Artículos Destacados Otros Medios La larga ruta del Desminado

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

548ABRIL 2015

ANEXO

SEPA

RATA

ESP

ECIA

L

• Desminar Colombia• Desminado tardaría 10 años y costaría US$ 200

millones• La larga ruta del desminado• Colombia quiere paz... sin impunidad• Así las Farc muestren sus minas, no hay cómo

sacarlas• Oír a los expertos• Dos Farc, dos momentos de Colombia• Iván Márquez ante su propia impotencia• La paz está difícil• Gaviria y la guerrilla• ¿Se negociará al Ejército?

foto: ieee.es

2 Anexo abril 2015

Desminar Colombia

Santiago Silva Jaramillo/El Colombiano/12/03/2015/www.elcolombiano.com/desminar-colombia-IJ1478381

Sembrar una mina antipersona es, ante todo, dejar al azar la po-sibilidad de muerte, mutilación o serias heridas a un inocente. Es de las más injustas prácticas de la guerra moderna porque iguala a combatientes, civiles, niños, mujeres y hombres en la tragedia; esparce muerte sin ninguna consideración. En Colombia, el uso de minas ha estado determinado por la asimetría de la guerra, por el desesperado intento de evitar lo inevitable: cubriendo reti-radas, delimitando territorios, protegiendo cultivos ilícitos y laboratorios de drogas ilícitas.

Así, nuestro país fue el se-gundo del mundo con mayor número de víctimas de minas antipersona en 2.013 según el Monitor Internacional de Minas

y Munición de Racimo, luego de Afganistán y antes de Pakistán, con 368 personas heridas o muertas. De estas, 165 eran ci-viles y el 35 % niños. De hecho, entre el año 1.990 y 2.014 unas 11.015 personas han sido víc-timas de minas antipersona en Colombia, el 61,6 % miem-bros de la fuerza pública, unos 6.792, y el 38,3 % civiles, unos 4.223, de acuerdo a cifras de la Agencia de Acción Contra Minas del Gobierno Nacional.

Del territorio nacional, solo San Andrés y Providencia se en-cuentran libres completamente de minas antipersonal; el mina-do ha sido un fenómeno indis-criminado en el que casi todos los actores armados –aunque principalmente las guerrillas- se han visto involucrados. De

acuerdo a cálculos del Gobierno Nacional, cientos de miles de minas aún corrompen el terri-torio nacional y aunque el es-fuerzo del Estado para limpiar estas zonas ha sido extenso, el proceso es lento, peligroso y costoso.

Por eso es tan importante el anuncio del pasado siete de marzo hecho por los equi-pos negociadores de Gobierno y Farc desde la Mesa de La Habana sobre un acuerdo para desminar a Colombia. El pro-blema, sin embargo, fue que ante la satisfacción del anuncio vino la decepción de los detalles –las Farc, como el diablo, suele ganar en los detalles-, pues la guerrilla solo ayudaría en tanto señale en qué lugares creen que se pueden empezar las labores

de desminado. Es decir, no co-rrerán ni con el riesgo, ni con el costo de quitar las minas que ellos mismos sembraron.

Ahora el presidente Santos anuncia un cese en los bombar-deos a campamentos de las Farc por un mes, bajo la lógica del desescalamiento del conflicto y abriendo campo, con seguri-dad, a un futuro cese bilateral al fuego. El problema de todo esto es que las Farc continúen con esa combinación de anuncios grandilocuentes seguidos de hipócritas afirmaciones sobre

sus irresponsabilidades ante la violencia y los cientos de miles de víctimas nacionales. En sus cabezas, las tragedias del país han sido causadas por un hura-cán de injusticias, un desastre natural inevitable del que ellos, si mucho, solo fueron especta-dores, no autores.

Las minas, como los “tatucos” o la siembra indiscriminada de hoja de coca no fueron cosas “que dio la tierra”, tienen que tener responsables. Pero es que las Farc –como el diablo- nunca reconocen sus culpas.

Cálculos preliminares indican que por lo menos 688 municipios están amenazados.

Desminado tardaría 10 años y costaría US$ 200 millones

Sección Política/El Tiempo/9/03/2015/http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/desminar-colombia-costaria-us-200-millones/15361216

La subcomisión de generales activos y guerrilleros de las Farc logró este primer acuerdo para desescalar la guerra en Colombia.

Sin duda, el acuerdo logrado entre Gobierno y Farc para lim-piar el campo colombiano de minas antipersonas es trascen-dental e histórico, pero su cumplimiento podría tardar por lo menos 10 años y costaría más de 200 millones de dólares.

No es una tarea fácil. El pri-mer paso que se debe dar es el mapeo de las zonas amenazadas por estos artefactos de guerra, lo cual –de hecho– se acordó en La Habana, y para materia-lizarlo se tiene que cruzar infor-mación de distintas fuentes que, por supuesto, luego deberá co-rroborarse en el terreno.

Ya en el campo, es necesario aislar las zonas en las que estén las minas. Para un extensión de 4 a 10 metros cuadrados, por ejemplo, los operadores pueden tardar más de 24 horas reali-zando el proceso, que no nece-sariamente implica la desacti-vación efectiva del artefacto.

Estudios preliminares dan cuenta de que por lo menos 688 municipios, casi el 63 por ciento del territorio nacional, tienen algún grado de riesgo en sus áreas rurales por culpa de un artefacto de guerra que desde 1990 ha dejado 11.043 vícti-

mas, entre ellas 1.110 menores de edad.

En este momento, el país dispone de 500 militares ple-namente capacitados para rea-lizar este tipo de labores, pero la tarea es tan descomunal que el propósito es en pocos años tener con la preparación sufi-ciente a por lo menos 10.000 uniformados.

El ministro del Posconflicto, el general Óscar Naranjo, quien de hecho será el encargado de diseñar las políticas necesa-rias para hacer una realidad el trascendental acuerdo logrado en La Habana el sábado, enfa-tizó en que no es un tema sen-cillo de realizar.

“Vale millones de dólares y tardaremos por lo menos dos lustros desminando el país”, precisó el general (r) Naranjo.

A esto se le debe sumar que varios de los denomina-dos explosivistas de las Farc han muerto en combate, lo cual pone cierto grado de dificultad sobre la información que otros guerrilleros puedan dar acerca de la ubicación de las minas.

Y, como lo advirtió Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra las Minas, se debe tener en cuenta, además, que hay territorios que com-parten las Farc y el Eln en los que estos artefactos se han sem-brado, pero esta segunda gue-

rrilla aún no ha entrado en una negociación de paz y no se sabe hasta qué punto querrá colabo-rar en este tema.

Claro que, precisamente, en el acuerdo logrado en La Habana se indica que guerrilleros ves-tidos de civil y sin armas acom-pañarán las operaciones de des-minado que liderará el Ejército, con el fin de identificar plana-mente las zonas amenazadas.

Este proceso también tendrá el apoyo de la comunidad inter-nacional, que, como se sabe, es un aliado incondicional de la búsqueda de la paz en Colombia. De hecho, hace pocas semanas estuvo en Bogotá un grupo de diplomáticos de distintos países para analizar qué tipo de accio-nes pueden impulsar.

Y, además, su apoyo económi-co será clave. El general (r) Rafael Alfredo Colón, director del Programa Presidencial con-tra las Minas, reveló ayer que todo el proceso tendrá millo-narios costos.

“Es un asunto muy complejo, porque las operaciones tienen varias aristas. Hay que evaluar equipos técnicos y logísticos, temas de movilidad, salarios, entre otros. Tenemos cálculos de que esto puede costar más de 200 millones de dólares”, en-fatizó el general (r) Colón.

Todos estos temas son anali-zados en la subcomisión del fin

del conflicto, integrada por ge-nerales de la República activos y guerrilleros de las Farc. Es más, esta decisión de acordar el desminado de las zonas rurales es su primera decisión concreta que apunta al desescalamiento de la intensidad de la guerra.

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró: “Este acuerdo demuestra que el proceso de paz es irreversible, que estamos en un punto de no retorno”.

Si todo sigue su curso, como las partes esperan, a partir del 17 de marzo próximo –cuando se reanudan los diálogos con el comienzo del ciclo 34 de con-versaciones– se deben analizar nuevas medidas que, a la larga, desembocarán en un cese bila-teral y definitivo del fuego.

Para las Naciones Unidas, según un comunicado divul-gado ayer, el acuerdo de limpiar de minas a Colombia “tendrá un impacto casi inmediato en la mejoría de las condiciones de vida, de trabajo y de movilidad de decenas de miles de colom-bianos”.

Colombia firmó hace unos años el Tratado de Ottawa y se comprometió a limpiar su te-rritorio de estos artefactos an-tes del 2021, pero la realidad del conflicto evidencia que eso no se podrá cumplir. Sin embar-go, el paso dado en Cuba hace pensar que a partir del 2025 se lograría esa meta.

Así se identifica una minaSobre cómo se realiza el pro-

ceso de desminado en el país, expertos consultados por El Tiempo afirmaron que la labor depende de la geografía del te-rreno y que no hay un cálculo exacto sobre cuánto se demora en despejar un área minada.

Señalaron que el primer paso es hacer un despeje de la capa vegetal, al tiempo que se hace una exploración en la tierra que llega a los 15 centímetros de profundidad. En este proceso se usan detectores de metal.

“Es una tarea cuidadosa, que se debe hacer sin ninguna pre-sión. El desminador debe es-tar preparado sicológicamente para poder estudiar el terreno”, comentan.

La verificación del área tam-bién se hace con el apoyo de un canino que ha sido entrenando para ubicar los artefactos.

Una vez se encuentra la mina, se produce a cerrar el área y luego se estudia qué tipo de explosivo tiene y cuál es su me-canismo de activación. Con base en esa información, se procede a su destrucción. En ese proceso se han podido identificar arte-factos elaborados con tarros de talco, botellas de gaseosa, latas de leche en polvo, entre otros. La mayoría de las minas se ac-tivan con una jeringa que al pisarla genera presión y estalla, aunque hay otras que usan me-canismos electrónicos.

Foto: santanderextremo.com

3Edición 548

La larga ruta del desminado

Luisa Fernanda Ciro Moreno/lasillavacia/8/10/2012/http://lasillavacia.com/historia-invitado/36384/luisaciro/la-larga-ruta-del-desminado

Colombia ocupa el segundo lugar en número de víctimas de minas antipersonales en el mun-do. Para salir de esta deshon-rosa lista firmó una Convención que ordena el desminado total del territorio, pero el proceso para lograrlo no avanza al ritmo que se requiere. La financiación, la incertidumbre en la norma-tividad y el conflicto son las principales dificultades.

En junio pasado (2012), la Procuraduría Delegada en ma-teria de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos cambió su posición respecto al desminado realizado por civiles. El proceso para llegar a esta instancia em-pezó en 1997 con la Convención de Ottawa, un instrumento in-ternacional que busca solucio-nar uno de los problemas hu-manitarios más graves.

De acuerdo a la Convención, el país debía estar desminado en 2011, pero las dificultades para lograrlo llevaron al go-bierno colombiano a pedir una ampliación del plazo a 2021. Pero el desminado debe avan-zar rápidamente no sólo por la petición de la comunidad in-ternacional, sino por las cifras de víctimas en el país, que en 2010 y 2011 rondaron las 500 anuales, sólo superados por Afganistán con 1.000 víctimas anuales. En Afganistán el desmi-nado también se hace en medio del conflicto.

Los militares, que son los únicos que están haciendo el

desminado en Colombia, ya destruyeron las minas que tenían en su poder. Sus resul-tados no son despreciables: el aumento del área desminada en Colombia ha tenido un cre-cimiento exponencial, de 4.831 m2 en 2005 a 328.730 en 2011. Pero el número de víctimas, que decrecía cada año, frenó su re-ducción entre 2010 y 2011.

