el control de convencionalidad y la usura
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CARÁTULA
PONENTE
MAGDO. JOSÉ JUAN TREJO ORDUÑA
TITULO DE LA PONENCIA
EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y LA USURA
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO
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EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y LA USURA
José Juan Trejo Orduña.
I.- ANTECEDENTES.
Con motivo de la reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos publicada el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial
de la Federación, conocida como “Reforma de Derechos Humanos”, entre otras
importantes cuestiones, se incorporó expresamente en el artículo 1o de la
Constitución Federal que todas las autoridades del País, en el ámbito de sus
competencias, están obligadas a garantizar el respeto y protección de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se prevé que
la interpretación de las normas en las que se establezcan derechos humanos
tendrá que hacerse con apego a lo que la propia Carta Magna y los tratados
internacionales disponen al respecto y, que dicha interpretación deberá hacerse
en el sentido de favorecer en todo tiempo a las personas la protección más
amplía, lo que se conoce como el principio “pro persona” o “pro homine”.
Así, por virtud de la reforma al artículo 1o constitucional, se rediseña
la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer
el control de constitucionalidad, pues el mismo ya no es limitativo de los órganos
del Poder Judicial de la Federación, a través de los medios legalmente
establecidos, sino que ahora, todas las autoridades del País, incluidas las de
carácter jurisdiccional, están facultadas y obligadas, en el ámbito de sus
respectivas competencias a observar los derechos contenidos en la Constitución y
en los tratados internacionales; sin embargo, los órganos jurisdiccionales no
únicamente se encuentran obligados a ejercer un control de constitucionalidad,
sino que deben realizar un control de convencionalidad, el cual surge a partir de
que México reconoce y se obliga a respetar los derechos humanos contenidos en
los tratados internacionales de los que es parte; así como conforme a lo dispuesto
por los artículos 103, 104 y 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal.
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A efecto de acotar lo que debemos entender por control de
convencionalidad, cabe señalar que Juan Carlos Hitters1 señala que es una
institución o mecanismo depurativo, creado por las cortes internacionales, con el
fin de que los tribunales nacionales evalúen y comparen el derecho local con el
supranacional para velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales,
ejerciendo un control ex officio entre las normas internas y la Convención
Americana de Derechos Humanos. Su fundamento es la jerarquía de los tratados,
el ius cogens (entendido como el derecho impositivo o taxativo que no puede ser
excluido por la voluntad de los obligados a cumplirlo) y la vinculatoriedad de la
jurisprudencia de órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, Ernesto Rey Cantor menciona que del artículo 2o de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos emerge la obligación
internacional, a cargo de los Estados Parte, de “Adoptar disposiciones de
Derecho Interno” para garantizar el ejercicio de los derechos humanos
reconocidos en ese tratado. El juez interno tiene competencia para inaplicar el
derecho interno y aplicar la Convención u otro tratado, mediante un examen de
confrontación normativo (derecho interno con el tratado) en un caso concreto y
adoptar una decisión judicial protegiendo los derechos de la persona humana2.
Esta directriz fue creada en nuestro Sistema Regional por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos al resolver el Caso Almonacid3 contra
Chile en el año dos mil seis y con posterioridad, ha sido perfeccionada en diversos
fallos subsecuentes; así, el control de convencionalidad, como su nombre lo
indica, procura hacer prevalecer la Convención Americana sobre Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, sobre las reglas locales que se le
oponen. El objetivo del control de convencionalidad es determinar si la norma
nacional enjuiciada a través de la Convención Americana sobre Derechos
1http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2012/nocionesrefconstitu/control%20convencionalidad-Hitters.pdf,
fecha de consulta 08/08/2012. 2 Rey Cantor, Ernesto; Control de Convencionalidad de las leyes y derechos humanos, Porrúa, México, D.F., 2008, PP. 46 y
47. 3 García Ramírez, Sergio, Del Toro Huerta, Mauricio Iván; México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
decisiones y transformaciones, Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011, P. 27.
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Humanos es o no “convencional”, esto es, acorde con tal Convención. Se trata,
entonces, de un análisis de confrontación normativa.
Ahora bien, en relación con los asuntos en los cuales el Estado
México ha sido parte, debe destacarse la resolución emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el veintitrés de noviembre de dos mil
nueve (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), dictada en el
caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos; así, en dicha determinación,
específicamente, en el párrafo 339, se estableció lo siguiente:
“339. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha
establecido en jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales
internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las
disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces,
como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les
obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean
mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un
inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe
ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el
Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última
de la Convención Americana.
