crecimiento y productividad: 50 propuestas para mejorar la productividad española

50 propuestas para mejorar la productividad española

Documento 145 / Julio de 2008 / www.iefamiliar.com

Crecimiento y Productividad

Documento de trabajo

Este proyecto ha sido dirigido por Javier Quintana, Director del Servicio de Estudios del Instituto de la Empresa Familiar

© 2008, Instituto de la Empresa Familiar

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50 propuestas para mejorar la productividad española

Documento 145 / Julio de 2008 / www.iefamiliar.com

Crecimiento y Productividad

Índice

Introducción

Evolución de la productividad española

Educación, formación y empresa

Flexibilidad laboral

Modernización del sector público ydel marco normativo

Innovación y empresa

Mercados básicos e infraestructuras

Bibliografía

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

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I. Introducción

El debate sobre la productividad es muy antiguo, pero la competitividad de cada país exige una revisión constante de los puntos sobre los que se apoya.

Crecimiento y Productividad | página 9 | Instituto de la Empresa Familiar

I. Introducción

Durante décadas el objetivo de la economía española ha sido el de lograr su plena modernización. Esta meta, gracias a las profundas transformaciones realizadas, ya se ha alcanzado. Así, por primera vez en mucho tiempo, en este comienzo de siglo se parte desde la misma línea de salida, y en algunos casos por delante, que el resto de los países europeos.

Esta situación exige un cambio de perspectiva política. Ya no se trata de seguir la senda abierta por otros estados, ahora hay que lograr consolidarse entre los países que hacen el camino. En materia económica esto significa pasar de las reformas que debían modernizar todo el tejido productivo a las que tendrán que garantizar el crecimiento de la productividad por encima, como mínimo, de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El debate es muy antiguo, pero la competitividad de cada país exige una revisión constante de los puntos sobre los que se apoya. Históricamente, la productividad ha crecido sobre todo gracias a cambios tecnológicos. La innovación en este campo ha sido el motor de los grandes avances que han vivido la agricultura, la industria, los servicios y las administraciones públicas. Sin embargo, no se pueden olvidar tampoco otros aspectos determinantes, todos ellos muy relacionados con la capacidad de reinventarse de las sociedades modernas. Entre ellos hay que destacar la formación de las personas, la flexibilidad del mercado laboral, la eficiencia del resto de mercados básicos, las infraestructuras -no sólo la inversión tecnológica en ellas, sino también su gestión-, la evolución del marco legal y la orientación del sector público hacia las necesidades del mundo privado.

El presente documento es una reflexión sobre todos estos elementos. De acuerdo con la línea iniciada por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) hace dos años en sus documentos de trabajo “Reformas clave para la economía española: políticas que exigen un consenso urgente” (2006) y “Hacia un modelo de inmigración sostenible” (2007), este trabajo contiene un conjunto de propuestas que buscan enriquecer el debate socioeconómico y crear nuevas inquietudes en las instituciones de las que depende la competitividad española.

I. Evolución de la productividad española

La productividad en España sólo crece en épocas de ralentización económica y pérdida de puestos de trabajo.


II. Evolución de la productividad española

Contexto

Este trabajo parte de la idea de que la Productividad de un país es el indicador que mide la •eficiencia con que su Producto Interior Bruto (PIB) es generado a partir de los recursos utilizados. No obstante, hay que señalar que desde que en 1766 el economista F. Quesnay escribió la primera definición conocida, muchos autores, como Adam Smith, Carl Marx, Milton Friedman o Robert Solow han actualizado el concepto. También han sido muchos los autores que han intentado encontrar la fórmula más apropiada para calcularlo. Como algunos advierten en sus trabajos, se trata de un concepto fácil de comprender pero difícil de cuantificar por la cantidad de factores que la determinan y las complejas interrelaciones que existen entre ellos.

La evolución socioeconómica ha incrementado esta dificultad. Por ejemplo, en estos momentos •en los que el calentamiento global aparece como una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, ya hay numerosos autores que creen que dentro del concepto se deben incluir factores de carácter medioambiental. Otros expertos proponen una valoración al alza de los activos intangibles empleados, ante la importancia que han adquirido en la economía moderna. De acuerdo con estos autores, la puesta en valor y el desarrollo de la imagen de la marca, en el caso de nuestro país el “Made in Spain”, es imprescindible.

Para conocer con certeza la evolución de esta variable hay que utilizar índices de Productividad •Total de los Factores (PTF), medida simultánea de la eficiencia en la utilización conjunta de todos los recursos.

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Variación anual de la productividad del trabajo en la última década (%)

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¿Tiene su empresa problemas de falta de mano de obra para cubrir determinados puestos de trabajo?

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Constante incremento delos costes laborales

Insuficiente oferta de mano de obrapreparada en el mercado laboral

Insuficiente formación de la plantilla

Otros

Problemas de movilidad laboral

Principal barrera a la mejora de la productividad

Productividad Vs. Costes laborales

Variación salarios reales (%)Variación productividad (%)

Gráfico 2.1 (Fuente: Comisión Europea e Instituto de la Empresa Familiar)


Tal y como refleja el Gráfico 2.1, en los últimos ejercicios España la PTF española presenta un notable diferencial respecto a la de las economías más desarrolladas, registrando a menudo variaciones negativas.

Debido a la dificultad que presenta el cálculo de la PTF, la mayoría de los organismos •internacionales utiliza la productividad del factor trabajo como referencia, razón por la que es objeto de especial atención en este documento.

De acuerdo con los datos de la OCDE, en la segunda mitad del siglo XX España incrementó su productividad por trabajador por encima de la media de la UE y de los Estados Unidos de América. Sin embargo, como se observa en los Gráficos 2.2 y 2.3, hay que distinguir dos fases. Hasta mediados de los años 90 la productividad española evolucionó casi siempre por encima de la media europea. Posteriormente, la tendencia -que se mantiene en estos momentos- se invierte y el diferencial cambia de signo. Especialmente relevante ha sido la diferencia entre el índice español y el de los Estados Unidos, de acuerdo con la cual en estos momentos los niveles de productividad españoles están hoy un 25% por debajo de los de la primera potencia económica mundial.

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Gráfico 2.2 (Fuente: OCDE e Instituto de la Empresa Familiar)


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Gráfico 2.3 (Fuente OCDE e Instituto de la Empresa Familiar)

La pérdida de competitividad que implica esta evolución de la productividad ha sido compensada •con un incremento en el número de horas trabajadas (Gráfico 2.4). Este incremento y la moderación de los costes salariales reales -que, como se aprecia en el Gráfico 2.5, han tenido una variación negativa de un 1% en la última década- están directamente relacionados con la incorporación al mercado laboral de más de un millón de inmigrantes. En numerosos foros económicos se habla a menudo de la reforma laboral encubierta que ha supuesto este fenómeno en España.

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Gráfico 2.4 (Fuente OCDE e Instituto de la Empresa Familiar)


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Gráfico 2.5 (Fuente OCDE, Comisión Europea e Instituto de la Empresa Familiar)

A pesar de que la productividad española ha evolucionado lentamente durante los últimos 10 •años, sería un error no señalar las diferencias que se han producido a nivel sectorial. Según el Banco de España, mientras que las tasas de variación anual de la construcción y los servicios de mercado entre 1996 y 2003 fueron ligeramente negativas, la de la industria fue de un 0,85% y la de la Agricultura del 2,25%. Todas ellas están por debajo de los niveles alcanzados en la UE15, en la OCDE y en Estados Unidos.

Aunque el crecimiento de la productividad agrícola está siendo superior al del resto de sectores, •su situación es especialmente preocupante. Tal y como se aprecia en el cuadro 2.1, a lo largo del intenso periodo de crecimiento económico que ha registrado la economía española desde principios de los años 90, el agrícola ha sido el único sector en el que se ha producido una pérdida neta de empleo. Esta tendencia, similar a la del resto de la UE, es la principal razón del incremento de su productividad. Queda, por tanto, en un plano marginal la aportación obtenida de la innovación científica y tecnológica. Y ello a pesar de que la Política Agraria Común ha sido la que mayor apoyo financiero ha recibido de todas las que ha puesto en marcha la UE desde su nacimiento -tan solo en 2008 recibirá más de 58.000 millones de euros. Por esta razón, lo más coherente sería dar un giro radical a la estrategia seguida hasta hoy y dedicar la mayor parte de estos recursos a la I+D+i.

Número de ocupados por sector

Sector 1996 2006 Balance

Agricultura 1.062.200 944.300 -117.900

Industria 2.633.000 3.292.100 659.100

Construcción 1.285.200 2.542.900 1.257.700

Servicios 8.084.000 12.968.400 4.884.400

Cuadro 2.1 (Fuente: INE e Instituto de la Empresa Familiar)


El principal error en el que se ha incurrido ha sido utilizar la mayor parte de los recursos financieros de la PAC para compensar las reducciones en la producción estimadas como necesarias, olvidándose casi siempre de que el objetivo prioritario debe ser la competitividad de todo el sector.

Otro de los rasgos característicos de la productividad laboral española es que tradicionalmente sus •variaciones al alza no han sido consecuencia de “shocks tecnológicos”, sino de ajustes económicos. Por esta razón (véase Gráfico 2.6), la productividad en España sólo crece significativamente en épocas de ralentización económica y pérdida de puestos de trabajo. Debido a que en los últimos 15 años el empleo ha crecido casi al mismo ritmo que el PIB, la productividad apenas lo ha hecho.

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Otros





Gráfico 2.6 (Fuente: INE e Instituto de la Empresa Familiar)

En los últimos tres meses de 2007 la economía española perdió 33.700 puestos de trabajo, tendencia que parece mantenerse en 2008. Es muy posible que estos datos impliquen un mayor crecimiento de la productividad. Sería un error considerar este cambio de tendencia como una mejora implícita de la competitividad del tejido productivo nacional.


El país desarrollado que mayores incrementos de productividad por trabajador ha •alcanzado en las dos últimas décadas ha sido Estados Unidos. Las principales causas de este avance son:

El Liderazgo en Innovación. La política de I+D+i, frente a la elevada dispersión o que presenta en España, se ha concentrado en apoyar clusters industriales en los sectores con mayor potencial de crecimiento.

El desarrollo intensivo de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones. o Mientras que en el país americano generan más del 8% del valor añadido de su industria, en España, según los últimos datos publicados por la OCDE, sólo llega al 2,4%.

La creación del mercado laboral más eficiente del mundo. Frente a este activo, o España aparece en el “Global Competitiveness Report 2007-2008”, elaborado por el World Economic Forum, en el puesto 95.

El desarrollo del mercado de capitales, sobre todo del capital riesgo.o

El elevado nivel de renta per cápita. Gracias a él, los productos de mayor valor o añadido, que también son los que mayores rendimientos a escala ofrecen, tienen una mayor demanda.

Ante una coyuntura como la actual, es imprescindible que las futuras mejoras de la productividad española no se deban a una ralentización en la creación de empleo, sino a una reforma de su modelo ecónomico, que permita alcanzar una capacidad innovadora, una flexibilidad laboral y unos niveles de renta per capita similares a los de Estados Unidos.


Propuestas

Impulsar un acuerdo nacional entre Gobierno, Sindicatos y Empresas por el cual se vincule el •incremento de los salarios reales de una legislatura al diferencial de crecimiento de la productividad española con el de la OCDE.

Duplicar la inversión pública destinada al impulso de los clusters industriales que presenten un •mayor potencial de crecimiento.

III. Educación, Formación y Empresa

Ni siquiera el país con el mejor sistema universitario del mundo puede ser competitivo sin una Formación Profesional de calidad.


