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Del 07 al 13 de Enero 2012 Nº 609

INDICE

01. RAJOY ADMITE QUE LA SUBIDA DE IMPUESTOS ES "DOLOROSA", PERO "NO HABÍA OTRA OPCIÓN"

02. CUANDO RAJOY CONSIDERABA EJEMPLARES A SUS DOS BARONES

03. DENUNCIA CONTRA RAJOY POR GUARDAR SU PLAZA DE REGISTRADOR

04. INTERIOR DESTITUYE A LA CÚPULA POLICIAL QUE INVESTIGÓ CASOS CLAVE PARA EL PP

05. LA JUEZ CILLÁN PUSO 18.000 EUROS DE SUELDO A "UN AMIGO"

06. C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL CIERRA CUATRO CENTROS DE LA MUJER

07. C.A LA RIOJA: EL TSJR ADMITE UNA DEMANDA DEL FISCAL CALPARSORO CONTRA SANZ Y DEL RÍO POR ATENTAR CONTRA SU HONOR

08. C. A MADRID: AGUIRRE QUIERE BAJAR EL TRAMO AUTONÓMICO DEL IRPF TRAS LA SUBIDA "TEMPORAL" DE RAJOY

09. C. A MADRID: LOS RECORTES TAMBIÉN LLEGAN A LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA MACHISTA

10. C. A MADRID: POLÉMICO RELEVO AL FRENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

11. C. A MADRID: LA PARODIA DE AGUIRRE VENCE A LA PRESIDENTA EN TWITTER

12. C. VALENCIANA: EL TIJERETAZO DE FABRA SE QUEDA A MEDIAS Y SE CEBA EN LOS FUNCIONARIOS

13. C. VALENCIANA: AL BORDE DE LA ASFIXIA FINANCIERA

14. C. VALENCIANA: EL SOBRECOSTE EN GRANDES PROYECTOS SUMA TANTO COMO EL TIJERETAZO

15. C. VALENCIANA: RTVV ANUNCIA UN ERE QUE PUEDE ECHAR AL 66% DE SUS 1.800 EMPLEADOS

16. C. VALENCIANA: UN COLEGIO CONCERTADO DE CASTELLÓN AMENAZA CON CERRAR POR LOS IMPAGOS

17. C. VALENCIANA: CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE FABRA EN EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PP

18. C. VALENCIANA: EL JUEZ INVESTIGA LA EMPRESA DE LA GENERALITAT QUE PRESIDIÓ PONS

19. C. VALENCIANA: LA ASISTENTA QUE PASÓ A ASESORA DE SONIA CASTEDO

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20. C. VALENCIANA: LA FIRMA DE LA FAMILIA COTINO COBRÓ 336.000 EUROS DE UN PARKING QUE NO SE CONSTRUYÓ

21. C. VALENCIANA: EL PALAU OTORGA A CONDE ´MÉRITOS LITERARIOS´ PARA ABRIR UN CICLO DE CHARLAS

22. C. VALENCIANA: EL JUEZ DEL 'CASO FABRA' IMPIDE NUEVOS RETRASOS

23. C. VALENCIANA: UN COLOSO DE 20 TONELADAS INSPIRADO EN CARLOS FABRA

24. C. VALENCIANA: EL AEROPUERTO SIN AVIONES DE CASTELLÓN HA GASTADO 30 MILLONES EN PUBLICIDAD

25. C. VALENCIANA: EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN CUESTA 300.000 EUROS AL MES SIN FUNCIONAR

26. C. VALENCIANA: UN EXEDIL IMPUTADO EN EL 'CASO EMARSA' CULPA AL PP DEL SAQUEO

27. C. VALENCIANA: BARBERÁ: ´UN BOLSO DE LOUIS VUITTON ES UN REGALO HABITUAL´

28. C. VALENCIANA: GRACIAS A CUESTA POR SU GESTIÓN Y ´OBSEQUIO´

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01. RAJOY ADMITE QUE LA SUBIDA DE IMPUESTOS ES "DOLOROSA", PERO "NO HABÍA OTRA OPCIÓN"

Mariano Rajoy ha admitido en su primera entrevista como presidente del Gobierno, concedida a la agencia Efe, que el aumento impositivo aprobado en diciembre ha sido una medida "dura y dolorosa, pero absolutamente imprescindible”. “No quedaba otra opción", ha apuntado Rajoy, quien ha asegurado que “no se va a esconder” ante la crisis económica. Son las primeras declaraciones públicas del presidente, después de que el pasado 23 de diciembre anunciara los nombres de su primer Gobierno. Desde entonces, Rajoy ha dejado en manos de su equipo, y especialmente de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, las explicaciones sobre las medidas que ha tomado el Ejecutivo, principalmente para recortar gastos y subir impuestos. Además, Rajoy no tiene previsto comparecer en el Congreso para explicar estas medidas hasta el mes de febrero, más de un mes después de haber tomado posesión. La entrevista, de 25 minutos, se ha centrado fundamentalmente en asuntos económicos:

"Si hubiéramos pensado que era preciso subir el IVA no nos hubiera temblado la mano"

Impuestos

Rajoy ha justificado los ajustes y la subida de impuestos en que el déficit que encontró al llegar al Gobierno era superior a lo previsto -dos puntos por encima del 6% previsto inicialmente-. El presidente ha precisado que sigue sin ser "partidario de subir impuestos" y ha recordado que así lo ha manifestado reiteradamente, pero que se encontró al llegar al Gobierno con que el déficit era superior de lo que esperaba: el 8%, dos puntos por encima de lo previsto. Así se lo comunicó la Intervención General del Estado el 27 de diciembre: se habían gastado 20.000 millones de euros más. De ellos, ha precisado, 15.000 millones son de las comunidades autónomas. "En esa situación era urgente actuar", ha puntualizado. "Era una decisión dura, dolorosa, pero absolutamente imprescindible para salir de la espiral en la que nos encontrábamos".

El jefe del Ejecutivo ha señalado que no está en sus previsiones subir el IVA, porque no cree que sea necesario -"supone inmediatamente un aumento de los precios y no nos parecía lo más justo". Sin embargo, ha reconocido que "si hubiéramos pensado que era preciso subir el IVA no nos hubiera temblado la mano".

Medidas para reducir el déficit público

Retomando la expresión que usó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, Rajoy ha dicho que las medidas adoptadas hasta ahora son el "inicio del inicio". Para el jefe del Ejecutivo, lo primero es seguir reduciendo el déficit público: "En los Presupuestos Generales del Estado que presentaremos antes del 31 de marzo, volveremos a hacer una reducción del gasto público", ha afirmado.

En segundo lugar, Rajoy ha hecho alusión a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, este mes, donde se pedirá a todas las Comunidades Autónomas que se aprieten el cinturón, y también a laso Ayuntamientos en otra reunión. En tercer lugar, se presentará la ley de estabilidad presupuestaria para fijar el techo de gasto y endeudamiento, que no podrán sobrepasar ni el Estado ni las Comunidades Autónomas".

Sistema financiero

Con respecto al sistema financiero, Rajoy ha afirmado que no habrá un banco malo sino un plan de reestructuración del sistema financiero que presentará antes del 15 de febrero y que conllevará un nuevo proceso de fusiones.

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Según Rajoy, el plan obligará "al saneamiento de las entidades financieras, a su transparencia y a un nuevo proceso de fusiones de entidades" para que las resultantes tengan un tamaño

adecuado, sean solventes y, sobre todo, "para que vuelvan a dar crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, sin lo cual no habrá recuperación".

El "objetivo" es terminar con esa "terrible cifra" de cinco millones de españoles que quieren trabajar y no pueden

Los mercados

"¿Qué aporta su Gobierno a los mercados que no aportara el de Zapatero?', ha sido preguntado el presidente. "Aportamos nuestra historia, nuestra convicción", ha respondido. "Y aportamos a los mercados una mayoría sólida que han apoyado los españoles, y estabilidad política para recuperar la confianza. Ir hacia un modelo donde las Administraciones públicas no gasten lo que no tienen".

Por eso, ha agregado, decidió no crear una vicepresidencia económica al formar su Gabinete. "La economía es lo más importante y he querido dar una señal, dentro y fuera de España, de que aquí hay un presidente que va a dar la cara y no se va a esconder", ha zanjado. Por eso, él preside la comisión delegada de asuntos económicos. "He querido nombrar un equipo muy económico": con ministros de Economía, de Hacienda, de Trabajo, de Industria, incluso de Asuntos Exteriores... de los que ha destacado su experiencia en el ámbito económico.

Estado de bienestar

También ha expuesto Rajoy que su Gobierno de corte económico busca lograr el crecimiento y mantener el Estado del bienestar, del que ha dicho: "Creo profundamente en él y no está en peligro. Creo en el sistema de pensiones, en un sistema sanitario universal, público y gratuito, y en un sistema educativo que hay que mejorar". Pero ha precisado que, para mantenerlo, "se necesitan dinero, crecimiento económico y empleo".

Reforma laboral

Rajoy sigue a la espera de un acuerdo entre patronal y sindicatos sobre la reforma laboral, y al respecto ha dicho: "Les pedí un esfuerzo que agradezco, pero no sé en qué terminarán las negociaciones. Tendré en cuenta sus acuerdos, pero en lo que no haya acuerdo el Gobierno hará lo que sea mejor para el interés general de los españoles". Además, ha puntualizado que le gustaría "el mayor acuerdo posible" para la reforma laboral.

En cuanto a política exterior, Rajoy ha avanzado hoy que su intención es que su primer viaje oficial al extranjero tenga como destino Marruecos, país que espera visitar "en un periodo de tiempo relativamente breve". "En cuanto las agendas se logren casar", se ha limitado a señalar el presidente del Gobierno, que ya habló por teléfono con el rey Mohamed VI el pasado 3 de enero. Si cumple con su intención, cumplirá también con la tradición que han mantenido los últimos presidentes del Gobierno de elegir a Marruecos para su primera visita oficial al extranjero tras llegar a la Moncloa.

Al margen de este viaje, ha recordado que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, visitará Madrid el próximo lunes, momento en el que recibirá de manos del rey Juan Carlos el Toisón de Oro. Espera recibir también próximamente al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y a la presidenta de turno de la UE, la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt.

El 30 de enero Rajoy se desplazará a Bruselas para participar en su primer Consejo europeo; "aunque eso ya no sé si calificarlo de viaje al extranjero", ha bromeado. Se trata de una cita clave en la que, según el presidente del Gobierno, tendrá ocasión de explicar sus reformas.

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Con respecto a América Latina, el presidente del Gobierno ha señalado que es una "prioridad capital" de su Ejecutiv y ha recordado que España es el segundo país inversor en la región.

www.elpais.es 10.01.12

02. CUANDO RAJOY CONSIDERABA EJEMPLARES A SUS DOS BARONES

El presidente Gobierno alabó repetida y públicamente la gestión de los dos expresidents

Matas. De antiguo ejemplo a seguir a apestado en el PP

Aunque con la elección de José Ramón Bauzá el PP quiso enterrar los años de Matas al frente del archipiélago, hubo un tiempo en que este era un modelo a seguir. Rajoy alabó repetida y públicamente la gestión del expresident y las hemerotecas están plagadas de auténticas ‘perlas'.

- "Es un brillante defensor de los intereses de Baleares que cumplirá con sus objetivos" (18/06/1996)

- "La asistencia a la toma de posesión de Jaume Matas supone para mí un sincero motivo de satisfacción" (27/03/2003)

- "Jaume Matas es un amigo [...]. Tiene personalidad, coraje, determinación y valentía" (09/05/2003)

- "Vamos a intentar hacer en España lo que Jaume y todos vosotros hicisteis en Baleares" (27/11/2004)

- "Si se demuestra que alguien no ha hecho las cosas bien, que no siga en política" (24/03/2010)

- "Aceptamos [la baja de Matas]. Le deseamos lo mejor, que se defienda y, si puede, demuestre su inocencia" (29/03/2010)

Camps. Defensa de su honradez... hasta el juicio

Rajoy mostró en varias ocasiones su respaldo a Camps. La última vez fue en la campaña del 22-M. "Paco, eres un gran presidente. Lo han dicho los valencianos y lo van a volver a decir", le dijo. Fue la última vez que el actual presidente del Gobierno le dedicó un elogio.

- "Es un extraordinario dirigente, un político honrado que está en indefensión porque no sabe si se le acusa de algo [...]. Tiene mi pleno apoyo" (16/03/2009)

- "Es una persona honrada y lo de los trajes no me lo creo" (23/04/2009)

- "Somos parecidos; sé cómo es su mujer, conozco a sus hijos, y puedo decir que es una persona honrada" (26/03/2009)

- "[A Camps] Yo creo en ti. Y estaré detrás de ti, delante o al lado, me da igual" (02/06/2009)

www.publico.es 10.01.12

03. DENUNCIA CONTRA RAJOY POR GUARDAR SU PLAZA DE REGISTRADOR

El abogado José Luis Mazón señala que la plaza del líder del Partido Popular en el registro de Santa Pola es "incompatible" con su cargo como jefe del Ejecutivo

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El abogado José Luis Mazón, uno de los autores de la querella contra el juez Baltasar Garzón por los cobros que recibió durante su estancia en Nueva York, ha denunciado ante la Oficina

de Conflicto de Intereses al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por mantener su plaza como titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola, en la provincia de Alicante.

En nombre del partido Soberanía de la Democracia (Soberanid), el letrado señala que la plaza del líder del Partido Popular en el registro de Santa Pola es "incompatible" con su cargo como jefe del Ejecutivo y que además reconoce unos "derechos económicos", que "Rajoy dice que no recibe, o cuando menos, no declara como ingresos ante el Congreso", informa Ep.

El abogado pide a la Oficina de Conflicto de Intereses que esclarezca todas las circunstancias relativas al cobro de aranceles y sus destinatarios derivados de la plaza, en la que figura como titular el presidente y si ha cobrado por este puesto. El presidente de Soberanid (que fue excluido de los comicios del 20-N al no reunir los avales exigidos por la Ley Electoral) alega que el Reglamento Hipotecario reconoce la prestación de honorarios al titular del registro y que si Rajoy hubiera renunciado a la plaza, la vacante debería haber salido a concurso

www.publico.es 12.01.12

04. INTERIOR DESTITUYE A LA CÚPULA POLICIAL QUE INVESTIGÓ CASOS CLAVE PARA EL PP

El director general releva a 10 de los 13 mandos y solo deja a los cargos técnicos

Apenas 10 días después de tomar posesión, el nuevo director general de la Policía, el popular Ignacio Cosidó, ha destituido a la práctica totalidad de la cúpula policial: 10 de los 13 mandos de la junta de gobierno han sido relevados de una sola vez. Han sido destituidos aquellos comisarios que se han dedicado en los últimos años a la actividad policial pura y dura y se quedan los cargos técnicos. El relevo en lo más alto del Cuerpo Nacional de Policía estaba cantado con la llegada al poder del PP -tal y como hizo el PSOE cuando llegó al Gobierno en 2004-, pero estaba aún más cantado para aquellos mandos que habían dirigido a las unidades que han investigado casos clave e incluso molestos para los populares, como la trama Gürtel, los asuntos del Palma Arena o el caso Faisán. Un policía estaba especialmente en el punto de mira: el comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González.

