los indígenas como elemento modelador en las conductas de la interacción

En la Araucanía es frecuente encontrar expresiones como las de “indio” (en el sentido de personas de inferior calidad social), “mapuche flojo” (aludiendo a una supuesta tendencia a la inactividad y pasividad de los mapuches), “todos son curaos” (alcohólicos), “están así porque quieren” (responsables del estado de postración económica y social en que se encuentran); "jodidos y enredosos" (de trato difícil y poco expedito), "cara de indio" (en sentido desvalorizante, aludiendo al color de la piel y tipo de rasgos faciales, con evidentes implicaciones racistas). Con poco que se incite expresiones espontáneas acerca de los mapuches por parte de personas de cualquier condición social en la región empiezan a surgir términos y apelaciones de este tipo. Ciertamente, la expresión de ellas es contextual y van a hacerse presentes con mayor o menor facilidad en la medida que los concurrentes a los ambientes sociales compartan, o así se crea, estas visiones negativas. Representaciones de este tipo se reproducen cotidianamente en mucha gente que no se vinculan directamente con los indígenas. Entre los que sí lo hacen pueden incluso aparecer con mayor virulencia, haciéndose presente en todo tipo de agente social y sectores de población. Son también verbalizaciones ampliamente difundidas en sectores populares. No escapan, asimismo, a la vida escolar, los recintos deportivos, los espacios festivos y de esparcimiento.


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Por sobre y más recientemente de este viejo cuerpo de prejuicios, se percibe una disputa por la imposición de visiones de realidad de amplio alcance, apreciable a través de los medios de comunicación nacionales y regionales, que contrapone nociones como la de “violencia indígena”, "violentismo"; "delincuencia mapuche", con los de “usurpación”, “represión”, “lucha por los derechos”, que en estos mismos medios comentan o exponen los indígenas implicados en acciones y movilizaciones sociales, sus representantes o su dirigencia. La contienda por las definiciones y las valores es sin embargo desigual: siempre en los encabezados de titulares y las bajadas de los mismos la denotación o connotación de “violencia” es la más usada. Consultando profesionales y personas ligadas a los medios obtuvimos algunos resultados interesantes. En uno de los medios escritos de mayor difusión regional se ha empezado a emplear el concepto de "conflicto" en mayor medida que el de “violencia”, pero sus imágenes de entrada siempre muestran vestigios de casas o vehículos quemados, o los enfrentamientos que tienen lugar en la zona. El mismo periodista entrevistado nos comento que ellos eran oriundos de la zona y conocían que los conflictos no eran tan graves, por lo que en un acuerdo editorial con Santiago se les permite obviar la palabra violencia en el discurso, supliéndolo con las mejores imágenes que lo expresen. En la misma línea: “un titular es el que tiene que vender y de esta manera tenemos que capturar los intereses” y visiones que se han construido sobre el movimiento mapuche. Y que ya forman parte del sentido común, de los supuestos no cuestionados con que se describe, define y valora lo mapuche en las nuevas circunstancias. Representación que participa de una más amplia paleta de definiciones negativas como las señaladas. Las representaciones acerca de los mapuches se hacen más complejas y variadas. A la tradicional vertiente del indio postrado en la carencia y la degradación se agrega más recientemente la del mapuche agresivo y violento. Se puede contextualizar lo anterior diciendo que la Araucanía es la región étnica del país en que de manera más fuerte y persistente las fronteras étnicas son una realidad. Los sujetos operan en estas regiones con autodefiniciones cotidiana o recurrentemente confirmadas de pertenencia cultural y étnica. Ello es así dado un sistema de relaciones mapuche – “chilenos” (y “colonos” en algunas zonas) de más de un siglo de formación y reproducción en el que los códigos de relación, las fronteras sociales y étnicas, el manejo de las distancias sociales, etc., colectiva e individualmente está bastante bien definido. O, por lo menos, lo está más que en cualquier otra parte del país. Y ello, cabe agregar, no por ausencia de relaciones, sino precisamente por un sistema de distribución espacial de los segmentos sociales y étnicos, así como por sus relaciones funcionales y de poder, que incide en tasas de interacción relativamente altas30. Pero con límites bien definidos en cuanto a las transitividades en uno u otro sentido. El conflicto es una de las relaciones que mayores consecuencias tiene sobre las identificaciones y sentidos de pertenencia al obligar a los sujetos colectivos a definir, revisar, confirmar, etc., juicios, visiones e inscripciones sociales de sujeto. Existiría en esta región, por lo tanto, un sistema de clasificaciones sociales antiguo y sólido que interviene en las definiciones, valoraciones y disposiciones a actuar hacia y desde mapuches y "chilenos". Y esas clasificaciones deben entenderse en el seno de una estructura

30 Compárese, por ejemplo, con la distribución espacial de mucha de la población rural aymara o atacameña, especialmente hasta hace unas tres o cuatro décadas atrás, en que las interacción más continua con los k’ara (“blanco” en aymara), se limitaba a profesores primarios, a veces policías, más escasamente algún funcionario del Estado y más raramente otros visitantes; los viajes a centros urbanos eran esporádicos y las migraciones laborales, que existían, tampoco eran generalizadas.


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de relaciones sociales y culturales que favorece la reproducción de límites y fronteras sociales y subjetivas Dicho lo anterior, ¿qué podemos decir de los funcionarios públicos? Todos o la gran mayoría se cuida de emitir opiniones y juicios que pudieran ser interpretados por mapuches como descalificadores y prejuiciosos, por cierto para no perjudicar su propio trabajo y para no exponerse a reacciones personales o institucionales que los perjudiquen. Un número seguramente numerosos mantiene perspectivas y sentimientos más bien neutros hacia los indígenas y no faltan hoy los que hacen notar prejuicios positivos. Dependiendo del contexto, en la institución estatal de manara informal, en el ámbito privado, en las relaciones entre colegas y funcionarios tenemos indicios de vigencia en las formas de tipificar y evaluar a los mapuches que señaláramos más arriba. Durante el trabajo de campo realizado no se manifestaron expresamente conceptos, prejuicios o estereotipos negativos y descalificadores, enunciados por algún medio oral, escrito o grafico de parte de los agentes estatales con los que nos relacionamos. Tampoco se pudo establecer claramente y de manera puntual versiones de estos hechos por parte de nuestros entrevistados mapuche, o los informantes con quienes nos relacionamos. En las condiciones de mayor restricción a este tipo de manifestaciones (en las agencias públicas y por parte de los propios mapuches) estereotipos y prejuicios se manifiestan de manera abierta en contextos más específicos o bien, de manera más oblicua o sutil, inadvertidas muchas veces por sus emisores. Con poco que se converse con agentes públicos se presentan frases como: “hoy hay harta ayuda para los mapuche, y la mayoría de estos proyectos no resulta..." deslizando junto con ello una responsabilidad no en el diseño metodológico o técnico, que por lo general consideran suficiente para los objetivos y metas buscadas, sino en los receptores de esa ayuda. La propia noción de "ayuda" puede arrastrar implicaciones negativas y prejuiciosas, según como se la emplee o contextualice. Por lo común se la posiciona en una lógica de la carencia (pobreza) a la que responde una acción de asistencia, usualmente con ausencia de cualquier implicación de derecho; la asistencia aparece más bien como gracia o dádiva y no como reparación, igualación, justicia o derecho, lo que posiciona de un modo muy distinto a los sujetos de la acción estatal. Más explícita es una expresión como: “aquí siempre se han intentado hacer cosas pero estas no resultan porque ellos mismos no se ponen de acuerdo”, la que con más claridad descarga las responsabilidades sobre la atomización y conflicto interno mapuche. Ambas cuestiones existen, pero de ahí a darle esa envergadura y efectos ya es otro asunto. Abundan crecientemente las frases que destacan y critican la acción afirmativa estatal, por ejemplo en materia de educación: "los mapuche tienen más posibilidades de estudiar y hay un montón de becas”, y nuevamente, deslizando la idea de que a pesar de ello no se utiliza bien tales privilegios. Lo que pudiéramos denominar como implicaciones de declaraciones y comentarios de margen son los indicios que nos muestran la vigencia de juicios y prejuicios negativos antiguos y nuevos, por lo común imbricados. Allí están, como un subtexto o infradiscurso de los esfuerzos de superación de la pobreza, de las iniciativas de resolver problemas de ruralidad, con agentes estatales cuyo rostro (a veces sin mayor conocimiento ni interés por la realidad cultural) intenta mostrar atención especial y una vocación al indígena como usuario o “cliente” diferenciado. Los programas estatales en gran parte son transferidos para la ejecución a intermediadores del ámbito privado, como consultoras, empresas, unas pocas Ongs supervivientes, o universidades que


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raramente critican las intervenciones Los miembros de estas entidades también adoptan el discurso estatal operando básicamente en la frecuencia de criterios del gobierno o la institución mandante, con muy escasa posibilidad o voluntad de definir énfasis diferentes. No nos fue posible constatar con ellos expresiones prejuiciadas abiertas y directas, siendo muchos de estos agentes de origen y adscripción mapuche; pero cuando se les consultó específicamente sobre los estereotipos y prejuicios todos nos reconocieron la existencia de los mismos en los agentes del/en el Estado, tanto en la relación hacia los indígenas por parte de los que no lo eran, como también por aquellos de origen mapuche. Nuevamente, surgen por implicación: varias veces al intentar responder o justificar alguna eventualidad desagradable o contraria a las intenciones de la intervención realizada con un programa o proyecto (un fracaso), se lo adjudicaban a que la mayoría de aquellos con quienes trataban eran irresponsables, flojos o hasta “curados”. No obstante lo anterior, también están presentes representaciones y discursos hacia lo indígena con un claro signo positivo. Lo expresan universitarios, intelectuales, profesionales, estudiantes o miembros de algunas corrientes políticas progresistas. Son pocos; la mayoría mantiene indiferencia que en coyunturas dadas puede transformarse en la injuria, la denostación o el prejuicio, siguiendo la corriente de opinión más extendida y “encarnada” en la sociedad “chilena” regional y manifestando lo que muchos en la zona portan en su interior de negación de lo indígena, sin propiamente percibirlo como tal. Se refiere a la injusticia social, a la deuda histórica del país con sus pueblos indígenas, al valor de la diferencia cultural y su promoción, a la validez de un diseño político regional que considere las autonomías, etc. Los halos de romanticismo (mapuche y naturaleza; mapuche y lucha ancestral) no están ausentes. Ello está relacionado y es correlativo con un cambio en la propia percepción mapuche acerca de si mismos como grupo social. En efecto, señalemos brevemente que la consideración como grupo pobre, discriminado y diferente (“raza”), ha dado paso progresivamente a una representación como pueblo originario y, para algunos, como nación originaria. Las fuentes culturales y políticas globales de esta apertura todavía en franco proceso –y sin dirección preestablecida- son relativamente comunes a mapuches y al segmento de no indígenas que en la región mantiene una visión positiva y a veces solidaria con ellos. El extendido recambio de personal en las agencias estatales y su apertura a Ongs y consultoras desde inicios de la década de 1990 en adelante ha permitido que un segmento de personal más sensibilizado con los mapuches y sus demandas esté presente en o relacionado con el Estado. Ello ha contribuido a instalar, mal que bien, el tema indígena en las agencias públicas en términos algo más remozados. La propia Ley Indígena, su institucionalidad y sus derivaciones en las distintas agencias públicas contribuye a la incorporación de profesionales, técnicos y funcionales más abiertos a los nuevos términos en que se empieza a tratar la cuestión indígenas regional. Años más adelante, la creación de nuevas líneas de trabajo estatal con mapuches encuentra ya un cierto número de personas con adiestramiento y experiencia de trabajo con temas indígenas vistos ahora con nuevos conceptos. Tal remozamiento nos permite sostener que, al igual que con los pueblos andinos del norte del país, en los grupos indígenas (o una parte de ellos), en un segmento de los agentes públicos y de manera más difusa en la población regional está teniendo lugar una complejización de paradigmas semánticos con los que se piensa y se actúa con los indígenas. Se percibe la incorporación (más que el reemplazo) de un paradigma del “indio” (postrado, pobre, explotado; en otras versiones más conservadoras y regionalmente extendidas “flojo”, “borracho”, “resentido”) que empieza a ser discutido por otro al que podemos calificar de la multiculturalidad. Por lo demás, el paradigma semántico de la multiculturalidad ha reemplazado, al menos en las ideas


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etno-políticas de los intelectuales mapuches, a aquellas del indigenismo integracionista que fue característico entre sus predecesores hasta la década de 1970. Constituye un conjunto de ideas referidas a la relación política por construir entre los pueblos concurrentes en la formación de los estados latinoamericanos y el chileno en particular. En suma, podemos percibir una mayor heterogeneidad de los agentes estatales y, en paralelo, una mayor complejidad en las representaciones y visiones acerca de lo indígena. 5.5 Los funcionarios públicos mapuches y la visión interna Los mapuches funcionarios del Estado son una realidad visible en la IX Región de la Araucanía. Esta mayor presencia y visibilidad tiene varias fuentes de origen. La figura del "funcionario mapuche" no es atribuible sólo al surgimiento de instituciones y programas que tratan con los pueblos indígenas y sus problemas en el marco de la redemocratización del país. Allí pueden representar una notoria mayoría, pero lo que cabe entender desde una doble consideración. Por una parte, es el resultado de una acción afirmativa que se lleva a efecto hacia la población mapuche, como también hacia el personal del Estado que realiza esa acción afirmativa o discriminación positiva. La selección de funcionarios indígenas para atender asuntos indígenas forma parte entonces de un conjunto de criterios –a los que podría denominarse como “política”- de reconocimiento de la diferencia, la étnica en este caso. Una parte de los intelectuales y líderes mapuches de la región ha racionalizado su presencia en el Estado como una manera de viabilizar cambios desde dentro. Muchos otros han llegado simplemente porque se abrían posibilidades de trabajo y existían preferencias para mapuches. Pero, también se debe prestar atención a un amplio proceso de recambio generacional que se ha venido dando en las agencias públicas. Recambio natural (por reemplazos de gente que se va) y apertura de programas y cupos nuevos que pueden ser llenados por personas mapuches o con ese origen. En paralelo, se advierte un aumento de los niveles de formación y profesionalización mapuche, lo que genera un cuerpo de técnicos y profesionales disponible para engrosar las filas de las agencias públicas. Así como no hay una sola visión acerca de los funcionarios mapuches por parte de los usuarios - beneficiarios o aliados - clientes de sus servicios, de la misma manera una considerable variación se presenta en las disposiciones y formas de acción de los agentes estatales mapuches. En cuanto a lo primero –las disposiciones-, cabe destacar sensibilidades distintas según si se trata de mapuches locales u originarios de otras zonas y también si tienen una formación y capacidades de nivel técnico o si se trata de profesionales de más alto nivel de calificación (universitaria, por ejemplo). Esto que puede ser válido en lo general para la Araucanía, encuentra también excepciones. Por ejemplo, el visible celo pehuenche respecto de funcionarios mapuches provenientes de la IX Región, pero en una circunstancia de ausencia de profesionales y técnicos pehuenches con niveles de formación adecuados. Tres variantes podrían destacarse en la visión mapuche de los funcionarios públicos indígenas (en este caso, la gran mayoría de los mapuches): el "yanacona", el “indiferente” y los “solidarios”. La


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expresión "yanacona" designa a los sujetos "entregados", "dóciles", "cómplices" con el enemigo (los "winkas", la “sociedad occidental”, los “chilenos”, el Estado nación chileno), visto esto desde los que adhieren a posiciones ideológicas étnicas radicales o, de manera más contextual y por quienes conocen la expresión, al que actúa o se dice que actúa en contra de los intereses de un grupo mapuche en particular, a pesar de su condición de mapuche. Es una noción que emerge y tiene sentido en el marco de una toma de posición ideológica dicotómica y polarizada, aunque su uso se amplía paulatinamente a una gama más amplia de situaciones de relación entre mapuches y agentes públicos mapuches. La segunda es la de la indiferencia. Constituiría la perspectiva o visión más generalizada. En este caso, no se destaca una preferencia notoria o especial por técnicos, capacitadores o profesionales mapuches para el trabajo que las agencias desarrollan con hogares y comunidades indígenas de la región. Una excepción la constituye, sin duda, la enseñanza cultural, donde monitores y facilitadores mapuches son indispensables. Distinto es que los capacitadores y técnicos mapuches apelen con frecuencia a sus supuestas mejores capacidades de comprensión de los asuntos mapuches y de comunicación con ellos. Dada la generalizada realidad de monolingüismo castellano y la muchas veces escasa experiencia de vida campesina y comunitaria indígena, esas eventuales capacidades sociales y de traductibilidad cultural representan más un criterio de autoridad de los agentes mapuches respecto de los que no lo son, que un instrumento de acción efectivo. Distinto es también el que de manera instrumental los propios mapuches busquen ganar alguna ventaja cuando advierten el origen étnico del agente estatal. La gente mapuche discrimina con bastante precisión quien tiene o no voluntad, compromiso y adiestramiento efectivos para el trabajo con ellos, así como los que mejor comunicación y empatía logran, cuestión que no está per se definida por líneas étnicas; las que, por otra parte, también perciben con claridad. Los mapuches no esperan que los funcionarios públicos sean comprometidos y solidarios con ellos, aunque aprecian con claridad las ventajas de una relación planteada desde una toma de posición de ese tipo. Un exceso de adhesión puede incluso representar un problema, por los riesgos asociados al voluntarismo de personas que posiblemente no midan bien las posibilidades y alcances de lo que están buscando impulsar con una comunidad o grupo mapuche. Se espera que los funcionarios mapuches tengan una postura de solidaridad con ellos, mayor que la de un agente no mapuche. Pero, están conscientes que ello no siempre es así y que tampoco van a obtener en todos los casos una respuesta favorable a sus requerimiento de solidaridad. Como sea, es un recurso a la mano que se emplea en búsqueda de mejores resultados en el trabajo con una agencia pública. Ello encuentra por lo general eco, dado el aumento de agentes públicos mapuches y, en estos, la ampliación de una comprensión étnica de la relación entre agencias estatales y los mapuches. Lo anterior puede entenderse mejor a condición de recordar la extendida tendencia en la sociedad mapuche a la personalización de las relaciones sociales en general. Las divisiones étnicas y las identificaciones o especificaciones de diferencia son una realidad en la vida social mapuche. Pero, ello no anula la fuerza social de las relaciones personalizadas basadas en el conocimiento y la confianza mutua, cuestión que no se organiza necesariamente según líneas étnicas. Llevado lo anterior a las relaciones con agentes estatales, se puede verificar que muchas veces la calidad buena o mala de ellas depende de una historia de relaciones previas de conocimiento y construcción de confianzas, o distancias sociales, que no se rige por los orígenes o la manifestación de posiciones respecto de lo étnico. Habría que decir, entonces, que una batería de razonamientos y


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criterios están implicados en la construcción de relaciones entre agentes estatales y sujetos mapuches: algunos históricos, otros muy contextuales, a veces institucionales, en otros muy personalizados. Resulta entonces difícil suscribir en abstracto alguna fórmula rectora de tales relaciones; ellas están afectas a un grado de contingencia que debe tomarse en consideración. Respecto de lo segundo –las formas de acción-, la variación de las tomas de posición y formas de acción es de considerable amplitud. Los siguientes tipos cubren la dispersión encontrada y que pasamos a describir: a) El agente étnico en la agencia estatal. Surgidos de la confluencia entre una política de etnificación y una activa etnogénesis mapuche, los agentes étnicos insertos en las agencias estatales conciben y actúan desde el Estado en función de la expansión de un más o menos explícito proyecto de sociedad multicultural Es decir, y hasta ahora, la demanda y búsqueda de niveles de autonomía política, territorialidades de algún tipo, reconstitución cultural, expansión de la costumbre y afirmación de modos de control y coordinación social propios. Están presentes en dos tipos de agencias: las municipales (algunas comunas con alcaldes mapuches) y aquellas especializadas en lo étnico indígena (CONADI, Orígenes y programas especiales de agencias centrales). Es allí donde existen posibilidades de establecerse y prosperar en una posición de militancia activa. En otras, resulta virtualmente imposible una postura de "rectificación" de la acción estatal en la dirección de una transformación de la sociedad. b) El agente mapuche en la agencia estatal, con diversas variantes y matices. En este caso el agente estatal es mapuche, pero actúa con arreglo a criterios y metodologías de la agencia mandante (diseño, ejecución y evaluación prolija de una acción estructurada en términos de proyecto, por ejemplo; o prestaciones de asesoría técnica; o transferencia programada de un subsidio) y no a una subversión del Estado. Podrá tener mayor o menor conciencia de sus orígenes indígenas y activar una pertenencia mapuche, pero se conduce con arreglo a los procedimientos establecidos en la institución. Podrá estar en mayor o menor medida en desacuerdo con los programas y las modalidades de acción de su institución hacia los mapuches. Podría incluso tomar la iniciativa buscando generar cambios en las formas de acción y en aspectos negativos recurrentes de la interacción de los miembros de su servicio con los receptores indígenas. Pero, todo lo anterior se realiza dentro de los márgenes institucionales, sin una postura de ruptura y transformación institucional desde parámetros étnicos. En el pasado los funcionarios mapuches a lo más podían expresar de manera folclorizante sus orígenes culturales, cuando no simplemente mantener un silencio prudente de aquello. Hoy las cosas han cambiado un tanto y, según el caso, el hecho de ser mapuche es objeto de consideración y reconocimiento para el trabajo con mapuches. Con todo, la gama de opciones como agente público mapuche son amplias y representan un continuo en cuyo polo se sitúa la completa indiferencia o desinterés hacia lo mapuche y, en el otro, una activa solidaridad desde las posibilidades abiertas por los cauces de acción institucional. Mientras el agente étnico en el Estado suscribe un discurso étnico integrista desde los espacios institucionales abiertos por la política indígena, con sus conflictos, dilemas y contradicciones, los agentes estatales mapuches en cambio se identifican con los discursos dominantes en el Estado acerca de los sujetos étnicos y sociales del país. Dos ideas fuerza recorren estos discursos. Son las antítesis del "desarrollo con identidad" y en esa medida la justifican: la pobreza material y la pérdida cultural que caracterizarían la historia y la realidad indígena nacional. El segundo tipo de agente


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mapuche participa, asimismo, de las metodologías, modos de definición y puesta en ejercicio de la acción estatal hacia los mapuches. Con sus ambigüedades, y muchos de sus problemas. Compartimos la idea que con más fuerza esa identificación se confirma y consolida en las instituciones que hospedan a estos funcionarios, dadas las culturas y los supuestos que rigen sus mandatos institucionales, pero que también arranca de la formación tecnocrática de los profesionales indígenas y no indígenas que integran las filas de los organismos públicos regionales. Asimismo, hay que decir, que esta mayor presencia mapuche en el Estado coexiste con algunos cambios en las sensibilidades sociales hacia los indígenas, cuestión que sólo muy tangencialmente es atribuible a esa mayor presencia indígena en las instituciones estatales. En efecto, algunas personas consultadas señalan que en el segmento de profesionales, más que en el del personal de servicio y auxiliar, aprecian un incremento de sensibilidad respecto de la diferencia cultural y de interés por conocer y respetar esa diferencia. No obstante, ello no es generalizable ni mucho menos. Persisten juicios y prejuicios arraigados y otros nuevos; muchos, quizá la mayoría, hace manifiesta una posición de indiferencia ¿En qué puede consistir, cuando existe, tal conocimiento y respeto? Asumimos que no mucho más que un interés de entendimiento de la historia y la cultura mapuche y la manifestación, cuando ello es procedente, de señales de deferencia y aprecio. Son escasos y normalmente mirados como curiosidad aquellos no indígenas en el Estado que hacen explícita una fuerte identificación con el ideario y la ideología étnica mapuche; más común es que en razón de ideas políticas se comparta y valoren demandas y reivindicaciones indígenas (las tierras usurpadas con posterioridad a la radicación, por ejemplo), pero usualmente con límites definidos en cuanto a sus implicaciones políticas últimas. Los dilemas de uno y otro tipo de agente son visibles. El activista étnico en el Estado vive y padece el dilema irresoluble de a la vez integrar un organismo público y de recibir de éste sus medios de sustentación material, en circunstancias que rechaza la acción institucional de la que es agente, que puede criticar pero respecto de la cual tiene pocas o nulas posibilidades de modificar. Está condenado, en principio, a padecer la contradicción entre sus convicciones y su lugar en el Estado. Ello lo expone a la crítica, el aislamiento y la exoneración en la institución huésped. Por su parte, aquel que se encuentra en las antípodas del anterior tiene otro tipo de problemas. Considera estar ejerciendo una legítima forma de acción desde la institución que integra como funcionario, pero está expuesto a demandas de compromiso étnico con las cuales puede entrar en conflicto. De una parte, se expone al infamante apodo de "yanacona" por parte de quienes suscriben un punto de vista étnico radical por el hecho de participar del Estado y ejecutar sus acciones, así como también por cautelar un modo de acción institucional ajeno a otras consideraciones y requerimientos que provienen que provienen, dada su condición indígena, desde los propios mapuches con los que está trabajando. Desde su posición, gana en coherencia personal con la institución que integra, pero está siempre expuesto al reclamo de solidaridad y compromiso con su pueblo. Habrá una gama de situaciones intermedias, como la de aquel que a la vez se compromete con su gente y que busca modificar la acción institucional para adecuarla mejor a necesidades y demandas mapuches; caso que lo expone y puede llevarlo, a la vez, a la ineficacia interna y a la crítica, externa, de sus congéneres.


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5.6 Continuidad, rotación y personificación La rotación de técnicos, profesionales y personal de las agencias públicas que tratan con los mapuches es una constante y en ciertos momentos muy intensa. Para las plantas municipales inciden los cambios en el gobierno local. Para las agencias centrales los términos de proyectos y programas, los inicios de otros, los cambios de política institucional y, desde luego, los cambios de gobierno. La observación y la experiencia de los entrevistados les llevan a evaluar negativamente la rotación de funcionarios de las agencias centrales y de las dotaciones municipales; en especial de aquellos que en uno y otro caso trabajan más directamente con las comunidades y hogares mapuches. Junto con advertir alteraciones en los trabajos por ellos desempeñados, la continuidad de la asistencia, de las capacitaciones, de los tratamientos de casos, etc., también introducen una dimensión psico-social. Uno de los problemas de la rotación consistiría en que "se pierde la confianza ganada". Este factor de personalización de las relaciones es ampliamente conocido por los funcionarios con experiencia en la zona. Deben contar con que los sujetos indígenas realizan ponderaciones de unos y otros agentes incorporándolo en la relación y sus valencias tanto como las funciones que cumple. En situaciones de rotación, el agente de continuidad es cotejado por relación con quienes le antecedieron. Quienes están advertidos de estos aspectos de las relaciones con los mapuches evitan cuestionar a sus antecesores, aunque tenga críticas fundadas acerca de su desenvolvimiento. Con ocasión de la evaluación de un plan o programa de gobierno se hace usual, entonces “preguntar por el trabajo realizado por tal técnico, en ves que por el nombre del programa desarrollado [muchas veces no se conoce el nombre formal de los programas], con el inconveniente que esto pudiera acarrear, al ser mala la experiencia de interrelación personal con el extensionista. Y que la respuesta no de cuenta de la apreciación real o los resultados del proyecto.” (Thomas Münzel, Coordinador Provincial Cautín Proyecto Bosque Nativo CONAF). Por el contrario, entonces, una buena apreciación del técnico pudiera ocultar una mala gestión del programa. En general, las funciones que desempeñan técnicos y profesionales parecen requerir de relaciones personalizadas para tener mejores consecuencias. La rotación de funcionarios como característica de la presencia estatal y de los nexos de sus agentes con los mapuches se encuentra en tensión con la personificación de los agentes estatales. En efecto, las relaciones basadas en el conocimiento personal y la confianza parecen gravitar con fuerza en las relaciones sujetos mapuches - agentes estatales. Es frecuente entonces encontrar criterios de evaluación de la gestión de dichos agentes en los términos de un código de relaciones interpersonales profusamente entremezcladas con otros referidos al desempeño profesional y las consecuencias prácticas o de conocimiento de su acción. En el caso de los agentes municipales el mayor conocimiento y dominio mapuche de las funciones profesionales y técnicas que realizan, por la proximidad y la continuidad en el tiempo de algunas de ellas, ayuda a que se tenga una percepción más afinada de los alcances y las restricciones operativas, presupuestarias y de acción de tales cargos. Las relaciones personales siguen contando, pero con una mejor perspectiva de qué efectivamente esperar o no de estos funcionarios. Este mejor ajuste de expectativas nos pone sobre la cuestión de la credibilidad acerca de la acción estatal, su éxito, su continuidad, la efectiva y material llegada de beneficios a los hogares y las personas. El peso de las relaciones personales, además de ser una condición facilitadora de la formación de


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vínculos clientelares, también da señales de la relativamente baja confianza, genéricamente hablando, en el Estado y las instituciones que llegan con sus discursos de desarrollo, cambio, crecimiento, salida de la pobreza, etc. 5.7 La interacción mapuche diferenciada y selectiva con agentes públicos La relación que se establece entre los actores sociales indígenas y estatales está estructurada por distintos factores, como el tipo de agencia, la posición (local, central, regional de los agentes estatales), la cercanía social entre los agentes y los conocimientos mutuos entre ellos. Por tanto, y desde el punto de vista de los sujetos mapuches, el tipo de pertenencia al Estado o la relación contractual o de dependencia que presenta el funcionario es un importante factor de evaluación y valoración sobre la oportunidad y utilidad de realizar o participar de interrelaciones con agentes estatales. Una lectura favorable por parte de los sujetos indígenas asegura para el Estado el tipo de acuerdos o logros a obtener en los programas de intervención diseñados, y para los indígenas las posibilidades reales de manejar soluciones. En esta medida el mapuche tenderá a actuar según el interlocutor estatal con el que se enfrente, dándole mayor importancia a quienes mas posibilidad de influir tienen sobre decisiones de interés, como los de asignación de recursos: autoridades políticas, jefes de servicios o de secciones, en primer lugar; funcionarios administrativos y técnicos, más secundariamente. Para ser más precisos, entre los dirigentes y representantes mapuches en particular se tiene una percepción bastante aguzada acerca de quiénes, en qué medida y respecto de qué asuntos dirigirse a las agencias estatales. Y lo ejercen activamente. Se aprecia entonces un aumento de la proactividad mapuche hacia el Estado y su creciente dominio acerca de las posibilidades (conocimiento, selectividad, recursos argumentales, manejo de estrategias de abordamiento y presión). Ello puede leerse como un incremento de la racionalización instrumental de la relación con las agencias estatales, que está morigerando y limitando posturas más pasivas y notoriamente clientelistas que fueron comunes en el pasado. Insistimos en que estos fenómenos de cambio parecen presentarse más bien entre representantes, dirigentes y líderes. Por lo demás, lo señalado no sería posible sin el ambiente de mayor respeto de derechos civiles, políticos y sociales que acompaña la redemocratización del país. Y tampoco sin la experiencia y la memoria de la relación mapuche con el Estado de las últimas décadas. Los indígenas son entonces sensitivos y ponderan las distinciones entre tipos de agencias y tipos de agentes estatales para abordarlos o reaccionar y actuar frente a ellos. Buscan que la relación sea más fluida y las reuniones o encuentros suelen contar con mayor participación cuando se trata de autoridades y directivos. Pueden tener conductas mucho más distantes con otros. Un buen ejemplo de esto último se encuentra entre los funcionarios municipales. Los mapuches saben y conocen de algunos funcionarios municipales, en especial de aquellos que han permanecido largo tiempo en sus cargos. Sobre algunos de ellos no tienen una buena percepción, pero no realizan mayor cuestión o interpelación de estos pues también conocen que dado sus rango jerárquico no es mucho lo que deciden (funcionarios administrativos de oficina). Se evita así acudir a los espacios de encuentro con este “sujeto no grato”, porque también sabe que aparte del desagrado del encuentro no es mucho lo que se puede conseguir con una queja personal. Muchos de estos agentes estatales permanecen y


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permanecerán en el mismo lugar, independiente de los sujetos que tomen posición de los cargos directivos (lo que puede ocurrir con bastante frecuencia), situación muy visible durante los recambios derivados de los resultados de las elecciones municipales que afectan a los niveles directivos y aquellos que no tienen contrato de planta. Son un lastre en los gobiernos locales con los que los que los mapuches no pueden por lo general contar y así lo saben. La relación que se establece entre técnicos y promotores a honorarios y los usuarios mapuches es habitualmente de mayor cercanía, colaboración e incluso “complicidad”, en particular respecto de rendiciones y cumplimiento de acuerdos de trabajo o metas. De todos modos, la distinción entre los contratados a honorarios o de consultoras que prestan servicios para el Estado y los agentes estatales propiamente tales no esta claramente delimitada, porque muchas veces ambos tipos de agentes se vinculan directa o indirectamente con estructuras de gobierno que deciden o invierten recursos en lo local indígena. Cabe recordar asimismo la circularidad que tendría el reclutamiento de personal estatal y para estatal en la última década y media, lo que llevaría a cambios de posición según agencias y tipos de relación contractual de agentes por otra parte fluidamente relacionados por razones profesionales, institucionales y políticas. Y esto es algo que no escapa a la percepción mapuche. En general y con las salvedades expuestas, los sujetos mapuches conocen los alcances reales de la acción de estos individuos y de las responsabilidades que tienen sobre los temas o situaciones problema que los afectan, por lo que tienden a ajustar sus expectativas respecto de ellos en esa misma medida. Así las cosas, con el personal de terreno a cargo de labores de promoción y capacitación valorarán factores personales de cercanía y experiencias anteriores o compartidas, mas que su relativamente escaso poder de decisión. Con este ejemplo se puede, de paso, hacer un mentís a la impresión de una relación puramente pragmática y utilitaria implicada en la relación entre mapuches y agentes estatales.


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IV. INFORME FINAL X REGIÓN DE LOS LAGOS

Informe regional redactado por Joaquín Bascopé


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NOTA PRELIMINAR El presente informe es el resultado de un trabajo realizado en la X Región entre los meses de mayo y septiembre de 2005 que incluyó a más de 80 entrevistados y numerosas observaciones en terreno. Como informe regional, presenta matices respecto de los otros análisis regionales y el más general realizado por el director de la investigación sobre los patrones de interacción entre agentes estatales y agentes mapuches. Se destacan aquí las circunstancias y particularidades locales de dicha relación. Debo agradecer el especial apoyo brindado por Ephraim Alarcón y Bernardo Toledo con quienes sostuve intensas conversaciones que iluminaron muchos de los aspectos que a continuación se tratan. Agradezco también a la familia Mosálvez de Panguipulli y a la familia Winkler de Frutillar por su hospitalidad durante mi estadía en terreno. Por último, llenarían varias hojas los nombres de quienes generosamente interrumpieron sus actividades para colaborar con la investigación. A todos ellos, espero, este trabajo les sea de utilidad.


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1. PRESENTACIÓN La historia de las interacciones, de encuentros y desencuentros, entre el Estado y los mapuche-huilliches de la actual Región de Los Lagos tiene matices respecto a lo que ocurrió en el resto de la antigua Araucanía (desde el Toltén al Bío-Bío), aunque, al igual que en esas zonas, por más de 400 años el motivo que las ordenó fue la tierra: de un lado su apropiación, de otro su pérdida. En Los Lagos, pese a los dos siglos de vida libre tras la destrucción de Valdivia en 1598 (refundada 60 años después), el denominado Futahuillimapu fue incorporado a la estructura de dominación colonial desde mediados del siglo XVIII. Esta situación de colonización adelantada, de reconocimiento de la soberanía del rey en sus tierras, se dio para los huilliches a cambio del mantenimiento de relaciones pacíficas y del reconocimiento de porciones importantes de tierra donde la jurisdicción de los caciques seguía prevaleciendo. Un hito marca hasta nuestros días la memoria indígena local: el famoso Tratado de las Canoas firmado a orillas del río Rahue en 1793 por intermediación del gobernador O’Higgins. Previo a este evento poco se sabía de la vida al sur de Valdivia. Eugenio Alcamán ha generado uno de los pocos trabajos existentes sobre la época31. En él destaca la existencia de “agrupaciones zonales”, familias extendidas y aliados, que poseían una estructura social descentrada y poder político segmentado (cada agrupación tenía su propia “cabeza” o lonko, así como una variedad de jefes menores). Esto en un clima de beligerancia entre las agrupaciones lo que facilitó la instalación de “terceros mediadores”: misioneros franciscanos y funcionarios coloniales. De hecho, el Tratado es, por una parte, el resultado de las demandas de los lonkos por el apoyo de las armas españolas para el control de las guerras intestinas. Por otra, responde al temor de las autoridades coloniales ante el surgimiento de movimientos independentistas criollos en otros rincones de América, lo que volvía urgente la tarea de consolidar la paz con los indígenas en el sur para asegurar una eventual “estrategia conjunta”. En tercer lugar, concretaba la anhelada apertura de una ruta que uniera Valdivia y Chiloé, cuando era cada vez más frecuente la amenaza de piratas holandeses e ingleses. Por estas razones, el Tratado de las Canoas se recuerda todavía como un “acuerdo” y un reconocimiento mutuo entre los grandes caciques del Futahuillimapu y la Corona toda vez que se reconocía en la tierra la “propiedad” del indígena mientras que se cedía el “uso” al rey, en tanto soberano de esos territorios. A mediados del siglo XVIII comienza desde Valdivia la lenta ocupación colonial desde el río Bueno al sur, con la excepción de las zonas cordilleranas y lo que hoy es San Juan de la Costa, zona especialmente “blindada” de la ocupación española (salvo por el trabajo misional) que tuvo su centro en Osorno. Allí, en la costa, se entregarían los títulos de comisario durante el primer tercio de República que deslindaban y reconocían la pequeña propiedad huilliche. En adelante, el fenómeno que marca la tónica en la historia de estas poblaciones es su creciente arrinconamiento y la interminable serie de abusos y expropiaciones sufridas intermitentemente hasta bien entrado el siglo XX. Esto no sólo implicó el cambio radical de su modo de producción (de una economía agro-ganadera extensiva a una economía campesina intensiva) y de la estructura política, sino abiertamente una drástica disminución demográfica (migraciones a zonas de refugio en la

31 Alcamán, Eugenio “Los mapuche huilliche del Futahuillimapu Septentrional: expansión colonial, guerras internas y alianzas políticas (1750-1792)”, disponible en: www.mapuche.cl/documentos/mapuches/eugalka.htm. Véase también, Vergara, Jorge Iván “La herencia colonial del Leviatán. El Estado y los mapuche-huilliches (1750-1881)”, Tesis de Doctorado en Sociología, Universidad Libre de Berlín, publicado por CIHDE – ISLUGA (Universidad Arturo Prat), 2005.


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Araucanía y las pampas, así como el exterminio directo o indirecto). Entre 1883 y 1929 se dictan y ejecutan las leyes de radicación que pretendían delimitar la propiedad indígena para efectuar el proceso de colonización de las “tierras baldías”, proceso que se hizo incontrolable ante la colonización espontánea de nacionales y extranjeros y que hubo, entonces, de acomodarse al caos desatado (incluida la guerra a muerte con la alianza hispano-mapuche) en la Araucanía tras el triunfo definitivo de la República. En toda la actual Décima Región se habrían entregado alrededor de 530 títulos de merced (Bengoa habla de 554, mientras Aylwin y Correa de 517) concentrados principalmente en la comuna de Panguipulli (199) seguida por Río Bueno (49) y San Juan de la Costa (32)32. En la provincia de Llanquihue, principal foco de colonización alemana, simplemente no se entregaron títulos y la población quedó a la deriva de la expansión latifundista germana. Y tanto antes como después de la radicación, siguió teniendo lugar la incursión de particulares acechando las pocas tierras reconocidas. En Panguipulli, los misioneros franciscanos fueron testigos de estos despojos y violencias. El padre Sigisfredo Schneider dejó constancia a principios del siglo XX de los abusos en su “Crónica de la misión de San Sebastián de Panguipulli” y, por su intermediación, en el registro del famoso parlamento de Coz Coz en 1907. En San Juan de la Costa, verdadera reducción indígena durante todos esos años, no fueron reconocidos los títulos de comisario entregados por la Corona por lo que, tras el fin de la radicación en 1930, quedaron en una situación de ocupación de hecho y no de derecho de sus tierras, lo cual fue aprovechado por especuladores para “comprar y vender papeles”. En 1913, 15 mapuches fueron muertos por carabineros en la localidad de Forrahue, hecho que se transformó en símbolo de los abusos de la época. En algún grado las usurpaciones lograron detenerse, precisamente por el apoyo de algunos sectores de la Iglesia y del emergente movimiento obrero reunido en el FOCH (Federación Obrera de Chile), así como por el posicionamiento de las primeras organizaciones mapuche a nivel nacional. Respecto de este último punto, un segundo hito marca la historia de la relación mapuche-huilliche con el Estado: en 1936 aparece el documento “Memorial de Proyecto de Ley” que sintetiza el malestar de los principales caciques de Valdivia, Osorno y Chiloé respecto a la situación de marginación y pobreza de los huilliches. Se solicitaba el respeto del tratado de 1793 y de los títulos de comisarios. El apoyo de la Sociedad Caupolicán y luego de la Federación Araucana, dio peso al documento y la dirigencia local inició una estrategia más ofensiva. Estrategia que oscilaría en intensidad durante el largo período en que se mantuvo (durante la Reforma Agraria, por ejemplo, aumentaron significativamente las tomas de predios), pero que pondría mayor presión al statu quo de la propiedad austral. Fue el comienzo de la demanda de tierras sostenida hasta nuestros días que tuvo su punto culminante, tanto por sus avances como por su violento retroceso, a principios de los 70, cuando se había iniciado un vertiginoso proceso de expropiación a particulares bruscamente revertido con el gobierno militar y la Contrarreforma. A este revés se sumó el decreto 2.568 de subdivisión de tierras que vino a legitimar las usurpaciones de particulares, tanto de tierras reduccionales como ancestrales.

32 Estas últimas dos cifras han sido extraídas de Rupailaf, Raúl y Molina, Raúl, “El territorio Mapuche Huilliche, la Historia de un despojo”, Documento realizado en el marco de un proyecto de capacitación jurídica a monitores huilliches, de la ONG Huilliche Mundo Kusovkien, 1989 p. 15.


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En la década de los 80 resurge, con el apoyo de una joven dirigencia salida de San Juan de la Costa y las inmediaciones de Osorno, la Junta de Caciques de la Butahuiillimapu y se suceden un conjunto de reuniones registradas bajo la forma de memoriales donde se recogen las principales preocupaciones de los indígenas entre Valdivia y Chiloé. Pese a tener un carácter menos confrontacional que las agrupaciones de Temuco, junto a éstas la Junta de Caciques y la joven dirigencia contribuyen de manera sustantiva a la generación del Acuerdo de Nueva Imperial el año 89. Con la Ley Indígena las historia de interacciones entre los mapuche-huilliches de la Región de Los Lagos y el Estado chileno ha cambiado radicalmente. A la tierra y sus circunstancias como telón de fondo por más de 400 años, se agregan ahora la demanda por desarrollo, por participación política y por reconocimiento como grupo culturalmente diferenciado al interior del país. Recientemente también se exige el respeto por la especificidad huilliche33. A la “tierra” se ha intentado superponer la “cultura”, campo mucho más abierto y ambiguo que aquélla, lo que ha diversificado los espacios de interacción. El multiculturalismo promovido desde el Estado a partir de la Ley ha posibilitado la emergencia de nuevos actores y también de nuevas tensiones. Sin duda, un conjunto de antiguas interacciones rutinarias y de convivencia cotidiana entre los agentes estatales e indígenas subyace a este giro de la política pública, sin embargo, estamos en presencia de transformaciones substantivas a todo nivel: políticas (emergencia de nuevos líderes mejor adaptados a un Estado neoliberalizado), económicos (hiper-explotación de rubros como la artesanía o el turismo), sociales (creciente visibilidad de las mujeres mapuches que han traído a colación históricas subordinaciones de género), etc.

