BOLETIN Nº 663

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 09 al 15 de febrero 2013

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INDICE

01. RAJOY: “NO HE CUMPLIDO CON MIS PROMESAS PERO HE CUMPLIDO CON MI DEBER” 02. RAJOY PIDE A LOS SUYOS NO ENTRAR EN “JUEGOS Y ENREDOS” POR EL ‘CASO BÁRCENAS’ 03. RAJOY RECTIFICA Y ANUNCIA QUE LOS PARTIDOS SE SOMETERÁN A LA LEY DE TRANSPARENCIA 04. RUBALCABA A RAJOY: “LE PIDO QUE RENUNCIE, QUE LO DEJE, QUE DIMITA” 05. RAJOY SE DECLARA “INCAPAZ” DE LEER SUS NOTAS ANTE LA SELECCIÓN DE BALONMANO 06. EL PRESIDENTE PAGÓ A HACIENDA EL 38,9% DE LAS RENTAS OBTENIDAS DESDE 2003 07. COSPEDAL DICE QUE EL SUELDO DE RAJOY SUBIÓ UN 27% POR “PLUSES ELECTORALES” 08. LA REFORMA LABORAL NAUFRAGA 09. EL PP PAGÓ A BÁRCENAS UNA CANTIDAD FIJA AL MES HASTA DICIEMBRE DE 2012 10. SIETE IMPUTADOS EN EL ‘CASO GÜRTEL’ REGULARIZARON CASI DIEZ MILLONES DE EUROS 11. MATO: “EN NINGÚN MOMENTO ME HE PLANTEADO PRESENTAR LA DIMISIÓN” 12. EL PP DESPIDE AL EX MARIDO DE MATO Y TRATA DE PROTEGER A LA MINISTRA 13. MÁS DE 350 DIPLOMÁTICOS FIRMAN CONTRA LA LEY DE ACCIÓN EXTERIOR 14. TODA LA OPOSICIÓN SE ALÍA CONTRA LOS TELEDIARIOS DE TVE 15. C.A GALICIA: FEIJÓO PIDE LA CONFIANZA CIUDADANA Y PROTEGE A SU ALTO CARGO PROCESADO 16. C.A. GALICIA: LA OPOSICIÓN EXIGE EL CESE DEL SUPERDELEGADO DE OURENSE “POR CORRUPTO” 17. C.A GALICIA: EL JUEZ ORDENA EL PROCESAMIENTO DEL ‘SUPERDELEGADO’ DE LA XUNTA EN OURENSE 18. C.A GALICIA: LA CORRUPCIÓN ASEDIA AL PP DE SANTIAGO 19. C.A MADRID: AGUIRRE A LA ALCALDESA: “ANA, DI LA VERDAD: ¿TE REGAÑÉ YO A TI O TÚ A MÍ?” 20. C.A MADRID: GONZÁLEZ PUBLICARÁ SU RENTA, PERO SE OPONE A LA “CAZA Y CAPTURA” A POLÍTICOS 21. C.A MADRID: EMPLEADOS DEL ‘NÚMERO DOS’ DE LA CEOE DENUNCIAN QUE LES PAGA CON DINERO NEGRO

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22. C.A MADRID: EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADMITE QUE “DONÓ” 120.000 EUROS A LA FUNDACIÓN DE URDANGARIN 23. C. VALENCIANA: EL PP CIERRA FILAS CON MILAGROSA MARTÍNEZ Y LA MANTIENE EN LA ALCALDÍA 24. C. VALENCIAN: EL TRIBUNAL DE CUENTAS DESMONTA LA DEFENSA DE BARBERÁ EN EL ‘CASO NÓOS’ 25. C.VALENCIANA: EL JUEZ ACORRALA AL EXGERENTE DE EMARSA AL INTERROGARLO POR SOBORNOS

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01. RAJOY: “NO HE CUMPLIDO CON MIS PROMESAS PERO HE CUMPLIDO CON MI DEBER”

El presidente garantiza que Cataluña seguirá en España: “No se preocupe usted que sí”

El líder del PP defiende el modelo bipartidista español: “Aquí no hay partidos estrafalarios”

Siete mensajes del presidente Mariano Rajoy está tan poco acostumbrado a responder preguntas de un periodista con normalidad, que el hecho de que lo haga se convierte de inmediato casi en un acontecimiento. El presidente ha aceptado una especie de breve entrevista con preguntas muy directas del editor de The Economist para América, Michael Reid, en la que han salido todos los asuntos importantes de la política española de los que Rajoy apenas habla sobre todo porque prácticamente no concede entrevistas. Y en un tono relajado, más didáctico que de costumbre al tratarse de un periodista extranjero, en unas jornadas organizadas por el prestigioso semanario, el presidente ha lanzado sus opiniones políticas de fondo que dibujan bien su visión de asuntos clave. Para empezar, el de la corrupción y la crisis política. Rajoy sigue sin pronunciar la palabra “Bárcenas”, y no ve la necesidad, que le planteaba el periodista siguiendo el modelo británico, de una investigación parlamentaria o independiente al margen de la judicial. “Yo ya he encargado una investigación interna en el PP”, se limita a señalar. Sobre la crisis política, Rajoy no ve en crisis el bipartidismo en España, es más, cree que es muy positivo. “España tiene la suerte de no tener como en otros países de la UE partidos estrafalarios”, ha señalado para explicar que aquí no hay formaciones importantes de extrema derecha, o antieuropeístas, o antipolíticas como se le llama en Italia al Movimento Cinque Stelle de Beppe Grillo. Rajoy se congratula de ello, y no cree que el bipartidismo esté tan en crisis como se plantea. “Todas las encuestas siguen situando al PP como el primer partido y al PSOE como el segundo. Ambos nos hemos alternado desde 1977, porque el PP de hoy es como la UCD de entonces. Un país que no tiene grandes partidos puede caer en derivas no deseables. España es estable. La situación de los partidos es razonable”. Rajoy dibuja así una visión que relativiza la crisis política de la que hablan todos los analistas, aunque sí se ofrece a mejorar cosas, y asegura que anunciará reformas en el debate del Estado de la nación. “Estoy dispuesto a modificar cosas para hacer los partidos más transparentes, a cambiar cosas en el Tribunal de Cuentas, aunque este no es un problema de leyes sino de cumplimiento de leyes”, señala. Pero insiste: “España es un país serio, con controles, las instituciones funcionan”. El presidente, en esa línea de estabilidad y de defensa del sistema, también apuesta por no tocar la ley electoral, ya que el periodista le planteaba si no habría que pensar en alguna fórmula para que las cúpulas de los partidos no controlen tanto todas las decisiones. “Es una ley que se hizo en 1977 para buscar el consenso entre gente que venía del exilio y gente que había sido ministro de Franco. Con ella ha gobernado la UCD, el PSOE con mayoría y sin ella, y el PP con mayoría y sin ella. Yo nunca modificaré una ley electoral por mayoría, tendría que ser con un amplio consenso”. El presidente, ya relajado, ha hecho un esfuerzo de sinceridad también al hablar de su primer año en el Gobierno y de la manera en que ha roto sus promesas. “Yo me presenté con un programa electoral en el que prometía que no iba a subir los impuestos. Y probablemente he incumplido esa promesa. Bueno no, probablemente no. He incumplido mis promesas, pero al menos creo que he cumplido con mi deber”, señaló tras explicar que gracias a esas decisiones ha conseguido mejorar la recaudación y por tanto controlar el déficit público. Rajoy también ha hablado con tranquilidad de Cataluña. Hasta el punto de que ha trasladado, tal vez pensando en la audiencia internacional, su seguridad de que no se va a separar de España. El presidente rechazaba la idea de cambios constitucionales –“Hay que mantener algo que nos unió a todos, no creo que haya un sistema más descentralizado que España en todo el

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mundo”-, y el periodista le preguntó. ¿Y con este sistema va a poder mantener a Cataluña en España? “Si, no se preocupe usted que sí”, ha contestado con firmeza Rajoy. El presidente ha trasladado la idea de que la ola independentista no es mayoritaria. “Con Cataluña nos une todo. Tengo la convicción de que la inmensa mayoría de los catalanes quieren que sigamos como estamos actualmente, no veo por qué se quiere privar a los catalanes de España. No creo que la mayoría lo quieran”. Rajoy ha admitido, eso sí, que “otros quieren otras cosas”, en referencia a Artur Mas y su pacto con ERC que promueve un referéndum soberanista en 2014. El presidente ha descartado esa opción sin mencionarla. “Hay procedimientos para eso. Si alguien quiere cambiar la Constitución puede hacerlo pero respetando las leyes. Hay un procedimiento, pero se necesitan los votos”. La oposición del PP, con su mayoría absoluta, hace inviable esta opción. “Yo estaré siempre abierto al diálogo, en breve tendré una conversación con Artur Mas [es inminente su cita en La Moncloa], pero solo hay una cosa que no se me puede pedir. Yo no puedo incumplir la ley”. El presidente, en presencia de banqueros como Francisco González (BBVA) o empresarios como Antoni Brufau (Repsol) no ha ofrecido novedades en su discurso económico previo a las preguntas pero sí ha querido lanzar el mensaje de que ya está cambiando la percepción de España en los mercados y varios datos, sobre todo los de balanza comercial y la marcha del sector del automóvil, indican que la tendencia está girando. Rajoy solo ofreció novedades en las preguntas, aunque no quiso aceptar que pudiera hacérselas cualquiera de los presentes, entre ellos los periodistas españoles. Abrir el debate es lo habitual en este formato de las jornadas de The Economist y es lo que harán el resto de ponentes en las jornadas. Pero él pidió y logró que solo le hiciera preguntas el periodista Reid. Aún así, el resultado fue algo parecido a esas entrevistas de las que Rajoy tanto huye y reflejó varios aspectos novedosos de su análisis político que normalmente él no plantea en sus discursos siempre controlados y sin posibilidad de preguntar. Los titulares del presidente

Reformas: “El afán reformista ni se distrae, ni flaquea ni se agota". "Hemos hecho mucho pero no es suficiente" y "aún queda mucho camino por recorrer.

Reforma laboral: "Ya están dejando ver su efecto en la economía española"

Desempleo: "Una cuarta parte de los empleos perdidos es del sector público"

Cataluña: "Con Cataluña nos une todo”. “De ninguna manera se me puede pedir que incumpla la ley".

Reforma de la Constitución: "Hay que saber para qué la queremos reformar"

Corrupción: "España es un país con controles, que tiene ahora sus dificultades económicos, tiene también sus problemas políticos, pero España es un país serio que ha mejorado muchas cosas en los últimos años"

Economía: "Las previsiones, compartidas por organismo internacionales, anticipan que en la última parte de 2013 la economía registrará tasas de crecimiento del PIB".

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/12/actualidad/1360655666_833015.html 02. RAJOY PIDE A LOS SUYOS NO ENTRAR EN “JUEGOS Y ENREDOS” POR EL ‘CASO BÁRCENAS’

"Lo que se está diciendo es falso", asegura el presidente del Gobierno

Floriano defiende que el partido no ocultó el vínculo con el ex tesorero No es el momento para "entrar en juegos y enredos" por el caso Bárcenas. Este ha sido uno de los mensajes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a los parlamentarios del Grupo Popular reunidos a puerta cerrada esta tarde en el Congreso de los Diputados. Aun sin mencionar el nombre del ex tesorero, el jefe del Ejecutivo ha defendido que "lo que está diciendo estos días es falso" y ha reiterado que su partido ya ha hecho mucho para hacer

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frente a la corrupción. La petición de Rajoy a los suyos, a los que anunciado que también abordará estos "temas que se recogen en los medios" en el Debate sobre el Estado de la Nación que se celebra los días 20 y 21 de febrero, se produce tras desvelarse que Bárcenas recibió una cantidad mensual hasta el pasado diciembre pese a estar supuestamente "despedido" desde 2010. En medio del silencio general, por la mañana había sido el número tres del PP, Carlos Floriano, el encargado de ponerle voz al comunicado difundido a primera hora de la mañana por la dirección del partido sobre el vínculo que mantuvo hasta diciembre con el ex tesorero, Luis Bárcenas. "Lo único que tenemos que decir es que se rompió la relación laboral con el señor Bárcenas, hubo un acuerdo como pasa en muchas empresas, un pago aplazado en partes, mensualmente", ha señalado el vicesecretario de Organización del partido antes de asegurar: "Es lo que hay, no hay nada más". El dirigente popular ha esgrimido, además, como argumento de transparencia, que el PP le pagó la Seguridad Social. "Fíjese qué mayor ejercicio de querer ocultar nada, que sigue estando dado de alta en la Seguridad Social", ha defendido el dirigente popular. "Este señor estaba despedido, y como toda persona que a la que se despide se le paga indemnización", ha proseguido al intentar restar importancia a esa cantidad que el extesorero que acumuló hasta 22 millones en cuentas suizas cobró hasta hace dos meses. "Es una manera de acordar, en muchas empresas se paga prorrateado", ha mantenido Floriano, el único cargo del PP que esta mañana, en los pasillos del Congreso de los Diputados, ha pronunciado el nombre de Bárcenas en público. Antes de él, nadie había querido nombrar al ex tesorero. Los ministros y cargos parlamentarios del PP que esta mañana asistían al Pleno del Congreso han evitado las cámaras y cualquier tipo de declaración sobre el que fue responsable de las cuentas del partido durante casi 20 años como gerente y tesorero. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha salido del hemiciclo en un abrir y cerrar de ojos. Otros miembros del Ejecutivo tratan de no pronunciarse al respecto, al argumentar que se trata de un asunto interno del partido. En cualquier caso, tanto las palabras de Floriano como las conversaciones privadas reflejan un argumentario que, además de confirmar los pagos, hace hincapié en el despido de Luis Bárcenas, que en 2010 solicitó reintegrarse a su puesto "en las oficinas centrales del PP" y en el acuerdo "mutuo" de una indemnización que "se abonará en diferido mediante un pago mensual hasta diciembre de 2012, con el abono por parte de la empresa de las cotizaciones sociales durante el período de abono del citado finiquito". El partido insiste en que desde ese momento dio por "saldada y finiquitada" la relación laboral con el extesorero, que aseguran no volvió a realizar "ningún trabajo desde aquel momento para el Partido Popular". Aun así, Luis Bárcenas, tuvo un trato preferente en la sede nacional, en la calle de Génova, 13 de Madrid, hasta mediados de enero, donde contaba una sala para sus documentos y entrada libre en las oficinas centrales. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/13/actualidad/1360755405_228152.html 03. RAJOY RECTIFICA Y ANUNCIA QUE LOS PARTIDOS SE SOMETERÁN A LA LEY DE TRANSPARENCIA El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha anunciado esta mañana que los partidos políticos se someterán a la Ley de Transparencia, pese a que el proyecto elaborado por el Gabinete de la vicepresidencia los excluía. "Promoveré que los criterios de la ley se aplique a los partidos", ha dicho el presidente. Asediado por los casos de corrupción, y especialmente por el caso Bárcenas, Rajoy ya anunció ayer que, en los próximos días, propondría nuevas medidas para luchar contra la corrupción. Hoy ha seguido la senda que ya marcaron el portavoz del grupo popular, Alfonso Alonso, y la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de aceptar la inclusión de los partidos en