III. Educación, Formación y Empresa

Contexto

El sistema educativo y de formación en España adolece de varios problemas estructurales:•

Ha estado sometido a constantes cambios legislativos. o

Las más de 100 entidades oficiales que componen el entramado institucional que o gestiona, evalúa y decide sobre las políticas de formación y educación hacen que este sistema sea lento, difícil de entender y demasiado complejo para adaptarse al cambio. Este inconveniente es común a la Educación básica, al Bachillerato, a la Universidad y, sobre todo, a la Formación Profesional (FP).

La inversión pública española en educación, equivalente a un 4,3% del PIB, resulta o claramente inferior a la media de la OCDE, situada en el 5,4%. Desde 1995 el gasto en educación en España ha crecido a menor ritmo que el PIB, por lo que la diferencia entre la OCDE y España ha pasado de 0,7 puntos a 1,1 (según datos de 2006).

Se invierte poco en formación y motivación de los profesores. Tal y como afirma o Jaime Rivière, profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca, “los contenidos, las metodologías de trabajo y la formación de los profesores” son inadecuados. Estos mismos problemas son mencionados por Francesc Pedró, asesor de educación de la OCDE, y añade uno más: la falta de incentivos a los profesores para que desempeñen bien su función.

La descoordinación entre administraciones merma la eficiencia. Aunque algunos autores o critiquen la existencia de 17 sistemas educativos diferentes, hay que señalar que este hecho, como en todo lo que afecta al desarrollo autonómico alcanzado, no es el problema. Sí lo es la manera en la que se ha gestionado. Del mismo modo que en el ámbito fiscal la competencia entre comunidades ha sido positiva, si ésta existiese entre las escuelas de cada comunidad, los niveles de formación habrían mejorado. Y, del mismo modo que en el ámbito fiscal la descoordinación entre autonomías ha generado inflación normativa y un marco legal muy complejo, la falta de coordinación entre la administración central y las autonómicas supone un freno para la mejora de la formación en España.

De manera adicional a estos problemas, comunes a todo el sistema, en cada uno de los diferentes •segmentos educativos existen otro tipo de barreras que impiden una correcta adecuación de la oferta de mano de obra a la demanda empresarial. Se enumeran a continuación dichos segmentos y sus correspondientes barreras.

Escuela y educación secundaria. 1. De acuerdo con los resultados del último informe PISA (Programme for International Student Assessment), elaborado con datos de 2006 por la OCDE, los escolares españoles presentan una formación deficiente en varias áreas claves para su desarrollo profesional. Las principales serían:


El nivel de comprensión lectora es bajo y está empeorando.o

El nivel de comprensión y uso de las matemáticas y de las ciencias es inferior a la media o ponderada de los 30 Estados de la OCDE.

El fracaso escolar se mantiene en un nivel inaceptable. De acuerdo con la revista o Magisterio, en el periodo 2000-2005 el fracaso escolar aumentó en tres puntos y se situó en el 30%.

Las diferencias en la calidad de la enseñanza entre comunidades autónomas son cada vez o mayores.

En septiembre de 2007 el Gobierno presentó el borrador de Real Decreto que próximamente regulará el Bachillerato. Según su texto, los alumnos que suspendan cuatro materias podrán pasar de curso. De acuerdo con la legislación vigente, en este momento sólo se puede pasar con dos asignaturas pendientes. El objeto de esta medida es reducir el abandono del bachillerato, actualmente del 30% y cumplir por tanto con los objetivos fijados en el Consejo de Lisboa, que establecen la reducción de este problema hacia niveles del 10% en 2010. Es totalmente legítimo, pero el verdadero problema radica en que la forma en la que se están intentando alcanzar esas metas provoca una reducción del nivel de exigencia a los alumnos. Para solucionar un problema se está creando otro.

La educación básica y secundaria de algunas regiones y ciudades norteamericanas sufrió una situación similar durante la década de los 90. En el caso de Nueva York, la política que sus autoridades pusieron en marcha en 2002 constituye un ejemplo de reforma educativa a nivel mundial. Los resultados han sido espectaculares, con mejoras de 12 puntos en la comprensión y escritura del inglés y de más de 15 puntos en el uso de las matemáticas en sus tres primeros años de funcionamiento, de tal manera que se ha reducido el nivel de abandono escolar y se ha demostrado que es posible dar una vuelta a la situación en un breve periodo de tiempo. Las reformas introducidas fueron las siguientes:

Se simplificó el sistema educativo reduciendo el número de cargos y órganos que o separaban jerárquicamente a los directores de las escuelas de los principales responsables de la política educativa.

Se dio una mayor autonomía a las escuelas, pero al mismo tiempo quedaron sujetas a o exigentes controles de calidad.

Se intensificó la colaboración entre las escuelas, el mundo de la cultura, el sector científico o y las empresas.

Se incrementaron los recursos económicos.o

Se redujo la proporción entre estudiantes y profesores. o

Se endurecieron los requisitos para pasar de curso. A la vez, se incrementaron el número o de horas de tutoría y de clases complementarias, en muchos casos en los fines de semana, para los alumnos que suspendan.


Primeras etapas de Formación Profesional (FP).2. Los sistemas de FP reglada se clasifican tradicionalmente en tres categorías:

“Provider-based”. o Prácticamente solo ofrecen formación teórica. Los ejemplos más conocidos son el sistema francés y el de Estados Unidos. El primero se financia casi en exclusiva con fondos públicos, mientras que el norteamericano en su mayoría con recursos privados. Sus principales problemas son la insuficiencia de recursos y la falta de formación práctica.

“Work-based”.o El modelo alemán es el más conocido a nivel mundial. Se basa en un sistema dual en el que los alumnos reciben formación en escuelas públicas y en empresas. Precisamente, la intensa formación práctica -y remunerada- que reciben constituye el elemento diferencial y la clave del éxito del modelo. Sin embargo, en los últimos años, la falta de plazas para la realización de prácticas en empresas es constante y cada vez son más los alumnos que reciben una formación parecida a los sistemas mixtos.

Sistemas mixtos. o Los de Finlandia, Suiza y Reino Unido son los más conocidos en Europa. El sistema australiano es también mixto, y uno de los que ofrece una mayor flexibilidad para el desplazamiento entre la Educación secundaria, la FP y la Universidad. De acuerdo con numerosos autores, esta flexibilidad es la razón de la elevada participación de los trabajadores australianos en programas de formación continua. Por tanto, la rigidez del sistema español, también mixto, sería una de las causas de los reducidos niveles de formación continua que registra.

Una particularidad del modelo finés es la relación entre FP y educación superior. En Finlandia existen dos tipos de educación superior: la universitaria y la ofrecida por los llamados “centros politécnicos”. Estos últimos ofrecen una formación profesional con un elevado nivel de especialización y desarrollan importantes proyectos de I+D+i. Una cuarta parte de sus estudiantes proceden de la FP.

En España, la FP reglada se organiza en 2 niveles: FP de base y FP Específica, que a su vez se estructura en familias profesionales y se subdivide en 2 grados, medio (o técnico) y superior. La duración de los grados es variable y, en general, dedican el 25% del tiempo a prácticas obligatorias en situaciones reales de trabajo. Tal y como se está haciendo ya en el País Vasco, sería adecuado aumentar a nivel nacional este porcentaje y aproximarse a los niveles alemanes. Para lograr este objetivo se debería introducir dos cambios en el sistema de FP:

Incentivar una relación más estrecha entre el mundo de la empresa y la Formación a. Profesional mediante la concesión de ayudas financieras a las empresas que contraten estudiantes a tiempo parcial.

Potenciar la figura del educador a tiempo parcial. La proporción de profesores titulares b. funcionarios frente al de profesionales que imparten clases a tiempo parcial está totalmente desequilibrada a favor de los primeros. De esta manera, la formación teórica predomina sobre la práctica. Sería necesario lograr una mayor presencia de educadores con experiencia real en los sectores objeto de formación.


En estos momentos hay 26 familias profesionales con 223 cualificaciones recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Este catálogo lo elabora y actualiza la Administración central a través de un procedimiento en el que participan los colectivos implicados -sindicatos, patronal, administraciones, etc-. Desgraciadamente, los mecanismos utilizados y los órganos creados para gestionar esta labor son complejos, lentos y con una elevada carga burocrática, lo que incide negativamente en la adaptación del CNCP a la realidad del mercado laboral.

A diferencia de los países más avanzados del mundo, la FP en España sufre un desprestigio crónico, que la convierte en una opción marginal dentro del sistema educativo. La experiencia internacional demuestra que ni siquiera el país con el mejor sistema universitario del mundo puede ser competitivo sin una FP de calidad, algo que no se logrará mientras tenga ese carácter marginal. Para situar a la formación profesional en el lugar que le corresponde, se deben habilitar políticas que incentiven esta disciplina educativa como una opción válida a la hora de decidir, en el seno familiar, el camino a seguir en la educación de los hijos. Este objetivo no se alcanzará si no existe una dotación presupuestaria adecuada.

El desprestigio de la FP es una de las causas del escaso interés que esta alternativa ha generado tradicionalmente entre los estudiantes con mejores expedientes académicos. Por eso, en 1990 el 65% de los estudiantes que decidían continuar con su educación tras completar la educación secundaria obligatoria elegían hacerlo en el bachillerato. Además, la mayor parte de este porcentaje no había elegido la FP como opción preferida, sino que se veía empujada a ella por unos malos resultados escolares. Este hecho no sólo influye en los expedientes académicos de estos estudiantes, sino que también incide en la motivación de sus profesores.

Es cierto que se está produciendo un cambio sustancial y que en el periodo 2000/2005 el incremento de alumnos de FP, tanto de grado medio como de grado superior, ha sido superior al 20%. Pero España sigue alejada de la media de OCDE, en la que bachillerato y FP reciben la misma proporción de alumnos, el 50%. En países como Alemania, Francia, República Checa, Bélgica o Australia son una clara mayoría los alumnos matriculados en el aprendizaje de un oficio. Para alcanzar la proporción de países como Alemania o Francia, sería necesario pasar de 450.000 alumnos de FP a 675.000. Al mismo tiempo, para mejorar su nivel, debería incentivarse la incorporación de estudiantes con buenos expedientes académicos.

El incremento de los porcentajes de estudiantes de FP registrado recientemente no se debe a un mayor reconocimiento social hacia esta enseñanza. Tampoco a la mejora de la calidad de los estudios ofrecidos. La causa es doble y no responde a una mejora en las políticas adoptadas:

Ha crecido la remuneración ofrecida. Al haber escasez de oferta de personas con o titulaciones en FP ésta ha crecido por encima de la media del mercado. Según un estudio de los profesores Izquierdo y Lacuesta, entre 1995 y 2002 la desigualdad salarial por niveles educativos disminuyó un 5%. En algunas áreas los salarios de titulados en FP han llegado a ser superiores a los de titulados universitarios con similar experiencia. Además, también les resulta más fácil encontrar empleo -el 71% de los graduados encuentra trabajo en menos de seis meses-.


Se ha intensificado la llegada de inmigrantes al país. En 2006 había más de 24.000 o extranjeros estudiando FP en España. La FP tiene un elevado reconocimiento social entre los inmigrantes. Por esta razón, en el curso 2005-2006 eran más numerosos los estudiantes extranjeros que optaban por la FP que los que lo hacían por el bachillerato. Desde este punto de vista hay que considerar -y apostar- por la FP como herramienta fundamental en la integración de los inmigrantes.

De acuerdo con el Círculo de Economía, los centros de FP necesitan un mayor nivel de autonomía. Ésta debe ir acompañada del establecimiento de mejores sistemas de control de sus resultados, que evalúen sistemáticamente de que manera influye en la incorporación de los estudiantes al mercado laboral.