A diferencia de la realidad mapuche en la VIII y IX regiones, tanto por su extensión como por su heterogeneidad demográfica, la X región ofrece un panorama especialmente diversificado en cuanto a interacciones. En primer lugar, observamos zonas con muy dispares grados de organización indígena y, a la vez, de muy diferente profundidad histórica. La densidad organizacional de las provincias de Osorno y Valdivia contrasta con el reciente “despertar” de Llanquihue o Palena.

En segundo lugar, la región alberga también una desigual distribución y focalización de organismos e inversiones públicas en población indígena. El norte de la región, entre Osorno y Lanco, concentra el mayor porcentaje de intervención estatal, potenciado desde el año 2001 con la selección de 124 comunidades para la ejecución de la primera fase del Programa Orígenes. A esto se agrega la delimitación de San Juan de la Costa y Panguipulli como futuras áreas de desarrollo indígenas lo cual ha intensificado la actividad estatal en la zona. Esta doble concurrencia, acoplada a la intensa historia de despojo que brevemente hemos repasado, arroja una realidad rica y variada en situaciones de contacto entre agentes y agencias. Una topología disímil que el estudio pretende representar a partir de las comunas de San Juan de la Costa y Panguipulli.

33 Esto es particularmente fuerte en San Juan de la Costa. La identificación como huilliche parece tener su núcleo allí. En Panguipulli ha existido una histórica conexión con Villarrica y Temuco lo cual los desconecta relativamente de la especificidad huilliche.


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2. POLÍTICA PÚBLICA Y REALIDAD INDÍGENA REGIONAL Y LOCAL

La X Región de Los Lagos se ubica entre los paralelos 39º 15’ y 43º 40’ latitud sur con una superficie aproximada de 67.013,1 km2 (la quinta del país, cerca del 10% del territorio nacional). Administrativamente, la región se divide en las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena, subdividida a la vez en 42 comunas donde se distribuyen 1.074.663 personas. De entre ellas el 9,5% se identifica como mapuche (o mapuche-huilliche) representando el 16,7% (100.915 personas) de los mapuches que habitan en Chile (tercera tras la IX y la Región Metropolitana). La orientación de la política pública sectorial encuentra su horizonte en la proyección hecha por el Gobierno Regional de Los Lagos al 2010 en la denominada Estrategia Regional de Desarrollo34. Allí encontramos que la planificación política, social, medioambiental, etc., tiene por meta la integración de la región en las redes globales del mercado con un claro énfasis en el crecimiento económico. Se repiten constantemente palabras como “emprendimiento”, “competitividad” y “productividad” asociadas no sólo a los ejes económicos de la región, a saber, el sector acuícola, el silvoagropecuario y el turismo, sino también a la infraestructura que debe sostener estas riquezas naturales. Así, la educación, por ejemplo, apoyada en una alianza entre el sector público y privado, tiene un marcado énfasis “productivista”: “La población regional experimenta un aumento en el promedio de escolaridad. La incorporación a los procesos de educación continua, permite la especialización de los trabajadores, lo que incide en forma directa en el aumento de la productividad” (p.13). Según la proyección de la ERD, encarando de este modo la realidad local, la Región debería crecer a una tasa del 7% anual. La ERD piensa la región como un territorio plural, no obstante, al reconocimiento de diversas identidades subyace la constante promoción de manifestaciones culturales que contribuyan a la unidad: “la Región constituye una comunidad pluricultural en la cual cada grupo social encuentra el sentido de pertenencia a ‘un todo con el que comparte un pasado y un destino común’” (p.17). De este modo, la cultura es despolitizada, simplificada y reducida a la figura del sincretismo, “entendido como la conciliación de culturas distintas” (p.18). Dos rasgos se deben destacar en este esquema: por una parte, de esta diversidad cultural se privilegian especialmente a) las “políticas públicas de preservación del patrimonio; [así como una] cultura ciudadana de valoración del patrimonio” y b) el “fomento a la creación y difusión artístico cultural”. Por otra, a esta folklorización (la cultura limitada a meros rasgos), se contrapone el incentivo a la participación ciudadana “y la igualdad de oportunidades y, por consiguiente, el rechazo a toda forma de discriminación sea de origen étnico, religioso, político, de género, de edad, socioeconómico o por discapacidad” (p.17). Pese a que la orientación de esta participación se tiende a pensar en términos individuales y competitivos (“por la centralidad de los mercados en la economía”) se reconoce una transformación política expresada en “la demanda por nuevos pactos en las relaciones de poder, participación y representación que se han levantado principalmente para articular, por ejemplo: las relaciones entre las culturas dominantes y las etnias originarias, entre hombres y mujeres, entre los centros político administrativos nacionales y las unidades subnacionales” (p.10). Se trata, en definitiva, de un

34 SEREMI de Planificación y Coordinación Región de Los Lagos, “Estrategia Regional de Desarrollo 2000 - 2010”, disponible en www.subdere.gov.cl/1510/article-66692.html.


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desmarque del modelo de Estado omnipresente proyectando sustituirlo por otro “más abierto” donde puedan establecerse alianzas entre el sector público, el mundo privado y la sociedad civil. En este esquema, se observa una disminución sostenida de la población rural, como efecto de la migración de hombres y fundamentalmente de mujeres. Para el año 2010 se pretende haber controlado o disminuido este flujo, a partir de diversas acciones sociales y productivas. “Construir viviendas e infraestructura con criterios locales. Regularizar la tenencia de la tierra. Mejorar cobertura de servicios básicos en el sector rural. Promover la inversión en infraestructura vial y de telecomunicaciones. Fortalecer la asociatividad del pequeño productor rural. Promover inversiones turísticas en el sector rural. Incentivar la autogestión de las organizaciones productivas rurales” (p.22). De este modo, podemos afirmar que la ERD fluctúa entre la intensa promoción y diversificación de las actividades económicas y un cambio de enfoque respecto de las formas en que este proceso debe darse35. En este punto la participación ciudadana se presenta como la forma de democratizar el acceso a los bienes públicos: “Para que el desarrollo regional sea un proyecto común, se requiere la concurrencia de todos los ciudadanos, y de instancias de participación activa y pertinente donde se puedan interrelacionar desde sus competencias...” (p.21). Ahora bien, en ambos casos subyace la idea de una “integración regional” socio-territorial –no hay que olvidar el problema secesionista con Valdivia–, que acomode a la curva de crecimiento económico los temas “sociales”: medioambiente (“producción limpia”), identidad (“comunidad pluricultural”) y ciudadanía (“educación y formación”). La conciliación de ambas premisas pareciera radicar en un punto: “Racionalizar la gestión pública privilegiando los resultados sobre los procedimientos”. En efecto, se aspira a la modernización de la gestión pública “en un marco de transparencia, equidad y disciplina fiscal, que asegura una gestión que prioriza la satisfacción de las necesidades de los clientes, la realización personal y profesional de los funcionarios, la asignación eficiente de los recursos y la respuesta permanente a las nuevas demandas de la comunidad regional y sus representantes” (p.38). No por casualidad este acápite viene a cerrar el informe de la ERD. Cinco líneas de trabajo son las propuestas para este objetivo: gestión regional, descentralización y desconcentración, sistema de planificación y gestión, articulación público-privada y un sistema de control integral de gestión. Por último, desde la lógica operativa en la asignación de recursos desde el nivel central y de la propia ERD, la unidad de inversión generalmente es la comuna. Esto se reproduce también en las instituciones promotoras de lo indígena, incluso en la más novedosa de las últimas iniciativas, los Planes Territoriales de Desarrollo (PTD), que pese a introducir otras variables a la inversión pública, han sido elaborados tomando la comuna como delimitación. Por otra parte, la ERD ofrece líneas divergentes y hasta contradictorias con las orientaciones generadas por otras instituciones, sobre todo con aquellas que se han dado por objeto específico lo indígena, aunque también con las que conservan una estructura y unas prácticas asistencialistas (ver cuadro anexado).

35 El primer apartado del texto es “Identidad y Cultura”, el segundo es “Social Demográfico”, el tercero “Medioambiente” y recién el cuarto “Economía y Producción”, lo que da una idea del cambio o intento de cambio, al menos discursivo, en la administración regional.


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En líneas generales, los planes comunales de desarrollo (PLADECO) tanto de Panguipulli como de San Juan replican el modelo de la ERD. Los matices y énfasis respectivos vienen dados en parte por la especificidad socioproductiva de cada comuna (mayoría de población rural, riquezas paisajísticas para el turismo) y en parte por la orientación de los gobiernos locales (en San Juan el componente “Identidad y Cultura” no tiene tanto peso como en Panguipulli). Pero el trabajo de planificación se monta sobre los resultados del trabajo de los servicios públicos hasta la fecha. A continuación presentamos un marco comparativo de la acción estatal en ambas comunas. 2.1 Actividad estatal comparada en Panguipulli y San Juan de la Costa La comuna de Panguipulli está situada al noreste de la Provincia de Valdivia con una superficie de 3.292 Km2 (la más extensa de la provincia y la cuarta de la región). Su densidad poblacional es de 9,1 hab/km2. Limita al norte con la comuna de Villarrica, al oeste con las comunas de Lanco y Máfil, al este con la República Argentina, y al sur y suroeste con las comunas de Los Lagos y Futrono. Según el último censo un 30,8% de la población es indígena (10.264 personas) de la cual el 82,8% reside en el campo. La tasa de escolaridad indica que el 64,9% tiene únicamente Educación Primaria. La comuna de San Juan de la Costa (en adelante, S.J. de la Costa) está ubicada al noroeste de la provincia de Osorno limitando al norte con La Unión, al noreste con San Pablo, al este con Osorno, al sur con Río Negro y al oeste con el océano Pacífico. Posee un extensión de 1.500 Km2 y una población de 8.831 personas de las cuales el 59,4% se declara mapuche. De entre ellas un 93,6 % vive en el campo. Cabe destacar que la población rural en proporción es notablemente alta comparada con el país (13%), la región (32%) y la provincia (26%). Por otra parte, el 70,4% de la población mayor de 18 años tiene sólo Educación Básica y Primaria. S.J. de la Costa y Panguipulli albergan el 15,4% de la población mapuche de la región (5,2% y 10,2%, respectivamente), siendo los puntos más importantes tras los centros urbanos (Valdivia 6,9%, Osorno 12,5% y Puerto Montt 8,2%). A diferencia de éstos, donde la población es preferentemente urbana, en las comunas estudiadas la tasa de ruralidad alcanza el 86,4%. Ambas ocupan los últimos lugares regionales y nacionales en el ranking de desarrollo humano (PNUD). Pero estos elevados índices de ruralidad tienen matices comunales: si bien S.J. de la Costa prácticamente no cuenta con poblados urbanos (Puaucho, Bahía Mansa, Pucatrihue, Misión San Juan y Maicolpué, son pequeñas islas), Panguipulli, capital comunal, es un importante centro urbano provincial, impulsado por el creciente turismo. Así, mientras en S.J. de la Costa el referente urbano es extra comunal (Osorno), puesto que Puaucho, la capital, alberga únicamente el municipio, una escuela, la biblioteca, la posta, la oficina del PRODESAL y un par de kioskos, en Panguipulli existe una infraestructura urbana considerable y tienen allí oficina los principales servicios públicos (INDAP, CONADI, CONAF, INP, Registro Civil, además del municipio dos bancos, tres consultoras, así como supermercados, cafés y restoranes) haciendo menos urgentes y más ocasionales los trámites en Valdivia. De este modo, podemos afirmar que mientras que en S.J. de la Costa la comuna no pasa de ser una mera delimitación administrativa (de hecho, en Puaucho no habita prácticamente nadie –


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la imagen de los funcionarios municipales siendo trasladados diariamente en bus a Osorno es ejemplificadora), en Panguipulli tiene un correlato territorial con cierta autonomía política. 2.1.1 Agencias presentes y orientación de la inversión Como no pretendemos aquí detenernos en la diversidad de políticas públicas operando detallaremos, brevemente las agencias existentes y la orientación de sus inversiones36. Siete son los principales organismos presentes en ambas comunas: Municipio, PRODEMU, CONADI, FOSIS, INDAP, CONAF y Orígenes. (Los datos recopilados no corresponden necesariamente a los mismos años, cuestión que dificulta un análisis integrado de la inversión. Otra dificultad es la duplicidad de financiamiento, pues hay algunos programas que integran a de más de una institución. Pese a ello, se exponen los siguientes datos):

• PRODEMU: el trabajo de esta institución consiste en capacitación laboral, artesanía y

promoción del empleo. Destaca aquí un proyecto de empleo a mujeres en atención de locales comerciales en Osorno (donde existe una oficina de la institución), que pudiera ser una de las acciones que han facilitado la tendencia a la migración. En Panguipulli, no existe oficina, sin embargo, la actividad del servicio se canaliza a través de la Oficina de la Mujer (dependiente del municipio y dirigida por una mujer indígena), cuyos principal logro ha sido el fortalecimiento organizacional de las mujeres (mapuches y no mapuches), especialmente en asociaciones orientadas al desarrollo productivo.

• FOSIS: al periodo 2000-2003 la inversión se orienta hacia el mejoramiento de la vivienda,

aunque hay inversión menor en otros temas como conexión domiciliaria de agua, dormideros de ovinos, servicios etnoturísticos y equipamiento.

• Municipio: aquí ocurren las principales diferencias. En San Juan de la Costa se han

privilegiado los proyectos de tipo social y productivo. Sin embargo, el monto de estas inversiones ha ido disminuyendo sostenidamente desde el año 1998, así como el monto destinado a organizaciones indígenas que alcanza a representar un tercio del total. Llama la atención igualmente la cantidad de recursos destinados a centros de padres y apoderados con un porcentaje similar. En Panguipulli, en cambio, existe un marcado énfasis en la generación de acuerdos tendientes a promover el desarrollo indígena37 y una consideración especial a la deprimida realidad social que contrasta con el bullente mercado turístico. De ahí que la inversión, además de ser superior, tiene una planificación estratégica derivada de la ERD con un horizonte más amplio de desarrollo. A partir del turismo como elemento ordenador de la inversión productiva (capacitación en gestión turística) e infraestructural (mejoramiento de caminos, construcción de feria artesanal, habilitación de playas) se ha

36 En el caso de S. J. de la Costa nos hemos servido del documento de la Consultora Vertiente, Plan Territorial de Desarrollo-San Juan de la Costa Norte, documento final, junio 2005, pp-7-8. 37 En el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) para el período 2002-2006 se incluye todo un apartado para caracterizar la situación indígena (su economía agrícola, sus índices de pobreza, su posibilidades de desarrollo).


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incorporado el tema indígena, de género y medioambiental también como prioritarios. Del municipio dependen dos organismos en este sentido: la Oficina Comunal Mapuche y la Oficina de la Mujer.

• CONADI: el 75% de la inversión se destina a proyectos de riego y derechos de agua,

saneamiento y compra de tierras. En ambas comunas esto ha sucedido con resultados dispares. En Panguipulli han ocurrido sucesivas compras de tierra (de hecho en el período de la investigación se acordó (entre el Subsecretario y las comunidades Pullehue y Rita Lepileo) la compra de dos predios, aunque relativamente pequeños (en torno a las 200 hás), mientras que en San Juan los procesos han sido más lentos aunque con resultados importantes (compra del Fundo Huitrapulli: 17.118 hás, y del Fundo Pucatrihue 2.672 hás).

• INDAP: es la institución con mayor antigüedad en ambas comunas (sin contar el municipio)

y responsable de las inversiones más importantes, las cuales se articulan por una parte, a través de convenios con Orígenes, el municipio (PRODESAL) y PRODEMU, y por otra, con los propios programas como el de Desarrollo e Inversión (PDI) o el de Recuperación de Suelos Degradados o el mismo Programa de Crédito. El ganado y la agricultura (riego y cultivos) predominan por sobre proyectos de apicultura, forestación o turismo (que son los que le siguen en importancia).

• CONAF: en ambas comunas, el grueso de la inversión se subdivide en forestación,

agroforestación, manejo de bosque nativo y cortavientos, además de un incipiente apoyo al trabajo artesanal y turístico.

• ORÍGENES: existen 25 comunidades focalizadas en San Juan de la Costa y 32 en

Panguipulli. Del monto total a invertir, coordinado con INDAP, CONAF, MINSAL, MINEDUC y CONADI, al año 2004 aún restaba casi dos tercios por ejecutarse. El ítem principal de gastos es el Desarrollo Productivo específicamente en proyectos de riego (casi un tercio del total de la inversión), seguido de los cultivos tradicionales y el ganado. Notablemente inferiores son las inversiones en temas forestales y el resto de componentes (Cultura, Salud y Fortalecimiento Organizacional).

• Instituciones asistenciales: el Registro Civil tiene, por su aislamiento un lugar particular en

S.J. de la Costa: ubicado en el poblado de Misión San Juan es una histórica institución que destaca por el cercano contacto de sus funcionarios con los vecinos. En Panguipulli es parte de la trama de oficinas urbanas junto al INP, las comisarías, las postas y hospitales o las escuelas públicas y municipales, todas las cuales, en el caso de San Juan, se hallan disgregadas (por ejemplo, el consultorio está Bahía Mansa, el hospital en Misión San Juan y la posta en Puaucho) o, preferentemente, en Osorno. Las orientaciones de estas agencias se apegan a los lineamientos de políticas públicas nacionales de cada sector y, muy ocasionalmente (casi siempre por motivos extra institucionales tales como la celebración de alguna festividad), sus acciones tienen que ver con particularismos locales (no así sus agentes que, al igual que el resto de servicios, no escapan al campo de interacciones con los beneficiarios). En el caso de la Salud y la Educación, donde existen políticas interculturales (o al menos en camino de serlo), igualmente observamos pocos matices


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respecto al currículo EIB o al diseño del Programa de Salud y Pueblos Indígenas, a nivel nacional.

Presencia religiosa Al margen de la presencia estatal, debemos agregar como actor relevante en ambas comunas la orden religiosa capuchina. Esta orden ha administrado desde principios del siglo XX no sólo las iglesias sino también colegios y hospitales (como en el caso de S.J. de la Costa; el de Panguipulli lo dirigen las monjas de la Santa Cruz) y realizan un trabajo misional que ha venido en retroceso tanto por problemas económicos como por la emergencia de otras iglesias en la zona. Pese a ello, el catolicismo sigue primando en ambas comunas con 57% en S.J. de la Costa y un 61% en Panguipulli, mientras que los evangélicos abarcan un 30 y un 28 por ciento de la población, respectivamente. Al margen de estas escisiones, los altos porcentajes en ambos casos confirman la enorme importancia (histórica) de la agencia religiosa entre los huilliches.


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3. LA AGENCIA ESTATAL Abandonaremos aquí los análisis que abordan el Estado como entidad uniforme en su constitución y homogénea en su actividad. Por el contrario, consideramos que en su interior (distinción que para el caso indígena es problemática) es posible rastrear una serie de instituciones, programas, agentes y prácticas distintas entre sí que reconducen el análisis hacia un modelo multiforme sujeto a constantes reordenamientos ocurridos ya no en la planificación sino en la interacción. De ahí el alto grado de contingencia que lo recorre. Se complejizan, de este modo, los lineamientos generales de las políticas públicas, especialmente los de la denominada “planificación social”. Por un lado, un conjunto de agencias diseña programas y proyectos “en nombre” de un beneficiario, diseño que es aplicado por un segundo conjunto, ahora de agentes, que, al igual que el beneficiario, generalmente no participan de ese sistema de decisiones. Esta diversidad de agentes se desperdiga por las localidades, ya sea “en oficinas” o “en terreno”, ejecutando dicho diseño. En tercer lugar, el conjunto de beneficiarios-objetivo asiste, más o menos pasivamente, al despliegue de agencias y agentes a su alrededor, en torno a su situación, constatando que el Estado y su institucionalidad se movilizan ante ella. El desfase entre estos tres niveles –Institución, Agente, Beneficiario–, esta es nuestra hipótesis, consiste en que, en el paso un nivel a otro la acción estatal ve afectado su carácter institucional adaptándose a las particularidades locales de interacción. Son los agentes en interacción (entre ellos y con los beneficiarios, y éstos entre ellos) los que definen, en último término, “en qué consiste el programa” (fijan expectativas, disponen medios, obtienen resultados). La distancia entre la planificación y su objeto es siempre suficiente para alterar e incluso invertir los términos de aquélla. No obstante, debe obrarse de manera que estas alteraciones no hagan desistir al planificador en su tarea, es decir, el Estado debe continuar “planificando” pese a estas perturbaciones. De ahí la importancia, en el marco de la interacción, del modo como se presenta la actividad estatal, por medio de sus agentes, de los efectos de esta mediación, y de la re-acción por parte de los beneficiarios. Es allí donde se pueden producir –y, por supuesto, alterar– las diferencias entre el nivel institucional, el de los agentes estatales y el de los agentes indígenas. Este planteamiento no desconoce que el Estado arrastra una historia de vínculos con sus ciudadanos (aunque los indígenas hayan sido esta calidad mucho después que el resto), desde el clientelismo a la negociación, que han fijado determinadas formas de interacción. Sobre ellas y a partir de ellas, es que las nuevas (y viejas) relaciones entre el Estado y los mapuches se actualizan. 3.1 Etnificación y focalización El advenimiento de la Ley Indígena el año 1993 redirecciona este esquema. El reconocimiento de una alteridad, históricamente borrada de la narrativa nacional, cambia radicalmente el régimen de visibilidad de esos individuos, transitando de la oscuridad desde donde se reclamaba el reconocimiento étnico, a su hiper difusión como sujeto (de historia) y como objeto (de política pública) en un trabajo de etnificación emprendido por el Estado que busca ahora constituir y administrar una diferencia. Para ello se ha dado por programa el despliegue de todo un conjunto de dispositivos que financian (fondos derivados de la Ley, convenios con organismos internacionales), regulan (programas y proyectos) y legitiman (las ciencias sociales) la administración de esta alteridad. Contra la tesis que denuncia al Estado como segregador y divisionista de los mapuches,


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éste se afana en constituir una contraparte indígena donde se objetive toda la inversión38, aunque, por otra parte, arriesgue que este sujeto pueda demandar, eventualmente, mayores derechos. Pero lejos de estar cerrado, el proceso etnificador alberga distintas multiplicidades –de líderes, de identidades religiosas, de particularismos culturales, en fin, de beneficiarios– que parecieran trabar y / o desbordar la “administración estatal de la diferencia”.

Bajo este esquema, el Estado, abocado a los asuntos indígenas e inserto en el marco neoliberal de políticas culturales, se exige a sí mismo (en el marco de la “deuda histórica”), a la vez que se le exigen (en el marco humanitario internacional que avala el multiculturalismo), productos y resultados. El Estado chileno, tras inscribir en la Ley la presencia de este Otro indígena, debe conservarlo y promoverlo y, a la vez, evidenciar ese trabajo. La CONADI no cumplía cabalmente con esa tarea (por escasez de recursos principalmente) y, en parte por ello, el Programa Orígenes vino a profundizarla por la vía de la focalización39. La idea de cubrir mil quinientas comunidades en sus dos fases –la mitad de las comunidades del país en alrededor de 10 años– ha articulado a las distintas instituciones, que ya tematizaban lo étnico, en una dinámica intensificada de inversión y obtención de resultados, con efectos locales dispares, aunque unidos por la creación de fuertes desigualdades. Este proceso ha sido denunciado desde distintos lugares40 (dirigentes, organizaciones funcionarios, intelectuales). El objetivo de la focalización, plegado al trabajo de etnificación, consiste en concentrar el gasto público en una estrategia de desarrollo que permita la autogestión del beneficiario en el mediano plazo, es decir, acabar con el asistencialismo histórico que impide al pater-Estado desprenderse, diferenciar-se del sujeto étnico en constitución. Y si existe un campo propicio para la observación de ambos procesos, éste es el de la interacción entre el funcionario público y el sujeto étnico (diríamos, etnificado o en proceso de etnificación), terreno donde las determinaciones del programa se actualizan, fortifican y / o tuercen. Sobre todo porque ambos agentes se resisten a ser reducidos a tales determinaciones: responden a otras muchas identificaciones políticas, sociales, religiosas, que matizan los supuestos de la interacción (“funcionarios públicos atendiendo a beneficiarios indígenas”). Preliminarmente y en base a investigaciones previas y paralelas, consideraremos aquí que la tarea por delante consiste en dar cuenta del constante trabajo de adecuación entre el programa y el objeto étnico que supone y al que se aplica, de la incapacidad de la política pública de totalizarse en (y diferenciarse de) su nuevo beneficiario indígena.

3.2 Regímenes institucionales. Continuidades, cambios, alcances y objeto de aplicación La impresión general que se obtiene del recorrido por las diversas instituciones que trabajan con población mapuche y de la entrevista a sus funcionarios presenta, en principio, dos caras, tal vez

38 Y apacigüe los fantasmas de violencia que han circundado la historia de la “cuestión indígena” en Chile y que enturbian la transparencia de la memoria nacional. 39 Tarea que había iniciado parcialmente la CONADI por la declaración selectiva de Áreas de Desarrollo Indígena. 40 Véase entre otras lecturas Skewes, Juan Carlos (2003) Creando desorden: Orígenes, el Estado y la Sociedad Mapuche en Chile, ponencia presentada en el seminario internacional “Derechos Humanos y Pueblos Indígenas: tendencias internacionales y realidad local”, julio 2003 y más adelante el testimonio de Sandra Cheuquepán.


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obvias, aunque nunca lo suficientemente explicitadas. Una primera distinción se sucede del contraste entre organismos tradicionales con una larga historia en la zona (Salud, Educación, INDAP, municipalidad, CONAF) y organismos de instalación reciente que pese a no tener el aval del pasado, han transformado las condiciones de operación de los primeros. CONADI desde 1993 y en especial el Programa Orígenes desde 1999 han instalado la especificidad étnica como objeto de trabajo que ha sabido reproducirse como temática al interior de la agencia tradicional y de sus agentes, obligándolos no sólo a introducirla sino a salir de la autonomía operativa en que se mantenían e iniciar tareas de coordinación. Es decir, podríamos distinguir un antes y un después de estas instituciones a partir de la Ley Indígena, al menos en lo que refiere a la ampliación de su campo (Salud sobre las medicinas alternativas, Educación sobre un nuevo idioma y una cultura) así como su puesta en discusión (el doctor frente a la machi, el profesor frente al monitor cultural). Una segunda distinción deriva de una cuestión de alcance. CONADI y Orígenes, tanto como Salud o Educación, son instituciones que trabajan a nivel nacional. En tal sentido, la presencia de la municipalidad es, en principio, más ubicua en la vida comunal, y sus funcionarios más cercanos. Pero esta distinción es inseparable de otro conjunto de factores (el alcalde y su equipo, la orientación política de éste y, en definitiva, sus acciones) que como subdistinciones la complejizan. Los casos de Panguipulli y San Juan de la Costa reflejan dos tipos casi polares según sus gobiernos. Alejandro Kohler (PS) y Javier Oyarzo (Independiente-Alianza por Chile), en Panguipulli y S.J. de la Costa respectivamente, trabajan y se vinculan de manera divergente con la población. El primero, siguiendo el esquema de promoción de la diferencia iniciado por la Concertación, ha intentado vincular a la municipalidad de distintos modos con acciones relativas a ese objetivo, la más importante de las cuales fue la creación de la Oficina de Asuntos Indígenas (a cargo de una de las principales dirigentes locales). Oyarzo, por su parte, ejerce un gobierno de tipo populista (“somos todos araucanos”, “la mejor receta es saludar, compartir con ellos y pasar la mano”) que pone la pobreza (“que yo también viví”) como telón de fondo de sus actividades asistencialistas (“CONADI no tiene que comprar tierras por aquí, las han vendido a las forestales; somos dejados”41). En el primer caso, existe una presencia, a partir de un trabajo y un diálogo (no exento de roces, por lo demás), del municipio en los asuntos indígenas, que en el segundo no pasa de la presencia decorativa del alcalde en funerales y celebraciones de clubes deportivos (donde, siguiendo el patrón clientelar clásico, cambia vacas por votos). A partir de esta diferenciación es posible caracterizar también el agente local y el agente sectorial: si bien ambos dependen del grado de jerarquía que ocupen y el departamento en que se encuentren en la institución respectiva, el primero tiene en general un conocimiento más acabado de la comuna, mientras que el segundo pierde en especificidad lo que gana en panorámica de la provincia o la región. Asimismo, en este segundo caso la contratación de asesorías externas ha reducido drásticamente el contacto en terreno de los funcionarios, concentrados ahora en labores administrativas. En seguida puede establecerse una tercera consideración a partir de la propia operatoria de la institución, esto es, el modo como se distingue el organismo del objeto sobre el que trabaja. Así, el INP trabaja con “pensionados”, INDAP con “usuarios”, Educación con “alumnos” y a veces con “alumnos-indígenas”, Salud con “pacientes” y en ocasiones con “pacientes-indígenas”, mientras que CONADI no opera más que una clase: “indígena”. Interesante resultan algunas transformaciones, como el caso de CONAF, tanto en Panguipulli como en San Juan, que pasó de ser un organismo

41 Entrevista a Javier Oyarzo, Puaucho, 30-06-05.


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fiscalizador trabajando exclusivamente “áreas prioritarias de fiscalización” a incorporar el tema del desarrollo en “áreas de manejo” donde generar proyectos productivos. Es decir, pasó de la infracción al sujeto infractor y sus circunstancias42. Las consecuencias de trabajar una monoclase o una biclase o más –por ejemplo el convenio INDAP-PRODEMU-CONADI– son diversas, no obstante, para efectos del presente análisis, nos interesa relevar que lo indígena opera aquí subordinando (aunque no anulando) otras distinciones –de poder, de género, internas por ejemplo– por la diferencia cultural que las incluye y sobrepasa. A estas categorizaciones sectoriales habría que superponer o adjuntar una transclase que antecede a la noción de etnia y con la cual ésta compite ahora como categoría operativa base: el pobre, más específicamente, el “pobre-rural”. Consideramos que la penetración de “lo étnico”, de la idea de un “mundo mapuche” distinto al occidental y distinto al puramente campesino, ha perturbado las tipologías en torno al “pobre” con que han trabajado las instituciones púbicas hasta hace poco. El “pobre” unificaba, a partir de ciertas condiciones materiales (medibles), clases muy variadas de sujetos, mientras que lo étnico, indiferente a cualquier determinismo económico, refiere la identidad al concepto de cultura (mucho más difuso). Ahora bien, lo anterior se complejiza cuando saltamos de estas categorizaciones operativas a su actualización práctica; en este salto muchas de esas clasificaciones son reordenadas, confundidas o ignoradas por los agentes estatales e indígenas en el mismo proceso de interacción. Por último, como una cuarta distinción analítica para el estudio de la interacción y las condiciones que la determinan, es pertinente separar las instituciones según el régimen que ordena el reclutamiento y rotación de sus funcionarios. Dos puntos deben destacarse aquí: a) El reclutamiento por filiaciones políticas: las plantillas municipales se renuevan cada cuatro años, cambios que, al margen de los cargos de exclusiva confianza del alcalde, afectan a un gran número de funcionarios y pueden implicar incluso la creación de nuevos departamentos y oficinas, así como la ampliación o reducción de sus empleados43. El municipio es el espacio local donde la temporalidad del funcionario en su puesto está sujeta a la contingencia política. Pero los organismos sectoriales, si bien deberían ser ajenos a estas contingencias, son también terreno para la constitución de equipos políticos, antes que técnicos. Los efectos de este sesgo son intuibles: haciendo un pequeño sondeo constatamos que los funcionarios tienen conciencia plena del grado de politización al que llega la definición de un cargo público. Los funcionarios entrevistados, tanto de Orígenes (con prevalencia del PPD en las dos comunas estudiadas) como de la CONADI (con la marca de la DC), son conscientes y críticos del modo como muchos de sus colegas han llegado al puesto. Un funcionario de Orígenes habla incluso de “dirigentes que han pasado a la concejalía municipal con financiamiento del BID” mientras que una importante dirigente regional nos trazó un mapa con las filiaciones mixturadas entre funcionarios (mapuches y no mapuches) y dirigentes mapuches, con la consiguiente formación de bloques opuestos (por ejemplo, las hermanas

42 Tal es el caso de las comunidades costeras de la provincia de Osorno insertas en un programa de reconversión productiva impulsado por CONAF y apoyado por múltiples instituciones nacionales y extranjeras que pretende disminuir la tala de bosques a través del desarrollo de un proyecto etnoturístico conjunto (Red de Parques Mapulahual). 43 En Panguipulli, por ejemplo, el ascenso del alcalde Köhler conllevó la contratación de funcionarios mapuches y la consiguiente instalación de la distinción étnica en la plantilla municipal.


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Cheuquepán [DC, PPD] de Lago Ranco, frente a Emilia Nullado y Alicia Raillanca [ambas PS]). En cierto sentido, la movilidad de los funcionarios depende de determinadas contingencias (casi siempre al interior del bloque de gobierno) cuya expresión última (tal vez la más publicitada) es la reciente disputa entre el Subsecretario de MIDEPLAN (PS) y la directoria regional de CONADI (DC). Esta dinámica de reclutamiento de las plantillas funcionariales impacta directamente en la disposición de la interacción, no sólo porque los agentes mapuches de manera creciente advierten las posibilidades y obstáculos que afiliación política implica, sino también porque el propio funcionario “se debe” a la red política partidaria que lo sostiene, con lo cual está en alguna medida sobredeterminado, por ejemplo, ante las no poco frecuentes discrepancias con dirigentes o comunidades (que muchas veces responden también a cierta línea político partidista). Este tipo de oposiciones es hoy, con la politización de los líderes, más frecuente. b) La temporalidad de los proyectos: si, en principio y sólo en principio, los perfiles técnicos tienen preeminencia por sobre los políticos para la estabilidad del funcionario (así como todavía los años de servicio y la experiencia) en instituciones como INDAP, Salud o Educación, ésta vuelve a quedar, para efectos de la interacción funcionario-indígena, en la incertidumbre bajo el modelo “proyectológico”. El ingreso de las consultorías como asesores externos ciertamente ha restringido la estabilización de los actores interactuantes a la duración del proyecto. El caso de la Salud, es significativo en este sentido puesto que las localidades rurales, como las que estudiamos, cuentan con un alto número de pasantías de médicos jóvenes y / o estudiantes cuya permanencia en la zona es casi siempre fugaz. Demás estará decir que la rotación de los funcionarios afecta directamente la relación con los agentes indígenas al punto que, ésta debe reinaugurarse cada vez que se produce una sustitución. El actual sistema ha introducido una volatilidad inédita. Hasta hace no mucho tiempo (probablemente los años 90 marcan la transición) la estabilidad del funcionariado era la tónica. INDAP, huella de aquellos tiempos no tan lejanos, conserva en su planta profesionales de entre 20 y 30 años de antigüedad (para algunos, como el encargado de los programas de San Juan de la Costa, su único empleo ha sido ése) que hoy parecen extemporáneos ante los tiempos actoados del consultor, cuya continuidad es siempre incierta.

3.3 Algunas tensiones en torno a la coordinación interinstitucional

Si bien las fricciones y desajustes entre instituciones públicas tienen una larga historia, el relativo aislamiento que el sistema establece para cada una ha evitado, al menos para la cuestión mapuche, enfrentamientos significativos. Sin embargo, decíamos que si la llegada de CONADI había significado una alteración considerable en algunos organismos sectoriales tradicionales, la instalación del Programa Orígenes quiso romper con toda una manera vertical de entender la política pública. Se tomaron medidas conducentes a una “coordinación interinstitucional” que, tanto por su efectiva aplicación como por su fracaso, generaron tensiones inéditas en distintos niveles que, sin duda, repercuten en la relación con la población mapuche. A continuación distinguiremos tres niveles, ejemplificados:


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3.3.1 Trayectorias personales: el desplazado

Bernardo Antriao pertenece a una generación que “se sacó la cresta luchando contra la dictadura, que estuvo en el borrador de la Ley Indígena, que apoyó la instalación de la CONADI”. Trabajó junto a otros dirigentes emblemáticos (Raúl Rupailaf, Ponciano Rumián y Anselmo Nullado) en la asociación que éstos formaron en los 80, la Monko Kusobkien, pionera en la X Región en la movilización y principalmente en el rescate y revaloración cultural mapuche. Ya desde el año 84 trabajaba con los caciques, participó en el borrador de la Ley Indígena y luego en la CEPI. Colaboró también en la radio La Voz de la Costa, tribuna emblemática de la cuestión indígena para San Juan. Ha formado parte, en fin, de una gran cantidad de otras organizaciones (Juntas de Vecinos, Enfermos Crónicos, intentó incluso armar una asociación de profesionales indígenas y fue candidato a concejal por el PPD en Osorno) que cristalizan hoy en la generación de iniciativas mapuche urbanas facilitadas por su posición en la CONADI y como miembro del Consejo Regional de la Cultura. Pero su trayectoria “indigenista” quedó sensiblemente marcada por la emergencia del Programa Orígenes. Antriao había desarrollado diversas iniciativas culturales desde el año 94 cuando entró a la CONADI (estaba a cargo de Salud, EIB y Cultura y de los dos primeros se considera gestor en la región). Sin embargo, se sintió profundamente desplazado y “deslegitimado profesionalmente” por el programa que, haciendo tábula rasa, no sólo lo desvinculó de su trabajo cultural en CONADI (se cambió a la Unidad de Tierras) sino que también redujo drásticamente su vínculo con las comunidades (menos salidas a terreno). Se refiere a Orígenes como una institución paralela a CONADI, igualmente política, pero con más dinero (“aquí en Chile los servicios públicos se validan por la plata que tienen”) y cree que si ellos hubieran tenido los recursos podrían haber realizado las cosas que Orígenes plantea: “Orígenes alejó a la CONADI, le quitó validez técnica y política, del tema de salud porque vieron que la CONADI no era eficiente porque no tenía recursos, la gente decía para qué vamos a ir allá mejor vamos al Ministerio de Salud […] porque las comunidades no valoran que un servicio público haga la gestión de coordinación, de armar un cuento”. Cree que el programa le quitó su función de coordinación y le afecta profundamente haber perdido atribuciones (“¡María Claudia Pérez, la coordinadora Orígenes de Educación y Cultura, llegaba aquí a mi oficina a mandarme!”). Se dio una dinámica de trabajo donde Antriao no era considerado, o era avisado con retraso, para las reuniones de coordinación: “Perdí como profesional y como persona”. Al poco andar optó por descolgarse del proceso. Desde su lugar victimal, considera, por otra parte, que Orígenes no ha cumplido en absoluto con su tarea de integración interinstitucional y le atribuye los mismos vicios que, criticándole a la CONADI, supuestamente vino a resolver. No obstante, reconoce un cambio en el programa a partir de su “mapuchización” (entrada de Eugenio Alcamán y Raúl Rupailaf, y sus efectos en las planas inferiores), “me gusta más el Orígenes de los PTD que el de antes” (“antes eran planes productivos impertinentes porque no se interesaban por el tema cultural, el eje productivo era INDAP”). Por último, respecto a cómo esto afecta la relación con los huilliches dice que “a la larga a las comunidades les importa un comino si la institucionalidad se coordina, les interesa que le llegue el proyecto” 44.

El caso de Antriao, si bien lo hemos escogido por su dramatismo, es solidario de otras experiencias de desorientación y rechazo entre agentes estatales ante la llegada de la coordinación interinstitucional como concepto general y del Programa Orígenes en particular. Por una parte, da

44 Entrevista a Bernardo Antriao, Osorno, 23-06-05.


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cuenta del trastorno en la jerarquía y el verticalismo presentes en los servicios públicos ante la obligación de salir de su circuito (donde todo, en último término, se resuelve al interior de la institución), mientras que por otra, refleja el problema adaptativo de una estrategia cuando la base social a la que se aplica (los funcionarios públicos) opone resistencia. Creemos que se trata de perturbaciones frecuentes en el marco de los reajustes estatales hacia una mayor liberalización de sus estructuras.

3.3.2 El problema de las expectativas y la movilización de los recursos

El problema con los recursos se localiza principalmente entre Orígenes e INDAP, institución que aporta la mayor cantidad de dinero al Programa. Desde INDAP se critica que en un primer momento Orígenes generó expectativas muy altas de las cuales tendría luego que hacerse cargo INDAP:

El Programa Orígenes se ofreció a las comunidades como un ofertón, o sea, “oye aquí van a tener 4 millones de pesos cada uno”. Entonces qué pasó, por ejemplo, los primeros planes productivos, los 4 primeros que se empezaron a financiar el año 2002 [...] eran programas grandes, porque claro venía la gente de Orígenes y le decía: “Uds. tienen para pedir 3 millones por familia”, entonces a nosotros nos reconocían los agricultores que por ejemplo decían “yo quiero 2 vacas”, “pero para qué quiere 2, pida 5”, ya, claro de los promotores de Orígenes. Entonces qué se encontró el INDAP: el INDAP tenía una determinada cantidad de plata para poner en el Orígenes en estos 3 años: 300 y tantas comunidades en todo el país. Se encontró que en un año se habían gastado el 60% de esos recursos. Entonces qué dijo el INDAP, dijo: “el INDAP pone en planes productivos no más de 20 millones”45.

Lisette Vera (coordinadora Orígenes-CONADI) desmiente que sea responsabilidad de los promotores y dice que “aquí fuimos todos”, incluyendo a las consultoras, quienes generaron tales expectativas cuyas huellas todavía se constatan en la decepción de algunos comuneros. El punto es que la estrategia de posicionamiento de Orígenes incluía un ítem de mercadeo que sigue siendo parte importante del programa46 pero que en su minuto rebotó en INDAP, denotando la falta de una estrategia conjunta de instalación en las comunidades y el peso de la tradición institucional verticalista. Pero así como se complicaba la distribución de los recursos ante el impulso inicial, y tras el control de la situación desde el 2003 en adelante, emergió el problema de su “bajada” a las comunidades. Para ello se exigían ciertas condiciones (personalidad jurídica vigente, estado de morosidad, firmas) que hacían nuevamente topar a las instituciones. Los consultores son los que más resienten este tema. Para Jorge Ubilla (Consultora Agrocosta, Osorno) Orígenes “desde el punto de vista administrativo no ha logrado coordinarse, ha sido un desastre” refiriéndose a la cantidad de pasos intermedios, procesos demasiado largos, “tal vez bien intencionados” [transparencia] pero mal estructurados y lentos, que deben darse para la liberación de recursos”. Agrega que “pueden pasar 3

45 Entrevista a Víctor Romero (INDAP-Orígenes), Panguipulli, 25-05-05. 46 Basta recordar la reciente denuncia contra el Estado por uso indebido de imagen de una joven de Temuco cuyo rostro figuraba en un cartel de promoción del Programa.


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meses para que una comunidad tenga asesoría, desde que se inician las primeras reuniones hasta que se toman acuerdos, luego se vencen las directivas (porque duran sólo un año, cuando las necesitas no hay nadie quien firme), esperar que la nueva directiva la valide CONADI, que emita los certificados. Después CONADI no tiene abogados porque no duran nada; es un puerta giratoria de abogados”47. Luis Cárdenas (CONAF-Osorno) considera que esto no es sino una nueva forma de burocracia camuflada, “nunca participamos en una reunión con los demás servicios públicos, nunca hubo esa coordinación, o sea el principal problema era el exceso de burocracia”. Se trata de nudos donde se traban los recursos. Sin embargo, este caso junto al anterior son traducibles como (o se resuelven en) un problema de responsabilidad. 3.3.3 La dilución de la responsabilidad y la sobrecarga de trabajo

El tercer nivel en que identificamos un alto grado de tensión, al menos durante la instalación de Orígenes, tiene que ver con el problema de la responsabilidad dentro de una lógica de la coordinación interinstitucional. Sennet ha notado la ambigüedad que comportan el nuevo sistema de trabajo flexible y “coordinado” que “más que abolir las reglas del pasado, […] implanta nuevos controles, pero éstos tampoco son fáciles de comprender. El nuevo capitalismo es, con frecuencia, un régimen de poder ilegible” 48. Precisamente esta ilegibilidad es la que dio origen a la descoordinación y a una reversibilidad de la culpa entre agencias y agentes.

