03-reformas proc penales en america latina

8/6/2019 03-Reformas Proc Penales en America Latina

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INDICEEDITORIAL

Consejo Edi t ori al d e Sistemas Judi ciales

Cent ro de Estu di os de Just icia d e las Amr icas (CEJA)

Inst it ut o d e Estu di os Com par ado s en Ciencias Penal es y Social es (INECIP)

TEMA CENTRAL

Seguimiento de las Reformas Procesales Penales

Informe Comparativo Proyecto Seguimiento de los Procesos

de Reforma Judicial en Amrica Lati na

Comentario a cargo de Linn Hammergren.

Comentario a cargo de Alberto Binder.

DEBATE

Debate sobre l a Agenda Fut ura de las Reformas Judiciales en la Regin

ENTREVISTA

Fundacin Insti tucional idad y Just icia - FINJUS - Repbl ica Dominicana

NOTAS GENERALES

Csar Azabache:Notas a la Reforma del Procedimiento Penal en el Per.

Bernard H. Gousse: LIndpendance Judiciare en Hati

Cristin Hernndez / Ivn Vera / Javier Martnez:La gestin del Proceso de Reforma

Judicial: experiencias y lecciones.

Humberto Quiroga Lavi / Ricardo M ir:Un modelo y una mejora para los

tiempos procesales de la Justicia Civil Argentina.

Alejandro Alvarez:Cooperacin Sur-Sur para la reforma de la justicia: construir

una agenda con base en la experiencia.

Noticias

Agenda

Reseas bib liogrf icas

Documentos

Directores: Juan Enrique Vargas

Alberto M. Binder

Direccin Periodstica: Sylvia Schulein

Coordinadores de Edicin: Soledad Puj

Pedro Galindo

Correcciones: Francisco Godinez

Diseo: Patricia Peralta

Comercializacin: Horacio Ober

CEJA

Miguel Claro 1460, Providencia, Sant iago de Chil e,

Tel/Fax: 274 2911/33, E mail: [email protected],

Pgina web: www.cejamericas.org

INECIP

Talcahuano 256, 1 piso, Ciudad Autnoma de Buenos Aires,

Argentina, Tel/Fax: (00-54) 1143720570,

E-mail: [email protected] , Pgina web: www.inecip.org

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[ Las opiniones vertidas en la revista son de responsabilidad de sus autores y no de las instituciones que la editan. ]


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EDITORIAL

Sistemas Judiciales2

Con la publicacin en este nmero del in-forme inicial del Estudio Comparativosobre la Reforma Judicial en Amrica Latina, el Cen-

tro de Estudios de Justicia de las Amricas empieza a

cumplir a fondo con la importante misin definida

por su nombre. Es un buen comienzo, muy promete-

dor, an cuando no pasa ms all de ser un primer

paso, bien modesto.

El Centro nace en la Segunda Cumbre de las

Amricas en Santiago de Chile en 1998. Los jefes de

Estado y gobierno concordaron en que una adminis-

tracin de justicia independiente, eficiente y eficaz,

juega un papel esencial en el proceso de consolidacin

de la democracia; fortalece su institucionalidad; ga-

rantiza la igualdad de todos sus ciudadanos; y contri-

buye al desarollo econmico.

Tenan razn. No se trata de meras declara-

ciones retricas, sino de realidades urgentes. Recuer-

do un intercambio con un taxista en un pas centro-americano, en los aos noventa. Esa capital, igual que

muchas del hemisferio, sufra durante la poca (y ac-

tualmente) de una ola de delincuencia violenta. La

ciudadana qued alarmada. El taxista, cuyo pas re-

cin haba recuperado la democracia afirm: lo que

necesitamos es mano dura. Slo as frenamos a los

delincuentes. Y postul para la tarea a un General

de fama genocida.

Si una justicia eficaz y confiable es esencial

para fortalecer las democracias nacientes y frgiles demuchos pases latinoamericanos, tambin lo es para su

prosperidad y crecimiento econmico. Recuerdo igual-

mente intercambios con empresarios importantes de

pases de Sudamrica, preocupados por la justicia

politizada y poco confiable. No slo ellos, sino tam-

bin sus dineros e inversiones, buscaron refugio en el

Norte. As no crecen las economas de sus patrias.

El mandato de la Cumbre pas a la Organiza-

cin de Estados Americanos para elaborar el estatuto

del Centro. Se aprob a fines de 1999. Precis que

los tres objetivos del Centro son los de facilitar: (1) el

perfeccionamiento de los recursos humanos, (2) el

intercambio de informacin y otras formas de coope-

racin tcnica, y (3) el apoyo a los procesos de refor-

ma y modernizacin. Una disposicin transitoria agre-

ga que, en su primera etapa, el Centro desarollar los

temas vinculados a la justicia penal.

A principios de 2000 la OEA eligi a un Con-

sejo Directivo del Centro, integrado por siete juristas.

Fue presidido inicialmente por la entonces Ministra

de Justicia de Costa Rica, la Licenciada Mnica Nagel,

seguida recientemente por quien escribe estas lneas.

El ao 2000 se dedic a tareas iniciales, tales como la

seleccin de sede -Santiago de Chile- y de un Director

Ejecutivo idneo -Juan Enrique Vargas- jurista chile-

no, destacado experto en la reforma judicial, con ex-

periencia en diversos pases de la regin.

As armado, el Centro en el ao 2001, adems

de organizar el equipo y obtener fondos, di inicio a

una serie de proyectos, entre ellos, programas de ca-

pacitacin, un boletn mensual, una pgina de web(www.cejamericas.org), esta revista (con la valiosa

colaboracin del INECIP), y varios estudios impor-

tantes. As, estn pendientes, por ejemplo, la prepara-

cin de un sistema integral de datos para generar esta-

dsticas e indicadores judiciales, y una investigacin

sobre el papel de la sociedad civil en torno a los cam-

bios en el sistema de justicia.

El primer fruto de los estudios es precisamen-

te el que se presenta aqu, sobre la implementacin de

la reforma judicial. Por un lado, es muy modesto.Analiza la implementacin de los nuevos cdigos pro-

cesales penales en slo cuatro pases -Argentina, Chi-

le, Costa Rica y Paraguay- y ni siquiera en los pases

enteros, sino en la provincia de Crdoba de Argenti-

na, en las capitales de Costa Rica y Paraguay, y en dos

regiones no capitalinas de Chile.

El informe reconoce que estos cuatro pases

no constituyen una muestra cientfica. Al contrario,

tres de ellos disponen de mayores recursos econmi-

cos que varias naciones hermanas, y tal vez de una

mayor cultura institucional, profesional e indepen-

dencia poltica.


3/160Sistemas Judiciales 3

Doug lass Cassel

Presidente, Consejo DirectivoCentro de Estudios de Justicia

de las Amricas( (Chicago, ju lio de 2002

La metodologa tambin es modesta. No pre-

tende recoger cifras comprensivas. Analiza dos fuen-

tes de informacin. Primero, un cuestionario, com-

pletado por equipos nacionales expertos, sobre la base

de visitas, observaciones, entrevistas con diversos ac-

tores del sistema procesal penal, y la revisin de docu-

mentos oficiales y de otros estudios disponibles.

Segundo, la observacin sistemtica de todos

los juicios orales celebrados en procesos penales du-

rante el transcurso de un solo mes (aproximadamente

septiembre de 2001). Se recopilaron cifras de juicios

agendados y realizados, casos de delitos flagrantes,

condenas y penas, prisin preventiva y medidas

cautelares alternativas, lapsos procesales, caractersti-

cas de los imputados (gnero, edad, labor o profesin,

antecedentes penales), participacin de querellantes,

defensor pblico o privado, nmero de entrevistas

previas con el defensor, recursos y pruebas, y asisten-

cia del pblico.

El alcance del estudio es igualmente modesto.

No pretende contestar preguntas bsicas, tales como

si las reformas han logrado ms justicia o menos delin-

cuencia. Se limita a examinar la manera en que las

reformas procesales e institucionales se han

implementado o no en la prctica, de acuerdo con su

diseo y expectativas, tomando en cuenta los cam-

bios (y la falta de cambios) de cultura y presupuesto.

No obstante tales limitaciones, el estudio es

sumamente valioso. Es un anlisis emprico de unapregunta emprica: cmo y en qu medida se

implementan las reformas en la prctica real No plan-

tea ni conclusiones definitivas ni recomendaciones

insistentes, sino que formula una serie de preguntas

para una mayor investigacin, por ejemplo, si se debe

llevar a cabo la misma reforma procesal en pases que

cuentan con recursos materiales muy distintos. Busca

abrir, y no cerrar, el debate.

Adems sirve como proyecto piloto de meto-

dologa. Con base en esta experiencia, se pueden ir

perfeccionando cada vez ms las preguntas, las cifras,

y los mtodos de observacin, en el momento -muy

necesitado- de desarrollar este modelo de evaluacin

en otros pases. (Ya est en etapa preparatoria en

Ecuador, El Salvador, Guatemala y Venezuela.)

An en su estado actual de elaboracin, el

estudio permite un anlisis comparativo entre los

cuatro paises, el cual se realiza en el informe y

deviene ms informativo que cualquier estudio de

un slo caso.

Es positivo tambin que el tono y contenido

del informe son, si bien directos, escrupulosamente

cientficos y constructivos. No caen ni en la timidez

ni en la impertinencia.

En fin, este primer intento merece el agrade-

cimiento profundo de todo aquel interesado en lamisin imprescindible del Centro, de compartir infor-

macin y anlisis comparativos que faciliten mejorar

la reforma de la justicia. Merece, adems, mayor re-

flexin y debate sobre sus observaciones y plantea-

mientos concretos, los cuales ahora se pasan a ofrecer

en las pginas siguientes de la revista.


4/160Sistemas Judiciales4

Consejo Editorial de Sist emas Judiciales

La Revista Sistemas Judiciales ha conforma-

do un Consejo Editorial integrado por un grupo de

personas con amplia trayectoria y reconocimiento en

el diseo y ejecucin de polticas pblicas judiciales a

nivel regional.

