[Contenido]

03 PRESENTACIÓN

04 DESTACADOS Una mirada al Congreso desde el caso de la repartija. Paolo Sosa. La sensación de estancamiento bajo Humala. Carlos Santibáñez. Golpe en el VRAEM: una lectura desde la adaptabilidad y la confianza. Nicolás Zevallos. Nuevos desafíos en la economía latinoamericana

10 ACTUALIDAD Los insumos de la protesta social: el caso brasileño. Milagros Erazo. Las amenazas a la libertad de expresión en la región. Erick Mormontoy. Colombia. Se abre nueva etapa en las negociaciones de paz. Los escollos de la pacificación colombiana. Julissa Castro. Narcotráfico. Los nuevos escenarios de la violencia en México. Egipto: La intrincada transición hacia la democracia. Mildred Rooney. Nuevos intentos. Contexto poco auspicioso para el inicio del diálogo palestino-israelí. Más sanciones. Hasan Rohaní asume la presidencia en Irán.

>> Se autoriza la difusión de esta publicación electrónica en su totalidad o parcialmente, siempre que cite la fuente, enlace con http://www.pucp.edu.pe/escueladegobierno

Luego del discurso presidencial el pasado 28 de julio diferentes columnistas señalaron el aislamiento político en el que se encontraría el Ejecutivo. Los avances y retrocesos en la toma de decisiones por parte del presidente de la República y su falta de capacidad para tender puentes con diferentes sectores sociales en importantes procesos de reforma (Ley de Servir y sector Salud) formarían parte de la bajísima calidad de la oferta política existente. Los artículos de Paolo Sosa “Una mirada al Congreso desde el caso de la repartija” y de Carlos Santibáñez “La sensación de estancamiento bajo Humala” analizan este síntoma en el gobierno actual.

Otro tema que ha marcado la coyuntura política nacional los últimos días ha sido la muerte de cuatro terroristas en el VRAEM, dos de ellos, los camaradas “Alipio” y “Gabriel”, importantes mandos de la columna senderista que operaban en ese valle. Nicolás Zevallos, alumno del Doctorado en Ciencia Política de la PUCP, analiza en su artículo “Golpe en el VRAEM: una lectura desde la adaptabilidad y la confianza” lo que representaría este importante acontecimiento en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

En el plano internacional, presentamos una nota que desarrolla ampliamente la situación económica de América Latina la cual enfrenta un contexto internacional poco propicio para sus intereses, y cuyos efectos son notorios cada vez más entre las principales economías regionales. Entre otros temas regionales, Milagros Erazo analiza la crisis socio política brasileña en su artículo “Los insumos de la protesta social: el caso brasileño”. Asimismo, Erick Mormontoy escribe sobre las últimas políticas sobre libertad de prensa y medios de comunicación impulsadas por diferentes gobiernos sudamericanos que vienen siendo denunciadas por organismos internacionales tales como la Sociedad Interamericana de Prensa y el Instituto de Prensa y Sociedad. Para culminar una mirada por la región, Julissa Castro analiza en su artículo “Los escollos de la pacificación colombiana” las nuevas negociaciones de paz las cuales estarían encaminadas aunque a un paso más lento de lo que quisiera de gobierno de Juan Manuel Santos de cara a un escenario electoral.

Finalmente, Mildred Rooney, alumna de la mención de Relaciones Internacionales de la Maestría en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP, analiza la situación de desgobierno en Egipto en su artículo “Egipto: La intrincada transición hacia la democracia”.

#1 [Presentación]

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Los reveses democráticos en América Latina durante las últimas dos décadas han sido conducidos por outsiders que no saben o no pueden gobernar en democracia. En un contexto democrático que requiere negociación con otros poderes del Estado y otras fuerzas políticas el precio de la novatada es pagado con el cierre del Congreso, purgas en el Poder Judicial o en los organismos autónomos para copar estos puestos con personajes afines al gobierno. Esta imagen del Ejecutivo ha recorrido el famoso tema de la “repartija”, pero el desarrollo del caso a través de la recopilación de declaraciones y noticias en el informe sistematizado por el Observatorio de Actualidad nos da otra perspectiva.

Esta dinámica ha funcionado en situaciones en las que la retórica del outsider ha enfilado contra la clase política tradicional. Situación que también ha sido evocada recientemente por los manifestantes contra estas medidas. Sin embargo, con Fujimori, el Perú liquidó aquello que pudo ser su cuerpo político tradicional. Ya sabemos que no tenemos partidos políticos, salvo un par de casos que a duras penas reclamarían este título. En el Congreso vemos bancadas que representan alianzas de organizaciones políticas personalistas, personalismos que no constituyen una “clase política” sino exactamente lo contrario.

En ese contexto es más fácil que la negociación parlamentaria pase por intereses menos “institucionales” o representativos. Un Congreso con partidos no está exento de esto, pero sí menos expuesto. Esta situación además está sazonada con la poca habilidad de los congresistas al establecer una terna de candidatos que fueron repudiados por uno u otro motivo por distintos frentes en la sociedad y los medios. Aquí no obra la

ignorancia sino la precariedad del cargo, la ausencia de políticos de carrera a los que se les pueda sancionar. Los índices de reelección en el Congreso son ínfimos, la mayor parte de congresistas no tiene como objetivo hacer una carrera parlamentaria.

Como señala Jorge Valladares, la renovación del parlamento peruano no solo ocurre con las elecciones, es un proceso constante por la progresiva atomización de las coaliciones y la simbiosis entre sus fracciones. A inicios de julio, por ejemplo, las bancadas de Alianza por el Gran Cambio y Perú Posible se manifestaban a favor de un candidato oficialista para presidir el Congreso de la República. Un mes más tarde, Freddy Otárola juramentaba como titular del Legislativo y estas dos bancadas se desangraban para conformar un nuevo grupo: Unión Regional. En un contexto que rechaza a la clase política desde hace más de veinte años, las declaraciones y comportamiento de los parlamentarios a lo largo del caso nos sugiere más bien que sería momento de exigir una clase política responsable. El contexto no parece ser el de un Ejecutivo megalómano, de hecho se trata de un gobierno que surca frágilmente sus propias tormentas como para enfrentarse a los otros poderes u organismos autónomos. Cuando Ollanta Humala se enfrenta a la Defensoría del Pueblo, está poniéndose delante de una de las instituciones con mayor prestigio entre la ciudadanía, mientras que los “chavinaudios” han puesto en aprietos al gobierno por la supuesta injerencia en el Poder Judicial. El contexto responde a la continuidad de las relaciones de representación deterioradas –alguien podría decir que nunca existieron tales relaciones- por la ausencia de políticos de carrera y la devaluación del accountability vertical.

#2 [Destacados]

Una mirada al Congreso desde el caso de la “repartija”Por: Paolo SosaBachiller en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y GobiernoPontificia Universidad Católica del Perú

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Existen una serie de reformas que el gobierno de Ollanta Humala ha llevado a cabo (Reforma al sistema privado de pensiones, del Servicio Civil, de la escala remunerativa de las FFAA y PNP, del Sistema de Contrataciones del Estado, de la Pesca, parcial de Educación y podemos mencionar algunas otras) con mayor o menor éxito entre ellas, pero que son considerables en número e importancia. En este sentido, no puede negarse un buen nivel de productividad en estos dos primeros años de gobierno, a los que se suman las medidas sociales, entre las que se ubica la creación del MIDIS como la reforma bandera. Sin embargo, la aprobación presidencial ha venido en descenso las últimas semanas, y se ha instaurado en los medios la etiqueta de que el gobierno hace poco o nada. Esta idea se ha reforzado con la “necesidad” de hacer obras de inversión pública por el enfriamiento de la economía internacional, y de lo que el presidente anterior, Alan García, era maníaco. ¿Por qué esa sensación de estancamiento?