Se evidenció que había un atraso, pero en definitiva empezamos a darnos cuenta, a ver, pero por qué no está listo el contrato de la consultora, entonces y te están acusando, ¿Mandaste el contrato o no? Sí, lo mande hace tres meses. Ya, hace tres meses lo mandaste. ¿Tienes el oficio? Sí, sí lo tengo. Y por qué dice el INDAP que no tiene el contrato. A ver INDAP, ¿llegó hace tres meses? Sí me llego, bueno, ¿y por qué no está el contrato? Bueno porque resulta que ese contrato requiere de la firma de un peñi, y ese peñi tiene la directiva vencida, la comunidad. ¿Y entonces de quién es la responsabilidad?49

Ephraim Alarcón atribuye este impasse al hecho de que “nadie nos estaba esperando” y que una vez “topando fondo” con la descoordinación (2001 y 2002, años muy lentos) se comenzó a remontar con un plan de emergencia que permitió la ejecución de al menos un 30% (cuando debería haber estado la mitad). Pero “lo importante de ese proceso es que nos permitió constatar que si la gente hacía la pega que tenía que hacer, la cosa podía funcionar. Yo creo que ahí se produjo este real acercamiento”. Pero este “real acercamiento” implicaba un esfuerzo que se tradujo en una sobrecarga de las tareas sectoriales habituales. Así, recogimos muchos testimonios de funcionarios respecto de la saturación a la que los expuso esta “nueva modalidad” de trabajo. Ubilla es uno de los más enfáticos en subrayar que este sistema para INDAP se presenta “a contrapelo”, duplicando el trabajo por el mismo dinero. Antriao y Vera afirman que en CONADI ha sucedido lo mismo. Otro tanto, ha ocurrido

47 Entrevista a Jorge Ubilla, Osorno, 24-06-05. 48 Sennet, Richard, La corrosión del carácter, Barcelona: Anagrama, 2000, p.10. 49 Entrevista a Ephraim Alarcón (UEZ-Orígenes), Panguipulli, 1-06-05.


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en Salud donde al Programa de Salud y Pueblos Indígenas del ministerio se le acopló la inversión de Orígenes como departamento separado. Sólo recientemente con la incorporación de nuevos profesionales, (caso de Richard Weitra en CONAF o de Juan Licanqueo en CONADI-Educación) las cargas de trabajo se han dividido. Exponemos con detención estas tensiones interinstitucionales puesto que tienen que ver con el cambio de rumbo –en proceso– de las denominadas “políticas sociales” y con los nuevos escenarios interaccionales que de este cambio se derivan. Todos los problemas señalados parecen coincidir, como lo señalan Antriao y Alarcón, en una cuestión de voluntades puesto que es el rol que cabe a las personas, antes que a los cargos institucionales, aquello que marca en definitiva el curso de proyectos y programas. En el caso particular de Orígenes, la descoordinación comienza por los superiores de cada institución que no se han mostrado dispuestos a salir del cuadro restrictivo sectorial.

3.4 Omnipresencia y supervisión estatales: la asesoría externa y la lógica del proyecto

Sin nosotros esto no andaría

Marcela Riedeman, Consultora Vertiente

El “autismo institucional” (como denominamos al tipo de dinámica auto-referente donde un servicio público se resiste a incorporar otras categorías y agentes que no sean los propios) no sólo se expresa en su dimensión horizontal con el resto de organismos sino también en su dimensión vertical con la población beneficiaria, especialmente en el triángulo CONADI-INDAP-Orígenes. Cada vez más el trabajo en terreno, es decir, la elaboración, ejecución y seguimiento de los distintos proyectos, es delegado en un grupo heterogéneo de ONG’s, universidades y empresas. Las instituciones restringen su labor a cuestiones administrativas; incluso los promotores Orígenes, cuya misión por excelencia es estar en terreno (bajando información y recibiendo las inquietudes de las comunidades), han debido asumir otras tareas50 (elaborar informes técnicos, rendir boletas). El propio Ephraim Alarcón nos confiesa que, efectivamente, “quienes tienen una mayor cercanía con la familia no son los funcionarios públicos, son las consultoras”. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre unos y otros?

En primer lugar, la lógica de la consultoría o asesoría externa se inscribe dentro de una más general que podríamos definir como la “lógica del proyecto” o “proyectología”. Este modo de operar, a la base de la estrategia de desarrollo impulsada por el gobierno, recoge del mercado su modelo. Así, INDAP, por ejemplo, posee un listado de consultoras que van sumando puntaje con los años de experiencia y los proyectos ejecutados, de donde se escoge según diversos criterios (para el caso

50 A estas cargas suplementarias debe agregarse que el régimen laboral del programa no contempla pagos de viáticos, salvo para los altos mandos. Los promotores se ven en la disyuntiva de gastar gran parte de sus honorarios en desplazamientos y alimentación o correr el riesgo de ser mal evaluados (puesto que la presencia en terreno es muy valorada por las comunidades).


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de Orígenes, se realiza una jornada de “workshop” donde cada consultora se publicita ante los dirigentes). En segundo lugar, una vez seleccionada, la consultora trabaja con el beneficiario todo el tiempo que el proyecto establezca. Tras éste, otras asesorías vendrán o bien puede continuar la misma. Si además el usuario está embarcado en diferentes proyectos (como suele ocurrir hoy con la diversidad de inversiones) puede darse la concurrencia de dos o más consultoras trabajando con él. Ambas cuestiones, contrastan con la “integral” asesoría que brindaba el Estado cuando los técnicos eran parte de la planta institucional garantizando una continuidad y una cobertura que hoy aparece fragmentada. La figura de la consultora se diferencia también con la de la ONG, forma organizacional que había primado hasta principios de los 90. La ONG, si bien coincidía con la consultoría en la ejecución de proyectos y programas que las instituciones públicas delegaban, se diferenciaba notablemente de ella por cuanto no dependía exclusivamente de los dineros proyectológicos para su sostenimiento. A partir de los aportes filantrópicos (a veces mucho más importantes que los proyectológicos), las ONG’s podían ampliar sus labores desarrollistas insertándolas en un marco político-ideológico donde la vinculación con los beneficiarios trascendía, al menos en principio, la fugacidad e inestabilidad de las asesorías actuales. Hoy la ONG, como forma de organización, ha retrocedido significativamente (aunque Chile es un caso particularmente extremo de tal retroceso pues en otros países del continente aún sigue teniendo una presencia importante). Al nivel en que hoy día están diseminadas operando, podemos sostener que no es posible pensar la tarea estatal sin estas asesorías, antes bien, puede ajustarse más a la realidad enunciar que son parte del mismo Estado o que al menos es complejo definirlas como “externas”: constituyen una pieza fundamental en el proceso de modernización de las instituciones (descentralización y ajustes estructurales: reducción de atribuciones y de personal). En tal tránsito, el Estado se ha sustraído a la visión en terreno de los procesos que antes omnipresenciaba; se limita ahora a la tarea de súper-visión51. De esta forma, no sólo consideraremos las consultorías como parte de la modernización estatal en cuanto a la interacción con la población mapuche-huilliche, sino que relevaremos su contacto privilegiado con ésta. 3.4.1 Acción estatal rutinaria y clientelismo

Si bien la proyecto-lógica, ligada a la asesoría externa, ha hecho retroceder a los agentes estatales tradicionales a labores burocráticas y, por lo tanto, transformado drásticamente su vinculación con los agentes indígenas, aún es posible percibir los resabios de formas de acción menos volátiles. Se trata de formas heredadas de períodos más intervencionistas, donde el Estado se hacía cargo de las capas marginales por medio de un intenso trabajo asistencial. Este tipo de actividad se expresa en labores rutinarias, especialmente en servicios como INDAP o CONAF –aunque afecta en grado

51 Incluso para la labor de cobranza se ha debido “modernizar” el sistema (como se hizo, por ejemplo, con el cobro de créditos en la Educación Superior). INDAP trabaja desde hace un tiempo con una empresa externa que ha agilizado los trámites de pago y reducido la morosidad, aumentando las multas por atrasos (lo que constituye en definitiva su ganancia).


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diferencial también a los “nuevos” servicios como CONADI u Orígenes– y tiene que ver específicamente con una cuestión de saber: el trabajo rutinario se caracteriza generalmente por trámites de oficina, relleno de formularios o fichas, supervisiones y / o cualquier tipo de acción conducente a la obtención de información o bien a la confirmación de ésta (por ejemplo, en San Juan de la Costa los días jueves atiende un funcionario de INDAP en terreno). Son instancias donde la agencia estatal es juez y parte del procedimiento. El peso de la razón burocrática se deja sentir: el funcionario “sabe” y por tanto instruye al beneficiario que, entregado al procedimiento, no puede sino acatar. No hay aquí lugar para el debate o el trabajo conjunto como en la actividad proyectológica (cuyos límites, si bien en ocasiones son precisos, en general dan un margen de interacción menos asimétrica).

El manejo de información, el know how de los propios criterios institucionales, es la herramienta que determina hoy todavía un sistema de intercambio donde el beneficiario queda a merced del detentador de dicha información (el consultor, el funcionario, el dirigente). Así, en muchas ocasiones ese saber-poder se inscribe en un juego de intereses recíprocos: quien conoce los procedimientos los socializa a cambio de algún don; quien desconoce ofrece aquello que esté a su alcance (a menudo se trata de apoyo o lealtad ante acciones futuras del agente). De manera creciente, a medida que se asienta el régimen de dones y contradones, estas formas de acción ritualizan las asimetrías y profundizan las jerarquías. Se denominan redes clientelares. Ahora bien, la jerarquía y asimetría que estas redes fijan no implica necesariamente una subordinación inmovilizante de los beneficiarios. Los estudios de John Durston y Daniel Duhart sobre clientelismo en el mundo rural chileno han abierto nuevos horizontes para el análisis de las relaciones entre el Estado y el campesinado (mapuche y no mapuche). Pese a que sus trabajos se concentran principalmente en el clientelismo político (“favores por votos”) y sus transformaciones, son pertinentes para el abordaje de las formas de acción estatales. En tal sentido, la más importante de sus conclusiones consiste en comprobar que los clientelismos ofrecen una variabilidad de tipos según los agentes involucrados y el motivo de su interacción. Sostienen que el estereotipo de clientelismo, bajo el que se agrupan relaciones diversas, debe analizarse atendiendo el momento histórico y según cada caso. De este modo, hoy estaríamos en presencia de un tipo de actividad clientelar distinta al que habían desarrollado las rutinas estatales de antaño. Sin borrarlas totalmente, hoy “podemos estar hablando de un caudillo político, de un broker político [...] o incluso de un servidor público altruista”52. En cada caso, el clientelismo tiene connotaciones distintas. Según los autores, visión que compartimos, la figura clásica “patrón-cliente” estaría dando paso a la de “patrón-mediador-cliente”. El broker o mediador sería el actor clave ha seguir pues, emergido de la propia comunidad de beneficiarios a la vez que en contacto privilegiado con las instituciones o bien formando parte de ellas, opera un semi-clientelismo con ambas: por un lado, subordina, en parte, a sus clientes y, en parte, depende de éstos, mientras que, por otro, negocia –y depende de esa capacidad de negociación– con las agencias públicas. No poseyendo un conocimiento acabado de la burocracia sí lo tiene de la realidad local, capital que moviliza en función de estas sujeciones paralelas.

52 Durston, J. et al., Comunidades Campesinas, agencias públicas y clientelismos políticos en Chile, Santiago, LOM: 2005, p. 33.


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La función de intermediación se ha visto fomentada además por la lógica del proyecto, puesto que, dado lo acotado de los tiempos, se requiere una figura que articule la intervención en cada localidad. Consideramos que esta nueva forma de acción clientelar no sólo a medio camino entre la agencia estatal y la indígena sino también a medio camino entre formas de acción pretéritas y modernas, está indicando, sin embargo, que las relaciones diádicas (es decir, relaciones bilaterales ya sea horizontal o verticalmente) y los elementos ajenos a la acción formal (emocionales, pragmáticos) están plenamente vigentes.


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4. DE LA INSTITUCIÓN A LA PERSONA: EL AGENTE ESTATAL

Sin duda, la diversidad de agentes que ofrece el mundo de las instituciones públicas vuelve precario cualquier sistema clasificatorio que pretenda reducirla, más aún cuando se trata de hacerlo en torno a las percepciones y prácticas que configuran la interacción con población indígena. No obstante, intentaremos aquí una delimitación provisoria en base a los materiales obtenidos en entrevistas y observaciones.

Valgan dos precauciones: primero, debemos establecer que a nivel de los agentes estatales las distinciones que hemos trabajado no incluyen diferenciaciones de género por cuanto la variabilidad discursiva y práctica de los sujetos lo impedía o bien nos remitía a otras categorías para comprenderla y tipificarla. Es decir, el factor de género no alcanza a marcar una línea que diferencie las visiones sobre “el indígena” según hombres y mujeres. No obstante, sí parece significativa su consideración al evaluar el contenido de esas visiones. Desde la agencia estatal parece evaluarse de mejor modo el trabajo femenino en el marco de los diversos programas y proyectos. Se les atribuye una capacidad de trabajo más intenso y un compromiso mayor que los hombres, características más adecuadas para el “desarrollo”. Derivado de esto, a nivel de las interacciones se observan matices en la relación mujer-mujer susceptibles de ser distinguidos positivamente, aunque no de manera radical, del resto de interacciones53. Es pertinente anotar, en todo caso, que a nivel de plantillas institucionales hombres y mujeres se encuentran relativamente representados (lo cual se refleja en nuestros/as entrevistados/as).

A propósito de esta indiferenciación de género, la segunda precaución dice relación con la principal experiencia obtenida en terreno, la cual nos confirmó que los lineamientos de programas e instituciones que supondríamos determinan, a partir de cierta “cultura inter e intrainstitucional”, un perfil de funcionario (sea éste hombre, mujer, mapuche o no mapuche), se ven alterados, invertidos o sencillamente se tornan impertinentes (según cada caso), por la potencia del personalismo en las relaciones tanto horizontales (entre funcionarios) como verticales (entre agentes y beneficiarios). Veremos que esto es también aplicable a la agencia mapuche. Esta constatación tiene múltiples implicancias, sin embargo, aquí nos interesa relevar la contingencia que subyace a una configuración determinada de posiciones al interior de una institución: el buen o mal funcionamiento, el azar que recorre la escena donde dos funcionarios congenian (el accidente de si “se llevan o no se llevan”), cómo este congeniar o no vuelve a quedar expuesto a la movilidad y rotación de funcionarios (a sus proyectos y al régimen que regula la duración de sus cargos), en fin, cómo lo anterior repercute en las relaciones con el público objetivo de la institución. Todo ello ubica al personalismo, entendido como la preeminencia del individuo (su trayectoria, sus actitudes, su manera de aparecer ante los otros) por sobre la institución, ya no como una variable a considerar sino como base de inestabilidad que atraviesa las escenas de interacción entre agentes y que antecede cualquier preconcepción sobre el “otro” (preconcepciones que, hiladas por un mismo discurso institucional –el étnico– son insuficientes para comprender la dinámica de interacción y devuelven a la “situación” un alto grado de determinación sobre las prácticas de los agentes).

53 Nos estamos refiriendo especialmente al trabajo de funcionarias de PRODEMU, cuyo principal referente en el mundo rural es el convenio que sostienen con INDAP, el cual tiene una alta valoración, tanto entre agentes estatales como indígenas.


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Por el momento, establezcamos que los alcances de este régimen personalista vuelven difusa la distinción entre los agentes (considerados como entidades previamente constituidas) y el espacio de interacción al que concurren. De ahí que cuando caractericemos ambas agencias estaremos directa o indirectamente comunicados con la escena donde ellas se encuentran, interactúan y transforman mutuamente. El poder delimitador y clasificatorio de este esquema es siempre una incógnita, no obstante, una expresión de Ephraim Alarcón (UEZ-Orígenes) sirve para comprender al menos desde que altura desciende: “yo no trabajo con la Intendencia, trabajo con el intendente”. Se trata, en el fondo, del tránsito de esa “I” mayúscula a la “i” minúscula. 4.1 Viejos y jóvenes: ¿del asistencialismo a la autogestión?

Nosotros hemos tenido más fracasos que éxitos y una de las

causas es justamente por eso, que la gente no se cree el cuento

Víctor Romero INDAP-Panguipulli

Para una tipología de agentes estatales utilizaremos, primeramente, un criterio generacional. Al interior de los organismos públicos, es cada vez más marcado el contraste entre una grupo de funcionarios formados al alero del Estado asistencialista, sostenedor de una población pobre mantenida en el campo (alejada de las listas de pobres urbanos), y la nueva camada de jóvenes profesionales curtidos en el concepto de autogestión, de la transferencia de capacidades y del “proyecto” como horizonte de trabajo a corto plazo. En términos institucionales, esta distinción es aplicable para separar a INDAP (y sus organismos adyacentes, INIA y SAG), del resto de organismos que mezclan en sus plantillas ambos tipos de funcionarios. El criterio generacional es aún más relevante si se considera que INDAP es el principal y tradicional inversor en el pequeño agricultor y responsable, en parte, de sus actuales condiciones materiales de vida. Pese a que el discurso de la autogestión ha penetrado los servicios públicos como ideología del desarrollo, no es suficiente para tapar las fisuras de las viejas concepciones asistencialistas reproducidas en prácticas mucho más actuales que antiguas. Esta figura podría calificarse como “asistencialismo disfrazado de autogestión”, es decir, aquél discurso que comulga con los ideales de la autogestión, pese a que su experiencia le indica que con los mapuche éstos están lejos de realizarse, contradicción que se expresa en la práctica.

Carlos Turra ha trabajado por 30 años en INDAP-Osorno (su único trabajo) y está a cargo de todos los programas (Orígenes, PRODESAL, PDI, créditos, recuperación de suelos, forestación, concursos y convenios –PRODEMU, CONADI–) de la comuna de San Juan de la Costa. Respecto al perfil del beneficiario de S.J. de la Costa, Turra sostiene que es el acostumbramiento de la gente al subsidio lo que impide un aprovechamiento de los recursos de INDAP (en términos de cómo lo promueve la institución, es decir, generación de microempresarios), “todo el mundo los ayuda porque es de las comunas más pobres de Chile, entonces ellos como que se escudan en eso y el aprovechamiento que hacen de los recursos es mínimo”. Cuenta el caso de un proyecto de galpón comunitario para fardos (pensado para 25 comunidades del sector norte) con fondos de emergencia por el invierno. Se trataba de hacerlo antes de que empezara la estación porque el precio del fardo es más barato.


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Ellos entregaron los recursos y por “problemas internos y dejación también” no se ha hecho. Tiene más datos: “la gente no se moja la camiseta por PRODESAL, están ahí no más….subsistir es la palabra, no todos porque hay agricultores buenos, pero son los mínimos, el 20% ante el 80% que espera subsidio. Lo otro es la baja cultura y el alcoholismo que los tiene bastante liquidados. En estos tiempos andan todos cocidos. En S.J. de la Costa toda la vida ha habido instituciones apoyándolos con asesorías e inversiones y ellos están ahí no más. Es complicado cambiar el sistema ahora porque están acostumbrados”. Es un exceso de apoyo, el suplemento asistencial, el que obstruye el “aprovechamiento” y aborta el emprendimiento.

Es que el agricultor de S.J. de la Costa es así, quiere que estés ahí todos los días porque sino ellos se olvidan de lo que tienen que hacer y no lo hacen, lamentablemente. No sé si les falta iniciativa, si será flojera, la cultura, no sé que será. Lo que sí es que son más lentos mentalmente (en comparación con otras zonas de la provincia), están más atrasados tecnológicamente a pesar de que se les está metiendo todos los días tecnología, pero un porcentaje, repito, no todos.

Turra cree que la receta es trabajar con la gente que realmente pueda salir adelante con su sistema productivo, el resto debería ser atendido por otra institución. Una suerte de organismo para la subsistencia de los subsidiados perpetuos, “lo malo es que nosotros atendemos a todos, ahí está el problema, y es imposible que podamos atender a todos”54. De este modo, la autogestión, filtrada por el asistencialismo, deviene un espacio selectivo (“el 20%”), donde el excedente “contaminado” por la costumbre asistencial, deberá ser excluido. Otras versiones de este esquema, más suavizadas tal vez, se hallan en INDAP- Panguipulli y en las consultoras (Jorge Ubilla, Agrocosta), aunque también en Educación. Eduardo Bascur, director de la Escuela Intercultural Bilingüe de Bocatoma (Panguipulli) es crítico con los vecinos pues “el apoyo de la comunidad es poco, porque espera una retribución económica. Estaban acostumbrados a que les entregáramos todo. La inversión que hacen los papás en los hijos es bajísima porque no ven la educación como una inversión sino como un gasto […] La gente sigue viendo la escuela como la formadora responsable”55.

La presencia del asistencialismo, vemos, implica una serie de preconcepciones sobre lo mapuche en torno a la que se articula un modo de relación (paternal) con, y de proyección (pesimista) sobre, los individuos de parte de los agentes estatales. En un sentido, la nueva generación de profesionales se distingue radicalmente de la anterior por cuanto muestran una voluntad de coordinación interinstitucional inédita, horizontalidad con la que intentan contrarrestar los resabios verticalistas, solidarios del asistencialismo, y que pretenden traducir en la relación con los indígenas. Asimismo, el joven profesional está sensibilizado positivamente hacia su contraparte (bien porque conoce la historia del pueblo mapuche y / o porque está al tanto de los atropellos actuales) y cree en las instituciones como facilitadoras de procesos internos.

Es el caso de Ephraim Alarcón (Orígenes-UEZ) quien tras hacer una referencia histórica sobre las usurpaciones de tierra (cerca del 30% de los cerca de 200 títulos de merced entregados en la zona

54 Entrevista a Carlos Turra, Osorno, 20-06-05. 55 Entrevista a Eduardo Bascur, 10-06-05, Llongahue.


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fueron anulados por diversos procedimientos jurídicos y traspasados a manos colonas), comenta su visión del proceso actual: “al generar estas instancias de empoderamiento de las comunidades, a nivel, digamos de la comunidad jurídica y de niveles intermedios hemos aumentado el control social sobre los organismos coejecutores”.

La misma visión comparte Luis Cárdenas (CONAF-Osorno), quien ha trabajado en el proyecto etnoturístico “Red de Parques Mapulahual” en la costa de San Juan de la Costa, Río Negro y Purranque con el objetivo de generar instancias donde las comunidades participen con mayores cuotas de autonomía en su desarrollo y “los servicios públicos sean facilitadores de ese proceso”. Ciertamente, CONAF se ve beneficiado con la iniciativa pues se reduce la presión de uso sobre los bosques y disminuyen las infracciones por corte ilegal. Pero el problema, considera Cárdenas, es de fondo: “no basta llenar el papel sino ver el desarrollo como tal, pero es tema de políticas públicas que tiene que ver con que los gobiernos regionales y locales que deben empezar a pensar en el tema del territorio, de ahí aparecerán ideas y respuestas”. Finalmente, apunta que el tema del fortalecimiento de las comunidades, de sus organizaciones, de las asambleas, de la participación y del espacio para ello, “de que son capaces de plantear sus problemas y de llevar adelante sus iniciativas porque eso te va mejorando la autotestima, no sentirse discriminado”56.

Respecto a esto último, en el caso de las mujeres el problema de la autoestima se redobla. Para Ana Luisa Manquilef (a cargo de la Oficina de la Mujer y presidenta de la Unión Comunal de Mujeres Rayen Liwen -“Flor que Renace”-, que agrupa alrededor de 600 mujeres en Panguipulli) y Rosa Núñez (oficina de PRODEMU-Osorno) el proceso de revaloración constituye un doble ruptura, “dentro de la sociedad mapuche y de la sociedad chilena”57 y, por tanto, lugar de trabajo diferenciado del resto del funcionariado. Núñez comenta sobre las beneficiarias del convenio INDAP-PRODEMU58 que “a veces ellas mismas se reprimían solas, porque no tenían el ánimo de salir y de asociarse [...] Había que superar esas barreras estando harto en terreno, conversando con los esposos, explicándoles el programa y ahí se fueron soltando y al final había que sacarlas de su medio, porque antes su centro era Rahue [el “barrio mapuche” de Osorno], no conocían para el otro lado”. Junto con las mujeres, los niños y su educación escolar, son objeto referencial para esta nueva generación de profesionales. Prosperina Queupuán Cheuquián es asesora cultural de la escuela EIB de Chamilco y entró a ella afirmando que “yo no vengo a hacer talleres, vengo a ser un profesor también”, lo que le trajo problemas con los profesores tradicionales. Prosperina cree que ante la invasión de programas y recursos, “no hay que perder el norte, hay que adaptarse pero sin perder quiénes somos y eso tiene que ser con nuestra gente, tenemos gente preparada”59.

La frase de Prosperina es contundente. En primera instancia, distinguimos claramente el quiebre entre una generación y otra. Siguiendo estos testimonios, entrevemos incluso un programa que liga a esta nueva generación en el intento de trazar un camino desde la autovaloración a la autogestión,

56 Entrevista a Luis Cárdenas, Osorno, 20-06-05 57 Entrevista a Ana Luisa Manquilef, Panguipulli, 30-06-05 58 Como apuntábamos más arriba, uno de los programas más celebrados desde todos los sectores es el convenio INDAP-PRODEMU tanto por sus resultados productivos (INDAP) como por sus efectos emocionales (autovaloración de la mujer, intensificada si se identifica étnicamente) incorporados en el ítem “Crecimiento Personal” (inexistente en otros programas). 59 Entrevista a Prosperina Qeupuán Cheuquián, Osorno, 24-06-05.


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en claro contraste con cierto funcionariado escéptico que, sin embargo, debe adaptarse al nuevo canon del desarrollo: en este caso al “desarrollo con identidad”. Es ahí donde vemos que la voluntad de la nueva generación tampoco escapa a las preconcepciones que inundan el paternalismo asistencial. Invertidas y más complejas, comprometidas o románticas, operan y se reproducen en las prácticas funcionariales bajo el concepto de cultura o diferencia (“ellos son así”) que rige la política pública indígena. La distinción generacional, a nuestro parecer, se complejiza: la expresión de Prosperina (eco de muchas otras) se acopla a un proceso donde lo étnico permea el tejido institucional y su imaginario, situándose como categoría operativa por sobre, o entre, las prácticas tanto asistencialistas como autogestoras, antiguas y nuevas.

4.2 El funcionario ante la dicotomía cultural

La Ley Indígena y el marco liberal en el que se inserta han favorecido un aumento exponencial en la cantidad de profesionales identificados como mapuches egresados de universidades y centros de formación técnica que, también exponencialmente, han comenzado a ocupar puestos en oficinas públicas. La Xa Región no es ajena a este proceso. Una discriminación positiva ha contribuido a la vez a su ingreso masivo en servicios dedicados a la cuestión indígena (CONADI y afines)60. En fin, una transformación de las plantillas institucionales se ha producido, aunque es preciso anotar que, antes que un cambio de huincas por mapuches (que en algunos casos ha existido, como en el de la “mapuchización” del Programa Orígenes promediando la primera fase), se trata de la inauguración de nuevos cargos. Ha ocurrido una ampliación de las plantillas con funcionarios indígenas junto con la multiplicación de los espacios de política pública étnica. Por otra parte, esta invasión étnica del Estado, en tanto que portadora del signo de su reconocimiento, conlleva un verdadero trastorno por la reconfiguración que efectúa de las agencias públicas, sus funcionarios y sus relaciones (consecuencias que han sido poco estudiadas). Esto, en la medida en que se trata del ingreso al aparato administrador de un sujeto “diferente”, étnico, que es invitado a participar en, pero ante todo, a ser objeto de, esa administración. Se produce entonces un espacio de indiferenciación donde quienes supuestamente son los destinatarios de determinados beneficios pasan a ser sus administradores (como pasa en CONADI).

Esta reversibilidad de la diferencia (o posibilidad de indiferenciación) se vuelve aún más interesante cuando gran parte de los funcionarios mapuches entrevistados son críticos de los programas donde trabajan y aspiran a corregir o torcer el dispositivo que, en definitiva (esto es, en el marco general de los dispositivos de producción de lo étnico), les habilita su calidad de “diferentes”. Si por un momento pareciese que podemos hablar de funcionarios mapuches y no mapuches, este argumento debilita tal distinción. La categoría “étnico”, al menos desde el trabajo institucional, adquiere todo su valor estratégico (y acaba por perder lo que le restaba de ontológico). Antes que diferenciar, lo étnico –como elemento operativo y constitutivo de política pública–, además de subordinar otras categorías (como la de “pobre”), ha producido al interior de las instituciones una homogeneización discursiva de sus agentes, proceso también conocido como “etnificación”. En determinados casos observamos incluso una “mapuchización” más profunda en funcionarios no mapuches que en mapuches. Esto, insistimos, a nivel del discurso. A nivel de la interacción, y específicamente de la interacción entre

60 Diversos funcionarios vinculados a estas instituciones nos comentaban que, a la hora de postular a un cargo, ante igual capacidad técnica y / o profesional, la condición étnica favorecía al postulante.


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agentes estatales e indígenas, el discurso se reordena como praxis y allí emergen disonancias. Intentaremos a continuación caracterizar este reordenamiento.

4.2.1 El funcionario cultural

El doctor Pedro Cardyn está a cargo del programa de Salud y Pueblos Indígenas del consultorio de Panguipulli y es un convencido de la necesidad de transformar el paradigma alopático de la medicina occidental en uno más integral que incorpore “el mundo” (natural y social) en el diagnóstico. En una reunión de la Mesa de Salud Intercultural Provincial61, presidida por lonkos y con la presencia de machis, doctores, dirigentes y funcionarios de la Salud, Cardyn instó a las distintas delegaciones a describir, junto con la realidad de cada comuna, “los principales problemas de la tierra, [...] dejemos que hable la tierra” (propuso incluso que la siguiente reunión se efectuase ya no en un sala –como esa– sino en la “tierra misma”). En el caso de Panguipulli se trataba de problemas medioambientales (construcción de centrales hidroeléctricas, contaminación de ríos) que era necesario considerar como una dimensión patológica social clave para entender las patologías individuales. Cardyn, que pertenece al Consejo de Lonkos de Panguipulli pese a su calidad de huinca, concibe su trabajo como una apertura constante a este otro “mundo”, hacia sus beneficios y secretos, y a la contribución de estos en el seno de la práctica médica occidental. Si existe un consenso entre agentes indígenas y funcionarios respecto a cuál es el espacio de mayor participación de los primeros, éste es el ámbito de la Salud. Se ha producido allí un fenómeno notable (teniendo en cuenta la rigidez de la ciencia médica) de expresión de lo “cultural” que coincide y se apoya en la multiplicación de saberes médicos alternativos donde el doctor y el chamán (el acupunturista, el componedor de huesos o el homeópata) han accedido a remontado, en parte, la asimetría de poder que los separaba. Un caso similar es el de Ponciano Rumian, el más conocido y respetado dirigente, poeta y compositor huilliche de la provincia de Osorno (y probablemente de la región). Es actualmente Coordinador de Educación y Cultura del Programa Orígenes. Ponciano inició en los años 70 su trabajo de rescate y promoción cultural, especialmente a través de la música. Hacia fines de la década formaba parte del movimiento indígena en el país y colaboró en la transición junto a la demás fuerzas opositoras a la dictadura. Su trabajo se concentraba en la difusión de elementos culturales a través de un programa de radio en La Voz de la Costa y con su participación en el movimiento Monko Kusobkien. Con la llegada de la democracia ingresa en la vida política y resulta electo alcalde de San Juan de la Costa (compartiendo el período con el alcalde actual). El año 2000 entra a CONADI por 6 meses e inmediatamente después se acopla a Orígenes. Al igual que Cardyn, dice navegar entre dos aguas intentando hacer un “trabajo reflexivo” permanente desde la institucionalidad. “Su tema” reconoce que es la cultura en su más amplia acepción (lengua, cosmovisión, arte), “más que con el tema político reivindicativo”, dice, “trato de fortalecer el interno, el ser mapuche, porque uno puede tener el puro cascaron mapuche y estar vacío por dentro [...] Porque una familia mapuche puede tener tierra el día de mañana, pero cualquier ser humano, sea mapuche o no, también tiene ese derecho. Yo diría que hay algo más profundo que hay que reconstruir porque está ausente”. Para Ponciano no sólo existen dos mundos claramente

61 Reunión de la Mesa de Salud Intercultural, Panguipulli, 21-05-05.


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identificables sino que la tarea del Estado ha sido débil en la promoción de esa diferencia: “yo percibo que algo falta pero esto es un proceso, el funcionario no puede aprenderse el cuento como una poesía, no es simplemente eso, más bien un gesto, ni siquiera palabras, que el funcionario pueda transmitir. Porque el funcionario que llega a la comunidad es como un pequeño dios”62. Jorge Ubilla pertenecería, según la primera distinción que hemos efectuado, a la generación de agentes asistencialistas. Dueño de la consultora Agrocosta, ha trabajado por más de 10 años con población mapuche asesorando a INDAP (grupos de transferencia tecnológica –GTT–, capacitaciones), a CONAF (programas de forestación), aunque también ha hecho trabajos para otras instituciones como PROCHILE o CORFO: “nuestro fuerte hoy son las asesorías técnicas para pequeños agricultores y empresas asociativas campesinas, usuarios de INDAP, y dentro de esto está el Programa Orígenes”. Ha formulado y ejecutado los planes productivos para 11 comunidades y sostiene que la gente participa cuando hay un beneficio claro y alude a la emergente organización indígena como producto de ello. Considera que “les cuesta asumir el trabajo persistente [por ejemplo, la lechería], tal vez les parece tedioso, monótono o poco atractivo tener que hacer todos los días lo mismo. Funcionan mejor, en cambio, con esfuerzos intensos pero en tiempos acotados [por ejemplo, las papas] […] da la sensación de que esto es una cuestión muy ancestral” aludiendo a que eran recolectores, “pero no tengo la explicación sociológica, es una cuestión cultural bastante profunda que sólo intuyo”. Agrega que “nosotros tenemos una visión muy empresarial y que es nuestra forma occidental de pensar (rentabilidad, eficacia, la responsabilidad), que es también la de ellos pero tenemos una priorización distinta (para ellos está antes el bienestar de la familia, hay raíces culturales que han ido aflorando); hay matices, y hacemos un esfuerzo por comprenderlos y adaptarnos a esa realidad”. Ubilla, coincidiendo con Carlos Turra, sentencia: “se produce un choque de dos mundos, ellos se resisten al cambio, les interesa sólo permanecer [...] hay que adaptarse a un ritmo donde prima lo cultural por sobre lo económico [...] uno al principio critica esa visión pero luego entiende que hay otras maneras de ser feliz en la vida”. No parece necesario insistir. La idea de dos mundos (uno mapuche, otro occidental), de dos temporalidades (una eficiente, otra pasiva), en fin, de dos lógicas (una economicista, otra festiva), ha logrado instalarse en el discurso como premisa básica para quien quiera hablar sobre lo mapuche. Si decíamos más arriba que un corte generacional permitía entender un modo de pensar y practicar la política pública distinguiendo dos tipos de funcionarios, el estrato étnico reordena esa distinción en una más compleja por su carácter dicotómico. Porque, de un lado, implica la complicidad con la división mundo mapuche / mundo occidental solidaria de la visión asistencialista (aunque reformulada por el paradigma étnico ya que la visión asistencialista, previa a la Ley Indígena, era “indiferente”). De otro, comporta eventualmente efectos desestabilizadores por cuanto ofrece la posibilidad de alterar los circuitos proyectológicos (el caso del funcionario subversivo que rectifica la actividad estatal). Una línea con dos vértices entre los que se sitúa el grueso de los agentes estatales: desde los funcionarios tradicionales no identificados como indígenas, que presentan una confusa sensibilidad respecto a esta diferencia, hasta los funcionarios mapuches (y no nos referimos exclusivamente a quienes se identifican como tal), demasiado conscientes de tal diferencia, que desatienden los lineamientos generales de los programas y proyectos discutiendo la legitimidad de una administración no étnica de lo étnico.

62 Entrevista a Ponciano Rumián, Osorno, 14-06-05.


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Más allá de la identificación del funcionario, todos parecen inmersos en una política de la diferencia (que también es de la deferencia). Algunos, como Ponciano o Cardyn consideran que el énfasis no es suficiente. ¿Resta entonces alguna especificidad al funcionario mapuche?

4.2.2 El anti-funcionario

Muchas versiones circulan respecto a la percepción del “funcionario mapuche” entre los beneficiarios identificados como tal: desde la solidaridad étnica hasta la discordia por considerarlos nuevos yanaconas, pasando por la negación de la identidad o la indiferencia. Sea como fuere, la dicotomía que sostiene la calidad de funcionario mapuche retrocede en el evento de un encuentro entre agentes, dejando a la vista sus trazos discursivos. Ya sea para salir del paso, en el caso de los recién llegados a la política cultural, ya sea para señalar un posición proactiva respecto a lo mapuche, ambas versiones de lo étnico vuelven a reordenarse (perderse, confundirse o afirmarse) en el proceso mismo de interacción.

De este modo, desprendidos de los sustantivismos, es posible ubicar un último estrato donde la división mapuche / occidente se vuelve estrategia y principio práctico que marca precisamente el límite de lo étnico, pues escapan al marco culturalista, aunque también del “desarrollo” y de las nuevas políticas de autogestión. Se trata de sujetos que resisten, consciente o inconscientemente, la administración estatal de lo étnico. Muy ligado a las nuevas prácticas dirigenciales, un conjunto de agentes estatales, especialmente críticos y conflictuados con la posición que ocupan63, tuercen, subvierten o ignoran las delimitaciones que los programas dictan, apoyados en sus mismos ejes, no tanto porque sospechen del objeto étnico, sino porque se remiten a una actividad que no se restringe a ningún límite cultural. Pueden incluso ser fervientes defensores de la diferencia entre “dos mundos” (más incluso que los casos anteriores), sin embargo, no se interesan por interiorizarla en ningún campo, pues viene dada de antemano. Simplemente se apoyan en esta plataforma para realizar un trabajo político de otro orden que, si está vinculado con la política pública indígena, lo está en otras coordenadas. Son el excedente de la planificación que, por lo demás, en tanto exterioridad, le permiten a ésta pensarse (vale decir, la política pública requiere de prácticas “desviadas” para diagramar la “normalidad”).

Jorge Hueque es un emblemático dirigente de Panguipulli, vinculado a las organizaciones mapuches de Temuco y hasta hace algunos años al Consejo de Todas las Tierras. En Panguipulli formó junto a otro conocido dirigente la Coordinadora de Comunidades en Conflicto donde trabajó en la reconstrucción territorial y la recuperación de tierras. Siempre ligado a la crítica de las formas de dominación estatales64, el año 2005, mediado por la iniciativa del Programa Orígenes y la

63 Este grupo de funcionarios, en general, tiene una historia previa de pertenencia a organizaciones de base u organizaciones supracomunitarias como dirigentes, experiencia que conlleva un conflicto personal cuando se transita a posiciones institucionales (ver algunas de las consecuencias de esta encrucijada en el apartado 6.2.4). 64 “Cuanto más se participa en la estructura estatal es en donde damos legitimidad al estado que tiene poder, lo que da pie en argumentar que el pueblo mapuche no tiene organización propia y muy pocas herramientas


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municipalidad, da un salto “temporal” hacia la agencia estatal para formar parte del equipo técnico del Plan Territorial de Desarrollo (PTD) de Panguipulli. A diferencia del resto de planes, cedidos a consultorías, éste fue especialmente encargado a un equipo mapuche constituido para la ocasión. Ante la contradicción de estar trabajando para Orígenes y ser un crítico del programa, retruca que es posible usar de alguna manera esta herramienta para profundizar el proceso organizacional en la comuna. Así, gran parte del trabajo del equipo (formado además por María Curilén, Angela Lonkoñanco y Benito Millapán, todos ligados también al mundo organizacional mapuche) ha consistido en el rastreo de las antiguas formas de organización territorial. El concepto de lof es el que se pretende reintroducir con el objeto de profundizar el proceso de rearticulación política así como “ganar más espacios para desarrollar nuestros derechos colectivos”65.

Sandra Cheuquepán (encargada del componente salud de Orígenes en la Provincia de Osorno), originaria de lago Ranco, es licenciada en filosofía y magíster en EIB. Respecto al funcionamiento del programa, considera, en primer lugar, que la focalización en un grupo de comunidades es negativa puesto que existen lazos entre ellas que se rompen por esta diferenciación (“yo sé lo empobrecidas que están las comunidades y lo doloroso que es ver que a unas les llega mucho y a otras nada”). Segundo, cree que hay una intervención política sobre los dirigentes, “aquí hay privilegios políticos que tienen algunos con financiamiento Orígenes, también hay intervención en los procesos”. Tercero, considera que no se ha reconocido la organización tradicional, “han armado estructuras que obedecen a la estructura del Programa […] los lonkos han sido desplazados”. Cuarto, quienes trabajan en el programa, afirma, muchas veces tienen antes un perfil político que técnico. Por último, subraya la poca pertinencia de las acciones que desconocen la realidad del mapuche. Es también crítica de las organizaciones mapuches constituidas al alero de los programas, como los consejos de comunidades. Por lo pronto, y desde su posición comenta que “el servicio se abrió a la comunidad, nunca antes un funcionario había atendido a tanta gente […] un gran flujo de dirigentes”. Quiere darle cabida a los lonkos para que participen tanto como los dirigentes nuevos. Pero su tarea más relevante (dentro del perfil que estamos describiendo) ha consistido en matizar la focalización ampliando la cobertura del programa a las comunidades no seleccionadas pues “en salud no podemos discriminar entre Orígenes y no Orígenes”66. Un tercer caso, parcialmente citado más arriba, lo constituye Prosperina Quepuán Cheuquián. Prosperina tiene una densa experiencia organizacional. Originaria de Huamputúe, nieta de dirigentes (“acompañaba a los caciques”) y madre “meica” (similar a la machi aunque jerárquicamente inferior), estudió en un Liceo Técnico de Temuco la carrera de técnico artesanal y diseño mapuche. En Temuco, todavía adolescente, conoció a algunas machis (fue ayudante) e ingresó de lleno al tema cultural, que ha trabajado sobre todo en su vertiente artesanal. Después de hacer su práctica se fue a Canadá de intercambio donde estuvo dos meses y medio compartiendo experiencias con los indígenas de Vancouver. Ella fue la única representante huilliche. De allí volvió con otra mirada, “comprendiendo cosas que antes no veía” y comenzó a preocuparse más por sus raíces

para enfrentar el mundo contemporáneo no tiene fortalecimiento de su propia institucionalidad, por eso al mapuche hay que enseñarle, como debería organizarse, como deberían ser funcionales activos”, Weke, Jorge (2004) Hacia una propuesta política territorial autónoma mapuche, Panguipulli, p.7. 65 Ibid. p.15. Esta cita, referida a la utilidad de las estructuras municipales para el proceso organizacional mapuche, es igualmente válida para entender los posibles “usos” del PTD. 66 Entrevista a Sandra Cheuquepán, Osorno, 15-06-05.


