Trabajo Final

Especialización en Derecho y Economía del Cambio Climático

Análisis de las políticas públicas sobre el cambio climático en el

Ecuador

Luis Wilson Lechón Sánchez

Diciembre de 2015

RESUMEN De acuerdo a lo señalado en la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, entre los impactos más probables que se podrían verificar en el Ecuador se destacan: eventos climáticos extremos, como los ocurridos a causa del fenómeno de El Niño; incremento del nivel del mar; retroceso de los glaciares; disminución de la escorrentía anual; incremento de la transmisión de dengue y otras enfermedades tropicales; expansión de las poblaciones de especies invasoras en Galápagos y otros ecosistemas sensibles del Ecuador continental.

El presente trabajo consiste en una investigación documental sobre los aspectos de las políticas públicas sobre cambio climático, a partir de la cual se realizó el análisis de los instrumentos normativos nacionales así como de los proyectos no reembolsables y proyectos financiados mediante créditos reembolsables por los bancos de desarrollo que operan en la región.

De esta manera, la investigación documental incluye un marco referencial en el que se observa el contexto, el entorno y el antecedente referente al cambio climático, así como un marco teórico donde se establecen y determinan la evolución de cada uno de las políticas con base en fundamentos sustentados, la identificación de actores y el financiamiento y, el seguimiento a dichas políticas.

La metodología que se empleó para llevar a cabo la investigación fue el análisis de las políticas públicas sobre el cambio climático desarrollado en Ecuador, esperando determinar los esfuerzos realizados, la articulación con las políticas sectoriales y la integración con otras acciones.

Se investigaron y analizaron todos los proyectos, programas e iniciativas relacionados al cambio climático, los mismos que son presididos por los principales actores gubernamentales relacionados al tema como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como todas las Fundaciones y ONGs que ejecutan proyectos en el territorio ecuatoriano. Los actores se ha estructurado en claves, primarios y secundarios, a la vez fueron seleccionados debido a que en algunos casos intervienen directamente en la toma de decisiones ya sea para la elaboración de las políticas o para la implementación de las mismas.

Los resultados del análisis permitirán detectar las políticas que se han implementado en el país, así como su efectividad para combatir el cambio climático dentro del ámbito de la adaptación y mitigación del cambio climático, así como también los roles de los actores en la gestión de políticas ambientales en particular del cambio climático.

TabladeContenidos

1. INTRODUCCIÓN 4

2. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 7

3. COMO EVOLUCIONAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN ECUADOR 9

4. LOS ACTORES 14

4.1METODOLOGÍADELACLASIFICACIÓN 144.3FLUJOSDEFINANCIAMIENTO 20

5. INICIATIVAS Y POLÍTICAS NACIONALES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 23

5.1MEDIDASDEMITIGACIÓN 235.2VULNERABILIDADYADAPTACIÓNALCAMBIOCLIMÁTICO 275.3POLÍTICAFISCALAMBIENTAL 295.4.CAMBIODELAMATRIZENERGÉTICAENELCONTEXTODELCAMBIOCLIMÁTICO 315.5CAMBIODELAMATRIZPRODUCTIVAENELCONTEXTODELCAMBIOCLIMÁTICO 31

6. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 32

1. INTRODUCCIÓN

El cambio climático se entiende como el aumento evidente de la temperatura media del aire y del océano a nivel mundial, el deshielo generalizado de los polos y hielos y el aumento medio del nivel del mar (IPCC, 2007). Esto traerá como consecuencia cambios en el clima y de eventos extremos, con diferentes impactos a nivel de país (IPCC, 2007). En el Ecuador el cambio climático podría intensificar además, los cambios en la escorrentía de las cuencas hidrográficas, la prevalencia de las enfermedades transmitidas por vectores y los daños a los ecosistemas continentales y de las Islas Galápagos (CEPAL, 2012). La posible magnitud del cambio climático y sus impactos hacen necesario analizar las políticas públicas establecidas en el territorio ecuatoriano. Por política pública puede entenderse, como lo señala Vargas (1999), al conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas, lo que estima necesario ubicar en la agenda pública (Vargas, 1999). Afirma también el autor que no se debe confundir la política pública con la ley o la norma, ni tampoco se asimila a la política económica. La política pública implica un acto de poder e implica la materialización de las decisiones de quienes detentan el poder, esto se construye con la participación de diferentes actores. Sin embargo, en la actualidad las agendas públicas sólo llegan a constituirse en una agenda de gobierno, cuando los organismos rectores del Estado deciden incluirlas en sus proyectos gubernamentales, para posteriormente, establecer como una política. De acuerdo a lo señalado en la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático1, entre los impactos más probables que se podrían verificar en el Ecuador se destacan: (1) la intensificación de eventos climáticos extremos, como los ocurridos a causa del fenómeno “Oscilación Sur El Niño”; (2) el incremento del nivel del mar; (3) el retroceso de los glaciares; (4) la disminución de la escorrentía anual; (5) el incremento de la transmisión de dengue y otras enfermedades tropicales; (6) la expansión de las poblaciones de especies invasoras en Galápagos y otros ecosistemas sensibles del Ecuador continental; y (7) la extinción de especies. Los impactos sobre la población, infraestructura y producción podrían ser considerables. Estimaciones señalan que para el año 2025 el país perdería aproximadamente US$ 5,6 billones por efectos de

1 El documento fue elaborado bajo la responsabilidad del Comité Directivo conformado por el Ministerio del Ambiente (Presidente), la Secretaría Nacional de Planificación para el Desarrollo, Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en calidad de Agencia de Implementación.

eventos extremos meteorológicos generados por el cambio climático (Amat y León, 2008). Con la aprobación de la Constitución del 2008, el Ecuador presenta un escenario de políticas públicas de protección ambiental, lo cual se manifiesta en una serie de derechos y garantías nuevas en relación al tema ambiental, principalmente los Derechos de la Naturaleza2, el derecho humano al agua y al incluir algunos principios y disposiciones en materia procesal en temas ambientales y en particular en relación al cambio climático. Respecto al contexto político, se han venido construyendo políticas públicas ambientales desde inicios de la década de los noventa, en todos los casos, influidos por las agendas ambientales globales impulsadas desde las grandes reuniones internacionales sobre desarrollo sostenible (convocadas desde Naciones Unidas). A inicios de la década del 2000, surgieron políticas específicas sobre cambio climático, como respuesta a la necesidad de cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Sólo a finales de la década pasada e inicios de la presente, se consolidaron estrategias específicas sobre adaptación, con institucionalidades específicas para atender la temática. Esto se ve reflejado por el Ministerio del Ambiente y otras carteras de Estado han generado avances en cuanto a la creación de un marco político para la gestión del cambio climático. Entre esos avances se puede mencionar: (1) la inclusión de referencias específicas sobre el tema en la actual Constitución de la República y en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; (2) la declaración de la adaptación y mitigación al cambio climático como Política de Estado; (3) el establecimiento de una instancia de gestión pública para el manejo del tema a nivel de Subsecretaría de Estado y dentro del Ministerio del Ambiente; (4) la inclusión de referencias específicas en distintos instrumentos de política y planificación sectorial que contribuyen con la gestión sobre cambio climático; y (5) la creación de una instancia de alto nivel para la coordinación y articulación inter-sectorial de la gestión sobre cambio climático: el Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC). Los gobiernos tanto nacionales como seccionales son considerados como los principales actores responsabilizados con las políticas públicas, debido a su privilegiada disposición de recursos y poder para ofrecer bienes, servicios y transferencias que resuelvan

2 Se afirma que la Naturaleza posee derechos que le son propios, y que son independientes de las valoraciones humanas, por lo que se da un paso mucho mayor. En efecto, la Naturaleza pasa de ser objeto de derechos asignados por los humanos, a ser ella misma sujeto de derechos, y, por lo tanto, se admite que posee valores intrínsecos.

problemas públicos. Para ello se pretende realizar un análisis Ex Ante3, la Implementación4 y la Evaluación (Ex Post)5 de las políticas públicas relacionadas al cambio climático en el contexto nacional (Tapella, 2007). Se identificó la normativa referente al cambio climático, así como el rol que cumplen las instituciones que desarrollan acciones en la temática. Además se realiza el mapeo de actores a nivel nacional e internacional que es fundamental en el diseño y puesta en marcha de todo proyecto, así como también a la hora de negociar/construir en conjunto el programa de acción a seguir. El mapeo de actores permite conocer las alianzas, los conflictos, los portavoces autorizados, y por ende, permite seleccionar mejor los actores a los que se deba dirigir en tal o cual momento. A priori se identifica el financiamiento climático en materia ambiental y cambio climático tomando como referencia los 5 últimos años. Seguidamente se analizan las variables, iniciativas y políticas nacionales en materia de cambio climático y se concluye con la evaluación y monitoreo de las políticas, lo cual se desarrolló mediante métodos cuantitativos, que permiten realizar una aportación valiosa al presente estudio considerando las limitaciones que presentan. También se basó en métodos cualitativos, que permiten profundizar en el estudio de situaciones concretas y comprender aspectos subjetivos en mayor profundidad, complementando a los primeros en problemas de negociación, consenso, legitimidad, satisfacción, calidad, etcétera. Combinando ambos métodos se espera obtener la adecuada integración de las racionalidades técnica y política, necesarias en el campo de las políticas públicas (Cardozo Brum, 2013). Las fuentes consultadas incluyeron libros, revistas indexadas, reportes institucionales, memorias de conferencias disponibles en internet, priorizándose la revisión de aquellos documentos que describían estudios de casos de políticas públicas sobre cambio climático, vulnerabilidad, adaptación, financiamiento climático, mapeo de actores, economía y derecho del cambio climático. En base a ese insumo, en esta síntesis se reclasificaron las estrategias identificadas bajo un enfoque conceptual adaptado sobre los procesos que influyen en la identificación e implementación de políticas públicas. Adicionalmente, se amplió la revisión de literatura, de procesos de negociaciones sobre cambio climático de la Naciones Unidas, reportes del Panel Intergubernamental sobre

