Colegio Profesional de Asistentes Sociales de la

Provincia de Santa Fe

Ley 7754/75. Primera Circunscripción

Miembro de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales en Trabajo Social

o Servicio Social

Lic. Carina Belletti

Lic. Patricia Chialvo

Lic. Jorgelina Gandini

Lic. Fernando Reyero

Lic. Claudia Coria

A.S. Silvina Bolcatto y A.S. Margarita Cascio

A.S. Evangelina Maina

Lic. Ana Laura Huinca

Lic. Maricel Salera

Lic. Carla WagnerLic. Verónica Asoli

La Casa del Calendario

Primera Junta 2507 - Piso 2 Oficina 7 C.P. 3000 Santa Fe

Tel./Fax: 0342 4540719E-mail:

DIRECTORIO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA GENERAL

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PRO SECRETARIA DE HACIENDALic. Silvina Córdoba

SEC. DE RELACIONES PÚBLICAS

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RESPONSABLE ASUNTOS LABORALES

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PRODUCCION GENERAL:

RESPONSABLE EDITORIAL:

IMPRENTA:

Comunicación y Boletín Mensual

Lic. Jorgelina Gandini

Tec. Sup. Luciana MuñozREDACCIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

colegiots@arnet.com.ar.

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Índice Editorial 3

La baja en la edad para la imputabilidad

del delito… ¿es la solución? 4

Repudio a los embates a la Carretera de

TS en Corrientes 7

V Jornadas de Investigación en TS 8

Bolsa de Trabajo 9

El debate que nos debemos 10

Bienvenidas / Sorteo de Libros / Biblioteca

del Colegio 14

Congreso Nacional de Trabajo Social

Misiones 2009 Los Colegios que componen la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social y la Comisión organizadora del XXV Congreso Nacional de Trabajo Social decidieron la postergación del mismo, por la situación sanitaria que vive nuestro país. En la próxima reunión de la Junta de Gobierno de FAAPSS se resolverá la nueva fecha de realización de dicho evento. Para más información ingresá a: www.coprossmi.com.ar

Solo con una ardiente paciencia

conquistaremos la ciudad que dará luz,

justicia y dignidad a todos los hombres .Así

la poesía no habrá cantado en vano

Pablo Neruda

La profesión de Trabajo Social se ha resignificado notablemente en las últimas décadas. Muchos cambios operaron desde la creación de las primeras escuelas de formación en la década del '30 hasta nuestros días.

El TS ha sido considerado histórica-mente desde las distintas disciplinas, y a nivel político, como un personal disponible para tareas de diversa índo-le, pasando a ocupar diversos roles asignados por las diferentes coyunturas políticas y económicas.

Es así como, desde diferentes espacios ocupados por colegas tanto en el ámbito público como en el privado, en espacios académicos y en ONG, la lucha por redefinir el rol del TS, la contienda para obtener un mejor espacio dentro de cada institución, bus-cando obtener mayor autonomía y un mejor status, ha encontrado sus frutos.

El Colegio Profesional tiene como funciones primarias el control del ejercicio desde lo normativo y lo ético. También debe velar por la no invasión de incumbencias profesionales y los espacios de los colegas. En este sentido, el Colegio de Santa Fe viene desarro-llando acciones, en consonancia con lineamientos político-institucionales, acompañando demandas de colegas de diferentes ámbitos. Asimismo, consi-deramos que el Colegio debe ser entendido como ámbito de discusión política, dando cuenta de una toma de posición crítica respecto de temas de interés social y profesional. La tarea de los Asistentes Sociales

El Trabajo Social esta capacitado para reconocer que la intervención profesio-nal esta constitutivamente ligada a la identificación, investigación y abordaje

de problemáticas sociales (atravesadas por situaciones de exclusión, pobreza, miseria, violencia, discriminación, injusticia, desigualdad) a su incorpo-ración a la agenda pública, a la generación y formulación de políticas sociales, a su implementación, evalua-ción y reformulación, en pos del ejercicio pleno de los derechos huma-nos, hoy amenazados y cercenados por los efectos del proceso de transforma-ción y acumulación capitalista.

La categoría trabajo atraviesa nuestro ejercicio profesional. Somos asalariados que debemos ingresar en una relación de compra venta de nuestra capacidad de trabajo.

