viento sur, nº 116, mayo 2011

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    w w w . v i e n t o s u r . i n f o

    SUR

    N 116 AO XX 8E MAYO 2011

    VIENTO Crisis urbana y derecho a la

    ciudad. Carlos Sevilla Alonso (editor).

    Henri Lefebvre (Metamorfosis planetaria),

    Jordi Borja (Derecho a la ciudad),

    Emmanuel Rodrguez e Isidro Lpez(Competitividad territorial), Ibn Daz

    y Cristina Honorato (Urbanismo del

    miedo), Grupo surrealista de Madrid

    (Hausmann en Lavapis) Aurora Justo

    (Gentrificacin en Malasaa), PacoSegura (Por unas zonas metropolitanas habitables), Antonio

    Garca (La vivienda como objeto de batalla) Las

    consecuencias del accidente nuclear de Fukushima.

    Ladislao Martnez Lpez y Mart Caussa Ecuador. La

    construccin de un nuevo modelo de dominacin.

    Ral ZibechiSobre todo, sin miedo. Entrevista a Rita,

    Fabio, Andrea y Pablo de Juventud sin Futuro

    Inmemoriam. Ramn Fernndez Durn (1947-2011)

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    SOME RIGHTS RESERVED Esta obra se puede copiar, distribuir, comunicar pblicamente o hacerobras derivadas de la misma, bajo las siguientes condiciones:

    http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es

    Debe reconocer

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    obra, se har bajo unalicencia idntica a sta.

    1

    el desordenglobal

    2miradasvoces

    3pluralplural

    4vocesmiradas

    5aquy ahora

    6inmemoriam

    7

    subrayadossubrayados

    Nmero 116 / mayo 2011 / 8 e

    EcologaLas consecuencias del accidente nuclear de Fukushima.Ladislao Martnez Lpez, Mart Caussa 5

    EcuadorLa construccin de un nuevo modelo de dominacin. Ral Zibechi 15

    Un poco de vida. Chema Campo. Carmen Ochoa Bravo 25

    Crisis urbana y derecho a la ciudadPresentacin. Carlos Sevilla 31Metamorfosis planetarias. Henri Lefebvre 35

    Espacio pblico y derecho a la ciudad. Jordi Borja 39Circuitos secundarios de acumulacin y competitividad territorial.Emmanuel Rodrguez, Isidro Lpez 49

    El urbanismo del miedo y la sociedad contempornea.Ibn Daz y Cristina Honorato 58

    El barn Hausmann sube a los cielos. Grupo Surrealista de Madrid 67Transformaciones en el barrio de Malasaa. Hacia la gentrificacin.

    Aurora Justo 73Luchas ciudadanas por unas zonas metropolitanas habitables. Paco Segura 80De la V de vivienda a los afectados por la hipoteca:

    la vivienda como objeto de batalla. Antonio Garca 88Tecnpolis y ciudades-empresa Privatopas empresariales metropolitanas?

    Carlos Sevilla Alonso 95

    Temblor en las races. Antonio Martnez i Ferrer (Alzira, 1939)Antonio Crespo Massieu 103

    Sobre todo, sin miedo. Entrevista a Rita, Fabio, Andrea y PablodeJuventud sin Futuro. 109

    Ramn Fernndez Durn (1947-2011). Miguel Romero 119

    Razones para la esperanza. Ideas sobre la Unidad Socialista de Amrica Latina.Rafael Morales Caballero. Roberto Montoya 123Algo va mal. Tony Judt. Javier Morales Ortiz 124Biotica y Nanotecnologa. Mara Casado (Coord.). Dolores Romano 125Claves del Ecologismo Social. VVAA. Manuel Colomer 127

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    Barcelona

    La Central del RavalElisabets n6. (08001).La CentralMallorca, 237. (08008).

    La Ciutat InvisibleRiego, 35, baixos.(080014).

    LaiePau Clans, 85. (08010).

    Llibreria DocumentaCardenal Casaas, n4.(08002).

    BilbaoLibreria CmaraEuskalduna, 6. (48008).

    CrdobaEspacio Social yCulturalAl BordeConde de Crdenas, 3(14003).

    GranadaLibreras PicassoObispo Hurtado, 5(18002).

    HuescaLibrera AnnimaCabestany,19. (22005).

    Las Palmas

    de Gran CanariaAsociacin Canaria deEconoma AlternativaCaf dEspacioCebrin, 54. (35003).

    MadridLibrera AntonoMachadoFernando VI n 17(28004).

    Librera Rafael AlbertiTutor n 57. (28008.

    La LibreArgumosa n 39.(28012).

    La MarabuntaTorrecilla del Real, 32(28012).

    Librera Facultad deCiencas Poltcas ySociologaUniversidad ComplutenseCampus de Somosaguas

    Traficantes de sueosEmbajadores n 35(28012).

    KioskoSan Milln / PlazaCascorro. (28012).

    Mlaga

    Libreria ProteoPta Buenaventura n 3(29008).

    Oviedo-UviuConceyu AbiertuLa Gascona, 12 baxu A(33001).

    Tienda de ComerciuXustu"L'Arcu la Vieya"El Postigu Altu 14, baxu(33009).

    Pamplona-IrueaZabaldi (CasaSolidardad)Navarreria, 23, bajo(31001).

    La Hormiga AtmikaLiburuakCuria 2, bajo. (31001).

    SantanderLa Libre (librera alter-nativa)Cisneros, 17. (39001).

    SevillaAteneo Tierray LibertadMiguel Cid, 45

    Valencia

    Llibrera tres i quatreOctubre Centre de CulturaContemporniaSan Ferrn, 12(46001).

    ValladolidLibrera SandovalPlazuela del Salvador, 6(47002).

    Vitoria-GasteizESKBeethoven, 10, bajo(01012).

    Zaragoza

    Papelera GerminalSepulcro, 21(50001.

    Librera AntgonaPedro Cerbuna, 25(50009).

    Librera ClamoPlaza San Francisco, 4(50009.

    Koskos- Plaza San Francisco(50009).- San Juan de la Cruz, 3(50009).

    Consejo AsesorLuis Alegre ZahoneroNacho varez-PeraltaIaki BrcenaMart Caussaigo ErrejnSandra EzquerraRamn Fernndez Durn

    (in memoriam)Jos GalantePepe Gutirrez-lvarezPedro Ibarra

    Petxo IdoyagaGloria MarnLadislao MartnezBibiana MedialdeaJusta MonteroDaniel PereyraEnric PratBegoa Zabala

    RedaccinJosep Mara AntentasAndreu CoIlAntonio CrespoJosu EgireunManolo GarRoberto MontoyaAlberto NadalCarmen OchoaJaime PastorCarlos SevillaPilar Soto

    Miguel Urbn CrespoEsther Vivas

    EditorMiguel Romero

    Diseo originalJerme Oudin & Susanna Shannon

    MaquetaFernando de Miguel & Judit GonzlezTRAZAS S.L. [email protected]

    RedaccinC./ Limn, 20 Bajo ext-dcha.28015 Madrid. Tel. y Fax: 91559 00 91

    Administracin y suscripcionesJosu Egireun. Tel.: 630 546 782

    [email protected]/ Artesana 17. Pol. Ind. de Coslada.28823 Coslada (Madrid).

    DL: B-7852-92 ISSN: 1133-5637

    2 VIENTOSUR Nmero 116/Mayo 2011

    Puntos de difusin de VIENTOSUR

    Propuesta grfica a partir de fotografas de Jos M Campo Carrera

    www.vientosur.info

    [email protected]

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    An existen incertidumbres sobre el accidente nuclear de Fukushima descritoen este mismo nmero de la revista [ver a continuacin el artculo de MartCaussa]. Dos preguntas que se repiten son cul es la incidencia sobre la saludde dicha catstrofe? Y hasta donde pueden alcanzar los daos?

    Ninguna de las dos preguntas tiene una respuesta definitiva en el momentoactual debido a que la situacin dista de estar definitivamente controlada y sesiguen produciendo fugas de materiales radiactivos tanto de manera incontro-lada (sobre todo al aire y al agua), como supuestamente controlada (el vertido

    de lquidos de bajo nivel radiactivo para dejar espacio para el agua altamenteradiactiva que se us en la refrigeracin de la vasija del reactor). En cualquiercaso, s pueden apuntarse previsiones cualitativas de daos.

    El gobierno japons orden desalojar en los primeros momentos de la cats-trofe un rea de 20 km en torno a la central. Con posterioridad aconsej que sehiciera lo mismo con un radio de 30 km y hace unos das evacu tambin avarias poblaciones que se hallan a 40 km de la central, en una zona a la que elviento arrastr material radiactivo en grandes cantidades. Se pretenda con elloreducir los efectos estocsticos (aleatorios o dependientes del azar) sobre la

    salud. Estos efectos se producen cuando las dosis radiactivas totales (tantodebidas a exposicin externa, como por contaminacin interna debida a laingestin o inhalacin de tomos radiactivos) no son excesivamente altas. Y tie-nen dos caractersticas: los efectos no aparecen inmediatamente sino diferidosen el tiempo y no puede saberse si una persona que sufre estas dosis manifes-tar o no ciertos efectos, pero puede establecerse que si una poblacin de xindividuos sufre una exposicin radiactiva conocida, se producir un incremen-to determinado de cierto tipo de enfermedades. De ah su denominacin deestocsticos y por eso se acta sobre poblaciones, evacundolas, y no sobre

    individuos. Algunos ejemplos permitirn aclararlo. La leucemia, una de lasenfermedades radioinducidas ms caractersticas, empieza a aparecer a los dos

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    1eldesordenglobal

    Las consecuencias del accidentenuclear de Fukushima

    Ecologa

    Ladislao Martnez Lpez

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    aos de sufrir la exposicin, manifiesta sus valores mximos entre 6 y 8 aosdespus de la misma y casi desaparece a los 25 aos. Por el contrario otros tiposde cnceres, que tambin produce la radiactividad, como el de pulmn o el de

    hueso, empiezan a manifestarse al cabo de 10 aos y alcanzan sus valores mxi-mos despus de ms de 30 aos. Quiere esto decir que no se sabrn los efectosdel accidente con cierta precisin, hasta que no se realicen detallados estudiosepidemiolgicos dentro de unos 50 aos. Por otro lado, el carcter estocsticode los efectos se debe a que si a dos personas se les somete a la misma dosisradiactiva, puede ocurrir que una de ellas contraiga cncer y la otra no. Cuandose trata de poblaciones de suficiente tamao los efectos pueden conocersemediante procedimientos estadsticos.

