BOLETIN Nº 688

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 09 al 20 de Octubre 2013

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INDICE

01. RAJOY RESPALDA A COSPEDAL FRENTE A LAS CRÍTICAS EN EL SENO DEL PP 02. EL PULSO DE LOS BARONES POR LA FINANCIACIÓN DESBORDA A RAJOY 03. RAJOY: “LA ‘DOCTRINA PAROT’ RESPONDE AL SENTIDO COMÚN, ES JUSTA Y ÚTIL” 04. SANTAMARÍA: “YO NO HE OFENDIDO A LOS PARADOS QUE COBRAN LA PRESTACIÓN”

05. EL GOBIERNO EVITA DISCULPARSE POR INFLAR EL FRAUDE DEL PARO Y RECURRE AL ‘CASO ERE’

06. HACIENDA DEDICARÁ EL PRÓXIMO AÑO 612 PERSONAS MENOS A COMBATIR EL FRAUDE FISCAL 07. UN MILLÓN DE FIRMAS REGISTRADAS EN LA MONCLOA CONTRA LA LOMCE 08. EL GOBIERNO DEBERÁ EXPLICAR SI DESTITUYE AL COMISARIO DE LA POLICÍA JUDICIAL POR INVESTIGAR EL CASO BÁRCENAS 09. COSIDÓ CAMBIA POR CUARTA VEZ AL JEFE DE LAS UNIDADES CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS DROGAS 10. AZNAR REPROCHA A RAJOY SU SILENCIO SOBRE CATALUÑA 11. VIDAL-QUADRAS ACUSA A RAJOY DE “INCUMPLIR” EL PROGRAMA DEL PP 12. RTVE DESIGNA UN NUEVO DIRECTOR DEL ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 13. C.A CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL LLEVA AL CONGRESO SU PROPUESTA PARA CAMBIAR LA LEY Y PERPETUARSE EN EL PODER 14. C.A GALICIA. LOS ALCALDES HACEN COLA EN LOS JUZGADOS 15. C.A GALICIA. IMPUTADOS 7 EDILES DEL PP SANTIAGUÉS POR APROBAR QUE EL AYUNTAMIENTO PAGASE LA DEFENSA DE OTRO CONCEJAL 16. C.A MADRID. 50 JUECES DECIDIRÁN SI SE REACTIVA LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA EN MADRID 17. C.A MADRID. LA CIUDAD DE MADRID PIERDE CALIDAD DE VIDA 18. C. VALENCIANA. CASTRO DA CINCO DÍAS AL FISCAL PARA QUE OPINE SI DEBE CITAR A CAMPS Y BARBERÀ COMO TESTIGOS

19. C.VALENCIANA. GONZÁLEZ PONS: “FABRA ERA MUY IMPORTANTE, PODÍA ACUDIR A LOS MINISTROS”

20. C.VALENCIANA. DOS EXMINISTROS CONFIRMAN QUE SE VIERON CON FABRA PARA HABLAR DE FITOSANITARIOS 21. C. VALENCIANA. CASTEDO TEME EL ‘EFECTO BRUGAL’ 22. C.VALENCIANA. EL TSJ SE NIEGA A REBAJAR LA FIANZA DE MILAGROSA MARTÍNEZ EN EL ‘CASO GÜRTEL’ 23. C. VALENCIANA. EL JUEZ IMPUTA AL EXCONSEJERO CERVERA POR UN CONTRATO DE SANIDAD CON GÜRTEL

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01. RAJOY RESPALDA A COSPEDAL FRENTE A LAS CRÍTICAS EN EL SENO DEL PP Asegura que es una “magnífica secretaria general” tras el espectáculo del careo con Bárcenas Baste con que un ministro o un dirigente de su partido sea cuestionado para que Rajoy le eche un capote. Si hace pocos días era Montoro, hoy le ha tocado el turno a María Dolores de Cospedal. En la rueda de prensa con la que ha culminado la cumbre iberoamericana, el presidente del PP ha contestado con un “por supuesto” a la pregunta de si mantiene la confianza en la secretaria general de su partido. “No tenga la más mínima duda”, ha agregado sonriendo, “es una magnífica secretaria general”. Cospedal ha recibido duras críticas entre sus compañeros de partido por el espectáculo de su careo judicial con el extesorero del PP Luis Bárcenas, lo que ha favorecido que este último vuelva a ocupar las primeras planas de los medios de comunicación. Rajoy no ha querido, en cambio, entrar al trapo del órdago soberanista catalán. Preguntado por si aprovechará su visita a Barcelona, el próximo miércoles, para reunirse con el presidente catalán, ha recordado que se trata de una reunión de “estados nación” de ambas orillas del Mediterráneo (Portugal, España, Francia, Italia y Malta por Europa; y Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, por el Magreb) en la que se abordará “con altura de miras” la forma de evitar tragedias como el reciente naufragio de Lampedusa. “De lo demás [o, tal vez, de lo de Mas] no me ocupo”, ha apostillado. Sí que ha aludido veladamente al independentismo catalán, o al menos todo el mundo lo ha interpretado así, cuando ha defendido el proyecto de integración europea, y su posible traslación a América Latina, asegurando que “la integración y la apertura es fuente de crecimiento, mientras que la fragmentación y la división solo son fuente de empobrecimiento y aislamiento”. El presidente del Gobierno ha negado que pretenda imponer nuevos recortes a las comunidades autónomas, aunque ha recordado que equilibrar las cuentas públicas es “capital para España” y que las autonomías “tienen que cumplir sus objetivos de déficit, igual que las corporaciones locales y el Gobierno. Ellas tienen que decidir qué decisiones toman para cumplirlos”. Rajoy ---que se ha reunido en Panamá con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA)— ha trasladado a todos sus interlocutores el mensaje de que España “está saliendo de la crisis” y “la recuperación ya está ahí”. Por su parte, el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, ha restado importancia a la ausencia de más de la mitad de los mandatarios invitados a la cumbre de Panamá, asegurando que ello “no desluce” sus resultados, ya que los 22 países han estado representados, aunque fuera por su canciller. El presidente mexicano, encargado de organizar la próxima cumbre iberoamericana en Veracruz, se marchó prematuramente de Panamá, por lo que fue sustituido en la rueda de prensa final por su secretario de Asuntos Exteriores, José Antonio Mead. http://politica.elpais.com/politica/2013/10/20/actualidad/1382233354_661441.html 02. EL PULSO DE LOS BARONES POR LA FINANCIACIÓN DESBORDA A RAJOY El presidente retrasa el debate de la reforma a 2014 tras chocar con Ignacio González Los presidentes autonómicos del PP y la plana mayor del partido demostraron ayer que, pese al calendario impuesto por el Gobierno, la revisión del sistema de financiación ya está sobre la mesa. Al menos, ha llegado el momento para debatir el modelo y plantear exigencias al jefe del Ejecutivo y al ministro de hacienda, Cristóbal Montoro. Eso hicieron, con matices y planteamientos distintos, los barones que acudieron al Comité Ejecutivo Nacional de los populares. El debate entre los dirigentes territoriales a cuenta del sistema de financiación, con el madrileño Ignacio González a la cabeza, desbordó a Mariano Rajoy, quien trató de enfriar la avalancha de peticiones esgrimiendo unos plazos y comprometiéndose a publicar las balanzas fiscales en diciembre.

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En primer lugar, el jefe del Ejecutivo contestó al presidente de la Comunidad de Madrid, que reclama un nuevo modelo para antes del 1 de enero de 2014 como señalaba en un artículo publicado ayer por EL PAÍS. Pero Rajoy rechaza esa urgencia. Antes de esa fecha, anunció, solo se presentará la evaluación del sistema a revisar. Y ese cambio, añadió, “se abordará” el año próximo, después de la reforma fiscal prevista para marzo. Pero González insistió. A puerta cerrada, mantuvo que el modelo caduca en tres meses y que una disposición adicional de la ley obliga a revisarlo ya, ante lo que Rajoy y Montoro le replicaron que se trata de una interpretación errónea. Según su lectura, el modelo, aprobado en 2009, no tiene fecha de caducidad. El titular de Hacienda, además, le pidió abiertamente, según fuentes de la reunión, que deje de hablar en esos términos de la reforma. A pesar de las discrepancias, asistentes al Comité Ejecutivo aseguraron que el tono del debate no alcanzó en ningún momento el enfrentamiento ni las tensiones de septiembre de 2012, cuando la cúpula popular chocó con dureza por la política penitenciaria de Jorge Fernández y la gestión del caso Bolinaga. Ayer la plana mayor del PP, acostumbrada al silencio en la reuniones internas, vivió un debate de fondo sobre una cuestión fundamental para la gestión de las comunidades autónomas y las relaciones entre los Gobiernos regionales y el Ejecutivo central. Hubo quien apoyó abiertamente la tesis de González, como el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, y también quien le reprochó la publicación de su artículo en EL PAÍS, en el caso de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi. Pedro Sanz, histórico barón y presidente de La Rioja, pidió que “la oposición la hagan los otros” y no el PP desde dentro. En cualquier caso, el presidente madrileño se limitó a reiterar el mismo mensaje que trasladó a Rajoy en la reunión que mantuvieron ambos el pasado 3 de septiembre en La Moncloa, en la que el jefe del Ejecutivo mantuvo que hay que cambiar el modelo de financiación y se cambiaría. Ya en la puerta de Génova, 13, el presidente regional se dio públicamente por satisfecho. “Hay un compromiso claro de que el modelo se va a cambiar”, afirmó antes de enfatizar otros de los aspectos debatidos en el Comité Ejecutivo: “Todos vamos a estar en el mismo modelo de financiación, discutido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y aprobado por unanimidad, lo que es muy importante para que todos tengamos claro de qué estamos hablando en este asunto”. Intervinieron casi todos los presidentes autonómicos. Muchos lo hicieron para dejar clara su oposición a la propuesta de limitar la solidaridad entre autonomías y la singularidad de Cataluña que plantea la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, en un intento de frenar las pretensiones soberanistas del presidente de la Generalitat, Artur Mas. José Antonio Monago (Extremadura), Juan Vicente Herrera (Castilla y León) y Rudí (Aragón) pidieron que no se cuestione ese principio para favorecer a Cataluña. Rajoy trató entonces de tranquilizar a los suyos negando que la Generalitat esté mal financiada. También tomó la palabra Sánchez-Camacho, y lo hizo para dejar claro que la propuesta del PPC es compatible con los planteamientos que defiende la dirección nacional del partido y se fundamenta “en la solidaridad y la igualdad”. Rajoy habló de economía, defendió los Presupuestos Generales del Estado, criticados internamente por casi todas las autonomías del PP, y se comprometió a que antes de final de año se publiquen las balanzas fiscales, los cuadros que reflejan lo que se recauda en impuestos en cada comunidad y lo que, después, revierte en inversiones o fondos de solidaridad. Unos datos que pueden resultar incómodos para algunas comunidades porque muestran las que reciben más de lo que aportan y viceversa. Este anuncio inquietó a Monago, Herrera y Valcárcel, quienes se mostraron recelosos ante esa publicación y ante una posible “distorsión” y agravios comparativos. Recordaron, además, que se pueden publicar otros datos, por ejemplo, los déficits de infraestructuras. Montoro trató de calmar las aguas y la número dos del PP, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, aseguró después de la reunión que las balanzas no serán la única referencia dl Ejecutivo para preparar el nuevo modelo de financiación. González se mostró, por su parte, “muy satisfecho”