Este Consejo tiene la importante funcin de

definir las pautas temticas y la orientacin general de

la revista, as como allegar artculos y materiales para

su publicacin y, a la vez, hacer el control de calidad

de los mismos.

La calidad de sus integrantes y el medio en que

cada uno de ellos se desempea profesionalmente, los

constituye tambin en un excelente foro para dar a

conocer y discutir las perspectivas con que se estn

afrontando, y se asumirn en el futuro, las reformas al

sector judicial. Por ello, en adelante encontrarn pu-

blicados en la Revista los resultados de los debates

que, sobre estos tpicos, se lleven a cabo con ocasin

de las reuniones peridicas del Consejo.

SUSMIEMBROSSON:

Biebesheimer, Christina

Estadounidense, Abogada cum laude de la Facultad

de Derecho de Harvard. Desde 1994 se desempea

como Especialista principal en la Divisin de Moder-

nizacin del Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil

del Banco Interamericano de Desarrollo. Autora delibros y trabajos sobre la reforma de la justicia en Am-

rica Latina. Tambin se ha desempeado como docen-

te e investigadora en varias universidades e institutos

de su pas.

Bielsa, Rafael

Argentino, especialista en Informtica aplicada al De-

recho y en programas al servicio de reforma de la Jus-

ticia. Asesor de los gobiernos de Bolivia, Cuba, Chile,

Ecuador, El Salvador, Guatemala y Mxico. Autor de

diez libros y un centenar de trabajos en temas de su

especialidad. Director General del Proyecto de Asis-

tencia Tcnica en la Organizacin de un Modelo de

Poder Judicial para la Ciudad Autnoma de Buenos

Aires (Ciudad Autnoma-PNUD). Fue el Sndico

General de la Nacin en 2001. Especialista sectorial

en sistemas judiciales dentro del Programa Nacional

de Desarrollo Humano (Senado de la Nacin Argenti-

na-Comisin de Ecologa y de Desarrollo Humano- y

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

-PNUD-). Coordinador Tcnico de la Obra de la Con-

vencin Nacional Constituyente Argentina de 1994.

Blanco, Rafael

Chileno, asesor en diversas reformas al proceso penal

en Amrica Latina. Profesor de varias universidades

como la Universidad Alberto Hurtado y la Universi-

dad Catlica, en Chile. Actualmente se desempea

adems como asesor legislativo del Proyecto de Re-formas al Proceso Penal en Chile.

Cordovz, Carlos

Ecuatoriano, Abogado y Periodista. Especialista de la

Divisin de Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil

del Banco Interamericano de Desarrollo del Departa-

mento de Desarrollo Sostenible (SDS/ SGC). Editor

del libro: La Justicia ms all de nuestras fronteras,

Banco Interamericano de Desarrollo, 1999. Editor del

libro: Justicia y Desarrollo en Amrica Latina y elCaribe, Banco Interamericano de Desarrollo, 1993.

Dakolias, Mara

Estadounidense, Consejera Senior del Departamento

Legal del Banco Mundial. Ha trabajado en el Banco

Mundial desde 1992, en diversos programas de asis-

tencia legal y reforma judicial en diversas partes del

mundo. Autora de numerosas publicaciones, en espe-

cial sobre reforma judicial y corrupcin.



Ellie, Florence

Haitiana, Defensora del Pueblo Adjunta. Coordina-

dora de la preparacin del Proceso por la Masacre de

Raboteau, (nov.1997-nov.2000). Coordinadora de la

Comisin Preparatoria de la Reforma del Derecho y la

Justicia (97/ 99). Consejera del Ministerio de Justicia

de Hait.

Fix Zamudio, Hctor

Mexicano, abogado ex Director del Instituto de Inves-

tigaciones Jurdicas de la Universidad Autnoma de

Mxico. Ex Presidente de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos. Investigador Emrito del Siste-

ma Nacional de Investigadores de Mxico. Autor de

varios libros y numerosos artculos sobre derecho pro-

cesal, constitucional y comparado, publicados en re-

vistas especializadas de Mxico y el extranjero.

Fuentes, Alfredo

Colombiano, Doctor en Derecho, Master en Derecho

en la Universidad de Harvard y Master en Economa

en la Universidad de Boston. Actualmente se desem-

pea como Decano de Derecho y profesor de la Uni-

versidad de los Andes en Bogot. Autor y editor de

numerosas publicaciones y libros, en especial sobre

reforma judicial e integracin econmica regional. Se

ha desempeado como asesor en los temas de refor-

mas a los sistemas de justicia, educacin legal y desa-

rrollo en Amrica Latina. Fue Director fundador de laCorporacin Excelencia en la Justicia en Colombia.

Hammergren, Linn

Estadounidense. Doctora en Ciencias Polticas de la

Universidad de Wisconsin. Especialista Senior en

Sector Pblico para el Departamento Regional sobre

Amrica Latina del Banco Mundial. Administradora

y Directora de diversos proyectos para USAID en

Per, El Salvador y Costa Rica. Sus publicaciones

recientes incluyen cuatro manuales acerca de las lec-

ciones aprendidas sobre los Programas de Reforma

Judicial en Amrica Latina.

Maier, Julio

Argentino, Juez del Tribunal Superior de Justicia de la

Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Doctor en Dere-

cho y Ciencias Sociales. Titular de Ctedra en Derecho

Penal y Procesal Penal en la Universidad de Buenos

Aires. Autor de numerosas publicaciones y del Cdigo

Procesal Penal Modelo para Iberoamrica.

Mora Mora, Luis Paulino

Costarricense, Presidente de la Corte Suprema de Jus-

ticia de Costa Rica. Doctor en Derecho. Premio Fer-

nando Baudrit Solera como miembro de la Comisin

de Modernizacin del Poder Judicial. Colegio de Abo-

gados, 1997. Profesor de numerosas universidades,

entre ellas, la Escuela Libre de Derecho y la Universi-dad Autnoma para Centroamrica. Ex presidente de

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

de Costa Rica. Autor de diversos libros y numerosos

artculos sobre la problemtica del Derecho Penal y

los Derechos Humanos.

Moreno Ocampo, Luis

Argentino, Ex Fiscal, tuvo un rol relevante en el Jui-

cio a las Juntas Militares en Argentina. Co-fundador

de la Fundacin Poder Ciudadano, miembro el ComitAsesor de Transparencia Internacional, y presidente

de esta organizacin para Amrica Latina y el Caribe.

Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y

de las Naciones Unidas, entre otros. Autor de nume-

rosas publicaciones. Profesor Adjunto de Derecho

Penal en la Universidad de Buenos Aires y ha dictado

seminarios sobre justicia y derechos humanos en nu-

merosas universidades del mundo.



Conse jo Ed i to r ia l de Si st emas Jud i ci a les

Psara, Luis

Peruano, Doctor en Derecho y Socilogo del Dere-

cho, consultor del Instituto Interamericano de Dere-

chos Humanos, de la Comisin Andina de Juristas, de

MINUGUA y de ONUSAL, entre otros. Colaborador

de las escuelas judiciales de Costa Rica y Panam en el

diseo de sus programas. Profesor universitario, in-

vestigador y realizador de trabajos periodsticos.

Pars, Hernando

Costarricense, Abogado, experto en Sistemas Alternos

de Resolucin de Conflictos. Director del Programa

de Resolucin Alterna de Conflictos del Poder Judi-

cial, 1993-1996. Arbitro y Conciliador, Centro de Con-

ciliacin y Arbitraje de la Cmara de Comercio de

Costa Rica (certificado por el Ministerio de Justicia).

Mediador, Grupo RAC Latinoamericano. Premio

Ulises Odio Santos conferido por la Corte Suprema

de Justicia de Costa Rica por sus valiosas publicacionesen materia de derecho privado, que constituyen una importan-

te contribucin al desarrollo jurdico costarricense, 1992.

Reconocimiento conferido por el Presidente de la Corte

Suprema de Justicia de Nicaragua en agradecimiento por

el invaluable apoyo brindado al Poder Judicial de la Repbli-

ca de N icaragua, para la introduccin de los mtodos alternos

de resolucin alterna de conflictos en materia de la propie-

dad, Managua, mayo, 2000.

Pea, Carlos

Chileno, Licenciado en Derecho y Master en Sociolo-

ga. Director de la Fundacin Fernando Fueyo, que

promueve investigaciones en el rea del Derecho Pri-

vado. Se ha desempeado como asesor y consultor

sobre temas de reforma judicial en varios pases de

Amrica. Ha publicado tres libros y ms de sesenta

artculos en revistas especializadas. Actualmente se

desempea como Decano de Derecho de la Universi-

dad Diego Portales.

Prez Perdomo, Rogelio

Venezolano, Doctor en Derecho. Profesor visitante en

la Universidad de Stanford. Autor de las siguientes

obras, entre otras: (Co-compilador: J.C.Navarro): Se-

guridad personal. U n asalto al tema. IESA. Caracas 1991.

(Co-compiladora: M.E.Boza): Seguridad jurdica y

competitividad. IESA. Caracas, 1996. (Coordinador):

E sclavos del dinero? Sobre crisis de valores y tica de los

negocios en V enezuela. IESA. Caracas, 1998. Profesor

del Instituto de Estudios Superiores de Administra-

cin en Caracas, Venezuela.

Ramrez, Silvina

Argentina, Abogada. Doctorada en la Universidad de

Crdoba, Argentina. Profesora Universitaria. Consul-

tora sobre reforma judicial, desarroll trabajos en di-

ferentes pases de la regin para el Banco Mundial,

entre otros. Experta en temas de diversidad cultural y

justicia indgena. Actualmente se desempea comoDirectora del Instituto de Estudios Comparados en

Ciencias Penales y Sociales, INECIP.

Riego, Cristin

Chileno, Abogado, Master en Derecho en la Univer-

sidad de Wisconsin. Investigador en la Comisin Na-

cional de Verdad y Reconciliacin en Chile. Director

del equipo tcnico que elabor el Anteproyecto de

Cdigo Procesal Penal en Chile. Profesor Universi-

tario, ha escrito numerosos artculos sobre DerechoProcesal Penal.