La participación de los civiles en el desminado humanitario es un tema polémico en todos los países con este problema. En Colombia había sido cuestiona-do no sólo por la Procuraduría, sino también por el senador Jorge Enrique Robledo. El mo-tivo de preocupación se resume en la seguridad de los desmina-dores. Pero la alternativa a dejar de recibir dinero de gobiernos extranjeros por parte del ejér-cito, o de estados de la Unión Europa por parte de las ONG internacionales significaría un aumento del gasto del gobierno colombiano en este rubro.

En la solicitud de prórroga del plazo dado por la Convención de Ottawa en 2010, Colombia planteó que esperaba aumen-tar el número de pelotones de 9 en 2011 a 18 en 2015 y a 25 en 2020, lo cual representará una inversión estimada de US$92 millones. En cuanto a las ONG esperaban que la inversión que harían en 2011 alcanzara unos US$180 millones.

El inicio de labores de las ONG tiene otro obstáculo: la

crisis económica europea y sus implicaciones en el presupuesto de cooperación internacional. No sólo las tres ONG que rea-lizarían el desminado reciben donaciones de gobiernos euro-peos, sino también otras que realizan trabajos en educación del riesgo. Para Richard Hartill de MAG (una de las tres ONG que salieron temporalmente del país por el fallo inicial de la Procuraduría) los recursos del gobierno belga en 2012 se fueron para otros países. MAG (Mines Advisory Group) y DDG (Danish Demining Group), fue-ron las dos ONG que salieron del país tres meses después del concepto del primer concepto Procuraduría. Se quedó la ONG inglesa Halo Trust, cuyos fon-dos de emergencia le permiten seguir en el país.

El desminado realizado por civiles es una práctica común en otros países afectados como Afganistán, Camboya, y buena parte de los estados del África Subsahariana. Sin embargo, la resistencia en Colombia se ex-plica con esta frase del primer concepto de la Procuraduría: “las eventuales víctimas ajenas al conflicto deben ser indem-nizadas”. Esta preocupación es controvertida en un concepto jurídico de Manuel José Cepeda, que recomienda que “las or-ganizaciones demuestren, por ejemplo mediante los contratos laborales, que las personas que participarán en el desminado

han consentido a hacerlo de manera libre e informada”.

Antes del concepto de la Procuraduría, se suponía que se había consolidado la normativi-dad que iba a permitir la partici-pación de civiles en el desmina-do humanitario, con el decreto 3750 de 2011, que cumple con el mandato del Artículo 9 de la Ley 1421 de 2010.

La seguridad de los desmina-dores según las ONG está garan-tizada por los procedimientos estandarizados y la capacitación que recibirían. La preocupación es que lo hagan campesinos que corran los mismos riesgos de los erradicadores de coca y ter-minen ellos mismos siendo víc-timas. El Centro Internacional para el Desminado Humanitario de Ginebra (Gicdh, por sus si-glas en inglés) realizó un estu-dio en 2004 sobre el riesgo del desminado en Camboya, donde trabajan Halo y MAG, dado que las últimas cifras se remontan a 1998 en Afganistán (antes de la intervención de 2001). En el caso del estudio de 1998, la probabilidad de accidente era más baja para el personal de

desminado que para los tra-bajadores de construcción. El Gicdh sugiere la necesidad de herramientas mecánicas para desminar, para disminuir los riesgos y hacer más eficiente el proceso.

Las ONG tienen la experien-cia de haber trabajado en países en conflicto como Angola, Sri Lanka y Afganistán. Pero gene-ran suspicacias en los sectores que están en contra del desmi-nado por parte de civiles, por haber firmado memorandos de entendimiento con el Programa para la Acción Integral contra las Minas Antipersona (Paimac), una institución que depende de la Vicepresidencia de la República, antes de la aparición de la ley 1421 en 2010 que daba el impulso inicial al desminado por parte de civiles. Además suele haber una puerta girato-ria entre funcionarios de dichas ONG y el gobierno nacional. Sin embargo, el problema es tan grave que su participación se vuelve determinante como com-plemento de la labor guberna-mental para lograr desminar el país aún en medio del conflicto.

Colombia quiere paz... sin impunidad

Óscar Alberto Díaz García/Diario del Otún/12 de marzo de 2015/http://www.eldiario.com.co/seccion/opinion/colombia-quiere-paz-sin impunidad1503.html#.vqgehyuex1g.gmail

La justicia es elemento esencial para la paz; justicia es decir no a la impunidad. Estamos viendo como a escala nacional, se está conformando un movimiento ciu-dadano denominado Colombia quiere, que busca reivindicar derechos conculcados por el actual gobierno, y su manera ambigua de resolver la demo-cracia. Justicia sin impunidad, no más terrorismo, no al cese bilateral del fuego, no a la figu-ra de la dejación de las armas cuando lo correcto sería su en-trega, y paz sin impunidad, son las propuestas que orientaron la marcha nacional del sábado 14 de marzo. El movimiento ciudadano del cual hago una síntesis, promueve ideas entre la sociedad civil para motivar los cambios de las costumbres que impiden el desarrollo de la comunidad, de la nación. Una de

esas costumbres por cambiar es la indiferencia que permite un desastre: entregar la patria. No la entregaremos; vamos a luchar por ella.

Invocar el derecho a la vida y a la paz, como bienes superio-res y funciones esenciales del estado, para justificar actos y hechos ilegales, es una enorme contradicción. Es evidente que dos más dos son cuatro, que Dios existe, que la vida es sagra-da, y que la paz es un derecho superior. Pero es obvio que la verdadera paz proviene de la justicia y el equilibrio social.

Cuando un grupo minoritario de la sociedad siembra el te-rror, asesina, secuestra, daña la infraestructura eléctrica, la del petróleo y sus oleoductos, lanza bombas a diestra y siniestra, embosca cobardemente patru-llas militares, asesina civiles y

policías, y de contera hace nar-cotráfico, contrabando, minería ilegal, y de remate dice que no entrega las armas, que solo hace dejación y se niega a reconocer sus crímenes, disque para ga-rantizar su supervivencia, así haya dejado de disparar sus fu-siles durante un trimestre o dos, ese grupo minoritario no puede decir que está haciendo un cese unilateral del fuego. Sus armas siguen vigentes, al hombro de cada bandido, amenazantes, coercitivas; efectivas en sus propósitos y en sus resultados. Para que las Farc sean media-namente creíbles, no basta con que hagan dejación de las ar-mas; tampoco bastaría con el show estilo M19, que hace vein-ticinco años entrego mil fusiles y escopetas viejas, y le heredó al ELN y a las Farc las que si servían.

El cese bilateral del fuego es una estupidez, si se lleva a cabo antes de que las Farc hagan entrega total de sus armas. Al decir del Presidente Santos, ninguna guerrilla del mundo entregaría sus armas para ir a pagar cárcel. Y se queda impávi-do; ¿su aseveración no amerita nada? ¿Ninguna protesta? Pues sí. Precisamente el Movimiento

Ciudadano Colombia Quiere, le está gritando al gobierno: que-remos paz, sin impunidad. A Santos le increpo con una frase: Ningún ejército del mundo es-taría dispuesto a renunciar a su función constitucional, com-etiendo un acto antijurídico al dejar sus armas, para ir a parar a la cárcel por no cumplir con su deber.

foto: ejercito.mil.co

foto: ingenierosmilitaresdecolombia.wordpress.com

4 Anexo abril 2015

Así las Farc muestren sus minas, no hay cómo sacarlas

Andrés Bermúdez Liévano/lasillavacía.com/12 de diciembre de 2014/http://lasillavacia.com/historia/asi-las-farc-muestren-sus-minas-no-hay-como-sacarlas-49283

En momentos en que en La Habana se comienza a discutir cómo desescalar el conflicto y que uno de los puntos centrales serán las minas antipersonal, por más que las Farc se com-prometan a dejar de sembrar-las y a revelar dónde están, el Gobierno está en pañales para enfrentarse al que será -si se fir-ma un Acuerdo final- uno de los grandes retos del posconflicto.

Prueba de la desidia en la que ha caído durante el gobier-no Santos la lucha contra las minas antipersonal y las muni-ciones sin explotar, que tienen a Colombia como el tercer país con más víctimas en el mundo, es que el puesto del que la lidera lleva seis meses vacante. O lle-vaba, ya que la próxima semana lo asumirá el general retirado Rafael Colón.

Cuando Colón llegue a la Dirección de Acción Integral contra las Minas (Daicma) -una de las patas del futuro ‘Ministerio del posconflicto’ que liderará el general Óscar Naranjo- se encontrará una en-tidad completamente descua-dernada, sobre todo dada la falta de interés que el tema tuvo bajo el vicepresidente Angelino Garzón.

De hecho su último direc-tor Daniel Ávila era tan cercano a Angelino -tras haber sido su mano derecha en la embajada ante la ONU en Ginebra- que aun siendo director de Minas acompañaba con frecuencia -según le contaron a La Silla cua-tro personas- al vice para servirle de traductor. Ávila, quien es diplomático de carrera, se fue en julio como ministro conseje-ro a la embajada en Washington y desde entonces el puesto ha estado en encargo.

La Silla supo que Colón estuvo el miércoles presen-tándose a su equipo y que su mensaje principal fue que la lucha antiminas es priorita-ria para el proceso de paz, en línea con los mensajes de los negociadores Naranjo, Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle.

Este brigadier general de la Armada es un militar progre-sista, conocido por haber sido uno de los primeros que se en-frentó a los paramilitares den-tro del Ejército y quien llega con el reconocimiento de su trabajo de Consolidación en los Montes de María. Además dirigió el Programa de Cultivos Ilícitos del gobierno, en donde le tocó lidiar con el tema de desminado para los erradicadores de coca.

Estos son los nueve chicha-

rrones que el general Colón en-contrará en minas:

Colombia aún no sabe cuántas minas tiene ni dónde están

Colombia se comprometió a liberar de minas todo su te-rritorio antes de 2021, pero no sabemos cuál es la situación real porque nunca se ha medi-do. “Todas son especulaciones, sin una base científica”, dice una persona que trabaja en preven-ción.

Técnicamente Colombia no es uno de los países con mayor número, ya que -a diferencia de Afganistán o Mozambique- no son millones de minas aunque sí miles desperdigadas por unos 700 municipios. Con 11.777 víc-timas oficialmente reconocidas por la Unidad de Víctimas, es uno de los países más afectados.

Para llenar ese vacío se acordó crear una línea base que permita gradualmente identificar las zonas con pre-cisión, para luego diseñar una estrategia con metas fijas y presentársela a los potenciales donantes internacionales. La idea era llevar esa propuesta de mapeo de minas a la ter-cera conferencia de revisión de la Convención de Ottawa en Maputo (Mozambique) en junio, aunque al final el Daicma -que pasó de ser Programa (Paicma) a dirección- terminó sacándola de su plan de acción.

“Hay que saber la dimensión del problema, porque mientras tanto todo son golpes a ciegas”, dice otra persona del sector.

No ha crecido el número de desminadores

En 2010 Colombia pidió una prórroga de diez años para cumplir con la Convención de Ottawa y firmó dos compro-misos: incrementar la capaci-dad del Batallón de Desminado Humanitario del Ejército -que no da abasto hoy- y vincular a organizaciones de la sociedad civil en las tareas de desmi-nado. Cuatro años después, no ha cumplido ninguna de las dos promesas y, como dice un ex-perto en minas, “sale en los acu-erdos de La Habana, pero nadie mira si hay desminadores”.

El batallón militar de desmi-nado, que debería crecer en dos pelotones cada año, hasta ahora solo ha sumado tres en cuatro años por falta de recursos. Aunque ha mejorado en calidad y ha aumentado su efectividad, dos personas que conocen el sector dicen que su ritmo es aún demasiado lento y que las ONG de desminado son más rápidas.

Defensa le dijo a La Silla que una de las principales razones para no haber logrado ese rit-mo de crecimiento del Batallón es que les ha tocado también brindarles protección a los funcionarios de la Unidad de Restitución que hacen trabajo de campo identificando pre-dios. Y aclaró que también es-tán desminando en lugares pun-tuales donde las comunidades identifican minas, así no estén en los municipios priorizados.