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por el compromiso asumido por Rajoy y, a la salida, reclamó que se haga “con toda la transparencia, sin ningún tipo de ajuste”. En cualquier caso, para la revisión de la financiación es pronto, según el Gobierno. En ese mensaje insistieron Rajoy, Montoro y la propia Cospedal. El ministro de Hacienda destacó en su intervención que el sistema de financiación se cambiará cuando el país logre un mayor crecimiento económico y, para evitar nuevos incendios, exigió a todos los barones que aborden ese debate “en positivo” y “con lealtad”. Cospedal quiso dejar claro en su comparecencia ante los medios que “el PP siempre ha estado en contra del actual modelo de financiación, pero la prudencia aconseja que se cambie cuando sea posible hacerlo, no en medio de una crisis sino en una situación de crecimiento”. La crisis soberanista en Cataluña y el pulso entre Mariano Rajoy y Artur Mas ha acelerado este proceso. Pero en el PP siguen discrepando sobre el modelo. Y, aunque, el Gobierno se niegue a acelerar los tiempos, el debate y el pulso entre barones territoriales está servido. http://politica.elpais.com/politica/2013/10/14/actualidad/1381780053_904723.html 03. RAJOY: “LA ‘DOCTRINA PAROT’ RESPONDE AL SENTIDO COMÚN, ES JUSTA Y ÚTIL” El presidente se niega a contestar si acatará la próxima sentencia del tribunal de Estrasburgo El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha contestado a la pregunta de si el Gobierno acatará la decisión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adopte sobre la doctrina Parot. El líder del Ejecutivo ha hecho, en el Congreso, un alegato a favor de esta interpretación jurídica que ha calificado de "útil" y "justa". ¿Acatará el Gobierno la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si su criterio es contrario al del gabinete de Mariano Rajoy sobre la llamada doctrina Parot? Esta ha sido la pregunta formulada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, al presidente del Gobierno, a sabiendas de que seguramente el próximo lunes habrá sentencia. La respuesta ha sido: “La llamada doctrina Parot es una interpretación del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Nosotros estamos a favor de la interpretación de los tribunales españoles porque es justa y distingue a quien está condenado por un delito frente a los que lo están por veintidós o veintitrés. Hemos acudido a la gran sala del Tribunal de Derechos Humanos. Esperamos que la doctrina de los tribunales españoles sea avalada por el Tribunal europeo por más justa y más eficaz”. "Pensamos que es justa porque distingue la situación de un condenado por un solo asesinato a la del condenado por 23 o 25 delitos", ha señalado el presidente que considera que la doctrina Parot "responde al sentido común y ha sido muy útil para luchar contra el terrorismo". "Confiamos en que la interpretación de los tribunales españoles sea refrendada", ha insistido Mariano Rajoy negándose así a afirmar que acatará la sentencia del tribunal europeo. "Estoy de acuerdo en la interpretación del Supremo y el Constitucional y espero que la Gran Sala ratifique esa interpretación", ha dicho el líder del Ejecutivo que ha añadido que "a partir de ahí, no voy a especular". "Ahora corresponde a tribunales dar cauce a las resoluciones del tribunal europo", ha concluido. Esteban ha recordado a Rajoy que se trata de una doctrina que aplica la retroactividad, algo contrario a la Constitución española, por lo que, a su entender, la doctrina Parot no es justa. Pero el PNV ha pasado a la política y no tanto a las leyes para pedir al presidente que “no permanezca inmóvil ante un nuevo tiempo en el País Vasco”, en clara referencia a los presos vascos. El presidente del Gobierno ha respondido, en la sesión de control del Gobierno, a una pregunta formulada por el diputado del PNV, Aitor Esteban. "¿Está pensando en no acatar la Sentencia

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que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emita finalmente sobre la denominada doctrina Parot si es contraria a las posiciones que defiende su Gobierno?", ha sido la cuestión. El Gobierno prevé que será el próximo 21 de octubre cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre la doctrina Parot. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decidirá entonces sobre el caso que afecta a Inés del Río, y, si ratifica el criterio inicial del tribunal, puede suponer la anulación de la doctrina Parot, según los cálculos del Gobierno, lo que supondría la excarcelación de 61 presos veteranos de ETA, en una primera tanda, y de otros 76, en una segunda más prolongada en el tiempo. En total, 137, la cuarta parte de los casi 600 presos de la banda terrorista. A la lista habría que añadir una treintena de presos comunes, algunos por casos tan graves como violaciones, que provocan un gran rechazo social. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya señaló que si Estrasburgo da la razón a Del Río, dado que España es firmante del convenio internacional del TEDH, "lo lógico" es que deba aplicar "la doctrina que emane de esa sentencia". No obstante, ha pedido esperar a ver "en qué términos" se pronuncia el tribunal respecto al caso concreto "y si establece alguna categoría de carácter general" http://politica.elpais.com/politica/2013/10/16/actualidad/1381906577_296662.html 04. SANTAMARÍA: “YO NO HE OFENDIDO A LOS PARADOS QUE COBRAN LA PRESTACIÓN”

La vicepresidenta evita disculparse tras y afirma que "la lucha contra el fraude es una prioridad"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha evitado disculparse este viernes ante los parados a los que acusó erroneamente de cobrar fraudulentamente la prestación. "Algún grupo me pedía que pida perdón a los parados. A los parados que cobran el paro porque han perdido su empleo y tienen ese legítimo derecho yo no les he ofendido, les ofendería si no hiciéramos reformas para crear empleo", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Sobre los parados que no han cumplido la ley le tengo que pedir que la cumplan, las leyes están para cumplirlas", ha añadido la vicepresidenta, quien ha asegurado que la lucha contra el fraude es una prioridad del Gobierno, "al margen de las interpretaciones de los datos", ha matizado. A este respecto, ha dicho que "la mejor manera de proteger a los parados" es que el dinero que algunos desempleados cobran fraudulentamente "pueda destinarse a los que de verdad lo necesitan".

En el mismo foro y hace exactamente una semana, Santamaría dijo que se habían "descubierto a 520.000 personas que cobraban de manera fraudulenta el seguro de desempleo". La cifra, sin embargo, no era real. El Ministerio de Empleo aclaró después que estas cifras corresponden en realidad en su enorme mayoría a casos de personas a las que se les ha retirado la prestación un mes por problemas administrativos, como por ejemplo no acudir a una cita prevista o carecer de alguna documentación.

http://economia.elpais.com/economia/2013/10/18/actualidad/1382104914_148608.html

05. EL GOBIERNO EVITA DISCULPARSE POR INFLAR EL FRAUDE DEL PARO Y RECURRE AL ‘CASO ERE’

La tensión ha subido a límites muy altos durante unos minutos en el Congreso por el enfrentamiento entre la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a propósito del fraude en el desempleo. El objetivo político de los socialistas ha sido dejar en el pleno del Congreso la exigencia a la vicepresidenta de que pida perdón a los desempleados por haber dicho que medio millón de perceptores defraudan, cuando los datos oficiales sitúan el fraude en 5.833. La respuesta de la vicepresidenta ha sido la de atacar a los socialistas con el caso del ERE de Andalucía. “Hay

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que tener osadía parlamentaria después de estar incursos en un fraude de 1.000 millones de euros y con 120 imputados muchos de ellos socialistas”. El fraude conocido ahora por la juez Mercedes Alaya se sitúa en 150 millones.

Los socialistas protestaron con mucho ruido durante minutos y el enojo se manifestó durante toda la sesión de control. Los distintos diputados socialistas, entre ellos Elena Valenciano, Inmaculada Rodríguez Piñero y Antonio Trevín, aprovecharon sus preguntas para criticar a la vicepresidenta por su respuesta, y porque abandonó el pleno nada más intervenir. “Estamos ante Novia a la fuga”, señaló Trevín al ver salir a Santamaría. Y la rueda continuó con el resto de los diputados socialistas. “Es inadmisible que la vicepresidenta se haya ido sin responder”, continuó el socialista Román Ruiz Llamas.

Todo empezó el viernes pasado cuando la vicepresidenta cifró en un 20% el fraude en el desempleo y que se traduce en medio millón de personas. Ese dato le salía tras sumar y aglutinar situaciones muy diversas cuando la realidad es que ese fraude detectado no llega a seis mil personas. “Con ustedes se han destruido un millón de empleos, han endurecido los requisitos para acceder al subsidio, han bajado la tasa de cobertura de desempleo al 62% y usted el viernes utilizó datos falsos para criminalizar a los desempleados y convertirlos en delito. Después de cinco días de esta ignominia le exijo una rectificación y una disculpa”. Esta ha sido la intervención inicial a la que la vicepresidenta ha respondido con que su gobierno hace cumplir la ley, además de recordar que ya dedica 29.400 millones de euros a cubrir el desempleo. La situación se ha encrespado enormemente cuando la vicepresidenta ha aludido a unas declaraciones del socialista Valeriano Gómez de 2011, según las cuales, aseguró que había un 25% de fraude en el desempleo. Es mentira, dijeron varios diputados socialistas en sus intervenciones toda vez que el presidente del Congreso, Jesús Posada, no le dio la palabra al exministro cuando intentó responder a la vicepresidenta. “Al final de las preguntas le dará la palabra”, anunció Posada. Hasta tanto los compañeros de Gómez le defendían en sus intervenciones y atacaban a la vicepresidenta.

“No me puedo creer que acuse de trabajar en B, usted, cuando debe responder sobre cuántos de sus compañeros han estado cobrando en B por el partido. ¿Puede usted explicar desde cuándo han compatibilizado el doble sueldo? Si no le queda tiempo, emplee el próximo viernes tras el Consejo de Ministros en responder y sobre todo explíquelo a los parados a los que está acusando falsamente”, ha concluido Rodríguez.

La contraofensiva de la vicepresidenta ha ido por el fraude de los ERE de Andalucía pero nada sobre la pregunta en concreto. “Es una osadía aprovecharse de la desgracia personal de los desempleados para hacer demagogia y es parlamentariamente temerario que usted hable de fraude cuando en sus filas se están investigando mil millones de fraude y 120 imputados, muchos socialistas”, ha sido la respuesta de la vicepresidenta para abandonar después su escaño.