DIRECTORES:

Juan Enrique Vargas

Chileno. Director del Centro de Estudios de Justicia

de las Amricas. Abogado. Magster en Gestin y Po-

lticas Pblicas. Profesor universitario. Particip en la

Comisin Nacional de Verdad y Reconciliacin- Co-

misin Rettig de Chile. Investigador. Consultor y ase-

sor en procesos de modernizacin y reforma de la Jus-

ticia en Panam, Per, y otros pases de Amrica. Au-

tor de numerosas publicaciones sobre proceso penal,

reforma de justicia y derechos humanos.

Alberto Binder

Argentino. Vicepresidente del Instituto de Estudios

Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP.

Abogado. Profesor en numerosas universidades de

Amrica Latina. Autor de varios libros de derecho

penal, procesal penal y poltica criminal, y de cientosde artculos sobre la materia. Asesor en las reformas

procesales penales de Guatemala, Argentina, El Sal-

vador, Honduras, Repblica Dominicana, entre otros.

Particip, adems, en la Comisin de Verdad de Gua-

temala, y en los procesos de paz de Guatemala, y

Colombia, entre otros.

DIRECTORA PERIODSTICA:

Sylvia Schulein

Argentina, periodista e investigadora en comunicacin

social. Directora del rea Editorial, Medios y Prensa

del INECIP. Se desempe en la seccin internacional

del diario Exclsior en Mxico; como investigadora y

coordinadora del proyecto Altercom del Instituto

Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET);

y en el rea de difusin del Programa de Naciones

Unidas para el Medio Ambiente. Realiz diversas

consultoras para el Programa de Naciones Unidas para

el Desarrollo, entre ellas estuvo a cargo del rea de

Comunicacin del Proyecto de Reforma del Sistema

Nacional de Enjuiciamiento Penal de la Secretara de

Justicia de la Argentina. Autora de publicaciones sobre

comunicacin social y periodismo.



Centro de Estudios de Justicia

de las Amricas - CEJA

1. Qu es el CEJA?

El Centro de Estudios de Justicia de las

Amricas (CEJA) es una entidad intergubernamental

autnoma, cuya misin es apoyar a los Estados de la

regin en sus procesos de reforma de la Justicia. Su

sede se encuentra en Santiago de Chile y sus miem-

bros son todos los Estados integrantes de la OEA. Tras

su creacin se encuentra la conviccin de que existen

muy buenas razones para afrontar las reformas a los

sistemas judiciales con aproximaciones e instrumen-

tos que excedan los puramente nacionales.

Existe adems la certeza regional de que la jus-

ticia es un componente esencial tanto de la democra-

cia como del desarrollo econmico y social de los pa-

ses. Sin embargo, muchos de los sistemas de justicia enla regin an no logran satisfacer las expectativas pues-

tas en ellos, pese a los esfuerzos de modernizacin em-

prendidos en los ltimos aos. Es misin del CEJA

dar un nuevo impulso a ese proceso de Reformas, a la

par de utilizar las sinergias que el trabajo regional pue-

de generar en este sector.

2. Cmo nace el Centro?

Nace en 1999, por resolucin de la Asamblea

General de la Organizacin de Estados Americanos(OEA), en cumplimiento de los mandatos contenidos

en el Plan de Accin de la Segunda Cumbre de las Am-

ricas (Santiago, abril de 1998), y las recomendaciones

adoptadas en las Reuniones de Ministros de Justicia

(REMJA). En ellas se enfatiz la necesidad de incorpo-

rar el fortalecimiento del sistema judicial y administra-

cin de justicia como tpico relevante para la

gobernabilidad y desarrollo econmico de los pases.

En noviembre del ao 1999, la Asamblea Ge-

neral de la OEA aprob el Estatuto del CEJA median-

te la resolucin AG/RES. 1 (XXVI-E/99). En la pri-

mera reunin del Consejo Directivo, en el ao 2000,

luego de estudiar las propuestas presentadas, se reco-

mend que la sede del Centro se encontrara en Chile,

anexo al Centro de Desarrollo Jurdico (CDJ/CPU),

decisin que fue ratificada en la III REMJA.

3. Objetivos y Lneas de accin

El CEJA, segn sus estatutos, se aboca a faci-

litar el perfeccionamiento de los recursos humanos;

facilitar el intercambio de informacin y otras formas

de cooperacin tcnica; y facilitar el apoyo a los pro-

cesos de reforma y modernizacin de los sistemas de

justicia de Amrica. Para ello, el CEJA busca aumentarla cantidad y la calidad de la informacin sobre el fun-

cionamiento de los sistemas judiciales y los procesos

de Reforma de Justicia. Persigue elevar el

profesionalismo y la capacidad tcnica en esta rea,

generando una comunidad entre las personas e insti-

tuciones interesadas en el sector justicia.

Adicionalmente, espera enriquecer el enfoque jurdico

con la perspectiva y los instrumentos propios de las

polticas pblicas y busca intercambiar conocimientos

y experiencias entre pases con tradiciones jurdicas e

institucionales de tipo anglosajn y aquellos de raigam-bre europeo-continental.

En consonancia con tales objetivos, el CEJA

elabora y mantiene un Centro de Informacin sobre

el funcionamiento del sector judicial; realiza estudios,

especialmente de seguimiento de procesos de reforma

en la regin; desarrolla actividades de capacitacin, y

brinda asistencia tcnica a los pases miembros.



4. Instituciones vinculadas altrabajo del CEJA

El CEJA desarrolla su trabajo con y en be-

neficio de las diversas instituciones vinculadas al

sector justicia: Poderes Judiciales, Consejos de la

Judicatura, Ministerios Pblicos, Tribunales Consti-

tucionales, Defensoras Pblicas, etc. Con todas ellas

suscribe acuerdos de cooperacin para conformar

una red de trabajo.

Igualmente, el CEJA administra una red re-

gional de instituciones privadas interesadas en el tema

justicia, la que incluye diversos tipos de ONGs e ins-

tituciones de carcter acadmico.

5. Cmo vincularse.

Los observadores permanentes de la OEA y

cualquier organizacin nacional o internacional, gu-

bernamental o no gubernamental, especializada en la

materia, pueda constituirse en miembro asociado del

CEJA, con derecho a participar en todas sus activi-

dades y reuniones del Consejo Directivo.

Para mayor informacin acerca de las reglas

de asociacin, consulte los Estatutos y Reglamentos

de CEJA en su sitio web,www.cejamericas.org

DIRECTOR EJECUTIVO

Juan Enrique Vargas Viancos

[email protected]

DIRECTORADE PROYECTOS

Luciana Snchez

[email protected]

SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO

Francisco Cruz

[email protected]

COORDINADOR READE CAPACITACIN

Marko [email protected]

CENTRODE INFORMACIN

Paz Prez Ramrez

[email protected]

COORDINADORDE PROYECTOS

Cristin Riego Ramrez

[email protected]

PRENSAY DIFUSINPedro Galindo

[email protected]

SECRETARA

Pamela Varela

[email protected]

Soledad Soto

[email protected]



Instituto de Estudios Comparados enCiencias Penales y Sociales - INECIP

I. El perfil del INECIP

El INECIP es una fundacin que inici sus

actividades en 1989 en Buenos Aires, Argentina, a fin

de contribuir a la consolidacin y el progresivo forta-

lecimiento del Estado de Derecho en los pases de

Amrica Latina y del Caribe.

Para ello, ha trabajado intensamente en el cam-

po especfico de los procesos de transformacin de

los sistemas judiciales y de los sistemas penales ligados

a la transicin democrtica promoviendo -desde una

perspectiva cientfica- la defensa de los derechos fun-

damentales de las personas. A travs de esta tarea, el

INECIP no slo ha forjado los cimientos de lo que es

hoy la Red Latinoamericana para la Democratizacin

de la Justicia, sino que ha alcanzado reconocimiento a

nivel internacional.

Organizacin

INECIP es una institucin con sede central

en Buenos Aires, Argentina y est conformada por tres

oficinas regionales en Amrica Latina y el Caribe y una

institucin europea.

INECIP Buenos AiresTalcahuano 256, 1 piso

C1013AAF- Buenos Aires, Argentina

Tel/fax: (5411) 4372-0570

E-mail: [email protected]

Oficina Regional para Amrica Central5 calle 0-56. Zona 1

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Tel: (502) 230-4427/8 253-6751

Fax: (502) 232-6501


Oficina Regional para el Caribe

Puerto Prncipe, Hait

Te: (509) 245-2145


Oficina Regional para el MERCOSUR

Mariscal Estigarribia 1232

Asuncin, Paraguay.

Tel/Fax: (595) 21-223-427


Misin

RED &JUS,

Rseau pour la dmocratie et la justice32, Rue La Quintinie c/o A. Alvarez

75015, Pars, Francia


INECIP en Amrica Latina

A lo largo de sus 13 aos de actividad, el

INECIP desarroll mltiples trabajos y proyectos en

la mayora de los pases latinoamericanos y del Caribe.

Sus miembros ya sea en forma individual o integran-

do equipos tcnicos multidisciplinarios- participan en

los procesos de transformacin del sistema judicial, del

sistema penal y de la administracin de justicia en la

regin. Asimismo, se realizan trabajos conjuntos e in-

tercambio de informacin y recursos con diversas

ONGs y con intelectuales de reconocido nivel tcni-

co y acadmico.

II. Ambito de Intervencin deINECIP

La investigacin y el fortalecimiento institucional

son los dos pilares de sus programas de accin.

La investigacin

En el mbito de la investigacin, INECIP de-

sarrolla tres actividades principales:

Las publicaciones

Con el objeto de asegurar la divulgacin de in-

vestigaciones cientficas y de promover la discusin

crtica sobre el funcionamiento del sistema de justiciaen Amrica Latina y la proteccin de los Derechos

Humanos, INECIP publica dos revistas de distribu-

cin latinoamericana:

4Revista Pena y Estado

4Revista Nueva Doctrina Penal

Asimismo, a partir del 2001, ha comenzado a

co-editar dos publicaciones:

4 Sistemas Judiciales, nueva publicacin del Cen-

tro de Estudios de Justicia de las Amricas (CEJA).