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(conversaba con los más viejos). Fue presidenta de la comunidad Malalcahuello de Pulotre hasta el año 97. Por lo anterior, su ingreso al Programa Orígenes (2004) fue (y sigue siendo en cierto sentido), por su posición política, un proceso con contradicciones, “cuando un hermano dirigente se va a trabajar a algún organismo público, se pierde”. En Prosperina se repite el fenómeno de un uso divergente de los programas públicos, aprovechando, al igual que en los otros dos casos, sus supuestos étnicos. Su reciente entrada a la escuela de Chamilco no estuvo exenta de polémica pues enfrentó a la comunidad (que la apoyaba) con los profesores de la escuela (que se oponían). Según ella, el problema radicaba en su “fama de comunista, revolucionaria y revoltosa” lo que hizo temer a los profesores de que con ella se “mapuchizaría” la escuela y éstos perderían espacio. Con los niños, trabajaba no sólo contenidos “culturales” sino también les hablaba de las reivindicaciones, del problema con las forestales, del impacto de la construcción de carreteras, de Ralco y cuestiones de historia entre otras cosas, “les hablo a los niños de autonomía y ellos se espantan, dicen: ‘quedaría la crema si se independizan los mapuches’”. Esta apropiación y redireccionamiento del proceso de aprendizaje con el descentramiento del régimen profesor-alumno-sala de clases, es concebido por Prosperina como un primer paso en una tarea liberadora más amplia: “Por el momento, la escuela sirve para que el niño no se avergüence”67. Debe establecerse que esta clase de agentes es minoritaria dentro de la plantilla institucional (y en este caso restringida al Programa Orígenes), no obstante, consideramos importante relevar la emergencia de un trabajo de micropolítica68 cuyos efectos por el momento son imprevisibles, tanto como su reproducción en otros agentes y ámbitos institucionales.

Abandonado el esquema “cultural”, restringido a operaciones discursivas instruidas por el Estado junto a lo étnico como objeto de política pública, el funcionario subversivo, devuelve al análisis el carácter contingente, en tanto régimen personalista, como espacio donde la experiencia y la interacción rutinaria nutren y refuerzan un campo de relaciones que ya poco tienen que ver con preconcepciones (o bien donde éstas se trabajan). Desde esta lectura, es en el mismo espacio de interacción donde se instituyen y destituyen las agencias. Por ello, antes de avanzar hacia la caracterización de tales espacios, es preciso detenerse (al igual que en el agente estatal) en el conjunto de condiciones que constituyen y determinan al “agente indígena”, a la vez involucradas y elaboradas, en el proceso de interacción; condiciones que deben considerarse para acceder a ésta, y ya instalados en el terreno donde la institución pierde fuerza ante las trayectorias personales, como fuente de elaboración de una praxis mucho más instituyente que instituida69.

67 Entrevista a Prosperina Qeupuán Cheuquián, Osorno, 24-06-05. 68 Si bien parece ser el Programa Orígenes el lugar donde estas prácticas serían reducibles, debe notarse que los tres casos expuestos se instalan en ámbitos estratégicos de la política pública (desarrollo territorial, salud y educación). 69 Ante el esquema de Bourdieu sobre la noción de habitus y praxis, donde ésta es la actualización de aquél, preferiremos aquí la lectura que de Certeau hace sobre el mismo problema, donde el esquema se invierte en lo que ha denominado como una “microfísica de las prácticas cotidianas”.


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5. EL AGENTE INDÍGENA EN TENSIÓN San Juan de la Costa y Panguipulli destacan por el gran número de organizaciones mapuche que albergan. Sólo remitiéndonos a las estadísticas de CONADI (es decir, Asociaciones y Comunidades, sin contar los sindicatos o empresas colectivas), suman un total de 257. Estamos hablando de 6.639 socios con sus respectivas familias, según las últimas actualizaciones de CONADI70, lo que da una idea de la gran cantidad de población que pretendemos tipificar. Pero este registro organizacional es menos relevante por su valor numérico, que por el ordenamiento que está señalando. En efecto, la Comunidad y la Asociación (aunque en menor medida, por su carácter pragmático), constituyen el marco jurídico e ideológico, al interior del cual acontecen, en principio, las interacciones entre agentes estatales e indígenas. En principio puesto que si bien hay un masivo contacto individual, a nivel del “usuario” de INDAP, de paciente en Salud o de alumno en las escuelas, la especificidad étnica de la interacción remite constantemente a la idea de colectividad como trasfondo; esto es, que el aterrizaje de “lo indígena” en la oficina, en el consultorio o en la escuela, viene dado, tanto del lado del agente estatal como del indígena, por la

70 Es preciso agregar aquí un elemento de contextualización sobre la realidad de estas cifras. En el transcurso de nuestras entrevistas y observaciones la cuestión de la personalidad jurídica de las comunidades y asociaciones y sus directivas, devino un tópico frecuente. Las organizaciones deben, según un plazo que ellas mismas estipulen (por lo general, entre uno y dos años), revalidar su personalidad jurídica y su directiva, para así poder participar en los proyectos y programas de su interés. De lo contrario se producen problemas importantes. Por ejemplo, en las pasadas elecciones a la consejería de CONADI muchos indígenas no pudieron votar, pese a concurrir a las mesas, debido a que sólo pueden hacerlo los jurídicamente existentes, es decir, los inscritos en comunidades o asociaciones con personalidad jurídica vigente. Un segundo ejemplo: ante el mismo fenómeno el Programa Orígenes encuentra obstáculos con el flujo de recursos hacia las comunidades. Aquellas insertas en el Programa han sido entonces las primeras en agilizar sus trámites. Según los registros de CONADI, para las comunas estudiadas la “realidad jurídica” es la siguiente:

ORGANIZACIÓN PANGUIPULLI SAN JUAN DE LA COSTA

Comunidades inscritas 108 76

Comunidades vigentes a enero de 2005

43 28

Asociaciones inscritas 50 23

Asociaciones vigentes a enero de 2005

8 4

Cuadro 1. Comunidades y asociaciones vigentes en Panguipulli y San Juan de la Costa Fuente: CONADI-Osorno Un análisis como el que pretendemos no puede desconocer la distancia que separa al marco jurídico de la realidad empírica. Ello dado que, pese a no tener personalidad vigente, las directivas siguen operando (a veces incluso se da el caso de tener dos directivas). Si a eso sumamos que los supuestos miembros que constituyen dicha personalidad son una constante incógnita, puesto que a la invalidez jurídica le sigue un problema de representatividad (asambleas sin validez, escisión de la comunidad, diversidad de líderes en su interior y eventuales conflictos entre ellos, etc.), tenemos una compleja plataforma sobre la que trabajan ambas agencias en la Región.


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alusión a una diferencia cultural sostenida, en gran medida, por esta entelequia en que se ha transformado la Comunidad71. Puesto que, al igual que el “sujeto étnico” (del cual es en definitiva su correlato), la Comunidad ha sido y es una formación inestable, en constante reformulación, orientada sobre todo a la captura de recursos; es también el reflejo de la inadecuación entre tal “sujeto” y las políticas que pretenden objetivizarlo. Pese a esto, y en tanto histórica imposición estatal72, es hoy el referente (operativo) y la marca (distintiva) de la interacción entre agencias. Aquello que distingue al simple beneficiario del “beneficiario indígena” es que sus posiciones ante la institucionalidad, producto de la dicotomía étnica, aluden a horizontes distintos: interés individual o familiar, en el primer caso, ampliado hacia una Cultura, una Historia y un Pueblo, en el segundo. De ahí la relevancia que en este esquema adquiere el dirigente como representante y encarnación de la ficción étnica-comunitaria, y de ahí también la importancia de rastrear las contradicciones que rondan constantemente su actividad. Por ello, si, como creemos en definitiva, en el escenario actual no es posible pensar lo indígena sin referencia al Estado, y a su vez, éste no contiene un programa y unas acciones claras y distintas sobre lo étnico que permitan homogeneizar su trabajo (más allá del valor dicotómico que ha logrado introducir en el tejido funcionarial), si además consideramos las condiciones materiales en que sobrevive la población sobre la que este valor se aplica e introducimos la identificación como “pobres” paralela a la identificación étnica; si todo ello es considerado, sostendremos aquí que el modo en que la agencia indígena encara las instituciones y sus agentes está en gran medida atravesada por una tensión continuamente (en cada interacción) escenificada. Distinguimos, no obstante, una alta variabilidad en el grado de esta tensión: desde los dirigentes más ideologizados hasta aquellos campesinos apenas identificados como mapuche donde la tensión es casi imperceptible, aunque latente. Con esto no afirmamos que cada encuentro sea una disputa (manifiesta o no) sino simplemente que, con la Ley Indígena, se ha establecido una diferencia en la política pública, una diferencia cultural entre dos mundos, que conlleva el reconocimiento de un Otro antes excluido y ahora atendido en consideración de esa exclusión (exclusión que además se presenta como histórica, lo que redobla la idea de una deuda con él). En tanto indígena, el mapuche (cuyo caso pareciera ser particular respecto a las etnias del norte y extremo sur) es atendido en su diferencia. La tensión que señalamos se instala en el momento en que dicha diferencia cultural carece de delimitaciones precisas (como lo sería la ficha CAS, por ejemplo, para los “límites” de la pobreza). Se abre un espacio, el étnico-cultural, repleto de ambigüedades que hemos traducido como producto del desfase entre la política pública étnica y el objeto al que se aplica: los agentes

71 No es casualidad que el Programa Orígenes haya puesto a la “Comunidad” como su objeto de intervención, desconociendo la ambigüedad que ya arrastraba la figura y que la CONADI había reconocido dando cabida a iniciativas individuales. Esta estrategia obscurece el hecho de que en definitiva son decisiones individuales las que determinan las características de los proyectos.. 72 Recordemos que este proceso de comunitarización impulsado por el Estado comienza con las reducciones de principios del siglo XX, prosigue con los intentos de cancelarlo con las leyes de subdivisión y se renueva tras la Ley 19.253 con el reordenamiento en comunidades. Siguiendo a Víctor Toledo Llancaqueo, coincidimos en que “las comunidades, como organización legal, son una simple traducción de la normativa de juntas de vecinos”, “‘Esto también va haciendo autonomía’. La estrategia territorial de las comunidades lafkenches de Tirúa”, en Espacios Locales y Desarrollo de la ciudadanía, Santiago: Universidad de Chile, Centro de Análisis de Políticas Públicas, FUNASUPO, 2001.


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estatales deben confirmar la expresión de tal diferencia a objeto de justificar su intervención diferenciada (de lo contrario surgiría, como ha surgido, el reclamo de los que, siendo vecinos de las comunidades, no son objeto de ninguna “consideración” estatal). Por su parte, el agente indígena, demandado en su etnicidad, debe hacerse reconocer como tal, poniendo otros elementos identitarios en tensión (tal es el caso de los “mapuches evangélicos” o los “mapuches de izquierda o “de derecha”). Lo étnico exige primacía. La identificación “indígena” del agente, instituida como categoría en los servicios públicos, es aquello que transforma la relación, tensándola: ya sea bajo la forma de una demanda individual o agregada, ya sea una demanda local o supralocal, ya sea demandas con arreglo a intereses personales o clientelistas, ya se trate de demandas ajustadas al procedimiento burocrático o bien atenten contra éste; todas ellas, algunas tradicionales otras inéditas, están, desde el momento en que la población se identifica como indígena, circundadas por una Demanda Étnica. Es decir, a diferencia de la Demanda de Pobre o la Demanda Campesina, aunque en muchas ocasiones entreverada con ellas, la Demanda Étnica articula una exigencia que, en definitiva, escapa a las herramientas de cualquier política pública, pues no puede satisfacerse más que a condición de incorporar al Otro en la planificación: la lógica de la cultura en la proyecto-lógica. Problema que se vuelve inabarcable para ésta última pues implicaría la transformación de su naturaleza pragmática con la introducción de criterios exógenos que topan además con el propio trabajo culturalista que las políticas públicas ya se encuentra desarrollando73. Una y otra vez durante la investigación nos topamos con el choque entre la “razón planificadora” y la “lógica mapuche” (defendida por diferentes tipos de culturalismo), donde ésta última no sólo está subordinada a la primera (al punto de transformarse en un producto planificado de ella), sino que depende de la institucionalidad para seguir siendo diferente. Es por ello que la diversidad de demandas, filtradas por “lo indígena”, asume grados diferenciales de tensión. Y es aquí donde el modo de aparecer, esto es, las distintas formas de presentación de los agentes indígenas ante los agentes estatales, cobra una importancia inusitada, atendiendo a las acciones que de ello se siguen (reforzamiento o trastorno de líneas acción o reacción estatales ante estas presentaciones). Desmontada la figura de la Comunidad, introduciéndole su carácter instrumental (para unos y otros), el indígena en escena interroga la distinción entre sujeto colectivo y sujeto individual, circunstanciándola a los contextos en que se presente (sujeto hablando en nombre de un grupo ante ese grupo, sujeto entrevistándose a solas, reuniones multitudinarias, reuniones intra e inter comunitarias, reuniones entre líderes). Por esta razón, y en consideración del mayor contacto con agentes estatales, enfatizaremos las estrategias dirigenciales y sus diferentes escenificaciones. Tales estrategias serán consideradas como fragmentos de otras muchas estrategias individuales de interacción (aunque distinguiendo los rasgos específicos de esa posición de poder respecto a las que subordina), como expresión del tipo de relaciones que la dicotomía étnica ha generado. Afirmamos asimismo que, precisamente porque las distintas posiciones que asumen los dirigentes ante los funcionarios buscan una legitimación (al menos en primera instancia) en sus representados, éstas se constituyen como patrones de acción imitados y reproducidos en otras muchas interacciones no dirigenciales.

73 El “culturalismo” o folklore, en tanto forma despolitizada y a-histórica de la cultura, es el objeto por excelencia de la planificación pública. Por cuanto en estor términos, la “cultura”, sabiéndose exótica, no interroga las intervenciones del planificador ni cuestiona sus criterios, sólo demanda más recursos para su promoción diferenciada. Las entrevistas que


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No se debe olvidar, sin embargo, que pese a la vigencia de las interacciones atravesadas por la ambigüedad de lo política étnica, en ambas comunas las relaciones con el Estado, tan antiguas como la República, conservan formas históricas. Se trata de calcificaciones sociales hoy sacudidas, aunque no borradas, por la emergencia de lo étnico en el centro de las interacciones. Caracterizaremos a continuación los distintos niveles y circunstancias en que, respecto a estas calcificaciones y su actualización étnica, tiene lugar actualmente la actividad indígena. 5.1 Características locales de la agencia indígena Cabe diferenciar a Panguipulli y San Juan de la Costa según los entramados en que se constituyen y ubican las respectivas agencias. Ambos territorios comparten historias de violencia más o menos recientes que conservan aún las huellas de la discriminación en la vida cotidiana. Coinciden también en la distribución geográfica de sus poblaciones, con periferias marcadas respecto a los centros urbanos, pese a que en el caso de S.J. de la Costa podríamos hablar de una periferia más profunda puesto que el centro urbano pertenece a otra comuna (Osorno). Se repite un tipo de distribución que ha significado un acceso desigual a las instituciones públicas con el consiguiente reconocimiento diferencial de comuneros y dirigentes (se advierten relaciones distintas cuando los sujetos son conocidos, es decir, con contacto institucional fluido). Existen además en ambas comunas periferias políticas (que en el caso de Panguipulli se traslapan con las geográficas) lo cual implica un régimen de visibilidad entre los agentes indígenas que favorece las desigualdades de poder internas74. Ahora bien, la agencia indígena de Panguipulli presenta características organizacionales diferentes a las de S.J. de la Costa. Probablemente ligado a las vinculaciones de cierta élite dirigencial con las organizaciones de Temuco, en Panguipulli se observa una dinámica política interna (si cabe referirse así) más intensa, lo que repercute en los vínculos con las instituciones; aunque mas ajustado sería decir que, a través de tales instituciones y en retroalimentación con las realidades organizacionales mapuche de otras regiones, se han generado hegemonías locales (líderes o intermediarios que controlan un cierto campo de relaciones, campo que puede o no tener un correlato territorial). Lo anterior difiere notablemente de lo realidad en S.J. de la Costa, donde la mayor parte de la organización está sujeta a estas instituciones, pues se ha constituido a su alero. De ahí que la interacción asuma otra forma. Sin embargo, y contra lo que podría suponerse, en Panguipulli es mayor la dispersión organizacional, aunque más fuertes los liderazgos, mientras que en S.J. de la Costa las organizaciones son –relativamente– más estables, no obstante sus líderes aún no alcanzan posiciones de interlocución fuertes como sucede en Panguipulli.

74 Las comunidades seleccionadas por el Programa Orígenes, cuyos dirigentes resultan ser los más “conocidos” por la autoridad, reproducen este mapa político.


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Desde la lectura etnoestratégica que proponemos75, podría definirse un tipo predominante de acción indígena en S.J. de la Costa como “cultural”, es decir, donde los agentes negocian una profundización de las políticas indigenistas, que en consideración de su alteridad, se traduzcan en inversión y desarrollo. Su expresión interna es el dilema tradición / modernidad. En cambio en Panguipulli, si bien el tipo cultural tiene presencia, posee un carácter “político” marcado, es decir, en las relaciones entre los distintos agentes predomina la disputa por mayores cuotas de poder. La deriva interna aquí sería el problema de cuan vinculado se está a la agencia estatal (yanaconas v/s consecuentes). Si en el primer caso se trata de la disputa por el reconocimiento y la validación ante el funcionario, el segundo tiene que ver con una cuestión de distancia respecto al Estado (cuál es la “buena distancia” que sin confundirse con él permite utilizarlo). Los dos tipos –el cultural y el político– se entrecruzan también con un tipo más general aún presente en ambas comunas: el desarrollista. Éste opera como demanda paralela tanto para la demanda de derechos colectivos o de autodeterminación como para la demanda de promoción cultural. Los discursos y prácticas en torno al desarrollo (aunque no existan todavía criterios compartidos respecto al camino y sentido de este proceso) son hoy quizás las más comunes para un amplio sector de población campesina, indígena y no indígena. Con grados de tensión y efectividad dispares, estos perfiles se componen de bases clientelares, semi clientelares o bien de relaciones horizontales. En general, cuanto más político76 es el perfil al que responde un determinado agente, mayores posibilidades tenemos de encontrar allí relaciones clientelares clásicas (“favores a cambio de lealtad”). Como dijimos más arriba, con el ingreso del paradigma neo-desarrollista, y su brazo proyectológico, se habría producido un tránsito hacia relaciones semiclientelares (intermediación y negociación) que favorecerían el empoderamiento de ciertas élites mediadoras (los brokers) cuyo poder, sin embargo, no estaría garantizado más que a condición de renovar constantemente su apoyo en las bases. Pero, a medida que nos acercamos a las interacciones diádicas clásicas (como la mediería) o colectivas (como las ceremonias religiosas), la tipología de agente se despolitiza y “des-desarrolliza” y con ello se esfuman las figuras clientelares o semiclientelares para dar paso a relaciones horizontales. Esto no quiere decir, que las asimetrías de poder desaparezcan, sino solamente que su posición y posesión diferenciales son menos contrastadas; es decir, en este tipo de relaciones el poder es un bien escaso para todos. Bajo estas distinciones, diremos que las formas semiclientelares se encuentran más desarrolladas en Panguipulli que en S.J. de la Costa donde las encontramos en una fase inicial. En cambio, en S.J. de la Costa se conservan todavía las relaciones tanto horizontales como las clientelares clásicas.

75 Las referencias de este enfoque son diversos, no obstante, ofrecemos el siguiente párrafo para orientar al lector: “La perspectiva del «análisis estratégico» desacredita toda idea de determinismo estructural o social: no existen sistemas sociales totalmente invariables o totalmente controlados. Los actores individuales o colectivos que los componen no pueden nunca ser reducidos a funciones abstractas o desencarnadas: son actores específicos que, en el interior de las contradicciones y de los límites que les impone el sistema, disponen de un margen de libertad que utilizan de manera estratégica en sus interacciones con los otros”, García-Ruiz, Jesús, “De la resistencia a la alternativa. Entre «etnoresistencia» discursiva y «etnoestrategia» operativa: construcción de la identidad sociopolítica y dinámicas de la acción colectiva en el llamado «movimiento maya»”, en Anales de Desclasificación, vol. I, no 2, (en prensa). 76 Incluimos aquí a la “cultura” cuando ésta es motivo de disputas políticas. Tal es el caso de gran parte de las “demandas culturales” de los pueblos indígenas actualmente: una lucha de poderes que busca el reconocimiento de formas tradicionales de vida, formas que son a la vez motivo de discusiones internas ante la invasión de prácticas “no tradicionales” en el seno de “la” tradición.


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Finalmente, a los tipos esbozados habría que incorporar una última dimensión: las formas de acción de los agentes mapuche-huilliches se actualizan ante un determinado público (que en ocasiones son los propios actores) en una circunstancia específica de interacción. En otros términos, su actualización depende de la continua capacidad de los agentes de representar la diferencia étnica, de representarse a sí mismos como étnicamente distintos, ante públicos diversos. Asimismo, los tipos no son excluyentes entre sí –se penetran mutuamente– ni exclusivos de cada comuna. Es simplemente una cuestión de énfasis con consecuencias observables en cada caso. En síntesis, este esquema ejemplifica el rango en el que fluctúan no sólo las posiciones de las élites políticas, insistimos, cuya relación al poder podría confundirnos, sino cualquier agente que entre en interacción. Ésta comprende en sí, e independiente de la institución y los agentes que involucre, un juego de reconocimientos mutuos. 5.2 Posiciones de agente Según las características locales descritas podemos establecer distintos niveles de acuerdo al lugar del agente indígena en relación a la agencia estatal. El par interioridad / exterioridad (“lo propio de la agencia estatal” / “lo propio de la agencia indígena”) tendrá aquí un valor puramente metodológico: 5.2.1 El funcionario-institución Una confesión previa: cada vez que durante las entrevistas preguntábamos por la percepción sobre el funcionario y su trato, el entrevistado solía comenzar a hablar largamente de los programas, de su funcionamiento, de sus retrasos, de sus carencias y de lo que esperaría de ellos. Intentamos diversas estrategias para evitar entrar en esa dinámica pero a poco andar arremetía el mismo discurso. Ante la encerrona, dos comentarios contrapuestos de Bernardo Antriao iluminaron una salida:

1. “a la larga a las comunidades les importa un comino si la institucionalidad se coordina, les interesa que le llegue el proyecto”

2. “mientras más a terreno vamos, más te quieren, más te respetan, independiente de si le resuelves los problemas”

Al cabo de un tiempo observamos que el traslape entre agente y agencia no era una incapacidad propia de formular con claridad la pregunta ni una confusión de ámbitos por parte del entrevistado. Antes bien, era la misma distinción entre funcionario e institución, que suponíamos de antemano, la que nos entrampaba, puesto que lo que parecía experimentar el entrevistado era simplemente el poder. Poder que lo demanda como sujeto-objeto étnico instituido y lo clasifica como tal, pero también poder que lo habilita para, en ese pequeño margen que proporciona la alteridad impuesta, tomar el control de la escena sabiendo que “el diferente es él”. En cierto sentido, la objetividad étnica que, como lineamiento programático es un constante trabajo de administración de la diferencia, adquiere, sin embargo, un matiz distinto en el encuentro entre agente estatal y agente indígena: la interacción ofrece un grado de contingencia constituyendo un espacio para el juego entre un poder demandante y un micropoder demandado, con el telón étnico de fondo. El funcionario se ve envuelto


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en una doble transacción: por una parte, su posición en la escena consiste en asegurar el objeto de política pública en su especificidad –a diferencia de las políticas de superación de la pobreza cuyo objetivo es abolirla–, pero por otra, esta garantía étnica habilita al individuo para actuar en su diferencia. Y dado que el rango para “diferir” es de por sí ambiguo (la confusa línea entre qué es étnico y qué no lo es), de ahí toda la serie de sobresaltos, de “salidas de temas”, de libertad discursiva, en fin, de acciones y reacciones que la planificación no contempla y que tiene en la interacción entre agentes su coyuntura. El intento institucional de etnificar, de volver objeto de política las diferencias de cultura, se resuelve en el riesgo de un constante desenfoque de la escena étnica, de su toma imprevisible por los sujetos de dichas políticas. En ese desenfoque, el funcionario no es ya representante de una institución, sino que se lo (con)funde con la institución misma. Si desde el punto de vista del beneficiario, en el funcionario-representante se plasma la figura ideal de un sujeto que, siguiendo determinados procedimientos, cumple determinadas metas y resuelve determinados problemas, todos ellos planteados y circunscritos en una esfera mucho más amplia que su persona; en el funcionario-institución procedimientos, metas y problemas se mezclan en él, sin distinción de niveles ni alcances: a él, sin responsabilizárselo de soluciones o males, se lo interpela como si lo fuera. Habría entonces que reordenar las frases de Antriao en una sola:

.... les importa un comino quien llegue, pero les importa que llegue un funcionario77 El entrecruce del funcionario-institución es una clave que explica por qué la escena de interacción tiene tanta importancia: el programa encarnado que es el funcionario, sus humores y su actitud generan una respuesta al tiempo que se nutre y modifica con ella. Por otra parte, el agente estatal ya no echa mano de la dicotomía étnica discursiva (que vería “cultura” en vez de sujetos) sino que establece relaciones preferenciales, genera odios y excita pasiones que se expresan en la interacción como lugar donde es posible interpelar a la diferencia impuesta, remeciéndola en la constatación de su irreductibilidad. De este modo, es con el técnico-INDAP, con el profesor-Escuela, con el doctor-Consultorio o con el alcalde-Municipio, en fin, con la institución encarnada, con quien se interactúa y a quien se demanda. El caso de la Salud es ilustrativo en ese sentido. Casi unánimemente, es el sector mejor evaluado. Esta buena acogida se debe, si seguimos la argumentación, precisamente a que brinda la mayor cantidad de “encuentros” (y no necesariamente el que más en terreno está). Estamos pensando en las Mesas de Salud Intercultural que se han esparcido por ambas provincias (Valdivia y Osorno), pero también en el encuentro “ronda médica”78 (Salud no cultural). Aunque, por su carácter

77 De hecho, el comportamiento peor evaluado por los diferentes entrevistados es la ausencia del funcionario en una reunión cuando comprometió su visita. 78 Alejandra Turra, asistente social de la municipalidad de S.J. de la Costa, trabaja en el Consultorio de Bahía Mansa y visita semanalmente la estación médico rural de Pucatrihue. Refiriéndose a los usuarios señala que “hay que ir a la ronda aunque uno no tenga nada”. Es también, o antes que nada, un evento social ante la visita de los funcionarios (médicos, paramédicos y asistentes sociales), tanto por el contacto con éstos como con los vecinos, “la gente que está en la posta es siempre la misma y con las mismas enfermedades”,


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“intercultural”79, nos detendremos en la Mesa. Mucho antes que INDAP (críticas a su inflexibilidad desarrollista), que Educación (críticas a la resistencia o incompetencia de los profesores frente a la cultura mapuche) o que los municipios (críticas de orientación partidista), los encuentros de Salud Intercultural son actualmente el espacio por excelencia de objetivación de lo étnico y, a la vez, donde el control de la escena ha sido invertido. Es el lugar donde los lonkos presiden las reuniones, distribuyen la palabra e intervienen sin restricción, el lugar donde se tocan recurrentemente temas no vinculados a patologías o males, sino a la “cultura”, a la “cosmovisión” o al “medioambiente”, donde todo ello acaba incluso vinculándose a la falta de tierras, a los derechos de autodeterminación y de política tradicionales (la denominada “lonkocracia”), en fin, a la dignidad de un Pueblo y una Cultura distintos. En la Mesa, la distinción entre institución-funcionario-indígena queda expuesta a la inestabilidad de la interacción puesto que, al mismo tiempo, es el lugar donde se produce y reproduce el objeto étnico como diferencia entre unos y otros y modela el campo de sus relaciones. Del desenfoque y enfoque de la Mesa (que es potencialmente el de toda interacción) surgen las distinciones útiles para la lectura de otras escenas. No es casualidad entonces, y conciliando la contradicción de Antriao, que allí, sentados en la Mesa, la interacción en el triángulo indígena-funcionario-institución, traspuestos, adquiera un carácter terapéutico80 (que refleja la evaluación). Pero no todas las interacciones tienen ese resultado. 5.2.2 Acción individual, acción colectiva y diferencia de género

Cuando vienen solos, les hablo conforme a la ley y cuando vienen acompañados por más socios, me callo porque lo que él quiere es legitimarse como líder...

Luis Bórquez, CONAF-Panguipulli

Podemos contrastar las lógicas de acción individual y las lógicas de acción colectiva a partir de la distinción entre acción rutinaria y acción comunitaria. En esta última, dijimos, la entelequia de la Comunidad atenta directamente contra la diferencia entre acción individual y colectiva pues siempre se presupone la Comunidad (ya sea el Pueblo, la Sociedad o la propia comunidad jurídica mapuche) como trasfondo. El factor étnico que la Comunidad invoca convierte a menudo cualquier trámite individual en altruismo colectivo apenas se presenta el estigma mapuche, por más difuso que pueda ser. No ocurre así con el tipo de acción en el que el “sujeto indígena”, desprendido de tal

entrevista a Alejandra Turra, Pucatrihue, 22-06-05. Al igual que en las mesas de salud, el encuentro en sí tiene un valor terapéutico (ver nota 50). 79 Crisóstomo Vera, dirigente de S.J. de la Costa norte, celebra la apertura a “escuchar al mapuche” y considera que “eso es una relación intercultural, de la que tanto se habla hoy día, porque hay muchos espacios donde todavía no hay interculturalidad, como en la educación”. Entrevista a Crisóstomo Vera Epuyao, Osorno, 20-06-05. 80 Podría decirse que ese valor terapéutico sobreviene por saturación: en la Mesa de Salud entra no sólo la salud sino también los problemas políticos (demanda de tierra, reconocimiento como pueblo, libre determinación o autonomía), religiosos (contradicciones con la doctrina evangélica, por ejemplo), socio-económicos (pobreza, educación), entre otros, todos ellos ligados constantemente a la condición de mapuches. De este modo, lo étnico se presenta hiperexpuesto en la emergencia de todos los temas y campos que puede atravesar.


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identificación o por algún motivo ausente en la interacción (recordemos que muchas veces es el funcionario cultural el que le recuerda su diferencia), concurre ante la agencia estatal en calidad de beneficiario común. Tal es con frecuencia el caso de la acción orientada hacia organismos que carecen en su planificación de distinciones étnicas y constituyen gran parte de la acción rutinaria, generalmente burocrática, de la agencia huilliche. Recién ahí podemos hablar de acción individual (puesto que, por más que en la acción comunitaria sean “individuos” los que actúan, muchas veces sin referencia a ninguna colectividad, apelan a la etnicidad como unidad social latente). La mayor parte de los trámites en notarías, bancos u otras instituciones privadas tienen este carácter, aunque también lo tienen en el INP, el Registro Civil, la Escuela o el Consultorio (en sus versiones no culturales). Todas ellas instituciones en las que el contacto, más o menos frecuente según el caso, es rutinario, en un sentido amplio. Es decir, no sólo en cuanto a la naturalidad con que sucede el trámite (desde renovar el carné hasta asistir a la escuela, recibir una pensión o concurrir a un control sanitario) sino al contenido y asimetría que sostiene dicha naturalidad. Podemos afirmar que es en los tipos de acción individual donde aparecen las mayores diferencias de poder entre los agentes toda vez que la “acción" indígena se ve precisamente limitada por la distribución de “saberes”. Como el agente estatal maneja desde el modo de rellenar el formulario hasta las materias que se enseñarán en clase o el medicamento que debe tomar el paciente, el beneficiario representa plenamente su rol, acatando. En el paroxismo, el límite al que llega su acción es “pedir una nueva explicación”. Observamos una ampliación de estos márgenes a medida que se etnifica el tipo de acción, es decir, cuando pasamos al nivel de la acción colectiva, acercándonos a la Comunidad o al Pueblo como trasfondo. Esta cercanía o lejanía diferencia a las organizaciones indígenas locales y las organizaciones étnicas supralocales. En ambos casos el referente indígena existe, no obstante, en las primeras el Estado es el gran interlocutor, mientras que en las segundas hay una incipiente transformación de esa relación. Las organizaciones étnicas, escasas aún en la región (y en general dependientes de la actividad indígena en la Novena Región), orientan su acción hacia fines que no se restringen a la mera interacción con el Estado sino que, en conexión con otras organizaciones de la sociedad civil indígena nacional (y en ocasiones, internacional) extienden redes de apoyos (ambientalistas, pacifistas) y acción en torno a la defensa de intereses políticos diversos. Sus acciones van desde la demanda de tierras a la de territorio y medioambiente, de la demanda de derechos colectivos al ejercicio autónomo de los mismos. Es en Panguipulli donde se encuentra más desarrollado este tipo de acción con la Coordinadora de Comunidades en Conflicto como principal organización. Está dirigida por líderes de los sectores de Chauquén y Llongahue y su discurso se pliega al de la élite urbana mapuche en diversos puntos del país: se exige la restitución de tierras para la construcción de una territorialidad y una jurisdicción en dicho territorio. Sus acciones por ello son más radicales que el resto de organizaciones: cortes de camino y tomas, preferentemente. Como sugiere su nombre, la Coordinadora tiene un carácter conflictivo, pero no sólo con la institucionalidad, sino también con otras organizaciones calificadas de “más blandas” o condescendientes con el Estado. El problema más importante que recorre este tipo de organizaciones es su apoyo: sus adherentes son siempre una incógnita aunque en general se sospecha de una escasez en tal sentido, que contrasta con la resonancia local y supralocal de sus líderes.


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Las organizaciones locales indígenas, ampliamente mayoritarias, realizan actividades relativas al desarrollo productivo y en algunos casos “culturales”, todas ellas circunscritas al territorio donde habitan sus miembros. Históricamente, sus acciones se han asociado al asistencialismo y la política de subsidios. De hecho, la Comunidad jurídica es heredera de la Junta de Vecinos como forma organizacional y de ahí también sus restringidos márgenes de acción. Sin embargo, a medida que se instala la lógica de la autogestión surgen con ella nuevas lógicas de la acción para la agencia huilliche. El “desarrollo con identidad” ha promovido la revalorización de la autoctonía indígena lo que, inserto en la política étnica general, ha resultado en un crecimiento de la autoestima y de las capacidades de las organizaciones, hasta entonces ancladas en la espera del “beneficio”. Se trata de los “nuevos emprendedores”, participantes en talleres y capacitaciones, formuladores de proyectos y supervisores de las intervenciones estatales que los afectan. Si bien escapan al ámbito étnico específico, como el caso anterior, el factor indígena sigue siendo parte potencial de sus estrategias de captación de recursos y gestión política. Es el caso de algunas comunidades jurídicas pero, sobre todo, de las Asociaciones Productivas. Estas últimas, dado su carácter preferentemente económico, están siendo foco de inversiones, no sólo de organismos públicos sino también privados. El caso del turismo es ilustrativo: el gran crecimiento experimentado por el rubro ha fomentado la organización y atraído inversiones tanto en Panguipulli como en S. J. de la Costa. Carlos Paillamanque, ex-presidente y actual tesorero de la comunidad Maicolpi, es tesorero de la Asociación Mapu Lahual del Butahuillimapu que agrupa a socios de nueve comunidades de tres comunas costeras de la provincia de Osorno en el proyecto Red de Parques Mapulahual, que hemos citado brevemente más arriba. En el proyecto no sólo participan CONAF o INDAP sino también la Corporación de Desarrollo Forestal (CODEF) y, con una posición destacada, la ONG World Wild Forest (WWF). La institucionalidad, interesada en detener la tala de bosque nativo (una de las fuentes de ingreso de las comunidades) y los socios, atentos a nuevas vías de desarrollo que los saquen de la precariedad material actual, coincidieron en el turismo como paso hacia la reconversión productiva y el progreso económico a la vez. Los socios se han capacitado intensamente y Paillamanque refleja ese trabajo. Muy informado del problema que significan los imprevistos del mercado (subidas y caídas de precios), sobre la diferencia entre “crecimiento” y “desarrollo” o de la importancia de la gestión en las organizaciones productivas, considera que la clave es que “ellos [las comunidades] se empoderen de sus recursos [...] [y nosotros] ir creando capacidades humanas para que se les prendan las luces y digan ‘eso es lo que queremos’”. En relación al Programa Orígenes señala que eso se logró: evitaron que las consultoras sugirieran sus necesidades y fueron ellos mismos los que las plantearon. El desarrollo (palabra que repite constantemente durante la entrevista) es su norte y el camino es el emprendimiento a partir de la instalación de habilidades técnicas en las comunidades, para no depender más que de ellos mismo en cualquier trámite. No obstante, deja entrever un signo de estos tiempos: “No porque estemos en una actividad nueva vamos a perder la cultura”. Han emprendido entonces iniciativas de “rescate cultural” así como talleres de formación de líderes que fortalezcan la organización, talleres “que tratan de cosmovisión mapuche, de cómo el líder debe presentarse ante la autoridad y de cómo va haciendo compatible el conocimiento ancestral con este otro conocimiento”81. El dilema turismo v/s cultura no es más que la tensión entre viejas y nuevas formas de subsistencia y los tipos de acción y organización que le siguen.

81 Entrevista a Carlos Paillamanque, Osorno, 24-06-05.


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La variante femenina En el marco de estas transformaciones, las relaciones de género no quedan excluidas. En efecto, ya no es exclusivamente a nivel de las élites políticas (como veremos en el siguiente apartado), donde encontramos una proliferación de dirigentes en competencia no sólo generacional, sino de género (hombres y mujeres que se reparten presidencias y disputan candidaturas82). También se han abierto nuevos espacios en las organizaciones de base y las familias huilliche. Porque, si a nivel de la acción individual no poseemos evidencia suficiente como para establecer una distinción clara entre acción masculina y femenina, sí es cada vez más plausible a nivel colectivo. Y es precisamente en el ámbito de las asociaciones de desarrollo productivo donde las mujeres están “haciendo esa diferencia”. Audolía Cauripan, es Presidenta de la Agrupación de Mujeres Curihue que reúne a mujeres mapuches y no mapuches y, a la vez, Presidenta del Módulo Norte del convenio INDAP-PRODEMU (también “multiétnico”). Audolía pertenece a la comunidad de Tralahuapi, aunque dice no ser socia, en parte por las diferencias con su presidente, Celedonio Collinao, y en parte porque ha tenido éxito con su propia asociación dedicada a la producción de hortalizas. Ha sido apoyada por el SERNAM y luego por el convenio INDAP-PRODEMU. Mantiene una venta relativamente estable con una frutería de Panguipulli. Recientemente amplió sus negocios al rubro de la lombricultura (producción de humus) apoyado por el gobierno vasco (Agenda XXI) y al de la confección de tejidos para exportación. Por su ubicación estratégica en la temporada de verano, Audolía logró hacer contactos con veraneantes de Santiago que le compraban productos en esa fecha. Así, pudo establecer un nexo comercial que hoy aprovecha, sobre todo con el negocio de las lanas. En un origen llegaron a ser 20 mujeres; hoy son sólo 14 (“y 11 las que verdaderamente trabajan”). Atribuye a la asociación un profundo valor emocional, lugar de crecimiento personal y amistad de la cual está orgullosa. También lo está por sus resultados económicos y por sus proyecciones. He aquí un detalle que refleja la transformación de actitudes y de voluntad de autogestión: durante su trabajo con INDAP-PRODEMU afirma no haber tenido problemas con los técnicos aunque reconoce que la relación fue cambiando a medida que aumentaba la confianza. Poco a poco, lo que era instrucción fue dando paso a la discusión y al diálogo crítico. En ello influyó el hecho de que PRODEMU incluye, además de los ítems Gestión, Capacitación Técnica y Fortalecimiento Institucional, el componente “Desarrollo Personal” que ha logrado distender a las socias en su vínculo con los funcionarios.

Audolía muestra que la rehabilitación política femenina sucede en el cruce de la proyectología neo-desarrollista con las emergentes formas de autogestión, aunque no se detiene en él. Dadas las condiciones para dicha rehabilitación las mujeres indígenas son hoy agentes que generan asociatividades y cursos de acción particulares, que no pueden reducirse simplemente al proceso de promoción de lo étnico ni al nuevo modelo de desarrollo. Han ocupado un terreno que las ubica como beneficiarias preferenciales, vinculándose a la institucionalidad por caminos diferentes a los masculinos (principalmente a partir de una mayor y más estable asociatividad, aunque nunca está exenta la discordia internas) y lentamente equiparan la desigualdad de representación femenina en las directivas comunitarias y de asociaciones. Existe un reconocimiento de estos cambios entre los funcionarios, lo que nos debe dar pistas sobre la orientación futura de las acciones estatales y las

82 Vale la pena recordar que es una mujer, Emilia Nullado, la representante de los indígenas de la X Región en el consejo de CONADI.


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eventuales variaciones de las dinámicas interaccionales. Tanto así que algunos funcionarios están convencidos de que el desarrollo pasa por la focalización en la mujer:

...porque nosotros hemos tenido más fracasos que éxitos y una de las causas es justamente por eso, que la gente no se cree el cuento. La diferencia está en que estas mujeres se están creyendo el cuento [...] Aquí el componente “clientes mujeres” es fuerte y es el mejor porque con los años hemos entendido que las mujeres son más trabajadoras y mejores pagadoras que los hombres83.

Mientras que otro funcionario de INDAP, en una reunión de emprendedores, agregaba a lo anterior la situación al interior de la familia, como el “plus” de las mujeres: “Si estiman su fuerza olvídense de los subsidios [...] ¿Con quién me gusta trabajar a mí? Con mujeres. Porque tienen hijos y se proyectan”84.

Pero, como vemos, no sólo a nivel de desarrollo productivo sino, y sobretodo, a nivel humano las mujeres huilliches están viviendo una transformación. Las promotoras de PRODEMU nos lo confirmaron, narrándonos las verdaderas odiseas que debían realizar para que los hombres las dejaran asistir a los talleres y cómo luego fueron aumentando su autonomía. El caso de Audolía se une al de las mujeres agrupadas junto Ana Manquilef, al trabajo cultural de Catalina Panguinamún (con su Asociación Wichán Mapu en Osorno), al de Teresa Maripán en la costa de Pucatrihue (haciéndose cargo de las secuelas de los brutales crímenes de hace algunos años) y al de otras tantas cuyos casos no alcanzamos a describir aquí pero que dan cuenta del lento aunque sostenido retroceso del hasta ahora escandaloso desequilibrio de fuerzas entre hombres y mujeres huilliches. Considerando el nivel de represión que han sufrido éstas últimas (nótese solamente los altos índices de violencia intrafamiliar), así como su rol históricamente subordinado en la sociedad huilliche, este principio de equilibrio es verdaderamente destacable y nos da luces acerca del lugar hacia donde se desplazan las actuales tensiones de la agencia indígena. Tensiones que revisamos a continuación. 5.2.3 Tensiones internas En la Mesa de Salud Intercultural, comentada más arriba, así como en otros espacios de interacción aunque tal vez no con tanto margen, los agentes indígenas pueden no sólo incorporar otros temas a la discusión sino que también, y agregaríamos, especialmente, pueden expresar sus diferencias internas. Es la encrucijada étnica donde el funcionario-institución, junto con perder el control de la interacción, se ve envuelto en tales divisiones, pudiendo ser objeto de manipulación por parte de los agentes. En efecto, éstos buscarán el apoyo del funcionario, quien, por lo demás, no puede permanecer indiferente (la indiferencia, tanto como la deferencia o cualquier otra opción, serán igualmente juzgadas por el agente indígena). Esta encrucijada muestra la heterogeneidad existente al interior del “mundo indígena” y es, en gran medida, el momento de objetivación y legitimación de lo étnico por cuanto es su expresión en negativo (el positivo sería el Pueblo, la Comunidad, el Indígena): el “diferente”, apelando a su diferencia, difiere (consigo mismo). El funcionario nada

83 Entrevista a Víctor Romero, INDAP-Panguipulli Panfuipulli, 25-05-05. 84 Marcos Bucarey, jefe de área INDAP-Panguipulli, en una reunión en Ancacomoe, 25-08-05.