3 Se toma como referencia la acción, que se basa en un diagnóstico y definición del problema, para generar y analizar sus alternativas de solución; de manera de seleccionar la que se considere más apropiada. 4 Corresponde a la puesta en práctica y control de la formulación anterior (en forma concomitante) mediante la toma de decisiones operativas y acciones concretas destinadas a incidir en el problema público original; pero que en la práctica suelen apartarse de la misma en distintos grados y por razones diversas (problemas del diseño, juegos políticos, recursos inadecuados, etcétera). 5 La evaluación (estudio ex-post), que permite medir los resultados e impactos alcanzados, describir el proceso desarrollado, explicar sus determinantes y condicionantes, y calificar su grado de efectividad; para decidir si conviene seguir aplicándola, con o sin modificaciones, o amerita su terminación o sustitución.

Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), estudios publicados por la CEPAL, PNUD, ONGs, fundaciones sin fines de lucro y entidades financieras que desarrollan actividades y publican sus experiencias en la región. 2. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO La Constitución de la República del Ecuador 2008, contiene dos artículos específicos relacionados con la gestión sobre cambio climático en el país. El Art. 413 busca promover la eficiencia energética; el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas; las energías renovables, diversificadas, de bajo impacto que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria; el equilibrio ecológico de los ecosistemas; y el derecho al agua. El Art. 414 busca la adopción de medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático mediante la limitación tanto de las emisiones de GEI, como de la deforestación y la contaminación atmosférica; adoptando además medidas para la conservación de los bosques y la vegetación; y para la protección de la población en riesgo (Asamblea C. , 2008)6. El Plan Nacional para el Buen Vivir (PNVB) 2013 – 2017 es el instrumento de gestión pública que determina las directrices de planificación e inversión pública a nivel nacional; como tal, es el instrumento en el cual se basa toda la gestión pública del país. El objetivo 7 del presente instrumento señala “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”, dentro de este contexto las políticas y lineamientos estratégicos concernientes al cambio climático señalan en el punto 7.10: “Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en grupos de atención prioritaria”.

Para organizar la gestión pública ecuatoriana, la Constitución de la República identifica Sectores Estratégicos, Sectores Sociales y Sectores Productivos. Los Sectores Estratégicos contemplan: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua. Entre los Sectores Sociales se incluyen: la gestión de riesgos, educación, vivienda y salud. Se determinan como Sectores Productivos la agricultura entre otros (Asamblea C., 2008).

En lo relacionado a la creación del marco normativo para el cambio climático, se debe mencionar el Decreto Ejecutivo 18157, en el que se declara como Política de Estado la

6 Asamblea Constituyente 2008, asamblea en el cual se elaboró la Carta Constitucional del 2008, vigente hasta la presente fecha. 7 Decreto Ejecutivo 1815 del 1 de julio de 2009. Declaración como política de estado la adaptación y mitigación al cambio climático. El Ministerio del Ambiente estará a cargo de la formulación y ejecución

adaptación y mitigación del cambio climático y en la que el Ministerio del Ambiente recibe el mandato de formular y ejecutar una estrategia nacional, que incluya mecanismos de coordinación y asegure la articulación interinstitucional de todos los niveles del Estado.

El Decreto Ejecutivo 4958 añade nuevos insumos específicos sobre cambio climático. Este Decreto dictamina que todas las entidades del sector público en Ecuador incorporarán progresivamente criterios de mitigación y adaptación en sus programas y proyectos de inversión y pre inversión. Se determina además que todos los proyectos de inversión pública con potencial de reducción de emisiones de GEI reforzarán tanto las oportunidades que ofrecen los mercados de carbono como otros mecanismos nacionales e internacionales que faciliten la reducción de emisiones. En la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado9, aprobada por la Asamblea Nacional en noviembre del 2011, se introdujeron instrumentos de mercado para que los agentes económicos internalicen los costos ambientales de la contaminación vehicular y de los desechos sólidos asociados a las botellas plásticas no retornables (PET).

En este orden de ideas, el Artículo 64 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), que tiene que ver con la preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques ambientales y de gestión de riesgo, establece que en el diseño e implementación de los programas y proyectos de inversión pública, se promoverá la incorporación de acciones favorables al ecosistema, mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales (Asamblea Nacional, 2010 a). El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones10, establece que las empresas, en el transcurso de la sustitución de tecnologías, deberán adoptar medidas para alcanzar procesos de producción más limpia, como por ejemplo: i) utilizar materias primas no tóxicas, no peligrosas y de bajo impacto ambiental; ii) adoptar procesos sustentables y utilizar equipos eficientes en la utilización de recursos y que contribuyan a la prevención de la contaminación; y iii) aplicar de manera efectiva, responsable y oportuna los principios de gestión ambiental universalmente aceptados y consagrados en los convenios internacionales, así como en la legislación ambiental nacional.

8 Decreto Ejecutivo 495, publicado el 08 de octubre del 2010. 9 La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 583, de 24 de noviembre de 2011. 10 Art. 234 y 235 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Registro Suplemento Nro. 351, 29 de diciembre de 2010.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012 - 2025 es consecuente con lo establecido en los instrumentos políticos y normativos vigentes. Además, la Estrategia reconoce la importancia de la participación de distintos actores de la ciudadanía, incluyendo el Sector Privado, en todos los procesos de gestión (Ministerio del Ambiente, 2012). En Ecuador, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que representan los niveles de gestión regional, provincial, cantonal y parroquial, tienen competencias, deberes y niveles de participación delimitadas que cumplir para organizar su gestión, determinadas en gran medida en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) (Asamblea Nacional, 2010b). En este sentido, también juegan un rol protagónico en la implementación de las políticas, medidas y acciones sobre cambio climático en el país. Entidades de Gobierno Central, varios Ministerios y Secretarías de Estado, ya cuentan con políticas definidas sobre cambio climático. En este nivel de gestión se encuentran varias instituciones que cuentan con herramientas que les permiten liderar la definición de Políticas, así como implementar actividades relacionadas con la gestión sobre cambio climático. El Decreto Ejecutivo 72611 establece las características de los denominados Consejos, quienes ofrecen un mecanismo complementario al del Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC)12 para la definición de las Políticas relevantes para cambio climático a nivel de cada sector. Los siguientes Consejos Sectoriales han sido creados en Ecuador: Desarrollo Social; Sectores Estratégicos; Patrimonio; Política Económica; Producción, Empleo y Competitividad; Seguridad; Política; y Talento Humano y Conocimiento. 3. COMO EVOLUCIONAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN ECUADOR La primera década transcurrida a partir de la creación del IPCC significó para el Ecuador: tanto participar en debates internacionales que marcaron el rumbo de las políticas ambientales a nivel global, como asumir compromisos internacionales sobre cambio climático y en general sobre los temas ambientales vinculados con el desarrollo sostenible. La Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992, en la cual participó el Ecuador, propició la suscripción del Convenio sobre la Diversidad Biológica y que en el caso del país entró en vigor un año después de la firma del Convenio. A partir de 1993 se generan diversas acciones en perspectiva de la gestión ambiental: creación de la Comisión Asesora Ambiental en 1993; establecimiento de las políticas ambientales 11 Decreto Ejecutivo 726 del 08 de abril del 2011. 12 Creado mediante el Decreto Ejecutivo 495.

básicas generales a través del Decreto Ejecutivo No. 1802 (1994); creación del Ministerio del Ambiente (MAE) en 1996 como autoridad nacional responsable de definir las políticas ambientales, coordinar las acciones públicas y controlar las acciones privadas que pudieran afectar los recursos naturales y el ambiente; y la elaboración del Plan Ambiental ecuatoriano (1996). El cónclave de Río, sin dudas, incidió para la inserción de normas ambientales en la nueva Constitución promulgada en 1998. De esta forma se consolidó la voluntad política de incorporar la dimensión ambiental al proceso de planificación del desarrollo, en base a la integración de conceptos tales como: crecimiento económico, desarrollo humano, conservación del patrimonio natural y cultural del país y gobernanza. Estos fueron el instrumento adecuado para viabilizar el desarrollo sostenible (Geo, 2008). La Constitución Política que empezó a regir la vida jurídica del país desde 1998 fue fruto de una década de gran efervescencia política y movilización social. La Constitución de 1998 incorporó entre los deberes primordiales del Estado: «Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente» (artículo 3, numeral 2). En el ámbito del cambio climático, los primeros esfuerzos por generar políticas públicas e institucionalidad para atender dicha temática se concretaron en el Decreto Ejecutivo No. 1101, publicado en el Registro oficial No. 243 de 28 de julio de 1999, por el que se creó el Comité Nacional del Clima. Dicho Comité tuvo competencias para la definición y el establecimiento de políticas y estrategias para la ejecución del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Sin embargo, no cumplió con su objetivo de definición y establecimiento de políticas y estrategias, lo que impidió que se concreten actividades trascendentales para la adaptación y mitigación del cambio climático (Cevallos, 2013). La Constitución de la República del 2008 que actualmente rige la vida jurídica del Ecuador incorpora tres pilares fundamentales sobre los que sustenta su visión de país. Los tres resultan de gran relevancia en relación a la naturaleza, la diversidad cultural y los derechos vinculados a ellas: el buen vivir13 o sumak kawsay14, el reconocimiento de derechos a la naturaleza y el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano. Con respecto al cambio climático, la Constitución establece que “el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la contaminación atmosférica; además, tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo” (Art. 414).