    Existe adems un nuevo factor de incertidumbre, ya que no es mucho lo quese sabe sobre los efectos biolgicos de las bajas dosis radiactivas/1 y existeuna fuerte polmica cientfica al respecto. Dado que no pueden realizarse expe-riencias controladas para profundizar en el conocimiento de estos fenmenos,es preciso estudiar las grandes catstrofes nucleares (las bombas atmicas de lasegunda guerra mundial, las explosiones nucleares al aire libre en ciertas zonasdel pacfico, o el accidente de Chernbil... y dentro de unos aos este acciden-te). Pero por su propia naturaleza y la necesidad de operar con grandes pobla-ciones la incertidumbre se reducir, pero seguir existiendo. Para comprobarque hablamos de mucha incertidumbre: los sectores pronucleares hablaron deunos 3.000 muertos en el accidente de Chernbil, mientras cientficos crticos

    estimaban los muertos totales en unos 600.000 a lo largo de los siguientesaos/2. A las dificultades intrnsecas de conocer estos hechos se aaden otrasms oscuras: en 1990 los datos mdicos de 670.000 personas afectadas porChernbil, que estaban informatizados, fueron robados en Minsk (Ucrania).

    Pero es muy importante sealar que en un accidente como ste, dado que lacarga radiolgica principal se debe a la contaminacin interna, es decisivo que seadopten las medidas de control necesarias. El nmero final de afectados, no slodepende de la cantidad de material radiactivo emitido sino de si este pasa o no aincorporarse a las personas. Y es ah donde ahora puede actuarse con ms eficacia.

    Medidas a tomarAdoptar la decisin de evacuar a la poblacin, ms en un pas golpeado por unterremoto como Japn, es sin duda difcil. Se trata, para prevenir un riesgo futu-ro, de arrancar de sus lugares de vida (a los que no podrn volver en muchos

    1/Una dosis radiactiva alta es por ejemplo la que sufrieron los bomberos que fueron a apagar el incendio deChernobil. O por no alejarse demasiado ni en el espacio ni en el tiempo, los tres trabajadores de la fbrica de com-bustibles de Tokaimura (Japn, 1999) que produjeron una reaccin nuclear en cadena involuntaria. Dos murieronen los das posteriores y el tercero casi un ao despus. Cuando las dosis son altas los efectos no son estocsticos,

    sino seguros.2/Mi opinin personal coincide, claro est, con la de los cientficos crticos que en muchas ocasiones han tenidoque librar importantes batallas por desmontar los falsos alegatos de los cientficos y organismos serviles.

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    3/Los lmites de concentracin radiactiva de los istopos en los distintos alimentos se hace a partir de supuestosde ingesta de alimentos. El lmite debe tener en cuenta la cantidad del citado alimento, la peligrosidad del o de losradioistopos que lo contaminan, y de manera muy especial si la persona que lo ingerir est sometida a otras fuen-tes de exposicin (otros alimentos contaminados o contaminacin externa por exposicin directa). El lmite portanto debera ser ms estricto para las zonas cercanas que, por ejemplo, para las alejadas.4/En nuestro pas, por ejemplo, esta responsabilidad ser de 1.200 millones de euros en breve. Las compaas tie-nen la obligacin de contratar plizas de seguro slo por esa cuanta. Del resto, en caso de accidente, se ocupa elEstado. En el caso de Japn se ha publicado que la empresa (sera mejor decir la aseguradora de la empresa) retri-buir a las 48.000 familias afectadas con 12.000 dlares a cada una. pero es slo el inicio de lo que vendr. Lamejor estimacin del coste de Chernobil (ocurrido en 1986) habla de unos 228.000 millones de euros: 198.000millones en descontaminacin y tratamiento de residuos y el resto en los movimientos de poblacin y realojo y tra-

    tamiento mdico de los efectos.5/Un dato positivo en este caso es que existen bastantes colectivos de vctimas de la bomba atmica que dispo-nen del conocimiento y de la sensibilidad necesaria para ser tiles en la tarea que les espera.

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    aos, o probablemente nunca) a muchas personas. Hay que alojarlas, como se havisto, durante varios meses en incmodos campos comunes. Pero ahora es estric-tamente imprescindible establecer una normativa de control de agua y alimentos

    basada en criterios conservadores/3, mantenerlos en el tiempo y asegurar sucumplimiento. Es tambin imprescindible asegurar la transparencia en los resul-tados obtenidos y el flujo de la informacin generada para que llegue a los msamplios sectores sociales. Puesto que los efectos aparecern diferidos en el tiem-po es importante asegurar que no se produce una falsa sensacin de normalidad.

    Y de ah se deriva el posible conflicto, ya que significa eliminar del consumomuchos alimentos y por tanto afectar a muchos productores. Quiz cuando sepubliquen estas notas ya sea bien visible en las informaciones los conflictosentre ecologistas y, por ejemplo, pescadores que no tardarn en reclamar lmi-tes menos estrictos sobre sus productos y en considerar alarmistas los contro-les y normas de vigilancia. La paradoja de este tipo de situaciones es que sonconflictos entre vctimas inocentes del accidente que podran ser resueltos conmenos traumas si la normativa legal obligara a los propietarios de la central aretribuir de manera justa a todos los afectados. Este ha sido uno de los caballosde batalla librados por el ecologismo muy en solitario y con mucha incompren-sin social: la necesidad de una norma que garantice la responsabilidad total delos accidentes. Uno de los apoyos pblicos de que siempre ha gozado la ener-ga nuclear es el paraguas legal de la responsabilidad civil limitada/4. No setrataba, como se ve, de una especulacin sin fundamento.

    Una de las tareas fundamentales del ecologismo japons deber ser intentarminimizar los impactos sobre la salud de la poblacin japonesa, y para ello ten-dr que conseguir normativa suficiente, transparencia informativa y vigilanciasostenida en el tiempo. Junto a ello debe aspirar a que las prdidas econmicasse repercutan, en la mayor mediada posible, sobre los responsables. Como resul-ta impensable una compensacin justa sin conflicto social de los afectados, se ledebe exigir al ecologismo japons/5 que ponga a su disposicin todos sus cono-cimientos sobre el asunto y que sea, junto a las asociaciones de afectados que contoda probabilidad se crearn, un agente de dinamizacin y movilizacin social.

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    Se ha hablado relativamente poco de los niveles radiactivos de los trabajado-res que han participado en las tareas de control de la instalacin. Pero teniendoen cuenta que ha habido que trabajar mucho tiempo en zonas calientes (con

    mucha radiactividad), que se ha tenido que apagar incendios, que ha habido unmanejo masivo de lquidos radiactivos... la dosis colectiva/6 debe ser muy alta.Un ecologismo de izquierdas debera pasar por alto las, casi con seguridad, dif-ciles relaciones con los trabajadores de la planta y colocar como un asunto cen-tral la vigilancia de la salud de los mismos.

    Otro elemento decisivo de la actuacin del ecologismo japons debera serintentar esclarecer la responsabilidad de todo lo ocurrido. Desde los ahora bienvisibles errores de concepto y de diseo de la central, hasta la gestin de lacatstrofe. Cuanto ms se conozca de lo ocurrido ms eficaz ser la vacuna con-tra otras catstrofes similares.

    Que el accidente ha tenido un alcance regional se prueba por las medidasadoptadas por los gobiernos chino y surcoreano, que han registrado incremen-tos significativos de radiactividad en su territorio. Del mismo modo, estos pa-ses, y los que dispongan de un comercio significativo de alimentos con Japn,debern mejorar sus sistemas de vigilancia y control de la radiactividadambiental y sobre todo de los alimentos.

    Qu se har con los residuos radiactivos?Un problema que ir ganando importancia a medida que vaya controlndose

    ms la situacin es la gestin de los residuos radiactivos. En un modelo sinaccidentes, los residuos radiactivos de alta actividad/7 se mantienen sumergi-dos en las piscinas de combustible hasta decaer su actividad/8, despus se alma-cenan un tiempo ms en seco, y finalmente est previsto proceder a su enterra-miento definitivo como sistema de gestin final, aunque Japn no dispone deun lugar donde hacerlo. Por otro lado, cuando la central se cierra se procede asu desmantelamiento ordenado respetando unos periodos de reposo para mini-mizar la carga radiolgica de los trabajadores y el coste total de la operacin.

    Pero aqu hay un accidente, y un accidente muy grave que ha supuesto la pr-

    dida total y definitiva de 4 de los 6 reactores que existan en el emplazamiento/9.

    6/Se llama as a la suma total de las dosis individuales recibidas por todos los trabajadores. Cuando ningn traba-jador recibe una dosis crtica, que le desencadena efectos no estocsticos, ste es el mejor indicador de los efectosde salud que padecern los trabajadores implicados.7/Que estn formados por el combustible irradiado que sale de los reactores.8/Un elemento clave en este proceso es que los elementos combustibles permanecen ntegros durante todo estetiempo, es decir, con los materiales radiactivos en el interior de cilindros estancos de una aleacin de circonio. Alo sumo pueden existir pequeas grietas por la que escapen slo pequesimas cantidades de la radiactividad quecontienen. Esta barrera primaria juega un papel decisivo a la hora de facilitar la gestin.9/No existe ya ninguna duda de que los propietarios de la central aumentaron la dimensin de la fuga radiactivay por tanto el alcance del accidente por demorarse en emplear agua del mar en la refrigeracin de la planta. Una

    vez que se emplea agua del mar de forma generalizada en la instalacin, sta queda definitivamente inutilizada parael futuro ya que se genera un ambiente corrosivo incompatible con la calidad de los materiales que necesita la muyexigente industria nuclear. Se intent salvar la inversin y se consigui agudizar el problema.

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    10/Para las personas de nuestro pas informadas, el precedente de Palomares arroja luz sobre lo que puede suce-

    der. Todava hoy sigue habiendo contaminacin significativa por plutonio en varias hectreas de la zona dondecayeron las bombas. Y sigue siendo necesario impedir el acceso a las mismas... y lo ser durante milenios si no sedescontamina la zona. Pues bien se ha detectado plutonio en las inmediaciones de la planta de Fukusima.

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    Las piscinas donde se almacenaban los residuos de alta actividad han sido daa-das en todos los casos y contienen elementos radiactivos rotos y deformados. Losncleos de tres reactores se han fundido en buena medida, lo que exige una estra-

    tegia completamente distinta de gestin de estos materiales ya que las barras estncompletamente deformadas. Otro problema decisivo e inesperado es la gestindel agua radiactiva que ha sido utilizada para refrigerar el reactor y que contieneniveles anormales de radiactividad. Tanto en la fase temporal como definitiva degestin de residuos radiactivos, se prefiere mantenerlos en estado slido para faci-litar su manejo y dificultar su posible escape. No hay precedentes de tan grandescantidades de lquidos radiactivos dispersos y pendientes de gestin.

    Tambin es importante el hecho de que exista mucho material radiactivo dis-perso por los alrededores de la planta por lo que la disyuntiva ser entre descon-taminar, con un incremento inmenso de costes o mantener la evacuacin de unaamplia zona del pas por un tiempo que hoy se antoja como indefinido/10.