No ha podido escuchar la vicepresidenta al ausentarse al portavoz de Izquierda Plural, Cayo Lara, a quien le ha respondido Fátima Báñez, también con los ERE. “El Gobierno protege a los parados, mejorando sus posibilidades de trabajo y creando condiciones para que haya empleo y los protege cumpliendo la ley”. Lara ha calificado de “muy grave” que la vicepresidenta criminalice a los parados porque “ellos no tienen cuentas en Suiza, ni se hacen leyes de amnistía para ellos y muchos cobran de 426 euros. ¿Podría la vicepresidenta vivir con 426 euros, y qué pensaría si además la llaman delincuente?. Los delincuentes están en otro lugar, ha afirmado el portavoz de Izquierda Plural". Este ha sido el alegato de Lara. “Menos demagogia y más lucha contra el fraude”, ha respondido Báñez, que ha pedido a Cayo Lara “el mismo celo para atacar el fraude de los ERE en Andalucía”

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/16/actualidad/1381911743_027103.html 06. HACIENDA DEDICARÁ EL PRÓXIMO AÑO 612 PERSONAS MENOS A COMBATIR EL FRAUDE FISCAL El fraude fiscal, según los técnicos, inspectores y organismos internacionales, reduce la recaudación en 80.000 millones anuales

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Hacienda aseguró que la limitación de personal en 2014 no afectaría a actividades prioritarias como la persecución de los evasores En 2012, las denuncias por delito fiscal ya disminuyeron en un 35%, según la memoria de la Agencia Tributaria La Agencia Tributaria espera ingresar por la lucha contra el fraude 9.222 millones el próximo ejercicio La Hacienda española tiene ante sí un grave problema: el fraude. Las denuncias de técnicos (Gestha), inspectores (IHE) y organismos internacionales son continuas. Cada año, calculan, se escurren entre las redes del fisco en torno a 80.000 millones de euros. A pesar de ello, el personal dedicado a la "lucha contra los incumplimientos tributarios y el fraude fiscal" no sólo no va a crecer el próximo año, sino que va disminuir en un 4%, 612 personas, según figura en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014. La Memoria de Objetivos de los programas del Ministerio de Hacienda, en el apartado 932A (Aplicación del Sistema Tributario Estatal, pgs 34 y 35), detalla que el número de efectivos implicados en la lucha contra el fraude pasará de 16.033 en 2013 a 15.421 el próximo año. Son 612 empleados menos, un 4%. Pese al recorte, que afecta también a los recursos presupuestarios comprometidos (pasan de 795 millones a 788 millones), la previsión de recaudación de deuda será prácticamente similar a la de este año, 9.222 millones recaudados (efecto recaudatorio directo) en 2014 frente a los 9.130 millones previstos este año. Hacienda asegura sobre el recorte que las incorporaciones previstas, en torno a 70, no bastan para cubrir las bajas por jubilaciones, excedencias u otras causas. Cuestión de prioridades "Es una muestra de por dónde discurren las prioridades del Ministerio" señala Carlos Cruzado, del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha. El recorte de personal se producirá a pesar de que, teóricamente, la lucha contra el fraude fiscal es prioritaria y no estaría afectada por la limitación de incorporar nuevo personal aprobada por el Gobierno. De hecho, en septiembre, el propio Ministerio de Hacienda explicó que "Las limitaciones en cuanto a la no incorporación de nuevo personal, no afectarán a determinados sectores prioritarios en los que la tasa de reposición se fija hasta un máximo del 10%". Entre ellos figuraba la lucha contra el fraude fiscal. La reducción de personal en la Agencia Tributaria, lógicamente, no facilitará la lucha contra la evasión fiscal, un problema serio que han destacado organismos internacionales como TaxJustice Network: La red de expertos británica estimaba en 2011 que esa elusión alcanzaba los 107.350 millones de dólares (80.900 millones al cambio actual). Las estadísticas situaban a España como el 10º país del mundo con mayor fraude. En España, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), cuantifica en sus documentos la economía sumergida en el 20% del PIB. Entre los datos que la organización destaca para reclamar acciones urgentes en materia de fraude y más medios de inspección está la comparación entre lo que Hacienda recauda por rentas del trabajo y lo que recauda por sociedades. El IRPF, subrayan sus informes, supone casi la mitad de lo que recauda Hacienda en total. Éxitos muy modestos Pese a los datos, el Gobierno esgrime como éxitos números más bien modestos. La pasada semana, la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, en una comparecencia en la que utilizó datos erróneos sobre el fraude en el desempleo, destacó como un logro lo realizado en año en medio en materia de fraude.

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Sáenz de Santamaría detalló que lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social ha tenido un impacto económico de 22.500 millones de euros entre enero de 2012 y junio de 2013. Para los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) son resultados muy modestos. Según sus datos, los resultados de las actuaciones de control en el último año y medio (enero de 2012 a junio de 2013) suponen menos del 20% de la evasión anual. Traducido: la impunidad fiscal llega al 80% y es de temer que la propensión a defraudar seguirá siendo "muy alta". Menos denuncias El recorte de efectivos en la lucha contra el fraude puede consolidar la tendencia registrada en 2012 cuando, según la memoria de la Agencia Tributaria, el número de denuncias por delito fiscal (a partir de 120.000 euros de cuota defraudada) se redujo un 35%. En concreto, la Agencia Tributaria presentó el pasado año 652 denuncias por delito fiscal. La cifra supone una importante caída respecto a la del año anterior, cuando se presentaron 1.014 denuncias al Ministerio Fiscal. El importe de las denuncias realizadas el pasado año fue de 604 millones de euros. En 2011, el importe reclamado fue de 909 millones. http://www.infolibre.es/noticias/economia/2013/10/15/hacienda_recorta_el_personal_dedicado_combatir_fraude_8644_1011.html 07. UN MILLÓN DE FIRMAS REGISTRADAS EN LA MONCLOA CONTRA LA LOMCE Representantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública critican que ningún miembro del Gobierno les haya recibido Representantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública han registrado este jueves en La Moncloa el millón de firmas que han conseguido hasta ahora con la "consulta ciudadana" sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La plataforma confía en reunir dos millones de firmas contra la conocida como ley Wert. Representantes de la plataforma —integrada por los sindicatos CC OO, STES, UGT y CGT, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), el Sindicato de Estudiantes, la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs) y Estudiantes en Movimiento— han mostrado su disconformidad porque ningún miembro del Gobierno les haya recibido. "Dos funcionarias nos han cogido el documento para registrarlo y aquí ha quedado todo", ha dicho en la puerta de La Moncloa el secretario general de la Ceapa, Jesús Sánchez. "Criticamos esta forma de actuar del Gobierno porque la comunidad educativa se merece que alguien nos reciba, hable con nosotros y poder entregar el documento en mano", ha continuado Sánchez, que ha condenado "esta actitud". Con la consulta, que se inició el pasado 23 de septiembre y está abierta hasta el próximo día 27, se quiere pedir al presidente Mariano Rajoy "la paralización de los recortes en la educación y de la reforma educativa", según Sánchez. Junto al millón de firmas, los representantes de la plataforma han entregado una carta a Rajoy en la que le explican que, dada la alta participación que está teniendo la consulta, "debería obligar al Gobierno a frenar de forma inmediata los recortes, recuperar la inversión en educación, retirar la LOMCE, modificar el real decreto sobre becas y cambiar a los actuales responsables educativos". Precisamente, la Plataforma ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, por ser "una persona que no tiene ningún tipo de tolerancia", ya que no se ha reunido con ellos, y que no está "preocupado con las huelgas". El "objetivo claro" de Wert, según Jesús Sánchez, es "acabar con la educación pública".

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Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha comentado que, "una vez más" les han dado "con la puerta en las narices". Y ha continuado, en referencia a la huelga convocada para el día 24 por estudiantes, padres y docentes: "Pero nos da igual, los estudiantes vamos a la huelga". Esa tarde habrá manifestaciones por toda España. El 99% del millón de personas que han participado hasta el momento en la "consulta ciudadana" han respondido "sí" a las preguntas sobre si rechaza los "recortes en educación" y "las políticas educativas del Gobierno". Desde la plataforma se ha insistido en denunciar que algunos responsables políticos, "que tienen miedo a la democracia", están intentando boicotear la consulta, prohibiéndola, o poniendo problemas a la hora de la instalación de las mesas para que los interesados firmen. Entre los políticos que han apoyado la consulta se encuentra el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que el pasado día 8 firmó contra los recortes educativos en una mesa situada en la Universidad Complutense de Madrid, tal y como informó él mismo en su perfil de Facebook. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/17/actualidad/1382022573_863786.html 08. EL GOBIERNO DEBERÁ EXPLICAR SI DESTITUYE AL COMISARIO DE LA POLICÍA JUDICIAL POR INVESTIGAR EL CASO BÁRCENAS El PSOE registra en el Congreso una batería de preguntas sobre la decisión de Rajoy de destituir al comisario que dirige las investigaciones de los casos de corrupción que afectan al PP El PSOE ha registrado una batería de preguntas sobre la remodelación de la cúpula policial. El Gobierno que preside Mariano Rajoy tendrá que responder por escrito a estas cuestiones, que ponen el acento en la destitución de Losada, que se camufló este jueves a última hora en una amplia renovación, a pesar de que le habían notificado su marcha en julio. El Gobierno retrasó el anuncio debido a que Rajoy acababa de afirmar que a él no le imponen ni a policías ni a fiscales. El diputado socialista Antonio Trevín quiere saber las razones que han provocado esta decisión: "¿Tienen alguna relación con las importantes investigaciones del caso Gürtel? ¿ Y con las del caso Bárcenas?", pregunta al Ejecutivo. El Sindicato Unificado de Policía considera que esta medida se ha tomado por las investigaciones desarrolladas por Losada en los casos de corrupción que afectan al PP: "Debe ser que no encuentran a nadie que siga sus dictados", señaló el portavoz de la organización en alusión a los dos cambios que se han producido en menos de dos años. El PSOE destaca que el comisario que hasta ahora ha desempeñado labores de investigación sea desplazado a la División Económica y Técnica, donde no se realizan estas funciones. "¿Significa que no se confía en el quehacer profesional de quien ha dirigido durante año y medio la más importante comisaría general de investigación de la policía?", cuestiona en el escrito registrado este viernes. Los socialistas también muestran inquietud por el nombramiento como sustituto de un miembro del Sindicato Profesional de Policía, de ideología conservadora. Igualmente, interrogan al Ejecutivo sobre las "investigaciones especiales" así como "los méritos especiales" que ha desarrollado para colocarle en su nuevo cargo. Trevín sospecha de las "razones" que están detrás del nombramiento de José María Rodríguez Calderón como subdirector general de lnspección de personal y Servicios de la Seguridad y recuerda en el escrito este Comisario "fue cesado de su anterior destino por deslealtad (y sancionado con tres meses de suspensión de empleo y sueldo)". IU pide la comparecencia de Jorge Fernández Díaz