Derivado de lo anterior, todos los jueces mexicanos deben partir del
principio de constitucionalidad y de convencionalidad de la norma nacional y, por
consiguiente, en un primer momento deben siempre realizar la “interpretación” de
la norma nacional conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales,
lo que implica optar por la interpretación armónica más favorable y de mayor
efectividad en la tutela de los derechos y libertades en aplicación del principio pro
homine o favor libertatis previsto en el artículo 29 del Pacto de San José, y ahora
también, en el segundo párrafo del artículo 1º. Constitucional, desechando
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aquellas interpretaciones incompatibles o de menor alcance protector; de tal
manera que, contrario sensu, cuando se trate de restricción o limitaciones a
derechos y libertades, deben realizarse la interpretación más estricta para dicha
limitante. Y sólo cuando no pueda lograrse interpretación constitucional y
convencional posible, los jueces deberán desaplicar la norma nacional o declarar
su invalidez según la competencia que la Constitución y las leyes nacionales
otorguen a cada juzgado lo que provocará un grado de intensidad mayor del
“control difuso de convencionalidad4.”
La excitativa a que se lleve a cabo una especie de control de
convencionalidad, para que resulte productiva y reduzca los riesgos de ser llevada
a cabo de manera contraproducente, debe ir acompañada de parámetros respecto
a la manera en la cual debe usarse. El gran reto de la sentencia del caso Radilla
Pacheco es dimensionarla en su justa medida, entender su contenido y mandatos
conociendo los criterios de los cuales derivan, así como comprender que es una
gran oportunidad de asumir las obligaciones que cada poder integrante del Estado
tiene, no con la comunidad internacional ni con los órganos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, sino con las personas que se encuentran
bajo su jurisdicción y que son a quienes se les ha reconocido los derechos y
libertades contenidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos
de los que México es parte5.
Bajo este panorama, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, estableció en la resolución del expediente Varios 912/2010, en relación
con los medios de control de constitucionalidad y control de convencionalidad en
el sistema jurisdiccional mexicano, los siguientes argumentos:
a) Que es un hecho inobjetable que por virtud de la reforma al
artículo 1º de la Constitución Federal, los Estados Unidos Mexicanos se someten
a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
4 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y los jueces nacionales, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S.C., México, 2012, PP. 163. 5 Castilla Juárez, Karlos A., El control de convencionalidad, un nuevo debate en México a partir de la sentencia del caso
Radilla Pacheco, citado por Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S.C., México, 2012, PP. 99-106.
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cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado mexicano. Por tanto, las
resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional (Corte
Interamericana de Derechos Humanos), son obligatorias para todos los órganos
del Estado mexicano en sus respectivas competencias al haber figurado como un
Estado parte en un litigio.
b) Que para el Poder Judicial son vinculantes no sólo los puntos de
resolución concretos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia
mediante la cual se resuelve ese litigio. La jurisprudencia de la Corte
Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no
figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones
de los jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la
persona, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Federal.
c) Al resolver los asuntos sometidos a su competencia, los jueces
nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la
Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la
Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte
Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y
procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Sin
perjuicio de que sean los criterios internos aquellos que cumplan de mejor manera
con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o.
d) Todas las autoridades del País, dentro del ámbito de sus
competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos
contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano,
sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal,
adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo
que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.
e) Los mandatos contenidos en el reformado artículo 1º
constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el diverso artículo 133 de
la Constitución Federal para determinar el marco dentro del que debe realizarse
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este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control
concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.
f) Conforme a la última parte del artículo 133, en relación con el
artículo 1º, los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos
en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las
disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior.
g) Si bien los jueces ordinarios no pueden hacer una declaración
general sobre la invalidez, o expulsar del orden jurídico las normas que consideren
contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados
(como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los
artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar
estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de
los tratados en esta materia.
h) El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en
materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control
establecido constitucionalmente por los artículos 1º y 133.