El más marcado por el PP era Juan Antonio González, por el 'caso Gürtel'

Eugenio Pino será el 'número dos' y Enrique Barón llevará Información durante el juicio por el 11-M

El director general citó ayer a todos los mandos policiales a su despacho para comunicarles personalmente y uno a uno que habían sido relevados. A ninguno de ellos les comunicó, según las fuentes, quiénes iban a ser sus sustitutos, cuyos nombres está previsto que se anuncien hoy en el BOE para que tomen posesión mañana, según una nota facilitada por el Ministerio del Interior.

Según varias fuentes, el número dos de la Policía será Eugenio Pino, hasta ahora jefe provincial de Huesca y uno de los responsables del dispositivo de seguridad de la boda del Príncipe. El comisario general de Información será Enrique Barón, jefe superior de policía en el País Vasco durante algunos de los años duros de ETA, que, además, ha sido responsable de seguridad en áreas el Gobierno de Esperanza Aguirre, en paralelo con el supuesto espionaje a dirigentes del PP en Madrid. Enrique Rodríguez Ulla será el responsable de la Policía Judicial; la jefa superior en Cantabria, Pilar Allúe, de la Policía Científica. Para Seguridad Ciudadana, se nombrará a Florentino Tino Villabona, jefe superior en Andalucía Oriental y responsable policialal en Mellilla. Para Extranjería, Cosidó recupera a un veterano de la lucha contra la inmigración ilegal: Emilio Baos.

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Los primeros que recibieron la noticia fueron el actual director adjunto operativo (DAO), Miguel Ángel Fernández Chico (cuya salud se ha deteriorado seriamente por una grave enfermedad),

y el responsable de la lucha antiterrorista o comisario general de Información, Miguel Valverde, un hombre sobre cuya permanencia se especuló en círculos policiales.

El relevo afecta a todos los comisarios generales: de Información, Policía Judicial (Juan Antonio González), Extranjería y Fronteras (Enrique Taborda Álvarez), Policía Científica (Miguel Ángel Santano) y Seguridad Ciudadana (José Marín Manzanera). Mantendrán su puesto los jefes de División de Personal (Gonzalo Rodríguez Casares) y Coordinación Económica y Técnica (Ildefonso Escalero Simón). Asciende de jefe de División a subdirector general el responsable del Área de Recursos Humanos (José Ignacio Araujo Otero). Eso quiere decir que caen también el subdirector general de gestión económica, técnica y documental (José Felipe Hernández Díaz) y la responsable de la Unidad de Coordinación (Ana María Arias Gallego).

El relevo era esperado, sobre todo tras la llegada de Ignacio Cosidó. En los últimos años, el PP se ha mostrado especialmente crítico con la labor de Juan Antonio González, máximo jefe de las unidades que han investigado los casos Gürtel o Palma Arena.

González ha estado continuamente en la diana del PP y saltó a la fama como el hombre que detuvo en Laos al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. Pero la animadversión creció a raíz de que González apareciera en una cacería en Andújar (Jaén) en la que participaban el juez Baltasar Garzón y el exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo cuando estaba estallando el caso Gürtel, que entonces solo afectaba a cargos del PP en la Comunidad de Madrid.

El PP también censuró durante el juicio del 11-M al comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano. En el caso del titular de Información, el llamado caso Faisán y la investigación de ese asunto ha deteriorado su imagen a los ojos del PP, pese a haberse producido el supuesto chivatazo con anterioridad a su llegada al cargo.

www.elpais.es 12.01.12

05. LA JUEZ CILLÁN PUSO 18.000 EUROS DE SUELDO A "UN AMIGO"

El Poder Judicial le ha abierto un expediente por tres faltas muy graves

El informe de la Inspección del Consejo del Poder Judicial sobre la juez Coro Cillán que ha dado lugar a que se le abriera un expediente disciplinario por tres faltas muy graves y una grave describe serias irregularidades supuestamente cometidas por la magistrada en relación con la firma Moma 56, SL. Entre ellas, adoptar decisiones judiciales que implicarían un trato de favor de Cillán hacia amigos suyos (uno de ellos, "íntimo"). El trato de favor habría sido otorgar la gestión y administración de tres locales de ocio de Madrid a sus amistades con la intención de forzar posteriormente su venta por 900.000 euros. La Fiscalía de Madrid investiga además, a petición del Consejo, si lo acontecido con esta discoteca en el juzgado de Cillán, el 43 de Madrid, constituye prevaricación.

El denunciado dice que Cillán otorgó un trato de favor al denunciante

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En las minuciosas diligencias hechas por el Poder Judicial constan testimonios sobre almuerzos y reuniones extraprocesales de la juez con una de las partes del proceso para gestar supuestamente el precinto y cambio de administradores del local en favor de sus amistades. Existían diferencias entre los socios de estos establecimientos y, antes de la intervención de Cillán, el Juzgado 38 de Madrid había archivado una denuncia entre ellos. La juez, en escritos al Consejo, niega haber mantenido tales reuniones y las relaciones de amistad que se le atribuyen con una de las partes. Los hechos que describe la Inspección del Consejo en su informe, al que ha tenido acceso este periódico, arrancan el pasado 21 de septiembre. Cillán -la juez que en la actualidad investiga si hubo encubrimiento y falso testimonio en los atentados del 11-M- estaba ese día de guardia. Y acogió una denuncia "por administración desleal" interpuesta por Alberto Vos en representación de Moma 56, SL. El denunciado era Fernando Robes Ibarra, que en ese momento administraba Moma 56, que abarca una

discoteca, un restaurante y una sala de fiestas. Vos creyó disponer de hechos nuevos y se fue al juzgado de guardia de Cillán. Como medida cautelar, pidió el precinto del local y de las oficinas, argumentando que Robes podía estar destruyendo cuentas.

La fiscal de guardia Soledad García se opuso al precinto. Sostuvo que, antes de adoptar una medida así, había que ver si era verdad lo que se decía en la denuncia. Cillán no le hizo caso y "sin audiencia de la parte denunciada, acordó el precinto del local y de las oficinas". Henry Joseph Feltenstein, abogado del denunciado, se presentó en el juzgado para pedir a Cillán que revocase la orden y explicarle que el asunto ya había sido resuelto por el juzgado 38. La juez citó al día siguiente a todas las partes, menos a la fiscal, para interrogarles.

Las normas de reparto de los juzgados de Madrid permiten al juez de guardia adoptar medidas cautelares (por ejemplo, un precinto). Si bien, hecho esto, debe remitir forzosamente el asunto "al Juzgado Decano para su reparto". Cillán no lo hizo. Se quedó con las diligencias. Fue una "decisión explícita" suya, dicen los inspectores. Tras precintar el local, nombró "administrador judicial íntegro de Moma 56 a Pedro Rodríguez Fernández", con el que mantiene "una relación de amistad" y al que puso un sueldo mensual "en concepto de honorarios de 18.000 euros". Según los inspectores, lo hizo de "manera absolutamente inmotivada". Días después, designó a otros dos administradores más, Juan Antonio Flores y Francisco Javier Caballero Dotres, también "sin motivación". Finalmente, dejó solo como administrador "a Caballero Dotres", con un sueldo de "2.500 euros mensuales". Los inspectores sostienen que Dotres es "amigo o amigo íntimo" de la juez.

Además, añaden que las diligencias desarrolladas en este asunto por Cillán son "una sucesión de escritos, documentos y comparecencias, sin resolución efectiva de las cuestiones planteadas (...), que reflejan el escaso rigor en la instrucción". Y consideran "anómalo" que mantuviera en su poder la causa en contra "de lo que disponen las normas de reparto" del Decanato y pese a que el asunto le había correspondido con anterioridad al Juzgado 38. También le reprochan que obviara en el proceso al fiscal, que se opuso al precinto del local.

LOS PROBLEMAS CON LAS SECRETARIAS

Los inspectores del Consejo señalan que está "constatado" que la juez Coro Cillán "ha obstaculizado la labor" de la secretaria de su juzgado, "mostrando un celo excesivo en el control, trámite y custodia" de las diligencias que abrió estando de guardia en relación con la discoteca Moma 56. Por este juzgado han desfilado varias secretarias. Una de ellas se había quejado ante sus superiores de que Cillán escondía en el armario algunas causas para que ella no las controlase. La juez lo niega.

Según los inspectores del Poder Judicial, el "comportamiento" de Cillan respecto a la secretaria en el asunto de Moma 56 ha sido "anómalo" al señalar comparecencias "en horario de tarde, y efectuando personalmente gestiones en la apertura de una cuenta corriente" de la administración judicial de la citada discoteca.

Uno de los abogados de las partes denunció que la juez le había faltado al respecto en el juzgado. Los inspectores señalan que no pueden acreditar este extremo. No obstante, recogen en su informe que tanto "la secretaria judicial, Celia García Moreno", como "fiscales adscritos" al juzgado 43 han puesto de manifiesto "que el comportamiento de la magistrada pudiera estar en ocasiones influido por la posible ingestión de bebidas alcohólicas".

www.elpais.es 09.01.12

06. C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL CIERRA CUATRO CENTROS DE LA MUJER

El despido de todos los trabajadores afecta a cientos de ciudadanas

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El centro de la mujer Pedro Muñoz, en Ciudad Real; el de la mancomunidad de Sierra del Segura, en Albacete; y los de Fuensalida y Navahermosa, en Toledo. Estos son los cuatro

centros de atención a la mujer que el pasado día 2 de enero se vieron obligados a cerrar en CastillaLa Mancha, debido a los recortes del Gobierno de María Dolores de Cospedal.

El Consejo de Gobierno aprobó en diciembre pasado una resolución por la que se modificaba el modelo de gestión de los centros y casas de acogida. En lugar de realizar los convenios con ayuntamientos y mancomunidades, ahora estos organismos tendrán que competir por las subvenciones con empresas sin ánimo de lucro.

Los ayuntamientos no han prorrogado los convenios por motivos económicos

Mientras se resuelve dicho concurso, las entidades locales tuvieron la oportunidad de prorrogar los convenios del año anterior (a pesar de que en un principio se había anunciado su cese definitivo) durante uno o dos meses más. Sin embargo, en las localidades de los centros que han sido cerrados no ha sido así.

¿Los motivos? Económicos. "Muchos no han recibido todavía las cuantías del año pasado y, ante la imposiblidad de pagar a los trabajadores, han decidido no continuar", explicaron fuentes del sector. "Se ha politizado todo", denunció un extrabajador. "Y a los políticos no les importa nada la gente", añadió.

El equipo de Cospedal aseguró que no sólo no cerraría ninguna instalación, sino que incluso podría abrirse alguna más en 2012. Pero, en la práctica, todos los trabajadores de estos cuatro centros han sido despedidos y, como consecuencia, cientos de mujeres se han visto afectadas por la paralización del servicio.

La Junta había prometido que no clausuraría ninguna instalación

En uno de Toledo, por ejemplo, atendieron el año pasado a más de 400 mujeres. "¿Qué vamos a hacer ahora?", les preguntaron cuando supieron que tendrían que cerrar. "No pudimos decirles nada, sólo echarnos a llorar con ellas", relata una trabajadora.

Sin cobrar

En la Sierra del Segura, 20.000 personas distribuidas entre 12 pequeños municipios también se han quedado sin el servicio. Los trabajadores de este centro, además, ya llevaban un año sin cobrar antes de irse a la calle.

Pero esas no son las únicas consecuencias de los recortes. En la normativa del nuevo modelo de gestión, también se limita el número de trabajadores en función del número de habitantes a los que atiendan. En este caso, las más perjudicadas serán las mujeres de áreas rurales.

"Nosotros tendremos que reducir la frecuencia de las visitas a los pueblos porque de cinco compañeros sólo quedaremos dos", detalla una trabajadora de un centro de Albacete que abarca a 10.000 habitantes de ocho localidades distintas. "Llevamos medio año sin cobrar y el kilometraje del año pasado tampoco lo hemos recibido", añade.

La Red de Feministas de CastillaLa Mancha, por su parte, denunció también un recorte del 40% en el presupuesto de los centros. Este año, la cantidad destinada para tal fin en la resolución del concurso de subvenciones asciende a 9.955.200,60 euros. En 2010, según datos del Instituto de la Mujer, el total del presupuesto fue de 25,5 millones

www.publico.es 11.01.12

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07. C.A LA RIOJA: EL TSJR ADMITE UNA DEMANDA DEL FISCAL CALPARSORO CONTRA SANZ Y DEL RÍO POR ATENTAR CONTRA SU HONOR

El exjefe de la Fiscalía de La Rioja cree que el Ejecutivo regional vulneró sus derechos cuando, por medio de una nota de prensa, le acusó de haber prestado un «servicio al PSOE»

La Sala de lo Civil y Penal del TSJR ha admitido una demanda presenta a por el exfiscal jefe de La Rioja Juan Calparsoro contra el presidente Pedro Sanz y el consejero Emilio del Río al considerar que ambos atentaron contra su honor. Calparsoro considera responsables a ambos dirigentes políticos del contenido de una nota de prensa emitida por el Gobierno riojano en la que se le acusaba de haber prestado un «servicio al PSOE», según informaba ayer el diario El Correo.

El motivo de la demanda judicial se remonta al pasado 23 de julio, cuando Diario LA RIOJA publicó una información sobre la Memoria de la Fiscalía del año 2010 y destacaba que en ella se aseguraba que «la administración autonómica es renuente a presentar datos sobre posibles delitos sobre la ordenación del territorio». Al día siguiente, el Gobierno regional emitía un comunicado en el que consideraba que lo expuesto en la Memoria era un reflejo de la «frustración» de Calparsoro «por no haber conseguido su objetivo de encausar a algún miembro del Gobierno de La Rioja puesto que lanza acusaciones genéricas pero sin mostrar ningún dato concreto». «Demuestra -proseguía la nota- ser su último servicio al PSOE antes de su nombramiento como fiscal superior del País vasco».