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Por su parte, Izquierda Unida ha registrado una petición de comparecencia del ministro del Interior para que aclare los cambios en la Comisaría General de la Policía Judicial, que han originado la sustitución del responsable de las investigaciones policiales en la instrucción del caso Barcenas o la trama Gürtel. Según el diputado encargado de registrar la petición, Ricardo Sixto, la decisión de destituir a Losada "encaja en la voluntad política del PP" y del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, de "tapar las tramas de corrupción". También UPyD ha pedido al Ejecutivo que aclare los motivos de la sustitución de Losada. Su portavoz en el Congreso, Rosa Díez, ha registrado una serie de preguntas en el Congreso para que el Ministerio del Interior explique si le parece "normal" que, en menos de dos años de mandato, haya nombrado a un tercer responsable de la Comisaría General de la Policía Judicial de la que depende la investigación contra la corrupción. http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-Policia-Judicial-investigar-Barcenas_0_187231670.html 09. COSIDÓ CAMBIA POR CUARTA VEZ AL JEFE DE LAS UNIDADES CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS DROGAS Losada ha estado 15 meses en el cargo. Su antecesor, solo cinco El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha cambiado por cuarta vez desde que llegó al cargo, todavía no hace dos años, al responsable de la Comisaría General de Policía Judicial, donde se investigan los grandes casos de corrupción (Gürtel y Bárcenas incluidos). El comisario principal José García Losada, que había llegado al cargo en julio de 2012, ha sido trasladado a la jefatura de la División Económica y Técnica, un cargo de similar relevancia, y será sustituido por el también comisario principal Santiago Sánchez Aparicio, actual responsable de Formación y Perfeccionamiento. La policía enmarca la sustitución de Losada en una reestructuración "necesaria" de la Junta de Gobierno del cuerpo que "apuesta por la cooperación internacional y la mejora de las áreas de gestión". Sánchez Aparicio, licenciado en Ciencias de la Información y un veterano muy conocido en el cuerpo, se convierte en el cuarto comisario de Policía Judicial desde que el PP llegó al poder. Esta comisaría investiga los grandes casos de corrupción, de drogas, gran criminalidad y los delitos telemáticos, entre otros asuntos. Ningún otro departamento policial se ha visto sacudido por tantos cambios en tan poco tiempo. El antecesor de Losada fue José Enrique Rodríguez Ulla, quien ha sido el comisario general más breve de la policía. El 13 de enero de 2012 tomó posesión de su cargo al frente de la poderosa Policía Judicial y solo cinco meses después fue relevado. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, había perdido la confianza que había depositado en él. La decapitación de Ulla se debió a que ordenó una investigación secreta y oficial sobre un ático de lujo de Marbella que usa Ignacio González, hoy presidente de la Comunidad de Madrid. Dichas pesquisas fueron abiertas por Rodríguez Ulla sin ponerlo en conocimiento del director de la Policía ni de su número dos, Eugenio Pino, según fuentes policiales. Pero antes que Ulla fue destituido el comisario Juan Antonio González, quien había sido una de las dianas de los ataques del PP cuando se investigaban los asuntos de corrupción que afectaban a dicho partido, como los casos Gürtel o Palma Arena. Cosidó lo fulminó apenas 10 días después de tomar posesión. González estuvo continuamente en la diana del PP y saltó a la fama como el hombre que detuvo en Bangkok al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. Pero la animadversión creció a raíz de que González apareciera en una cacería en Andújar (Jaén) en la que participaban el juez Baltasar Garzón y el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo cuando estaba estallando el caso Gürtel, que entonces solo afectaba a cargos del PP en la Comunidad de Madrid.

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http://politica.elpais.com/politica/2013/10/17/actualidad/1382036588_592447.html 10. AZNAR REPROCHA A RAJOY SU SILENCIO SOBRE CATALUÑA Dice que hay que "fortalecer" las instituciones y "ordenar la vida del Estado del modo que mejor convenga a la nación" El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha pedido este lunes "poner fin al desfalco de soberanía nacional" que se está llevando a cabo por parte del nacionalismo "más destructivo y reaccionario", ya que, según ha insistido, persigue "el desguace de la nación y del Estado". Es más, ha advertido al Ejecutivo de Mariano Rajoy, aunque sin citarle, de que el "silencio" ante lo que está ocurriendo en Cataluña" puede dañar la verdad tanto como la mentira misma". Aznar se ha expresado con esta contundencia durante la presentación del libro sobre víctimas del terrorismo 'Cuando la maldad golpea' junto a la ex presidenta del PP vasco, María San Gil, en un acto en San Sebastián que ha organizado la Fundación Villa Cisneros. El exjefe del Ejecutivo ha dedicado parte de su intervención a lo que está sucedido en Cataluña y ha afirmado rotundo que se está ante "un desafío al valor de la libertad, del pluralismo, de la ley y de la igualdad dentro de una misma sociedad". "Poner en marcha una gran política nacional" "No estamos ante una pugna entre territorios. Estamos ante un desafío que opone a la cultura cívica europea propia de nuestra Constitución el nacionalismo más reaccionario y destructivo", ha enfatizado. Aznar ha asegurado que la tarea política más importante en la España de hoy es "construir, ordenar y poner en marcha una gran política nacional basada en los principios constitucionales". Se trata, ha proseguido, de impulsar "un gran proyecto cívico atractivo", capaz de animar a la sociedad a prestarle su apoyo decidido y sostenido. "Cada vez que lo hemos hecho así hemos sabido vencer las amenazas a nuestra libertad, por graves que fueran", ha dicho. Aznar ha resaltado que España "ha de ser una realidad jurídica segura, indudable, previsible" puesto que ésa ha sido la voluntad de los españoles recogida en la Constitución. "No existe ningún título jurídico, histórico o político válido que habilite a ignorarla, incumplirla, suspenderla o aplazarla. No puede estar en la mano de nadie hacer tal cosa", ha dicho, Quien no cumple la ley, debe "percibir" las "consecuencias" En este punto, ha avisado que quien "ignora" la Carta Magna, "la incumple, la suspende o la aplaza está fuera de la ley", "actúa contra la voluntad nacional", y "debe percibir sin que le quepa la menor duda las consecuencias de sus actos". "No hay moderación en aceptar la ilegalidad", ha advertido. Aznar ha insistido en que el Estado de Derecho "no puede quedar en suspenso o ser aplicado por cálculo político", ya que, según ha señalado, eso "daña la democracia española y expone a sus instituciones a la sospecha". Por eso, ha censurado que "algunos" hayan "decidido romper con España, para romper con los principios de la democracia", tratando de "arrastrar consigo a toda una sociedad, a la que pretenden convertir en lo que ellos son". "Hay que poner fin al desfalco de soberanía nacional" "Y no podemos permanecer al margen mientras ese proyecto político sigue adelante. Debemos afirmar la legitimidad de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Debemos afirmar y ejercer nuestra voluntad política expresada democráticamente", ha proclamado, para afirmar que hay

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que poner fin "al desfalco de soberanía nacional que se está llevando a cabo por parte del nacionalismo". En opinión de Aznar, hay que "afirmar la realidad nacional de España ante las grotescas deformaciones históricas a las que la someten aquellos que rechazan una comunidad de ciudadanos libres e iguales". Para ello, ha continuado, deben actuar como "españoles tranquilamente orgullosos de serlo". Aznar ha lamentado que redoblen sus "esfuerzos" los que pretenden devolver a los españoles "al camino de discordia y de ruptura", una pretensión que, según ha dicho, "necesariamente producirá desgarros, como ya los está produciendo". "El nacionalismo pide lo imposible: el desguace de la nación y del Estado. Su encaje nunca lo sería en la nación, sino en la no-nación; su inserción nunca lo sería en el Estado sino en un no-Estado", ha agregado. En este proceso "inútil de centrifugación del Estado", el ex presidente del Gobierno ha asegurado que hay que "fortalecer las instituciones y ordenar la vida del Estado del modo que mejor convenga a la nación". "Estamos en un momento decisivo de nuestra historia. Un momento que exige de todos nosotros lo mejor que tenemos", ha dicho. Eso sí, Aznar ha afirmado que "nada está garantizado". "Todo dependerá de lo que estemos dispuestos a hacer. Porque es cierto que el silencio puede dañar la verdad tanto como la mentira misma", ha concluido. http://www.eldiario.es/politica/Aznar-Rajoy-silencio-Cataluna-nacionalismo_0_185832182.html 11. VIDAL-QUADRAS ACUSA A RAJOY DE “INCUMPLIR” EL PROGRAMA DEL PP El eurodiputado critica la política territorial y antiterrorista del Ejecutivo Ante cerca de 500 simpatizantes, admite que no descarta crear un partido El eurodiputado del PP Alejo Vidal-Quadras ha reunido hoy en un hotel de Madrid, junto a otros militantes de su partido críticos con la dirección encabezada por Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, a medio millar de simpatizantes en un acto para denunciar los "incumplimientos" del presidente del Gobierno. El europarlamentario no ha descartado la posibilidad de crear un nuevo partido. Vidal-Quadras ha dicho que son "miles" los militantes críticos con la gestión del Gobierno y, entre ellos, ha citado a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, y al ex presidente del Gobierno José María Aznar, quien "últimamente está muy lúcido" por haber cuestionado el "silencio" de Rajoy ante el soberanismo catalán. Ha recordado que su partido ha perdido 15 puntos en dos años en intención de voto y ha dicho que está obligado a mantener la mayoría absoluta "si quiere que la nación española sobreviva". De perderla, ha advertido, el Congreso de los Diputados se convertiría en una Cámara "inmanejable en manos de una mayoría frente-populista", algo que "parece que no le importa a nadie en la dirección del PP". Respecto a la posibilidad de formar un nuevo partido, el vicepresidente del Parlamento Europeo ha aseverado que para él no es lo deseable, aunque ha añadido que la situación del PP no puede seguir como está y que, junto a otros críticos, harán "lo que tengan que hacer" para cambiarla. Junto a Vidal-Quadras, el ex parlamentario vasco Santiago Abascal y José Luis González Quirós han convocado este acto al que ha asistido el ex funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, víctima de ETA. Ortega Lara, que fue militante del PP hasta darse de baja, en 2008, se ha preguntado qué está haciendo el Gobierno "para salvaguardar la unidad de España" frente al nacionalismo secesionista y ha criticado que mantenga con ETA "la misma línea iniciada" por José Luis Rodríguez Zapatero. Ha acusado por último al Ejecutivo de tener "abandonadas" a las víctimas del terrorismo y de "haberlas arrojado a las tinieblas del dolor y del olvido".