Otra de las críticas recurrentes al actual sistema de FP es su aislamiento del resto del sistema educativo. A sus estudiantes les resulta prácticamente imposible incorporarse a la enseñanza universitaria o a las escuelas de negocio, lo que impide su desarrollo como directivos. Resulta fundamental cambiar esta situación creando “pasarelas” que la conecten con otros segmentos de formación.

Por último, hay que señalar que, como en otras ocasiones, la FP ha quedado en un segundo plano en el debate sobre el uso del inglés en la educación. Mientras que ya hay comunidades autónomas en las que es algo normal la existencia de colegios bilingües o universidades en las que se exige un elevado nivel de inglés, la enseñanza bilingüe en FP se limita a experiencias piloto. Desgraciadamente, en los años 80 y 90 la enseñanza de idiomas perdió peso específico en los programas de FP. Aunque actualmente se está recuperando, está muy lejos de los niveles previstos para la educación básica, el bachillerato o la formación universitaria.

Universidad. 3. La Educación universitaria es la base sobre la que se asienta el talento de las empresas y la principal fuente de formación de sus cuadros directivos. Por esta razón la competitividad de las empresas depende de la de las universidades. Sin embargo, desde hace décadas la relación entre ambos ámbitos no es lo estrecha que debería y las empresas se quejan de que la formación universitaria no se adecua a sus demandas. En una entrevista concedida a el diario El Mundo, el 30 de enero de 2008, Ángel Gabilondo, Presidente de la Conferencia de Rectores, explicaba las barreras que tiene la Universidad española para responder a estas demandas y para ser competitiva:

Envejecimiento del personal docente. o En su opinión “hay que incentivar la jubilación e incorporar a gente joven”. En algunas universidades la media de edad de los profesores es superior a los 53 años.

Exceso de oferta de centros. o De acuerdo con sus palabras “con tantas universidades como provincias difícilmente lograremos una subida en el ranking internacional de universidades”. No es extraño escuchar a expertos en educación quejándose de que debido al gran número de centros abierto en los últimos años ya no se compite por impartir la formación más exigente sino por conservar los alumnos.


Falta de recursos financieros. o También afirmó que “el Gobierno ha prometido que elevará la financiación de la Universidad hasta el 1,5% del PIB”. De momento, los recursos dedicados a la enseñanza superior representan el 1,2%. Los rectores de las universidades públicas españolas reclaman constantemente más recursos financieros. Sin embargo, ninguna de sus propuestas vincula el aumento de estas dotaciones presupuestarias al fruto de su trabajo, al número de patentes que nacen en sus centros, al nivel de incorporación a la empresa de sus alumnos y profesores, al porcentaje de alumnos en paro o al porcentaje de estudiantes que se incorporan al mercado laboral en sectores relacionados con la formación que han recibido.

Otros factores que impiden la adaptación universitaria a las necesidades de las empresas son:

La oferta de titulados no encaja con su demanda. o Según el director de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, Martí Parellada, hay un claro desajuste entre la educación recibida y la formación necesaria para acceder a un trabajo. De acuerdo con sus palabras, “no parece normal que el sistema público financie el 80% de las titulaciones universitarias y los graduados se empleen en otras ocupaciones”. En esta misma línea, según Infoempleo, en el año 2003 alrededor de dos tercios de quienes estudiaron artes o humanidades tenían un trabajo que no se ajustaba a esa formación.

Numerosos expertos critican que la elección de la carrera universitaria se realiza frecuentemente pensando en el grado de dificultad de la misma y no en los factores que realmente deberían importar -preferencias personales y oportunidades futuras de trabajo-. La falta de una cultura que valore más el esfuerzo estaría llevando a los estudiantes a decantarse por los estudios que requieren una menor dedicación.

La mayor parte de los profesores de la Universidad no tiene experiencia profesional o fuera de ella. No se exige ni se valora a la hora de competir por una plaza.

Los incentivos económicos a la obtención de expedientes académicos brillantes son o escasos o inexistentes. Los premios nacionales que reciben los mejores alumnos de cada promoción no están acompañados casi nunca de gratificaciones económicas relevantes.

Formación de personas en paro, o Formación ocupacional. 4. El Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional engloba todas las actividades de formación ocupacional realizadas por la Administración central. A pesar de la significativa dotación presupuestaria con la que cuenta y de los más de 20.000 cursos que organiza cada año, su aportación a la empleabilidad y a la competitividad es reducida. Existen varios factores que le impiden alcanzar los fines para los que ha sido creado:

La política de formación ocupacional prima lo cuantitativo frente a lo cualitativo. Desde c. hace años se ha buscado más el incremento de los porcentajes de desempleados que participan en cursos que la mejora de su calidad o la oportunidad de éstos.

La asistencia a los cursos de formación se vincula habitualmente al cobro del subsidio d. por desempleo. No es extraño que los participantes los perciban como una obligación


legal y no como una contribución a su formación. Son frecuentes los casos en los que personas con un determinado perfil profesional deben asistir a cursos poco adecuados a su formación y nivel de especialización laboral.

El nivel de exigencia a las instituciones y centros donde se imparte la formación es bajo. e. Los controles de calidad son poco rigurosos.

La oferta de formación no evoluciona al ritmo del mercado. A menudo, el conocimiento f. que ofrecen los cursos de formación ocupacional no responden a las necesidades de formación de la mano de obra que requieren las empresas.

Formación de personas con empleo, o Formación continua. 5. España es uno de los países desarrollados que menos invierte en ella. A pesar de que los recursos públicos destinados se multiplicaron por 10 en el periodo 1993-2003, este país sigue ocupando los últimos lugares en los rankings internacionales que miden el porcentaje de trabajadores que reciben formación. De acuerdo con la OCDE, apenas el 10% de los trabajadores recibe formación continua, muy lejos del 50% de Finlandia, Suecia, Dinamarca y EEUU.

Estos datos resultan especialmente preocupantes si se tiene en cuenta la evolución demográfica mundial y española. De acuerdo con las estimaciones del departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 2050 el 22% de la población mundial tendrá más de 60 años, frente al 10% actual. Las perspectivas de envejecimiento demográfico para España son superiores, ya que, junto con Alemania y Japón, ha sido el primer país del mundo en el que el número de personas mayores de 60 años ha superado al de 14. La masiva llegada de inmigrantes ralentizará este proceso, pero no lo detendrá.

El envejecimiento demográfico tendrá numerosas consecuencias. Entre otras, la sostenibilidad de los sistemas de bienestar y productivos europeos va a requerir que los ciudadanos se incorporen antes al mercado laboral, y también que lo abandonen después. Prolongar la vida laboral de las personas tiene dos efectos en su formación: reduce la importancia de los conocimientos adquiridos en las primeras fases de educación y convierte en clave su predisposición a actualizarlos y a permanecer en constante formación. En España esta predisposición es, sobre todo en las personas de más de 50 años, escasa.

El presupuesto de la Administración del Estado para formación se financia principalmente con las cuotas de formación profesional, que aportan las empresas y los trabajadores, y con las aportaciones del Fondo Social Europeo. El dinero lo gestiona la Fundación Tripartita para la Formación del Empleo (el antiguo FORCEM). En la década de los 90 la dotación creció notablemente. Sin embargo, entre los años 2001 y 2006 prácticamente no ha variado, ya que ha permanecido en torno a los 600 millones de euros. El motivo de este estancamiento es que el número de trabajadores que optan a estas actividades de formación -cerca de 1,8 millones- tampoco crece. De hecho, en 2006 quedaron más de 150 millones de euros presupuestados sin ejecutar.

Es evidente que las políticas no son las acertadas cuando se da la paradoja de tener un gran déficit de formación de los trabajadores y superávit de recursos destinados, en principio, a luchar contra esa carencia. Los principales problemas que hacen, por tanto, esas políticas poco efectivas serían:


Al buscarse una mayor participación en la toma de decisiones de las partes implicadas o -sindicatos, administraciones y empresas- se ha creado un sistema poco flexible, lento y que conlleva una considerable carga administrativa.

Como en la FP reglada y en la ocupacional, la oferta de Formación continua evoluciona o a menor velocidad que los sistemas productivos. A veces las empresas eluden este problema organizando actividades de formación interna. Desafortunadamente, cuando se trata de incorporar innovaciones que requieren adquirir un conocimiento que no se encuentra en la empresa esta opción no es válida.

El acceso al sistema público de formación continua es muy complejo. Su simplificación o facilitaría el acceso de un mayor número de empresas.

No existe una evaluación independiente y periódica del sistema de formación continua.o

No se incentiva la participación de los mejores profesionales como formadores en este o tipo de centros.


Propuestas

Impulsar un pacto nacional por el cual los gobiernos central y autonómicos se comprometan a •incrementar el presupuesto público destinado a educación en al menos una décima más que la variación anual del PIB, hasta alcanzar la media de la OCDE.

Establecer un sistema de premios a los mejores expedientes académicos universitarios de forma •que el galardonado, durante los primeros 5 años que presente una declaración positiva del IRPF, quede exento de su pago.

Aprobar un sistema nacional de apoyo a la realización de prácticas remuneradas de Formación •Profesional en las empresas similar al aprobado en el País Vasco. En esta Comunidad autónoma se han establecido con este objetivo las siguientes ayudas a las empresas: 3.500 euros por el primer año de contrato; 2.500 euros por el segundo año y 1.250 años por el tercero. A cambio las empresas aceptan que los estudiantes trabajen sólo por la mañana o por la tarde, de manera que tengan tiempo para asistir también a sus escuelas.

Aprobar un plan de incentivos económicos a la Formación Profesional mediante el cual las •familias reciban 1.000 euros de desgravación anual en el IRPF por cada miembro que curse estudios de FP.

Establecer por ley que los alumnos de bachillerato que suspendan más de dos asignaturas deberán •asistir a clase hasta julio y someterse a nuevos exámenes al final de este periodo académico extra.

Incrementar el número de educadores de FP con dedicación parcial y experiencia profesional, •reduciendo la proporción de personal dedicado en exclusiva a la docencia.

Establecer mecanismos permanentes de evaluación de la Formación Profesional en términos de •empleabilidad, salario y carrera profesional.

Aumentar la remuneración de los profesores de FP incorporando a su salario una parte variable que •dependa de factores como el nivel de empleo de sus estudiantes. Establecer premios económicos a los centros de FP, a repartir entre todo su personal, siguiendo este mismo criterio.

Fomentar la figura del docente e investigador contratado (no funcionario) en las universidades y •eliminar los límites a su contratación.

Simplificar los mecanismos de actualización del Plan Nacional de Formación e Inserción •Profesional.

IV. Flexibilidad laboral

Existen centros de producción con niveles insostenibles de absentismo laboral, superiores al 10%.


IV. Flexibilidad laboral

Contexto

De acuerdo con el ranking que el World Economic Forum elabora en su informe anual “The Global •Competitiviness Report”, en 2007 España ocupaba a nivel mundial las siguientes posiciones:

119º en flexibilidad laboral.o

115º en rigidez del marco legal para contratar y despedir.o

104º en costes laborales no salariales.o

Según este informe, la rigidez del mercado laboral es el principal problema que tiene en estos momentos la competitividad española.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE repiten de forma constante en todos •sus informes anuales que la rigidez del mercado laboral español impide mejorar sus tasas de productividad. Para estas instituciones es el principal problema estructural de la economía española.

De acuerdo con el informe 2007 sobre libertad económica elaborado por la Heritage Foundation •y publicado por el Wall Street Journal, “España es especialmente débil en lo que afecta a la modernización de su mercado laboral”.

