27%23%

17%

8% 5% 3% 2% 1%

Abuso deshonesto

Hurto,tentativa

de homicidio

Estafa ydefraudación

HomicidioAsesinatoViolaciónRoboLey 1008

DETENIDOS CON Y SIN SENTENCIA EN BOLIVIA

Fuente: Tomás Molina, en “Realidad Carcelaria”. Datos al 30 de abril de 2013 Infografía: Wilson Cahuaya / Los Tiempos

Delitos predominantes en Bolivia (2012)

Antes del Código

de Procedimiento Penal

Con sentencia

Con sentenciaCon el

nuevo Código de Procedimiento

Penal

173 personas

13.145 personasSin sentencia

Sin sentencia86%

t

75%

14%

25%

Matanza devela tiranía de delegados en El Abra

EL MÁXIMO RESPONSABLE DE RÉGIMEN PENITENCIARIO RECONOCE FALTA DE CONTROL EN LOS PENALES

La matanza en la cárcel de El Abra fue el desenlace de extor-siones y amenazas que ya llega-ban a la tiranía. Las historias de maltrato, violaciones y co-bros son múltiples; sin embar-go, bastó que una de las vícti-mas J.U. rompa el silencio para descubrir los nexos que los diri-gentes de los internos tenían con funcionarios de Régimen Penitenciario y policías.

En repuesta a un cuestiona-rio elaborado por Los Tiempos, el director Nacional de Régi-men Penitenciario, Raúl Mas-sud, explicó que la violencia en las cárceles tiene relación con problemas estructurales como la retardación de justicia.

“Nuestra política de régimen penitenciario busca resolver los problemas de fondo causados por la retardación de justicia y el hacinamiento. Esto hace im-posible la clasificación de las personas privadas de libertad por delitos y gravedad”.

La autoridad reconoció que estos problemas no han permi-

tido implementar programas reales y eficaces de rehabilita-ción, pero que ahora la educa-ción, trabajo rentable y apoyo psicológico para los internos se-rán una prioridad.

Dijo que la política criminal en el país es “integral” y está relacionada con varios elemen-tos de la tecnificación del delito, el fortalecimiento de la Policía, la legislación de seguridad, el control fronterizo y la incorpo-ración del régimen penitencia-rio a la seguridad ciudadana.

Remarcó que uno de los pro-blemas más graves es la retar-dación de justicia, provocada por una administración poco transparente de los procesos pe-nales. “De los casi 15.000 priva-dos de libertad, cerca del 85 por ciento son detenidos preventi-vos, sorprendentemente mu-chos de los cuales ya superan los diez años de detención pre-ventiva sin contar aún con una sentencia”, dijo.

En el caso de la violencia que se desbordó en El Abra, Raúl

Massud atribuyó lo ocurrido “a una mala gestión, tanto admi-nistrativa (descontrol sobre las actividades de los privados de libertad, especialmente de los dirigentes) como de seguridad, encontrándose incluso indicios consistentes sobre vínculos de corrupción entre el Director Departamental de Régimen Pe-nitenciario y dirigentes de los privados de libertad”.

Añadió que los delegados “co-metían una serie de excesos y abusos como extorsiones y ame-nazas, entre otros, que rayaban en la tiranía sin ningún control de los funcionarios que se en-contraban en ese entonces a

cargo de la administración pe-nitenciaria”.

El encargado de Régimen Pe-nitenciario dijo que ninguna sociedad, ningún pueblo, por más que se encuentre en pri-sión está dispuesto a aguantar permanentemente la tiranía. “Por eso es que se llegó a esta situación totalmente lamenta-ble. Sin embargo, ya se está trabajando con equipos de in-teligencia de la Policía Bolivia-na para evitar que se encara-me un nuevo grupo de poder en El Abra”, agregó.

Después de la muerte del de-legado de disciplina de El Abra, Ariel Tancara, que incluso fue

despreciado a través de un ri-tual por el hampa, se cambió a todo el personal de la cárcel. Sin embargo, aún muchos de los in-ternos son amedrentados para que no denuncien los cobros que realizaba el jefe de discipli-na, según un expolicía que esta-ba preso por robo y secuestro.

La representación del Defen-sor del Pueblo en Cochabamba anunció que en diez días más emitirá un informe con reco-mendaciones sobre los sucesos ocurridos en El Abra.

La Dirección Nacional de Régimen dijo que después de lo ocurrido en la cárcel de Pal-masola en Santa Cruz y El Abra en Cochabamba se enca-ran proyectos inmediatos y a mediano plazo.

Manifestó que entre las ac-ciones urgentes está mejorar la seguridad de los penales con la instalación y funcionamien-to de cámaras. También, se reacondicionará una cárcel pa-ra que se constituya en un cen-tro de máxima seguridad para los reos que no quieran rehabi-litarse. Se proyectan talleres para producción industrial, producción de abono orgánico y agricultura.

Explicó que también se espe-ra que el Ministerio Público es-clarezca lo ocurrido en El Abra con celeridad y transparencia.

Más de 200 policías tomaron el control de la cárcel de El Abra al día siguiente de la matanza de los cuatro internos, el pasado 14 de sep-tiembre, al finalizar una fiesta permitida por la representación distrital de Régimen Penitenciario y el gobernador del penal. | José Rocha

DOMINGOCUERPO B 28 DE SEPTIEMBRE de 2014

El abogado constitucionalista, José Antonio Rivera, expresó a través de un análisis denomina-do: “Régimen Penitenciario y los derechos humanos” que los suce-sos ocurridos en El Abra, el 14 de septiembre, tienen una triple con-notación. Siguió: “De un lado, muestran la ausencia de una política criminal; de otro, se constituyen en una de las manifestaciones de un proble-ma más profundo como es la cri-sis de Régimen Penitenciario en Bolivia; y, finalmente, demuestran la sistemática violación de los derechos humanos de las perso-nas privadas de libertad” en los centros de detención bajo la pro-tección de Estado. La Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió varias reco-mendaciones, según el texto cita-do de José Antonio Rivera, entre ellas: 1) reglas mínimas para el tratamiento de reclusos; 2) princi-pios básicos para el tratamiento de reclusos; y 3) conjunto de principios para la protección de personas sometidas a cualquier forma de detención.

SEÑALES DE CRISIS

La Dirección Nacional de Régi-men Penitenciario atribuye los sucesos ocurridos en El Abra a las extorsiones, amenazas y tiranía

300%300%

CÁRCELES INHUMANAS, UN DRAMA SIN FIN En Bolivia, los reclusos están expuestos a la vulneración de derechos en tres ámbitos: 1) retardación de justicia, 2) condiciones infrahumanas y 3) la discriminación. Hay 500.000 causas pendientes de atención en el sistema judicial.

Hay tres niveles que agravan la situación de los privados de libertad: la corrupción del sistema penitenciario, la dependencia económica para poder sobrevivir y la violación sistemática de sus derechos humanos.

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Fuente: Régimen Penitenciario, O�cina Jurídica de la Mujer

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50%

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14.770TOTAL DEINTERNOS

12%Mujeres

detenidas

1.344

POBLACIÓN PENAL EN COCHABAMBA

La población penitenciaria se ha

duplicado en los últimos seis años. Si al comenzar el

2006 existían 1.300 personas privadas de libertad en

Cochabamba la cifra aumentó hasta mayo de

2013 a 2.572. Se estima que la mitad de los detenidos son

jóvenes.