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la nueva norma, después de que el PSOE hiciera pública su intención de pedir que las formaciones se sometieran también a la ley. “Si algún Gobierno ha tomado medidas, es este”, ha afirmado Rajoy en el Congreso, después de alabar su iniciativa de hacer públicas sus declaraciones de renta y patrimonio, al igual que el resumen de las cuentas del PP. “No son Administraciones públicas”, alegó en su día Santamaría para justificar la exclusión de los partidos de la Ley de Transparencia pese a que el 80% de sus presupuestos proceden de subvenciones públicas. La inclusión de los partidos podría hacerse con un régimen especial, ya que los fondos de las formaciones no son exclusivamente públicos. Una de las posibilidades para su sometimiento a la transparencia podría ser la obligación de publicar sus cuentas incluso antes de que sean sometidas a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Desde 2007, las donaciones anónimas están prohibidas, pero tampoco son publicadas. Desde diciembre de este mismo año, cuando se reformó la Ley de financiación de partidos, además, están limitadas. Los expertos que han pasado ya por la Comisión Constitucional en la que se debate la ley planteada por el Gobierno han apostado, en la mayoría de los casos, por someter a los partidos a un mayor control. El presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, así lo expuso, al igual que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, que ayer mismo admitió que, pese a haber mejorado, los instrumentos de los que dispone para contrastar la información facilitada por los partidos son insuficientes. Álvarez de Miranda apostó, en cualquier caso, por una solución intermedia, como es la de incorporar criterios de transparencia en la propia regulación de los partidos. Aún así, señaló que el sometimiento de las formaciones a la nueva es cuestión de "voluntad política". http://politica.elpais.com/politica/2013/02/13/actualidad/1360745698_307835.html 04. RUBALCABA A RAJOY: “LE PIDO QUE RENUNCIE, QUE LO DEJE, QUE DIMITA” El presidente exige al líder del PSOE que publique las cuentas del partido y su IRPF El 19 de abril de 1994 José María Aznar pronunció en el Congreso de los Diputados su célebre frase: “¡Váyase, señor González!”, incluida en un duro alegato con el que acusó al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, de no hacer nada frente a la profusión de escándalos de corrupción ni ante una incipiente crisis económica. Este miércoles, casi 19 años después, Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo una intervención muy similar ante el pleno para solemnizar su petición de dimisión a Mariano Rajoy. “Pienso que usted no está en condiciones de abordar esta crisis política porque está usted lastrado por los recortes sociales, por los retrocesos sociales que ha impuesto al conjunto de los españoles, por la ruptura de los consensos sociales que usted no contó en la campaña electoral y por la falta de reacción ante los casos de corrupción. Por eso, señor Rajoy, le pido hoy aquí, en esta Cámara, que renuncie, que lo deje porque usted no puede resolver la crisis política que tiene hoy España y que usted mismo ha creado. Le pido, señor Rajoy, que dimita porque creo que es lo mejor para España y para los españoles”, dijo el líder del PSOE. En 1994 había un Gobierno muy débil y casi en fase terminal tras 12 años en La Moncloa. Ahora el Ejecutivo tiene una mayoría absoluta lograda hace apenas un año y medio, el partido en el poder está afectado por casos notables de corrupción y la crisis económica es infinitamente mayor que la de entonces. La otra diferencia fundamental es de contexto: Aznar eligió la expectativa y los focos de un debate sobre el estado de la nación, mientras que Rubalcaba ha tirado en una sesión menor de control al Gobierno la bomba atómica que los líderes de la oposición se reservan como máximo para una sola vez en cada legislatura. El efecto se reduce así al mínimo y se banaliza la petición de dimisión del presidente del Gobierno. El líder del PSOE ha querido repetir lo que no ocurría desde hace 19 años, pero con la limitación de una breve pregunta al presidente, en lugar de esperar a la celebración, la próxima semana, del debate sobre el estado de la nación. La petición no ha tenido el empaque de

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entonces, pero Rubalcaba ha conseguido que el título de su intervención de la próxima semana no sea la petición de dimisión. El secretario general del PSOE, con la limitación de los dos minutos de las preguntas parlamentarias, vistió la petición con los incumplimientos de Rajoy y con la ruptura de consensos en la educación y la sanidad. La respuesta del presidente fue, obviamente, negarse a renunciar y escudarse en un arma que estos días le funciona al PP para contrarrestar al PSOE: la resistencia de los socialistas a imitar a Rajoy y hacer públicas sus declaraciones de la renta. “Haga usted exactamente el mismo ejercicio de transparencia que he hecho yo con las cuentas de mi partido político y también con las mías. Y, cuando lo haga, a lo mejor tiene autoridad moral para decir algo. Mientras no lo haga, no la tiene”, le respondió a Rubalcaba. Con eso y con las medidas contra la corrupción y para reactivar la economía quiere llegar Rajoy la próxima semana a su primer debate sobre el estado de la nación. El Gobierno asegura estos días que la petición de dimisión que ha hecho Rubalcaba les supone un cierto blindaje, porque lo ha hecho de forma prematura, lo que hace que no sea creíble que vuelva a pedirlo por otro asunto que pueda surgir. Incluso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habitual protagonista de la inmensa mayoría de las trifulcas en el Congreso, se revolvió contra las peticiones de dimisión y retó al PSOE desde la tribuna a presentar una moción de censura contra Rajoy, en lugar de insistir en la petición de dimisión. Antes, el presidente del Gobierno, en respuesta a Rosa Díez (UPyD), se defendió de las acusaciones de corrupción anticipando una medida que tenía previsto anunciar la próxima semana: la extensión a los partidos de la Ley de Transparencia. Díez pidió que la norma se extienda a la Casa real y a “todos los que reciban subvenciones públicas”. Joan Coscubiela, portavoz de ICV, se sumó a la petición de dimisión de Rajoy por ser “un presidente bajo sospecha”, pero añadió la exigencia de convocatoria de elecciones generales a la que el PSOE ni se asoma siquiera. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/13/actualidad/1360741050_287675.html?rel=rosEP 05. RAJOY SE DECLARA “INCAPAZ” DE LEER SUS NOTAS ANTE LA SELECCIÓN DE BALONMANO Recepción en La Moncloa a los jugadores de balonmano que ganaron el mundial a los que llegó a llamar "selección española de fútbol" El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, improvisó un discurso en la recepción que ha celebrado hoy en La Moncloa a la Selección Española de Balonmano tras proclamarse campeona del mundo el pasado 27 de enero. "Yo también tenía unas notas pero voy a hacer lo mismo que el presidente de la federación, Juan de Dios Román, entre otras cosas porque soy incapaz de entenderlas", ha dicho ante el combinado nacional, al que en un momento se ha llegado a referir como "la selección española de fútbol". http://politica.elpais.com/politica/2013/02/11/videos/1360606709_983953.html 06. EL PRESIDENTE PAGÓ A HACIENDA EL 38,9% DE LAS RENTAS OBTENIDAS DESDE 2003 El Patrimonio de Rajoy crece entre 2003 y 2007 por la evolución de la Bolsa El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pagado a la Agencia Tributaria 840.131,43 euros por las rentas obtenidas desde 2003. Esta cantidad supone un 38,9% de todas sus rentas, en línea con lo que pagaría cualquier ciudadano con su nivel de ingresos, que ascienden en ese periodo a cerca de 2,2 millones de euros, según los nueve resúmenes de la declaración del impuesto sobre la renta presentadas ayer. El presidente del Ejecutivo abona otros 30.161 euros por el impuesto sobre el Patrimonio entre 2003 y 2007, periodo en el que era obligatorio pagar ese tributo. Como Mariano Rajoy tiene el

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domicilio fiscal en Madrid, la única comunidad que sigue sin aplicar el impuesto de Patrimonio, tampoco ha tenido que pagarlo en los últimos ejercicios fiscales. El grueso de los ingresos que ha percibido el presidente en los últimos 10 años proviene del PP (1,39 millones). Aunque también percibe rentas por el alquiler de una vivienda, dividendos de acciones e intereses de fondos de inversión y por sus cuentas corrientes. Un vistazo a las cinco declaraciones del impuesto de Patrimonio presentadas por Rajoy revelan un importante incremento debido supuestamente al aumento de la cotización del valor de las acciones en su poder. El valor de los inmuebles varía en función del valor catastral, pero el valor de los títulos con cotización y fondos de inversión de Rajoy pasa de 428.276 euros en 2004 a 701.609 euros en 2007, años en los que la economía española crecía a niveles récord por el boom inmobiliario (en ese periodo el Ibex se revalorizó cerca de un 150%). Como en los años siguientes el presidente no tuvo la obligación de presentar declaraciones por este impuesto se desconoce si sufrió pérdidas patrimoniales por la depreciación en el valor de las acciones en su poder. Llama la atención la liquidez de la que dispone el presidente (en 2007 tenía 231.527 euros en depósitos y cuentas corrientes), aunque según varios asesores fiscales consultados, es normal debido a su nivel de renta. No obstante, la información fiscal sobre el presidente del Gobierno colgada en la página web de La Moncloa no es la declaración completa del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto del patrimonio sino "certificados resumen de las declaraciones anual" de la Agencia Tributaria. Un análisis más exhaustivo de la información revela un importante aumento de sus rentas en el ejercicio fiscal 2011. Ese año el presidente del Gobierno publica un libro por el que percibe 163.305 euros, que lo declara en el epígrafe "rendimientos de actividades económicas". El año anterior obtiene 5.528 euros por la recapitalización de un seguro, según el certificado del año 2010. El presidente aprovecha las desgravaciones previstas en el IRPF. Aunque no se deduce por la adquisición de vivienda habitual, sí lo hace por las aportaciones a planes de pensiones privados. Cada año rebaja su declaración en 12.500 euros, límite máximo de esta deducción. Las declaraciones de la renta del presidente le salieron a devolver en cuatro años (2006, 2007, 2008, 2010). Esto se debe a que a lo largo del ejercicio había pagado más a Hacienda de lo que le correspondía en la liquidación final. Un contribuyente que obtiene de sus rentas unos 2,2 millones —faltan por conocer algunas rentas de 2012— en los últimos 10 años suele tener una planificación fiscal para rebajar su factura tributaria. Sin embargo, las declaraciones de Rajoy no son especialmente complejas ni están planificadas para rebajar el recibo fiscal, según dos asesores fiscales consultados. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/09/actualidad/1360439910_290684.html 07. COSPEDAL DICE QUE EL SUELDO DE RAJOY SUBIÓ UN 27% POR “PLUSES ELECTORALES”

La número dos del PP justifica el aumento con que en 2008 el PSOE seguía negando la crisis

Anuncia la publicación de las declaraciones de una docena de miembros de la cúpula El sueldo que el PP pagaba a Mariano Rajoy subió casi un 30% entre 2007 y 2011 por “pluses electorales” y sus “atribuciones” como líder del principal partido de la oposición. Tras la publicación el sábado de la declaración de la renta del presidente del PP desde 2003, la número dos de los populares, María Dolores de Cospedal, atribuyó ayer ese aumento, en plena crisis económica, a las compensaciones percibidas por encabezar la candidatura a las elecciones generales de 2008 y por participar en varias campañas electorales.

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La mayor subida se produjo en 2008, un 18%. Pero entre 2008 y 2011, los años de la crisis, la subida acumulada llega al 27%. Solo hubo una ligera bajada en 2010, mientras en 2011, un año en el que Rajoy decía en El Correo que había que “trabajar unas poquitas horas más o bajarse un poquito el sueldo”, a él, el PP se lo subió un 10%. Cospedal se centró sobre todo en 2008, año de la segunda derrota electoral de Rajoy. Dijo que lo que hubo ese año fue “un plus especial para aquellos que participan en las campañas, porque es un trabajo muy intenso”, como “los ha habido durante muchos años” en el partido. “A partir de ahí hubo una subida generalizada”, añadió la dirigente popular, que sin ofrecer más detalles negó un aumento del sueldo del presidente del 27%. “Esto no es así”, señaló al referirse al incremento salarial de 2008, que fue de alrededor del 18%, y obviando la subida global entre 2007 y 2011. En ese período, Rajoy vio reducirse sus ingresos procedentes del Congreso de los Diputados, conforme a la medida de austeridad aprobada por la Cámara. Sin embargo, el PP le compensaba subiéndole indirectamente el sueldo de máximo responsable del partido a través de esos “pluses”. La secretaria general del PP recordó, además, que a pesar de que este aumento —al igual que el incremento en gastos de personal del partido en un 22%— se produjo en años de zozobra financiera, “entonces el Gobierno [de José Luis Rodríguez Zapatero] repetía hasta la saciedad que no estábamos en crisis”. “Lo digo porque algunos ahora dicen algunas cosas que antes negaban cuando estaban en el Gobierno”, intentó justificar en referencia a las acusaciones ahora de varios líderes de la oposición. La defensa de Cospedal, responsable de un partido acosado por el escándalo del caso Bárcenas, abarcó la difusión de las cuentas del partido la semana pasada. El PP “no ha publicado un resumen de las cuentas” ni una documentación “escueta”. “El PP ha publicado toda su contabilidad, no un resumen. Toda la que tiene la obligación de presentar al Tribunal de Cuentas”, insistió, antes de pedir “al resto de los líderes, no solo al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que hagan exactamente lo mismo”. Cospedal, que evitó aclarar si el partido se plantea enseñar la contabilidad en detalle para comprobar las coincidencias ya confirmadas con los papeles del extesorero Luis Bárcenas, quiso avanzar otra medida de transparencia interna. Anunció que “en los próximos días” estarán disponibles en la web del PP las declaraciones de la renta de una docena de miembros de la cúpula. Una documentación que se remontará al año de ingreso de cada uno en la dirección del partido. Esta decisión, además de a la propia secretaria general, afecta a los seis secretarios ejecutivos, pasando por los tres vicesecretarios (Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban González Pons) y los coordinadores de área (Juan Carlos Vera y José María Beneyto). La dirección del PP, que la semana pasada resolvió actuar contra “todos” los que acusen al partido de financiación irregular, apuntando indirectamente a Luis Bárcenas al aludir a los “informadores”, tampoco aclaró los tiempos de presentación de las acciones judiciales anunciadas ni si finalmente incluirán al extesorero. Cospedal se limitó a explicar que el equipo jurídico contratado por el PP sigue estudiando cómo actuar.