La rigidez del mercado laboral es también una de las principales preocupaciones de las empresas •familiares. Por ello, y con el objeto de enriquecer el contenido de este informe, el Instituto de la Empresa Familiar ha llevado a cabo diversas jornadas de trabajo con socios de todos los sectores, complementadas con una encuesta al resto de miembros de la organización. Cabe recordar que el IEF está compuesto por más de un centenar de compañías líderes en sus ámbitos de actividad, que dan empleo directo a cerca de un millón de personas y cuya facturación agregada equivale al 15% del PIB nacional.

Las principales conclusiones y datos recogidos a través de esta iniciativa son los siguientes:

Existen numerosas actividades en las que la oferta laboral no cubre la demanda. a) Tal y como refleja el Gráfico 4.1, a pesar de los elevados índices de paro que todavía se dan en España, más del 95% de las empresas ha tenido problemas para cubrir determinados puestos de trabajo. La evolución de la pirámide poblacional y las bajas tasas de natalidad pueden convertir en estructural este problema.

Para la mayoría de las empresas industriales, la falta de mano de obra y la rigidez laboral están suponiendo un incremento de sus costes laborales superior al del IPC. Las encuestas elaboradas por el INE confirman que en el año 2007 los costes laborales por hora efectiva crecieron más de un 5%, frente a un 4,3% de crecimiento de la inflación.


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El absentismo




Otros





Gráfico 4.1 (Fuente: encuesta realizada entre los socios del IEF en marzo de 2008)

El Instituto Nacional de Empleo (INEM) debería ser un instrumento clave para lograr una mayor flexibilidad laboral. Se supone que una de sus funciones principales pasa por gestionar la mayor base de demandantes de empleo del país, de tal manera que las personas en situación de paro dejen de estarlo y las empresas vean atendidas sus necesidades de mano de obra. Sin embargo, las compañías utilizan mayoritariamente a Empresas de Trabajo Temporal (ETT) por varias razones:

aunque tengan un coste superior, son más eficientes;o

generan menos burocracia;o

su personal está mejor preparado;o

a diferencia de las ETT, el INEM no tiene una actitud proactiva hacia las empresas. o

El déficit de mano de obra es especialmente relevante cuando se trata de puestos de trabajo a tiempo parcial. Algunas empresas han logrado superar este problema mediante la puesta en marcha de contratos a familiares de trabajadores. Por la flexibilidad que este tipo de contratos aportan a los sistemas productivos, pero también por la importancia que tienen de cara a la conciliación de la vida familiar y laboral, sería adecuado fomentar al máximo su utilización.

En muchos sectores acceder a los mercados laborales de otros países es la mejor opción para solucionar una oferta de mano de obra insuficiente. Esta es la razón por la que en el 40% de las empresas encuestadas los extranjeros representan ya más del 5% de la plantilla. Sin embargo, algunas empresas -el 17%- están optando por desestimar esta posibilidad debido a que:

Los procesos administrativos requeridos son numerosos y lentos. Según el país de o procedencia, conseguir el permiso de trabajo para una persona a la que se le ofrece un contrato puede requerir entre 3 semanas y 12 meses.


Los inmigrantes carecen a menudo de una educación o formación adecuada. No son o extraños los casos de trabajadores extranjeros que tienen problemas de comprensión escrita. En otros casos el trabajador ha recibido educación básica e incluso profesional, pero su nivel es insuficiente.

Hay inmigrantes bien formados, pero con problemas de integración. En ocasiones o la formación que tienen los potenciales trabajadores es adecuada. Sin embargo, su desconocimiento de la cultura, del idioma, de las normas elementales para la seguridad en el trabajo o del funcionamiento de las infraestructuras españolas dificulta su contratación. Además de necesitarse un esfuerzo adicional para impulsar su adaptación a las costumbres del país, también debe hacerse para lograr la integración profesional.

No hay políticas que favorezcan la atracción y retención del talento. b) En los países más avanzados del mundo existen programas específicos de ayuda a la contratación de directivos y las personas que tienen un MBA de las escuelas de negocio más prestigiosas sólo necesitan acreditar que están en posesión de dicho título para recibir un permiso de trabajo. En España no existe ninguna medida similar y su contratación esta sometida a los mismos problemas de burocracia que el resto de trabajadores extranjeros, lo que impide competir por los mejores ejecutivos con el resto de países desarrollados.

Otro de los elementos que facilita la retención del talento en otros países de la UE es el diseño de su sistema de pensiones. Por ejemplo, Francia ha logrado acuerdos con un gran número de países que evitan la doble cotización a la Seguridad Social. Mientras, los directivos españoles que tienen que trabajar en el exterior, o los que vienen de fuera a una empresa nacional, tienen que cotizar por su pensión dos veces (en el país de origen y en el país de destino).

El absentismo es la principal barrera a la mejora de la productividad y un problema c) estructural con un coste enorme para la Seguridad Social y las empresas (ver Gráfico 4.2). Tal y como refleja el Gráfico 4.3, la mayoría de las empresas consultadas en este informe sufren un absentismo de aproximadamente el 5%, ligeramente superior al del resto de Europa, pero muy superior al de cualquier otra región del mundo. Además, no son extraños los casos de centros de producción -idénticos a otros de las mismas empresas en los que no se da este problema- e incluso de regiones en las que el absentismo supera el 10%, un nivel insostenible. Aunque el índice de absentismo de los trabajadores inmigrantes suele ser menor, poco a poco tiende a igualarse con el de los nacionales. La mayoría de las compañías consultadas creen que en el futuro el absentismo crecerá aún más.


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El absentismo




Otros






Nivel de absentismo en las empresas

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Es superior enalgún caso

No se supera nunca

% de empresas con centros de producción que presentanniveles de absentismo superiores al 10%

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Las empresas opinan que la medida más apropiada para eliminar el absentismo es...

Otras

Introducir en convenios laborales incentivossalariales a la reducción del absentismo

Introducir en convenios laborales reduccionessalariales por niveles de absentismo elevado

Modificar la legislación para que sea más fácil penalizar el absentismo

Conceder la potestad para dar altas ybajas laborales a las Mutuas de trabajo

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¿Le parece que la oferta de FP se adecúa a las necesidades de su empresa?

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27%Sí

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La existencia de diferentes normativas a nivel autonómico y local, ¿genera costes significativos a su empresa?

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En su empresa, la movilidad laboral ...

Es la adecuada y se adapta a las necesidades de

nuestra actividad

Es insuficiente y condiciona nuestro desarrollo

Es insuficiente, pero no condiciona nuestro desarrollo

% de PIB que representa el gasto en I+D

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Algunos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística permiten hacerse una idea de la dimensión del problema que representa el absentismo en España: en las empresas el coste diario por empleado en situación de Incapacidad Temporal (IT) se ha incrementado entre 2000 y 2007 un 62%. Parte de este incremento se debe a la inflación y al aumento del empleo, pero el resto es consecuencia del incremento del número de trabajadores que se acogen a bajas temporales.

Aunque se han llevado a cabo numerosos estudios públicos y privados, no existen informes oficiales sobre el coste total para las empresas y para la administración pública del absentismo. Además, los trabajos existentes no suelen tener en cuenta todos los costes que conlleva: complemento por IT, costes por ruptura de procesos de producción, costes por sustitución de personal (incluidos los costes de formación) y costes por sobredimensionar las plantillas.

Muchas empresas han establecido en sus sistemas de remuneración variable incentivos a la reducción del absentismo. Estos sistemas, en lugar de premiar el desempeño de responsabilidades de forma extraordinaria, implican dedicar recursos a lo que debe considerarse el cumplimiento normal de las obligaciones laborales. Son verdaderamente excepcionales en las empresas los sistemas, pactados con sindicatos, que penalizan a las personas con un elevado índice de absentismo. Al mismo tiempo, ninguna de las tres administraciones ha puesto en marcha políticas que premien a los trabajadores que presentan niveles de absentismo nulos.

Las principales causas del absentismo mencionadas en las mesas de trabajo fueron:

En algunos colectivos, minoritarios pero claves para la actividad de la compañía, existe •una verdadera “cultura del absentismo”. Ni administraciones ni sindicatos han adoptado medidas para eliminarla.

La Inspección de trabajo, la herramienta que la Administración debería utilizar para luchar •contra él, no presta suficiente atención a este problema. Las reducciones de absentismo sólo se consiguen mediante acciones empresariales, nunca por iniciativas de la Inspección.


El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de diferentes informes, ha •demostrado ser consciente del problema que supone para el presupuesto de la Seguridad Social. Durante algún tiempo ha estudiado medidas, como la prohibición de encadenar bajas laborales, para combatirlo. Sin embargo, se ha condicionado su aprobación a un acuerdo social más amplio, que abarque otros ámbitos, lo que ha impedido su entrada en funcionamiento.

El sistema de concesión de bajas laborales favorece el absentismo. Los médicos de •medicina general, que conceden las altas y las bajas, dependen de la administración sanitaria, mientras que el coste de sus decisiones es financiado con fondos gestionados por la Administración laboral. Además, las responsabilidades civiles y penales que recaen sobre el colectivo médico hacen que en la mayoría de las ocasiones cualquier trabajador que solicite una baja médica la consiga. De esta forma se ha llegado a una situación en la que los médicos podrían llegar a dar la baja al 100% de los trabajadores que se la solicitan. La mayoría de las empresas encuestadas (ver Gráfico 4.5) opina que la mejor manera de luchar contra el absentismo es modificar el sistema de concesión de bajas laborales de forma que sea gestionado por las mutuas de trabajo, medida que podría ayudar a reducir los niveles de fraude.


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El marco legal, al haberse diseñado para proteger el empleo frente a posibles abusos de las •empresas, convierte en una labor casi imposible el despido procedente de trabajadores con niveles anormales de absentismo y que cometan acciones negligentes.

El artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores establece las causas por las cuales las empresas pueden rescindir un contrato a un trabajador absentista: por faltas de


asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 por 100 de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 por 100 en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 5 por 100 en los mismos períodos de tiempo. En general, las empresas consideran que:

el número de horas exigido es demasiado elevado. Permite un absentismo •legal superior al 19%.no tiene sentido condicionar el absentismo de una persona al del resto de •la plantilla.

La existencia de convenios colectivos provinciales complica notablemente la gestión. d) Algunas compañías están obligadas a trabajar con cientos de convenios laborales diferentes. A la complejidad que supone gestionar esta variedad, hay que añadir las notables -e inexplicables- diferencias que pueden existir entre unos y otros en el número de horas anuales -a veces superan las 240 horas-, incrementos y mínimos fijos salariales, horarios, días libres por asuntos personales, periodos de vacaciones, etc. En ningún país europeo tiene lugar una situación similar.

La Formación Profesional no responde a las necesidades de las empresas (ver Gráfico e) 4.6). No lo hace ni en calidad, ni en número de personas formadas, ni en el catálogo de estudios que debería ofrecer. Numerosos expertos en la gestión de recursos humanos creen que el mercado laboral evoluciona a un ritmo muy superior al de los sistemas de formación. Como ejemplo de esta deficiencia las empresas mencionan los Planes de Formación e Integración Profesional (Planes FIP) y el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, que no se actualizan a la velocidad necesaria y en los que no aparecen muchos de los puestos de trabajo para los que la mano de obra es escasa.


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En algunos de los principales núcleos urbanos del país sectores económicos claves tienen previsto incorporar a miles de trabajadores en los próximos años. Sin embargo, el número de centros de formación profesional apenas es capaz de ofrecer promociones de 200 o 300 estudiantes. Especialmente llamativo es el caso del sector hostelero: en España, a pesar de ser el sector que mayor peso específico tiene en el PIB, hay menos escuelas de turismo que en Marruecos. Muchos años estos centros no cubren todas las plazas de primer curso académico que ofrecen, lo que significa que el problema no radica sólo en la oferta educativa sino también en la orientación que se da a los estudiantes. Es necesario informales correctamente para que sepan donde encontrar las oportunidades laborales reales.

