BOLETIN Nº 678

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del15 al 21 de Junio 2013

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INDICE

01.EL PARTIDO MÁS PODEROSO DE LA DEMOCRACIA

02. RAJOY: “QUIERO ACABAR CON UN MITO: ESTE ES DE LOS PAÍSES CON MENOS GASTO PÚBLICO” 03. RAJOY PRESENTA LA REFORMA ADMINISTRATIVA SIN PODER IMPONER NADA A LAS AUTONOMÍAS

04. RAJOY ESQUIVA A CASTEDO EN LA INAUGURACIÓN DEL AVE A ALICANTE 05. POLÉMICA EN TVE POR LA PRESENTACIÓN POR ANA IBÁÑEZ DE UN ACTO CON RAJOY

06. REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN :BUENAS INTENCIONES Y POCAS DECISIONES 07. SANTAMARÍA APELA AL “SACRIFICIO” DE LOS POLÍTICOS Y DEL ESTADO

08. EL DIRECTOR DE RNE, SUSTITUIDO TRAS UN SOLO AÑO EN EL CARGO 09. RAJOY PROMETE UNA REFORMA FISCAL QUE NO PERJUDIQUE A LAS EMPRESAS

10. MONTORO: “PIDO DISCULPAS A LA CASA DEL REY POR EL ERROR SOBRE LA INFANTA” 11. LOS RECTORES CRITICAN EL NUEVO SISTEMA DE BECAS PORQUE PERJUDICA A LOS ALUMNOS

12. COBOS, PRESIDENTE DEL CONSTITUCIONAL POR UNANIMIDAD

13. PÉREZ DE LOS COBOS : UN LABORALISTA AFÍN A LA PATRONAL

14. C.A GALICIA. UNA JUEZ PIDE AL SUPREMO QUE INVESTIGUE AL PORTAVOZ DEL PP EN EL SENADO 15. C.A MADRID. UN JUZGADO PONE BAJO LA LUPA LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DE MADRID 16. C.VALENCIANA. FABRA JUSTIFICA LA EXPULSIÓN POR “LA FALTA DE LEALTAD AL PARTIDO”

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17. C.VALENCIANA. BLASCO : “EL MÉTODO ES PREDEMOCRÁTICO Y FASCISTA” 18. C.VALENCIANA.FABRA LIQUIDA LA VIDA POLÍTICA DE BLASCO 19. C.VALENCIANA.LA POLICÍA INVESTIGA LA ETAPA DE BLASCO AL FRENTE DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

20. C.VALENCIANA.LUBASA CONECTA LA NUEVA DENUNCIA CONTRA RICARDO COSTA CON EL „CASO GÜRTEL‟ 21. C.VALENCIANA.LA OPOSICIÓN RECLAMA A FABRA QUE TOME MEDIDAS CONTRA LOS TRES DIPUTADOS

22. C.VALENCIANA.EL TRIBUNAL SUPERIOR REGISTRA UNA QUERELLA CONTRA EL CONSEJERO DE GOBERNACIÓN 23. C.VALENCIANA.EL CASO DEL „MISTERIOSO ASCENSO‟ DE LA PRIMA DE GONZÁLEZ PONS EN UNA EMPRESA PÚBLICA EN VALENCIA

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01.EL PARTIDO MÁS PODEROSO DE LA DEMOCRACIA

Rajoy culminará en septiembre en el Poder Judicial la mayor acumulación de fuerza

Nunca antes se habían designado ex dirigentes para cargos institucionales

En los próximos meses el PP asumirá el mayor poder que ningún partido ha tenido nunca en la historia democrática española. Eso ocurrirá en septiembre, cuando se aplique la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, que esta semana ha salido del Senado, y se renueve esta institución para que tenga una abrumadora mayoría conservadora. Mariano Rajoy ha acumulado esa insólita cantidad de poder en las urnas por la elección mayoritaria en el Congreso y el Senado, en 11 de las 17 comunidades autónomas y en la mayoría de los Ayuntamientos; por designación para instituciones de personas próximas y hasta exdirigentes del PP y por reformas legales que favorecen su control en instituciones clave, como el Poder Judicial y organismos reguladores. Muchos de esos nombramientos realizados por el actual Gobierno han quebrado la tendencia de evitar la designación de personas de alta significación política que habían mantenido anteriores presidentes socialistas y populares. Rajoy no ha tenido las mismas prevenciones que tuvo José María Aznar, incluso cuando dispuso de amplia mayoría absoluta entre 2000 y 2004. Su fuerza se extiende a los tres poderes y limita la posibilidad de contrapesos a su mayoría absoluta. El actual presidente también es el más poderoso por presencia social, porque lidera el partido con mayor implantación, con casi 900.000 afiliados en toda España, frente a menos de 400.000 que tiene el PSOE entre militantes y simpatizantes. Rajoy sufre desde hace año y medio un desgaste ciudadano en las encuestas, pero en paralelo no deja de aumentar su poder institucional. Se corresponde lógica y exactamente con el hecho de que el PSOE tiene el menor poder institucional desde 1982. La Fundación Alternativas presentó esta semana su informe sobre La democracia en España, bajo el título Un gran salto hacia atrás, en el que concluye que ―frente a una hegemonía tan poderosa del PP, o acaso en parte en razón de ella, en pocas ocasiones ha habido una oposición tan débil y atomizada‖. » Poder por elección mayoritaria. Es la más obvia y está en el origen de todo: los 185 diputados no son la cifra más elevada de una mayoría absoluta de la democracia, pero se complementan con los 161 senadores de 265 que, según la reforma de la ley del Poder Judicial, le permite renovar en solitario la mitad del Consejo. Con esa mayoría absoluta, Rajoy se garantiza el veto de

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peticiones de comparecencia en el Parlamento y ejerce el poder con el uso del mayor número de decretos que haya aprobado nunca ningún gobierno anterior. En 2012, su primer año completo de gobierno, Rajoy aprobó 29 reales decretos, cuando la media es de 14 al año en la historia constitucional. En las comunidades gobierna en todas salvo Asturias, Andalucía, Canarias, País Vasco, Navarra y Cataluña, lo que le permite controlar organismos multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes, entre otros. El poder municipal es abrumadoramente del PP desde 2010 y solo están en otras manos 15 capitales de provincia. El PSOE solo gobierna en nueve: Soria, Cuenca, Ourense, Lugo, Zaragoza, Segovia, Toledo, Tarragona y Lleida. De esa forma, el PP se ha asegurado la presidencia de la FEMP. Desde 1982 hasta 1993, el PSOE de Felipe González tuvo mayoría absoluta avasalladora en el Congreso con 202 diputados, pero perdió el control del Senado en alguna legislatura y en 1983 no gobernaba en 19 capitales de provincia. La oposición de centro derecha solo tuvo en la legislatura de 1982 un número de escaños equivalente al del PSOE de ahora. » Poder Judicial. El actual Consejo, de mayoría progresista pero con el conservador Carlos Dívar como presidente inicial hasta que dimitió hace un año, termina ahora su mandato y el Gobierno ha reformado la ley para reducir sus funciones al mínimo y reforzar su control. Cuando tome posesión el nuevo Consejo en septiembre habrá mayoría conservadora y con posibilidad de ser renovado en el Senado solo con la mayoría cualificada del PP. La ley que terminará su tramitación en el Congreso en julio elimina también las mayorías de bloqueo en el Consejo para los nombramientos judiciales que obligan ahora a acuerdos entre conservadores y progresistas. De esta forma, los futuros vocales conservadores podrán designar sin consenso a los cargos de la cúpula judicial, lo que no había ocurrido nunca hasta ahora. » Tribunal Constitucional. Esta semana ha culminado el vuelco conservador en el alto tribunal con la elección del nuevo presidente Francisco Pérez de los Cobos. Este magistrado ha expuesto opiniones muy identificables con las del PP en asuntos clave que deberá dirimir, como el proceso soberanista en Cataluña y la reforma laboral. Por ejemplo, como experto en derecho del trabajo tiene varias publicaciones conjuntas con el actual director general de Empleo, Javier Thibault, autor de la reforma laboral que él deberá estudiar. Otro hecho insólito en democracia es que uno de los magistrados, Andrés Ollero, haya sido antes diputado y dirigente del PP, partido que le propuso. O que la mitad del tribunal cuestione a un magistrado designado por el Gobierno (Enrique López), por su escasa trayectoria y preparación, porque colabora con FAES, la fundación del PP, y participó en un acto de este partido. Según el PSOE, estos nombramientos responden a la búsqueda de una adscripción ideológica clara y sin complejos. En el Constitucional la mayoría conservadora es de siete a cinco para revisar la gestión de Rajoy.

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» Organismos reguladores. El Gobierno del PP se ha asegurado su control de tres formas: por el nombramiento que le correspondía, por llevar a cabo las designaciones buscando adscripciones claras y por reformas legales que eliminan algunos de esos organismos. El ejemplo más claro es el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores donde nunca se había nombrado a alguien que hubiera sido dirigente, ministro y diputado del partido que gobierna. Elvira Rodríguez reúne todas esas características y ocupa el cargo en el que estuvieron Julio Segura, Manuel Conthe, Blas Calzada y Juan Fernández Armesto, ninguno de los cuales fue antes dirigente del partido que les designó. » Consejo de RTVE. Un caso parecido es el de la radio televisión pública. En ese consejo solo está representado el PP, porque el PSOE renunció a participar cuando el Gobierno impulsó una reforma que permitía su renovación sin consenso. Esa reforma, que dio lugar al vuelco en el Consejo, está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional, porque fue recurrida por los socialistas. » Defensor del Pueblo. Tampoco nunca antes esta institución, que tiene entre sus funciones la vigilancia de las actuaciones de la Administración, había estado dirigida por una exdiputada del partido que gobierna y que le propone. Soledad Becerril fue nombrada hace un año por el Parlamento, con acuerdo del PSOE, pero quebrando la norma no escrita de imparcialidad objetiva. Un ejemplo del cambio que se produjo con ese nombramiento es que José María Aznar, siendo presidente del Gobierno, designó para el cargo a Enrique Múgica, histórico diputado del PSOE. Antes, en etapas de mayoría absoluta socialista fueron defensores del pueblo Joaquín Ruiz-Giménez, Álvaro Gil-Robles y Fernando Álvarez de Miranda. Ninguno de ellos había pertenecido al partido que le proponía. » Consejo de Estado. José Manuel Romay Beccaría no solo es considerado como mentor político de Rajoy, sino que reúne también las características de exministro, exdiputado y exdirigente del PP. De hecho, era responsable del comité de conflictos del PP y de ahí pasó directamente a dirigir el organismo que debe valorar y hacer aportaciones a las leyes que elabora el Gobierno. Su predecesor es Francisco Rubio Llorente, sin adscripción partidaria. » Otros. Ese poder institucional del PP se extiende a otros organismos de designación del Gobierno, en algunos casos después de acuerdos con el PSOE. Por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas el presidente es Ramón Álvarez de Miranda, propuesto por el Gobierno del PP, con mayoría de miembros conservadores y con inclusión de exministros populares como Margarita Mariscal de Gante, que fue titular de Justicia con Aznar. Otro ejemplo: al frente de Red Eléctrica (20% de capital público) el Gobierno situó a José Folgado, exsecretario de Estado, exdirigente del PP y exalcalde popular. Sustituyó a Luis Atienza, exministro del PSOE. Obviamente, el PP ha designado también a personas próximas en otras instituciones como la Fiscalía General del Estado, de la misma forma que hicieron gobiernos anteriores de distinto signo. La designación de Eduardo