En la demanda interpuesta por Calparsoro -a la que ha tenido acceso este periódico- se aclara que la Memoria de la Fiscalía 2010 a la que hacía referencia la nota del Gobierno se comenzó a confeccionar en el 2011, meses después de que el propio fiscal superior hubiera cesado de su cargo tras ser designado para ocupar el mismo cargo en el País Vasco, de manera que «no intervino en ningún momento en la preparación y redacción de esa Memoria». Además, en el documento se recuerda que, durante su etapa como fiscal superior de La Rioja, Calparsoro «no formuló acusación contra ningún miembro del Gobierno».

El demandante recuerda que la Constitución Española reconoce como fundamental el derecho al honor y que éste «sólo cede ante la libertad de información cuando, en cada caso concreto, es veraz y se refiere a asuntos públicos de interés general».

«El requisito de la veracidad en la nota de prensa no se aprecia en absoluto», concluye la demanda, que reclama que Sanz y Del Río indemnicen a Calparsoro con 10.000 euros por daños y perjuicios.

Según ha sabido este periódico, la demanda de Calparsoro está redactada por un abogado hermano de éste, mientras que la defensa de Sanz y Del Río comenzó a llevarla Alberto Bretón cuando era director general de Servicios Jurídicos, aunque ahora, al ser nombrado delegado del Gobierno, dejará esta labor.

http://www.larioja.com/v/20120108/rioja-region/tsjr-admite-demanda-fiscal-20120108.html

08. C. A MADRID: AGUIRRE QUIERE BAJAR EL TRAMO AUTONÓMICO DEL IRPF TRAS LA SUBIDA "TEMPORAL" DE RAJOY

Cospedal avala el anuncio de la presidenta madrileña "si le salen las cuentas"

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Apenas han pasado 10 días y el Gobierno de Esperanza Aguirre ya le ha dado la vuelta al anuncio más aciago del Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente despidió 2011 con el mayor recorte de la historia y una subida de impuestos que desdecía la promesa que mantuvo hasta el último minuto de la campaña electoral y en el posterior debate de investidura. Entre otros tributos, Rajoy anunció una subida "temporal" del IRPF. La presidenta madrileña, en una nueva demostración de que va por libre, estudia rebajar el tramo autonómico de ese tributo para

"reactivar la economía", según confirmó ayer su consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acogió con cierta distancia el anuncio del Gobierno de Aguirre. El pronunciamiento llega días después de que la Generalitat valenciana aprobara justo lo contrario: otra subida de impuestos y una nueva escala autonómica para el IRPF adaptada a la del Estado. Cospedal considera que el anuncio de Madrid es solo un análisis y que se podrá aplicar "si le salen las cuentas", es decir, siempre que cumpla con el objetivo de déficit. La Comunidad de Madrid estaría por debajo del 1,3% fijado por el Ejecutivo central porque registró un 0,47% en el tercer trimestre de 2011. El Gobierno madrileño no precisó ayer cuánto supondría para el contribuyente la rebaja del IRPF ni qué merma representaría para las arcas regionales. El consejero Manglano sí precisó que la decisión dependerá de los ingresos que tenga la Comunidad de Madrid por parte del Estado. Si se lleva a cabo, añadió, se podría aplicar en la declaración de la renta de 2012.

Madrid fue la primera región en bajar un punto el IRPF en 2007, lo que suponía un beneficio medio de 80 euros por ciudadano, según estimó entonces el Gobierno regional. También bonifica el impuesto de sucesiones y el de patrimonio.

El PP madrileño prometió bajada y congelación de impuestos en la campaña para las últimas elecciones autonómicas del pasado mayo. Aguirre lo recordó en junio en su discurso de investidura y se comprometió a mantener la desgravación por compra de vivienda habitual en el tramo autonómico del impuesto de la renta. Forma parte de su defensa del liberalismo económico que ve un estímulo para la economía en la rebaja de impuestos. Cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó subir el IVA en 2010, la presidenta madrileña apeló a una rebelión ciudadana para evitarlo. Inició la campaña No más IVA. Consiguió firmas de altos cargos del Ejecutivo autónomo, alcaldes, diputados, concejales. Lo respaldó hasta Mariano Rajoy, el mismo que ya en el Gobierno ha barajado la opción de subirlo.

www.elpais.es 10.01.12

09. C. A MADRID: LOS RECORTES TAMBIÉN LLEGAN A LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA MACHISTA

La Consejería de Presidencia y Justicia les ha comunicado que se reduce al 50% el número de funcionarios que trabajan por la tarde

Los recortes que el Gobierno de Esperanza Aguirre está aplicando a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid han llegado a los juzgados encargados de la violencia sobre la mujer. La Consejería de Presidencia y Justicia ha dado instrucciones para que solo trabaje por la tarde la mitad de la plantilla. Hasta ahora, la totalidad de los funcionarios continuaban su jornada pasadas las tres de la tarde, con cargo a horas extras.

Esta decisión afecta a 20 juzgados de la periferia de Madrid: 13 de ellos con competencias exclusivas en violencia de género y otros siete mixtos, es decir, que además de ver casos de violencia machista se ocupan de asuntos civiles y penales (diligencias y tramitación de Registro Civil, primera instancia e instrucción...). El partido judicial de Madrid capital es el único que no se ve perjudicado por las nuevas instrucciones de la Consejería de Presidencia y Justicia porque funciona con un sistema de guardias exclusivas para violencia de género. Cada uno de los 11 juzgados de la capital que se dedican a esta materia rota cada tres días en funciones de guardia.

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"La carga de trabajo de estos juzgados justifica plenamente que los funcionarios estén en sus puestos también por la tarde", asegura el secretario general de FJM (Funcionarios Judiciales de Madrid) y portavoz de Justicia en el sindicato CSIT-UP, Juan Carlos Ferreiro. "Las víctimas de violencia de género van a ser las grandes perjudicadas, porque van a encontrar menos personal para atenderlas", añade.

La Comunidad de Madrid asegura que ha tomado esta decisión porque está estudiando transformar las ampliaciones de horario de los funcionarios de los juzgados de violencia sobre la mujer en “plazas fijas”, aseguró este lunes una portavoz de la Consejería de Presidencia y Justicia. “Vamos a hacer un análisis de las necesidades”, añadió. Desde CSIT replican que esas necesidades aparecen en los informes anuales de la apertura del año judicial, por los que la Comunidad debe conocerlas. Para el Gobierno regional, “no es normal” que la totalidad de los funcionarios doblen su jornada. “Eso quiere decir que falta personal”, insistió la portavoz.

La Comunidad de Madrid no ha precisado cuánto ahorrará con la medida

Según datos de Presidencia y Justicia, en el primer semestre de 2011 llegaron 1.609 casos de violencia de género a los juzgados, “un 6,27% menos que el mismo semestre de 2010”. Este dato refuerza la decisión de retirar la mitad de la plantilla de tarde en los juzgados, según el Gobierno regional, que no precisó cuánto tiempo necesita para hacer la evaluación de necesidades ni cuánto ahorro supone la medida. De momento, lo que está claro es que a las mujeres las atenderán por la tarde la mitad de los funcionarios.

Los trabajadores afectados son unos 200 (funcionarios judiciales de gestión, tramitación y auxilio judicial), según datos de CSIT, y venían realizando esta prolongación de jornada desde 2007, cuando se firmó un acuerdo en este sentido que se renueva cada seis meses. El trámite para que se conceda la ampliación de las horas de trabajo funciona así: el secretario de cada juzgado remite una petición de informe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y este lo eleva al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo responde mediante un escrito a los secretarios de los juzgados con el listado de nombres y datos personales de los funcionarios que deben tener esa prolongación de jornada. El último es de noviembre pasado, con validez para seis meses, pero ahora queda anulado por las instrucciones de la Comunidad de Madrid.

La directora general de la Dirección General de Justicia, Carmen Díaz de Bustamante, firma el documento, con fecha 20 de diciembre, por el cual informa al Juzgado número 3 de Valdemoro, uno de los más saturados, de que “solo se autorizará dicha medida para un máximo de cinco funcionarios para un máximo de seis meses”. Este juzgado cuenta con nueve funcionarios en plantilla.

Las consecuencias "serán desastrosas"

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valdemoro es uno de los llamados juzgados mixtos con competencias en violencia sobre la mujer. Es decir, que además de ocuparse de los casos de violencia machista, se encarga de todo lo demás: causas penales (a veces con presos), divorcios, procedimientos hipotecarios... Se da la circunstancia de que en su partido judicial hay dos centros psiquiátricos y uno penitenciario (Madrid<TH>III). “Tenemos casos de violencia sobre la mujer prácticamente todos los días”, explica una funcionaria del juzgado. Y esos son los casos prioritarios. Los funcionarios se dedican a ellos hasta que acaba toda la tramitación. Muchas veces no pueden estar en su mesa por la mañana porque al carecer de servicio común que haga diligencias de calle (citaciones, por ejemplo), son ellos los que deben ausentarse. El resto de asuntos, por tanto, se retrasa. Los trabajadores suelen emplear las tardes en sacar adelante los casos no prioritarios, aseguran.

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La preocupación por las consecuencias que puede acarrear la decisión de la Comunidad de Madrid de reducir a la mitad los funcionarios que trabajan por la tarde ha llevado a los trabajadores de este juzgado de Valdemoro a redactar un escrito dirigido a la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol. “Si el día de mañana hay un problema, queremos dejar constancia ahora”, asegura la funcionaria. “Las consecuencias de privar de recursos a esta sede judicial serán desastrosas”, afirma la carta, enviada la semana pasada. Los retrasos en los asuntos que no son de violencia machista “se palían mediante la prolongación del horario”, añade. Los funcionarios añaden datos a su queja: 900 demandas civiles y 1.200 diligencias penales atendidas en 2011, a las que hay que sumar 225 casos de violencia sobre la mujer. En los dos años anteriores, cerca de 300, un volumen superior a algunos juzgados exclusivos, argumentan.

www.elpais.es 10.01.12

10. C. A MADRID: POLÉMICO RELEVO AL FRENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Los sindicatos acusan a Aguirre de "imponer" a Pedro Schwartz

Hablan de pleno ilegal, amiguismo, caciquismo... Las organizaciones que forman el grupo sindical del Consejo Económico y Social (CES) de Madrid, CC OO y UGT, denuncian que el nombramiento de Pedro Schwartz como nuevo presidente del consejo ha sido impuesto en un pleno "ilegal", por lo que anuncian que están estudiando pedir responsabilidades legales.

El anterior presidente, Francisco Cabrillo, fue cesado el 29 de diciembre tras su nombramiento como presidente de Libertad Digital. El anuncio se publicó el 2 de enero en el boletín oficial de la comunidad con los nombres de la terna para elegir al sustituto (Schwartz, Victoriano Martín y Fernando Méndez). El mismo día que el Consejo de Gobierno aprobó su cese, Cabrillo convocó un pleno el 9 de enero para elegir a su sustituto. Los sindicatos aseguran que debía haberlo hecho el presidente en funciones e intentaron frenarlo sin éxito poco antes de que empezara asegurando que el reglamento del consejo no permite que un presidente cesado convoque un pleno.

Schwartz, doctor en Economía y Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, es un destacado activista neoliberal y suele defender sus posiciones en medios como Libertad Digital o Expansión. Fue elegido el 9 de enero y su confirmación al frente del organismo se produjo sin la presencia del presidente en funciones (el vicepresidente, que es un cargo rotatorio) ni la de uno de los tres grupos que forman el CES, el sindical, que decidió ausentarse al considerar ilegal la convocatoria. Un portavoz de la Consejería de Economía y Hacienda (de la que depende este organismo) señaló ayer que el pleno se convocó en tiempo y forma mientras Cabrillo aún era presidente. En cualquier caso, añade, habría sido elegido Schwartz puesto que contó con el voto favorable de dos de los tres grupos que conforman el organismo (empresarios y comité de expertos).

Los sindicatos recelan, además, del perfil del nuevo presidente. "De nuevo se ha impuesto una persona cuyo perfil profesional es refractario a los fines y las tareas que tiene establecidas por ley el CES, como que su papel de impulsor de diálogo entre los agentes sociales y de la participación de estos en materia social y económica, no corresponde con quien teoriza la necesidad de que no existan organizaciones empresariales y sindicales, considerándolas una rémora para el progreso económico, como suele explicar el señor Schwartz", aseguran CC OO y UGT. Y reiteran que denunciarán el pleno por "ilegal", igual que las decisiones que se hayan tomado en él.

El CES se compone de 28 miembros, nueve de organizaciones empresariales, nueve de los sindicatos y nueve expertos que nombra la Comunidad de Madrid, y un presidente. Son elegidos consejeros durante cuatro años. Los tres grupos nombran un vicepresidente, en el que se delega de forma rotatoria la sustitución del presidente en caso de enfermedad o, como en esta ocasión, si ha sido cesado. El CES "sirve de cauce de participación y diálogo de los interlocutores sociales" según la definición de su página web.

www.elpais.es 12.01.12

11. C. A MADRID: LA PARODIA DE AGUIRRE VENCE A LA PRESIDENTA EN TWITTER

"Aguirre debería soltarse más en Twitter"

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Apenas tres políticos españoles superan los 74.000 seguidores de Esperanza Aguirre en Twitter (el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el lehendakari, Patxi López, y el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba). Pero, en menos de dos meses, una cuenta que parodia sus salidas de tono (@EspeonzaAguirre) ha conseguido doblar esa cifra de éxito en las redes sociales.

"Los mensajes de Espeonza tienen a veces más contenido político que los de la presidenta", cuenta a EL PAÍS el creador del perfil,

que solo permite que se sepa de él que es un hombre de unos 35 años que trabaja en televisión, vive en Madrid y usa gafas de pasta. Sus mordaces tuits convierten temas como el neoliberalismo o las privatizaciones en puro esperpento y son reenviados por cientos de usuarios cada día. Por ejemplo: "Se abre el telón. Aparecen una escuela y un hospital. ¿Título de la película? ¡Algo para recortar! Jajaja. Es sobre gente con sentimientos".