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/11/actualidad/1360576046_195596.html 08. LA REFORMA LABORAL NAUFRAGA Un año después de su aprobación, la ley no ha servido ni para crear empleo ni para detener el paro, los objetivos con que fue concebida El tiempo no pasa en balde, y aquellos propósitos con que nacía la reforma laboral hace un año parecen ahora ciencia ficción. “La reforma propuesta trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social. Esta es una reforma en la que todos ganan, empresarios y trabajadores, y que pretende satisfacer más y mejor los

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legítimos intereses de todos”, dice el texto aprobado por el Gobierno del PP en febrero de 2012. El resultado: la tasa de paro ha aumentado un 13,2%, el número de ocupados se ha reducido en 850.000 personas, el despido por causas objetivas (indemnizado con 20 días por año) se ha incrementado un 49%, los expedientes de regulación de empleo han aumentado un 66%, y los sueldos han perdido poder adquisitivo a medida que pasaban los meses y los descuelgues salariales promovidos por las empresas hacían acto de presencia. Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha habido 30.000 trabajadores afectados por la inaplicación de los convenios. A la vista de estos efectos, hasta quienes apoyaban la nueva legislación ahora se muestran mucho más cautos que hace un año. E incluso se plantean repetir la frase que incluye la exposición de motivos de la ley, eso sí, referida a anteriores reformas del PSOE: aunque bienintencionada, ha sido fallida. “El balance del primer año de la reforma es que ha sido desequilibrada e incompleta. Por el lado positivo, ha facilitado la flexibilidad interna y, en consecuencia, ha permitido que en muchos casos en lugar de recurrir a despidos se hayan ajustado las condiciones (horas, salarios) para evitarlos y hacer frente a la situación adversa. Sin embargo, dado el momento de crisis en que estamos, también ha facilitado mucho la flexibilidad externa (despido por causa objetiva) y se ha producido una verdadera sangría de puestos de trabajo. Esta medida no debiera haberse tomado en situación de crisis económica, sino más tarde. Tampoco ha evitado de ningún modo la dualidad contractual. Se siguen haciendo contratos temporales a pesar de las reformas introducidas, y por tanto para esto tampoco ha servido”, sostiene Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora de Fedea. El paro aumenta un 13% en el último año y los despidos baratos un 49% Para los sindicatos mayoritarios, los efectos del primer año de la ley no han podido ser más adversos. “La reforma laboral impuesta por el PP ha confirmado nuestros peores presagios. Ha incumplido sus objetivos, puesto que no ha creado empleo ni reducido el paro. La contratación ha caído con carácter general un 3,6%, la ocupación ha bajado el 5% y el paro ha aumentado el 13%. Lo que demuestra el fracaso de las políticas basadas en los recortes y en la reducción de los derechos de los trabajadores”, afirma Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT. “La legislación no ha servido para generar trabajo, sino para duplicar el ritmo de destrucción de empleo y para que los salarios bajen en términos nominales. Ha desequilibrado la posición de los trabajadores en relación con los empresarios, que han abusado de ella para destruir puestos de trabajo”, afirma el responsable del gabinete económico de CC OO, Miguel Ángel García. En 2009, por cada punto de descenso PIB (que bajó un 3,6%) se destruyeron 470.000 empleos en el sector privado, en tanto que en 2012 se han destruido 500.000 por cada punto de caída, a pesar de que el retroceso de la riqueza nacional haya sido del 1,3% en vez del 3,6%, añade. Claro que el Gobierno no está de acuerdo. Xabier Thibault, director general de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hace “una valoración positiva de la reforma. Como también acaba de comunicarnos el Fondo Monetario Internacional. Pretendíamos sustituir flexibilidad externa por flexibilidad interna para evitar una mayor destrucción de empleo y así ha sido. Las empresas están reduciendo las condiciones de trabajo de sus plantillas en vez recortar el empleo”. En su opinión, si no se hubiera puesto en marcha, la pérdida de puestos de trabajo hubiera sido muy superior a la actual. Aunque el ministerio no ofrece datos sobre la aplicación de las medidas alternativas al despido, Thibault asegura que las congelaciones y rebajas de sueldos han permitido salvar los 30.000 empleos que se han visto afectados por los acuerdos de descuelgue. La flexibilidad interna empieza a dar frutos en algunas empresas, como así corrobora el responsable de recursos humanos de Logista, Ramón Cuellas, que ha utilizado la reducción de la jornada para esquivar los despidos. Según Cuellas, la reforma laboral ha facilitado el ajuste

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de la economía que no se podía hacer devaluando la moneda y que en el futuro sí contribuirá a que se cree empleo. Las medidas de flexibilidad evitan 30.000 extinciones, según Empleo Aunque esta estrategia no es precisamente la más extendida, según aseguran algunos de los directores de recursos humanos que se han encargado de implementar las medidas que incorpora la nueva regulación. “Las empresas nos hemos lanzado a prescindir de personal de mucha antigüedad en este primer año y no hemos aprovechado las medidas de flexibilidad interna que reclamábamos”, indica la responsable de personal de una multinacional que pide anonimato y que “ha aplicado la reforma laboral para abaratar costes de despido, gracias a indemnizaciones de 33 días en vez de 45”. “Sabíamos que el primer efecto de la reforma iba a ser la destrucción de empleo, pues muchas compañías estaban esperando la regulación para despedir, que es lo que han hecho. Y ello, junto a la contención de los salarios, ha permitido que la productividad de las empresas aumente. Si se hubiera aprobado la legislación en otro escenario económico menos adverso, no se habría destruido empleo”, sostiene la profesora de IE Business School Gayle Allard, quien confía en que, una vez que crezca la economía a finales de este año, esta normativa ayude a generar puestos de trabajo. Algo que también comparte David Díaz, socio del despacho de abogados Baker & McKenzie, quien cree que a la recuperación le queda más tiempo. “Pensar que con una legislación se puede arreglar la situación del mercado laboral español es engañarnos. Y en todo caso, hasta que no se produzca la expansión económica, la ley no podrá mostrar sus efectos positivos”, mantiene Miguel Ángel Malo, profesor de economía de la Universidad de Salamanca. En su opinión, es difícil valorar qué parte del deterioro del mercado de trabajo se debe a la reforma y qué parte al empeoramiento económico, agudizado tras el verano. Malo considera que en lo que más se aprecia la introducción de la ley es en la redistribución de los tipos de despido, ya que ha eliminado el despido exprés y llevado las indemnizaciones de 45 días por año trabajado hacia 20 días; y en el deterioro de la calidad del empleo. Rebaja salarial y cambios de jornada y turnos, las medidas más usadas El magistrado José Ángel Folguera lo tiene claro. En los juzgados madrileños ahora entran unas 18.000 demandas de despidos al mes, en vez de las 12.000 mensuales del año pasado. Y las cantidades que reciben los afectados tras la conciliación han pasado de 33 días por año trabajado a unos 25. “La reforma ha reducido el coste del despido y no ha generado puestos de trabajo alternativos”, sostiene. El juez aprecia que las empresas empiezan a usar la movilidad geográfica y funcional, “pero sin comparación con el despido, que es por donde han tirado los empresarios, aunque acarree mayores gastos públicos en prestaciones por desempleo”. Entre las medidas de flexibilidad interna, Malo apunta al ajuste salarial y de horas de trabajo como las más utilizadas por las empresas. No hay datos para avalar esa percepción. Solo se exhiben en el caso de las regulaciones de empleo, donde la estadística oficial indica que las suspensiones temporales de empleo o de reducción de jornada son el 80% de los despidos colectivos. El contrato estrella de la reforma se salda con 83.400 beneficiados Entre los beneficiarios de las prestaciones por desempleo las resoluciones de contratos con motivo de la aplicación de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo han aumentado un 93% y las provocadas por movilidad geográfica lo han hecho un 54%. Aunque, sin duda, han sido mucho más numerosas las resoluciones de contratos voluntarias que, en opinión de los sindicatos mayoritarios, responden a la presión de los empresarios por modificar las condiciones de trabajo de sus empleados unilateralmente y, en caso de no aceptar, desprenderse de ellos.

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Thibault aprecia movimientos en la negociación colectiva. “Los negociadores por fin interiorizan que es mejor reducir condiciones laborales para salvar el empleo. Y si en los primeros meses de aplicación de la reforma laboral se recurría al descuelgue en algo más de 30 convenios colectivos al mes, en enero ya ha ocurrido en más de un centenar. Y esa es la flexibilidad interna que persigue la ley”. Una ley cuyos mayores defensores, además del Gobierno, son los trabajadores autónomos, a falta del balance de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que ha rechazado pronunciarse. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) asegura que la reforma laboral ha servido para que 42.000 autónomos más se conviertan en empleadores y generar 74.000 empleos netos. El ministerio señala que el contrato estrella de la reforma, el denominado contrato de apoyo a emprendedores, ha funcionado, con unos 77.000 trabajadores dados de alta entre febrero y diciembre, lo que para UGT apenas representa un 7,6% del total de los contratos indefinidos. Hasta enero, Empleo asegura que se han sellado 83.371 contratos. Si hay una crítica generalizada que se le hace a la aplicación de la reforma laboral, esa es que no haya avanzado nada en el terreno de las políticas activas de empleo. “Clama la ausencia de desarrollo de las políticas activas. A la ley le ha fallado esta pata y está desequilibrada”, sostiene Miguel Ángel Malo. “Falta que se agilicen los convenios entre las agencias de colocación privadas y los servicios públicos de empleo para que de verdad ambos funcionen como agencias de colocación. Y tomarse muy en serio la reforma de los cursos de formación de desempleados, que no funcionan”, apoya Sara de la Rica. Sin el fondo a la vista Desde que empezó la crisis económica los asalariados han perdido 55.000 millones de euros de participación en la renta nacional. Esa renta se ha trasvasado a los empresarios, afirma el economista de CC OO Carlos Martín, “que la han utilizado para enjugar sus deudas. El factor trabajo se ha usado como un banco indirecto ante la falta de financiación”, dice. “Se han dedicado muchos esfuerzos a la reforma laboral y muy poco a la creación de empresas y tejido productivo. Y los efectos de la ley han sido pocos o nulos porque las herramientas de flexibilidad no han ido acompañadas de medidas de mejora de la competitividad”, sostiene Joan Torrent, director de la UOC Business School. Torrent añade que en EE UU se ha demostrado que las legislaciones flexibles no han creado puestos de trabajo una vez que ha llegado la recuperación económica. En España la mayor parte de las previsiones indican que el despegue económico se trasladará a 2014 y, entonces, se podría comenzar a crear empleo. Pero, entre tanto, los expertos consultados creen que el Gobierno debería impulsar un plan de choque para que los desempleados sin cualificación no se enquisten en el paro estructural. Atacar solo el paro juvenil, como prevé el Ejecutivo, siguiendo los mandatos de Bruselas, no es la solución, aseguran. Hace falta rebajar las cotizaciones sociales para animar la contratación de este colectivo. Poner el acento en las políticas activas de empleo en lugar de las pasivas para que se cumpla la estimación optimista de la profesora Gayle Allard de que a finales de este año se empiece a crear empleo porque, con el descenso de la población activa, solo hace falta un alza del PIB del 0,8%. El ministerio dice que lo tiene previsto a corto plazo, igual que hace un año. “Estábamos y estamos expectantes de que se firmen los convenios de colaboración público-privados para trabajar en la reducción del desempleo y, por tanto, el coste para las arcas públicas de las prestaciones, pero no se ha hecho nada”, mantiene Enrique Sánchez, presidente de Adecco, quien también considera que con la intervención de las empresas de trabajo temporal se reduciría la dualidad laboral, tal y como propugna la reforma y no ha hecho. Desde el despacho de abogados Uría Menéndez se destaca como positivo el hecho de que la ley aprobada por el PP haya rebajado considerablemente el absentismo laboral, sobre todo en el sector público. Otra pequeña mejoras es que se ha incrementado la contratación a tiempo parcial.

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Si hay algo destacable en medio de un año de crisis y en el que la conflictividad ha aumentado mucho con motivo de la reforma, tal y como señala la consejera delegada de ING en España, Carina Spzilka —que se apresta a señalar que su empresa no ha aplicado la ley porque no ha despedido trabajadores, sino al contrario—, es que en el exterior se aprecia que España ha ganado competitividad. http://economia.elpais.com/economia/2013/02/08/actualidad/1360352966_418761.html 09. EL PP PAGÓ A BÁRCENAS UNA CANTIDAD FIJA AL MES HASTA DICIEMBRE DE 2012 El partido le pagó la Seguridad Social y 400.000 euros de finiquito prorrateados En 2010 negoció con el partido que le abonaran su finiquito mes a mes El PP insiste en que Luis Bárcenas se desvinculó del partido en 2009, cuando dejó temporalmente el puesto de tesorero nacional. Pero Bárcenas no solo tuvo un trato preferente hasta hace un mes, con una sala para sus documentos, entrada libre en Génova 13 y una secretaria en el partido que seguía llamando por él. Además, siguió recibiendo mensualmente una cantidad del PP hasta hace menos de dos meses, a finales de 2012. El partido le pagaba cada mes ese dinero y además se hacía cargo de su cobertura de la Seguridad Social. Es lo que pactaron en abril de 2010 Bárcenas y la dirección del partido, en una decisión que solo podía tomarse con el consentimiento de Rajoy. El ex tesorero abandonó entonces, un año y medio después de que estallara el escándalo Gürtel, la militancia en el PP y su acta de senador. Se quedó sin sueldo público, y pidió reincorporarse al partido como empleado de la casa en la que entró siendo aún AP, según fuentes del PP. Se pactó entonces con él un despido improcedente, por una cantidad de al menos 400.000 euros, según las mismas fuentes, y Bárcenas pidió que no se la pagaran de un golpe sino que se la dieran poco a poco todos los meses hasta diciembre de 2012 y además que el PP se hiciera cargo de sus costes de Seguridad Social. Y el partido aceptó, de manera que el extesorero ha estado vinculado directamente a esta formación política hasta pocos días antes de que se conociera que tenía una cuenta en Suiza con 22 millones de euros, el pasado 16 de enero. El PP asegura que fue solo un finiquito prorrateado y que Bárcenas no realizó ninguna labor para el PP desde 2010, cuando se negoció su salida. El propio Bárcenas informó de esta situación la semana pasada al fiscal Antonio Romeral, de la Fiscalía Anticorrupción, cuando le llamaron a declarar en la investigación abierta tras la publicación en EL PAÍS de los papeles del extesorero. En medio de este interrogatorio, que duró unas tres horas, el fiscal quiso saber detalles de la relación laboral de Bárcenas con el PP. El ex tesorero explicó entonces que había dejado el partido en 2010 pero que siguieron pagándole en 2011 y 2012 en concepto de una especie de finiquito prorrateado. Esto es, el PP siguió pagándole en privado y sin informar a nadie y dejándole que estuviera constantemente en la sede mientras en público trataba de trasladar la imagen de que había roto totalmente con él. Algo parecido sucedió en 2010, cuando el PP, siempre de forma secreta, pactó con Bárcenas que seguiría pagándole el abogado mucho después de haber dejado teóricamente de ser tesorero. Es un trato especial que solo tuvo él. El PP mantuvo este privilegio, con la opinión en contra de Dolores de Cospedal, hasta que EL PAÍS publicó en febrero de 2010 que el partido se estaba haciendo cargo de la carísima defensa de su extesorero, dirigida por Miguel Bajo, uno de los abogados más prestigiosos de Madrid. Entonces Cospedal decidió cortar también eso, y unos meses después, en abril, Bárcenas anunció en un comunicado que desde ese momento se pagaba el abogado de su bolsillo, aunque después hubo algún enfrentamiento con la secretaria general para que le pagara la parte anterior. Aun así, Bárcenas siguió disfrutando de un espacio, la sala Andalucía, reservada en exclusiva para él. Dos años y medio después de haber abandonado teóricamente el partido, el extesorero seguía acudiendo con frecuencia a la sede de Génova 13, donde hablaba con varios dirigentes y trataba de presionar para favorecer su situación procesal. La presencia de