    Por tanto la idea manifestada por TEPCO (empresa propietaria de la planta)consistente en cubrir con sarcfagos las centrales afectadas, slo es un modelode gestin temporal que podra prolongarse durante decenas de aos. Su efica-cia depende del diseo que se haga, del rea cubierta... pero los problemas nocesarn hasta que se acometa la gestin definitiva.

    Un dato en extremo preocupante es la connivencia que se aprecia entre elgobierno japons, las autoridades de vigilancia radiolgica y la empresa propie-taria. Como ya ocurriera con el vertido de petrleo BP en las costas de EE UU,

    el respeto reverencial que casi todos los gobiernos occidentales muestran por lapropiedad privada, dejan inermes a las poblaciones y al medio ambiente afec-tados. Y prueba una vez ms que el derecho penal se ha hecho en casi todo elmundo para castigar el robo de gallinas, pero no los delitos de cuello blanco...aunque sus consecuencias sean incomparablemente ms graves.

    El futuro de la energa nuclearUna frase que se repite mucho estos das entre ecologistas es que el accidentede Fukushima nos ha quitado el trabajo. Ms all de la evidente sorna, creo que

    ilustra bien el cambio en la correlacin de fuerzas que se ha operado en el deba-te nuclear a resultas del mismo.Es claro que Japn cerrar definitivamente los cuatro grupos nucleares afec-

    tados y muy probablemente algunas de las otras centrales afectadas por losterremotos. No es probable que contine con los planes de nuclearizacin. Elcaso de Alemania ha sido el ms sonado. Tras derogar los planes aprobados porel gobierno de socialdemcratas y verdes (y mantenido por el de gran coali-cin) de cerrar las centrales nucleares al cumplir 35 aos/11, la canciller nge-

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    la Merkel ha cerrado las plantas ms antiguas dando un giro de 180 en un tiem-po record. Italia y el Reino Unido han decidido renunciar a construir nuevasplantas tras haberlo anunciado. Tambin ha significado un brusco varapalo para

    los planes de Obama de construir nuevas centrales. Otro tanto ha ocurrido conlos planes de un pas con elevado riesgo ssmico como Chile, que coqueteabacon la idea de emplear la energa nuclear.

    Menos claro es el caso de China, que primero anunci que renunciaba a cons-truir sus 27 centrales para poco despus matizar su postura y decidir seguir ade-lante, con un nuevo ritmo que no ha precisado. India mantiene por el momen-to su proyecto de construir cinco nuevas centrales nucleares. Tampoco parecehaberse visto afectado el incipiente programa nuclear turco a partir de tecnolo-ga rusa, pese a que la central de cuatro unidades se ubica en una zona ssmica.

    Una cosa es clara. El deseo de los pases emergentes de construir centralesnucleares se ha visto roto en ms de una ocasin por las incertidumbres finan-cieras. Quiz los lectores puedan entenderlo si piensan en lo que habra ocurri-do en Grecia, Irlanda o Portugal (tres pases que carecen de centrales nuclea-res) si hace unos aos hubieran decidido construir una nuclear. Las compaaspropietarias habran suscrito crditos baratos con bancos para construir las cen-trales y hoy estaran viendo angustiadas cmo estos crditos se estaran encare-ciendo espectacularmente antes de haber terminado de construir esa central.Cualquier opcin para ellas sera mala. En una central nuclear, con costes deconstruccin muy elevados y con periodos de construccin largos, el precio real

    del kWh es una incgnita total. Como bien saben las compaas elctricas espa-olas, que deberan recordar lo ocurrido en nuestro pas en los aos 70 y 80,cuando las compaas que apostaron por las nucleares (FECSA, Sevillana deElectricidad, ERZ...) se vieron abocadas a la quiebra en una coyuntura econ-mica que se parece mucho a la actual.

    Por eso el verdadero deseo de los propietarios de centrales nucleares en buenaparte del mundo es prolongar la vida de las centrales existentes. Algo que se havisto dificultado por el accidente, ya que afect a plantas bastante antiguasdejando ver de paso sus evidentes limitaciones de diseo.

    En el caso de nuestro pas, el accidente deja en evidencia una vez ms la tibie-za del gobierno. Se produce justo despus de que en la ley de economa soste-nible se hubiera eliminado una referencia a la vida til de las centrales/12, ale-

    jndose as del cumplimiento del programa electoral con el que concurri a laselecciones. Tambin justo despus de haber nombrado Secretario de Estado deEnerga a un tcnico que elabor un informe para los propietarios de Garoa(gemela de la central siniestrada en Japn) con el que se espera obtener en lostribunales 900 millones de euros por su cierre... al cumplir 42 aos. El acciden-te es tambin un obstculo aadido para designar la ubicacin del Cementerio

    11/En realidad se contemplaban distintas opciones dependiendo de la antigedad de las centrales.12/Se hizo para pactar el texto con CIU. El mantenimiento de este texto habra permitido cerrar con ms facili-dad las centrales al cumplir 40 aos.

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    Nuclear Temporal de residuos de alta actividad (ATC). Una decisin que vieneposponindose desde hace un ao para minimizar el desgaste electoral. Y que

    justo ahora tropieza con una opinin pblica mucho ms reticente.

    El papel en nuestro pas del movimiento antinuclear debera ser intentar acor-tar la vida en lo posible de las centrales nucleares e impedir la construccin delATC hasta que no exista un programa firme de cierre de las centrales en unplazo tan breve como sea posible.

    Cuando el terrible terremoto sacudi Japn todos los reactores de Fukushima Ise apagaron tal como estaba previsto. Pero poco despus un impresionante tsu-nami cort el suministro elctrico y, como consecuencia, dej de funcionar elsistema de refrigeracin de los reactores. La refrigeracin de emergencia falltambin al cabo de unas horas. Y entonces empez la tragedia.

    Este artculo es un resumen sinttico de lo publicado en la web de VIENTO

    SUR, especialmente en:http://www.vientosur.info/documentos/La situacion actual en Fukushima.pdfhttp://www.vientosur.info/documentos/1.1 Crisis nuclear en Japon.pdf

    Para entender cmo el fallo en la refrigeracin provoc el accidente hay quetener en cuenta las caractersticas del combustible nuclear. Cuando un reactorest en funcionamiento su combustible, encerrado en unas barras, se hace alta-mente radioactivo y genera gran cantidad de calor incluso despus de apagar elreactor, de modo que hay que seguir refrigerndolo. Cuando las barras de com-bustible estn usadas y se retiran del reactor tambin siguen siendo radioacti-vas y generando calor; por eso deben refrigerarse continuamente durante aos,

    lo cual se hace depositndolas en las piscinas de almacenamiento y haciendocircular agua fra a su alrededor.Si se interrumpe la refrigeracin, el combustible se calienta cada vez ms,

    hasta el punto de que el revestimiento alcanza una temperatura en que reaccio-na con el agua para liberar hidrgeno, que puede explotar si se acumula. Si elrevestimiento sigue calentndose y reaccionando con el agua puede romperse,liberando gases radioactivos. Si el combustible alcanza cierta temperatura, los

    pellets (cilindros de combustible) empiezan a fundirse, liberando a su vezmayores cantidades de gases radioactivos

    El reactor tiene varias barreras de contencin para impedir que los gases del

    interior del ncleo salgan a la atmsfera: 1) la vasija de acero del reactor; 2) laestructura de contencin primaria, construida de hormign y acero, que es la

    Qu sucedi en FukushimaMart Caussa

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    ms importante y debe evitar el escape de radioactividad incluso si se funde elncleo del reactor; 3) la estructura de contencin secundaria o edificio del reac-tor. Puede haber escapes radioactivos si estas barreras resultan daadas o biensi hay evacuacin intencionada de gas para evitar una presin excesiva.

    Las piscinas del reactor con la barras de combustible usado tienen slo unabarrera de contencin porque estn en el edificio del reactor y no dentro de lacontencin primaria. Los gases producidos por estas barras, si hay un fallo enla refrigeracin, pueden salir al exterior si el edificio del reactor est daado;entonces la radiacin emitida puede ser ms importante que en el caso de unfallo en el propio ncleo del reactor.

    El terremoto y el tsunami interrumpieron el suministro elctrico a las plantas,con lo que dejaron de funcionar los refrigeradores motorizados de los reactoresy de las piscinas de combustible usado. Unas bombas accionadas por vaporsiguieron asegurando la refrigeracin durante unas cuantas horas, pero dejaronde funcionar cuando se agotaron las bateras que las alimentaban.

    La planta de Fukushima I comprende seis reactores, todos ellos construidosen la dcada de 1970. Tres reactores las unidades 1, 2 y 3 estaban conecta-dos en el momento de ocurrir el terremoto, mientras que las unidades 4, 5 y 6estaban paradas con fines de mantenimiento. Todo el combustible de la vasijadel reactor 4 se haba trasladado a la piscina de combustible usado. Las vasijasde los reactores 5 y 6 contenan todava combustible, pero han resultado menosdaados. Por consiguiente, en la planta de Fukushima I era preocupante sobretodo el combustible contenido en el ncleo de los reactores 1, 2 y 3 y en las pis-cinas de combustible usado de las unidades 1, 2, 3 y 4. Finalmente el acciden-

    te ha sido clasificado de nivel 7, el mismo que se adjudic al de Chernbil, delcual se acaba de cumplir el veinticinco aniversario.

    Contaminacin de la atmsferaDesde el comienzo de la crisis se ha emitido a la atmsfera una cantidad impor-tante de radiacin. Dos de las principales amenazas para la salud de los gasesradioactivos emitidos son los que emanan del yodo-131 y del cesio-137. Unestudio ha calculado que, durante los primeros das de la crisis, Fukushimaemiti a la atmsfera cerca del 20 % del yodo-131 y el 50 % del cesio-137 queescaparon durante el accidente de Chernbil.

    El peligro para los habitantes de la zona cercana puede provenir tanto de lainhalacin de los gases radioactivos como del consumo de alimentos que sehayan contaminado con las partculas radioactivas que se han depositado en elsuelo. El gobierno japons orden primero la evacuacin de una zona de 3 kma la redonda de la central de Fukushima e indic a los residentes dentro de unradio de 10 km que permanecieran en sus casas. El 12 de marzo se ampli lazona de evacuacin a 20 km y la de encierro en casa hasta 30 km. El 25 demarzo, funcionarios japoneses dijeron que aconsejaban a los residentes queevacuaran toda la zona de 30 km a la redonda. Posteriormente se evacuaronalgunas poblaciones situadas a 40 km. En cambio, la embajada de EEUU ya

    haba recomendado el 17 de marzo a los ciudadanos estadounidenses que eva-cuaran la zona situada dentro de un radio de 80 km alrededor de la central.