Es claro que las etiquetas que el gobierno, o cualquier político o partido político, recibe no son gratuitas, ni que tampoco surgen de la nada, sino que hay responsables (que obviamente son políticos) que buscan colocar los rótulos más convenientes para sí. En el caso del gobierno de Ollanta, esta sensación de “marasmo” político puede hundir sus raíces en el manejo tan poco político que ha tenido del gobierno. Sin cuadros políticos que lo ayuden en la tarea de gobernar (Ana Jara es una valiosa excepción), y sin un partido político sólido, Ollanta Humala se ha amparado en la tecnocracia para gobernar. El problema es que eso no es suficiente para salir airoso de la lid política, y para mantener la estabilidad de un gobierno, y los ataques políticos se

dan principalmente desde dos frentes.

Por un lado, las reformas que ha emprendido Humala lo llevan constantemente a enfrentarse con los sindicatos de las diferentes ramas, y en ese campo la izquierda le hubiese sido de gran ayuda para entablar diálogos y obtener concesiones de ambas partes. Pero el rompimiento del nacionalismo con la izquierda no solo le imposibilitó de articularse con sectores sociales más amplios sino que se ha ganado un nuevo enemigo que viene organizándose desde su salida del oficialismo. En un país en el que los partidos políticos calan muy poco en la sociedad, la izquierda es el sector político que mayor agitación política puede lograr en comparación con los demás partidos y que le cuestan varios titulares y portadas a Ollanta Humala.

Si por la izquierda OIlanta está sin amigos, por la derecha tiene enemigos. La fuerza política llamada a ser quien articule a la oposición es el fujimorismo, y ha demostrado estos dos años que no está en la capacidad de ser un partido líder que mantenga “a raya” al gobierno. En el río revuelto que es la derecha, el pescador es Alan García y su barco es el APRA. Sin sobredimensionar al aprismo y sus posibilidades, se ha encontrado en una derecha en la que ni PPK, ni Keiko u otro ha asumido la tarea de articular a sus actores. El APRA ha puesto al gobierno en más aprietos que los otros partidos, pero no con “solo 4 congresistas” como dicen algunos, sino que a eso se suman fiscales, jueces, importantes sectores de la prensa y los contactos empresariales. De esta manera, Humala se encuentran entre dos frentes que han enfilado sus baterías en contra del gobierno y de lo bueno o productivo que puede estar logrando, por lo que debe tener un mejor manejo político.

La sensación de estancamiento bajo HumalaPor: Carlos SantibañezEstudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, mención Ciencia Política y GobiernoPontificia Universidad Católica del Perú

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El lunes 12 de agosto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú emitió un comunicado informando que había abatido al camarada Alipio en el VRAEM (CCFFAA, 2013). Horas más tarde se confirmaba esta muerte, sumándose la del camarada Gabriel, integrante del clan de los Quispe Palomino (Agencia Andina, 2013). Con la muerte de estos dos importantes mandos, las fuerzas del orden logran dar uno de los golpes más importantes en los últimos años a esta organización terrorista ubicada en el citado valle.

A pesar de la poca claridad de la información disponible hasta el momento, con lo que se sabe se puede plantear dos hipótesis sobre la política de seguridad en el VRAEM. La primera alude a una posible mejora de las capacidades estatales para la implementación de estrategias contra el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas. La segunda, aun cuando parte de una lectura crítica inicial, lleva a preguntarse sobre la confianza y legitimidad de las fuerzas del orden en la zona.

Respecto a la primera hipótesis, según se señala, el operativo habría sido el fruto del trabajo de una brigada especial de inteligencia, integrada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Esta brigada operaría sin jerarquías, reportando solo al Presidente de la República (Seminario, 2013). Aun cuando oficialmente se ha negado la existencia de esta brigada, sí se acepta que existe una nueva estrategia de trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la PNP (Agencia Andina, 2013).

En todo caso, la integración de las fuerzas del orden y forma de funcionamiento especializado, puede leerse como un aprendizaje de la organización estatal, que se adapta para generar autonomía y brindar una respuesta efectiva a la dinámica del problema público desde la política de seguridad (Cook et al, 1983; Repetto, 2003; Alonso, 2007;

Mazzuca, 2012; Ford & Baucus, 1987).

Por otro lado, la segunda hipótesis parte la presunción que el operativo no fue consecuencia de un seguimiento sostenido. Se señalaba que el golpe fue resultado de un aviso de último momento sobre la ubicación de los terroristas (RPP, 2013). A pesar de que esta suposición ya ha sido descartada, es necesario analizarla tomando en cuenta el descrédito acumulado por las Fuerzas Armadas en la zona, en contraste con la labor de recuperación de la confianza desarrollada por Sendero Luminoso durante los últimos años en el VRAEM (Rojas y Zevallos, 2012).

Para tal efecto, resulta clave entender las relaciones entre organizaciones terroristas y la población involucrada en actividades ilícitas (Dreyfus, 1999; Felbab-Brown, 2010). En estas, el vínculo está centrado en una forma de confianza instrumental, construido en base a la protección de la actividad ilícita que genera importantes recursos en la zona. De haber sido cierta la versión del aviso de último momento, este hecho hubiera significado el quiebre de tal relación, y una potencial recuperación de la confianza por parte de las fuerzas del orden.

En resumen, los hechos de los últimos días invitan a un estudio más profundo sobre dos aspectos que pueden resultar críticos para una política de seguridad efectiva en el VRAEM. Por un lado, sobre las mejoras que viene implementando el Estado peruano para dar autonomía a sus entidades y adaptarse adecuadamente a la dinámica del fenómeno que genera un riesgo de seguridad. Por otro lado, sobre como fluye la confianza en las relaciones entre los actores que conviven en la zona (narcotraficantes, terroristas, fuerzas armadas y pobladores), y la manera en que se puede lograr que esa confianza sea depositada por entero en el accionar estatal.________ 1 Artículo publicado originalmente en el blog http://www.nicolaszevallos.pe/ el 13/08/2013

Golpe en el VRAEM: una lectura desde la adaptabilidad y la confianza1

Por: Nicolás ZevallosAlumno del Doctorado en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú

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El estancamiento que ha sufrido China durante el último mes no ha pasado desapercibido para Latinoamérica. A pesar de ser una de las regiones con mayor desigualdad, el crecimiento económico durante los últimos años permitió que los países latinoamericanos redujeran los niveles de extrema pobreza y aumentaran la clase media con un ritmo de crecimiento sostenido.