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Torres-Dulce le correspondió al Gobierno, sin que la oposición cuestionara el nombramiento. Lo mismo ocurre en el Banco de España, para el que el PP nombró a Luis María Linde y fue aceptado por el PSOE. http://politica.elpais.com/politica/2013/06/22/actualidad/1371920823_587871.html 02. RAJOY: “QUIERO ACABAR CON UN MITO: ESTE ES DE LOS PAÍSES CON MENOS GASTO PÚBLICO”

El presidente asegura que España tiene una ―buena Administración‖ Durante años, cuando estaba en la oposición, Mariano Rajoy insistió en la idea de que la Administración estaba hinchada. Este miércoles, ya en el Gobierno, se ha entregado abiertamente a las tesis de algunos economistas no precisamente liberales que señalan que el problema de España no es el gasto público, sino el desplome de los ingresos. El presidente ha asegurado que España tiene una ―buena Administración‖ y se ha demostrado dispuesto a ―desmontar el mito‖ de que en este país hay muchos funcionarios y mucho gasto público, un mensaje claramente dirigido a los sectores de su partido que, como José María Aznar, le piden que recorte más. ―Quiero acabar con un mito sobre el verdadero tamaño de la Administración. Con datos de 2012, España se sitúa entre los países con menor gasto público de la UE, un 43% sobre el PIB frente al 47% de media en la zona euro. Dos tercios van en gasto social y servicios públicos básicos. Entre 2005 y 2012 hubo un gran aumento de empleados públicos‖, admitió, ―pero solo el 25% se dedican a la gestión. El 75% restante son maestros, médicos, policías, jueces, esto es, servicios esenciales del Estado de derecho y del bienestar‖, explicó. Y entró al argumento de los economistas progresistas: ―Nuestro mayor problema es el desplome de los ingresos públicos. En 2012, España fue el país con menor nivel de ingresos públicos de la UE, 10 puntos por debajo de la media. Somos los que menos recaudamos‖. La reforma avanzada este miércoles obtuvo enseguida el apoyo del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, presente en el acto en representación del Consejo Empresarial para la Competitividad, que agrupa a las grandes empresas. Galán destacó medidas como la centralización de las compras y la tesorería de la Administración, que en su opinión supone aplicar fórmulas de la empresa privada. Rajoy quiere pactar esta reforma con el PSOE, y es probable que aborde el asunto este jueves con su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, con el que se reunirá para cerrar su primer pacto sobre Europa. http://politica.elpais.com/politica/2013/06/19/actualidad/1371663657_866414.html

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03. RAJOY PRESENTA LA REFORMA ADMINISTRATIVA SIN PODER IMPONER NADA A LAS AUTONOMÍAS Después de 18 meses de Gobierno y ocho reuniones de una comisión específica creada en noviembre de 2012, Mariano Rajoy presenta hoy el informe sobre la reforma de la Administración, uno de sus proyectos estrella. El presidente lo prometió ya en la oposición, y ha necesitado casi la mitad de la legislatura para sacarlo adelante. De momento, no será una ley, sino un voluminoso informe de cómo está la situación, con mucho detalle de las duplicidades encontradas, del reparto de competencias, del número de empleados públicos dedicados a cada cosa en el Estado y en las autonomías. Y un largo elenco de recomendaciones para adelgazar y simplificar la administración. Una auténtica radiografía de la estructura de la administración que según el Ejecutivo no se había hecho nunca, aunque el anterior Gobierno sí hizo un informe pero menos ambicioso. Rajoy presenta hoy las conclusiones principales en un acto en La Moncloa con empresarios, sindicatos y representantes de las autonomías. Sin embargo, diversos barones del PP han trasladado en privado su malestar porque no se ha contado con ellos en la elaboración de este plan que les afecta de lleno. Fiel a la estrategia de secretismo de La Moncloa, todo se ha cocido en el entorno de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y no se han intercambiado papeles con nadie para evitar filtraciones de un voluminoso texto de más de 200 páginas con todo tipo de detalles. Tanto en el Gobierno como en el PP se empieza a temer ya por las expectativas creadas, que ven excesivas, ya que sobre todo se trata de un gran análisis y una larga serie de cambios para la Administración central y recomendaciones para las autonomías –las leyes no permiten imponerles casi nada- pero no decisiones radicales como la desaparición de las diputaciones –Rajoy siempre lo ha rechazado- la fusión de decenas ayuntamientos o la destrucción inmediata de miles de puestos públicos, como reclaman algunos sectores del PP. En su análisis de la situación, con un equipo dirigido por Jaime Pérez-Renovales, mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno ha encontrado multitud de pequeños escándalos, en su manera de ver las cosas, de organismos sin función clara o funciones evidentemente duplicadas. Y muchas de ellas se irán contando estos días para generar también un ambiente de opinión pública favorable a los cambios. Sin embargo el informe, cuando llega a la parte de las comunidades autónomas, se queda en recomendaciones. El Gobierno espera que sean las propias autonomías, ante la presión social al darse a conocer los datos y los puntos exactos donde hay excesos, las que los eliminen poco a poco, algo en lo que ya van muy retrasadas sobre lo acordado en 2012. Pero la complejidad es enorme. Muchas instituciones que para el Ejecutivo son innecesarias, como los defensores del pueblo autonómicos o los consejos consultivos, están en ocasiones recogidas en los estatutos autonómicos o hay leyes de comunidades

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que se remiten a ellos. Eliminarlos no es por tanto sencillo. Además, el ahorro no es muy significativo. Habrá también muchas propuestas de modernización, de uso de nuevas tecnologías, de ahorro por esa vía. El Gobierno quiere además poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora para ahorrar y, frente a los que dicen que ha recortado poco la administración, recuerda y detallará en este informe los 375.000 empleos públicos destruidos desde que llegó Rajoy a La Moncloa. Esta reforma de la administración traerá sin duda más destrucción de empleo público, el asunto más delicado y difícil de cuantificar, aunque el Ejecutivo quiere ir con cautela por las protestas y el desgaste que supone pero también porque es esa destrucción la que, según sus datos, explica en parte que el empleo no haya podido recuperarse todavía. http://politica.elpais.com/politica/2013/06/18/actualidad/1371587980_147866.html 04. RAJOY ESQUIVA A CASTEDO EN LA INAUGURACIÓN DEL AVE A ALICANTE El presidente del Gobierno evita hablar con la alcaldesa de Alicante, imputada en el 'caso Brugal' Pitos contra el Príncipe y Rajoy en la inauguración del AVE a Alicante El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se veía que tenía ganas de que el acto oficial de inauguración del AVE a Alicante pasara pronto. Y lo consiguió, terminó media hora antes de lo previsto. Entre las protestas en la calle y la presencia de la alcaldesa, Sonia Castedo, imputada por presunta corrupción en el caso Brugal, el líder del PP intentó cruzarse lo justo con la alcaldesa. La anfitriona del acto quedó diluida en un discreto segundo plano. Lo que no pudo evitar Rajoy fue la foto. La sagaz alcaldesa tras varios intentos echó mano del presidente de Fogueres y de la bellesa del foc para presentarles a Rajoy, que ya se disponía a subir al tren para ir a Madrid. Rajoy saludó a Manuel Jiménez y besó a Beatriz Botella, y Castedo aprovechó la nube de fotógrafos para pedir una foto todos juntos. Y nada más. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sí que tuvo unas palabras con la alcaldesa. Pero Rajoy y Castedo apenas hablaron y se saludaron fríamente al inicio del acto de inauguración del AVE Albacete-Madrid. La alcaldesa buscó en todo momento al líder del PP, pero Rajoy optó por evitarla en la medida de lo posible. Parecía que estaban jugando al gato y al ratón. A la bajada del AVE, en primera fila se situaron el príncipe Felipe, Rajoy y los ministros de Fomento, Ana Pastor, y de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Y en segunda fila la alcaldesa junto al presidente de las Cortes Valencias, Juan Cotino. El amplio despliegue de seguridad de la Casa Real impidió a los periodistas acercarse, pero las imágenes de las televisiones captaron un primer saludo frío entre Castedo y Rajoy.

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En la primera foto sobre el estrado Rajoy y Castedo se situaron en extremos opuestos. Solo hubo discursos del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, Mario Rajoy y el Príncipe. Según fuentes de la alcaldía de Alicante, el protocolo establece que la alcaldesa no intervenga en estos actos. Tampoco lo hizo la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuando se inauguró la línea a la capital valenciana. Y en las fotos que envió Presidencia de la Generalitat del acto, la alcaldesa no aparece en ninguna. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/17/valencia/1371470674_940081.html 05. POLÉMICA EN TVE POR LA PRESENTACIÓN POR ANA IBÁÑEZ DE UN ACTO CON RAJOY La conductora de ‗La noche en 24 horas‘ había pedido permiso a los responsables de Informativos La presencia de la periodista Ana Ibáñez, conductora desde el pasado septiembre del espacio de TVE La noche en 24 horas, como presentadora de un acto de la CEOE en el que participaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha desatado una fuerte polémica en la televisión pública. Algunos profesionales consideran que los periodistas de la cadena no deben participar en actos ―de marcado carácter político, como era el de esta mañana‖ (por este martes). Fuentes de la televisión pública aseguran también que Ibáñez había solicitado previamente autorización al director de Informativos, Julio Somoano, que, según estas fuentes, ―no puso ninguna objeción‖. Pero dentro de la cadena se ha cuestionado la participación de periodistas en eventos ―que no son periodísticos sino políticos‖. Los profesionales de RTVE insisten en reclamar la independencia de la radio y la televisión pública y evitar que RTVE se convierta en un medio progubernamental. Rajoy acudió a la asamblea anual de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid, un acto en el que ha asegurado, durante su discurso de clausura, que con la reforma financiera puesta en marcha por el Ejecutivo se ha "limpiado la herida" en el sector y "ya está cicatrizando", y a partir de ahora "la vuelta al crédito debe producirse con rapidez". http://cultura.elpais.com/cultura/2013/06/18/television/1371584576_929930.html 06. REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN :BUENAS INTENCIONES Y POCAS DECISIONES La reforma de la Administración es ambiciosa en el papel, pero genera dudas El Gobierno está cansado de dar malas noticias. Desde la rueda de prensa del 26 de abril, que desató una ola de pesimismo al reconocer el Gobierno que dejaría en 2015 más parados de los que encontró, el giro ha sido de 180 grados. Ahora el Gobierno quiere recuperar espacio. Insistir en la idea de que