4 Ilanud, revista del Instituto Latinoamerica-

no de las Naciones Unidas para la Prevencin

del Delito y Tratamiento del Delicuente.



Una institucin de investigacin, asistencia tcnica y capacitacin

para la reforma del sector justicia.

Otras revistas editadas con la participacin

de INECIP y las oficinas regionales son:4 Justicia Penal y Sociedad, Guatemala

4 Foro Judicial, El Salvador

4Desfaiendo Entuertos, Per

4 Juicio al Proceso, Repblica Dominicana

4Ctedra Libre, Paraguay

4 LAstre, Francia

El intercambio de investigadores

En el marco de diferentes acuerdos

institucionales, INECIP enva y recibe jvenes investi-

gadores y pone a su disposicin su biblioteca y su cen-

tro de documentacin especializados en reforma de la

justicia en Amrica Latina y el Caribe.

Los centros de estudio e investigacin

Distintos grupos de investigacin y de reflexin

forman parte de las actividades regulares de INECIP y

convergen en cinco centros de estudios. Estos centros

realizan investigaciones sobre los problemas de la admi-

nistracin de justicia en el continente, analizan los pro-

cesos vigentes y proponen nuevos cursos de accin. Loscentros de estudios son: Centro de Estudios de Poltica

Criminal y Seguridad; Centro de Estudios Legales de In-

fancia y Juventud; Centro de Estudios de Justicia; Cen-

tro de Estudios de Estado y Democracia; Centro de In-

vestigaciones Histricas y Centro de Capacitacin.

Fortalecimiento institucional

INECIP es una institucin especializada en el

diseo y ejecucin de programas de capacitacin y re-

organizacin institucional.

Las reas de trabajo

4Gobernabilidad y sistema democrtico

INECIP apoya los esfuerzos de los pases diri-

gidos a consolidar el Estado de Derecho y el sistema de-

mocrtico: a) Fortalecimiento de los sistemas de control

de constitucionalidad; b) Reforma de los aparatos de se-

guridad y polica; c) Participacin social; d) Reforma de

los sistemas electorales; e) Modernizacin y transparen-

cia del trabajo parlamentario y f) Integracin regional.

4Reforma del sector justicia

Con presencia en la regin desde 1989, INECIP

es la institucin latinoamericana ms experimentada en

materia de reforma de los sistemas judiciales. Esta la-

bor incluye: elaboracin de programas nacionales de

reforma y de polticas para el sector justicia; reformade la legislacin, integrando y desarrollando en el de-

recho interno los textos internacionales en materia de

Derechos Humanos; diseo y ejecucin de programas

de capacitacin de los actores judiciales y apoyo a las

escuelas de magistrados y abogados; modernizacin de

los sistemas de administracin de tribunales, poltica pre-

supuestaria, recursos humanos e implementacin de sis-

temas de informacin; diseo y ejecucin de proyectos

de participacin ciudadana en la administracin de jus-

ticia; apoyo a ONGs para la elaboracin de estrategias

de intervencin en el sector justicia.

Autoridades

PRESIDENTE: David Baign

VICEPRESIDENTE: Alberto Binder

DIRECTORA EJECUTIVA: Silvina Ramrez

DIR. GENERALDE PROGRAMAS: Alejandro Alvarez

SUBDIRECTORA: Ileana Arduino

COMIT CONSULTIVO

PRESIDENTE: Julio B. Maier

Rodolfo Bledel Gregorio Klimosky

Carlos Ebert Luis Marc del Pont

Jos I. Cafferata Nores Carlos Creus

Luis Yaez Edmundo Hendler

Eugenio R. Zaffaroni

PROGRAMADE EDICIONES, MEDIOSY PRENSA

DIRECTORA: Sylvia Schulein

COORDINADORA: Soledad Puj

INECIP OFICINA REGIONALDEL CARIBE

DIRECTORA: Mara de los Angeles Loayza Cortez

(en uso de licencia)

Puerto Prncipe, Hait

INECIP OFICINA REGIONAL DE CENTROAMRICA

DIRECTORA: Andrea Diez

Ciudad de Guatemala, Guatemala

INECIP OFICINA REGIONALDEL MERCOSUR

DIRECTORA: Ileana Arduino

RED&JUS - RSEAUPOURLADMOCRATIEETLAJUSTICE

DIRECTORA: Albane Prophette

SUBDIRECTOR: Alejandro Alvarez

Pars, Francia



Coordinador de Proyectos CEJA,

[email protected]

Cristin Riego

PRESENTACIN

En las ltimas dos dcadas la casi totalidad de los pases latinoamericanos se han abocado a la tarea de

reformar sus sistemas de justicia penal sobre bases bastante homogneas. En general, estas reformas han pretendido

superar diversos problemas que tradicionalmente se han identificado con la vigencia de sistemas bastante arcaicos,

basados en el modelo inquisitivo, heredado de la poca de la colonia espaola, por medio de la introduccin de

instituciones ms modernas que, en general, aparecen caracterizadas bajo el rtulo de sistema acusatorio.

Estos procesos de reforma se encuentran en diversos estados de avance. Algunos ya tienen aos de

experiencia en el funcionamiento de los nuevos modelos. Otros se estn iniciando recin, en tanto que algunos

todava se encuentran en etapas de definicin legislativa. La experiencia de todos estos procesos de reforma

parece indicar que la importancia de los procesos de implementacin de los modelos acordados al momento de

disear, es absolutamente crtica y que, en muchos casos, se corre el riesgo de que la debilidad en el proceso de

implementacin desvirte decisiones que, con gran dificultad, se han logrado consensuar en las etapas de debate

poltico y legislativo.

Centro de Estudios de Justicia de las Amricas (CEJA)

INFORME COMPARATIVO

PROYECTOSEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS

DE REFORMA JUDICIALEN AMRICA LATINA

Asistente de Proyectos CEJA

Asistente: Fernando Santelices

This report presents the results of a research project done in 2001 on the workings of the new criminal

procedural systems in Chile, Costa Rica, Paraguay, and the province of Cordoba, Argentina, all of which had

recently introduced reforms in the field. The studys purpose is to use the results of those reform processes to

generate information that is more systematic than that previously available in order to aid in improving the

implementation of reform processes, which have, in general, been perceived as relatively weak. The first section of

the report outlines the studys objectives and the methodology used in all four countries. The second part

summarizes the individual reports based on the results of the studies in each of the countries. A comparative

analysis in the final section identifies some of the general trends as well as some significant differences among the

reform processes examined.

*



Entre las debilidades ms notorias de los procesos de implementacin, se ha evidenciado la baja

produccin de informacin acerca del funcionamiento real de los sistemas judiciales en la generalidad de la

regin. Por otra parte, el intercambio de experiencias en el nivel regional, que fue muy dinmico en las etapas

anteriores, lo ha sido mucho menos durante el proceso de implementacin, entre otras razones, por esa misma

carencia de informacin. Estas carencias han derivado en una baja capacidad de identificacin de los problemas,

en una muy escasa capacidad de evaluar los resultados, y en la consecuente falta de estmulos de los actores delos nuevos sistemas para producirlos y dar cuenta de esos resultados.

Durante el desarrollo de estos procesos de reforma, los diversos pases han gastado y continuarn

gastando altas sumas de dinero destinadas a crear nuevas plazas judiciales de fiscales y defensores, a construir

nuevos edificios y a dotar de apoyo administrativo e informativo a los nuevos sistemas de justicia penal. El

riesgo antes indicado se traduce en que la debilidad de los procesos de implementacin puede frustrar gran parte

de las expectativas que stos han despertado y que han justificado las inversiones realizadas o por realizar.

El estudio que se presenta a continuacin, es un intento por poner el foco de atencin en el tema de la

implementacin de los procesos de reforma y esto se realiza a travs de un intento sistemtico y comparativo de

producir informacin acerca del funcionamiento de los sistemas reformados, bajo el supuesto de que el conoci-miento acerca de cmo estn funcionado los nuevos sistemas y su difusin, constituyen el mayor estmulo para que

los responsables de los procesos les infundan nuevas energas, identifiquen con claridad los problemas, diseen

estrategias para superarlos y, sobre todo, para que un debate que ha resultado bastante intenso en las etapas de

propuesta y diseo de los nuevos sistemas, no se apague sino que se revitalice y contribuya a enriquecer la cultura

legal de cada uno de los pases y, por esa va, a reforzar la calidad de los sistemas de justicia penal.

INFORME COMPARATIVO

Durante el ao 2001, el Centro de Estudios de Justicia de las Amricas (CEJA) ha llevado adelante, con

un conjunto de instituciones locales, un estudio comparativo destinado a conocer cules han sido los resultadosde los procesos de reforma a la justicia penal que han tenido lugar en cuatro pases de la regin latinoamericana:

Costa Rica, Argentina (en la provincia de Crdoba), Chile y Paraguay.

Las instituciones que han hecho el rol de contraparte en cada pas, son todas entidades con gran

experiencia en los procesos de reforma judicial en el nivel local: INECIP en Argentina, equipos de las escuelas

de derecho de las universidades de Chile y Diego Portales en Chile, un equipo vinculado a la Asociacin de

Ciencias Penales de Costa Rica e INECIP Paraguay en este ltimo pas.

El trabajo realizado ha consistido primero en la elaboracin de un conjunto de instrumentos destinados

a la recoleccin de informacin, lo que se ha hecho con la participacin de los equipos locales. Posteriormente,

cada equipo local elabor un informe dando cuenta pormenorizada de los resultados. Finalmente, se procedia la elaboracin de este informe comparativo que pretende dar cuenta de una sntesis de los principales

antecedentes surgidos de cada uno de los pases, as como identificar algunos aspectos comunes a todos los

procesos y relevar algunos factores que parecen haber contribuido a explicar las especiales fortalezas de algunos

procesos y las debilidades de otros.