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Contra la dirección del PP también ha arremetido Santiago Abascal quien ha relatado incumplimientos del programa electoral como la subida de impuestos y ha reclamado que el Gobierno apruebe ya la reforma de la ley del aborto y derogue la ley de Memoria Histórica. José Luis González de Quirós ha levantado el aplauso de los asistentes cuando ha dicho que el Gobierno del PP está haciendo políticas que no habría hecho ni el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Por último, ha considerado "vergonzoso" que el PP tenga a gala proteger la "conducta indigna de muchos dirigentes que se han llevado el dinero de mala manera". La convocatoria ha reunido esta tarde en un hotel madrileño a varios centenares de personas, en su mayoría de avanzada edad, a los que se ha repartido un folleto con los puntos del debate y un sobre con la palabra "donación" con el fin de recaudar fondos. http://politica.elpais.com/politica/2013/10/17/actualidad/1382038214_446168.html 12. RTVE DESIGNA UN NUEVO DIRECTOR DEL ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA Juan Guía sustituye a Ignacio Mínguez, destituido por una "deficiente gestión" Cambios en la cúpula directiva de RTVE, que afectan al área económica y tecnológica. Juan Guía ha sido nombrado director económico financiero de la corporación, a propuesta del director general corporativo. Sustituye en el cargo a Ignacio Mínguez, que fue destituido fulminantemente del cargo el pasado agosto por una "deficiente gestión" administrativa. Juan Guía García, nuevo director económico financiero de RTVE, es Ingeniero Industrial del ICAI desde el año 2000 y ha realizado diversos estudios de postgrado entre los que destaca el PDG del IESE (Programa de Dirección General). Comenzó su carrera en el sector privado realizando actividades relacionadas con el desarrollo de infraestructuras energéticas en empresas del sector como General Electric, tanto en España como en el exterior. Se incorporó a la Administración en el año 2005, como Técnico Comercial y Economista del Estado por oposición, ingresando en la Secretaría de Estado de Energía y asumiendo la subdirección general de Hidrocarburos a partir de enero de 2007. Desde el año 2009 ha trabajado para ISDEFE, empresa de ingeniería y consultoría vinculada al Ministerio de Defensa, y en INECO, empresa del Grupo Fomento especializada en el sector transportes. Por su parte, Pere Vila ha sido designado responsable de la nueva Dirección de Tecnología, Innovación y Sistemas de RTVE. Ambos nombramientos han contado con el visto bueno del Consejo de Administración. Vila Fumas, hasta ahora director de Planificación e Innovación Tecnológica de RTVE, ha sido nombrado responsable de la nueva Dirección de Tecnología, Innovación y Sistemas de la Corporación. Vila llegó a RTVE en noviembre de 2008 procedente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3 y Catalunya Radio). Con la creación de la nueva área, RTVE reorganiza e integra la gestión de la tecnología para toda la Corporación en una única unidad con el objetivo de disponer permanentemente de una visión unificada de la tecnología. http://cultura.elpais.com/cultura/2013/10/14/television/1381778592_776950.html 13. C.A CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL LLEVA AL CONGRESO SU PROPUESTA PARA CAMBIAR LA LEY Y PERPETUARSE EN EL PODER El PSOE califica de "pucherazo" la pretensión de Cospedal de cambiar la ley electoral para reducir el número de diputados. IU se quedaría fuera del Parlamento castellano-manchego tras el cambio legal, a pesar de que las encuestas les pronostican una representación segura con las actuales reglas del juego.

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La número dos del PP lleva al Congreso su propuesta de reforma del Estatuto que le permitirá sortear las encuestas y dibujar el territorio electoral a su antojo para evitar alternancia en el poder de esa comunidad. Los cambios planteados por Cospedal plantean reducir a 25 el número de diputados en el Parlamento castellano-manchego (ahora son 49). En el PP argumentan que la medida se justifica en el deseado ahorro presupuestario, pero se da la circunstancia de que Cospedal ya le ha quitado el sueldo a los diputados de su comunidad. La propuesta ha llegado al Congreso y está pendiente de la calificación de la Mesa para fijar la fecha de debate. ¿Qué efectos consigue Cospedal con su reforma? En primer lugar, IU pasaría de necesitar el 5% de los votos para obtener escaño en cualquiera de las provincias a precisar entre un 14% y un 18%. A todas luces, la propuesta de la número dos del PP aparta de facto a la coalición de izquierdas del arco parlamentario de esa comunidad. Los efectos de la reforma de Cospedal no terminan ahí. Con los cambios previstos, el PSOE tendrá prácticamente imposible romper el empate en aquellas provincias en las que los escaños a elegir suman un número par. Dicho de otro modo: en las provincias favorables al PSOE, el PP se garantiza un empate al margen del resultado en las urnas. Es paradigmático el ejemplo de Ciudad Real. Con el cambio aprobado en 2012, Cospedal ya se aseguró convertir en pares el número de escaños a elegir en esa provincia tradicionalmente favorable al PSOE. Esa reforma no obligó a tocar el estatuto pues apenas suponía la añadidura de 4 nuevos escaños en toda la comunidad autónoma. Los cambios impulsados en 2012 por Cospedal se han quedado cortos para sus intereses electorales, lo que provoca la nueva reforma que obligará a reformar el estatuto. Con las actuales reglas del juego, al PSOE le basta con superar en un 7% los votos obtenidos por el PP para desbancarles en la provincia de Ciudad Real. De superar esa frontera porcentual, 7 escaños serían para los socialistas y 5 para el PP: las elecciones estarían claramente encaminadas a un cambio de poder. Sin embargo, con los nuevos cambios previstos, reduciendo de 12 a 6 el número de diputados a elegir, el partido que pretenda romper el empate deberá obtener un 20% más de votos que su inmediato rival: un escenario prácticamente imposible. La reforma anunciada por la presidenta castellano-manchega en el debate del estado de la autonomía de 2012 representa un cambio de timón con respecto a los primeros cambios impuestos por Cospedal. En 2012, el PP aumentó de 49 a 53 el número de diputados electos para incrementar la representación de las provincias de voto más favorable al PP. Ahora, sin embargo, las encuestas señalan que con aquella reforma Cospedal se quedó corta en sus intenciones de garantizarse una victoria fácil. La entrada en el Parlamento de IU se daba por segura y la recuperación del PSOE en uno de sus feudos tradicionales dibujaba la posibilidad de que la número dos de Rajoy en el PP se quedase sin gobierno. Por todo ello, Cospedal ha impulsado lo que PSOE e IU califican sin ambages como "un pucherazo electoral". Para llevar adelante los cambios previstos, el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha visto en la obligación legal de reformar su Estatuto. Esta reforma está ya en el Congreso de los Diputados. Fuentes del PSOE consultadas por esta redacción confirman que, en caso de aprobarse, recurrirán la reforma ante el Tribunal Constitucional. http://www.eldiario.es/politica/Cospedal-Congreso-propuesta-cambiar-perpetuarse_0_185832160.html 14. C.A GALICIA. LOS ALCALDES HACEN COLA EN LOS JUZGADOS Una decena de cargos públicos de la provincia de Ourense, en su mayoría del Partido Popular, están pendientes de decisiones judiciales Rogelio Martínez lleva casi ocho años entrando y saliendo impertérrito de un juzgado de Ribadavia. Tiene que dirimir ante la Justicia el desvío de fondos públicos cometido en 2000. Martínez es el máximo representante de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense: el

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hombre de confianza del presidente, Alberto Núñez Feijóo, que lo ha mantenido en el cargo en sus distintas y cada vez más incómodas posiciones de investigado, imputado y finalmente procesado por las que ha ido pasando, lentamente, en este largo periplo judicial. El superdelegadoestá acusado de haber desviado más de 51.000 euros de ayudas de Bruselas en su etapa de alcalde de Arnoia y presidente de una agrupación local, un hecho que la Audiencia Nacional consideró ya probado en 2009 y por el que lo condenó, en vía administrativa, a la devolución del dinero. Pero el alto responsable institucional, inmerso ahora en el proceso penal, no se inmuta; no desiste de los constantes recursos contra todos los autos judiciales que le son adversos y que la Audiencia Provincial ordena sistemáticamente reabrir; no se cansa de reivindicar su inocencia o, según el caso, la prescripción del delito; no se aparta del cargo. Como él, una decena más de representantes institucionales ourensanos, casi en su totalidad del PP y encabezados por el que fue su máximo líder, el “cacique bueno” José Luis Baltar, desfilan estos días por los juzgados de la provincia implicados en causas que, salvo condena a la inhabilitación, jamás los arrancan de sus puestos. En algún caso, cuando la Justicia los arroja a la vida civil, tiran de sus parientes más cercanos para que los sucedan temporalmente al frente de las instituciones. Fue lo que hizo el exalcalde de Melón, Alberto Pardellas (PP), inhabilitado por prevaricar al autorizar un polideportivo a 10 metros del monasterio cisterciense de su municipio. Pardellas miró entonces a su entorno inmediato y decidió colocar a su mujer, Cristina De Francisco, neófita en política, de candidata-sucesora a la alcaldía. Ganó las elecciones. El exregidor condenado la ha acompañado en las jornadas laborales al frente de la institución, cuyas obras ha supervisado él personalmente (lo nombró asesor) y también en la visita al juzgado: De Francisco ha acabado imputada por falsedad en documento público y por colaboración en quebranto de condena por firmar, “en falso”, según la acusación, convenios con Instituciones Penitenciarias para que determinados presos hicieran en su municipio labores para la comunidad “que jamás llegaron a realizar”. La alcaldesa sigue gobernando asesorada por su marido condenado. Junto a la regidora de Melón desfilaron la semana pasada ante los jueces ourensanos otros alcaldes del PP: el de Baltar, José Antonio Feijóo (acusado de acoso y coacciones a militantes del PSdeG) y el de Rairiz de Veiga, Xaquín Rodríguez Ambrosio, por desobediencia a la justicia, acusado de incumplir las sentencias que le obligaban a pagar a una trabajadora municipal. Rodríguez (que se estrenó en la alcaldía por el BNG y acabó en el juzgado tras ser reelegido para el mismo cargo por el PP) tiene aún otra causa pendiente. Está procesado por un supuesto delito de prevaricación: la secretaria-interventora dictó contra él en un solo año 88 reparos de legalidad correspondientes a un buen número de contratos y facturas. El alcalde de Rairiz se expone a una pena de diez años de inhabilitación para el cargo. De momento, no se inmuta. Todo es limbo No solo los populares tienen asuntos pendientes con la Justicia aunque hasta el momento eran ellos quienes se fundían especialmente con el cargo en espera de una sentencia que los arrancara de cuajo. A la larga lista de políticos del PP con causas abiertas se suman, en el otro bando, las imputaciones, en el marco de la Operación Pokémon, del exalcalde ourensano Francisco Rodríguez y del exconcejal del BNG Fernando Varela. Ambos dimitieron; el socialista, tras forcejear con la dirección gallega de su partido. No renunció sin embargo el alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes, del PP, imputado en la misma causa. Pero los socialistas se han topado ahora con una nueva brecha judicial y han reculado en el hábito de las dimisiones. Un juez de instrucción ourensano ha imputado a la teniente de alcalde y concejala de Benestar del Ayuntamiento de Ourense, Marga Martín (PSOE) un delito de malversación de fondos públicos y el alcalde (Agustín Fernández, sustituto del procesado en la Pokémon) se ha apresurado a arroparla: Martín no ha dimitido. En esta vorágine de imputaciones y procesamientos judiciales se lleva la palma el “cacique bueno”, el otrora todopoderoso presidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis

