separata medios marzo 2015

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Justicia y Paz

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

547MARZO 2015

ANEXO

SEPA

RATA

ESP

ECIA

L

• El férreo poder de las Farc en el Catatumbo

• Las indirectas del Comisionado de Paz

• A la luz del avance del proceso, ¿hay Constituyente a la vista?

• Ha llegado la hora de la paz en Colombia

• Polémica por contrato con los Visionarios de Mockus

• Un callejón sin salida

• Reclutamiento de menores... ¿a partir de 17?

• Los afanes de la refrendación

• Dos años abriéndole trocha a la paz

• Las Farc, exageraditas

• La paz: ¿choque conceptual?

• El desminado será el primer aterrizaje real de La Habana

2 Anexo marzo 2015

verdadabierta.com /3 de marzo de 2015/ http://www.verdadabierta.com/bloques-de-las-farc/5644-el-ferreo-poder-de-las-farc-en-el-catatumbo

El férreo poder de las Farc en el Catatumbo

Un estudio de la fundación Ideas para la Paz (FIP), concluye que en los últimos cinco años este grupo insurgente consolidó su presencia en este enclave fron-terizo con Venezuela. Controla la producción de cocaína, el contrabando de combustibles y las comunidades allí asentadas.

Diez años se tardó la gue-rrilla de las Farc para recu-perar su hegemonía militar en el Catatumbo, en Norte de Santander, una región es-tratégica para sus intereses económicos, social y militares, que había perdido a comien-zos de la década del dos mil con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Así lo ase-gura el más reciente estudio del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Este centro de estudios re-currió a diversas fuentes para demostrar que luego de un lar-go proceso de reposicionamien-to, esta guerrilla, que adelanta negociaciones de paz desde hace más de dos años con el go-bierno nacional en La Habana, Cuba, logró imponerse como “el principal actor armado” en El Catatumbo, “controlando las economías ilegales y ciertas co-munidades campesinas”.

El informe identifica va-rios aspectos que dinamizan la presencia de las Farc en El Catatumbo: los sembradíos de hoja de coca para uso ilícito y las condiciones favorables para la producción de clorhidrato de cocaína y su exportación a los mercados internacionales a través de Venezuela; los pasos fronterizos, que permiten una actividad constante de con-trabando, particularmente de gasolina, sobre la cual cobran un porcentaje; el paso del oleo-ducto Caño Limón-Coveñas; las ventajas que ofrece como retaguardia su cercanía con Venezuela; y el control de la po-blación rural.

La recuperación de la región por parte de las Farc fue po-sible, según la FIP, luego de la adopción de varias estrate-gias para superar ese debilita-miento militar generado por la confrontación con las Auc, destacándose las alianzas con

las guerrillas del Eln y el Epl, así como con las bandas crimi-nales emergentes, entre ellas ‘Los Rastrojos’ y las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’, y la recuperación de las bases sociales campesinas, a las cuales controla férreamente.

La investigación de la FIP de-terminó que los impactos hu-manitarios que generan las ac-ciones contra la población civil, en particular hechos violentos como homicidios, masacres, des-plazamiento forzado, recluta-miento forzado de menores, ac-cidentes por minas antipersonal, secuestros y extorsiones, han disminuido en los últimos dos años “si se comparan con perio-dos anteriores, lo que se explica en gran medida por la ausencia de una disputa territorial entre los actores armados ilegales que allí hacen presencia”.

A esa reducción se suman los efectos positivos que, según líderes de la región, ha tenido el cese al fuego unilateral in-definido decretado por las Farc el 20 de diciembre de 2014. Consultados por VerdadAbierta.com, Eugenio Guerrero, uno de los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), aseguró que “aquí el cese del fuego se le está dan-do cumplimiento al pie de la le-tra, hay mucha tranquilidad en la región”.

Cesar Jerez, otro de los vo-ceros de Ascamcat, coincide con Guerrero en estimar que ese grupo subversivo está cumpliendo, pero advierte que “excepto cuando las tropas (re-firiéndose al Ejército) avanzan sobre posiciones de las Farc”; además, destaca que continúan los enfrentamientos del Ejército con facciones del Eln y Epl.

Este grupo subversivo hace presencia en esta región a través del Frente 33 y a las co-lumnas móviles Antonia Santos y Resistencia del Catatumbo. Se registran actividades en los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí, Tibú, El Tarra, Sardinata, Ocaña y Teorama. Esas facciones subversivas ha-cen parte del Bloque Magdalena Medio (BMM), cuya zona de operaciones se extiende al Sur

de Bolívar, Santander, Boyacá y Antioquia. Esta estructura está bajo el mando de Félix Antonio Muñoz, alias ‘Pastor Alape’, miembro del Secretariado e in-tegrante del equipo negociador de la guerrilla en Cuba. Hasta fi-nales de 2014, se refugiaba en el área el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’.

Detrás de la cocaLa FIP estima que el narcotrá-fico es la principal fuente de recursos para las estructuras de las Farc que hacen presencia en el Catatumbo y determina sus relaciones con los diferentes actores armados que allí se en-cuentran. “Las altas ganancias que resultan del cultivo de coca y posterior producción y co-mercialización de cocaína en el Catatumbo han conducido a una situación de ‘relaciones armóni-cas’ entre los múltiples actores armados ilegales bajo la lógica de que es más rentable repar-tirse el botín que disputarse el control del negocio”.

Esa ‘armonía’ de la que habla la FIP se ve favorecida por el in-cremento sostenido del número de hectáreas sembradas con hoja de coca, particularmente en áreas fronterizas, donde se dificultan actividades de erra-dicación como la aspersión aérea. Según datos del sistema de monitoreo SIMCI, adscrito a Naciones Unidas, Norte de Santander registró en 2013 un total de 6.345 hectáreas culti-vadas frente a las 4.515 regis-tradas en 2012, lo que equivale a un incremento del 40,5%.

De acuerdo con la FIP, en los municipios de El Catatumbo que registran mayor número de hectáreas con cultivos de hoja de coca para uso ilícito, hay una mayor actividad ar-mada de la guerrilla de las Farc. Los más afectados por esta si-tuación son Tibú, Teorama, El Tarra, Convención y Sardinata. “Al comparar la concentración de cultivos de coca y su accio-nar armado en la Base de Datos del Conflicto FIP entre los años 2011 y 2013, se encuentra que existe una coincidencia impor-tante entre ambas variables”, asegura este centro de inves-tigaciones.

Este departamento fue uno de los siete (de los 23 que re-gistran cultivos de coca) que mostraron incrementos impor-tantes del área cultivada con hoja de coca. En 2013, en el Catatumbo se contabilizaron 6.222 hectáreas, lo que equivale a un incremento del 42,4% fren-te a las hectáreas registradas en 2012, que sumaron 4.368, y un incremento del 95,8% frente a las registradas en 2011, que fueron 3.178. Durante ese año, esta región concentró el 98,1% de las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos de Norte de Santander.

Uno de los aspectos que más favorece las rentas de las Farc y de los grupos armados que gravitan alrededor de la pro-ducción de clorhidrato de co-caína es que el en Catatumbo se registra el más alto rendimien-to de hoja de coca en el país, siendo, según el SIMCI, de 5.5 kilogramos por hectárea al año. Además, es donde mejor se paga la hoja, 2.700 pesos por kilo, y donde, después del Pacífico y del Putumayo, se producen más toneladas métricas de base de cocaína, alcanzando, en 2013, 58 toneladas.

Las relaciones ‘armónicas’ han permitido una distribu-ción clara del papel que cada grupo armado ilegal cumple en la cadena de narcotráfico en el Catatumbo. Según la FIP, mien-tras las Farc, y en menor medida el Eln, coordinan y protegen los cultivos de hoja de coca y los laboratorios de procesamiento de pasta de coca, el Epl se en-carga del transporte de la sus-tancia hacia zonas urbanas o el exterior, y las bandas criminales de su venta interna en zonas urbanas. “No obstante, según la información recogida por la FIP, aun y cuando todos los actores armados cumplen un rol en la cadena del narcotráfico, al pa-recer es la guerrilla de las FARC la que la controla y en esa me-dida decide quién entra a par-ticipar en la misma”.

Testimonios recogidos por los investigadores de la FIP en la región indicaron que buena parte del clorhidrato de cocaína que se produce en el Catatumbo es exportada a los mercados internacionales a través de Venezuela y lo que se queda en la zona, para el consumo in-terno, es distribuido por inte-grantes de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’, “quienes controlan las actividades de microtráfico en zonas urbanas, pero al pa-recer con permiso de las Farc”.

De acuerdo con este informe, la comercialización de cocaína se da principalmente en Ocaña, Cúcuta y municipios aledaños a la capital nortesantanderea-na, como Puerto Santander,

Villa del Rosario y Los Patios. Paradójicamente, advierte la FIP, en los municipios del Catatumbo con alta presencia armada ilegal los grupos sub-versivos “castigan” el consumo de esas sustancias, sobre todo en las zonas rurales.

Una de las mayores preocu-paciones en el Catatumbo es el impacto que está teniendo la proliferación de cultivos de hoja de coca en los menores de edad, quienes cada vez están más vinculados a actividades como ras-pachines desde muy temprana edad, lo que provoca, a juicio de la FIP, “un alto grado de de-serción escolar” y se fomenta la “cultura del dinero fácil”, lo que dificultaría su vinculación a tra-bajos legales.

Otras rentasLa segunda renta ilegal más significativa para las Farc en el Catatumbo, según la FIP, es la extorsión, que, en gran medida, se cobra a quienes se dedican al contrabando desde Venezuela. Testimonios en la región expli-caron que esta actividad “tam-bién se han empezado a estable-cer acuerdos con el propósito de que múltiples actores se vean beneficiados de las ganancias”.

Consecuencia de esos acuer-dos se reflejan en el contraban-do de gasolina desde el vecino país, que pasó de ser una activi-dad directa del Frente 33 de las Farc a un negocio cedido a un grupo de narcotraficantes que se conoce como ‘Los Ocañeros’, a cambio de una cuota mensual.

“En estas transacciones se ingresan todo tipo de productos desde Venezuela, sobre todo por la frontera con Tibú, en donde el cobro de los impuestos sobre el contrabando lo manejan princi-palmente las Farc, y en menor medida, ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’” advierte el informe de la FIP.

Los corregimientos de Tres Bocas y Petrólea, en el corregimiento La Gabarra y muy cerca de la frontera con Venezuela, fueron mencionados por las fuentes consultadas en terreno por los investigadores de las FIP como puntos impor-tantes para las actividades de contrabando y donde las Farc tienen una notable presencia y accionar armado.

Control socialLa investigación de la FIP tam-bién permitió establecer que las Farc ejercen un férreo control social sobre varias comunidades rurales del Catatumbo, a través de la imposición de normas de comportamiento en lo social y lo económico. “De igual manera, habría cierta presión por parte del grupo guerrillero en los pro-

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cesos de movilización social, los procesos democráticos y el ejer-cicio de las funciones públicas”, advierte este informe.

Testimonios recogidos en la región por la FIP indican que en aquellos lugares donde esta guerrilla tiene fuerte presenta rural, como en Teorama, San Calixto, Convención y Tibú, impusieron varias normas de comportamiento, entre ellas la prohibición de la prostitución, el consumo de drogas psicoacti-vas, los hurtos e involucrarse sentimentalmente con miem-bros de la Fuerza Pública.

“La persona que incumpla con estas normas es presionada a irse del municipio bajo amena-za de muerte, y en otros casos, se le da la opción de alistarse en las filas guerrilleras. No obstante, estas amenazas no necesaria-mente se cumplen, ya que el grupo guerrillero suele dar va-rias oportunidades para que se deje de incurrir en determinada falta”, dice el informe y agrega que “en algunas zonas se “reali-zan ‘juicios’ en los que personas influyentes de la comunidad de-ciden si el que es acusado debe ser ajusticiado o no”.