13 El “régimen del buen vivir” presenta normas sobre inclusión y equidad en las que se cubren cuestiones sobre educación, salud, etc., junto a cuestiones sobre biodiversidad y recursos naturales (artículos 395 a 415 de la Constitución del Ecuador). 14 Sumak kawsay, “buen vivir” en idioma kichuwa.

En julio de 2009, el Decreto Ejecutivo 1815 declaró como Política de Estado a la adaptación y la mitigación del cambio climático. Se encargó al Ministerio del Ambiente la formulación y ejecución de la estrategia nacional y un plan que permita generar e implementar acciones y medidas tendientes a tomar conciencia sobre la importancia de la lucha contra el cambio climático, que incluya mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional en todos los niveles del Estado (Art. 1). Las competencias del Comité Nacional del Clima son transferidas a la Dirección de Cambio Climático, Producción y Consumo del Ministerio del Ambiente, que en el mismo año 2009 se transformó en la Subsecretaría de Cambio Climático en el Ministerio del Ambiente. Luego en 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 495, se conformó el Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC)15, con el objetivo de coordinar y facilitar la ejecución de las políticas nacionales en la materia. Gráfico No. 1 Comité interinstitucional de cambio climático

15 Este comité tiene como objeto coordinar la ejecución integral de las políticas nacionales y solicitar insumos técnicos y legales en las áreas de mitigación y adaptación al cambio climático. El Ministerio del Ambiente desempeña un rol protagónico en las actividades y ejerce la Presidencia y la Secretaría Técnica.

Ministeriodel

Ambiente

MinisterioCoordinadordelaPolí3caEconómica

MinisterioCoordinadorde

SectoresEstratégicos

MinisterioCoordinadordeDesarrolloSocial

MinisteriodeRelacionesExterioresy

MovilidadHumana

SecretaríadeGes3óndeRiesgos

SecretaríaNacionaldeEducación

Superior,Ciencia,TecnologíaeInnovación

SecretariaNacionaldelAgua

SecretaríaNacionaldePlanificacióny

Desarrollo

MinisterioCoordinadordeProducción,Empleoy

Compe33vidad

En julio de 2012 se presentó la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025. La Línea Estratégica Adaptación al Cambio Climático tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático. Su objetivo general es crear y fortalecer la capacidad de los sistemas social, económico y ambiental, para afrontar los impactos del cambio climático. Para el cumplimiento de este objetivo, se formula un Plan Nacional de Adaptación (Ministerio del Ambiente, 2012). En la evolución de las políticas públicas sobre cambio climático se puede comprobar que se logran incorporar a partir de la asunción de compromisos internacionales originados en los instrumentos aprobados en la Cumbre de la Tierra de 1992. En principio, la institucionalidad que se genera respecto al cambio climático es débil y los procesos de construcción de políticas nacionales sobre el tema es lento hasta mediados de la década del 2000, cuando a partir de ello se observa un mayor interés de los gobiernos por re institucionalizar su gestión pública. Así, han emprendido procesos de planificación orientados a fortalecer la inversión social, siempre sustentada en lo económico con políticas de profundización del extractivismo. En términos generales, en los últimos 15 años, el Ecuador ha impulsado procesos legislativos ambientales relacionados a la promulgación de leyes macro y específicas en materia ambiental con una estrecha relación en el tema de cambio climático. Además ha establecido instrumentos de gestión y manejo sostenible de los ecosistemas, mediante cambios administrativos y aplicación de la legislación en actividades gubernamentales, a fin de generar la estabilidad que requieren las políticas ambientales de Estado. Este importante esfuerzo desplegado para los cambios y transformaciones de los marcos regulatorios e institucionales se refleja en la adopción de instrumentos de gestión ambiental sectorial y gestión ambiental privada. En cuanto se refiere a las mejoras sustantivas de la calidad de vida de la población, en la actualidad se ha mejorado la gestión ambiental debilitada que existía en años pasados y la insatisfacción sobre las necesidades de saneamiento básico de grandes sectores sociales, la protección del ambiente, la eficiencia de los organismos de control, evaluación y fiscalización de la conservación y gestión ambiental, y de transferencia de competencias. Sin embargo, hay un fuerte déficit en la implementación y ejecución de estas medidas planteadas desde el gobierno. La mayoría de las medidas gubernamentales vinculadas a la temática climática han sido establecidas mediantes decretos ejecutivos (políticas ambientales explícitas16) y en general no ha habido espacios institucionalizados de consulta pública en sus procesos de 16 Políticas explícitas: aquellas que están formuladas y publicadas en documentos oficiales aprobados o expedidas formalmente por algún organismo estatal y que tienen como objetivo la protección ambiental

formulación, ni estas nuevas medidas de gobierno prevén mecanismos de seguimiento o monitoreo social. Según Albán & Prócel (2012), esto responde a una visión por parte del gobierno actual que plantea recuperar la negociación y elaboración de la política pública como un ámbito exclusivo de los representantes políticos del pueblo elegidos a través del voto popular. En este ámbito, no hay mayor margen para la participación de grupos y actores sociales, en forma autónoma e institucionalizada, en los procesos de formulación y monitoreo de las políticas públicas. En lo que respecta a la transferencia de competencias, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización17 (COOTAD) manifiesta que entre los fines que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, es la recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento del medio ambiente sustentable y sostenible. Además, cuando existieran razones de amenazas de origen natural o antrópico, la gestión de riesgos debe incluir acciones de mitigación así como prevención, reacción, reconstrucción y transferencia de manera concurrente y articulada con las políticas y planes emitidos por el organismo responsable18. Por lo tanto el COOTAD y la Constitución vigente del Ecuador, señalan que la gestión ambiental es exclusiva de los Gobiernos Autónomos Provinciales. Para noviembre del 2014, el ente rector de la promulgación y control de competencias presidido por el Consejo Nacional de Competencia (CNC) emitió la Resolución No. 0005-CNC-2014 con el cual regula la competencia de gestión ambiental a favor de los Gobiernos Autónomos Provinciales y de forma no obligatoria para los Gobiernos Autónomos Municipales. Lo cual también a corto y largo plazo permitirá generar políticas públicas a nivel territorial, que a su vez permitirá fortalecer la integración de las políticas a través del involucramiento con otras áreas claves de los gobiernos locales en la agenda del cambio climático. Sin perjuicio de los avances institucionales mencionados anteriormente, la problemática del cambio climático aún no ocupa un lugar destacado en la agenda local y las elites políticas no la conciben como un tema central de la política local, o al menos para lograr la efectiva implementación de las políticas actualmente existentes, las cuales requieren de acciones de gobierno que en muchos casos son complejas y costosas en términos políticos y económicos (Ryan, 2012). Por lo tanto la construcción de las políticas locales sobre el cambio climático deberá tener un objetivo estratégico para los actores comprometidos con la problemática climática. Esto fortalecería la capacidad de incidencia y negociación de funcionarios

17 Registro Oficial Suplemento 303 de 19 de octubre de 2010. 18 Código Orgánico de Organización Territorial y Desarrollo (COOTAD). Este es el marco que recoge la nueva Constitución de la República, que reconoce al estado ecuatoriano como descentralizado, guiado por los principios de equidad interterritorial, integración, solidaridad y unidad territorial.