Es fundamental reconocer que estamos atravesando una crisis profunda en el plano laboral, donde nos vemos expuestos a situaciones de precariedad, y a una alta competencia profesional. Esto se evidencia en la falta de identidad, naturaleza, objetivos concretos, que hoy asumen determina-dos espacios institucionales, tanto públicos como privados que homolo-gan distintas profesiones como equiva-lentes en tanto quehacer profesional.

El Estado es el primero en reproducir el trabajo en negro, en tanto no considera la condición de asalariado y sigue proponiendo innumerables for-mas de contratación: pasantías, becas, contratos de locación de servicios, intervalos de ocupación precaria, hasta voluntariados, donde el oferente no asume las responsabilidades jurídico-laborales que les corresponde. El momento que vivimos es un momento de desafíos. Hoy como nunca es preciso tener coraje para enfrentar el presente. Es preciso resistir y soñar. Es necesario alimentar los sueños y concretarlos día a día, teniendo como horizonte nuevos tiempos más huma-nos, más justos y más solidarios.

La baja en la edad para la

imputabilidad del delito…

¿es la solución? El Directorio del CPAS desea compartir algunos conceptos sobre

este tema que ha ocupado la primera plana de los medios de

comunicación de nuestro país, y reflejan la postura de sus

integrantes.

La problemática de la inseguri-dad aparece hoy en el debate público, con una virulencia y, mu-chas veces, estereotipación de las posturas en los actores sociales, que da cuenta de un síntoma cada vez más recurrente en el espacio social: la imposibilidad de escuchar, y realizar análisis desde una lectura global de la realidad.

Y como otros temas, refleja la banalización de la cuestión social que caracteriza al debate público actual: todo es real si aparece en los medios, y como en otros tantos temas, son los medios masivos, quienes construyen un imaginario en relación a este tema.

Es necesario ser responsables en las opiniones, y la seriedad se construye desde categorías teóricas que me permitan “leer” esa realidad.

El sistema penal opera a partir de generar grandes mitos, que logra instalar en la opinión pública. Cada vez que se discute el tema de la inseguridad aparece la elemental y hueca muletilla "los que entran por una puerta y salen por la otra", de la que son responsables la famosa "doña Rosa"-esforzada sostenedora de la vergüenza ajena- y algunos otros (Matilde Bruera, Profesora de Derecho Penal de la UNR)

Como Trabajadores Sociales, sostenemos que la cuestión de la seguridad (y aquí no hablamos de inseguridad que constituye su acepción en término de problema) es compleja, multicausal, y que por lo tanto, no es producto solamente de una causa, y su tratamiento requiere de la implementación de políticas reales de estado (no sólo en enunciados e intenciones) que atraviesen las dimensiones de lo social (lo político, lo económico, lo jurídico, lo cultural).

El problema de la

seguridad es consecuencia de

una sociedad excluyente, que

no ofrece posibilidades reales

de ejercicio de ciudadanía

para todos Y consideramos que el problema

de la seguridad es consecuencia de una sociedad excluyente, que no ofrece posibilidades reales de ejerci-cio de ciudadanía para todos. Este es un primer y necesario análisis desde la dimensión social: la ausen-cia de trabajo, vivienda, educación, atención de su salud para grande

mayorías de la población, es el caldo de cultivo que genera las situaciones de violencia cotidiana.

En grandes sectores sociales donde la propia vida no tiene valor (y esto no es una sensación, sino una realidad que se instaló desde tres décadas atrás), es muy difícil pensar que la vida de los otros lo tenga. Con esto no queremos decir simplistamente que “todos los pobres son violentos y delincuentes”, sino que la pobreza estructural es la mayor responsable de construir sujetos que no se sientan parte del tejido social, y por ende, no puedan respetar normas legales que son necesarias para un vivir socialmente.

Es necesaria una acción

con ese joven, pero esta debe

articularse desde medidas

socioeducativas, donde él

mismo repiense sus conductas

transgresoras, y construya un

proyecto de vida diferenciado A nivel normativo, y sin preten-

der un análisis jurídico que nuestra especificidad no nos permite, consi-deramos que existen por lo tanto otros derechos fundamentales que no están ejercidos por todos, los derechos sociales, que tienen rango constitucional. Y esto no es un tema menor. Los derechos sociales son los que posibilitan a los sujetos construir proyectos de vida saluda-bles, son los que garantizan que todos/as tengan acceso a los bienes socialmente creados. Y es el Esta-do, como ordenador de la vida pública, quien debe generar disposi-tivos para un ejercicio adecuado de los mismos.