De acuerdo con documentos

de la Defensoría del Pueblo, citados por la FIP, en 2013 las Farc y el Eln “estaban ejercien-do control social a través de reglas de conducta y compor-tamiento, y de la injerencia en organizaciones sociales y comu-nitarias en El Tarra, San Calixto y Teorama”.

Las Farc también cumplen un rol de mediador en la reso-lución de disputas y conflictos entre las comunidades: “Si la comunidad tiene un problema, busca al comandante guerrille-ro de la zona. Sobre este punto, los entrevistados explicaron que este tipo de soluciones no son necesariamente resultado de una imposición del grupo guerrillero, sino que respon-den a una decisión voluntaria de la población, ya que es más eficiente resolver problemas de esta manera que acudir a la justicia oficial”.

Algunos habitantes les expli-caron a los investigadores de la FIP que los jefes guerrilleros de las Farc “convocan ocasio-nalmente a reuniones en las que hacen proselitismo político y se discuten temas como las ZRC o los cultivos de coca”. El propósi-to de estos encuentros es “re-forzar sus bases sociales, un as-

pecto importante si se tiene en cuenta que la guerrilla ha pro-movido la organización social e incentivado la movilización”, tal como ocurrió a mediados de 2013.

Dentro del menú de controles e imposiciones de las Farc a las comunidades está el de exigirle a algunas comunidades que sean agrosostenibles, para lo cual es-tablecieron el tipo de cultivos que se deben cosechar e impu-sieron una fecha límite después de la cual no pueden entrar más productos; asimismo, el cobro de peajes comunitarios donde se exige un pago de 5 mil pesos por vehículo y cuyos fondos se destinan al mantenimiento de vías terciarias.

Diego Barí, representante legal del Resguardo Motilón Barí, aseveró que, en el caso de las comunidades indígenas que lidera, la guerrilla de las Farc es respetuosa con las autoridades nativas. “Con nosotros no se meten, nos respetan”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Si bien la FIP admite en su informe que no obtuvo infor-mación suficiente en terreno para determinar con precisión que las Farc “postulan” candida-tos a cargos de elección popular

y obligan a la población a votar por alguno en particular, sí rese-ñó testimonios que indican que “aquellos que tienen la inten-ción de postularse deben prime-ro pedir permiso al comandante guerrillero de la zona”. Además, indica el informe, “de acuerdo a las entrevistas, la guerrilla pre-siona a la administración de tur-no, independientemente de su filiación política, a obedecer sus mandatos. Hay casos de gober-nantes que deben consultar al comandante guerrillero para la toma de decisiones”.

¿Y el futuro?Pese a las intervenciones del Estado en el Catatumbo, a través, por ejemplo, del Plan Nacional de Consolidación, las comunidades, según la FIP, ex-presan altos niveles de descon-fianza hacia la fuerza pública y las instituciones guberna-mentales debido, entre otras razones, “a los altos niveles de corrupción institucional, la constante estigmatización de la que son víctimas por parte de los militares y la idea de que la fuerza pública es incapaz de mantener el orden”. Ese escepti-cismo, según este estudio, “con-tribuye a que las comunidades

se muestren escépticas frente a los resultados del proceso de paz y el posconflicto”.

Ante ese eventual escenario de un acuerdo con las Farc y su desmovilización total, la po-blación entrevistada por los investigadores de la FIP en la región expresó dos preocupa-ciones fundamentales: de un lado, sobre “las dudas que exis-ten frente a la forma en que se harían arreglos institucionales, debido a una deuda histórica del Estado con la región, y qué medidas concretas se van a im-plementar para lograr la recon-ciliación”.

Y por el otro, están las in-quietudes por la manera cómo se reconfigurarían los actores armados, que ponen en dis-cusión las futuras condiciones de seguridad de las comuni-dades. Ante ello, la FIP planteó dos escenarios: “el primero, que las estructuras de las Farc no se desmovilicen completamente y se conformen otros grupos armados para el control del narcotráfico; y el segundo, que los actores que han estado en segundo plano en el territorio inicien una disputa por el con-trol del narcotráfico y los vacíos territoriales que dejen las Farc”.

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lasillavacía/lasillavacia.com/.../las-indirectas-del-comisionado-de-paz-49663/27 de febrero de 2015

Las indirectas del Comisionado de PazEn el foro del miércoles sobre el proceso de paz en el que Kofi Annan era el invitado central, el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo echó un discurso en el que, sin mencionarla directa-mente, se refirió a propuesta de «justicia transicional para to-dos» de César Gaviria. Jaramillo dejó el mensaje de que lo que viene no implicará “un inter-cambio de impunidades”, como se ha interpretado la propuesta del ex presidente.

El Alto Comisionado dijo que la paz dependerá de que haya acuerdos razonables en materia de justicia y víctimas, y de ar-mas, verificación y condiciones de seguridad, y de que exista una voluntad compartida por todos de aterrizar lo acordado en los territorios.

Dijo, además, que el ex sec-retario general de la ONU Kofi Annan les recomendó un tri-bunal para la terminación del conflicto que administre la justicia transicional, que -para Jaramillo- dará seguridad ju-rídica pero también responderá a las víctimas.

Es una propuesta similar a la que planteó en una entrevis-ta con La Silla Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia y

asesor de la oficina de Jaramillo en temas de justicia transicio-nal; y que es central para que el proceso no termine en el inter-cambio de impunidades.

Por último, Jaramillo espe-cificó los requisitos que ve él en una eventual Comisión de la Verdad, que no van en la línea de quienes abogan por más verdad y menos justicia. “No puede ser ejercicio automático y mecáni-co, donde fin de conflicto igual a comisión de la verdad. Muchos países han hecho ese ejercicio, con frecuencia de forma impe-cable, pero -cuando uno mira la realidad- no es evidente que hayan tenido un verdadero efec-to sobre la vida política”, dijo en el foro organizado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj).

Que todo esto tenga impacto para toda la sociedad depen-dería, para Jaramillo, de dos co-sas que, de nuevo, evitarían un simple punto final para los dos lados.

Primero, que haya una par-ticipación amplia que incluya a las víctimas en una manera que las dignifique, de la socie-dad civil para que no sea dis-cusión entre sabios y engrane con la vida social del país, y de

los combatientes (para que res-pondan a las víctimas y den su versión de los hecho), pero tam-bién en una forma que los dig-nifique). Porque, según el Alto Comisionado, “sin dignidad no es posible llegar a un acuerdo y una terminación del conflicto, ya que ante todo este es un acuerdo político”.

Y segundo, el reconocimiento de responsabilidades dado que -según Jaramillo- “en Colombia tenemos mucho conocimiento, pero muy poco reconocimien-to”. De modo que se necesitan espacios donde ganaderos en Córdoba puedan admitir que apoyaron a los paras, que los co-merciantes en Caquetá cuenten que apoyaron a las Farc, que los funcionarios del Estado reconozcan cuando fallaron.

Jaramillo, que se inventó el concepto de ‘la paz territo-rial’ que atraviesa el proceso, cree que “si esos ejercicios los hacemos en territorios, se encuentran en esos espa-cios donde están dispuestos a reconocer y a contribuir a la verdad, habrá un fundamento crucial para construir paz”.

Es decir, sí a una justicia tran-sicional pero no en los términos en que Gaviria la planteó.

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El Tiempo.com/Álvaro Leyva Durán /www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso de paz/27 de febrero de 2015

A la luz del avance del proceso, ¿hay Constituyente a la vista?En reciente escrito sobre jus-ticia transicional que ha susci-tado interés nacional y cuajado debate, el expresidente César Gaviria, sin duda, le hizo un aporte significativo a la his-toria del conflicto armado co-lombiano.

Con el peso y autoridad que le da el haber sido jefe de Estado, afirmó que los victimarios de la confrontación son muchos; y que están en todas partes.

Alude a la guerrilla, a los para-militares, a la Fuerza Pública, a “miembros de la sociedad civil” y a “sectores no combatientes”; entre ellos, puntualiza, hay em-presarios del sector privado, políticos, funcionarios públicos de diversos niveles, sin que se escapen del listado los propios jueces. “Miembros de la Rama Judicial que de una u otra mane-ra han sido también protagonis-tas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana”, agregó.

Se ha entendido que los an-teriores señalamientos los ha hecho el señor expresidente porque, como él mismo lo aduce, “como está planteado, el proce-so de paz da la impresión de que este puede dejar vivos muchos rezagos y conflictos insolutos de la guerra, que solo se van a re-solver algunos de los problemas de los combatientes con la justi-cia y que se está prestando para que muchos colombianos crean que está únicamente dirigido a resolver los problemas de las Farc con la justicia, y no todos los que se han generado dentro de la sociedad colombiana du-rante la guerra a lo largo de más de cincuenta años”.

Sin duda, el planteamiento del doctor Gaviria, en cuanto a la multiplicidad de respon-sables y victimarios, y extensión en el tiempo de la contienda ar-mada, termina coincidiendo en términos generales con la casi totalidad de los doce informes que la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas en-tregó a los plenipotenciarios del Gobierno y las Farc el 12 de fe-brero pasado en la ciudad de La Habana.

ResponsabilidadesEn efecto, de la lectura de di-

chos informes se desprende que la guerra fratricida supera, y en mucho, el medio siglo, y que en ella se involucraron de manera activa y destructiva toda suerte de actores de variados estratos y actividades sociales, tanto del sector público como del priva-do, y de todos los credos y cir-cunstancias, vinculados por ofi-

cio o actividad ya al Estado, ya a la tierra, o al capital, o al trabajo.

Pero al abrir el abanico de responsabilidades con la inten-ción de extender la supuestas ventajas de la justicia transicio-nal a ciudadanos no combatien-tes que han infringido la ley por haber incurrido en conductas típicas y antijurídicas relacio-nadas con el conflicto, el presi-dente Gaviria no solo puso el dedo en la llaga, sino que abrió, para mal de muchos, una caja de Pandora.

Si bien su tesis recibe el aplauso y acatamiento de ami-gos suyos, congresistas, partidos políticos, columnistas, y del pro-pio Presidente de la República, tanto como para que se sos-peche que el Acto Legislativo 1 del 2012 (por medio del cual se establecen instrumentos jurídi-cos de justicia transicional en el marco del Artículo 22 de la Constitución Política, y se dic-tan otras disposiciones) sería llevado de nuevo al Congreso para su revisión, no parece haber tenido en cuenta que los conceptos y definiciones jurídi-cas que dicha reforma introdujo en nuestra Constitución fueron revisados y modulados por la Corte Constitucional al decla-rarla ajustada a la Carta en lo formal y material.

Modulación esta para ser atendida íntegramente por el Congreso en momentos en que se pongan a su consideración las respectivas leyes orgánicas que habrán de insuflarle los verdaderos alcances a la tantas veces cacareada justicia transi-cional.

En buen romance, lo que se pretende manifestar es que se supone que el sentido cabal de la reforma ya está ahí, en su plenitud, para aplicarse; para agregar, así mismo, que tam-poco sopesó Gaviria los efectos jurisdiccionales con todas sus consecuencias que se despren-derían de las competencias de la Comisión de la Verdad que el ya citado acto legislativo or-dena crear mediante ley de la República.

Ahora: la insoslayable cor-tapisa al planteamiento del ex-presidente radica en que se ha considerado que en La Habana está teniendo lugar, por encima de cualquiera otra apreciación o consideración, un proceso pre-judicial. Y no hay tal.

Quien lea cuidadosamente el Acuerdo General encontrará que la palabra justicia aparece en el texto una sola vez. Y esto, para referirse a la justicia so-

cial como uno de los propósitos por alcanzar, firmada ya la paz. Téngase claro que en la agenda no se menciona para nada lo re-lacionado con una justicia tran-sicional como la entienden los no negociadores y ausentes de la mesa del proceso. Por lo que ya se ha rechazado de plano por una de las partes (las Farc-EP) todo lo relacionado con ella; por lo demás, por ser tal justi-cia producto de iniciativas uni-laterales ajenas a la realidad de los compromisos signados, toda vez que han surgido sin atener-se a lo acordado en La Habana el 26 de agosto del 2012, con la firma de los plenipotenciarios y de terceros Estados que hicie-ron las veces de testigos de su suscripción.