DETENIDOS

2006 2011 2013

1.3002.500 2.572

Fuente: Régimen Penitenciario, O�cina Jurídica de la Mujer Info

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CÁRCELES

El director Nacional de Régimen Penitenciario, Raúl Massud (centro), junto al Ministro de Gobierno, en El Abra. | Daniel James

Editora:Katiuska Vásquez

PeriodistasLorena Amurrio, Karen Carrillo y Violeta Soria.

Diseño: Ramiro Moncada

Diagramación:José López, Ruth Marquez y Fernando Santader

Fotografía: Daniel James

STAFF

SEGURIDAD | La matanza acontecida en el penal de El Abra continúa en proceso de investigación; sin embargo, se conoce que pudo haber sido provocado por una pugna de poder entre los internos que estaban disconformes con el trato de “El Tancara”

La violencia se desborda en El Abra por pugnas de poder

El Abra ha dejado de ser la cárcel de máxima seguridad pa-ra convertirse en un lugar sin perdón, donde la mercantiliza-ción de la justicia ha llegado a su cúspide y todo tiene un pre-cio. Los reos gobiernan a los reos y la Policía sirve de facha-da para que los internos más pe-l igrosos cometan atrocidades contra los internos de “la man-cha”, como se llama a la pobla-ción que no tiene privilegios y calla los vejámenes.

La matanza del pasado 14 de septiembre que puso fin a al im-perio de Ariel Tancara Sanda-gorda a l ias “E l Tancara” y a l sueño de formar una mara en Bol ivia de Sergio Arce Arani-bar a l ias “E l Luc i fer ” mostró los abusos que cientos de perso-nas sufrían cada día sin que las instancias establecidas, como la Policía, intervengan.

Recién, fuentes cercanas a l caso, revelan que el manejo de El Abra está relacionado con la a d m i n i s t r a c i ó n d e t o d a s l a s cárceles y con un mercado im-p o r t a n t e d e m i c ro t r á f i c o d e droga. Al punto que hay perso-nas que afirman que la droga es más barata en la cárcel que en las calles.

También se sospecha de la existencia de una red de extor-sión con ramificaciones en la Policía, juzgados y Régimen Pe-nitenciar io. Una evidencia de esto son las denominadas “sali-das camufladas” que realizaban el delegado del penal Ariel Tan-cara y otros internos con com-plicidad policial.

“El Tancara” fue sorprendido en tres ocasiones fuera de la cárcel en actividades irregula-res como paseando con sus cus-todios y en un local. En todas las opor tunidades mostró un permiso judicial que establecía el motivo y horarios de su sali-da. Sin embargo, éste abusaba de los permisos. Pero, nunca fue procesado por esto.

MatanzaLa violencia se desbordó en

El Abra el pasado 14 de septiem-bre cuando una balacera cobró la vida de tres internos, entre ellos la del delegado de discipli-na Ariel Tancara. En tanto que una cuarta víctima, Sergio Arce alias “El Lucifer, fue brutalmen-te apuñalado, acusado de asesi-nar a Tancara.

Algunos de los testigos que presenciaron el hecho contaron que las luces se apagaron y to-do se tornó en oscuridad, situa-c ión aprovechada por cuatro encapuchados vestidos de ne-gro quienes comenzaron a dis-parar hiriendo a 11 y matando a cuatro personas.

En la fiesta participaron espo-sas de los internos y sus hijos quienes permanecieron toda la noche y madrugada del día en el recinto; mientras, los cuerpos de Ariel Tancara alias “El Tan-cara”, Gustavo Tovar a l ias “E l Pi las”, Humber to Gonzáles Ol-medo al ias “El Ch’i la Tigre” y Sergio Arce Aranibar al ias “El Lucifer” estaban en el patio.

Un intento de motín en la cárcel de El Abra, el pasado 16 de septiem-bre, en rechazo a una nueva requisa. | Daniel james

ESPECIAL CÁRCELES

los Tiempos | CoChabamba | año 2014 | Domingo | 28 De sepTiembre B3DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

La matanza de internos en El Abra, el pasado 14 de sep-tiembre, reveló el fracaso de las políticas de rehabilitación y confirmó que los penales son depósitos humanos. Ade-más, de una fuente de extor-sión para los reclusos más peligrosos con nexos con la Policía, Régimen Penitencia-rio y jueces.

La violencia que se desen-cadenó en el penal de máxi-ma seguridad, durante una fiesta en devoción a la Vir-gen de Urkupiña, visibilizó el cansancio de los internos frente a los abusos que co-metía el jefe de disciplina, A r i e l Ta n c a r a , a p a r e n t e -mente con el aval del delega-do de la cárcel, Aníbal Ca-macho; los demás delegados y de los responsables de se-guridad del recinto.

Hoy se conoce que los abusos, vejámenes y humi-llaciones eran cotidianos en la cárcel y que formaban parte de un mecanismo de extorsión que operaba den-tro y fuera la cárcel.

MaltratoLos internos recién llega-

dos vivían una pesadilla al ser enviados a los bloques 3B y 3C, donde se encuen-tran los internos más con-flictivos y con problemas de adicciones a las drogas, se-gún fuentes que pidieron reserva de identidad.

En un principio no se les dejaba dormir. Si alguien in-tentaba cerrar los ojos, venci-do por el cansancio, recibía golpes y se le quitaba o moja-ba su frazada. Pero, la violen-cia se incrementaba si el in-terno no podía pagar el “se-guro de vida” y “derecho de piso”. Pero, si los familiares se demoraban en pagar, el in-terno era electrocutado, ade-más de vejado. En caso, de que el desembolso se demora-ra aún más, el interno era obligado a permanecer des-pierto y de pie toda la noche con los pies remojados en la-vandina.

Pero, los castigos no termi-naban con el pago del “segu-ro de vida”. Una vez en la po-blación los internos conti-nuaban siendo extorsionados a través de la exigencia de aportes para organizar fies-tas, comprar disfraces y ma-ter ia les para el manteni-miento de la cárcel.

Pero, si los reclusos hacían algo que molestaba al jefe de disciplina eran castigados de múltiples maneras. Uno de ellos consistía en ponerlos en el patio con los brazos exten-didos, en los cuales se colga-ba ropa para secar. Los inter-nos no podían moverse hasta que las prendas estén secas. Sin embargo, si el delegado de disciplina seguía disgusta-do ordenaba que las personas continúen a la intemperie y disponía que la ropa se vuel-va a mojar.

Nexos Exreclusos de El Abra con-

taron que algunos internos podían salir de la prisión pa-ra realizar visitas a los fami-liares de los detenidos recién l legados para ver i f icar s i realmente no podían pagar el “derecho de vida”.