Decimos que es necesaria la pena de muerte, como si no han sido ya condenados a una muerte social desde el momento mismo de su nacimiento al no poder educarse, no poder cuidar de su salud, no tener una vivienda digna. Los condenamos cotidianamente cuan-do renunciamos a que otra sociedad es posible, cuando asistimos como espectadores pasivos al desmante-lamiento de los organismos del Estado que deben ofrecer políticas compensatorias para aquellas personas que por su situación de vulnerabilidad, no pueden resolver por sí solas sus necesidades más elementales.

Esto refleja crudamente (el pedir penas más duras), nuestro fracaso como colectivo, nos interpela, nos cuestiona el haber abandonado valores de justicia, cambiándolos por reclamos de sociedades de control social, por sociedades peni-tenciarias. Y donde esto adquiere un reflejo más brutal es en relación a las políticas de infancia, o mejor dicho, a la inexistencia de políticas de infancia tomadas como políticas de Estado.

Centralizando nuestro análisis, en relación a la Justicia de Menores, se ha instalado un fuerte debate vin-culado a bajar la edad de punibili-

dad, queriendo por lo tanto someter a los jóvenes menores de 16 años a proceso penales, con la aplicación por lo tanto de medida punitivas y que pongan el eje en lo sancionato-rio, y no en lo proteccional.

Desde nuestra experiencia como colectivo profesional en relación al trabajo con infancia, consideramos que esto es un error, que un avance en penalizar los conflictos sociales no es otra cosa que “atacar” el síntoma y no la causa.

El límite en la edad de punibili-dad, encuentra su fundamento en considerar que los adolescentes son sujetos en formación, que deman-dan de políticas de atención y protección, ya que no pueden comprender, (en el sentido general del término), las consecuencias de sus acciones.

No queremos decir que no es necesaria una acción con ese joven, pero esta debe articularse desde medidas socioeducativas, donde él mismo repiense sus conductas transgresoras, y construya con otros elementos, un proyecto de vida diferenciado. Es sostener que la reparación del daño causado, y la responsabilidad asumida por el mismo, debe darse en el marco de un dispositivo de atención que posibilite a ese sujeto en formación, un cambio en sus patrones de vinculación y de relación social, en el marco de una política inclusiva.

Por último, queremos señalar que estamos asistiendo como socie-dad a discursos contradictorios, y muchas veces, estereotipados. Construimos socialmente dos pos-turas en relación a la Infancia: con los jóvenes incluidos, sancionamos políticas proteccionales (escolaridad secundaria obligatoria, entre otras), y con los “menores” (es decir, sujetos que nunca los hemos admi-tido como niños), los condenamos sólo a políticas de encierro.

Esto muestra claramente una postura peligrosa. Avanzar en el no respeto a garantías constitucionales (la no pena de muerte, Protección de los derechos de la Niñez y Adolescencia), por problemáticas coyunturales, es abrir la puerta a que luego, por otros problemas no abordados estructuralmente, se cercioren otros derechos.

Una sociedad que renuncia a proteger a sus miembros más débiles, que no respeta sus dere-chos fundamentales, es una socie-dad condenada a la desintegración.

Repudio a los embates a la Carrera de Trabajo Social en Corrientes

Documento de la Lic. Laura Acotto, presidente de la Federación

Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social.

La FAAPSS, que nuclea en su seno a los Colegios, y Asociaciones Profesionales de todo el País, repudia los eventos desarrollados contra los colegas docentes que están siendo perseguidos y han sufrido graves consecuencias en su desempeño laboral, por haber defendido una formación adecuada para una carrera de interés publico. Disciplina profesional que entre otros impactos incide en la vida y desarrollo de las familias y comuni-dades; que tiene intervención di-recta en transformaciones sociales y organizacionales de todo tipo de instituciones públicas y privadas de las áreas de salud, educación, an-cianidad, vivienda, desarrollo local, participación ciudadana, niñez y adolescencia, organizaciones socia-les; que desarrolla programas y proyectos sociales de vital impor-tancia, no sólo para favorecer a las poblaciones menos favorecidas, sino como fuerte proveedor de contención social y justicia efectiva desde la perspectiva de su cons-tante trabajo para efectivizar los derechos humanos.