Sin embargo, el anuncio de la Reserva Federal estadounidense de retirar eventualmente en diciembre los incentivos económicos a su economía y principalmente la caída de las materias primas derivadas de la desaceleración china ha terminado afectando las distintas economías sudamericanas, con cierta gradualidad entre los distintos países. En primer lugar, Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, que se caracteriza por impulsar una fuerte presencia del Estado en el sector económico, enfrenta una situación cada vez más angustiosa luego de acumular durante los cinco primeros meses del presente año una inflación de 19,4%, lo cual evidencia una alarmante desaceleración que resultó en una reducción al 0.7% de su crecimiento en el primer trimestre del año, a pesar de haber cerrado el 2012 con una tasa de 5.6%. La falta de divisas ante el control de cambio que restringe el acceso de la moneda extranjera ha terminado por configurar una total dependencia de las importaciones. A pesar de ello, Maduro atribuye la inflación generada a una suerte de “sobre calentamiento” del consumo, así como a los ataques de la oposición por iniciar una “guerra económica”.

Según el economista César Aristimuño este proceso comienza a evidenciar en el país llanero síntomas de recesión, en donde la caída de los precios del

petróleo internacional, la legislación y control de precios, se vislumbran como las principales causas de esta situación.

Es así que el actual líder venezolano se ha visto obligado a emitir una resolución otorgando facultades al Banco Central de Venezuela (BCV) en lo referido al control de fondos en dólares manejados por otras dependencias del Estado. Hasta entonces, los fondos obtenidos gracias a la renta petrolera eran administrados por el Ejecutivo; ahora el BCV asumirá parcialmente de forma centralizada la coordinación y manejo de los fondos. Por último PDVSA, exigido por la deuda china, acordó préstamos por US$ 10 mil millones con empresas transnacionales de ese país así como de Rusia y Estados Unidos para incrementar la producción a 3,3 millones de barriles diarios en 2013 buscando continuar el pago de la deuda que mantiene con el país asiático. La situación no es tan diferente en el caso argentino, a pesar de anunciar desde la Secretaría de Finanzas un crecimiento cerca del 5% a junio, enfrenta una inflación galopante que es superior al 10% anual desde el 2007 y que tres años después se ha duplicado. El actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner busca continuar con el modelo económico que dejó de lado las reformas neoliberales y estructurales, que llevó a la nacionalización de las aerolíneas y fondos de pensiones en el 2008, y finalmente a la expropiación de la YPF. Y que sin embargo no ha podido cambiar la sensación de ser un país con escasez de divisas por el déficit energético que padece.

A pesar de los cada vez más intensos reclamos sindicales, el gobierno inició

Nuevos desafíos en la economía latinoamericanaBalance

Los efectos de la desaceleración económica internacional comienzan a ser más evidentes en América Latina. Se configura un panorama de inflación y estancamiento variable en la región de acuerdo al país. Venezuela retoca su modelo económico y Argentina enfrenta una crisis inflacionaria. Mientras tanto, Brasil sacrifica su crecimiento para frenar el alza de los precios. Chile y Perú comienzan a sentir los alcances de la recesión.

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medidas como el congelamiento de los precios en los supermercados y la subida por parte del Banco Central de los tipos de interés de sus colocaciones de deuda, buscando reducir el precio del dólar. Por último, la reducción de las exportaciones de trigo para satisfacer el mercado interno, que hacen recordar el episodio de la exportación de carne, la cual desde el 2006 se orientó hacia el consumo interno, obteniendo como resultado que en mayo pasado por primera vez las exportaciones argentinas en este rubro se ubicaran por detrás de países como Brasil, Uruguay y Paraguay.

Un punto a parte son las grandes dudas que generan las estadísticas que maneja el gobierno argentino que contrastan con la realidad del país. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se basa en afirmaciones de cifras subestimadas de inflación, al afirmar por ejemplo la reducción de la pobreza en 19.9% a pesar de la desaceleración del crecimiento económico en casi 6%. El estancamiento del gigante asiático, a pesar de aprobar recientemente el primer embarque de maíz modificado genéticamente, se ha sentido al ser este uno de los principales compradores de materias primas donde resaltan la soya y sus derivados.

Otro país que se ha visto afectado por la crisis financiera, aunque en menor medida que los dos anteriores, es Brasil. El Banco Central brasileño acaba de emitir su último informe mostrando la desaceleración de su economía, reduciendo la previsión de crecimiento económico de 2.5% calculado en junio hasta 1.6% y elevando hasta 5.7% la proyección de inflación para el 2013. Asimismo, la nueva estimación para el crecimiento de este año se situó por debajo 2.0%. De confirmarse estas estimaciones Brasil enfrentaría este 2013 su menor crecimiento desde el 2009.

Por otra parte, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) la inflación mantiene un alza entre enero y junio del 3.15% al 6.7% rebasando lo considerado tolerable por el gobierno de Rousseff. Respecto a esta situación, Guido

Mantega, ministro de Hacienda declaró que el Gobierno ha buscado frenar la inflación aunque ello implique la reducción de la tasa de crecimiento, con ello el Banco Central elevó paulatinamente en los últimos meses la tasa de los tipos de interés hasta el 8.5% anual y se espera ver los resultados de las recientes medidas del Gobierno para reducir los impuestos a los sectores más afectados, la disminución de los cotos de producción y los costos laborales.

Un indicador a tomar en cuenta en el primer semestre del año es la evidencia del mayor déficit histórico en la balanza comercial de petróleo y derivados de Brasil, con un saldo negativo de US$ 15.400 millones. Ello debido a un incremento del consumo por el crecimiento del mercado automovilístico, pero no así de la producción además del atraso en el registro de las importaciones de 2012 por la estatal Petrobras.

Según el último indicador económico mensual de la OCDE, se ratifica la desaceleración del crecimiento para Brasil considerado dentro de las economías emergentes junto a la misma China, Rusia e India, los denominados BRIC).

perú y chilePor último, están los dos países que recién empiezan a sentir la magnitud de la crisis económica mundial. En el caso chileno, su economía mostró su punto más bajo con la desaceleración moderada del segundo trimestre del año debido al ajuste del crecimiento y ciertos factores de demanda, así como el cese del alza de las inversiones presentes durante los dos últimos años. Ello en concordancia con los anuncios del presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara en el mes de mayo que daba cuenta de la desaceleración del primer trimestre y el informe de la Cámara de Comercio de Santiago en donde la economía reduciría su crecimiento a un 4.5% este año y el próximo por debajo del 5.6%, cifra con la que cerró el año pasado. Sin embargo, el crecimiento de 4.2% del mes de junio fue más de lo esperado por los analistas, aunque por ello

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no se llega a salir del curso de moderación de la actividad que ha caracterizado los últimos meses. El cambio de las perspectivas de la minería y el precio del cobre se hicieron sentir en el principal exportador de este metal, conllevando a que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) recortara la proyección de precio promedio del cobre. Por su parte, el ministro de Hacienda Felipe Larraín aseguró que la diversificación de la economía amortiguaría esta reducción.

Y por último, el caso peruano. Según el último informe del BCRP, la economía peruana mantiene su dinamismo, impulsada principalmente por el consumo interno de cemento que se incrementó un 8.5% en julio. No obstante, el estancamiento internacional ha derivado que por tercer mes consecutivo se registre un saldo negativo en la balanza comercial que suma a la tendencia decreciente de los términos de intercambio que afecta principalmente los precios de las exportaciones tradicionales. En al ámbito minero, al igual que Chile, se ha sentido el descenso del precio de los minerales ya que este rubro ha sido uno delos principales motores del desarrollo económico.

eNFOQUepOr: erick mOrmONtOyMás allá del modelo económico de apertura de mercado o proteccionismo y

la orientación política de los gobiernos latinoamericanos, la actual importancia de las exportaciones de materias primas en las economías de la región pone en evidencia una vez más la vulnerabilidad de la región ante los sucesos y crisis de gran envergadura que se suscitan en la economía internacional. De ahí que no resulte raro referirse a la desaceleración china como uno de los principales factores que explican el estancamiento económico de la región al ser el principal comprador de la soya argentina, el petróleo venezolano, el cobre peruano y chileno y el hierro brasileño. Se termina de mostrar un nuevo giro en la economía internacional: la pérdida del impulso en las economías de los países emergentes.