VIOLENCIA DIARIA

CONSECUENCIAS

Familiares de presos de El Abra afuera de la cárcel, después de la matanza. | josé roCha

Tres de las víctimas de la matanza en el penal de El Abra, el 14 de septiembre. | los Tiempos

Policías que lograron ingre-sar a El Abra después de

ocho horas tras la balacera. | josé roCha

El hacinamiento y la concen-tración de detenidos preventivos sin sentencia en los plazos esta-blecidos por la ley son algunos de los factores que favorecen la existencia de “redes mafiosas” dentro de las cárceles que inti-midan a los nuevos, afirmó la re-presentante de la Oficina Jurídi-ca de la Mujer, Julieta Montaño.

“Por cuidar su integridad se someten a los que se apropiaron de las cárceles, los que no lo ha-cen solos sino con la venia y to-lerancia de las autoridades en-cargadas de la administración de justicia y de los recintos peni-tenciarios”, afirmó Montaño.

Asimismo, indicó que el pro-blema de las cárceles pudo haber sido solucionado con anteriori-dad, pero que el “Estado no tomó en cuenta las observaciones de

organismos de Derechos Huma-nos” realizadas para tomar car-tas en el asunto como la separa-ción de aquellos que tienen de-tención preventiva en las cárce-les de los que cuentan con una sentencia condenatoria.

En este sentido y frente a la in-vestigación que encamina el Mi-nisterio Público, pidió un traba-jo transparente que establezca la corresponsabilidad de las auto-ridades judiciales, Régimen Pe-nitenciario, gobernador del Pe-nal y custodios si corresponde y el grado de su participación en la balacera de hace dos semanas en la cárcel de máxima seguri-dad del departamento.

Montaño explicó que la falta inició con el permiso para una fiesta que generó las condicio-nes óptimas para que se dé la

matanza; el consumo de bebidas alcohólicas y drogas sin control. “Es necesario aplicar políticas estructurales en la temática car-celaria para realizar un verdade-ro proceso de rehabilitación y no de destrucción de las personas como sucede actualmente”, dijo.

Alertó a las autoridades que las cárceles se han convertido en fuentes de enriquecimiento para unos cuantos, ya que ven a los privados de libertad como fuen-tes de ingreso para generar una ganancia fácil, que beneficie sus apetitos personales en desmedro de los otros. Montaño exigió a las autoridades trabajar en estu-dios profundos sobre la temática carcelaria a fin de que se logre resolver los problemas de fondo. Sugirió un estudio de reinciden-cia de los antisociales.

“Redes mafiosas” se expanden por dos razonesEL 80 POR CIENTO DE LOS INTERNOS ESTÁ CON DETENCIÓN PREVENTIVA A LA ESPERA DE SENTENCIA

Por datos proporcionados por familiares de reclusos de El Abra, se conoce que la droga (marihuana y cocaína) es más barata en la cárcel que afuera. De hecho una dosis de mari-huana que en la ciudad se vende en 10 bolivianos, en la cárcel de encuentra en 8.

Sólo, después de la balacera que acabó con la vida de cua-tro internos y dejó 11 heridos, los controles en la cárcel de máxima seguridad se han empezado a cumplir al punto que las visitas deben dejar sus celulares en las casas vecinas.

CÁRCEL DE EL ABRA

El cuerpo más golpeado fue el de Arce, a quien le destroza-ron el cráneo con golpes de ba-tes de béisbol y tenía var ias her idas de arma blanca en la e s p a l d a . E n t r e t a n t o, e n d o s cuer pos, uno de e l los de “E l Tancara” se rea l izó un r i tual . De acuerdo, con var ias inter-pretaciones los internos l lena-ron la boca de las víctimas con galletas en señal de desprecio por los actos que cometían. En e l caso de “E l Tancara”, ade -m á s, co l o c a ro n l l ave s e n l a s heridas de las balas, aparente-mente para que la víctima no puede acceder al cielo.

Según las creencias, de esta forma el hampa demostró su d e s p r e c i o p o r “ E l Ta n c a r a”, quien había cumplido ya cuatro años de los cinco a los que fue condenado.

El conflicto habría surgido se-manas antes de la ba lacera , cuando en una reunión de dele-gados, un grupo pidió que “El Tancara” compar ta e l 30 por ciento de las ganancias por el cobro del “derecho de v ida”,

“derecho de piso” y por las tran-sacciones que se realizan por la venta de productos y por las vi-sitas conyugales. Sin embargo, Tancara se habría negado.

Las víctimas de los disparos contaron que pidieron auxilio a los policías que estaban de tur-no ese día, pero “la Policía no quería abrir la puerta para au-xil iar a las víctimas”. Los uni-formados no lograron controlar la situación, se limitaron a vigi-lar el perímetro y el área de in-greso, ya que existía el riesgo de fuga de los internos.

Sin embargo, lo que llama la atención es cómo ingresaron las armas y otros objetos contun-dentes al recinto penitenciario. A ello se suma que durante la fiesta se consumió bebidas alco-hólicas como chicha, cer veza, ron y droga en presencia de los uniformados que controlaban que no existan peleas, pero no prohibían el consumo de estos elementos.

Además, “El Tancara” conta-ba con un polígono para prac-ticar.

LA “MEJOR” CÁRCEL DE COCHABAMBA

Según algunos de los familiares de los privados de libertad de la cár-cel de El Abra, este recinto es el “mejor” de todos los que existen en el departamento por la comodidad y espacio que tiene. A ello se suman las diferentes actividades de las que pueden ser parte y generar recursos mediante las ocho terapias ocupacionales que se realizan en el interior.Con el apoyo de Régimen Penitenciario y otras organizaciones socia-les, se logró que de lunes a sábado durante ocho horas los internos inscritos en las áreas de Pelotería, Carpintería, Costura, Agricultura, Cerrajería, Artesanía, Pintura y Pirograbado puedan realizar trabajos que les permiten obtener perdón judicial de un día por cada dos de trabajo.Asimismo, los privados de libertad pueden acceder a cursos de pro-fesionalización. En el caso de quienes no lograron culminar su bachi-llerato, el Centro de Educación Alternativa Simón Rodríguez ofrece cursos en el nivel secundario, mientras que Alfa Lit brinda especiali-zaciones a nivel técnico medio para quienes lo deseen y sin que ello afecte a sus horarios de trabajo.En el campo deportivo, los reos de este penal de máxima seguridad como de otros cinco recintos: San Antonio, San Sebastián Varones, San Sebastián Mujeres, San Pablo de Quillacollo y San Pedro de Sacaba participan de un campeonato que dura dos días una vez al año.Otro beneficio de encontrarse en esta cárcel a diferencia de San Sebastián Varones, indica una de la esposas de un interno son las conyugales, cuartos en los que existe una cama, su baño y, en otros casos televisores, donde a pedido del preso pueden pasar un día entero e incluso dormir allí.

ESPECIAL CÁRCELES

B4 Los Tiempos | CoChabamba | año 2014 | Domingo | 28 De sepTiembre

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AUTOGESTIÓN | En los tres penales ubicados en el centro de la ciudad: San Sebastián Mujeres, San Sebastián Varones y San Antonio admiten cobros a los internos recién llegados para el pago de servicios y la olla común

Cárceles son depósitos humanos y reos viven de aportes de nuevos

Las cárceles se han convertido en depósitos humanos. En Co-chabamba más de 2.500 reos vi-ven en condiciones infrahuma-nas. En los penales de San Se-bastián Varones y San Antonio, los internos han establecido for-mas de autogestión a través de aportes para cubrir el pago de servicios básicos y la olla co-mún. Sin embargo, en recintos como El Abra estos cobros se han desvirtuado bajo el nombre de “seguro de vida” y “derecho de piso”. Pero, además ha dado lugar a abusos y vejaciones, co-mo mecanismos de extorsión.