El problema es que la entrada al país de esas ONG internacio-nales va aún más cruda, debido a que el proceso de acreditación se está demorando dos años y a que ha encontrado mucha resistencia entre los militares (muchos de los cuales incluso no ven con buenos ojos que el Ejército desmine).

A la británica Halo Trust, la mayor en desminado en el mundo y con una larga experien-cia en Afganistán y Camboya, le tomó dos años surtir el proceso y ya está trabajando en un par de municipios del Oriente antio-queño. Ya tienen 150 personas, casi todos colombianos (algo importante ya que una de las reticencias entre los militares es que sean extranjeros los que asuman el desminado).

Las otras están lejos de arran-car. La Fundación Suiza para el Desminado (FSD) -que trabaja en siete países- superó hace un año las primeras dos fases pero pidió un plazo de un año para la fase de evaluación en terreno, que requiere reclu-tar desminadores, entrenar-los y comprar equipos, por falta de plata. Ayuda Popular Noruega (NPA) -que está en 18 países- está preparando los pa-peles, mientras que la francesa Handicap International está pensando arrancar. El Grupo de Desminado Danés (DDG) que manifestó interés en 2012 no ha empezado.

Otras dos, la multinacional de seguridad G4S y el consor-cio Indra-atex (entre la espa-ñola Indra y la Asociación de Técnicos en Explosivos colom-biana), fueron desestimadas tras año y medio de proceso. Y la inglesa Mines Advisory Group (MAG) estuvo un par de años en el país pero se fue ante los retra-sos.

Encima de eso, el proceso estuvo frenado durante un año, después de un informe de la Procuraduría a finales de 2011 que argumentaba que traer a civiles a desminar violaba los derechos humanos. Al Gobierno le tomó seis meses persuadir a

Alejandro Ordóñez que, por el contrario, no desminar aumen-ta el nivel de riesgo de la po-blación y que solo en Afganistán hay 8 mil civiles haciéndolo.

Por eso el reto para Colón será agilizar los trámites, que en otros países demoran unos me-ses, para que los civiles puedan desminar.

No se mapean minas si no se puede desminar

Que no tengamos una foto exacta de las minas en Colombia es, en parte, el resultado de una idea que hizo carrera en el Gobierno en los últimos dos años.

El proceso de desminado comprende dos etapas: primero se hacen una serie de estudios llamados ‘no técnicos’, que per-miten ubicar las minas y trazar unos polígonos de las áreas afectadas. Tras esa etapa de diagnóstico, vienen el despeje y la destrucción de las minas. Normalmente ambas tareas se hacen a distintos ritmos (ya que el despeje es más demorado), pero desde que arrancó el go-bierno Santos I no se puede hacer uno sin el otro inmediata-mente después.

El argumento del Ministerio de Defensa -donde el desmi-nado está a cargo del vice Jorge Bedoya- y también de Ávila es que no se deben hacer estu-dios técnicos si no hay plata para desminar, porque -si le llega a suceder algo a alguien- el Estado podría ser penalmente responsable. Esa idea, que en derecho se llama ‘quedar en posición de garante’, viene de una sentencia del Consejo de Estado en 2012 que condenó a las Fuerzas Militares por la muerte de un soldado que pisó una mina sembrada por el pro-pio Ejército frente a una base.

No hacer más estudios ha im-pedido que en muchas regiones se puedan encontrar y señalizar las zonas sospechosas y, por lo tanto, educar a las comunidades que viven allí sobre los riesgos. Eso es un retroceso porque ubi-car las minas ya es un gran paso, que no se puede dar por lo que uno describe como la filosofía del “es mejor no saber para no ser responsable”. (Una dis-cusión similar también se dio en el primer gobierno de Álvaro Uribe, cuando el Paicma sos-tenía que señalizar las minas ya le podría acarrear responsabili-dad al Estado).

“El desminado es en realidad un problema de información. Si uno sabe, no va y se le para en-cima [a la mina]. El estudio no

le dice en qué lugar exacto, pero sí que en estos 10 mil metros cuadrados no te pares. Solo sa-ber que en esos 10 mil metros es una ganancia. Lo importante es que esas comunidades estén informadas de dónde está el riesgo”, dice una persona que conoce el sector. Y que también cuestiona la interpretación ju-rídica de esa sentencia, argu-mentando que la condena al Estado es por no hacer nada y que prevenir ya es actuar.

Bajo esa lógica, hay todavía 300 mil metros cuadrados de minas, identificados desde hace varios años, que siguen espe-rando el desminado.

No hay plata para las minasEl desminado también va

lento porque no hay plata inter-nacional para hacerlo, en parte porque -como ha contado La Silla- la cooperación que recibe Colombia se ha venido redu-ciendo a raíz de la crisis finan-ciera en los países donantes y a nuestro nuevo estatus como país de renta medio alta.

Pero también por esa falta de una estrategia clara a mediano y largo plazo, que hace que los países no vean incentivos para donar y escojan otros temas del posconflicto que pueden garan-tizar más resultados, como la restitución de tierras en el caso de los gringos o las víctimas mujeres en el de los suecos.

Eso dificulta la entrada de nuevas ONG de desminado, ya que la sola fase de evaluación de terreno -donde entrenan y arman su primer equipo- cues-ta aproximadamente 500 mil dólares, que inicialmente espe-raban recibir de la cooperación y que ahora deben poner de su bolsillo. Como el Gobierno solo les asigna un par de municipios a la vez y solo tras estar acredi-tados, es muy difícil que puedan pedir plata. Las excepciones son Halo Trust (que tiene su pro-pio capital) y la Ayuda Popular Noruega, que tiene la ventaja de que -al ser uno de los dos ga-rantes del proceso de paz en La Habana- su gobierno está inte-resado.

Esa falta de recursos es otra de las razones por las que muchos sectores militares son reticentes al desminado hecho por civiles, aunque en realidad no compiten por plata. Esto porque los países que tienden a donar a ONG desminadoras -como Suiza, Noruega o el Reino Unido- son distintos a los que, como Estados Unidos o Canadá, apoyan a las Fuerzas Armadas.

De todos modos, la entrada de los civiles sí ayudaría a ba-jar algunos costos, ya que esas ONG suelen comprar sus equi-pos fuera del país a un precio de costo mientras que los mili-tares lo hacen acá a un costo dos o tres veces mayor (ya que

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son importados). Es así como un detector de metales sencillo cuesta acá 15 millones de pesos, pero la mitad afuera. Con un ra-dar de penetración el costo es tres o cuatro veces eso.

Se está desminando donde menos se necesita

En este momento el Daicma tiene una lista con 72 muni-cipios prioritarios para des-minar, que paradójicamente no reflejan la foto real del impacto por minas en el país.

Eso sucede porque la mayo-ría no está entre los más afecta-dos. Muchos, como El Cocuy (Boyacá), no tienen reportes desde los tempranos años no-venta y en algunos casos ni si-quiera de incidentes, sino de in-cautaciones de minas artesana-les a personas. No están zonas cruciales como el Catatumbo, Caquetá, el Bajo Cauca antio-queño o Putumayo. Como dice Álvaro Jiménez de la Campaña Colombiana contra Minas, “es-tán poniendo el remedio donde no está el dolor”.

El criterio para escogerlos de primero es que son municipios seguros y sin presencia de gue-rrillas o paras. O “verdes” según el semáforo de Defensa que de-termina dónde se puede pro-ceder y que termina dejando por fuera casi todo el país, cuya situación de orden público es “roja” o “amarilla”.

Halo Trust, por ejemplo, está trabajando en los municipios antioqueños de San Rafael, Nariño y Carmen de Viboral, todos con números bajos. En La Unión terminó tras un mes, sin encontrar nada. Y aunque es importante liberar todo el terri-

torio, como prometió Colombia, muchas personas proponen que se mezclen esos municipios de menor riesgo con otros seguros pero muy afectados. Eso incenti-varía más a las ONG, que necesi-tan mostrar resultados a sus donantes y que hoy solo pueden escoger de una veintena que le propuso el antiguo Paicma.

“El desminado tiene que de-jar de ser visto como un pro-blema de seguridad nacional y más bien como un tema human-itario”, dice Álvaro Jiménez de la Campaña Colombiana contra Minas, la mayor ONG de pre-vención y monitoreo del país. “Santos va a tener que decidir si quiere una paz militarizada donde no pierdan espacio los militares o una donde se en-frenten los problemas de fondo de la mejor manera”.

Pero para involucrar más a los civiles Colón tendrá que vencer las reticencias de los militares, que son al final -con su visto bueno obligato-rio- quienes tienen la última pa-labra sobre dónde se desmina y quiénes pueden hacerlo.

No se pueden escoger zonas, sino municipios enteros

El mapa de los 72 municipios tiene otro problema: obliga a desminar todo el área munici-pal para poder declararla libre de minas, sin permitir escoger aquellas zonas donde se sabe que está el problema. De ahí que hoy solo haya cuatro libres de minas en todo el país.

Esa es otra de las mayores peleas en el sector, con muchos expertos recomendando que se pueda seleccionar -o ‘microfo-calizar’- ciertas veredas estra-tégicas para trabajar, como lo

hace la Unidad de Restitución también con el aval obligato-rio de seguridad de Defensa. Y como se desmina en la mayoría de países, donde se habla de predios y tareas.

Si se combina la estrategia de hacer estudios no técnicos, se podría liberar territorios más rápido y a un menor costo. El caso de San Francisco lo mues-tra: tras seis años desminando, este municipio antioqueño está cerca de ser declarado libre. Allí hubo 16 veredas sin ningún impacto, que hubiesen podido ser liberadas desde 2008 con estudios y sin llevar todo un pelotón.

Porque, a este ritmo, libe-rar 700 antes de 2021 -con o sin proceso de paz- pinta muy difícil.

Los técnicos se fueron en des-bandada

Durante todo el gobierno Santos I -pero sobre todo du-rante el último año y medio- el Paicma fue perdiendo a la ca-mada de técnicos expertos en temas de minas, muchos de los cuales habían incluso tenido capacitaciones en Camboya. La mayoría se fueron por no com-partir las decisiones de Ávila y muchos dejaron del todo los temas de minas.

Solamente entre octubre y noviembre del año pasado, re-nunciaron las tres personas que lideraban los tres temas cen-trales en minas y que seguían a Ávila en jerarquía: el coordina-dor de desminado Pablo Parra, el director de los programas de prevención César Laverde y la encargada de las víctimas de minas Diana Sorzano.

A ellos se les suman todos

los técnicos que se fueron en los dos años anteriores: Ana María Díaz, Verónica Ríos y Angélica Serrato en víctimas, Kathy Paton y María Angélica Jaramillo en desminado, María Elisa Pinto en prevención y María Andrea Leyva, quien es-tructuró el proyecto de coope-ración de la Unión Europea que ha sostenido todo el programa. Es decir, Colón tendrá que llegar a armar equipo técnico.

La restitución de tierras sigue coja por las minas

La restitución de tierras, una de las banderas de Santos, en-contró en las minas un enemigo tan poderoso como los despo-jadores.

Esto porque -como contó La Silla- un número muy alto de solicitudes de restitución está paralizado por estar en zonas con presencia comprobada o sospechada de minas, que ponen en jaque el regreso de las víctimas, la seguridad de los funcionarios de la Unidad de Restitución y el desarrollo económico de esas zonas. De hecho, dada la precariedad de los datos de minas, han descu-bierto nuevas áreas sospecho-sas en sus visitas de campo.

La Unidad que dirige Ricardo Sabogal no ha podido avanzar -pese a que la seguridad ya lo permite- en el Catatumbo, el sur del Tolima y el sur del Meta, to-das zonas con altos índices de despojo y presencia histórica de las Farc y el Eln, los dos grupos que han usado las minas como armas estratégicas de guerra. En otras como Putumayo o Cauca ni la restitución ni el des-minado han avanzado por el conflicto.