¿Qué de quién es la culpa de esto, si alguien la tiene? “Averígüelo, Vargas”.

Sin embargo, si bien la tesis de Gaviria no producirá cam-bios en la posición asumida por las Farc –ya por boca de sus plenipotenciarios se pudo apre-ciar que esto es así–, porque es-tán amparadas por el marco del acuerdo de La Habana –inmodi-ficable a estas horas en materia sustancial–, sí repercute en el desarrollo de los mecanismos de búsqueda de la verdad y de la aplicación de la hoy zarandeada justicia transicional, pues nadie tenía presupuestado que un ex-presidente de la República se lanzara a hacer los señalamien-tos que el propio César Gaviria, en su condición de tal, puntuali-zó en su escrito del pasado 15 de febrero.

Al ser asumidos con la se-riedad que merecen, como en efecto viene sucediendo, los en-tes investigadores de la nación tendrán que tomar cartas en el asunto. Y no como el expresi-dente lo quisiera y propone (ejemplo: nada de penas por omisión para los militares), sino acudiendo a la normativa y sus contenidos y alcances ya definidos y vigentes mientras no se reforme sustancialmente el Acto Legislativo 1/2012 por el Congreso nacional (Constituyente derivado).

Porque lo que indican las poco pertinentes importacio-nes de doctrinas penales ex-tranjeras, ya empotradas en la Constitución por el Congreso de la República y refinadas mediante sentencia C-759 del 2013 de la Corte Constitucional (haciendo caso omiso de que el proceso de La Habana, por lo acordado en su carta de navega-ción, es político y no judicial),

es que mediante un método de selección, priorización y pon-deración, y aplicando el prin-cipio de “sistematicidad”, se llegue a los denominados “ma-croprocesos” a fin de imputar las responsabilidades penales de lo ocurrido en los últimos cincuenta o sesenta y más años a quienes han venido a denomi-narse “máximos responsables”. ¿Altos mandos militares? (‘fal-sos positivos’, paramilitares, exterminación de la UP y más). ¿Ministros de Defensa? (‘falsos positivos’, circulares y más). ¿Expresidentes y Presidente de la República? (el artículo 188 de la Constitución lo inviste con el cargo de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas).

Y comience, estimado lector, a descender en la escala de las jerarquías públicas, políticas y del sector privado. La búsqueda de los “máximos responsables” parece estar a la orden del día. Pero ¿por dónde comenza-mos? ¿Por el Ejecutivo? ¿Por el Legislativo? ¿Por la clase empresarial? ¿Ganaderos, ha-cendados, financistas? (¿?). ¿Quiénes han sido? ¿Quiénes son? “El mandatario (presi-dente Santos) que desde la Casa de Nariño salió a apoyar la pro-puesta que sobre esta materia presentó el expresidente liberal César Gaviria (...) afirmó que los casos de sectores sociales, civiles y hasta económicos que tienen relación con el conflicto, pero que no se incluyen en un proceso de paz, son los que po-drían fomentar la impunidad” (EL TIEMPO, febrero 17 del 2015). ¿Cuáles son esos casos? ¿Los conocen quienes vienen señalando la necesidad de per-seguir a los recientemente reve-lados delincuentes para aplicar-les “penas efectivas, auténticas, y no simples simulacros”, como ya lo afirmó el propio doctor Santos? ¿Quiénes encarnan tales casos? ¿Se conocen sus nombres? ¿Los implicados ya

están ubicados?¿Cuál será la diferencia?Ojalá el capítulo que se acaba

de abrir no termine en boca del agujero negro de la incapacidad estatal. ¿“Mucho ruido y pocas nueces”? Lo que sí comienza a quedar claro es que, como lo señalara el propio alto comisio-nado para la Paz, doctor Sergio Jaramillo Caro, en la ciudad de Villavicencio el día 17 de fe-brero, la responsabilidad por el conflicto armado es colectiva.

Parece no haber duda: “No se puede terminar simplemente en un acuerdo político donde cada quien se va para su casa y no pasa nada. ¿Cuál va a ser la diferencia esta vez? Tiene que haber una disposición de todos a reconocer la responsabilidad que les cabe, que nos cabe por el conflicto, una disposición a rendir cuentas. Pero si todos los que tuvieron alguna incidencia en el conflicto, no solamente los armados; todos los que por una razón u otra razón, por omisión o por obligación, se vieron invo-lucrados en el conflicto tienen la disposición de decir ‘sí, y estoy dispuesto a contribuir’, creo que daremos un paso muy grande” (tomado de la página web de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz).

¿Vamos hacia la aceptación de la responsabilidad del Estado como una realidad de a puño, como salida de este callejón de vericuetos, murallas y canda-dos jurídicos que se introdujo al proceso de paz? ¿Comienza a abrirse campo la novedosa doctrina del margen nacional de apreciación, reconocida en fallos de tribunales europeos, para que sea el Estado colombia-no, una vez liberado, el que se dé su propia solución, sin injeren-cia externa? A la luz de lo que viene aconteciendo, ¿cuántos kilómetros habremos transita-do ya por el camino constitu-yente? ¿Constituyente a la vista? Mi Dios así lo quiera.

Foto: Archivo / EL TIEM

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eltiempo.com (original)/Óscar Arias Sánchez/somoslarevista.com/2015/03/ha-llegado-la-hora-de-la-paz-en-colombia/2 de marzo de 2015

Ha llegado la hora de la paz en ColombiaExisten múltiples versiones del mito del diluvio, según los cre-dos y las civilizaciones, pero en el centro de cada historia siem-pre figura la imagen de un hom-bre esperando pacientemente una señal de vida, quien, a pesar de los augurios, confía y espera. En esa vigilia, adonde aún no llega el olivo y la incredulidad socava el anhelo, se evidencia el carácter de una persona y de un pueblo.

Colombia es como un Noé afe-rrado a la proa del arca. Un país en espera de una señal, cansado del diluvio y del estrago, y al mismo tiempo asediado por el pesimismo de quienes descon-fían del éxito de las conversacio-nes en La Habana.

Conozco los desafíos de la paz; sé que los acuerdos que ponen fin a la violencia tienen siempre aliados y detractores. Y sé, porque lo he vivido, que en toda negociación algunas voces alimentan la fe y otras siembran la desesperanza.

Respaldo y recelo. Algunos consideran las negociaciones como una expresión de ingenui-dad, que no existe acuerdo posi-ble con los agresores y la única salida realista es apostarle al exterminio de las fuerzas ene-migas. Otros creen que es un error extender la mano a grupos que han incumplido acuerdos alcanzados en el pasado. Varios sostienen que un cese al fuego solo es deseable bajo ciertas condiciones. Sin embargo, todo conflicto armado que ha sido re-suelto mediante la negociación y la diplomacia se encontró, en algún momento, exactamente donde está hoy Colombia: entre

el respaldo y el recelo.No dudo de que la gran ma-

yoría de quienes vacilan ante un potencial acuerdo de paz en La Habana actúen de buena fe. Sería necio creer que única-mente un bando tiene la razón absoluta, o que algunos exhiben toda la visión y otros padecen la entera miopía. Vendrá el mo-mento en que se evaluará la postura de quienes favorecieron u obstaculizaron este proceso, y será cuando la paz en Colombia parecerá un resultado inevi-table. Para alcanzar ese día, sin embargo, es necesario garanti-zar una paz duradera, irrever-sible; una paz que, parafrasean-do a Octavio Paz, no solo logre desplegar sus alas sino también echar raíces.

Paz con concesiones. Para lograr una paz duradera se re-quiere la voluntad de hacer concesiones, lo cual puede ser doloroso y políticamente pro-blemático. La opinión pública tiende a estar en contra de ceder terreno al adversario. Con demasiada frecuencia, las ne-gociaciones se plantean como juegos de suma cero, en donde una parte gana y otra pierde la totalidad del botín. En la reali-dad, un proceso de paz solo pue-de ser exitoso en la medida en que ambos bandos ganen y am-bos bandos pierdan. Quiero en-fatizar esto: la única paz posible es una paz con concesiones.

Esto es importante porque, si queremos respaldar el pro-ceso de negociación, debemos apoyar también las decisiones adoptadas y las concesiones acordadas por los representan-

tes de las dos partes. Esto preci-sa mucha madurez y sobriedad de carácter. Se necesita la capa-cidad de abandonar una idea inalcanzable a cambio de una realidad factible. Requiere un cambio de paradigma: en lugar de enfocarnos en lo máximo que quisiéramos obtener, debemos enfocarnos en lo mínimo que podemos aceptar.

La concesión más difícil quizás sea la relativa al balance entre la justicia y el perdón. Ambos valores son fundamen-tales para la vida en sociedad. Sin embargo, todo negociador de paz sabe que un acuerdo implica un equilibrio entre el reconocimiento de los horrores cometidos y el señalamiento de los responsables, y el riesgo de que el impulso por otorgar castigo se convierta en un obs-táculo para lograr el fin de la guerra. Por duro que parezca, una sociedad en guerra even-tualmente deberá elegir entre sancionar el pasado o habilitar el futuro.

¿Cómo honrar el do-lor? Siempre habrá quienes digan que la impunidad es in-compatible con la paz. Y llevan algo de razón. Los acuerdos que se registran en la historia com-binan, en distintas proporcio-nes, un grado de sanción con un grado de amnistía. El punto es que “cierto grado” de perdón es intrínseco al proceso de ne-gociación, por el solo hecho de que es irracional pedirle a un actor acceder a condiciones que únicamente lo perjudican.

Este es el punto central en materia de apoyo popu-lar y el área donde la tarea de

persuasión es más delicada. Únicamente los colombianos pueden decidir cuáles condi-ciones resultan aceptables. He visto encuestas que reflejan una visión muy conservadora del respaldo del pueblo colom-biano a los resultados de La Habana. No quisiera que los es-fuerzos de la negociación, que ha tomado años, naufraguen ante una aspiración de castigo que, con acuerdos de paz o sin ellos, difícilmente será satisfecha. No hay nada más legítimo que la ira causada por la muerte de inocentes, ni más genuino que el dolor de cientos de miles de víctimas. Debe encontrarse una manera de honrar ese dolor y de responder a esa ira sin perder la oportunidad de la pacificación.

Oportunidad es limita-da. Muchas veces he dicho que la paz no es fruto de la impa-ciencia, pero mucho menos del perfeccionismo y la poster-gación. Las partes deben sentir que tienen tiempo para decidir, mas ese tiempo tiene término. La atención del mundo es breve, los recursos son escasos y otras prioridades compiten con los esfuerzos por alcanzar la paz. Muchas discusiones que previe-nen de la firma de un acuerdo son, en realidad, discusiones de implementación.

La violencia se alimenta de la pobreza, de la inequidad, de la falta de oportunidades, de la marginación. El éxito de un acuerdo de paz depende de un proyecto de desarrollo que re-ciba todo el respaldo nacional e internacional. Para cientos de miles de colombianos, la paz solo puede venir en la forma de

pan, medicinas y carreteras. En particular, en las zonas rurales, la paz a largo plazo depende de la inversión social, mucho más que de los detalles de un poten-cial acuerdo en La Habana.

Proyecto de largo aliento. La gran paradoja es que, una vez que se alcanza la paz, la co-munidad internacional tiende a castigar el éxito con menos atención y menores recursos. De ahí la importancia de pro-gramar, desde ahora, un plan de cooperación que no solo ayude en la logística de la paz inmediata, sino que se compro-meta a acompañar a Colombia en la construcción de una paz duradera. Desde el día en que se firme un acuerdo y durante décadas, es necesario conce-bir la paz como un proyecto de largo aliento, sostenido sobre el desarrollo y sobre la creación de oportunidades.