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lo peor ya pasó. Y eso, que es una decisión política de fondo, influye en todo. También en la reforma de la Administración, el proyecto estrella de Soraya Sáenz de Santamaría. Algunos sectores del PP presionaban para una reforma radical, dolorosa, polémica, que acabara por ejemplo con las diputaciones, que fusionara Ayuntamientos, que replanteara las provincias, que cambiara la estructura de base de la administración. El Gobierno lo ha descartado y desde la primera línea del extenso documento de la reforma se atisba esa intención de no dar ya muchas más malas noticias después del durísimo 2012. Con esa premisa, la reforma está llena de propuestas difícilmente discutibles, de buenas y ambiciosas intenciones, de un análisis detallado de las cosas que se pueden mejorar en la Administración y de propuestas complejísimas de desarrollar. Pero sobre todo, contiene una filosofía: ya se ha recortado mucho, la Administración es más eficiente y pequeña de lo que se dice y se puede mejorar, pero sin giros radicales. Baste un párrafo del documento para verlo: ―Con datos de la Comisión Europea de 2012, España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB (43,4%), frente a un 49,9% de media en la eurozona, y a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la UE, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino Unido (48,5%) o Italia (50,7%)‖. Esto es algo que el PP nunca hubiera destacado cuando estaba en la oposición. ―Desde 2012 se está produciendo el reclamado «adelgazamiento» de la Administración. La reducción de 26.200 millones de euros de gasto público y de 374.800 empleos públicos, así lo atestiguan‖, insiste el texto. Algunos creen que se trata de una reforma cosmética. El Gobierno rebate que es ―titánica‖, algo que nunca se ha hecho. Lo cierto es que la lectura de un texto profuso en detalles de cómo funciona la administración lleva a la constatación de los grandes cambios están en manos de las comunidades. Y varias de ellas ya han criticado la reforma. El Gobierno ha optado por la presión con los datos. Por ejemplo, para convencer de que se eliminen los defensores del pueblo autonómicos escribe: ―Hay un elevado coste en la tramitación de las quejas y un bajo rendimiento de los recursos humanos destinados a los Ombudsman autonómicos (frente a 165 personas en el estatal que tramitan 33.849 quejas, en los autonómicos 346 personas tramitan 38.407)‖. Con datos como este y presión financiera, el Gobierno cree que logrará su objetivo, pero no es ni mucho menos seguro. Para darle más importancia a una reforma ―difícil de explicar‖, según la propia vicepresidenta, el Gobierno ha jugado con datos espectaculares. Pero en los 250 folios publicados no hay ninguna explicación detallada de cómo se llega a dos cifras: 37.700 millones de ahorro total en cuatro años —incluida la enorme destrucción de empleo público— y 6.500 en tres años de esta reforma. De momento tampoco están a disposición del público las fichas, los 2.000 folios que Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro exhibieron en la rueda tras el Consejo de Ministros. Por tanto, no se puede saber si ahí sí está la explicación.

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El Gobierno ya ha jugado con los datos otras veces. Periódicamente, tras el Consejo de Ministros se auguran ahorros fabulosos que luego nunca llegan a poder comprobarse. El Ejecutivo llegó a prometer en 2012 hasta 100.000 millones de euros de recorte. Luego todo se va adaptando. Hace solo un año, por ejemplo, Rajoy prometió en el Congreso eliminar 30.000 concejales, un tercio del total. Pocos meses después tuvo que tragarse esa promesa ante la revuelta de los alcaldes de su propio partido. De hecho, el propio Ejecutivo admite en privado que el verdadero trabajo político que queda por delante, además de negociar con las autonomías, es el de la reforma local. En los ayuntamientos, mancomunidades y sobre todo diputaciones, tan amadas por Rajoy —ahí empezó su carrera— están colocadas las estructuras provinciales y locales de los partidos, y se resisten a cualquier cambio. La reforma solo se podrá pues evaluar con el tiempo, para ver si se cumplen sus buenas intenciones. Aunque hay varios asuntos en los que sí entra a fondo con decisiones inmediatas —es el caso de las fundaciones: se eliminan 17— la mayor parte del proyecto estrella de Sáenz de Santamaría depende de la capacidad del Gobierno de convencer a autonomías, ayuntamientos y a las estructuras del Estado. El tiempo dirá si lo consiguieron. http://politica.elpais.com/politica/2013/06/22/actualidad/1371928031_153989.html 07. SANTAMARÍA APELA AL “SACRIFICIO” DE LOS POLÍTICOS Y DEL ESTADO

El Gobierno defiende la reforma como respuesta al ―esfuerzo‖ de los ciudadanos Ha llegado la hora del ―sacrificio‖ para los políticos y el Estado. Así resumió ayer Soraya Sáenz de Santamaría ante la cúpula del PP y los presidentes provinciales del partido la filosofía de la reforma de la Administración. Después meses de recortes desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa, la número dos del Ejecutivo admitió que la aplicación de este plan, con el que el Gobierno prevé ahorrar 2.146 millones al año, debe suponer una respuesta de las instituciones al ―esfuerzo que están haciendo los ciudadanos‖. Este es el mensaje que, según fuentes asistentes a la reunión convocada en la sede nacional del PP, la vicepresidenta quiso lanzar a los cargos territoriales para que asuman que ahora les toca a los representantes y a los organismos públicos transmitir una imagen de austeridad. Santamaría, que comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar la reforma, expuso el proyecto a los suyos y les pidió que defiendan este ―trabajo inédito‖, que supone un ―esfuerzo titánico‖ de las Administraciones para reducir el gasto público. Santamaría se dirigió a los presidentes provinciales antes de la secretaria general del PP. Aunque María Dolores de Cospedal centró su intervención en

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la defensa de la polémica ley Wert, cuestionada internamente y que preocupa especialmente a la cúpula de los populares, también se empleó en ensalzar el plan del Gobierno para eliminar duplicidades. Esgrimió pasajes del último informe del FMI que indirectamente avalan el proyecto de Rajoy, destacó el paquete de medidas fiscales, la ley de Transparencia y aseguró que el ahorro derivado de la reforma aprobada el viernes por el Consejo de Ministros —que recortará 57 organismos estatales y pone deberes a las comunidades— ―se va a dedicar a la prestación de servicios públicos y a su mejora‖. Mientras el Gobierno y el PP se vuelcan en vender una de sus medidas estrella, la oposición lleva días alertando de que la reforma oculta un ―modelo concreto de Estado‖ que favorecerá la privatización de servicios. Lo denunció ayer el exlehendakari y líder del PSE, Patxi López, al referirse a la reforma local. En su opinión, el Ejecutivo quiere ―suprimir Ayuntamientos para quitarles sus competencias y privatizarlas‖, informa Europa Press. Cayo Lara, coordinador general de IU, fue más allá y tachó el plan de ―absoluto despropósito‖. ―Quieren volver a recortar servicios y recortar democracia‖, manifestó, utilizando ―la excusa de evitar la duplicidad en las Administraciones‖. El líder de IU señaló, además, directamente a Cospedal. ―Nadan en la eterna contradicción; lo que quieren hacer, lo sabemos: se quieren cargar a los diputados de las comunidades y reducirlos a la mitad‖, lamentó, en referencia a la reforma del sistema electoral en Castilla-La Mancha. Lo que Santamaría definió como ―sacrificio‖ del Estado para Lara es, en definitiva, una destrucción de los derechos: ―Quieren seguir socavando el Estado‖. http://politica.elpais.com/politica/2013/06/22/actualidad/1371927860_802557.html?rel=rosEP 08. EL DIRECTOR DE RNE, SUSTITUIDO TRAS UN SOLO AÑO EN EL CARGO

Alfonso Nasarre será el nuevo director y Manuel Ventero pasa a director de Comunicación El relevo se produce tras una caída de la audiencia y protestas de los profesionales El desplome de la audiencia y la masiva protesta de los trabajadores de RNE sobre el rumbo de la cadena han culminado con la destitución del director de la radio pública, Manuel Ventero. Será sustitudo por Alfonso Nasarre, responsable hasta ahora de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE. Un relevo que ha sido presentado este miércoles como un ―intercambio‖ de responsabilidades, ya que Ventero se hará cargo del departamento que dirigía Nasarre. El relevo de Ventero se produce un año después de su nombramiento y casi 700.000 oyentes menos en RNE. La estrategia de programación que impulsó, con la destitución fulminante de los responsables de los principales programas (Juan Ramón Lucas, en el magacín matinal, y Toni Garrido en el de la tarde) ha

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provocado una espectacular caída de la audiencia. Uno de cada tres oyentes de la radio pública se ha ido a otras emisoras. Según la última Encuesta General de Medios (EGM), RNE ha perdido el 15% de los oyentes en el primer trimestre del año, un descenso que se une al 23% que se dejó en la oleada anterior, realizada a finales del año. Además del fracaso en la audiencia, Ventero ha tenido una fuerte contestación interna. Hace pocas semanas, 517 trabajadores (la mitad de la plantilla de RNE) firmó una carta dirigida al presidente de RTVE y al Consejo de Administración en la que expresaban su preocupación por la velocidad de caída de la audiencia y el temor a que RNE se convirtiera en ―una radio residual alejada de los oyentes‖. ―Teniendo en cuenta que los trabajadores somos los mismos que hace unos meses, esa pérdida de audiencia solo puede deberse a una gestión equivocada. Una gestión que le ha arrebatado a RNE las principales señas de identidad que deben caracterizar a una radio pública: independencia y calidad‖. Los trabajadores apostaban por una radio ―moderna, actual y pegada a la realidad‖ y ponían en duda que la nueva Radio se asentara en criterios calidad profesional. En un comunicado difundido este miércoles, la corporación afirma que Ventero deja el puesto ―una vez culminada la puesta en marcha de la nueva Radio 5 y de haber coordinado la integración de los Centros Territoriales de RNE y TVE‖. Pasará a desempeñar la dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE ―para proyectar y potenciar la imagen de la Corporación en su relación con el resto de medios de comunicación, instituciones públicas y privadas y dinamizar la comunicación interna de la Compañía, la Responsabilidad Corporativa y coordinar la labor de los tres pilares básicos de la Corporación: TVE, RNE y RTVE.es. Este movimiento de directivos ha sido anunciado por el presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, al consejo de administración de la corporación, que ha aprobado la propuesta. No en vano, este organismo cuenta con una holgada mayoría de consejeros propuestos por el PP. http://cultura.elpais.com/cultura/2013/06/19/television/1371639470_711433.html 09. RAJOY PROMETE UNA REFORMA FISCAL QUE NO PERJUDIQUE A LAS EMPRESAS

La CEOE y el Gobierno coinciden en que lo peor de la crisis ya ha pasado El empresariado y el Gobierno llevan ya semanas cambiando el tono de su discurso, de la España que no ve el fondo —el presidente del Ejecutivo asumió el pasado abril que el paro no bajaría en esta legislatura— a la que empieza a salir de lo más oscuro. No hay nada de calado que haya cambiado en estos dos meses, pero el giro emocional se escenificó este martes de nuevo en la Asamblea general de la CEOE, que Mariano Rajoy prometió una reforma