Al contrario de lo ocurrido con @NanianoRajoy, otra parodia tuitera fulminada durante la pasada campaña electoral a petición del entonces candidato del PP, parece que Aguirre no pedirá el cierre de Espeonza."Sí que la conocemos y nos parece bien que exista. No hemos pedido que se retire, ni que se borre la cuenta", asegura un portavoz de la Comunidad de Madrid, al comentar la convivencia de la presidenta Aguirre -que abrió su propia cuenta en Twitter en 2009- con

@EspeonzaAguirre. "La presidenta alguna vez ha denunciado insultos de otras cuentas, pero no de esta. Ella, mientras no la suplanten, no tiene ningún problema", añade el portavoz al asegurar que "está muy bien que la gente haga las parodias que quiera".

Solo seis personas conocen quién maneja la cuenta satírica que ha alcanzado los 166.00 seguidores. El autor del perfil responde a las preguntas a través de un cuestionario "por su timidez" y porque no quiere que se le reconozca. Así explica él la clave del éxito de Espeonza frente al perfil de la auténtica Aguirre: "El twitter de la presidenta es muy aséptico. Demasiado calculado. Debería soltarse más", se atreve a sugerirle.

El pasado 19 de noviembre, durante la jornada de reflexión de las elecciones generales, decidió abrirse un segundo perfil en Twitter para parodiar la fiesta que, supuso, habría comenzado ya en el cuartel general del Partido Popular. "Me dio por imaginar que en la sede del PP de Génova estarían celebrando el triunfo con 24 horas de antelación, riéndose como locos con su mayoría absoluta", explica. De esa risa surgió la idea de la caricatura, traducida en su característico "JAJAJA", que completó con una imagen real de Aguirre desternillándose, con su presentación, -"me desorino"-, junto al primer mensaje en la red social: "Como es jornada de reflexión, voy a reflexionar sobre a quién voy a votar. JAJA no. Es broma. Votaré a Mariano. Aunque le odie. Que le odio".

El autor de la parodia explica que, como el personaje real, @EspeonzaAguirre "es una neoliberal conservadora a la que se le calienta mucho la boca". Su objetivo dice es hacer una caricatura del sector más duro del PP. De hecho, algunos tuiteros comentan que Espeonza dice lo que Aguirre no se atreve a decir. "La mayoría de las veces digo unas salvajadas que espero que jamás se le pasen por la cabeza a la presidenta autonómica", confiesa el creador, para quien la jefa del Ejecutivo regional es perfecta para una sátira: "Es un personaje público con tendencia a hacer declaraciones calamitosas". A su juicio, Aguirre "no se esconde, ni engaña a nadie, la ves venir desde lejos, es de una pieza. Es un poco quijotesca, está al margen de todo y de todos; es una isla incluso dentro del PP, porque tienen un discurso muy suyo medio importado del Tea Party".

"Vamos, que como personaje, es un caramelo", resume el autor de la paradia. En uno de sus tuits, Espeonza señala: "Voy a fundar en España un Tea Party. Se llamará "Te Partes"!! JAJAJA Ganaremos. Y todo serán risas y desahucios. JAJAJA Dejadme soñar".

www.elpais.es 12.01.12

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12. C. VALENCIANA: EL TIJERETAZO DE FABRA SE QUEDA A MEDIAS Y SE CEBA EN LOS FUNCIONARIOS

El decreto-ley no incluye el recorte de empresas públicas ni el ahorro en sanidad

El tijeretazo anunciado el día de Año Nuevo por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha quedado en la mitad. Al final, el decreto-ley de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit de la Comunidad Valencia, que ayer fue enviado a las Cortes Valencianas y hoy se publicará en el Diari Oficial, solo incluye medidas que implican una reducción de gastos en personal, con recortes salariales a los funcionarios por 258,2 millones de euros, y una mayor recaudación fiscal que aportará ingresos de 238 millones, para sumar un total de 496,2 millones. Es decir, menos de la mitad de los 1.057,5 millones anunciados el jueves pasado tras el pleno del Consell.

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, anunció una posible impugnación de la norma, que debe aprobarse en una Diputación Permanente de las Cortes, precisamente porque puso en duda que los acuerdos se tomaran basados en informes jurídicos que los avalaran. "Dudamos seriamente de la legalidad de los acuerdos", añadió Alarte, ante el hecho de que ayer todavía no se había publicado el documento, y reclamó el acta de la comisión de subsecretarios que debió celebrarse con anterioridad, "si es que se reunieron".

Al final, en el decreto-ley no aparecen por ningún lado dos de los paquetes de medidas más importantes que anunciaron el vicepresidente, José Ciscar, y los consejeros de Hacienda y de Economía, José Manuel Vela y Enrique Verdeguer, respectivamente: el que afecta a la reorganización de 46 empresas públicas agrupándolas en seis holdings empresariales de otros tantos sectores económicos, que buscaba un ahorro de 121,5 millones de euros, y el que persigue ahorrar otros 440 millones de euros con mecanismos de contención del gasto en el sector sanitario. Estos dos bloques sumaban 561,3 millones de euros, aunque no era previsible que contribuyeran de forma rápida a reducir el déficit de la Generalitat.

El texto remitido a las Cortes se sustancia únicamente en dos bloques de medidas que sí proporcionan liquidez inmediata al Gobierno de Alberto Fabra. Y que se resumen en recortar el dinero a los funcionarios y en subir los impuestos. "Se han limitado a incluir en el decreto las medidas que tienen que entrar en vigor ya", comentaba anoche el diputado socialista Julián López Milla, que añadía: "De las medidas de ahorro en sanidad, nada, y de sector público empresarial, nada".

Los dos paquetes de medidas a las que sí que hace referencia el decreto-ley enviado a las Cortes, suman 496,2 millones de euros, de acuerdo con las cifras que ofreció el Consell el pasado jueves. Sin embargo, a esa cantidad habría que restar los 29,7 que supuestamente debían recaudar procedentes de "tributos medioambientales" que no están recogidos en el decreto-ley.

En el apartado de los impuestos, Fabra espera recaudar más gracias al céntimo sanitario, el impuesto que grava el mercado minorista de los hidrocarburos. El Consell impone el impuesto más elevado posible, 48 euros por cada 1.000 litros, medida con la que espera recaudar 98,11 millones al año. También eleva del 1% al 1,2% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que grava las transmisiones de bienes que no se encuentran afectados por el impuesto sobre el Valor Añadido y la formalización de documentos notariales. En este capítulo la Generalitat recaudará otros 62 millones de euros.

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El Consell también recaudará más (o dejará de devolver en 2013 en forma de deducciones) otros 28,2 millones de euros por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se eliminan las deducciones por compra de vivienda habitual (12 millones) y otras deducciones por 8 millones que ahora se limitan a rentas aún más bajas. Por último, se recaudarán otros 28,2 millones de las rentas mayores de 120.000 euros.

En el apartado de los funcionarios, son tres los colectivos más afectados: los interinos, los profesionales del sector de la sanidad, y los de educación. En el primer caso, se reduce en un 25% la jornada del personal funcionario interino así como del personal laboral temporal, lo que conlleva en paralelo una reducción salarial en la misma proporción. Aunque el pasado miércoles, el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, incluyó en esta medida a los trabajadores de sanidad y de educación cuando presentó las líneas generales del tijeretazo a los sindicatos en la Mesa General de Negociación, el jueves, tras la aprobación del decreto el vicepresidente de la Generalitat y portavoz del Consell, José Ciscar, reconoció que se había dado marcha atrás en el caso de estos dos colectivos para no perjudicar la prestación de estos servicios.

A los funcionarios de Sanidad se les reduce al 50% la carrera profesional (86,5 millones) y a los docentes el 50% de los sexenios, complementos vinculados a la formación (80 millones). Aparte se eliminan algunos días libres, se suprime el plan de pensiones y las ayudas sociales...

Por otra parte, en el decreto ley no figura una de las medidas que más sorprendió cuando se anunció. Es la que afecta a los consejeros, a los altos cargos y al personal eventual de libre designación de la Generalitat y de las empresas públicas. En estos casos no se contemplaba ningún recorte salarial, en contra del impuesto a los funcionarios, que pueden perder hasta el 20% de su salario. Pero sí vinculaban el salario al déficit anual. Así, Ciscar anunció que si el déficit era del 1% ellos se bajarían el sueldo otro 1%. En el documento no existe tal compromiso.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ayer presidió la comisión de honor del 30 aniversario del Estatut solicitó a la Mesa de las Cortes la convocatoria urgente de la diputación permanente para explicar la necesidad de las medidas de ajuste previstas en el decreto-ley que hoy se publicará en el DOCV.

Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción del déficit

Más ingresos y menos sueldo a los funcionarios. El decreto que hoy se publica solo aborda medidas que suben la presión fiscal (gracias a las que se espera recaudar 238 millones de euros más) y un recorte al salario de los trabajadores públicos (258,2 millones). A continuación se concretan algunas de ellas:

Reducción de la jornada laboral de interinos. Desde el 1 de marzo, la jornada de los funcionarios interinos de la Generalitat será de 25 horas semanales, con un horario de 9.00 a 14.00, salvo en los supuestos en los que proceda un horario especial o cuando se encuentren adscritos a centros de trabajo en los que se preste el servicio a turnos o que no sean de índole burocrática.

Excepciones de la reducción de la jornada. Mantendrá su jornada y retribución el personal no docente en centros escolares, de formación e inserción profesional; el personal de emergencias, los destinados en residencias de atención a personas mayores dependientes o con discapacidad, centros de recepción y acogida de menores, los de reeducación, comedores sociales, centros especializados de atención a mayores y los de evaluación y orientación de discapacitados. La Generalitat también excluye de la reducción horaria a los interinos de educación y sanidad, aunque la ley no lo explicita.

Carrera y desarrollo profesional de los sanitarios. Estos complementos de los trabajadores de la sanidad valenciana se congelan y se reducen a la mitad con efecto del 1 de marzo. En la parte alta (grupo A1 grado cuatro de la carrera), la retribución máxima será de de 6.181,99 euros anuales. En la parte baja, de 1.545,5 a 366,38 euros anuales.

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Sexenios al 50%. El importe por sexenios entre los funcionarios docentes también se reduce a la mitad. Se queda en 51,3 euros mensuales para el primer sexenio y en 274,79 euros para el quinto.

Modificación del tramo autonómico del IRPF. Hasta el momento, a partir de una base liquidable de 53.407 euros, existía un único tipo aplicable del 21,5%. Las medidas de la Generalitat introducen dos tipos más. Desde 120.000,2 euros se sube el tipo al 22,5% y a partir de 175.00,2 euros en adelante se fija en un 23,5%.

Impuesto sobre la gasolina. La Generalitat ha aumentado los gravámenes, con unas tasas de 4,8 céntimos por litro en gasolina, diesel y queroseno.

www.elpais.es 10.01.12

13. C. VALENCIANA: AL BORDE DE LA ASFIXIA FINANCIERA

La tesorería del Gobierno valenciano está bajo mínimos. El cierre de los mercados financieros y el elevado endeudamiento que arrastra la Generalitat han obligado al presidente Alberto Fabra a recurrir al apoyo del Gobierno para poder hacer frente a sus obligaciones.

La situación se complicó sobremanera a mediados del pasado mes de diciembre, cuando la Generalitat no pudo colocar en el mercado minorista toda la deuda que había previsto emitir. Fabra esperaba obtener hasta un total de 2.600 millones de euros con los que poder amortizar una emisión anterior de bonos patrióticos - por un importe superior a los 1.500 millones- y obtener la liquidez suficiente para presentar un plan de pago a los proveedores. A duras penas se logró obtener financiación para amortizar los bonos viejos con los nuevos.

Desde entonces, el Ejecutivo de Fabra ha ido afrontando los pagos más acuciantes mientras acumula en los cajones toda clase de facturas pendientes con distintos colectivos y proveedores. Tanto, que la semana pasada tuvo que solicitar ayuda al Gobierno para poder hacer frente a un crédito de 123 millones con el Deutsche Bank. Y solo unos días después aprobó un decreto que sube el IRPF y la gasolina 4,8 céntimos a los valencianos, a la vez que recorta el salario a funcionarios e interinos.

Con la primera transferencia estatal del año, Fabra asegura que este mes podrá pagar las nóminas y hacer frente a sus obligaciones financieras. Sin embargo, sobre su mesa se empiezan a acumular las demandas por impago de los colectivos más diversos.

www.elpais.es 12.01.12

14. C. VALENCIANA: EL SOBRECOSTE EN GRANDES PROYECTOS SUMA TANTO COMO EL TIJERETAZO

La Ciudad de las Artes ya ha costado 700 millones más de lo previsto

Los sobrecostes de los grandes proyectos construidos durante los últimos años, superan, en un cálculo somero, el coste total del último ajuste aplicado por el Gobierno autonómico del presidente Alberto Fabra, que acaba de aprobar un tijeretazo de 1.057 millones de euros que ha mutilado el presupuesto aprobado el pasado 21 de diciembre en las Cortes Valencianas.

Los datos revelan que con una gestión y un control del gasto más estrictos, la Comunidad Valenciana podría disfrutar de las mismas infraestructuras sin tener que padecer medidas tan drásticas como las presentadas por el Consell. Asimismo, debilitan la justificación del Consell de que si hay tanto déficit y tanta deuda es porque la Comunidad Valenciana requería un esfuerzo que la ha situado en el mayor nivel autonómico de deuda, con el 19,9% de su PIB.

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"En determinados momentos en esta comunidad se ha tenido que optar o por no endeudarse y quedarse atrás ante una financiación autonómica totalmente discriminatoria, o, a pesar de todo, endeudarse para que los ciudadanos valencianos tuvieran las infraestructuras que se merecen". Así justificó el endeudamiento el vicepresidente de la Generalitat y portavoz del Consell, José Ciscar, tras presentar las medidas del tijeretazo de Año Nuevo.

Ciscar también defendió la idoneidad de las infraestructuras levantadas al calor de una política de grandes eventos: "Yo creo que los ciudadanos en esta comunidad están muy contentos y muy orgullosos, a pesar de la deuda, de las infraestructuras", explicó. Y añadió: "Si le pusiésemos [a cualquier ciudadano] en la disyuntiva de que desaparece la Ciudad de las Artes y de las Ciencias o desaparece la deuda, yo creo que se quedaría con la Ciudad de las Artes y de las Ciencias".