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puede hacer ante estas fracturas pues lo étnico también lo permite. Más allá incluso, se ve obligado a tomar partido en ellas. En este punto, las tensiones dejan de ser “internas” y pasan a ser un elemento más dentro del campo en que se estructura la interacción. Del material recogido en terreno hemos reducido a tres las formas en que hoy presentan las fisuras internas:

a) Relaciones tradicionales / neo-administración étnica

Nosotros no tenemos que ver con lo cultural

Ricardo Antilef,

La irrupción de los programas y la proyectología en el marco de la explosión institucional de lo étnico se instaló en un terreno previamente surcado por determinados regímenes sociales, económicos, religiosos y políticos que tal desembarco ha reordenado. En S.J. de la Costa este proceso ha generado un distanciamiento entre una generación de jóvenes y su padres y abuelos, homóloga a la que se daba con el asistencialismo y la autogestión. Los primeros, con más estudios y una visión ya domesticada en los vaivenes del mercado, tienen las herramientas para dar un giro al modo de producción campesina de subsistencia (con iniciativas que van desde el turismo hasta los nuevos cultivos pasando por el mejoramiento de los existentes). Pero en su afán se topan con los dueños de la tierra, que confían en las estrategias tradicionales y aguardan ayudas y / o incentivos estatales. Los jóvenes entonces optaban hasta ahora por emigrar y buscar alternativas. Pero la inyección de recursos estatales y privados junto con la promoción de la autogestión como telón, les ha ofrecido, al menos a un grupo, la oportunidad de quedarse, de involucrarse en la administración de esos recursos y de mediar con las restricciones paternales organizándose e involucrando a otros jóvenes en la empresa que implica el desarrollo. Fue así como por iniciativa del concejal Juan Manquel se crearon hacia el año 2000 en la provincia de Osorno los denominados Consejos de Comunidades, dos de los cuales corresponden a S.J. de la Costa (norte y sur). Asimismo, se creó especialmente para Orígenes, el Consejo Técnico Indígena (CTI) que reúne a las directivas de cada Consejo como contraparte de la inversión del programa y que parece ser totalmente funcional a éste85 (Orígenes no quiso trabajar con cada Consejo por separado). Pero el enfrentamiento no se dejó esperar: el Cacicado de Osorno con el apoyo de otros caciques y, en general, de una generación que siente la misma amenaza, se han opuesto al surgimiento de este contrapeso político que discute el nexo entre poder y tradición en lo que refiere a su relación privilegiada con la autoridad. En su pequeña oficina del sector de Rahue en Osorno, Antonio Alcafuz (Cacique del sector norte, Cacique Mayor Provincial -¿y regional?, tenemos dos versiones al respecto-) atiende las consultas de personas que en general desconocen el funcionamiento de la CONADI, sobre el tema “tierras” (modo de postulación, tipos de subsidio). Confiesa que como el Consejo de Caciques no tiene

85 Hemos recogido distintas versiones sobre el CTI y los Consejos, partiendo por la más optimista (Orígenes) que ve en los Consejos un triunfo del programa en el fortalecimiento organizacional hasta los más críticos –funcionarios y dirigentes no vinculados a ellos- que los consideran como un mero invento institucional.


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financiamiento no se reúnen con frecuencia, aunque eso no debiera restarles peso. Actualmente, siente la amenaza de una generación, “la gente con altos estudios universitarios [que ]quiere ‘pasar a traer’86 a la Junta de Caciques”. Pese a ello dice apoyar las becas indígenas. “No tenemos relaciones con las organizaciones nuevas, porque ellos van directamente a la CONADI [rompen la mediación] No es nuestra función asesorar proyectos [...] Ellos tienen que trabajar a su manera, con Orígenes”. Si bien el Consejo Sur se halla abiertamente enfrentado con su lonko, Alcafuz está más bien opuesto a la consejera regional de CONADI, Emilia Nullado y su grupo (dirigentes diversos, en general, ligados a la izquierda concertacionista): “ella es empleada del Estado, nosotros no [...] ellos dicen que nosotros no hacemos nada [...] Mejor que vivan su mundo [...] Pero cuando hay cualquier conflicto nos vienen a buscar a los caciques”87. En la elaboración del Plan Territorial de Desarrollo de S.J. de la Costa norte, la consultora Vertiente se encontró con este problema generacional. Según la consultora “la gente quería que los lonkos estuvieran presentes ante las autoridades”88. El informe arroja las siguientes apreciaciones surgidas en talleres realizados en 12 comunidades: 1. Aumentar presencia del Cacique como interlocutor de las comunidades ante las autoridades e

instituciones públicas 2. Regularizar situación Cacicado mediante elección de nuevo Cacique por parte de las

comunidades y que éstas cuenten con su respectivo fiscal 3. [que] El Estado valore existencia de Cacique mediante otorgamiento de dieta justificada con

informes de acción a él y a los fiscales 4. Conocer y revalorar significado de la figura Cacique y del Cacicado para las comunidades 5. Extender apoyo de las comunidades al Cacique y que éstas reconozcan su autoridad89 Pese a esta voluntad de permanencia, existen indicios de que la tensión es creciente. Ricardo Antilef (32 años) es presidente del Consejo de Comunidades de S.J. de la Costa sur, y antes lo fue de su comunidad Inchen Mapu. Este joven dirigente (estudiante, terminando la Enseñanza Media) es el retrato más acabado de una camada de líderes que se aboca exclusivamente a la mediación con instituciones públicas y privadas, al amparo del régimen proyectológico. Reconoce el surgimiento del Consejo, cuya función es representar a las 25 comunidades focalizadas por Orígenes en los distintos trámites con las instituciones en el marco de la inversión de éstas en aquéllas, a partir de la dispersión de las comunidades (en comunidades jurídicas, juntas de vecinos, asociaciones) “y porque sabíamos que se venía el Programa”, al tiempo que corrobora los problemas con el cacicado. Dice que “el consejo lo forma gente joven que no se siente representada por la organización antigua, no es que estén desconociendo el cacicado sino que no están de acuerdo con su estructura”. Destaca la historia del “fiscal” (que sería el actual “presidente de comunidad”) que era nombrado por el cacique independiente de su pertenencia y pertinencia a la comunidad: “ellos (los lonkos) se quedaron en el pasado, son diferentes a nosotros”. Se refiere además a las críticas que les hacen por ocupar tecnología “mientras ellos usan celulares también”. Por otra parte, “dicen que son autónomos y que no se someten a las leyes del Estado […] están en contra de sacar personalidad jurídica, es como si yo quisiera vivir en Chile sin carné”. Hoy día reconoce que “hay más conflictos

86 Pasar por encima de alguien sin su consentimiento. 87 Entrevista a Antonio Alcafuz, Osorno, 28-06-05. 88 Entrevista a Marcela Riedeman, Osorno, 5-07-05. 89 Consultora Vertiente, Plan Territorial de Desarrollo-San Juan de la Costa Norte, documento final, junio 2005.


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con el cacicado, aunque son más bien de tipo personal” (en referencia al problema del lonko José Llefi y el coordinador del CTI José Llancamán). Afirma que, como Consejo, están en proceso de organización y esperan que se sustituya al lonko actual, “que es el problema, porque las comunidades quieren que trabajemos juntos, Cacicado y Consejo”90. Pero, ¿cómo conciliar dos formas de liderazgo basados en principios e intereses distintos? Antilef resuelve la ecuación: el tema del cacicado es cultural, el de ellos el económico-productivo (“buscar líneas de comercialización, buenos mercados, buenos precios”). Los lonkos deberían limitarse al mantenimiento de la tradición y la orientación cultural, mientras que los nuevos líderes encaran los problemas “reales” del desarrollo. Una brecha parece ir abriéndose y sus efectos más desagregadores están aún por verse. La visión de Antilef tiene réplicas, aunque con matices, en otras voces jóvenes. Teresa Maripán (presidenta de la comunidad Choroy Traiguén) sostiene respecto al cacicado que “tenemos líneas distintas, pero prefiero no hablar de eso [...] yo voy por el área productiva pero sin olvidar las raíces”. La misma reserva tiene Crisóstomo Vera Epuyao (presidente del Consejo de Comunidades de S.J. de la Costa norte y vicepresidente de la Asociación Provincial Huilliche). Comenta que se rumoreaba que ellos querían apoderarse de la autoridad del cacicado, “y no es la idea de los Consejos”. Mantiene, comparativamente, una buena relación con el Cacicado sur, sin embargo, prefiere no referirse al tema (sabe que el Consejo sur tiene problemas). El litigio en cuestión, enfrenta en principio a José Llancamán con el lonko José Manuel Llefi, antiguo cacique “venido a menos” (tanto para adherentes como para detractores), y, por ello, sólo en principio el problema es éste. En el fondo, se trata de un enfrentamiento entre el dirigente y los asesores de Llefi, Cristian Huenuán –concejal por S.J. de la Costa– y Luis Pailapichún, cacique joven –¿autoproclamado?– del sector sur. Este tipo de tensión, que hemos calificado como “política” distinta a la “cultural”, será examinado en la sección siguiente con dos casos de Panguipulli.

b) Representantes / Líderes / Interlocutores

Aquí el que se queda callado pierde

Dirigente 1

El Estado demanda representantes, pero prefiere líderes –puesto que con una multitud de ellos compitiendo, es menos probable que el sistema en conjunto se vea amenazado (se cumple el “dividir para reinar”). Por su parte, la dirigencia mapuche ofrece líderes como si fuesen representantes. Un problema de representación circunda las escenas de interacción favoreciendo la multiplicación de “interlocutores válidos”. De ahí que insistamos en que éste análisis no se reduce a los juegos de cierta élite política, sino que es el mismo esquema étnico el que permite esta reacción excedentaria como un “todos somos, bajo ciertas circunstancias, líderes”. A ello ha contribuido principalmente la demanda de interlocutores y / o intermediarios desencadenada a partir de las

90 Entrevista a Ricardo Antilef, Osorno, 23-06-05.


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inversión pública en pueblos indígenas, después de 1993 e intensificada con el Programa Orígenes desde el año 2000. Tal inversión, requiriendo una contraparte, debe contentarse con estas múltiples cabezas que no necesariamente están conectadas con bases de apoyo (en ocasiones simplemente se trata de “alguien conocido”, sobre todo cuando la agencia pública no puede esperar “a que se organicen”). También han penetrado, o confirmado su presencia, según el caso, los partidos políticos, lo cual nos deja un campo de relaciones cada vez menos predecibles. La multiplicación de liderazgos es observable en toda su complejidad cuando asoma como una disputa de intereses entre ellos.

Resulta inevitable, por la cantidad de actores que involucra y por sus repercusiones en el modo de vinculación de los agentes indígenas ante la autoridad, abordar la rivalidad entre dos de los más reconocidos (en todo el sentido de la expresión) dirigentes de Panguipulli91. La primera es una mujer (“Dirigente 1”), líder de un número indeterminado de comunidades (se habla de alrededor de 60) ligadas al municipio y a la posición política de su alcalde. Esta dirigente se crió en Santiago, luego vivió en Argentina, y ya casada y con hijos se vino a vivir a la comunidad de su marido (fallecido). Esto hacia el año 91. Ya radicada, forma una Asociación Productiva paralela a la comunidad, con el objeto de financiar esta última. Preside actualmente una asociación de comunidades mapuche cuya existencia se remonta a la década del 70 y que reúne a dirigentes y representantes de comunidades (vale recordar que las membresías siempre son ambiguas en estos casos). En el año 2002, y tras una serie de disgustos con la CONADI (porque sus funcionarios no asistían a las reuniones) y con el presidente de la asociación (que también se ausentaba), en calidad de vocera, se tomó la municipalidad junto a 30 dirigentes. Tras este gesto, fue proclamada en el acto como presidenta y luego ratificada en una asamblea ampliada. “Dirigente 1”, con el apoyo del alcalde, dirige además, desde el 2002 una oficina municipal encargada de articular la relación entre las instituciones y las comunidades (principalmente INDAP, CONADI, ORÍGENES y Municipio). Con este posicionamiento en el tejido institucional, ha fortalecido la asociación, y con ello también su liderazgo. Durante las dos entrevistas que tuvimos con ella, nos habló largamente de la segunda persona en cuestión (“Dirigente 2”), de sus aprovechamientos, de su enriquecimiento a costa de las comunidades que dice representar (“anda en camioneta 4x4”) y de su gran capacidad de generar redes (con alcaldes, directores, diputados, senadores, ministros, etc.) que lo posicionan como “interlocutor válido” ante la institucionalidad92. Pero también de cómo, pese a estar en abierta discordia con su manera de trabajar, lo ha defendido cuando se le ha acercado la policía o algún huinca (en este caso la mujer del alcalde) lo ha desprestigiado. Una secuencia sirve para reflejar la tensión:

91 Recientemente a quien denominaremos como “Dirigente 2” se le han dedicado páginas en la prensa local y nacional. El Mercurio lo calificó como “el mapuche más temido de la X Región”, El Mercurio, Revista del Sábado, 16-07-05. 92 El último desencuentro entre ambos líderes tuvo lugar en la convocatoria de Orígenes a participar en el PTD-Panguipulli. El programa quería formar un equipo mapuche que incorporase todas las posturas de la comuna. Sin embargo, y casi para evitar un enfrentamiento directo, “Dirigente 1” y “Dirigente 2” optaron por descolgarse, dejando, en todo caso, cada uno un representante.


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“Dirigente 1” nos contó cómo había conseguido un abogado para la oficina que desde hacía un año solicitaba al Subsecretario de MIDEPLAN (en ese momento, Mauricio Carvallo). Ocurrió que cuando por fin vino, se detuvo a conversar casi todo su tiempo con “Dirigente 2”, mientras ella aguardaba su turno, que nunca llegó. Enfurecida, se dirigió a la municipalidad y exigió al alcalde una camioneta que la trasladara inmediatamente a Valdivia donde el Subsecretario Carvallo había regresado, ignorando a ella y a las comunidades que decía representar (lo que además confirmaba la posición privilegiada ante la autoridad de “Dirigente 2” quien, con sólo un par de comunidades como respaldo, era capaz de captar la atención de la autoridad). Amenazó al alcalde asegurándole que, si no le ponía la camioneta, “mañana mismo tengo a todas mis comunidades cortando los caminos”93; que se había hartado de esperar. Lograda la primera petición, en Valdivia se repitió la estrategia: tras esperar casi 8 horas a Carvallo, éste la atendió, y ante la misma fórmula (“si no está el abogado en 15 días…”) accedió a la petición. En menos de una semana el abogado estuvo a disposición de la oficina de “Dirigente 1”. Con este ejemplo, a “Dirigente 1” le queda la sensación de que la amenaza da resultados como señala en el epígrafe94. Esta operatoria podría explicar entonces su solidaridad cuando, pese a todos los abusos de “Dirigente 2”, optó por defenderlo de un ataque personal. Intentaremos explicar esta complicidad que, por sobre un nivel de competencia y rivalidad, se desplaza hacia otro ante una coyuntura determinada, diremos, hacia otra forma de interacción.

c) Etnicidad y simulacro

Hemos aprendido de la nada que hemos tenido, hemos aprendido a usar las herramientas que tiene el Estado, instrumentos que antes ni conocíamos. Pero en este diálogo con el gobierno también le hemos puesto la vara alta y se le ha complicado la cosa con nosotros. Porque de alguna manera nos hemos preparado, nosotros hemos estudiado cómo funciona el Estado. Y al saber cómo funciona el Estado, la misma arma con que nos da se convierte en su pesadilla...

Dirigente 2

La figura de “Dirigente 2” podría ser objeto de una tesis completa, empero, aquí sólo dedicaremos un apartado para rescatar su habilidad estratégica, algunas de sus conquistas y el notable eco que tiene su nombre en el campo de lo étnico, pese a ser uno de los personajes más controvertidos de la comuna y tener un grupo de seguidores reducido (o más bien desconocido, pues se reúne siempre a solas, o con alguno de sus hermanos, nunca con la comunidad como testigo).

93 Entrevista a “Dirigente 2”, Panguipulli, 20-06-05. 94 En una Entrevista a El Mercurio en el mismo reportaje sobre “Dirigente 2”, insiste en la misma idea: "El problema más grave que ha creado la Coordinadora de Comunidades en Conflicto, donde “Dirigente 2” la lleva, es que la Conadi no ha comprado los fundos a la gente que más necesita, sino a la que más grita y presiona. Lamentablemente, a los que estamos postulando con el diálogo, con más respeto, sin hacer desórdenes ni tomas de terreno, no se nos ha respondido".


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“Dirigente 2” tiene 32 años y pertenece a una comunidad (la cual preside) del sector de Chauquén, y es el rostro de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto95, la organización local, por varios años ligada al Consejo de Todas las Tierras, de mayor movilización en cuestiones de tierra y derechos colectivos. Pese a tener sólo estudios de enseñanza básica, ha desarrollado en el transcurso de su trabajo dirigencial un conocimiento autodidacta sobre asuntos indígenas (principalmente jurídicos: derecho internacional, constitución, códigos), lo que en conexión con la élite política e intelectual mapuche contemporánea (especialmente de la Novena Región) lo proveen de una “caja de herramientas” en la interacción con las instituciones y / o ante sus pares que incorpora articulando toda una puesta en escena en sus reuniones96. Sin embargo, su afán estratega le ha hecho incurrir en excesos que hoy se le han vuelto imputaciones (desde malversación de dineros hasta amenazas pasando egoísmo y prepotencia en todas sus versiones). Vale la pena graficar un caso para comprender las circunstancias y alcances97. Una dirigente (“Dirigente 3”) del sector de Chauquén, preside la comunidad vecina a “Dirigente 2”, pertenece al Consejo de Todas las Tierras y es un agente clave en la disputa “interétnica” más famosa de la comuna, la cual, teniendo como actor principal a “Dirigente 2”, enfrentó a un grupo de comunidades contra un conocido empresario (ex-ministro del gobierno de Pinochet). El problema comienza en los años 70 cuando se subdividió la tierra por un desencuentro entre el padre de “Dirigente 3” y Rubén Manríquez en 3 parcelas de alrededor de 20 hás. cada una. Pero fue el particular Martín Berrocal quien se apropió de las 143 hás. y son las que, tras vendérselas al empresario en cuestión, reclama su comunidad junto a la de “Dirigente 2”. Con él trabajaba al alero de la Coordinadora hasta el acontecimiento que los separó. Sucedió que, viviendo las familias de la comunidad de “Dirigente 3” por casi 20 años de hecho (sin títulos) en un retazo de las tierras pertenecientes a la familia de “Dirigente 2”, éste decidió expulsarlos para luego venderles la tierra, forzando a la CONADI a comprar 33 hás. por un valor de 70 millones de pesos. Fue la primera compra de tierras de la comunidad. Pero más curioso aún es que después de esa humillación, “Dirigente 3” se volvió a aliar con “Dirigente 2”, y recién el 2001, cuando “Dirigente 2” se salió del Consejo de Todas las Tierras, se distanciaron “porque se arrancaba con los tarros”. Hoy lo considera “un dictador”98.

95 Al igual que sus seguidores, la conformación de la Coordinadora es ambigua e intermitente. Al margen de si existe algún apoyo colectivo, esto es, más allá de un grupo de dirigentes, éstos no forman tampoco una planilla estable. Así lo grafica el caso de “Dirigente 3” que detallamos a continuación. 96 “Dirigente 2” concurre a las reuniones con código en mano y siempre con grabadoras y videocámaras para registrar los movimientos de cada actor y dejar constancia de los acuerdos. Pero esto está lejos de ser sólo una técnica de archivaje: estratégicamente es, antes que nada, un elemento de intimidación para los asistentes. 97 La siguiente historia fue narrada por “Dirigente 3” en entrevista del 06-06-05 en Panguipulli. 98 Los desencuentros no se detienen aquí y, como señalamos, son de diversa especie. Sin embargo, no podemos dejar pasar, por cuanto afecta al círculo más cercano de “Dirigente 2”, uno de los últimos episodios donde, ante la exigencia de rendir cuentas por parte de dos de sus hermanos, optó por expulsarlos de la comunidad. Pero lo más notable, de esta asombrosa muestra de cálculo y frialdad, es que tuvo recientemente una réplica en otra dirigente ligada a la Coordinadora, “Dirigente 4”. Ésta, presidente de dos comunidades del sector de Llongahue (Panguipulli), fue denunciada por su hermana y otros socios de malversación de fondos relativos al Programa Orígenes y falsificación de documentos ante CONADI. En una reunión, a la que asistimos, los socios convocaron a una variedad de autoridades (representantes de Orígenes, INDAP, CONAF y la consultora a cargo) para exigir explicaciones. Ante la elusión de responsabilidades de parte de


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El manejo del litigio externo, en este caso con un empresario, ha sido pieza calve en la estrategia de “Dirigente 2” ante el Estado:

... hemos aprendido también que cuando uno está en estos procesos políticos y de negociación hay que ser también capaz de aguantar en la mesa porque de lo contrario no tiene sentido invitarlo a una reunión si lo vamos a retar o lo vamos a ensayar99 al tipo. Entonces también hemos generado el espacio de decirle “nosotros podemos ser aliados respecto de cómo solucionamos un conflicto, ataquemos el conflicto, no nos ataquemos entre las personas”. Cómo generamos un escenario posible que responda sus expectativas, la nuestra y la del Estado. Pero ¿quién no se atreve a dar la puntada final?: el Estado.

Y es que siente que ha descubierto un simulacro, el del Estado en relación a los indígenas, e intenta posicionar allí una estrategia:

... y uno dice “hay una Asociación Comunal Mapuche” y está bien pero está bajo la línea política del alcalde, pero debiera ser independiente y los tienen ahí sujetos. Incluso nosotros hemos sido una piedra en el zapato [para la Asociación] y nosotros hemos intentado decirles “mire peñi, mira lamgen, nosotros somos tus hermanos, no te equivoques de enemigo, quien hoy día te está usando está siendo malicioso no con ustedes sino con nuestro pueblo, con nuestra intención que vamos a tener a futuro”[...]

Entonces uno dice hoy día por estas cosas, estas chácharas en que nos tienen envueltos, es la pintada no más, es la engañada. Pero hace rato dejamos de ser tontos, entonces creo de que lo único que tratan de mantener los gobiernos es el equilibrio entre el conflicto y lo que es posible y lo que no es posible, el equilibrio entre los dos polos [...] Porque si quisieran erradicar la pobreza en el país, yo creo que hace tiempo, con un gran esfuerzo, los gobiernos, la derrotan, derrotan medianamente la pobreza. Pero, en la medida que tienen políticas que apuntan generalmente a tener gente pobre, demandante, tienen discursos para gobernar…Es una cadena de cuestiones que se protegen ahí.100

El momento culminante de su breve trayectoria llegó en julio de 2005 tras una reunión celebrada con un alto funcionario de gobierno junto a un grupo de dirigentes de la Coordinadora (es decir, a puerta cerrada) en la localidad de Pullinque. El “alto funcionario” aseguró ahí la compra del fundo San Fernando (234 hás.) para la comunidad de “Dirigente 2”. Pero la importancia de este evento no radicó en que se trataba de la primera compra de tierras a su comunidad (aunque era la octava para

éstas (bajo la consigna, “Uds. eligen a sus representantes, asuman su decisión”) pudimos constatar la desolación de los socios ante la estafa. No obstante, cabe plegarse a la inquietud de éstos: ¿están efectivamente exentos de responsabilidad los funcionarios-instituciones? ¿No existe acaso, sobre todo en las dos agencias estatales implicadas, una complicidad y protección mutuas, al menos contingente, con los “dirigentes conflictivos”? 99 Tantear, jugar con alguien. 100 Entrevista a “Dirigente 2”, Panguipulli, 24-05-06.


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comunidades de la Coordinadora), sino en los sucesos que desató la transferencia. Desde el Ministerio del Interior se había ordenado suspender la compra de tierras a “comunidades en conflicto” que hubieran protagonizado hechos de violencia (a “Dirigente 2” se le imputa el incendio de la casa patronal del fundo propiedad del empresario ya referido). Devino entonces la búsqueda de quién había autorizado la compra. Pero el “alto funcionario” se desentendió y la sacrificada fue la directora regional del servicio público responsable. No es descartable pensar entonces, dado el estrecho vínculo del “alto funcionario” con “Dirigente 2” (con quien no era la primera vez que se entrevistaba) y la antipatía de éste con la directora sacrificada, que se halla calculado delicadamente la operación y la destitución de la directora fuese un producto esperado –hay además diferencias políticas entre ella (DC) y el “alto funcionario” (PS) que avalarían esta sospecha. El caso de “Dirigente 2” no deja de llamar la atención. Si bien puede tener muy poco apoyo en las bases y centrar su programa en un autoencumbramiento ante la autoridad sin precedentes, su resonancia no deja de ser considerable, en gran medida por la difusión que tienen sus contactos y reuniones. Su etnoestrategia ha tenido efecto, no sólo ante las autoridades sino también, y esto es lo más relevante, entre la agencia indígena, conquistando una posición referencial en el imaginario local. “Dirigente 2” es, a la vez, el espejo de quienes, creyendo emplear métodos más “pacíficos”, no han advertido con claridad el valor estratégico en la interacción con la autoridad, y más profundamente de aquellos más pasivos que hasta hace poco no concebían siquiera un método. Por otra parte, es en “Dirigente 2” donde la idea de escena étnica, en tanto espacio de interacción donde se representa y actualiza la alteridad, cobra una potencia inédita: no sólo por sus métodos o por sus logros, sino porque ha mostrado la forma, extrema quizás, en que la interacción, sin necesidad de que los agentes involucrados representen a nadie, puede redundar en la forma en que otros individuos encaran a la autoridad. Él, en solitario –pues a estas altura ningún funcionario ignora su pequeño grupo de seguidores–, demuestra que es capaz de representar y dar vida a la diferencia étnica. Se anula así la distinción entre líderes y seguidores o entre representantes y representados: en efecto, parte de la interacción con el agente estatal consiste en representarse a sí mismo como indígena de modo que en la escena nadie “habla por...”. Exceso de representantes que acaba con la posibilidad de representación. El actor actúa según el cálculo de la actuación que se le pide y del máximo que puede forzarla sin dejar de cumplir con ella, margen que para el caso étnico goza –o sufre– de una ambigüedad hiperproductiva en términos de mediadores, interlocutores válidos, líderes o, simplemente, agentes indígenas sin mayores aspiraciones aunque constantemente resistentes a que alguno se atribuya la voz colectiva.


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6. LA INTERACCIÓN EN ESCENAS Tras haber elaborado una clasificación tentativa, caracterizando en líneas generales el movimiento de los agentes, las posiciones y circunstancias que asumen, y de establecer que éstas no son analizables con independencia de las circunstancias de interacción, no volveremos sobre ello más que para añadir al análisis algunos materiales de terreno seleccionados como un conjunto de encuentros entre agentes estatales e indígenas. Serán tipificados según las maneras de presentarse y actuar, por fin, en el espacio mismo de interacción, y servirán para nutrir la reflexión final. 6.1 Presentación de los escenarios 6.1.1 Convocatoria (motivaciones) La convocatoria a un encuentro (entendido como cualquier reunión de agentes, independiente del lugar y concurrencia que se trate) surge la mayor parte de las veces del agente indígena. Sólo en casos excepcionales tales como la presentación de alguna institución proyecto o programa, aviso de alguna información urgente, entrega de algún beneficio o la necesidad de presencia indígena para ciertos eventos institucionales, sucede al revés. En cambio, los motivos por los que el agente indígena solicita la presencia de, o se desplaza hacia, un funcionario-institución varían notablemente según el sector (a la primacía de las consultoras, por ejemplo, se contrapone la menor o más variable interacción con CONAF) y la circunstancia de que se trate (por las distancias, por ejemplo, CONADI es poco solicitada en Panguipulli, mientras que la oficina del PIDI, ubicada en la ciudad, es muy concurrida). Destacamos aquí los motivos más recurrentes:

a) Posicionar demandas: comúnmente corresponde a una vanguardia indígena que pretende instalar un discurso entre sus pares y ante el Estado. Las demandas, hemos visto, fluctúan desde la tierra hasta el territorio, es decir, de la demanda por desarrollo económico a la demanda de derechos colectivos, pasando por el “derecho” a la cultura (demanda porque esta sea promovida), a la educación, a la salud, entre otras. En general, este tipo de acción es individual (líderes) aunque ante un determinado público (además de los funcionarios, los propios seguidores).

b) En busca de beneficios: este tipo de convocatoria ha ido creciendo desde el año 93. Cada

vez más y más variados son los beneficios, y las instituciones que los ofrecen, para los indígenas. Desde la moderna Beca Indígena hasta la tradicional canasta familiar asistencial que entrega el municipio (donde, según las asistentes sociales, los vecinos se agolpan preguntando: “¿que tienen para dar?”). Con los años, además, los beneficiarios indígenas se han familiarizado con los pasos de una postulación: al relleno de fichas y formularios, ya por años conocida, se ha agregado, recientemente, la formulación de proyectos y su lenta tecnologización (uso limitado, por el momento, de Internet). La búsqueda de beneficios puede ser individual o colectiva, aunque, en éste último caso por lo general se delega en un representante del grupo la responsabilidad en el proceso de tramitación.


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c) Negociaciones y acuerdos: cuando las demandas posicionadas obtienen una respuesta o bien la solicitud de beneficios es acogida se abre la posibilidad de una negociación, sobre todo porque a menudo ni tal respuesta ni tal acogida satisfacen plenamente a demandantes y / o beneficiarios. Aunque se da con más frecuencia en el primer caso que en el segundo (pues el beneficio ofrecido tiene generalmente explicitados sus contenidos, condiciones y límites), la interacción motivada por la búsqueda de acuerdos tiene una forma similar: el interés en la reunión es compartido con el agente estatal pues este último precisa de la conformidad de los demandantes para proseguir con la planificación (para el caso de un promotor, por ejemplo, el no-acuerdo podría interrumpir el flujo de dineros para una comunidad, poniendo en riesgo el cumplimiento de metas y, con ello, su trabajo). La convocatoria para una negociación o acuerdo suele ser menos previsible y en general colectivamente recibidas (no son frecuentes, salvo en el caso de un puñado de líderes, las negociaciones individuales).

d) Reclamos: se trata de una figura clásica. Este tipo de motivación tiene múltiples derivaciones

todas ellas ligadas al error o el malentendido, por ejemplo, de alguna interacción anterior (donde el funcionario prometió y no cumplió). En general, se exige la presencia del funcionario o se concurre a su oficina (según el poder del agente indígena o la disponibilidad del funcionario). La lógica de los proyectos y la proliferación de intermediarios, así como la idea de un “trabajo conjunto con el beneficiario”, propia de estos tiempos, han derivado, como decíamos más arriba, en una dilución de la responsabilidad respecto de las acciones. De este modo, no es poco habitual que se dé el caso al revés (cuando el agente indígena no cumple, el funcionario reclama).

e) Trámites personales: el caso más recurrente en las zonas rurales más pobres es concurrir

mensualmente al pago de subsidios asistenciales que realiza el INP a través de una empresa privada (BRINKS, generalmente). Esta diligencia, a diferencia de la búsqueda de beneficios, tiene un carácter estable y no coyuntural pues el subsidio se paga regularmente y no implica tampoco demanda ni (en general) reclamo alguno. Otros trámites personales tienen que ver el Registro Civil, el Registro Electoral, la municipalidad o Bienes Nacionales (específicamente para el tema de tierras), entre otros, todos ellos circunstanciales, donde se buscan permisos, certificados o acreditaciones de todo tipo en vistas de un asunto individual o familiar. Ciertamente todos los servicios públicos admiten trámites personales, incluso los específicamente indígenas. La excepción la constituiría el programa Orígenes cuya objetivación en la Comunidad impide todo beneficio exclusivamente individual (salvo ciertos lapsus como la postulación a un premio o a un cargo al interior del Programa).

6.1.2 Fechas (cuándo) Es complejo establecer un criterio de este tipo puesto que el flujo de interacciones es inestable y no es posible reducirlo a una clasificación cronológica, no obstante, podemos dejar como observación que al menos en ciertos períodos (tales como el de esta investigación en terreno) se acumulan un mayor número de interacciones en relación a una estructura programática. Más allá del hecho deducible de que la interacciones se producen en horarios y días hábiles, cierta temporalidad está


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determinada por la lógica (metodologías, metas) de proyectos y programas y podemos ordenarla del siguiente modo:

a) Períodos de postulación a proyectos: abundancia de reuniones a medida que se acerca la fecha de cierre de postulaciones.

b) Períodos de iniciación de proyectos: abundancia de reuniones para la instalación de insumos y capacidades.

c) Períodos de cierre de proyectos: aumento de reuniones de supervisión y luego multiplicación de encuentros más o menos festivos ante la finalización de los trabajos.

6.1.3 Lugares (dónde) El mayor número de interacciones se da en contextos urbanos (oficinas) e implica el desplazamiento del agente indígena desde las comunidades hasta los centros comunales (consideramos Osorno como parte de la comuna, en el caso de S.J. de la Costa). Esto último favorece la interacción preferencial de las directivas de comunidades y asociaciones. Sólo para las entregas de canastas o la asistencia social municipales o bien otras formas de atención individualizada (Programa Puente, Chile Solidario, PRODESAL, SERVIU Consultorios y Escuelas), donde la unidad de intervención es la familia o el individuo, se da el contacto descentralizado. No obstante, y obviando “el hogar” como espacio de interacción por su inaccesibilidad, rescatamos cinco tipos de espacios posibles para la interacción: - El edificio público:

A distintas posiciones de agente, pueden corresponder distintos espacios de interacción. Desde la oficina de INDAP, apostada en general en algún edificio antiguo de la ciudad que marca su larga duración institucional, con techos altos y fríos, hasta la estación médico rural construida prácticamente como caseta desechable, recordando la excepcionalidad de esas visitas. Otro tanto ofrece el edificio municipal, que dependiendo de la antigüedad y presupuesto de la comuna, será más o menos austero y / o espacioso. Quizás las oficinas por excelencia de la interacción entre agencia indígena y estatal en la Región sean las del edificio de CONADI en Osorno. Ubicado en el centro de la ciudad en el sector comercial, es una construcción de 3 pisos que distribuye oficinas según departamentos (Tierras y Aguas, Educación y Cultura, Unidad Jurídica, Topografía, además de la recepción, informaciones, contabilidad, sala de reuniones y la oficina de la dirección). El grueso de la población espera en el primer piso donde se atienden consultas y sólo ocasionalmente, o cuando ubica a la persona específica con la que se quiere entrevistar, el individuo puede acceder a las plantas superiores. Esta jerarquía espacial (la idea de “en el último piso: el jefe”) se repite en las oficinas públicas. El caso opuesto es el del Programa Orígenes, por su situación irregular respecto a ese esquema. Con las oficinas principales en Valdivia en un sólo piso de un céntrico edificio, el programa ha hecho una economía infraestructural, bajo el paradigma de la coordinación interinstitucional, recurriendo a las oficinas de municipalidades, gobiernos regionales y / o instituciones co-ejecutoras para la realización de sus reuniones (además de ocupar allí computadores, impresoras y demás materiales de trabajo).


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A la oficina como espacio preferente de interacción, se agregan dos espacios extremos dentro del edificio público: la “sala de reuniones” y el “mesón”. Si la oficina es un espacio de contacto bipersonal o diádico (aunque permitiría hasta tres individuos o más según la oficina que se trate –la del jefe de servicio suele ser la más amplia) con infraestructura ad hoc (un escritorio, dos o hasta tres sillas –en caso de más gente, algunos permanecerán de pie–, un computador y eventualmente una estantería con archivadores y papeles, que siempre abundan también sobre el escritorio), la sala de reuniones está pensada para albergar encuentros ampliados (a veces con la comunidad en conjunto o parte de ella) y el amoblado y su orden cambian (una mesa extendida donde cabrían 10 o más personas, según la institución que se trate, con sus correspondientes sillas y en ocasiones una pizarra donde anotar las ideas que surjan de la reunión). Por último, observamos en “el mesón” el espacio de atención menos personalizado. Supone un trámite más ágil y no una conversación. La fila de individuos que suele aguardar impaciente a quien se encuentra con el funcionario, se encarga de recordárselo. La infraestructura aquí es totalmente distinta: en general, se trata de un mesón a lo largo del cual se encuentran otros funcionarios (en el Banco suelen ser ente dos y cuatro, en el INP uno o dos) proveídos de computadores, atendiendo a otros individuos a la misma velocidad. En ocasiones pueden haber varios mesones donde se efectúan trámites distintos al interior de la misma oficina. Un gran cristal separa a veces a ambos agentes, permitiendo el diálogo a través de una ventanilla. En estos casos se refuerza el rasgo impersonal del mesón. Debemos, sin embargo, precaver al lector de la especificidad étnica de este tipo de interacciones: ante la ventanilla (así como en otras muchas interacciones rutinarias) no existe prácticamente tal especificidad101. - La sede comunitaria

La sede comunitaria puede ser también, en el caso de las que no poseen, la sede de algún club deportivo, sindicato o junta de vecinos o bien una sala de la escuela más cercana a todos los socios. La sede, o la idea de sede, es una creación reciente (surgida con la Ley) a diferencia de la oficina cuya existencia se remonta en la zona a tiempos pre-republicanos. En general, han sido subsidiadas o directamente donadas por instituciones públicas o privadas. Habiendo evidenciado el valor operativo y la inconsistencia real de la Comunidad, es posible afirmar que la sede es, en gran medida, la expresión arquitectónica de tal entelequia. Es pieza clave en la constitución del objeto étnico y su administración: materializa el deseo estatal de “alteridad”, de alteridad colectiva, de un distinto en plural102. La sede, inscrita en el centro geográfico e imaginario de la vida social, demanda hacia sí individuos étnicos, los cuales concurren sólo ocasionalmente a semejante ceremonia (pues, insistimos, la mayor parte de las interacciones ocurren fuera de la sede). Sin embargo, es una

101 Si estamos analizando interacciones entre agentes estatales e indígenas, estamos suponiendo una especificidad que distingue a éstas de otras (agentes estatales y “pobres”, o agentes estatales y “campesinos”). De lo contrario, caeríamos en una ambigüedad ante la imposibilidad de delimitar el estudio (¿donde acaban las interacciones entre indígenas y funcionarios y pasan a ser de otro tipo?). Sólo podremos entonces entender por tales las situaciones que denoten una especificidad étnica, es decir, donde en la misma interacción esté, en grado diferencial según los actores y escenarios que se trate, la etnicidad como referente. 102 Es significativo cómo el grueso de proyectos relativos al componente “Fortalecimiento Organizacional” tienen como “iniciativas” la construcción, mejoramiento o ampliación de la sede. Así, según un Informe del Comité Operativo Zonal (COZ) del año 2003, en Panguipulli, de las 11 iniciativas materializadas 10 tenían que ver con la sede y sólo una a la gestión comunitaria, Alarcón, Ephraim, Informe Comunidades Indígenas Programa Orígenes Comuna de Panguipulli, Panguipulli: 2003.


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construcción que localiza tanto a funcionarios como a socios respecto a sus encuentros y en ese sentido tiene un importante valor operativo (por ejemplo, ante la dispersión o los problemas internos de una comunidad, la sede resuelve de inmediato la pregunta “dónde” resolverlo). Comúnmente, la sede es bastante austera: se trata de una mediagua, con bancos y una mesa, a los que lentamente, con aportes propios y externos, se le van agregando objetos (últimamente la solicitud de computadores abunda). Un detalle: en concordancia con lo anterior, y pese a su austeridad, las sedes suelen siempre estar decoradas con afiches y carteles de promoción de éste o aquél programa estatal. En tal sentido, está colonizado por la simbología étnica y de ahí que, pese a no ser el espacio más frecuente donde la interacción tiene lugar, conserva el valor de ser aquél donde el dirigente, ante los socios y los funcionarios-institución, despliega su estrategia de legitimación y maniobra con la diferencia que empieza en la sede misma –no sabemos dónde acaba.

- La parcela demostrativa

Es éste el campo casi exclusivo de interacción con el consultor (en el caso de PRODESAL el consultor es la municipalidad). En diversas etapas del régimen proyectológico es preciso que el consultor acuda a terreno. Tras fijar un punto de reunión, normalmente la sede, se asiste con todos los socios, o un grupo de ellos, a un predio utilizado para mostrar técnicas, explicar procedimientos y / o realizar advertencias. Caben aquí las agencias ligadas a actividades productivas: CONAF, INDAP e instituciones afines a nuevos rubros (como el etnoturismo). El campo, como soporte espacial, ofrece una variabilidad (desde la selección del marco según el tipo de técnica que se trata hasta su anulación por un día de mal tiempo) difícil de reducir a una arquitectura específica. Sin embargo, al menos será definido aquí en oposición a los encuentros en espacios cerrados que restringen la escena a los límites de la construcción. No ocurren en el campo los grandes encuentros, ni las reuniones políticas más importantes (que son en general en privado y a puerta cerrada), ni los encuentros informales, pero, contra eso, nada de lo que ocurre en la parcela demostrativa topa con algún obstáculo que impida hacer de ella otra cosa (literalmente, lo imprevisible de “un día de campo”). Sobre todo porque la interacción ocurre en un espacio en el que, a diferencia de la oficina, la sala o el mesón, el agente indígena posee un conocimiento empírico que a menudo le permite equiparar el saber técnico del agente estatal.

- Espacios diferentes: masividad y excepción

Cuando los convocados a la interacción exceden el número que la sede o la oficina permiten o simplemente cuando se opta por marcar una diferencia respecto a esos los lugares rutinarios de interacción, ésta toma espacios diferentes. En general, puesto que no son propios de ninguno de los agentes dependen de la disponibilidad del anfitrión o bien de los recursos que se tengan para satisfacerlo. El cuerpo de bomberos, el gimnasio municipal, iglesias o edificios eclesiásticos, hoteles, así como dependencias estatales excepcionales, albergan encuentros que generalmente cuentan con una convocatoria ampliada (autoridades locales y regionales de distintos sectores, dirigentes de otras localidades, líderes regionales y nacionales y personalidades del mundo privado). La masividad y la excepción que implica este tipo arquitectura son aquí elementos que agregan intensidad a la escena y que forman parte del repertorio estratégico de cada agente.


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- Interacción no-presencial Muchas veces la interacción no se efectúa cara a cara. Es el caso de la circulación de escritura (cartas, postulaciones –a proyectos, becas u otros beneficios– y, muy incipientemente, mails), y sobre todo del contacto telefónico. He aquí una de las transformaciones tecnológicas más llamativas del campo chileno (mucho más extendida que la tecnología agro-ganadera). No sólo los funcionarios, que manejan masivamente teléfonos celulares, sino a todo nivel. Un sólo dato: de los 18 agentes mapuche entrevistados, 17 fueron contactados por celular (esto sin contar los otros 18 funcionarios mapuche, muchos de ellos ex dirigentes o dirigentes aún, todos los cuales tenían teléfono móvil). No obstante, este “boom” de la telefonía celular no llega al grueso del campesinado indígena, el teléfono sigue siendo una herramienta clave de comunicación con las agencias públicas, sobre todo a través de los locutorios (multiplicados tanto en Osorno como en Panguipulli). En el caso de los agentes estatales, el 100% de los entrevistados que fueron contactados poseía celular. Ciertamente esto implica un cambio sustantivo en el régimen interaccional, especialmente en la rapidez con que puede concretarse un encuentro así como la masividad que este puede alcanzar (se puede ubicar en poco tiempo tanto a funcionarios como a dirigentes). Asimismo, se conocen los resultados de negociaciones, acuerdos, postulaciones y se accede a información de nuevos beneficios. Pese a todo, en las zonas más alejadas los teléfonos, por lo general, no tienen señal de modo que se repiten ciertas formas de marginalidad geográfica que, no pocas veces, tienen un correlato político interno (“los celulares que siempre están disponibles son los de los dirigentes más conocidos”). 6.2 Ejemplos analíticos de interacción A cada uno de los escenarios mencionados corresponde un ordenamiento de la interacción. Sin embargo, siguiendo la idea de tensión que, sostenemos, recorre los encuentros en que, en mayor o menor grado, lo étnico está presente (ver nota 71), los cursos de la acción no son siempre los esperados. La posibilidad de la disrupción del ordenamiento se halla en la base misma de la escena que enfrenta al agente estatal e indígena en un juego de presentaciones y cálculos recíprocos. Desde la reunión más ideologizada (dirigentes ante altos funcionarios) hasta la más rutinaria y desjerarquizada (interacciones rutinarias), en el momento en que emerge el elemento étnico, podemos observar un determinado tipo interaccional o una familia de tipos interaccionales, diferenciables de otro tipo de escenarios y actores103. Caracterizaremos a continuación, apoyándonos en descripciones detalladas, algunos rasgos de la interacción que nos parecen significativos y que nos servirán para definir tales familias.