La seleccin de estos cuatro casos se debe principalmente al hecho de que los dos primeros -Crdoba y

Costa Rica- corresponden a procesos de reforma que se desarrollan en el contexto de sistemas que haban sido

objeto de importantes reformas anteriores y que, en general, han sido tenidos en cuenta por los dems pases

como ejemplos para sus respectivos procesos. Por contraste, en los casos de Chile y Paraguay se trata de cambios

muy radicales ocurridos en pases en los que los sistemas de justicia penal se encontraban apegados a modelos

bastante arcaicos y que no haban sido sometidos a cambios o procesos de modernizacin importantes. Lo

anterior se complementa con la disponibilidad de los equipos locales para desarrollar el proceso de recopilacin

de informacin en cada caso.

S E G U I M I E N T O D E L O S P R O C E S O S D E R E F O R M A J U D I C I A L E N A M R I C A L A T I N A



I. PROPSITOS Y DESCRIPCIN GENERAL DEL PROYECTO

El propsito general del proyecto es el de contribuir a una discusin ms informada y sistemtica acerca

del funcionamiento de los sistemas de justicia penal en la regin. Este propsito se vincula directamente con la

pretensin de contribuir al fortalecimiento de los procesos de reforma a la justicia penal que han tenido lugar

en diversos pases de la regin. Existe la percepcin de que estos procesos han mostrado muchas veces una ciertadebilidad en cuanto a su implementacin, lo que genera que sus resultados sean menos efectivos de los

esperados. Esta debilidad se manifiesta especialmente en que durante los procesos de implementacin, el

seguimiento de los mismos, su crtica y su correccin, son mucho menos intensos de lo que lo que suele ser el

proceso de diseo y discusin legislativa del nuevo sistema en sus aspectos normativos.

A partir de estas consideraciones, CEJA ha pretendido en esta primera etapa -referida a los cuatro pases

involucrados- contribuir a producir informacin acerca de los procesos de implementacin de las reformas por

la va de intentar mostrar cmo estn efectivamente funcionando los sistemas reformados, con el fin de

determinar hasta qu punto los cambios esperados se han producido y hasta qu punto se han frustrado,

precisamente como producto de las debilidades de los procesos de implementacin. En etapas posteriores del

proyecto, se buscar tambin abarcar a pases con sistemas penales que no han sido objeto de reformas estruc-turales, con el fin de aportar informacin acerca de la eventual necesidad de una reforma as como para

contribuir con informacin emprica que contribuya a identificar con claridad los problemas y prioridades.

Los sistemas judiciales son sistemas complejos en varios sentidos. En primer lugar, lo son por la variedad

de sus componentes, que abarcan desde elementos normativos, culturales, institucionales y hasta recursos materia-

les y humanos. Pero adems son complejos por la variedad de objetivos que se les atribuyen. De hecho, los procesos

de reforma judicial que en las ltimas dos dcadas se llevan adelante en la mayor parte de los pases de la regin, se

han planteado desde diversos sectores polticos y sociales con el propsito de lograr afianzar o reforzar algunos de

estos mltiples objetivos: conseguir que los sistemas judiciales sean accesibles para recibir las denuncias y demandas

de todas las personas, especialmente de los ms dbiles; que sean rpidos en resolver las cuestiones planteadas; quesean predecibles en sus decisiones; que sean eficaces en el control del crimen; que sean respetuosos de las garantas

judiciales y que repriman a quienes vulneran los derechos humanos; que sean eficientes en su gestin administra-

tiva; que sean eficaces en la determinacin de los derechos de propiedad; que controlen la corrupcin; que sean

transparentes y que contribuyan a la legitimacin del sistema democrtico, entre los ms comunes.

Esta multiplicidad de propsitos de los procesos de reforma constituye una dificultad en cuanto a la posibilidad

de evaluar sus resultados, puesto que tal amplitud permite tambin una casi ilimitada posibilidad de justificar el xito o

fracaso de un determinado proceso, al menos en trminos relativos. Se trata, por otra parte, de propsitos que se ubican

en muy diversos niveles en cuanto a su relacin con el sistema judicial. Mientras algunos de ellos pertenecen al mbito de

su funcionamiento interno, otros se refieren a efectos indirectos del trabajo del sistema judicial y requieren para su logro

de factores ajenos al mismo, que no son posibles de controlar por el proceso de reforma.

Nos ha parecido que cualquier intento de evaluacin supone simplificar la cuestin de los parmetros a la

luz de los cules han de ser evaluados estos procesos de reforma. La manera ms normal de hacerlo sera la de

seleccionar uno o ms de los objetivos que han justificado las reformas, para construir instrumentos de evaluacin

en relacin con ese o esos parmetros, abandonando el resto. Esta es, sin duda, una opcin posible y probablemente

productiva, en cuanto se haga explcito su alcance. No obstante, hemos credo que ella corre el riesgo de alejarnos

de lo que constituye uno de los elementos ms caractersticos de estas reformas y que ha sido precisamente su

capacidad de convocar, en torno a proyectos bastante concretos de cambio, un abanico muy amplio de intereses y

expectativas. Es, por otra parte, esta caracterstica de las reformas la que, en muchos casos, ha posibilitado su

concrecin al generar alianzas polticas, sociales e institucionales amplias. Creemos, en consecuencia, que la

evaluacin debiera dar cuenta tambin de esta amplitud. Por ltimo, los sistemas judiciales estn cruzados por esta

amplitud de propsitos. Son sistemas que se caracterizan, precisamente, por pretender articular intereses y expec-

tativas mltiples, hasta conflictivas y, por tanto, deben ser evaluados especficamente en su capacidad de responder

a la vez y, en alguna medida, a esa complejidad de propsitos y expectativas.

I N F O R M E C O M P A R A T I V O



El problema consisti entonces en cmo simplificar la definicin de un conjunto de parmetros especfi-

cos a ser evaluados manteniendo, a la vez, la capacidad de dar cuenta del logro o fracaso de la multiplicidad de

propsitos que han justificado la reforma. Nuestra propuesta para intentar acercarnos a esa meta consisti en

retomar otra caracterstica comn y central de la formulacin de las propuestas de reforma, sta es, su nfasis en

el cambio de un conjunto de prcticas muy concretas en el funcionamiento normal de los sistemas judiciales. Las

reformas procesales penales se han caracterizado, en general, por postular sobre todo una modificacin sustancialdel modo en que los rganos del sistema judicial hacen su trabajo, un cambio del paradigma de funcionamiento del

conjunto del sistema judicial, y han atribuido a este cambio la posibilidad, a su vez, de impactar positivamente

sobre un conjunto de variables de diverso signo y que operan en diversos niveles, que constituyen lo que nosotros

aqu hemos denominado los objetivos de la reforma o las expectativas en torno a la misma.

De esta manera, nos parece que la primera tarea es intentar medir este conjunto comn de elementos

que constituyen el nuevo paradigma, esto es: han sido capaces las reformas de cambiar verdaderamente el

funcionamiento del sistema judicial del modo en que lo postularon? En qu medida? En cules reas se ha

producido este cambio y en cules no? Creemos que existen buenas razones para estimar que estas preguntas son

muy relevantes y que, probablemente, existan muchas dificultades y disparidades en estos niveles.

Contar con informacin acerca de estos elementos caractersticos de la reforma, como son los cambios de

prcticas, constituye un paso indispensable para aproximarse a los objetivos finales de la reforma. Si sta no ha

logrado cambiar la operatoria del sistema judicial, no tiene sentido interrogarse sobre, por ejemplo, si ha contribui-

do a la eficacia del control del delito o una mayor legitimidad del sistema frente a la ciudadana, objetivos todos

cuya consecucin siempre se concibi como dependiente del cambio efectivo del funcionamiento del sistema. Por

otra parte, si tomamos en cuenta la experiencia de reformas legales acumulada en la regin latinoamericana en

diversas reas y en distintos perodos histricos, veremos que los fracasos que stas muchas veces exhiben, no se

deben tanto a la inadecuacin entre el diseo y sus fines, relacin que normalmente no se logra constatar en la

prctica, sino a la falta de capacidad de los cambios legales para producir cambios en la realidad que regulan.

Creemos que esta forma de evaluacin centrada en las prcticas es, inicialmente, la ms apropiada por

varias razones. En primer lugar, porque todos los objetivos finales que se han postulado las suponen. Dicho de otra

manera, todos los que esperan algo de la reforma lo esperan como producto del cambio del paradigma de

funcionamiento en sus diversos componentes. En segundo lugar, porque creemos que esta aproximacin es capaz

de entregar informacin til para el propio proceso de reforma, sobre todo en cuanto a la posibilidad de identificar

aspectos deficitarios, resistencias a los cambios y disear intervenciones para superarlos. En tercer lugar, porque

esta manera de medir los resultados de las reformas se basan en aspectos muy concretos, identificables, observables

y cuantificables, que permiten, adems, su comparacin en realidades nacionales que son a veces bastante diversas.

Como ya hemos dicho, este es slo el primer paso en un proceso de evaluacin que necesariamente ha

de ser amplio, en cuanto a quines participen en l, as como comprensivo, en cuanto a las dimensiones a serevaluadas. Nos parece que un segundo paso, una vez constatado el cambio o al menos hasta donde ste ha

llegado, es verificar la vinculacin entre ese cambio y los objetivos y expectativas finales que han justificado la

reforma. Este segundo paso es tan importante como el primero, puesto que, al menos respecto de algunos de sus

objetivos finales, la reforma ha trabajado hasta ahora slo en torno a supuestos. Queda pendiente entonces una

discusin, ya no especulativa sino con base emprica, de hasta dnde las reformas que se han hecho, no las que

se disearon, han impactado o no estos objetivos finales, en general vinculados a los temas de gobernabilidad,

estabilidad democrtica y calidad de vida de la poblacin.

En general, los procesos de reforma a la justicia penal en los pases latinoamericanos se han desarrollado

en el contexto de un intercambio bastante fluido de informacin e ideas entre las diversas comunidades legales.

No obstante, ese intercambio en general no ha cubierto las experiencias en materia de implementacin de los

diversos pases, debido fundamentalmente a los dficit en cuanto a la produccin de informacin acerca de esos

mismos procesos. Esperamos que este proyecto constituya un paso que permita colocar a estos temas en una

discusin comparada en el nivel regional, til para el aprendizaje recproco.