La formación de los trabajadores inmigrantes sufre algunas trabas añadidas. Al no tener validez en España sus titulaciones o, simplemente, carecer de una acreditación que demuestre algún tipo de formación, estos trabajadores no pueden acceder a los FIP.

Además de ser necesario hacer más fácil el acceso a los inmigrantes a los Planes FIP, las empresas creen que sería muy eficaz incentivar la formación en los lugares de origen de estas personas, de forma que su llegada represente más mano de obra y, al mismo tiempo, más valor añadido.

Otro de los problemas de los que a menudo se quejan las empresas son los cursos financiados por la Fundación Tripartita que se ofrecen a través de las organizaciones sindicales, patronales y otros organismos públicos. Las principales críticas que reciben son las siguientes:

no existen prácticamente programas de menos de 250 horas para actividades que, •por su sencillez, pueden ser realizadas en menos de 100; muchos programas son excesivamente teóricos y no responden a las necesidades de •las empresas;algunos de ellos están obsoletos.•

La Formación Continua presenta otro tipo de barreras. Numerosas compañías encuentran cierta resistencia por parte de los trabajadores a asistir a actividades de formación. Aunque los cursos sean financiados por la Administración o por la empresa en su totalidad, parte de los empleados no están dispuestos a utilizar su tiempo libre en la mejora de sus capacidades profesionales.

Uno de los problemas de formación más usual con los que se encuentran las empresas españolas es el insuficiente conocimiento de lenguas extranjeras por parte de sus directivos. Aunque las causas son múltiples, esta situación se ve favorecida por la burocracia y la insuficiente predisposición de las universidades a colaborar con las empresas en la organización de prácticas de estudiantes en filiales españolas o extranjeras en el exterior.

Para solucionar, al menos en parte, todos estos problemas de formación, se están llevando a cabo dos tipos de actuación:


Realización de actividades de formación en la empresa. A veces estas actividades 1. obtienen financiación a través de la oferta de formación del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Forcem). La burocracia que tienen que soportar las compañías que desean optar a estos recursos es muy elevada, razón que les ha llevado a la mayoría a externalizar sus solicitudes, con el consiguiente coste que conlleva.

Desarrollo de convenios con entidades de inserción laboral. Muchas empresas han 2. firmado acuerdos con centros de FP pero, salvo excepciones, su funcionamiento no suele ser satisfactorio.

El coste de las medidas aprobadas para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral f ) recae casi en su totalidad sobre las empresas. De acuerdo con los cambios legales que se han introducido recientemente con el objeto de facilitar esta conciliación, promover la igualdad de sexo, incentivar la natalidad y garantizar un mejor cuidado de las personas dependientes, las empresas están obligadas a:

incrementar los permisos por paternidad, maternidad y cuidado de familiares •dependientes;permitir a los trabajadores adaptar sus horarios laborales a sus necesidades familiares;•comunicar los horarios laborales a los que se ajustarán los turnos de los trabajadores con •semanas de antelación.

Estas medidas son acertadas, pero no lo es el que su coste haya recaído casi en exclusiva en las empresas. Además, por la manera en la que se han articulado, hay casos en los que dificultan enormemente la continuidad de los procesos productivos. En los Estados Unidos existe una legislación similar, pero que permite a las empresas condicionar el cambio del horario del trabajador que lo solicita a la existencia de otro trabajador dispuesto a sustituirle en esa franja horaria.

Calendarios y horarios laborales son un problema para la productividad, la conciliación g) laboral y la sostenibilidad. Los principales problemas que se presentan en este ámbito son:

Frente a las tendencias mundiales, los convenios colectivos fijan cada año un menor •número de horas de trabajo. Por esta razón está aumentando el número de horas extras realizadas, que tienen un coste superior a las normales. En algunos sectores, al agotarse el número de horas acordadas por convenio, las plantas de producción no tienen más remedio que parar a final de año más de dos semanas.

España es uno de los pocos países desarrollados que no traslada las festividades laborales •a los lunes. En numerosos sectores esta costumbre implica elevados costes de parada y puesta en marcha de los procesos de producción. No se trata sólo de un mayor gasto económico, también lo es en términos medioambientales.

Otra práctica habitual en los convenios colectivos españoles, que limita la flexibilidad de •numerosas empresas para adaptar su oferta a la demanda, es la inclusión en ellos de los periodos obligatorios de vacaciones.


Una de las principales barreras a la flexibilidad laboral es la legislación que la regula. En •concreto, el Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 41 las condiciones bajo las cuales las empresas pueden solicitar una modificación sustancial de los contratos de trabajo. Estas condiciones son las mismas que las exigidas para que se produzca una extinción del contrato laboral, lo que dificulta en gran medida la adaptación de las jornadas, los turnos o los horarios de los trabajadores a las necesidades de los ciclos productivos de las empresas.

El marco legal ha creado dos clases diferentes de trabajadores. h) La existencia de un contrato fijo y otros de carácter temporal, que conllevan relaciones laborales muy diferentes, ha creado dos tipos de trabajadores con las mismas obligaciones pero distintos derechos. De acuerdo con las tendencias seguidas en los países más avanzados del mundo, sería adecuado crear un marco común, con una indemnización única de 33 días por despido.

El sistema fiscal, en lugar de primar la creación de puestos de trabajo, la penaliza.i) Es normal y necesario que las empresas paguen un Impuesto sobre Sociedades. También lo es que paguen las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero el pago de otros impuestos, como las tasas por contratación de personal, suponen una doble imposición a la creación de empleo.

Las diferencias normativas y de criterio a nivel autonómico distorsionan el mercado y j) generan costes significativos a la mayoría de las empresas encuestadas (ver Gráfico 4.7). Requisitos de seguridad, de higiene, de apertura de locales y muchos otros relacionados con el trabajo son distintos según la Comunidad Autónoma en la que se opere. A los costes administrativos que suponen hay que añadir las significativas diferencias que existen entre los criterios adoptados por cada inspección de trabajo autonómica. En algunos casos estas situaciones se agravan todavía más a nivel municipal.


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La existencia de diferentes niveles de crecimiento económico e inflación a nivel autonómico complica también la negociación salarial. Cada vez es más frecuente que, si el IPC regional es superior al nacional, se utilice como índice de referencia, lo que incrementa aún más los costes de las empresas y reduce su competitividad en relación a las del resto del país.

La carga burocrática que soportan las empresas es cada vez mayor. k) El desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho más fácil el cumplimiento y el envío de documentación que la Administración, en materia laboral, solicita a las empresas. Sin embargo, prácticamente no ha reducido el número de requisitos exigidos. Al mismo tiempo han sido aprobadas nuevas leyes -como la Ley de Protección de Datos o la Ley de Igualdad- que han generado nuevas obligaciones burocráticas que, sumadas al amplio volumen de documentación que se permite requerir a la Inspección de Trabajo, generan un elevado coste en términos de recursos económicos y humanos. El hecho de que la Agencia de Protección de Datos se financie con los recursos que obtiene a través de sus inspecciones supone un problema añadido pues, con independencia de la diligencia de las empresas, necesita imponer multas para seguir funcionando. Las compañías que cumplen al pie de la letra todas sus obligaciones se quejan de que la exhaustiva supervisión a las que se les somete no sirve para combatir la economía sumergida.

La movilidad laboral es insuficiente. l) Si bien es cierto que, tal y como refleja el Gráfico 4.8, este factor de momento no condiciona el desarrollo de la mayoría de las compañías, a medida que el tejido productivo aumente su nivel de internacionalización -que es aún insuficiente-, puede llegar a hacerlo. Sin embargo ningún gobierno ha puesto en marcha políticas para incentivarla. Más bien lo contrario, ya que la ley prohíbe a los trabajadores inmigrantes trasladarse a centros de producción de localidades diferentes a las que expiden sus permisos de trabajo.


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El contrato de relevo, en lugar de aportar flexibilidad, objetivo para el que se diseñó, m) crea rigidez. Esta figura jurídica permite que un trabajador reduzca su jornada laboral y se acoja a la jubilación parcial anticipada con la condición de que se le sustituya por otro trabajador, denominado “relevista”. Muchos países de la UE -España no- permiten que el trabajador prejubilado tenga total flexibilidad para decidir el horario que desea cumplir sin necesidad de que la empresa deba incorporar a un relevista. También se permite a los prejubilados o jubilados realizar actividades laborales esporádicas sin que ello conlleve la pérdida de su pensión. De esta forma, al incentivarse que las personas jubiladas puedan seguir incorporadas al mundo laboral, pero de acuerdo a sus capacidades y necesidades, se aprovecha su experiencia al máximo, se mejora su situación económica y se ayuda a que se consideren realizadas profesionalmente, aspectos fundamentales en sociedades con esperanzas de vida muy próximas a los 90 años.


Propuestas

Autorizar a las empresas que tengan niveles de absentismo superiores al 3% a que puedan •contratar a las mutuas de trabajo como entidades responsables de financiar y gestionar las altas y bajas laborables.

Fomentar la introducción de cláusulas que penalicen el absentismo en los convenios colectivos.•

Modificar el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores de forma que se flexibilicen las •condiciones necesarias para adaptar las jornadas, los horarios y los turnos de las empresas a sus ciclos productivos.

Reducir dos puntos la aportación a la seguridad social de las empresas que tengan un nivel de •absentismo inferior al 1%.

Reducir dos puntos la aportación a la seguridad social de todos los trabajadores que tengan un •nivel de absentismo inferior al 1%, de forma que se incremente el salario líquido que reciben.

Establecer una deducción de dos puntos en la aportación de las empresas y otros dos puntos en •la de los trabajadores a la Seguridad Social por contingencias comunes en los contratos a tiempo parcial y a familiares de empleados.

Establecer una deducción anual de cuatro puntos en la aportación de las empresas a la Seguridad •Social por contingencias comunes por cada trabajadora embarazada y por cada cónyuge de mujer embarazada.

Garantizar que todo trabajador extranjero con una oferta en firme obtendrá el permiso de trabajo •en un plazo de tiempo inferior a un mes.

Permitir que las empresas puedan condicionar los cambios de horario solicitados por motivos •familiares a la existencia de mano de obra alternativa disponible en esas mismas franjas horarias y que las reducciones de tiempo de trabajo se realicen sobre la jornada que habitualmente realiza el trabajador (días laborables y turnos efectuados en días festivos).

Eliminar los convenios colectivos provinciales y sustituirlo por acuerdos nacionales, salvo en •aquellos sectores en los que la estacionalidad lo desaconseje.

Crear un órgano en el que estén representadas todas las Comunidades Autónomas y la •Administración central, que unifique el criterio de la Inspección de Trabajo.

Eliminar el contrato de relevo y sustituirlo por una nueva normativa que conceda libertad a los •prejubilados o jubilados para incorporarse de forma flexible al mercado laboral y no exija su sustitución por un relevista.

Identificar, al igual que se hace en los países más avanzados de la UE, una lista de las mejores •escuelas de negocio del mundo, y permitir que a quien acredite estar en posesión de una de esas titulaciones se le permita trabajar en España sin tener que pasar por las complejidades burocráticas a las que se enfrentan habitualmente el resto de extranjeros.


Permitir que las empresas puedan crear sistemas de compensación de horas de trabajo •aplicables a la vida laboral del empleado. Estos sistemas permiten incrementar las horas laborables durante los periodos de mayor demanda sin que computen como horas extra, compensándolas con una reducción del horario laboral en momentos de menor actividad.

Modificar el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores de forma que se establezca •como causa de rescisión de un contrato a un trabajador absentista las faltas al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 10 por 100 (ahora es el 20 por cien) de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 15 por cien (ahora es el 25 por 100) en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses.