En la cárcel de San Sebastián varones los internos recién llega-dos son obligados a raparse el ca-bello. Antes, permanecen en una celda de aislamiento. Incluso, al-gunos llegaron a pagar en el pa-sado 400 bolivianos para quedar-se más tiempo y no entrar a las celdas por “temor”.

AutogestiónAnte el hacinamiento, los pri-

vados de libertad conviven en cel-das pequeñas de 2 por 1,5 metros. En las mismas viven hasta cua-tro internos. Otros se compran celdas en 1.000 dólares o más, de-pendiendo de las características y el penal. El alquiler de celdas cuesta 200 dólares. Se cree que el comercio de espacios se inició en 1999 cuando la población carcela-ria empezó a aumentar en San Sebastián, hoy es el tercer penal más lleno después de Palmasola de Santa Cruz y San Pedro de La Paz con 700 internos.

Los internos de San Sebastián Varones cobran 500 bolivianos en calidad de “contribución vo-luntaria” a los reos nuevos. Es-tos, además, deben donar víve-res en quintales o cajas y encar-garse de la limpieza del penal por un tiempo. En cambio, en otros recintos los cobros son de 1.000 a 15.000 dólares de acuerdo con las condiciones del interno y el tipo de delitos, los presos por narcotráfico, estafas y violación son los más hostigados.

UsosUno de los delegados de San

Sebastián informó que los re -cursos se invierten en la com-pra de calaminas, duchas, tasas de baño, ar t ículos e léc tr icos que no son provistos por Régi-men Penitenciario. Además, de la olla común que beneficia a los presos sin recursos con un almuerzo los jueves y domin-gos. Además del desayuno los lunes, miércoles y viernes.

Debido al hacinamiento, los presos también adquieren en-fermedades frecuentes como tu-berculosis, infecciones renales y gastrointestinales. A diferen-cia de los demás penales, estos cuentan con un médico perma-nente desde junio. Sin embargo, c a re c e n d e m e d i c a m e n t o s y áreas de aislamiento.

La falta de control y de traba-

jos de rehabilitación hace que los jóvenes sean más vulnerables a las drogas, sobre todo a la mari-huana y al alcohol. Visitas y ex-presidiarios contaron que la dro-ga ingresa camuflada en cajas de maicena. En ocasiones, la mer-cancía es introducida por los po-licías a través de contactos den-tro las cárceles. Sin embargo, se considera que El Abra es un im-portante centro de distribución para los demás penales.

El abandono de las cárceles también se refleja en la confor-mación de comités de delegados de disciplina. El número varía de acuerdo a la cárcel, en penales como el de Quillacollo existen al-rededor de 30. Pero, en El Abra son más de 100. Este equipo de disciplina, creado al margen de las normas, suele utilizar en los recintos más conflictivos garro-tes (bates) y “toritos” para “con-trolar” a los internos. Pero, su la-bor está observada porque en El Abra, estos se convirtió en meca-nismo para presionar y extorsio-nar a los internos a que paguen el “derecho de vida”. En El Abra, los delegados reemplazan a la Po-licía.

Mujeres Las mujeres presas en Boli-

via representan el 12 por ciento de la población penal. En Co-chabamba, el único penal feme-n i n o e s S a n S e b a s t i á n y a l igual que en los otros recintos hay hac inamiento. Las inter-n a s n u e v a s l l e g a n a “ B a r r i o L i n d o”. A h í d u e r m e n a l re d e -dor de 50 reclusas en colchone-tas y car tones. Por seguridad son encerradas toda la noche.

La psicóloga del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) , Zulema Callejas, considera que esta medida es un tipo de “tortu-

ra biológica”, porque las reclusas son encerradas desde las 22:00 hasta las 5:00 y son privadas de realizar sus necesidades.

Su estadía puede durar años hasta ser trasladadas a celdas. Entretanto, las que cuentan con recursos se compran un espacio en 500 dólares.

Las internas también realizan “aportes voluntarios” de 100 bo-livianos. El monto es destinado a pagar el agua que se compra de las cisternas para lavar la ropa ajena y los usos del penal.

Además, del encierro las muje-res deben lidiar con problemas crónicos de salud, como el Vih/sida. La mayoría muere sin reci-bir la atención médica necesaria. Pero, también se han conocido de casos de abortos provocados con ingesta de vidrio molido, alam-bres y tabletas.

Al igual que en el resto de los penales, el de mujeres cuenta con pocos policías, 22 para más de 250 internas. También, hay dos cá-maras que no funcionan.

Al menos 50 niños conviven con sus madres. Los mismos sa-len por la mañana a sus guarde-rías y retornan a las 18:00. Una de las preocupaciones de las mu-jeres se centra en conseguir re-cursos para mantener a sus fami-lias. Una mayoría lava y plancha ropa por un pago mínimo.

San Antonio Este penal está a cargo de 38

policías y cuatro cámaras que no son utilizadas. El aporte volunta-rio es de 500 bolivianos. El lugar fue originalmente un mercado de papas. Hoy está a punto de des-plomarse, las instalaciones eléc-tricas son precarias. Ante la falta de espacio los reos han optado por habilitar talleres improvisa-dos con maderas y cartones.

Infografía: Wilson Cahuaya / Los TiemposFuentes: Tomás Molina, en “Realidad Carcelaria”. Datos al 30 de abril de 2013

Ocho de cada diez personas presas en Bolivia no tiene sentencia ejecutoriada. Los penales se han convertido en depósitos humanos y “fábricas de criminalidad”. A continuación algunas cifras que muestran la situación de las cárceles.

39

96

131

29

23 5 San Sebastián Varones

San Sebastián Mujeres

San Antonio

Sacaba

San Pablo- Quillacollo

Arani

SANTA CRUZ

BENI

PANDO

LA PAZ

ORURO

POTOSÍ

TARIJA

CHUQUISACA

COCHABAMBA

6%

33%

2%

4%

5%

3%

23%

2%

21%

Población carcelaria en Bolivia

San Sebastián Varones

San Sebastián Mujeres

San Antonio El Abra San Pedro San Pablo Quillacollo

San Pedro Sacaba

Arani

250

646

219

409552

222 227 18427

130 90

360

110 110 70 10

Capacidad número de detenidosCárceles, depósitos humanos

REALIDAD CARCELARIA

Niños en las cárceles

Han pasado seis años desde que el Comité Pro Cárcel vendió irregular-mente los terrenos donados a los internos hace décadas, ubicados en la avenida Juan de la Rosa y Melchor Pérez de Olguín.

Ante ello, el exdirector de Régimen Penitenciario, Tomás Molina, instó a las autoridades a continuar con la investigación de este “caso de corrup-ción” y establecer “con nombres y apellidos a los autores de este atraco al Estado”.

“Los autores de la venta fraudulenta han construido apresuradamente edificios en los terrenos de los presos, pretendiendo con ello, consolidar la usurpación”, señaló, Molina. Hoy en los terrenos existen varios edificios.