Los sobrecostes de los grandes proyectos más importantes ya suman más que los 1.057 millones previstos, que implican recorte salarial a los funcionarios y una mayor presión fiscal, sobre todo en impuestos directos, para los ciudadanos. El buque insignia del despilfarro es precisamente el ejemplo que puso Ciscar: la Ciudad de las Artes, que ya ronda los 700 millones en sobrecostes. Si se le suman los sobrecostes de la Ciudad de la Luz (240) y los de Terra Mítica (107), ya se supera el tijeretazo.La Ciudad de las Artes y de las Ciencias tenía un presupuesto inicial de 331 millones. A finales de 2009 ya contaba con un desfase de 600 millones de euros, es decir, casi un sobrecoste del 200%, según la propia Sindicatura de Comptes. Pero lo más grave es que no se ha pagado. A 31 de diciembre de 2010, según la ejecución del presupuesto, la empresa que la gestiona, CACSA, debía 494 millones de euros a largo plazo y otros 245 a corto plazo, es decir, 739 en total.

Casi todos los proyectos han ido disparando sus costes finales. Si L'Hemisfèric, el más barato de los elementos, se proyectó por 18 millones, costó al final 30. Si el Museo de las Ciencias iba a costar 62 millones, se acabó gastando 142. Si L'Umbracle se ajustó a 14 millones, los valencianos pagaron al final 33.

L'Oceanogràfic fue quizá el hito que reventó más su presupuesto, al pasar de 39 millones a 172. Y el Palau de les Arts se comió la mayor cantidad de dinero: se estimó en 109 millones y costó 382,5, aunque sigue pendiente la liquidación de las obras.

Pero lo peor es que año tras año, los desfases van siendo mayores a medida que la Sindicatura de Comptes tiene más datos. Así, en el informe de la institución entregado el pasado 23 de diciembre por el Síndic, Rafael Vicente Queralt, a las Cortes Valencianas, se desvelaba que el Ágora, un edificio azul y blanco que no tiene una utilidad definida, supera los 39,9 millones de sobrecoste. Se adjudicó por 41,3 millones y la dirección de obra se encargó al arquitecto de todo el complejo, Santiago Calatrava, por otros 4,9. Las cantidades finales han pasado a ser 76,9 y 9,2 millones, respectivamente. Y eso que todavía no se ha acabado y los últimos desperfectos costarán otros 3,2 millones.

Lo mismo ocurre con el puente de l'Assut, cuyo coste se eleva a 63,2 millones, cuando la adjudicación inicial era de 23,2.

Otra infraestructura que siembra dudas sobre el interés de su construcción es otro gran icono de la política del PP, el parque temático Terra Mítica de Benidorm. Se presupuestó en 270 millones y alcanzó los 377 (con un claro sobrecoste de 107 millones), aunque entre ayudas, ampliaciones de capital y deudas que arrastra dispara con creces esa cifra. Ahora se vende a precio de saldo para enjugar deudas. En la Ciudad de la Luz, también en venta, y en cuya construcción se iban a invertir 100 millones, el coste final se superó con creces: el propio presidente de la Generalitat aseguró que costó 340 millones.

Para levantar el aeropuerto de Castellón, en el que casi un año después todavía no ha aterrizado un solo avión, se han invertido más de 150 millones de euros, aunque salió a un precio de licitación de 113 millones de euros. Y ahora la empresa que lo gestiona tiene deudas por 198 millones, lo que quizá corresponda a los excesos de las infraestructuras.

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En el capítulo de la mala gestión también habría que incluir la fórmula 1, que según el Consell "no iba a costar ni un euro" a los valencianos y ya supone 25 millones al año (20,5 de canon y 4,4 por televisarla). Al igual que otras curiosidades, como pagar 15,2 millones de euros a Calatrava por el proyecto de tres rascacielos que nunca se han construido.

Al final, los grandes proyectos se han construido con un gran sobrecoste, pero están muy lejos de haber sido pagados y la deuda asfixia al Consell. Es más, el tijeretazo que ahora impone no sería suficiente para enjugar las deudas de tres de las empresas públicas que gestionan grandes proyectos: el Aeropuerto de Castellón, con 198 millones en deudas; CACSA, con 740, y la Sociedad de Proyectos Temáticos, con 671 millones.

www.elpais.es 07.01.12

15. C. VALENCIANA: RTVV ANUNCIA UN ERE QUE PUEDE ECHAR AL 66% DE SUS 1.800 EMPLEADOS

Los sindicatos se niegan a pagar los platos rotos de la "nefasta gestión"

Tras semanas de especulaciones, Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) anunció ayer que recurrirá a un expediente de regulación de empleo (ERE) para adelgazar en los próximos meses su abultada plantilla de 1.800 trabajadores. La medida, según fuentes del Gobierno valenciano, podría afectar a casi dos terceras partes de los trabajadores, es decir, a más de un millar de empleados de Canal 9, Ràdio 9 y el ente RTVV.

Jaraba nunca ha mostrado el informe encargado a Price Waterhouse

El presidente valenciano, Alberto Fabra, justificó la decisión por la necesidad de "tener un modelo de televisión que esté ajustado al momento actual". Es decir, el Gobierno valenciano, inmerso en una grave crisis financiera, ya no está en disposición de sostener una empresa pública que ha generado una deuda de 1.200 millones de euros y unos índices de audiencia inferiores al 5% en Canal 9.

El secretario general del ente RTVV, Juan Prefaci, convocó ayer a las 13.00 a los sindicatos del comité de empresa para anunciarles la presentación de un ERE, aunque negó que la cifra vaya a superar el millar de trabajadores, según indicaron fuentes de CC OO.

El PP convocó de urgencia una reunión del consejo de administración de RTVV para el próximo miércoles. Los populares, que disponen de mayoría absoluta gracias al voto del director general del ente, pretenden aprobar un concurso para contratar a una empresa que asesorará a los responsables de RTVV en la negociación del ERE con los sindicatos. La contratación de la firma que diseñará el ERE saldrá a concurso por un importe de 190.000 euros sin IVA. La tramitación legal del concurso llevará un mínimo de seis semanas, por lo que no se sabrá qué empresa conduce el ERE, como mínimo, hasta finales de febrero.

En el año 2010 el consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana ya encargó un estudio a Price Waterhouse para determinar la viabilidad de la empresa. Un estudio que al parecer ya apuntaba la necesidad de realizar una reestructuración de la plantilla, aunque el director general de RTVV, José López Jaraba, nunca ha facilitado el contenido del mismo. El informe costó 180.000 euros y aunque sobre el papel era un estudio que encargaba el consejo de administración, los miembros nombrados a propuesta de la oposición nunca pudieron acceder ni al texto ni a un resumen del mismo. López Jaraba siempre ha argumentado que se trata de una herramienta interna de trabajo de la dirección de la televisión pública. Ni siquiera los parlamentarios de la oposición en las Cortes valencianas han logrado conocer su contenido, a pesar de que han argumentado que es un documento que se paga con dinero público y que tiene que obligatoriamente tiene que estar a su disposición.

Ignacio Ángel, representante de CC OO en Canal 9, argumentó que las propias auditorías de la Generalitat ponen de manifiesto la "nefasta gestión realizada" y se opondrán a que los trabajadores paguen los platos rotos sin que "nadie en el actual equipo directivo se haga responsable".

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Desde los partidos de la oposición, las reacciones de repulsa al ERE fueron unánimes. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, acusó a Fabra de carecer de

cualquier voluntad de pacto sobre el futuro de Canal 9. El Gobierno valenciano ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley, con el que pretende aplicar a RTVV un contrato programa una vez realizada la reestructuración, tras negar a la oposición toda clase de documentación.

El consejero de Compromís en RTVV, Rafa Xambó, anunció que votará en contra de que se contrate a un liquidador. "No es solo la pretensión, sino las formas. Llevan tiempo preparando el contrato y el nuevo presidente del consejo de administración, Miguel Domínguez, que no tenía ni idea, ahora convoca una reunión de urgencia".

Se busca 'liquidador'

El pliego de condiciones del concurso que RTVV quiere que su consejo de administración licite, más que buscar una empresa que diseñe el ajuste de la plantilla de la televisión pública, parece que pretenda contratar a un liquidador, una suerte de George Clooney (aunque seguro que con menos estilo) en la película de Jason Reitman Up in the air (2009). El contrato persigue la contratación de una empresa que lo mismo asesore en "la estrategia que se debe seguir para afrontar la adaptación del nuevo modelo organizativo y de gestión", que prepare "el modelo general de carta de despido objetivo". La tramitación legal del concurso llevará, como mínimo seis semanas, por lo que hasta finales de febrero no se podrá adjudicar el concurso. Pero es que, además, el concurso no contempla ningún plazo de entrega de ningún informe, como se dijo ayer a los sindicatos, sino que el servicio es de "contratación de un servicio de asesoramiento jurídico (...) para la preparación, negociación y ejecución de las medidas laborales necesarias para garantizar la viabilidad" de RTVV. La firma contratada hará el cálculo de las indemnizaciones de algunos empleados, determinará las prestaciones a garantizar durante el periodo de prejubilación para otros, se encargará del "contrato seguro" que garantice esas prestaciones, redactará las actas de reunión con los representantes de los trabajadores, estará en las negociaciones, también en la presentación de la documentación ante la autoridad laboral... Y finalmente, asistirá en la ejecución de los despidos colectivos. Es decir, un liquidador.

www.elpais.es 10.01.12

16. C. VALENCIANA: UN COLEGIO CONCERTADO DE CASTELLÓN AMENAZA CON CERRAR POR LOS IMPAGOS

La situación por el impago ya es "insostenible" y de seguir así se verán "obligados al cierre". Así concluye la circular remitida ayer a los padres por la dirección del colegio laico concertado Ramiro Izquierdo de Castellón. Junio fue el último mes que cobraron lo pactado por la Generalitat, que preside Alberto Fabra, que les debe 104.000 euros en gastos de funcionamiento por el periodo comprendido entre julio y diciembre. Pero la situación es idéntica en los 450 colegios concertados de la Comunidad Valenciana. La deuda del Consell asciende a 50 millones de euros y afecta a los 225.000 niños que estudian en ellos.

Fabra asegura que está trabajando para resolver el problema

Responsables de colectivos y padres desconfían de las promesas de pago

El presidente Fabra dijo ayer que su "voluntad" es poder resolver el asunto en las "próximas semanas" y emplazó a estos colegios a una reunión mañana, viernes, sin comprometer plazos de pago. Los padres recuerdan que el Gobierno valenciano "ya incumplió" su promesa de abonar una parte de la deuda antes de que concluyera 2011. La deuda también afecta a los centros públicos aunque su situación no es tan crítica porque los Ayuntamientos asumen el mantenimiento. La angustiosa realidad de la tesorería valenciana y el tijeretazo anunciado de 1.057 millones para 2012, amenazan con quebrar su sistema educativo.

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La carta remitida por el colegio Ramiro Izquierdo informa a los padres de la "crisis" que sufre el centro porque la Consejería de Educación les debe por los últimos seis meses de 2011 un total de 104.699 euros. Un dinero con el que afrontan el pago del personal de limpieza o

administración; el suministro de luz, teléfono o material didáctico y el mobiliario o las pólizas de seguros, entre otros conceptos.

El centro ha asumido hasta la fecha el coste con fondos propios pero se encuentra casi al límite de su capacidad para soportar los gastos de mantenimiento y "lamentablemente" en breve tendría que "cerrar" hasta que el Consell abonara la deuda y "la situación se regulara".

La situación es más grave en este colegio de Castellón que en otros centros de similares características, porque además asumió los costes del bono-libro de sus alumnos y la Generalitat tampoco lo ha pagado. El Ramiro Izquierdo negoció directamente con las editoriales la compra de los volúmenes y descontó a los padres el dinero que preveía ingresar en octubre del Ejecutivo valenciano por este concepto y sigue sin cobrarlo como les sucede a todas las librerías de la Comunidad Valenciana, que cada año rebajan el porcentaje correspondiente en el precio de venta al público confiando en que, como ha sucedido hasta la fecha, abone la ayuda entre los meses de septiembre y octubre. El Gremio de Libreros y la Unión Gremial de la Comunidad Valenciana aseguran que el Gobierno les debe 31 millones de euros.

La responsable de la federación de la enseñanza concertada del sindicato Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana, Pepa Ramis, denunció ayer que la situación en los 450 colegios valencianos es "dramática" y algunos ya no pueden afrontar "el pago de nóminas" de sus trabajadores de mantenimiento. Añadió que determinados centros incluso han llegado a pedir a los docentes que "renuncien" a la paga de Navidad o "a parte de su salario" para "poder pagar" a estos trabajadores.

Desde la Asociación de Educación y Gestión, que agrupa en la Comunidad Valenciana a gran parte de los centros concertados, su presidenta, Vicenta Rodríguez, desveló que en muchos casos ya remitieron cartas a los padres antes de las Navidades comunicando la "gravedad" de la situación. Asevera que un gran número de colegios concertados tienen "la caja vacía" y ya no saben "de dónde sacar" para "mantenerlos abiertos".

El presidente de la Generalitat, que acudió ayer a Vila-real (Castellón) para inaugurar un colegio público, aseguró que su Gobierno "está trabajando" para resolver el problema "en las próximas semanas". La consejera de Educación, María José Catalá, quiso transmitir "tranquilidad" y manifestó que en la reunión prevista para mañana con los representantes de esta comunidad educativa espera ofrecer "no solo buenas palabras". Catalá no quiso hablar de fechas para el pago de al menos parte de la deuda.

Los padres y diversos colectivos desconfían de las promesas del Gobierno. El portavoz de la Federación de Escuelas Católicas de Castellón, Manuel Ortiz, recuerda que la Generalitat ya ha "faltado a su palabra en dos ocasiones". Lamenta que la Consejería de Educación prometiera que les pagaría una parte antes de finalizar 2011 y aún no han visto "un euro".

www.elpais.es 12.01.12

17. C. VALENCIANA: CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE FABRA EN EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PP

Barberá transmite a Madrid su queja por el trato que recibe del partido

Las críticas a la gestión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, llegaron ayer a la dirección del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. En la reunión, el portavoz Rafael Blasco apuntó que la política de comunicación del Consell no está funcionando adecuadamente e instó a sus diputados a redoblar los esfuerzos para explicar el giro que ha dado Alberto Fabra a las políticas del PP al subir los impuestos, desmochar un presupuesto recién aprobado y cuestionar la política de grandes eventos.

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Las dificultades financieras tensan la relación entre los cargos del PP

Esta no fue la única crítica, ya que en las intervenciones se puso de relieve el malestar de un buen número de alcaldes del PP que tienen serios apuros para pagar las nóminas de sus Ayuntamientos por los retrasos en las transferencias de la Generalitat y carecen de información sobre los planes del Consell. Otros diputados, según varios asistentes, expresaron el disgusto que el tijeretazo aprobado por el Consell ha provocado en colectivos como el de los médicos.

