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TEPIC, NAYARIT, A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE
DOS MIL DIECINUEVE.
VISTOS, para resolver en SENTENCIA FINAL de primera
instancia los autos originales del JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, expediente número 1090/2012, promovido por
**********, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas, Actos de
Administración y de Dominio de la persona moral denominada
**********en contra de********** aval; por el pago de la cantidad de
$905,814.00 (Novecientos cinco mil ochocientos catorce
pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de capital, entre
otras prestaciones, que derivan de un título de crédito
denominado pagaré, suscrito el día 29 de septiembre de 2010,
en el que se fijó como fecha para el pago el día 01 de junio de
2012; y:
R E S U L T A N D O
1. Mediante auto de fecha 17 de agosto de 2012, se admitió en la
VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, la demanda presentada por
**********, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas, Actos de
Administración y de Dominio de la persona moral denominada
**********, deudor principal; ********** avales, por el pago de la
cantidad de $905,814.00 (Novecientos cinco mil ochocientos
catorce pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de
capital, entre otras prestaciones, que derivan de un título de
crédito denominado pagare, cuyo pago demanda; ordenándose
que se registrara en el libro de gobierno respectivo y se formara
expediente, así como requerir a los demandados, por el pago
inmediato de lo reclamado y sus consecuencias legales, y de no
hacerlo al momento de la diligencia, se les embargaran bienes de
su propiedad, suficientes para garantizar lo reclamado, debiendo
quedar lo embargado en depósito de persona designada por la
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parte actora y bajo su responsabilidad, de igual forma, se les
hiciera entrega de la cédula de notificación, así como del auto de
radicación, y una copia legible del acta levantada con motivo de la
diligencia respectiva y para que en su contestación ofrecieran
pruebas, y señalaran domicilio para recibir notificaciones en ésta
ciudad, apercibiéndolos que de no hacerlo las posteriores
notificaciones les serían practicadas por los Estrados del Juzgado,
aún las de carácter personal, y hecho lo anterior, con las copias
simples de Ley, se les emplazara para que dentro de un plazo de
ocho días comparecieran a pagar lo reclamado, allanarse u
oponerse a la ejecución, si tuvieren excepciones legales que
hacer valer. Por proveído de fecha 2 dos de abril del 2013, (foja
33) se tuvo al actor desistiéndose en su perjuicio de la demanda
entablada en contra de **********, debiéndose continuar la causa
únicamente en contra de **********.
2. Diligencia que se llevó a cabo el día 26 de marzo de 2013, en
la que se requirió de pago al demandado **********, quien
reconoció la firma contenida en el documento base de la acción,
mas no el adeudo que se le reclama pues refirió haber realizado
abonos sin justificarlo; diligencia que quedó sin efecto y por auto
de fecha 25 de julio de 2017, dictado por el Juzgado Tercero de
Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, dentro del juicio
de amparo indirecto 33/2017, se tuvo como legalmente
emplazado al demandado, y por auto de fecha 11 de diciembre de
2018, se le declaró a la demandada precluído su derecho para dar
contestación a la demanda, declarándole el juicio en rebeldía, y se
abrió el juicio a desahogo de pruebas, por el término de quince
días, admitiéndose la totalidad de las pruebas ofrecidas por la
actora, y al demandado, se le declaró precluído su derecho para
ofrecerlas, y se señaló fecha para el verificativo de la audiencia
prevista por el artículo 1401 del Código de Comercio, la cual se
llevó a cabo el día 22 de enero de 2019, en la que se
desahogaron todas las pruebas admitidas a la actora, asimismo,
por auto de fecha 29 de enero de 2019, se abrió el juicio a periodo
de alegatos, por el término de dos días comunes y perentorios
para ambas partes, sin que ninguna de ellas los haya formulado,
por lo que en auto de fecha 26 de febrero de 2019, se les declaró
precluído tal derecho a ambas partes y se turnó el expediente
para sentencia final, la cual el día de hoy se emite; Y:
C O N S I D E R A N D O
I. COMPETENCIA. Este Juzgado Primero Mercantil, de primera
instancia, con residencia en ésta ciudad, es competente para
resolver el juicio, toda vez que el documento base de la acción, se
suscribió en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce
jurisdicción, además del sometimiento tácito de las partes, el del
actor al entablar su demanda y el demandado, al no contestarla.