gubernamentales que intentan avanzar la agenda climática en los gobiernos locales, conociendo que los desafíos globales del cambio climático deben ser formulados en términos locales y vincularlos a cuestiones y problemas que ya están en la agenda local. Esto claramente contribuiría al proceso de construcción de coaliciones sociales más amplias y sólidas que apoyen la adopción de políticas vinculadas a la agenda climática. Finalmente, a la presente fecha, en la Asamblea Nacional se encuentra en debate el nuevo código ambiental. Este proceso de construcción y rediseño de las nuevas políticas atentas a los desafíos del cambio climático, deberían: i) integrar los objetivos ambientales sostenibles en objetivos básicos de la política social; ii) incorporar las incertidumbres y complejidades asociadas con el cambio climático en el análisis de las políticas sociales; iii) asegurar que las políticas económicas estén diseñadas para satisfacer el núcleo social y ambiental, y no simplemente los objetivos de crecimiento; iv) crear empleo y facilitar la adopción de empleos de la economía verde en los grupos desfavorecidos; v) reducir las desigualdades y desventajas arraigadas a través de políticas sociales redistributivas. 4. LOS ACTORES 4.1 Metodología de la clasificación Los actores se han estructurado en claves, primarios y secundarios (Garzón, 2010). A la vez fueron seleccionados debido a que en algunos casos intervienen directamente en la toma de decisiones, ya sea para la elaboración de las políticas o para la implementación de las mismas, como es el caso del Ministerio de Ambiente, Dirección de Políticas y Estrategias del Sector Ganadero del Ministerio de Agricultura, los Gobiernos Autónomos Provinciales, Municipales y Parroquiales. Otros, como la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), monitorean y evalúan la implementación de las políticas o actores que siendo organizaciones no gubernamentales están involucrados indirectamente en los temas de cambio climático. 4.2 Clasificación de actores Los actores relacionados al tema de cambio climático en el Ecuador fueron clasificados según su nivel de participación y rol en el tema, según el tipo de organización que conforman y según su área de trabajo. 4.2.1 Clasificación por nivel de actuación en relación al tema

a).- Actores clave: organizaciones que están trabajando directamente con la gestión del cambio climático en Ecuador, desarrollando o implementando programas, proyectos, instituciones, políticas o normas en este tema,

b).- Actores primarios: organizaciones relacionadas indirectamente con acciones que se encuentran desarrollando o implementando a través de programas, proyectos, instituciones, políticas o normas en temas de cambio climático en el Ecuador, y

c).- Actores secundarios: organizaciones que deben ser consideradas en planes o estrategias nacionales de cambio climático, o en proyectos sub nacionales, ya que afectan positiva o negativamente a los aspectos ambientales, sociales, económicos y productivos, entre los principales. Esta clasificación aproxima a la descripción de un nivel actual de relación con las discusiones sobre cambio climático como tal, mas no en la visión más amplia de sectores que en la práctica son claves en decisiones políticas. 4.2.2 Clasificación por tipo de organización a).- Estado: organizaciones del gobierno ecuatoriano, de provincias o municipios. Aquí también están organizaciones de otros gobiernos cuyo ámbito de acción incluye Ecuador.

b).- Sociedad civil: son organizaciones no gubernamentales, asociaciones, redes y similares.

c).- Sector privado: son empresas y personas particulares. 4.2.3 Clasificación por área de actuación de la organización a).- Nacional: organizaciones cuyo ámbito de acción se limita a los límites del territorio nacional ecuatoriano. b).- Internacional: organizaciones con ámbito de acción internacional pero con actuación también en el Ecuador. A partir de la información bibliográfica recabada para esta investigación, hemos focalizado nuestro análisis para la identificación de actores en mecanismos de participación social realizadas en diferentes ámbitos como foros, talleres y otros relacionados al cambio climático. Tabla No. 1 Actores claves en la gestión del cambio climático en Ecuador. Roles, objetivos y fortalezas.

ACTOR ROLES RELACIÓN CON EL CAMBIO

CLIMÁTICO ORGANISMOS ESTATALES NACIONALES

Ministerio del Ambiente (MAE)

Formulación de políticas, planificación, control, regulación a través de la Subsecretaría de Cambio Climático

Actor clave

Asamblea Nacional Formulación de leyes a través de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales.

Actor primario

Ministerio de Relaciones Exteriores y

Movilidad Humana

Coordinar, impulsar y fortalecer a nivel internacional, las acciones y políticas nacionales en la gestión del medio ambiente y cambio climático, armonizándolas en el marco de convenios y demás instrumentos internacionales vinculantes para el país.

Actor primario

Consorcio de Gobiernos

Provinciales del Ecuador

(CONGOPE)

Generación de políticas públicas territoriales de acuerdo a la competencia exclusiva de la gestión ambiental provincial.

Actor clave

Asociación de Municipalidades del

Ecuador (AME)

Articulación con políticas naciones y locales para la implementación de programas y proyectos relacionados a la adaptación y mitigación al cambio climático.

Actor primario

Consejo Nacional de Gobiernos

Parroquiales Rurales del Ecuador,

(CONAGOPARE)

Articulación con políticas naciones y locales para la implementación de programas y proyectos relacionados a la adaptación y mitigación al cambio climático.

Actor primario

Gobiernos Autónomos (GAD)

Políticas locales y territoriales en el ámbito del cambio climático en los tres niveles de Gobierno (Provinciales, Municipal y Parroquial).

Actor clave

Consejo Nacional de Competencias

(CNC)

Regulación, control y seguimiento de la descentralización nacional.

Actor primario

Secretaría Nacional de Planificación y

Desarrollo (SENPLADES)

Planificación Nacional y formulación de políticas públicas en el ámbito de la gestión ambiental.

Actor clave

Secretaría Nacional de Gestión de

Riesgos

Gestión de riesgos naturales y antropogénicos a nivel nacional

Actor clave

Instituto Nacional de Meteorología e

Hidrología (INAMHI)

Suministrar información vital sobre el tiempo, el clima y los recursos hídricos del pasado, presente y futuro, que necesita conocer el país para la protección de la vida humana y los bienes materiales.

Actor clave

Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca (MAGAP)

Gestión para producción agropecuaria bajo las políticas de desarrollo sustentable

Actor primario

Banco del Estado (BEDE)

Préstamos reembolsables y no reembolsables Actor primario

Ministerio de Electricidad y

Ejecución de iniciativas y proyectos vinculados a energías renovables

Actor clave

Energías Renovables

Instituto Geográfico Militar

Generar y publicar información cartográfica - geográfica del Ecuador

Actor secundario

ORGANISMOS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN

Cooperación Técnica Alemana (GIZ)

Cooperación Técnica: programa SOCIO BOSQUE, financiamiento para el manejo de áreas protegidas

Actor clave

Fondo Global para el Medio Ambiente

(GEF)

Cooperación financiera no reembolsable para la implementación de programa y proyectos

Actor clave

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Fuente de financiamiento para el desarrollo para América Latina y el Caribe, ofrece préstamos, donaciones y asistencia técnica, se concentra en los siguientes sectores: energía; transporte y logística; desarrollo social; acceso a financiamiento; gestión fiscal; sostenibilidad urbana; desarrollo rural; y gestión de riesgos de desastres y recursos naturales

Actor primario

Banco de Desarrollo de América Latina

(CAF)

Aportan al desarrollo socioeconómico del país mediante operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnico financiera de proyectos públicos y privados en los sectores de infraestructura, productividad, competitividad, fortalecimiento institucional, ambiente y desarrollo local.

Actor primario

Oficina Técnica de Cooperación

Española (AECID)

Se enfoca en la gestión ambiental sostenible de las Islas Galápagos, en la gestión de residuos sólidos urbanos, en la electrificación rural a partir de fuentes de energía renovables, en aumentar la resiliencia de las comunidades frente al cambio climático, y en la promoción de actividades productivas basadas en el uso sostenible de los recursos naturales

Actor primario

Unión Europea (UE) Financiamiento de proyectos y programas no reembolsables sobre sostenibilidad ambiental en el territorio Ecuatoriano.

Actor primario

PNUD, FAO como agencia implantadora

de las Naciones Unidas

Cooperación Técnica; Implementación del Programa UN-REDD+, en cooperación con PNUD y PNUMA

Actor clave

WWF Construcción de resiliencia en el bioma Amazónico: Las Áreas Protegidas (AP) como parte integral de la adaptación al cambio climático. Éste es liderado por REDPARQUES, las Autoridades Ambientales de Ecuador, Colombia, Perú y la Iniciativa Amazónica de WWF (LAI), cofinanciado por el Gobierno Alemán a través del BMUB y WWF Alemania.

Actor primario

WCS Aplica enfoques de paisaje para el Fomento de Capacidades en Mitigación al Cambio Climático en Ecuador

Actor secundario

Conservación Internacional

Apoyo al Plan Nacional REDD+ y su implementación. Aplicación de estándares

Actor secundario

CARE Internacional en el Ecuador

Que las políticas REDD+ sean pro-pobres y que no afecten negativamente a los más vulnerables y que sirva para proteger los bosques

Actor secundario

CONDESAN Apoyar al MAE en el desarrollo de la ENREDD+

Actor secundario

COICA Representar a pueblos indígenas amazónicos en negociaciones internacionales

Actor secundario

The Nature Conservancy

Apoyar la aplicación de mecanismos de mercado que sean armónicos con la naturaleza; y aseguren distribución equitativa de los beneficios.