En lugares como el Oriente antioqueño, el Paicma y Restitución han priorizado el desminado de zonas que pasarían luego a restitución, aunque todavía hay mucha falta de coordinación entre todas las entidades del Estado involucra-das. De todos modos, quien de-cide si se puede restituir -igual que desminar- sigue siendo el Ejército.

No hay información pública sobre minas

Aunque la información sobre dónde están las minas es bas-tante precaria, sigue siendo el único indicio oficial que tienen muchas veces las comunidades locales en áreas minadas. Por eso muchos en el sector cuestionan la decisión que tomó hace un año y medio el Paicma de retirar de su página web la base de datos donde organizaciones de vícti-mas de minas, alcaldías o líderes de resguardos y consejos comu-nitarios podían consultar con facilidad en qué fechas y lugares se habían registrado accidentes con minas o municiones.

Hoy en día lo único que apa-rece en la página del Paicma son gráficas que indican el número de incidentes en cada muni-cipio por año, sin que sea po-sible filtrarlas por fecha o -más importante aún para las comu-nidades- saber en qué vereda ocurrió.

Con el argumento de que es información de seguridad na-cional, esa información ya no está en línea y cualquier per-sona que quiera consultarla -in-cluidas las ONG de prevención o las organizaciones de víctimas de minas- tiene que pasar un proceso de acreditación.

Oír a los expertos

María Clara Ospina/El Colombiano/18 de marzo de 2015/http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/oir-a-los-expertos-HK151858

Por estos días han visitado a Bogotá toda clase de persona-lidades internacionales que han venido a tomarle el pulso

a las negociaciones de paz en-tre el gobierno y las Farc. Han llegado a ver y oír de primera mano cómo avanza el proce-

so y a ofrecer su ayuda y sus conocimientos para lograr que dichas negociaciones lleguen a buen término, que haya una verdadera reconciliación y la paz que se firme sean duradera, respetuosa de los derechos hu-manos y aceptable para los tri-bunales internacionales.

Creo que es sensato oírlos y tener en cuenta sus expe-riencias y consejos. Sería real-mente absurdo desperdiciarlos. Teniendo en cuenta su profundo conocimiento con lo ocurrido en otras negociaciones, como las de Sierra Leona y Timor, el Premio Nobel de la Paz y exsecretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, luego de participar en Bogotá en un foro organiza-do por la revista Semana, se entrevistó con los negociadores del gobierno y las Farc, en La Habana y advirtió: “un acuerdo de paz debe contemplar justicia para los crímenes cometidos en el conflicto armado, de lo con-trario puede intervenir la Corte

Penal Internacional”.El expresidente de Costa

Rica, Óscar Arias, también pre-mio Nobel y quien fuera el ma-yor artífice de las negociaciones de paz en Centro América, en su reciente visita a la capital co-lombiana fue muy directo y con-ciso en afirmar que para llegar a la paz: “las Farc deben entregar las armas”. Por su parte, Shirini Ebadi y Jody Williams, ganado-ras del Nobel por su activismo en la lucha contra las minas antipersonal y por promover la reconciliación de los pueblos y los derechos de las mujeres, ad-virtieron que es necesario que las Farc reconozcan su respon-sabilidad en crímenes de vio-lencia sexual para que los diálo-gos en La Habana se fortalezcan.

En televisión oímos la entre-vista de Yamid Amat al general salvadoreño Mauricio Ernesto Vargas, quien luego de haber sido comandante del ejército durante la guerra en El Salvador, participó en las negociaciones de paz con el Frente Farabundo Marti y en el seguimiento del posconflicto. El general certera-mente aconsejó: “Si hay paz,

Colombia no puede reducir sus fuerzas armadas”. Según Vargas, el ejército del posconflicto de-berá aumentar su tamaño para poder controlar las zonas que serán despejadas por la gue-rrilla y poder tener una función pacificadora y reconstructora en ellas.

Vale la pena también des-tacar el discurso del senador Navarro Wolf, al celebrar los 25 años de la firma de la Paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero M19, en el cual él militó. Wolf recomendó a las Farc, entre otras cosas, tratar de ganarse a la opinión pública con actos y palabras de buena fe. Cada uno de estos persona-jes nos ha dado valiosos conse-jos. Cada uno desea aportar su grano de arena. Sus recomenda-ciones se basan en la experien-cia invaluable que tienen sobre negociaciones de paz, recono-cimiento de culpas, justicia para criminales en este tipo de con-flicto, reconciliación y poscon-flicto. Oigámoslos. Ojalá las Farc lo hagan y tengan la inteligencia de comprender la importancia de sus consejos.

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6 Anexo abril 2015

Dos Farc, dos momentos de Colombia

Cristina de la Torre/El Espectador/10 de marzo de 2015/http://www.elespectador.com/opinion/dos-farc-dos-momentos-de-colombia-columna-548414

No han pasado las Farc incólumes por nuestra historia: el trán-sito de la dictablanda del Frente Nacional al narcotráfico trastornó también el ADN de esa guerrilla.

Es que en el nuevo escenario aparecieron nuevas razones del conflicto, nuevos actores, nue-vos móviles en sus protagoni-stas. Y hoy cobra todo su vigor la discusión sobre las causas de la guerra. Identificarlas es cami-nar hacia la paz, pues implica señalar las transformaciones que ésta impone. Ya remitan ellas a los años 60 y 70, ya a las tres últimas décadas.

Dos interpretaciones des-cuellan en el informe de los historiadores a la mesa de La Habana. Una sitúa el origen de la contienda en la cerrazón del Frente Nacional que, temiendo a la democracia, habría empu-jado a muchos a empuñar las ar-mas, en medio de la Guerra Fría que enfrentaba a capitalismo y comunismo. Otra no cree que el

conflicto obedeciera al choque de concepciones de sociedad sino al duelo de élites regionales y paramilitares contra guerrille-ros, por hacerse con los recur-sos de poder en la periferia del país. Con cooptación a la brava de la gente por narcotrafican-tes y por guerrillas a la vez, en este frenesí de crimen y violen-cia fue la población civil la que puso casi todos los muertos. Por otra parte, han desenfundado las Farc su argumento fundacio-nal para justificar el alzamiento armado: el legítimo derecho de rebelión contra el tirano; con-tra un Estado terrorista, dicen, al servicio de la oligarquía y del imperialismo norteamericano.

Pero, ya lo decíamos, las Farc de hoy no son las de ayer. Ni las circunstancias son las mismas. Ni podrá entonces su discurso ser unívoco. La Colombia del Frente Nacional que vio nacer a las Farc en 1964 no podía asimi-larse a dictaduras latinoameri-

canas que bien merecían aquel señalamiento. Aunque el grupo guerrillero —y otros más— sí era denuncia viviente de un ré-gimen que excluía de la política legal a fuerzas distintas de las tradicionales; que abusaba del estado de excepción para cer-cenar libertades y criminalizar al movimiento popular, que preservaba la injusticia esencial del modelo social y económico. Pero estaba lejos de ejercer te-rrorismo de Estado. Tampoco representaban las Farc van-guardia alguna de levantamien-to popular, por más que la pepa de su programa fuera la lucha centenaria por la tierra. Otras son las Farc que desde los años 80 se reinventaron al calor del narcotráfico, se entregaron a la guerra sucia y, en su disputa con ‘narcos’ y ‘paras’ por el poder regional, violentaron a los civi-les inermes. Así, en su segunda etapa, pareció el ideal político del grupo armado desaparecer

tras la nube negra del crimen, para disiparse sólo ahora con su disposición a la paz y sus acuer-dos de reforma.

El Frente Nacional no fue un bloque homogéneo. Mucho dice que un reformador como Carlos Lleras se midiera con la ca-verna, precisamente en aquellos tiempos. Así resultara su pro-puesta agraria derrotada por la misma derecha ventajosa y violenta que abatió en su hora la de López Pumarejo. La misma que vocifera hoy contra la paz porque ella dizque amenaza su ubérrima -¿robada?- propiedad privada. Lecciones deja Lleras

que bien podrían retomarse con beneficio de inventario. Y no sólo en materia agraria, tam-bién en perspectiva de indus-trialización como estrategia orientada desde el Estado.

El elemento que da solución de continuidad a los dos esta-dios descritos es el anhelo de una reforma rural. Está pactada. También lo está la apertura de la democracia a todas las tenden-cias políticas, tan tacaña que lo fuera en el FN. Y el compromiso de las Farc de renunciar al narco-tráfico, combustible del horror en estos 30 años. Nunca hubo tantas razones para la esperanza.

Sorpresas que da la vidaAutor: Plinio Apuleyo MendozaPublicado en: El TiempoFecha: 9 de abril de 2015http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/sorpresas-que-da-la-vida-plinio-apuleyo-mendoza-columnista-el-tiempo/15544361

Nunca llegué a imaginar que mi pasada columna desatara las iras del presidente Santos. Solo me proponía con ella mostrar algunas de las exigencias que en La Habana están formulando las Farc. No son un secreto, pues sus comandantes las lanzan a los cuatro vientos ante cámaras de televisión y redes sociales. Dos de ellas parecen tener luz verde: la desactivación de las armas, pero no su entrega, y el no pago de cárcel para las Farc. De hecho, el propio fiscal Montealegre acepta este punto como algo propio de una justicia transicio-nal. No sabemos lo que va a pa-sar con las restantes exigencias.

Ahora bien, el ‘vaciadón’ que me pegó el presidente Santos, según palabras de Poncho Rentería, tiene dos explica-ciones. Por una parte, nuestro Primer Mandatario no parece perdonarle hoy a un columnis-ta expresar dudas e inquie-tudes sobre el proceso de paz. Las califica de ‘panfletos’. Por otra, de manera equivocada, da por sentado que uno lo está acusando de aceptar exigencias de las Farc, tales como la reduc-ción del Ejército. Pero no es así. Justamente, las he llamado callejones sin salida porque re-sulta difícil que el Gobierno las acepte.

Enardecido por lo que debió interpretar como una embes-tida contra su proceso de paz,

además de las dudas que me permití expresar en torno a la ausencia en La Habana del ge-neral Mora, el Presidente llegó al extremo de asegurar ante las cámaras que yo había dejado de ser partidario suyo porque me canceló un contrato. Supongo que esto suele ocurrir en el mundo político, donde él se mueve, cuando a un partidario suyo le quita de pronto la ‘mer-melada’. Por fortuna, como soy completamente ajeno a tales prácticas, ese no es mi caso.

Sí, es cierto, fui un entusiasta partidario suyo. Voté por él. Lo veía como el mejor sucesor de Uribe y el más fiel continua-dor de su política de seguridad democrática. Pero, como to-dos hemos visto, no fue así. Su inesperado viraje se hizo visi-ble cuando le tendió la mano a Chávez. Más tarde, sus prome-sas incumplidas, el reparto de prebendas y otros giros simi-lares de su gobierno me movie-ron a expresar críticas en mi columna. En suma, no dejé de ser santista por la cancelación de un contrato, sino por una decepción compartida con mi-llones de colombianos.

A propósito, ¿cómo y por qué surgió tal contrato? Vale la pena que se sepa. Lo convini-mos con el expresidente Uribe cuando renuncié a la embajada en Portugal. Allí, empeñado en combatir los infundios que cier-

tas ONG en Europa difundían en los medios de comunicación, logré hacer un minucioso regis-tro de los periodistas europeos que cubrían la información in-ternacional para divulgar en-tre ellos reportes y publicacio-nes en español, inglés, francés, alemán e italiano sobre lo que realmente estaba sucediendo en Colombia. El Presidente de-cidió entonces que prosiguiera esta tarea, ya de manera inde-pendiente. Y así lo hice.