Lo he dicho muchas veces y lo creo hoy más que nunca: ha llegado la hora de la paz en Colombia. Ha llegado el fin del diluvio. Aunque un océano in-terminable se extienda hasta el final del horizonte, aunque los nubarrones oculten los vestigios del arcoíris, un olivo crece más allá, en una isla del Caribe.

Ojalá este pueblo sepa tornar su vista a la alborada. Ojalá se aferre, como Noé, al borde del arca, sostenido sobre la fe de un futuro mejor y la promesa de una nueva alianza; una alianza con la vida, con el desarrollo, con la libertad, con la democra-cia. Una alianza con la paz, la paz sin descanso, la paz duradera.

Redacción Política/El Espectador/9 de febrero de 2015

Polémica por contrato con los Visionarios de MockusUna álgida polémica se ha desatado en el país luego de que se revelara un informe de contratación del Fondo de Programas Especiales para la Paz, oficina adscrita a la Presidencia de la República, en el cual aunque no se presenta ninguna ilegalidad, pero algu-nos de los contratos generan suspicacias.

Uno de ellos es el FP-093 suscrito con la Corporación Visionarios por Colombia, que encabeza el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, por un monto de $480 millones.

En principio es no parece haber ninguna irregularidad, incluso desde la oficina del alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, sostienen que se trató de un contrato para hacer peda-gogía para la paz. No obstante, revisando el objeto del conve-nio, señala que se trata de “dise-ñar, implementar acciones in-novadoras que contengan men-sajes e ideas estratégicas para invitar a una movilización ciu-dadana que promueva el respal-do social ante las conversacio-nes que adelantan el Gobierno y las Farc en La Habana”.

Este acuerdo pone en el ojo del huracán la ‘Marcha por la vida’ que convocó el exalcalde para el 8 marzo, pues no hay claridad si esta movilización es el cumplimiento del contrato con el Gobierno o si realmente urgió de forma espontánea y como ha planteado Mockus “no se trata de una marcha por la paz, sino por la vida que es lo más sagrado”.

El Espectador trató de comu-nicarse con el exalcalde Antanas Mockus pero no fue posible. En la Corporación Visionarios de Colombia el asesor de comuni-caciones Yamid Saldaña explicó que se trata de un contrato que

ya fue ejecutado y que no tiene nada que ver con la marcha del 8 marzo. Sin embargo, al ser cues-tionado por la fecha o el momen-to en que se dio la “movilización ciudadana” de la que habla el contrato, afirmó que “eso forma parte de un cláusula de confi-dencialidad con el Gobierno”.

Lo que es claro, es que en las pasadas elecciones cuando se enfrentaban en una cerra-da puja el reelecto presidente Juan Manuel Santos y el candi-dato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, el profesor Antanas Mockus irrumpió en el panorama político apoyando la apuesta de Santos por la paz.

Pero este no es el único con-trato que llama la atención. Desde el uribismo critican los millonarios convenios con me-dios de comunicación, orga-nizaciones no gubernamentales con arraigo de izquierda y a la Federación de Cafeteros de la que hicieron carrera varios al-tos funcionarios de Gobierno. La pregunta de fondo es si el apoyo a la paz tiene algún impulso económico o si finalmente se está contradiciendo la frase que hizo carrera en las elecciones de 2010 cuando la denominada Ola Verde que respaldaba a Mockus afirmaba “a mí no me pagaron, yo vine porque quise”.

6 Anexo marzo 2015

El Espectador/Hernando Gómez Buendía/www.elespectador.com › Noticias › Política/25 de febrero de 2015

Un callejón sin salidaNo habrá acuerdo de La Habana

El punto final de la agenda con-venida entre el Gobierno y las Farc dice simple y textualmente: “6.6. Mecanismo de refrenda-ción de los acuerdos”. Y el presi-dente ha prometido varias veces que tendremos referendo, pero resulta que las Farc no están de acuerdo, por tanto el presidente no podía prometer el referendo. Esto no es mero capricho. Las Farc no pueden arriesgarse a que el pueblo rechace los acuer-dos, porque entonces tendrían dos opciones: eternizar su guerra degradada o desmovilizarse sin ninguna garantía. Mejor dicho, rendirse sin siquiera lograr lo que Uribe les ofrece: some-terse a la justicia a cambio de una rebaja de penas. Para las Farc, por tanto, es imposible someterse a referendo, con-sulta, séptima papeleta o cual-quier otra forma de votación popular sobre el acuerdo. La alternativa es elegir un cuer-po colegiado —la constituyente que piden las Farc o el “con-gresito” que propone Uribe— para la “refrendación de los acuerdos”. Pero resulta que este cuerpo no podría limitarse a refrendar el acuerdo: su oficio sería rehacerlo, es decir, reescri-birlo, es decir, renegociarlo. Renegociarlo con Uribe —cuya bancada en el “congresito” sería muy grande— o renegociarlo con la izquierda dura —si la constituyente fuera integrada como las Farc proponen—. Y en todo caso Santos no puede acep-tar un asamblea que deshaga lo que con tanto esfuerzo y costos logró hacer en La Habana.

Y como sólo hay dos métodos para que el pueblo refrende los acuerdos —la votación directa o la elección de un cuerpo co-legiado— quedamos en que el Gobierno y las Farc no podrán acordar “el mecanismo de re-frendación de los acuerdos”.

Increíble pero cierto: aun después de negociar los temas duros de la agenda (tierras, dro-gas, víctimas, penas reducidas y hasta curules para exguerrille-ros...), será imposible negociar el “detalle” del cual depende la vigencia del acuerdo.

Dicho en tres palabras claras: no habrá acuerdo. La confusiónComo pasa en esta patria de gramáticos, el problema es de semántica. Según la Real Academia Española, “refren-dar” significa “corroborar algo afirmándolo”, es decir, aprobar o validar lo que otros dijeron o acordaron. Por eso entende-mos todos que se trata de que el pueblo de algún modo ratifique o “legitime” lo que se acuerde en La Habana.

Pero sucede que los mecanis-mos para “refrendar” no sirven apenas para refrendar sino ante todo para modificar o para de-sarrollar el acuerdo. La consti-tuyente o el congresito reescri-

birían, como dije, los acuerdos. Y un referendo debe referirse a una ley o a un artículo pre-ciso de la Constitución —no a un largo acuerdo de paz—, de modo que por esta vía es im-posible “refrendar” el acuerdo de La Habana (por otra parte, la consulta popular es aplicable sólo a medidas administrativas puntuales —como decir ahora el Pico y Placa o las corridas de toros— y la Registraduría ni siquiera podría contabilizar la séptima papeleta o cualquier otra ocurrencia de algún otro Roy Barreras).

La soluciónCosa distinta habría sido decir que el acuerdo de La Habana quedará en firme cuando las partes lo firmen (es decir, que no habría “refrendación”), pero que una vez en firme deberán tramitarse las leyes o reformas constitucionales que resulten de ese acuerdo.

Esto sí tendría sentido. Primero, porque en La Habana no está negociando el Estado sino apenas el Gobierno, que no puede expedir leyes o en-miendas constitucionales, sino sólo presentar y apoyar las leyes o reformas respectivas. Segundo, porque esas leyes o enmiendas —no el acuerdo como tal— pueden ser tramita-das por una de las tres vías que establece la Constitución: (1) la del Congreso (no la de otro “congresito”); (2) la de una cons-tituyente “elegida por el voto directo de los ciudadanos” (no como proponen las Farc), o (3) la de un referendo o serie de re-

ferendos legales o constitucio-nales para aprobar o rechazar cada norma específica.

De modo pues que la salida de semejante lío es muy sen-cilla: que las partes que acor-daron la agenda ahora acuerden borrar el “puntico” final. O para más claridad —de ellos y de no-sotros— que lo reemplacen por esta “pequeña” variante: “6.6. Mecanismo para el desarrollo jurídico de los acuerdos”.

La reacciónPor supuesto que Uribe y Ordóñez (hoy jefe de la oposición) pondrían el grito en el cielo. Dirían que en Cuba sí se negoció a “espaldas del país” y que Santos nos volvió a enga-ñar. Pero estas cosas las dicen y dirán de todas formas. Es más: el gran motor detrás de la “re-frendación” es el temor de que en La Habana se esté acordando una revolución por contrato con las Farc, como si Santos, De la Calle, Villegas, los generales Naranjo y Ospina fueran todos bobos o criptocomunistas.

Ese temor de muchos colom-bianos alimenta la idea de que el acuerdo debe ser aprobado por el pueblo. Mejor dicho, negado por el pueblo, porque según las encuestas los ciudadanos sí quie-ren la paz, pero que sea gratis, esto es, sin hacerles concesio-nes a las Farc.

Y sin embargo los últimos gobiernos han firmado seis acuerdos de paz con otras tantas organizaciones armadas (M-19, Epl, Quintín Lame, Prt, Crs y Auc). Ninguno fue votado por el pueblo, ni por entonces se habló

de “refrendarlos”. En especial hay que notar que el prece-dente inmediato del eventual perdón para las Farc —el pacto de Ralito— no fue votado por el pueblo, y sin embargo su autor exige ahora que se consulte al pueblo. O —en el otro sentido— cabría preguntar si en el evento de un acuerdo con el Eln necesi-taríamos un nuevo referendo, constituyente o congresito. La democraciaEl argumento más taquillero —y más serio— contra el sen-cillo remedio que sugiero es por supuesto que en una de-mocracia el pueblo tiene la última palabra. Yo creo en la democracia.

Pero en primer lugar resulta ser que el pueblo ya votó so-bre el acuerdo de La Habana: exactamente de eso se trataron las dos vueltas para elegir al presidente de Colombia. Se dirá que la opinión sigue polarizada y que el 45% de la gente votó contra el proceso de La Habana. Pero con esta lógica habría que repetir todas las elecciones o volver a validar indefinidamen-te lo que ya fue aprobado. El re-ferendo equivaldría a la tercera vuelta en las presidenciales, lo cual —por más que lo deseen los perdedores en segunda vuelta— sería un sinsentido político y jurídico.

En segundo lugar —y más de fondo— el “mecanismo para la refrendación de los acuerdos” sería una burla a la democra-cia. ¿Cómo pedirle a alguien, sin ofenderlo, que conteste con un simple “sí” o “no” a un docu-

mento que (a medio andar de la agenda) ya llevaba 68 pági-nas? ¿O alguien espera que el Gobierno y las Farc redacten juntos las preguntas precisas para ir al referendo? ¿De dónde sacan, si no, que una constitu-yente o un congresito inventa-dos serían más “legítimos” que el (mal) Congreso y el (mal) Gobierno que elegimos bajo reglas de juego preexistentes y sobre las cuales ya existía con-senso?

La escaleraEl “puntico” final de la

agenda no fue fruto de un des-cuido: viene de la desconfian-za que las Farc y el Gobierno se tienen con razón a raíz de La Uribe y del Caguán, de modo que ambos se guarda-ron esta especie de derecho de retracto (“firmo, pero haré nuevas consultas”).

Las Farc pensaban en su constituyente, y así lo propu-sieron al negociar el punto 2 de la agenda (“participación política”). Santos les replicó con el referendo, es decir, con la amenaza de que si pedían de-masiado el pueblo no aceptaría el acuerdo. Es más: el referendo sigue sirviendo hoy como un recurso de negociación para el Gobierno.

Pero la cosa se enredó con la campaña electoral que Santos casi pierde porque no pudo explicar por qué estaba nego-ciando en medio del conflicto (o sea, por qué las Farc seguían —y siguen— delinquiendo). Arrinconado por Zuluaga, el candidato presidente pro-metió, para tranquilizar a los votantes, que ellos “tendrían la última palabra”. Sin consultar-les a las Farc, se embarcó en el referendo.