De lo expresado en la resolución de referencia se extrajo como
conclusión, que todos los jueces del País, ya no deben ceñir su actuación
jurisdiccional al control de constitucionalidad que se venía dando, puesto que
ahora no sólo podrán realizar dicho control, sino que también deberán observar el
control de convencionalidad cuya sujeción por parte del Estado mexicano derivó
de la mencionada reforma al artículo 1º constitucional; es así, que el control de
constitucionalidad que ahora se ve complementado con el control de
convencionalidad, se puede ejercer por todos los jueces del País, y según el
criterio antes citado del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, deben observar los
siguientes parámetros:
1.-Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución
Federal (con fundamento en los artículos 1º y 133), así como la jurisprudencia
emitida por el Poder Judicial de la Federación.
2.-Todos los derechos humanos contenidos en tratados
internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.
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3.- Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido
parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada
Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte.
A partir de lo anterior, la resolución aludida sugiere que la
interpretación por parte de los jueces presupone realizar tres pasos:
I.- Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los
jueces del País, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano,
deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos
establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el
Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
II.- Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que
cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben,
partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que
hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en
los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar
incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.
III.- Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son
posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y
del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso
para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos
establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el
Estado mexicano es parte.
Como corolario de lo expuesto, tenemos que el control de
convencionalidad implica buscar la compatibilidad entre las normas de derecho
interno y la Convención Americana, con base en una interpretación expansiva de
esta última para generar un espectro de mayor alcance en favor de la persona. Lo
anterior implica que todos los operadores jurídicos, por medio del control difuso de
convencionalidad, deben armonizar las normas nacionales y las convencionales,
para establecer una efectiva protección de los derechos humanos en pro de las
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personas; así, se reitera conforme a la resolución emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Radilla Pacheco vs. Estados
Unidos Mexicanos", y ahora con las reformas a la Constitución, las autoridades
judiciales deben efectuar un control de convencionalidad ex officio en el marco de
sus atribuciones y, por ende, deberán en principio armonizar el marco jurídico
interno con el previsto convencionalmente, o en su caso, inaplicar las normas
generales que, a su juicio, consideren transgresoras de los derechos humanos
contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales en
que el Estado Mexicano sea parte.
Lo anterior significa que se plantean nuevos retos para el sistema de
justicia mexicano, en particular me ocuparé de uno que es mi especial interés y
relacionado con las funciones que cotidianamente realizamos los integrantes del
Poder Judicial de la Federación a cuyos órganos se ha encomendado el
conocimiento del juicio de amparo, la figura de la usura que, al ser proscrita por la
Convención Americana de Derechos Humanos, implica su sometimiento al control
de convencionalidad.
II.- DESARROLLO.
Los artículos 8o, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos establecen los criterios que deben observar los Estados parte, para
garantizar los derechos humanos de los particulares en asuntos tramitados en
órganos jurisdiccionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
reconocido que puede generarse responsabilidad internacional del Estado por
atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros
o particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el respecto
de esos derechos entre individuos. La atribución de responsabilidad al Estado por
actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción
u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes6.
Ahora, el artículo 21 del Pacto de San José dispone:
““Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada.
6 Silva García, Fernando; Jurisprudencia Interamericana sobre derechos humanos, criterios esenciales, Dirección General
de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, México, 2011, P. 16-17.
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1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley
puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de
interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del
hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.”.
El precepto supranacional señala que toda persona tiene derecho al
uso y goce de sus bienes, quien no podrá ser privada salvo por subordinar su uso
y goce al interés social o por razones de utilidad pública. Asimismo, la convención
proscribe la usura por considerarla como una forma de explotación del hombre por
el hombre, que indudablemente constituye una modalidad que afecta la propiedad
privada a que todo ser humano tiene derecho. La norma supranacional invocada
es de carácter prohibitivo, porque proscribe la usura como forma de explotación
del hombre por el hombre.
Este postulado contiene directamente un derecho a favor del
individuo que consiste en la protección de su propiedad privada y para
salvaguardarla establece en forma específica que la usura debe ser prohibida por
la ley. La norma protectora del derecho humano es ejecutable por sí misma, ya
que se encuentra dentro de una vocación de incorporación inmediata y su
aplicación en pro de la persona no puede estar condicionada a regulación
legislativa o desarrollo mediante leyes reglamentarias, lo que permite su aplicación
directa.
Conforme a lo anterior, se observa que la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos, en su artículo 21, punto 3, proscribe la usura y la
consiga como una forma de explotación del hombre por el hombre, razón por la
que prohíbe su uso y práctica, como forma de protección del derecho a la
propiedad privada de las personas.