La atención se enfoca ahora en las estrategias de dichos gobiernos para superar esta ola de recesión y su búsqueda por continuar con el proceso de crecimiento que derivó en la ampliación de sectores de clase media, cuyas demandas por beneficios está poniendo a prueba el aparato estatal de los gobiernos. Aunque parecería que aquellos con una mayor presencia del Estado tienen las de perder, los recientes acontecimientos en Brasil y Perú dejan la incógnita en el aire. Finalmente, aunque aún no se puede hablar de una grave crisis, la región se encuentra mejor preparada que antes para afrontar cualquier eventualidad.

Las últimas protestas sociales acontecidas en Chile, Brasil y Perú han motivado una serie de análisis respecto a la forma de organización de estas expresiones de disconformidad en nuestra región. Una de las teorías que analiza este punto en particular es la Teoría de Movilización de Recursos (McCarthy, 1977; Jenkins, 1983) que sostiene que la formación de los movimientos de protesta depende tanto de la existencia de un agravio particular como, y sobre todo, de las herramientas necesarias para fomentar y consolidar su movimiento.

Es decir, la existencia de razones que son percibidas como inaceptables (el alza del costo del transporte urbano, en Brasil; la ausencia de políticas orientadas al aumento del gasto público en la enseñanza superior y secundaria, en Chile; y la elección de personas no idóneas para cargos de representación pública, en Perú) es una condición necesaria pero no suficiente para que se presenten acciones colectivas. Tiene más importancia la presencia de una serie de “insumos o recursos”; tales como un mínimo de coordinación, de tiempo y un espacio para reunirse.

Ciertamente, en los tres países nos encontramos ante protestas organizadas por la clase media, con un rol protagónico del sector estudiantil universitario. En otras palabras, grupos sociales que comparten un nivel social y cultural, y que logran mantener una coordinación en la organización de las protestas sociales a través del acceso a medios tecnológicos. Un punto importante de su nivel organizativo es que la convocatoria de movilización es gestionada por grupos apolíticos (el Movimiento del Pasaje Libre, en Brasil; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Perú; y la Confederación de

Estudiantes, en Chile). Además, debido a que se trata de una iniciativa espontánea, carecen de una organización sólida, a pesar de lo cual pueden expandir su agenda.

En el caso brasileño, en específico, nos encontramos frente a un discurso de protesta múltiple. La forma por la cual son elegidas las preferencias del gasto estatal y cómo son utilizados los recursos públicos (estadios e infraestructura para el mundial en lugar de mayores beneficios sociales); las noticias recurrentes sobre corrupción (con una ciudadanía que observa la continua impunidad de quien comete crímenes contra la administración pública); y la reducción del crecimiento económico y el aumento de la inflación; son los motivos principales del auge del movimiento de protesta brasileño.

La articulación de esta diversidad de reclamos ha logrado que este movimiento de protesta se despliegue por más de 100 ciudades y se mantenga a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno de Dilma Rousseff. Además, el empuje en la represión de las fuerzas de orden no ha minado el ánimo de crítica contra el gobierno, por lo que los manifestantes aún mantienen las calles brasileñas como un espacio donde poder congregarse.

En consecuencia, aún es temprano para determinar cómo y cuándo finalizará la protesta brasileña (en el caso chileno, la protesta social se inició en el 2011 y ha presentado un nuevo repunte en junio de este año). Esta determinación dependerá por un lado, del mantenimiento de recursos por parte de los actores sociales inmersos en las movilizaciones brasileñas y, de otro lado, de la actuación de un gobierno que hasta ahora no ha podido satisfacer todas las demandas de los protestantes.

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Los insumos de la protesta social: el caso brasileñoPor: Milagros ErazoEstudiante de la Maestría de Ciencia Política y Gobierno de la PUCP, mención Relaciones Internacionales

La situación de la libertad de expresión y acceso a la información en América Latina, sobre todo en la región andina, ha venido siendo cada vez más complicada debido a una serie de factores. Ante ello, asociaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Grupo Andino de Libertades Informativas (GALI), integrado por agrupaciones como Fundamedios de Ecuador, ANP de Bolivia, FLIP de Colombia y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela y Perú , buscan exponer las situaciones de presión y censura de los medios de comunicación en sus respectivos países.

El caso ecuatoriano resulta ejemplar debido a la difícil situación que caracteriza la relación entre los medios y el gobierno de Rafael Correa, quien acusa a aquellos contrarios a su régimen de mercantilistas. Esta relación que ya se había visto marcada por denuncias y millonarias indemnizaciones en su querella contra periodistas del diario El Universo, prohibiciones a funcionarios estatales a rendir entrevistas a medios privados y arbitrarios cierres de radios y medios televisivos se vio empeorada. Eso tras la aprobación de la nueva Ley de Comunicación por parte de la Asamblea Nacional que durante el inicio del tercer período de gobierno de Correa. Dicha Ley ha recibido el calificativo de mordaza por parte de la oposición. Ello porque ha tomado la previsión de reducir los medios privados en el espectro radioelectrónico de un 85% a un 33%, así como aumentar el peso del sector público

y comunitario, sino por la inclusión de figuras como el denominado “linchamiento mediático” y la creación de un consejo de regulación que no incluye a ningún miembro de la sociedad civil. Sumado ello, la existencia de la Superintendencia de Comunicaciones ha terminado por agravar la relación con los medios, aumentando la fiscalización y sanción del gobierno apoyado en una asfixia legal y económica que ya ha provocado el cierre de radios y medios televisivos considerados de una “línea editorial crítica al gobierno”, como es el reciente caso de la revista Vanguardia.

Similar situación se ha venido dando en Venezuela, luego de que durante los años del régimen chavista se lograra montar una maquinaria estatal que eclipsa a los medios de comunicación opositores. La acumulación de poder en el Ejecutivo, la eliminación de salvaguardas institucionales y erosión de las garantías de los derechos humanos construyeron un escenario de censura e intimidación hacia los medios opositores, teniendo el caso emblemático de Globovisión, que fue vendida luego de enfrentar diez procesos sancionatorios abiertos por Conatel. Luego de la llegada al poder de Nicolás Maduro, la situación de la libertad de expresión ha estado lejos de mejorar. Ejemplo de ello son los episodios de violencia registrados contra los medios de comunicación en vísperas de los comicios electorales. Se contabilizaron alrededor de 191 incidentes. A ello se suma nueves meses en los que se presentaron el mayor número de violaciones a la libertad de prensa y en donde 89% de los casos se dieron en medios privados.

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Las amenazas a la libertad de expresión en la regiónPor: Erick MormontoyBachiller en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y GobiernoPontificia Universidad Católica del Perú

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medidas como el congelamiento de los A pesar de ello, resaltan en ambos casos, los contradictorios episodios del otorgamiento ecuatoriano de asilo diplomático a Julian Assange, fundador del sitio web wikileaks y el similar ofrecimiento venezolano a Edward Snowden, acusado de filtrar información secreta del gobierno estadounidense.