El malestar existente en el grupo parlamentario se suma al que, en público o en privado, manifiestan otros cargos del partido. El más evidente es el de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que no oculta la frialdad de sus relaciones con el presidente de la Generalitat, con quien mantiene discrepancias sobre la manera de abordar el escándalo del saqueo de la depuradora de Pinedo y la revisión de grandes eventos como la fórmula 1.

Barberá ya ha hecho saber a la dirección nacional del PP sus quejas porque considera que desde el propio partido se intenta erosionar su imagen y no se tiene en cuenta a los populares valencianos. Fuentes municipales admitieron ayer que las relaciones de Barberá con Fabra no son, ni de lejos, las que mantenía con Francisco Camps, aunque no llegan a la tensión que existía con Eduardo Zaplana.Los intentos del entorno de Alberto Fabra por suavizar las relaciones con la alcaldesa de Valencia han dado poco resultado. De hecho, cada vez es más evidente, desde la cena de inicio de curso del PP celebrada a finales de agosto en Benicàssim, que Barberá no está confortable con su actual situación. Fuentes del entorno de la alcaldesa explicaron que, tras los últimos desencuentros, no está en su ánimo alimentar la tensión interna.

La dirección provincial del PP de Valencia, que preside Alfonso Rus, también admite en privado su disgusto con la actuación de Fabra, ya que se siente excluida de las grandes decisiones adoptadas por el Consell. En el entorno del presidente de la Diputación de Valencia se cuestiona también la falta de influencia de Fabra para hacer valer el peso de los populares valencianos en el Gobierno de Mariano Rajoy. "No tenemos ni directores generales en Madrid, no nos dan dinero y nuestro discurso, con las últimas medidas del Consell, se ha complicado", admite un cargo provincial, que confiesa que, pese a todo, no hay otra opción que apoyar a Fabra.

Por su parte, fuentes del entorno de Fabra no descartaron la próxima convocatoria de una junta directiva regional del PP para aplacar el malestar existente en el seno del partido.

El jefe del Consell, pese a las críticas internas, sigue volcado en intentar resolver la difícil situación económica de la Generalitat. Fabra aseguró ayer en Vila-real que no despedirá a personal interino de la Generalitat, pese a que el decreto ley de medidas urgentes prevé esta posibilidad si no se alcanzan los objetivos de déficit previsto. "Despidos no va a haber. Lo que hemos hecho es ajustarnos el cinturón intentando evitar despidos y pidiendo un esfuerzo a los que más tienen", indicó Fabra. "Tenemos que sacrificarnos todos de forma temporal para que podamos seguir adelante. Son medidas difíciles de tomar, pero en estos momentos absolutamente necesarias. Las medidas son transitorias y temporales", añadió el presidente del Consell.

Fabra almorzó ayer con los grandes empresarios españoles integrados en la junta directiva del Instituto de la Empresa Familiar, a los que causó una buena impresión. Según algunos de los asistentes al almuerzo con el presidente de la Generalitat, los empresarios quedaron "encantados" con el realismo con el que Fabra afrontó la situación económica de la Generalitat y con las medidas que ha adoptado, así como su "claridad de ideas".

Entre los empresarios presentes al almuerzo figuraban, entre otros, los consejeros delegados de compañías como Prisa, Mercadona, Mango, Osborne, Acciona o Banca March.

www.elpais.es 12.01.12

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18. C. VALENCIANA: EL JUEZ INVESTIGA LA EMPRESA DE LA GENERALITAT QUE PRESIDIÓ PONS

Pide a Hacienda que analice si la sociedad que, por orden de Camps, firmó un convenio de seis millones con la ONG de Urdangarin hizo pagos a "entidades pantalla o interpuestas"

El juez que investiga los manejos del Instituto Nóos con dinero público ha ordenado a Hacienda que analice todos los datos mercantiles y contables de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana. Esa es la empresa pública en cuyo nombre y "a propuesta" de Francisco Camps el hoy vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, estampó su firma la víspera de la Nochebuena de 2005 sobre un convenio que garantizaba seis millones a la ONG de Iñaki Urdangarin para "diseñar" unos inexistentes Juegos Europeos cuya celebración ni siquiera se daba por segura. El magistrado da instrucciones a la Agencia Tributaria para que sus técnicos elaboren un informe sobre posibles pagos de esa sociedad pública a "entidades pantalla o interpuestas".

En relación a ese convenio, que no llegó a ejecutarse pero reportó a la asociación del duque 382.000 euros abonados con cargo a los fondos de la Presidencia de la Generalitat, Pons debe declarar como testigo el próximo 15 de mayo. Como ya informó Público, la mayor parte del trabajo supuestamente hecho fue subcontratado por Nóos a una empresa valenciana, Lobby Comunicación, cuyo propietario acaba de ser imputado por el juez. Anticorrupción sospecha que Lobby cuyos datos también pide el juez a Hacienda cruzó facturas falsas con empresas de la trama Nóos. Entre las compañías del conglomerado que recibieron pagos de Lobby figura Aizoon SL, donde el duque y su esposa se reparten la propiedad al 50%.

Nóos cobró 382.000 euros pese a que el convenio de los Juegos no se ejecutó

Aquel pacto de diciembre de 2005, el último de la serie valenciana de convenios que engrosó en total las cuentas del Instituto Nóos con 3,5 millones gracias a eventos turístico-deportivos de corta duración y largo aliento económico, fue aprobado por el Consell el mismo día de su firma. Y lo rubricó en primer término Víctor Campos, entonces vicepresident del Consell y quien el pasado verano aceptó una condena para librarse del banquillo en el caso de los trajes.

"No proporcional"

Fechada el pasado 23 de noviembre, la providencia del juez da instrucciones precisas a la Agencia Tributaria sobre qué debe facilitarle respecto a la citada empresa pública valenciana: "Las operaciones con terceros [pagos y cobros], cuantos datos consten sobre sus administradores o apoderados, las cuentas corrientes de que sean titulares e informe relativo a aquellos proveedores o entidades que en general recibieron pagos y que desde el punto de vista técnico presenten características que los hagan poder ser considerados como entidades pantalla o interpuestas". El juez explica qué significa eso último: "Que no tengan la estructura organizativa para prestar el servicio por el que están cobrando o, aun teniéndola, pueda apreciarse a simple vista que la contraprestación recibida no es proporcional al servicio prestado".

Que Camps propusiera firmar el acuerdo fue "una rareza", dicen en el PP

Ayer, González Pons no atendió las llamadas de Público ni desveló si finalmente acudirá el 15 de mayo a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla o si hará uso de las prerrogativas que le asisten como diputado para comparecer en su despacho del Congreso o declarar por escrito.

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Fuentes de la dirección nacional del PP adujeron que Pons ni siquiera ha recibido aún la citación judicial. Y remacharon que el papel desempeñado en ese convenio por el hoy portavoz del partido y entonces conseller valenciano de Relaciones Institucionales fue accesorio. "Se limitó sostiene el PP a firmar como le indicaron que hiciera porque si los Juegos se celebraban tendría que intervenir la empresa pública que presidía, pero ni autorizó ni pagó un solo euro",

sostiene el PP. Pons permaneció al frente de la Sociedad Gestora entre diciembre de 2005 y junio de 2006. Dos años después, la sociedad adjudicó a dedo 445.000 euros a la trama Gürtel. En la recta final de su mandato, Camps ordenó disolver la empresa.

El acuerdo del Consell que dio vía libre a la suscripción de aquel convenio ofrece dos singularidades: la más evidente, la fecha, porque se adoptó el mismo día que fue firmado el texto que garantizaba seis millones a la asociación sin ánimo de lucro del yerno del rey.

La segunda peculiaridad estriba en el redactado. Porque aquel acuerdo se adoptó "a iniciativa del Vicepresidente del Consell, a propuesta del Presidente de la Generalitat". "Que una decisión del Consell se adoptara a propuesta de Camps es una rareza", asegura un alto dirigente del PP valenciano. "Lo normal es que sean los consellers quienes eleven propuestas, no el president", añade la fuente, que pidió expresamente no ser identificada.

www.publico.es 11.01.12

19. C. VALENCIANA: LA ASISTENTA QUE PASÓ A ASESORA DE SONIA CASTEDO

La mujer declara en el 'caso Brugal' que pagó a Ortiz 5.000 euros por un Mini

Julia Castelló, amiga íntima de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, compareció ayer como testigo ante el juez que investiga la rama del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en favor del promotor Enrique Ortiz. El promotor supuestamente le regaló un Mini modelo Cooper. Castelló, hasta ahora identificada en el caso Brugal como la asistenta de Castedo, negó la dádiva y también que sea la niñera de la alcaldesa. "He sido la niñera de su hija como ella de la mía", precisó. Este grado de amistad con la regidora le ha valido a Castelló integrar desde enero de 2009 la nómina de su personal de confianza. Castelló gestiona desde el gabinete de la alcaldía las entrevistas de la alcaldesa con los vecinos y el buzón de sugerencias.

Castelló es personal de confianza de la alcaldesa desde enero de 2009

El fiscal cree que Ortiz le regaló el Mini por indicación de la regidora

Julia Castelló compareció ante el magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante. Este juez instruye el supuesto amaño del PGOU de Alicante, una de las piezas de mayor relevancia del caso Brugal. El fiscal Anticorrupción mantiene que Ortiz regaló el Mini a Castelló por indicación de la alcaldesa. El ministerio público, además, sostiene que el promotor Ortiz recibió datos secretos del nuevo PGOU de la mano de Castedo y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi y, a cambio, el empresario los colmó de regalos.

Castelló no ocultó al magistrado su estrecha amistad con la regidora y el promotor y aportó documentación según la cual abonó 5.000 euros, en mano y en cuatro plazos, por el coche a Virgilio Ortiz, hermano del promotor y apoderado de la empresa propietaria del vehículo.

Según las escuchas del caso Brugal, y en concreto una conversación grabada entre Enrique Ortiz y su mujer [ambos están imputados en el sumario], Juliá Castelló recibió el Mini el 16 de agosto de 2009, con motivo de su cumpleaños. La asesora no negó este extremo y señaló que se trató de un regalo que le hizo su marido. Y aportó documentación (facturas, extractos bancarios y justificantes de Tráfico) para acreditar el pago del vehículo

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Castelló presentó en el juzgado una factura por la compra del coche expedida por el grupo Cívica, propiedad de Ortiz, con fecha del 16 de septiembre de 2009, es decir, un mes después de recibir el Mini. El monto de la factura es de 5.000 euros (4.310,64 euros por el coche, más 689,66 en concepto de IVA). La testigo también adjuntó una cartilla de ahorros con cuatro extractos correspondientes, según ella, a cada uno de los plazos en los que abonó la factura. El primer extracto (1.500 euros) tiene fecha del 20 de agosto de 2009, cuatro días después de tener el coche. El segundo (1.000 euros), del 8 de octubre de 2010; el tercero (1.000 euros),

del 18 de diciembre de 2009, y el cuarto, del 15 de enero de 2010. Castelló aseguró al juez que entregó esas cantidades de dinero en mano al hermano del promotor Enrique Ortiz.

El resto de documentación aportada por Castelló fue un justificante del pago a la gestoría que tramitó el alta del coche a su nombre en Tráfico con fecha del 21 de septiembre de 2009, por 135,66 euros, y el seguro, también a su nombre, con fecha del 9 de septiembre de 2009.

Fuentes del caso han asegurado que el instructor abrirá una investigación para verificar las pruebas documentales aportadas ayer por la asesora de la regidora.

La testigo confirmó al juez la relación de amistad que mantiene con la familia Castedo y con el promotor Ortiz. Y admitió que viajó con ellos a bordo del yate propiedad de Ortiz en agosto de 2009, unos días antes de supuestamente recibir el regalo del coche de parte del promotor.

Además de la asesora de Castedo, el juez interrogó ayer, igualmente en calidad de testigo, a Carlos Parodi, hombre de confianza de Ortiz y ahora gerente del Hércules CF. Parodi fue incluido inicialmente en el escrito de acusación del fiscal por supuestamente facilitar planos del PGOU a Ortiz antes de que el documento saliera a exposición. Ayer, el juez dictó in voce un auto de sobreseimiento provisional de su imputación.

En su declaración, Parodi negó que facilitara ningún plano del PGOU de Ortiz. El testigo sí admitió que el 28 de septiembre de 2009, y por indicación de Ortiz, se desplazó hasta el domicilio particular de Castedo, "pero fue para llevarle una relación de gastos de mantenimiento del estadio Rico Pérez", puntualizó.

Parodi dijo al juez que desconocía quién había aportado la participación del capital social de Otto Díaz, hijo del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi en una firma de publicidad. Parodi es apoderado de esa empresa. Según el fiscal, la cuota de Otto Díaz (30.00 euros) la aportó el empresario Ortiz, por indicación del exregidor.

Otto Díaz había sido propuesto como testigo por el fiscal. No obstante, el juez ha aplazado la citación al alegar este que su testimonio podría perjudicar a su padre. Díaz Alperi, al igual que Castedo, está acusado pero no imputado en el sumario.

La instrucción de este sumario continúa el próximo lunes con el interrogatorio a otros tres testigos, todos ellos empleados de Enrique Ortiz.

www.elpais.es 11.01.12

20. C. VALENCIANA: LA FIRMA DE LA FAMILIA COTINO COBRÓ 336.000 EUROS DE UN PARKING QUE NO SE CONSTRUYÓ

No se justificaba la rescisión del contrato, advirtió la Abogacía de la Generalitat

Había que construir un aparcamiento subterráneo y en altura de al menos 600 plazas para el hospital Doctor Peset, en Valencia, pero no se construyó, aunque la empresa adjudicataria cobró más de 336.000 euros. El concurso, al que se presentaron 17 ofertas, fue adjudicado en 2007 por la Consejería de Sanidad, a través de la Agència Valenciana de Salut, a la empresa Sedesa Concesiones, SLU, con un coste de 9,9 millones de euros. El parking, cuya explotación correspondía a la concesionaria por un periodo de 38 años, no llegó a ejecutarse. Sedesa Concesiones, firma del grupo empresarial que dirige Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de las Cortes, Juan Cotino, solicitó en octubre de 2008 la resolución del contrato y pidió el "resarcimiento" de los costes, que evaluó en 336.380,05 euros. "No interesando a ninguna de las partes la continuación del indicado contrato de concesión de obra", decía la empresa literalmente para justificar la rescisión, "de mutuo acuerdo se ha convenido la resolución del mismo".