103 Para utilizar el mismo ejemplo, la escena funcionario / “campesino no-mapuche” si bien puede tener similares condiciones infraestructurales (oficinas, sedes, parcelas demostrativas) tiene otra superestructura, otra simbología, otros referentes en juego y, por tanto, otro ordenamiento de los agentes.


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6.2.1 En la nueva oficina

Por su privacidad, la oficina es el espacio a la vez más constreñido y el más libre. Al fin y al cabo, todo puede quedar entre esas paredes. Pese a ello, una diferencia se genera respecto al tipo de interacción que ocurría (y ocurre aún) en las oficinas de los servicios públicos tradicionales (como INDAP o CONAF) donde las jerarquías, tanto externas (el funcionario frente al beneficiario) como internas (el beneficiario respecto a sus pares), quedan de manifiesto. Poco a poco, asistimos a una modificación de este tipo de relación. La oficina del Programa de Información y Derechos Indígenas (PIDI) en Panguipulli es una sede local de CONADI, encargada, principalmente, de tramitar asuntos jurídicos (derechos de agua, postulaciones a tierra, renovación de directivas). Es también un espacio de encuentro. “La gente viene a desahogarse también”, comenta Rómula Avilés, funcionaria a cargo de la oficina. En menos de 10 m2 se reúnen cerca de 20 indígenas, la mayoría adultos y adultos mayores. Mientras esperamos nuestro turno par conversar con el abogado que atiende todos los lunes, un par de ellos dialogan respecto a los problemass inter e intra comunidades: “las comunidades están divididas, si se unieran tendrían más fuerza […] El alcalde coopera en eso, le paga a la Virginia [dirigente local], le paga a este otro…”. En la espera, la oficina se vuelve un lugar para charlar, discutir y expresarse con y / o contra el funcionamiento del sistema. Presenciamos cinco casos, de diversa índole (títulos de dominio, inicio de demandas, demandados que se defienden, derechos de agua, entrega de un mandato con estafa) donde el abogado mapuche César Paiñam (joven recién egresado, reemplazante del abogado titular, con experiencia en la CONADI de Temuco) saluda y despide a las personas en mapudungún. Les brinda un trato ameno durante la consulta. Ahora bien, pese a ello el abogado marca la jerarquía: les repite a todos si entienden (les llega a dibujar y escribir en papeles los procedimientos) y, ante la cantidad de gente que está en la sala de espera, los despacha con relativa velocidad. Los usuarios en general guardan silencio, salvo una mujer la cual, al ver que debía volver a pagar por un trámite para obtener derechos de agua, dice que ella “no fabrica billetes”, después que el abogado le dijera que “las cosas en la vida no son gratis”. Reproduce muy probablemente la sensación de muchos otros beneficiarios que prefieren guardarse sus inquietudes ante la vehemencia del abogado.

El funcionario mapuche y el “nuevo trato”

Una pregunta sobreviene inmediatamente: ¿por qué tanta sumisión ante las explicaciones técnicas?, ¿por qué no exigir una traducción? Al parecer, se trata de una cuestión de espacios y agentes, de ocasiones para la expresión, de un tipo de agentes frente a un tipo de funcionarios, de una determinada configuración de la interacción. Al interior de la oficina del PIDI, así como en muchas otras donde la base étnica viene dada de antemano, mientras dura la interacción, tal base, permanece latente dejando paso a los contenidos manifiestos, en este caso, procedimientos jurídicos. Se trata de la nueva oficina indígena donde funcionario y beneficiario comparten la identificación étnica.


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Valgan dos observaciones para esta figura: en primer lugar, la relevancia que adquiere la identificación compartida en este tipo de interacciones radica en que el funcionario camufla, de entrada, su posición jerárquica: entabla una relación de supuesta horizontalidad en tanto indígena (“entre peñis nos ayudamos”) que, como en el caso del abogado, no siempre es tal. En segundo lugar, es frecuente que la “nueva oficina” indígena importe sus agentes. En este caso, como sucede también, por ejemplo, con la unidad de Educación y Cultura de CONADI, el agente proviene de Temuco. Y hay una coincidencia más o menos extendida en que estos funcionarios mapuches suelen mirar con desdén a los huilliches de la Décima Región esgrimiendo que aquí la realidad organizacional y cultural es distinta. En la actitud del abogado reconocemos algo de esta distinción: Paiñam nos comenta que su trabajo está en la Novena Región, agregamos nosotros, en el “centro neurálgico del mundo mapuche”, y no en una periferia como Panguipulli. De esta forma, advertimos que en este tipo de interacción indígena-indígena, cada vez más frecuente, la asimetría sigue presente y en algunos casos se enfatiza aún más. La nueva oficina, parece no implicar necesariamente un nuevo trato.

6.2.2 Silencios y reclamos

Los silencios y los reclamos rondan la escena de interacción. Así como ante el abogado en la oficina, el hermetismo y la contemplación parecen remitirse a ciertas circunstancias, el desaire y expresión de molestia tienen también su ocasión. El 24 de agosto una dirigente (“Dirigente 4”) de dos comunidades (12 y 11 socios respectivamente) del sector de Llongahue (Panguipulli) y miembro de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto, estaba convocada a una reunión con ambas comunidades en una sala de la escuela rural Bocatoma (Panguipulli). Ha sido descubierta en una serie de malversaciones y es desacreditada por la comunidad que recién viene a caer en la cuenta del dinero que “Dirigente 4” les adeuda. La reunión, pese a tener por objetivo solucionar el problema, contribuye a acrecentar la hostilidad hacia ella y allí los funcionarios convocados son el aliciente. Un alto funcionario y un promotor de Orígenes, uno de INDAP, el consultor a cargo del plan productivo y su secretaria y un promotor de Orígenes-CONAF, forman la plantilla concurrente que tiene como contraparte a 9 socios de ambas comunidades (el resto fue excusado por motivos de trabajo, por el hijo de una antigua socia, quien ejercía de anfitrión de la reunión) destacando la presencia de la hermana de “Dirigente 4”, secretaria de una de las comunidades. Ésta, sabía de una reunión previa entre el alto funcionario de Orígenes y “Dirigente 4”, donde aquél le pidió a ésta que concurriese a la reunión. Tras una muy respetuosa presentación del anfitrión, la reunión parte con un desconcierto: el alto funcionario no ha logrado convencer a la presidenta. No ha querido reunirse con ellos desde hace un tiempo (coincidente con el tiempo en que empezaron las sospechas). Los asistentes están molestos. Pero el alto funcionario va al grano y comienza a describir el estado de la cuestión: los problemas de directiva, los modos en que la comunidad debe resolverlos, la seguidilla de ilegítimos comprobados con proyectos CONAF y CONADI que no existen y cuyos dineros se depositaron. Total: “Dirigente 4”


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adeuda alrededor de 10 millones de pesos. La hermana de “Dirigente 4” y el anfitrión se reunieron con un ejecutivo del BancoEstado (Eduardo Zamorano, a quien conoceremos más adelante) el cual les facilitó los movimientos de la cuenta de la comunidad. El saldo son 11.163 pesos. Se leen los nombres de un proyecto CONAF que incluye gente que vive en Santiago y en Argentina además de firmas falsas. Fuera de la reunión, el consultor nos comentará los obstáculos que tuvo para trabajar con “Dirigente 4” (no le dejó reunirse con la comunidad bajo la excusa de que “ya están aburridos de reuniones y de esperar el plan, lo van a apalear”) y el día en que le dijo: “no voy a comprar esos materiales [de un proyecto] porque nosotros ya los tenemos y el Estado lo que está haciendo es reponérnoslos”. El consultor agrega que el COZ fue el que ordenó aprobar el plan productivo pese a las irregularidades, y que trabajasen sobre el diseño del anterior consultor. Los socios acrecientan su desconcierto, en medio del cual, la secretaria-hermana alza la voz: “¿Como Ud. es tan ingenuo?”, pregunta al alto funcionario, decepcionada. Apela al hecho de que “Dirigente 4” se presentaba ante las autoridades sin nadie que la avalase (el secretario, el vicepresidente, algún socio); todo lo hacía sola. El funcionario responde que la institución no podía vigilar lo que ella hacía y que en el fondo es también una responsabilidad de quienes la eligieron. Este gesto parece liberar al resto de los socios que habían permanecido en silencio. Ahora se quejan, casi a coro (e incluso en mapudungún), diciendo que no se respeta a los mayores, que “Dirigente 4” hace lo que quiere, que por qué no reconocen al anfitrión (que no está inscrito en la comunidad) como representante válido. La respuesta de la autoridad no interesa. La reunión se acaba pero la pregunta sigue rondando a la secretaria. Tanto así que, junto al anfitrión, entablarán dos días después una denuncia en contra de quienes resulten responsables de la admisión de documentos falsos y de la liberación de recursos indiscriminadamente. El tercero incluido Lo central aquí es que la complicidad de la presidenta y su estrategia con Orígenes (que mucho antes que la comunidad se enterara del problema ya buscaba boletas para cubrir los dineros gastados por “Dirigente 4”) y CONADI (que dejó pasar la renovación de la directiva cuando era ilegal por diversos motivos –tiene que dimitir el presidente, no se puede cambiar antes de que caduque–). Tales son las condiciones que permiten la constitución de la interacción. Este ejemplo, elegido por sus rasgos extremos (acusaciones, malentendidos, dinero de por medio), es representativo de otros casos de quejas, reclamos y búsqueda de solución ante la autoridad por fisuras internas, cuestión que aparece con asombrosa frecuencia. Problemas de límites prediales, de derechos de agua, de pérdida de animales, de todo tipo de transacciones, en fin, de acuerdos entre directivas y socios, por nombrar algunos tópicos. De hecho, tal vez sea éste el tipo de interacción que más atrás nos remonta en el tiempo. La figura de un tercero extranjero que se incluye para mediar en la solución de una disputa tuvo en el Capitán de Amigos, el Comisario de Naciones, el Protector de Indígenas o el Juez de Indios una réplica del agente estatal hoy, obviamente en contextos muy distintos. Se demanda la presencia del Estado con el objeto de suturar las fracturas, movimiento de intromisión que si por un lado asegura un control relativo de las relaciones “intra-étnicas” impide la distinción “interétnica”. En efecto, la agencia estatal involucrada en los litigios internos no logra separarse, distinguirse, plenamente de aquello que busca


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administrar. Hoy esta intromisión, hemos visto, ha estallado en una mixtura de posiciones: ya no se trata siempre de un tercero extranjero, sino muchas veces de un tercero a la vez “interno” y “externo”, el funcionario mapuche. Por tanto, la diferenciación “inter-étnica” (concepto de tan compleja aplicación como el de “interculturalidad”) se torna aún menos clara, obligándonos a repensar, a partir de la realidad de sus agentes, sus posiciones e interacciones, los supuestos de la planificación institucional. Por último, es interesante notar cómo, tanto en la escena del abogado como en la de la reunión, el agente indígena permanece prácticamente ausente, sustraído en el silencio de la explicación procedimental o de las excusas ante los dineros perdidos o bien ocultos en la identificación común de funcionario y beneficiario (el caso de Paiñam). Sólo emerge como contraparte en un determinado punto de la interacción, momento en que manifiesta su opinión (ya sea para expresar una disconformidad, admitir un error o exigir algo). Un sinnúmero de reuniones se desarrollan sin ese momento disruptor y el silencio ordena de principio a fin la interacción. Creemos que en todos estos casos se repiten tres condiciones:

a) lo indígena se da por supuesto, b) del lado del agente estatal está el saber, y c) la presencia, ya mencionada, de un tercero que media la salida de una coyuntura.

Por ello, al no haber un espacio donde interrumpir el monólogo estatal ni estar en discusión la diferencia étnica (que es la primera posibilidad de interrumpirlo), lo que resta al beneficiario es atender a las instrucciones del funcionario-institución. Dos situaciones distintas (una individual, otra colectiva), dos conjuntos de condiciones diferentes que las habilitan (solicitud de información, exigir solución), cuatro posiciones de agente (silencio y queja del lado indígena, instrucción y explicación del lado estatal), y una sola familia interaccional de la cual ambos ejemplos son el anverso y reverso.

6.2.3 De la reunión técnica a la reunión étnica

Todo parece operativo en una reunión técnica y efectivamente lo es. Lo interesante es que, de cierta manera, todas las reuniones lo son (aquellas más dialogadas y menos impositivas buscan igualmente productos, resultados, conclusiones, beneficios). Queremos entonces matizar a continuación los elementos “operativos” de acuerdo a su “operatividad” en tales encuentros. Las reuniones denominadas técnicas tienen, en principio, el objetivo de informar, asesorar y escuchar a los comuneros en una dinámica de constante entrega de antecedentes sobre programas, leyes y / o proyectos y recopilación de inquietudes. Sin embargo, no quedan exentos de la especificidad que rodea la escena: no es cualquier reunión, se trata siempre de una reunión técnica para comunidades (o dirigentes) indígenas. Y eso, si lo olvida una de las partes, la otra suele encargarse de recordarlo. En la Oficina Municipal de Asuntos Indígenas de Panguipulli un grupo de 14 mapuches, la mayoría dirigentes de sus comunidades comandados por María Hernández (secretaria de María Virginia Aillapán), se reúnen con dos funcionarios (Carlos de CONADI y José Luis de la Dirección de Obras Hidráulicas, DOH) que los convocan para informarles sobre las fuentes de financiamiento (Ley


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18.450, INDAP, FNDR, CONADI, entre otros) y requisitos de postulación para proyectos de riego. Todo esto en el marco de un Estudio de preinversión de obras de riego y / o drenaje para indígenas, DOH-CONADI. “No venimos a vender ni a ofrecer proyectos, venimos a invitarlos a participar en un proceso [...] queremos saber cualquier inquietud que tengan sobre riego”. Se trata de una reunión para informar y para recibir información (al final se entrega una encuesta que pretende recoger la realidad de la condiciones de regadío de los asistentes). Con una presentación en Powerpoint van detallando los pasos a seguir para postular (tierra saneada, derechos de agua), en qué consiste el financiamiento (75% del proyecto hasta un máximo de 240 millones) y cuánto deben aportar los beneficiarios (CONADI puede contribuir a cubrir parte de ese aporte). Tras la explicación, los concurrentes comienzan a hacer preguntas diversas, la mayoría de orden técnico y otras de tipo personal (problemas particulares con el riego). Una señora se queja porque sus vecinos beneficiados con proyectos de riego no ocupan el agua (“ni para bañarse”). Los funcionarios le comunican que habrá multas en esos casos. Claramente, el tema del agua es un problema que está recién comenzando y se advierte su relevancia, sobre todo porque es muy poca la gente que tiene derechos sobre el recurso y muchos los intereses que lo acechan. Todo parece transcurrir sin sobresaltos y los funcionarios se aprestan a recoger sus cosas y retirarse. Pero de pronto interviene el presidente de la comunidad Juan Chañape, Eugenio Pichumilla, hablando temas dispersos: desde cómo se dividió su comunidad con el ingreso de Orígenes hasta que a él le gusta presenciar estas reuniones, que le gusta presentarse, de su mentalidad y de su conocimiento, que nadie considera a los lonkos, que los límites (en referencia a los límites prediales que son motivo de disputa –por el agua, entre otras cosas) los puso el huinca, que “nosotros como mapuches no tenemos límites, somos un sólo pueblo” y, finalmente, “¿cómo que esto es para mapuches y no mapuches?, ¿no que la CONADI defiende a los indígenas?”. Carlos de CONADI, en una actitud ilegible, le agradece sus palabras (¿agradece el hecho de que haya hablado? Porque el “contenido” del mensaje, por su dispersión, impide ser agradecido “íntegramente”) y agrega que ellos trabajan por las familias mapuche. Parece resuelto el impasse pero cuando quiere pasar al tema de las encuestas y cerrar de una vez la reunión (que se había extendido casi 2 horas), interviene Pablo Aillapan (consejero de la comunidad Coyamilleo) quien previamente lo había hecho en un tono similar aunque más suave que el de Eugenio, pero sin eco (hablaba constantemente al resto de dirigentes sin mirar a los funcionarios). Se pliega en parte a lo planteado por Eugenio agregando que “los huincas están tomando el agua”, contando a continuación un proyecto “que hice yo” y que terminó en una estafa. Carlos, conciliador, comenta para cerrar que: “es importante que estén organizados para reducir al máximo estas situaciones [de estafa], sea cual sea el proyecto”. Un segundo caso. Al día siguiente, acudimos a la convocatoria del joven dirigente Richard Weitra (actual funcionario Orígenes-CONAF y presidente entrante de la comunidad Mauricio Weitra) quien había enviado cartas a una veintena de autoridades para una reunión a efectuarse este día en la sede del sindicato de pequeños agricultores de Ancacomoe, (localidad ubicada a un par de kilómetros al oeste de Panguipulli). Se trata de la presentación de dos proyectos productivos (un semillero de papas y un vivero de plantas) de socios de la comunidad (el joven Weitra y otro socio) pero que prometen dar trabajo a ésta. De este modo y a través de la exposición en papelógrafos de costos, rentabilidades y montos necesarios, buscaban seducir a las autoridades para obtener financiamiento. Sólo han concurrido dos, aunque por sus identificaciones (Eduardo Zamorano, ejecutivo del BancoEstado y Marcos Bucarey, jefe de área de INDAP) logran contrarrestar la frustración colectiva ante la baja convocatoria.


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Es ésta una reunión que poco debe tener de étnica, dado el motivo y los funcionarios presentes, además de tratarse simplemente del negocio de un pequeño grupo, aunque aparentemente beneficioso para todos: “La idea de esta reunión”, dice Richard, “es que las autoridades nos apoyen, porque hay mucha incertidumbre”. Está inquieto, es un día importante. Le ha costado trabajo formular el proyecto que esperaba presentar en Powerpoint (pero no consiguió la proyectora) y ha elaborado un documento macizo. Tras la apertura (un “mari mari” breve), agradece inmediatamente a las autoridades por haber venido y comienzan las presentaciones, ambas muy claras y bien expuestas, sobre todo la de Richard con múltiples tablas y cuadros que explican la viabilidad del vivero como negocio a corto plazo. Poco entienden los 18 socios que han llegado, pero Zamorano y Bucarey quedan muy agradados, al menos con el trabajo invertido en la formulación. Bucarey los felicita: “Las reuniones deberían ser así, Uds. dirigiendo, enriqueciendo, preguntando, y no nosotros explicando”. Pero el agrado es sólo en principio. Pronto comienzan las críticas y lecciones: “hay que ser crítico con el mercado, ponerse en el peor escenario [...] Por otra parte, el decreto 701 de subsidio a la plantación es gratis, no veo para qué perder plata en eso [respecto al vivero]”. Bucarey los precave también sobre las asesorías técnicas: “deben ser profesionales, que estén inscritos en Chilecompra, y lo importante es que los quiera y que quiera su pega”. Subraya el hecho de que deben seguir al consultor en el proceso de asesoría “para que la experticia quede en Uds.”. La concurrencia asiente. Al menos, Bucarey se abre a la posibilidad de una asesoría técnica de parte de INDAP, en principio para el semillero. Hasta entonces la reunión transita por un curso más o menos típico. Pero emerge la figura, casi dantesca, del ejecutivo del Banco que en un alarde teatral que mantendrá durante toda la reunión comienza diciendo, respecto al semillero, que “yo de papas no sé nada, pero lo que sí sé es que no los veo calientes, si se van a meter en el proyecto, créanse el cuento [...] Si yo les presto plata, yo soy socio de Uds., si a Uds. les va mal a mi también. Entonces tengo que verlos motivados [...] Esto es como casarse: conozco la muñeca y me voy con todo”, hace una pausa y remata: “y eso que todavía no me he enojado”. Risas generales y se distiende la reunión. Efectivamente, se observa una gran distancia entre Richard, su socio y su proyecto y el resto de la comunidad. La conversación girará entonces ya no en torno a los números presentados, sino a una cuestión de actitud. Richard quiere subsidio o, en su defecto, crédito (lo que en general es mal visto por la concurrencia por los riesgos que implica). Bucarey rápidamente le explica que el subsidio es para negocios con rentabilidad a largo plazo y que el de él quedaría inmediatamente excluido de esa posibilidad. Tanto para el semillero como para el vivero, el problema es el mismo: “lo principal aquí es el factor humano. Prefiero uno entusiasmado, yo lo financio, antes que 10 a medio andar”. Zamorano arremete: “si el problema es quién se arriesga, si le va bien, al año siguiente aparecen todos, pero a esos hay que cobrarles, no pueden llegar así cuando esté la mesa servida”. Y, como tomando un segundo aire, se pone de pie y sentencia: “[entonces] tengo dos opciones: no meterme y seguir como estoy o meterme la mano al bolsillo y arriesgarme. Uds. son empresarios: [entonces] o se creen el cuento o siguen apatronados, como yo que recibo un sueldo todos los meses [...] si están en esa onda métanse”. Desde el fondo una señora responde: “¡estamos metidos!”. Pero el ejecutivo prosigue, porque “si soy empresario me la juego, no me quedo viendo la novela, no me gasto la plata en chicha”. Un verdadero humorista: todos ríen y aprueban sus lecciones de desarrollo. Ya ambos de pie, Bucarey y Zamorano, se ensañan contra el asistencialismo plasmado en los subsidios señalando los vicios y problemas (el acostumbramiento a recibir dinero sin esfuerzo, sería el lema) que implica: “por mi experiencia”, dice Bucarey, “el subsidio es un freno para el desarrollo [...] nuestra misión es instalar capacidades, que la gente se empodere [...] ¿Con quién me gusta trabajar


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a mí? Con mujeres. Porque tienen hijos y se proyectan [...] yo quiero que Uds. progresen y progresen de verdad porque hay otros colegas que quieren mantenerlos a Uds. en este estado de pobreza [...] Si estiman su fuerza olvídense de los subsidios”. Esto parece dar más energía a Zamorano: “Es como el cabro chico que pide plata. ¡No po! Límpiame el auto y te paso la luca, gánatela [...] A Uds. no hay que regalarles el pescado, hay que enseñarles a pescar”. La reunión avanza y Richard parece frustrado porque no era este el escenario que buscaba y sabe la respuesta de la comunidad cuando les consulta: “yo no sé si Uds. están dispuestos a arriesgarse si pedimos un crédito”. Ha intentado involucrar a la comunidad en su proyecto para obtener un subsidio pero, ante la negativa, el crédito implica arriesgarse en conjunto (aunque el préstamo sea individual). Hay un titubeo. Bucarey está terminando de decir que no hay que pensar en mercados estables, como venderle a Orígenes (“porque Orígenes va a desaparecer”) y entonces entra un actor ignorado hasta el momento. La señora Juana Weitra (que antes había dicho desde el fondo: “¡estamos metidos!)” imprime la diferencia: “soy profesora lingüista de aquí de Panguipulli, no sé si me conocen [...] Ud. dice que Orígenes va a desaparecer pero los mapuches vamos a seguir. Entonces yo le voy a poner los nombres a las plantitas [del vivero] en mapuche y van a venir los turistas”. Inmediatamente Zamorano acota: “ah, como valor agregado”, pero Juana continúa, “además nunca hemos sido ricos, así que juguémosnosla”. Otra acotación, ahora de Bucarey: “por eso [como nunca han sido ricos] no arriesgan nada, arriesgan estar mejor no más”. La reunión cambia de plano, Juana ha desplazado el foco al menos un instante, y Bucarey agrega que “lo más probable es que todos tengamos sangre mapuche, porque según los hallazgos arqueológicos, desde hace 8 mil años que viven aquí [menciona entre medio algo sobre pueblos de indios en el siglo XIX que no se comprende] así que difícil que desaparezca”. Pero aún falta Zamorano, que ha observado el giro y no atina sino a coronar el desplazamiento: “yo ando así con corbata porque me lo pide el banco”, aludiendo a que él es igual que los socios pese a que parece distinto. Y es la misma Juana la que corrige el desplazamiento de la escena, ya nutrida, del paréntesis excedentario que acaba de ocurrir: “Bueno, y con cuánto se va a poner el Banco”. Creemos que no es necesario agregar muchos comentarios sobre lo que este resto étnico, en una reunión de otra índole, viene a implicar. Quedémonos simplemente con la actitud de Richard al cerrar la reunión unos minutos después ante el escepticismo de la autoridad frente a su proyecto: “Nosotros, el pueblo mapuche, está patinando en lo mismo y hay un carro que está partiendo [donde viajan los microempresarios] y tenemos que engancharnos”. “Enganchado” de un elemento que había olvidado entre números y cotizaciones, ahora lo incorpora en su estrategia para intentar “enganchar” a las autoridades por última vez. Los funcionarios se retiran, después de más de 2 horas de reunión, y los socios permanecen en la sede para evaluar el nuevo panorama. Personalismo y culturalismo frente la disyuntiva desarrollista La reunión técnica deviene reunión étnica. ¿Qué posibilita este tránsito? A diferencia del tipo interaccional anterior, donde lo étnico se daba por supuesto y, por ello, permitía excesos en la comunicación (el silencio, el reclamo), con estos dos ejemplos nos instalamos en otro horizonte, el del desarrollo, donde los supuestos cambian. La posición del agente indígena varía y ahora tal identificación debe ponerse en el tapete pues, en términos desarrollistas (digamos, “desarrollo sin identidad”), la pobreza es el supuesto inmediato. Este “mal” que el desarrollo superará radica, según


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vemos, en el modo tradicional de vinculación de los indígenas con el Estado, el asistencialismo. Los funcionarios se esmeran en ambos ejemplos en marcar una diferencia respecto a este modo: “no venimos a vender ni a ofrecer proyectos, venimos a invitarlos a participar en un proceso”, subrayan los agentes del riego, mientras que Bucarey y Zamorano repiten a los socios el fracaso de la política de subsidios. La superación del “mal” entonces, implica unos procedimientos específicos, unas técnicas, que, al igual que en los casos anteriores están del lado de los agentes estatales (“ellos saben”). En el primer caso, se trata de la información sobre la forma de postular a proyectos de riego, en el segundo, de los caminos que deben seguir Richard y su socio para pasar de subsidiados a emprendedores. No obstante esta asimetría, ambos casos nos sirven para apreciar una transformación: en la escena del riego, la información que se entrega aspira a traducirse en proyectos formulados por los propios beneficiarios, cuestión que observamos en Ancacomoe con el vivero y el semillero, proyectos ya formulados que buscan financiamiento. Se trata de dos etapas del mismo proceso. Cuando llegamos al segundo caso la asimetría de saber-poder en la interacción deja paso a relaciones más horizontales que incluso son valoradas por los nuevos funcionarios del desarrollo (“las reuniones deberían ser así, Uds. dirigiendo, enriqueciendo, preguntando, y no nosotros explicando”). En contraste con la “nueva oficina” y la “reunión de reclamo” donde las jerarquías se reproducían o acentuaban (incluso con un funcionario mapuche mediante), en la escena del desarrollo se demanda al beneficiario ser partícipe del proceso, haciéndose cargo de él, al menos aparentemente. Aparentemente puesto que en esta forma de interacción las relaciones tradicionales, en cierto sentido, resisten. “No les vamos a dar los peces, les vamos a enseñar a pescar”, afirma Zamorano. Si bien las condiciones para la expresión, para el diálogo entre agentes, se comienzan a apreciar a medida que penetra la lógica del proyecto en las interacciones, nivelando en parte la asimetría de poderes, ésta no se diluye del todo. Es más, podemos afirmar que toma un viejo camino: se cambia el eje del subsidio, sin cambiar el del personalismo. La deferencia o la indiferencia, la exageración o la moderación, la risa o la discreción, entre otras, constituyen pares polares de actitudes, formas de expresión y presentación de sí, determinantes en el modo en que los agentes encaran la interacción, la distribución del poder y los resultados que de ella obtienen. Queda expuesto, en gran medida, al azar de la sinergia entre agentes (esto es, de actitudes cuya articulación sea productivamente positivas o negativas) el éxito o fracaso de las acciones de unos y otros. En este caso, el control de la interacción (la llegada, los énfasis, las interrupciones, las pausas, el corte final) permanece del lado de la autoridad ya no en una relación asistencial sino instructiva. En ello influye la habilidad escénica del ejecutivo del Banco que impide una relación más horizontal. Su ejemplo es extremadamente ilustrativo: los socios de la comunidad entregan con sus risas (fingidas o no) el control de la escena, luego de que éste les imputara una falta de expresividad (“no los veo calientes”). En adelante, Zamorano insistirá sobre el nexo entre “actitud” y “desarrollo”. La reunión habría pasado a ser un charla motivacional de no ser por la única interrupción a su comedia. El comentario de la señora Juana Weitra (que es también el de Eugenio Pichumilla) ha desenfocado la escena, obligando a los participantes a referirse al tema: es el lapsus “étnico” en el seno del discurso desarrollista-motivacional. El propio Richard lo había olvidado como ingrediente para “enganchar” a las autoridades a su carro emprendedor. Nos encontramos ante una transición de modelos inteaccionales (del asistencialista al desarrollista y de éste al de “desarrollo con identidad”) que se advierte en estas “salidas” de escena. La intromisión del elemento étnico complica a los


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funcionarios (y al propio Richard, en el segundo caso) obligándolos a “hablar demás”, como en el caso casi paroxístico de Bucarey, quien, intentando hacer un alarde de su conocimiento en cultura mapuche, habla de sangre y arqueología. Zamorano tampoco se resiste y, para sortear el impasse, se refiere a su manera de aparecer (“yo estoy de corbata porque me lo pide el banco”, “soy igual que Uds.”). Si observamos con atención, el exceso comunicativo (rodeos, titubeos) viene ahora de parte del agente estatal, interpelado en un campo cuyo control pierde. ¿Qué decir sobre un elemento irreducible, el indígena, a la charla desarrollista? El “desarrollo con identidad”, modelo cuya paradoja es ser actualmente operativo a la vez que decirse “en construcción”104, presenta continuamente esta forma interaccional. En algunos casos con lapsus en otros sin, la posibilidad del desenfoque existe desde el momento en que se instala la dicotomía en el agente estatal. ¿Cómo continuar la charla si la disyuntiva “asistencialismo o autogestión” deja lugar a la etnicidad en la escena? Sólo resta ceder el control, aunque sea un instante, lo cual nos recuerda la especificidad étnica de la interacción, como posibilidad permanente de desenfoque (desfase, desvío, irreductibilidad). Por ello, es la misma señora Juana la que devuelve a la reunión técnica tal carácter, no sin antes dejar huella del lapsus: “Bueno, y con cuánto se va a poner el Banco”.

6.2.4 La tierra en el imaginario de la interacción

La tarde del 3 de junio asistimos al encuentro del Subsecretario de MIDEPLAN con la comunidad de Pullehue (ubicada a 10 minutos de Panguipulli) para un preacuerdo de compra de tierras (esta comunidad fue una de las primeras en demandar tierras, siempre por la vía del diálogo, y que recién el año 2005 ha visto acercarse la posibilidad de concretar una compra que restituya las hectáreas originales del Título de Merced). La visita del Subsecretario tenía dos motivos: por la mañana se reúne con otro conocido dirigente (pese a la molestia de un amplio sector de dirigentes y funcionarios, por la excesiva atención que se le presta). Por la tarde, se reúne con la paciente comunidad de Pullehue, visitando antes junto al presidente, Sergio Punoy, un terreno aledaño que se le pretende traspasar vía FTAI (Fondo de Tierras y Aguas Indígenas). Tras esto, se le ofrece un almuerzo en la sede comunitaria a la autoridad. Cerca de 20 socios, (el 80% adultos y adultos mayores, detalle que habla de la migración juvenil que, “por la poca tierra”, un dirigente justifica) frente a 15 “extranjeros”, entre gente de MIDEPLAN, CONADI, Orígenes, Municipalidad, periodistas, un abogado y nosotros. En la mesa central almuerzan las visitas, con 2 o 3 comuneros, el resto lo hará después. Las mujeres atienden. Tras la comida, el Subsecretario agradece la atención, habla de la voluntad de llegar a acuerdos y promete que el gobierno intentará comprar cerca de 30 mil hás. este año. Luego interviene el lonko, visiblemente emocionado, haciendo un poco de historia, recordando el sufrimiento y el despojo de que fueron objeto. Igualmente agradece la presencia del Subsecretario. Luego toman la palabra otros socios repitiendo la misma fórmula, ahora a modo personal, en una suerte de “biografías de la poca tierra y la necesidad”, mezclando etnicidad y pobreza. Para cerrar las intervenciones de una de

104 La idea de interculturalidad como “paradigma en construcción” circula hoy en las instituciones públicas con el aliciente de estar crecientemente incorporando en su discusión a los propios beneficiarios de este modelo y por ende enriqueciendo la diversidad de miradas sobre él.


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las partes, el presidente Punoy habla: “queremos que el Estado reconozca las 345 hás. del T.M. Porque aquí vive mucha gente, mucha, más de lo que se ve, porque los jóvenes están todos fuera”. Se refiere al papel de los mapuche en la recuperación de la democracia y por lo cual deben recibir su recompensa, sin embargo, hoy “a los que hacen escándalo les llegan cosas y los que no somos violentos nos quedamos esperando”. El Subsecretario escucha todo muy atentamente, habla poco; observa y escucha mucho. Interviene sólo para ir al punto central: “me comprometo de que en un plazo de 90 días parta el proceso de pre-negociación. Confiemos en la palabra. Si quieren en 90 días nos volvemos a juntar […] Créanme que entiendo sus argumentos… ésta es una de las comunidades más pacientes”. El Subsecretario no pierde el tiempo. Las cartas están jugadas y parecieran no ser necesarias más palabras. Pero, con tanto funcionario-institución presente, la comunidad exige tácitamente que tal presencia se justifique. Intervienen varios de ellos. Más allá de las formalidades (flujo de agradecimientos y felicitaciones), una intervención se sale del esquema. Bernardo Toledo (DIDECO-Municipalidad) toma la palabra afirmando que para la gente que es de la comuna, como él, siempre es bueno que se haga justicia y “haremos todo lo que esté a nuestro alcance [para que se concrete la transferencia], pero les pido que no se desesperen. A veces ocupamos herramientas poco dignas pero les aseguro que cuando se acabe la paciencia los apoyaremos”. Entre la llegada de la televisión local, la conversación de las autoridades con algunos dirigentes y la mirada atenta del resto de la comunidad (sobre todo de las mujeres), se disuelve el encuentro. Tierra y voluntarismo En primer lugar, estamos aquí en presencia de un ejemplo donde la demanda es preferentemente étnica. El motivo es la tierra, la pérdida de tierra y su restitución por una vía no violenta como es la postulación al FTAI. Si en la primera familia interaccional la identificación indígena del agente se daba por supuesta (siendo luego ignorada) y en la segunda tal sustrato étnico, no presupuestado, inesperadamente aparecía, en este tercer tipo lo indígena se manifiesta constantemente. Lo notable de esta forma es que no se trata de un elemento “cultural” que circunda la escena, sino de una articulación entre historia y memoria. En efecto, el problema de la tierra remite ya no a “otro mundo”, “otra cosmovisión” o demás “otredades” (como plantea la dicotomía que hemos descrito) sino al recuerdo puntual (que exige ser reconocido) de una pérdida territorial. Pérdida que es la raíz de otras pérdidas. De ahí su carácter concreto y limitado, a diferencia de la ambigüedad ilimitada del culturalismo. El Estado, antes que nada, debe restituir el despojo que permitió. Quedan, de este modo, desperfiladas otras dimensiones como “pobreza”, “desarrollo” o la propia “cultura”. Segundo, la familia de interacciones (solicitudes, postulaciones, negociaciones y acuerdos) en torno a la tierra debe ser identificada y destacada, toda vez que la escasez de este bien es un referente que no debemos olvidar pues, así como su pérdida se halla a la base de otras pérdidas, es también la raíz de diversas circunstancias de interacción. En las comunas estudiadas, decíamos, se han producido procesos de compra de terrenos (en general, muy lentos) aunque los predios siguen siendo precarios y sus dimensiones insuficientes. Existe una respuesta a la demanda, no obstante, no es del todo satisfactoria. El problema de la tierra, entonces, a veces latente, otras manifiesto,


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aparece en las interacciones con los agentes estatales de distintos modos, y bajo distintos marcos (desarrollista, culturalista, asistencial). Sin embargo, cuando es la tierra el motivo central de la interacción las posiciones de los agentes se alteran. En atención a lo anterior, en tercer lugar, apreciamos aquí un gesto voluntarista de parte del agente estatal, que se repite en otras escenas aunque es en relación a la tierra donde probablemente encuentre mayor eco. Se trata de una simpatía inmediata ante la “causa indígena” permitida por el cruce con las trayectorias personales de algunos funcionarios. De hecho, en número creciente los agentes estatales vinculados al tema indígena poseen en sus biografías etapas de participación, reivindicación y / o movilización, en organizaciones sociales. Por ende, la solidaridad con el indígena y su circunstancia se da con facilidad (muchas veces no necesariamente con los dirigentes sino, al contrario, con los comuneros alejados de las tensiones de la élite). Bernardo Toledo, funcionario ligado en otros tiempos al mundo de las organizaciones campesinas, le promete a la comunidad de Pullehue que, llegado el momento, los apoyarán si es que “pierden la paciencia” ante la larga espera por la restitución de tierras. Su caso es también el que fuerza la “Dirigente 1” al alcalde Köhler en Panguipulli, y en general, el peso con que cargan los funcionarios ligados, en alguna medida, a la izquierda política (concertacionista o no) como parte de una afinidad de objetivos que en otra época compartieron. Curiosamente, parecemos escapar al esquema etnificador justamente donde lo indígena está constantemente presente, esto es, en las interacciones ligadas a la tierra y la memoria de una pérdida. Observamos además que el referente territorial penetra en un amplio espectro de otras interacciones no territoriales. Es en cierta medida un comodín al que recurren con frecuencia los agentes indígenas. Por ello, es constantemente también objeto de articulación con otros referentes en una etnoestrategia cada vez más diversificada y menos específica (recordemos que hasta antes de la Ley Indígena, ante el Estado los temas “culturales” permanecían a la sombra de la demanda de tierra). El campo para la tematización de lo indígena se ha abierto al interior de la agencia pública y en él los beneficiarios mapuche, utilizando referentes diversos, configuran su propia agencia.

6.2.5 Lo étnico desborda(n)do

Para cerrar esta secuencia de ejemplos nos interesa reponer, con una descripción extensa, una familia de interacciones que, por el motivo de la descripción (declaración del nguillatún como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad -PIH-), el espacio elegido (edificio eclesiástico) y su carácter (interprovincial e interregional con presencia de funcionarios mapuches y huincas, lonkos, dirigentes, consultores, estudiantes y extranjeros), puede servir para iluminar el lugar donde lo étnico, no sólo constituye sino que desborda, su escena. El martes 23 de agosto viajamos a Valdivia al “Taller Regional de Apoyo a la Difusión y Promoción en Comunidades Mapuche, del Gillatun para su Presentación como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, a la UNESCO en el año 2006”, realizado en la Casa de Ejercicios del Obispado de Valdivia los días 22 y 23 de agosto donde fueron invitados cerca de 40 personas, la mayoría dirigentes y lonkos (los primeros jóvenes, los segundos más viejos) de toda la región, más personal de CONADI (Juan Licanqueo y Cristian Catricura de CONADI-Osorno, Rómula Aviles del PIDI-


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Panguipulli y Juan Ñanculef de CONADI -Temuco) y de la Fundación de Desarrollo Campesino, FUNDECAM, (4 mujeres asistentes sociales y antropólogas), ambas instituciones convocantes del taller. Había además una estudiante suiza asesora del lonko Nahuelpán que trabaja su tesis en temas de reconstrucción territorial y un ciudadano español, amigo de ésta última, especialista en patrimonio. Según el programa, la reunión comenzó el lunes a mediodía con la recepción, almuerzo e inauguración del taller, seguido de una exposición de Juan Ñanculef Huaiquinao del Departamento de Cultura y Educación de la Dirección Nacional de CONADI sobre “El Gillatun: Elementos del Patrimonio Oral, único y exclusivo del Pueblo Mapuche. Nociones de la UNESCO y concepto de Patrimonio de la Humanidad”. Dos horas de exposición. Luego vino un descanso y a continuación un trabajo en grupos de una hora y media. La reunión incluía alojamiento y comidas en la misma Casa de Ejercicios.

La jornada continuó el martes junto con nuestro arribo. Estaba previsto un trabajo en grupos, sin embargo, Ñanculef vuelve a exponer, esta vez una hora y cuarto. Para nuestro interés es favorable, aunque para los invitados parece no serlo tanto (especialmente para el lonko Nahuelpán). Hay cámaras de video (2), cámaras de fotos (3)105 y, para ellas, hay también lonkos ataviados con mantas (6) y tralilonkos (4). Observamos una falta de presencia femenina (y atuendos también). Reconocemos algunas caras. Por ejemplo, Filomena Huilipan, una de las pocas mujeres, dirigente de Pocura que tendrá dos intervenciones muy interesantes. Ñanculef expone desordenadamente ante toda la concurrencia: habla sobre la escritura en telas (“sí escribíamos, no en castellano, pero sí”), sobre la unión de puntos con líneas, de las galaxias y de la Cruz del Sur (“que la llevamos todos a diario en nuestras mantas y que, por cierto, son mantas de lonko no de cacique como a veces se dice, porque cacique es una denominación de los colonizadores”). Dice que los aymaras (cuya cosmovisión conoció en San Pedro de Atacama) calcularon mucho antes que los españoles, a partir de esta cruz, el número pi (π). De lo anterior concluye que “nuestro saber (“nosotros sabíamos de Pitágoras antes”) es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”. Tras esto, vuelve al tema que convoca, y enumera ventajas y desventajas de convertir el nguillatún en PIH. Entre las ventajas se cuentan las siguientes: 1. Permitiría que “el gobierno o el Estado chileno se comprometiera a proteger y promover el nguillatún. 2. Se ampliaría el territorio culturalmente, “porque la CONADI compra tierras pero la gente no hace nguillatún”. Catricura acota que la gente no demanda nguillatún, no lo considera en su demanda territorial (más adelante volverá sobre lo mismo). Ñanculef apunta que sería necesario hacer un catastro de dónde y cuánto miden los nguillathue en la región. Desventajas: 1. “Trauma psicológico que implica vender un kimún propio a la UNESCO” y 2. “Lo otro es que no pase nada, que sea puramente decorativo”. Cita los actuales patrimonios de la humanidad de Chile: Rapa Nui, Valparaíso, las iglesias de Chiloé y las salitreras. Acaba su exposición y la idea es pasar al trabajo en grupos con una lista de preguntas que las organizadoras escriben en la pizarra. Pero hay comentarios: en una alocución íntegramente en mapudungún y sin traducción posterior, el lonko Juan Caniulaf de Maiquillahue no despierta mucha

105 Habrá fotos en el intermedio de Ñanculef y las organizadoras y éstas con algunos lonkos.


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atención (el público no entiende o bien se desentiende, como las organizadoras que aprovechan de escribir los ejercicios a realizar en la pizarra), pero al parecer está en desacuerdo con la declaración de PIH. Ñanculef le retruca, en parte para salir del tema y pasar al trabajo grupal, diciendo algo acerca del nombre del lonko: Juan de Dios, “miren como hasta en los nombres estamos evangelizados”. Pero Caniulaf dice que no ha terminado y prosigue. Ñanculef le entiende y traduce: “dice que trae un mensaje de los otros lonkos (del sector de lafkenmapu, costa de Valdivia) que están en desacuerdo con que se declare PIH”. Caniulaf lo vuelve a detener y acota algo más. Luego, Ñanculef agrega que el gobierno debiera tomar en serio el asunto a partir de esta declaración. Pero la actividad grupal no puede comenzar porque toma la palabra el lonko Augusto Nahuelpán, de Lanco: “quiero hablar por el consejo de lonkos [de Valdivia que él preside] porque Uds. [los de CONADI] han hablado harto [...] Estamos de acuerdo en que los terrenos que están dentro de los fundos sean declarados patrimonio, pero ¡no los que ya tenemos!”. En el fondo, se trata de recuperar tierras a través del decreto. Luego habla de que la CONADI no ha hecho cumplir la Ley Indígena, “es el peor enemigo del pueblo mapuche”. Lo dice por un caso que les afecta a ellos sobre un predio. Critica a Ñanculef por trabajar en CONADI. Éste se defiende: refiere el caso de Ralco y las disputas que implicó. Pareciera que vuelven los mismos temas de siempre. Pero echa mano de un ejemplo histórico: las diferencias entre los wenteche independentistas y los nagche pro gobierno, unos luchadores, los otros negociadores. Las traduce a la realidad contemporánea en Aucán y la Coordinadora Arauco Malleco, como los wenteche, y ellos como los nagche: “nosotros los negociadores. Creemos que se pueden seguir abriendo puertas. Y yo digo: ¿cuántas hectáreas de tierra han recuperado ellos?” Otro lonko interviene brevemente y, a continuación, Filomena Hulipán (presidenta de la comunidad Juan Chañape, Panguipulli), enérgica, toma la palabra diciendo, por Aucán, que no le gusta que se hable de gente que no está presente y señala que sin él en su localidad no habrían recuperado tierras. Ñanculef se retracta y pide disculpas. Por fin es tiempo de armar los grupos de trabajo porque el tiempo pasa. Un detalle: Nanculef va dando a cada uno un número para agruparse y cuando ya está terminando se da cuenta de que debiera contar en mapudungún y no en castellano como lo hace (a propósito de su critica a “lo colonizados que estamos”). Todos ríen por el lapsus y se arman tres grupos. Segundo detalle: instantes antes, Catricura interviene: “aquí [en la sala y a propósito de nuestra presencia] hay también antropólogos, porque también nos estudian [léase en tono irónico]. Creo que no deben participar, solo escuchar. Salvo que los lonkos se opongan a que estén y yo no tengo problema en decirles que salgan”. El funcionario hace su performance ante las autoridades tradicionales (en él esto se marca especialmente pues da constantes muestras de tedio con la gente que habla, contesta el celular durante la reunión –se le escucha hablar–, y se le advierte un discurso memorizado106). Nahuelpán, ante la mirada antenta de su asesora-estudiante suiza, dice que hay “huincas colaboradores”, dando a entender que no tiene problemas. Podemos quedarnos como espectadores. Permanecemos en la sala con el grupo formado por unas 10 personas, entre ellos los lonkos Nahuelpán, Alcafuz y Caniulaf, más un lonko joven de Río Bueno (cuyo nombre no identifiqué), el

106 Otras muestras de hostilidad hacia Catricura tuvimos ocasión de observar en el Wetripantu de CONADI celebrado en Pucatrihue con la comunidad Choroy Traiguén, cuya presidenta Teresa Maripán, tras alabar ante la audiencia (funcionarios y socios) la tarea de del gobierno y la CONADI, comentó fuera de escena los reparos que le merecían las actitudes de Catricura (que bailaba con algunas socias, “danzas tradicionales”).