Logré interesar a una pro-ductora española para que rea-lizáramos un documental so-bre el terrorismo que padecía Colombia por culpa de las Farc. Recuerdo que varias veces visité a Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, para obtener videos e informes incautados a la guerrilla, así como pruebas de sus accio-nes terroristas que me había propuesto difundir en Europa. No me extrañó entonces que Santos, recién elegido, me diera su aprobación para que estas operaciones informativas pro-siguieran en su gobierno.De ahí que no entendiera por qué el Presidente lo calificara como contrato indebido. Esta colérica reacción suya contrasta con la de Humberto de la Calle, cuando decidió responder en este mismo diario a mis inquietudes confesando que le daba gusto debatir con altura distintas posiciones frente al proceso de paz. El presidente Santos, en cambio, prefirió sustituir esta opción por la de un feroz látigo verbal. Realmente no me lo esperaba. Sorpresas que da la vida.

El destape de PlinioAutor: William Calderón ZuluagaPublicado en: noticiassuper.comFecha: 14 de abril de 2015http://www.noticiassuper.com/entretenimiento/el-destape-de-plinio.html

El Tiempo del 9 de abril prendió las alarmas con el despliegue de página dado a Plinio Apuleyo Mendoza, uno de los más con-tumaces críticos de la adminis-tración del camarada ‘Juampa’. El escritor y periodista, que no tiene pelos en la lengua y llama pan al pan y vino al vino, dijo que Santos y las Farc estaban de la mano, pretendiendo imponer para Colombia un nuevo mode-lo político, económico y social: ¿”Quién iba imaginar que todas estas ilusiones se desvanecerían y que hoy en día el viejo mito que había naufragado en Europa apa-recería en nuestro continente con un ropaje nuevo: el llamado Socialismo del Siglo XXI”.Así profundiza Plinio“El neo comunismo se impuso con apoyo de Cuba en Venezuela y se extendió a países como Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Intentó imponerse en México y Perú; ha influido sin duda per-niciosamente en Argentina, co-quetea en Uruguay y comienza a tener una preocupante proyec-ción en Colombia por lo que pue-den significar las aspiraciones que albergan las Farc cuando se conviertan en partido político”. (Texto tomado de El Tiempo del jueves 9 de abril de 2015, pá-gina 17). Mejor dicho, ‘Juampa’ --fiel a la memoria del padre Camilo Torres Restrepo su men-tor espiritual y político-- lleva a Colombia al Comunismo.El destape II (el de los patriarcas)

En esa misma edición del diario de la Avenida El Dorado apare-ció la extensa carta de los hijos de los ex presidentes Laureano Gómez, Mariano Ospina y Guillermo León Valencia, docu-mento del que se ocupó el co-lumnista Antonio Caballero en la última entrega de la Revista Semana, que dirige el sobrino del presidente ‘Juampa’, Alejandro Santos. Según Caballero Escobar, llaman ladrones a Santos y sus secuaces, además de innobles, ineptos, corruptos, tramposos, asaltantes con las manos vicia-das hendidas en un pantano de impura mediocridad, de viscosa podredumbre. Los acusan de “fa-ruates”, lo cual según el propio don Antonio suena tremendo.El destape III (el de Vallejo) El escritor Fernando Vallejo, en la semana cultural por la paz de Colombia, fue el más ácido crítico de la voltereta ideológica del presidente ‘Juampa’. Ante un auditorio conformado en su mayoría por amigos del alcalde Gustavo Petro, el nuevo mejor amigo de Santos, Vallejo sacó una especie de escopeta de re-gadera verbal y con Alfredo Molano a su lado, no ahorró epítetos para descalificar a Santos y a sus camaradas, los de las Farc. Lo más particular del caso es que sea la Revista Semana la que en su versión digital dé a conocer el docu-mento y lo acompañe con un video que desde La Barca les re-comendamos.

7Edición 548

Iván Márquez ante su propia impotencia

Eduardo Mackenzie/www.periodismosinfronteras/30 de marzo de 2015/http://www.periodismosinfronteras.org/ivan-marquez-ante-su-propia-impotencia.html

Las Farc no están dispuestas a hacer la paz. No lo han estado nunca. Ellas dicen eso una y otra vez, en su estilo peculiar: de manera brutal o de manera sinuosa, según sea su interlocutor, según sea el momento político. Lo dicen pero no les creemos, o no comprendemos. Entonces ellas vuelven a decirlo. Y no-sotros volvemos a interpretar las cosas al revés y validamos de nuevo cada paso hacia el desmonte del Estado, y a favor de la narco-guerrilla. Ese es el proceso aberrante que vivimos desde hace cuatro años. Eso es lo que la propaganda de Santos llama proceso de paz.

Lo que ‘Iván Márquez’ dijo hace unos días en La Habana a un periodista argentino (1) es, de nuevo, lo mismo: que las Farc no están allá para nego-ciar la paz. Carlos Aznares le preguntó si “las Farc de hoy” luchan “por la toma del poder y por la construcción del so-cialismo” como en los tiempos de ‘Tirofijo’. La respuesta de Márquez fue muy reveladora: “Si, estamos tratando de avan-zar a un estadio que nos per-mita seguir desarrollando esa lucha en condiciones mejores, pero nuestro propósito es el socialismo. De eso no debe caber ni la menor duda. Porque sabemos que ese es el sistema que nos va a dar verdadera de-mocracia, justicia social, una paz estable y duradera y nos va a dar soberanía y dignidad. Porque el socialismo es hu-manidad”.

‘Iván Márquez’ al decir eso piensa quizá en Cuba y en la difunda URSS y sus respec-tivos socialismos humanistas. Pues está convencido de que la

abolición de las libertades es el proyecto más humanitario que haya conocido el universo. Eso cree él. Pero no las mayorías de Colombia.

En seguida, ‘Márquez’ barrió de un manotazo todo lo que el gobierno de Santos ha impul-sado en esos diálogos tratando de dar la impresión de que en Cuba las dos partes están en un pulso tremendo para llegar a un acuerdo. Oigamos de nuevo a ‘Iván Márquez’: “Nosotros desconocemos plenamente el marco jurídico [para la paz] y la justicia transicional que el go-bierno colombiano ha tratado de sacar adelante ante las cortes y ante el mismo Congreso de la República. Nosotros decimos que se está violando de esta manera el acuerdo general de La Habana que ha colocado a las dos partes en el mismo plano de igualdad”.

Después, ‘Iván Márquez’ sacó el refrito amenazante de que en Colombia todos somos cul-pables, salvo las Farc, y que por eso todos, desde los presiden-tes en vida, hasta los “actores responsables no armados”, de-ben ir a la cárcel, antes de que se firme la paz. Antes, claro, de que un solo guerrillero de las Farc ponga un pié en ese mismo lugar. Lo dice así: “Ahora nos dicen que es imposible en es-tos tiempos evadir, digamos, la Corte Penal Internacional. La presentan como un superpoder que lo arropa todo en el mundo. Pero es que la CPI no conoce el conflicto colombiano, no sabe qué es Latinoamérica, qué so-mos los latinoamericanos. A los militares que están frente a nosotros, el General Mora y el General Naranjo, le hemos di-

cho con relación a este asunto que para las Farc este tema de los máximos responsables trasciende las comandancias de las distintas fuerzas y toca directamente el Palacio de Nariño que es donde están los determinadores, los autores detrás del autor”.

Esos autores son: “los presi-dentes, los ministros como res-ponsables máximos, los parti-dos políticos, los terratenien-tes”. Para el jefe comunista, los responsables no son los acto-res armados: “Hay actores res-ponsables no armados, y como dijo hace poco el expresidente César Gaviria Trujillo, tienen que responder también. Para que ocurra un cese judicial de-finitivo [dicen] que es necesario que los jefes guerrilleros se va-yan a la cárcel, pero no nos men-cionan para nada a los respon-sables desde el Estado. ¿Dónde están los presidentes?”.

El jefe terrorista estima que “las responsabilidades son co-lectivas” y que el propio presi-dente Santos “ha reconocido que el Estado es responsable por ac-ción y por omisión”. Conclusión: “el Estado es la máxima instan-cia de imputación (…) es el má-ximo responsable”. E insiste en la impunidad total: “Nosotros decimos: para los guerrilleros cero cárcel, porque nosotros no hemos venido aquí a que nos metan presos”.

¿Qué diablos están haciendo entonces los jefes farianos y los enviados de Santos en La Habana? ‘Iván Márquez’ lo ha, por fin, revelado: negocian-do las mejores condiciones para imponer el socialismo en Colombia, un totalitarismo hu-manitario que será dirigido por

las Farc. Ese es el secreto bien guardado de la negociación de paz. Santos no ha desmentido la frase de ‘Márquez’. Y esa ope-ración absurda sigue en Cuba, a espaldas de los colombianos. Por eso el presidente Santos quiere que nadie se meta en esa discusión. Por eso persigue al Centro Democrático y por eso quiere imponerle una morda-za al procurador Alejandro Ordoñez. Por eso dice que la presencia del general Mora en La Habana “ahora es menos necesaria”.

En La Habana no hay, pues, perspectivas de paz, ni de ne-gociación, ni reducción del con-flicto. Y no solo por las razones que da Iván Márquez. Hay otra razón de mucho peso: porque ‘Timochenko’ y sus hombres no tienen el permiso de sus jefes más altos para hacer la paz en Colombia.

Lo de La Habana se da en un contexto mundial y éste prima sobre lo local. Las Farc son un instrumento de varios po-deres que están jugando duro para cambiar la actual relación de fuerzas internacional. El proyecto anticapitalista de Cuba y de sus gobiernos satélites lati-noamericanos cuenta con el daño que puedan hacer las Farc a la democracia colombiana para cambiarle la cara al conti-nente. Unas Farc integradas al juego democrático colombiano es lo peor que podría ocurrirle a Cuba y al eje anti Estados Unidos que está montando la Rusia de Putin.

Las Farc no son libres. Al revelar que la acción en La Habana es para “avanzar a un estadio que nos permita seguir desarrollando la lucha por el

socialismo en condiciones me-jores”, ‘Iván Márquez’ exhibe su propia impotencia: no están au-torizados para negociar la paz, ni para abandonar las armas ni para embarcarse en una lucha exclusivamente política.

Están allí para empujar a Colombia al bloque de países de democracia popular que Cuba y Venezuela tratan de eri-gir sobre las ruinas del sistema liberal latinoamericano. Las negociaciones de paz en La Habana están para eso y están dando excelentes resultados: Colombia perdió ya su liber-tad diplomática ante la mano de hierro de Unasur; ya perdió su posibilidad de extraditar a los narco-guerrilleros, ya co-menzó a desmantelar sus fuer-zas armadas (las parálisis de la Fuerza Aérea es un primer paso) y a cambiar de doctrina militar; ya ha aceptado la con-formación de un sistema social y político distinto para la época de posconflicto (los acuerdos de junio de 2014). La crisis institu-cional, sobre todo judicial, que vive Colombia, es otro resultado de esa evolución. La lista de es-tragos es larga.

Las Farc quieren que las ne-gociaciones duren varios años.

Entre más dure eso, más des-monte del Estado lograrán y más tensión social habrá en el país. Es lo que necesitan los poderes que han invertido millones, du-rante décadas, en el proyecto Farc para sacar a Colombia de la esfera democrática.

Sería bueno que entendiéra-mos eso. No entender eso es se-guir en la beatería actual, en la que los golpes contra el país los vemos como avances del pro-ceso de paz.

La paz está difícil

Álvaro Sierra Restrepo/El Tiempo/13 de marzo de 2015/http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-paz-esta-dificil-alvaro-sierra-restrepo-columnista-el-tiempo/15387458

Muchos están entusiasmados con los anuncios recientes de la paz.¡Militares y guerrilleros des-minando juntos! Parece cien-cia ficción, pero es cierto. ¡Cese temporal de bombardeos con-tra las Farc! Salvo quienes creen que los Super Tucanos son in-dispensables para combatir la extorsión, casi todos asumen que es el paso lógico después de tres meses de ‘juicio’ de las Farc con su cese unilateral de accio-nes militares (que no de hostili-dades, como la extorsión).