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Bárcenas en la sede fue constante hasta que, el pasado 16 de enero, se supo que había llegado a tener hasta 22 millones de euros en Suiza. Ese día Bárcenas dejó de acudir a la sede y no se le ha vuelto a ver por allí. Cospedal ha sido muy dura con él en público, pero Mariano Rajoy no le ha criticado en ningún momento y ni siquiera ha pronunciado su nombre. Las relaciones de Bárcenas con el PP han sido un problema para Rajoy desde que estalló el caso Gürtel. El presidente se resistió todo lo posible a destituir a su tesorero. Mientras otros dirigentes implicados caían, en especial los que estaban en Madrid a las órdenes de Esperanza Aguirre, muy tocada por el escándalo en un primer momento, Rajoy mantenía contra viento y marea a Bárcenas. Finalmente, tuvo que forzar que dejara de ser tesorero en julio de 2009. Pero el comunicado dejaba claro que era de forma “temporal” y Rajoy aseguró en esos días que “nadie” podría “probar que Bárcenas no es inocente”. Lo mantuvo como senador otro año entero, hasta que el extesorero, harto de la presión, de los fotógrafos a diario en la puerta de su casa, y convencido de que con el juez Antonio Pedreira, del Superior de Madrid, le iría mejor que en el Tribunal Supremo, decidió dimitir. Aún así la relación de Bárcenas y Rajoy siempre fue estrecha. El extesorero se enfrentó con Cospedal, pero siempre consideró que Rajoy le había tratado bien. Esta actitud cautelosa del presidente con un hombre cuya trayectoria ha indignado a dirigentes y militantes del PP ha generado muchas críticas internas. Aguirre, por ejemplo, ha pedido abiertamente que el PP se querelle contra Bárcenas y que le ataque. El despido fulminante de Jesús Sepúlveda, otro imputado en Gürtel, que también ha llegado solo después de que la prensa diera a conocer su situación y se generara una importante presión social, ha hecho que muchos trabajadores de la casa y dirigentes intermedios se pregunten qué relación laboral tiene Bárcenas con el PP. El partido nunca ha comunicado en realidad oficialmente su despido ni mucho menos las condiciones que se han alcanzado con él. Todo lo que rodea a la relación de extesorero con el partido en el que lo fue todo -venía de AP y buena parte de los trabajadores actuales firmaron con él su contrato, porque llevaba 18 años de gerente antes de ser nombrado tesorero en 2008- ha estado siempre envuelto en un gran misterio. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/12/actualidad/1360704551_942012.html 10. SIETE IMPUTADOS EN EL ‘CASO GÜRTEL’ REGULARIZARON CASI DIEZ MILLONES DE EUROS

Cristóbal Montoro afirma que solo uno se ha acogido a la amnistía fiscal

De 2005 y 2011 presentaron un total de 36 declaraciones de renta fuera de plazo

Entre ellos se encuentran los exdirigentes madrileños del PP Alberto López Viejo y Alfonso Boch

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que solo uno de los 21 implicados en la trama Gürtel, sobre los que la Audiencia Nacional preguntó a la Agencia Tributaria, se ha acogido a la regularización fiscal. La información remitida por la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional precisa que el empresario Fernando Martín, presidente de Martinsa y supuestamente vinculado con la red de Francisco Correa mediante una operación urbanística en Arganda del Rey (Madrid), fue quien se acogió a la Declaración Tributaria Especial, la llamada amnistía fiscal, pero por un importe muy pequeño: regularizó 3.420 euros por los que le salió una cuota a ingresar de 342 euros. Otros siete implicados en Gürtel, así como la empresa Begar, regularizaron mediante la presentación de 36 declaraciones complementarias algo más de 9,8 millones de euros. Interpelado por el PSOE, el ministro ha facilitado esta información sin dar el nombre del imputado. Se ha limitado a decir que este presentó la regularización extraordinaria por menos de 3.500 euros, es decir, una cuota de 350 euros. Con Fernando Martín (quien también presentó una complementaria por 3.258 euros), en realidad, serían dos los imputados en el

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caso Gürtel los que se han acogido al indulto fiscal del Gobierno. La semana pasada el constructor Alfonso García Pozuelo, implicado en el caso, admitió que se había beneficiado de la amnistía, Del resto de implicados sobre los que la Audiencia ha pedido información a Hacienda, hay siete que se acogieron a la regularización ordinaria (prevista en la Ley General Tributaria) entre 2005 y 2011, con 36 declaraciones de renta fuera de plazo por un importe total de 9,8 millones. Montoro ha señalado en el Congreso que, de ellos, cinco lo hicieron antes de la llegada del PP al Gobierno. Uno de los que regularizó en la etapa del PSOE pagó nueve millones de euros y otro un millón como cuota líquida. Según fuentes de la investigación, los que más han "blanqueado" han sido dos empresarios, Manuel Salinas (7,5 millones) y Amando Mayo (1,3 millones), ambos está imputados por una presunta comisión pagada al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. Un informe de Hacienda atribuyó el pago de 12 millones de euros al cerebro de la trama a través de cuentas en Suiza y Mónaco en diciembre de 2004. El supuesto contable de la red, Ramón Blanco Balín, regularizó, también por la vía ordinaria, más de 500.000 euros. El exviceconsejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, legalizó 4.700 euros y el exdiputado autonómico, también madrileño, Alfonso Bosch, 3.111 euros. El ministro ha asegurado que esa información ha sido remitida a la Audiencia, junto con un informe de la Abogacía del Estado, que asegura que Bárcenas no puede acogerse a la amnistía, porque está sujeto a investigación en un proceso penal y porque quiso hacerlo a través de una sociedad de la que no es propietario. "La regularización extraordinaria no limpia ni borra delitos,", ha asegurado el ministro de Hacienda. Montoro ha instado a la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, a pedir perdón por haber acusado al Gobierno de aprobar esa amnistía para ayudar a los implicados en Gürtel. Ella ha reprochado al ministro el trato al ex tesorero Bárcenas y ha pedido su dimisión inmediata porque, según ha dicho, ha favorecido que se blanquee dinero negro. "Ustedes han pactado la impunidad", le ha dicho en un agrio debate. "Sobre usted pende la grave sospecha de haber ido pactando la impunidad, por eso debe dimitir", ha concluido Rodríguez. El ministro ha respondido: “La posición de los socialistas es que me vaya aunque no haya hecho nada". Montoro ha insistido en que la regularización no evita los delitos y le ha reprochado que, según ha dicho, los socialistas defienden a Bárcenas y al resto de imputados. "Ustedes se han ido al monte y allá ustedes", ha espetado a los escaños socialistas. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/13/actualidad/1360752855_361281.html 11. MATO: “EN NINGÚN MOMENTO ME HE PLANTEADO PRESENTAR LA DIMISIÓN” La ministra asegura sentirse respaldada por el presidente y niega su implicación "Esta infamia no me va a doblegar", se defiende la titular de Sanidad En la sesión de control en el pleno del Congreso, el PSOE insistió este miércoles en la estrategia de poner en cuestión la estabilidad del Gobierno y pedir la dimisión de Cristóbal Montoro y de Ana Mato por el caso Gürtel. De ninguno de los dos hay asomo de dimisión o de destitución por parte de Rajoy. Además, ambos recibieron el apoyo de miembros de su partido en forma de intensos aplausos y de peregrinación de diputados populares y otros miembros del Gobierno a sus escaños para dejar claro su respaldo. También los portavoces de CiU y Coalición Canaria, Josep Antoni Duran i Lleida y Ana Oramas, respectivamente, se acercaron a trasmitir a Mato su apoyo “por su situación personal”. Mato, en respuesta a tres preguntas distintas del PSOE que incluyeron las peticiones de renuncia, habló de “difamación”, “infundios” y “cacería política y personal”. A esa hora, Sepúlveda comparecía en la Audiencia, se negaba a declarar y exculpaba a la ministra.

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“No he cometido ningún acto, en ningún momento, ni antes ni ahora, que no se corresponda con la ética exigible a todos los responsables políticos. Llevo muchos años dedicados a la vida política sin que nadie me haya podido hacer ni un solo reproche por mi actuación. Nunca imaginé que pudieran querer hacerme responsable de la conducta de otra persona. Yo respondo de mis actos y también de mi gestión (...). Esta infamia no me va a doblegar, porque no tengo nada que ocultar”, proclamó en respuesta al socialista Eduardo Madina. La ministra se refirió al nuevo informe policial de la UDEF que le atribuye pagos y regalos a su familia de la red Gürtel por valor de 50.000 euros. Entre ellos una factura de gastos de confeti en su casa que, en realidad, eran para la fiesta de ascenso del Getafe a la primera división de fútbol; sus gastos fueron mucho menores. “La cacería llega hasta lo grotesco cuando se me atribuye como celebración familiar el ascenso a primera división de un equipo de fútbol, del Getafe. Insisto, el asunto, en todo lo que se refiere a mi persona, ya fue archivado por la justicia [el juez consideró que el delito había prescrito]. Señor Madina, en un país libre como el nuestro quien tiene que probar es quien acusa, el inocente no tiene ninguna obligación de defenderse; es más, en muchas ocasiones, como ocurre con los rumores y con los infundios, ni siquiera puede hacerlo”, aseguró. El ministro del Interior, Jorge Fernández, responsable de la policía, estaba presente en el Congreso. Todavía no se ha pronunciado sobre este asunto. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/13/actualidad/1360746223_762180.html?rel=rosEP 12. EL PP DESPIDE AL EX MARIDO DE MATO Y TRATA DE PROTEGER A LA MINISTRA

“Rectificar es de sabios”, admite Cospedal después de reaccionar a la presión

Los populares culpan a Sepúlveda y desvinculan sus actos de los de su ex mujer Mariano Rajoy está decidido a defender hasta el final a su ministra de Sanidad, Ana Mato, una persona de su absoluta confianza. Y ella no tiene tampoco ninguna intención de dimitir. Asumida que esta es la voluntad política del más alto nivel, el PP se ha puesto manos a la obra para ejecutar una estrategia de protección de la ministra. Y uno de los elementos centrales de esa línea es la de culpar de todo el escándalo a Jesús Sepúlveda, ex marido de Mato, y tratar de establecer un cordón entre ambos para que las decisiones de uno no afecten a la carrera política de la otra. Después de una semana de dudas, en la que Carlos Floriano, número tres del partido, llegó a decir que Sepúlveda, un histórico, como Mato, del aparato de organización del PP, no podía ser despedido porque era “funcionario” de Génova 13, la secretaria general, Dolores de Cospedal, desmintió este lunes a Floriano y a todos y anunció que el ex alcalde de Pozuelo ya ha sido despedido del Partido Popular. “El señor Sepúlveda ha dejado de prestar servicios en el PP a partir de hoy”, anunció Cospedal en una comparecencia de prensa en la sede nacional del partido. “Nos ha parecido oportuno terminar esa relación laboral… Y lo hemos hecho con la legislación en vigor”, remató la secretaria general de los populares. El caso de Sepúlveda es un buen ejemplo de la forma que han tenido Rajoy y su equipo de resolver situaciones delicadas relacionadas con el caso Gürtel. El exmarido de Mato, un hombre muy cercano a José María Aznar, fue forzado a dimitir por Esperanza Aguirre en 2009 como alcalde de Pozuelo de Alarcón, un municipio residencial cercano a Madrid donde se ubican algunas de las mansiones más caras de la capital, entre ellas las de varios jugadores del Real Madrid. Cuando se vio obligado a abandonar la alcaldía, Sepúlveda llamó a Rajoy y le pidió que le reincorporara al PP, la formación que había dejado para ser alcalde. Y el entonces líder de la oposición aceptó. Sepúlveda volvió entonces a cobrar un sueldo importante del PP —los populares, pese a gestionar un dinero que es público en un 95%, no aclaran cuánto—, pero en realidad no tenía ninguna atribución ni acudía a la sede. Fue una especie de favor de Rajoy por

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los servicios prestados. Floriano llegó a argumentar que no se le podía echar porque le amparaba “el Estatuto de los Trabajadores”. Pero esas palabras se han demostrado inconsistentes en solo unos días, ya que Cospedal anunció el despido. Desde el punto de vista político, el despido tiene más componentes. Por una parte, Cospedal y su equipo reaccionan frente a la presión de la opinión pública —eldiario.es avanzó la semana pasada que Sepúlveda seguía cobrando del PP y el escándalo fue importante—, pero también a la presión interna, ya que Esperanza Aguirre está lanzando mensajes de que el PP debería ser más contundente con este y otros casos. Por otra parte, el PP busca crear ese cordón alrededor de Mato y separar su destino del de su ex marido. Toda la estrategia de los populares va encaminada a responsabilizar a Sepúlveda de todos los contactos con la red Gürtel y de los regalos que pudo recibir la familia Sepúlveda-Mato. Floriano llegó a decir: “Estamos culpando a una persona por lo que ha hecho su marido”, cuando le preguntaron por Mato. Para reforzar esa estrategia, la mejor manera consistía en romper los lazos del PP con Sepúlveda y convertirle en el auténtico culpable. Por su parte, el ex alcalde de Pozuelo también está contribuyendo a esa estrategia. Lejos de resistirse, ha hecho comunicados y ha dejado el mensaje de que toda la relación que mantuvo con Francisco Correa es responsabilidad estrictamente suya, tratando así de salvar a su ex mujer. Fuentes del Gobierno siguen apuntando todavía a la continuidad de Ana Mato al frente del ministerio. Rajoy lo ha dejado muy claro en privado, pero sobre todo en público: cree que “lo justo” es mantenerla porque “ella se lo merece”. Mato insiste en que no ha cometido ninguna irregularidad y es una injusticia atribuirle cuestiones que haya podido gestionar su exmarido en una época en la que, aunque no estaban separados legalmente, llevaban vidas separadas. Lo único que en este momento podría alterar esa decisión de Rajoy sería que Mato no resistiera la presión. Pero todo parece encaminado a lo contrario. Esta misma semana hay un momento clave. Mañana declara Sepúlveda ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Ahí también tendrá ocasión de reforzar la idea de que él era el responsable de todo y su exmujer no tenía nada que ver. La inminencia de esa declaración también ha podido influir en la decisión de Cospedal de despedirlo. La relación de Cospedal y Mato nunca ha sido buena. De hecho, ambas rivalizaron por el control de la organización, Mato con la ayuda de Javier Arenas. Durante meses, antes de las elecciones, fue evidente la tensión de Cospedal con el tándem Arenas-Mato, que finalmente fue designada como jefa de campaña. Cuando Rajoy decidió nombrarla ministra, Cospedal logró en el último congreso interno que nadie del Gobierno tuviera ninguna responsabilidad en el partido, de manera que Mato ha perdido cualquier influencia. Sin embargo, y pese a esa mala relación, Cospedal sabe que es Rajoy el único que puede decidir sobre el futuro de Mato y no se ha movido contra ella. De hecho, este último movimiento puede beneficiarla indirectamente. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/11/actualidad/1360587608_873631.html?rel=rosEP 13. MÁS DE 350 DIPLOMÁTICOS FIRMAN CONTRA LA LEY DE ACCIÓN EXTERIOR Critican que la ley no recoja la “dependencia orgánica” del embajador de todos los funcionarios Más de 350 diplomáticos —del millar que componen la carrera— han firmado una carta dirigida al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, en la que muestran su “preocupación” por el borrador de la Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior que ultima el Gobierno. Pese a reconocer que se trata de una “iniciativa necesaria” y una “oportunidad histórica”, los diplomáticos critican que la ley no recoja la “dependencia orgánica” del embajador de todos los funcionarios acreditados en un país —como figuraba en los primeros borradores y sucede en