Un tercer caso es el de Bolivia en donde a pesar de los intentos de regulación estatal aún no se ha alcanzado los niveles de represión de los dos anteriores países, debido en parte a los graves problemas sociales que ha tenido que enfrentar el régimen presidido por Evo Morales. Aun así, las alertas de la ANP dan cuenta de la difícil situación de los medios en el país altiplánico en donde destaca el caso del diario La Razón. Ello ha configurado un panorama polarizado que limita el debate a la opinión antes que la información sobre las acciones del gobierno.

Se puede identificar en estos países con gobiernos de tendencia socialista un patrón de comportamiento del régimen, al demandar un masivo apoyo de la población que respalde el proyecto de gobierno se tiende a derivar en tensas relaciones con los medios de comunicación debido a los intentos de reducir el debate y minimizar el rol fiscalizador de estos. En los casos de Ecuador y Venezuela se legisla en contra de la jurisprudencia en materia de libertad de expresión y de lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al no existir leyes claras sobre la transparencia de información pública se ahonda en la cultura del secreto. Según la opinión de Adriana León, jefa del área de libertad de expresión del IPYS Perú, además de las agresiones y amenazas que asfixian los medios en estos países lo más grave para la libertad de expresión es el control de la información por parte del Estado.

Por otro lado están los casos de países como Colombia y México donde los desafíos a la libertad de expresión ya no provienen de parte del Estado sino

que se enfrentan a otras amenazas como la violencia de las guerrillas y cárteles asociados al problema del narcotráfico, que se agravan en el interior de ambos países en donde las redes de corrupción han penetrado los gobiernos locales impidiendo el ejercicio periodístico para denunciar los abusos y escándalos de corrupción.

En el caso de México durante la última década se terminó por convertir en uno de los países más peligrosos al contabilizar el asesinato de 105 periodistas y 24 desapariciones forzadas, además del incremento en 20%, en los últimos tres años, de las amenazas de muerte, lo que ha evidenciado el éxito de la estrategia de silenciamiento aplicada por las organizaciones criminales. Similar situación se presenta en Colombia en donde el conflicto armado no solo conllevó el incremento de las amenazas y represión en contra los periodistas en ciudades como Medellín y Cali sino que también lo hizo en el interior del país, según los informes de la FLIP. Otro indicador a tomar en cuenta es la impunidad reinante que en el caso colombiano ha derivado en la prescripción de 62 de los 140 asesinatos a periodistas registrados hasta la fecha.

Finalmente, en el caso peruano, se tiene uno de los más altos índices de libertad de expresión en la región, teniendo incluso la mayor cantidad de periódicos en circulación. Sin embargo, a partir del contraste existente de las condiciones de los medios en las regiones y la ciudad capital se puede establecer similitudes como la conflictividad social, que al igual que el caso boliviano, condiciona la relación con los grupos sociales al calar el discurso respecto a la parcialidad de estos frente a sus demandas sociales. Por otro lado, la situación de las regiones guarda gran similitud con el caso colombiano en donde existen nexos entre las mafias, asociadas a actividades ilegales y los gobiernos locales. Ello permite observar que las amenazas a la libertad de expresión no solo provienen de gobiernos sino también de la violencia y el narcotráfico.

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A pesar del logro inicial que constituyó el acuerdo en la denominada política de desarrollo agrario integral, el primer punto de una agenda de cinco, las protestas sociales al iniciar el mes de julio terminaron por agravar el clima de negociaciones que hoy se avoca a consensuar sobre el segundo tema de la lista: la participación formal en la vida política de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano reiniciadas el 1 de agosto han entrado en una nueva fase marcada por 10 propuestas presentadas al Gobierno Nacional. Entre ellas tenemos la petición de participar en el Consejo Nacional Electoral, con la conformación de un movimiento político que surja del paso hacia la actividad política legal respaldado por la financiación estatal de este nuevo movimiento político, así como la asignación directa de un número de escaños en instancias parlamentarias. Y la última petición la cual busca llevar a cabo cambios institucionales que garantizarían los derechos políticos de los integrantes de la guerrilla, como la reforma de la justicia colombiana al crear una comisión internacional independiente que investigue el conflicto armado y tenga acceso a los archivos secretos del gobierno. Ello va directamente ligado con el punto cinco de la agenda, referida a la reparación de víctimas a la que se sumaría la situación territorial, la participación política, el cese definitivo de los enfrentamientos y el problema del narcotráfico.

Sin embargo, aunque aún tiene que definirse qué puntos alcanzarán consenso

mutuo, el presidente colombiano afirmó que “no habrá borrón y cuenta nueva” con el grupo guerrillero. Es decir, no habrá ni total amnistía ni total indulto para ellos al finalizar el proceso de paz.

prOtestasSantos no la ha tenido fácil el último mes. La muerte de 17 militares en una embosca de las FARC le significaron duras críticas por parte de la oposición, que atacaron los diálogos en La Habana. Pero no solo eso. Ha tenido que enfrentar a los sectores mineros artesanales que durante 19 días han alzado su voz de protesta por los decretos y regulaciones emitidos desde el gobierno, además de los campesinos de la región del Catatumbo que desde el 10 de julio iniciaron una serie de manifestaciones en rechazo a la campaña estatal de erradicación de hoja de coca.

La radicalización de las protestas dieron paso a que las FARC, a pesar de estar negociando con el gobierno, se pronunciaran a favor de estos últimos ofreciendo su apoyo si es que los reclamos no fueran escuchados por el gobierno de Santos, conllevando una enérgica respuesta del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón quien calificó este hecho como una gran “payasada”.

A pesar de los reveses ocurridos, el presidente Santos afirmó que ha logrado hacer de Colombia un país más seguro al conseguir la captura o muerte de 50 cabecillas de la guerrilla el país. Finalmente se atribuyó el debilitamiento de las FARC, así como el inicio de contactos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para iniciar conversación de paz.

Se abre nueva etapa en las negociaciones de paz latinoamericana

Colombia

Mientras se producen avances en la lucha armada contra las FARC, la muerte de militares en enfrentamientos con la guerrilla desata las críticas hacia el gobierno de Juan Manuel Santos, quien también ha tenido que resistir diversas protestas sociales en distintos puntos del país. Todo ello contextualiza el inicio del diálogo en torno al segundo punto en la agenda general de negociación que mantiene desde octubre del año pasado con el grupo militar.

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Los escollos de la pacificación colombianaPor: Julissa CastroProfesora de la Escuela de Gobierno y Políticas PúblicasPontificia Universidad Católica del Perú

La fórmula de pacificación colombiana impulsada por Juan Manuel Santos afronta diversas amenazas. Una constante que atraviesa transversalmente el proceso de negociación es que cualquiera de las partes, ya sea el Gobierno Nacional o la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) decida retirarse de la mesa de diálogo aduciendo posiciones irreconciliables. El contexto actual revela que existe un esfuerzo real de las partes por tratar de avanzar a pesar de las diferencias. Aunque es cierto que haber logrado consenso parcial en solo uno de los cinco puntos estipulados en la agenda, tras más de seis meses de reuniones, demuestra la dificultad del proceso y la imposibilidad de alcanzar la meta ‘ideal’ propuesta por el presidente Santos de cerrar la negociación para noviembre próximo. Antes de que el proceso se politice aún más con el inicio de la campaña electoral.