El anuncio presidencial de redoblar el combate contra las llamadas bandas criminales co-

incide a la letra con una cláusula del punto 3 de la agenda de La Habana, que justo empezaron a discutir comandantes milita-res y guerrilleros: “el Gobierno Nacional intensificará el com-bate para acabar con las or-ganizaciones criminales y sus redes de apoyo”. Y las Farc no han dicho esta boca es mía por la muerte en combate (no en bombardeo) del jefe del frente 57, José David Suárez, ‘Becerro’, el hombre más importante que les han matado los militares en mucho tiempo.

Hasta la negativa del Presidente de extraditar al jefe paramilitar ‘Julián Bolívar’ se

interpretó como otro gesto para tranquilizar a las Farc. Y qué tal la Comisión de Paz con Pastrana a bordo y el Procurador llaman-do al expresidente Uribe a entrar.

En fin. Parece como si se api-laran los anuncios que indican que la paz marcha al galope ha-cia feliz final y pronto cese bi-lateral.

Grave error. La paz está en su momento más difícil.

Porque llegó la hora de la ver-dad. Y les llegó a todos.

Las Farc enfrentan una decisión existencial. ¿Van a aceptar que son rebeldes que co-metieron crímenes imper-donables o persistirán, como

‘Iván Márquez’ ante el parla-mento británico, en que no se les puede aplicar la justicia transicional, sino una ‘justicia especial’ que les dé amnistía porque nunca atacaron delibe-radamente a la población civil? Dicen que se puede empezar a redactar el acuerdo sobre víc-timas. Pero mientras se empe-ñen en negar que, por justa que crean su causa, para cumplirla llenaron ejemplarmente cada ítem del artículo 8 del Estatuto de Roma (crímenes de guerra) y varios del artículo 7 (crímenes contra la humanidad), no solo el acuerdo sobre víctimas, sino un avance sustancial del proceso son imposibles.

Al Estado también le llegó la hora. Para avanzar en la nego-ciación, habrá que empezar a hablar de responsabilidad insti-tucional. Y de graves crímenes,

no solo por acción, sino por omisión: cuando se tiene la obli-gación de proteger, mirar para otro lado cuando los paramilita-res iban a cometer una masacre es tan grave como cometerla (y, por lo que se sabe, no solo ‘omi-tieron’, sino que ‘hicieron’ miles de veces. Y no solo ellos).

De este lado hay la misma resistencia a rendir cuentas que del otro. Las investigacio-nes sobre ‘falsos positivos’, que apuntaban a varios generales, languidecen en la Fiscalía. Salvo los ya presos, el estamento mili-tar luce más inclinado a insistir en los tres proyectos que nave-gan raudos en el Congreso para blindarlo (ampliación del fuero, tribunal especial para revisar todos los casos y reforma de la justicia militar), que en echarse a la piscina de la justicia transi-cional.

8 Anexo abril 2015

Gaviria y la guerrilla

Rafael Nieto Loaiza/El País/4 de abril de 2015/http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/rafael-nieto-loaiza/gaviria-y-guerrilla

Fue mi profesor en la especiali-zación en derecho constitucio-nal en la Universidad Javeriana. En clase, las discrepancias fueron muchas, pero siempre respetuosas. Al final del curso me dio la máxima calificación, aunque mi ensayo construía una argumentación abierta y absolutamente contraria a la suya en materia del alcance de los derechos de las poblaciones indígenas. Ese era su talante.

Así que esta columna se es-cribe desde el respeto al maes-tro. Las críticas que aquí expre-so no son contra él, sino contra algunas de sus ideas que, creo, tanto mal han hecho en nuestro país. En particular una, aquella en la cual defendía el “crimen altruista”, el delito cometido por quien se levanta en armas con-tra el Estado, y su tratamiento benevolente. Si bien es una tradición propia del derecho colombiano, que desde siem-pre ha establecido la figura del tratamiento preferencial para el delito político y la posibilidad de amnistías e indultos para quienes los cometen, Gaviria fue mucho más allá.

En efecto, en su salvamento

de voto en la sentencia C-456 de 1977 el entonces magistrado defendió que los homicidios y otros delitos cometidos por la guerrilla en combate no fueran penados. En su lógica, asesinar policías o soldados en combate era de la naturaleza de quien combatía contra el Estado y esos delitos debían quedar subsumi-dos bajo el delito de rebelión. Por cierto, buena parte de su ar-gumentación se basaba en una interpretación equivocada del derecho internacional humani-tario, interpretación que olvida que el DIH de los conflictos no internacionales establece de manera expresa que “no podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con ob-jeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabili-dad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de de-fender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos”. Gaviria cometía otro gravísimo error jurídico: confundía el combatiente típico de los con-flictos armados internaciona-les, con el rebelde del derecho

interno, y pretendía para los rebeldes el tratamiento de los combatientes: “en el contexto del derecho interno, el rebelde es homólogo del combatiente”, dijo. No es poca cosa: a los com-batientes los estados que los capturan no pueden investigar-los, juzgarlos o condenarlos. En otras palabras, al final Gaviria pretendía que a los guerrilleros el Estado no los juzgara ni con-denara. Es el mismo tratamiento de “prisioneros de guerra” que siempre ha buscado la guerrilla.

Más adelante, ya en su pa-pel de candidato presidencial (no me cansaré de señalar los problemas de legitimidad y el daño a la credibilidad de la Constitucional que se generan cuando los magistrados de esa Corte saltan de sus cargos a la política y hacen campaña con la sentencia en la mano), Gaviria fue incluso más allá. Como bien recuerda Eduardo Mackenzie, en un debate televisivo con Luis Carlos Restrepo sostuvo que “el delincuente político ni siquiera es delincuente, es un hombre equivocado que en el uso de las armas perdió, y si hubiera ga-nado no sería delincuente sino

gobernante”.La tesis que Gaviria defendía

ha tenido un costo terrible para nuestra sociedad. Con base en ella, los guerrilleros, esos hombres equivocados que “ni siquiera son delincuen-tes”, se han sentido legitima-dos para asesinar, secuestrar, extorsionar, reclutar menores y abusar sexualmente de ellos, poner bombas y acudir al te-rrorismo, y cometer toda clase de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Si no se toman el

poder, creen que igual todo les debe ser perdonado. No se trata solo de que el fin no justifica los medios y que el Estado debe perseguir y sancionar a quien acude a medios ilícitos, al cri-men, sea cual sea su propósito. No, es más: en una democracia no hay justificación política al-guna para matar y matar por razones políticas es tanto o más condenable que hacerlo por cualquier otro motivo. Si no lo aprendemos, no habrá proceso de paz que valga ni que sirva.

Si eso fuera verdad, en aras de la discusión, el general Mora lo sabría y no andaría tan sonriente

¿Se negociará al Ejército?

María Isabel Rueda/El Tiempo/5 de abril de 2015/http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/se-negociara-al-ejercito-maria-isabel-rueda-columnistas-el-tiempo/15517398

Esta semana, el Gobierno puso al general Jorge Enrique Mora a reírse mucho –cuando él nun-ca se ríe– y a soplar velitas de cumpleaños. Esas dos cosas tan forzadas buscaban convencer a la opinión de que las relaciones Mora-Santos van divinamente, y de que su papel en la nego-ciación de La Habana sigue vi-gente, así por ahora ya no arrime por allá.

Pero que Mora no haya vuel-to a la mesa –el general Óscar Naranjo tampoco, pero por razones distintas– ahonda la crisis de credibilidad sobre la agenda que se está discutiendo con las Farc, que los enemigos del Gobierno condimentan con inexactitudes para sacarle la piedra al Presidente –lo cual últimamente se ha vuelto muy fácil– y poner nerviosos a los colombianos.

Una de las cosas que más oí-mos es que en La Habana se está negociando la disminución del presupuesto y del tamaño de nuestras Fuerzas Militares. Si eso fuera verdad, en aras de la

discusión, el general Mora lo sa-bría y no andaría tan sonriente. El Presidente lo ha desmentido en múltiples ocasiones, para no decir que casi todos los días (“¿en qué idioma quieren que hable?”).

Pero las Farc se han encar-gado de que parezca cierto. Se la pasan recordándonos que el tema forma parte de los “pen-dientes” que no se han discutido y que deberán discutirse, o no firmarán el acuerdo de paz.

¿Y por qué hablamos de que el tema ha quedado pendiente, si no figura en ningún punto de la agenda oficial que se dis-cute en la mesa? Porque, hábil-mente, las Farc vienen desdo-blando esa agenda. En tres de los cinco puntos que ya se han discutido, ha quedado una lista de “pendientes” a los que las Farc pretenden regresar. En esa lista figuran 28 temas, según asegura desde el uribismo el senador Alfredo Rangel, inclu-yendo cosas tan exóticas como revisar los TLC que ha firmado Colombia, renegociar las con-

cesiones minero-energéticas y una eventual participación de las Farc en sus utilidades.

Al lado de esas cosas, que, es-toy segura, el Gobierno no dis-cutirá jamás con las Farc, existen otros “pendientes” por los que, en cambio, es muy factible que volverán a pasar los negociado-res. Entre ellos, la extensión de las zonas de reserva campesina (las Farc piden 9,5 millones de hectáreas) y su autonomía judi-cial, política, ambiental, admi-nistrativa y fiscal; la concreción de la política antinarcóticos y los límites a la propiedad de la tierra (la existencia de latifun-dios localizados en las zonas más productivas del país); así como la cifra mensual o anual con la que contribuirá el Estado para la manutención de los des-movilizados y su acceso a edu-cación y a fuentes de trabajo, por solo mencionar algunos de los “pendientes”.

¿En qué calidad está el “pen-diente” de las Fuerzas Militares? ¿En el rango de discutible, o en el de no discutible? En esto

prefiero creerle ciegamente al Presidente: en el de no dis-cutible. Así le toque repetirlo todos los días y en todos los idiomas, el futuro de nuestro Ejército no puede ser, y por lo tanto no será, objeto de nego-ciación en La Habana.

Para que eso no ofrezca duda alguna es por lo que Mora debe regresar a La Habana. Y ya se está haciendo tarde para que el Gobierno vaya montando una mesa especial con los militares que comience a discutir, pre-cisamente para no hacerlo en La Habana, cómo será la aplicación de la justicia alternativa para ellos, porque si algo no van a permitir (doctrina Mora) es que se les dé un tratamiento judicial equivalente al de la guerrilla.

Al tema de la reducción del tamaño del Ejército o del presu-

puesto de las Fuerzas Armadas no le veo ningún futuro, mien-tras exista Maduro y eventual-mente tenga que recurrir a una locura militar para no caerse, y mientras el posconflicto se de-sarrolle con todos los peligros de derivar en delincuencia or-ganizada que promete este pro-ceso de paz, al igual que pasó con la desmovilización de los paramilitares.

Considerar alguno de esos dos puntos sería un suicidio peor que el del piloto del avión de Germanwings, porque lle-varía a pique a millones de co-lombianos desconcertados.

Entre tanto... Palabras del papa Francisco que son ejemplo para el presidente Santos: “El fu-turo de la unidad de la Iglesia es caminar unidos en las diferen-cias”. Lo mismo que el del país.

foto: hsbnoticias.comFoto: caracol.com

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9Edición 548

Comisión de alto nivel ya diseña justicia transicional de uniformadosTambién se anunció desde La Habana que el desminado comenzará en Antioquia y Meta.

Autor: Política/El Tiempo/27 de marzo de 2015/http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/crean-grupo-para-justicia-transicional-de-militares-y-policias/15474555

El jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, anunció este viernes que ya hay una comisión del más alto nivel diseñando el me-canismo de justicia transicional que se les aplicará a los miem-bros de las Fuerzas Armadas y de Policía en un escenario de posconflicto.

Este no es un tema menor, pues se trata de establecer cuáles serán las medidas jurídi-cas a las que podrán acceder los uniformados que tengan algún

tipo de responsabilidad en deli-tos cometidos en el marco del conflicto armado.

Pero, por supuesto, no se les puede aplicar el mismo marco que a los miembros de las Farc, ya que la Fuerza Pública es es-tatal y constitucionalmente con-formada. Esta diferenciación, de hecho, ya está establecida en el Marco Jurídico para la Paz.