Modificar el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores de forma se elimine el •requisito de que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo deba superar el 5 por 100 para la aplicación de las causas de rescisión de contrato en caso de absentismo.

Mejorar los servicios de ayuda de búsqueda de empleo del INEM, sin descartar la gestión •privada.

Crear un contrato específico, con flexibilidad de horarios y dedicación, para que personas •próximas a la jubilación puedan actuar como mentores o formadores del personal más joven al estilo de lo que se hace ya en algunos países desarrollados.

V. Modernización del sector público y del marco normativo

Se debería reducir el 25% de las cargas administrativas que soportan las empresas antes de 2010.


V. Modernización del sector público y del marco normativo

Contexto

Uno de los grandes debates socioeconómicos a nivel universal es cuál debe ser el peso del sector •público en la economía. Aunque no existe consenso, lo cierto es que la mayoría de los países de la zona euro, sobre todo aquellos en los que su presencia es superior al 40% del PIB, han puesto en marcha políticas para reducirlo. Gracias a ello, del año 2003 al 2006 se redujo en un punto de PIB.

De acuerdo con la Oficina Estadística Europea, Eurostat, en 2006 el peso del conjunto del sector •público en la economía española superó el 38,6% del PIB, cifra similar a la alcanzada en 2001 y notablemente inferior al 47,3 % de media de la zona euro. A pesar de los constantes incrementos del gasto público real en los últimos años, el ritmo de crecimiento del PIB y la reducción de los índices de paro españoles han hecho que este porcentaje no presente variaciones significativas. Sin embargo, si no se adoptan las políticas adecuadas, el incremento del gasto en pensiones, como consecuencia de la evolución demográfica, y un menor crecimiento del empleo pueden generar en España una evolución inversa a la del resto de Europa. Para evitar esta situación es necesario adoptar de forma inmediata medidas de racionalización del gasto público.

Una de las mayores diferencias entre la estructura del gasto público español y el europeo es el porcentaje •de recursos dedicados a la remuneración de los funcionarios. Mientras que en España esta partida recibe el 26,0% del gasto público, en la UE la media es del 22,8%, según datos de 2006. Esta disparidad no se debe a una remuneración más elevada, sino al aumento del número de contrataciones a lo largo de los últimos años. Por esta razón, en el año 2007 el número de funcionarios en España superó por primera vez los 2,6 millones, 439.000 más de los que había en 1997.

El aumento del número de trabajadores ha sido proporcional al de la población española y ha permitido mantener la proporción de 1 funcionario por cada 18 ciudadanos. Sin embargo, aunque pueda parecerlo, no es lógico que este índice no haya evolucionado a la baja, ya que significa que apenas ha habido cambios en la productividad de los servicios que presta este colectivo.

En 2007 el Círculo de Empresarios presentó un informe, elaborado por los economistas Manuel Balmaseda y Ángel Melguizo, sobre la productividad del sector público que arrojaba una conclusión parecida. Según este trabajo, entre 1980 y 2003 la productividad del sector privado creció un 49%, mientras que en el sector público lo hizo un 16%. Además, la productividad de las administraciones europeas sería un 6% superior a la española. Reducir esta diferencia significaría un ahorro para las finanzas públicas españolas de 32.000 millones de euros.


De acuerdo con estos autores y con la mayoría de expertos en materia de modernización del sector público, las principales causas de los bajos niveles de productividad de este sector en España son:

Una insuficiente inversión en nuevas tecnologías.o

La escasa formación de los funcionarios en su uso.o

Un inadecuado sistema retributivo. A diferencia del sector privado, el uso de sistemas de o retribución variable es testimonial. Sería adecuado su uso generalizado y la asignación de los recursos financieros liberados a través de las ganancias de productividad a estos sistemas de incentivos.

Además de por su elevado peso específico en la economía, el sector público influye también •en la productividad de los ciudadanos y de las empresas, a través de las normativas que regulan la relación entre ellos, y de los numerosos procedimientos administrativos vigentes. Ambos, normativas y procedimientos administrativos, no han seguido una evolución uniforme en los últimos años. La introducción de las nuevas tecnologías ha mejorado muchos de los servicios públicos y ha reducido cargas administrativas. Sin embargo, al mismo tiempo, la aprobación de normativas más ambiciosas en diferentes ámbitos, como los de la seguridad laboral, el medio ambiente, la protección de datos personales o la fiscalidad, ha generado más procedimientos y complicaciones. Aunque esta tendencia es común en toda la UE, el desarrollo autonómico y local ha acentuado los problemas generados por esta mayor complejidad, ya que los ciudadanos y las empresas ya no tienen relación con una administración sino con tres (central, autonómica y municipal).

En líneas generales, la atención que los principales partidos políticos han prestado en los últimos •años a la limitación del peso del sector público en la economía, a su modernización, a la mejora de sus servicios y a la reducción de las cargas administrativas a empresas y ciudadanos ha sido escasa. Prueba de ello es que los últimos programas electorales de las grandes fuerzas políticas presentaban pocos y ambiguos compromisos a este respecto. A esto se suma una ya tradicional ausencia de partidas significativas en los Presupuestos Generales del Estado.

Mientras que en España y en la Comisión Europea se han realizado tímidos esfuerzos para evitar •que el sector público tenga un peso específico excesivo o para reducir las cargas administrativas que soportan las empresas, el Reino Unido se ha convertido en el país del mundo que más esfuerzos está dedicando a este objetivo. Es el ejemplo a seguir en la UE y por ello, de acuerdo con la OCDE, es el país de entre las naciones desarrolladas con menos barreras administrativas a la creación de empresas.

El Gobierno del Reino Unido creó en 2005 el Department for Business, Enterprise and •Regulatory Reform, dirigido por el Secretario de Estado para Empresas, con el objetivo de adaptar el marco legal y las Administraciones a las necesidades actuales. 2.500 personas trabajan en este organismo para alcanzar las siguientes metas:


Generar un cambio cultural en la Administración, de forma que antes de llevar a cabo o cualquier iniciativa se garantice que la carga burocrática derivada de ella sea mínima.

Analizar el funcionamiento de todas las normativas y los procedimientos administrativos o y buscar mecanismos para mejorar su eficiencia.

Reducir un 25% las cargas administrativas que soportan las empresas antes de que o finalice el año 2010. Esta medida supondrá un ahorro de 3.500 millones de libras (4.570 millones de euros) al año, lo que equivale a tres décimas de PIB. En el caso español tres décimas de PIB supondría un ahorro de cerca de 3.200 millones de euros.

Disminuir en un 30% las cargas administrativas que soporta el propio sector público.o

Simplificar el marco fiscal.o

Reducir los requerimientos de información estadística a las empresas.o

Simplificar la legislación aplicable a las PYMES.o

Simplificar y acortar los plazos para la concesión de licencias industriales.o


Propuestas

Incrementar un 25% la inversión en nuevas tecnologías en la Administración del Estado.•

Incrementar un 25% el gasto en formación de funcionarios y exigir esta formación como requisito •imprescindible para acceder a puestos de responsabilidad media y alta.

Crear un verdadero sistema de retribución variable en la Administración. •

Crear un sistema de “ventanilla única” para la gestión de licencias de implantación empresarial.•

Realizar un estudio independiente sobre todas las normativas y procesos administrativos •vigentes y, en función de sus resultados, proponer los cambios necesarios para eliminar todos los elementos que mermen su eficiencia o supongan una carga excesiva para los administrados. Teniendo en cuenta la experiencia de Reino Unido, a través de esta iniciativa deberían eliminarse como mínimo el 25% de los procedimientos administrativos que soportan las empresas y las propias Administraciones, generándose así un ahorro en el gasto público que podría alcanzar los 3.200 millones de euros.

VI. Ciencia, tecnología, innovación y empresa

El gasto en I+D ha crecido notablemente, pero la distancia respecto a los países más avanzados es todavía enorme.


VI. Ciencia, tecnología, innovación y empresa

Contexto

Gracias a la difusión del pensamiento de autores como A. Smith, D. Ricardo, J. A. Schumpeter, •J. Von Neumann o R. Solow, hoy se acepta universalmente que existe una estrecha relación entre productividad e innovación científica y/o tecnológica.

No obstante, no existe un modelo aceptado de forma unánime que explique esta relación. Han •sido muchos los expertos e instituciones que han intentado cuantificar el efecto de la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en la economía y en la actividad particular de cada empresa. A modo de ejemplo, la OCDE estima que la innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) habría generado la mitad del incremento anual de productividad de la economía de Estados Unidos entre 1995 y 2000. Sin embargo, estos trabajos son demasiado teóricos o poco rigurosos. Y lo que es más importante, no son capaces de prever el efecto que tendrá en el futuro un determinado nivel de inversión pública o privada en I+D+i.

Una de las características del contexto actual es la coincidencia en el tiempo de un amplio •número de revoluciones tecnológicas y científicas que están impulsando de manera decisiva el crecimiento de la productividad de la economía mundial. España, que siempre ha llegado tarde a las grandes revoluciones industriales, no las lidera, pero tampoco permanece ajena a ellas. El país presenta actualmente un modelo económico y de investigación científica y tecnológica más competitivo que en el pasado, pero aún carece de algunos de los factores necesarios para ser uno de los motores de la sociedad del conocimiento. Está, pues, a medio camino entre ser un país simplemente desarrollado o llegar a ser uno de los más innovadores.

A pesar de que no se conoce con exactitud, tal y como se ha explicado en capítulos anteriores, •el funcionamiento del binomio productividad-innovación, sí parece demostrado que los países con mayor gasto en I+D+i son también los que registran mayores tasas de crecimiento de productividad. Estados Unidos, Finlandia, Japón y Alemania son algunos ejemplos. Este dato puede ayudar a entender esa posición intermedia de España. Como se puede observar en el Gráfico 7.1, los recursos destinados en España a financiar estas actividades son, en términos de PIB, sensiblemente inferiores a la media de la zona euro. A pesar de que España es el país de toda la UE con mayor tasa de sobrecualificación entre las personas que han estudiado carreras de Ciencia y Tecnología, la distancia con los países más avanzados en I+D+i es todavía enorme. Es decir, se dispone de un excelente capital humano, pero falta capacidad innovadora.

A pesar de lo difícil que resultaba que la inversión en I+D ganase peso en un PIB como el español,


que ha crecido constantemente y cuando las inversiones alternativas -sobre todo la bolsa y el sector inmobiliario- presentaban unos niveles de rentabilidad con los que era difícil competir, el gasto en I+D ha crecido notablemente, mientras que el de la zona euro se ha estancado. Es un dato que permite pensar que a largo plazo España podría alcanzar un puesto entre la elite de la innovación. Desgraciadamente, si se analiza lo que sucede en otros países de fuera de la UE que parten de posiciones más atrasadas, como China o la India, el optimismo disminuye, ya que sus sistemas de ciencia y tecnología evolucionan a mayor velocidad que el español.


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Gráfico 7.1 (Fuente: Eurostat e Instituto de la Empresa Familiar)

De momento, quizá debido al largo proceso de maduración que precisan este tipo de inversiones, •el aumento del gasto en I+D no ha generado una mejora sensible en la productividad o en la creación de valor añadido españoles. Prueba de ello es que, tal y como se observa en el Gráfico 7.2, las exportaciones de productos de alta tecnología siguen teniendo un carácter marginal en el comercio exterior del país. Incluso un país recién incorporado a la UE, como Hungría, exporta más bienes de esta naturaleza que España. Esta situación coloca a España como el segundo país de la OCDE en relación al déficit de la Balanza de Pagos Tecnológicos (-834 millones de Dólares, frente a +1.137 de Alemania en 2003) y el primero en relación a su tamaño.