Artículos 1090, 1092, 1094, 1104 del Código de Comercio.
II. PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DE LAS PARTES.
Independientemente de no haber sido objetada, sin embargo, al
ser la personalidad un presupuesto procesal que debe analizarse
aún de oficio por la autoridad judicial, para determinar si se
cumple con la legitimación, tanto activa como pasiva, la cual se
refiere propiamente a la personalidad o calidad que deben tener
las partes para ser actora o demandada, ya que si no están
satisfechos todos los presupuestos procesales, no se puede dar
nacimiento a la relación jurídica, y no existiendo dicha relación, es
lógico que ésta no puede concluir con su fin normal, que es la
sentencia y en éste caso, la personalidad del actor **********,
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas, Actos de
Administración y de Dominio de la persona moral denominada
**********, se acredita con la escritura pública número 2499 dos mil
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cuatrocientos noventa y nueve, Tomo 4 cuatro, folio 6,516 al 6518
seis mil quinientos dieciséis al seis mil quinientos dieciocho, de
fecha diecisiete de diciembre del año 2009 dos mil nueve,
otorgada ante la fe del Licenciado Marco Antonio Meza
Echevarría, Titular de la Notaría número treinta y cuatro, con
residencia en la Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela,
Nayarit, de cuyo contenido se desprende que el señor ********** en
su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas,
Actos de Administración y de Dominio de la persona moral
denominada **********, en los términos de lo dispuesto por los
artículos 1926 del Código del Estado de Nayarit, y su correlativo el
2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil para
el Distrito Federal, y de sus correlativos en el Código Civil Federal
y en los Códigos Civiles de todos los Estados de la República
Mexicana, instrumento que conforme al artículo 1296 del código
de comercio merece valor pleno, para demostrar la personalidad
del actor, y calidad y legitimación que tiene para ejercer la acción
a nombre y en representación de la moral acreedora, por ser la
beneficiaria del pagaré, cuyo pago se demanda.
En tanto que la personalidad del demandado **********, está
demostrada con el propio pagaré base de la acción, cuya firma no
fue desvirtuada en autos, y demás actuaciones procesales.
Artículo 1061 del Código de Comercio.
III. FORMALIDADES Y VÍA. Las formalidades que la ley
exige para ésta clase de juicios, según se observa de autos, se
han cumplido y la vía ejercitada es la adecuada, dado que se
funda en un título de crédito denominado Pagaré que cumple con
los requisitos establecidos por el Artículo 170 de la Ley General
de Títulos Operaciones de Crédito. Artículo 1391 fracción IV al
1407 del Código de Comercio.
IV. DEBATE ENTRE LAS PARTES. La parte actora
**********, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas, Actos de
Administración y de Dominio de la persona moral denominada
********** reclama al demandado **********, el pago de las
siguientes prestaciones:
“A).-Por el pago de la cantidad de $905,814.00 (Novecientos
cinco mil ochocientos catorce pesos M/N 00/100) por concepto
de la suerte principal
B).- Por el pago de intereses moratorios pactados a razón del
04% (cuatro por ciento) mensual desde el día 02 (dos) de junio del
2012 (dos mil doce) y los que se generen hasta el pago
satisfactorio total del adeudo, con sus respectivos intereses.
C).- Por el pago gastos y costas que se originen en el trámite del
presente juicio.
D).- Por el pago de honorarios que se originen en el trámite del
presente juicio”.
Fundando la demanda en los siguientes ANTECEDENTES:
“I.- Los C.C “**********; suscribió a favor de mi representada “UN
PAGARE”, marcado con la fecha de suscripción del día 29
(veintinueve) de septiembre del año 2010 (dos mil diez), valioso
por la cantidad de $905,814.00 (Novecientos cinco mil
ochocientos catorce pesos M/N 00/100).