De esta manera Santos y las Farc acabaron trepados en un árbol de donde no es fácil ba-jarse. Tarde o temprano las Farc se bajarán de su constituyente, por la simple razón de que la guerra no la ganaron ellas. Por otro lado, el fiscal, abusando de su cargo, le acercó una escalera al presidente al declarar que “el referendo no es jurídicamente necesario ni políticamente con-veniente”. El Partido de la U le ofreció la escalerilla de la sép-tima papeleta en las elecciones de octubre. Y vendrán los inge-niosos, los juristas y lagartos que abundan a sugerir toda suerte de andamiajes.

Pero mejor sería —como siempre— la verdad. Borrar o enmendar el punto 6.6. Dar la batalla pedagógica y política para explicar por qué el acuerdo entre el Gobierno legítimo y las Farc no necesita, ni debe, ni pue-de quedar sujeto a congresitos, constituyentes, referendos, con-sultas ni papeletas.

Tratar al pueblo como adulto es el camino real hacia una paz “estable y duradera”.

FOTO: elespectador.com

7Edición 547

eltiempo.com /Juan Lozano/www.eltiempo.com/.../reclutamiento-de-menores-a-partir-de-17.../15253.../16 de febrero de 2015

Reclutamiento de menores...¿a partir de 17?

Cuando se trata de la violación de los derechos de los niños, no hay sapo tragable.

Los obligan a cargar “carne de muerto” entre sus mochilas para acostumbrarlos a la san-gre, los arrancan de sus hogares, los despojan de su infancia y sus sueños, los sacan de la escuela; a las niñas las rotan entre man-dos, abusan de ellas, las violan y, si quedan embarazadas, las obligan a abortar; los usan como escudos humanos y carne de ca-ñón, y, cuando quieren regresar a sus hogares, los hacen ver cómo cavan sus propias tumbas y los matan; los entrenan para matar, usar fusiles, detonar ex-plosivos...

En el mundo, el recluta-miento forzado de menores se ha considerado uno de los crímenes más atroces, como cri-men de guerra, como crimen de lesa humanidad, como crimen internacional. Cometerlo no agrede solo al niño o a su familia, agrede a todo el orden jurídico, al sistema de derechos huma-nos, al Derecho Internacional y a la humanidad entera. Es un crimen contra la humanidad.

Así, se entiende que la Corte Penal Internacional se hubiera

estrenado con una condena por reclutamiento forzado de meno-res. Para demostrar lo atroz de estas conductas y el imperativo de que no queden impunes, la bajada de bandera de la jus-ticia internacional contra los criminales que reclutan niños se produjo en el 2012, cuando se dictó la primera sentencia de esa corte contra el congolés Thomas Lubanga Dyilo.

Posteriormente, la misma corte procesó y condenó a Charles Taylor, de Sierra Leona, a 50 años de prisión por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos reclutamiento forzado de meno-res. En Colombia, la dimensión

de este crimen ha sido escalo-friante. Paramilitares, guerri-llas y bacrim han procedido con extrema crueldad. El acumu-lado desde la década de los 90, cuando se masificó la práctica, se mide en decenas de miles, según información del propio ICBF.

El comandante del Ejército, general Lasprilla, ha dicho que los que más reclutan son las Farc con el 71 por ciento de los even-tos. Y los reclutan desde los 11, 12, 13 años. Hay, incluso, casos espantosos de menores de 10 años, documentados. Jurídica y éticamente, es inaceptable que el reclutamiento de menores hubiera quedado excluido del

acuerdo marco para los diálogos de paz suscrito por Gobierno y Farc, en clara violación del derecho prevalente de los niños y la obligación de todos los fun-cionarios de protegerlos.

Miles de testimonios des-garradores que describen es-tas conductas se encuentran referidos o contextualizados en prensa, radio y TV, así como en muchos libros y reportes, entre ellos Aprenderás a no llorar, pu-blicado por Human Rights Watch (2013); Como corderos entre lobos, de mi estudiosa vecina Natalia Springer (2012); o la completa obra Reclutamiento de niños como crimen internacio-nal de las Farc, de Luis Fajardo,

publicado por la Universidad Sergio Arboleda (2014).

Ahora las Farc salen a decir que dejarán de reclutar menores de 17 años. Algo es algo, dicen. Pero es imposible de aceptar por el Estado. ¿Cómo así que seguirán reclutando niños a partir de los 17? ¿Cómo así que persistirán en esclavizar, someter y abusar de menores de edad, en abierta violación de la Constitución, de la Convención Internacional de Derechos del Niño y del Código del Menor? ¿Cómo así que callan frente al retorno a sus hogares de los menores que se encuen-tran en sus filas?

Ahora que ya las Farc abor-daron el tema, los negociadores colombianos deben cubrir su penoso sobregiro, derivado del silencio del acuerdo marco so-bre los niños, y dedicarse con prioridad al asunto, teniendo claro que el reclutamiento forzado de menores no es in-dultable, amnistiable ni con-donable. Es contundente. No hay sapo tragable, consumible ni digerible cuando de recluta-miento de niños se trata.

El Espectador/Redacción Política/www.elespectador.com › Noticias › Política/21 de enero de 2015

El Gobierno busca, lo más pronto posible, un consenso con las Farc, sobre los temas de víctimas y justicia transicional, que le permita mantener el respaldo al proceso de paz.

Los afanes de la refrendaciónEn la mesa de diálogos de La Habana, las Farc han insistido en una constituyente como me-canismo de refrendación.

¿Se está preparando el cami-no para buscar la legitimidad de un eventual acuerdo de paz con las Farc por un mecanismo diferente al referendo? Es la pregunta que queda en el aire tras la propuesta del senador Roy Barreras, presidente del Partido de la U, de implemen-tar una séptima papeleta en las elecciones territoriales del 25 de octubre, en la que los colom-bianos expresen su respaldo o no al proceso de diálogos que se adelanta en La Habana (Cuba). Y aún más con la declaración del fiscal Eduardo Montealegre, de que jurídicamente no se necesita una convalidación po-pular para refrendar lo acor-dado, pues con la reelección del presidente Juan Manuel Santos, los colombianos ya hicieron el gran referendo por la paz.

Lo cierto es que las interpre-taciones pululan. El jefe nego-ciador del Gobierno, Humberto de la Calle, salió a aclarar que si bien desde el punto de vista jurídico Montealegre tiene la razón y un acuerdo con las Farc no tendría que ser necesaria-

mente sometido a refrendación, el jefe de Estado está conven-cido de que solo a través de ese camino se logrará darle legi-timidad, firmeza y sostenibili-dad a lo pactado. “El presidente prefirió acordar con las Farc la refrendación en una decisión profundamente democrática, transparente, un acto de con-fianza en los ciudadanos. Quiere el presidente que los colombia-nos, con plena libertad, tomen la decisión trascendental que permita abrir el camino de una paz firme”, dijo De la Calle.

Pero al mismo tiempo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que la idea de Barreras es atractiva e interesante, en la perspectiva de que no se llegue con un acuerdo definitivo entre Gobierno y gue-rrilla a las elecciones de octubre y que los tiempos no alcancen para preparar el mecanismo de la re-frendación, que, como están las cosas, es lo más probable. Es decir, que esa séptima papeleta sirva para que los ciudadanos expresen su apoyo al proceso, de tal manera que se produzca un hecho político de reno-vación del mandato que el año pasado se le dio al presidente Santos con la reelección en la

búsqueda de una salida nego-ciada al conflicto. Más o menos lo que se hizo en 1990 y que derivó en la Asamblea Nacional Constituyente del 91.

Es decir, y lo explicó el mismo Roy Barreras, que el 25 de octu-bre los colombianos vayan a las urnas y digan si están o no de acuerdo con el proceso de paz. “El hecho político de que millones de personas, a través de una papele-ta, salgan a respaldar y a hacer un mandato por la paz, es útil y necesario. Además, ya se tramitó el Marco Legal para la Paz y habrá una discusión de la ley estatuta-ria de justicia transicional, donde vendrá la discusión jurídica es-pecífica, que se tramitará en el Congreso. Pero por ahora lo que queremos es el respaldo de los ciudadanos a la paz, independien-temente del acto refrendatario que se acuerde en La Habana”, aclaró el congresista.

Una idea planteada tenien-do en cuenta que los procesos de referendo son dispendio-sos y complicados, pues se re-quiere tramitar una ley en el Congreso más el examen de la Corte Constitucional. Y las expe-riencias han demostrado que la complejidad de lo que se tiene que preguntar dificulta la com-

prensión de la gente. En el caso de un acuerdo de paz con las Farc, hay quienes hablan de un cuestionario de mínimo 50 pre-guntas. Lo claro es que la fecha del 25 de octubre se ha conver-tido en clave para el Gobierno y los defensores de los diálogos de La Habana, de cara a lograr respaldo popular. Sobre todo, pensando en que a esas alturas lo más posible es que no haya acuerdo definitivo.

Con esta perspectiva, según conoció El Espectador, el afán del Gobierno está en lograr de aquí a mayo llegar a un consenso con las Farc en el tema de víctimas, que es el que se discute actual-mente e incluye el difícil punto de la justicia transicional, y avan-zar en lo del fin del conflicto, que implica abordar el cese del fuego y de hostilidades bilateral y de-finitivo. De ahí las instrucciones del presidente Santos a los ne-gociadores para que inicien “lo más pronto posible” la discusión sobre ese asunto. Mejor dicho, en la Casa de Nariño son conscientes de que en octubre no se habrá al-canzado todavía un acuerdo final y se necesita tomar un segundo aire, que se lograría precisa-mente a través de esa séptima papeleta.

Además, hay que tener en cuenta que según la agenda pactada, la firma de un acuerdo debe dar paso al punto de la im-plementación, verificación y re-frendación. Y hasta el momento, las Farc mantienen su posición en el sentido de que el mejor camino es una constituyente. “Ese tema toca dirimirlo en la mesa, de mo-mento tanto el marco jurídico como la ley de referendo no ex-isten con respecto al proceso de paz (...) esperamos que si esto no se logra dirimir en la mesa de conversaciones, se le abra espa-cio a la Asamblea Constituyente y que sea el soberano quien defina aspectos como la necesidad que existe de superar el latifundio o la doctrina de la seguridad na-cional”, dijo recientemente alias ‘Jesús Santrich’, negociador del grupo guerrillero en Cuba.

Sea como sea, el tema ha dado para alborotar el avis-pero político. Desde el uribista Centro Democrático, el senador Alfredo Ramos Maya escribió con sarcasmo en Twitter: “De los mismos creadores de ‘no habrá cese al fuego bilateral’, llega el nuevo ‘la paz sí tendrá refrendación popular’. Todos les creemos”. Y la excandidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez advirtió que sería una “estocada a la democracia pasar por encima del pueblo colombiano y que se le prive de ejercer su derecho más sagrado, a autodeterminar democráticamente su futuro. El pueblo colombiano debe exigir que se cumpla la palabra empe-ñada por el presidente (...) solo así podremos garantizar que los acuerdos logrados sean durade-ros y comprometan a las institu-ciones”.

8 Anexo marzo 2015

Luchemos sin odios y sin rencores, sí; sin odios y sin rencores por la paz

Dos años abriéndole trocha a la pazpero… aun sin el apoyo esperado y requerido

Brigadier General CÉSAR BARRIOS RAMÍREZ

La paz es el bien supremo para la convivencia y desarrollo de los pueblos. La búsqueda de la paz es una obligación consti-tucional de todo gobernante y moralmente patriótica de todo colombiano. Esto hace que sea inexplicable que después de 30 meses de estar el país inmerso en el arduo proceso para lograr la firma de un acuerdo con el grupo terrorista más antiguo de América, como primer paso para alcanzar la paz, bien supre-mo, haya una porción de colom-bianos que lo atacan, critican y distorsionan, dentro y fuera del país, tergiversando realidades y conceptos.

Aún hay colombianos que es-grimen razones descalificado-ras y mal intencionadas, como origen del proceso, origen que solo tiene una clara y concreta razón: es un hecho histórico re-currente, que ocurre cuando el Estado llega a reconocer su in-capacidad de vencer al enemigo, y éste, a su vez reconoce, su in-capacidad de lograr su objetivo -la toma del poder- necesaria-mente se concluye que el único camino es el diálogo.