Muchos expertos creen que la baja producción tecnológica es una de las causas directas del enorme déficit que presenta la balanza comercial española en su conjunto. A este problema habría que añadir el aumento de la competencia que se ha producido en este sector como consecuencia del desarrollo de las grandes economías asiáticas. Incluso Estados Unidos, Japón y Alemania están perdiendo peso en la exportación de este tipo de productos frente al empuje de China y la India. Frente a las políticas tradicionalmente seguidas por las administraciones españolas, que han tratado de apoyar a un enorme abanico de sectores y proyectos, para afrontar esta situación se hace necesaria una política que prime los productos de alta tecnología con mayor potencial de desarrollo. De esta manera se podrían incrementar los recursos financieros gestionados por cada


investigador o tecnólogo, y que en estos momentos son la mitad de los que, por término medio, gestionan sus homólogos en la UE.


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Una de las razones por las que el incremento de la inversión en I+D no se traslada a la •productividad y a la competitividad es que, a diferencia de los países más avanzados, en España el peso del sector empresarial en su ejecución no llega a los dos tercios del total nacional (ver Gráfico 7.3). La creación, como se ha hecho, de uno de los mejores marcos fiscales del mundo para el apoyo a la I+D puede ayudar a corregir esta situación, pero su efecto es aún insuficiente. Se necesita una mayor difusión del uso de este marco y mejorar su aplicabilidad.

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Solicitudes en la Oficina Europea de Patentes por millón de habitantes

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Precio Kw/h. (Euros) uso industrial % de PIB invertido en Tecnologías de la Información (2006)

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Volumen de transporte pesado en relación al PIB (Base 1995)

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El sector empresarial es el principal generador de patentes a nivel mundial. Tal y como refleja el •Gráfico 7.4, el insuficiente peso específico de las empresas en el sistema de innovación español tiene un reflejo directo en el número de patentes registradas anualmente en el país. Los registros de estos títulos en la Oficina Europea de Patentes no llegan a 30.000 al año por millón de habitantes, cinco veces menos que la media de la zona euro. A ello hay que añadir que más del 30% son propiedad de sociedades extranjeras con presencia en España.

Al mismo tiempo, las universidades españolas, a diferencia de las estadounidenses o japonesas, dedican la mayor parte de sus esfuerzos a la investigación básica, lo que hace que su capacidad para generar patentes sea muy baja. Una de las principales causas de la dificultad que las empresas -sobre todo las de base tecnológica- y las universidades tienen para patentar, es el coste que supone culminar sus procesos de registro. En España estos procesos tienen un coste medio de 1.100 euros, mientras que la obtención de una patente a nivel europeo cuesta aproximadamente 34.000.

Ante la necesidad de dar un fuerte impulso al sistema de patentes español, resultaría adecuado •el que todos los proyectos de investigación que tengan como objetivo alguno de los recogidos en el Plan Nacional de I+D, además de tener un coste cero al ser patentados, reciban ayudas financieras al completar el proceso de registro con éxito.

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Otro de los problemas del sistema científico y tecnológico español es su insuficiente conexión •con las redes de conocimiento mundial. Esta situación tiene su origen en el aún insuficiente nivel de internacionalización de las empresas y universidades nacionales. Pero también se debe al escaso interés que la política de I+D+i ha mostrado hacia este factor. Prueba de ello es que


los proyectos de cooperación tecnológica internacional reciben una proporción muy pequeña, prácticamente residual, de los recursos públicos de apoyo a la I+D+i.

La participación española en el Programa Marco Europeo de I+D es otro ejemplo: mientras que, según datos de 2007, se aporta un 8% de su presupuesto total, tan sólo se recibe un 6,5%. En general, las administraciones españolas han intentado solucionar la falta de conexión con las redes de investigación extranjeras impulsando la generación del conocimiento que falta a nivel doméstico. Medidas como éstas, que nunca cubrirán lo que otros puedan avanzar en determinados aspectos, deberían complementarse con otras que incentiven también la adquisición del conocimiento que no existe en el país fuera de él ya que, normalmente, esta vía es mucho más barata y rápida, además de realista.

Hay que señalar también que en el contexto actual las nuevas tecnologías quedan obsoletas con •gran rapidez, lo que las encarece y, al mismo tiempo, hace que sea necesario sustituirlas de forma ágil. Por este motivo, además de incentivar la generación de conocimiento, también es necesario facilitar el acceso al mismo a todo el tejido productivo mediante fórmulas fiscales que permitan una amortización más rápida de las inversiones en bienes de equipo.


Propuestas

Permitir la libertad de amortización fiscal a los equipos de media y alta tecnología adquiridos •por las empresas.

Crear una tarifa especial de “coste cero” para el registro de patentes de todos los proyectos de •Investigación que tengan como objetivo alguno de los recogidos en el Plan Nacional de I+D.

Establecer un premio de 1.000 euros a las personas físicas o jurídicas que obtengan una patente •a través del desarrollo de proyectos de Investigación que tengan como objetivo alguno de los recogidos en el Plan Nacional de I+D.

Apoyar que en los procesos de asignación de plazas y cátedras universitarias prime la experiencia •empresarial y el registro de patentes frente a la redacción de artículos científicos.

Regular la contratación de investigadores para el sector público de forma que se ajuste a unos •criterios similares a los del sector privado: remuneración en función de los resultados a largo plazo y eliminación de concesión de plazas “en propiedad”, en línea con las políticas seguidas en Estados Unidos en este ámbito.

Mejorar las campañas de difusión sobre las ayudas públicas y la fiscalidad de la I+D+i.•

VII. Mercados Básicos e InfraestructurasLa dependencia energética del exterior equivale al 85% del consumo nacional, 17 puntos más que en 1994.


VII. Mercados Básicos e Infraestructuras

Contexto

Los niveles de productividad y competitividad dependen en buena medida de la eficiencia de un •reducido grupo de mercados horizontales, también denominados básicos. Estos mercados son el energético, el del transporte y el de las telecomunicaciones y tecnologías de la información.

Los mercados básicos europeos son, junto con los japoneses y estadounidenses, los más eficientes •del mundo. Gracias a la incorporación de España a la Unión Europea y a la modernización de su economía, sus mercados básicos presentan un elevado nivel de eficiencia. Sin embargo, existe un amplio margen de mejora, tanto a nivel europeo como doméstico.

A continuación se describe la situación de cada uno de estos mercados en su dimensión nacional.

Mercado energético.• La eficiencia de este mercado está determinada por tres elementos: 1) La generación de energía; 2) su transporte y distribución; 3) y su comercialización.

La producción de energía esta condicionada a su vez por las materias primas necesarias 1. para generarla y los sistemas utilizados. España, por sus condiciones naturales, posee un elevado potencial para el desarrollo de sistemas de generación basados en tecnologías no contaminantes o libres de emisiones, como la hidráulica, la eólica o la solar. Con este potencial, parece posible alcanzar, o incluso sobrepasar, el objetivo marcado por la UE de obtener un 12,5% de la electricidad producida en el país a través de energías renovables. Resulta clave, por tanto, favorecer la inversión y la I+D+i en estas fuentes no contaminantes. Sin embargo, al menos a corto y medio plazo, España va a continuar dependiendo de los hidrocarburos -principalmente, petróleo y gas- que adquiere en el exterior. De hecho, como consecuencia del crecimiento económico registrado en los últimos 14 años, la dependencia energética del exterior, según los últimos datos publicados por Eurostat, es del 85% del consumo nacional, 17 puntos más que en 1994. Esa elevada dependencia es una razón más para incrementar la aportación de las energías renovables al mix energético nacional.

La excesiva dependencia del exterior hace necesarias tres tipos de medidas:

acciones que mejoren la eficiencia energética. A pesar de que el consumo energético por o habitante en España -3,2 toneladas equivalentes de petróleo al año- es inferior a la media de la UE -3,6-, y está muy por debajo del norteamericano -7,8- la intensidad de consumo energético en relación al PIB es sensiblemente superior al de la UE (España consume un 18% más de petróleo por cada 1.000 euros producidos).

medidas para mejorar la conexión con los mercados energéticos europeos, asiáticos, o americanos y africanos, que permitan diversificar el riesgo que supone la excesiva dependencia de las importaciones de petróleo y gas de determinados países;

y acciones orientadas a reducir la dependencia de los hidrocarburos en el mix de generación o de energía, estrategia que encaja con los objetivos marcados en el Protocolo de Kyoto.


Dentro de estas iniciativas parece urgente llevar a cabo un debate en torno al futuro de la Energía Nuclear en España que permita valorar, entre otros aspectos, la diferencia entre el coste económico que tendría invertir en esta tecnología y el no hacerlo, y proyectar la evolución de las variables que determinan este cálculo (rendimientos a escala por la construcción de varias centrales nucleares, innovaciones tecnológicas, precio de los hidrocarburos, tipos de interés, precio de las energías renovables, etc.).

Transporte, reparto y distribución de la energía. Uno de los elementos que más ha influido 2. en la mejora de la eficiencia del mercado energético español es la normativa que prohíbe a las empresas que producen y venden energía ser accionistas mayoritarias de las redes de transporte energético. Tal y como afirmaba el Presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, en septiembre de 2007, esta medida es necesaria porque “si una compañía vende electricidad y gas y al mismo tiempo es propietaria de la red, tiene incentivos para no dar acceso a sus competidores a ella. Ello se traduce en un déficit de inversiones en infraestructura e interconexiones y en la imposibilidad de que puedan aparecer nuevas empresas, lo que a la larga repercute en precios más altos para los consumidores”. De acuerdo con los datos de la Comisión europea, en los mercados nacionales en los que no existe esta separación los precios de la electricidad aumentaron un 29% entre 1998 y 2006, mientras que en países que han aprobado esta medida, como Reino Unido o España, el incremento fue tan solo del 6%.

A pesar de que esta medida es necesaria, y de que el Gobierno español debe apoyar la propuesta de la Comisión europea de que se aplique en todo el territorio UE, es insuficiente, ya que no garantiza ni la conexión de España con las redes de transporte de energía europeas ni la inversión en la mejora de las redes nacionales de transporte, distribución y reparto de energía. Este último aspecto, la inversión en nuevas infraestructuras, ha tenido un desarrollo insuficiente en los últimos años. Por ejemplo, mientras que la capacidad de producción energética creció un 27% entre 2002 y 2006 -respondiendo al incremento de demanda que ha generado el intenso crecimiento económico español-, la longitud de las líneas de “muy alta tensión” -de más de 220 Kw.- sólo creció un 4,6%, lo que ha generado un aumento en las pérdidas de energía de la red y problemas de suministro en determinadas zonas -a pesa de haber suficiente capacidad de producción a nivel nacional-. Las principales razones de este desequilibrio entre la inversión en infraestructuras de producción y de transporte y distribución está en:

los procedimientos administrativos. El desarrollo normativo ha permitido crear una o norma más rigurosa y eficaz en ámbitos como los de la seguridad y el medio ambiente. Sin embargo no ha ayudado a reducir el tiempo necesario para conseguir las autorizaciones administrativas pertinentes, ni a reducir la arbitrariedad con la que las administraciones locales paralizan en ocasiones las decisiones que afectan a iniciativas de interés general y que sólo deberían depender de las administraciones central y autonómica.

El sistema de precios regulados, que limita la rentabilidad notablemente y desincentiva o la inversión. Sería necesario crear un nuevo marco tarifario, que, además de garantizar un precio competitivo, similar al del resto de la UE, incentivase la inversión en mejores infraestructuras.