Una vez más las arbitrariedades de autoridades que deciden dismi-nuir y retrotraer el avance de la formación académica profesional, toman como objetivo intentar de-preciar el Trabajo Social, como si ya no existieran suficientes carreras técnicas vinculadas a lo social, de dudosa consistencia curricular, pro-ducto del proceso de mercantiliza-

ción de la educación que se inició en los noventa y hoy continúa.

Adherimos a los reclamos del colectivo profesional de Corrientes y pedimos junto a ellos por: * La derogación de la Resolución 347/09 (que transforma la carrera en tecnicatura y a término) * La anulación de los decretos 707 y 709/09 (por los cuales nos suma-rian y nos trasladan como castigo) * La aprobación del proyecto de ley que presentamos para un nuevo encuadre legal de la carga horaria, alcance nacional, título de grado.

Si bien en varias provincias se han desarrollado este tipo de embates, Corrientes es la única que no cuenta con una ley de Colegia-ción que le de status legal a la profesión y garantice algunas con-diciones de protección. Estas medidas condenan a los futuros colegas que se reciban en este tipo de carreras a no poder ejercer su profesión fuera de las fronteras de sus provincias, dado que hoy en la mayoría de los territorios provincia-les, la matriculación obligatoria se desarrolla para carreras de nivel universitario, siguiendo una tenden-cia creciente: el incremento de la calidad en la formación, expresada en aumento de horas de formación, en reformas curriculares y en producción de conocimiento.

. El Colegio de Santa Fe adhiere al

repudio expresado por FAAPS.

Como política institucional la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos invita bianualmente a compartir, debatir y visibilizar en las Jornadas las distintas prácticas investigativas que se realizan en los medios académicos, organizacionales y profesionales en el contexto latinoamericano.

En esta ocasión la cita tiene como tema de convocatoria: “Producción de conocimiento y agendas públicas. Problemas, encrucijadas y alternativas”.

Las V Jornadas de Investigación en Trabajo Social tendrán lugar en la Facultad de Trabajo Social los días jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de noviem-bre de 2009.

� Ejes centrales:

1. Intelectuales y Compromiso Público. 2. Producción de Conocimiento y Formación Profesional. 3. Políticas Sociales. Supuestos Políticos, Teóricos y Metodológicos. 4. Problemáticas Sociales Contemporáneas. 5. Prácticas Profesionales

� Panelistas confirmados * Saúl Karsz (Argentina - Francia) * Susana Mallo (Uruguay) * María Eugenia Bersezio (Chile) * Ivette Simonetto (Brasil) * Estela García (Paraguay) * Ana Arias (UBA, Argentina) * Claudia Danani (UNGS, Argentina)

� Modalidad Las jornadas se desarrollarán a través de Conferencias, Paneles y Mesas de Ponencias, que abordarán los ejes centrales.

� Inscripciones Expositores: $ 100 Participantes: $ 50 Participantes Graduados FTS: $ 40 Alumnos: $ 25 Facultad de Trabajo Social Universidad Nacional de Entre Ríos Secretaría de Extensión e Investigación Dirección: Rioja 6. - Paraná. Entre Ríos. Argentina Tel/Fax.: (343) 4310189 (int. 25) investigación@fts.uner.edu.ar

Más info a un click: .

www.fts.uner.edu.ar

Bolsa de Trabajo - Datos para CV

La Subcomisión de Asuntos Laborales reitera la convocatoria

a presentar su CV para ser parte de la Bolsa de Trabajo.

Solicitamos a los interesados que se ajusten al formato de CV que a continuación se transcribe, de manera tal de permitir contar con los datos necesarios y una mayor agilidad en la sistematización de los datos.

Se recuerda a quienes deseen formar parte de esta base de datos, que ésta se renueva cada seis meses. Una vez transcurrido ese tiempo, si el CV no es actualizado, es decir, enviado nuevamente, el Directorio considerará desestimada su participación en dicha base.