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    A medida que el viento arrastra la radiacin a travs del ocano, esta se dis-persa y se diluye. Por este motivo, aunque se han detectado trazas de materiaradioactiva en lugares tan lejanos como EEUU, las cantidades medidas hanresultado mucho menores que los niveles naturales de radiacin de fondo a losque est expuesta la poblacin de modo continuo y no suponen una seria ame-naza para la salud.

    La radiacin emitida a la atmsfera en Fukushima procede de dos fuentesprincipales. En primer lugar, cuando se interrumpi la refrigeracin de losncleos de los reactores, el combustible empez a calentarse y aument la pre-sin dentro de las vasijas. Para reducir la presin, el personal evacu a la atms-fera una parte del gas radioactivo que se haba acumulado en las vasijas y el edi-ficio de contencin primaria. Se ha informado tambin de que el edificio decontencin primaria de la unidad 2 y tal vez el de la unidad 3 estn daados; deser cierto, esto dejara escapar ms gas radioactivo a la atmsfera.

    En segundo lugar, la prdida de agua de las piscinas de combustible usadohizo que las barras de este combustible quedaran expuestas al aire, lo que causdaos en las mismas y la consiguiente emisin de gases radioactivos. Aunquelas piscinas se hallen dentro de los edificios de los reactores (contencin secun-daria), las explosiones de hidrgeno en el interior de los edificios de las unida-des 1, 3 y 4 abrieron grietas en sus paredes, a travs de las cuales pudieron esca-par los gases. En las paredes del edificio de la unidad 2 se abrieron agujeros deventilacin para evitar una acumulacin de hidrgeno que pudiera provocar unaexplosin.

    Contaminacin del aguaLa otra fuente de contaminacin radioactiva alrededor de la planta es el agua derefrigeracin. Para tratar de refrigerar los reactores y las piscinas de combusti-ble usado se vertieron miles de toneladas de agua desde helicpteros o conmangueras. Una parte del agua vertida se ha contaminado y ha vuelto al mar,pues se ha detectado radiacin en las aguas litorales. Otra parte ha sido vertidaal mar intencionadamente a fin de dejar sitio para otra agua mucho ms conta-minada.

    Esta ltima se ha encontrado en estanques exteriores a los edificios, especial-mente en la unidad 2. Probablemente se trata del agua que se bombe al inte-

    rior para refrigerar el reactor y que ha escapado al exterior debido a que laestructura de contencin primaria esta daada.

    La contaminacin est relacionada con la cantidad de combustible quepuede haberse fundido en los ncleos de los reactores y que, debido a la faltade refrigeracin, puede que sea importante. No obstante, dado que no se tie-nen datos de medicin del interior de las vasijas de los reactores, nadie sabe aciencia cierta el estado del combustible. En el caso de Three Mile Island, elestado del combustible no se conoci hasta varios aos despus del accidente.Asimismo, dada la falta de agua en algunas de las piscinas de combustibleusado durante los primeros das de la crisis japonesa, se supone que una parte

    del combustible depositado en ellas se habr fundido, pero su magnitud tam-poco se sabe con seguridad.

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    Comunidades Interculturales de Bolivia, exhort a los dirigentes a desenmas-carar a los traidores en los sindicatos y buscar la unidad en torno al liderazgodel presidente Evo Morales, en contra del trotskismo que es la avanzada pol-

    tica de la extrema derecha que en el pasado acab con gobiernos popularescomo el de Juan Jos Torres y Hernn Siles Zuazo, para dar paso a HugoBanzer y Vctor Paz Estenssoro/2.

    En Ecuador el presidente Correa est convencido que la mayor amenaza para elsocialismo del siglo XXI viene de lo que denomina como la izquierda infan-til y grupos ambientalistas e indgenas que, dice, rechazan la modernidad. Poreso critica al que dice no al petrleo, a las minas, a no utilizar nuestros recur-sos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro/3.Cuando la poblacin amaznica de Dayuma realiz un paro y corte de carrete-ra en noviembre de 2007, decret el estado de emergencia, militariz la regin,sus habitantes fueron maltratados y varias decenas torturados. Correa habl encadena nacional: Tolerancia cero a todo el que quiera hacer paros y generarcaos, anarquistas que estn acostumbrados con los otros gobiernos a paralizar

    el desarrollo del pas cuando les da la gana, los castigaremos con todo el rigor

    de la ley. Se dirigi a las comunidades afectadas por la minera que se movi-lizan contra la entrega de sus territorios: Las comunidades no son las que pro-testan sino un grupo de terroristas/4.

    Estos discursos encendidos contra los movimientos y las izquierdas escalan

    cuando se producen movilizaciones populares, como sucedi durante el recien-te gasolinazo en Bolivia y cada vez que los indgenas deciden levantamien-tos en defensa de sus territorios, contra la minera y las petroleras. Atribuir larepresin y el contenido ideolgico de los discursos a caractersticas personalessuele decirse que Correa es apasionado y se va de boca tiene escasa consis-tencia. La apuesta es indagar algunas caractersticas del rgimen de laRevolucin Ciudadana que permitan encontrar las razones de estas polticas decriminalizacin de los movimientos y alianza simultnea con las corporacionesmultinacionales. A modo de hiptesis porque la realidad nos impone cautela

    por su cercana temporal pero intentando ir ms all de la coyuntura, pretendoabordar tres aspectos centrales: la relacin entre la hegemona del capital finan-ciero-extractivista y la imposicin de un estado de emergencia econmico,siguiendo el anlisis que hace la economista brasilea Leda Paulani para su pas;la hegemona poltica de un sector que, llegado al gobierno, hace lo contrario dela misin que le fue encargada, para lo que utilizo el concepto de hegemona alrevs de Chico de Oliveira; y, por ltimo, indagar acerca de la instalacin de unnuevo modelo poltico, de la mano del economista ecuatoriano Pablo Dvalos.

    2/Idem.

    3/AgenciaReuters, 6 de julio de 2010.4/Cadena nacional del 1 de diciembre de 2007 del presidente Rafael Correa, en http://www.oilwatchsudamer-ica.org/Ecuador/ecuador-rafael-correa-insiste-en-que-quien-se-opone-a-las-actividades-pertenece-a-un.html

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    Capital financiero y neo-extractivismoEl neoliberalismo aterriz en nuestro continente latinoamericano aplicando unasuerte de estado de emergencia econmico, que con los gobiernos progresis-

    tas se ha convertido en permanente/5. Leda Paulani se inspira en el conocidotrabajo de Giorgio Agamben (Estado de excepcin) y en particular en elmomento en que Roosevelt, en 1933, exige un poder ilimitado ante las dificul-tades que generaba la crisis, haciendo un paralelismo entre la emergencia mili-tar y la emergencia econmica. En opinin de la economista, plenamente com-partible, la restauracin democrtica en la dcada de 1980 fue posible bajo laspremisas de la instalacin de un estado de emergencia econmico permanente,haciendo de la excepcin el paradigma de gobierno/6.

    Esa excepcionalidad permiti al gobierno de Fernando Henrique Cardosohacer pasar el proceso de privatizaciones, algunas de ellas escandalosas, con la

    justificacin de que la grave situacin econmica as lo impona. Si no se pri-vatiza deca el discurso neoliberal el pas marchar a la catstrofe. La desre-gulacin era una medida imprescindible si se pretenda salvar la economa, elmismo argumento que se utiliza cuando se pretende salvar la nacin a puntode ser destruida por un enemigo exterior. Ya bajo el gobierno Lula se aplicaronlas mismas lgicas para imponer un supervit primario superior al que exiga elFMI, el aumento de las tasas de intereses que perjudican al pas y la reformaregresiva de las jubilaciones, entre las ms destacadas. Concluye que elgobierno Lula hizo de la creacin voluntaria de ese estado de emergencia per-

    manente la prctica esencial de su gobierno/7. Un ejemplo: cuando el presi-dente del Banco Central, Henrique Meirelles, fue acusado de corrupcin, Lulahizo aprobar unaMedida Provisoria, en agosto de 2004, para darle estatus deministro y salvarlo as de cualquier imputacin jurdica.

    Finalmente, sostiene que la hegemona del rgimen de acumulacin financie-ra, acumulacin por desposesin en los trminos de David Harvey, impone unestado de emergencia econmica permanente porque con su cortoplacismo y suavidez de ganancias genera inestabilidad permanente. En ese sentido, la refor-ma previsional de Lula, que fractur al PT con la salida entre otros de la sena-

    dora Heloisa Helena y la creacin del PSOL, abri inmediatamente a la acu-mulacin privada todo el inmenso territorio de la previsin social, ofrecin-dole a la especulacin los altos salarios del sector pblico/8. Hoy los fondos depensiones son la principal herramienta que tiene el gobierno para influir en laeconoma, al punto que controlan una porcin decisiva de las grandes empresasprivadas y, por supuesto, las estatales.

    5/Paulani, L. (2010) Capitalismo financeiro. Estado de emergncia econmico e hegemonia s avessas no Brasil.En de F. Oliveira, R. Braga y C. Rizek (orgs.)Hegemonia s avessas. Sao Paulo: Boitempo, pg. 109-134.

    6/Idem pg. 115.7/Idem pg. 124.8/Idem pg. 132.

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    La tercera cuestin en la que aparece el estado de emergencia econmico comoconstriccin, son las concesiones mineras que deben hacerse por imperiosanecesidad e imponiendo la militarizacin de aquellos territorios y comunida-

    des que se resisten. Por eso el rgimen ha encauzado como terroristas a casi 200dirigentes sociales. Alberto Acosta lo dijo de forma transparente en un artculoen el que analiza la detencin de varios dirigentes shuar. El uso de la justiciacomo mecanismo de terror, es el resultado de no haber legislado para adecuarel cuerpo legal a la nueva Constitucin:

    Los derechos establecidos en dicha Constitucin no han sido transformadosan en herramientas legales que erradiquen todas aquellas prcticas represivascon las que se chantajea y siembra el terror en las comunidades, en este casoen las comunidades shuar. Tenemos un cdigo penal en donde se configura eldelito de terrorismo de manera tan general, que no se compadece con los ver-daderos delitos de terrorismo. As el artculo 160,1 del cdigo penal se consi-dera como terroristas a quienes individualmente o formando asociaciones, (...)armados o no, pretextando fines patriticos, sociales, econmicos, polticos,religiosos, revolucionarios, reivindicatorios proselitistas, raciales, localistas,regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad comn de las personaso de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes: (...) y a quienes cons-truyeran barricadas, parapetos, trincheras, obstculos, etc., con el propsito dehacer frente a la fuerza pblica en respaldo de sus intenciones, planes, tesis oproclamas/12.