Ahora bien, de acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Omeba, una de
las definiciones de usura es la siguiente: “todo negocio jurídico en el cual alguien,
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explotando el estado de necesidad, ligereza, inexperiencia o debilidad ajena, se
hace prometer una prestación excesiva en relación a la que entrega o promete7.”
Asimismo, en el Diccionario para Juristas de Juan Palomar de Miguel
se define de la siguiente manera: “Interés que se lleva por el dinero o el género en
el contrato de mutuo o préstamo.// Este mismo contrato.// Interés excesivo al
prestar algo.// fig. Fruto, utilidad, ganancia o aumento que se saca de una cosa,
sobre todo cuando son excesivos.”8.
En términos bastante claros podemos considerar que la usura
constituye la estipulación de intereses excesivos o desproporcionales que
establecen una ventaja patrimonial en favor del acreedor por el cobro de un interés
superior a las tasas máximas de intereses permitidas.
La usura es un instituto de no fácil comprensión ni asimilación, pues
por un lado, como hemos visto, se la proscribe o limita cada vez más de los
ordenamientos jurídicos y particularmente por la doctrina jurídica, inclusive puede
considerarse como una norma que siempre debe tomarse en cuenta y debe
interferir con la autonomía de la voluntad de quienes realizan el otorgamiento de
créditos.
Las normas internas en materia mercantil señalan que cuando se
pactan intereses, éstos pueden establecerse en la forma en que las partes lo
acuerden sin prever limitación alguna, lo que permite inferir que pudieran pactarse
intereses excesivos en perjuicio del deudor.
Ahora, de una comparación entre la norma supranacional con las
normas de derecho interno, se obtiene que la primera prohíbe la usura o el cobro
de intereses excesivos, mientras que las leyes domésticas sí permiten la
estipulación de intereses excesivos, al no establecer limitante al respecto.
Lo anterior permite advertir en principio, la existencia de una
contradicción normativa, porque por un lado la Convención prohíbe la usura, y por
otro lado, las normas de derecho interno la permiten al no imponer limitación en el
pacto de interés y señalar que las partes se obligan en la manera y términos que
7 Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXI, DRISKILL, S.A., Argentina, 1999, P. 566-567
8 Palomar de Miguel, Juan, Diccionario para juristas, Porrúa, México, 2000, p. 1598
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aparezca que quisieron hacerlo. Lo que se traduce en que la norma supranacional
protege el derecho a la propiedad privada del ser humano, mientras las normas de
derecho interno examinadas dejan desprotegido ese derecho.
Actualmente se encuentra pendiente de resolver por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la denuncia de contradicción de
tesis 204/2012 entre el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo
Tercer Circuito, al resolver los juicios de amparo directos 613/2011 y 98/2012; el
sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 60/2012, así como el establecido
por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito al resolver los juicios de
amparo directos 157/2011 y 253/2011, en la cual el tema a dilucidar es si el interés
moratorio contenido en un título de crédito es de estudio oficioso, cuando se
advierta que resulte usurario, no obstante la contumacia procesal de la parte
demandada de hacer valer la excepción correspondiente o si ello debe ser materia
de la litis, porque de lo contrario se inobservaría el derecho de audiencia de la
parte actora en el juicio natural. Ahora bien, cabe señalar que corresponderá a la
citada Sala del Máximo Tribunal del País resolver dicha cuestión, claro está, una
vez que considere que efectivamente exista la contradicción de criterios
correspondientes; sin embargo, para efectos del presente estudio y en opinión del
suscrito, se partirá del supuesto de que los tribunales federales y locales sí se
encuentran obligados a aplicar ex officio el control de convencionalidad en
aquellos asuntos en los cuales adviertan que el pacto de intereses resulta
excesivo, precisamente porque constituiría un acto de usura prohibido por la
Convención Americana de los Derechos Humanos.
Partiendo de esa premisa, el juzgador puede encontrar serios
problemas para analizar dicho aspecto, habida cuenta que para considerar que un
determinado pacto de intereses resulta usurario, se requiere de la delimitación de
parámetros legales o permitidos en los usos comerciales que en caso de ser
excedidos permitan establecer fundadamente que el pacto resulta de dicha
cualidad.