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Sedesa recibió de la Generalitat la indemnización que había solicitado

La Abogacía de la Generalitat, en un informe de diciembre de ese año, señaló que "ni en la propuesta de resolución ni en el expediente se ha hecho mención de la innecesariedad e inconveniencia del mantenimiento del vínculo contractual, tampoco se ha indicado la no concurrencia de otras causas de resolución imputables al contratista, ni se ha valorado, ni invocado, de forma expresa, el interés público". La abogada de la Generalitat añadía: "Únicamente se han limitado a señalar que las obras no se han iniciado sin determinar la causa ni el porqué".

De hecho, sólo en un informe posterior del Servicio de Mantenimiento, de febrero de 2009, en el que se basó la consejería, entonces dirigida por Manuel Cervera, para aceptar la rescisión, se apuntaba que "a pesar de que en un principio se estimaba plena disponibilidad de la totalidad de los terrenos, en la actualidad no es posible disponer de una parcela de 479,81 metros cuadrados necesaria para la construcción del aparcamiento subterráneo y en altura del hospital". En el pliego de condiciones para la concesión, la Agència Valenciana de Salut, especificaba que el aparcamiento objeto de concurso afectaría "exclusivamente a terrenos de la Generalitat Valenciana, adscritos a la Consejería de Sanidad".

La información está recogida en uno de los expedientes de contratación de Sedesa con la Generalitat a los que ha tenido acceso, tras haberlo solicitado reiteradamente, el diputado socialista Francesc Signes.La Abogacía de la Generalitat también consideró que no se justificaban los costes que Sedesa exigió como resarcimiento por la anulación del contrato del aparcamiento del hospital Doctor Peset, unos costes que la Consejería de Sanidad acabó aceptando íntegramente. "Si bien es cierto que en la resolución por mutuo acuerdo los derechos de las partes", señalaba en su informe, "se acomodarán a lo válidamente estipulado por las partes entre ellas (en este supuesto al parecer son las propuestas del contratista), no deja de ser más cierto que dicho acuerdo se debería establecer sobre los trabajos efectivamente ejecutados y que fueran de recibo, realizando la liquidación de los trabajos que el contratista hubiera eventualmente llevado a cabo, determinándose plenamente en el expediente". La Abogacía de la Generalitat concluía que, "según lo indicado en la propuesta de resolución las obras no se han iniciado (sin indicarse por qué causa), por lo que salvo que se acredite otra cosa y no haya mediado culpa del contratista, sólo se deberán abonar los pagos de redacción del correspondiente proyecto".

En la relación de gastos que la Generalitat pagó a Sedesa Concesiones por el aparcamiento no construido figuran el proyecto básico, que supuso un coste de 6.000 euros, y el de ejecución, que ascendió a 205.868,57 euros. A eso se añadieron otros costes, como licencias de obras, publicación en el diario oficial o garantías, además de salarios de un director técnico, un ayudante del director técnico, un técnico auxiliar, un director del proyecto, un asesor jurídico, un jefe de obra y un ayudante de jefe de obra.

"Parece evidente que ha existido en este caso un trato de favor", asegura el diputado socialista Francesc Signes, que ha tenido acceso al expediente. "La consejería no sólo permite sin oposición la extinción del contrato sin establecer penalización alguna para la empresa adjudicataria, sino que llega a plegarse al abono injustificado legalmente de la totalidad de las indemnizaciones económicas exigidas, en un claro supuesto de connivencia no permitido por el ordenamiento jurídico vigente".

Según Signes, que ha comenzado a revisar con detalle una cuarentena de expedientes de contratación del grupo Sedesa con la Generalitat en diversas áreas, seguramente la empresa se dio cuenta en 2008, una vez empezó a producir efectos la crisis económica, de que la explotación del aparcamiento (por la que debía pagar un canon de 75 euros anuales por plaza) no le generaría el margen de beneficio que había estimado. "Se benefició irregularmente a la concesionaria, reconociéndole un derecho a indemnización notoriamente superior al que, en aplicación de los criterios contenidos en el informe jurídico, hubiera podido tener derecho", concluye.

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Contrato rescindido

- Adjudicación. Sanidad resuelve en marzo y firma en mayo de 2007 con Sedesa Concesiones el contrato del parking del hospital Doctor Peset por 9,9 millones de euros.

- Propuesta de resolución. Sedesa propone en octubre de 2008 rescindir el contrato de mutuo acuerdo y pide 336.380 millones por gastos.

- Recesión. Pese al informe en contra de la Abogacía de la Generalitat, la consejería lo rescinde en mayo de 2009 y paga lo reclamado.

www.elpais.es 08.01.12

21. C. VALENCIANA: EL PALAU OTORGA A CONDE ´MÉRITOS LITERARIOS´ PARA ABRIR UN CICLO DE CHARLAS

El exbanquero aboga por los valores cristianos para salir de la crisis y Beneyto niega motivos políticos

El exbanquero Mario Conde inauguró ayer el ciclo "Literatura en el Palau" con una conferencia titulada "De aquí se sale: la sociedad civil dueña de su destino". A esta serie de charlas acudirán Espido Freire -7 de febrero-, Lorenzo Silva -21 de ese mes- e Inma Chacón -27 de marzo-, pero el elegido para dar la conferencia inaugural ante una Sala Rodrigo del Palau de la Música abarrotada, con 450 personas sentadas y decenas en las escaleras, fue el exdirector del Banco Banesto, que ha pasado quince años en la cárcel o el entorno penitenciario por apropiación indebida.

La elección de Conde como personaje inaugural del ciclo en el Palau de la Música, dependiente del Ayuntamiento de Valencia y dirigido por la concejala María Irene Beneyto ha suscitado polémica por los méritos del exbanquero como literato. Los nueve libros firmados por Conde se centran en sus vivencias personales y en el mundo espiritual, aunque también tiene alguna obra sobre economía y derecho.

Mayrén Beneyto, preguntada ayer por el sentido de la elección de Conde, respondió ayer a este diario que la decisión "corresponde únicamente a méritos literarios, y no a criterios políticos". El PSPV-PSOE, por su parte, aseguró por, medio de su portavoz adjunto, Salvador Broseta, que Conde "no reúne méritos literarios" para abrir el ciclo, y , consideró que el ayuntamiento "no tiene nada de lo que presumir". El responsable socialista manifestó su "sorpresa" ante la participación de Conde en este acto: "Lo normal sería que se hubiera elegido a una persona de prestigio y calidad literaria".

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Conde, autor entre otros de "Los días de gloria" y "De aquí se sale", libro que dio título a la conferencia, ofreció a la audiencia un mensaje "de esperanza en la sociedad civil", y apeló a la importancia de los valores cristianos como salida de la crisis, que en su opinión "no es sólo económica, sino también de valores". Durante la presentación, la escritora Fernanda Zabala, directora y coordinadora del ciclo, aseguró que Conde fue elegido "porque está enlazado a la historia de la sociedad española y porque su testimonio vital derrocha experiencia": "Tiene empuje y optimismo, y ha sido capaz de inventarse la vida con esfuerzo y dedicación". "Fue un mito a idolatrar o un genio a destruir", explicó Zabala, que señaló que durante la estancia de Conde en la cárcel "ese tiempo de sombras le exigió muchos análisis pero consiguió reinventarse". El exbanquero aprovechó la ocasión para lanzar críticas veladas al Gobierno socialista, defender las primeras medidas del presidente Mariano Rajoy y abogar por una salida cristiana de la crisis. Así, Conde indicó que el culpable de la situación, de la que él cree que se puede salir "como yo he salido de la cárcel", no es una sola persona, aunque "hasta hace poco había uno que era culpable de todos los males y de ningún bien", en clara alusión al expresidente Rodríguez Zapatero: "Realizó una gestión incomprensiblemente mala, pero no toda la responsabilidad puede caer sobre él". El empresario, que actualmente es tertuliano de programas de marcada tendencia conservadora, defendió al Gobierno del PP y señaló que es

"muy fácil" criticar las medidas, pero que nadie "tiene una receta mágica para salir de esto". Además, abogó por el centralismo -"Las comunidades autonómas cuestan 150.000 millones al año al Estado"-, y remarcó la importancia de crecer económicamente para ganar "la confianza" de los mercados.

www.levante-emv.com 12.01.12

22. C. VALENCIANA: EL JUEZ DEL 'CASO FABRA' IMPIDE NUEVOS RETRASOS

El titular de Nules quiere que se fije ya fecha para el juicio

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha rechazado prolongar el plazo otorgado a las partes del caso Fabra para solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento y mandar el asunto a la Audiencia de Castellón, donde se ha de juzgar al expresidente de la Diputación y aún presidente del PP provincial, Carlos Fabra.

La Audiencia de Castellón lleva un mes deliberando sobre un recurso

La acusación popular había pedido una prórroga hasta que la Audiencia de Castellón resolviera un recurso sobre el que empezó a deliberar hace más de un mes. Sin embargo, el juez ha decidido seguir adelante con los plazos con la intención de enviar el asunto al tribunal en el que se ha de celebrar el juicio por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. La Audiencia tiene pendiente de resolver un recurso en el que se solicitaba una ampliación en el número de imputados, actualmente limitado a cuatro.

En el auto en el que el juez decidió dar por concluida la instrucción, iniciada hace más de ocho años, indicó que Fabra "accedió a interesarse por la situación" de unos productos fitosanitarios "y a mediar ante autoridades y funcionarios de las Cortes y de los ministerios de Agricultura y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización" de esa mercancía, "haciendo valer su condición de presidente de la Diputación". Los productos eran los fitosanitarios de quien entonces era amigo de Carlos Fabra, Vicente Vilar, quien luego le denunció acusándole de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos.

El juez afirmó que el entonces presidente de la Diputación de Castellón le cobró a Vilar "en concepto de pago, por unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregados" y que "en parte por estas ganancias y en parte por otras fuentes", Carlos Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, durante los ejercicios fiscales de 1999 a 2004, obtuvieron ingresos "que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados", hasta un total de cerca de 1,2 millones de euros.

La defensa de Fabra ha presentado un recurso de nulidad contra este auto, pero este intento no paralizará la marcha del asunto hacia el juicio.

www.elpais.es 13.01.12

23. C. VALENCIANA: UN COLOSO DE 20 TONELADAS INSPIRADO EN CARLOS FABRA

El líder de Castellón encargó la efigie de 300.000 euros para el aeropuerto

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El aeropuerto sin aviones de Castellón tendrá pronto su particular guardián: un coloso de metal de más de 20 toneladas inspirado en la figura del presidente provincial del PP, Carlos Fabra, de cuya cabeza saldrá un avión. El artista valenciano Juan Ripollés está acabando de instalar la escultura de 24 metros de altura y 300.000 euros de coste que flanqueará la entrada al recinto aeroportuario.

Fabra: "[El escultor] se ga inspirado en mí, y creo que no inmerecidamente"

La obra ha sido objeto de polémica desde el principio tanto por su coste como por servir de homenaje a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación imputado por varios delitos fiscales y contra la Administración y todavía presidente de la empresa pública Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas), participada por la Generalitat y la Diputación.

Fue Carlos Fabra quien contrató en 2010 a Ripollés, un artista mimado por el PP de Castellón que tiene un gran número de esculturas repartidas por toda la ciudad y que ha asistido a cenas públicas de apoyo a Fabra en pleno proceso judicial. Ripollés aseguró, tras el encargo, que la escultura le serviría para honrar al impulsor del proyecto del aeropuerto. "Una figura a la que le saldrá de la cabeza un avión, ese es el germen y el esperma del nacimiento de la obra", declaró.

Una inspiración de la que se vanaglorió el propio Carlos Fabra: "Él [Ripollés] se ha inspirado en mí, y yo creo que no inmerecidamente, que he tenido mucho que ver con el aeropuerto, si se me permite la inmodestia". "Me parece maravilloso, si además inspirara a las musas ya sería perfecto", añadió Fabra.

Para la oposición, este encargo no es más que un nuevo ejemplo de "megalomanía" que costará 300.000 euros a las arcas públicas. El rostro de Carlos Fabra ya figura, junto a los de otros políticos, en el retablo de una ermita en Vall d'Alba, municipio del que es alcalde uno de los vicepresidentes de la Corporación Provincial, y en uno de los murales que decoran la Diputación.

La contratación de la gigantesca escultura, según desvela una auditoría reciente, se realizó en junio de 2010 sin contar con la aprobación del consejo de administración de Aerocas y con deficiencias en la documentación.

La Generalitat ha reconocido que fue Carlos Fabra quien firmó el contrato con Ripollés en julio de 2010, pero el pedido se fraguó un año antes. El Gobierno valenciano argumentó que Aerocas encargó a un despacho de abogados un informe jurídico "para determinar el método con el que se podría contratar a un artista de incuestionable prestigio, oriundo de Castellón, como Ripollés". A finales de 2009 el consejo de Aerocas vio una maqueta y un boceto de la obra, pero no fue hasta septiembre de 2011 cuando aprobó formalmente su contratación.

La Generalitat ha reservado 300.000 euros del presupuesto previsto para 2012 para pagar una escultura que, en su opinión, "tiene un coste muy inferior a la media de otras esculturas de aeropuertos provinciales, debido a que el artista ha renunciado a percibir ningún canon artístico".

www.elpais.es 09.01.12

24. C. VALENCIANA: EL AEROPUERTO SIN AVIONES DE CASTELLÓN HA GASTADO 30 MILLONES EN PUBLICIDAD

La firma Aerocas mantuvo el gasto en patrocinio pese a entrar en déficit

El aeropuerto de Castellón no ha comenzado a operar y su futuro es más incierto que nunca después de que la Generalitat haya roto el contrato con la concesionaria que debía hacerse cargo de su explotación. Pese a ello, desde que en el año 2003 se iniciaron los trámites para su construcción, la empresa Aeropuerto de Castellón (Aerocas S. L.), propiedad del Gobierno valenciano y de la Diputación de Castellón, ha gastado más de 30 millones de euros para darse a conocer a través de patrocinios deportivos, publicidad y ferias.

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Un gasto que ha sido objeto de reproche continuo por la Sindicatura de Comptes [el Tribunal de Cuentas autonómico] que señala que todas las contrataciones se han realizado "sin acreditar la necesidad del gasto ni la determinación del precio del contrato" y sin analizar el posible

beneficio para el aeropuerto. Aerocas admite que no puede determinar este retorno económico pero asegura que la publicidad era necesaria para atraer turistas y aerolíneas.