    El razonamiento parece claro. Quien se opone al desarrollo, personificado en

    este caso en las concesiones mineras, est atentando contra el Estado, la estabi-lidad y el futuro del pas, por lo que merece ser considerado terrorista. Loque se omite en este discurso son las razones por las cuales las concesionesmineras son tan importantes para la estabilidad: la acumulacin por despose-sin, pese a lo desastrosa que pueda ser para los pueblos, asegura una mnimaestabilidad fiscal a un Estado que depende de las exportaciones de petrleo ylas concesiones mineras para recaudar. Porque el gobierno de la RevolucinCiudadana no ha promovido una reforma fiscal que obligue al sector financie-ro, por ejemplo, a tributar en forma responsable, mientras la dolarizacin arra-

    s con la escasa industria nacional.

    Despolitizar y cooptarCuando el socilogo brasileo Francisco de Oliveira fundador del PT y luegodel PSOL acu el concepto de hegemona al revs, hace ya cuatro aos,estaba buscando respuestas para una realidad que lo desconcertaba porqueencontraba pocas referencias en otras experiencias como las que encabez lasocialdemocracia en Europa. Dos aos despus, en un nuevo artculo tituladoEl revs del revs/13, confes que haba querido hacer una provocacin a

    12/Acosta, A. El uso de la justicia como mecanismo de terror.ALAI, 4/02/2011.13/Revista Piau, Rio de Janeiro/Sao Paulo, n 37, octubre de 2009.

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    partir de conceptos de Gramsci para intentar comprender regmenes polticoscomo el Brasil de Lula y la Sudfrica del Congreso Nacional Africano, que alllegar al poder practican polticas que son el revs del mandato de clase recibi-

    do en las urnas.En hegemona al revs constata que cuando las clases dominadas tomanla direccin moral de la sociedad, la dominacin burguesa se hace ms des-

    carada/14. Para explicar esa paradoja pone el foco en tres aspectos. El prime-ro es la dilucin del conflicto (desparecen los enemigos de clase, dice) comoparte de un proceso que convierte la poltica partidaria en algo irrelevante en elcapitalismo actual. En segundo lugar, las polticas sociales juegan un papel cen-tral en la cooptacin y neutralizacin de los movimientos, ya que se despoliti-za la cuestin de la pobreza y la desigualdad y se la convierte en un problemaadministrativo y tcnico. La sntesis es que se puede reducir la pobreza sin tocarla desigualdad ni la brutal concentracin de la riqueza que registra AmricaLatina, si se adoptan los instrumentos adecuados para ello como el plan BolsaFamilia/15.

    Esta doble combinacin de polticas sociales y reduccin del conflicto social,lubrican la profundizacin de la acumulacin por desposesin, de modo queaquellos que interfieran en ese proceso, ya sean los que protestan contra la repre-sa de Belo Monte en Brasil, contra la explotacin de la Amazonia en Per yEcuador, son apartados a un lado como obstculos al progreso. Todo el que seopone al desarrollo del pas es un terrorista, dijo Correa en la cadena nacional

    del 1 de diciembre de 2007. Y aqu viene el tercer aspecto, corolario de los ante-riores, que abre las puertas a una nueva comprensin de nuestras realidades:

    En los trminos de Marx y Engels, de la ecuacin fuerza+consentimientoque conforma la hegemona, desaparece el elemento fuerza. Y el consenti-miento se transforma en su contrario: no son ms los dominados los que con-sienten su propia explotacin. Son los dominantes los capitalistas y el capi-tal- quienes consienten en ser polticamente conducidos por los dominados, acondicin de que la direccin moral no cuestione la forma de explotacincapitalista. Es una revolucin epistemolgica para la cual an no tenemos laherramienta terica adecuada. Nuestra herencia marxista gramsciana puede serel punto de partida, pero ya no es el punto de llegada/16.

    Sabemos que en este punto las polticas sociales juegan un papel doble: al ali-viar la pobreza muestran a los de abajo que el gobierno est realmente preocu-pado por su situacin y facilitan el consenso social para profundizar la acumu-lacin financiera. De algn modo los gobiernos progresistas, y en particular el

    14/De Oliveira, F. Hegemonia s avessas. EnHegemonia s avessas, op. cit, pg. 24.15/Este tema lo abord en mi libro (2010)Amrica Latina. Contrainsurgencia y pobreza. Bogot: Desde Abajo(editado tambin en Mxico, Chile y Uruguay).

    16/De Oliveira, F. Hegemonia s avessas, op. cit, pg. 27.17/Para el caso de Ecuador puede consultarse Bretn Solo de Zaldvar, V. (2001) Cooperacin al desarrollo ydemandas tnicas en los Andes ecuatorianos. Quito: Flacso.

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    de Correa, siguen adelante con las polticas diseadas en los 90 por el BancoMundial, aunque las han expandido y ahora las utilizan para crear una basesocial propia, pero desmovilizada y de carcter clientelar/17. En Brasil, la

    nueva arquitectura reposaba en efecto en polticas como Bolsa Familia y, estoes lo novedoso, en el ascenso de un nuevo actor social que son los dirigentessindicales (en particular del sector bancario) devenidos en administradores delos fondos de pensiones que son el locus de la ms consistente acumulacin decapital en Brasil al manejar alrededor del 16% del PIB de Brasil.

    Un ejemplo para que no quede como algo abstracto. Previ es el fondo de pen-siones del Banco do Brasil, que ocupa el lugar 25 en el ranking de fondos delmundo. Durante el gobierno Lula, Previ fue presidida por Sergio Rosa, ex diri-gente bancario y del PT. Previ controla 78 empresas brasileas, entre ellas Valedo Rio Doce, la segunda minera del mundo, la mayor empresa privada de Brasil(privatizada por Fernando Enrique Cardoso en 1997) y la mayor productora demineral de hierro del planeta. Tiene 115.000 empleados, su valor de mercadoes de 170.000 millones de dlares y en 2009 tuvo ganancias de 20.000 millo-nes de dlares/18. Los sindicalistas que dirigen Previ controlan el Consejo deAdministracin de Vale, donde personas como Sergio Rosa deciden quin lointegra as como las inversiones que les conviene realizar.

    En Ecuador es diferente. La nueva lite dirigente, todo proceso la necesita, no

    proviene de los cuadros de algunos sindicatos como en Brasil sino de un con-junto de profesionales incrustados en el aparato estatal. Apenas llegado algobierno, Correa procedi a una descorporativizacin del Estado/19. Se pro-cedi a un masivo desalojo de sectores empresariales que tenan un fuerte con-trol del aparato estatal. Pero las cosas no quedaron ah. Uno de los principalesblancos de la cruzada anti-corporativa de Correa fueron los sindicatos de traba-

    jadores del sector pblico, buscando impedir la agremiacin de ese sector y per-mitiendo contratos colectivos slo por empresa. El conflicto ms fuerte fue conlos docentes, que para el gobierno son mafias que mantienen secuestrada la

    educacin y protegen la mediocridad, al punto que se culpa a los sindicatosdocentes de la mala calidad de la enseanza/20.El otro gran conflicto es con los indgenas. En febrero de 2009 el gobierno

    suprimi la autonoma de la Direccin Nacional de Educacin Bilinge y cen-traliz los nombramientos y decisiones en el ministerio de educacin, despla-zando el papel que venan jugando las organizaciones indgenas. Lo mismohizo en todas las instituciones donde la CONAIE y otras organizaciones tenanalguna presencia. La idea que gua este accionar es que los grupos regulados

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    18/Vale tem segundo mayor lucro. Folha de Sao Paulo, 25/02/2011.

    19/Ver Ospina Peralta, P. (2010) Corporativismo, Estado y Revolucin Ciudadana. Quito: Flacso, en www.flac-soandes.org/web/.../1263401619.Corporativismp.pdf20/Idem pg. 5.

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    por el Estado no deben participar directamente ni en el diseo ni en la aplica-

    cin de la regulacin/21. Ms an: en marzo de 2008 modific el reglamentoque regula las organizaciones sociales, destacando que sern causales de diso-

    lucin incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organi-zacin y comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como con-travenir reiteradamente las disposiciones emanadas de los ministerios u orga-

    nismos de control y regulacin.

    En suma, control de las organizaciones sociales y expulsin del aparato estatal.Pero la Revolucin Ciudadana fija un nuevo mecanismo de participacin, ya noanclado en los movimientos que eligen a sus representantes para participar endeterminadas instituciones, sino en base a la seleccin de ciudadanos por concur-so de mritos. Como el discurso oficial dice que el Estado es de todos, se apelaal ciudadano individual no organizado para ocupar esos espacios. El Estado secierra a los sectores organizados (porque son portadores de corporativismo y porlo tanto de ineficiencia y corrupcin) y en su lugar elige, o coopta, a personas porgoteo sin que tengan la menor representatividad social y poltica. Quienes los eli-gen conforman la alianza de funcionarios y tecncratas que sustenta laRevolucin CIudadana. El investigador Pablo Ospina concluye:

    El gobierno ciudadano parece querer sustentarse en el puado de intelectualesque forman su ncleo dirigente. Un ncleo cada vez ms dependiente del lide-razgo, la autoridad y el apoyo electoral de la intelectual y acadmica figura delPresidente de la Repblica/22.

    Un nuevo modelo de dominacinEl retorno del Estado, la nueva centralidad del Estado, depurado ahora de movi-mientos sociales, deja paso a una gubernamentalidad centrada en la figura delpresidente/caudillo, dueo del poder y del saber, que cataloga como enemigopblico a todo aquel que se le enfrente o disienta. Qu lleva a estos nuevos reg-menes, que Dvalos designa como posneoliberales/23, a colocar en lugar des-tacado de su agenda la construccin de un Estado fuerte? Asegurar la seguridad

    jurdica y la convergencia normativa/24. Disentir, cuestionar, provoca inseguri-

    dad jurdica, lo que perjudica la inversin extranjera y el empleo, y lleva al pas aun nuevo estado de emergencia econmica.

    Es el Estado el que concesiona territorios para la minera o las obras de la infra-estructura para la integracin sudamericana, por lo tanto la resistencia no seenfrenta con las multinacionales sino directamente con el aparato estatal.

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    21/Idem.22/Idem pg. 13.23/El concepto de posneoliberalismo en Dvalos es opuesto al que defiende Emir Sader. Mientras ste sostie-

    ne que es una superacin progresista del Consenso de Washington, Dvalos cree que se trata de una mera actuali-zacin en donde la centralidad del mercado cede su lugar al Estado.24/Dvalos, P.Alianza Pas o la reinvencin de la derecha, op. cit. pg. 192.