II. METODOLOGA UTILIZADA

La metodologa utilizada para la recoleccin de informacin fue diseada participativamente a partir de

una propuesta del equipo de direccin del proyecto. Sobre la base de esa propuesta general, se realiz una

primera reunin en Santiago de Chile con los diversos equipos nacionales, con el objetivo de definir cul era la

informacin que resultaba relevante de ser recopilada y para ponerse de acuerdo en el tipo de metodologa a serutilizada en el estudio. Sobre la base de los acuerdos adoptados en esa reunin, el equipo encargado de la

direccin del proyecto elabor una propuesta de instrumentos destinados a la recopilacin de la informacin.

Esos instrumentos -a su vez- fueron discutidos, corregidos y finalmente aprobados en una segunda reunin que

tambin tuvo lugar en Santiago de Chile.

La metodologa que finalmente se utiliz estuvo condicionada por varios elementos que provenan, a su

vez, de los objetivos generales del estudio as como de las limitaciones de tiempo y recursos necesariamente

involucradas en un estudio del alcance del que aqu presentamos. Teniendo en cuenta las condicionantes

sealadas, se elaboraron dos instrumentos de recoleccin de informacin:

El primer instrumento consisti en un cuestionario bastante amplio que deba ser llenado con toda lainformacin relevante que diera cuenta del contenido de la reforma procesal planteada, del modo en que sta

fue implementada y de la forma en que el nuevo sistema funciona en la prctica1. Este cuestionario deba ser

completado siguiendo una metodologa destinada a recolectar informacin emprica por medio de un conjunto

de actividades, que incluan visitas, observaciones y entrevistas con diversos actores del sistema procesal penal,

recopilacin y revisin de todos los documentos oficiales de los rganos involucrados en la reforma, as como

de los estudios que estuvieran disponibles y que contuvieran informacin relevante2.

Esta primera parte del estudio no tiene ninguna pretensin de representatividad en el sentido estads-

tico, sino que pretende ser una aproximacin exploratoria para la descripcin del funcionamiento de los nuevos

sistemas procesales. Su confiabilidad se basa en la amplitud y variedad de las fuentes de informacin utilizadaspero, adems, en la experiencia y el conocimiento acumulado que cada uno de los grupos de trabajo tiene sobre

su respectivo sistema.

El segundo instrumento consisti en una pauta destinada a dar cuenta de la observacin de los juicios

orales que tuvieran lugar en los tribunales correspondientes al territorio jurisdiccional. La pauta estaba consti-

tuida por una serie de preguntas que el observador debi responder, relativas a la forma concreta en que se

desarrollaban los juicios orales, as como a los antecedentes del caso que haba de ser objeto del juicio3. Esta

pauta pretendi obtener informacin acerca del modo concreto en que los juicios se desarrollan en cada uno de

los lugares estudiados, en especial en cuanto a las actitudes que los diversos actores desarrollan durante el juicio,

as como de los tipos de casos que llegan a juicio y algunos antecedentes relativos al camino que han debido

seguir para llegar a esa etapa.

Las observaciones de juicios pretendieron abarcar todos los procesos que tuvieron lugar en la jurisdic-

cin observada durante el plazo de un mes, con el fin de tener una muestra suficientemente amplia a modo de

poder mostrar la regularidad de las prcticas del sistema judicial. Como es evidente, esa muestra es plenamente

representativa del perodo observado y no necesariamente lo es del conjunto del ao. No obstante, tratndose

de prcticas que suelen ser relativamente homogneas dentro de cada cultura legal, ha parecido una buena

aproximacin para determinar el modo en que funciona esta etapa tan importante y tan caracterstica de los

sistemas reformados. Sobre la base de estas pautas de observacin, cada equipo debi elaborar un informe que

diera cuenta de los resultados obtenidos en el conjunto de juicios y que permitiera, posteriormente, ser analiza-

da en trminos comparativos.

1 Este cuestionario y todos los instrumentos metodolgicos oficiales del proyecto (documento base, instrucciones general es, pautas de observacin y otros)estn disponibles para su consulta en www.cejamericas.org/na vega_ceja.php? pag=estudios_011. html2 Ver Instrucciones generales en Op. cit. nota 1.3 Ver Pautas de observacin en Op. cit. nota 1.




Una vez elaborado cada uno de los informes nacionales fue sometido a un proceso de validacin de la

informacin contenida en ellos por medio de su discusin con un conjunto de actores del sistema reformado,

acadmicos expertos en la temtica y otras personas con experiencia en el funcionamiento de los nuevos

sistemas de justicia penal. Estas reuniones permitieron ajustar informacin, corregir errores que pudieran

haberse cometido al consignar la informacin y, en algunas ocasiones, obtener mayor precisin y detalle en la

informacin presentada. Tambin, cada uno de los equipos de recoleccin de informacin fue supervisado porel equipo central, el que visit los pases involucrados y obtuvo directamente informacin complementaria.

Finalmente, todos los informes nacionales fueron presentados y discutidos en un seminario que tuvo

lugar en la ciudad de Ro de Janeiro los das 3 y 4 de abril de 2002, al que asistieron los directores de los equipos

locales, algunos actores del sistema de justicia criminal de los pases involucrados y varias personas que se

vinculan a procesos de reforma de la justicia en otros pases de la regin latinoamericana.

III. SNTESIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES NACIONALES

Los informes nacionales fueron redactados y son de responsabilidad de cada una de las instituciones ygrupos locales. El Centro de Estudios de Justicia de las Amricas auspici y contribuy, en algunos casos, al

financiamiento de su realizacin. No obstante lo anterior, las conclusiones son de responsabilidad de cada grupo

local y ellos se harn cargo de su posterior difusin y eventual publicacin. Sin embargo, es posible obtener

copias de los mismos en la pgina web del CEJA: http://www.cejamericas.org/

navega_ceja.php?pag=estudios_01.html

El presente documento pretende sistematizar algunas de las principales conclusiones de los informes

nacionales en su parte descriptiva, intentando extraer fortalezas y debilidades de los procesos de implementacin

de las reformas a la justicia penal. La informacin que se utiliza proviene directamente de los informes nacionales,

y una cabal y detallada comprensin de este documento puede requerir la utilizacin de uno o ms de los informesnacionales. No obstante ello, y con el objetivo de facilitar la comprensin del lector, en las pginas que siguen

ofreceremos resmenes de los diversos informes nacionales intentando dar cuenta de sus principales conclusio-

nes, en especial aquellas que nos han parecido ms importantes para un anlisis comparativo.

Presentamos a su vez un resumen de la informacin contenida en los informes nacionales que dan

cuenta del proceso de observacin de juicios que se llev a cabo por el perodo de un mes en cada una de las

jurisdicciones objeto del estudio. La informacin que resulta de esta observacin presenta cuestiones relaciona-

das directamente con los juicios, como datos relativos al total de juicios que fueron objeto de estudio y al total

de los que no pudieron ser observados. Se presentan, adems, antecedentes relacionados con cuestiones previas

y posteriores a los juicios que fueron observados.

Si bien los informes nacionales se realizaron a partir de una metodologa comn, presentan en la forma

de mostrar sus resultados, y muy especialmente en los aspectos ms cualitativos, importantes diferencias. stas

-en general- se deben a varios factores entre los cuales cabe destacar, en primer lugar, el estilo y el criterio

personal del redactor del informe, que releva los aspectos que en su opinin son ms importantes en la

comprensin del proceso ocurrido en su pas. En segundo lugar, a pesar de que los procesos de reforma son

bastante similares en su diseo, existen diferencias importantes en cuanto, por ejemplo, a reas que en algunos

lugares son reformadas y en otros no. Finalmente, los equipos que han trabajado en este proyecto estn

constituidos por personas que han estado muy involucradas en los procesos de reforma, los que hasta ahora se

han debatido fundamentalmente en sus aspectos normativos. Por lo tanto, la familiaridad de los equipos con el

trabajo emprico no es homognea y, por ello, se presentan disparidades en cuanto a la capacidad de mostrar con

mayor o menor especificidad el funcionamiento real de los sistemas.




CHILE

1. Informacin descriptiva

a) Aspectos generales

En el caso de Chile, la reforma ha sido puesta en marcha muy recientemente y de modo gradual. De

hecho, a la fecha de la recoleccin de informacin (septiembre de 2001) el nuevo sistema de justicia penal

llevaba funcionando solamente nueve meses y tena vigencia solamente en dos de las trece regiones del pas, que

fueron, precisamente, las que constituyeron el objeto de observacin. El sistema contempla cada ao la

incorporacin de nuevas regiones, concluyendo en el ao 2004, en que se completa el proceso con el ingreso al

nuevo sistema de la Regin Metropolitana, que incluye a la ciudad de Santiago.

Descripcin de la jurisdiccin observada4:

En la Cuarta Regin encontramos una poblacin de 600.363 habitantes, segn los datos preliminares

del Censo realizado en 2002.Durante el ao 2001 ingresaron al Ministerio Pblico un total de 34.965 casoscorrespondientes a 36.436 delitos. De las causas iniciadas, 22.065 fueron terminadas.

En la Novena Regin encontramos una poblacin de 864.929, segn los datos preliminares del Censo

realizado en 2002. El ingreso de casos en el ao 2001 fue de 62.396 correspondientes a 65.925 delitos. De las

causas iniciadas, 48.229 fueron de trmino.

En cuanto a los actores involucrados, la Cuarta Regin cuenta con veintitrs fiscales y dieciocho jueces;

nueve de garantas y nueve de juicio oral. La Novena Regin cuenta con treinta y siete fiscales, y veintisiete

jueces (catorce de garantas y trece de juicio oral).