La pasada semana, el actual presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, anunció que este año no se promocionará el aeropuerto en Fitur porque hay que promocionar "lo que se tiene y no lo que se va a tener". Pero hasta la fecha, Aerocas ha gastado más de 30 millones en contratos para publicitar lo que aún no se ha puesto en marcha. Y tras la ruptura del contrato con la concesionaria, el inicio de los vuelos está más en el aire que nunca y la instalación se está dando a conocer por ser un aeropuerto sin aviones.

Aerocas se constituyó en enero de 2003 y ese año se hizo el primer desembolso: 62.800 euros en patrocinio de un torneo de golf y en la presentación del proyecto. El aeropuerto ni había comenzado a construirse. La inversión en publicidad creció rápidamente a partir de 2004 con los patrocinios deportivos del Villarreal CF y el CD Castellón.

A pesar de la mala marcha de Aerocas, que entró en 2006 en números rojos, los patrocinios se mantuvieron. Es más, este gasto se duplicó en 2008 y 2009 hasta llegar a los 7,75 millones de euros. En 2010, el último ejercicio auditado, Aerocas gastó 4,36 millones en patrocinio y cerró con un déficit de 31 millones.

En la actualidad, Aerocas mantiene la construcción, con un coste de 300.000 euros, de la escultura de bronce de 25 metros de altura y 20 toneladas inspirada, según el escultor Juan García Ripollés, en el impulsor del aeropuerto, el presidente provincial del PP Carlos Fabra, y ubicada en la rotonda de acceso al aeropuerto.

www.elpais.es 08.01.12

25. C. VALENCIANA: EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN CUESTA 300.000 EUROS AL MES SIN FUNCIONAR

La promotora está en quiebra técnica, según los expertos

El aeropuerto de Castellón permanece sin aviones y su actividad sigue siendo nula, sobre todo desde que el Consell rescindiera el contrato con la empresa concesionaria. El único movimiento que se detecta en las instalaciones es el de la cuenta de gastos de la Generalitat, que a través de la sociedad promotora Aerocas afronta cada año unos desembolsos invariables cercanos a los cuatro millones de euros sin que el aeropuerto esté operativo, repartidos en sueldos, gastos de mantenimiento y conservación, y diversos capítulos como arrendamientos, cánones o costes financieros.

Más de 300.000 euros mensuales, según fuentes aeroportuarias, y sin incluir los gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas, que en 2010 superaron los siete millones de euros; la contratación de servicios profesionales independientes que en los dos últimos años han superado los 1,4 millones o el servicio de hurones y halcones para la instalación, con un precio de 90.000 euros más IVA.

El aeropuerto de Castellón, la obra impulsada por Carlos Fabra con el apoyo del Consell, carece de fecha de apertura, de permisos de vuelo y de operadora que contrate a las aerolíneas, pero ya acumula pérdidas por más de 31 millones de euros y la promotora pública Aerocas, según el último informe del Síndic de Comptes, cumple los supuestos de disolición, ya que su deuda supera a su capital. Es lo que expertos consultados por este periódico designan como quiebra técnica.

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Los epígrafes del gasto invariable reflejados en el presupuesto son muy numerosos y suman cerca de tres millones de euros al año. Se trata del mantenimiento, conservación, agua, luz, contratos del personal de seguridad, arrendamientos y cánones, primas de seguro, suministros, amortizaciones, impuestos y gastos de funcionamiento. A ello hay que sumar los 1,2 millones

en costes financieros anuales y los 382.000 euros en sueldos de las siete personas contratadas por la sociedad.

El portavoz socialista en la Diputación de Castellón, Francesc Colomer, pidió ayer la destitución de Carlos Fabra de la presidencia de Aerocas. Su homólogo en el Bloc, Enric Nomdedéu censuró por "escandaloso" el gasto.

www.elpais.es 011.01.12

26. C. VALENCIANA: UN EXEDIL IMPUTADO EN EL 'CASO EMARSA' CULPA AL PP DEL SAQUEO

Gimeno: "Se hacía así porque alguien decía que se hiciera así"

Juan Carlos Gimeno, uno de los proveedores imputados en el caso Emarsa por cobrar supuestamente trabajos que no realizó, tiró ayer de la manta y responsabilizó al PP de una gestión que ha permitido el saqueo de la sociedad pública. Gimeno, exportavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia, convocó una rueda de prensa para defenderse de las acusaciones.

"Todo el mundo [en Emarsa] sabía que las cosas se hacían así porque alguien decía que se hicieran así", cargó sin desvelar ningún nombre.

Gimeno pidió que se investigue la gestión de Emarsa desde 1991, año en que llegó a la alcaldía de Valencia el PP con el apoyo de Unión Valenciana, de la mano de Rita Barberá, o se dejarán "en el tintero pufos importantes que pueden explicar el resultado final". El juez instructor, Vicente Ríos, investiga un agujero económico de al menos 17 millones de euros en la ahora extinta Emarsa. En el caso hay 28 imputados.

Gimeno, empleado de Emarsa desde 1997 a 2004 y a partir de entonces proveedor de servicios de la misma, explicó que en la empresa se cumplían dos axiomas: "Casi todos los proveedores eran militantes del PP o muy cercanos y todos los empleados de Emarsa eran militantes del PP". El empresario se quejó de que solo se esté investigando a algunos de estos proveedores y pidió que se fiscalice a todos. Mucho dinero salía por las puertas cada día, describió en alusión al número de empleados de la sociedad pública y a las desorbitadas remuneraciones que recibían. "Casi tres millones de euros al año se pagaban para mantener estómagos agradecidos del PP", comentó.

El exedil y ahora empresario fue imputado en el caso hace nueve semanas, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia estimara la ampliación de la querella interpuesta por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), consorcio público, con mayoría del PP, del que dependía Emarsa. Gimeno negó, como ha manifestado la Emshi, que firmara cinco contratos diferentes con Emarsa. "Es falso", dijo rotundo ante los periodistas."Tiene que salir todo y entenderse la totalidad de lo ocurrido desde 1991 hasta 2012", dijo Juan Carlos Gimeno, que aseguró que "queda mucho lodo por salir" y que Emarsa se ha convertido en la lavadora con la que se quieren tapar las vergüenzas de otros sitios.

Para hacerse entender, el exportavoz del PP en el Consistorio valenciano a finales de los años ochenta repasó qué gerentes colocó el PP en Emarsa desde 1991 hasta la actualidad. "El primero es Vicente Úbeda, un vendedor de paellas y amigo mío", que está en uno de los puestos de fuera del Mercado Central. Al segundo, ya fallecido, se le conocía como el "ausente", dijo, por lo poco que frecuentaba la empresa, y del tercero afirmó: "Ya sabéis quién es, el enfermero". Así se refirió a Esteban Cuesta, último gerente de la depuradora de Emarsa y uno de los principales imputados.

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Gimeno no dio nombres de quién o quiénes eran conocedores de lo que sucedía en la depuradora. "Hay bolsos, carteras y ordenadores que todos sabían a quién iban dirigidos", agregó, negándose a proporcionar su identidad pese a la insistencia de los periodistas. Sí

reconoció el exedil popular que ha tenido la oportunidad de ver un documento, que se presentará al juez instructor, donde alguien "agradece la recepción de estos regalos".

El empresario acusó a la Emshi, presidida por un alcalde del PP y donde Valencia es el Ayuntamiento con más peso, de endosarle contratos que nunca firmó como proveedor de Emarsa. La Emshi le imputa ahora la firma de hasta cinco contratos diferentes en 2004, 2005, 2008, 2009 y 2010 con diferentes empresas vinculadas a su persona. "Es falso", se defendió. "Yo solo firmé uno, el 21 de octubre de 2004, de 12 años de duración y por 3.500 euros mensuales". El empresario insistió en que la acusación contra su persona es un montaje.

Antes de su relación mercantil, Gimeno trabajó como empleado para Emarsa desde 1997 hasta 2004, año en que externalizó sus servicios a la depuradora a través de empresas como el Instituto Empresa del Mediterráneo, Sanitar y otras dos firmas más. "El chapapote es tal que me incluyen empresas que ni me corresponden, como el Club de la Calidad y el Club de la Innovación. No tienen nada que ver conmigo", agregó.

Gimeno ha explicado que todos los trabajos que Emarsa contrató con sus empresas se hicieron, se han entregado y "no hay duplicidad de facturas". Los trabajos se entregaron y la Emshi se los pagó a Gimeno, según relató, en mayo de 2011. Eso le llevó al siguiente comentario referido a la Emshi: "O están muy tontos o mienten mucho". Un informe de la Agencia Tributaria concluye que algunos de los trabajos facturados por diferentes proveedores a Emarsa -también Gimeno- no se hicieron. En otros casos, se hincharon facturas o se pasaron al cobro por servicios inexistentes.

El exedil asegura que prestará toda su cooperación al juez para que se aclare "todo".

www.elpais.es 13.01.12

27. C. VALENCIANA: BARBERÁ: ´UN BOLSO DE LOUIS VUITTON ES UN REGALO HABITUAL´ La alcaldesa insta a "acabar ya con la hipocresía" porque "todos los políticos y funcionarios han recibido regalos". Asegura no conocer al 'señor X' de Emarsa que citó Gimeno

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha asegurado hoy que un bolso de una firma de lujo como Louis Vuitton es un regalo "habitual" y que hay presentes "más caros", y ha instado a "acabar ya con la hipocresía" porque "todos los políticos y funcionarios de este país han recibido regalos".

Barberá se ha pronunciado en estos términos durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, al ser preguntada por las declaraciones del exconcejal y ex diputado provincial del PP y extrabajador de la depuradora de Pinedo, Juan Carlos Gimeno, imputado en el caso Emarsa y en las que acusó ayer a este partido del saqueo en esta empresa. "Un bolso de Louis Vuitton es un regalo habitual pero hay regalos más caros y a mí nunca me han regalado ningún equipamiento deportivo, ni áticos ni un ERE", ha afirmado Barberá, tras ser preguntada por un saluda en el que agradece un obsequio al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, también imputado en el caso.

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La alcaldesa, que ha pedido que se "deje ya la hipocresía", ha afirmado que "todos los políticos y funcionarios de este país, en democracia o anteriormente, incluidos los medios de comunicación, ahora privados, antes no, han recibido regalos", y ha asegurado que recibir regalos de medios de comunicación en Navidad "es algo habitual". Respecto al documento de agradecimiento del regalo, ha asegurado que lo que ha visto publicado es "un papel que no tiene la menor validez judicial" y ha asegurado que "podría estar fotocopiado" y que no se acuerda del mismo.

Al respecto de la rueda de prensa ofrecida ayer por Gimeno, ha asegurado que ella "tenía más razón que un santo" cuando dijo el pasado lunes que "vuelven los enredos al PP", pero ha añadido que no tiene "interés en añadir ni un palmo más de hilo al ovillo del enredo". Se ha mostrado "encantada de que haya la mayor colaboración con la justicia" y de que decidan investigar la gestión en Emarsa desde 1991 porque entonces "el PP no tenía la mayoría en el Consell Metropolitá de L'Horta", ahora extinto, y lo presidía el PSPV. Preguntada por el "señor X" al que apunta Gimeno como responsable de la trama, Barberá ha dicho que no lo conoce y ante la petición del portavoz del grupo municipal socialista, Joan Calabuig, de que sea ella la primera en comparecer en la comisión parlamentaria de investigación sobre Emarsa, ha asegurado que eso lo deben decidir Les Corts Valencianes. "No voy a asumir la intencionalidad del espectáculo porque no tengo nada que ver", ha insistido Barberá, quien ha reiterado que nadie le "atribuye nada".

"No tengo nada que ver con el tema aunque no les guste a algunos", ha agregado para asegurar que le quieren "destrozar" porque no le pueden "ganar en las urnas".

Cuestionada sobre si le molestó que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, promoviera la creación de una comisión de investigación en Les Corts sobre Emarsa, ha asegurado que alguien ha querido "disparar en una dirección equivocada" cuando ella afirmó que "volvían los enredos al PP".

Ha pedido el "máximo respeto" a la presunción de inocencia y se ha quejado de que las ruedas de prensa sean como "un interrogatorio" cuando a su juicio deberían primar las preguntas periodísticas.

www.levante-emv.com 13.01.12

28. C. VALENCIANA: GRACIAS A CUESTA POR SU GESTIÓN Y ´OBSEQUIO´

El exconcejal y extrabajador de la depuradora de Pinedo, reivindicó ayer que como responsable de los sistemas de gestión de Emarsa desde 1997 hasta 2004 conoce "bastante bien" lo que ha ocurrido allí, y aseveró que "todo el mundo" de dentro y de fuera "sabía que las cosas se hacían así porque alguien decía que se hicieran así". Preguntado sobre quién era ese "alguien", afirmó que hay "bolsos", "carteras" y "ordenadores" que todos sabían a quién iban dirigidos, y desveló que "hay por ahí un documento interesante que se va a presentar, donde alguien agradece la recepción de algunos regalos", si bien sólo quiso precisar que se trata de un cargo público.

Levante-EMV ha tenido acceso a un "Saluda" de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, referido al exgerente y principal imputado en el saqueo de Emarsa, Esteban Cuesta. En el documento se agradece "el trabajo desarrollado al frente de la alcaldía de Benimàmet-Beniferri, por lo que le desea toda clase de éxitos en la nueva etapa de su vida que ahora comienza". Además, "le reitera su gratitud por el obsequio tan bonito que ha tenido la amabilidad de enviarle". El documento es un acuse de recibo de la solicitud realizada por Esteban Cuesta para dejar la alcaldía pedánea de Benimàmet "por motivos familiares". El documento lleva fecha de 19 de junio de 2007.

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Cabe recordar, según se ha revelado durante la instrucción del saqueo de Emarsa que Esteban Cuesta firmó en 2004 un contrato de exclusividad de con la depuradora de Pinedo por lo que tenía que haber dejado cualquier otro trabajo remunerado. Aun así, como ya publicó este periódico, continuó en el puesto de alcalde pedáneo percibiendo 1.033 euros en pagos regulares, además del salario de más de 80.000 euros que obtenía de la empresa pública. Cuesta fue gerente de la extinta Emarsa desde 2004 hasta su liquidación. El juez le imputa

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hasta siete delitos en su gestión de la depuradora de Pinedo. Sus declaraciones ante el juez motivaron al imputación del presidente de la extinta empresa pública, el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo.

Cuesta gastó miles de euros en regalos de joyas, relojes y bolsos de Louis Vuitton. Según explicó, era Crespo quien los distribuía aunque él era quien firmaba las facturas.

www.levante-emv.com 13.01.12