Actor secundario

Climate, Community and Biodiversity

Alliance

Desarrollar estándares que evalúen los impactos en el clima, comunidades y biodiversidad; y promoverlos

Actor secundario

Programa Regional Ecobona -

Intercooperation

Identificar la pertinencia de la temática REDD+ en los ecosistemas andinos

Actor secundario

Unión Internacional para la Conservación

de la Naturaleza (UICN)

Desarrollar procesos de consulta para construcción e implementación de EN REDD+; con sinergias y participación

Actor secundario

Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina

(ICAA)

Apoyar la implementación del Plan Nacional de REDD+ del MAE

Actor secundario

Articulación Regional Amazónica

Fortalecer capacidades en REDD+ como herramienta para la conservación de la región amazónica

Actor secundario

Red de Interesados en Servicios Ambientales

Promover la discusión e intercambio sobre mecanismos de financiamiento de SA

Actor secundario

VECO Andino Resiliencia al cambio climático Actor secundario

Rainforest Alliance

Reducir la deforestación de los bosques y las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar las reservas de carbono forestal en paisajes dentro de Colombia, Ecuador y Perú

Actor secundario

ACADEMIA, ONG, SOCIEDAD CIVIL NACIONALES

Corporación Grupo Randi Randi

Asistencia técnica e investigación relacionada a temas socio ambientales

Actor secundario

Programa Derechos, CC y Bosques (RFN

/ CEPLAES)

Generar y difundir conocimiento e información sobre derechos, cambio climático y bosques.

Actor secundario

Universidad Politécnica Nacional

Asistencia técnica e investigación en aspectos meteorológicos y climatológicos

Actor secundario

FLACSO Ecuador Investigación desde el ámbito económico, político y social de cambio climático

Actor primario

Universidad Andina Simón Bolívar

Investigación desde el ámbito económico, político y social de cambio climático

Actor primario

YACHAY Investigación en el ámbito del cambio climático Actor clave

Acción ecológica Asistencia técnica en proyectos vinculados a temas ambientales

Actor secundario

ECOLEX Asistencia técnica – legal e investigación en derecho ambiental

Actor secundario

Fundación Avina Asistencia técnica – legal e investigación en políticas y derecho ambiental

Actor primario

Fundación Altrópico Asistencia técnica en proyectos vinculados a temas ambientales

Actor secundario

Fundación Ecuatoriana de

Estudios Ecológicos (Eco Ciencia)

Asistencia técnica en proyectos vinculados a temas ambientales

Actor secundario

Grupo FARO Asistencia técnica – legal e investigación en políticas y derecho ambiental

Actor secundario

Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental

(CEDENMA)

Asistencia técnica – legal e investigación en derecho ambiental

Actor secundario

Fundación ARCOIRIS

Asistencia técnica en proyectos vinculados a temas ambientales¸ colabora en proyecto REDD+ en Zamora Chinchipe

Actor secundario

Fundación Hasaiden Asistencia técnica en proyectos vinculados a temas ambientales

Actor secundario

Fundación Futuro Latinoamericano

(FFLA)

Promueve el diálogo constructivo, fortalecer capacidades ciudadanas, políticas e institucionales, y articular procesos para el desarrollo sostenible en América Latina

Actor secundario

Eco Decisión

Apoyar el desarrollo e implementación de REDD+ como instrumento para la conservación

Actor secundario

PROFAFOR S.A.

Apoyar y proponer el diseño y formulación de proyectos REDD+ para implementarlos en el campo y al mismo tiempo comercializar los CERs en el mercado voluntario

Actor secundario

Ecosecurities

Brindar asesoría para conectar los proyectos REDD+ con compradores de certificados

Actor secundario

Fuente: elaboración propia

En la tabla No. 1 se puede apreciar la lista de actores claves agrupados según el tipo de organización y área de trabajo destacando su rol. Se identificaron 13 actores claves que están trabajando desarrollando o implementando programas, proyectos, generando políticas o normas en relación al cambio climático en el Ecuador, de los cuales 8 pertenecen a instancias estatales, 4 a organismos internacionales de cooperación y 1 al grupo de la academia. En cuanto se refiere a los actores primarios, se identificaron 12 actores, de los cuales 5 pertenecen a instancias estatales, 4 a organismos de cooperación internacional y 3 a organizaciones de la sociedad civil, ONG y la academia. Se ha identificado a 29 actores secundarios, de los cuales 1 pertenece a instancias estatales, 14 a organismos de cooperación internacionales y 14 a la sociedad civil, ONG y la academia.

Gráfico No. 2 Representación gráfico de los actores

Fuente: elaboración propia Los roles de los actores en la gestión de políticas ambientales, en particular del cambio climático, son formular políticas públicas, regular, brindar cooperación y asistencia técnica, generar información e investigación, proporcionar financiamiento y servicio de consultorías. Los actores tienen fortalezas muy diversas para aportar a la formulación e implementación de las políticas públicas ambientales y de cambio climático. Mientras las organizaciones del gobierno ecuatoriano son quienes tienen la potestad de desarrollar un marco nacional para la gestión del cambio climático, las organizaciones gubernamentales internacionales, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado cuentan con recursos, experiencias y contactos valiosos. 4.3 Flujos de financiamiento La información aquí presentada y analizada proviene principalmente de información publicada por fuentes internacionales y no ha sido en su totalidad comparada con la información oficial administrada por los organismos gubernamentales correspondientes, debido a barreras de acceso a la información.

0

2

4

6

8

10

12

14

Actorclave ActorPrimario Actorsecundario

Representacióngráficadelosactores

Organismosestatalesnacionales Organismosinternacionalesdecooperación

Academia,ONGs,Sociedadcivilnacional

El financiamiento climático internacional es definido como el apoyo de los países desarrollados para financiar medidas de adaptación y mitigación en los países en desarrollo (subvenciones y préstamos en condiciones favorables) (Gupta et al, 2014). El Grupo de Expertos de Finanzas de Largo Plazo (Experts on Long-Term Finance)19 de la CMNUCC, definió a las finanzas climáticas como la movilización de USD 100 mil millones anuales hasta el año 2020 para mitigación y adaptación al cambio climático en países en desarrollo a través de fuentes públicas y privadas, multilaterales y bilaterales y otras fuentes alternativas. Menciona además que una definición común permite considerar medidas efectivas y eficientes y monitorear montos y su desempeño. En 2011 se estimó que los flujos globales para financiamiento verde fueron en promedio USD 364 mil millones. Este monto es mucho menor a lo que se estima necesario para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C–US$ 1 trillón/año (Buchner, Falconer, Trabacchi, & Wilkinson, 2012). Hasta noviembre del 2014, la región más beneficiada por los fondos para el cambio climático ha sido la del Asia-Pacífico, que concentra casi el 50% del total. Le sigue América Latina y el Caribe y el África Subsahariana con cerca del 14% respectivamente, por lo que estas tres regiones perciben casi el 80% de estos recursos20. Los Fondos aprobados para el 2013 para América Latina y el Caribe suman USD 151 millones. En 2014 el mayor beneficiario fue Brasil (80%) a través del Fondo Amazonas; mientras entre los países del Caribe, Haití percibió el 5,4% de los recursos. Datos que son tomados en cuenta a mecanismos de financiación que no proveen de los Bancos de Desarrollo Mundial, de los Bancos Nacionales de Desarrollo y del GEF. En cuanto a la Región Latinoamérica y el Caribe, el Banco Europeo de Inversiones (EIB), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son los aportantes más significativos (16%, 10% Y 4% respectivamente). Llama la atención de la alta participación del primero, quien en 2013 ha superado de manera importante los aportes del BID. Los Fondos Climáticos gestionados por mecanismos financieros diferentes al de los Bancos Mutltidesarrollo (BMD) y de los bancos de desarrollo local todavía son pocos significativos (Samaniego & Schneider, 2013). El análisis del financiamiento en materia de cambio climático en Ecuador se ha basado principalmente en información publicada por entidades públicas nacionales así como por fuentes internacionales.

19 CMNUCC (2013). Second Meeting of Experts on Long-Term Finance on 19-20 August, 2013. Bonn. Definition and Reporting System of Climate Finance. 20 Heinrich Böll Stiftung, Climate Fund Update (http://www.climatefundsupdate.org/globaltrends/global-finance-architecture).