La reforma chilena responde, en general, a las mismas caractersticas de los dems sistemas abarcados en

este estudio. Su principal expresin legislativa es el nuevo Cdigo Procesal Penal, que establece la introduccin

de un juicio oral ante un panel de tres jueces como forma central de juzgamiento, suprime la figura del juez de

instruccin y entrega la tarea de preparacin del juicio al Ministerio Pblico, supervisado por un juez especial-

mente creado para cumplir esa tarea, el llamadojuez de garanta. Al mismo tiempo, el nuevo Cdigo entreg a los

fiscales del Ministerio Pblico diversas facultades destinadas a permitirles utilizar procedimientos alternativos

al tradicional, con el fin de dar lugar a soluciones negociadas y para descongestionar el sistema judicial del

excesivo nmero de casos que habitualmente se le presentan.

Una caracterstica llamativa del proceso de reforma en Chile fue la creacin de entidades completamen-

te nuevas para hacerse cargo tanto de la funcin de persecucin como de la defensa pblica. Asimismo, lostribunales fueron objeto de importantes reformas orgnicas que abarcaron tanto las funciones jurisdiccionales,

al crearse dos nuevas categoras de jueces, como las de administracin, donde se estableci todo un nuevo

sistema de gestin, por el cual se suprimi el despacho tradicional y se reemplaz por despachos colectivos, que

abarcan a todos los jueces de una categora dentro de cada ciudad, y cuya administracin se entrega a un equipo

profesional especializado.

En trminos generales, el proceso de reforma ocurrido en Chile tiene como caractersticas las de ser

un proceso bastante sistemtico, gradual y bien financiado. Esto es, todas las instituciones han comenzado a

conocer los casos bajo el nuevo sistema de acuerdo con una planificacin bastante detal lada de los procesos

de instalacin de tribunales, fiscales y defensores, de la ejecucin de programas de capacitacin para todos

4 Los datos de nmero de ingresos, trmino y de fiscales fue ron extrados de la pgina web del Ministe rio Pblico(www.ministeriopublico.cl). Los relativosal nmero de jueces , tanto de garantas como de juici o oral, a su turno lo fueron de la pgina web del P oder Judicial(www.poderjudicial.cl), mientras quelos que dan cuenta de la poblacin lo fueron de la pgina web del Instituto Nacional de Estadsticas de Chile(www.ine.cl).

4




ellos, y de la disposicin de infraestructura para el desarrollo de las nuevas funciones, en algunos casos nueva

y en otros acondicionada especialmente.

La implementacin gradual ha significado, en el caso de Chile, no slo la vigencia progresiva de la

reforma en las diversas regiones del pas, sino que, en cada una de esas regiones, el nuevo sistema se aplica slo

a los casos ocurridos desde la fecha de entrada en vigencia del nuevo Cdigo. Los casos con fecha anterior siguensiendo conocidos por los tribunales antiguos, los que progresivamente se van transformando al nuevo sistema

o quedan limitados a su competencia no penal.

Debido precisamente a las condiciones en que se ha dado el proceso de implementacin, el informe

resalta que el nuevo sistema procesal penal est en general funcionando y que los nuevos rganos estn

cumpliendo ampliamente las nuevas funciones que la ley les encomienda, con un alto nivel de motivacin.

En consecuencia, es necesario hacer presente que las observaciones crticas contenidas en el informe, y

resumidas aqu, se enmarcan siempre en este contexto general de un proceso de implementacin que presenta

grandes fortalezas.

b) Los tribunales

La instalacin de los nuevos tribunales ha causado aumentos muy fuertes del presupuesto fiscal desti-

nado a ese objeto, y ocasionar an ms aumentos en la medida en que el proceso de aplicacin gradual abarque

ms regiones. En efecto, el gasto en los nuevos tribunales comenz en el ao 1999 con 5,9 millones de dlares.

En el 2000 esa cifra subi a 12,4 millones de dlares y en el 2001 lleg a 36,1 millones de dlares. El Ministerio

Pblico, por su parte, ha tenido una progresin similar que comenz con 118.000 dlares en 1999, alcanz 4,8

millones de dlares en el 2000 y lleg a 18,1 millones de dlares en el 2001. La defensa pblica, que se instal

formalmente en el 20015, recibi para ese ao una cifra total de 6,6 millones de dlares.

El primer tema que el informe aborda con detencin es el de la gestin de los nuevos tribunales, la que,como ya se indic, fue objeto de la reforma, fundamentalmente por medio de la creacin de sistemas unificados

y profesionales de administracin. La observacin del funcionamiento efectivo de estos nuevos sistemas de

administracin de tribunales muestra debilidades importantes en cuanto a su funcionamiento efectivo. La

percepcin generalizada de los profesionales recientemente contratados para cubrir los nuevos cargos, muchos

de los cuales provienen de sectores distintos al sistema judicial, es que su tarea ha resultado dificultada por

diversos factores.

El primero de los problemas parece ser la resistencia de los jueces a aceptar una funcin de administracin

que no depende individualmente de cada uno de ellos, y menos a aceptar que una administracin profesional

supone un cierto sometimiento de la propia funcin del juez a definiciones tcnicas que provienen de la adminis-

tracin. Pareciera ser que, por el contrario, la funcin de administracin se ha visto debilitada en cuanto en laprctica cada juez se siente en condiciones de imponer sus propios criterios a la hora de definir aspectos adminis-

trativos que afectan su trabajo, tales como la prctica de notificaciones y la fijacin de horarios de audiencias.

Un segundo problema de importancia parece ser el hecho de que el aparato central de administracin de

los tribunales en el nivel nacional, la Corporacin Administrativa del Poder Judicial6, ha dificultado a los

nuevos sistemas de administracin de cada tribunal contar con un mbito de autonoma que sera necesario para

desarrollar sus potencialidades de manera apropiada. Por el contrario, este rgano central impone a las adminis-

traciones locales restricciones, por ejemplo, en cuanto a la ejecucin del presupuesto, que les dificultan mucho

mejorar la eficiencia de cada unidad.

5 Antes de su instalacin funcion como un programa provisorio del Ministerio de Justicia.6 La Corporacin Administrativa del Poder Judicial es un rgano centralizado dependiente de la Corte Suprema que se encarga de todos los aspectos deadministracin del funcionamiento de los tribunales de justicia en el pas.




Ya se ha dicho que el nuevo sistema en Chile ha contado, al menos en todas las ciudades importantes,

con una infraestructura especial, en algunos casos constituida por edificios enteramente nuevos diseados

especialmente para este efecto y, en otros casos, con recintos acondicionados para el perodo que tarden en

construirse los nuevos edificios. En cuanto al equipamiento, ste tambin es nuevo, e incluye un sistema

computacional de seguimiento de causas. Todos los jueces y empleados con algn nivel de responsabilidad

cuentan adems con computadoras, acceso a Internet, y correo electrnico, medio que utilizan regularmentepara comunicarse entre s, como con los dems actores del sistema. Crecientemente, este medio se est conso-

lidando como el mayoritariamente utilizado para la prctica de las notificaciones.

Los nuevos sistemas administrativos de los tribunales estn desarrollando una capacidad de produccin

de estadsticas propias, aunque los niveles de informacin producida varan bastante entre cada tribunal. Este

aspecto tambin se ha visto complicado por la excesiva jerarquizacin del sistema judicial. De hecho, un

tribunal oral cre una pgina web con bastante informacin, pero la Corte Suprema orden su desmantelamiento

por no contar con su autorizacin previa.

Cada tribunal debe definir su propio sistema de distribucin de las causas entre los jueces; hasta ahora,

estos sistemas se han limitado, en general, a simples mecanismos de turno, los que resultan muy rgidos a losefectos de lograr maximizar la utilizacin del tiempo de los jueces.

Aparentemente, no se producen en el nuevo sistema prcticas de delegacin de funciones judiciales,

probablemente debido a que todas las decisiones de importancia se dictan en audiencias orales y pblicas. El

informe resalta, precisamente, que constituye un gran logro del nuevo sistema el hecho que las resoluciones ms

importantes de la etapa preparatoria efectivamente se toman en audiencias orales, que stas se organizan y

tienen lugar diariamente, que las partes asisten a ellas, que presentan en ellas sus argumentos y que los jueces

resuelven los conflictos planteados en ese entorno.

Dentro del contexto de xito que ha tenido el modelo de audiencias orales, existen algunas dificultadesque vale la pena resaltar. La primera, es que todos los actores del sistema reconocen que existe un problema

derivado de la notificacin de las personas a las audiencias. Aparentemente, an no se ha generado un sistema

de notificaciones suficientemente gil como para conseguir reducir las incomparecencias a un mnimo. El

principal defecto en esta materia parece ser la persistencia de una concepcin formal de las notificaciones,

centrada ms en el cumplimiento de los trmites que las constituyen que en el logro del objetivo de la

comparecencia, utilizando para ello todos los medios disponibles y, en especial, los ms prcticos. La segunda

dificultad importante se observa en el aparato de los tribunales de ser capaces de absorber un nmero creciente

de audiencias. A pesar de que los volmenes de audiencias an no parecen ser demasiado altos, el sistema ya

comienza a mostrar problemas con el manejo de las agendas, aumento de suspensiones, atrasos y, en general,

problemas de coordinacin, nuevamente como una muestra de la debilidad de los sistemas administrativos de

los tribunales. Por su parte, los rganos que litigan, y en especial en Ministerio Pblico, tambin se muestranrgidos al momento de asumir el aumento de las necesidades de comparecencia, lo que a su vez les genera exceso

de tiempos de espera y disminucin de los tiempos destinados a otras tareas.

A pesar de que -como se ha dicho- el modelo de litigacin en audiencias parece haberse impuesto

exitosamente, muchas veces en las audiencias los jueces imponen prcticas formalistas que quitan dinamismo a

las mismas, las alargan y vuelven a instalar trmites innecesarios que, a su vez, prolongan las tareas de prepara-

cin. Estas prcticas abarcan un amplio espectro, que incluye desde la repeticin de frases sacramentales,

exigencia de presentar peticiones por escrito, repeticin de informacin ya conocida o irrelevante, pasando a

una interpretacin formalista de los trmites de notificacin. El formalismo al que aludimos se traduce tambin

en el registro en las audiencias de juicio; ste debe ser completo -segn la ley- y se concreta en una grabacin del

sonido. En las audiencias de la etapa preliminar, en cambio, la ley no exige que el registro sea completo. Sin

embargo, algunos jueces han exigido su escrituracin, aunque no haya alguien interesado en ello, por medio de

un mecanismo formalizado e, incluso, en algunos tribunales se ha establecido que el funcionario que lo escritura

deba ser abogado.