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otros países occidentales— y que esta expresión se haya sustituido por la “dependencia jerárquica”. También critican que el departamento de Exteriores no tenga suficiente peso en el Consejo Ejecutivo de Política Exterior, un organismo interministerial al que corresponderá aprobar, por ejemplo, el despliegue, la estructura y la relación de puestos de trabajo de las misiones diplomáticas. Puestos de trabajo El hecho de que esta última corresponda al Ministerio de Administraciones Públicas “compromete seriamente las funciones, el alcance y el número de puestos destinados a la carreta diplomática en el corto y medio plazo”, pese a que sus miembros tienen “una específica preparación multidisciplinar orientada hacia el servicio exterior”. Los diplomáticos temen que se limite drásticamente el número de puestos que tienen ahora reservados en el exterior, mientras que no se atiende una de sus reivindicaciones históricas: “La homologación de las condiciones de trabajo de los funcionarios en el exterior”. Aluden al hecho de que algunos colectivos, como los técnicos comerciales, disfruten de mejores condiciones en el extranjero. Los diplomáticos se quejan de que hasta el pasado día 7 no se autorizara la distribución del texto de la ley, por lo que no han podido expresar su opinión, y de que tampoco se tuvieran en cuenta las “enmiendas sustanciales” planteadas por sus representantes. La inquietud de los diplomáticos por su futuro profesional queda patente en el hecho de que la carta haya sido firmada por casi 300 de los 400 secretarios de embajada, el escalón más bajo de la carrera, a quienes luego se han sumado consejeros, ministros y embajadores. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/14/actualidad/1360874760_055466.html 14. TODA LA OPOSICIÓN SE ALÍA CONTRA LOS TELEDIARIOS DE TVE El ‘caso Bárcenas’ y la manifestación de la Diada copan las críticas Televisión Española pierde peso en el sector audiovisual. Su audiencia está en caída libre, sus informativos son cada vez menos relevantes y ha dejado de ser el motor de la producción. Siete meses después de que el PP asumiera el control de la radio y la televisión pública, los principales partidos de la oposición han emitido su diagnóstico: TVE ha dado un paso atrás y ha vuelto a ser un medio al servicio del Gobierno. Este es uno de los motivos por los que, según la oposición, el principal telediario ha perdido 800.000 espectadores. Además, el TD-2 ya no es el líder. Los espectadores le han dado la espalda y ahora prefieren el de Telecinco, aunque en su conjunto —contando la edición del mediodía y el fin de semana— los noticieros de la televisión pública son los más seguidos. El caso Bárcenas y la cobertura de la última manifestación de la Diada en Barcelona —criticada especialmente por CiU— son vistos por la oposición como los dos puntos negros de la etapa de Leopoldo González-Echenique al frente de la corporación estatal. Si las audiencias son un barómetro de la calidad de los informativos, en la televisión pública se ha producido un vuelco. En enero, por ejemplo, el telediario de las nueve de la noche (de lunes a viernes) tuvo una media de 2,3 millones de espectadores (12,4% de cuota de pantalla) mientras que el de Telecinco registró 2,8 millones (15,8%). “Los españoles ya no se fían de los telediarios de TVE”, resumió el portavoz socialista, Juan Luis Gordo, en el Congreso, donde se debatía una moción para que se revocara la ley que permite elegir al presidente de RTVE solo por mayoría absoluta. De esta modificación legislativa —impulsada por los populares para desbloquear la situación creada el año pasado—, y también del recorte en los presupuestos, proceden gran parte de los males.

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“Manipulación” y “sectarismo” han sido los términos más escuchados en el Hemiciclo. Los diputados de la oposición lamentaron que la televisión pública sea “un altavoz del PP”, atraviese por “el peor momento” de credibilidad, acuse una pérdida de independencia, haya “demasiada simbiosis ideológica” entre los comentaristas de las tertulias del Canal 24 Horas y se parezca cada vez más a Canal 9 o Telemadrid. Con ironía, Izquierda Plural dijo que el PP “está haciendo su trabajo al entregar TVE a los intereses privados”. El portavoz popular, Ramón Moreno Bustos, defendió atacando. Su tesis fue simple: en la época de Gobierno del PSOE había “más manipulación informativa”. La propuesta para que se revoque la ley a la hora de elegir al presidente de la corporación, o a los miembros del Consejo de Administración, se votará hoy, pero no prosperará. El PP impondrá su cómoda mayoría. Pero la renovación de cuatro de los nueve consejeros (dos propuestos por el PP, uno del PSOE y uno de IU) que han cumplido ya su mandato no está en la agenda inmediata de los grupos políticos. Los anteriores vocales estuvieron en el cargo dos años más de lo que marcaba la ley. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/13/actualidad/1360788231_739831.html 15. C.A GALICIA: FEIJÓO PIDE LA CONFIANZA CIUDADANA Y PROTEGE A SU ALTO CARGO PROCESADO Publicará su renta desde antes de ser presidente y el patrimonio de los conselleiros Alberto Núñez Feijóo asume que la confianza de la ciudadanía en los dirigentes políticos “se ha visto especialmente minada en los últimos meses” por la proliferación de casos de corrupción y por eso considera que deben hacer un esfuerzo de transparencia, a fin de recobrar crédito. En esa línea va la publicación de su declaración de patrimonio y la del resto de sus conselleiros, información fiscal que se completará con las declaraciones de la renta exclusivamente del presidente gallego desde antes de llegar al cargo hasta la actualidad. Compatibiliza esta apuesta con decisiones como la de mantener en el cargo al delegado de su Gobierno en Ourense, Rogelio Martínez, procesado por malversación, estafa y falsedad en documento público. El mandatario autonómico aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para publicitar su “política de transparencia” con la decisión de seguir la senda abierta por Mariano Rajoy, con la publicación de los datos sobre su situación económica. Se hará en los próximos días a través del sitio web del Ejecutivo y del Diario Oficial de Galicia, aunque hasta el lunes no precisará desde qué año se podrá conocer su renta. En cuanto a las declaraciones de patrimonio, que ya se difundieron en diciembre de 2011, explicó que el objetivo es que los ciudadanos puedan conocer de primera mano la evolución patrimonial del presidente y de sus conselleiros desde la toma de posesión hasta que cesen en sus funciones. Apenas unos minutos después de su alegato en pro de la transparencia, que se suma a la contundencia con la que se refirió al caso Bárcenas —“me repugna”, dijo en el Parlamento—, obviaba que su hombre fuerte en la provincia ourensana ha pasado de imputado a procesado. Se escudó en que la Fiscalía había pedido el sobreseimiento de la causa. “Por lo que yo sé, entiende que no hay delito”, arguyó, cuando en realidad el ministerio fiscal solicitó el archivo por considerar que los supuestos delitos —la certificación y el cobro de una subvención para una obra que nunca se ejecutó— habían prescrito. Así, avanzó que por el momento no va a “cambiar de opinión”, es decir, mantiene su confianza en Martínez. “Si se inicia un procedimiento (que en verdad ya ha comenzado), veremos la situación procesal en la que queda y en función de esto tomaremos una decisión coherente y consecuente con otras que hemos tomado”, fue todo lo que concretó. Preguntado sobre si le pediría su dimisión en caso de sentarse en el banquillo de los acusados, como parece que ocurrirá a tenor del último auto del juez, Feijóo desvío el tiro hacia el comportamiento de otros partidos ante casos similares, deslizando que en la misma situación estas formaciones —no explicitó cuáles— mantendrían a su alto cargo.

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Por otra parte, la reunión del Gabinete sirvió para analizar el calendario legislativo para los próximos cuatro años. El Gobierno pretende impulsar unas 40 leyes, la mitad de ellas de carácter económico y la otra mitad reformas y actualizaciones de textos legales con más de una década de vigencia. En este paquete, el presidente confirmó que no estará el Estatuto de Autonomía, una modificación que, a su juicio, no está entre las preocupaciones ciudadanas. Sí se abordará la anunciada reducción de diputados. En ese marco, abogó por “abrir un periodo de reflexión” sobre el sueldo de los parlamentarios y el sistema de cobro, que en la actualidad deja una parte importante del contante percibido libre de tributación, al consignarse en concepto de dietas. Empaquetó esta reducción de los gastos de la Cámara, así como todo el calendario legislativo analizado, con su ritual alusión a conseguir una Administración “eficiente y austera”. El Consello también aprobó el Plan Galego de Igualdade entre Homes e Mulleres para el período 2013-2015, que aglutina 320 actuaciones con una inversión de 220 millones de euros. Entre todas esas medidas no está la de dejar de subvencionar a los colegios concertados que separan por sexo. Aludió a la libertad de elección de los padres y a que todos los gobiernos autonómicos mantuvieron esos convenios, aunque el bipartito, en sus estertores había decidido suprimirlos. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/14/galicia/1360871119_467520.html 16.C.A. GALICIA: LA OPOSICIÓN EXIGE EL CESE DEL SUPERDELEGADO DE OURENSE “POR CORRUPTO” Todos los partidos sin excepción llamaron corrupto a Rogelio Martínez y lo hicieron sin recurrir al adjetivo presunto apoyándose en su condena anterior La comparecencia del vicepresidente, Alfonso Rueda, para explicar las líneas maestras de Presidencia, Xustiza e Administración Pública desembocó en la exigencia unánime de la oposición para que destituya al delegado de la Xunta en Ourensee, Rogelio Martínez, procesado por estafa, malversación de fondos públicos y falsedad documental. La máxima autoridad de la Xunta en esa provincia ya había sido condenado en sentencia firme por la Audiencia Nacional a devolver fondos cobrados de la Unión Europea por obras “inexistentes”, a través de un complejo entramado de empresas, sociedades y grupos de acción local, mientras era alcalde de Arnoia. Y ahora vuelve a sentarse en el banquillo acusado de graves delitos de corrupción, sin que ni el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ni el propio Rueda, del que depende orgánicamente, hayan movido un dedo para apearlo de sus responsabilidades políticas. Todos los partidos sin excepción llamaron corrupto a Rogelio Martínez y lo hicieron sin recurrir al adjetivo presunto apoyándose en su condena anterior. “Sigue siendo el máximo representante en Ourense, ¿es esa la regeneración que pide a los demás el PP?”, preguntó la diputada del BNG Tereixa Paz. Desde AGE, José Manuel Fajardo, aun más directo, le preguntó a Rueda cuándo va a destituirlo. “Son los que menos invierten en la Justicia, ¿para qué?. Porque sino los corruptos tendrían que irse de las instituciones, como el superdelegado de Ourense”, insistió la portavoz socialista Beatriz Sestayo. Rueda, que en la presentación de sus objetivos de legislatura, esgrimió la transparencia en la gestión de la Xunta, citó responder si el superdelegado va a seguir en su puesto durante mucho tiempo y pasó al contraataque. Miró a los bancos socialistas y espetó: “Menos mal que los que están imputados en el PSOE [los populares suelen citar el caso del alcalde lucense y del exministro José Blanco] son más inteligentes y están callados. Si aplicamos la doctrina, muchas personas del PSOE no pueden tener responsabilidades públicas”. Sus planes de legislatura pasan por seguir mejorando las infraestructuras judiciales, ampliar el mapa de emergencias con más grupos supramunicipales que atiendan a aquellos municipios donde no hay parques de bomberos, continuar peleando por fondos europeos para ampliar los 2.000 millones que concedió la UE con aportaciones que reparte el Estado y continuar el plan de adelgazamiento de la Xunta.

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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/12/galicia/1360700101_071311.html?rel=rosEP 17. C.A GALICIA: EL JUEZ ORDENA EL PROCESAMIENTO DEL ‘SUPERDELEGADO’ DE LA XUNTA EN OURENSE Rogelio Martínez será juzgado por malversación, estafa y falsedad en relación con ayudas de la UE Al presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, se le abren los frentes por supuesta corrupción en el partido y en las instituciones públicas. En el epicentro de la mediática imputación del exbarón José Luis Baltar —el jueves declaró ante el juez acusado por la fiscalía de un supuesto delito de prevaricación relacionado con el congreso provincial del partido que ganó su hijo— el hombre de confianza de Feijóo en Ourense, el delegado de la Xunta en la provincia, Rogelio Martínez, se sentará en el banquillo acusado de los supuestos delitos de malversación, estafa y falsedad en documento público. La situación judicial del superdelegado ourensano, que arrastra esta acusación desde 2006, ha dado un salto cualitativo: acaba de pasar de imputado a procesado por falsificar, supuestamente, un documento y cobrar —en su condición de presidente del grupo de acción local Ceivam— subvenciones de obras financiadas por la UE , por más de 51.000 euros, que “nunca llegaron a ejecutarse”. La Audiencia reabre el caso del delegado de la Xunta Siendo alcalde de Arnoia, y en calidad de presidente de Ceivam, Martínez certificó ayudas europeas del plan Leader para la construcción de las instalaciones de una nave de biomasa en su municipio que, según la acusación —PSOE y BNG— y la fiscalía, ya existían. Ello supone el reconocimiento de que el dinero percibido por el grupo de desarrollo local fue desviado y que el representante de la Xunta en la provincia “falsificó” para ello un documento. La fiscalía, que desde que se abrieron las diligencias insistió en la prescripción del delito, reconoció en 2010 que Martínez pudo haber incurrido en falsificación. El ministerio público secundó entonces la tesis de los demandantes pero insistió en pedir el sobreseimiento de la causa por considerar prescrito el delito. Ni el fiscal ni la defensa del superdelegado negaban la comisión de la falsificación, sino que alegaban que desde 1999 (fecha de solicitud de la subvención) y hasta que se registró la denuncia, en 2006, se habían superado los cinco años de plazo que marca la ley. La acusación entendía que el delito estaba vigente argumentando que debían contabilizarse los años transcurridos desde que el superdelegado cobró la subvención, no desde que la pidió. El apoyo inquebrantable de Feijóo Feijóo ha sorteado hasta el momento la eterna imputación del máximo representante de la Xunta en Ourense. Cada vez que la oposición pedía explicaciones, la dirección del PP de Galicia y el Gobierno autonómico respondían acusando. Han respondido siempre a las preguntas de socialistas y nacionalistas que, con ellas, lo único que buscaban era “condenar de antemano” al representante institucionaL y acabar con la administración periférica “que es eficaz y austera”. La confianza de Feijóo en Martínez es tan sólida que el presidente no solo no lo obligó a renunciar al cargo cuando la Audiencia Nacional lo acusó en firme y le obligó a devolver la subvención de 51.000 euros cobrados de los fondos comunitarios, sino que le reiteró su apoyo renovándolo en el cargo en las pasadas autonómicas. “Confío en la Justicia y se hará lo que digan los jueces” reiteraba, por su parte, el delegado territorial de la Xunta cada vez que se archivaba su caso. Martínez insiste en que sí se realizaron las obras que la Audiencia Nacional sentenció que no se habían llevado a cabo y señaló con el dedo al constructor. La nave de biomasa “se hizo y se justificaron unas inversiones”, explicó. “El promotor cobró unas subvenciones, pero si no fue así tendrán que pedirle que las devuelva, no hay nada más”. Los socialistas sostienen que Martínez pudo haber malversado hasta un millón de euros entre 1999 y 2007 toda vez que desde Ceivam se “creó una trama” encaminada a la “malversación de ayudas europeas”. El PSOE afirma que la “trama empresarial” está vinculada al PP de