“Un grupo conformado por delegados de los ministerios de Defensa y de Justicia, el Comando de Transición de las

Fuerzas Militares, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y expertos nacionales e interna-cionales han venido trabajando con toda seriedad y compro-miso en propuestas para la aplicación diferenciada de me-canismos de justicia transicio-nal para militares y policías”, precisó De la Calle.

Esta declaración se da al término de un nuevo ciclo de conversaciones en la mesa de La Habana y está cargada de significado, porque se produce

en momentos en que el propio presidente Juan Manuel Santos asumió el liderato de jornadas pedagógicas de paz en los cuar-teles militares, para disipar cual-quier duda frente a su futuro.

“No pueden terminar gue-rrilleros en el Congreso y la política y militares en la cárcel”, enfatizó este viernes De la Calle, quien añadió: “Si llegamos a un acuerdo final para la terminación del conflicto, este tiene que in-cluir una solución integral que ofrezca garantías de seguridad

jurídica para todos y permita la satisfacción de los derechos de las víctimas de todas las partes en el conflicto”.

De otro lado, el jefe de la de-legación de paz también anun-ció que se logró un acuerdo con la guerrilla para que el desmina-do humanitario se comience en los departamentos de Antioquia y Meta.

“La realidad de este acuerdo es que está caminando y a la vuelta de la esquina”, puntualizó De la Calle.

Procurador cuestionó la decisión del Gobierno de excluir a los generales Mora Rangel y Naranjo afecta la transparencia del proceso ante las Fuerzas Militares.

Proceso de paz

Autor: Judicial/El Espectador/27 de marzo de 2015/http://www.elespectador.com/noticias/judicial/procurador-cuestiono-exclusion-de-generales-retiro-del-articulo-551759

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, presentó varios cuestionamien-tos a la exclusión de los gene-rales en retiro Óscar Naranjo y Jorge Enrique Mora Rangel de la mesa de negociación en el ini-cio del nuevo ciclo del proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).

El jefe del Ministerio Público se declaró “perplejo” frente a

la decisión del presidente de la República, Juan Manuel Santos ante lo que consideró un nuevo viraje dentro de las negociacio-nes que ya cumplen dos años. Para Ordóñez, el Gobierno ase-guró que este tipo de decisiones generan desconfianza den la opinión pública.

Recordó además que al inicio de los diálogos, el jefe de Estado se comprometió ante las Fuerzas Militares que los dos oficiales en

retiro iban a ser su garantía en el marco de las negociaciones, hecho pidió que se aclare si su exclusión es solamente por este ciclo o si es de manera definitiva.

En este sentido aseguró que la exclusión de los dos oficiales no contó con una justificación

suficiente, por lo que este tipo de decisiones afecta la transparen-cia del proceso ante las Fuerzas Militares y la ciudadanía en ge-neral, más aún cuando se negocia el tema de la justicia con dicho grupo guerrillero en el proceso que ya cumplió dos años.

“Al procurador Ordóñez Maldonado le preocupa que los retiros de los altos oficiales se den precisamente cuando en La Habana las FARC pretenden que se negocie la estructura y doc-trina de las Fuerzas Militares, situación que debe ser atendida directamente por los plenipoten-ciarios allí presentes”, precisa uno de los apartes del comunicado.

Finalmente reiteró que con-tinuará haciendo las observacio-nes que considere pertinentes frente a los acuerdos firmados en La Habana para que se respe-ten los derechos de las víctimas con “el propósito de construir un Pacto para la Paz que blinde ju-rídica y políticamente el proceso para lograr una paz bien hecha, sin impunidad y sostenible”.

‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’,

absueltos por reclutamiento de menores

Autor: Judicial/El Colombiano, Medellín/23 de abril de 2015/http://www.elcolombiano.com/csj-ratifico-absolucion-de-alias-timochenko-e-ivan-marquez-por-reclutamiento-de-menores-en-medellin-CM1781422

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución y rechazó la de-manda que se había hecho por la Fiscalía General de la Nación en contra de Rodrigo León Echeverry, alias ‘Timochenko’, máximo líder de las Farc y Luciano Arango, alias ‘Iván Márquez’ por el presunto delito de reclutamiento ilícito

de menores de edad, en casos ocurridos en Medellín.

El alto tribunal ratificó la de-cisión del Tribunal Superior de Medellín que la que se había librado de responsabilidad a estas dos personas por el su-puesto reclutamiento de cuatro menores de edad en territorio antioqueño por parte del Frente Noveno de las Farc que busca-

ban integrarlos a las milicias ur-banas de la guerrilla.

“Se absolvió a los procesados del delito objeto de acusación, al aplicar el principio de reso-lución de duda en su favor ante los vacíos probatorios al no haberse esclarecido quienes, cómo, y dónde habían recluta-dos los menores”, señaló la reso-lución de la sentencia.

foto: blogs.eltiempo.com

foto: noticiasunolaredindependiente.com

10 Anexo abril 2015

Mentirosos de pura cepa

María Clara Ospina/El Colombiano, Medellín/22 de abril de 2015/http://www.elcolombiano.com/mentirosos-de-pura-cepa-HA1763018

Los cabecillas de las Farc, como siempre mentirosos, han in-cumplido su palabra una vez más, como lo han hecho por más de cincuenta años y los co-lombianos somos tan ilusos que aún nos sorprendemos.

En diciembre, con gran cobe-rtura de los medios que les hacen juego, anunciaron un cese unilateral e indefinido del fuego. Realmente nunca lo cum-plieron. Los ataques contra el ejército continuaron y los muer-tos aumentaron. Eso se venía diciendo desde un comienzo, pero a quienes lo denunciaban se les tildaba de enemigos de la paz.

Hoy, luego del asesinato de 10 soldados mientras descan-saban en la noche, en Buenos Aires, Cauca, toda Colombia ha comprobado con dolor y cons-ternación hasta qué punto estos narcotraficantes que se pre-sentan como unos salvadores del pueblo son cínicos y men-tirosos.

Yo quisiera saber qué respues-ta les tienen a los padres, a las

esposas, a los hijos de los solda-dos muertos. Qué excusa les van a dar a los 19 soldados heridos. Con qué mentira van a enfrentar a los campesinos, a los obreros, al pueblo, a los colombianos que habían puesto su confianza en la famosa tregua.

Estos son los asesinos a los que se les va a dar una amnistía total. Los que no van a pagar ni un día de cárcel por sus mise-rables crímenes, por lo que han hecho a Colombia durante estas desgraciadas décadas de guerra.

Son los mismos que no se han cansado en La Habana de decir que no tienen nada por qué pe-dir perdón. Los mismos que no hacen más que repetir que la culpa de lo ocurrido es de todos los colombianos. ¡Que todos los colombianos somos culpables! Y lo peor es que hay algunos que son tan idiotas que están dis-puestos a comerse ese cuento.

Estos hombres, que no han hecho más que aterrorizar, subyugar y matar campesinos, llevarse a sus hijos e hijas a

servir a la guerrilla, arrasar sus tierras y sus pueblos causando el desplazamiento más grande de nuestra historia, estos hom-bres son los mismos que hoy en La Habana se hacen pasar como liberadores de las gentes del campo. Mitómanos astutos. ¡Mentirosos de pura cepa es lo que son! Y lo peor es que algu-nos colombianos ¡todavía les creen! ¿Hasta cuándo les van a creer? Por lo visto hasta que acaben con el país.

Que este miserable ataque sirva para abrirnos bien los ojos. Que la muerte y las heridas de cada uno de estos valerosos soldados nos recuerde la cali-dad de asesinos con los que se está negociando. Que el sacri-ficio de estos militares sea un trompetazo de alarma. Porque la verdad es que cada vez más, durante estas negociaciones pa-rece que a los colombianos de buena voluntad nos están lle-vando al matadero como man-sos corderos.

Quiero manifestar mi más

sentido pésame a todos los fa-miliares de los militares muer-tos en este ataque y a todos los que han muerto a manos de las Farc, en especial a aquellos

que han caído después de la mentirosa tregua anunciada en diciembre. ¡Cómo nos duele su muerte! El corazón de Colombia está con ustedes.

'Las Farc deberán responder por muerte de los once militares': Fiscal

Eduardo Montealegre también afirmó que se determinará si este acto constituye un crimen de guerra.

Autor: Justicia/El Tiempo/16 de abril de 2015/http://www.eltiempo.com/politica/justicia/opinion-del-fiscal-general-de-la-nacion-por-muerte-de-11-militares/15579424

El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, declaró que las Farc deberán responder por la muerte de los once milita-res en el Cauca.Por estos hechos, aseguró, la Fiscalía está adelantando inves-tigaciones en las que se deter-minará si el hecho “constituye un homicidio en persona pro-tegida u otro crimen de guerra”.

Según el Fiscal, en estas cir-cunstancias se presentó una “emboscada a los militares mientras estos descansaban” y por ello este caso se trataría de una infracción al Derecho Internacional Humanitario, puesto que por las condiciones, los soldados gozaban de estatus de persona protegida.

Además, condenó la acción de la guerrilla puesto que con-sidera “inconcebible que se co-metan ese tipo de acciones ar-

madas y en general toda mani-festación de violencia”.

Montealegre también ex-presó su solidaridad con los fa-miliares de las víctimas y con el Ejército Nacional.

El Fiscal General de la Nación manifestó que “considera que la guerrilla y el Gobierno Nacional deben persistir en sus esfuerzos por alcanzar la paz” y agregó que desde su posición, se deben continuar con los diálogos que se adelantan en La Habana.

Las investigaciones por este hecho serán asumidas por la Fiscalía Quinta especializada, seccional Cauca, según indicó Montealegre.

'Declaraciones del Fiscal no tienen fundamento': Farc

Las Farc respondieron en un comunicado a las declaraciones del Fiscal Eduardo Montealegre.

El jefe guerrillero 'Pablo

Catatumbo', negociador de las Farc en La Habana, señaló que en un reciente debate en el Congreso sobre la reforma constitucional del Fuero Penal Militar "todos los poderes pú-blicos estuvieron de acuer-do para que sean las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) las que se apliquen a las conductas de los miembros de la Fuerza Pública con relación al conflicto ar-mado".

Asegura, entonces, que es bajo esta normativa que se deben juzgar los hechos rela-cionados con el conflicto. "¿De dónde saca entonces el fiscal Montealegre la tesis de que los miembros del Ejército entran en la categoría de persona protegi-da? ¿De qué crimen internacio-nal nos habla?”, dijo ‘Catatumbo’.

El jefe guerrillero dijo que a

las Farc se les está negando la aplicación de los principios del DIH "de manera injusta".

'Pablo Catatumbo' añadió que, “dadas las circunstancias, con la negativa del Gobierno a firmar el cese bilateral del fuego, el único responsable de las víctimas que se están gene-rando por la persistencia de la

guerra, es el Estado”.También dijo que “es falso”

que el ataque de las Farc en Cauca, que dejó once militares muertos, se haya orientado des-de La Habana. “Se trató de una acción totalmente defensiva, por cuanto las unidades gue-rrilleras estaban siendo cerca-das para ser atacadas”, insistió.

foto: vanguardia.com

11Edición 548

No es el caminoRéplica al ministro Cristo

Carlos Holmes Trujillo García/El Nuevo Siglo/19 de abril de 2015/http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2015-carlos-holmes-trujillo-g.html-0

El dolor y la indignación que manifestamos los colombianos, a raíz del atroz acto de terroris-mo cometido por las Farc contra miembros del Ejército de nues-tra patria, no es la expresión de un propósito político indebido.

Se trata de un sentimiento compartido por la inmensa mayoría de ciudadanos, que está latente, y se manifiesta con intensidad cada vez que esa or-ganización mancha con sangre el suelo de nuestro país.

Esa es una de las razones que explica que más del 80% de los encuestados se exprese, de manera constante, en los dis-tintos sondeos de opinión que se hacen, a favor de que los cul-pables de delitos atroces sean castigados con cárcel.