Formato (enviar en soporte digital)

- Carta de Intención Especificar: Área en la que busca desempeñarse:

Disponibilidad horaria:

Sueldo pretendido:

• Datos Personales Nombres y Apellido:

DNI:

Nro. de Matrícula:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:

Teléfono:

Dirección de correo electrónico:

• Datos Laborales Lugar de trabajo: Dependencia: Nacional - Municipal - Provincial – ONG – Privado - Otros

Situación y vigencia del contrato: Fecha de finalización: Opciones: Pasantía - Beca - Contrato Monotributista - Personal de planta Remunerado: SI - NO

• Experiencia Profesional (Marcar solo las dos más importantes y aclarar tiempo de experiencia en el mismo)

Salud (pública o privada):

Derechos Humanos:

Salud mental:

Formación laboral:

Niñez y adolescencia:

Educación:

Adicciones:

Justicia:

Violencia Familiar:

Gestión Ambiental:

Discapacidad:

Mediación:

Sistema provisional:

Vivienda:

Emergencias:

Ancianidad/Gerontología:

Acción social:

Municipios y Comunas:

Programas Nacionales:

ONG/OSC:

Empresas privadas:

Familia:

Servicio Penitenciario:

Docencia e investigación:

Otros (especificar):

• Principales Cursos Realizados De actualización:

Especializaciones:

Perfeccionamiento:

Posgrados:

Otros (especificar):

El debate que como sociedad nos debemos

FAAPSS emitió un documento en relación a la vinculación

entre la inseguridad y los niños en conflicto con la Ley Penal. El

mismo se realizó con material enviado por los Colegios de Santa

Fe y Buenos Aires.

La situación de inseguridad y su vinculación con la infancia que se encuentra en conflicto con la Ley Penal en Argentina, ha tomado en las últimas semanas, una dimensión acotada a la discusión de la baja o no de la edad de imputabilidad. Hoy en el debate público, aparece con una virulencia y, muchas veces, estereotipación de las posturas en los actores sociales, que da cuenta de un síntoma cada vez más recu-rrente en el espacio social: la impo-sibilidad de escuchar, y realizar el análisis desde una lectura global de la realidad.

Debatir sobre la responsabilidad penal de niños, niñas y adolescen-tes requiere adentrarnos en profun-dizar en una multiplicidad de dimensiones, entre ellas podemos destacar:

*Desde el marco jurídico: analizar cabalmente la evolución que han seguido en la acción concreta la legislación vigente que enmarca la atención de la infancia, incluyendo aquí la diversidad de leyes que nuestro país ha consagrado desde 1989 que claramente apuestan al marco de protección integral, consa-grado en la Ley 26.061 y la Consti-tución Nacional, marco jurídico que claramente entra en contradicción con el marco vigente en legislación penal juvenil. No existen en nuestro país instituciones que aborden la problemática enmarcada en los

pactos y acuerdos internacionales que Argentina consagra constitucio-

nalmente, la Convención Internacio-nal de los Derechos del Niño, las directrices de RIAD, las reglas de Beijing. Las actuales “cárceles” para niños reproducen el sistema de “prisión” para adultos, un poco más atemperado. También adolecemos de una legislación de responsabili-dad juvenil que incluya estos tópicos y efectivicen un Sistema de Respon-sabilidad Penal Juvenil adecuado al marco constitucional nacional.

*Desde el marco ejecutivo: anali-zar la acertividad de las actuales políticas públicas en el abordaje de la pobreza. Tomando como base las cifras oficiales publicadas en el Tercer Informe Periódico de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Informe Oficial de la República Argentina para la

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ONU), Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Ministerio

de Desarrollo Social de la Nación)

se asigna en políticas públicas en 2006, $1.079,8 al año por niño, un total de 13.214 millones, según fuente Dirección de Análisis de Gas-to Público y Programas Sociales Mi-nisterio de Economía y Producción.

Si bien este presupuesto es enriquecido por el resto de las políticas públicas de áreas tales como Educación, Salud, Seguridad, todavía hoy lidiamos con una políti-ca pública, que aunque ha amplian-do sus horizontes, no ha podido su-perar el retraso y desmantelamiento que ha protagonizado en los 90 y que aún hoy nos hace ir a la cola de los problemas, en lugar de ser oportunos en las respuestas.

Hoy requerimos de una política pública impulsada a desarrollar es-fuerzos de reorientación de recursos económicos que hoy seguimos des-tinando a políticas focalizadas para que integren un sistema de apoyo económico con carácter universal y constante para los niños.