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Arnoia durante los años mencionados en los que Martínez era alcalde (lo fue durante tres décadas) y asegura que entre las empresas más activas se encuentran Construcciones Covelo, SL, y Cruzval, de la que es titular un primo del superdelegado. Tras los consecutivos archivos y aperturas de la causa y el paso por el juzgado de Instrucción de Ribadavia de tres jueces distintos, el actual, José Luis Deaño, dio la razón el año pasado a la defensa y a la fiscalía y acabó archivando igualmente la denuncia. La acusación recurrió y la Audiencia de Ourense ordenó la reapertura. Los abogados de Martínez volvieron a recurrir. El proceso parecía interminable. El jueves pasado, Deaño dio marcha atrás en el archivo y sobreseimiento ateniéndose a la advertencia de la Audiencia provincial que ve “indicios delictivos”. La decisión supone el rechazo a la última petición de archivo realizada por la defensa del superdelegado el pasado día 5 y que en esta ocasión —invalidado ya el argumento de la prescripción del delito— argumentaba que la subvención de la UE se había invertido en las obras. El letrado del superdelegado alegaba en su petición de sobreseimiento de la semana pasada que “no existen indicios sólidos” que permitan apreciar “más allá de la mera sospecha” de que los 51.000 euros de la UE fueron desviados, aún cuando la Audiencia Nacional ya había condenado en firme en 2007 a Martínez, en la vía administrativa, por este mismo delito obligándole a la devolución del importe no acreditado y certificado como gasto con su firma. La defensa de Martínez alegaba, además, para obtener el archivo de la causa, que “no hay pruebas que permitan deducir que no se adquirió la maquinaria” y cita el testimonio de cinco personas que aseguraron haber trabajado en la construcción y acondicionamiento de la planta de biomasa. Mientras la Audiencia Provincial insistía (lo ha hecho en dos ocasiones) en que se reabriera la causa, el procedimiento no hizo más que dilatarse. La última vez cuando el juez de instrucción determinó que lo juzgara un tribunal popular, a lo que se opusieron los demandantes. Finalmente (y otra vez mediante la intervención de la Audiencia Provincial) Martínez se sentará ante un tribunal integrado por magistrados para que juzguen si el procesado cometió o no los delitos. Según la documentación aportada por los demandantes, en 1999 la sociedad Actuar, SL, de la que Martínez era socio mayoritario, pidió una ayuda para construir la planta. Dos meses después se hizo con la cesión de uso de unos terrenos municipales por 1,2 millones de pesetas. En el documento, firmado por el Ayuntamiento de Arnoia del que el superdelegado era entonces alcalde, y los propietarios de la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) O Carballo consta, como instalación existente en la finca, una edificación, la misma nave de biomasa para cuya construcción el superdelegado pidió y recibió después la subvención a la UE. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/10/galicia/1360528697_676918.html 18. C.A GALICIA: LA CORRUPCIÓN ASEDIA AL PP DE SANTIAGO

El gobierno municipal acumula media docena de imputaciones

La Pokémon se extiende a Cataluña y Asturias

Consulte toda la información sobre la Operación Pokémon Ni una semana sin susto en el Ayuntamiento de Santiago. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera irrumpieron ayer a primera hora en el Pazo de Raxoi después de detener al exjefe de gabinete de la alcaldía Ángel Espadas, al edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, y a José Luis Míguez, gerente de la concesionaria Aquagest que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en la ciudad. Junto a ellos también fue arrestado un cuñado de este último, Jesús Fuentes, empresario y organizador de eventos. La investigación nació, otra vez más, en la mesa de la juez de Lugo Pilar de Lara, que instruye el sumario Pokémon sobre supuestas adjudicaciones amañadas en varios ayuntamientos gallegos y que ya supuso la imputación del alcalde compostelano, Ángel Currás, y de su concejala de Educación, Rebeca Domínguez. Al tirar de ese ovillo, surgió la Operación Manga, que propició los arrestos de ayer en Santiago incluidos registros en el Ayuntamiento, en los domicilios familiares de los detenidos, en la sede de la empresa adjudicataria y también en la

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vivienda del anterior regidor de la ciudad, Gerardo Conde Roa, que tuvo que dimitir cuando Hacienda le denunció por un presunto fraude fiscal de 291.000 euros. Espadas era la mano derecha de Conde Roa. Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los arrestados declaran hoy ante la juez. La policía se incautó de varias cajas de documentación en las viviendas de Conde Roa, Espadas y Vázquez Aldrey y requirió al gobierno municipal documentación sobre los contratos de Aquagest, el servicio de la grúa y hora y la gestión de multas de tráfico, además de revisar los ordenadores en busca de correos electrónicos. Durante casi ocho horas, los agentes peinaron los servidores informáticos del Ayuntamiento en varios departamentos. Fuentes próximas a la investigación apuntan que la juez indaga sobre las relaciones entre Espadas, hombre fuerte del anterior alcalde, su amigo José Luis Míguez, apodado El Pesetas y que fue ascendido a gerente de Aquagest en Santiago cuando el PP llegó al Gobierno, y las gestiones que ambos tramaban para beneficiar presuntamente a la concesionaria del agua. Según se desprende de los pinchazos telefónicos, los detenidos planearon crear una empresa mixta con capital de Aguagest y del gobierno municipal para que se hiciera cargo del servicio sin tener que depender de la contratación pública. Otra de las fórmulas que manejaban los detenidos, según se desprende de las conversaciones grabadas, pasaba por aumentar el tiempo de concesión a cambio de que Aquagest asumiesen el coste de infraestructuras para la ciudad. Los investigadores sospechan que el negocio pretendía fraguarse a golpe de comisiones ilegales. Las presuntas negociaciones tuvieron lugar durante el mandato de Conde Roa, que incluso llegó a anunciar en un desayuno informativo su intención de llevar a cabo un ambicioso plan de infraestructuras con financiación público-privada. Cuando este tuvo que dimitir y Espadas fue destituido por su sucesor, Ángel Currás, el negocio se frustró. Otro de los expedientes bajo la lupa de la juez es la adjudicación del servicio de ORA que el gobierno de Conde Roa otorgó a la empresa Setex Aparki poco después de llegar al poder. El concurso había sido convocado por el bipartito y contaba con un informe técnico que avalaba la adjudicación a la empresa que finalmente resultó concesionaria, ya con el PP en el gobierno, desbancando a su rival del grupo Vendex, que la juez sitúa en el epicentro de la Operación Pokémon. Tras perder el concurso, Vendex denunció irregularidades en el proceso, que acabó recurriendo. El concejal responsable del servicio, Albino Vázquez Aldrey, también pasó la noche en los calabozos. El nuevo escándalo en el Ayuntamiento de Santiago se produce solo tres semanas después de que otra juez imputase al propio Vázquez Aldrey, a Conde Roa y al actual regidor partiendo de la querella de un policía municipal que les acusa de degradarlo en sus funciones y de acoso moral. En menos de dos años mandato, el Ejecutivo del PP acumula media docena de imputaciones. Conde Roa está acusado de defraudar a Hacienda y de prevaricación al relegar al citado funcionario, el mismo delito que la juez investiga en su sucesor, también encausado en la Operación Pokemon por prorrogar la concesión de una guardería municipal a Vendex, igual que su edil de Educación, Rebeca Domínguez. El jefe de gabinete actual, Francisco Castro, está imputado por el mismo caso. El hombre al que sustituyó, Ángel Espadas, condenado en la precampaña de las municipales por conducir bajo los efectos del alcohol, durmió anoche en comisaría arrestado también en este caso. Y hasta el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que siempre había pedido esperar a la resolución de los distintos sumarios, admitió ayer que lo que pasa en su partido en Santiago “no es normal” y animó al gobierno local a pedir disculpas. Al presidente se le agota la paciencia Alberto Núñez Feijóo había mostrado hasta ahora un respaldo sin fisuras al alcalde de Santiago, Ángel Currás. Convencido por las explicaciones de este de que su implicación en el caso Pokémon no tendría finalmente ninguna trascendencia penal, Feijóo expresó en reiteradas ocasiones su apoyo al alcalde. Y ante las fuertes desavenencias en el gobierno local incluso permitió a Currás quitarse de enmedio a su gran rival interna, la concejala Paula Prado, que dimitió del Ayuntamiento tras ser nombrada portavoz del PP gallego.

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Pero ayer, sin entrar en alusiones directas a Currás, el presidente de la Xunta y del PP de Galicia cambió de tono. Ante la nueva ronda de detenciones y la sensación de caos total en la capital de Galicia, Feijóo tuvo que admitir: “Lo que pasa en el Ayuntamiento de Santiago no es normal y a ningún ciudadano le parece normal”. El presidente anticipó que este nuevo episodio requerirá de los gobernantes locales “explicaciones amplias y disculpas concretas”. En el gobierno municipal, sin embargo, se empeñan en aparentar normalidad. Con el alcalde de viaje en Madrid, la portavoz del ejecutivo compostelano, María Castelao, afirmó a la Cadena SER que la sucesión de detenciones e imputaciones “no interfiere en el gobierno del día a día de la ciudad”. “Seguimos trabajando y sacando adelante expedientes”, aseguró. Pero la oposición dio un paso al frente y exigió medidas ante una situación que considera ya insostenible. Hasta ayer los socialistas habían evitado pedir la dimisión de Currás. La postura del PSdeG estaba condicionada por el hecho de que un alcalde suyo, el de Lugo, Xosé López Orozco, también está imputado en la Operación Pokémon. Pero ante la evidencia de que la sospecha de corrupción se ha extendido por el gobierno municipal, los socialistas dieron un giro a su postura y, a través de su portavoz, Francisco Reyes, pidieron la retirada del alcalde ante la situación de “práctica ingobernabilidad” del municipio. Antes, el líder local del BNG, Rubén Cela, había reiterado también su exigencia de que Currás se retire. Los dos partidos de la oposición coincidieron además en apelar a Feijóo para que, más allá de las palabras, tome medidas para normalizar la institución local. Desde fuera del Ayuntamiento, se plantearon soluciones más extremas: Esquerda Unida pidió nuevas elecciones y Compromiso por Galicia, que se disuelva la Corporación Municipal. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/14/galicia/1360873331_732255.html 19. C.A MADRID: AGUIRRE A LA ALCALDESA: “ANA, DI LA VERDAD: ¿TE REGAÑÉ YO A TI O TÚ A MÍ?” La presidenta del PP de Madrid se marca un tanto interno mientras insiste en la "regeneración" Ofrece 'en abierto' el cónclave una semana después de las filtraciones Seis días después de la bronca reunión en la que criticó la gestión del caso Bárcenas por parte de la secretaria general nacional, María Dolores de Cospedal, y del Madrid Arena por parte de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, Esperanza Aguirre, 30 años en la política, media vida, se ha reinventado con la emisión en abierto del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP de Madrid. El formato, sin precedentes, le ha servido para varios propósitos. El primero, el oficial, en convertirse en la voz crítica dentro del Partido Popular que reclama una mayor transparencia. En esa línea encaja su insistencia en la necesidad de una “regeneración” de la política. Además de marcarse un tanto interno permitiendo el visionado del cónclave —desde otra sala y a través de una televisión de plasma—, también le ha valido para desactivar cualquier intento de crítica —sus detractores le echan en cara que la trama Gürtel actuó durante años preferentemente en Madrid, aparte de en Valencia— o filtración que pudiera llegar. Aguirre propone que no ocupe un cargo "alguien que no haya cotizado en otra cosa" De los 300 asistentes solo han pedido la palabra siete aparte de Aguirre y del secretario general regional, Ignacio González. De hecho, no ha habido la mínima mención, ni subliminal ni de pasada, al rifirrafe del comité de dirección de la semana pasada, que se alargó dos horas por la tensión e intensidad con que se abordaron los frentes que preocupan a la cúpula del PP madrileño. Ni siquiera al despido de Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, como asesor de Génova. Aguirre ya lo puso sobre la mesa la semana pasada —la dirección nacional actuó ayer tras una defensa a ultranza del exalcalde de Pozuelo de Alarcón—, así como la dimisión de la ministra de Sanidad. Al menos en público, Aguirre no se ha puesto ninguna medallita tras el cese de Sepúlveda.