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Baltar. Como su íntimo rival en el PP provincial, el superdelegado Martínez, Baltar atenderá dos frentes en los juzgados: de una parte se sentará en el banquillo acusado de prevaricar por colocar a dedo en la institución provincial a 104 personas y, por otra, como Martínez, tendrá que explicar ante un juez de instrucción por qué firmó desde ese mismo cargo la adjudicación a dedo a una misma empresa de 106 depuradoras financiadas por la UE. Pero a Baltar, las comparecencias judiciales lo han encontrado jubilado. “A mí no me inhabilita nadie, que ya me inhabilité yo”, presumió de cintura política al conocer la primera de las imputaciones que ha acabado sentándolo en el banquillo. Sin contar este oportuno despeje del cacique, desde el superdelegado Martínez hacia abajo todo es limbo: ese lugar en el que los cargos imputados o procesados se agarran al mástil de la institución que sujeta desde la base el propio partido. No hay quien dimita. Tampoco se inmuta el alcalde de Baltar. Su causa ha quedado vista para sentencia mientras el regidor continúa al frente de la alcaldía y ocupando el escaño de diputado provincial en donde mantiene la estricta disciplina de grupo pese a que la dirección del PP anunció, al conocer su procesamiento, que le abría expediente disciplinario. Entre los cargos que, como el de Rairiz de Veiga, hacen doblete ante la justicia está el superdelegado Martínez que en breve repetirá experiencia como imputado. La orden de procesamiento emitida hace unos días por el juez que instruye la causa de la presunta malversación de los fondos comunitarios cometida desde la agrupación local coincide con la apertura de una nueva investigación judicial que también lo señala. Tendrá que responder por otra denuncia, auspiciada por los especialistas en anticorrupción de la UE, por los supuestos delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en relación con la adjudicación a dedo a una empresa de 106 depuradoras en la provincia durante la misma etapa en la que era alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación. Esta es ya la foto fija de la provincia: una decena de alcaldes y tenientes de alcalde investigados, imputados o procesados hacen cola a la puerta del Palacio de Justicia para responder, en buena parte de los casos, por la gestión que realizaron con el dinero público. A los alcaldes populares que ya acudieron estos días a los juzgados le seguirán en breve otros. Entre ellos, el de Barbadás, José Manuel Freire Couto y su teniente de alcalde, Manuel García González. La juez instructora los ha imputado tras analizar la acusación de prevaricación y enriquecimiento (entre ambos se hicieron con el 30% de un polígono urbanístico en el municipio que gobiernan) presentada por el PSOE provincial. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/19/galicia/1382209474_735520.html 15. C.A GALICIA. IMPUTADOS 7 EDILES DEL PP SANTIAGUÉS POR APROBAR QUE EL AYUNTAMIENTO PAGASE LA DEFENSA DE OTRO CONCEJAL Adrián Varela fue imputado en la operación Pokemon, que investiga una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas en administraciones gallegas Siete ediles del PP de Santiago han sido imputados por un delito de prevaricación por haber aprobado en junta de gobierno local el pasado mes de mayo una resolución para que el ayuntamiento costease la defensa del edil Adrián Varela, imputado en la operación Pokemon. Fuentes municipales han explicado que la concejal María Pardo ha hecho público hoy que ha sido imputada, junto a sus compañeros de gobierno municipal Juan de la Fuente, María Castelao, José Luis Bello, Amelia González, Cecilia Sierra y Francisco Noya. Todos ellos han sido citados a declarar el próximo 19 de diciembre en el juzgado número uno de Santiago. María Pardo, portavoz del grupo de gobierno, ha señalado en conferencia de prensa que su partido respeta las decisiones judiciales y ha llamado la atención sobre la proliferación de casos en los que se imputa a políticos y posteriormente son sobreseídos. Trama para obtener contratos públicos

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La Operación Pokemon, que sigue bajo secreto de sumario, se puso en marcha para investigar la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas en distintas administraciones gallegas, así como en Asturias y Catalunya. Las fuentes consultadas han señalado que la decisión de la junta de gobierno para costear la defensa de su compañero "se ajustó a derecho" y se tomó "avalada por informes de la asesoría jurídica del ayuntamiento". Han indicado, además, que la defensa de un concejal con cargo a las arcas municipales "es un derecho" que les asiste y que en este caso no se llegó a concretar porque el edil imputado en la Pokemon renunció a ella. De hecho, han señalado, en otros ayuntamientos gallegos, como Corcubión (A Coruña), se han adoptado decisiones similares, así como en el de Santiago "en otras legislaturas" y con otros partidos en el gobierno municipal. La jueza ha tomado esta decisión por la denuncia de un particular. http://www.publico.es/474717/imputados-7-ediles-del-pp-santiagues-por-aprobar-que-el-ayuntamiento-pagase-la-defensa-de-otro-concejal 16. C.A MADRID. 50 JUECES DECIDIRÁN SI SE REACTIVA LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA EN MADRID El PSOE recusará al magistrado que presidirá el pleno por su relación con el PP Martínez Tristán aspira a formar parte del Consejo del Poder Judicial Un pleno de 50 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene en su mano el éxito o el fracaso del mayor proceso de privatización de la gestión sanitaria emprendido en España. La Comunidad de Madrid (PP) abrió un concurso para entregar a empresas la gestión de seis hospitales construidos en 2008, un plan que lleva paralizado cautelarmente desde el 11 de septiembre por decisión judicial a la espera de que haya sentencia firme. Lo que parecía el golpe definitivo a las intenciones del Gobierno regional —el fallo podía demorarse entre año y medio y dos años— acaba de dar un vuelco. El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán, ha decidido concentrar todos los recursos en el pleno, bajo su presidencia. La decisión, por tanto, depende ahora de los 50 magistrados que forman ese pleno, que con su voto —tienen solo uno, incluido el presidente— determinarán si se reactiva el proceso de privatización. Martínez Tristán acordó el 11 de octubre agrupar “todos los recursos existentes” al considerar que las resoluciones que ya han dictado dos secciones de la Sala (la tercera y la octava) “resultan o pueden resultar contradictorias”. La decisión afecta a los recursos ya en marcha y a los que se puedan presentar en el futuro. El PSOE anunció ayer que va a recusar a Martínez Tristán porque considera que su relación con el Partido Popular le resta imparcialidad. Esta formación recordó que el magistrado está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, actual titular de Fomento en este Ejecutivo y anteriormente alto cargo de la Comunidad de Madrid. Martínez Tristán también es, según subrayó ayer el PSOE, uno de los 55 candidatos entre los que el Congreso deberá elegir a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Según fuentes próximas al CGPJ, se trata de un magistrado “muy conservador”. La sección tercera, en su auto de septiembre pasado, ordenó la suspensión cautelar del proceso de privatización de la gestión de los hospitales. Explicitó que se debía mantener la prestación sanitaria tal y como está hasta que haya sentencia, lo que podía suponer entre año y medio y dos años. Sin entrar en el fondo del asunto, apuntaba a irregularidades en el concurso de adjudicación. Estimaba así el recurso de la asociación de médicos AFEM, una de las más activas en la marea blanca contra la privatización sanitaria, que había denunciado, entre otras cosas, que el Gobierno regional cambió las condiciones del concurso y redujo a casi una décima parte la garantía que deben depositar las empresas concesionarias (de 233 a 28 millones). La sección tercera afirmó en el auto que el cambio “supone una modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”.

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La decisión de Martínez Tristán se produjo el 11 de octubre. No la podría haber tomado de no existir un auto fechado dos días antes en el que la sección octava de la misma Sala inadmite el recurso de Comisiones Obreras contra el proceso de privatización. Fue el propio tribunal, presidido por Inés Huerta Garicano, el que planteó la inadmisibilidad y finalmente acordó rechazar el recurso del sindicato, del que afirma que “ha errado el planteamiento procesal”. Huerta Garicano es candidata a una vacante en la sala tercera del Tribunal Supremo y, según fuentes jurídicas, cuenta con el apoyo de los vocales conservadores. Expertos jurídicos consultados por este diario se han mostrado extrañados por la decisión del presidente de la sala. En primer lugar, señalan que la avocación a pleno (trasladar la competencia para resolver en un asunto desde un órgano jerárquicamente inferior a otro superior, en este caso, el pleno) es algo “inusual” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por otro lado, consideran que las resoluciones de la sección tercera —la que ordenó paralizar el proceso hasta que haya sentencia— y la octava no son exactamente contradictorias. Miguel Ángel Muga, abogado de AFEM, dijo ayer estar “sorprendido” porque se haya tomado la medida ahora, “justo cuando la sección tercera tenía que resolver los recursos de reposición que habían presentado la Comunidad de Madrid y las empresas concesionarias”, y no al principio de los procesos judiciales. “No nos parece adecuado, pero confiamos en lo que decidan los magistrados”, añadió. Muga considera que, en casos como este, en los que hay varios recursos con el mismo objeto tramitados por distintas secciones, “estos pueden acumularse, es decir, tramitarse todos juntos en la sección correspondiente, o debería tramitarse solo el primero y dejar en suspenso los demás hasta que se dicte sentencia”. El acuerdo de Martínez Tristán se adopta en base al artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquellos, lo estime necesario para la administración de justicia”. “Lo lógico sería que, por apariencia de conflicto de interés, o por conflicto de interés potencial, el presidente de la Sala se abstuviera de este asunto. No tanto por ser marido de quien es, que también, sino por depender de los votos del PP para sus aspiraciones profesionales”, señaló el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire. “La Justicia no puede estar al servicio de un partido político”, afirmó el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, consideró una “medida absolutamente imprescindible” la decisión de agrupar los recursos, en declaraciones remitidas por escrito a los medios. El presidente madrileño, Ignacio González, afirmó en la Asamblea de Madrid que la medida es “razonable”, que espera que “se resuelva todo de una vez” y señaló que algunas decisiones de los tribunales son “un exceso desde el punto de vista de su actuación”, ya que es a “la Administración a la que le corresponde decidir como organizar sus servicios”, informa EP. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/16/madrid/1381922718_437965.html 17. C.A MADRID. LA CIUDAD DE MADRID PIERDE CALIDAD DE VIDA El informe comunitario muestra que empeora la valoración de transportes, educación y cultura La capital ocupa los últimos puestos en contaminación, ruido y limpieza La calidad de vida en Madrid ha empeorado en los últimos tres años o, al menos, así lo perciben sus residentes, según un estudio de la UE llevado a cabo en 83 ciudades del continente. En comparación con el resto, la capital ocupa los últimos lugares en contaminación, ruido y limpieza. En la mayoría de aspectos examinadas, registra un fuerte descenso con respecto a 2009, el año del estudio anterior. El barómetro, publicado la semana pasada, se ha elaborado a partir de 41.000 encuestas realizadas del 15 de noviembre al 7 de diciembre de 2012 en los 28 países de la Unión Europea, Turquía, Islandia, Noruega y Suiza.