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tributaria ―favorecerá el ahorro, la inversión, la innovación y, sobre todo, la creación de empleo‖. Fainé critica que se pida a la banca más crédito y a la vez se le suban las exigencias Minutos antes, en su discurso, el presidente de la patronal, Juan Rosell, fue tajante ante el jefe del Ejecutivo: ―No son posibles más subidas de impuestos. Más impuestos destruirán actividad y empleo y no tendrán eficacia recaudatoria ni siquiera a corto plazo‖, advirtió Rosell, si bien ha reconocido que los incrementos ―temporales‖ aprobados por el Ejecutivo ―obedecen a la necesidad de alcanzar los objetivos de déficit y la consolidación fiscal‖. Además, ha recriminado que ―las continuas modificaciones normativas‖ en el ámbito fiscal ―están creando un sistema tributario que no es claro ni estable‖, aunque también ha recalcado la necesidad de luchar contra la economía sumergida. La de este año no fue una asamblea fácil para la CEOE. Su expresidente inmediato Gerardo Díaz Ferrán lleva desde diciembre durmiendo en la cárcel de Soto del Real y ha sido condenado como culpable por la quiebra y gestión fraudulenta del grupo Marsans. Además, los periódicos recogían la salida de tono del jefe de Relaciones Laborales de la patronal, José de la Cavada, que, en la época de recortes sociales más duros que ha vivido España en su historia reciente, había criticado el permiso laboral de cuatro días por defunción, este martes pidió disculpas. Rosell reconoció, sin citar ningún caso, que ―ha habido conductas, cuando menos, inadecuadas‖ y ―demasiada impunidad ante la irresponsabilidad‖ y reconoció la necesidad de ―reformar el marco institucional‖. ―Hemos de revertir esa imagen contraria al empresario y a la actividad empresarial‖. Feito: ―Ni siquiera el Gobierno puede impedir‖ la recuperación Las encuestas revelan el descontento de los españoles con las instituciones y el pesimismo ante el futuro económico. En este sentido, Rajoy hizo un llamamiento: ―Les pido apoyo. Tenemos que hablar bien dentro y fuera de nuestro país, no puede ser que nos vean mejor fuera que dentro de España‖, dijo. El presidente aseguró que la economía ya se encuentra ―en el buen camino‖, aunque hay que ―perseverar‖ con las reformas. ―Hay motivos fundados para la esperanza‖, dijo al auditorio. De una forma ácida para el Gobierno, el jefe de la Comisión de Economía de la CEOE, José Luis Feito, coincidió en estas señales de recuperación, al despacharse con un ―ni siquiera el Gobierno puede impedir la recuperación, que ya ha comenzado. Su ritmo depende de lo que haga el Gobierno en los próximos seis u ocho meses‖. Feito recalcó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ―tiene que tomar medidas impopulares, con coste político. Pero tiene que hacerlo ya, porque después llega el periodo preelectoral y ya no podrá hacerlo‖. La hora del "discurso optimista"

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En ese mismo escenario transmitieron optimismo el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, quien resaltó: ―Ha llegado la hora de cambiar el discurso hacia un optimismo realista. No somos cenizos‖, o el consejero delegado del BBVA, Ángel Cano, que dio por ―desaparecido‖ el riesgo de colapso y proclamó que España ha entrado ya ―al principio del final de la crisis‖. Pero las palabras y los números no siempre van en la misma dirección. Otros problemas siguen complicado la recuperación, como la sequía crediticia, que ha estado presente a lo largo del acto institucional de la asamblea de la CEOE. Rajoy insistió en que la banca debe volver a abrir el grifo. ―Me ocuparé personalmente de que vaya mejorando el crédito a las pymes‖, llegó a decir. A este respecto, el presidente de La Caixa y miembro del Consejo Empresarial para la Competitividad, que agrupa a las grandes empresas españolas, criticó la ―cierta contradicción‖ en la que está inmerso el sector financiero, al que ―por un lado debe hacer fluir el crédito‖, pero al mismo tiempo ―se le piden más capital para dar el crédito y hay incertidumbre sobre cuáles serán los requisitos futuros‖. Además, apuntó que las entidades reciben ―más demanda de créditos para pagar préstamos a otras entidades que para el desarrollo de proyectos‖. Cano reconoció que el mercado del crédito no está funcionando como debe y lo atribuyó a que la reestructuración del sector no ha culminado, pero que las entidades sanas deben ―comprometerse‖ y las intervenidas ―deben volver al sector privado‖. http://economia.elpais.com/economia/2013/06/18/actualidad/1371565798_125088.html 10. MONTORO: “PIDO DISCULPAS A LA CASA DEL REY POR EL ERROR SOBRE LA INFANTA” El ministro de Hacienda: ―No estoy en condiciones de darles explicaciones... Espérense" Afirma que el fallo no ha afectado a la investigación judicial: "Es un error administrativo" El PSOE exige "explicaciones y responsabilidades por "una situación esperpéntica" Cristóbal Montoro se enfrentó este miércoles públicamente al enredo de la venta de fincas atribuida a la infanta Cristina por un supuesto error del Agencia Tributaria con su DNI. Pero, lejos de deshacer el ovillo, el ministro de Hacienda aprovechó una breve comparecencia en el Congreso de los Diputados para lanzar tres mensajes. En primer lugar, pidió perdón a la Casa del Rey. Acto seguido, aseguró que el fallo ―no perjudica la calidad del proceso judicial‖, en referencia a la investigación de José Castro, juez instructor del caso

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Nóos.Montoro insistió, además, en que no puede aclarar las dudas y las circunstancias en las que se produjo esa atribución. ―No estoy en condiciones de darles explicaciones sobre hechos concretos... El resultado de una investigación determinará el origen del error. Espérense a la investigación‖. Esta fue la respuesta del titular de Hacienda, que dio la cara a los cinco días de que su departamento entregara al juez un informe basado en la información de cuatro registros de la propiedad y de notarios. ―Lo ocurrido sencillamente es un error de procedimiento administrativo. Es lamentable que se produzca y en ese sentido me corresponde pedir disculpas en primer lugar a la Casa del Rey‖, admitió. No obstante, Montoro limitó sus explicaciones a la teoría del fallo con el DNI de la hija del Rey: ―Se produce un error en la carga de los datos y, a partir de ahí, en el traslado a la vía judicial‖. El ministro tampoco logró apuntar alguna hipótesis. ―Técnicamente, no sé cómo se ha producido‖, reconoció antes de enfatizar: ―No vean fantasmas volando; son errores puramente administrativos. Decir que no se producen esos errores es no estar en ese mundo‖. Por esta razón, mantuvo, ―existe el encargo de que no se vuelva a repetir‖, y para ello se ha puesto en marcha una investigación interna que, en su opinión, arrojará luz sobre lo ocurrido. Mientras tanto, las palabras de Montoro no avanzaron, en lo sustancial con respecto al comunicado que el martes emitió su departamento. En esa nota, el ministerio ya admitía oficialmente el fallo y se escudaba en que los técnicos del ministerio manejan ―un volumen de información ingente‖. Un día después de esquivar a los periodistas en el Senado, Montoro volvió a esgrimir esos ―millones y millones de datos‖ y la complejidad de su gestión. Además, trató de transmitir una imagen positiva de la Agencia Tributaria, ―una de las mejores del mundo y de las más eficientes‖, lo que refleja preocupación por el menoscabo en la imagen de esa institución. Desazón, malestar y desconcierto por la mera posibilidad de que se produjera ese error, de forma reiterada, son precisamente algunos de los sentimientos que cunden en las filas del PP y entre algunos miembros del Gobierno. Montoro, uno de los ministros más locuaces, estuvo desaparecido durante días, como si quisiera desentenderse de este asunto. Esta circunstancia sorprendió a varios dirigentes populares y el portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, le exigió aclaraciones al considerar que era ―evidente‖ que su departamento no ha había ofrecido ―suficientes explicaciones‖. Y este miércoles el propio Mariano Rajoy se dirigió a Montoro, ya en el hemiciclo, en una breve pero llamativa conversación antes del control al Gobierno. Durante la sesión, el titular de Hacienda aprovechó su respuesta a la diputada socialista Carmen Sánchez para asegurar que ―no hay política‖ en el informe de la Agencia Tributaria. Más tarde, insistió en rechazar este tipo de lectura. No lo ve así el PSOE, que exigió ―explicaciones‖ y ―responsabilidades políticas‖ por ―una situación esperpéntica digna de una república bananera‖. Para el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda, Pedro Saura, el ministro debe comparecer en sede parlamentaria para dar ―explicaciones a todos los

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contribuyentes españoles‖. ―Nunca se ha puesto más a los pies de los caballos a la Agencia Tributaria‖, lo que en su opinión genera ―una merma de la credibilidad pública preocupante para el Estado‖. El diputado de IU Ricardo Sixto afirmó que ―ve muchos fantasmas en las respuestas de Montoro‖, mientras que CiU, a través de Josep Sánchez Llibre, se limitó a pedirle un informe ―exhaustivo‖ de la Agencia Tributaria sobre todos sus errores y sus consecuencias para los contribuyentes. http://politica.elpais.com/politica/2013/06/19/actualidad/1371633568_797549.html 11. LOS RECTORES CRITICAN EL NUEVO SISTEMA DE BECAS PORQUE PERJUDICA A LOS ALUMNOS

Los responsables de las universidades trasladan a Wert sus quejas porque la cuantía de las ayudas se divida en dos, una parte fija y otra variable El ministro de Educación, José Ignacio Wert, tiene otro frente abierto, una vía de agua que llega de la universidad. Los vicerrectores de estudiantes han debatido ―de forma sosegada‖ entre ellos su apuesta común que esta tarde dará a conocer a Wert el rector de la Universidad Pública de Navarra, Julio Lafuente, que es también presidente de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (Runae). El rector les presentó a sus colegas un documento que tuvo tal respaldo que ni siquiera hizo falta que votaran. El ministro se reúne hoy en el Consejo de Universidades con los rectores, que en mayo de 2012 se plantaron porque no quiso debatir con ellos los recortes presupuestarios aprobados poco antes. Pero el clima hoy será mucho más tranquilo –como ocurre en sus encuentros con los consejeros educativos que han rebajado el tono- aunque con igual rotundidad por parte de los gestores de los campus, que van a mostrarle su disconformidad con el nuevo sistema de becas. Los rectores están en contra de los requisitos académicos que impone para las ayudas universitarias –un 6,5 en lugar de un 5,5 para optar a una beca- y a la división de la cuantía en dos. El nuevo decreto propone repartir la ayuda en dos partes, una fija mucho más baja que la que se concede ahora, y otra variable, cuya cuantía dependerá de la renta familiar, las notas del alumno y del presupuesto que quede después de repartir la parte fija. El texto critica las medidas que Educación tiene que aprobar antes de agosto para que se puedan solicitar las matrículas y propone alternativas a este sistema. Con esta exposición de nuevas opciones las universidades quieren demostrar su responsabilidad. Que no solo se quejan, sino que además proponen. El borrador de decreto reduce los tipos de ayudas a tres con ese máximo de 1.500 euros: las actuales becas salario o compensatorias (hoy suponen entre 2.040 y 3.500 euros); las de residencia para estudiar fuera de la comunidad autónoma (entre 2.556 euros y 6.995) y una de nuevo cuño, la básica, que en la etapa universitaria eximirá de pagar la matrícula