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No es tarea fácil para el juzgador establecer en qué casos se
actualiza un pacto de intereses usurarios, sobre todo en aquellos lugares en
donde no se cuenta con normas que definan cuándo y de qué forma se presenta
la usura; pero ello no quiere decir que el juzgador, ante la oscuridad normativa,
pueda amparar operaciones usurarias, pues debe llevar a cabo una comparación
entre el interés establecido por las partes con el interés reglado o permitido en los
usos comerciales, a fin de concluir si existe una desproporción y ello dará pie a la
posibilidad de examinar si se configura la usura.
Si bien es cierto que en todo acto de comercio, quien realiza un
crédito o préstamo, tiene el derecho de recibir una retribución económica por el
riesgo que corre y para no dejar de percibir las ganancias que produjera su dinero
en caso de que lo tuviera invertido, también lo es que cuando ese interés que
obtiene es más alto de las tasas permitidas en el mercado, indudablemente que
está obteniendo una ganancia que tampoco es permisible, por encontrarse fuera
de los parámetros legales o de los usos comerciales, no obstante que de acuerdo
con el artículo 78 del Código de Comercio: “En las convenciones mercantiles cada
uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que
la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades ó
requisitos determinados”, pues a su vez, el precepto que le antecede refiere que:
“Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan
sobre operaciones de comercio”.
De este modo queda evidenciada la posibilidad de concluir en la
ilicitud de la usura, precisamente por estar proscrita en la referida convención.
En efecto, si el acreedor obtiene a su favor un interés superior al
permitido, si bien él se ve beneficiado, lo cierto es que en contraposición, se
menoscaba el patrimonio del deudor, quien ante la acumulación de intereses
excesivos va observando la disminución del valor de su propiedad privada.
En ese orden de ideas, un interés constituye usura en las
convenciones entre particulares, cuando sobrepasa los promedios de las tasas de
interés usuales en los mercados. Aquí cabe destacarse que el Código Penal
Federal, en su artículo 387, fracción VIII, tipifica como delito el hecho de que
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alguien, valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de
una persona, obtenga de ésta ventajas usurarias, por medio de contratos o
convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el
mercado.
Así, para obtener los parámetros de intereses permitidos en el
mercado financiero es pertinente tomar en cuenta las tasas de intereses activas,
que son el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las
condiciones de mercado y las disposiciones del Banco de México, cobran por los
diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos (créditos
hipotecarios, automotrices, tarjetas de crédito, entre otros). De manera que esos
referentes serán de gran utilidad para definir si en un caso concreto se actualiza o
no la usura.
III.- CONCLUSIONES:
1.- Convencionalidad implica buscar la compatibilidad entre las
normas de derecho interno y la Convención Americana de Derechos Humanos,
con base en una interpretación expansiva de esta última para generar un espectro
de mayor alcance en favor de la persona;
2.- El artículo 21, punto 3, de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, dispone que la usura y cualquier otra forma de explotación
del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley;
3.- En la medida que los pactos entre particulares comprendan
intereses usurarios se aparten de la citada convención, por ende, no tendrán
aplicación en las controversias judiciales cuya pretensión sea obtener su cobro;
4.- Para obtener los parámetros de intereses permitidos en el
mercado financiero, es pertinente tomar en cuenta las tasas de intereses activas,
que son el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las
condiciones de mercado y las disposiciones del Banco de México, cobran por los
diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos (créditos
hipotecarios, automotrices, tarjetas de crédito, entre otros), de manera que esos
referentes, serán de gran utilidad para definir en cada caso concreto, si se
actualiza o no la usura.
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BIBLIOGRAFÍA.-
Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXI, DRISKILL, S.A., Argentina,
1999, P. 566-567;
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; El control difuso de convencionalidad.
Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces
nacionales, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S.C.,
México, 2012, PP. 99-106, 163;
García Ramírez, Sergio, Del Toro Huerta, Mauricio Iván; México ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decisiones y transformaciones,
Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011, PP. 27;
Herrerías Cuevas, Ignacio Francisco; Control de convencionalidad y
efectos de las sentencias, UBIJUS, México, 2011, P.130;
Palomar de Miguel, Juan, Diccionario para juristas, Porrúa, México,
2000, P. 1598;
Rey Cantor, Ernesto; Control de convencionalidad de las leyes y
derechos humanos, Porrúa e Instituto Mexicano de Derecho Procesal
constitucional, México, 2008, PP. 46-47, 195-198;
Silva García, Fernando; Jurisprudencia Interamericana sobre
derechos humanos, criterios esenciales, Dirección General de Comunicación
Social del Consejo de la Judicatura Federal, México, 2011, P. 16-17.