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    Aparece tambin una trampa legal. La Constitucin puede hablar del BuenVivir y de los derechos de la naturaleza, pero eso nunca se hace ley, ni cdi-go, en tanto se aprueban leyes que entregan el agua o los territorios a la espe-

    culacin multinacional. La ms avanzada Constitucin del mundo queda dilui-da porque sus declaraciones no se convierten en resoluciones ni, remotamente,en acciones pblicas.

    Un Estado fuerte para garantizar la seguridad jurdica de las inversiones, bsi-camente mineras. David Harvey nos explica en qu consiste la acumulacin pordesposesin/25. Pero no explica qu tipo de Estado es necesario en pases delSur donde los movimientos han crecido hasta convertirse en amenaza para laacumulacin. Lo vamos descubriendo sobre la marcha. Y lo primero que des-cubrimos es que mientras en la primera fase del neoliberalismo era el mercadoel que orientaba la acumulacin por desposesin, ahora esa tarea le incumbe alEstado, sea conservador, progresista o partidario del Socialismo del sigloXXI.

    Si la financiarizacin del sistema puso fin al Estado benefactor, en el Sur laacumulacin por desposesin frena y revierte el proceso de desarrollo por sus-titucin de importaciones. Ms all del color poltico de quienes administran elaparato estatal, son los megaemprendimientos mineros, los monocultivos y laexplotacin de los hidrocarburos lo que devuelve centralidad al Estado. Pero nocualquier Estado, ni cualquier centralidad, sino aquella capaz de convertir a losmovimientos en terroristas. O, en el menos agraviante de los casos (Lula,

    Mujica, Kirchner...), en obstculos al progreso. En cualquier caso, enemigos aderrotar.

    No slo. Tambin un Estado capaz de controlar e integrar, de infiltrar la socie-dad y sus organizaciones autnomas, un Estado capilar complemento delEstado fuerte. El gobierno ecuatoriano cre el Registro nico deOrganizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC), vinculado al registro impositi-vo. El registro obliga a todas las organizaciones a inscribirse de modo que elrgimen tiene ahora informacin detallada y ha sido capaz de advertir a dirigen-

    tes campesinos e indgenas por no haber pagado los impuestos de sus organiza-ciones/26.

    El registro est bajo la Secretara de Pueblos, Movimientos Sociales yParticipacin Ciudadana, un ministerio que nunca pidieron los movimientos yque se vuelve contra ellos, que segn la directora del Registro le permite saberdnde est la organizacin, a qu se dedica, para que participe en los progra-

    mas y proyectos que le ofrece el RUOSC/27. A nivel local, el objetivo de la

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    25/Harvey, D. (2004)El nuevo imperialismo. Madrid: Akal.26/Idem, pg. 203.27/El Universo. Guayaquil, 29/12/2010.

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    2miradasvoces

    Jos M Campo Carrera

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    Jos M Campo Carrera, madrileo de 32 aos se acerca a la fotografa apartir de sus viajes y lo que comienza siendo una aficin se convierte enpasin, fuera de teoras estticas y lmites, buscando su gusto personal poruna imagen concreta.

    Fotgrafo digital busca el perfeccionamiento a travs de las exposiciones,el contacto con otros fotgrafos y su prctica. Actualmente gracias a lasposibilidades y trascendencia del arte en la calle, desarrolla la fotografa degran formato con tcnicas del graffiti, mediante el spray, dentro del colec-tivo dicho y hecho.

    En las fotografas que ha seleccionado se revela ese origen: la invitacina vivir, a la amistad, al descubrimiento, esos nios plenos en sus juegos, elensimismamiento de la contemplacin. Todo nos remite a ese origen. Peroen estas tomas advertimos el ojo de un fotgrafo que se acerca a los perso-

    najes sin molestar, dejando que vivan, que orgullosamente vivan para quepuedan ser contemplados.Por otra parte las transformaciones que realiza digitalmente nos lleva a

    esa actualidad personal del arte en la calle. Ya me gustara ver muestras deesta realizacin. Otro da ser.

    Y como siempre que se puede, la recomendacin de acercarse a su pgi-na web para conocer mejor la obra de este fotgrafo :

    http://www.flickr.com/photos/chemacampo/

    Carmen Ochoa Bravo

    Chema Campo

    Un poco de vida

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    Las ciudades son campos de batalla(Walter Benjamin, Libro de los Pasajes)

    Dar un paso adelante para unificar las luchas supone adoptar el derechoa la ciudad como eslogan prctico e ideal poltico, porque el mismo

    plantea la cuestin de quin domina la conexin necesaria entre

    urbanizacin y produccin y utilizacin del excedente. La democratizacinde ese derecho y la construccin de un amplio movimiento social para

    hacerlo realidad son imprescindibles si los desposedos han de recuperarel control sobre la ciudad del que durante tanto tiempo han estado

    privados y desean instituir nuevo modos de urbanizacin. Lefevbre tenarazn en insistir en que la revolucin tiene que ser urbana,

    en el ms amplio sentido del trmino, o no ser(David Harvey,El derecho a la ciudad)

    En una entrevista/1 concedida al diario argentino Pgina 12, el

    gegrafo marxista David Harvey sealaba que la crisis sistmicaactual del modo de produccin capitalista es esencialmente una crisis de urba-nizacin, sealando la interaccin entre urbanizacin y generacin de la crisis,cuyo antecedente inmediato sera el desarrollo de una forma masiva de subur-banizacin surgida en las dcadas de los 50 y los 60 del siglo XX en EE UU:carreteras, automviles, urbanizacin difusa y nuevo estilo de vida. La transfor-macin del sistema urbano en espacio red, cuyas mallas estn constituidaspor las vas de comunicacin, se produjo a travs de un sistema de autopistas ytransformaciones en las infraestructuras, la suburbanizacin y la remodelacintotal no slo de la ciudad sino del conjunto de la regin metropolitana.

    Este modelo se ha extendido a escala planetaria. La gran transformacin ometamorfosis del Estado de Bienestar keynesiano en Estado neoliberal hasupuesto el paso de las viejas metrpolis industriales con zonas exclusivas declase media frente a las periferias obreras a las llamadaspostmetrpolis conuna especializacin y segmentacin espacial de los territorios urbanos/suburba-nos ms compleja: urbanizaciones elitistas de alta seguridad (gated communi-ties), desarrollos residenciales de nueva planta para las clases medias y popula-res, museificacin y gentrificacin de los centros histricos, polgonos empre-sariales high tech, ciudades sanitarias, universitarias, de ocio o judiciales y rea-lojamiento masivo de inmigrantes, parados, excluidos en los viejos enclaves

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    Crisis urbana y derecho a la ciudad

    3pluralplural

    1/Aruguete, N. (2011) La crisis capitalista es tambin una crisis de urbanizacin. Pgina 12, 18/01/2011.

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    proletarios de bloque abierto cada vez ms deteriorados; en los pases del Sur,por un lado en la favelizacin de los desposedos y, por otro, en el desarrollode ciudades fortaleza para las clases dominantes/2 dualizacin que prepara elterreno para un futuro de guerra urbana permanente.

    Transformar la actual crisis urbana en oportunidad de resisten-

    cia colectiva supone adoptar el derecho a la ciudad como eslogan prctico eideal poltico. De la misma manera que la haussmanizacin de Pars fue el pr-logo de la Comuna de Pars como experiencia de urbanismo revolucionario delos trabajadores para recuperar la ciudad de la que haban sido desposedos yque la suburbanizacin en EE UU produjo serias consecuencias sociales queeclosionaran en los acontecimientos del 68 en EE UU, la actual crisis urbana ysus formas de segregacin est transformando las maneras de protesta de una

    forma que parece depender de las metamorfosis del espacio/3: las marchascomo unin entre las luchas agrarias tradicionales y el nomadismo desterritoria-lizado de la mundializacin; el movimiento altermundialista que establece unanueva geopoltica de las resistencias o los motines urbanos que abandonan tam-bin los centros urbanos para desplazarse a los barrios y suburbios.

    En la lucha por el derecho a la reapropiacin colectiva de la ciudad est nuestrocampo de batalla y el enfoque de la serie de artculos que presentamos en estePlural. La cuestin de qu tipo de ciudad queremos est relacionada con el tipode relaciones sociales y con la naturaleza que queremos construir, de los estilos devida, de las tecnologas a utilizar y de los valores estticos con los que gozar. Otro

    modelo de ciudad para otro modelo de sociedad. Siguiendo la estela de los desur-banistas soviticos que aspiraban a superar la divisin social y espacial entre elcampo y la ciudad, del urbanismo unitario de los situacionistas en tanto quecrtica del urbanismo como disciplina separada y especializada, de ese urbanis-mo otro que aflora en las prcticas de los movimientos sociales antagonistas.

    En el presente nmero de VIENTO SUR, como contribucin a

    esa lucha de largo aliento por el derecho a la ciudad, y tratando, en lamedida de lo posible, de centrar el debate sobre la crisis urbana en el contextodel Estado espaol, contamos con las siguientes colaboraciones:

    Henri Lefevbre, autor de obras maestras como El derecho a la ciudad oCrtica de la vida cotidiana, adverta ya en la dcada de 1960 de la lgica dela urbanizacin total como resultado final del desarrollo capitalista. En el pre-sente artculo anticipa brillantemente la actual planetarizacin de lo urbano ylas mutaciones de la ciudad.

    Jordi Borja desarrolla la crisis del espacio pblico como resultado de lasactuales pautas urbanizadoras, extensivas, difusas, excluyentes y privatizado-ras. Trazando la genealoga del derecho a la ciudad, seala siete lneas deaccin con potencial para unificar las luchas por otros modelos de ciudad.

    2/Davis, M. (2008) Planeta de ciudades miseria. Foca: Madrid.3/Bensad, D. (2009)Elogio de la poltica profana. Editorial Pennsula: Barcelona, pg. 272.

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    Hace algunas dcadas se tena la impresin de que lo urbano como suma deprcticas productivas y de experiencias histricas sera portador de nuevosvalores y de una civilizacin distinta. Estas esperanzas se difuminan al mismotiempo que las ltimas ilusiones de la modernidad. Ya no podra escribirse hoy,con lirismo y con esa especie de xtasis modernista tan del gusto de Apollinaire:

    Noches de Pars ebrias de ginebraLlameantes de electricidad

    Los tranvas con fuegos verdesCantan su locura de mquinas

    A lo largo de los rieles

    (Apollinaire, Va Lctea)

    La crtica de la ciudad moderna remite, tarde o temprano, a la crtica la vidacotidiana en el mundo actual. Pero en seguida aparecen en el balance algunasparadojas. La primera consiste en que cuanto ms se extiende la ciudad, ms sedegradan las relaciones sociales. La ciudad ha conocido un crecimiento extra-ordinario en la mayor parte de los pases desarrollados desde el final del sigloXIX, suscitando muchas esperanzas. Pero en realidad, la vida en la ciudad noha dado lugar a relaciones sociales enteramente nuevas.