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La subida este año de las exigencias académicas (del 5,5 al 6,5) ha dejado sin beca a muchos estudiantes. Wert, en el Senado habló el martes de 11.496 estudiantes, sin contar los de Cataluña pues los datos no estaban ―consolidados‖. Hay muchos ejemplos muy gráficos: en la Universidad de Sevilla un 15% más de los alumnos se han quedado sin ayuda (13.000), en Cataluña las denegaciones han crecido un 20%, mientras en Salamanca han pasado del 38% al 45% (5.853 estudiantes). http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/20/actualidad/1371722169_984072.html 12. COBOS, PRESIDENTE DEL CONSTITUCIONAL POR UNANIMIDAD El conservador logra el voto de los 12 magistrados por primera vez en las últimas seis votaciones El pleno del alto tribunal elige como vicepresidenta a la progresista Adela Asúa Los doce magistrados del pleno del Tribunal Constitucional (siete conservadores y cinco progresistas) han votado este miércoles a favor de la elección del conservador Francisco Pérez de los Cobos como presidente. La necesidad de pacificar la situación, sobre todo creada en los últimos días, ha desembocado en una votación inusual y de consenso no solo para quien ocupará la presidencia durante los tres próximos años sino también para aupar a la progresista Adela Asúa como vicepresidenta. Pérez de los Cobos ha logrado la unanimidad que no obtuvo ni su antecesor Pascual Sala ni los cuatro magistrados que precedieron a este en la presidencia del alto tribunal. La necesidad de escenificar sosiego y la independencia que claman sus magistrados llevó a un acuerdo que se cerró el pasado jueves, por el que todos los magistrados se comprometieron a apoyar a los dos candidatos (uno del sector conservador y otro del progresista) de consenso. ―No ha sido fácil‖, han relatado fuentes del tribunal para significar la distancia de la que partieron los magistrados, tanto en uno como en otro lado ideológico. Entre el sector conservador, el magistrado Francisco Hernando, el de más edad del Constitucional, había mostrado cierta voluntad para ocupar la presidencia, lo que había sido visto con buenos ojos por algunos de sus compañeros. Finalmente, optó por no presentar batalla y asumir el acuerdo para votar a quien contaba con menos reticencias entre los progresistas, Pérez de los Cobos. En el sector opuesto, conscientes de su minoría, la propuesta de Adela Asúa tampoco fue aceptada desde el principio. Pero, ante el compromiso de los conservadores de votar esta candidatura, el pacto acabó fraguándose. Con la elección de Pérez de los Cobos y Asúa, además, no se ha roto la norma no escrita por la que presidencia y vicepresidencia deben recaer en magistrados del tercio más veterano del tribunal. Así el pleno ha durado, aproximadamente, 15 minutos. Los encargados de plantear la propuesta acordada han sido los magistrados más jóvenes, Juan Antonio XiolRios por la parte progresista y Enrique López, por la conservadora.

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La designación del polémico López por parte del Gobierno, el rechazo de la mitad del pleno a su idoneidad como miembro del Constitucional y el inicio de su mandato, con una actitud pública distinta de la que acostumbra el resto de magistrados (hizo declaraciones nada más tomar posesión), ha sido otro de los motivos por los que el consenso para la elección del presidente, como una muestra de unidad, se hacía necesario. Ya con nuevo presidente, el Constitucional cierra su etapa de renovación, iniciada a principios de junio con la designación de los cuatro magistrados (Pedro González-Trevijano, Santiago Martínez-Vares, Juan Antonio Xiol y Enrique López) que relevaron a Pascual Sala, Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps. Con estos cambios se produce, además, un giro conservador en el Constitucional en un momento en el que tiene importantes temas sobre los que deliberar. Entre los asuntos que este pleno y el nuevo presidente deberán dilucidar se encuentra la declaración soberanista de Cataluña, después de la impugnación del Gobierno que el Constitucional ya admitió y dejó en suspenso. También la decisión sobre el amparo solicitado por el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, tras la condena por desobediencia que el Supremo les impuso en enero de 2008 por no disolver SozialistaAbertzaleak (SA), y el también recurso de amparo de Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. La reforma laboral y la amnistía fiscal aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, ambas recurridas por el PSOE, son otros de los temas que el alto tribunal tiene entre sus asuntos pendientes de resolución. Este tribunal de corte conservador también deberá decidir sobre la no actualización de las pensiones que fue recurrida, en un acto sin precedentes, por todos los grupos de la oposición en el Congreso. Con el Gobierno como recurrente, en la sede del alto tribunal se acumulan también asuntos como el euro por receta aprobado por los Gobiernos autónomos de Madrid y Cataluña. En ambos casos, el tribunal ya suspendió su aplicación pero en unos meses ha de ser revisada. http://politica.elpais.com/politica/2013/06/19/actualidad/1371632435_872098.html 13. PÉREZ DE LOS COBOS : UN LABORALISTA AFÍN A LA PATRONAL La obra académica del conservador Francisco Pérez de los Cobos refleja su talante sobre el derecho del Trabajo y su antipatía por el soberanismo catalán Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (Yecla, Murcia, 1962) no levanta pasiones, pero tampoco fuertes odios. Con una trayectoria profesional acreditada y un talante cordial, llega a la presidencia del Tribunal Constitucional apoyado por los 12 miembros del pleno, los siete conservadores y los cinco progresistas. ―Es el menos conservador‖, han alegado este miércoles fuentes

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del sector progresista. Sin embargo, su corte derechista es claro y lo ha sido siempre. Sobre todo, en temas laborales, su especialidad. Es público que no ve con malos ojos la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta el punto de que hay quien le considera su autor intelectual. Situado en el sector liberal entre los especialistas en Derecho del Trabajo, en sus publicaciones se reflejan su postura a favor de la flexibilización del despido y sus posiciones más cercanas a la patronal que a los trabajadores. Precisamente el recurso contra la reforma laboral será uno de los temas sobre los que tendrá de decidir, al igual que tendrá que hacerlo sobre la declaración soberanista de Cataluña, después de haber publicado: ―No hay en Cataluña acto político que se precie sin una o varias manifestaciones de onanismo‖, o el dinero es ―el bálsamo racionalizador de Cataluña‖, afirmaciones que aparecen en su libro Parva Memoria, publicado por la editorial catalana Tirant lo Blanch. Esas críticas y reproches a Cataluña proceden, según quienes le conocen, de su etapa como profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. ―Protestaba porque le obligaban a hablar en catalán‖, señalan antiguos compañeros. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por las Universidades de Valencia y de Bolonia (Italia), pasó también, al inicio de su carrera docente, por las Universidades de les Illes Balears y de Valencia, donde estudió y en la que se convirtió en discípulo del catedrático Tomás Sala. Francisco Pérez de los Cobos, Paco, fue entre 1996 y 2006 consejero del Consejo Económico y Social, del que formó parte como miembro del grupo de expertos. Llegó a él designado por el Gobierno de José María Aznar, el único político que aparece como valedor en su ascendente carrera, ya que apenas se le conoce relación con otros cargos que puedan haber facilitado su ascenso. En 1999, además, formó parte del Consejo Asesor de la firma Sagardoy Abogados. ―Era ambicioso en lo académico‖, relatan quienes, sin embargo, recuerdan con mayor intensidad su afición por la literatura. Pero este gusto solo se ha traducido en obras que no dejan de tener una línea docente, como No hay derecho, un manual de casos prácticos con formato de cuento. Además de su apreciación sobre Cataluña, en esa trayectoria más o menos moderada, de perfil institucional y ―conservador moderno‖, tal como lo califican algunos, hay otras puntas. Pérez de los Cobos se separó de sus compañeros conservadores y votó a favor del matrimonio homosexual que avaló el Constitucional. Otro de sus votos discrepantes conocidos fue sobre la legalización de Bildu. El tribunal consideró legal la presencia de la coalición para las elecciones de 2011. Fue cinco meses después de que, a propuesta del PP y por designación del Senado, Pérez de los Cobos llegara al Constitucional, donde firmó un voto particular, en este caso en contra de dar vía libre a Bildu.

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La propuesta de su candidatura también planteó dos polémicas. Cobos ejercía como asesor laboral a través de una sociedad limitada. Ante la posibilidad de una incompatibilidad, el entonces aún candidato suspendió sus actividades. También la simultaneidad de su trabajo en el Constitucional con un puesto como miembro de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) planteó dudas de incompatibilidad, por lo que él mismo recabó una consulta que acabó determinando la posibilidad de mantener ambos cargos. El nuevo presidente del Constitucional ha asesorado mediante dictámenes o informes a los Ministerio de Trabajo, Sanidad, al departamento de Treball de Cataluña y la consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid, entre otros. El hecho de que su padre, pediatra de profesión y fallecido en diciembre 2011, formara parte de la candidatura de Fuerza Nueva al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 1977 es un hecho que también provoca recelo entre los progresistas, que, sin embargo, destacan, por encima de sus diferencias ideológicas, su profesionalidad. Pérez de los Cobos ha suavizado sus formas. Algunos de los alumnos del entonces estrenado como profesor, a finales de los ochenta, le recuerdan con un ―puntillo de pedante intelectual y chulesco‖. ―Es buen compañero, cordial, educado y amable‖, indica ahora uno de sus oponentes. El caso es que Cobos, al que nadie atribuye una empatía excepcional, llega a la presidencia del Constitucional para pacificar, institucionalizar y escenificar la independencia de un tribunal cuestionado. http://politica.elpais.com/politica/2013/06/19/actualidad/1371636287_843755.html 14. C.A GALICIA. UNA JUEZ PIDE AL SUPREMO QUE INVESTIGUE AL PORTAVOZ DEL PP EN EL SENADO

Dorribo acusa al dirigente popular de ayudar a un primo suyo en un concurso público El Tribunal Supremo estudia si admite a trámite e investiga por tráfico de influencias al presidente provincial del PP lucense y portavoz del Grupo Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, a instancias del Juzgado número 2 de Lugo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado que la causa abierta contra Barreiro es una pieza separada de un sumario que está bajo secreto, pero que no tiene que ver con la Operación Campeón. Esas mismas fuentes explicaron que al menos dos personas, una de ellas el empresario Jorge Dorribo, presunto cerebro de la trama Campeón, acusaron a Barreiro de haber facilitado a un primo suyo el pliego de condiciones del concurso para explotar el aparcamiento del hospital de Lugo antes de que se hiciese público.