El diálogo es un debate en-tre personas o grupos de ideas distintas y aparentemente irre-conciliables, en busca de llegar a un acuerdo, aceptando que sólo será fructífero en la medida en que quienes dialogan sean capaces de despejar la mente y el corazón del odio, del deseo de venganza y del dolor que la contraparte haya causado es-tando dispuestos a dar y recibir, a ceder y conceder, sin posturas intransigentes.

De la misma forma escu-chamos a personas que, por desconocimiento o malicia, ter-giversan el fin último buscado en la mesa de negociaciones en La Habana, que sabemos, reviste extrema complejidad: se trata de lograr, mediante el diálogo, que el grupo subversivo y crimi-nal de las Farc acepte aban-donar su política de extrema izquierda, encuadrada dentro del Socialismo del Siglo XXI, en busca de la toma del poder que ha atacado durante cincuenta años, pero con dejación de las armas y su política de violencia.

Inicialmente, el argumento descalificador de la mayor sus-picacia fue la acordada ‘con-fidencialidad’ de lo tratado y acordado en La Habana, pro-ducto de infidelidades y rompi-miento de los preacuerdos por parte de las Farc. Esto originó que el Gobierno tomara la de-cisión de dar a conocer todo lo acordado. Sin embargo, es

tanta la polarización política que a pesar de que lo acordado hubiera conocido, y que hasta hoy se continúe hablando y es-cribiendo sobre lo acordado por debajo de la mesa, con tal falacia que busca confundir a los colombianos alimentando la desconfianza sobre lo que en La Habana de ventila.

Los negociadoresPor otro lado, escuchamos fre-cuentes señalamientos contra los negociadores plenipoten-ciarios, calificándolos de per-sonalidades débiles y de hacer gala de una complacencia ‘en-treguista’ (incluyendo al general Jorge Enrique Mora). Esto nace de no querer entender y menos aceptar que se están condu-ciendo una negociaciones me-diante un diálogo y que quienes están en la mesa, gústenos o no, están en las mismas condi-ciones; no es un encuentro de vencidos con vencedores, es un encuentro donde exigir, dispo-ner y prohibir, no tiene cabida. El tiempo de discusión de cada punto es prueba de la dureza de los enfrentamientos verbales entre los dos bandos, el uno, subversivo y criminal pidiendo cien; mientras el otro, el Estado, dando y concediendo cuarenta, hasta donde la defensa del siste-ma político lo permite.

Otro tema de ataque frecuente al proceso son las persistentes declaraciones abiertas (fuera de la mesa) de los cabecillas de las Farc, en las que aprovechando las oportunidades brindadas por los medios, sostienen abierta y descaradamente su determi-nación de no renunciar después de la firma del posible acuerdo, a su objetivo final de la toma del poder y la continuación de la lucha por la implantación de un sistema comunista o, como hoy se denomina, de un socialismo del siglo XXI. Estas afirmacio-nes calificadas de atrevidas e insolentes, hacen inexplicable el hecho de que el Gobierno y sus negociadores lo permitan sin una reacción fuerte y descali-ficadora dando claras muestra, según los críticos, de debilidad y de estar actuando a las órdenes

de las Farc.

Del GobiernoEste es un proceso político, con-ducido por el Presidente que ha convertido a la paz como obje-tivo nacional, buscando llevar la extrema izquierda revoluciona-ria, sin armas, a la arena políti-ca, uniendo en este esfuerzo a corrientes políticas, incluyendo el centro izquierda y de la mis-ma izquierda. El Presidente y su equipo negociador deben tener muy claro que una vez firmado el acuerdo, la clase política será el principal objetivo en la gue-rra sin armas y que, si dentro de las discusiones se ha dado más de lo debido, en cinco o diez años se verán arrollados y reemplazados, como ha ocurrido en países donde la izquierda revolucionaria, después de la firma de los acuerdos de paz, aplastó a la clase política tradi-cional asumiendo las riendas del poder.

Estos comentarios están le-jos de ignorar o no el derecho de todo colombiano de exigir claridad y ejercer el poder de verificar que los valores supre-mos del Estado y de su sistema democrático, se comprometan y sufran menoscabo.

Por su parte, los militares deben estar vigilantes para ase-gurarnos que las afirmaciones y promesas del Presidente, en cuanto a que la organización y funcionamiento de las Fuerzas Militares estén dentro de los temas de discusión con las Farc. Además, no se puede dejar a un lado el hecho de que tenemos, por libre voluntad del poder político, a un General en la mesa de diálogo como defensor de nuestros derechos. General que ha sostenido que nunca permitirá llegar a ser señalado de haber defraudado a su bien amada institución armada.

Hoy más que nunca se ha constituido en una obligación de Patria, en un compromiso mo-ral para los hijos de Colombia, y muy especialmente para los que juramos morir por defen-derla, el que con mente limpia, alejada de odios y rencores y de toda polarización política,

teniendo como único punto de referencia la paz, hacernos parte del crucial momento de nuestra historia que en buena hora nos ha correspondido vi-vir, con un patriótico honesto y continuo seguimiento crítico, contribuyendo a este esfuerzo con el granito de arena que esté a nuestro alcance, aceptando y entendiendo que no siempre los intereses y conducción política del proceso pueden coincidir de manera exacta con nuestros conceptos e intereses, allí es donde entra en juego el aceptar para pedir y lograr.

Los puntosEste compromiso debe ha-cernos ejercer un juicioso se-guimiento de puntos vitales y definitivos que están por discu-tirse o están sobre la mesa:1 El proceso de la dejación de las armas, el fin del con-flicto y la reincorporación. Con cuanta inquina se atacó en su momento el nombramiento de un General para los traba-jos previos de las negociacio-nes. A quienes se rasgaron las vestiduras por el atrevimiento del Presidente de enviar a un General activo a enfrentarse, hablar y negociar con quienes persiguió durante décadas, les pregunto ¿Les daría más se-guridad y tranquilidad el que lo manejaran políticos, como bien pudo haberse dado? El accio-nar del denominado Comando Estratégico de Transición re-quiere de todo nuestro apoyo.2. El tema jurídico, la Justicia transicional. La concepción de castigo a los cabecillas respon-sables de tanta atrocidad y el no a la impunidad, es absoluta-mente necesaria, pero de plano se debe aceptar que la no cárcel nunca será sinónimo de impu-nidad. Hay formas y modos de amparar la Justicia Transicional. No se les debe temer a los tribunales internacionales. Los colombia-nos somos los que enfrenta-mos y padecemos la violencia de la subversión, por lo tanto, la justicia internacional no puede ser una barrera para llevarle la paz al pueblo co-

lombiano. Ayudemos a pensar y a recomendar cómo se puede blindar a los defensores de la democracia de ayer, hoy y ma-ñana para que en cinco o diez años no estén o estemos con orden de captura. El acompaña-miento y comprometimiento de entes de justicia internaciona-les, puede ser una forma3. La refrendación de lo acor-dado. ¿Qué procedimiento es el más aconsejable y viable? sin la refrendación, los acuer-dos -los que pueden proteger a los miembros de las Fuerzas Militares- quedarían en la nube.4. El desescalamiento del conflicto. Término también criticado sin siquiera conocer su significado: “Disminuir pro-gresivamente la intensidad de algo”. Sobra indicar la importan-cia que reviste este tema en el avance hacia el fin definitivo del enfrentamiento.5. La reinserción. Del todo recomendable aplicar la expe-riencia colombiana, sin que or-ganismos externos nos impon-gan procedimientos ajenos a nuestro medio y a nuestra pro-blemática.6. El papel de las comisiones organizadas por el Gobierno para análisis del conflicto y su historia. Tema de la mayor peli-grosidad que requiere un muy continuo y cercano seguimiento es el actuar de las comisiones encargadas del estudio y análi-sis de la historia de la violencia. Es una verdad verificable, que por ingenuidad, por debilidad o consciente complacencia, el Gobierno ha llamado para constituirlas dichos grupos de estudio a personalidades que de ninguna manera dan el más mínimo grado de confiabilidad. Es suficiente, para comprender la peligrosidad y el sesgo par-tidista que alimenta cada obra, el leer y analizar las conclusio-nes a que llegaron los autores de ¡Basta ya! y más recientemente, las conclusiones de las obras sobre las causas y orígenes del conflicto. Pero, fundamental, el seguimiento a la Comisión de la verdad, de negra trayectoria en los países donde se conformó y ha actuado.

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: elespectador.com

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Lasillavacia.com/Juan Esteban Lewin/17 de marzo de 2015

Las Farc, exageraditasTres miembros del Secretariado de las Farc, ‘Pablo Catatumbo’, ‘Joaquín Gómez’ e ‘Iván Marquez’, participaron en Hora 20, de Caracol Radio. Durante dos horas de programa tuvieron el privilegio de

sentar su postura política sin haber de-jado las armas.

La Silla le aplicó su detector de menti-ras a 15 de ellas y encontró cuatro men-tiras, cuatro verdades (aunque tres de

ellas con un pero importante) y cuatro exageraciones, una de las proporcio-nes más alta de exageraciones en todos los detectores de mentiras que hemos aplicado.

“En la guerrilla no hay secuestrados ni hay retenidos con pretensiones económicas”. ‘Joaquín Gómez’.

Frase original Calificación Explicación

falsoLas Farc anunciaron el fin del secuestro por razones económicas en febrero de 2012 pero, el año pasado, entre ese momento y octubre de 2014 cometieron 47 secuestros extorsivos y 74 en total, según el Ministerio de Defensa.

“(En 60 años) no han cambiado las condiciones que legitimaron que nos hubiéramos levantado en armas”.‘Joaquín Gómez’.


DebatibleEn ese tiempo han cambiado muchas cosas: el Frente Nacional se acabó, la iz-quierda tiene poder político; ha mejorado el bienestar social (la desnutrición se redujo en la mitad entre 1990 y 2000 y entre 1964 y 2012 el analfabetismo pasó del 27 al 6 poor ciento; e índices económicos como el de necesidades bási-cas insatisfechas también han mejorado. Sin embargo, en zonas de presencia de las Farc se mantienen problemas como la alta concentración de la tierra y hay grandes niveles de pobreza, en parte, debido a su presencia.

“Hoy hay más inequidad (que hace 60 años)”. ‘Joaquín Gómez’.

Es difícil saberlo porque no hay series estadísticas comparables de ese período. Sin embargo, el índice Gini desde 1991 sí muestra un aumento marginal de la desigualdad desde 0,546 en ese año a 0,548 en 2013 (después de un pico en 2008 con 0,589). Para la zona rural, donde están las Farc, hay un estudio de más largo plazo en la tenencia de la tierra: Según el Atlas de Distribución de la Propiedad Rural del Igac, “El país ha mantenido y mantiene aún un continuum de desigualdad estructural de la propiedad rural”


Exagerado

“El país ostenta el tercer lugar en el mundo en cuanto a desigualdad”.‘Iván Márquez’.

cierto, pero… Las dos principales fuentes para resolver esta pregunta arrojan datos contra-dictorios, aunque igual muestran una desigualdad muy alta. Según la base de datos del Banco Mundial para 2012 (el año más reciente para el que hay da-tos), Colombia era el país más desigual del mundo con un Gini de ingresos de 0,5353. En cambio, según la oficina para el reporte de desarrollo humano de las Naciones Unidas, a noviembre de 2013 Colombia era el decimoprimer país con peor distribución del ingreso, con un Gini de 0,559


Frase original Calificación Explicación“Nunca ha habido un correlato histórico que le explique a los colom-bianos el porqué de esta violencia. Eso lo intentamos hacer con la Comisión Histórica y creo que vamos avanzan-do”. ‘Pablo Catatumbo’.

falsoLos informes de la Comisión Histórica del Conflicto mostraron que no hay un relato sino, por lo menos, una docena. Los informes de los 14 expertos, más que mostrar una posición novedosa o consolidar un solo relato, retomaron visiones diversas que se han desarrollado en investigaciones académicas en las últimas décadas, lo que quiere decir que sí ha habido correlatos - y no uno, sino varios.