Pero, lo más lamentable es que a nivel departamental y municipal no existe ningún proyecto para la construcción de recintos carcelarios. Se-gún Molina los terrenos fueron donados por la filántropa cochabambina Candelaria Novillo, quien consternada por la dura realidad de los presos adquirió 7.060 hectáreas de terreno agrícola para el sembradío de ali-mentos destinados a los presos de Cochabamba. Tras ello donó el espa-cio.

Venta irregular de terrenos

El Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Uni-versidad Mayor de San Simón (UMSS) junto a la Fundación Mi-cro Justicia prevén implementar un proyecto de rehabilitación para garantizar la reinserción la-boral de las mujeres privadas de libertad de la cárcel de San Se-bastián mujeres. Ello a través de la creación de pequeñas y media-nas empresas (Pymes).

La directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Polí-ticas de UMSS, Ivana Dubravcic, explicó que las Pymes funciona-rán dentro del recinto carcela-rio. Sin embargo, serán las exre-clusas las que comercializarán los productos. El proyecto, pre-tende generar fuentes de empleo y coadyuvar con el sustento dia-rio. “Esto es rehabilitación pues-to que la expectativa laboral es

una expectativa de esperanza. Representa un futuro no tan en-sombrecido sino con matices de arcoíris”, señaló, Dubravcic.

Añadió que previo a ello, el proyecto establecerá un diagnós-tico económico social, familiar, además tipificará las caracterís-ticas del mercado laboral y de consumo en el que están inser-tas las reclusas. El estudio será realizado por estudiantes de las carreras de Economía y Admi-nistración de Empresas. La Fun-dación M icro Just ic ia imple -mentará las Pymes y capacitará a las reclusas. El proyecto prevé arrancar este año.

Rehabilitación Los más de 2.500 internos de

los penales en la ciudad junto con el apoyo de instituciones académicas, religiosas y organi-

zaciones lograron crear talleres de trabajo en al menos 11 rubros para sobrevivir al interior de los recintos. Sin embargo, no cuen-tan con lugares de exposición a pesar de las constantes solicitu-des enviadas al municipio y el Concejo Municipal.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, Freddy Ar-ce, informó que desde hace 21 años el Consultorio Jurídico Po-pular de la UMSS trabaja en la atención de presos que no tienen abogados. Añadió que tras un convenio entre el Régimen Peni-tenciario y la UMSS, suscrito ha-ce seis meses, también realizan capacitación y orientación sobre temas legales con estudiantes y docentes. Por otro lado, anunció la formación profesional de los presos en la carrera de Derecho.

UMSS trabajará en rehabilitación y capacitación de reclusos en cárceles

CON EL FUNCIONAMIENTO DE PYMES Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ABOGADOS

Trabajos realizados por inter-nos de los penales.

La psicóloga del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), Rivé Zulema Callejas, aseguró que la tortura y violación de derechos humanos están vigen-tes en las cárceles de Cocha-bamba. Las técnicas habituales de tortura y violencia son ejer-cidas por policías y los mismos internos. Entre ellas se encuen-tran, descargas eléctricas, gol-pes en par tes sensibles del cuerpo o estómago, quemadu-ras con cigarril los, privación de alimentos o sueño, amena-zas de muerte, violación se-xual y trabajos forzados. Se-gún los exreclusos, los ultrajes son aplicados con el fin de ga-rantizar el pago de “aportes vo-luntarios” y extorsiones.

Las visitas también son hos-tigadas en los controles que se realizan de manera inadecua-da. El examen físico a las muje-res se realiza sin el uso de

guantes para detectar el posi-ble ingreso de droga.

La psicóloga del inst ituto aseguró que mientras haya ha-cinamiento, ausencia total del Estado en los penales, falta de programas eficientes de reha-bilitación y terapia para los reclusos, los recintos peniten-ciarios son “bombas de tiem-po” por los abusos.

Callejas señaló que la retar-dación de justicia traducida en la detención preventiva de pre-sos hasta por tres años y la sus-p e n s i ó n d e a u d i e n c i a s p o r años, contribuye a reproducir la violencia al interior de los penales. Añadió que la tortura es realizada con mayor intensi-dad antes del ingreso a los pe-nales y durante el proceso de la investigación para “hacer ha-blar” al presunto culpable. Sin embargo, los abusos se sufren cotidianamente en los penales.

Presos son torturados por policías e internos

SEGÚN INSTITUTO DE TERAPIA

La cocina del penal de San Antonio, en la que se prepara la olla común para los presos. | DanieL James

DATOS E HISTORIA

El investigador y exdirector g e n e r a l d e R é g i m e n Penitenciario, Tomás Molina, cuenta en su libro “Realidad Carcelaria” que el penal de San Sebastián varones fue cons-truido a mediados del Siglo XIX como un cuartel durante el Gobierno de Manuel Isidoro Belzu. Posteriormente, fue uti-lizado como hospital durante la Guerra del Chaco. Sin embargo, después de 1935 se comenzó a usar como cárcel. La infraestructura está dete-riorada y está emplazada en 1.200 metros cuadrados en el centro de la ciudad.

San Sebastián fue antes un cuartel

El penal de San Antonio, ubi-cado frente a la terminal de buses, fue construido inicial-mente como un mercado de papas con tinglado sobre una extensión de 1.500 metros cuadrados. Con el tiempo, los presos que hoy cumplen detención preventiva y con-dena en el lugar, construyeron sus celdas utilizando madera, plásticos y venesta. La falta de infraestructura carcelaria obli-ga a los policías a cargo del resguardo a trasladarse hasta las torres de vigilancia supe-riores por los techos de la esta prisión.

San Antonio era un mercado de papas

El exdirector de Régimen, Tomás Molina, informó que el único recinto penitenciario para población femenina en Cochabamba era utilizado en la época de la Guerra del Chaco como una escuela. La infraestructura emplazada sobre una extensión de 1.000 metros cuadrados comenzó a funcionar como cárcel con-cluida la contienda bélica que enfrentó a Bolivia y Paraguay. Según Molina, el penal de El Abra es el único recinto peni-tenciario que fue construido para ese fin.

De escuela a penal de mujeres

Exteriores de la cárcel de San Pablo, en Quillacollo. | Carlos lópez

CONDICIONES | Los reos en las cárceles de San Pablo de Quillacollo, San Pedro de Sacaba y la carceleta de Arani no sólo están hacinados, sino que carecen de servicios básicos y áreas para trabajos de rehabilitación

Penales de provincias están abandonados

ESPECIAL CÁRCELES

los Tiempos | CoChabamba | año 2014 | Domingo | 28 De sepTiembre B9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

As i s te n c i a l e g a l , p ro d u c t i -va, en salud, educativa y so -bre todo acompañamiento es-p i r i t u a l y m o r a l e s l o q u e brinda la Pastoral Penitencia-ra de la Iglesia Católica a tra-vés de visitas a los penales de Cochabamba.

La encargada de esta labor es la religiosa María de los Ánge-les González, una mujer espa-ñola que está dedicada a velar, hace cinco años, por los dere-chos humanos de los reos.