2.-Los C.C “**********, se comprometieron a realizar el pago total
de la suerte principal y con los intereses devengados el día 01
(primero) de junio del 2012 (dos mil doce) quien hasta la fecha no
han cumplido el pago.
3.- Se pactó un interés para el caso de mora a razón del 04%
(cuatro) mensual a partir de la fecha de su vencimiento.
4.- El deudor principal y aval no ha efectuado los pagos de los
intereses, ni mucho menos de la suerte principal, como
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consecuencia de lo anterior, me veo en la imperiosa necesidad de
reclamar de Los C.C **********el pago total como la suerte
principal, como de los intereses generados y los que se generen
hasta el cumplimiento de la obligación de pago y gastos
accesorios por la tramitación del presente juicio”.
A lo que el demandado **********, no dio contestación a la
demanda, por lo que se les declaró precluído su derecho para tal
efecto y el juicio en su rebeldía.
V. PRUEBAS Y SU VALOR JURÍDICO. En éste caso, el
actor, **********, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas,
Actos de Administración y de Dominio de la persona moral
denominada ********** por el pago de la cantidad de $905,814.00
(Novecientos cinco mil ochocientos catorce pesos M/N 00/100),
por concepto de capital, entre otras prestaciones, que derivan de la
suscripción de un pagaré firmado por dicho demandado a favor de
la moral acreedora, el día 29
de septiembre del año 2010, obligándose a liquidarlo para el día
01 de junio de 2012.
Sin que el demandado **********, haya dado contestación a la
demanda, declarándosele precluído su derecho para tal efecto y el
juicio en su rebeldía.
Establecida la litis en los términos precisados, ahora para el
análisis de la procedencia o improcedencia de la misma, se toma
como base lo previsto por el artículo 1194 del Código de
Comercio, que señala:
El que afirma está obligado a probar. En consecuencia,
el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones.
Precepto del que deriva que la carga de la prueba para acreditar
la acción principal corresponde a la parte actora, en tanto que la
misma carga procesal, recae en la parte demandada para la
justificación de sus excepciones; siendo entonces indudable que
cuando el actor no acredite los hechos en que funda su acción,
ésta no puede prosperar, independientemente de que la parte
demandada, haya o no opuesto excepciones y defensas.
En atención a lo señalado, es prioritario precisar que para la
procedencia de la acción ejercitada, se requiere que el documento
base de la misma, traiga aparejada ejecución, ya que el objeto del
juicio ejecutivo mercantil, es hacer efectiva una obligación
patrimonial previamente establecida mediante un título idóneo, y
es base en la cual debe tener lugar la ejecución, por ser un
procedimiento sumario por el que se trata de embargar bienes, así
como cobrar créditos que constan por algún título que tiene fuerza
suficiente para constituir, por sí mismo, plena probanza, y su
finalidad, no es hacer declaración alguna de derechos, sino hacer
efectivos los que se hallen consignados en el documento o en
actos que tienen fuerza bastante para constituir, por ellos mismos,
prueba plena.
Y, se funda en la presunción, juris tantum, de que esos derechos
sean previa y solemnemente determinados por las partes, y sólo
sirve para obtener su efectividad. Por eso, la mayoría de los
tratadistas y legisladores sostienen que el juicio ejecutivo, no
reúne los caracteres de un verdadero juicio, sino de un
procedimiento sumario para cobrar un crédito, que consta de
modo cierto y auténtico.
Por ello, el juicio ejecutivo mercantil, se ha considerado como un
procedimiento privilegiado, de excepción que se basa en el
establecimiento, por un título, de un derecho perfectamente
reconocido por las partes; y para su procedencia se requiere que
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concurra lo siguiente: Existencia del título de crédito, que
consigne en cantidad liquida el adeudo que se reclama, y
exigibilidad del mismo, es decir, que la deuda sea cierta, líquida,
y exigible, es cierta cuando la causa real de su existencia nace
de un modo indubitable del título ejecutivo, es líquida, cuando está
determinada su cuantía; y es exigible, cuando hay incumplimiento
a la obligación contraída.