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propio Ñanculef, y la presencia destacada de Viviana Lemuy (madre de Ponciano Rumián), maestra de nguillatún en San Juan de la Costa. La idea era responder la pregunta por las ventajas y desventajas de declarar el nguillatún como PIH, acotar su práctica a los distintos sectores y si en definitiva debe o no ser presentado a la UNESCO. Comienza hablando el lonko Nahuelpán sobre asuntos dispersos: de la espiritualidad desde el “ser mapuche” (“yo recorro en pewma el territorio”) al hecho de si son capaces de manejar recursos (“porque los huincas andan como pirañas”), hasta amenazas (“si queremos hacer desaparecer la mitad de Chile, podemos. Porque la naturaleza está de nuestro lado”), subrayando una y otra vez, el valor de los lonkos como portadores del kimún (con lecciones morales tales como: “¿quién de Uds. va a saludar en la mañana a los lonkos?”) y como referentes ineludibles para las comunidades (“entonces la educación pasa por nosotros”). Luego, destaca el elemento místico que los une: “yo estoy contento porque nos ponemos de acuerdo sin habernos reunido antes, es el newen que habla por nosotros”. Por último, nota un doble discurso en la exposición de Ñanculef (que ya expresó antes, en la tensión funcionario / mapuche) Es el turno del lonko Alcafuz que, brevemente, “como Apo Ülmen” explica en mapudungún (autotraducido) que “la espiritualidad es lo poco que va quedando y no estoy de acuerdo con comercializarla”. Luego interviene el “joven lonko” de Río Bueno que también, muy brevemente, sólo se excusa: “soy nuevo en esto, soy nuevo en el tema de la cultura” (y resulta ser el más ataviado con manta y tralilonko). Vuelve a intervenir el lonko Caniulaf, y aunque comienza en castellano, el grueso de su discurso es en mapudungún sin autotraducción. Parece insistir en su desacuerdo con el PIH porque su cierre (en castellano) es contundente: “patrimonio nacional.... ¡a dónde se ha visto!”. Ahora toma la palabra, por primera vez, una mujer, Viviana Lemuy, que parte su alocución en lengua y luego habla sobre el kimún: “nosotros somos los más sabios, tal vez los primeros sabios del mundo, porque conocemos los secretos, conocemos todo”. Despotrica también contra los huincas (“todo lo hacen a su manera”), “pero ya no nos van a engañar, porque nosotros conocemos todo”. Luego, da su apoyo a los lonkos y termina diciendo: “eso nos falta, no hacer tanto las cosas de los huincas y hacer más bien lo nuestro”. Es el turno del primer dirigente joven en la reunión. Rápidamente se “entrega” a sus lonkos: “No me queda más que apoyar lo que los lonkos están hablando acá [...] Nosotros los jóvenes tenemos que apoyar a los lonkos” (él escribirá después en un papelógrafo a propósito de las conclusiones del grupo que “según la visión clara de los lonkos la decisión es...”). También los huincas tienen su dedicatoria: “están ahí para aprovecharse de los recursos. Pero también están los mapuche traicioneros [...] ¡Cuánto se han llevado las pirañas, los funcionarios!” y comenta una reunión en “un hotel con piscina temperada”, a la que fue de infiltrado, donde comprobó “qué se hace con la plata de los mapuches”.


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Otro dirigente joven se anima un instante para decir que “la UNESCO no va a venir a capacitarnos, somos nosotros los que tenemos que hacer nguillatunes [...] mucho huinca se apodera de este conocimiento que es tan nuestro” Retoma la palabra el lonko Nahuelpán, esta vez abordando todo tipo de temas (Salud, Educación, Ley Indígena y amparo a ella, convenio OIT y reconocimiento constitucional y temas internacionales). Ahora Ñanculef, en tanto funcionario, es más propositivo: “rechacemos el PIH pero sigamos conectados” [en el sentido de que sigan trabajando] y agrega: “menos mal que no se aprobó el reconocimiento constitucional [le responde a Nahuelpán] porque era muy malo, mal planteado, creo que los newenes se juntaron para protegernos”. Luego se dispersa y habla de lo mala que es la EIB. Vuelve Nahuelpán, con una frase potente: “Si vamos a pedir recursos, no ocupemos ni un peso en nguillatún. Gastemos lo nuestro, por eso es nguillatún”. Se trata de no contaminar con platas extranjeras una ofrenda interna. Y pone un ejemplo: “Hay un lof mapu donde Kuntsmann [un dueño de fundo de Panguipulli], le entrega los animales y el trigo. Entonces las bendiciones se las lleva Kuntsmann [...] No podemos engañar al newen”. Y apunta, por último, que el tema de lo inmaterial no se puede separar de lo material. Este punto luego va a ser motivo de problema para escribirlo en el papelógrafo conclusivo: el nguillatún es autónomo y no se puede separar lo material de lo inmaterial (¿?). El ciudadano español (acompañante de la asesora suiza del lonko) comenta que debiera ser “unívoco” y no “autónomo”, la palabra a ocupar. Hay discordia. El grupo se cierra entre las anotaciones de la ayudante suiza y el dirigente joven sobre el papelógrafo declarando el desacuerdo mayoritario del grupo con el PIH, mientras conversan los lonkos y una señora, la única en todo el encuentro, que dice considerar bueno el PIH, comenta el caso de su localidad, Pocura, donde es importante que se rescate el nguillatuhue porque se va a convertir en plaza. No es considerada. Llegamos al plenario final. Dos grupos han rechazado directamente la presentación nguillatún como PIH, mientras que un tercero lo acepta con reparos refiriendo la necesidad de más información. Esto altera a Nahuelpán que le recrimina al expositor de ese grupo, Cornelio Compayante (funcionario municipal de Lanco) que los lonkos saben más que él. Éste se defiende diciendo que “no podemos tomar decisiones sin que se sepa sólo porque tenemos un poder”. Y mientras Nahuelpán insiste en los lonkos, su valor y su ubicuidad, lo interrumpe Catricura para instalar un debate. Esgrimiendo que él y su colega Juan Licanqueo vienen de una zona “con muy poca tierra pero muy espiritual”107, se pone de pie y dice: “¡aquí los lonkos nunca se han

107 Catricura y Licanqueo son parte del grupo de profesionales jóvenes que las distintas reparticiones públicas vinculadas a lo indígena (aunque especialmente Orígenes y CONADI) han importado desde Temuco. Esta migración, comentada parcialmente más arriba, es sintomática y tiene un afán culturalista-administrativo: la mayoría son profesores, hablantes de mapudungún (en general aprendido o reforzado en la Universidad Católica de Temuco), que pretenden “proteger”, “rescatar” o “introducir” (valga cualquier eufemismo de adiestrar, enseñar o instruir) a la población hulliche de la región.


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preocupados en sus reivindicaciones de los nguilltunes ni por los cementerios, en cambio, Aucán sí!”. Desconcierto. Pero se acaba el tiempo. Catricura cambia de tema tras la defensa del lonko (que habla de la necesidad de plantear reivindicaciones ahora que vienen las elecciones). Es el minuto de los cierres. Primero habla Lorena, de FUNDECAM, agradeciendo y despidiéndose en mapudungún, no sin antes comentar, a modo de muestra de compromiso con el mundo mapuche, que “nosotros trabajamos con niños... y en vez de campana en el jardín tenemos un kultrún”. Le sigue Catricura, que a nombre de CONADI, agradece, pronuncia un par de palabras “en lengua” y señala que están intentando “instalar lo mapuche en la agenda regional”. Por último, Antonio Alcafuz (que está ligado relativamente a CONADI como el contacto de ésta con la autoridad tradicional) da el cierre definitivo hablando extensamente en mapudungún sin autotraducción. Toma de posición y escena étnica Algunos elementos destacan tras la intensa jornada: Toda persona que interviene suele criticar la reunión, en general, reclamando por la falta de masividad (faltaron dirigentes importantes) y que quienes asistieron fueron invitados a última hora. No obstante, para la mayoría, no parece ser ésta su primera reunión. Antes bien, ya conocen cómo funcionan, quiénes vienen y en qué consisten. Es este un primer elemento a considerar. En segundo lugar, esta reunión parece ser el posicionamiento del tema patrimonial por parte de CONADI bajo la figura de un taller. El contraste entre el título de éste y lo que ocurrió es sintomático: “Difusión y Promoción... del Gillatun para la Unesco” v/s rechazo casi unánime o bien con salvedades (como la de Nahuelpán: “aceptamos el PIH pero en las tierras particulares”, “para eso no es necesario la UNESCO”, responde un decepcionado Ñanculef). El comentario de Filomena Huilipán al final es aún más revelador. Ella pregunta a los funcionarios de CONADI por unas firmas que se habían intentado recoger a través del PIDI-Panguipulli para aprobar lo de UNESCO. Ñanculef reconoce esa estrategia pero se apresura en decir que eso no tiene validez y que este taller es “la muestra de que se consulta a las autoridades tradicionales”. Por último, observamos que las reuniones, a medida que se “mapuchiza” el funcionariado, son, cada vez más frecuentemente, la plataforma ofrecida por el Estado para que lonkos y / o dirigentes se posicionen contra los funcionarios, al menos discursivamente (vale recordar que luego todos almuerzan cordialmente y se retiran). En el Taller observamos distintos roces de este tipo (Caniulaf v/s Ñanculef, Filomena v/s Ñanculef, Nahuelpán v/s Catricura, Nahuelpán v/s Compayante). Dada la preeminencia de mapuches por sobre funcionarios chilenos es preciso producir nuevas distinciones. En el taller todos se ubican como “anti huinca”, al parecer un requisito a la hora de intervenir. Luego, es preciso que funcionarios no se confundan con dirigentes, de ahí la molestia de Nahuelpán con las largas exposiciones de Ñanculef. Tal vez la respuesta negativa al PIH que recorre la jornada no sea más que el subrayar esa diferencia. Un desborde de etnicidad que es a la vez el colapso mismo del objeto.


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Se superponen aquí tres nudos que complejizan el régimen institucional de administración de la diferencia oponiéndole resistencias; resistencias impensables al momento en que se diseñan las políticas públicas y que sólo son posibles en el tránsito de la Agencia a los agentes, o bien, de la Planificación a las interacciones:

a) el de los lonkos su omnipresencia y auto promoción, en desmedro de la población desinformada o al margen de este tipo de reuniones (que es en definitiva la pregunta por la representatividad de los líderes) y que vemos genera crecientes tensiones con las nuevas generaciones de dirigentes (y, agregaríamos, con las nuevas generaciones de funcionarios),

b) el de CONADI y su voluntad de instalar objetos prediseñados (como el PIH) para luego comprobar que hay discordia incluso respecto a su sola instalación y,

c) pese a lo anterior, una voluntad general de asistir por parte de la concurrencia olvidando las repetidas críticas a esta clase de reuniones (a la ausencia de ciertos “representantes” mapuches, al PIH, a los huincas, a los funcionarios mapuches, etc.).

¿Cómo es posible esta superposición de posiciones tan dispares? ¿Cómo es posible que lo étnico en el taller pueda continuar siendo objeto de política pública si no hace más que desbordarla con tal heterogeneidad? Consideramos que las múltiples visiones sobre lo mapuche, que impiden su centralización en un sólo discurso, coexisten en el taller por la condición escénica que hemos descrito, a saber: como una toma de posiciones que se acomoda a un tipo y un ordenamiento de actores variable según el escenario y los motivos que se trate. Cada configuración escénica implica un determinado perfil de actores y un determinado esquema de interacción, cuyo extremo hemos querido exponer con este último caso. El nudo escénico consiste en que cada toma de posición se diferencie de otra para poder vincularse con ella, una tensión que permita que ambas existan por más que se opongan. La ambigüedad de lo étnico permite una multiplicación de estas oposiciones al punto de desbordar el mismo campo (la Ley Indígena y sus efectos) que las habilita. Sin embargo, hemos visto como mapuches y funcionarios no mantienen una posición estable o institucionalizada respecto al otro (recordemos la frase de Bórquez: “cuando vienen solos, les hablo conforme a la ley y cuando vienen acompañados por más socios, me callo porque lo que él quiere es legitimarse como líder”). No se trata de posiciones fijas sino variables según cada configuración. Por ello, es posible su intercambiabilidad y coexistencia, evitando su aniquilación. Esto último ocurriría si los límites de lo mapuche, como objeto de administración y marco donde inscribir a un grupo diferenciado de beneficiarios, fueran precisos.

6.3 Grupos interaccionales No nos es posible, por respeto al lector, continuar con la descripción de otras secuencias interaccionales. Si bien las hay, creemos, que las citadas cubren, por sus extremos ciertamente, un campo rico en matices y por el que circulan otros tipos. Intentaremos igualmente sistematizar el análisis de cada caso en grupos interaccionales no exclusivos ni excluyentes entre sí, que presentan, sin embargo, una relativa regularidad en su ocurrencia. Podemos distinguir cuatro grupos o familias en base a cuatro criterios-marco de interacción:


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a) Generacional: enfrenta tanto a agentes estatales modernos v/s tradicionales o asistencialistas v/s autogestores pero también se aplica a la relación entre los lonkos y los nuevos dirigentes. Creemos, en este último caso, que la diferencia generacional, como grupo de interacciones, no se limita a la dirigencia mapuche sino que, en tanto diferencia de poderes, es pertinente para entender la vinculación “inter” e “intraétnica” de los nuevos y antiguos funcionarios y los nuevos y antiguos beneficiarios. En cuanto a los espacios de este tipo de interacciones, en el caso de los funcionarios asistencialistas, asociados a los servicios clásicos del agro como INDAP o CONAF, su trabajo es hoy cada vez más burocrático, de modo que la oficina institucional es de preferencia el lugar de la interacción. En cambio, los funcionarios de la autogestión privilegian la parcela demostrativa o bien la sede comunitaria, puesto que les permite conocer no sólo a los dirigentes (nuevos y antiguos) que son quienes más asiduamente visitan los centros urbanos, sino al grueso de las comunidades. No obstante, no están exentos de las tareas burocráticas restringidas al edificio público. La diferencia generacional se aplica en ambas comunas para el caso de los funcionarios, mientras que en el caso de los agentes mapuche, en Panguipulli el contraste se encuentra más profundizado que en S. J. de la Costa donde es relativamente reciente.

b) Étnico: son aquellas interacciones cuyo motivo gira en torno al propio marco que las hace

posibles, esto es, lo mapuche en sus diversas manifestaciones. La forma que asume el tópico étnico es también amplio y se expresa igualmente en ambas comunas: desde la Salud hasta la Tierra, desde la Educación hasta el Medioambiente. De preferencia, diremos que el grupo de interacciones étnicas se presenta bajo la forma de reuniones ampliadas, con participación de agentes estatales e indígenas diversos en número y jerarquía, en general, al alero de CONADI, el Programa Orígenes y / o las instituciones articuladas a ambas. Encuentros de este tipo son los de Salud y Educación interculturales, las solicitudes, negociaciones y / o acuerdos colectivos o las reuniones para resolver conflictos internos (estas últimas, cada vez más frecuentes). Los espacios utilizados son, preferentemente, la sede comunitaria o las “salas de reuniones” de los diversos servicios. Pese a que el marco étnico siempre apela a un colectivo, sobre todo a un público ante el cual desplegarse, no necesariamente son colectivas las interacciones que ocurren en su interior. Así, los contactos individuales entre agentes no son poco frecuentes, aunque están más expuestas a la penetración de otro tipo de relaciones (como las semiclientelares). De este modo, la tipificación propuesta no ignora la variabilidad de las interacciones étnicas la cual se expande al punto de estar muchas veces de forma latente hasta en las reuniones técnicas o las rutinarias.

c) Clientelar y / o personalista: en las relaciones clientelares prima un tipo de relación

asimétrica donde se reproduce el fenómeno extendido de “favores a cambio de lealtad”. Se trata de una forma conocida y aceptada de interacción entre los agentes huilliches, especialmente en las capas con menor contacto institucional. Sin embargo, hemos dicho, el clientelismo ha sufrido una derivación en formas semiclientelares con la emergencia, por una parte, de las consultoras y la lógica del proyecto, y por otra, aunque íntimamente ligada a lo anterior, de la figura del broker o intermediario. La proyectología, con temporalidad fugaz, obliga al consultor a encontrar rápidamente un intermediario con el que articular la ejecución del proyecto. Esta intermediación es, en general, un agente local que equilibra en parte la asimetría teniendo un contacto privilegiado con el “patrón”, aunque, carente de una base


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estable de poder, carece también de plena libertad de acción y debe legitimar continuamente su posición ante los otros beneficiarios. A medio camino entre la agencia estatal y sus adherentes indígenas, los brokers huilliche refuerzan, por otra parte, el peso (histórico) del personalismo en la interacción “inter” e “intra” étnica –de los liderazgos carismáticos, de las relaciones basadas en la confianza, de los modos de presentación de los agentes–, y con ello de su determinación escénica. Basta recordar la importancia que otorgaban las comunidades de S.J. de la Costa a la presencia, en sentido amplio, de un funcionario en terreno o la distancia que sienten las bases cuando un broker se “encumbra demasiado”. Esto último sucede con frecuencia, lo que nos da una pista acerca de los espacios donde actúan preferentemente: centros urbanos, la Oficina o la Sala de Reuniones, aunque no pueden descuidar la Sede Comunitaria. La función de intermediación, como la que comienzan a cumplir los agentes de los Consejos de Comunidades en San Juan de la Costa es llevada a su forma más elaborada con las maniobras de “Dirigente 2” en Panguipulli. Bajo el modelo semiclientelar se observa, entonces, una reducción de las diferencias de poder entre agentes (hacia arriba, con los funcionarios, y hacia abajo, con los socios de la comunidad, la asociación o el resto de beneficiarios indígenas).

d) Rutinarias: son aquellas interacciones asociadas a oficinas, mesones de atención, salas de

espera, aulas, consultorios, etc., aunque también a las reuniones técnicas de bajada o recolección de información. Entran aquí todos los agentes estatales no abocados específicamente a lo indígena (INP, Registro Civil, aunque también la plana más antigua de INDAP o CONAF). El contenido de las interacciones tiene que ver con trámites burocráticos tales como el relleno de formularios o la respuesta a una encuesta. Por ello, por la aparente “naturalidad del proceso” que lleva adjunta, este tipo de interacciones carece de muchos diálogos y tiende a ser instructiva. Es el campo donde aún persisten los prejuicios y donde la dicotomía cultural institucional, o etnificación de los agentes estatales, aún no penetra consistentemente. Junto con una tendencia preferentemente asistencialista, en las interacciones rutinarias se da asimismo una mayor asimetría de posiciones, en la medida en que el control de la escena está del lado del agente estatal en posesión del know how de los procedimientos. Desde el punto de vista del agente indígena, influye aquí la distribución geográfica. Se repite en ambas comunas el fenómeno de que cuanto más cerca esté el agente del centro urbano, más propenso será a “levantar la voz” ante una duda o discrepancia. No obstante, por sus condiciones de mayor marginalidad y las características de Osorno como centro urbano históricamente más hostil al indígena, en S.J. de la Costa este tipo de interacciones tiene todavía una fuerte presencia. En Panguipulli notamos que, a partir de la presencia y labor etnificadora del municipio al interior de la institucionalidad, existe una sensibilidad mayor en la relación cotidiana con la población mapuche-huilliche.

Estas familias, si bien es cierto reducen la variabilidad interaccional, resultan pertinentes como aproximación a los ejes generales a partir de los cuales, hemos visto, se distribuyen actores y escenarios. Recuperaremos, a modo de cierre, las ideas principales que este esquema nos ofrece para avanzar en algunas de las claves con las que leer las continuidades y cambios de la relación entre el Estado, sus agentes y los beneficiarios huilliches.


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7. CONCLUSIONES Del marco de referencia que hemos trazado para la comprensión de las interacciones entre la agencia estatal y la mapuche-huilliche en Panguipulli y San Juan podemos extraer algunas conclusiones conducentes a un diagnóstico general de la actividad estatal en ambas comunas, ya no a nivel del programa sino de su realización efectiva. Este tránsito implica un modo inédito de exploración de las relaciones entre el Estado y los indígenas en el país y, por ello, asumiendo los errores, asume también que éstos son propios del trabajo de apertura de un terreno nuevo para el análisis empírico. En primer lugar, hemos subrayado el carácter etnificado de las interacciones, es decir, sostenemos que el Estado, tras el reconocimiento, con la Ley Indígena, de una diferencia cultural hasta entonces borrada, ha pretendido administrarla volviéndola objeto de inversión y política públicas. Hemos insistido asimismo que dicha administración encuentra ciertas resistencias toda vez que el objeto de dicha política, lo étnico, carece de límites precisos (el caso del nguillatún como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad es suficientemente ilustrativo). Por resistencia entendemos la (re)acción estratégica de los beneficiarios involucrados en la política indígena quienes, atentos a lo difuso de sus márgenes, operan sobre ellos, ampliándolos (un signo, decíamos, es la hiper-difusión de lo étnico al interior de las instituciones públicas, los medios de comunicación y la sociedad civil). Hemos denominado a este tipo de cálculo como “etnoestratégico” y sostenemos que sus variabilidad es vasta y no restringida a un grupo “ideologizado” de dirigentes (de hecho demostramos que, para ellos, lo indígena está dado de antemano y no es preciso representarlo ni extenderlo). Hasta el más marginal de los campesinos huilliches interactúa con un funcionario bajo el tópico de la discriminación positiva que suaviza, en parte, la asimetría política que los convoca. Estas interacciones son, de preferencia, aquellas en donde lo étnico aparece de forma manifiesta o semi-manifiesta, sin embargo, cada vez más se producen “alteraciones étnicas de la comunicación” en los encuentros de rutina o técnicos (lo vimos en el apartado “De la reunión técnica a la reunión étnica”). En segundo lugar, observamos que, pese a la fuerza que ha adquirido el programa etnificador, sobre todo tras la llegada del Programa Orígenes, persisten formas tradicionales de interacción que, sin quedar fuera de este esquema (como si fuesen remanentes prístinos ante la vorágine étnica), le agregan matices diversos. Matices cuya importancia se amplifica según la historia indígena local de vinculaciones con agentes estatales. De este modo, hemos indicado cómo las relaciones clientelares y el personalismo aún presentes (especialmente en las agencias no abocadas específicamente a temas indígenas, aunque también en éstas), han derivado en nuevas formas menos asimétricas que incorporan al sujeto mapuche ya no como “subsidiado” o “cliente” sino como “beneficiario” o “usuario”. Se subraya con esto la existencia de una contraparte indígena (un sujeto de derechos, colectivos incluso, antes inexistente) capaz ya no sólo de ser objeto de política pública sino de ser sujeto de ellas. Al mismo tiempo, nuevas demandas –ya no sólo derivadas de la “pobreza”– han diversificado el cuadro asistencial que restringía a unos y a otros. A este resultado que expresa el cruce entre “formas tradicionales” y “formas modernas” de interacción, lo anteceden unas causas y ha producido unos efectos. Entre las causas, la principal, consideramos, radica en la transformación (en curso) de un régimen de política pública asistencialista y subsidiario a otro neo-desarrollista o, como le hemos


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denominado, “proyectológico”. La proyectología, en tanto sistema de postulación, aprobación y ejecución de intervenciones en plazos acotados, contrasta con la planificación de largo plazo heredada de los modelos de Estado “benefactor”, que en Chile tuvo una brusca interrupción desde mediados de los 70. Es la variable “tiempo” la que la proyectología ha alterado, en cuanto a tipos de interacción se refiere, pues, intentando acelerar el proceso de desarrollo, el Estado ha descomprimido su trabajo, limitando a sus agentes principalmente a tareas burocráticas. El relevo lo han tomado las consultoras –especialmente en planificación indígena a raíz del volumen de inversiones del último tiempo. Con ellas la circulación de agentes –que hemos considerado igualmente “estatales” o “neo-estatales” puesto que el funcionamiento del Estado se ha vuelto imprescindible sin ellos– se ha intensificado y la mayor parte de las interacciones de este tipo rara vez se extienden más allá de los plazos del proyecto (a diferencia de las ONG’s, otra forma de asesoría externa). Considerando la importancia del personalismo, es deducible la influencia de la proyectología en la rotación de agentes y, en definitiva, por la desestabilización temporal de la relación entre éstos y los beneficiarios indígenas. Los nuevos servicios como Orígenes o CONADI han ingresado directamente a este sistema, mientras que otros, como INDAP, han debido adaptar sus plantillas a los nuevos tiempos. Entre los efectos del choque entre “modernidad” y “tradición”, hemos destacado como central las sucesivas fisuras en las relaciones de poder al interior de la agencia indígena que, por un parte, afectan al grueso de la tradición mapuche y por otra a las relaciones generacionales y de género. Todo un desplazamiento se ha producido en la distribución tanto en la línea vertical que separa a jóvenes y viejos como en la horizontal que separa a las mujeres de los hombres. En cierto sentido, podemos hablar de una democratización en el acceso al “bien escaso” que es, y ha sido, el poder en la sociedad mapuche. Las habilidades y conocimientos para asumir una posición de liderazgo escapan hoy por mucho al manejo del Admapu (o tradición) y no se centralizan en kimches (o sabios), ngenpines (o dueños de la palabra), machis o lonkos. De hecho, el impacto proyectológico remece, precisamente, esta jerarquía tradicional. Los jóvenes brokers (que entre los progresistas mapuche podría traducirse como werken o mensajero) pueden correr con colores propios cuando se trata de “desarrollo productivo” y poco a poco se capacitan en “cultura” (con los más antiguos de la comunidad e incluso con “talleres de cosmovisión” que el propio Estado financia). Esta mayor capacidad no habría sido posible, sin embargo, sin el aumento en los niveles de escolaridad de los jóvenes. Tal vez radique ahí la distinción con los líderes más antiguos que, aunque intentan no perder terreno, se ven superados por el manejo tecnológico-comunicacional de los nuevos dirigentes. Incluso, algunos lonkos y líderes antiguos se han hecho asesorar por los mismos nuevos dirigentes (como el caso de José Manuel Llefi con Cristián Huenúan) o por externos (como el caso del lonko Augusto Nahuelpán y su asesora suiza). Pero hoy no sólo entre jóvenes y viejos se ha instalado una tensión en torno al poder. Ambas clases de liderazgos encuentran competencia en las mujeres huilliche. Un sólo dato: 26 de las 72 (36%) presidentes de comunidades de S. J. de la Costa son mujeres, mientras que en Panguipulli la proporción es 17 de 94 (18%). Estas cifras, así como los casos que hemos detallado (el de “Dirigente 1” y sus disputas con “Dirigente 2” o el de Filomena Huilipán y sus agudas observaciones en la reunión con los lonkos en Validivia), reflejan el creciente empoderamiento femenino huilliche. Si a esto agregamos que las políticas de discriminación positiva indígena van acompañadas de un fuerte componente de promoción de género intra-institucional (los casos de Sandra Cheuquepán o


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de Prosperina Queupuán), resulta un cuadro donde la competencia por mayores cuotas de poder se instala en ambas agencias y produce nuevas asociatividades. De ahí que insistamos en que, a partir del personalismo y con estos elementos en juego, en ocasiones se vuelve impertinente distinguir la agencia estatal de la indígena pues comienzan a darse identificaciones y asociatividades más importantes a la hora de la interacción: es el caso del alineamiento de los agentes institucionales con la “Dirigente 4” en su problema con la comunidad.

Debemos consignar además que no sólo a nivel de élites se aprecia la doble tensión política entre las modernas y tradicionales formas de interacción. En otra escala, y tal vez con menos énfasis, la descentralización del poder afecta a nivel doméstico. Tal es, para el caso del género, el efecto ocasionado por los talleres del convenio INDAP-PRODEMU. De igual modo, y para ambos casos, tanto la Escuela como el Taller son promotores a nivel del hogar de este proceso descentralizador. Por último, el análisis arroja un reforzamiento del Estado como referente en la cotidianeidad indígena de ambas comunas. Pero debemos hacer dos aclaraciones. En primer lugar, si bien no se ha dado aquí de forma radical el fenómeno de reducción o retroceso de la actividad estatal en favor de la “eficiencia administrativa”, como se da en otras latitudes con similar modelo económico, sí se constata la penetración de éste último por la vía de la asesoría externa. El Estado, además de las intervenciones que persisten pese a la “reestructuración eficiente”, se presenta entonces como supervisor de la actividad de las consultoras. De cualquier modo, a través de éstas los agentes siguen identificando al Estado como, mediador de conflictos, interlocutor ante solicitudes, denuncias o demandas y administrador de recursos. En segundo lugar, respecto a esta última función tal imagen se ha visto reforzada o restituida, tras la Ley Indígena, con una fuerte inversión, intensificada desde hace 4 años con la llegada del Programa Orígenes. La idea de un “Estado de la abundancia” está cada vez más extendida en Panguipulli y San Juan. Es precisamente Orígenes la institución que intenta combinar la “eficiencia administrativa” (la denominada “coordinación interinstitucional”) con una presencia de tipo supervisionista o tutorial sobre las consultoras, el resto de agentes estatales y la comunidad, a través de la figura del Promotor. El Promotor debe estar constantemente en terreno apoyando a la comunidad en sus decisiones e intermediando por ella –si es necesario– con los servicios públicos. De esta forma, no es tanto la presencia “real” del Estado en terreno la que da por resultado el reforzamiento de la figura estatal, sino la articulación entre inversión y asesoría externa supervisada, de la cual emerge el Promotor (que no es otra cosa que la figura contemporáneas del Estado encarnado en sus agentes –recordemos la definición de la Ley Indígena del Estado como “promotor” de las etnias). Estas conclusiones, extraídas del análisis interaccional, nos ofrecen pistas para la comprensión de la transformación institucional en curso y, con ella, del marco en que se desarrollarán en el futuro las relaciones entre el Estado y los agentes mapuche-huilliche. Desde luego, debemos desprendernos de los juicios que atribuyen al Estado una homogeneidad en su composición y actividades, suponiendo una línea transparente que conduciría de la planificación a la institución, de la institución al agente y del agente al beneficiario. Lejos de tal transparencia, un conjunto cada vez más amplio de circunstancias suceden en ese trayecto y, cada vez más, tales circunstancias favorecen a los agentes indígenas en sus posibilidades de acción y reacción frente a la agenda planificadora. Y cada vez más, creemos, esas “circunstancias” son más bien un “aprovechar la circunstancia” orientado


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hacia el juego de posiciones interaccionales entre agentes, en el campo de la etnicidad habilitado por la Ley Indígena. Desencuentros entre la ERD, la inversión comunal y la realidad de San Juan de la Costa108 Variable a analizar

Descripción Problemática Forma de asumirlo

Inversión comunal

Hay siete instituciones públicas que tienen presencia con inversión en la comuna de San Juan de la Costa; I. Municipalidad de San Juan de la Costa, (FONDECO), PPRODEMU, CONADI, FOSIS, INDAP, CONAF y Orígenes.

Inversión comunal disgregada, sin un ordenamiento preliminar y sin una puesta en común entre los distintos actores que intervienen en la comuna.

Incorporar una instancia donde sea posible generar una estrategia ordenadora de la inversión de recursos, gestionada por ente local (municipio) y orientador a los servicios públicos.

Otros elementos a considerar

La modernidad a la que nos conducen las políticas públicas tiene una vocación preferentemente urbana, ese es el prisma bajo el cual se mira y avanza el Desarrollo. La ruralidad (que es nuestro espacio de intervención), bajo esa lógica se constituye en un territorio fundamentalmente proveedor de materias primas y como sostenedor de una imagen simbólica de reposo, recreación y mantención de prácticas culturales ya perdidas en las grandes urbes.

Se asume como problema esta lógica, ya que según las señales de la modernidad, no es posible esperar un esfuerzo gigantesco por derivar políticas públicas a la ruralidad, y es por eso que el Programa Orígenes tiene un mayor sentido.

Seducir a los creadores de políticas públicas con el propósito de revertir esta tendencia, al menos en territorios con presencia de culturas ancestrales.

108 Este cuadro fue elaborado por la Consultora Vertiente en el marco del PTD-San Juan de la Costa Norte y refiere a los contrastes con es localidad, no obstante, creemos que es plenamente aplicable, por el grado de generalidad los mismos, no sólo a Panguipulli sino a muchas comunas del país en condiciones sociodemográficas similares.


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Imagina la Región, para el año 2010 inserta plenamente en la globalización con sus ventajas y niveles de influencias mercantiles y culturales.

A mayores relaciones mercantiles, productores de economías familiares generan una mayor dependencia del mercado y sus relaciones, condición que implica llevar a los productores familiares a un nivel distinto.

Generar la instancia para que ERD, considere a las economías de producción familiar (pequeños productores) como instancia de producción diferentes, ya se en su estrategia como en su formas de producción.

Estrategia Regional de Desarrollo (ERD)

La economía regional se basa, al año 2010, en la explotación de los recursos naturales. La industria acuícola y silvoagropecuaria, ambas diversificadas, junto al sector turismo son las principales fuentes de crecimiento regional. Se espera un crecimiento sostenido del orden del 7% anual

A pesar de que los recursos naturales están en su mayoría en posesión de las comunidades indígenas, no son justamente ellos los que obtienen las mayores utilidades.

Generar la instancia para que las explotaciones puedan incorporar valor agregado a la producción, eliminado de pleno a intermediarios.

En materia medioambiental se promueven prácticas de producción limpia y manejo sostenible de los recursos naturales.

La estrategia de producción de las economías campesinas, no son las mismas que las de la producción empresarial. Desde esta lógica, prácticas agrícolas utilizadas por productores familiares, parecen representar una instancias de desgaste de recursos naturales, más que una alternativa de producción.

Generar las condiciones e instancias para que los servicios públicos reconozcan la estrategia de producción familiar como una forma distinta a la empresarial y con características propias, muchas veces con acciones y lógicas no convencionales.


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En el tema energía, igualmente se incentiva la utilización de sistemas alternativos.

Con las condiciones actuales, es posible esperar que la modernidad (donde se mueven y generan las políticas públicas), tiendan a generar políticas de producción de energía a territorios con mayor densidad poblacional.

Incorporar como una estrategia para catastrar y dar factibilidad a alternativa de producción de energía, aquellos recursos hídricos existentes en el territorio, que siendo de menor impacto, soluciona problemas locales.

Se promueve la especialización productiva territorial, y se apoya esto con políticas de mejoramiento de la red vial y telecomunicaciones. Esto quiere decir que los territorios deberán especializarse en alguna línea productiva específica.

La especialización productiva, es propio de producciones empresariales, pero para nada es correspondiente a producciones de economías familiares, como es el caso del 95 % de las unidades de producción del territorio en cuestión.

Generar la instancia de gestionar una modificación a la ERD, donde se especifique con claridad la ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA, la cual ha hecho sostener a las economías familiares.

La importancia central que posee el sector turismo, para las políticas de desarrollo regional, se apoyan en la consolidación de redes viales, como la ruta costera, de Los Lagos y corredor bioceánico.

Ruta costera, puede generar una condición de aceleramiento en la extracción de recursos naturales. Además, esta instancia, no retribuirá de igual manera a las comunidades indígenas que a empresarios particulares.

Generar las condiciones para proponer el tema en la ERD.


La décima región es un territorio pluricultural donde el sincretismo o la ‘conciliación’ de tradiciones culturales diversas se influyen mutuamente y de esa influencia surge una identidad específica.

La identidad específica, como producto del sincretismo (aunque si exista), no genera el reconocimiento de la noción de pueblos indígenas.

Generar las condiciones para proponer el tema a la ERD, con el propósito de que los Territorios deben necesariamente diferenciarse y manifestarse con sus particularidades.


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La implementación de esta ERD es sobre la base de una alianza estratégica sector público y privado. Sus pretensiones serán, supeditadas a decisiones políticas y de mercado.

Las unidades de producción, no se mueven en la lógica de mercado, generando una estrategia distinta y relaciones diferentes.

Generar las condiciones para proponer el tema a la ERD, con el propósito de que no necesariamente es el mercado es el motor de la ERD.


La productividad será el eje ordenador de la inversión en materia de educación y capacitación.

Para el territorio, no es posible asumir que la productividad (producción por unidad de medida) es el eje ordenador de la inversión respecto a la educación y capacitación, ya que desde esta lógica no es posible esperar inversión de cuantía en la comuna y el territorio, por la obviedad de las agroecosistemas y sus productores.

Promover que el eje ordenador de la inversión, no es necesariamente el mismo para toda la región. Acá debe ejercitarse una diferencia, donde probablemente el eje ordenador más bien sea de una análisis sistémico, más que puntual.


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V. CONCLUSIONES GENERALES


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En las páginas siguientes se presentan resultados y conclusiones del estudio que sobre las interacciones entre agentes públicos y sujetos mapuches se realizara en la VIII, IX y X Regiones. Se presentan de manera comentada, encabezados por un subtítulo que enuncia su contenido. Transición a un neo desarrollismo Se debe subrayar el carácter etnificado de las interacciones entre agentes públicos y mapuches. El Estado, tras el reconocimiento, con la Ley Indígena, de una diferencia cultural hasta entonces borrada, ha pretendido administrarla volviéndola objeto de inversión y política públicas. No obstante, pese a la fuerza que ha adquirido el programa etnificador persisten formas tradicionales de interacción que, sin quedar fuera de este esquema, lo complejizan introduciendo elementos cuya importancia se amplifica según la historia indígena local de relaciones con el Estado. El principal tiene que ver con la disminución relativa de la asimetría de poder entre ambas agencias. Y si una de las causas de esta disminución es la transformación (en curso) de un régimen de política pública asistencialista y subsidiario a otro neo-desarrollista o “proyectológico” más participativo, uno de los efectos es la tensión “modernidad / tradición” que afecta tanto a la agencia estatal como a las relaciones “inter” e “intraétnicas”. Esta tensión se produce por una cierta apertura (o democratización) del acceso a ser “portavoz”, en una competencia donde no sólo se interroga la diferencia generacional, sino también las desigualdades de género. Reforzamiento del Estado Por último, el análisis arroja un reforzamiento del Estado como referente en la cotidianeidad indígena, pese a la lenta reducción de su presencia en favor de las asesorías externas. Por más que la supervisión sea el que cabe ahora a sus agentes, el Estado sigue siendo visto como mediador de conflictos, interlocutor ante solicitudes, denuncias o demandas y administrador de recursos. Con seguridad, tal imagen ha sido reforzada o restituida, desde principios de los 90 con una fuerte inversión en pueblos indígenas, intensificada hace 4 años con la llegada del Programa Orígenes. La idea de un “Estado de la abundancia” se extiende. Esta aparente contradicción, entre la imagen del Estado y su presencia efectiva, debe iluminar el análisis para desprendernos de los juicios que atribuyen al Estado una homogeneidad en su composición y actividades, suponiendo una línea transparente que conduciría de la planificación a la institución, de la institución al agente y del agente al beneficiario. Lejos de tal transparencia, un conjunto cada vez más amplio de circunstancias suceden en ese trayecto y, cada vez más, tales circunstancias favorecen a los agentes indígenas en sus posibilidades de acción y reacción frente a la agenda planificadora. En el campo de la etnicidad habilitado por la Ley Indígena, cada vez más, creemos, esas “circunstancias” son más bien un “aprovechar la circunstancia” orientado hacia el juego de posiciones interaccionales entre agentes.