De acuerdo a un estudio realizo por GFLAC21 (Peláez Jara & Jose Herrera, 2014), entre 2010 y 2013 se han identificado 100 proyectos en Ecuador mediante los cuales el país ha recibido aproximadamente USD 228.390.989 como recursos no reembolsables de organizaciones internacionales multilaterales y bilaterales, USD 1.958.993.385 a través de préstamos, y USD 35.143.019 a través de canje de deuda. Los sectores que mayor cantidad de recursos han recibido, sobre todo a través de préstamos, son el sector de agua con USD 877,5 millones (40%), el sector de transporte con USD 711,5 millones (32%), y el sector de desastres naturales, prevención de riesgo y desarrollo urbano-marginal, con USD 299,3 millones (14%). El sector de desarrollo forestal recibió solamente USD 142,8 millones (6%) y el sector de energía USD 94,5 millones (4%) como donaciones no reembolsables. El principal ejecutor de financiamiento de cambio climático en Ecuador es el Ministerio de Ambiente (MAE), que si bien no ejecuta la mayoría de los recursos recibidos, sí está a cargo de la implementación de la mayoría de proyectos y programas. El MAE ejecuta un total de 25 proyectos con un financiamiento de aproximadamente USD 131,4 millones, la mayoría de ellos donaciones. En el ámbito de préstamos, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el implementador que más recursos reembolsables no etiquetados ha recibido: aproximadamente USD 655 millones en préstamos para el Metro de Quito (Primera Línea), cuyo objetivo primordial es el mejoramiento del transporte urbano, y en consecuencia la reducción de contaminación ambiental y de gases de efecto invernadero. El Informe de Cooperación Internacional No Reembolsable en el Ecuador 2011- 2014, señala que para el sector ambiental se han identificado 462 proyectos, por un total de USD 201.85 millones de dólares desembolsados (Secretaria Técnica de Cooperación Internacional , 2014). Si tomamos en cuenta su distribución sectorial plurianual, durante el período 2007-2014, se observa en el gráfico 4 que un 19,7% de los recursos, es decir $622 millones, se destinaron al sector Ambiente a través de 865 programas y proyectos. Le sigue el sector de Fomento a la Producción con una proporción de participación del 19,6%. Para este sector se cuenta con un registro de 695 programas y proyectos valorados en $619 millones (Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, 2015). En el sector Medio Ambiente, la mayor parte de proyectos está encaminada a la conservación ambiental de especies y territorios, el manejo sostenible de recursos naturales, la educación ambiental, la producción de energías limpias, al saneamiento ambiental, gestión de riesgos y prevención de desastres naturales, y efectivamente una

21 GFLAC: Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe

parte importante de estas iniciativas se relaciona con la investigación científica ambiental. A pesar de ello, la principal dificultad identificada es que la mayoría de los estudios, investigaciones, descubrimientos y tecnologías generadas no se quedan en el país o simplemente se desconocen sus resultados, ya que no se transfieren ni se socializan a la sociedad en general. Gráfico No. 3 Financiamiento para cambio climático y relacionado al cambio climático

Fuente: elaboración propia El presente estudio adicionalmente ha permitido evidenciar la carencia de estudios e información que existe en el Ecuador referente a datos que contabilicen las inversiones climáticas, específicamente sobre el cambio climático. Sin embargo, debemos recalcar la información proporcionada por la CEPAL tomando en cuenta que la responsabilidad de cada uno de los países de la región es la generación de la información, aunar criterios y buscar la mejor forma de divulgar esta información, básica para las discusiones del futuro del clima. Los vacíos de información identificados podrían darse principalmente por tres motivos: diferentes metodologías de contabilización, incluyendo el concepto de finanzas climáticas, el estado del recurso, es decir, si son montos aprobados, comprometidos o devengados y el tipo de cambio, y la disponibilidad y calidad de la información (Buchner, y otros, 2014). 5. INICIATIVAS Y POLÍTICAS NACIONALES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 5.1 Medidas de mitigación Sector energía: el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable ha llevado a cabo importantes avances para el desarrollo nacional a través de la construcción de proyectos hidroeléctricos como Coca Codo Sinclair, Mazar Dudas, Toachi – Pilaton, Quijos

59%

41%

Representacióngráficadefinanciamiento

Proyectosrelacionadosalcambioclimá3co

Proyectosdecambioclimá3co

Sopladora entre otros, que superan los 2.500 MW. El desarrollo de energías renovables hasta el momento ha sido mínimo, debido a la enorme dependencia del país hacia fuentes fósiles (petróleo), sin embargo se ha impulsado la implementación del proyecto Eólico Villonaco, con una potencia instalada de 16,5 MW. Otras iniciativas implementadas en el sector energético son: la sustitución de focos incandescentes por luminarias fluorescentes ejecutado como proyecto MDL, con el que se espera reducir hasta 250 MW; Plan Nacional para maximizar el uso de cocinas de inducción en el sector doméstico; Plan RENOVA de refrigeradoras; proyecto SECURE asegurando la eficiencia energética en el sector público y residencial; producción de biocombustible; Proyecto de Optimización de Generación Eléctrica y Eficiencia Energética (OGE&EE) con Petroamazonas; construcción del Proyecto de Ciclo Combinado Termogas Machala, con el cual se diversificará la matriz energética del sector eléctrico, al optimizar el uso de recursos primarios de producción local, entre otros. En este contexto no se evidencia el involucramiento del sector privado, no se encuentra entre los objetivos prioritarios de las políticas energéticas garantizar el acceso, asegurar la expansión de largo plazo y atraer inversiones privadas para transferir del Estado a los sectores privados la responsabilidad en la provisión de energía. A ello se añade que el abordaje institucional ha tenido limitaciones y el papel asignado a diferentes actores no ha sido siempre claro. Sector transporte: el Municipio de Quito tiene a su cargo el proyecto Metro de Quito, el programa BICI Q, que busca apoyar procesos de movilidad urbana. La ciudad de Cuenca ha iniciado el proyecto Tranvía de Cuenca. Existen además otras ciudades como Ibarra, que se encuentran en procesos de implementación de acciones apropiadas de mitigación para la movilidad sustentable. Se debe considerar que los resultados de las políticas en proceso de implementación, a pesar de los esfuerzos realizados, son relativamente modestos, debido en lo esencial a que se trata de esfuerzos aislados, no integrados en las políticas sectoriales y no articulados con otras acciones de modo de aprovechar sinergias. Provincia de Galápagos: el Gobierno Nacional inició el Programa Cero Combustibles Fósiles en Galápagos. Otra de las iniciativas a resaltar es el proyecto Energías Renovables para Galápagos. También vale desatacar el proyecto Eólica Baltra (0.2 MWp) y Puerto Ayora (1.5 MWp), el Proyecto Híbrido Isabela (1,1 MWp, FV Térmico Dual) y el proyecto MDL de la Isla San Cristóbal de 2.4 MW. Con relación a las políticas de movilidad, se ha diseñado el Plan de Movilidad Bimodal (Terrestre y Aéreo) de Galápagos que tendrá por objeto la creación de incentivos que promuevan el uso de bicicletas.

Sector Forestal: se está implementando el Programa Socio Bosque, bajo la modalidad de pago de incentivos por conservación voluntaria, que para octubre del 2012 se encuentran bajo protección 1.126,215 hectáreas. A través del Plan Nacional de Restauración Forestal el Ecuador para el 2017 espera haber reforestado 500.000 hectáreas, lo que permitirá paliar el cambio climático. Sector agrícola: estas iniciativas se orientan a fomentar la aplicación de buenas prácticas que permitan reducir emisiones de GEI. Entre ellos se destacan: a) Análisis y sistematización de buenas prácticas productivas y de comercialización de la agricultura familiar campesina; b) Desarrollo e implementación de buenas prácticas agrícolas y pecuaria; c) Diseño e implementación de un Sistema Nacional de Control del Uso y comercialización de plaguicidas de uso agrícola que permitirá definir estrategias y/o planes de mitigación; d) Promover el uso de cultivos con mayor fijación de carbono a través de Planes de Manejo de Uso de Suelo; e) Producción de agro energía (biocombustibles), entre las principales. Sector Ecosistemas: entre los logros recopilados vale señalar: a) Estimación de los cambios en el corto y largo plazo de las poblaciones vegetales en alta montaña frente al cambio climático; b) Impactos del cambio climático en la biodiversidad de los Andes Tropicales; c) Riesgo asociado al clima, Vulnerabilidad y Herramientas para la toma de decisiones y la Conservación; d) Evaluación de los Ecosistemas Tropicales de Alta Montaña; e) Estrategia de incentivos para la conservación y uso sustentable del patrimonio natural; d) Capacitación, conservación y restauración de los componentes del Patrimonio Natural. Sector Industrial: El Ministerio del Ambiente cuenta con el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos desarrolla el “Sistema de Encuestas Ambientales Económicas a Empresas”. El Plan Renova Refrigeradora tiene por objeto la chatarrización de refrigeradoras, el tratamiento de gases de gases agotadores de la capa de ozono y sustitución de equipos eficientes. Aprovechamiento energético de residuos: proyecto GENCAPER, enfocado en la mitigación del Cambio Climático, con la participación de miembros de asociaciones agropecuarias, productores independientes y futuros profesionales del sector. Cabe señalar también que existen iniciativas locales como el Relleno Sanitario del Inga II en la ciudad de Quito que capta y elimina el biogás a través de su aprovechamiento para la generación de energía eléctrica. Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL): los logros alcanzados a la presente fecha se refieren a actividades de fortalecimiento de capacidades institucionales y de participación progresiva del Ecuador en el MDL, a través del Ministerio del Ambiente. Al mes de marzo del 2013 el país cuenta con 21 proyectos registrados ante la Junta