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Limpieza y mantenimiento. El 43% de los madrileños está satisfecho con la limpieza de las calles, frente al 55% en 2009. La ciudad ocupa el noveno puesto por la cola respecto al resto de capitales europeas, al nivel de París o Berlín, pero por detrás de Londres (67%). Los últimos puestos los ocupan Roma y Atenas, donde apenas uno de cada cuatro habitantes está satisfecho. En Barcelona, son el 58%. También pierde comba en valoración de zonas verdes (del 79% al 73%; ocupa el décimo puesto por la cola); estado de calles y edificios (undécima por la cola, con un 56% de satisfechos; en Barcelona, son el 73%); y de espacios peatonales y plazas (décima por la cola, pasa del 79% al 68%; en Barcelona, son el 83%). Contaminación y ruido. En calidad del aire, Madrid es la tercera por la cola de las 28 capitales europeas (solo el 25% de la población está satisfecha); únicamente Bucarest (17%) y Atenas (21%) están peor; en Barcelona, el 31% está satisfecho. En 2009, sin embargo, era aún peor: solo daban su aprobado el 15% de madrileños. Lissavetzky: “La ciudad no aguanta más” El 87% de madrileños está satisfecho con la ciudad, en términos generales, pese a criticar ciertos aspectos. En esto, la ciudad ocupa sin embargo el octavo puesto por la cola en la lista de capitales europeas, empatada con Londres y por debajo de Berlín (93%) o París (89%). De lo que abominan los madrileños y cada vez más, es de la Administración municipal. Solo el 39% la cree eficiente (frente al 56% de Londres o el 52% de París, aunque por delante de Berlín, con el 36%), tras sufrir una de las caídas más intensas del continente (18 puntos menos que en 2009). Además, el 60% no cree que sea de fiar; la capital ocupa en esto el séptimo puesto por la cola, lejos de París (65%), Londres (61%) y Berlín (57%). “El informe de la UE certifica, desafortunadamente, el balance desastroso de una gestión de años dedicada a fuegos artificiales y no a solucionar los problemas de los ciudadanos”, cree el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que añade: “Espero que esta nueva reprobación al PP le haga ser conscientes de la realidad, y no seguir al margen de las necesidades urgentes de Madrid. Esta ciudad no puede esperar más, no aguanta, necesita un proyecto nuevo con una dirección nueva y respaldado por una mayoría”. IU considera que el estudio “confirma que una cosa es la ciudad que imagina la alcaldesa, Ana Botella, y otra la que padecen los ciudadanos; no es que haya gente, como apunta, interesada en que haya un Madrid lánguido o abandonado, sino que ha sido su política de recortes la que ha convertido a la ciudad en lo que refleja esa encuesta y que es el sentir mayoritario de los ciudadanos”. Botella atribuyó hace unos días a “opiniones interesadas” basadas en “argumentos políticos” un análisis periodístico de EL PAÍS sobre el empeoramiento de la situación de la ciudad y de la calidad de vida de los madrileños. En cuanto al ruido, Madrid es penúltima de las 28 capitales (con el 31% de satisfechos), solo por delante de Bucarest (27%); en Barcelona, son el 33%. Este aspecto también ha mejorado, pese a todo: hace tres años, únicamente el 16% daba su aprobado. Educación y transporte. La satisfacción de los ciudadanos en estas materias, que en España no dependen del Ayuntamiento (PP) sino, principalmente, del Gobierno regional (PP), también ha caído notablemente desde 2009. En transporte público, el porcentaje de aprobados ha pasado del 78% al 68%. Madrid está en la media, muy por debajo sin embargo de Londres (84%), París (78%) y Berlín (77%), y empatada prácticamente con Barcelona (69%). En servicios sanitarios, el porcentaje de satisfechos ha bajado del 69% al 65% en tres años; la capital está en mitad de la tabla, por debajo de Berlín (84%), París (80%) y Londres (77%). En cuanto a colegios, ocupa el quinto puesto por la cola (47%), por delante de Atenas (39%), Bucarest (43%), Roma (44%) y Sofía (46%). En 2009 no se preguntó. En Barcelona, el porcentaje es del 62%. Cultura y deporte. En instalaciones deportivas, pasa del 63% al 55% de satisfechos, en el puesto undécimo por la cola y por detrás de Londres (64%), Berlín (63%) y París (59%). En

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Barcelona son el 65%. En instalaciones culturales, es la sexta por el final y sufre una de las bajadas más importantes del continente (del 82% al 70% de satisfechos), lejos de París (92%), Berlín (89%) y Londres (81%). Seguridad. La percepción de seguridad en la ciudad ha descendido abruptamente, del 87% de satisfacción en 2009 al 68% en 2012; está en la media de capitales, por encima de Berlín (64%) y detrás de París (74%) y Londres (71%). El sentimiento de seguridad en el barrio también ha caído, del 91% al 80% (en mitad de la tabla). En Barcelona los porcentajes son algo mejores (84% en el barrio, 73% en la ciudad). Se ha preguntado por primera vez sobre la confianza en los conciudadanos, que es de las más altas del continente: un 68%, en el séptimo puesto, por delante de Berlín (62%), Londres (55%) o París (45%). En Atenas es del 20%. En Barcelona, del 70%. Integración. El 69% de madrileños cree que la presencia de extranjeros es buena, frente al 53% en 2009; pese a ser una de las subidas más importantes del continente (Barcelona ganó 18 puntos, hasta el 74%), ocupa el octavo puesto por la cola (en París es el 78%, en Berlín el 74% y en Londres el 72%). El porcentaje de madrileños que cree que los extranjeros están bien integrados pasa del 37% al 50%, en la media. Oferta comercial. Madrid ocupa el último puesto, con un 67% de satisfechos (en 2009 no se preguntó), frente al 86% de París y Londres, y 85% de Berlín. En Barcelona, son un 77%. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/16/madrid/1381954773_665690.html 18. C. VALENCIANA. CASTRO DA CINCO DÍAS AL FISCAL PARA QUE OPINE SI DEBE CITAR A CAMPS Y BARBERÀ COMO TESTIGOS

El juez José Castro ofreció un nuevo plazo de cinco días al fiscal Anticorrupción para que se pronunciase sobre la petición de la acusación popular, el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, para que sean citados a declarar como testigos el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia Rita Barberá.

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/16/actualidad/1381919815_590091.html

19. C.VALENCIANA. GONZÁLEZ PONS: “FABRA ERA MUY IMPORTANTE, PODÍA ACUDIR A LOS MINISTROS”

Hacienda habla de la "mínima colaboración" de Fabra al investigar sus cuentas

El ex ministro Costa niega el interés del ex presidente de la Diputación por los fitosanitarios

"Fabra era entonces una persona muy importante en el PP y no necesitaba dirigirse a mí, podía hablar directamente con los ministros". El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha negado este miércoles que el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, le pidiera gestiones para agilizar los productos fitosanitarios de Vicente Vilar, el empresario que le denunció, ni para incluir enmiendas en la ley de sanidad vegetal que reclamaba Vicente Vilar y la patronal de los fitosanitarios.

A preguntas de la fiscal Anticorrupción, quien fuera portavoz popular en el Senado durante aquella época, ha negado en todo momento la posible intermediación de Fabra. "Él tenía acceso a los ministros si lo solicitaba", ha indicado. Preguntado de nuevo sobre si hizo alguna gestión para interceder por Naranjax, la empresa de Vilar, ha dicho: "No, pero tampoco habría sido nada raro porque tras muchos años de parlamentario, cada vez que se tramita una ley los presidentes provinciales y otros colectivos hacen gestiones para intentar influir y es libertad de la Cámara aceptar enmiendas o no". "Todos intentan beneficiar a empresas de su región", ha añadido.

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Pons ha dicho no recordar, no obstante, el fax que Juan José Ortiz, entonces diputado popular, envió a Vicente Vilar en el que decía que Pons se pondría en contacto con Carlos Fabra para informarle de las últimas noticias sobre las enmiendas a la ley de sanidad vegetal. "No lo recuerdo, no era una ley que me inquietara".

El ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, también ha desvinculado a Fabra de cualquier mediación. "De ninguna manera", ha dicho a preguntas del abogado del ex dirigente. Costa, que ha empezado a declarar recalcando su "respeto profesional y personal" por Fabra, ha hablado de la reunión de 1999 en el Ministerio de Agricultura a la que acudió también el ex presiente de la Diputación. "Fue una reunión amplia y fundamentalmente institucional", ha declarado. Costa ha dicho que el tema de los fitosanitarios de Naranjax sí salió en la reunión pero que el motivo principal fue el de la creación de un punto de inspección fronteriza en el puerto de Castellón.

En la sexta sesión del juicio por el caso Fabra también ha declarado el ex inspector de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana, Florentino Pellejero, a propuesta del abogado de Fabra. Este testigo ha destacado la "mínima colaboración" del expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, en un proceso de investigación administrativo sobre su patrimonio y ejercicio fiscal abierto a instancias de una queja de la delegación de Tarragona. En este sentido, Pellejero ha asegurado que se remitió a la Fiscalía el ejercicio de 1999 de Carlos Fabra porque se concluyó que había "posibles indicios de delito".

Esta investigación fiscal de las cuentas de Fabra y de su exmujer se realizó de forma paralela a la investigación judicial abierta por el llamado caso Fabra y a raíz de la denuncia del empresario Vicente Vilar. El ex inspector de Hacienda ha destacado que se investigaron años posteriores pero que o bien no se superó el límite de 120.000 euros o no se hallaron indicios de delito. No obstante, y a preguntas de la fiscal y de la abogada del Estado, este testigo aseguró que Carlos Fabra tuvo una "colaboración mínima" en esta investigación y que "no se aportó con carácter general una explicación razonable de los múltiples ingresos en efectivo" registrados en 1999 (que la abogada del Estado ha cifrado en 146).

Este testigo ha apuntado que "evidentemente" podrían haber concluido otra cosa si hubieran tenido acceso a otros documentos o pruebas como sí pudo tener la investigación penal abierta y por la que se han estimado, tal y como consta en el escrito del fiscal Anticorrupción, ingresos no declarados de Fabra por 1,9 millones.

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/16/actualidad/1381923525_727058.html

20. C.VALENCIANA. DOS EXMINISTROS CONFIRMAN QUE SE VIERON CON FABRA PARA HABLAR DE FITOSANITARIOS Los testigos se han acogido a su derecho de responder por escrito en lugar de acudir al juzgado Jesús Posada y Celia Villalobos, ex ministros de Agricultura y Sanidad del Gobierno de José María Aznar, han ratificado haber mantenido reuniones en las que estuvo presente el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y en las que se trató la tramitación de los productos fitosanitarios que fabricaba Vicente Vilar, entonces amigo del dirigente del PP. El secretario judicial de la sección Primera de la Audiencia de Castellón ha leído las declaraciones de ambos ex ministros, llamados a declarar en el caso Fabra. En sus manifestaciones han reconocido haber mantenido encuentros en los que se abordaron las dificultades de Vilar para lograr las autorizaciones de sus productos. Sin embargo, ambos han asegurado también que, desde su cargo de ministros, ni hicieron ni tenían capacidad de influir en dichas autorizaciones. "Se rigen por criterios objetivos sin que existan ningún elemento discrecional, lo que excluye cualquier intervención por mi parte", ha afirmado Posada en su declaración.