“Este es un conflicto de carácter emi-nentemente político e histórico”.‘Iván Márquez’.

cierto, pero…según los informes de la Comisión Histórica del Conflicto éste sí tiene un carác-ter político. Sin embargo, para expertos como Gustavo Duncan y Daniel Pécaut el narcotráfico y las economías ilegales asumieron un papel fundamental en el escalamiento y mutación del conflicto hace más o menos un cuarto de siglo.


Frase original Calificación Explicación“En la guerrilla tenemos centenares de guerrilleros sin piernas también, sin manos”. ‘Iván Márquez’.

inverificable Explicación: aunque es probable que sea cierta, esta afirmación no se puede ve-rificar porque en las cifras oficiales del programa presidencial de Acción contra las Minas no se incluyen miembros de los grupos armados ilegales, sino civiles y miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, dado que el manejo de explosivos es delicado, que no existen mapas de minas de la guerrilla (y por ende pueden ser víctimas de sus propias minas) y que en décadas anteriores el Ejército sem-bró minas, no es una cifra improbable.

“Hay un consenso en los 12 relatos (de la Comisión Histórica) y es que la responsabilidad del origen del con-flicto está en el incumplimiento del Estado de sus funciones”.‘Pablo Catatumbo’.

exagerado

Efectivamente la mayoría de los reportes muestran que el Estado tuvo una incidencia fundamental en el origen del conflicto, porque no solucionó pro-blemas como la cuestión agraria. Sin embargo, solo el padre <Javier Giraldo pone el énfasis en que el Estado haya incumplido sus funciones, y algunos como Jorge Giraldo hablan de su debilidad y no de su incumplimiento.


10 Anexo marzo 2015



“En los últimos años hemos acumulado cerca o más de 400 militares y policías capturados en combate, liberados de manera unilateral”.‘Iván Márquez’.

engañoso Explicación: para Marleny Orjuela, directora de Asfamipaz, sí se puede llegar a la cifra si se empieza con la liberación de 304 militares y policías a mediados de 2001 y se suman liberaciones mucho más pequeñas desde entonces. Pero, lo que no dijo el jefe guerrillero, es que tuvieron en jaulas y con grilletes al cuello a muchos de estos soldados y policías durante una década o más.Frase original

“El DIH establece un límite de 15 años, menores de 15 años. El Protocolo Facultativo, que es el que habla de 18 años, no está en aplicación”. ‘Iván Márquez’.

cierto, pero… Efectivamente, el Protocolo II a las convenciones de Ginebra (una de las reglas básicas del DIH) solo prohíbe el reclutamiento y la utilización como soldados de niños menores de 15 años. Sin embargo, la Convención de Derechos del Niño dice que se debe dar prioridad al reclutamiento de los mayores de 18 sobre los niños entre 15 y 18 años Y el Protocolo Facultativo sobre participación de niños en conflictos armados que prohíbe reclutar o utilizar a menores de 18 años, sí está en vigor desde febrero de 2002 y Colombia lo ratificó en 2005.

“Menores de 15 años han llegado a las Farc en calidad de refugiados porque sus padres fueron asesinados, porque sus comunidades fueron atacadas (...) o porque son hijos de guerrilleros”.‘Iván Márquez’.

falsoCon esta afirmación las Farc quieren indicar que, si tienen menores de 15 años, no fue porque los reclutaron. Aunque es cierto que algunos niños han entrado voluntariamente -paradójicamente- en busca de una vida mejor, el reporte de Human Rights Watch de Colombia en 2014 recuerda que la Defensoría del Pueblo ha denunciado el reclutamiento de niños paez en el Cauca. También hay varios testimonios de papás que fueron sometidos por los guerrilleros a la decisión de entregar su hijo o unas vacas y les tocó entregar al hijo.

“Nosotros no hemos desplazado gente”. ‘Pablo Catatumbo’.

falso Aunque las Farc no han tenido una política de desplazamiento tan impor-tante como la que tuvieron los paramilitares, sí han desplazado. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, mostró que solo el Bloque Oriental desplazó a más de 257 mil personas entre 2002 y 2008; el año pasado hubo un des-plazamiento masivo en dos veredas de Puerto Asís (Putumayo) por amena-zas realizadas por las Farc; y un informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Colombia mostró que las Farc y el Eln son los principales generadores de desplazamiento desde 2012.Frase original

“En Colombia todo aquel que se at-reva a luchar contra la corrupción, lo asesinan”.‘Pablo Catatumbo’.

exagerado Es indudable que luchar contra la corrupción puede ser peligroso y terminar en la muerte, y que íconos de esa lucha como Luis Carlos Galán terminaron asesinados. Pero en grandes escándalos recientes como el del cartel de la contratación de Bogotá sus principales denunciantes (en ese caso el hoy alcal-de Gustavo Petro, el copresidente de la Alianza Verde Luis Carlos Avellaneda y el concejal Carlos Vicente de Roux) no han muerto. Otro ejemplo son las redes de veeduría ciudadana, que siguen activas y haciendo denuncias.

“(Fuimos los primeros en pedir la) elección popular de alcaldes y gober-nadores”. ‘Iván Márquez’.

ExageradoEfectivamente, las Farc tuvieron esa elección popular como una de sus ban-deras a inicios de los años ochenta, antes de que se hicieran realidad. Pero no fueron los únicos en exigirlas (también lo hacían sectores del Partido Liberal, por ejemplo, y otros grupos guerrilleros), además de que se implementaron sin la participación de las Farc (la elección popular de alcaldes durante el go-bierno Barco, cuando no había conversaciones con ellas; la de gobernadores gracias a la Constitución de 1991, en la que ellos tampoco participaron).

“Nosotros no estamos pidiendo que se haga la revolución en la mesa de con-versaciones; nosotros estamos pidién-dole al Gobierno unas propuestas (...) de corte democrático, progresista”. ‘Iván Márquez’.

cierto +Una de las grandes conclusiones de los acuerdos ya firmados es que no se está negociando todo el sistema político ni económico. El proceso “buscará cam-bios sociales significativos sin afectar los poderes legales establecidos”. Para Antonio Navarro “este es un proceso sensato, factible y razonable”, y para el exdirector del Centro Democrático, Alejandro Arbeláez “Las Farc son ángeles en sus anhelos para Colombia, pero demonios en sus acciones para alcanzarlos.”

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El Nuevo Siglo/Editorial/http://www.pensamientocolombia.org/la-paz-choque-conceptual/18 de febrero de 2015

La paz: ¿choque conceptual?Escuchados los voceros de las Farc, en el programa Hora 20, de Caracol Radio, se dejó entrever el marco conceptual que tienen del proceso de paz que actual-mente se adelanta en Cuba. Esta vez, pues, lejos de las declara-ciones discursivas de la tarima habanera, contestaron despre-venidamente lo que piensan de los diálogos. En resumen, un proceso al estilo del que se llevó a cabo con otras organizaciones, en los años noventa, en el que de la entrega de las armas se saltó a la función pública y a las cu-rules del Congreso o la Asamblea Nacional Constituyente, sin ningún intervalo de veda política o penalidad institucional alguna.

En efecto, los voceros deja-ron en claro que su propósito es hacer política en un esce-nario diferente al de la violen-

cia, pero manifestaron que para ello primero deben producirse los cambios políticos, sociales y económicos que, a su juicio, ameritaron y siguen ameritan-do el levantamiento. De forma que todavía no está claro, es más está bastante lejos de ser claro, qué viene antes y que después: si primero los cambios y luego la entrega de armas, o viceversa, o si se hará de manera paralela. Un proceso, por lo demás, en el que aspiran a las garantías sufi-cientes y explícitas para que no vuelva a ocurrir la matanza de la Unión Patriótica y sobre la base de que, habiéndose levantado contra el sistema, no aceptarán en manera alguna el código penal vigente, ni normas inter-nacionales. Es decir, tampoco tienen contemplado un solo día de cárcel o de arrepentimiento

por la lucha de los últimos cin-cuenta años, que entre lustro y lustro ahora llevan hasta se-senta, para lo cual se afincan en las relatorías y ensayos de la Comisión de Memoria Histórica. Reconocen, en tal sentido, erro-res en los combates, pero de la misma manera alegan respon-sabilidades compartidas donde, incluso, el Estado es el mayor responsable. En todo caso, dicen, es más fácil ponerse de acuerdo con los militares que con los fun-cionarios. Tampoco, de otra par-te, se muestran con afán, pero enfatizan que su voluntad de paz ha quedado explícita, primero, en que todo el Secretariado de las Farc está en Cuba y, segundo, en su declaratoria de tregua uni-lateral indefinida, hecho inédito dentro de los procedimientos de la fuerza irregular. Hasta ahí. El

resto está por negociar y ver.Ante ese marco conceptual

existe el otro. Uno afincado irre-misible y mentalmente en la ma-yoría del país por los años de mandato del presidente Álvaro Uribe, cuándo se adoptó lo que se llamó, frente a los paramilita-res, la ley de alternatividad pe-nal, conocida luego como Ley de justicia y paz. Y cuyos criterios más rígidos o más benevolentes, dependiendo del analista, en todo caso se entienden de apli-cación universal, así el mismo comentarista sea, por decirlo de este modo, antiuribista para lo cual, a fin de no reconocer la concordancia, simplemente aduce que la legislación interna-cional cambió. Una mentalidad, ciertamente, donde no existe el delito político ni los conexos y menos que impliquen indultos

o amnistías; donde se invocan los cánones del Estatuto Penal de Roma para todo y en todo (aunque nadie sepa muy bien de qué se trata); y en la que cual-quier proceso de paz debe sopor-tarse en la indagación y sanción de los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. De modo que un proceso así concebido trata, en mayor o menor me-dida, de la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición, con su prisión debi-da o si acaso penas alternativas, y no del proceso político que, como en los casos del M-19, el Epl y parte del Eln, entre otros, contemplan las Farc.

Hasta el momento el choque conceptual no se ha producido en La Habana, seguramente con contradicciones aplazadas y sin resolver. ¿Cuál será el camino efectivo y eficaz, dentro de es-tas dos visiones, aún está por dilucidar?. Pero solo será en ese momento cuando, con todas las cartas sobre la mesa, habrá ver-dadero proceso de paz.

lasillavacia.com/Andrés Bermúdez Liévano/lasillavacia.com/…/el-desminado-sera-el-primer-aterrizaje-real-de-la-habana/8 de marzo de 2015.

El Gobierno y las Farc escogerán una serie de lugares donde arrancar a desminar. Crearán una mesa técnica que se encargará de que se identifiquen dónde están realmente sembradas las minas, de coordinar el desminado (que harán los batallones especializados del Ejército y otras ONG de desminado), de vincular a las comunidades locales y, finalmente, de entregar

la tierra libre de sospecha de minas.

El desminado será el primer aterrizaje real de La Habana

A pesar de que la regla de oro en La Habana es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, ayer los equipos negociadores de las Farc y el Gobierno la rompieron. Lo hi-cieron para llegar a un primer acuerdo que se aterrizará des-de ya: comenzar a excavar las minas antipersonal sembradas en el país, como una primera medida para realmente irle po-niendo fin a la guerra. Esa será la primera señal concreta que tendrá la gente más azotada por el conflicto de que éste puede terminar algún día.

“En el marco del desescala-miento, para avanzar en la cons-trucción de confianza y con el fin de contribuir a generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuen-tran en zonas de riesgo por la presencia de minas, artefactos explosivos improvisados, mu-niciones sin explotar y restos explosivos de guerra, y de dar

garantías de no repetición a las comunidades, el Gobierno y las Farc-EP hemos acordado so-licitar a la organización Ayuda Popular Noruega (APN) liderar y coordinar la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación”, dijeron las Farc y el Gobierno.