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El cónclave de esta tarde, de una hora de duración, se ha centrado de principio a fin en esa demanda de un cambio del sistema que Aguirre pregona desde hace semanas. La dirigente popular ha vuelto a plantear la urgencia de “acortar la distancia entre los políticos y los ciudadanos”. “Probablemente haya que cambiar la ley electoral, sus listas cerradas y bloqueadas. Los ciudadanos no conocen a quien votan. También creo que los candidatos deben demostrar que se pueden ganar la vida al margen de la política. Solo así se salvaguardará la independencia y libertad de los políticos”, ha pregonado Aguirre, que ha sacado a relucir su pensamiento liberal proponiendo un “menor intervencionismo” de las Administraciones “para que sean menos asfixiantes y evitar las tentaciones”. Es decir, que considera que la burocracia excesiva que en ocasiones paraliza procesos como abrir un negocio facilitan la corrupción. Fiel a su hoja de ruta de las últimas semanas, Aguirre ha vuelto a criticar la profesionalización de la política. “Creo que los candidatos a ocupar un puesto político deben demostrar que se pueden ganar la vida al margen de la política. Solo así se salvaguardará la independencia y libertad de los políticos. Ser elegido es un honor, no un modo de ganarse la vida. Hay que evitar las tentaciones”, ha enfatizado. La mandataria del PP madrileño, mayor bastión y caladero de votos del partido, ha aprovechado su comparecencia —siempre son en abierto, en su caso no fue novedad— para limar asperezas con el sector marianista, que tras conocer sus críticas a Cospedal, Mato y Botella la acusó de ir por libre y de “desleal”. Ante los curiosos que seguían la reunión, Aguirre ha cerrado filas respaldando la labor de Mariano Rajoy. Sin fisuras aparentes. “Hay que perseguir la corrupción de forma activa para evitar casos en el futuro. Ningún grupo humano está libre de que surja en su seno la corrupción. La diferencia está en la respuesta. Y el PP está dando la cara. Ahí tenemos al presidente del partido y gobierno, que ha empeñado su palabra con lo que significa”. “La corrupción es cuantitativamente mayor en otros partidos, pero nos afecta. Me gustaría que las investigaciones policiales y judiciales fueran más rápidas, para saber qué nos ha pasado. No como ahora, con la sombra de la sospecha y la duda que nos amenaza a todos”, ha finalizado su discurso. Dando a entender que el caso Bárcenas atañe a mucho más que al extesorero del Partido Popular. Y recalcando también que “las crisis son oportunidades”. Las siete intervenciones posteriores —Percival Manglano (exconsejera de Economía y Hacienda), Carmen Álvarez Arenas (diputada nacional), Agustín Juárez (alcalde de Collado Villalba), Pedro Rollán (alcalde de Torrejón de Ardoz), Ángel Garrido (presidente del pleno del Ayuntamiento de Madrid), Íñigo Henríquez de Luna (portavoz del PP en la Asamblea de Madrid) y Eva Durán (de la agrupación del PP de Puente de Vallecas)—, todas aguirristas, han continuado la misma línea. La única crítica, muy menor, la ha efectuado Garrido: “No creo que haya que regenerar la democracia. Hay personas que se han corrompido, fuera hay radicales de izquierdas y derechas que esperan que se diga que el sistema está debilitado… El sistema democrático es mejorable, pero creo que es exagerado hablar de regeneración”. De Luna ha pedido la palabra a continuación y ha hecho la siguiente réplica: “No soy un revolucionario, soy un reformista, y nuestro sistema democrático sí necesita reformas. Eso no significa dar pábulo a los antisistema”. Así ha terminado el encuentro, con esta ligerísima polémica. Por si a alguien le quedaba la duda de que Aguirre se ha salido con la suya, ahí queda el mensaje que ha escrito en su cuenta de Twitter tras la reunión: “Ana, di la verdad. ¿Te regañé yo o tú a mí?”. En realidad, ya lo había dicho por la mañana al despedirse de la alcaldesa, protagonista de unos desayunos informativos. "¿Te regañé yo a ti o tú a mí? Di la verdad, para darles morbillo", rio Aguirre tras darle dos besos a Botella. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/12/madrid/1360690522_962530.html 20. C.A MADRID: GONZÁLEZ PUBLICARÁ SU RENTA, PERO SE OPONE A LA “CAZA Y CAPTURA” A POLÍTICOS Defiende que el PP dé una respuesta "nítida y clara" a las acusaciones de corrupción

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Gómez opina que "ha necesitado arreglar algunas escrituras" antes de declarar sus bienes Ignacio González publicará en los "próximos días" sus declaraciones de renta y de bienes y actividades, como hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque se ha mostrado contrario a la actual "caza y captura" a los políticos. Justo antes de que estallara el caso Bárcenas, González era cuestionado por la compra de un ático de lujo que investiga una juez de Estepona (Málaga). "Yo si lo voy a hacer y espero que lo hagan todos", ha señalado el presidente madrileño también secretario general del PP de Madrid en un foro de esta formación política en Parla mientras su partido ponía en marcha en Twitter la campaña #quelaenseñeRubalcaba. A renglón seguido, ha advertido que no es "admisible" que los políticos estén sometidos al escrutinio como si fuesen una "especie sospechosa". "Esa caza y captura porque sí no es razonable", ha insistido, aunque ha indicado no obstante que iniciativas de "transparencia" como la publicación de las declaraciones de la renta ayudarán a superar la desconfianza en la clase política. Al respecto, el líder del Partido Socialista en Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha dicho que González "ha necesitado un tiempo para terminar de arreglar algunas escrituras de algunos áticos de lujo en Marbella para poder hacer pública su declaración de bienes". "Le ha costado trabajo", ha dicho Gómez, al explicar que González fue instado en "una veintena de ocasiones" por el PSM a que hiciese público su patrimonio. Respecto a los escándalos de corrupción que acosan al PP, González ha defendido que el partido tiene que dar una respuesta "nítida y clara" a las acusaciones, que ha calificado de "extraordinario follón", y además "plantar cara" a los intentos de "difamar", porque es un partido "honrado". En esta línea, ha pedido a los militantes y simpatizantes que respondan a la cuestión de "honorabilidad" a la que está sometido el PP desde "la tranquilidad, desde la firmeza y desde la unidad". Antes de su intervención, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha presentado a González como la persona en la que siempre ha confiado "para que siguiera la pista a todos los asuntos" y "un gran conocedor de los entresijos de todas las administraciones, local, regional y del Estado". Aguirre ha señalado que cuentan con "millones de anécdotas" juntos y ha aseverado que "ni una sola" de las decisiones que tomó tuvo lugar sin tener en cuenta su opinión y sin "sentir su apoyo". Incluso le ha dado paso con una broma sobre el "finísimo sentido del humor" del presidente: "Dicen que es un extraordinario contador de chistes. Aunque a mí no me los cuenta porque deben ser subidos de tono. Pese a la dura carga que en septiembre dejé caer sobre sus hombros, espero que hoy nos saque alguna sonrisa". http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/13/madrid/1360769582_697081.html 21. C.A MADRID: EMPLEADOS DEL ‘NÚMERO DOS’ DE LA CEOE DENUNCIAN QUE LES PAGA CON DINERO NEGRO

Arturo Fernández habría retribuido con dinero negro durante años, según la Cadena Ser

Las cantidades repartidas en sobres oscilan entre 100 y 700 euros

El empresario madrileño niega los pagos en su grupo de hostelería

“Si hay alguna irregularidad, para eso está la inspección” El vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, ha pagado en dinero negro parte del salario de los empleados de su empresa de hotelería, según testimonios de trabajadores y extrabajadores de la firma del empresario madrileño recogidos por la cadena SER. Esta práctica era sistemática y podría llegar a ser la mitad del sueldo, según las mismas fuentes. Fernández negó ayer las irregularidades, aunque admitió que podía haber algunas excepciones en su firma, que tiene concesiones en escuelas, hospitales y otros edificios públicos, como el Congreso de los Diputados.

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Camareros, cocineros y encargados de la empresa Grupo Arturo Cantoblanco entrevistados por la emisora coinciden en que han cobrado parte de su sueldo en un sobre, en dinero b, por dos conceptos: horas extraordinarias y complementos de responsabilidad. Esta práctica ha sido sistemática en la empresa, donde en la actualidad trabajan unas 2.500 personas, y podía “llegar a ser la mitad del salario”, según trabajadores y extrabajadores, que dicen que hasta ahora habían tenido miedo de hablar por temor a represalias. Todos los testimonios, algunos anónimos, coinciden en la descripción del método de los pagos en negro y aportan idénticas pruebas documentales, según la emisora del grupo PRISA (editor de EL PAÍS). Los sobres que conservan los denunciantes son todos iguales: blancos y sin membrete, con una pegatina donde figuran el nombre y apellidos del trabajador junto a la cifra que ha ganado ese mes. Las cantidades oscilan entre los 100 y los 700 euros. Los trabajadores aseguran que la empresa les obliga a cobrar así. Y que cuando han pedido regularizar los pagos e incluirlos en sus nóminas, los responsables se han negado. Uno de los empleados, César Augusta Rocha, con 10 años de experiencia en Arturo Cantoblanco, mantiene que recibir sobres era algo tan asumido que ni se cuestionaba: “Es algo que está instaurado, viene en el paquete, trabajas horas extras y aquí es así, aquí en Arturo te pagan en negro a mes vencido y ya está, te lo dicen... Es que ya ni te lo dicen, se entera uno por los compañeros”. "Es algo que está instaurado, viene en el paquete", asegura uno de los empleados Francisco, camarero de 64 años, trabaja en un hotel de lujo cerca del Congreso de los Diputados y “alguna vez” ha acudido como “extra” en los cócteles que programa la Cámara baja. Según denuncia, tras cuatro horas de trabajo, un encargado de hostelería le pagaba en dinero negro. “Un listero [1]nos avisa de que hay cóctel, vamos como refuerzo de la plantilla. Al acabar nos meten en un cuarto y allí nos pagan”. Las cantidades se mueven en torno a los 50 euros por cuatro horas. “Es algo muy habitual. El mundo de la hostelería es así”. Un exempleado explica cómo las condiciones de cobro se establecían desde un principio: “Todos los cargos intermedios tienen un sobresueldo por asumir esa responsabilidad. Entonces te lo ofrecen: vas a ganar 1.000 euros, pero vas a tener un sobre de 500. Tú dices: ¿Esos 500 me los podrías poner en nómina? Es imposible, porque conlleva mucho gasto, hay que pagar mucha Seguridad Social y bastante es que te pagamos a final de mes, eso es lo que te dan a entender”. Estas prácticas permiten a las empresas que recurren a ellas ahorrar en cotizaciones a la Seguridad Social. Además, suponen un perjuicio para los trabajadores cuando llega el momento de cobrar el subsidio de desempleo o una pensión de jubilación, que se ven reducidos significativamente. Arturo Fernández, que también preside la patronal madrileña, CEIM, negó que haya irregularidades de forma generalizada en la empresa que fundó su abuelo en 1898. Pero reconoció que el “entramado” hostelero “es muy complicado”, que las nóminas son “muy complicadas” y que puede haber habido “irregularidades a lo largo de los años”. El empresario anunció que sus abogados estudian la adopción de medidas judiciales contra quienes le acusan. La empresa de Arturo Fernández es todo un imperio del catering. Su emblema, la imagen de un cazador apuntando con su escopeta, se puede ver en cafeterías y restaurantes del Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid, RTVE, el Palacio de los Deportes, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Defensa y el Instituto Oficial de Crédito, entre otras. http://economia.elpais.com/economia/2013/02/11/actualidad/1360570167_938450.html

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22. C.A MADRID: EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADMITE QUE “DONÓ” 120.000 EUROS A LA FUNDACIÓN DE URDANGARIN Hasta ahora no se han justificado a "qué servicios corresponde" el cobro de ese dinero El delegado de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Villalonga, escribió una carta al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el pasado 29 de enero para documentar lo que ya le había comunicado por teléfono: que la Fundación Madrid 16, creada en 2006 para impulsar la candidatura olímpica —y cuyo patronato presidía el antes alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón— pagó, “en concepto de donación”, 120.000 euros de fondos públicos en 2007 a la Fundación Deporte, Cultura, Integración Social (FDCIS), presidida por Diego Torres con Iñaki Urdangarin de socio. “Sin que se haya podido hasta ahora justificar a qué servicios corresponde el cobro de las citadas cantidades”, añadía la carta. Villalonga se ha negado a hablar con EL PAÍS para explicar por qué envió la carta, y por qué a Torres-Dulce. La documentación pasó a la Fiscalía Anticorrupción, que la envió al fiscal balear Pedro Horrach. Este, junto al juez de Palma José Castro, que investiga el caso Nóos, volaron el 7 de febrero a Madrid, donde tomaron declaración dos días después como imputados a la antigua consejera delegada de Madrid 16 y exdirectora de Deportes del Ayuntamiento, Mercedes Coghen (dimitió en septiembre, alegando razones familiares); y a dos ejecutivos de ese organismo. Urdangarin y Torres, con la ayuda del empresario Joaquim Boixareu y el abogado Ramon Bergós, montaron la fundación FDCIS en diciembre de 2006, apenas nueve meses después de que el Rey instara al duque de Palma a abandonar sus negocios, hasta entonces amparados por la fundación Nóos. Urdangarin queda malparado en esta nueva pieza porque se documentan más indicios para sustentar las acusaciones por supuestos delitos continuados, y se desmonta su tesis de que se apartó de Nóos en 2006. El duque de Palma llevó a cabo, personalmente, un negocio con una institución pública año y medio después de que, en marzo de 2006, el Rey vetara su participación en la trama comercial de Nóos y, de manera especial, que trabara relaciones económicas con la Administración. Urdangarin, según las diferentes declaraciones judiciales recogidas, llamó a Coghen diciéndole que tenía una fundación y ofreciendo sus servicios; asistió a la reunión clave y advirtió, con Torres, que debía recibir una remuneración por ello. Los interlocutores le identifican como “cabeza visible”; además, se le da “valor” a “su doble condición de miembro de la Casa Real y de deportista olímpico”. Que en los Juegos de Pekín, la fundación Madrid 16 efectuó tareas de lobby con “la asistencia de los Principes de Asturias y también de Iñaki Urdangarin”. La denuncia al fiscal general del Estado, con previa comunicación oral, es insólita. Villalonga entró en el Ayuntamiento de la mano de Ana Botella en enero de 2012 como delegado de Las Artes (no es concejal). El 17 de enero, recibió además las competencias de Deportes. Días después, Villalonga informaba a Torres-Dulce. El convenio de Madrid 16 con la fundación de Urdangarin, firmado en octubre de 2007 con dos años de validez, es inconcreto sobre los términos de la colaboración. Más concretos son los pagos: 18 “donaciones” de 6.000 o 12.000 euros transferidas mensualmente entre el 31 de octubre de 2007 y el 24 de noviembre de 2009. “No consta que la FDCIS haya realizado servicios que justifiquen el cobro de las cantidades citadas, como así hace constar Fernando Villalonga”, señala el fiscal Horrach en su escrito al juez del pasado 4 de febrero. Villalonga le pasó también a Torres-Dulce una “memoria” de cuatro folios escrita por Coghen el 2 de diciembre, de 2009 un mes antes de finalizar su trabajo al frente de Madrid 16 (en octubre, la capital había sido derrotada por Río de Janeiro) y ponerse al frente del área municipal de Deportes. Ese informe es calificado por el fiscal de “intento burdo de justificar a posteriori la entrega de dinero” (que ascendería, según ese papel, a 144.000 euros). En concreto, se alude a un acto en el Club de Campo, y a la presencia de consejeros asesores de la fundación de cuatro miembros del Comité Olímpico Internacional (COI). Villalonga explicó luego al juez que la memoria era el borrador de respuesta a una interpelación de UPyD que se produjo en octubre de 2012. Coghen, en cambio, dijo que fue un informe al entonces vicealcalde, Manuel Cobo, al salir en prensa informaciones al respecto.