Prácticamente todos quere-mos vivir en paz, transitar por las carreteras del país sin te-mores, y disfrutar la vida rural y urbana alejados de los peligros que nos acechan cuando mero-dean los criminales.

Es apenas natural, por lo tan-

to, que la violencia que hiere el alma nacional genere intensas expresiones de rechazo y con-dena.

Y, desde luego, cuando dichas expresiones delincuenciales se producen al mismo tiempo que se celebra un proceso de con-versaciones en procura de al-canzar la paz, es inevitable que la gente tome posiciones y las exprese en forma legítima. Eso ha ocurrido siempre en nuestra historia.

Recuerde que situaciones como las que se padecieron esta semana condujeron a que se le pusiera fin a las negociaciones con la Coordinadora nacional guerrillera, durante la adminis-tración de César Gaviria, y a que el presidente Andrés Pastrana anunciara la terminación de los diálogos en el Caguán con las Farc.

De ahí que muchos hayamos señalado el riesgo y la inconve-niencia de conversar en medio de las balas y las bombas, pues los acontecimientos del pasado

demuestran que ese camino ha conducido, hasta ahora, a fraca-sos y frustraciones.

En el mismo orden de ideas hemos sido defensores de las acciones dirigidas a construir un escenario en el que resulte posible dialogar previo cese de las acciones criminales por par-te, en este caso, de las Farc, con concentración y verificación ex-perimentada y capaz.

Como es evidente, la posición que le menciono tiene origen en las lecciones que han dejado nuestras experiencias y busca contribuir a que, en virtud de la clara expresión de voluntad de reconciliación que una decisión de dicho grupo en ese sentido reflejaría, se puedan buscar y encontrar acuerdos sin que si-

multáneamente se atente con-tra la vida y la integridad de los colombianos.

En consecuencia, sorprende mucho escucharlo a usted decir, en momentos en los que conde-namos hechos atroces y reitera-mos nuestra posición, que las propuestas que se hacen buscan que el proceso se acabe.

Se equivoca, señor Ministro.La historia nacional avala la

conveniencia de lo que plantea-mos, las condiciones que per-mitieron el éxito de otros pro-cesos en el pasado demuestran que es posible buscar la paz en marcos de funcionamiento de las mesas distintos a los actua-les, y las frustraciones que se han presentado en el pretérito son la evidencia del error que

representa volver a actuar en la misma forma en que ya se hizo y produjo fracasos.

Seguir dividiendo artificial-mente a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz es una inmensa equivocación, como también lo es actuar con la idea de que quien no piense igual al Gobierno es partidario de la guerra.

Los hechos siguen demos-trando que todas las adverten-cias que se han hecho tienen una razón de ser cuya seriedad mal puede descalificarse en for-ma ligera.

Ese no es el camino, respeta-do Ministro.

Reciba esta réplica como la voz de un compatriota que, igual que usted, quiere la paz.

Santos les exige a las Farc que pidan perdón por la masacre

de soldados en CaucaDijo que la justicia transicional no es sinónimo de impunidad

y que guerrilla debe acogerse a ella.

Autor: Política/El Tiempo/24 de abril de 2015/http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/masacre-de-soldados-en-cauca-santos-exige-a-farc-pedir-perdon/15622635

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró desde Cartagena que espera que las Farc pidan perdón por los hechos ocurridos en el Cauca el pasado 14 de abril, donde 10 soldados perdieron la vida tras un ataque de la guerrilla

“Así como el Estado ha reconocido responsabilidades y pedido perdón, lo menos que se esperaría de las Farc es que pidan perdón por lo ocurrido en el Cauca la semana pasada y por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra que les son atribuibles.”, ad-virtió el Presidente.

En el marco de la inau-guración del seminario ‘Justicia Transicional y Corte Interamericana de Derechos

Humanos’, en el que se discutió sobre los procesos de justicia que se adelantarán tras la firma de los acuerdos de paz, Santos aseguró que como Presidente, ha cumplido sentencias relacio-nadas con “pedidos de perdón por homicidios ocurridos en go-biernos anteriores”.

“El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos ca-sos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos hu-manos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado inter-no”, aseveró el Jefe de Estado.

Sobre justicia transicional el jefe de Estado afirmó que bus-cará que se cumpla con las obli-

gaciones internacionales vigentes y que trabajará por garantizar los procesos de verdad y repara-ción a todas las víctimas.

“Nada de esto puede confun-dirse con impunidad porque la justicia transicional, por encima de todo, es justicia, no podemos olvidarlo”, agregó el Mandatario.

El Presidente enfatizó en que no es posible la paz ni los pro-cesos de reconciliación si no existe el reconocimiento de res-ponsabilidades.

Guillermo Rivera, alto Consejero para los Derechos Humanos, también se refirió a la exigencia del Jefe del Estado ase-gurando que “las Farc deberían empezar a reconocer sus propias responsabilidades en cuanto a la violación de derechos humanos”.

foto: diarioadn.cofoto: cenae.m

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12 Anexo abril 2015

EN CARTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El Procurador pide identificar a los militares que actúan de mala fe

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, le solicito al Presidente Juan Manuel Santos que precise los nombres de los miembros acti-vos de las Fuerzas Militares y de

Policía que están actuando de mala fe, como lo aseguró ante las tropas en el Fuerte Militar de Tolemaida.

Dice el Procurador que “Dada la gravedad de los aconte-cimientos, dicha información se

requiere con carácter urgente para evaluar el posible ejercicio del poder preferente discipli-nario y actuar toda severidad en defensa del orden jurídico, en caso de que llegaran a veri-

ficarse tales conductas en ca-beza de miembros activos de la Fuerza Pública”.

A continuación transcribi-mos el texto de la carta enviada al Presidente de la República:

“DoctorJUAN MANUEL SANTOSPresidente de la RepúblicaRespetado señor Presidente:Conocí sus declaraciones del pasado 1de abril en el Fuerte Militar de Tolemaida.Usted afirmó que “le duele tanto que dentro de las propias Fuerzas existan personas interesadas en dividirlos o actuando de mala fe”. También mencionó un supuesto caso que adjudica a oficiales reti-rados.En caso de que los supuestos hechos que menciona llegaran a in-volucrar a miembros activos de la Fuerza Pública, no solo podrían configurarse faltas disciplinarias, sino eventualmente delitos o, más aun, situaciones cuyo desarrollo pudieran poner en riesgo el régimen constitucional.La Procuraduría recuerda el artículo 219 de la Constitución seña-la que “la Fuerza Pública no es deliberante”, prohibición que com-prende a todos los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, sin excepción.A ningún miembro de la fuerza pública le es dado controver-tir o poner en entredicho las ordenes de su Comanda en Jefe, el Presidente de la República, independiente de quien se trate.

En las Fuerzas Militares y la Policía no puede haber personas cuya conducta tropiece, en el seno de esas instituciones, debates más propios de la actividad parlamentaria o de la naturaleza de los partidos políticos. La Constitución lo proscribe para quienes de-tentan las armas de la República.En cumplimiento de las funciones constitucionales que correspon-den a la Procuraduría, le solicito, señor Presidente precise si tales hechos comprenden a miembros activos de las Fuerzas Militares y de Policía, caso en el cual le pido informe a este despacho sus nombres, grado, unidad militar a la que estén adscritos y cargos en que se desempeñan.Dada la gravedad de los acontecimientos, dicha información se requiere con carácter urgente para evaluar el posible ejercicio del poder preferente disciplinario y actuar toda severidad en defensa del orden jurídico, en caso de que llegaran a verificarse tales con-ductas en cabeza de miembros activos de la Fuerza Pública.La defensa de la Constitución es una responsabilidad de todas las autoridades estatales, pero especialmente en la Procuraduría General de la Nación

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO Procurador General de la Nación”

El Gobierno tiene que aprender que nunca más puede ‘amarrar’ las FF.MM.: Procurador

Autor: Judicial/Costa Noticias, Barranquilla/21 de abril de 2015/http://costanoticias.com/santos-tiene-que-aprender-que-nunca-mas-puede-amarrar-a-las-ffmm-procurador/

El Procurador Alejandro Ordoñez Maldonado, recordó al Gobierno que ya se cum-plieron cuatro años del inicio de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc, de inmediato y por causa de la con-moción que hay en el país por la masacre contra 11 militares del Ejército, le recordó algunas de las preguntas y advertencias so-bre la mala experiencia de la que dijo Ordoñez, el gobierno tiene que aprender y argumentó que para que sea viable el proceso, según él, debe concluirse en un tiempo prudente de meses.

Dentro de las 45 preguntas que formuló la Procuraduría General de la Nación al presiden-te de la República, Juan Manuel Santos, le cuestiona con la núme-ro 43, ¿Mantendrá el Gobierno Nacional la decisión de ade-lantar conversaciones indefini-das con las Farc para firmar un Acuerdo? ¿O considera que debe haber una fecha límite?”

La Procuraduría además reconoce como una medida de corrección que el presidente dijera que “hay que ponerle plazos a este proceso”. Pero se necesita fijar con precisión una fecha límite para que se llegue a un acuerdo con las Farc, según el Procurador.

Sería muy inconveniente que esa declaración se convirtiera en un nuevo debate o propuesta para negociar en La Habana, que permita a las Farc alargar más las conversaciones, señaló el alto funcionario.

El Gobierno Nacional debe reconocer que el “desescala-miento” fracasó.

Aseveró que lo que se requie-re es acabar la violencia, no le-gitimar la reducción de su em-pleo por parte de los criminales. El “desescalamiento” parte de la base de que las Farc hacen concesiones en el empleo de la violencia que el Estado valida, cuando no existe legitimidad al-

guna para que la ejerza, aclaró el Procurador mediante comu-nicado enviado a los medios.

“Es necesario que el Gobierno corrija. Lo ocurrido no se puede volver a repetir. Nuevos enga-ños serán nuevas malas decisio-nes, con graves consecuencias para el proceso y la seguridad de los colombianos”, asegura la Procuraduría sobre el supuesto de que lo ocurrido fue producto de engaños de las Farc al presi-dente de la República y a los ne-gociadores en La Habana”.

Advirtió además el Ministerio Público que la decisión de condicionar y restringir el uso de las Fuerzas Militares y de Policía contra las Farc como producto de las negociaciones en La Habana demostró ser un modelo equivocado que no debe repetirse, entre lo que destacó que el Gobierno debe aprender la lección. No se puede amarrar nunca, nunca más a las Fuerzas Militares y de Policía suspen-

diendo los bombardeos.Mientras se mantenga el

conflicto, las Farc utilizarán de-cisiones de ese tipo con el fin fortalecerse y preparar nuevas acciones terroristas.

El Estado debe utilizar todos los recursos militares, policiales y de justicia para enfrentar a las Farc. No debe haber dudas en el empleo de la fuerza, ni conce-sión alguna hasta que el grupo firme el acuerdo, si esto llegare a darse.

El proceso de paz no puede ser excusa para debilitar la ac-ción militar y policial contra las Farc enfatizó el dignatario.

Repitió nuevamente Ordoñez que la suspensión de bombar-deos fue un muy grave error, así debe reconocerlo el Gobierno. Esa decisión del presidente de la República y su equipo nego-ciador permitió que campamen-tos de las Farc se convirtieran en santuarios de protección de los guerrilleros desde donde se

planearon atentados terroris-tas, como la masacre de los sol-dados en el departamento del Cauca.

La Procuraduría recuerda además, que advirtió pública-mente al presidente Santos, en su momento, sobre las nefastas consecuencias de esa decisión.

Según el Procurador, insiste que se debe reconocer el en-gaño que las Farc hicieron al presidente de la República y a sus negociadores en La Habana.

Los indujeron a detener las operaciones de bombardeo mientras el grupo mantenía su decisión de preparar y ejecutar acciones terroristas como la masacre de soldados.

Es necesario que el Gobierno corrija. Lo ocurrido no se puede volver a repetir, porque nuevos engaños serán nuevas malas decisiones, con graves conse-cuencias para el proceso y la seguridad de los colombianos, advirtió finalmente.

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