Comercialización - El principal problema de este elemento es la insuficiente competencia 3. que existe a nivel nacional y europeo. En España, las barreras financieras y legales existentes han generado una situación de oligopolio y de insuficiente competencia. Algunas de estas barreras son de carácter financiero y se deben a la enorme dimensión que requiere operar en estos mercados. Sin embargo, a veces la complejidad del marco legal y el intervencionismo político también han actuado como obstáculos. Por eso es necesario una normativa más sencilla y transparente, y dotar al organismo regulador de este mercado, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de un mayor nivel de independencia.

Es cierto que la política de todos los gobiernos centrales de los últimos 25 años ha compensado en buena medida estos defectos, evitando el aumento de precios que esta situación habría generado en un sector menos regulado. Así, tal y como muestra el Gráfico 8.1, el precio de la electricidad para uso industrial han evolucionado de forma paralela a como lo ha hecho en la UE15. Desgraciadamente, esta política también ha influido en los niveles de inversión en infraestructuras, lo que puede representar un problema a medio y largo plazo para todo el sistema económico.

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Gráfico 8.1 Fuente Eurostat e Instituto de la Empresa Familiar

La situación existente en España también es consecuencia de los escasos avances que se han producido en la configuración de un mercado único europeo de la energía. Muchos países, entre los que se encuentran Alemania, Italia y Francia, han demostrado una gran resistencia a la apertura de sus mercados a la libre competencia por miedo a que el sector quede en manos de capitales extranjeros. Con independencia de lo acertada o errónea que constituye esta


posición, en estos países no se ha incentivado tampoco una modernización de las empresas públicas que realizan la comercialización de la energía, lo que supone un coste añadido para sus ciudadanos y una pérdida de competitividad para la economía europea en general.

Mercado de las telecomunicaciones y tecnologías de la información (TIC’s).• De los 3 mercados básicos mencionados, éste es el que mayor desarrollo tecnológico e innovación ha experimentado en los últimos 20 años. Durante este tiempo su evolución ha sido clave en la mejora de la productividad mundial. En España este mercado también ha vivido una verdadera revolución, pero lo ha hecho a un ritmo más lento que el de la mayoría de los países de la UE. Por esta razón, en la actualidad la creación de valor añadido y empleo del sector, el porcentaje de empresas que hacen uso de la Administración electrónica o la penetración de la banda ancha en los hogares y empresas españolas son inferiores a la media europea.

La mayoría de expertos mencionan en sus estudios 2 razones por las cuales el mercado español de las telecomunicaciones no ha evolucionado al ritmo adecuado:

insuficiente volumen de inversiones. Tal y como demuestra el o Gráfico 8.2, la inversión anual española en tecnologías de la información es notablemente inferior a la UE, a Japón y a Estados Unidos. Es necesario adoptar medidas que la incentiven.

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Gráfico 8.2 Fuente Eurostat e Instituto de la Empresa Familiar

Proceso de liberalización del mercado incompleto. Aunque el proceso de apertura a la o competencia del sector de las telecomunicaciones a nivel europeo y español ha avanzado mucho más que el energético, todavía queda un largo camino por recorrer. Las elevadas cuotas de mercado que aún mantienen los operadores dominantes impiden un adecuado funcionamiento. En España, el operador dominante tiene el 81% del mercado de la telefonía fija, el 49% del de la telefonía móvil y el 72% del de líneas de ADSL. Esta es la razón por la cual, de acuerdo con lo declarado por la Comisaria europea de Competencia,


Neelie Kroes, en España los usuarios de los servicios de telecomunicaciones pagan mucho más que en otros países de la UE. En línea con la opinión de la Comisaria, es necesario incrementar los niveles de transparencia, fortalecer la independencia y la capacidad de actuación de los organismos reguladores -en el caso español, la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones- y simplificar la regulación a través de la cual se sancionan acciones lesivas para la libre competencia.

Mercado del transporte.• El transporte de personas y, tal y como refleja el Gráfico 8.3, el de mercancías, ha crecido en España a un ritmo muy superior al de la media de la UE.

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EU 1 5 Es p a ñ aGráfico 8.3 Fuente: Eurostat e Instituto de la Empresa Familiar

Salvo el mercado ferroviario, cuya liberalización es aún incipiente, este sector presenta un elevado nivel de competencia que ha influido positivamente en la competitividad de sus empresas y en la del resto del tejido productivo nacional. Especialmente relevante ha sido la transformación del sector aéreo, que ha logrado pasar de un monopolio de dimensión nacional a un mercado en el que operan decenas de empresas de todos los continentes.

A pesar de este cambio, el transporte sigue sufriendo problemas parecidos a los dos mercados analizados en apartados anteriores. Entre ellos, destacan el diseño radial de la red de infraestructuras, que genera numerosos cuellos de botella en el sistema y limita el potencial de crecimiento de algunas zonas, y el déficit de inversión en ella.

Gracias al desarrollo autonómico, las redes de carreteras y ferrocarriles están cambiando poco a poco esa configuración radial por un diseño más adecuado, en forma de red. En los próximos años será necesario seguir avanzando en esta dirección de forma que sea posible desplazarse desde cualquier capital de provincia a otra a través de autovías sin tener que pasar por otras capitales o zonas urbanas en las que se producen constantes atascos.


Desde la incorporación a la Comunidad Europea también se ha logrado reducir el déficit inversor en infraestructuras. Así, de acuerdo con datos de la Comisión Europea y del Banco de España, el stock de capital público español -es decir, el valor de las infraestructuras de las que dispone el país- es ya del 90% respecto a la media de la zona euro -hace 30 años era sólo el 38%-. Sólo Irlanda ha logrado una evolución tan espectacular en la UE. Sin embargo, si se analiza la distribución de los recursos entre las distintas modalidades de transporte se llega a la conclusión de que se ha producido un enorme desequilibrio entre lo invertido en la red de autovías y en la red ferroviaria. Prueba de ello es que en el año 2004, último año del que existen datos oficiales, España tenía 21,2 kilómetros de autopistas por cada mil kilómetros cuadrados, superando los 17,2 de media de la UE15, mientras que los kilómetros de red ferroviaria eran 28,4, frente a los 46,4 de media de la UE15. Además, el trazado y el ancho de las vías de ferrocarril españolas son anticuados, lo que reduce la velocidad media de tránsito -que es de menos de 16 kilómetros a la hora- e impide la circulación a trenes de más de 350 metros de longitud -en la mayoría de los países de la zona euro pueden circular trenes de hasta 800 metros-.

La inversión en infraestructuras de transportes es uno de los factores clave en el crecimiento económico de los países, no sólo por el efecto que tiene en la productividad, sino también por su peso en la demanda interna y en la creación de empleo. Fomentar su impulso es una de las políticas más eficaces con las que cuentan los gobiernos en épocas de desaceleración o crisis. En España, en 2007, la inversión en formación bruta de capital, - uno de los mejores indicadores de evolución de la inversión en infraestructuras- equivalió al 31% del PIB. De esta cifra, sólo el 3,8% fue financiado con recursos financieros públicos. Modificar significativamente esta cifra, en un escenario de equilibrio presupuestario, es prácticamente imposible. Por esta razón, ante este tipo de coyunturas, además del incremento en la medida de lo posible las dotaciones presupuestarias, la política más eficaz es aquella que incentiva la inversión privada.

Este es precisamente uno de los objetivos del Plan Estatal de Infraestructuras de Transporte 2005 - 2020 (PEIT), a través del cual el Gobierno español prevé invertir unos 250.000 millones de euros en infraestructuras. Para compensar la pérdida de los fondos estructurales que ha venido recibiendo España desde su entrada en el mercado único, el PEIT establece que el 20% de sus inversiones pueden ser financiadas por la iniciativa privada. Sin embargo, hasta el momento, la tasa de inversión privada en infraestructuras no supera el 5%. Especialmente preocupante es la cifra invertida en el sector ferroviario, que a finales de 2007 estaba previsto que alcanzase los 5.556 millones de euros y, sin embargo, no superó los 400.

Las principales barreras a la inversión privada en infraestructuras de transporte son tres:

los mecanismos a través de los cuales las empresas obtienen la remuneración por su o participación en estos proyectos generan una rentabilidad escasa. Es necesario generalizar el uso de las fórmulas que ya se están utilizando con éxito en otros países desarrollados, como los sistemas de peajes “sombra” -en los que el estado paga por cada usuario que utiliza la infraestructura- o los sistemas de peajes “blandos” -en los que el usuario paga una pequeña parte del coste de utilización y el resto lo pagan las administraciones públicas-.


Los procesos que conllevan son excesivamente largos. Resulta llamativo que las empresas o del sector se quejan constantemente de la lentitud con la que se ejecutan las evaluaciones medioambientales. España dispone en estos momentos de una de las legislaciones más avanzadas del mundo en protección del medio ambiente. Es una normativa totalmente necesaria, pero su eficacia debe ser compatible con la reducción de los plazos previstos para su cumplimiento.

El proceso de liberalización del transporte ferroviario de mercancías evoluciona o lentamente. Es necesario un fuerte impulso político, que fomente la inversión privada y por tanto la entrada de nuevos operadores.


Propuestas

Impulsar una mayor liberalización real de los mercados de energía, telecomunicaciones y •transporte de mercancías nacionales y europeos.

Establecer un nuevo sistema de tarifas en el mercado eléctrico que incentive la inversión en •infraestructuras.

Establecer unos plazos máximos para la concesión de autorizaciones administrativas a la •construcción de infraestructuras energéticas y de transportes, de forma que, una vez vencidos, se considere concedida la autorización.

Otorgar la capacidad para conceder o denegar las autorizaciones necesarias para la construcción •de infraestructuras energéticas a las administraciones central o autonómica. Aunque la administración local debe tener voz en estos procedimientos, debe restringirse al máximo su poder de decisión.

Acelerar la construcción de los corredores de trenes de mercancías y facilitar la participación •privada en su gestión y explotación.

Afrontar el necesario debate sobre el futuro modelo energético español, sin descartar a priori •ninguna tecnología.

Duplicar la velocidad media y la longitud máxima permitida que pueden tener los trenes de •mercancías que circulan en España antes de 2015.

Impulsar la participación privada en la gestión y financiación de infraestructuras de transporte de •forma que al menos el 20% de estos proyectos se desarrollen mediante fórmulas de cooperación entre administraciones públicas y empresas.

Reducir a la mitad los plazos de los que disponen las administraciones públicas para emitir los •informes de impacto ambiental necesarios para la construcción de infraestructuras de energía y transporte.


VIII. Bibliografía

Estadísticas de la OCDE: http://www.oecd.org/statsportal•

Portal de Eurostat: • http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Portal del Instituto Nacional de Estadística: • http://www.ine.es

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“Una estimación del crecimiento potencial de la Economía española”. Autores: Ángel Estrada, Pablo Hernández de Cos •y Javier Jareño. Edita: Banco de España (Documentos ocasionales, nº 0405). 2004

Informe de coyuntura Infoempleo de octubre de 2007.•

Informe del IV trimestre de 2007 sobre el Mercado de las Telecomunicaciones. Autor y Editor: Comisión Nacional de •las Telecomunicaciones.

Primer Informe Nexos FP. Editado por CEAC. 2007•

Estudio sobre trayectorias profesionales de profesores e investigadores funcionarios. Autor: CSIC. 2006•

Conferencia sobre “Interrelación de los tres subsistemas de formación profesional en España” pronunciada por D. Benito •Echeverría Samanes Catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona en 2003.

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Informe PISA 2006. Elaborado y editado por la OCDE.•

Resumen Panorámico de los Sistemas de Formación Profesional en España. Informe del INEM. 2006.•

“El estado del arte de la formación en España”. Autor y editor: Élogos. 2007•

Declaración del Centro de Promoción del transporte de Mercancías por Ferrocarril (CPTMF) ante la situación del •transporte en España y perspectivas de futuro. 2006.

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