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Las acusaciones de Dorribo ya han provocado la imputación de varios políticos, entre ellos el exministro José Blanco. El juzgado número 2 de Lugo se hizo cargo de esa pieza separada y abrió una causa para investigar la existencia de presuntos delitos contra la Administración pública y tráfico de influencias. Sin embargo, al tratarse Barreiro de un aforado, el juzgado redactó lo que se denomina una exposición razonada remitida al Supremo para que se haga cargo de la causa. El portavoz del PP en el Senado asegura que es ―rotundamente falso‖ que intentase favorecer a un primo suyo en la adjudicación del aparcamiento del hospital y anunció que si Dorribo hizo esa acusación pedirá una reparación por vía judicial. ―No tengo ninguna información al respecto. La única noticia que tengo es a través de los medios de comunicación‖, insistió. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/19/galicia/1371635857_152144.html 15. C.A MADRID. UN JUZGADO PONE BAJO LA LUPA LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DE MADRID

Imputados dos exconsejeros al admitirse a trámite una querella por malversación y prevaricación El magistrado pide exhaustiva información mercantil y económica El juzgado de Instrucción número 4 de Madrid investigará el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional tras la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia en 2003. Y, a juzgar por la extensa lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa que solicita el juez, lo hará de manera exhaustiva. El magistrado Marcelino Sexmero ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación de médicos Afem, una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra la privatización sanitaria, por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros. Además, ha citado a declarar como imputadas a nueve personas: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos, y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas. La querella —un texto de 86 páginas más 70 anexos de documentación elaborado por un bufete de abogados cuyos gastos se pagan gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrileños— señala las posibles irregularidades cometidas durante la primera oleada de privatizaciones, que dio como resultado la apertura de los hospitales gestionados enteramente por empresas de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles (entre 2007 y 2011). Los querellados son los dos exconsejeros de Sanidad de ese periodo, Manuel Lamela y Juan José Güemes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales. El juez también cita con abogado al gerente de la Fundación Jiménez Díaz (centro privado concertado) y a los responsables de Capio (que

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recientemente cambió su denominación comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa. ―Se trata de una maniobra política más del Partido Socialista y de su sindicato afín‖, afirmó este viernes el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty en unas declaraciones grabadas y difundidas por su Gabinete. ―Es un acto puramente de trámite‖, añadió. Capio y Ribera Salud declinaron comentar las imputaciones. El auto judicial llama a declarar a cuatro testigos, también altos cargos de Sanidad pero de perfil más técnico, y requiere información detallada. Pide, por ejemplo, al Registro Mercantil que identifique a los accionistas o socios de empresas relacionadas con Capio (ahora IDC Salud), la empresa líder en gestión privada de sanidad pública en Madrid: Capio Sanidad S. L., Desarrollos Empresariales Piera, S. L. y Poitiers Develops, S. L. También dirige una comisión rogatoria a Luxemburgo para que sus autoridades informen de los accionistas, socios y apoderados de HC Investments BV, la empresa con la que termina el rastro de compañías accionistas de Capio en el Registro Mercantil español. Los denunciantes destacan las vinculaciones entre cargos políticos y las empresas que se han beneficiado del proceso La querella presentada por los médicos insiste en los aspectos económicos, en concreto en ―la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros‖. Según los contratos, los hospitales de gestión privada son penalizados si los pacientes que tienen asignados acuden a tratarse a otros centros de la red pública. Los médicos aseguran que la Consejería de Sanidad no disponía hasta el pasado mes de abril de mecanismos de control de esa facturación intercentros, por lo que dudan de que la Administración pública estuviera realmente cobrando esas asistencias a las empresas. El magistrado requiere a los gerentes de 13 hospitales, de gestión pública y privada, la facturación intercentros detallada de los años 2010, 2011 y 2012. Se trata de información que los partidos de la oposición en el Parlamento regional han solicitado a la Consejería de Sanidad, pero que esta no ha divulgado o no lo ha hecho de forma desglosada. Ese detalle es el que ahora requiere el juez. A los centros de gestión privada (Fundación Jiménez Díaz, Valdemoro, Móstoles y Torrejón), por ejemplo, se les pide ―la relación circunstanciada de pacientes asignados a sus áreas‖ atendidos en otros centros. Estos datos son muy relevantes para los múltiples recursos que se acumulan en los juzgados contra el proceso privatizador actual de seis hospitales inaugurados en 2008. Tanto Afem como los partidos de la oposición aseguran que la cápita (dinero que paga la Administración a la empresa por paciente y año) que ha establecido el concurso es superior al coste real que suponen ahora estos centros para el erario público, por lo que no existiría ningún ahorro, más bien al contrario, en su paso a manos privadas. La facturación intercentros es básica para conocer el presupuesto real que manejan estos hospitales. Afem también denuncia ―el trasvase injustificado, masivo y sistemático de

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pacientes‖ hacia clínicas concertadas mediante engaño a través del sistema centralizado de citas de Sanidad. El PP destaca que los hospitales externalizados logran un 95% de satisfacción de sus pacientes La querella se detiene asimismo en los casos de puerta giratoria en la sanidad madrileña. Los dos exconsejeros de Sanidad tienen o han tenido intereses en la sanidad privada tras abandonar sus cargos. Güemes renunció en enero pasado a su puesto en la empresa Unilabs tras conocerse que esta poseía los laboratorios de análisis clínicos que se privatizaron durante su mandato. Lamela acumula cargos en empresas y fundaciones dedicadas a la sanidad como negocio. Antonio Burgueño, nombrado por Güemes en 2008, trabajó durante años para empresas del sector. Por ejemplo, asesoró a Capio en la apertura del primer hospital que copiaba en Madrid el controvertido modelo Alzira, en 2007. Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con el exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el cargo cuatro meses después de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona con más poder en la Consejería de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general de Hospitales desde 2008. Unos días después de que lo nombrara Juan José Güemes dejó su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ámbito de la sanidad privada porque trabajó para la aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora está impulsando la Comunidad de Madrid. Uno de los múltiples aspectos presuntamente delictivos que menciona la extensa querella de Afem son las vinculaciones entre cargos políticos y empresas privadas que se han beneficiado con el proceso de privatización. Los dos últimos exconsejeros de Sanidad madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes, tienen o han tenido intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. Ahora preside la Fundación Lafer y acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio. Forma parte, entre otras cosas, del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios de gestión privada del hospital del Tajo en Aranjuez, que se licitó mediante una concesión de la Comunidad de Madrid por 270 millones de euros a 30 años. El propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja.

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En enero pasado, Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010— renunció a su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se conociera que esta firma compró en noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. La Consejería de Sanidad decidió en 2008 que las pruebas analíticas las gestionara una empresa, y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173 millones de euros. Se trataba de centralizar los análisis de los seis hospitales recién inaugurados en la región, los mismos cuya gestión ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud ganó el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró ―temerario‖ por ser excesivamente barato. Un año después la Consejería de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para ceder las pruebas analíticas que realizaban a la UTE ganadora. Juan José Güemes ha asegurado este mediodía a EL PAÍS que no ha recibido ninguna notificación oficial y que prefiere no hacer declaraciones hasta que pueda leer el auto judicial. Los médicos denuncian que hospitales de gestión privada "atraen pacientes de otras áreas de protección, a través del denominado Call Center fundamentalmente de hospitales públicos de gestión directa por el SERMAS, viniendo obligados estos últimos a pagar la prestación sanitaria realizada. La elección del centro en ocasiones ha sido voluntaria por parte del paciente, pero en otras se ha producido coacciones o engaños", según recoge el auto del juez. Este diario relató en enero pasado cómo médicos, administrativos del sistema público y pacientes denuncian el sistema de derivaciones a clínicas privadas de la Consejería de Sanidad. Aseguran que ofrece información engañosa con la que se ―presiona‖ a los usuarios para que acepten operarse en privadas a las que la Administración paga por esos procedimientos. Para Fernández-Lasquetty, la admisión de la querella no significa "ningún tipo de decisión", sino simplemente que el juez "lo va a examinar; es un acto puramente de trámite". Recordó que se trata de "hospitales públicos que llevan ya años atendiendo a miles de madrileños", en Torrejón, Valdemoro y Móstoles, y lo están haciendo con "un extraordinario nivel de calidad y una satisfacción de más del 95%" de los usuarios. "Por tanto son hospitales que están cumpliendo muy bien su labor al servicio de sanidad pública madrileña", subrayó, antes de añadir que en el "momento en que fueron licitados y sometidos a concurso para su construcción, se hizo con arreglo a los principios de la ley, con toda transparencia y toda legitimidad". El auto del magistrado Sexmero admite la personación de cuatro diputados del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid que ejecutarán la "acción popular". En cambio, el juez rechaza la medida cautelar que le pedía

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Afem en la querella: la suspensión y paralización general del proceso de privatización. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha instado este viernes a la Comunidad de Madrid a que paralice el proceso de "privatización y desmantelamiento" de la sanidad pública tras la admisión de una querella sobre posibles irregularidades en la externalización de servicios sanitarios desde 2004. El diputado de IU de la Asamblea de Madrid Rubén Bejarano ha pedido al presidente regional, Ignacio González, "paralizar de forma urgente el proceso de privatización de los seis hospitales madrileños a la vista de que el Juzgado Número 4 ha admitido a trámite la querella contra la cúpula que inició la privatización de la sanidad en el año 2003". Un vuelco en 10 años La sanidad pública madrileña dio un vuelco con la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno regional, en 2003. Encontró una veintena de hospitales de gestión enteramente pública y hoy casi uno de cada tres es de gestión privada, total o parcialmente. 2007. Aguirre inaugura el hospital Infanta Elena, en Valdemoro, el primer centro que copiaba en Madrid el modelo Alzira de concesión administrativa, la fórmula usada en las autopistas. 2008. Se inauguran siete hospitales de gestión mixta público-privada: Henares (Coslada), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Sureste (Arganda del Rey), Del Tajo (Aranjuez), Infanta Leonor (Vallecas) y Puerta de Hierro (Majadahonda). 2011. Abre el hospital de Torrejón de Ardoz, de gestión enteramente privada. 2012. Se inaugura el hospital Rey Juan Carlos, de Móstoles, también de gestión privada. Previsto para 2011, el hospital de Collado Villalba está terminado y cerrado. Cuesta 900.000 euros al mes. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/21/madrid/1371816992_972840.html 16. C.VALENCIANA. FABRA JUSTIFICA LA EXPULSIÓN POR “LA FALTA DE LEALTAD AL PARTIDO”

Fabra dice en Alicante que la decisión no tiene que ver con estar o no imputado El presidente distingue el caso de Blasco de otros El presidente de la Generalitat y del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Alberto Fabra, ha justificado la decisión del Comité de Garantías y Derechos del PP de suspender de militancia al diputado

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autonómico y exconsejero Rafael Blasco, porque "ha habido una falta de lealtad y de respeto hacia el partido y las instituciones" por su parte. Con motivo de su visita este domingo a Alicante para presenciar la tradicional mascletà en la plaza de Los Luceros, a preguntas de los medios de comunicación sobre la salida de Blasco del partido, Fabra ha recordado que "los estatutos del partido están para cumplirse". "Las personas del PP lo que tienen que hacer es mantener tanto la lealtad como la dignidad de lo que representa ser afiliado al PP, y según decretó el Comité de Derechos y Garantías, estos principios no fueron respetados por el señor Blasco, con lo cual al final se acordó la suspensión cautelar, tanto de militancia como los cargos de representación del PP". Interrogado sobre si el PPCV se plantea adoptar la misma medida con algún otro diputado popular imputado, Fabra ha subrayado que esta decisión "depende de las actitudes", y ha asegurado que "no tiene nada que ver la condición de si una persona puede estar imputado o no". En este sentido, ha insistido en que ha sido "la falta de lealtad y respeto" lo que ha derivado en que el Comité "haya actuado como lo ha hecho" con Blasco, y ha afirmado que este caso "no es comparable con otras situaciones". http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/23/valencia/1371989635_128723.html 17. C.VALENCIANA. BLASCO : “EL MÉTODO ES PREDEMOCRÁTICO Y FASCISTA”