Explicó que en el área de pro-ductividad lograron brindar a los penales maquinaria y mate-rial de trabajo. La misma fue donada por Caritas españolas

para promover la reinserción social de los reclusos. En salud, pese a que el Gobierno paga la hospitalización de los reos, la Pastoral corre con los gastos de pruebas adicionales y otros re-querimientos urgentes.

Además, la Pastoral Peniten-ciaria trabaja con el apoyo de voluntarios que visitan las cár-celes. En el área legal, coadyu-va en la celeridad de los proce-sos penales y las sentencias de-finitivas para los presos con de-tención preventiva. Asimismo, contac ta a sus famil ias para que estos tramiten el proceso judicial. “No es un trabajo asis-tencial”, resaltó Gonzáles.

Un interno, recluido en San Sebastián Varones durante 22 meses, entre el 2009 y 2010, por la comisión de los presuntos delitos de extorsión y desacato contó que su vida en el penal fue “un mar tir io”. Sufrió veja-ciones y “todo tipo” de agre -siones por parte de internos y delegados. Añadió que desde el pr imer día de reclusión, los presos obligan a los nuevos a raparse e l cabel lo, consumir drogas (marihuana y cocaína) y los golpean para que “se am-bienten” al recinto.

Aseguró que los presos recu-rr ían a la tor tura psicológica para lograr el pago del derecho

de piso que era de al menos 1.500 bolivianos.

As imismo, d i jo que la v io -lenc ia d isminuyó a la fecha . S in embargo, aumentó el in-greso y consumo de alcohol y drogas avalado por los pol i -c ías y e l a lca lde o gober na-dor. Consultado sobre el pro -ceso de reinserción social, in-formó que no fue fácil encon-trar t rabajo después de sa l i r d e l a c á rce l , p e ro, l o co n s i -g u i ó “m e d i a n t e s u s a m i s t a -des”. Aseguró que los tal leres de trabajo en los penales sólo s ir ven para reducir la conde -na y son real izados por obl i -gación.

Ante la carencia de progra-mas de rehabil itación y rein-serción social en el sistema pe-nitenciario, los presos de los penales en la ciudad junto al apoyo de instituciones religio-sas y ONGs lograron crear ta-lleres de trabajo en al menos 11 rubros para sobrevivir al inte-rior de los penales. Sin embar-go, el hacinamiento impide su desarrollo pleno.

E n S a n S e b a s t i á n Va ro n e s existen cerca de siete rubros entre los que se encuentran: car p inter ía , zapater ía , meta l mecánica ar tesanía y joyería, además de los “ l lamadores y comideros” que v iven a l d ía

por los servicios o productos que ofertan.

Entre tanto, el penal de San Antonio cuenta con 11 rubros; sin embargo carece de espacio para desar rol lar a l p leno su producción. Por otro lado, las internas de San Sebastián Mu-jeres ofer tan ser vicios de la-vandería y planchado de ropa ajena, además de productos de ar tesanías y bordados. Pero, no cuentan con mercados para comercializarlos. Según la Pas-toral Penitenciar ia, el 70 por ciento de presos se acoge a los t a l l e re s . Pa ra a l g u n o s i nte r-nos, estos sólo les sirven para sobrevivir.

A p e s a r d e l h a c i n a m i e n to que existe en los recintos car-celarios del depar tamento, la Gobernación no tiene previsto recursos ni proyectos para em-plazar nuevas cárceles.

E l a s a m b l e í s t a , M a r c o C a -rri l lo, informó que el POA de -p a r t a m e n t a l s ó l o t i e n e p re -v i s t o re c u r s o s p a r a l o s p re -d i a r i o s d e l o s p r e s o s . L o s mismos ascienden a 2 mi l lo -nes de bol iv ianos por año a razón de se is bol iv ianos por día para cada preso.

Entretanto, la propuesta pa-r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a “c á r c e l m o d e l o ” a n u n c i a d a por la Gobernación quedó en nada. En 2013, la Gobernación

informó que busca un terreno de al menos 13 hectáreas para e m p l a z a r l a i n f r a e s t r u c t u r a , la cual albergaría a 3.000 in-ter nos en los munic ip ios de Vil la Rivero y Punata. Lo últi-mo que se supo es que realiza-ba el saneamiento de t ierras, pero, en Sacaba.

Tampoco existen sanciones para los miembros del Comité Pro-Cárcel que en 2007 vendie-ron terrenos destinados a la construcción de un recinto pe-nitenciario y un albergue para hijos de reclusos en la avenida Juan de la Rosa y Melchor Pé-rez de Olguín. Hoy en el terre-no de más de 6 mil metros cua-drados existen edificios.

El sistema de administración también se ve afectado por la falta de defensores públicos. En Cochabamba, sólo se cuenta con 18 abogados para el Servicio de Defensa Pública, que debe asis-tir a todos los internos que no pueden cubrir el costo de un abogado particular.

De estos, cerca de siete son penalistas y los restantes civi-l i s t a s . E nt re l o s d e l i to s m á s frecuentes que son atendidos por esta instancia están false -d a d d e d o c u m e n t o s , r o b o s , a s e s i n a t o s y v i o l a c i ó n . M u -chos internos dependen de es-te s e r v i c i o p a r a a f ro n t a r s u d e fe n s a , s o b re to d o c u a n d o sus famil ias los abandonan o n o t i e n e n l o s re c u r s o s p a ra

los honorarios de un abogado. En cada penal, también, debe-

ría existir un procurador, que por lo general es el interno que está más cerca de salir libre. El mismo debe encargarse de revi-sar cómo andan los procesos en los juzgados de los reclusos. Sin embargo, en penales como El Abra no se cuenta con procura-dor desde hace varios meses.

Se han dado casos en los que los detenidos acuden solos a sus audiencias, sin abogados. A pe-sar de esto, los jueces llevan adelante los procesos.

A ello se añade que muchas familias dejan a sus parientes en la cárcel porque no tienen para pagar un abogado ni las exigencias de los internos.

Pastoral penitenciaria en los penales “Mi vida en San Sebastián fue un martirio” Talleres reemplazan a programas de reinserción

Sin proyectos ni presupuesto

LABOR SOCIAL DE LA IGLESIA TESTIMONIO DE UN EXPRIVADO DE LIBERTAD TRABAJO PARA LOS PRESOS

INFRAESTRUCTURA CARCELARIA

DEFENSA PÚBLICA

Con paredes de adobe y desgastadas por el tiempo es como luce la cárcel de Arani. Hoy el recinto alberga al ex director de Régimen Penitenciario, Dennis Mejía. . | José roCha

L a r e a l i d a d p e n i t e n c i a r i a además de ser un problema in-visible se caracteriza por agra-var las condiciones de vida de los internos debido a que las cárceles en muchos casos son antiguas casonas que se habi-l i taron para la detención de a nt i s o c i a l e s . E n Co c h a b a m b a existen penales en Quil lacollo y S acaba. Pero, además, una carceleta en Arani de peque -ñ a s d i m e n s i o n e s y s i n r e s -g u a r d o p o l i c i a l . Ta m b i é n s e t i e n e n r e p o r t e s d e r e c i n t o s q u e r e ú n e n l a s c o n d i c i o n e s m í n i m a s e n I n d e p e n d e n c i a , Aiquile y Tiraque.