“La privación de libertad no debe y no puede ser el único mecanismo que la sociedad apoye para el tratamiento de la infancia en conflicto”

*Desde la dimensión real de la magnitud del problema de la infancia que se encuentra en conflicto con la Ley Penal, involucra que hablar de inseguridad en cuestiones de infancia es no sólo hablar de niños que están en conflicto con la Ley Penal, dado en términos reales, solo abarca una

ínfima parte del conflicto. Los niños que en Argentina cometen delitos representan menos del 6% del total y de los 19.579 niños que están internados en institutos, según un informe oficial, elaborado por la Se-cretaría de Derechos Humanos de la Nación, 2.526 están internados por causas asistenciales. Debatir asimismo acerca de la criminaliza-ción de la pobreza, los que trabaja-mos en infancia podemos dar cuenta de las condiciones socioeco-nómicas de los niños que han ingresado al sistema penal juvenil, nos encontramos que los institutos de menores tienen prácticamente un 100% de población de sectores socioeconómicos bajos, ya que los niños y adolescentes de clases me-dias y altas no ingresan al sistema.

Todos estos análisis no implican que no debamos realizar acciones de responsabilidad penal juvenil, para los casos que lo amerite, si que la privación de libertad no debe y no puede ser el único mecanismo que la sociedad en general apoye para el tratamiento de la infancia en conflicto, sino que dicho debate necesariamente debe incluir todas las dimensiones del fenómeno.

Pero así mismo implica que podamos dar cuenta de que culpa-bilizar a los niños, niñas y adoles-centes que cometen infracción a la Ley Penal, como uno de los princi-pales responsables de la situación de inseguridad que vive nuestra sociedad, es de una gran irrespon-sabilidad por parte de los adultos, quienes deberíamos por el principio de la co-responsabilidad haberles garantizado respuestas a las múlti-ples inseguridades en que la infan-cia pobre de nuestro país desarrolla su cotidianeidad.

Los datos en Argentina indican que un porcentaje significativos de niños (entendiendo por niño como expresa la CIDN, chicos menores de 18 años), viven en la inseguri-dad, subsisten en condiciones de “inseguridad” alimentaria, “inseguri-dad jurídica”, “inseguridad educacio-nal”, “inseguridad sanitaria”, etc.”, por la inaccesibilidad a la satisfac-ción efectiva de sus derechos y esto implica no sólo que no satisfacen su derecho a ser ciudadanos plenos, sino que por el contrario acceden “plenamente” a ser mal nutridos, desnutridos, excluidos de la escue-la, pobres, paupérrimos, enfermos agudos y crónicos que padecen enfermedades fácilmente evitables (si viviesen en otras condiciones), alteraciones en la emocionabilidad, todo ello producto del desamparo a que esta sociedad los somete a condiciones de inseguridad constante.

Esta apreciación no hace más que reforzar mecanismos societales que no posibilitan un análisis profundo del fenómeno y nos aleja abismalmente de la estructuración de respuestas que impacten signifi-cativamente en algún atisbo de solución.

Hablar a la “ligera”, léase sin el desarrollo de opinión fundamentada y documentada, tanto teórica como empíricamente, contribuye no desde la generación de partes que impac-ten positivamente en el tratamiento de conflicto, sino por el contrario provoca un reforzamiento de acciones de carácter punitivo y represivo, que siempre son el después de una situación de inseguridad, nunca el antes, nunca lo preventivo.

Una sociedad que no puedo visualizar las condiciones en que desarrollan su existencia los niños de los sectores dejados al margen

de la distribución de la riqueza, que culpabiliza a los pobres por su condición, que culpabiliza al niño por las consecuencias que hoy hace carne en si y que claramente han

sido producto del desamparo y abandono que esta misma sociedad le proporciono, claramente no esta ni cerca de seguir un camino positi-vo para la resolución del problema de la niñez y el conflicto con la ley penal.

Mientras los adultos de esta Sociedad, que somos “coresponsa-bles” de la efectivización de los derechos de los niños, en diferentes grados (primero la familia, luego el Estado, luego la comunidad y por último, cada sujeto adulto de esta sociedad) sigamos utilizando nues-tro tiempo y recursos para desarro-llar respuestas de neto corte represivo y/o “auto aislante”, esta-remos solo apostando a los efectos y alejándonos abismalmente de dedicar capacidad, recursos y tiem-pos a atacar las causas del origen del delito.