El juicio oral constituye la innovacin paradigmtica de la reforma chilena, sin duda la ms conocida

por el pblico y la que condiciona al conjunto de las dems instituciones, las que, al menos en teora, debieran

ordenar su lgica siempre en relacin con el juicio oral, que constituye la forma principal de juzgamiento. En el

caso de Chile, se establecieron dos tipos de juicio oral. El ms caracterstico, para el que el Cdigo reserva esta

denominacin, es el que se desarrolla en el tribunal oral en lo penal ante un panel de tres miembros. Pero

adems, existe el llamado juicio simplificado, que es tambin un juicio oral, pero que tiene lugar ante el juez degaranta, cuando la pena solicitada por el fiscal no excede los quinientos cuarenta das de privacin de libertad.

En la prctica, lo que ha ocurrido en la primera etapa de la reforma es que los juicios orales han sido

pocos y, de los que ha habido, la mayora se ha desarrollado de acuerdo con el procedimiento simplificado. A

septiembre de 2001 se haban desarrollado slo 22 juicios orales ante el tribunal de tres miembros, en tanto que

los juicios simplificados alcanzaban a algo ms de ochenta.

Aparentemente, uno de los factores que explica el bajo nmero de juicios ha sido una cierta reticencia

inicial de los fiscales a llevar a juicio aquellos casos en que no alcanzan un grado de seguridad casi absoluto en

cuanto a la fortaleza de la prueba. No obstante, es probable que eso se vaya corrigiendo en el tiempo. En todo

caso, parece ser ms o menos claro que los clculos iniciales en cuanto a la necesidad de jueces de tribunalesorales de tres miembros no han correspondido a la realidad, y lo que se ha producido es una sensacin bastante

negativa de uso poco eficiente de recursos, debido a la existencia de tribunales con muchos jueces y con bastante

buen equipamiento que soportan cargas de trabajo poco relevantes. Sin embargo, ha llamado la atencin la

lentitud de las autoridades para reaccionar a esta situacin y corregirla. Por el contrario, se ha continuado

designando jueces en las tres regiones que constituyen la segunda etapa, jueces que tienen escaso o nulo trabajo

y que significan un costo importante al erario pblico.

Como conjunto, el funcionamiento del nuevo sistema ha introducido un cambio enorme en cuanto a la

transparencia de las actuaciones judiciales. Especialmente, el hecho que todas las resoluciones de mayor importan-

cia se tomen en audiencias pblicas ha significado un cambio fundamental respecto del sistema escrito. A pesar deello, an persisten algunas prcticas que, aunque minoritarias, revelan ciertas reticencias frente a la publicidad. Por

ejemplo, durante la realizacin del estudio se encontraron dificultades en algunos tribunales para acceder a copias

de los registros de casos ya terminados, tambin en el acceso a las audiencias pblicas algunos tribunales han

generado restricciones injustificadas, como registrar la cdula de identidad del pblico que accede, cerrando la

puerta una vez que la audiencia se ha iniciado o prohibiendo el ingreso de menores de edad.

c) El Ministerio Pblico

En el caso de la reforma chilena, el Ministerio Pblico constituye una completa novedad. Hasta antes

de la reforma en ese pas no exista una institucin que cumpliera esa funcin y, por lo tanto, fue necesario crear

un rgano completamente nuevo que, pocos meses antes de la entrada en vigencia del nuevo Cdigo, debireclutar tanto a su personal directivo como a todos los fiscales y al personal administrativo, necesarios para

cumplir las nuevas funciones en las dos primeras regiones abarcadas por el proceso de reforma. Es debido a esta

circunstancia tan especial que en el funcionamiento del Ministerio Pblico la definicin de las prcticas de

trabajo es todava un proceso en pleno desarrollo.

Los fiscales son en general personas bastante jvenes, con poca experiencia en el rea de la justicia

criminal, pero altamente motivados con el proceso de reforma. Las fiscalas donde trabajan tienen tamaos muy

diversos; desde algunas con un solo fiscal hasta otras con cuatro y hasta siete en las ciudades ms grandes ya

incluidas en el proceso de reforma. La distribucin del trabajo, en general, se hace por medio de un sistema de

turnos, y slo muy recientemente comienzan a manifestarse otras formas de distribucin, consistentes funda-

mentalmente en la existencia de fiscales que asumen preferentemente algunos tipos de asuntos en particular,

especialmente en materia de drogas.




No existe un sistema institucional destinado a evaluar los casos a su ingreso, por el contrario, cada fiscal

toma con bastante independencia las decisiones en el caso que le corresponde. Tampoco existe un sistema

formal de supervisin por parte de los fiscales que formalmente son jefes de la oficina, aunque recientemente las

fiscalas regionales han venido desarrollando tareas de apoyo ms intensas a favor de los fiscales individuales,

fundamentalmente a travs de abogados asesores del fiscal regional.

Durante la etapa inicial de desarrollo de un caso en la fiscala se han observado algunos problemas de

coordinacin con el trabajo de la polica, lo que, en todo caso, parece ser bastante variable, dependiendo del

lugar. Entre los problemas ms importantes que se han generado est, por ejemplo, la necesidad del Ministerio

Pblico de repetir tareas administrativas ya realizadas por la polica a causa de problemas en el modo en que la

informacin se transfiere (el contenido del parte policial debe ser nuevamente digitado en el Ministerio Pbli-

co); otro ejemplo es la falta de claridad de las expectativas de los policas cuando existe disparidad de criterios

entre distintos fiscales.

Como producto de algunos de estos problemas, pareciera ser que existen limitaciones en el Ministerio

Pblico para tomar decisiones tempranas respecto de los casos. Este objetivo fue uno de los ms importantes en

el diseo del nuevo sistema y, al menos desde el punto de vista de la planificacin, se vinculaban con sucumplimiento algunas de las expectativas de cambio ms importantes, como la rapidez en la tramitacin de los

casos y la concentracin del sistema en los casos de mayor relevancia. Las cifras disponibles al momento del

estudio mostraban un porcentaje de causas pendientes del 54%, muy superior al pronosticado, en cuanto se

supona que una gran cantidad de casos de poca importancia, en los que adems existen muy bajas o ninguna

expectativa de xito, deban ser archivados muy tempranamente. Por el contrario, pareciera que tanto la

organizacin del trabajo ya descrita como falta de definiciones claras desde los niveles superiores desincentivan

de alguna manera las decisiones tempranas, obligando a los fiscales a mantener abiertos y a invertir esfuerzo en

casos en que ello no debiera ocurrir. A esta circunstancia contribuye tambin el problema del manejo de las

expectativas de las vctimas. As, no todas las personas se encuentran dispuestas a aceptar una explicacin

temprana en el sentido de que su caso no tiene perspectivas de xito o que, por su gravedad, no se justifica lainversin de recursos que requerira una persecucin incierta. Aparentemente, no ha existido una poltica

destinada a manejar esta situacin, debiendo hacerlo cada fiscal individualmente, con lo que muchas veces se

cae en la prctica de hacer algunas actividades de alto costo slo para limitar la frustracin del afectado. Por su

parte, tambin el formalismo de algunos tribunales contribuye a agudizar este problema, especialmente en

cuanto a extremar las exigencias formales de aquellos modos de salida del sistema que requieren su aprobacin

(especialmente en el caso del principio de oportunidad y en los acuerdos reparatorios).

Tanto los fiscales como los dems actores del sistema plantean que el Ministerio Pblico ha saturado su

capacidad de trabajo, en cuanto cada fiscal se encontraba al momento del estudio -a menos de un ao del inicio

del nuevo sistema- manejando un volumen de causas excesivo. Resulta verdaderamente difcil tener una

impresin clara de ese problema, en cuanto el volumen de causas efectivas aparece distorsionado por estatendencia a mantener abiertas causas que en realidad no demandan trabajo actual.

El Ministerio Pblico cuenta con un sistema computacional de seguimiento de causas cuyo efectivo

funcionamiento ha tenido algunas dificultades, por lo cual, en este primer perodo, no parece ser capaz todava

de generar cifras confiables de un modo suficientemente rpido, aunque parece irse solucionando. En general,

los fiscales manifiestan tener problemas importantes con el sistema de apoyo administrativo, destinando buena

parte de su tiempo a tareas que podran ser absorbidas por personal menos calificado.

Las fiscalas tambin cuentan con un administrador profesional, los que en alguna medida parecen

encarar problemas similares a los que viven los administradores de tribunales, en cuanto a que se ven obligados

a funcionar dentro de un sistema muy restrictivo impuesto desde la superioridad, el cual les impide maximizar

los grados de eficiencia en cada una de las unidades.




Los fiscales disponen, en el nuevo sistema, de un conjunto de posibilidades de solucin de los casos por

medio de mecanismos alternativos a las vas tradicionales, los que incluyen procedimientos ms breves, formas

de acuerdos y algunas facultades de desestimacin por diversas causales. La ley regula en cada caso cules son los

requisitos de procedencia y los controles a que se someten cada una de estas formas de solucin. El Ministerio

Pblico por su parte, ha dictado reglas generales que establecen ciertos criterios para la aplicacin de este tipo

de salidas, los que, en general, implican restricciones adicionales a las establecidas por la ley, en especial encuanto a los delitos graves.

Uno de los problemas generales que este tipo de regulaciones presenta es que, en cuanto a su origen,

provienen de criterios definidos bastante abstractamente al inicio del proceso de implementacin, y no consti-

tuyen respuestas a problemas concretos ni expresan la acumulacin de experiencias por parte de los fiscales del

Ministerio Pblico. Esto es, la superioridad del Ministerio Pblico tiende a entender sus facultades de regula-

cin como una especie de rplica de la actividad legislativa, y no como la capacidad de res

03-reformas proc penales en america latina

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