El exconsejero, aparentemente tranquilo, califica la decisión de "precipitada e indecente" Rafael Blasco se encontraba aparentemente tranquilo tras conocer su suspensión de militancia; pero no podía evitar traslucir la indignación por la medida adoptada por la Comisión de Derechos y Garantías del PP que, en su opinión, ha sido ―precipitada e indecente. De hecho, se ha tomado para evitar un problema y lo único que va a conseguir es hacerlo más grande‖. El exportavoz parlamentario del PP, que se ha reiterado en mantener su acta de diputado, opina que ya asumió sus responsabilidades políticas cuando dimitió de portavoz y de sus cargos orgánicos en el PP, ―sin estar todavía imputado‖, precisa. ―Pero el acta de diputado no la pienso abandonar. Estoy convencido de mi inocencia. De hecho, nadie, ni el fiscal, me ha acusado de haberme llevado dinero de la cooperación. Detrás de todo esto solo existe una intencionalidad política y mediática de apartarme de la vida pública‖. El veterano político no duda en calificar la decisión del Comité de Derechos y Garantías del PP valenciano como ―arbitraria. Ni siquiera se han molestado en escuchar mi versión. Han aplicado un método predemocrático, fascista‖. Se siente molesto, maltratado, reivindica la libertad de expresión y recuerda las declaraciones de dirigentes del PP que han criticado abiertamente la política de tolerancia cero de Alberto Fabra con la corrupción sin esperar a una decisión

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firme de los tribunales o quienes han puesto en solfa al propio Mariano Rajoy por mantener el actual sistema de financiación autonómico. ―A ninguno de ellos‖, dice, ―se le ha abierto expediente por decir lo que piensan‖. ―Y qué he dicho yo‖, se pregunta un tanto retóricamente, ―recordar que Alberto Fabra estuvo imputado cuando era concejal en Castellón o que Jorge Bellver se encontró en la misma situación procesal y que ello no ha sido obstáculo para que uno sea ahora presidente de la Generalitat y el otro portavoz parlamentario. ¿Acaso es mentira? Me limité a narrar unos hechos, no di ninguna opinión‖. Y qué he dicho yo: recordar que Alberto Fabra estuvo imputado cuando era concejal en Castellón o que Jorge Bellver se encontró en la misma situación procesal" La apariencia de tranquilidad se rompe. El tono de voz se eleva. ―Me han suspendido de militancia para evitar que el grupo parlamentario se pronuncie porque saben que existe una división interna y una parte importante de los diputados no iban a estar a favor de que se me expulsara del grupo. Su decisión es el reconocimiento explícito de la existencia de esa división‖. Y, tras su defenestración, qué opina: ―Que ahora se verá que el problema no es Blasco, sino Fabra. ¿Qué va a hacer con el resto de los imputados que se encuentran en una situación procesal mucho más avanzada que la mía, porque a algunos ya se les ha decretado juicio oral?‖. Y ahí el exportavoz pone encima una de las cuestiones políticas más delicadas en la política valenciana: El liderazgo de Fabra. ―¿Quiere demostrar que es un líder?, qué diga, pues, que va a hacer con el resto de los imputados. Todo esto lo que revela es el grado de degradación política que existe en el PP‖, concluyó. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/22/valencia/1371904883_380476.html?rel=rosEP 18. C.VALENCIANA.FABRA LIQUIDA LA VIDA POLÍTICA DE BLASCO

La comisión de garantías del PP decide suspender cautelarmente de militancia al diputado. La abogacía de la Generalitat pide 11 años de prisión para el exconsejero por el desvío de fondos. ¿Pueden unas respuestas, aparentemente descriptivas, poner fin a toda una vida política? En Valencia, sí. Rafael Blasco, cuarenta años en la vida pública, durante los cuales ha recorrido un espectro político que va desde la lucha antifranquista en el FRAP hasta el PP. Un espacio de tiempo en el que ha ocupado dos consejerías en los gobiernos socialistas de Joan Lerma, cinco más con los populares Eduardo Zaplana y Francisco Camps, más la portavocía del grupo parlamentario del PP con Alberto Fabra. Blasco vio ayer como su margen de maniobra para seguir siendo alguien en la política valenciana se ha reducido prácticamente a la nada.

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La Comisión de Derechos y Garantías regional del PP, sin oír la opinión del afectado, decidió abrirle un expediente disciplinario por ―la comisión de infracciones tipificadas como graves y muy graves‖. ―Adoptar como medida cautelar la suspensión de militancia y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos en el seno del Partido Popular en representación de este a Rafael Blasco‖. Traducción: la dirección del PP pretende que el veterano político deje el grupo parlamentario del que fue portavoz y pase directamente al de los no adscritos sin necesidad de que los diputados del PP se pronuncien sobre un hecho en el que están profundamente divididos. Una maniobra no especialmente sutil, pero que ha permitido al presidente de la Generalitat Valenciana liquidar a uno de sus más talentosos y críticos adversarios internos. Sin embargo, la operación no va a resultar fácil ni cómoda para los partidarios de Fabra que pretenden a toda costa evitar una imagen de división interna. El artículo 27 del reglamento de las Cortes Valencianas establece que ―si la baja fuera por expulsión del grupo parlamentario, deberá acreditarse ante la Mesa de Les Corts que la decisión fue adoptada, al menos, por la mayoría absoluta de los miembros del mismo‖. Aunque la mayoría parlamentaria popular acostumbra a tener una interpretación laxa del reglamento en función de sus intereses, no es probable que los partidarios de Blasco dejen pasar la ocasión de abrir el debate para evidenciar que Fabra no cuenta con el respaldo unánime de todos los diputados del PP. El presidente decide su expulsión tras escucharle en una tertulia política Con los populares cuesta abajo en las encuestas y un partido cada vez más dividido y desorientado, no son pocos los militantes populares que se preguntan qué hace la dirección nacional del PP. La respuesta es: por ahora nada. María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, no desautorizará a la Comisión de Derechos valenciana porque sería tanto como desautorizar a Fabra. En consecuencia, se limitará a dar el visto bueno a lo que se acordó ayer en Valencia y poco más. Los últimos traspiés del presidente de la Generalitat han quebrado la imagen que de él se tenía en Génova. ¿Por qué ahora? Rafael Blasco se encuentra envuelto desde más de un año en un oscuro episodio que investigan los tribunales, el saqueo de los fondos de ayuda al Tercer Mundo que se gestionaban desde la consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la que él era titular. La fiscalía sospecha que fue el responsable de una trama que desvió, presuntamente, ocho millones de los fondos de cooperación. La propia Abogacía de la Generalitat, personada como acusación particular, solicita hasta 11 años de cárcel para el que fuera uno de sus responsables en el Consell. Pese a todo ello, Fabra ha venido difiriendo su decisión. Primero anunció que esperaría a ver qué decía la Abogacía de la Generalitat y cuando esta se pronunció, alargó el plazo a la apertura del juicio oral. No había mucha prisa en pronunciarse sobre el futuro de Blasco. Entre otras cosas porque en presidencia se sabía que una parte nada desdeñable del grupo parlamentario secundaba a su exportavoz. Hay otros ocho imputados y a uno de ellos, la expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, la fiscalía le pide 11 años de cárcel por su implicación, presunta, en el caso Gürtel.

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Ese mismo día se presentó una querella contra Serafín Castellano Pero el pasado miércoles, el exconsejero Blasco acudió a la tertulia El cascabel al gato, de 13TV, una emisora cuyo consejo de administración preside José María Más Millet, a su vez presidente de la Fundación Bancaixa y en la que, según fuentes del propio PP, tiene intereses la familia Cotino. Allí, Rafael Blasco dejó caer tres afirmaciones que sentaron fatal en presidencia de la Generalitat. Recordó que Fabra, durante su época de concejal en Castellón, estuvo imputado, del mismo modo que el actual portavoz parlamentario del PP, Jorge Bellver, en su época de edil del Ayuntamiento de Valencia. Además, reivindicó la figura de Francisco Camps, expresidente de le Generalitat, de quien dijo que no estaba siendo aprovechado. Ese mismo día el Tribunal Superior de Justicia valenciano daba a conocer que una desconocida Asociación contra la Corrupción había presentado una querella contra Serafín Castellano, consejero de Gobernación y secretario general del PP de la Comunidad Valenciana. En la Generalitat están convencidos de que detrás de esta Asociación se encuentra el propio Blasco y el presidente de la Diputación y del PP de Valencia, Alfonso Rus, aliado del primero. No tienen pruebas, pero sí sospechas. Así que Fabra no lo dudó. ¿Fin de trayecto? En un solo día Blasco había puesto en cuestión su liderazgo y uno de sus hombres de confianza había sido denunciado en los tribunales. El proceso contra el veterano político se aceleró. Se convocó para ayer mismo la Comisión de Garantías y se fulminó al exportavoz. Para la oposición todo este calendario solo significa que al presidente valenciano le preocupa más el qué dirán de su figura, un tanto deteriorada tras algún nombramiento reciente, que la lucha contra la corrupción de la que tanto blasona. ¿Cuál puede ser el futuro de Blasco? Todavía es pronto para hacer pronósticos sobre una figura tan controvertida como la del exconsejero. Tiene claro que no piensa renunciar a su acta y su presencia en las Cortes será cualquier cosa menos testimonial. De un político con su ambición, talento y codicia se puede esperar cualquier cosa, al menos eso es lo que se piensa en el PP donde son muchos los que no dan por finiquitada su ya larga trayectoria. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/22/valencia/1371901275_095449.html 19. C.VALENCIANA.LA POLICÍA INVESTIGA LA ETAPA DE BLASCO AL FRENTE DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD La Fiscalía cree que la trama de cooperación afectó a más departamentos La policía judicial se ha personado en los últimos días en la Consejería de Sanidad para entregar citaciones a funcionarios y altos cargos para que testifiquen sobre los contratos adjudicados por el siete veces consejero y diputado autonómico Rafael Blasco —procesado por el presunto desvío de fondos de cooperación— durante su etapa al frente de Sanidad (2006-2007).