Otra de las amenazas se relaciona, justamente, por las próximas elecciones presidenciales de mayo 2014. Y es que según la Constitución política de Colombia, “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Pero la manera cómo los distintos mandatarios han tratado de alcanzarla al afrontar la guerra interna, demuestra una política de Gobierno más que de Estado. Hoy mismo, la estrategia para lograr la paz impulsada por el “santismo” se ve enfrentada con la propuesta de mano dura del “uribismo”. Es por ello que el mejor escenario para el actual proceso de negociación con las FARC es que el gobierno de Juan Manuel Santos consiga la reelección. Sin embargo, este escenario no está garantizado. A poco más de un año para el fin de su mandato, el 60% de los colombianos rechaza una eventual

reelección frente a un 34% que dijo estar de acuerdo. Este sondeo revela que a pesar de los progresos económicos y la disminución de la pobreza alcanzados en los últimos tres años de gobierno, las protestas sociales, el deterioro de la seguridad ciudadana junto con las bajas militares a raíz de las emboscadas perpetradas por las FARC, factores que han sido bien capitalizados por la oposición, están calando en la población para un cambio de mando. Sobre todo en un contexto en el que la negociación no muestra mayores resultados.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Por último, aun cuando el proceso culmine en una paz pactada, la pacificación no estará garantizada. La posibilidad de que los miembros de las FARC involucrados en el narcotráfico no dejen las armas, se nieguen a desmovilizarse y pasen a formar parte de bandas criminales con una estrecha ligazón con los cárteles de la droga constituye una amenaza latente para la pacificación. La violencia podría tomar un nuevo rostro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diversos analistas en temas de seguridad advierten de la posibilidad de que surjan grupos armados similares a los BACRIM (bandas criminales emergentes) que aparecieron a raíz de la desmovilización de grupos paramilitares de derecha. Una preocupación que podría constituir una amenaza real en la medida que las unidades militares sigan o no a la dirigencia política de la organización en los acuerdos que se lleguen con el Gobierno. Por lo pronto, algunas estimaciones calculan que hasta 30% de los integrantes de las FARC podrían no desmovilizarse.

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Al darse la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, líder del cártel más temido en México, los Zetas, se dio el primer golpe del nuevo gobierno mexicano al crimen organizado poniendo en evidencia dos aspectos importantes sobre la situación actual del país. La primera fue mostrar que se continúa con la participación de las Fuerzas Armadas como brazo del gobierno en la lucha contra los cárteles. En segundo lugar, esta captura no evidenció ningún descenso en el nivel de violencia ni una debilitación inmediata de los Zetas, a pesar de haber sido un fuerte golpe a la composición del cártel.

Ante la duda sobre la capacidad del sucesor inmediato Omar Treviño (Z-42) de operar el cártel, este episodio hace pensar más en una posible fragmentación producto del enfrentamiento de las diversas facciones que integran la organización dada la composición horizontal que la caracteriza. Estructura propia de los desertores del ejército mexicano que la crearon, que difiere de los demás cárteles al tomar en cuenta los méritos antes que las conexiones familiares. Según la opinión de Steven Dudley, director de InsightCrime, la captura de Treviño podría representar más violencia en el corto plazo no solo por las pugnas internas sino por la alteración de las relaciones de poder y el movimiento de los cárteles rivales a sus áreas de influencia.

Todo ello puso nuevamente en discusión la estrategia que utilizará el gobierno para enfrentar la violencia en México, en donde se teme un retorno a lo que fueron los años del gobierno de Felipe Calderón, quien triunfó en las elecciones del 2006 e inició una enérgica lucha contra las bandas del narcotráfico. El despliegue por todo el territorio nacional de contingentes de las Fuerzas Armadas

de hasta 60 mil soldados buscó disminuir el poder de los cárteles. Sin embargo, a pesar de reducir de 24,23 a 23,18 asesinatos por cada 100.000 habitantes, durante el régimen de Calderón se descubrieron numerosas masacres y entierros masivos que contradijeron las declaraciones oficiales y que alcanzó la escalofriante cifra de 23 mil víctimas apenas en el tercer año de mandato evidenciando la falta de una estrategia integral que articulara los esfuerzos gubernamentales e intergubernamentales.

priA finales del año pasado, Enrique Peña Nieto iniciaba su gestión como nuevo presidente de México, representando el retorno del PRI al poder y llevando la consigna de reducir la cantidad de homicidios y secuestros enfatizando la seguridad ciudadana con el incremento de los efectivos policiales y abriendo la posibilidad de una futura reducción de la presencia militar en el país. Por otro lado, el régimen priista optó por dejar de lado la estrategia confrontacional centrando sus esfuerzos por atacar la estructura financiera de los cárteles, poniendo énfasis en la coordinación de las entidades encargadas. Sin embargo, desde que asumió la actual gestión, no se ha logrado disminuir los niveles de violencia en el país que ahora enfrenta el recrudecimiento de la misma. Los sucesos ocurridos en el estado de Michoacán, en donde las últimas dos semanas se produjeron enfrentamientos que dejaron cuatro policías federales muertos y así como la emboscada que cobró la vida del comandante de la VIII Zona Naval del estado de inseguridad en el que se encuentra el país.

El trasfondo de esta violencia entre los mismos cárteles y las fuerzas del orden es la enorme demanda por drogas y la vigente prohibición

Los nuevos escenarios de la violencia en MéxicoNarcotráfico

El gobierno de Peña Nieto rompe su promesa de no continuar la militarización del conflicto con los cárteles, se teme un mayor esparcimiento de la violencia que ya ha cobrado cinco muertos en los últimos días. Dada la actual coyuntura se abre el debate sobre la despenalización o legalización de la droga en el país.

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prohibición de consumo al norte de la frontera del país que mantiene un atractivo mercado para el crimen organizado en suelo mexicano. Varios analistas han sugerido que la legalización de estas sustancias en los estados de Colorado y Washington reduciría considerablemente las ganancias por la venta de la marihuana, que actualmente es la segunda fuente de ingresos para los cárteles mexicanos. Ello ha encendido la discusión sobre la despenalización o legalización de la marihuana que ha tenido una postura federal similar al gobierno estadounidense. El subsecretario de Gobernación Roberto Campa fue uno de los primeros en manifestarse afirmando que en un posible debate se debería tomar en cuenta factores como los niveles de consumo y las repercusiones que esta medida podría tener frente a los actuales niveles de violencia.