Las carceletas fueron creadas para los presos por delitos de abigeato y hechos menores. Sin embargo, en el último tiempo se las utiliza arbitrariamente para detenidos de narcotráfico que pueden fugarse con total facili-dad. En tanto que las cárceles, ubicadas en la región metropo-l itana, fueron acondicionadas para delitos predominantes y graves como el asesinato.

La carceleta de Arani se en-cuentra a tres cuadras de la pla-za, no tiene policía y está al cui-dado de un funcionario de Régi-men Penitenciario.

Los vecinos denunciaron que los reclusos salían por las no-

c h e s p a ra d e l i n q u i r, a d e m á s otros se fugaron. El anterior go-bernador fue detenido tras la fuga de un “narco” conocido co-mo “Cambita”. Recién, después, de este hecho el nuevo encarga-do mejoró la seguridad del lu-gar elevando la pared y colocan-do alambres de púas.

El penal de San Pablo de Qui-l lacol lo fue construido sobre una super ficie aproximada de 500 metros cuadrados. Aunque el lugar tiene una capacidad pa-ra 110 presos, hay más de 346. Es decir, que el hacinamiento llega al 314 por ciento.

La publicación “Realidad Pe-nitenciar ia” del exdirector de Régimen Penitenciar io, Tomás Molina, refleja que en este pe-nal también están recluidas 30 mujeres junto a 23 niños, en condiciones insalubres e inhu-manas. A ello se suma que la in-fraestructura está a punto de desplomarse.

El panorama en el penal de San Pedro de Sacaba es similar. Su capacidad real es de 110 re-clusos. Sin embargo, la pobla-ción carcelaria aumentó a: 157 reclusos en 2006; 250 en 2011 y 225 en 2014. La cárcel también alberga a 32 niños y 29 mujeres. Las protestas por e l hacina-miento son constantes.

La mayoría de los detenidos del trópico de Cochabamba son trasladados a San Pedro.

ClasificaciónAunque la Ley 2298 de Ejecu-

ción de Penas establece la nece-sidad de clasificar a los inter-nos al menos en preventivos y con sentencia, el hacinamiento y la posible conformación de re-des de extorsión conformadas

por jueces, fiscales y funciona-rios ha hecho que esta disposi-ción se incumpla.

Lo que en real idad sucede con el lugar de destino de los detenidos es que ya no se toma en cuenta el delito; sino, el ha-cinamiento del recinto. Es por ello que ahora se envía a cual-quier delincuente y con delitos menores a una cárcel de máxi-ma seguridad.

ESPECIAL CÁRCELES

B10 Los Tiempos | CoChabamba | año 2014 | Domingo | 28 De sepTiembre

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La crisis de la justicia ha co-menzado a impactar con mayor fuerza en las cárceles. En tanto que la falta de un presupuesto adecuado no hace más que agu-dizar los problemas en los tri-bunales y en las prisiones. An-te este panorama, investigado-res como el exdirector de Régi-men Penitenciario, Tomás Mo-l ina, expresaron su preocupa-ción por una eventual demanda contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por some -ter a los presos a condiciones infrahumanas.

Las cárceles se han converti-do en depósitos humanos: no t ienen infraestruc tura , no se hace una clasificación de pre-sos, no hay programas eficien-tes de rehabilitación y no hay policías especializados en segu-ridad penitenciaria. El panora-ma se complica ante la existen-cia de una política de criminali-dad deficiente. Además, de una cultura “punitiva” o de castigo.

El decano de la Facultad de Ciencias Jur íd icas y Pol í t icas de la UMSS, Freddy Arce, enfa-tizó que la inversión pública en la administración de justicia as-ciende al 0,7 por ciento. Entre-

tanto, en otros países bordea el 5 por ciento. Según Arce, con m á s r e c u r s o s e x i s t i r í a n m á s jueces y no habría mora judi-cial. Por lo tanto, se reduciría el hacinamiento.

Al respecto, el exdirector de Régimen Penitenciario y exper-to en la administración peni-tenciar ia , Tomás M ol ina , d i jo que el presupuesto para el fun-cionamiento de las cárceles es d e “s o b r e v i v e n c i a”. R e m a r c ó que a pesar que Bolivia cuenta con una de las legislaciones pe-nitenciar ias “más modernas y avanzadas del planeta”, como el Código de Procedimiento Pe-nal, todavía hay penales de “la edad media”.

Expl icó que la Ley 2298 de Ejecución Penal y Super visión establece la existencia de cua-tro tipos de cárceles para la si-guiente clasificación: condena-dos, imputados o preventivos, e n f e r m o s y m e n o r e s d e 2 1 a ñ o s . Ad e m á s, d e b e n c o n t a r c o n c o n d i c i o n e s “ m í n i m a s ” para la rehabi l i tación con ta-lleres de trabajo, áreas de estu-dio y campos depor t ivos. S in embargo, éstas no existen.

Las deficiencias se traducen en que Cochabamba cuenta con

la mejor y la peor cárcel del país. Por un lado, está El Abra con una infraestruc tura apta para la detención de los inter-nos más peligrosos. Y, por otro lado, se encuentra el penal de Sacaba, considerado el peor.

A ello se suma que la inver-sión para la alimentación de re-clusos es de 6 bolivianos al día. En contraposición, Chile gasta 12 dólares. “En esas condicio-nes: cómo se puede rehabilitar a un preso con el estómago va-cío”, cuestionó Molina.

El exdirector de Régimen Pe-nitenciar io manifestó que los policías que van a resguardar las cárceles l legan porque es-tán castigados. Por esa razón, también se generan redes de e x t o r s i ó n y c o r r u p c i ó n q u e operan con impunidad.

Otra observación es que los penales aún estén bajo la admi-n i s t r a c i ó n d e l M i n i s t e r i o d e Gobierno y no del de Justicia y Derechos Humanos como esta-blece la Ley 2298.

De acuerdo con el decano de D erecho y C ienc ias Pol í t icas , la cr is is en las cárceles es un r e f l e j o d e l a c r i s i s j u d i c i a l . Precisó que al no exist i r una c las i f icac ión de inter nos, los

recintos son espacios donde se m e j o ra n l a s “ h a b i l i d a d e s d e -lincuenciales”.

“Código parchado” A pesar de que el Código de

Procedimiento Penal , v igente desde 2001, es considerado un “m o d e l o” n o r m a t i v o, M o l i n a opinó que es ajeno a la realidad bol iv iana y “ex tremadamente garant ista”. Además, t iene a l menos 100 modificaciones por lo cual “los penalistas no saben qué artículos están vigentes y cuáles no”.

Se trata de un “código parcha-do” que genera retardación y mora judicial. Esto se traduce en que de los 14.572 presos exis-tentes en el país hasta mayo de 2013, el 86 por ciento (13.145) no t iene sentencia e jecutor iada. Para Molina, la solución al ha-c i n a m i e n to p a s a p o r a p l i c a r manil las electrónicas de vigi -lancia u otras medidas de con-trol alternativas a la detención. Sin embargo, la propuesta está paralizada desde hace dos años. A ello se suma que su aplica-ción requiere de la inversión de recursos económicos del Estado y de los reclusos que tienen que aportar al mantenimiento.