En concreto, según el comu-nicado conjunto de las dos dele-gaciones, el Gobierno y las Farc escogerán una serie de lugares donde arrancar a desminar. Crearán una mesa técnica -en donde estarán sentados ambas partes- que se encargará de que se identifiquen dónde están realmente sembradas las minas (algo que en Colombia aún no se conoce bien), de coordinar el desminado (que harán los batallones especializados del Ejército y otras ONG de desmi-nado), de vincular a las comu-nidades locales y, finalmente, de entregar la tierra libre de sospe-cha de minas.

Una parte importante de es-tas labores recaerán en Ayuda Popular Noruega, una ONG noruega especializada en des-minado que es financiada por el gobierno de su país (uno de los garantes de los diálogos) y que trabaja en 18 países. Como APN aún no está acreditada para trabajar en Colombia, ese será uno de los pasos priori-tarios.

Todas esas son tareas que ya ha venido haciendo el Gobierno, aunque -como contó La Silla- con magros resultados y poco interés.

A su vez, las Farc -que no desminarán, sino que contarán dónde están las minas y acom-pañarán el proceso- se compro-meten a no volver a sembrar minas en las áreas desminadas.

Ese será un paso grande para

una guerrilla que hasta hace poco justificaba su uso como -en palabras de Iván Márquez- “una forma de respuesta de las organizaciones populares a un ejército superior en fuerza”. Ayudar a desminar las minas que sembraron podría darles una mano para ir construyendo una legitimidad política que no tienen en muchos lugares y sec-tores de la sociedad.

12 Anexo marzo 2015

Una primera misión para el posconflictoEsta decisión de desminar, mano a mano el Gobierno y las Farc, es un gana-gana para el proceso de paz porque le da una primera tarea concreta que be-neficia directamente a la gente en muchas zonas rurales.

A diferencia de los tres acuer-dos temáticos que ya se firma-ron, que crean las bases para una transformación del país a mediano y largo plazo, acá los resultados serán visibles en apenas algunos meses.

“La Habana tiene en el des-minado un diamante en bruto. Un diamante, porque será la primera vez que las Farc y el Gobierno se sienten a trabajar juntos. Y no solo el Gobierno, sino el Ejército, las autoridades locales, los gobernadores y las comunidades. Eso es matar el coco de que con las Farc me toca sentarme, pero hay que saberlo pulir para que dé todo el brillo”, dice Álvaro Jiménez, el coordinador de la Campaña Colombiana contra Minas (la más importante ONG del país en el tema) y quien viene insistien-do desde hace dos años en un acuerdo humanitario de este tipo.

Sobre todo porque, sin des-minado, todo lo demás que se pacte quedará en el papel: la restitución de tierras que no ha podido avanzar en muchas regiones, el desarrollo del cam-po más abandonado o la erradi-cación de los cultivos de coca.

El desminado tiene un peso simbólico porque es un punto en el que todas las partes -in-cluidos muchos opositores y críticos del proceso- están de acuerdo.

Marta Lucía Ramírez pro-metió, durante su campaña presidencial, continuar con La Habana si las Farc se compro-metían a no sembrar más minas y entregar los mapas de dónde están, además de no reclutar niños, no violar mujeres y no atentar contra la población civil.

El uribista Óscar Iván Zuluaga, quien fue ablandando su postura sobre terminar con La Habana, adoptó esa misma condición tras aliarse con la candidata conservadora.

Pacho Santos -quien le dio prioridad al tema cuando era vicepresidente y lo tenía bajo su órbita- le reconoció a La Silla que «es un buen paso» aunque advirtió que el diablo está en los detalles como verificar que las Farc no vuelvan a minar esas zonas y que, de todos modos, si no hay un compromiso defini-tivo de la guerrilla por no minar más será «un paliativo, otro show para la tribuna”.

En todo caso, el desescala-miento del conflicto arranca con un paso que no tendrá mayor oposición porque se trata de una cuestión humanitaria.

En la práctica, desminar tiene varias implicaciones políticas.

La guerrilla tendrá que co-menzar a contar en dónde ha sembrado minas, un arma letal prohibida por el derecho de la guerra que usa para cerrarle el

paso a las tropas del Ejército, cortar el transporte de carre-teras o defender sus cultivos de coca.

Tanto que son los “más prolí-ficos usuarios de minas entre los grupos rebeldes del mundo”, en palabras del ‘Landmine Monitor’, el reporte anual que llevan la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas y su directora Jody Williams para seguir cómo avanza cada país en cumplir la Convención inter-nacional de Ottawa que prohíbe las minas y obliga a eliminarlas.

El Gobierno tendrá vía libre para desminar en muchas zo-nas donde antes no podía ha-cerlo por razones de seguridad, pero también deberá cesar sus operaciones militares allí (algo que también tendrá que hacer la guerrilla). Es decir, pactarán una suerte de cese del fuego bilateral en lugares muy con-cretos.

Pero, sobre todo, desminar tendrá un impacto real y rápido en muchas de las zonas más po-bres del país, cuyos habitantes viven en medio de la zozobra de no saber dónde pueden mo-verse y dónde no.

Un buen ejemplo es San Miguel, un municipio del Putumayo donde -como con-tó La Silla- la población de 17 de sus 25 veredas está prácti-camente sitiada desde diciem-bre. Desde que el frente 48 de las Farc decidió minar todos los caminos veredales y rastrojos para frenar una operación de erradicación forzosa de cultivos locales de coca, la gente vive en un estado de perpetuo temor.

Esa fue precisamente la propuesta que la Campaña Colombiana contra Minas lle-varon a La Habana en agosto pasado: una lista con 57 lugares “de interés comunitario” -es-cuelas, fuentes de agua, cami-nos y zonas de recreación- en todo el país que necesitan una intervención urgente. Fue la misma lista que Jody Williams, la Nobel de Paz en 1997, volvió a entregarle en enero a Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle.

Una de las mayores dificul-tades es que las Farc no tienen información exacta sobre dónde han sembrado las minas a lo lar-go de las décadas. Sin embargo, en casos como el de San Miguel, tienen la memoria fresca. Como las sembraron hace apenas tres meses, puede ser un buen lugar para arrancar.

Las minas, el coco de las co-munidadesEl acuerdo para desminar es una medida para bajarle la in-tensidad al conflicto, uno de los temas que se discuten en La Habana. Pero también está ínti-mamente relacionado con otro punto medular: el de las vícti-mas, ya que la mayor petición que le han hecho a las Farc las personas afectadas por minas es que muestren dónde las han sembrado.

“La verdad que más espera-mos de ellos es el mapa de las minas que sembraron, para

contener los daños. Porque lamentablemente seguimos es-perando más víctimas”, le dijo a La Silla hace un mes Siervo Antonio Bacca, un líder de víc-timas del Catatumbo, una zona con fuerte influencia de las Farc.

Bacca perdió su pierna dere-cha de la rodilla para abajo, una amputación con la que -a los 18 años- se despidió de su sueño de ser futbolista.

Como Bacca hay 12.250 co-lombianos, víctimas directas de minas, municiones sin ex-plotar y otros artefactos explo-sivos. Una cifra que convierte a Colombia en uno de los países más afectados del mundo.

Y eso que esta cuenta que lle-va la Unidad de Víctimas sólo incluye a las personas heridas o fallecidas por culpa de una mina, más no a sus familiares ni a las comunidades que se saben rodeadas de ellas.

“De las patas chuecas que le quedan a nuestro país son las minas y la gente desaparecida. Que las Farc y el Gobierno se pongan de acuerdo en desminar es un paso gigante, porque ya están de verdad hablando de algo que impacta al ciudadano de a pie”, dice Pastora Mira, una conocida líder de víctimas en el Oriente antioqueño, una de las zonas históricamente más afec-tadas por las minas en el país. “Poder volver al territorio con confianza, volver productivo un terreno donde hay minas reales o psicológicas, es una forma de reparación. Y también una ga-rantía de que no se va a volver a repetir”.

Su municipio de San Carlos, donde se han registrado 236 víctimas de minas (una de ellas su sobrino), fue el primero declarado libre de sospechas de minas en el país y apenas uno de cuatro que hasta ahora tienen esa buena suerte.

Desminar también generaría confianza en muchas comu-nidades rurales, que se sienten frustradas de saber dónde hay posiblemente minas -porque una vaca explotó o hay pedazos sospechosos de plástico- y no ver ninguna acción correctiva.

Como dice Mira, “la infor-mación es como el pescado: si usted lo descongela y no lo con-sume, se intoxica. Si usted no transmite la información y le da buena ruta para que los resulta-dos sean los que las comunidades esperan, se genera desconfianza. Hay un trabajo muy grande en crear esa confianza”.

Una segunda oportunidad para las minasEste acuerdo también impli-cará un cambio grande para el gobierno Santos, para quien -como ha contado La Silla- el desminado ha sido todo menos una prioridad.

Esa realidad, sin embar-go, está cambiando desde que el programa antimi-nas pasó de la vicepresiden-cia (donde Angelino Garzón le paró pocas bolas) al ‘ministe-rio del posconflicto’ que lidera el general retirado y negocia-dor Óscar Naranjo. Y sobre todo desde que otro general retirado, Rafael Colón, asumió las riendas del tema.

Aunque Colón solo lleva dos meses en el cargo, ya se ven cuatro cambios que han ido volviendo el desminado un tema más humanitario que de seguridad y que serán claves a la hora de aterrizar el acuerdo con las Farc.

Primero, se incrementará el número de desminadores. El Ejército ya prometió 10 mil hombres a futuro para sus batallones de desminado (20 veces el número actual) y se va a agilizar de dos años a un semestre el proceso de acredi-tación para ONG civiles, ya que solo la británica Halo Trust está desminando.

En camino vienen -además de Ayuda Popular Noruega- la Fundación Suiza para el Desminado (FSD), la france-sa Handicap International, el Grupo de Desminado Danés (DDG) y la Campaña Colombiana contra Minas.

La lógica de solo mapear las minas donde se desminará tam-bién cambió. Antes se hacían los estudios llamados ‘no técnicos’,

que permiten ubicar las minas y trazar unos polígonos de las áreas afectadas, cuando se despejaría ahí mismo, para que el Estado no corriera el riesgo de ser legalmente responsable de cualquier accidente.

Esa teoría, que hizo carrera los últimos cuatro años, ya fue desmontada y el general Colón -que liderará la mesa técnica en La Habana- le dijo a La Silla que “vamos a hacer una gran cam-paña de estudios no técnicos en todo el país desde junio”.

Este será uno de los prime-ros nudos ya que, como explica uno de los mayores expertos en desminado en el país, “necesita-mos gente bien entrenada, militares y civiles, porque no es una encuesta de salud sino un diagnóstico que requiere ca-pacitación de la gente, recursos, tiempo, supervisores y un mo-nitoreo externo”.

También se está reorgani-zando el mapa de los muni-cipios prioritarios, ya que hasta ahora no son necesariamente los más afectados y se estaba -en palabras de Álvaro Jiménez- “poniendo el remedio donde no está el dolor”. Según Colón, el nuevo mapa de desminado incluirá 102 municipios alta-mente afectados: se comenzará a trabajar en 15 este año, 30 el próximo, 50 el siguiente y se completará la lista de los más críticos en 2021.

Y, finalmente, la comunidad internacional está volviendo a interesarse en financiar el des-minado en Colombia, algo a lo que estaba muy reacia dado el poco interés del Gobierno. Además de Noruega, Japón dijo esta semana que quiere poner plata para hacerlo.

Con estos cambios, pero so-bre todo con el impulso que les dará el acuerdo entre las Farc y el Gobierno, los vientos para el desminado en Colombia pare-cen estar cambiando y el des-escalamiento del conflicto real-mente arrancará.

Como dice Pastora Mira, “mi hijo debe estar diciendo en el cielo, ‘Juemadre, ¿vieron que sí se podía?’”.

separata medios marzo 2015

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