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El fiscal en su escrito “constata indicios de la presunta comisión de un presunto delito de malversación de caudales públicos”; solicita el secreto parcial de las actuaciones y que se tome declaración como imputados de Coghen y los otros dos directivos, y como testigo de Villalonga. Este señaló al juez que, “aparte de lo llamativo del nombre de una de las partes [Urdangarin], se trataba de un convenio que no fijaba cantidades ni prestaciones”, y no se halló “justificación de la realización de los servicios que correspondían a las facturas”, pese a la “búsqueda exhaustiva” que hizo. Coghen declaró que “las labores de lobby sobre los miembros del COI se las comentaba Urdangarin verbalmente”, una labor “intangible y de difícil medición”. La fundación de Urdangarin pidió 10.000-15.000 euros al mes, pero Madrid 16 lo rebajó a “precio de mercado”: 6.000-10.000 euros, según los declarantes. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/11/actualidad/1360613302_249904.html 23. C. VALENCIANA: EL PP CIERRA FILAS CON MILAGROSA MARTÍNEZ Y LA MANTIENE EN LA ALCALDÍA La alcaldesa de Novelda, imputada en Gürtel, asegura que tiene "la conciencia limpia" Ni dimisiones, ni renuncias, ni crisis de Gobierno. El PP opta por cerrar filas y mantener en el cargo de alcaldesa de Novelda a Milagrosa Martínez, imputada en el caso Gürtel, antes que aceptar la reprobación que la oposición municipal defendió este miércoles en un pleno extraordinario. La alcaldesa, y diputada autonómica, a la que la Fiscalía Anticorrupción pide para ella 11 años de cárcel por los contratos de Orange Market en Fitur, se aferra al cargo. “Quien tiene la conciencia tranquila no dimite”, aseguró tajante en su última intervención en el pleno extraordinario convocado por la oposición (PSPV, UPyD y EU-Verds). Martínez admitió que tras “meditar mucho” decidió “no huir” y conservar tanto el acta de alcaldesa como de diputada por “responsabilidad y compromiso” con sus vecinos. Una decisión que, según confesó, supondrá “más desgaste y dolor” en esta “amarga experiencia” en la que está dispuesta a “luchar hasta el final”. El pleno, que duró poco más de una hora, apenas despertó el interés ciudadano, ya que sólo una decena de vecinos siguieron la sesión en el Ayuntamiento. Las tensiones en el seno del Grupo Popular se han calmado por unos días. La todavía alcaldesa, que confía solo en tres de sus concejales, mantiene un pulso con el portavoz municipal, Rafael Sáez, respaldado por la ejecutiva provincial del PP. Según fuentes municipales, varios ediles del PP estaban dispuestos a no acudir al pleno para que prosperara la moción de reprobación, pero el aparato del PP se empleó a fondo para garantizar la unidad y evitar dejar en minoría a Milagrosa Martínez. No obstante, el portavoz del PP, Rafael Sáez, a quien la alcaldesa destituyó como primer teniente de alcalde en diciembre pasado sin avisarle, ya se encargó de dejar claro que la renuncia es “personal” y no vamos a “apretar las clavijas ni hacer nada extraño”, se escudó. El edil incluso se llegó a preguntar: “¿Cómo hago dimitir a alguien, con presiones, con métodos poco democráticos?” El edil del PP optó por criticar a la oposición por hacer un “juicio paralelo” y “buscar titulares fáciles”. Sáez defendió que si algún político “hace algo que lo pague, pero en este caso todavía no se ha juzgado a nadie”, dijo. La oposición en pleno exigió la dimisión de la alcaldesa y criticó la “parálisis” del Gobierno municipal. No plantearon una moción de censura, ni pretendía gobernar con un tripartito. Solo que Milagrosa Martínez renunciara al acta de concejal y el PP designara nuevo alcalde para “soltar el lastre de la corrupción”, afirmaron. El portavoz del PSPV-PSOE, Manuel González, lamentó el “grave daño” que la situación judicial de Martínez causa a Novelda. Y le rogó que se marchara tras la “pérdida de confianza entre los vecinos”. El socialista, que tiene cinco concejales, recordó que la presunción de inocencia “no es la fórmula mágica exculpatoria de toda responsabilidad” y pidió a los 11 concejales del PP que emprendan una tarea de “ética e higiene política” para pasar a conformar un gobierno que

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tenga “al frente a una persona honesta”. El socialista lamentó que la corrupción en la Comunidad Valenciana sea “sistémica”. El portavoz de los tres concejales de UPyD, Armando Esteve, se lamentó de que Novelda “sea ejemplo” de crisis económica, política e institucional y destacó que la alcaldesa ha sido acusada de “graves delitos” en un caso de corrupción en su gestión como consejera. La portavoz de EU-Els Verds, Marga Pastor, abogó por restablecer la confianza en los políticos y criticó que la alcaldesa trate de defender su inocencia escudándose en el nombre de Novelda. Milagrosa Martínez ya fue objeto de una moción de reprobación en el año 1997, que antecedió a una moción de censura de los socialistas. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/13/valencia/1360753151_627603.html 24. C. VALENCIAN: EL TRIBUNAL DE CUENTAS DESMONTA LA DEFENSA DE BARBERÁ EN EL ‘CASO NÓOS’ La fundación que contrató a Urdangarín forma parte del sector público local El Tribunal de Cuentas ha desmontado la defensa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante el caso Urdangarin. Barberá ha intentado mantener alejado el escándalo de los cerca de dos millones de euros que la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau concedió al Instituto Nóos del yerno del Rey, sosteniendo que se trata de una entidad privada separada del Ayuntamiento, a pesar de que la preside su número dos, el vicealcalde Alfonso Grau. El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador del sector público, echa por tierra esa teoría al señalar en un informe fechado el 23 de febrero de 2012 que la “dependencia económica” de la fundación respecto al Gobierno de Barberá, “debería llevar a considerarla como integrante de ese sector público local”. Su actividad debería ajustarse, añade, a las limitaciones que afectan al sector público, incluidos los requisitos para contratar. Valencia suscribió con el Instituto Nóos convenios para organizar el Valencia Summit, un encuentro de expertos deportivos por el que la entidad de Urdangarin cobró importes fabulosos, en los años 2004, 2005 y 2006. Pero el Ayuntamiento no lo hizo directamente, sino a través de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB), que pagó cerca de dos millones de euros por los eventos. La investigación del juez de Palma José Castro ha revelado que del dinero que destinó por esta vía el Ayuntamiento —y la Generalitat, que cofinanciaba el Valencia Summit—, menos de una quinta parte está justificado con facturas, mientras que el resto se lo habría quedado el instituto del yerno del Rey. La alcaldesa ha insistido en que la fundación es privada e independiente El juez también ha censurado a la fundación municipal y al Consell, ambos controlados por el PP, por haber firmado los convenios “sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado”, lo que llevó a que Nóos “ni tan siquiera se molestó en tratar de esbozar para convencer a quienes tendrían que pagarlo”. Los acuerdos, añadió el juez en el auto que estableció una fianza de 8,1 millones de euros para Urdangarin y su socio Diego Torres, violaron “de manera descarada los principios de concurrencia y publicidad para ser sustituidos por los del amiguismo y la oficiosidad”. La estrategia de Barberá ha consistido en mantener que la fundación TVCB no depende del Ayuntamiento. Al ser privada, no tendría que ajustarse a estrictos criterios legales en la contratación. El Tribunal de Cuentas opina, sin embargo, lo contrario. El organismo solicitó datos de más de 400 fundaciones municipales españolas. De siete de ellas concluye que, pese a estar constituidas formalmente como privadas, deben ser consideradas parte del sector público. La primera de esa lista es Turismo Valencia Convention Bureau. El Tribunal de Cuentas la enmarca en un grupo de cinco fundaciones que cuentan “con una aportación dotacional, si bien no mayoritaria sí significativa por parte de Ayuntamientos y/o

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diputaciones que, además, subvencionan anualmente sus actividades en un porcentaje considerable frente a otro tipo de ingresos”. A continuación, detalla que la fundación VTCB “no se constituye mayoritariamente por el Ayuntamiento de Valencia (aporta el 25%), siendo junto con él socios fundadores la Cámara de Comercio, la Confederación Empresarial y Feria Valencia, esta última participada a su vez por el Ayuntamiento. Si bien más del 80% de los ingresos anuales se aportan por el Consistorio de Valencia”. Acogiéndose a ese supuesto carácter privado, Barberá y su equipo de Gobierno han rechazado informar incluso de cuánto dinero municipal acabó en manos de Urdangarin y Torres. Y ello a pesar de que en 2005, por ejemplo, 95 de cada 100 euros que manejó la fundación TVCB le fueron proporcionados por el Ayuntamiento. En ese mismo ejercicio, de un presupuesto total de 5,25 millones de euros, la fundación dedicó 739.965 a gastos del Valencia Summit. Ser un ente privado permite eludir estrictos controles en la contratación El Tribunal de Cuentas señala en las conclusiones de su informe que las entidades “constituidas como fundaciones, bien con aportación dotacional mayoritaria de los entes locales y/o con representación mayoritaria de estos en sus patronatos y/o cuando las aportaciones posteriores a su constitución devengan esencialmente de subvenciones concedidas por las entidades locales participantes en esta, aunque dicha participación resulte minoritaria, debieran ser consideradas como parte del sector público local y, por tanto, con igual sujeción al control previsto para este”. Que una Administración pretenda servirse del derecho privado creando y financiando entidades que persiguen fines públicos —el fin de la fundación del Ayuntamiento es “la gestión estratégica y la promoción de la ciudad de Valencia en el ámbito turístico”— no es raro. El sumario del caso Gürtel revela que la Generalitat intentó hacer lo mismo sin éxito con su Agencia Valenciana de Turismo, que contrató de forma presuntamente ilegal a empresas de la red corrupta por cinco millones de euros. Existen, en cambio, pocos supuestos en que un Ayuntamiento se resista a aceptar el carácter público de sus fundaciones. Y menos cuando, como sucede con TVCB administra tanto dinero (en 2004, 8,9 millones). Entre los pocos casos similares que recoge el Tribunal de Cuentas se incluyen la fundación Feria Apícola de Castilla-La Mancha (del Ayuntamiento de Pastrana y la Diputación de Guadalajara) y la del Museo del Calzado de Elda (del consistorio eldense y de la Diputación de Alicante). Un precedente en el sumario de Gürtel El sumario del caso Gürtel contiene un intento similar, en este caso de la Generalitat, de eludir las restricciones que pesan sobre las Administraciones a la hora de contratar sosteniendo que uno de sus entes, la Agencia Valenciana de Turismo, se regía por derecho privado. Un informe de la Intervención General del Estado de 2012, sobre la contratación de dicha agencia con empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa, concluye lo contrario, reproduciendo para ello un dictamen de la Sindicatura de Comptes de 2005. “La Agencia Valenciana de Turismo, como ya se ha venido indicando en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores, es una entidad de derecho público dependiente de la Generalitat valenciana, financiada en su práctica totalidad por la misma y creada para satisfacer necesidades de interés general que son competencia de esa Administración autonómica, como son el fomento y la promoción del turismo valenciano”. De ese modo, prosigue la Sindicatura, “concurren los dos requisitos establecidos” en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para que la agencia “ajuste su actividad contractual a lo dispuesto en esta ley”. El artículo 3 de esa norma recoge los entes que estarán sujetas a la regulación. Y, a modo de red de seguridad para evitar que bajo distintas denominaciones las Administraciones burlen el control, establece que deberán ceñirse al modo de contratar del sector público: “Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados

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específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad”. Como ocurre con la fundación del Ayuntamiento de Valencia. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/12/valencia/1360695255_120741.html 25. C.VALENCIANA: EL JUEZ ACORRALA AL EXGERENTE DE EMARSA AL INTERROGARLO POR SOBORNOS Cuatro proveedores de la depuradora entregaron 180.000 euros a su hermano Cuesta dice que fue por cortar árboles, cuidar caballos y hacer trabajos agrícolas Esteban Cuesta, enfermero en ejercicio, excargo del PP en la ciudad de Valencia, a quien sin ninguna formación económica se le puso al frente de Emarsa, la sociedad que gestionaba la depuradora de Valencia y manejó cerca de 100 millones de euros entre 2004 y 2010, cuando fue liquidada con un agujero de 17 millones, lleva tiempo imputado por varios delitos: administración desleal, estafa, malversación de fondos públicos, delitos contra la Hacienda pública y falsedad en documento mercantil. El juez instructor del caso Emarsa, Vicente Ríos, lo imputó además en octubre por aceptar sobornos. El magistrado lo sometió este jueves a un nuevo interrogatorio al respecto, en el que Cuesta ofreció respuestas más bien chocantes. El juez sospecha que tres empresas que facturaron varios millones de euros a Emarsa, Proemisa, Prodaemi e Ivem, pagaron comisiones al entonces gerente a través de una sociedad que habían constituido sus hermanos. Las empresas proveedoras pagaron 150.000 euros a Exae, creada por José Ramón y Luisa Cuesta en su pueblo de Albacete, Casas Ibáñez. El magistrado cree que esas operaciones fueron ficticias, entre otras cosas porque la empresa de los familiares de Cuesta solo tenían un empleado y era uno de los hermanos. El instructor preguntó ayer al exgerente si sabía cómo se puso en contacto Proemisa, que en esos años facturó 12 millones de euros a Emarsa, con la empresa de su hermano. “[El dueño de la empresa] me dijo que necesitaba un agricultor con maquinaria propia y yo le di el número de teléfono de mi hermano y ya no sé nada más”, respondió Cuesta. El juez le hizo ver que en los datos de vida labora de su hermano no consta que haya sido nunca agricultor, pero sí empleado de Feria Valencia. El exgerente insistió en que su hermano siempre ha trabajado en el campo, incluso en el periodo en que, además, lo hacía en la feria. Proemisa pagó 40.117 euros a la sociedad de los Cuesta. El magistrado le interrogó a continuación sobre cómo se había puesto en contacto Prodaemi con la empresa de su hermano. “[Su dueño] me preguntó si sabía de alguien que cortaba árboles y realizaba tareas de desbrozar y yo también le di el teléfono de mi hermano y no sé más, y no he hecho ningún seguimiento”, respondió el exgerente. Prodaemi pagó a la sociedad de los Cuesta 89.886 euros. El exresponsable de la depuradora no supo explicar, en cambio, cómo el tercer proveedor de Emarsa sospechoso de pagarle sobornos, Ivem, llegó a ponerse en contacto con la sociedad de sus familiares, a la que pagó 20.000 euros. Pero sí admitió que su hermano le hizo “algún comentario general” sobre que tenía negocios con Proemisa y Prodaemi. Las sorprendentes respuestas de Cuesta continuaron al preguntarle el juez explicaciones sobre otro supuesto delito de cohecho: las mordidas que habría recibido de Sebastián García Martínez, conocido como Chanín, un personaje único del caso Emarsa. García Martínez fue durante años simultáneamente responsable de Emarsa (área de informática) y proveedor de la misma. Tras parecer atrapado por los inverosímiles suministros y servicios que teóricamente había prestado a la depuradora, confesó al juez el sistema corrupto que imperaba en la planta y aseguró haberle pagado a Cuesta sobornos por 1,8 millones de euros a lo largo de los años entre efectivo, obras en su casa, y regalos de muebles y electrodomésticos.

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El juez le preguntó este jueves al exgerente si podía explicar por qué Chanín hizo ingresos 29 ingresos de 1.000 euros en la cuenta bancaria de su hermano. Cuesta respondió que Chanín tenía en Casas Ibáñez dos caballos que cuidaba su hermano, y que también tenía a su disposición una habitación en la que guardaba la ropa de montar. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/14/valencia/1360869096_816118.html