    Ocurre como si la extensin de las antiguas ciudades y la constitucin de nue-vas sirviese de abrigo y de refugio a las relaciones de dependencia, de domina-cin, de exclusin y de explotacin. En definitiva, el marco de la cotidianeidadse ha modificado muy poco, los contenidos no han sido transformados. Y sepodra llegar a decir que la situacin de los habitantes de la ciudad se ha agra-vado, por un lado, con la extensin de las formas urbanas, por otro, con el esta-llido de las formas tradicionales de trabajo productivo. Una cosa va con la otra.La aparicin de nuevas tecnologas conduce a otra organizacin de la produc-

    cin y a otra organizacin del espacio urbano, interactuando una sobre la otray agravndose recprocamente ms de lo que se mejoran entre s.

    1. Crisis urbana y derecho a la ciudad

    Henri LefebvreMetamorfosis planetarias

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    Hubo una poca en que el centro de las ciudades era activo y productivo, ypor tanto popular. La ciudad exista sobre todo por su centro. La dislocacin deesta forma urbana comenz a finales del siglo XIX, abocando a la deportacin

    de todo lo que la poblacin tena de activo y de productivo hacia barrios cadavez ms lejanos. Podemos echar la culpa a la clase dominante; aunque habraque decir que sta slo ha utilizado con habilidad una tendencia de lo urbano yuna exigencia de las relaciones de produccin. Era posible mantener fbricase industrias contaminantes en el interior de las ciudades?

    No obstante, la ganancia poltica para los dominadores es clara: el aburguesa-miento de los centros urbanos, la sustitucin de aquella centralidad productivapor un centro de decisin y de servicios. El centro urbano se convierte no sloen lugar de consumo, sino tambin en valor de consumo.

    Exportados, o ms bien deportados, hacia los barrios, los productores retornancomo turistas hacia el centro del que han sido desposedos, expropiados. Sepuede ver hoy da cmo las poblaciones perifricas se apoderan de los centrosurbanos como lugares de ocio, de tiempo vaco y desocupado. El fenmenourbano se ha modificado profundamente. El centro histrico ha desaparecidocomo tal. Slo quedan, por una parte, centros de decisin y de poder, y por otra,espacios fcticos y artificiales. Es verdad que la ciudad persiste, pero en unaspecto museificado y espectacular. Lo urbano, concebido y vivido como prc-

    tica social, est en va de deterioro, y tal vez de desaparicin.

    Se produce una dialctica especfica de las relaciones sociales, y sta es lasegunda paradoja: centros y periferia se suponen y se oponen. Este fenmeno,que tiene races lejanas y precedentes histricos clebres, se acenta en nues-tros das hasta el punto de extenderse al planeta entero, por ejemplo en las rela-ciones Norte-Sur. De ah surge una cuestin crucial que desborda lo urbano.Se trata de formas nuevas que surgen en todo el mundo y que se imponen a laciudad? O se trata, por el contrario, de un modelo urbano que se extiende poco

    a poco a escala mundial? Segn una tercera hiptesis, asistimos a mutaciones,a lo largo de un perodo transitorio, durante el cual lo urbano y lo mundial seremodelan uno al otro y se perturban entre s.

    Continuemos con el balance crtico. A finales del siglo XIX, el conocimientocientfico comenz a ocuparse de la ciudad. La sociologa urbana, como disci-plina cientfica, se inaugur en Alemania, con Max Weber entre otros. Pero estaciencia de la ciudad no ha cumplido sus promesas. Ha suscitado lo que hoy sellama el urbanismo, que se resume en consignas muy imperiosas para la crea-

    cin arquitectnica y en informaciones muy vagas para las autoridades y losgestores. A pesar de algunos meritorios esfuerzos, el urbanismo no ha alcanza-

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    I. La urbanizacin contra la ciudad: la crisis delespacio pblicoLa ciudad es ante todo el espacio pblico, el espacio pblico es la ciudad. Es ala vez condicin y expresin de la ciudadana, de los derechos ciudadanos. Lacrisis del espacio pblico se manifiesta en su ausencia o abandono o en sudegradacin, en su privatizacin o en su tendencia a la exclusin. Sin espaciopblico potente, integrador socialmente, articulador fsica y simblicamente, laciudad se disuelve, la democracia que se pervierte, el proceso histrico quehace avanzar las libertades individuales y colectivas se interrumpe o retrocede,la reduccin de las desigualdades y la supremaca de la solidaridad y la toleran-

    cia como valores ciudadanos se ven superados por la segregacin y por la codi-cia, por el egosmo y la exclusin.

    La consideracin histrico-cultural del espacio pblico como una dimen-

    sin fundamental de la democracia poltica y social. El espacio pblicoexpresa la democracia en su dimensin territorial. Es el espacio de uso colecti-vo. Es el mbito en el que los ciudadanos pueden (o debieran) sentirse comotales, libres e iguales. Es donde la sociedad se escenifica, se representa a smisma, se muestra como una colectividad que convive, que muestra su diversi-

    dad y sus contradicciones y expresa sus demandas y sus conflictos. Es dondese construye la memoria colectiva y se manifiestan las identidades mltiples ylas fusiones en proceso. El espacio pblico democrtico es un espacio expresi-vo, significante, polivalente, accesible, evolutivo. Es un espacio que relacionaa las personas y que ordena las construcciones, un espacio que marca a la vezel perfil propio de los barrios o zonas urbanas y la continuidad de las distintaspartes de la ciudad. Este espacio es el que hoy est en crisis. Y su decadenciapone en cuestin la posibilidad de ejercer el derecho a la ciudad.

    Derecho a la ciudad y espacio pblico democrtico son dos caras de lamisma moneda. La cultura poltica y urbanstica actual ha revalorizado ambos

    2. Crisis urbana y derecho a la ciudad

    Jordi BorjaEspacio pblico y derecho a la ciudad

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    conceptos en nuestra poca pero las prcticas institucionales y mediticas locuestionan. Las dinmicas dominantes en las ciudades del mundo desarrolladotienden a debilitar y privatizar los espacios pblicos. De nada sirve el anlisis

    crtico y menos an el lamento nostlgico del pasado si no enfrentamos lasdinmicas econmicas, polticas y culturales que producen esta urbanizacinsin ciudad y la desnaturalizacin del espacio pblico.

    La crisis del espacio pblico es resultado de las actuales pautas urbaniza-

    doras, extensivas, difusas, excluyentes y privatizadoras. La fuerza de lasactuales pautas urbanizadoras producen espacios fragmentados, lugares (o no-lugares) mudos o lacnicos/1, tierras de nadie, guetos clasistas, zonas marcadaspor el miedo o la marginacin. El espacio pblico en estas extensas zonas deurbanizacin discontinua y de baja densidad prcticamente desaparece, los ciu-dadanos quedan reducidos a habitantes atomizados y a clientes dependientes demltiples servicios con tendencia a privatizarse.

    La disolucin de la ciudad en las periferias se complementa con la especiali-zacin (social y funcional) de los centros urbanos y de gran parte de la ciudadcompacta. Dos fenmenos que fueron anunciados hace ya algunas dcadas (verJane Jacobs y Franoise Choay citadas ms adelante). Los espacios pblicospierden sus cualidades ciudadanas para convertirse en espacios viarios, o enreas tursticas y de ocio o museificadas, o centros administrativos vacos ytemidos al anochecer, o en calles o barrios cerrados (que no solo existen en las

    periferias de baja densidad), o en plazas vigiladas (video-vigiladas) en las quese suprimen los elementos que favorecen el estar (los bancos) o se crean obst-culos fsicos para evitar la concentracin de personas. Las calles comercialesanimadas y abiertas se substituyen progresivamente por centros comerciales enlos que se aplica el derecho de admisin. Y los centros y barrios que no setransforman siguiendo estas pautas devienen espacios de exclusin olvidados ya veces criminalizados. O, en sentido contrario, se gentrifican y excluyen a lossectores populares, primero como residentes y luego como usuarios.

    Este modelo de urbanizacin es un producto de la convergencia de intereses

    caractersticos del actual capitalismo globalizado: capital financiero volante yperseguidor de un lucro cortoplacista articulado con el sistema financiero local,legislacin favorable a la urbanizacin difusa y al boom inmobiliario y propie-dad privada del suelo con apropiacin por parte de los agentes privados de lasplusvalas resultantes del proceso especulativo. Los gobiernos locales y regiona-les a su vez facilitan estas dinmicas pues compensan la insuficiencia de recur-sos en relacin a las demandas mediante la venta de suelo pblico, la permisivi-dad urbanstica y el cobro de las licencias de construccin. Y cierra el crculo elbloque cementero (il blocco edilizio, concepto que se puso moda en el pen-

    samiento urbanstico italiano de los 70) de promotores y constructores que reci-

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    1/Ingersoll, R. (1996) Tres tesis sobre la ciudad,Revista de Occidente, n 185.

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    tarse a producir un saber reproductivo, cada vez ms alejado de las realidades,substituidas por la metodologa formalista y por la sumisin a las revistas inde-xadas acorazadas frente a la crtica y a la innovacin. La ideologa (en el senti-

    do ms peyorativo del trmino) acadmica dominante sataniza la innovacin, lacrtica y la toma de partido y las propuestas de accin en la sociedad/3.Probablemente en este mundo slo es posible ahora promover reformas. Pero

    para que las reformas sirvan para progresar y no para mantener en peor lo exis-tente se requiere un pensamiento radical, o si lo prefieren, revolucionario. Unpensamiento orientado a la accin, que modifique dinmicas y comportamien-tos que expresan las inercias estructurales como por ejemplo la propiedad pri-vada del suelo urbanizable y urbanos como fuente de la especulacin, la permi-sividad poltica y la complicidad de los gobiernos locales en relacin a la espe-culacin urbanstica o la ideologa del miedo que legitima la segregacin socialy la privatizacin de los espacios pblicos.

    Derecho a la ciudad y espacio pblico: algunas aportaciones recientes. Elconcepto de derecho a la ciudad se vincula a Henri Lefebvre que en la dca-da de los 60 escribi un libro de referencia con este ttulo y otro tituladoLa revo-lucin urbana, dos trminos que se han puesto de moda a inicios de este siglo.Anteriormente un clsico de la sociologa y antropologa modernas, MarcelMauss, de orientacin sociademcrata, acu el trmino de droit de cit, equi-valente a derecho a la ciudad entendida como mbito de ciudadana.

    De todas formas la generalizacin del concepto derecho a la ciudad y su rela-cin con el espacio pblico entendido a la vez como espacio urbano y comoespacio poltico es mucho ms reciente, prcticamente de la ltima dcada. Locual se puede explicar por dos razones: las tendencias a la disolucin de la ciudaden las nuevas y discontinuas periferias y la voluntad de los movimientos socialesde integrar en este concepto derechos sectoriales urbanos (vivienda, movilidad,ambiente, etc.) y socio-polticos (identidad, derechos polticos, participacin, etc.).