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Centralismo y sectorialismo como problemas El esfuerzo programático estatal culturalmente diferenciado enfrenta resistencias en el propio entramado estatal que debe implementarlo. El predicamento de la intersectorialidad como eje de la acción entre las diversas agencias públicas que están focalizando programas e inversión en la población mapuche, y que tiene en Orígenes a su principal promotor, está sometido a constantes tensiones y desajustes producto, entre otras razones, de que no pasar de ser una intencionalidad que choca con la inercia de los servicios públicos mantenida al alero de la tradición sectorialista y centralista que tiñe el aparato estatal. Ambas característiscas, centralismo y sectorialismo, repercuten en tensiones entre agentes públicos a propósito de la divergente conceptualización que cada agencia construye del objeto de su accionar, lo que se operacionaliza en metodologías y procedimientos característicos. Actualmente, desde la dimensión centralista, los diferentes programas y orientaciones del accionar hacia los indígenas, han comenzado últimamente a “bajar” vestidos con los ropajes del discurso intercultural, lo que no alcanza para superar la sectorialización. Externalización y contingente para estatal Por otra parte, la ejecución y direccionamiento de la programación étnicamente diferenciada por parte del Estado es un proceso que corre paralelo a otra característica del rasgo estatal contemporáneo, la contracción progresiva de éste a funciones de coordinación y supervisión de políticas públicas, lo que se traduce en la externalización de la operatividad de la gestión de programas públicos a un conjunto de agentes externos (consultoras, ONGs, Universidades). Aunque, más apropiado que la denominación de agentes externos, cabría presentarlos como la configuración de un contingente paraestatal para la ejecución de proyectos públicos-sociales. Este movimiento genérico del Estado, que es cubierto por la denominación de Modernización (la conjugación del Estado “tradicional” con la hegemonía del mercado), arranca de procesos y cambios estructurales muy profundos, y de larga data ya, de modo que hoy día presenta una fuerza demarcadora que caracteriza el perfil actual del Estado-Gestor, Estado-Actor. Estaríamos mucho más cerca de la realidad si caracterizamos al Estado actual como “moderno”- externalizado- coordinador, que si nos aventuráramos a describirlo como intercultural. La acción vía proyectos, como paradigma operativo de este diseño, se ha impuesto como un rasgo predominante en la fisonomía de la agencia pública. En ella el agente público aparece más circunscrito a labores de coordinación y administración, y el contingente paraestatal a la implementación y desarrollo de los múltiples y sucesivos proyectos. Los esfuerzos programáticos culturalmente diferenciados, con foco en la agencia pública indígena, que, para ejecutarlos integra a agencias públicas no indígenas, se conjugan también con esta realidad. Por lo cual, hoy día, las consultoras como actores muy relevantes en lo que se refiere a las interacciones con los agentes mapuches. Son ellas las que detentan un contacto estrecho y diríamos cotidiano con los dirigentes y familias mapuches destinatarias de los diversos programas. La relevancia que los agentes paraestatales adquieren en relación a la interacción con actores mapuches, queda ratificada por la importancia que los beneficiarios mapuches asignan a las vinculaciones con las consultoras. De hecho para muchos de aquellos la evaluación de un programa público se funde con la evaluación del trabajo de la consultora que lo ejecuta.Aquí, la permanencia y


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seguimiento permanente en terreno deviene en factor crítico de la evaluación. En general, podríamos decir que las consultoras mejor evaluadas son aquellas que efectivamente mantienen una presencia permanente en terreno de sus agentes. La exterioridad de la etnificación por los agentes públicos El empeño etnificador estatal lleva en sí la doble señal del reconocimiento y del verticalismo. La expresión clara de esta situación la encontramos en las concepciones predominantes en los funcionarios de la agencia pública indígena. Por una parte, aquella que lleva a los funcionarios a concebir su desempeño como una faena que contribuye a rescatar, revalorizar una identidad cultural tradicional mapuche, que se asume amenazada y menguada. Por otra, aquella por la cual los funcionarios (algunos de los cuales también comulgan con la visión primordial del rescate cultural) interpretan su labor como parte de un cometido que contribuye a generar cambios positivos, que modifican y enriquecen a los sujetos mapuches (modificando su mentalidad incluso). La consigna de “instalar capacidades” cobija esta visión. Luego, a partir del predicamento del reconocimiento como política del Estado hacia los mapuches, tiende a asumirse a los sujetos mapuches (individual y colectivamente considerados) como carentes o inhabiles para desarrollar sus potencialidades, frente a lo cual la acción estatal se presenta como el catalizador necesario para desplegar las potencialidades dormidas. Esto claro, en una vision de integración al marco del desarrollo general de la sociedad nacional. Etnificación y situacionalidad étnica Las visiones predominantes en los funcionarios de la agencia indígena dejan lugar a la emergencia de discrepancias entre algunos de sus integrantes, en cuanto a la valoración de ciertos comportamientos de los sujetos indígenas en lo que hace a sus relaciones con las agencias públicas. Uno de estos aspectos es lo que puede denominarse el carácter situacional. Algunos funcionarios constatan la facilidad que evidenciarían los actores mapuches (particularmente los dirigentes) para adecuarse discursiva y prácticamente a las diferentes situaciones o requerimientos que les presenta el Estado, con el fin de obtener recursos. Generalmente, tales funcionarios se limitan a constatar tal carácter situacional mapuche, con la instrumentalización que supone de las relaciones con los organismos estatales y sus agentes; pero al verbalizarlo lo esencializan; es decir tienden a situar tal comportamiento situacional como si estuviera radicado en un ser mapuche. En cambio hay otros funcionarios que rebaten esta caracterización. Para ellos, tal carácter es una respuesta adaptada de los sujetos mapuches para enfrentar la lógica organizativa proyectual con que el Estado los apela bajo la vigencia el régimen inaugurado por la ley indígena. El acoplamiento de los actores mapuches a la apelación desde las dimensiones de la carencia que les emite la agencia estatal, se realiza a través de la utilización de un maquillaje étnico, que se releva como el producto de la construcción de una condición étnica específicamente apropiada para la interlocución con el Estado. Desde la perspectiva de los sujetos mapuches, su recepción de la apelación estatal se articula en un movimiento que trasviste su identidad o conciencia étnica bajo su conformación en una condición étnica elaborada en relación a las definiciones, características y


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procedimientos con que la programación culturalmente diferenciada estatal vehicula sus programas de asistencia y desarrollo. Se dotan así del pasaporte (reconocido y co-elaborado por la agencia pública indígena) que habilita su plena comparecencia a la interacción, y que posibilita los escenarios para el despliegue de su principal enunciación frente a la agencia pública: la demanda desde la condición de sujetos carenciados. Puede considerarse este movimiento como una expresión de la clara conciencia de los sujetos mapuches de ser objeto de la acción estatal. Pero hoy, esta conciencia se enmarca dentro de los parámetros del régimen de relación inaugurado por la ley indígena. Régimen que los actores mapuches reconocen, lo han internalizado y lo utilizan como el marco de referencia para sus vinculaciones con los agentes públicos. Ciertamente, opera también como marco interpretativo de dichas relaciones, y a partir de ahí, como rasero evaluativo de los cambios que se han producido en ellas. La interacción mapuche diferenciada y selectiva con agentes públicos La relación que se establece entre los actores sociales indígenas y estatales está estructurada por distintos factores, como el tipo de agencia, la posición (local, central, regional de los agentes estatales), la cercanía social entre los agentes y los conocimientos mutuos entre ellos. Por tanto, y desde el punto de vista de los sujetos mapuches, el tipo de pertenencia al Estado o la relación contractual o de dependencia que presenta el funcionario es un importante factor de evaluación y valoración sobre la oportunidad y utilidad de realizar o participar de interrelaciones con agentes estatales. En esta medida el mapuche tenderá a actuar según el interlocutor estatal con el que se enfrente, dándole mayor importancia a quienes mas posibilidad de influir tienen sobre decisiones de interés, como los de asignación de recursos. Para ser más precisos, entre los dirigentes y representantes mapuches en particular se tiene una percepción bastante aguzada acerca de quiénes, en qué medida y respecto de qué asuntos dirigirse a las agencias estatales. Y lo ejercen activamente. Se aprecia entonces un aumento de la proactividad mapuche hacia el Estado y su creciente dominio acerca de las posibilidades (conocimiento, selectividad, recursos argumentales, manejo de estrategias de abordamiento y presión). Acción estatal y competencia interna por recursos Los actores mapuches suelen emitir el planteamiento de que los proyectos e iniciativas de la actual programación étnica estatal generan división en las comunidades, debido al exacerbamiento de las tensiones y competencias internas en las comunidades para acceder a dichos recursos públicos. Las consecuencias que los actuales planes y programas estatales orientados a los mapuches, vehiculados hacia éstos a través de la acción de los funcionarios públicos, tendrían sobre estas divisiones o fisuras preexistentes en las comunidades habría que determinarlas con mayor precisión. Pero, por lo pronto, podríamos conjeturar (asumiendo tales fisuras como algo dado en las comunidades), la emergencia de una mayor institucionalización de tales divisiones. Las fisuras existentes al interior de las comunidades (basadas en divisiones familiares, de parentesco, de poder, o de diferencias en el acceso a recursos, y manifestadas como disputas de liderazgos) probablemente sean interpretadas consuetudinariamente por los comuneros como mayores


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distancias a observar en las relaciones intracomunitarias. Pero a la luz de la lógica de intervención estatal del último tiempo (la proyectual, que habría tenido como efecto la creación de varias asociaciones al interior de una comunidad mapuche histórica, para acceder así a diversos proyectos), estas divisiones preexistentes se cristalizarían, sufrirían una formalización, tomarían un cariz más institucional. Y esto es lo que los comuneros y dirigentes mapuches expresarían al decir “CONADI, Orígenes dividió a la comunidad”. Las fisuras que tradicionalmente existían en sus comunidades no aparecían a su mirada cuajadas, formalizadas como aparecerían ahora. Y, probablemente, esa sí sea una consecuencia de la actual programación estatal, encarnada, a los ojos de los mapuches, en el desempeño de los funcionarios públicos en sus interacciones con los diversos agentes comunitarios. El personal del Estado en las regiones mapuches: categorías contractuales, heterogeneidad y relaciones con los mapuches El tema mapuche es hoy de indudable importancia en la región y en consecuencia es también amplio el contingente de personal del Estado que trabaja con mapuches. Cada servicio posee, por lo común, una planta de funcionarios relativamente pequeña y claramente jerarquizada, luego algunas personas sujetas a contratos y un número por lo común mayor por honorarios, con variaciones notorias de magnitud según los servicios y los programas o proyectos de que se trate. Y también, en algunos servicios más que en otros, se da la transferencia a terceros (unidades consultoras) de ciertas funciones, para lo cual estas entidades contratan, a honorarios y por plazos limitados, los técnicos, profesionales y operadores de esas acciones traspasadas. El crecimiento de funcionarios a contrata y honorarios es el resultado de la modernización del Estado y la necesidad de incluir profesionales y personal para implementar programas y proyectos luego del retorno a la democracia. Mediante modificaciones a la ley de presupuestos los gobiernos de la concertación comienzan a mejorar las posibilidades de incorporación de personal que cubriera la ejecución de nuevos programas, o ante la creación de servicios y reparticiones que anteriormente no existían. Una de las tendencias presentes es la de una visible movilidad circular de personas. Más o menos la misma gente, sin un gran recambio, se está hoy moviendo entre contratos en los servicios públicos y contratos en organizaciones que prestan servicios a esas mismas agencias con sede en la Región de la Araucanía. Factores que favorecen esta rotación circular son, por una parte, capacidades técnicas y profesionales; por otra, conocimiento y experiencia; y, en una tercera, razones de afinidad y relaciones político partidarias. Si en las agencias sectoriales estas afinidades y opciones ideológicas corresponden con los grupos oficialistas, en los municipios la situación es mucho más matizada por la influencia de grupos de derecha. Esta dinámica corresponde, después de un proceso de recambio y expansión muy activo durante la década de 1990, a la conformación de un nuevo cuerpo de agentes estatales y paraestatales implicados en la acción hacia los mapuches. Ello tiene un impacto considerable sobre la continuidad de las relaciones con la gente mapuche donde el conocimiento y la construcción de confianzas personales son relevantes. Un perfil aproximado de funciones hacia los indígenas según regímenes laborales indica que los funcionarios de planta tanto en los gobiernos locales como en los organismos sectoriales no tienen contacto con la población mapuche o esta es, salvando casos y agencias, esporádica, breve y


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específica. También es reducido el contingente de funcionarios sujetos a contrata y con contacto directo continuo. Más numeroso sería el contingente de aquellos que se mantienen según un régimen a honorarios. La existencia de escalafones (auxiliares, técnicos, directivos) genera otras diferencias en los tipos y calidades de los contactos con los usuarios mapuches: el personal auxiliar tiene una menor capacitación y menor sensibilidad en temas indígenas. Pero ellos en la mayoría de los casos son los “porteros” (los que median el acceso mapuche a los niveles técnicos y directivos, los que entregan información), con las consecuencias que son de prever en la percepción problemática de los mapuches acerca de las agencias estatales y su personal. Traspasadas las porterías se accede a agentes más calificados técnicamente y, eventualmente y según las agencias, más sensibilizada con los indígenas y sus problemas.Asimismo, los escalafones técnicos y directivos, cuando no se ha derivado a terceros, son los que se vinculan con los mapuches en espacios de interacción diferentes a la oficina, correspondiendo con que son los que están mayormente informados y a veces los que pueden decidir o influir en las decisiones de distribución de recursos estatales. Una distinción relevante para fines de caracterización de los agentes públicos es aquella que diferencia entre funcionarios públicos locales (municipales o con asiento local), respecto de aquellos que integran organismos cuyas sedes son regionales y provinciales e intervienen de manera especializada sobre las comunas y espacios indígenas. Los agente externos mantienen un conocimiento genérico de la realidad social y tecno-productiva de la comuna y comunidades. Por lo común, no conocen las dinámicas sociopolíticas mapuches: no identifican a los dirigentes, desconocen los conflictos y sus factores, las pugnas, liderazgos, competencias, tensiones, faccionalismos, estilos de acción colectiva mapuche en la zona, etc. De hecho, sólo transitan por la comuna, no hay apegos diferentes por una en relación a otra de las 32 comunas de la región. Sedes y oficinas situadas en capitales provinciales o regionales, generalmente alejadas de la comuna y localidades mapuches. Los agentes estatales locales, sean estos municipales o que se encuentran establecidos en las comunas y áreas, por lo general conocen la zona y locaciones de trabajo, las rutas de acceso y por lo mismo organizan mejor itinerarios y visitas. Conocen algo más de las dinámicas sociopolíticas mapuches, se preocupan de no cometer errores, evitando compromisos y vínculos que limiten recepción y márgenes de acción. Los agentes gubernamentales con asiento local trabajan en las comunas y mantienen relaciones continuas con sedes centrales (por su dependencia, pero también viajes, estadías, seminarios, reuniones). Rotación y traslados a otras comunas son comunes según ciclos y cambios en proyectos y programas. Con permanencias prolongadas generan algunos vínculos de identificación local. Los agentes municipales, en cambio, trabajan establemente en el territorio comunal. Habitualmente residen en la comuna. Es común que se generen vínculos y apegos con la comuna y su gente. Existe rotación según los avatares de los gobiernos locales. Continuidad, rotación y personificación La rotación de técnicos, profesionales y personal de las agencias públicas que tratan con los mapuches es una constante y en ciertos momentos se presenta muy intensa. Para las plantas municipales inciden los cambios en el gobierno local. Para las agencias centrales los términos de proyectos y programas, los inicios de otros, los cambios de política institucional y, desde luego, los


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cambios de gobierno. La observación y la experiencia de los entrevistados les llevan a evaluar negativamente la rotación de funcionarios de las agencias centrales y de las dotaciones municipales; en especial de aquellos que en uno y otro caso trabajan más directamente con las comunidades y hogares mapuches. Junto con advertir alteraciones en los trabajos por ellos desempeñados, la continuidad de la asistencia, de las capacitaciones, de los tratamientos de casos, etc., también introducen una dimensión psico-social. Uno de los problemas de la rotación consistiría en que "se pierde la confianza ganada". Este factor de personalización de las relaciones es ampliamente conocido por los funcionarios con experiencia en la zona. Deben contar con que los sujetos indígenas realizan ponderaciones de unos y otros agentes incorporándolo en la relación y sus valencias tanto como las funciones que cumple. La rotación de funcionarios como característica de la presencia estatal y de los nexos de sus agentes con los mapuches se encuentra en tensión con la personificación de los agentes estatales. En efecto, las relaciones basadas en el conocimiento personal y la confianza parecen gravitar con fuerza en las relaciones sujetos mapuches - agentes estatales. Intereses estatales internos y externos a la comuna: visiones y prácticas encontradas Los funcionarios estatales locales municipales o de agencias nacionales se mueven en un campo de relaciones de competencia, posicionamiento y poder con varios puntos de condensación política. Uno de ellos es el gobierno local. Al respecto, es evidente el control establecido por los alcaldes sobre los funcionarios de su dependencia para que respondan a las expectativas de los usuarios, pero quedando siempre clara la dependencia jerárquica del Alcalde. Estos hechos explican también por qué el técnico o agente municipal evita estructurar compromisos por su cuenta, ante el temor de parecer demasiado personalista y sufrir la sanción de su jefe. Por similares razones es también evidente una marcada cautela en el trato de los agentes municipales con los usuarios y en especial para con la dirigencia indígena comunal. Unos y otros buscan tener una llegada directa y preferente con los alcaldes y concejales y no es extraño un trato fluido e informado de unos a otros. En estas circunstancias, los dirigentes y representantes mapuches suelen sentirse con la autoridad de fiscalizar a los funcionarios municipales, puesto que está más cercana la posibilidad de interpelarlo frente a su jefe directo. Por contraste, los agentes estatales externos provenientes del gobierno u organismos nacionales resuelven más tajantemente en casos complejos, amparados en sus atribuciones y normativas. Rara vez aceptan o consultan a los actores locales en las soluciones técnicas desarrolladas, y tampoco se pondera mucho el tipo de resultados anexos a la intervención, o la manera en que se pueden desarrollar o incidir en conflictos presentes o ulteriores. Las diferencias de visión, estrategias y criterios de acción entre agencias y agentes externos e internos a las comunas se aprecia bastante bien en los módulos de asistencia a pequeños productores silvo-agropecuarios, entre ellos los mapuches. Este programa esta diseñado para generar impulsos de desarrollo en lo local. Para los municipios en cambio conviene una acción más flexible, acomodaticia, sensitiva y política, lo que los hace más abiertos a la posibilidad de realizar ajustes y cambios.


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Las tensiones entre estos intereses contrapuestos son percibidas por los campesinos mapuches. A veces se genera una complicidad permisiva por parte de la dirigencia y los beneficiarios de los módulos en épocas de evaluación. Este programa local es el ejemplo por excelencia de una especie de terreno donde los comuneros deben operar no solo en aspectos técnicos, sino también moverse en las esferas de las negociaciones y la defensa de esfuerzos muchas veces infructíferos. Concientes de la doble dependencia ajustan interacciones con el gobierno local y con el INDAP, defendiendo una presencia de agentes estatales fin de cuentas aceptable, pero sin creer completamente los alcances de esta intervención productiva, sus idealistas metas o siquiera en una evolución de signo positivo.

El prejuicio hacia los indígenas como elemento modelador en las conductas de la interacción

Las representaciones acerca de los mapuches se hacen más complejas y variadas. A la tradicional vertiente del indio postrado en la carencia y la degradación se agrega más recientemente la del mapuche agresivo y violento. Se puede contextualizar lo anterior diciendo que la Araucanía es la región étnica del país en que de manera más fuerte y persistente las fronteras étnicas son una realidad. Los sujetos operan en estas regiones con autodefiniciones cotidiana o recurrentemente confirmadas de pertenencia cultural y étnica. Existe en esta región un sistema de clasificaciones sociales antiguo y sólido que interviene en las definiciones, valoraciones y disposiciones a actuar hacia y desde mapuches y "chilenos". En las condiciones de mayor restricción a este tipo de manifestaciones (en las agencias públicas y por parte de los propios mapuches) estereotipos y prejuicios se manifiestan de manera abierta en contextos más específicos o bien, de manera más oblicua o sutil, inadvertidas muchas veces por sus emisores. Allí están, como un subtexto o infradiscurso de los esfuerzos de superación de la pobreza, de las iniciativas de resolver problemas de ruralidad, con agentes estatales cuyo rostro (a veces sin mayor conocimiento ni interés por la realidad cultural) intenta mostrar atención especial y una vocación al indígena como usuario o “cliente” diferenciado. No obstante lo anterior, también están presentes representaciones y discursos hacia lo indígena con un claro signo positivo. Son pocos; la mayoría mantiene indiferencia que en coyunturas dadas puede transformarse en la injuria, la denostación o el prejuicio. El extendido recambio de personal en las agencias estatales y su apertura a Ongs y consultoras desde inicios de la década de 1990 en adelante ha permitido que un segmento de personal más sensibilizado con los mapuches y sus demandas esté presente en o relacionado con el Estado. Se percibe la incorporación (más que el reemplazo) de un paradigma del “indio” (postrado, pobre, explotado; en otras versiones más conservadoras y regionalmente extendidas “flojo”, “borracho”, “resentido”) que empieza a ser discutido por otro al que podemos calificar de la multiculturalidad. En suma, podemos percibir una mayor heterogeneidad de los agentes estatales y, en paralelo, una mayor complejidad en las representaciones y visiones acerca de lo indígena.


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Del maltrato al trato Una de las principales mejorías señaladas por los actores mapuches se relaciona con una sustancial superación del histórico maltrato que enfrentaban de parte del funcionariado público. Maltrato que era una expresión de discriminación étnica, y que encontraba su escenario principal en la oficina pública. El generalizado cambio de actitud de los funcionarios a este respecto, posibilitaria hoy día el establecimiento de diálogos entre funcionarios públicos y sujetos mapuches. La figura del diálogo como superación cualitativa de la experiencia del maltrato en la relación, se conformaría como uno de los escenarios que los agentes mapuches proyectan a partir de la recepción y utilización que efectúan del horizonte del reconocimiento abierto por el Estado. De manera coincidente, y con más o menos matices, este cambio en la actitud de los funcionarios (que admite, muchas excepciones y relativizaciones que lo problematizan) se sitúa como una consecuencia o manifestación de esta nueva apelación estatal, concretada en actos o hitos como la vigencia de la ley indígena desde 1993, o a la implementación en las comunidades de programas públicos específicos e intensivos (como Orígenes). Esto constituiría en sí mismo un logro del énfasis focalizador de la programación étnica estatal. Empero, los actores mapuches manifiestan percepciones críticas respecto a algunos comportamientos de los funcionarios públicos que no han evidenciado una mejoría significativa. Una de éstas es la percepción sobre la actitud impositiva que tendrían los funcionarios públicos en su relación con los comuneros. Esta crítica lleva implícita una queja por la poca participación que les cabría a los comuneros en la definición y asignación de las iniciativas y proyectos que los involucran. Otra, se relaciona con la impresión de los funcionarios públicos como sujetos poco comprometidos en sus vinculaciones con las comunidades y con las implicancias que su accionar generaría en ellas, lo que se compendia en la imagen del funcionario como alguien a quien sólo le interesa hacer su pega y cobrar el sueldo. Los funcionarios públicos mapuches y la visión interna Los mapuches funcionarios del Estado son una realidad visible en la IX Región de la Araucanía. Así como no hay una sola visión acerca de los funcionarios mapuches por parte de los usuarios de sus servicios, de la misma manera una considerable variación se presenta en las disposiciones y formas de acción de los agentes estatales mapuches: si se trata de mapuches locales u originarios de otras zonas y también si tienen una formación y capacidades de nivel técnico o si se trata de profesionales de más alto nivel de calificación (universitaria, por ejemplo). Tres variantes podrían destacarse en la visión mapuche de los funcionarios públicos indígenas (en este caso, la gran mayoría de los mapuches): el "yanacona", el “indiferente” y los “solidarios”. La expresión "yanacona" designa a los sujetos "entregados", "dóciles", "cómplices" con el enemigo (los "winkas", la “sociedad occidental”, los “chilenos”, el Estado nación chileno), visto esto desde los que adhieren a posiciones ideológicas étnicas radicales. La segunda es la de la indiferencia. Constituiría la perspectiva o visión más generalizada. En este caso, no se destaca una preferencia notoria o especial por técnicos, capacitadores o profesionales mapuches para el trabajo que las agencias desarrollan con hogares y comunidades indígenas de la región. Por último, los mapuches no esperan que los funcionarios


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públicos sean comprometidos y solidarios con ellos, pero se supone que los funcionarios mapuches tendrán una postura de solidaridad con ellos, mayor que la de un agente no mapuche. Respecto a las formas de acción, la variación de las tomas de posición y formas de acción es de considerable amplitud. Los siguientes tipos cubren la dispersión encontrada: a) El agente étnico en la agencia estatal; b) El agente mapuche en la agencia estatal, con diversas variantes y matices. Mientras el agente étnico en el Estado suscribe un discurso étnico integrista desde los espacios institucionales abiertos por la política indígena, con sus conflictos, dilemas y contradicciones, los agentes estatales mapuches en cambio se identifican con los discursos dominantes en el Estado acerca de los sujetos étnicos y sociales del país.


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VI. ANEXO: DETALLE DE ENTREVISTAS Y OBSERVACIONES ENTREVISTAS Y OBSERVACIONES VIII REGION DEL BIOBIO Cañete Entrevistas a agentes estatales Gonzalo Toledo, Encargado regional Area de Desarrollo CONADI Angélica Brandel, Jefa Unidad Salud Intercultural Servicio de Salud Arauco Juana Paillalef Carinao, Directora Museo Mapuche de Cañete Guillermo Mery, Director Sernapesca, Arauco Juana Yaupe, Encargada programa EIB Mineduc-Origenes, Arauco Abraham Silva, Concejal de la municipalidad de Cañete Alicia Rojas, Encargada de subsidio rural SERVIU, Arauco Isidora Fica, Directora Prodemu, Arauco Luz Rodriguez, Encargada convenio Indap-Prodemu, Arauco Bernardo Chamorro, Jefe de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Cañete Andrés Gatica, Jefe de DIDECO de la Municipalidad de Cañete Corina Jimenez, Jefa de “Unidad Familiar” de DIDECO, Municipalidad de Cañete. Milton Hernández, Encargado de Organizaciones Sociales, Municipalidad de Cañete Renato Medina, Jefe Provincial Arauco SERCOTEC Entrevistas a agentes indígenas Alicia Maribur, socia de la Asociación Rayen Voygue Mario Arratia Melita, Presidente comunidad de Reposo José Roman Mariñan, socio comunidad Lorenzo Ñirriman Alberto Huenupi, Lonko comunidad de Antiquina Juan Viluñir, Presidente comunidad Rucañirre Héctor Baeza Huilipan, Presidente comunidad Luisa Antili Fresia Antileo, Presidenta comunidad Cuyimpalihue Sonia Carrasco, Tesorera comunidad Cuyimpalihue Franklin Millanao, Presidente comunidad Pascual Coña-Cañete Ana Carbullanca, Socia comunidad Pascual Coña-Cañete Observación de Interacciones Detención del dirigente Arturo Millagual Audiencia de control de detención del dirigente Arturo Millagual Jornada Regional de asesores culturales del programa EIB (MINEDUC-Orígenes) Taller Programa Indap-Prodemu en comunidad Luisa Antili


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Tirúa Entrevistas a agentes estatales Ivan Carilao, Delegado Municipal y “encargado territorial” zona Tirúa norte José Linco: Jefe de Gabinete del alcalde de Tirúa y “operador territorial”, especialmente para Tirúa sur y centro) Entrevistas a agentes indígenas Lorenza Ñanco, Socia comunidad Choque, Asesora Cultural Juan Carilao, Socio comunidad Choque Inés Nguey, Socia comunidad Kralhue Ernesto Cona, Secretario comunidad Kralhue, y Vicepresidente Organización Rayinche Lelbun Lafken David Huenupil, Presidente de la Asociación Pu Lafkenche de Tirúa Sur Francisco Yaupe, Socio comunidad Anillen Observación de Interacciones Salida a terreno con equipo de Orígenes a las comunidades Ponotro Quidico, Francisco Namuncura, Lorenzo Quintrileo, y Asociación de Pescadores Trun Mapu Salida a terreno con equipo de Orígenes a las comunidades Mahuidanche, Danquil, Bartolo Leviqueo en Tirúa Sur, y Pedro Catricura, al norte de Quidico Salida a terreno con la consultora CEDECAP a las comunidades Epu Mahuida en Elicura (Contulmo); Juante Nahuelpan en Tirúa, y Kralhue (Tirúa) Visita a comunidad Agustina Lincopi (sector La Puntilla, Quidico), junto a José Linco y Miguel Liguempi (Consejero Nacional de CONADI y concejal de la comuna de Tirúa) Visita a la comunidad Felipe Huenuman (sector Casa de Piedra, Tirúa Sur), acompañando a funcionario Orígenes-CONADI Alto Bio Bío Entrevistas a agentes estatales Domingo Carilao, Encargado programa EIB Provincia de Bio Bío Miriam Curriao, Jefa de Gabinete alcalde Alto Bio Bío


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José Luis Lincoñir, Director Regional CONADI Sergjo Ñanculef, Encargado Oficina CONADI en Ralco) Félix Vita, Alcalde de Alto Bio Bío José Torres, Funcionario Orígenes Isidoro Mena, Director de SECPLAC de la Municipalidad de Alto Bio Bío Félix Tranamil. Concejal de la comuna de Alto Bio Bío Vania Gonzalez, Funcionaria SERVIU, Bio Bío Pamela Navarro, Directora SERNATUR, Bio Bío Guido Merino, Jefe de área SAG, Alto Bio Bío Víctor Farrú, Funcionario FOSIS, Bio Bío Gabriela Madina, Funcionaria SERVIU, Bio Bío Ruth Rodriguez, Funcionaria PRODESAL, Alto Bio Bío Entrevistas a agentes indígenas Lorenzo Piñaleo, Lonko comunidad de Callaqui Julia Piñaleo, Representante de la comunidad de Callaqui en el directorio Fundación Pehuén Isidoro Manquepi, Socio comunidad Trapa Bajo Gumercindo Queupil, Presidente comunidad de Cauñicú Héctor Maripil, Socio Comunidad de Cauñicú Arsenio Mariguan, Lonko comunidad de Malla Malla; Antolin Curriao, Lonko comunidad de Quepuca Ralco Juan Purran, Lonko comunidad de Ralco Lepoy María Curriao, Presidenta comunidad Quepuca Ralco Reinaldo Beroiza, Socio comunidad Ralco Lepoy Aurelia Mariguan, Socia comunidad Ralco Lepoy Otros entrevistados Alfredo Filippi, Secretario Ejecutivo Fundación para del Desarrollo del Bio Bío, FUNDEB, dependiente del Obispado de Los Angeles Observación de Interacciones Asistencia a ceremonia de entrega del predio Las Huellas (Cajón del Bio Bío) a comunidad Callaqui Visita a comunidad Trapa Bajo con José Torres y Mario Carihuentru (funcionario Indap-Orígenes) Visita a comunidad de Cauñicú (día de pago) Visita a comunidad de Cauñicú con consultor Germán Candia (trabaja con el equipo de Tierras y Aguas de CONADI Regional)


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Número de entrevistas Agentes estatales: 30 Agentes indígenas: 27 Otros agentes: 1 Total: 58 Número de eventos de interacción observados: 13


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ENTREVISTAS Y OBSERVACION DE EVENTOS IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Listado de dirigentes y comuneros mapuches consultados Nombre Comunidad Cargo o función

01 Ana Nahuelpe Santander Catrileo Catrinao de Percan - Galvarino

Dirigenta Comunidad indígena.

02 Blas Nain Peres Origina Soto Lincoñir de Galvarino Dirigente Consejo de Todas las Tierras (nivel central)

03 Eusebio Tranamil C. Reiman Pinoleo de Lumaco Dirigente 04 Elicura Ñancupil L. Maniuco Galvarino Dirigente 05 Machi Rosa José Maria Liempi y Pascual Carilao Agente tradicional 06 Rogelio Nahuel Nelly Bartola Pitrihuen de Galvarino. Presidente Comunidad,

antiguo miembro del consejo de todas las tierras.

07 Norma Tranamil Conejeros Manuel Nain de la Piedra Galvarino Secretaria Comunidad Indígena, Socia Grupo de Mujeres.

08 Salvador Rain P. Lumaco urbano Dirigentes Socialista, ex funcionario Conadi (oficina mapuche)

09 Fernando Perez Huilcaleo Pangueco Soto Lincoñir de Galvarino

Dirigente Comunidad Indígena miembro activo del Consejo de Todas las Tierras

10 Mario Nahuel Aylla Colpi Sur Galvarino Presidente Comunidad Indígena

11 Luis Riveros Llanos Comunidad Indígena Antonio Liempi de Paillahue Galvarino

Presidente Club Deportivo

12 Verónica del Carmen Carrasco Marivil

Comunidad Indígena Antonio Liempi de Paillahue Galvarino

Presidenta Comunidad Indígena

13 Eliana Liempi inal Comunidad Indígena Antonio Liempi de Paillahue Galvarino

Socia Taller laboral, Secretaria comunidad Indígena

14 Machi Antonia Santander Catrileo Catrinao de Percan - Galvarino

Agente tradicional

15 Pedro Noe Quiñaleo Huilcaleo

Comunidad Indígena Manule Ñancucheo de TrifTrifco, Galvarino

Retraffe (platero tradicional), Consejero Consejo de Todas las Tierras Huerken de la comunidad.

16 Rosa Irene Inal Carilao Comunidad Indígena Ranquil Pajal de Galvarino

Presidenta Taller Laboral

17 Marco Sepúlveda Fernández

Comunidad Indígena José Quilaleo de Nilpe Galvarino

Presidente Comité de Electrificación Socio Comunidad Indígena

18 Manuel Curin Galvarino 19 Machi Hernán Curin Puel Comunidad Martín Curín Repocura Agente Tradicional


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20 Luis Calbuñir Asociación Mapuche Ñancucheo Consejero 21 Abdias Paillali Paillali Ipinco, Alto Lumaco Dirigente Asociación Indígena

22 Carlos Melillan Asociación Comunal Indígena , Melipeuco

Presidente

23 José Emilio Pichintru Melipeuco 24 Elicura Ñancupil Lizama Comunidad Mañiuco, Presidente Asociación de

Viveristas 25 Estanislao Curin Curin Comunidad el Membrillo, Melipeuco Dirigente Comunidad 26 Federico Abel Calfullan

Pichintru Comunidad Indígena Jacinto Lefiñir de Sahuelhue Melipeuco

27 Carlos Desiderio Melliñan Montiel

Comunidad Marianao Melillan Melipeuco

Presidente Asociación Comunal Folil Coyan

28 José Relmucao Lonco comunal, Melipeuco Lonco 29 Elia Melillán Concejal comuna Melipeuco Miembro gobierno local 30 Bartolo Calfullán Concejal Comuna Melipeuco Integrante gobierno local Listado de usuarios de programas estatales consultados Nombre Comunidad Programa Vinculo

01 Domingo Millán Multo Aillinco Programa Orígenes. 02 Genaro Mauffray C. Butarrincon Lumaco. Programa Origenes 03 Patricia Levin Nahuelcura El Pajal de Galvarino Usuario Programas

Bienes Nacionales 04 Cecilia Torres Pinchulef Comunidad Naipio Sector

Nielol Galvarino Usuaria Procesal, Fundación Ayuda y Esperanza

05 Arsoindo Painen Orellana Bajo Pellahuen Lumaco 06 Claudina Cárialo Cayuleo Juan Antipi de Reincurra

Galvarino. Programa Productivo Sernam

07 Luis Calbuñir Comunidad Boyero Lumaco Usuario programa INDAP.

08 Brisila Yañez Toncioso Bajo Pellahuen Lumaco Usuario programa INDAP.

09 SergioEleuterio Calbuñir Neculman Comunidad Boyeco Lumaco Usuario programa INDAP

10 Clara Paillai Trangulao Comunidad Ipinco lato (limite Lumaco Puren)

Usuario programa INDAP

11 Ana Luisa Araneda Huenteo Bajo Pellahuen Lumaco Usuario programa INDAP

12 Ana Pinita Soto Segura Melipeuco Manejo Bosque Nativo Conaf

13 Sebastián Reumay Alfaro Melipeuco Manejo Bosque Nativo Conaf


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Listado de directivos y funcionarios de agencias estatales consultados Nombre Agencia o Institución Cargo o función

01 Yolanda Nahuelcheo Saldaña. PROMAP Servicio Salud Araucanía Sur

Asistente Social

02 Fernando Pincheira Vega. Procesal Municipalidad de Galvarino

Administrativo, Jefe de Gabinete Municipal.

03 Tomas Menzel Proyecto Bosque Nativo CONAF.

Coordinador Provincial Cautín

04 Victor Manuel Toloza Fueyo. Consultora Overland Ltda. Directivo 05 Luis Alfonso Marihuan Huencho, Fundación Ayuda y

Esperanza, Filial Temuco Técnico Agrícola, Operador de Créditos

06 Marco Antonio Nahuelcheo Parada Consultora Wagvlen Sociólogo 07 Victor Mansilla Solar Orígenes Temuco Encargado productivo 08 Eliana Huitraqueo Orígenes Temuco Profesional

Alcaldes Entrevistados Nombre Comuna

01 Miguel Hernandez Saffirio Galvarino 02 Manuel Painiqueo Tragnolao Lumaco 03 Edgardo Barros Cofre Melipeuco Reuniones Observadas y Análisis de Actas y Documentos

4 reuniones de

coordinación

• Reunión Técnica Equipo Prodesal, Consultaría productiva Programa

Araucanía Tierra Viva • Reunión Planificación de entrega recursos proyecto productivo Orígenes

entre Consultora Overland, “Comunidad de Quetre”, Galvarino. • Reunión equipo técnico Fundación de Desarrollo Campesino Fundecam,

Directiva “Taller Laboral Rayen”, Proyecto Recuperación de Suelos. • Reunión Sanción de Proyectos COZ.

06 reuniones Asamblea General de Socios

• Reunión comunidad Pangueco Grande Soto Lincoñir, Galvarino. • Reunión T. L. Las Rosas de Trabunquillem, Galvarino. • Reunión Asamblea general Comunidad de Paillahue. • Reunión Asamblea General Taller Laboral Rayen. • Reunión Comunidad Francisco Paillal de Llufquentúe.


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• Reunión Comunidad Manuel Ñancucheo de Xif Xifco.

10 visitas técnicas

• Visita Programa Araucanía Tierra Viva Comunidad Andrés Huinka de

Trabunquillem. • Visita Programa Araucanía Tierra Viva Comunidad de Oñoñoco. • Visita Programa A. T. V. Comunidad de Catrileo Catrinao de Percan. • Visita Consultora Overland Antonio Liempi de Paillahue. • Visita Consultora Overland Comunidad Francisco Paillal de Llufquentue. • Visita Consultora Overland Comunidad Colpi Norte de Lumaco. • Visita Consultora Normognen Comunidad Pangueco Soto Lincoñir. • Visita Consultora Normognen C. Jose Maria Liempi y Pascual Cárilao de

Lumaco. • Visita Consultora Normognen Comunidad Soto Lincoñir de Rucatraro

Lumaco. • Visita Cooperante Belga Comunidad Naipio Galvarino.

5 actas

• Actas Comunidad Indígena Antonio Liempi de Paillahue, Galvarino • Acta Taller Laboral Rayen, de Rucamanque, Galvarino. • Actas Taller Laboral Las Rosas, de Trabunquillem, Galvarino. • Actas Asociación Indígena Trawun Folil. De Galvarino. • Actas Comunidad Catrileo Catrinao de Percan, Galvarino.


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ENTREVISTAS Y OBSERVACION DE EVENTOS X REGIÓN DE LOS LAGOS Panguipulli Agentes estatales - Entrevista a funcionarios mapuche

1. Virginia Aillapán, Municipio (Oficina Comunal Mapuche) 2. Antonio Alcapán, Orígenes (Promotor) 3. David Chocori, CONAF 4. Rómula Avilés, PIDI 5. Jorge Hueque, Orígenes-PTD 6. Ana Luisa Manquelef, (Oficina Comunal de la Mujer) 7. María Hernández, (Oficina Comunal Mapuche) 8. María Elisa Curilem, Orígenes (Promotora)

- Entrevista a funcionarios no indígenas

1. Carlos Coronado, Municipio (Educación) 2. Víctor Romero, INDAP (INDAP-Orígenes) 3. Marcos Bucarey, INDAP (Jefe de Área) 4. Pedro Cardyn, Salud 5. Denise Herman, Salud 6. Bernardo Toledo, Municipio (DIDECO) 7. Víctor Montiel, Consultor 8. Carolina Bórquez, Municipio (Asistente Social) 9. Tito Valdivia, Consultor 10. Ephraim Alarcón, Orígenes (Fortalecimiento) 11. María Celeste Gutiérrez, Municipio (OMDEL) 12. Luis Bohórquez, CONAF 13. Cristobalina Peña, PIDI 14. Iván Mera, Municipio 15. Eduardo Bascur (Educación) 16. Oscar López (Salud)

Agentes indígenas

1. Jaime Alegría Lefián, C. Rita Lepileo 2. Filomena Huilipán, C. Emilio Epuñanco 3. Rosa Trecanahuel, Sector Chépica 4. Luis Millalef, Sector Chépica 5. Audolía Cauripán, Agrupación de Mujeres Curihue y Presidenta del Módulo Norte del

INDAP-PRODEMU. 6. Lidia Calficura, C. Belisario Lepileo 7. Celedonio Collinao, C. Tren Tren Mapu 8. Pedro Lloncón, C. María Trecanahuel 9. Palmenia Catricura, C. Huirimán Ñanculef


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- Observación de interacciones

1. Reunión de Salud Intercultural 2. Atención del abogado del PIDI 3. Visita con Bernardo Toledo a Trafún y Liquiñe a entregar ayuda por los temporales. 4. Reunión PTD. 5. Visita de altos funcionarios de Orígenes a Chépica, Neltume y Punahue. 6. Reunión del Subsecretario de MIDEPLAN con la comunidad de Pullehue. 7. Reunión informativa en la Oficina Comunal Mapuche sobre obras de riego y drenaje DOH-

CONADI 8. Reunión en Llongahue por el conflicto de un dirigente y sus comunidades. Concurren

funcionarios de INDAP y Orígenes además del consultor a cargo. 9. Reunión de la comunidad de Ancacomoe encabezada por Richard Weitra quien busca

apoyo para dos proyectos productivos (un vivero y un semillero de papas). Asisten el jefe de área de INDAP y un funcionario del BancoEstado.

San Juan de la Costa Agentes estatales - Entrevista a funcionarios mapuche:

1. Felicinda Llaitul, Orígenes (Promotora) 2. Ponciano Rumián, Orígenes (Educación) 3. Sandra Cheuquepán, Orígenes (Salud) 4. Bernardo Antriao, CONADI 5. Prosperina Quepuán, Orígenes (Educación) 6. Cristian Huenuán, Municipio (Concejal) 7. Juan Licanqueo, Orígenes (Educación) 8. Jorge Cayulef, PRODESAL 9. Segio Cheuquepil, Orígenes-MINEDUC (Provincial) 10. Emilia Nullado, CONADI (Consejera)

- Entrevista a funcionarios no indígenas

1. Claudia Valenzuela, CONADI (Unidad de Tierras) 2. Marcela Urbano, CONADI (Unidad de Desarrollo) 3. Gerardo Bunkel, CONAF 4. Rosa Núñez, PRODEMU 5. David Barahona, CONAF 6. Luis Cárdenas, CONAF 7. Carlos Turra, INDAP (encargado de INDAP-Orígenes) 8. Lisette Vera, CONADI (Coordinadora CONADI-Orígenes) 9. Alejandra Turra, Municipio (Asistente Social) 10. Carlos Fierro, Salud (Paramédico)


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11. Javier Murúa, Orígenes-Desarrollo 12. Jorge Ubilla, Consultor 13. Paulina Aguilar, Municipio (Asistente Social) 14. Javier Oyarzo, Municipio (Alcalde) 15. Alejandrino Guzmán, Municipio 16. Mónica Vejar, Municipio (Dpto. de Salud) 17. Cristina Kneer, Municipio (DIDECO) 18. Marcela Riedeman, Consultora

Agentes mapuche 1. José Llancamán, C. Ñuke Mapu 2. Crisóstomo Vera Epuyao, Consejo de Comunidades S. J. de la Costa Norte 3. Margot Hueichán, C. Chamilco 4. Catalina Panguinamún, Asociación Wichan Mapu 5. Ricardo Antilef, Consejo de Comunidades S.J. de la Costa Sur 6. Carlos Paillamanque, C. Maicolpi (Red de Parques Mapu Lahual) 7. Antonio Alcafuz. Consejo de Caciques del Butahuillimapu 8. Teresa Maripán, C. Choroy Traiguén 9. Elías Huaiquilén, Asociación de Estudiantes Butahuillimapu

- Observación de interacciones:

1. Reunión con comunidades de Monteverde, Newenche de Liucura y Huaca Mapu del sector sur de San Juan con Felicinda Llaitul y David Barahona.

2. Reunión del Comité Técnico Indígena con representantes de Orígenes (promotores, el encargado de Fortalecimiento y el de Desarrollo) y las consultoras Vertiente, Alerces y Price.

3. Wetripantu en Pucatrihue 4. Reunión, “Taller regional de Apoyo a la Difusión y Promoción en Comunidades Mapuche, del

Gillatun para su Presentación como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, a la UNESCO en el año 2006”

• No de Entrevistas:

Agentes estatales

50 no indígenas 18 mapuches

Agentes mapuche 18

Total: 86

• Observaciones: Total: 13

estudio diagnóstico y evaluativo de las percepciones y condu

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