Ejecutiva de la CMNUCC, la mayoría de los cuales se refieren a proyectos hidroeléctricos (9 que representan el 43% sobre el total), seguido por captura de metano (4,19%). Avances en proyectos específicos: Fomento de Capacidades para la Mitigación al Cambio Climático en el Ecuador (FOCAM); Programa Nacional REDD+: el Ecuador se encuentra en la fase preparativa para la implementación de dicho programa, el plan contiene una serie de políticas y acciones identificadas y priorizadas conformado por cinco componentes programáticos: i) Políticas para la zonificación y gestión institucional; ii) Transición a sistemas productivos sostenibles (fuera de bosque); iii) Manejo Forestal e incremento del valor en bosque (dentro de bosque); iv) Restauración y conectividad; y v) Monitoreo, salvaguardas y gestión del conocimiento (ONU - REDD, 2015). Programa Nacional Carbono Neutral: busca garantizar la replicabilidad de la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel corporativo. El resultado final sería la generación de políticas públicas de aplicación masiva que contemple la sistematización de información, marco legal, diseño de una marca neutral, etc. Dentro de este proceso se debe mencionar como un primer paso en esta dirección el Acuerdo Ministerial No. 13122 (aprobado por el Ministerio del Ambiente en el 2010), Acuerdo Ministerial No. 22523 y el Acuerdo Ministerial No. 02724. De acuerdo a las iniciativas identificadas en el contexto de mitigación, el Ecuador en el año 2017 evitará 11,9 millones t/CO2 eq y en el año 2020 15,7 millones t/CO2 eq25, por lo tanto reconocen que muchas actividades de adaptación serán beneficiosas para continuar con los esfuerzos de mitigación. Por ejemplo, la protección de cuencas hidrográficas no solo evitará el deslizamiento de tierras y los fuertes procesos erosivos ligados a las lluvias torrenciales sino que también protegerá la producción agropecuaria, la disponibilidad del agua para consumo humano al igual que también se protegerán los caudales ecológicos de agua (Gobierno Nacional de la República del Ecuador, 2015). Otras medidas como el incremento de las reservas de carbono a través de la restauración forestal y conservación de ecosistemas también tendrán un impacto positivo para las medidas de mitigación.

22 Su objetivo es promover las buenas prácticas en entidades del sector público para apoyar en la reducción de la contaminación ambiental. 23 Este acuerdo permite la otorgación de certificación de producción más limpia en el sector público y privado, en empresas de producción de bienes y servicios. 24 Otorga la autorización ambiental para deducción del 100% de depreciación de máquinas, equipos y tecnologías destinadas a una producción más limpia. 25 Definición del potencial de reducción de emisiones de gases efecto invernadero en Ecuador en el sector energía. FOCAM 2015, estudio validado por la Asociación Española de Normalización (AENOR).

5.2 Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático En muchas regiones, las cambiantes precipitaciones o el derretimiento de nieve y hielo están alterando los sistemas hidrológicos, lo que afecta a los recursos hídricos en términos de cantidad y calidad (nivel de confianza medio26). Los glaciares siguen retrocediendo prácticamente por todo el planeta debido al cambio climático (nivel de confianza alto), lo que afecta a la escorrentía y los recursos hídricos aguas abajo (nivel de confianza medio). El cambio climático está causando el calentamiento del permafrost y el deshielo en las regiones de altas latitudes y en las regiones elevadas (nivel de confianza alto) (IPCC, 2014). En este contexto el Ecuador ha impulsado iniciativas a través de sus Secretarías en ejes estratégicos como por ejemplo:

Monitoreo climático: el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador

(INAMHI) destaca la creación del DATA CENTER27.

Soberanía alimentaria: a) Plan nacional de semillas de alto rendimiento que tiene como finalidad establecer directrices para el fortalecimiento del desarrollo investigativo de nuevas variedades de híbridos climáticamente adaptados, bancos de germoplasma u otro; b) Generación de información piscícola basada en un mejor manejo acuícola, que contribuya a la adaptación de especies bioacuáticas ante los efectos negativos del cambio climático; c) Identificación y análisis de prácticas de agricultura familiar campesina y circuitos alternativos de comercialización que contribuyan a la adaptación al cambio climático mediante la difusión de prácticas/metodologías identificadas en los sistemas productivos; d) Plan Nacional de Riego y Drenaje; y e) el proyecto Fortalecimiento de la Resiliencia de las Comunidades ante los Efectos Adversos del Cambio Climático con Énfasis en Seguridad Alimentaría y Enfoque de Género (FORECCSA).

Gestión de Riesgos: en el año 2008 se crea la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), enfocada a la gestión integral para la reducción de riesgos y manejo de emergencias y desastres en el contexto de los Art. 389 y 390 de la Constitución del Ecuador.

Salud: en el año 2011, el Ministerio de Salud Pública junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), diseñó el Plan Estratégico para la Protección de la Salud frente al Cambio Climático Ecuador 2012 – 2016.

Avances en proyectos específicos: a) Proyecto de Adaptación al Cambio Climático a través de una efectiva Gobernabilidad del Agua (PACC), el fin principal es la de 26 El grado de certeza de los resultados principales que se fundamenta en las evaluaciones realizadas por los equipos de redacción del IPCC sobre los conocimientos científicos subyacentes se expresa según un nivel de confianza cualitativo (que va de un nivel muy bajo a un nivel muy alto). 27 Permitirá gestionar la información con los actores involucrados de forma eficaz para la toma de decisiones.

incrementar la capacidad de adaptación del Ecuador a través de una gestión eficiente de recursos hídricos a escala nacional y local; b) Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA), con el objetivo de reforzar la resiliencia de los ecosistemas y economías locales antes los impactos del retroceso glaciar a través de la implementación de actividades piloto que muestren los costos y beneficios de adaptación al cambio climático; c) Proyecto de Gestión de Riesgo y Vulnerabilidad frente al Cambio Climático (GACC), la finalidad del proyecto es el fortalecimiento de capacidades técnicas a nivel de GAD, Gobierno Central y la Sociedad Civil; d) proyecto FORECCSA "Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria en la cuenca del Río Jubones y Provincia de Pichincha"; e) proyecto Análisis de la Vulnerabilidad de Centrales Hidroeléctricas Emblemáticas frente a los efectos del Cambio Climático; y f) proyecto GIDDACC - Gestión Integrada de la Desertificación, Degradación de la Tierra y Adaptación al Cambio Climático que desarrolla una serie de iniciativas y acciones encaminadas a mejorar los procesos para el uso, manejo y conservación de los recursos hídricos y la tierra.

Áreas protegidas: el Ecuador posee 19,1 millones de hectáreas protegidas, lo que representa cerca del 20% del territorio nacional y corresponde a 51 áreas protegidas28. Los instrumentos relacionados con cambio climático y áreas protegidas, incluyendo el Plan Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Biodiversidad y varios de los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas se encuentran en proceso de actualización durante 2015.

En cuanto se refiere a los ecosistemas la probabilidad de vulnerabilidad son altos, considerando la fragmentación de los hábitats y la degradación a la que están sometidas las áreas naturales, lo que les confiere unos niveles de vulnerabilidad elevados (Gobierno Nacional de la República del Ecuador, 2015). El nuevo enfoque estratégico de la gestión del cambio climático requiere la aplicación efectiva de instrumentos que enfaticen la detención y reversión o recomposición principalmente de los ecosistemas. De acuerdo a lo señalado por (Ortega), las políticas concernientes a la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático corresponden a la estrategia de regulación “indirecta29”. La capacidad de cualquier política o plan de transformar la realidad está condicionada a su eficaz instrumentación. Solamente con un

28http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818785495&umt=ecuador_posee_51_areas_protegidas_segun_ministerio_del_ambiente. Consultado 20 de Nov. 2015 29 Busca generar en forma eficaz, en cuanto incentivos, diversos mecanismos de apoyo (información, participación ciudadana, educación e investigación), económicos y financieros (estímulos fiscales, imposición de tasas y líneas de crédito, creación de mercados de recursos) y de promulgación de patrones de comportamiento o resultados), en varios ámbitos de manejo de recursos, incluidos los referentes al agua, los pesqueros, los bosques y el control de la contaminación urbana.

conjunto coherente y comprensivo de instrumentos, es posible regular y orientar procesos tan complejos como los vinculados al cambio climático. 5.3 Política fiscal ambiental La política fiscal se convierte en un importante instrumento para reducir las externalidades negativas sobre el medio ambiente, generar incentivos económicos, y delinear un modelo económico de desarrollo sostenible a través del sistema impositivo, el gasto y la inversión pública (Almeida, 2014). La utilización de los impuestos como medio adecuado para internalizar las externalidades consiste entonces en gravar la actividad productiva del agente contaminante; y la incidencia del impuesto recaerá sobre el productor o sobre el consumidor dependiendo, entre otros factores, de la elasticidad precio de la demanda (Pigou, 1962). Hasta antes del 2011, en el país no se habían implementado políticas fiscales verdes o ambientales debido a que la conciencia ambiental de la sociedad ecuatoriana aún era incipiente. Ante la necesidad de implementar mecanismos efectivos para disminuir el consumo de combustibles fósiles, se implementan instrumentos, tanto económicos (impuestos y gasto público) como no económicos (regulaciones) para combatir la degradación ambiental (Almeida, 2014). En el 2011 a través la Ley de Fomento Ambiental, se promulgan políticas como:

1. Creación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular (IACV); 2. Impuesto a los consumos especiales e IVA diferenciado para vehículos menos

contaminantes; 3. Creación de un impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables.