Este punto ha motivado el pronunciamiento no solo de los diputados de los diversos partidos políticos sino que también lo han hecho diversas figuras políticas como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el alcalde de la capital mexicana, el gobernador de Morelos e incluso el ex candidato presidencial Manuel López Obrador expresando diversas opiniones a favor o en contra y poniendo en evidencia la importancia de este tema para la nación mexicana. El mes pasado, Vicente Fox y varios ministros de anteriores gobiernos asistieron a un simposio organizado por el ex presidente buscando promover un debate serio sobre este tema bajo la convicción de que una eventual legalización podría afectar directamente las ganancias de los cárteles y eventualmente reducir la violencia que ha dejado ya 60, 000 muertos durante el último sexenio.

eNFOQUepOr: erick mOrmONtOyLa actual violencia desatada en México a pesar de ser solo una de las numerosas aristas del narcotráfico es quizás uno de los desafíos más complicados que enfrenta el actual gobierno. Este flagelo ha continuado creciendo hasta lograr alarmantes niveles que van cobrando miles de vidas año a año a pesar de las continuas advertencias de organismos internacionales como el Freedom House sobre el peligro de la violencia generada por el crimen organizado, en especial el narcotráfico y los fallidos intentos de los gobiernos por encontrar una solución al problema. Sin embargo, no se puede dejar de lado el tema central que es el narcotráfico, el cual se ha configurado en este país como uno de los principales problemas que ha puesto en jaque al Estado con intentos de capturar sus instituciones y coaccionar sus funcionarios además de extenderse a través del violento accionar de los cárteles y sus actividades ilegales. Si bien es cierto que el gobierno de Enrique Peña Nieto viene de efectuar decididas reformas en la burocracia estatal y en el tema energético, así como golpes a los sindicatos de profesores y monopolios, todas ellas con relativas posibilidades de éxito, el arresto del Z 40 por parte del gobierno mexicano parece no ser una de las movidas más decididas y tampoco una de las más efectivas para reducir los niveles de violencia. Sin embargo, a pocos meses de cumplir el primer año en el poder, el régimen priista busca mostrar una mayor consistencia y firmeza apoyado en los indicios que muestran que muchos de los principales cárteles del narcotráfico han quedado reducidos a grupos más reducidos y localizados.

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Egipto: La intrincada transición hacia la democraciaPor: Mildred RooneyEstudiante de la Maestría en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP, mención Relaciones Internacionales

Después del golpe de Estado contra Mohamed Morsi, líder de la Hermandad Musulmana (HM), Egipto se encuentra en su tercer proceso de transición en menos de tres años. Pero, ¿qué tan probable es que logre una transición exitosa hacia un gobierno democrático estable? Las probabilidades son muy reducidas, en función a la confluencia de tres factores: el exacerbado poder de los militares, la debilidad de los partidos políticos y la inexistencia de una sociedad civil organizada.

El poder del ejército egipcio no solamente radica en las armas, sino que, además, sus intereses económicos son enormes. Se estima que sus industrias significan entre el 8% y el 40% del PNB. Asimismo, a cambio del cumplimiento de los acuerdos que aseguran la paz con Israel, reciben US$ 1.300 millones anuales de EE.UU. A pesar de presentarse como los “guardianes del país”, está claro que actúan movidos por sus propios intereses.

Las agrupaciones políticas egipcias son islamistas y seculares. Dentro de las primeras, la HM es la que ha logrado mayor apoyo de los sectores populares, gracias a sus campañas de ayuda social; la otra, es el Partido Nour que a pesar de proponer la aplicación de la “sharia”, participará en la transición. Entre las seculares están el Partido de la Constitución con acogida en las clases medias urbanas y el Movimiento Egipcio por el Cambio o “Kefaya”. A fin de participar en el proceso de transición, han formado el Frente de Salvación Nacional (FSN).

Respecto al tercer factor, la sociedad egipcia solo está religiosamente representada por la autoridad islámica suní “Al-Azhar” y la Iglesia Copta de la minoría cristiana. En consecuencia, se prevé que la participación de la sociedad civil en el proceso de transición será prácticamente nula.

En este contexto, el proceso de transición hacia la democracia no será sencillo. La única fuerza civil se concentra en la HM que no está dispuesta a negociar con el Ejército; mientras que el FSN no tiene la fuerza para hacerlo. En base a estas dificultades, tres escenarios son posibles.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -El primero es que, como ocurrió en 2011, se realicen nuevas elecciones. En esta ocasión, probablemente el Ejército procurará que sea elegido alguien más proclive a aceptar la protección de sus intereses, con lo cual, seguirían concentrando el poder tras ‘bambalinas’. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De no ocurrir así, la mayor fuerza política egipcia, la HM ganaría nuevamente las elecciones y de no gustarle al Ejército el presidente elegido, se produciría otro golpe de Estado. Esto, minaría la posibilidad de estabilidad democrática y crearía un círculo vicioso de intromisiones militares.

El segundo es el fracaso de la transición a causa de la debilidad de las instituciones políticas. En este caso, los militares seguirían ejerciendo el poder a través del gobierno provisional. Sin embargo, la posibilidad de que esto ocurra es baja. En 2011, cuando las fuerzas armadas gobernaron, se cometieron excesos que deterioraron su imagen positiva en la población; por esta razón, optaron por un gobierno civil que siguiera una “hoja de ruta” impuesta por ellos.

El tercer escenario, es el más funesto para el pueblo egipcio, ya que implica que la HM opte por el escalamiento de las protestas. El golpe de Estado a un año de gobierno, le ha transmitido un mensaje negativo sobre la democracia. De iniciar acciones violentas, se podría desatar una guerra civil similar a la de Argelia en 1991.

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En 1991 la Conferencia de Madrid marcó el principio de entendimiento tras más de medio siglo en estado de guerra. Ahora el secretario de Estado estadounidense John Kerry intenta reavivar el proceso de paz. Según dijo, cuando comenzaron sus esfuerzos de mediación había “una gran diferencia” entre las posturas de israelíes y palestinos, pero que tras seis rondas de contactos con ambas partes, ahora ha conseguido acercar posiciones.

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que su plan para reanudar las estancadas conversaciones de paz se basa en tres ejes, uno económico, otro de seguridad y un tercero político. El plazo establecido: nueve meses para alcanzar un acuerdo a partir del inicio oficial del proceso de negociación que partió la quincena de agosto.

Ambas partes se han comprometido a mantener los términos en secreto, y el único autorizado a dar detalles será el propio Kerry. Sin embargo, el presidente palestino, Mahmud Abbas, dio algunos alcances sobre lo que podría ser uno de los pilares del proceso: el intercambio de territorios, una premisa que la Liga Árabe incorporó en su plan de paz en abril.

Se trata de concederle a un Estado palestino más de un 90% de Cisjordania, excluyendo varios bloques de asentamientos. El resto, Israel lo compensaría cediendo una serie de territorios algo menores bajo su soberanía desde 1949. El exprimer ministro Ehud Olmert le ofreció algo similar a Abbas en 2008. El líder palestino no aceptó la oferta entonces, pero en esta ocasión sus enviados a Washington han dado indicaciones de que les gustaría recuperarla.

Sin embargo, el jefe negociador israelí, Tzipi Livn, públicamente no se ha comprometido a negociar sobre la base de las fronteras previas a la guerra de 1967, cuando Israel ocupó los territorios palestinos, u ordenar una congelación en la expansión de los asentamientos.

cOlONiasLos diálogos entre el régimen de Tel Aviv y Palestina se congelaron en septiembre de 2010, luego de que las autoridades israelíes rechazaran una moratoria a la construcción de asentamientos ilegales en la ocupada Cisjordania. Esta vez, el tema de la expansión de las colonias judías ha vuelto a amenazar con torpedear las negociaciones.

A tres días de iniciarse las conversaciones formales entre palestinos e israelíes, la esperanza cede ante la crispación. Y es que a pesar que el pasado 11 de agosto se dio finalmente luz verde a la excarcelación de los primeros 26 presos palestinos recluidos en Israel antes de los acuerdos de Oslo en 1993 y que se anunciara que los demás, de un total de 104, saldrán en los próximos nueve meses, otro anuncio marcó previamente una nueva fricción entre las naciones árabe y judía.