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El objeto de la investigación sobre los años de Blasco al frente de Sanidad tiene que ver con las presuntas vinculaciones que podrían existir entre la concesión de contratos en esta etapa —en especial, en el área de informática— y la trama mafiosa que saqueó dinero público destinado al Tercer Mundo. Se ha citado a declarar como testigo al actual secretario autonómico, Manuel Escolano y, al menos, a otras cuatro personas más. Algunas fuentes han trasladado a este diario que la policía ha llegado incluso a recabar contratos concedidos bajo el mandato de Rafael Blasco. En junio de 2007 se concedieron tres concursos especialmente polémicos por un valor conjunto de cinco millones de euros, en un momento en el que Blasco ejercía el cargo de consejero en funciones, y en el que se consideraba muy poco probable que repitiera al frente de la consejería, como finalmente así fue. Estas adjudicaciones se encontraron con la negativa del que, por entonces era el responsable del departamento de informática de la consejería, Alfonso Jiménez. La oposición a avalar estos contratos, que acabó en un enfrentamiento abierto con Blasco, derivó en la salida de Jiménez, que fue sustituido por uno de los personajes clave de la presunta agrupación mafiosa responsable del fraude en los fondos de cooperación: Marc Llinares, que se encuentra imputado junto al propio Blasco. Ya con Llinares al frente de informática se firmaron los contratos. Meses antes, trascendió una reunión en la Consejería de Sanidad entre Rafael Blasco y Augusto César Tauroni, presunto cerebro de la trama de cooperación junto al propio Blasco. Tauroni es el único encarcelado por el caso y ha sido adjudicatario de contratos otorgados por consejerías por las que pasó Blasco. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la práctica de obtener subvenciones y concursos públicos utilizando entramados empresariales como los que que se empleó para defraudar fondos de cooperación se extendió a lo largo de la trayectoria política de Blasco por las diversas consejerías que dirigió desde 1999. Siempre, en colaboración con Tauroni. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/19/valencia/1371673031_824881.html 20. C.VALENCIANA.LUBASA CONECTA LA NUEVA DENUNCIA CONTRA RICARDO COSTA CON EL „CASO GÜRTEL‟

Una persona que estuvo vinculada a la constructora acusó al 'ex número dos' del PP valenciano Los hechos, que el TSJ estudia si investiga, serían constitutivos del delito de financiación ilegal La nueva denuncia contra Ricardo Costa, diputado autonómico y ex número dos del PP valenciano, por otro supuesto delito de financiación ilegal fue formulada por una persona que estuvo vinculada a la constructora Lubasa, según confirman fuentes jurídicas.

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Según la denuncia, cuya admisión a trámite debe decidir ahora el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano Juan Climent, Costa habría aceptado dinero de forma irregular, cometiendo con ello un delito electoral (nombre técnico de la financiación ilegal). Costa ya está imputado en el Tribunal Superior dentro del caso Gürtel por supuesto delito electoral y falsedad documental en las campañas electorales realizadas por el PP valenciano en los años 2007 y 2008. Los fondos irregulares habrían sido aportados en esos casos por ocho empresas de la construcción y de obra civil, receptoras a su vez de millonarias adjudicaciones por parte de la Generalitat valenciana. Una de ellas fue también, según abundantes indicios, Lubasa. La coincidencia de uno de los imputados, de una de las empresas investigadas y de un mismo delito presuntamente cometido pueden conducir a la acumulación de las nuevas pesquisas dentro del caso Gürtel. Junto a Ricardo Costa están imputados por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el exvicesecretario general del PP David Serra, la extesorera Yolanda Ibáñez, la exgerente, Carmen Ibáñez y numerosos empresarios, aparte de los cabecillas de Gürtel. No se encuentra entre ellos, en cambio, el expresidente valenciano Francisco Camps, a pesar de que presidía el PP regional por entonces. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/20/valencia/1371755089_123405.html 21. C.VALENCIANA.LA OPOSICIÓN RECLAMA A FABRA QUE TOME MEDIDAS CONTRA LOS TRES DIPUTADOS

Los socialistas preguntan al presidente si va a aplicar el mismo rasero anunciado para Blasco La oposición reclama al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, medidas contras los tres diputados autonómicos que han quedado a un paso del banquillo tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano de rechazar los recursos contra sus procesamientos por haber amañado supuestamente concursos públicos a favor de Orange Market, la sucursal en Valencia de la trama Gürtel. Se trata de Vicente Rambla, expresidente de la Generalitat, Milagrosa Martínez, expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsejera, y Angélica Such, también exconsejera. Ana Barceló, presidenta del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas subrayó que Fabra "se comprometió a expulsar del PP al diputado Rafael Blasco si finalmente se abría juicio oral contra él por el denominado caso Cooperación", en el que se investiga el supuesto desvío de ayudas al Tercer Mundo, e inquirió "si hará lo mismo con estos tres diputados si de igual forma se enfrentan a la apertura de juicio oral". Los ciudadanos "quieren saber si existe diferencia entre unos diputados y otros y dónde están sus líneas rojas", añadió Barceló.

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La diputada destacó la contradicción de que Fabra y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "intentaban que no se les fotografiara" el lunes con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el acto por la llegada del AVE a la ciudad, por estar imputada en el caso Brugal, mientras que no parece tener problema en ser retratado en las Cortes con los nueve parlamentarios (incluida Castedo) inmersos en casos de corrupción. El portavoz de Compromís, Enric Morera, reclamó a Fabra que aplique el código ético del PP "para evitar ver diputados votando y, después, declarando en un tribunal". "Hace falta que los implicados se dejan de hacer teatro y explican toda la verdad, añadió Morera. El diputado consideró que el "el pueblo valenciano no se merece el descrédito de las instituciones y que cada día tengamos nuevos casos de altos cargos de la administración, de exconsellers, que acuden a los tribunales". El diputado de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, ha puesto el dedo en la llaga de otra de las piezas del caso Gürtel abiertas en el Tribunal Superior. "De todos los viajes del pontífice, el único que ha acabado en los tribunales es el que organizaron (el expresidente Francisco) Camps, (el presidente de las Cortes Valencianas Juan) Cotino y (el anterior arzobispo de Valencia Agustín) García Gascó", ha afirmado Blasco que ha agregado: "Queremos saber cuánto se ha gastado exactamente en la visita del papa, porque hasta ahora las cifras bailan alrededor de los 15 millones de euros". http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/19/valencia/1371643740_055774.html 22. C.VALENCIANA.EL TRIBUNAL SUPERIOR REGISTRA UNA QUERELLA CONTRA EL CONSEJERO DE GOBERNACIÓN La denuncia ha sido formulada contra Castellano, su mujer y dos personas más Se le atribuyen distintos delitos por supuestas irregularidades en adjudicaciones El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha informado este miércoles de que ha registrado una denuncia formulada contra Serafín Castellano, consejero de Gobiernación, diputado en las Cortes Valencianas y secretario general del PP de la Comunidad Valenciana por supuestas irregularidades en adjudicaciones. El TSJ ha indicado que la denuncia, formulada por la Asociación Valenciana contra la Corrupción, se dirige contra Castellano, su mujer y otras dos personas. En el escrito se atribuyen a los querellados los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, negociación prohibida y abuso de posición. La querella ha sido registrada y turnada entre los magistrados de la Sala Civil y Penal, que deberán decidir ahora si abren una investigación al respecto o la archivan.

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La denuncia está relacionada con otra polémica en la que Castellano estuvo envuelto por haber adjudicado diversas obras a la empresa Construcciones Taroncher, de cuyos administradores era amigo, desde tres consejerías distintas durante la pasada década. "Yo no he beneficiado a esa empresa. Tendría conflicto de intereses si le hubiera dado grandes adjudicaciones", dijo en 2009 Castellano, reduciendo las adjudicaciones a contratos menores. La esposa de Castellano tenía, además, una propiedad compartida con una de las propietarias de Construcciones Taroncher. Castellano, en declaraciones a Europa Press este miércoles, ha asegurado desconocer el contenido de la denuncia y ha adelantado su "total" y "absoluta" disposición a colaborar con los jueces. El PP tiene a nueve diputados imputados en su grupo de las Cortes Valencianas, y hay bastantes posibilidades de que el número se eleve a 11 una vez que el TSJ, que concentra las causas contra aforados, asuma la parte del caso Nóos que afecta a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente de la Generalitat Francisco Camps. En los últimos meses se han producido nuevas denuncias cuyo recorrido está por ver. Es el caso de la remitida al Tribunal Superior por un juzgado de Valencia contra Ricardo Costa, en la se atribuye al ex número dos del PP valenciano un nuevo delito electoral por haber aceptado, según la denuncia, dinero de forma irregular. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/19/valencia/1371662093_570944.html 23. C.VALENCIANA.EL CASO DEL „MISTERIOSO ASCENSO‟ DE LA PRIMA DE GONZÁLEZ PONS EN UNA EMPRESA PÚBLICA EN VALENCIA

Patricia Stuyck Pons pasa de tener un contrato nulo a otro indefinido en una empresa investigada por corrupción... después de realizar informes favorables sobre sus dirigentes Se llama Patricia Stuyck Pons.., y es la prima hermana de Esteban González Pons. Hasta hace un tiempo ocupaba un puesto ‗fantasma‘, el de ‗directora del área de Régimen Jurídico y Genstión Administrativa‘, en una empresa pública, Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR). Un puesto que simplemente no existía en el organigrama, es decir, que era ‗nulo‘. Pero la prima del dirigente ‗popular‘ ya puede estar tranquila, no sólo su trabajo ya no peligra, sino que además…, lo han ―consolidado y legalizado‖ y lo han convertido en indefinido. Aguas nada limpias en las depuradoras ¿Cómo se ha producido este ‗misterioso ascenso‘? Según apunta a ELPLURAL.COM la diputada del PSPV, Carmen Martínez, en el asunto tiene mucho que ver que Patricia Stuyck es de segundo apellido Pons…, y también que elaboró y firmó desde su puesto en Epsar ―numerosos informes remitidos al juzgado que investiga el caso Emarsa‖, la empresa que controla las depuradoras de aguas de la Comunidad, entre ellas la de Pinedo, es decir la depuradora que surte de aguas potables a la ciudad de Valencia, y sobre cuya construcción y gestión hay abierto un proceso judicial por sospechas de

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corrupción. Sobre las investigaciones judiciales de este caso les hemos venido informando en ELPLURAL.COM en los últimos meses. En los informes de Patricia Stuyck, según la diputada socialista, se ―justifica la labor realizada por Emarsa bajo la gerencia de José Juan Morenilla y con Ignacio Bernácer como jefe de explotaciones‖, estos dos hombres, aunque no los únicos imputados, considerados en las investigaciones cabecillas del presunto desfalco de 40 millones de euros en la construcción de la depuradora de Pinedo. Un cargo que no existía…, pasa a ser indefinido ―Nosotros veníamos advirtiendo desde 2009 -ha declarado la diputada socialista a este periódico- que el puesto que ocupa Patricia Stuyck Pons no estaba ni autorizado ni justificado, y que eso lo demostraban varios escritos de la propia Dirección General de Presupuestos de la Generalitat‖. A pesar de eso, desde su cargo, como decimos, la prima de González Pons era la persona que tenía que contestar a los informes que le pedía el juez a Epsar para contrastar con los datos que pasaba la empresa investigada, Emarsa. Hoy, la diputada socialista se ha preguntado en público, y después para ELPLURAL.COM, por las razones que han llevado al vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, a convertir en indefinido un puesto de trabajo ―ni autorizado ni justificado‖ en los presupuestos, mucho más cuando existen informes contrarios de la Auditoría, y ―en estos momentos en los que en esa empresa, Epsar, se está despidiendo a otros trabajadores con un historial limpio y décadas de trabajo a sus espaldas, mientras se favorece a los más leales y que siguen la táctica del secretismo y la opacidad‖. ―Mucho más -remata la diputada- si son primos de un alto cargo del PP, algo que en todas partes tiene ‗su peso‘, pero aquí en Valencia, aún más‖. http://www.elplural.com/2013/06/19/el-caso-del-misterioso-ascenso-de-la-prima-de-gonzalez-pons-en-una-empresa-publica-en-valencia/