    Franoise Choay en 1994 ya alert sobre la disolucin de la ciudad en untexto de referencia (El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad, reeditado

    en 2006 en el libro Pour une anthropologie de lespace). Jane Jacobs, en otrotexto fundamental de los aos 60 ya haba advertido La vida y la muerte de lasciudades americanas, referida a las reas centrales.

    David Harvey a lo largo de los ltimos 30 aos ha desarrollado un anlisis cr-tico de la ciudad en el capitalismo desarrollado y lo ha culminado con la recupe-racin del concepto de derecho a la ciudad (ver por ejemploEspacios de espe-ranza publicado en castellano en 2003). La revista Carajillo en su nmero 1(2009) public un artculo de sntesis con el ttulo de Derecho a la ciudad, apa-recido anteriormente en laNew Left Review (2008) y en Sin Permiso (2009).

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    3/Ver el duro alegato contra el pensamiento acadmico universitario en Geoffroy de Lagasnerie (2011)Logique dela cration. Pars: Fayard; as como el dossier Grandeur et misre du dbat intellectuel, Le Monde des livres,14/01/2011 y el dossier La pense critique prisonnire de lenclos universitaire,Le Monde Diplomatique, enero 2011.

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    El autor de esta nota public el ao 2001 (con la colaboracin de Zaida Mux)un libro que relacionaba Espacio pblico y ciudadana y desarroll la relacinentre derecho a la ciudad y el espacio fsico urbano en un libro posterior La ciu-

    dad conquistada (2003) y en un documento de trabajo especfico (Los derechosen la globalizacin y el derecho a la ciudad, Fundacin Alternativas 2004).Una forma interesante de presentar la cuestin es la exposicin promovida

    por el Instituto de la Ciudad en Movimiento con el ttulo La calle es nuestra...de todos que una vez presentada en Pars en los dos ltimos aos ha recorridograndes ciudades del mundo y que ha tenido versiones distintas en las capitaleslatinoamericanas (Buenos Aires, Bogot, Rosario, Santiago de Chile, Ro deJaneiro, etc). Existen excelentes catlogos de la misma publicados en Pars(2007), Bogot (2009) y Buenos Aires (2010).

    La crisis actual ha estimulado el pensamiento crtico sobre la urbanizacin. Verel ya citado eplogo al libro Luces y sombras del urbanismo de Barcelona delautor [de este texto] que hemos citado ms arriba. Entre las publicaciones recien-tes sobre este tema destacamos un pequeo libro de excepcional intersDespusdel neoliberalismo: ciudades y caos sistmico, editado en Barcelona por Macbaen el ao 2009 que rene textos de Neil Smith, Raquel Rolnik, Andrew Ross,Mike Davis y el Observatorio Metropolitano de Madrid que aportan un resumen(a cargo Eva Garca Prez, Patricia Molina Costa y Emmanuel Rodrguez Lpez)de una obra de referenciaMadrid. La suma de todos? Globalizacin, territorio,desigualdad(Madrid: Traficantes de Sueos, 2007). Recientemente dos miem-bros del Observatorio han publicado un extenso estudio con un ttulo muy expl-cito Fin de ciclo. Financiacin, territorio y sociedad de propietarios en la ondalarga del capitalismo hispano.1958-2011/4 (Madrid: Traficantes de Sueos,2010). Y ya en 2011 aparece el excelente y sinttico trabajo de Jos ManuelNaredo, El modelo inmobiliario espaol con un complemento de AntonioMontel sobre Su culminacin en el caso valenciano/5 (Barcelona: Icaria).

    La aportacin de los movimientos sociales se ha expresado, entre otros textos, en

    dos obras promovidas porHabitat International Coalition, que ha sido la princi-pal organizacin a escala mundial que recogi despus del Foro Urbano Mundialde Estambul (1996) el concepto integrador de derecho a la ciudad. En el ao2006 public un extenso dossier con el ttulo El derecho a la ciudad: compila-cin de documentos relevantes para el debate, preparado bajo la direccin deEnrique Ortiz por HIC-Amrica latina. En el marco del Foro Urbano Mundial deRio de Janeiro (abril 2010) HIC-Habitat internacional Coalition (mundial) pre-sent un libro con el ttulo Ciudades para todos. Por el derecho a la ciudad, pro-

    puestas y experiencias, coordinado por las editoras Ana Sugranyes y Charlotte

    4/A este respecto ver la resea de Jaime Pastor en VIENTO SUR, 2010, n 112, pgs.123-124 [N.d.E.].5/Ver la resea de Jos Galante en VIENTO SUR, 2011, n 115, pgs.123-124 [N.d.E.].

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    Accesibilidad y centralidad cercana. Comercio y animacin urbana. Todo junto.Si falta alguno de estos elementos, y otros no citados, los que se poseen se des-cualifican. Acaso podemos ejercer de ciudadanos si vivimos en un polgono

    lejos de todo o en un barrio degradado y criminalizado? O sin acceso a un trans-porte pblico que nos permita ejercer nuestro derecho a la movilidad?Pero tambin en el espacio pblico se reivindican derechos no especfica-

    mente urbanos (en sentido fsico), tambin derechos de otra ndole, sociales,econmicos, culturales, polticos. El empleo, la denuncia de la precariedad, larenta bsica y la formacin continuada. El acceso a la educacin y sanidadpblicas, a la cultura y a la comunicacin (incluida la virtual). La identidad cul-tural barrial y tnica, la diversidad de orientacin sexual y religiosa. La igual-dad poltico-jurdica de todos los residentes en la ciudad, es decir la ciuadada-na por residencia (no nicamente por nacionalidad).

    Todas estas reivindicaciones, estos derechos, estn vinculados directamente.Si no se obtienen todos a la vez, los que se posean sern incompletos, limita-dos, se desnaturalizarn. La ausencia o limitacin de algunos de estos derechostienen un efecto multiplicador de las desigualdades urbanas. El derecho a laciudad es actualmente el concepto operativo para evaluar el grado de democra-cia y es el que sintetiza, orienta y marca el horizonte de los movimientos socia-les democratizadores. Pero en la medida que estos movimientos requieren elespacio pblico para expresarse la calidad de ste condicionar la existencia yla potencialidad de las demandas ciudadanas.

    El derecho a la ciudad viene condicionado por las formas fsicas y polticas quetoma el desarrollo urbano. Por lo tanto la concrecin de este derecho depende-r de cmo la ciudadana se enfrenta a las dinmicas disolutorias o excluyentesde los actuales proceso urbanizadores. Conceptualmente hay que vincular elderecho a la ciudad con algunos de los principales retos sociales actuales:

    - la precariedad en el trabajo y la desocupacin y la naturalizacin de la eco-noma especulativa,

    - la escasez de vivienda accesible e integrada al tejido urbano y los desahu-

    cios o endeudamiento inasumible,- la privatizacin de los espacios pblicos y de los servicios de carcter uni-

    versal,- el despilfarro de recursos bsicos generados por las actuales formas de urba-

    nizacin y de consumo,- el olvido o la negacin de la memoria de las reivindicaciones populares y

    conquistas urbanas,- la poltica del miedo y la desviacin del sndrome de seguridad contra los

    otros, los extraos, los diferentes,

    - el desigual acceso a la informacin y a la comunicacin, en especial en larelacin entre instituciones polticas y ciudadana.

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    El derecho a la ciudad para materializarse en demandas ciudadanas debe

    vincularse a la crtica de las actuales dinmicas urbanas. Para terminar estetrabajo sugerimos siete lneas de accin sin pretender ni mucho menos que sean

    las nicas o que sean aplicables en todas partes y en todo momento. Es una pro-puesta que se dirige tanto a los sectores sociales e intelectuales que pueden inci-dir en la construccin de hegemonas culturales y polticas como a los que ejer-cen responsabilidades institucionales y supuestamente representan proyectosreformadores.

    Primero. Radicalizar la crtica a las realidades urbanas ms visibles y que repre-sentan la anticiudad democrtica, los muros fsicos y simblicos, las arquitec-turas objeto ostentosas e indiferentes al entorno, los espacios pblicos privati-zados o excluyentes, las operaciones urbanas costosas que constituyen encla-ves, los desarrollos desconectados de la ciudad compacta, las vas que fragmen-tan los tejidos urbanos, todo lo que signifique exclusin social o aumente ladesigualdad urbana. En estos casos y otros similares valen la crtica-denunciacon movilizaciones que obstruyan la ejecucin de ciertos proyectos, la desobe-diencia civil ante normativas excluyentes y la accin directa para deshacerentuertos como por ejemplo derribar muros. Para conseguir lo que es social-mente legtimo pero no est protegido legalmente es preciso recorrer un cami-no alegal para que lo que no lo es sea al fin legal.

    Hay que valorizar, defender y exigir el espacio pblico como la dimensin

    esencial de la ciudad, impedir que se especialice, sea excluyente o separador,reivindicar su calidad formal y material, promover lapublificacin y la poliva-lencia de espacios abiertos o cerrados susceptibles de usos colectivos diversos(equipamientos pblicos y privados, campus o parques adscritos a usos espec-ficos), conquistar espacios vacantes para usos efmeros o como espacios detransicin entre lo pblico y lo privado. Un gobierno democrtico de la ciudaddebe garantizar la prioridad de la calle como espacio pblico y aplicar unanorma que estableciera que la superficie de las veredas o aceras debe ser siem-pre superior a la destinada a la circulacin rodada. En el caso de las vas semi-

    rpidas (segregadas) el 50% de la superficie debera destinarse al transportepblico.

    Segundo. Denunciar las ideologas que son el discurso que acompaa las din-micas urbanas perversas: el miedo a los otros, la obsesin por la seguridad en elespacio pblico cuando los factores de inseguridad principal se encuentran enotras dimensiones de la vida social: el trabajo, las pensiones, el acceso a lavivienda y el endeudamiento, el futuro de los hijos, etc. En diversos pases y ciu-dades, incluso con gobiernos tericamente progresistas o democrticos (Francia,

    pero tambin Barcelona y otras ciudades espaolas e italianas como Bolonia) sehan aprobado normativas de civismo en los que hay disposiciones excluyentes,

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    ticas arrastran un lastre de indeterminacin en relacin con el alcance local delas grandes lneas de acumulacin y dominio a nivel global. Por supuesto, estadeficiencia de la representacin de las declinaciones locales y regionales del

    modelo de acumulacin supone una carencia para cualquier planteamientopoltico de la crisis que quiera ir ms all de una lucha contra las fuerzas ingo-bernables del capital transnacional, a fin de fijar lo que podramos llamar esca-las de luch