La escasa formación que como sociedad nos damos para resolver los conflictos de manera pacífica, buscar las causas generadoras del aumento del delito, la distribución injusta de la riqueza, la fragmenta-ción social, la desmantelación del Estado garante, las políticas corto-

placistas, los mecanismos para construir políticas estructurales de corte universal, se han transformado en un mecanismo deficiente para enfrentar la cuestión del delito adolescente.

Algunos interrogantes son nece-sarios abordar, para avanzar hacia algún grado de propuestas alternati-vas y alterativas a la mera baja de imputabilidad: ¿hasta qué edad se-guiremos bajando la imputabilidad?, ¿hasta cuándo retrasaremos el tratamiento de una ley de responsa-bilidad juvenil por un parche de edades? ¿Hasta cuándo seguire-mos alojando a niños en cárceles que irrespetan todas las normas jurídicas internacionales que Argen-tina consagró en su Constitución Nacional hace más de 14 años? Justo la edad que hoy tienen los niños que queremos como sociedad confinar a la reclusión. ¿Qué hubiera pasado si esos 14 años los hubiéramos utilizado para proteger-los integralmente?, como consagran las leyes de nuestro país que hoy proponemos violar para resguardar a los adultos que no nos hicimos cargo.

“La privación de libertad no debe y no puede ser el único mecanismo que la sociedad apoye para el tratamiento de la infancia en conflicto”

Si ante la asunción de conductas

de riesgo (comisión de un delito) reforzamos sólo medidas de encierro, y no generamos acciones

polivalentes, que tengan en cuenta la subjetividad y la historia de exclusión, “contenemos” transitoria-mente el problema, pero renuncia-mos a su solución. Esto debe articularse desde medidas socioe-ducativas, donde el mismo repiense sus conductas transgresoras, y construya con otros elementos, un proyecto de vida diferenciado. Es sostener que la reparación del daño causado, y la responsabilidad asumida por el mismo, deben darse en el marco de un dispositivo de atención que posibilite a ese sujeto en formación, un cambio en sus patrones de vinculación y de relación social, en el marco de una política inclusiva.

Por eso el debate hoy debe necesariamente superar la baja o no de la edad de imputabilidad, debe estar centrado en cómo esta socie-dad reacciona y diseña nuevas estratégicas de desarrollo de un sistema de responsabilidad penal juvenil; cómo promueve mecanis-mos de responsabilización, no sólo de los niños que entran en conflicto con la Ley Penal, sino de los adultos de esta sociedad que no hemos podido asegurar la efectivización de derechos, protección de la niñez desamparada. No hemos podido coresponsabilizarnos de los que le acontece a cada niño de nuestra sociedad.

Y una sociedad que renuncia a proteger a sus miembros más vulne-rables, que no respeta sus derechos fundamentales, es una sociedad condenada a la desintegración.

Este debate todavía nos lo debemos.

LAURA ACOTTO

Presidente de FAAPSS

��� BiBiBiBienvenidasenvenidasenvenidasenvenidas ���

Les damos una afectuosa bien-venida al Colegio Profesional y les deseamos un exitoso desempeño en la profesión a las siguientes matriculadas: ☺ Martínez, Alejandra Beatríz. ☺ Benítez, Cintia Lorena. ☺ Zanón, Graciela Cristina. ☺ Sager, Silvana Daniela. ☺ Cisera, Natalia Andrea. ☺ Toledo, Romina Natalia. ☺ Franco, María Luisa. Por otra parte, la Comisión Direc-tiva informa que se produjeron las siguientes bajas: Maina, Evangelina; Ruíz, Laura Andrea; Pascual, Lidia; Martínez, Ariana; y Mela, Natalia.

Sorteo de Libros L@s colegas favorecidas por el sorteo de libros del mes de junio son: * Gabriela Vighetti, mat. 0424, de la localidad de Esperanza. * Silvia Vega, mat. 0289, de la ciudad de Santa Fe. Los sorteos de los libros se rea-lizan entre los colegas matriculados con la cuota al día. En la sede del Colegio se encuentra a disposición un catálogo para la elección de los mismos.

Biblioteca del Colegio

Drogadicción y Sociedad

Coordinador: A. Carballeda Editorial: Espacio

Paradigmas, debates, tensiones en políticas de niñez Autor: María del Rosario Varela Editorial: Espacio Niñez en “riesgo” y políticas

sociales Autor: Dinorah Fait Villalobos Editorial: Espacio

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