Uno de los aspectos más relegados y controvertidos en torno al tema del cambio climático, refiere a sus impactos sociales. Estos impactos incluyen no sólo a los efectos directos sobre el bienestar de las personas sino también a los efectos de las políticas aplicadas para adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático (como los impuestos “verdes”, los límites al uso de ciertos combustibles, etc.). En el mismo sentido, las políticas que ponen límites a las emisiones suelen considerarse menos eficientes porque no toman en cuenta los costos de reducción de los diferentes “contaminadores” (Helm, 2005). En otras palabras, algunas unidades podrán reducir las contaminaciones con bajo costo mientras que otras deberán incurrir en costos mayores. De aquí, desde una visión económica ortodoxa, se sugiere que son preferibles los instrumentos de incentivos de mercado que buscan “inducir comportamientos” y no imponerlos (Vuolo, 2014).

Por ejemplo, reducir consumos en energía y agua puede implicar serios problemas de salud para ciertos grupos o también la posibilidad de reciclar residuos, sin embargo es difícil para los grupos de bajos ingresos económicos. Además, todo indica que esos impactos negativos posiblemente pueden golpear con mayor dureza en los grupos de menores ingresos que tienen escasa responsabilidad en la acumulación de los gases que provocan el efecto invernadero. Esta regresividad también se verificaría en los rendimientos de las políticas aplicadas para frenar y reducir el cambio climático, pese a la mayor importancia relativa que tiene el consumo de los más ricos en la explicación del efecto invernadero (Vuolo, 2014). Esto es así porque los más ricos están en condiciones de “pagar” los mayores impuestos que pueden recaer sobre su consumo y con ello “aliviar” su responsabilidad en el problema. Por estos y otros motivos se corre el riesgo de crear un escenario de “doble injusticia" (Gough, 2011). Por un lado, los efectos del cambio climático afectan a los grupos más vulnerables que son los que menos responsabilidad tienen en la generación del problema y los que menos recursos tienen para hacer frente a sus consecuencias. Por otro lado, las políticas diseñadas para paliar los efectos del cambio climático transfieren sus costos también a esos grupos desaventajados. El problema no es sólo que los efectos del cambio climático están desigualmente distribuidos, sino que también las políticas públicas diseñadas para atender esos problemas pueden producir efectos distributivos desiguales. La regresividad afecta tanto a aquellas políticas que buscan la adaptación al cambio climático como las diseñadas para frenar o desacelerar el cambio climático (mitigación). Por ejemplo, los impuestos energéticos pueden recaer más pesadamente sobre los grupos más pobres que gastan una proporción mayor de su ingreso en energía especialmente en aquellas regiones donde el calentamiento de la vivienda es más relevante para el bienestar. Lo mismo puede decirse de los cargos e incentivos para mejorar la infraestructura energética del hogar o los medidores para el uso del agua. Los grupos más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático también están en peores condiciones para aprovechar beneficios como los empleos que se crearían en actividades verdes. Lo anterior refuerza la idea de que los diseños de políticas focalizadas que reducen el problema a una compensación asistencial para ciertos grupos “especialmente afectados”, son una repuesta ineficaz, insuficiente y tardía (Vuolo, 2014). Por lo tanto, es difícil pensar que con estas políticas compensatorias se pueda construir un ambiente de legitimidad y solidaridad que es necesario para incorporar el tema en las agendas públicas.

5.4. Cambio de la matriz energética en el contexto del cambio climático El Ecuador durante los últimos seis años, ha sentado las bases, para cubrir la demanda interna de electricidad con producción nacional basada en energías de fuentes renovables, principalmente de la hidroeléctrica. De este modo, para el año 2021, se proyecta una representatividad del 69% de las fuentes renovables en la generación de electricidad (MEER – Conelec, 2012). Además de la producción de fuentes renovables alternativas como la eólica, solar, biomasa y geotérmica, permitirán revertir la situación actual en que la generación termoeléctrica es todavía importante, para llegar a una estructura de generación predominantemente renovable, la que oscilaría entre 80% y 90% del total de la electricidad generada en 2030 (SENPLADES, 2013)30. El cambio climático establece un límite claro y no hay dudas acerca de la necesidad de un cambio radical en la matriz energética. Existe una tendencia bastante consensuada a promover políticas de eficiencia energética y penetración de energías renovables para superar la crisis del cambio climático a la vez que se sostiene el crecimiento económico. Sin embargo, el Ecuador posee una matriz energética que se basa en su mayor parte de combustibles fósiles, es decir, la oferta de energía proveniente de petróleo es alta porque la demanda así lo exige. En tal virtud, no podemos hablar de un cambio de matriz energética si sólo nos enfocamos en diversificar las fuentes de generación de electricidad, por el contrario se estaría hablando y proponiendo políticas alineadas a un cambio de matriz eléctrica y no energética. 5.5 Cambio de la matriz productiva en el contexto del cambio climático Este proceso de transformación de la matriz productiva implica construir una institucionalidad más articulada, capaz de crear vínculos más sólidos entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales. La nueva matriz productiva tiene una relación respetuosa y solidaria entre economía, sociedad y naturaleza. Se busca cimentar una evolución creciente de producción industrial y de servicios con valor agregado, a través de la expansión del conocimiento científico y tecnológico, basada en la sustentabilidad ambiental, en el marco de un proceso decreciente de extracción de recursos naturales, cerrando así las brechas de inequidad, en beneficio de las generaciones futuras (SENPLADES, 2013). La estrategia de acumulación de riqueza mediante actividades productivas sustentables requiere que la transformación de la matriz productiva se enmarque en un contexto de respeto a los derechos de la naturaleza y de justicia intergeneracional. Si bien la acumulación de la riqueza, en primera instancia, va a depender de procesos extractivos, la estrategia busca que el impulso de nuevas industrias no contaminantes y la 30 SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo

diversificación de las exportaciones basadas en bioproductos y servicios ecológicos, disminuyan significativamente la presión sobre el medio ambiente a largo plazo (SENPLADES, 2013). En este contexto, gran parte del crecimiento económico y de los recursos fiscales que se vienen observando últimamente en el Ecuador y en varios países de la región, son resultantes de un régimen económico cada vez más “extractivo” de recursos naturales. Aquí el problema ambiental no se deriva tanto de las técnicas de industrialización, sino de la deforestación, la minería a cielo abierto, la contaminación de reservas acuíferas, la extracción de recursos gasíferos con métodos no convencionales, etc. Con la justificación de la necesidad de movilizar recursos económicos domésticos, se observan alianzas entre gobiernos y empresas multinacionales que aplican en la región técnicas de explotación de recursos naturales difíciles de imponer en países centrales por su fuerte impacto ambiental (deforestación, minería a cielo abierto, hidro-fracking, etc.). En síntesis, los problemas vinculados al cambio climático obligan a cuestionar los regímenes de crecimiento económico imperantes, pero este cuestionamiento encuentra en la región andina un escenario diferente al de los países más industrializados. En particular, es difícil transferir a la región la idea de freno al crecimiento, pero es posible cuestionar el objetivo de tasas máximas de crecimiento a cualquier costo y plantear la racionalidad de moverse a regímenes de crecimiento más armónicos, estables y sustentables que eviten las crisis recurrentes. 6. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Ecuador reconoce que el monitoreo y evaluación de políticas y programas de adaptación es crucial para garantizar que los recursos se dirijan a las acciones que ofrecen las mejores oportunidades para aumentar la resiliencia de nuestra población. Sin embargo, el Ecuador todavía no cuenta con un sistema MRV31 en temas de adaptación. En el 2013, se publicó el primer manual con indicadores de monitoreo: Climate Change Adaptation Capacity Building en Ecuador, realizado como un primer levantamiento de información sobre las herramientas disponibles en el país para evaluar los proyectos de adaptación. Se considera oportuno, sin embargo, hacer una revisión general de los instrumentos de validez actual, resaltando que en la política pública ecuatoriana se reconoce un

31 El sistema MRV vio la luz en la Conferencia de las Partes de la Convención en Bali y se materializó en el denominado Plan de Acción de Bali (Decisión 1/CP.13).

importante papel del ambiente en general y de la biodiversidad en la economía y el desarrollo sostenible, por lo que se ponen de manifiesto significativos esfuerzos recientes por mejorar su conservación y uso sostenible. Entre las seis recomendaciones generales se pueden mencionar: la generación de información, que incluye obtener estimaciones sobre los costos del cambio climático y la inversión necesaria para la adaptación, promover el desarrollo de una reducción de escala (downscaling) en los escenarios y proyecciones climáticas, fortalecer la distribución de estaciones hidrometeorológicas de la región y aprovechar el Sistema Mesoamericano de Información Territorial (SMIT) como plataforma regional para liderar la generación y difusión de información básica; transversalización del riesgo del cambio climático, en las políticas de desarrollo de los países y en las diferentes áreas del proceso de integración mesoamericano; promover la apropiación del proceso de adaptación por parte de otros ministerios así como la participación del sector privado (seguros, microcréditos, pagos por servicios ambientales, proyectos tipo REDD); difusión del conocimiento, para afinar la percepción de riesgo por parte de los responsables de tomar decisiones y promoción del rescate del conocimiento tradicional sobre adaptación; diseñar y desarrollar proyectos de incidencia local para la adaptación en sectores sensibles; y, finalmente, fortalecer las capacidades de los organismos de cambio climático.

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