Y, en éste caso, la Existencia del título de crédito, que consigne
en cantidad liquida el adeudo que se reclama, y exigibilidad del
mismo, se acredita con la documental privada consistente en un
título de crédito denominado pagaré, adjuntado como base de la
acción, y que se guarda en el secreto de éste juzgado, de donde se
extrae para su valoración, de cuyo contenido se observa que está
debidamente requisitado y es de plazo cumplido, suscrito por el
demandado **********, a favor de la moral acreedora denominada
**********, poderdante de la actora, en esta ciudad de Tepic, Nayarit;
el día día 29 de septiembre de 2010, por la cantidad de
$905,814.00 (Novecientos cinco mil ochocientos catorce pesos
M/N 00/100), para liquidarse el día 01 de junio de 2012, en el que
se pactó para el caso de falta de pago, intereses moratorios
equivalentes al 4% cuatro por ciento mensual; Instrumento
privado que por su contenido literal, reúne los requisitos previstos y
exigidos por el artículo 170 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, por tanto, es título ejecutivo, que trae
aparejada ejecución al encontrarse en los supuestos de la fracción
IV del artículo 1391 del Código de Comercio, por no haber en el
juicio prueba en contrario; y por ello, conforme a lo establecido por
el artículo 1296 del Código de Comercio, al no haber sido objetado,
merece valor pleno, para demostrar el elemento que constituye la
acción, por justificarse plenamente con el propio pagaré base de la
acción, su existencia, por ser título de crédito, que consigna la
cantidad de $905,814.00 (Novecientos cinco mil ochocientos
catorce pesos M/N 00/100), que es el adeudo que se reclama, el
cual, es exigible, por la falta de cumplimiento del demandado en el
pago en la fecha pactada, la cual venció, sin que lo haya liquidado,
lo que lo hace exigible, lo que se presume con la sola presentación
de la demanda, que se corrobora con la manifestación expresa del
actor en dicha demanda, que merece valor pleno, para demostrar el
elemento constitutivo de la acción.
Es aplicable al caso la Tesis Jurisprudencial sustentada por los Tribunales
Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Tomo XI, Abril del 2000, Tesis VI. 20. C. J/182, pagina 902; cuyo
rubro y texto señalan:
“TÍTULOS EJECUTIVOS, EXCEPCIONES CONTRA LA ACCIÓN
DERIVADA DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA. De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 1391, primer párrafo y fracción IV,
del Código de Comercio, los títulos de crédito como el pagaré
tienen el carácter de ejecutivos, es decir, traen aparejada ejecución,
luego, constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada
en el juicio, lo que jurídicamente significa que el documento
ejecutivo exhibido por la actora, es un elemento demostrativo que
en sí mismo hace prueba plena, y por ello si el demandado opone
una excepción tendiente a destruir la eficacia del título, es a él y no
a la actora a quien corresponde la carga de la prueba del hecho en
que fundamente su excepción, precisamente en aplicación del
principio contenido en el artículo 1194 de la legislación mercantil
invocada, consistente en que, de igual manera que corresponde al
actor la demostración de los hechos constitutivos de su acción, toca
a su contraria la justificación de los constitutivos de sus
excepciones o defensas; y con apoyo en el artículo 1196 de esa
codificación, es el demandado que emitió la negativa, el obligado a
probar, ya que este último precepto establece que también está
obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la
presunción legal que tiene a su favor su colitigante; en ese orden de
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ideas, la dilación probatoria que se concede en los juicios ejecutivos
mercantiles es para que la parte demandada acredite sus
excepciones o defensas, además, para que el actor destruya las
excepciones o defensas opuestas, o la acción no quede destruida
con aquella prueba ofrecida por su contrario”.
En atención a lo señalado, es procedente la ACCIÓN CAMBIARIA
DIRECTA ejercitada por el actor, toda vez que conforme a lo
establecido por el artículo 150 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, la misma procede, en caso de falta de
aceptación parcial; o por falta de pago o de pago parcial, o cuando
el girado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra o
de concurso.