La crisis de la justicia impacta en detenidos

EL EXDIRECTOR DE RÉGIMEN PENITENCIARIO, TOMÁS MOLINA, PIDE APLICAR MANILLAS ELECTRÓNICAS

La cárcel de San

Sebastián varones, que antes fue un hospital y un

cuartel.

El penal de San Pablo de Quillacollo,

donde predo-minan los

trabajos de carpintería.

La fachada de la cárcel

de San Pedro en Sacaba.

El abogado en derecho penal y cr iminología, Renato Pardo, señaló que las cárceles en Co-chabamba y el resto del país se han convertido en “escuelas de criminalidad”. Pues, al interior de ellas convive una población heterogénea de presos que in-gresaron por conductas delicti-vas leves hasta graves, como violadores en serie. Ello ocasio-na que en vez de rehabilitarse se c o n v i e r t a n e n “d e l i n c u e n t e s profesionales”.

Expl icó que los presos que entran a los penales en lugar d e r e a d a p t a r s e s e “p r i s i o n i -zan”; es decir, adoptan conduc-tas cr iminales internas y des-estructuran los valores adqui-ridos en la sociedad, escuela y familia. Añadió que por otro la-do, se gestan nuevas formas de cr iminalidad que involucran a policías, autoridades guberna-mentales y delegados de los pe-nales, quienes en ar ticulación detentan mayor poder.

También indicó que las cárce-les modelo como El Abra “no es la solución” debido a que la mis-ma busca el aislamiento y la so-ledad, contrarias a la naturaleza “gregaria” de todo ser humano. Como resultado “la persona se enferma y se vuelve loca”.

Ante ello, propuso abrir las cárceles a la sociedad civi l y promover los arrestos domici-

liarios, de fin de semana, noc-turnos y no aplicar la reclusión para penas cortas y delitos le-ves. Además, de establecer tra-bajos comunitar ios y “redef i -nir ” los conceptos de reinser-ción social con trabajo y educa-ción. Sin embargo, otro de los factores que alienta la presencia de reos en las cárceles radica en la cultura punit iva. Las víct i -mas buscan el castigo y no otro tipo de rehabilitación de las per-sonas.

Penales son “escuelas de criminalidad”LAS POLÍTICAS DE REHABILITACIÓN SON MÍNIMAS Y TAMPOCO SE HACE LA CLASIFICACIÓN DE INTERNOS

URGE UNA POLÍTICA CRIMINAL EFECTIVA

El abogado Renato Pardo enfatizó en la deficiente política criminal en el sistema penitenciario. Instó a las autoridades a crear una de tipo diferenciada por regiones y según la natura-leza de los delitos. Ello debido a que en Bolivia predominan las lesiones y el uso de la violencia con un 35 por ciento. Sólo en Cochabamba existe mayor tendencia a los robos. Propuso otorgar mayor atención a los delitos como el crimen organiza-do con todas las redes de tráfico, corrupción y terrorismo puesto que “generan mayor daño social”. En cambio, las faltas y contravenciones se deben tratar administrativamente.

OPINIONES SOBRE LA REALIDAD CARCELARIA

Ya es hora de que el Estado otorgue más presupues-to al sistema penitenciario, que se descentralicen las cárceles y dependan de los gobiernos departamen-tales y que se establezca una Policía penitenciaria especializada (…) Con estas nuevas leyes que han sido importadas y no reflejan nuestra realidad, ha empeorado la situación no solamente de los presos, sino de la justicia. La justicia está sufriendo uno de los momentos más dramáticos de su historia.

En Bolivia tenemos una cultura punitivista del con-flicto. El delito es un conflicto. Hay que cambiar esta mentalidad y decirlo sin rodeos. No hay sociedad sin delito. Es más, hay hipótesis de trabajos que sostie-nen que la seguridad en el futuro será una obsesión (...) En nuestro país no existen políticas criminales, deberían definirse como delitos, faltas y contraven-ciones. Eso descongestionaría el sistema. Nos avoca-ríamos a tratar más los delitos.

Tomás moLina, exDireCTor De régimen peniTenCiario

renaTo parDo, experTo en DereCho penaL y CriminoLogía

El problema carcelario es una consecuencia de todo lo que hace al sistema judicial. Este problema es parte de uno mayor que es la crisis del sistema judicial o de la admiración de justicia en Bolivia (...) Si bien la ley de ejecución de penas y toda normativa relativa a cárce-les establece la necesidad de clasificación de presos por delitos, hoy no ocurre esto y por lo tanto hay una suerte de escuela del crimen al interior (...) La cárcel en vez de ser un espacio para avanzar a la reinserción social, termina siendo un lugar donde se mejoran las actividades delincuenciales.

FreDDy arCe, DeCano FaC. De CienCias JuríDiCas y poLíTiCas umss

“La justicia sufre uno de los momentos más dramáticos”

“En Bolivia prima la cultura puniti-vista y no existe política criminal”

“Sin clasificación de presos, la cárcel es una escuela del crimen”

de los presos en Bolivia; es decir 13.145, no cuenta con sentencia. Entre tanto, sólo el 14 por ciento, que correspon-de a 1.730 tiene sentencia, según el investigador de la problemática, Tomás Molina.

REOS SIN SENTENCIA

86%de los delitos predominantes en Bolivia durante 2012 corresponde al narcotráfico con la Ley 1008. Le sigue, los robos con 23 por ciento; viola-ciones con 17; asesinatos con 8 y homicidios con 5.

DELITOS

27%

110 PRESOS MURIERON EN LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS

Una investigación del exdirector de Régimen Penitenciario, Tomas Molina, plasmada en el libro titulado: “Realidad Carcelaria” da cuan-ta que, entre el 2000 y 2010, 64 internos murieron en condiciones violentas en las cárceles de Bolivia. A ello se suma que entre el 2001 y 2014, el número total subió a 110 en el país.

Sólo en la primera década, tres fallecieron en el 2000; 12, en 2001; tres, en 2002; ocho, en 2003; cinco, en 2004; seis en 2005; ocho, en 2006; cinco, en 2007; seis, en 2008; cinco en 2009 y seis en 2010. Entre tanto, cuatro en 2012; 35, en 2013 y cuatro en 2014

La matanza de 35 reos y un niño de 18 meses en la cárcel de máxi-ma seguridad de Palmasola en Santa Cruz, ocurrida el 23 de agosto de 2013, se convirtió en el hecho más trágico de la historia peniten-ciaria en Bolivia. En la ocasión el bloque B de presos arremetió con-tra el A por una pugna de poder. La “guerra” al interior del área denominada “Chonchocorito” fue protagonizada por los reclusos considerados “más peligrosos”. Estos utilizaron garrafas, armas coto-punzantes, botellas con gasolina y armas de fuego para pelear. Como resultado, un porcentaje de ellos falleció calcinado. Posteriormente, la cárcel de máxima seguridad de El Abra en Cochabamba fue escenario, el 14 de septiembre, de una matanza por una pugna de poder que derivó en la muerte de cuatro reos y 11 heridos por armas de fuego y armas cortopunzantes.

Una requisa en la cárcel de El Abra, luego de la matanza en el penal. | José roCha