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"Fue Carlos Fabra el que me presentó a Vilar y tras la reunión, no tuve intervención alguna ni hice ninguna gestión para intervenir en tramitación administrativa", ha sostenido Villalobos. También ha declarado el sucesor de Posada al frente de Agricultura, Miguel Arias Cañete, como testigo y por escrito en el caso Fabra, en el que se juzga al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra por los supuestos delitos de tráficos de influencias, cohecho y fraude fiscal. Los tres se acogieron a su derecho de responder a las preguntas de las partes por escrito y las respuestas serán leídas hoy por el secretario judicial en la tercera sesión de la vista oral. Cañete únicamente se ha ratificado en su anterior declaración pero el tribunal no ha considerado la necesidad de leer su testimonio. Entonces, en 2004, el ministro desveló cómo el senador Miguel Prim, que también está imputado, se dirigió a él para hacerle saber las "dificultades" en la tramitación de autorizaciones para dichas empresas. En su contestación, Arias Cañete le indicó que la evaluación de los productos concernía a la Dirección General de Salud Pública y subrayó: "Debes entender que se trata de aspectos sobre los que no me corresponde emitir opiniones ni juicios". Celia Villalobos ya admitió la celebración de una reunión en 2002 en la que Carlos Fabra se interesó por la tramitación que en el Ministerio de Sanidad llevaban los productos fitosanitarios. También reconoció conocer el nombre de Vilar pero justificó las gestiones de Fabra en que “como otros políticos de cualquier partido, se interesaba por los problemas de su provincia”. “Se está empeñando en obtener sus autorizaciones por influencias políticas, y este es un sistema nada deseable, puesto que no se podía pedir un comportamiento digno a unos funcionarios a quienes se les presionase a emitir dictámenes, firmados por ellos mismos, para favorecer a quienes tienen acceso a personalidades influyentes en política”, escribió la jefa de gabinete al ministro Cañete cuando este le preguntó por la tramitación de los productos del amigo de Fabra. Jesús Posada fue otro de los exministros que reconoció haberse reunido con Fabra, en julio de 1999, en la que se habló de uno de los productos que fabricaba Vicente Vilar y que fue autorizado poco después. http://politica.elpais.com/politica/2013/10/08/actualidad/1381213833_435409.html 21. C. VALENCIANA. CASTEDO TEME EL ‘EFECTO BRUGAL’ La alcaldesa de Alicante lanza una ofensiva para archivar la causa por el amaño del PGOU Las acusaciones insisten en que favoreció a Enrique Ortiz La sombra del presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante para beneficiar al constructor Enrique Ortiz hostiga desde hace tres años a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo. La regidora del PP quita en público hierro a su imputación por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. “No sé qué delitos me imputan”, responde sonriente en entrevistas. Pero su entorno advierte “preocupación” por el proceso que sigue desde septiembre de 2012 el instructor Juan Climent en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. La defensa de Castedo en el caso Brugal ha trazado un plan para convencer al juez de que archive la causa o que levante la imputación. El magistrado denegó tres peticiones similares en el último año. La última fue hace una semana. Ahora la estrategia coincide con el fichaje como segundo abogado del hasta hace dos años militante del PSPV y catedrático Derecho Procesal de la Universidad de Alicante José María Asencio Mellado. La consigna es despejar la mácula de sospecha que vincula a Castedo con un presunto pelotazo urbanístico de 120 millones de euros. Y conseguirlo antes de las municipales de 2015. “Una instrucción tan larga hace mucho daño a un político. Castedo sufre cuando le llaman sinvergüenza por la calle”, argumentan. El trasfondo, según otras fuentes de su entorno, resulta

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menos sentimental. Apunta al interés de la regidora de concurrir limpia a las urnas. No en vano, Alberto Fabra reiteró el miércoles, en una entrevista en Nou, que las personas imputadas “no han de tener protagonismo” en las próximas elecciones municipales y autonómicas. “Puede renunciar a su escaño en las Cortes pero no a la vara municipal”, confiesa una persona próxima a la dirigente que no contempla la apertura de juicio oral. Técnicamente sería posible este escenario antes de las elecciones. Hay tiempo según fuentes jurídicas. Pero compondría la estampa de una mujer aferrada al cargo asomándose a la inhabilitación. La edil quiere presentarse limpia a las elecciones municipales de 2015 En un escrito de 106 páginas remitido la semana pasada al TSJ, la defensa de Castedo desgrana sus argumentos. Se recurre al Supremo para cuestionar el criterio del Fiscal de usar como pilar de la acusación la transcripción de pinchazos telefónicos policiales entre mayo de 2008 y junio de 2010, la recta final de la redacción del PGOU. Conversaciones donde Ortiz llamaba “la tía más grande que he visto en mi vida” a la entonces concejal de Urbanismo por facilitarle un “tebeo”. La amistosa charla abordaba supuestamente una reserva de suelo en Alicante. Los abogados piden la anulación —por segunda vez— de estos pinchazos. Insiste en que el redactor del PGOU, Jesús Quesada, y el arquitecto municipal, Miguel Ángel Cano, declararon que no recibieron presiones. Tilda de “ordinarias” las dos reuniones del primero con Ortiz, propietario del 70% del suelo urbanizable de Alicante. Minimiza que Castedo no haya podido justificar de modo convincente cómo pagó un viaje a Andorra con Ortiz (ante el juez dijo que con lotería de Les Fogueres). Y argumenta que “no hay indicios” del presunto cohecho de la regidora al aceptar un coche mini del promotor a cambio del supuesto trato de favor. El documento carga contra la “lentitud" de la instrucción, las “imputaciones abstractas” y denuncia el “interés” de las acusaciones —PSPV y EU— de mantener candente el proceso. Aseguran en su entorno que arrastra la sombra de sospecha desde 2008 y que sufre la pena “del telediario”. Por el contrario, Enrique Ortiz se mantiene en silencio y no pedirá levantar la imputación. “A nosotros no nos afectan los tiempos políticos”, admite su defensa. Fabra reiteró el miércoles que los imputados no integrarán las listas Las acusaciones consideran ineficaz la estrategia. El abogado de EU, José Luis Romero, precisa que las escuchas telefónicas son solo una pieza. Y defiende la instrucción. “La causa no está conclusa, faltan diligencias ya acordadas. Por ejemplo, este mes ha llegado del Juzgado de Orihuela el acta de registro y los documentos intervenidos en la vivienda, la empresa y el yate de Ortiz”, dice. El secretario general del PSPV en Alicante, Gabriel Echávarri, recuerda que "se puede condenar a una persona solo por indicios". "Tiene mucha prisa. Confía en aguantar el tirón mediático por la apertura del juicio oral, que se celebre la vista tras el verano de 2014, y, en el supuesto de ser absuelta, presentarse a las elecciones como una víctima”. Un dirigente de la oposición alicantino añade otra clave: “Es un activo del PP y tiene el aval del vicepresidente, José Ciscar. Corre contrarreloj. Teme el efecto Brugal”. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/17/valencia/1382033552_281134.html 22. C.VALENCIANA. EL TSJ SE NIEGA A REBAJAR LA FIANZA DE MILAGROSA MARTÍNEZ EN EL ‘CASO GÜRTEL’ El tribunal recuerda a la diputada del PP que ya no cabe recurso Impuso una fianza de 636.500 euros en su procesamiento El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha desestimado el recurso presentado por la alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, a la que los miembros de la trama Gürtel designaban como La Perla, y ha decidido mantener una fianza de 636.500 euros por su procesamiento en la pieza de Gürtel referente a las adjudicaciones de Fitur.

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El letrado que representa a la también diputada del PP en las Cortes presentó el pasado 30 de julio un recurso de reposición y solicitó al TSJ la “reducción de la cuantía de la fianza establecida como medida cautelar”. La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal valenciano desestima las pretensiones de Martínez. En un decreto fechado el pasado 10 de octubre, el secretario judicial aclara que “ya no cabe recurso alguno”. Martínez, que sigue en el cargo tanto de alcaldesa como de diputada del PP, encara un duro proceso judicial. El magistrado que instruye la causa, José Francisco Ceres, decretó el pasado 1 de julio la apertura de juicio oral contra la también expresidenta de las Cortes y ex consejera de Turismo y le imputó cuatro graves delitos: prevaricación, malversación y fraude, cohecho y tráfico de influencias. El juez le impuso una fianza de 636.500 euros que debía ingresar en un plazo máximo de 10 días. Pero no lo hizo. La alcaldesa de Novelda alegó que no tenía tal cantidad de dinero e incluso intentó, aunque sin éxito, que el PP la ayudara. Durante una de sus tradicionales comparecencias de los viernes tras el pleno del Consell, el vicepresidente de la Generalitat y presidente provincial del PP en Alicante, José Ciscar, dejo claro que: “El PP no tiene dinero para ayudar a Milagrosa Martínez a pagar la fianza”. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/16/valencia/1381949966_114777.html 23. C. VALENCIANA. EL JUEZ IMPUTA AL EXCONSEJERO CERVERA POR UN CONTRATO DE SANIDAD CON GÜRTEL El exresponsable de Sanidad declarará por un vídeo encargado a El Bigotes La lista de imputados en el caso Gürtel creció este viernes con la inclusión del exconsejero de Sanidad y exdiputado nacional del PP Manuel Cervera, que deberá declarar ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia José Ceres el próximo 19 de noviembre. Cervera, imputado a petición de la fiscalía, deberá responder de un contrato adjudicado por Sanidad en 2008 a Orange Market, la franquicia valenciana de la trama corrupta. La investigación forma parte de la pieza cinco del sumario de Gürtel en Valencia, centrada en las supuestas irregularidades de contratos de varias consejerías con la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, y otras firmas de la red. El juez interrogará a Cervera, que dejó su escaño en el Congreso recientemente “por motivos de tipo personal y profesional”, en relación con el fraccionamiento de un contrato para la realización de un vídeo sobre la ampliación del hospital Clínico de Valencia. El encargo, según la investigación, se dividió en cuatro contratos de distintas direcciones generales dependientes de la consejería de modo que cada una de las facturas rozó sin superarlo el límite de los 12.000 euros que hubiera exigido un concurso público. La adjudicación quedó en manos de Orange Market y de otras dos sociedades de la red, Easy Concept y Diseño Asimétrico. Pago “inhabitual” Ceres destaca que los responsables de las diversas direcciones generales implicadas “niegan” haber gestionado la contratación y apuntan al gabinete del exconsejero o al propio Cervera como presunto responsable del encargo y de la “inhabitual” forma de pago a El Bigotes, a través de la caja fija reservada “a los gastos corrientes y de funcionamiento ordinarios”. El instructor resalta también que dos personas del gabinete del exconsejero declararon que fue el propio Cervera quien les presentó a Álvaro Pérez como la persona encargada del vídeo del acto del hospital y pidió que colaboraran con él. El magistrado, que advierte en estos hechos indicios supuesta prevaricación, tráfico de influencias y falsedad, apunta que Cerverá también podrá ser interrogado sobre otros contratos. En la misma providencia, Ceres se reserva para “un momento posterior” una respuesta a la petición del fiscal de que impute a cuatro ex altos cargos de Sanidad, entre ellos el también exconsejero Luis Rosado, que ya ha declarado como testigo.

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El magistrado también realiza dos nuevos requerimientos a las consejerías de Bienestar Social e Industria para que aporten la relación íntegra de quienes componían los respectivos gabinetes y pide que le remitan la constancia de existencia de reuniones mantenidas en esos departamentos con responsables y personas vinculadas a Orange Market. Asimismo, el magistrado ha acordado nuevas declaraciones testificales en relación con la contratación sobre la Guía de Comunicación y regalo de Navidad 2004 y sobre el Proyecto Cultural Castellón pero en relación al Congreso de Software Libre 2005. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/18/valencia/1382106963_851334.html