Hipótesis normativas, de las cuales encuadra al caso en análisis, la
falta de pago del demandado **********, por estar demostrado que
incumplió con lo pactado en el pagaré que suscribió a favor de la
moral acreedora poderdante del actor, con quien se obligó a pagar
la cantidad que se le reclama, para el día 01 de junio de 2012; lo
cual consta en el propio documento, en el que el actor funda los
hechos de demanda, además de que al tratarse de un hecho
negativo correspondía a dicho demandado demostrar lo contrario,
es decir, que cumplió con el pago, lo cual no hizo, puesto que al
tratarse de un hecho negativo, le correspondía demostrar lo
contrario, es decir, que cumplió con el pago convenido en la fecha
pactada, lo cual, como ya se indicó, no hizo, si no que al contrario,
el hecho de que el demandado, no dio contestación a la
demanda, tuvo como consecuencia, su aceptación tácita y ficta
de las prestaciones que se le reclama, así como de los hechos
de ésta, estando con ello manifiesto el incumplimiento en cuanto a
la obligación de pago contraída con la poderdante del actor, por
ello, el referido PAGARÉ prolija la existencia del derecho que se
reclama, define a la acreedora y al deudora y determina la
prestación cierta, líquida y exigible, de plazo y condiciones
cumplidos, como pruebas todas ellas consignadas en el título, que
reúne los requisitos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, al haber sido suscrito en esta ciudad de
Tepic, Nayarit; el día 29 de septiembre de 2010, conteniendo la
obligación de pagar a favor de la poderdante del actor, la cantidad
total de $905,814.00 (Novecientos cinco mil ochocientos
catorce pesos M/N 00/100), por concepto capital, documento que
al ser título de crédito, da derecho al tenedor para ejercitar el
derecho literal en el consignado, conforme al artículo 5 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito; lo que se corrobora
con la presuncional en su doble aspecto legal y humana, la
cual,conforme a los artículos 1305 y 1306 del Código de Comercio,
merece valor pleno, para demostrar la actualización del elemento
que constituye la acción, ya que de las deducciones lógico jurídicas
que derivan del juicio, se obtiene de manera clara, precisa y
fehaciente la existencia del adeudo y exigibilidad del mismo,
por constar en cantidad liquida, además de que es
incuestionable que el demandado suscribió un pagaré a favor de la
moral poderdante del actor, con quién se obligó a pagar para el día
01 de junio de 2012, la cantidad cuyo pago se le demanda, por
tenerlo en posesión el actor; lo que se confirma con la instrumental
de actuaciones, la cual, en términos del artículo 1294 del Código
de Comercio, merece valor pleno, para corroborar la procedencia
de la acción, puesto que con lo actuado en el juicio, deriva sin lugar
a dudas la existencia del adeudo contraído por el demandado al
suscribir el título de crédito denominado pagaré, que se le reclama,
debidamente requisitado y de plazo cumplido, lo cual, fue aceptado
por el demandado, ya que el hecho de no haber dado contestación
a la demanda tiene como consecuencia la aceptación tácita del
reconocimiento del adeudo que se le reclama, que consta en el
pagaré base de la acción, que es prueba preconstituida, que reúne
los requisitos de ley. Sin que en el juicio, haya dato alguno que
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desvirtúe el contenido del referido pagaré, ni que indique el pago
del mismo.
Bajo las circunstancias anotadas, se declara que el actor **********
Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas, actos de
administración y actos de dominio de la persona moral denominada
**********, justificó su acción y el demandado **********, no
compareció a juicio, en consecuencia:
Se condena al demandado **********, a pagar a la persona moral
denominada **********, por conducto de su Apoderado General
Judicial para Pleitos y Cobranzas **********, la cantidad de
$905,814.00 (Novecientos cinco mil ochocientos catorce
pesos M/N 00/100), por concepto de capital, así como al pago de
intereses moratorios equivalentes al 4% cuatro por ciento
mensual, a partir del día 02 de junio de 2012, fecha en la que el
demandado incurrió en mora, y los que se sigan acumulando
hasta el cumplimiento de la resolución, cuya cuantificación
deberá determinarse en la vía incidental respectiva.