La declaración la hizo el ministro de Vivienda israelí, Uri Ariel, quien sostuvo que se levantará casi 1.200 nuevas residencias en colonias de Cisjordania (394) y Jerusalén Este (793), en suelo palestino ocupado ha generado el recrudecimiento de las tensiones entre las partes. Y las reacciones no se hicieron esperar.

El número dos de los negociadores palestinos, Mohamed Shtayyeh, acusó a Israel de tratar deliberadamente de

Contexto poco auspicioso para el inicio del diálogo palestino-israelí

Nuevos intentos

Nada parece haber cambiado. Tras 20 años de infructuosas negociaciones, la esperanza parece morir incluso antes del inicio del más reciente intento por alcanzar la paz entre estas dos naciones de Medio Oriente. La razón: el gobierno de Netanyahu decidió extender los asentamientos judíos a tres días del comienzo de las conversaciones formales.

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boicotear los esfuerzos internacionales, además de exigir a Estados Unidos y la Unión Europea que medie para acabar con la “impunidad” de Israel. La queja se hizo formal a través de una carta dirigida al secretario de Estado norteamericano, John Kerry. No obstante, el máximo negociador palestino, Saeb Erekat, dijo que no amenaza con boicotear el proceso, pero advierte de que la actitud de sus opositores hará “muy difícil” lograr avances.

Por su parte, Netanyahu mandó su réplica a Washington asegurando que los palestinos caen en la “incitación al odio”. Argumenta que se “envenena” a las nuevas generaciones en el repudio a Israel. La respuesta estadounidense llegó a través de la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Jen Psaki, quien condenó el paso dado por Israel.También desveló que altos funcionarios de la oficina de Kerry están en contacto con sus colegas israelíes para expresarles su “preocupación”.

Más de medio millón de israelíes viven en más de 120 asentamientos ilegales construidos desde la ocupación, en 1967, de los territorios palestinos en Cisjordania y Al-Quds, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la mayoría de los países repudian la política expansionista del régimen de Israel y la califican de ilegal.

eNFOQUepOr: jUlissa castrOLa posición internacional de Palestina ha logrado algunos avances en los últimos años, pero aún son insuficientes. Así tenemos que tras su cuarto intento por lograr algún reconocimiento, consiguió, en noviembre del 2012, ser aceptado como Estado observador no miembro en la ONU. Un estatus igual que el Vaticano y que antes ocupara Suiza durante 56 años.

Anteriormente le había pedido al mismo organismo que lo reconociera como Estado de pleno derecho, pero ello fue bloqueado por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. A pesar de esta negativa y gracias a la votación mayoritaria que le favoreció en la Asamblea General de Naciones Unidas, hoy la ANP puede recurrir a la Corte Internacional de la Haya para llevar a Israel a responder por las denuncias de genocidio que realiza desde el 2002. Se suma a ello, un grupo de países que no ven con buenos ojos la progresiva extensión de las colonias judías sobre territorio palestino ocupado, además del aislamiento al que tiene sometida a esta nación. Recordemos que en diciembre pasado Gran Bretaña, Francia y Suecia convocaron a los embajadores israelíes en sus respectivas capitales para expresarles su desaprobación al plan de extender los asentamientos judíos de la ocupada Cisjordania y Jerusalén Este. Alemania y Rusia también manifestaron su preocupación. En resumen, podríamos decir que una mayoría internacional apoya la soberanía de la nación árabe y que la continua expansión judía sobre territorio ocupado comienza a generar un expreso desagrado entre las potencias tradiciones. Esto, entonces, parece indicarnos que la posición palestina en una correlación de fuerzas con Israel comienza a mejorar. No a partir del ‘poder duro’-acciones militares y condicionamiento económico- del cual Israel es claramente superior, sino desde su ‘poder blando’-las ideas- que hoy vende la causa palestina en la arena internacional. A pesar de los avances alcanzados, el reciente impulso para iniciar un nuevo proceso de paz entre ambas naciones no se observa prometedor para los intereses palestinos. Y es que es Estados Unidos, tradicional actor aliado a los intereses judíos, quien define la balanza. En el corto y mediano plazo ello continuará igual.

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Irán inició agosto con un nuevo presidente. Tras la salida de su antecesor, Mahmud Ahmadineyad, el ahora séptimo mandatario desde la fundación de la República islámica, Hasan Rohaní, ofreció un discurso esperanzador por primera vez como presidente ante el Parlamento de su país. Sostuvo que los iraníes votaron por la moderación y la esperanza en los comicios de junio, y prometió avanzar en los derechos de las mujeres y reducir la intromisión gubernamental en las vidas de los ciudadanos. En tono conciliador, aseguró transparencia y apela a ella en las negociaciones nucleares, pero también pidió el fin de las sanciones internacionales que mantienen en ruinas la economía iraní.

De esta manera trató de fijar una postura moderada que buscará mayor flexibilidad frente a Occidente. No obstante, una prueba temprana de sus reales intenciones se verá en torno a la postura que tendrá sobre el conflicto sirio. Solo recordar que la Irán de Ahmadineyad ofreció todo su respaldo al clan Al Asad, además de la milicia libanesa Hezbolá que hoy es considerada por la Unión Europea como una organización terrorista. La ceremonia de investidura tuvo lugar en una Husseiniyeh, un lugar de culto chiíta, en casa del guía supremo de la República Islámica de Irán, el ayatola Alí Jamenei, en presencia de altos responsables del régimen. Cita a la que acudieron también, por primera vez, dirigentes extranjeros. Unos diez jefes de Estado de la región, al igual que el español Javier Solana, ex jefe de la diplomacia europea.

descONFiaNzaPara el Gobierno estadounidense, el cambio de mando en Irán no ofrece

mayores variaciones. Por lo menos, eso es lo que demuestra la reciente aprobación por parte de la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que busca agravar las duras sanciones impuestas hacia Irán. El texto será evaluado por el Senado en septiembre pero se espera el respaldo del mismo. Esta nueva condena, que tiene como objetivo frenar el programa nuclear iraní, permite poner fin a todas las ventas mundiales de petróleo de ese país–su principal fuente de ingresos- desde ahora y hasta 2015. También establece elevadas multas económicas a quienes no sean capaces de encontrar a otro país para proveerse de crudo. La nueva norma limita todavía más la capacidad de Irán de acceder a fondos en el extranjero en incluye en la lista negra a la industria del motor, la minería y la construcción iraníes.

No obstante la amenaza de nuevas sanciones para el país musulmán, Teherán anunció la construcción de una nueva central nuclear con participación de Rusia. Este último país mantiene una “pausa” en sus relaciones con Estados Unidos a raíz de otorgarle asilo al ex agente de la CIA Edward Snowden a pesar de la solicitud norteamericana para que sea enviado de regreso a Washington.

Según el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Ali Akbar Salehi, la energía nuclear es útil para temas de comercio, por lo que defendió que el programa nuclear iraní es exclusivamente para uso civil.

Un buen número de gobiernos, con Estados Unidos e Israel a la cabeza, creen que el programa nuclear puede tener una vertiente militar, lo que ha propiciado las sanciones que estrangulan la economía de Irán.

Hasan Rohaní asume la presidencia en IránMás sanciones

El ahora mandatario ofrece un discurso moderado en busca de acabar con las condenas económicas que Occidente le ha impuesto. No obstante, defienden su programa nuclear. Al mismo tiempo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos no le da su voto de confianza al aprobar una propuesta que pone en jaque la exportación de crudo iraní.