GASTOS Y COSTAS. En cuanto al reclamo de la parte actora
de los gastos y costas generados con motivo de la tramitación
del juicio, es procedente la condena en contra del demandado,
ya que por la naturaleza de la acción, se actualiza lo previsto por
el artículo 1084 fracción III del Código de Comercio, que
establece que siempre serán condenados al pago de costas,
el que fuese condenado en Juicio Ejecutivo, y el que lo
intente, si no obtiene sentencia favorable, supuesto en el que
se ubicó el demandado, razón por la cual, se condena al
demandado **********, a pagar a la moral acreedora, los gastos
y costas generados con motivo de la tramitación del juicio, así
como al pago de honorarios profesionales, a virtud de que el
licenciado **********, autorizado del actor,tienen registro en la
base de datos de abogados titulados del Tribunal Superior de
Justicia, lo cual, se constata con la consulta que se hace a dicha
base de datos que contiene registro de abogados autorizados
para ejercer la profesión de licenciados en derecho, a cuyo
registro se tiene acceso directo, mediante el acceso a la página
web oficial del l Poder Judicial del Estado de Nayarit; cuya
cuantificación deberá determinarse en la vía incidental respectiva.
En su oportunidad, embárguense bienes propiedad del
demandado y previo los trámites de ley, hágase trance y remate de
los mismos y con su producto páguese a la acreedora.
Hágase saber a las partes que tienen derecho a inconformarse
con la presente resolución, interponiendo el recurso de
apelación, derecho que podrán hacer valer en un término de
nueve días, a partir del día siguiente al en que surta efectos la
notificación de la misma.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1084 Fracción
III, 1090, 1091, 1092, 1094 Fracciones I y III, 1104 Fracción I,
1321, 1322, 1324 al 1330, del 1391 Fracción IV al 1414 del
Código de Comercio, se concluye de acuerdo a los siguientes
puntos:
R E S O L U T I V O S
PRIMERO. Ha procedido la vía Mercantil Ejecutiva y la acción
ejercitada por el actor **********, Apoderado General Judicial para
Pleitos y Cobranzas de la persona moral denominada ********** en
contra del demandado **********, por lo que:
SEGUNDO. Se declara que el actor **********, Apoderado
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General Judicial para Pleitos y Cobranzas, actos de
administración y actos de dominio de la persona moral
denominada **********, justificó su acción, y el **********, no
compareció a juicio a excepcionarse, en consecuencia:
TERCERO. Se condena al demandado **********, a pagar a la
persona moral denominada **********, por conducto de su
Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas **********, la
cantidad de $905,814.00 (Novecientos cinco mil ochocientos
catorce pesos M/N 00/100), por concepto de capital, así como al
pago de intereses moratorios equivalentes al 4% cuatro por
ciento mensual, a partir del día 02 de junio de 2012, así como al
pago de gastos y costas que se hayan generado con motivo de
la tramitación de juicio, y honorarios profesionales, cuya
cuantificación deberá determinarse en la vía incidental respectiva.
CUARTO. En su oportunidad, embárguense bienes propiedad
del demandado y previo los trámites de ley, hágase trance y
remate de los mismos y con su producto páguese al acreedor.
QUINTO. Hágase saber a las partes que tienen derecho a
inconformarse con la presente resolución, interponiendo el
recurso de apelación, derecho que podrán hacer valer en un
término de nueve días, a partir del día siguiente al en que surta
efectos la notificación de la misma.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMÓ EN SENTENCIA FINAL EL
DÍA DE SU FECHA EL LICENCIADO EN DERECHO ISIDRO
ESTRADA GUTIERREZ, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO MERCANTIL CON RESIDENCIA EN
ESTA CIUDAD, POR Y ANTE LA LICENCIADA EN DERECHO
BIANCA NAYELLY HERNANDEZ RENTERIA,
SECRETARIO DE ACUERDOS QUE AUTORIZA Y DA FE.