proyecto terminal: nuevo sistema de justicia penal en...
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
ÁREA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
PROYECTO TERMINAL:
“Nuevo Sistema de Justicia Penal en México:
Medidas Cautelares en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio”
COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE:
MAESTRO EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN EL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
QUE PRESENTA:
GABINO GUADALUPE RÍOS GERALDO
DIRECTOR:
DR. RODRIGO SERRANO CASTRO
LA PAZ, B.C.S, ENERO DE 2017
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
ÁREA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
PROYECTO TERMINAL:
“Nuevo Sistema de Justicia Penal en México:
Medidas Cautelares en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio”
COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE:
MAESTRO EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN EL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
QUE PRESENTA:
GABINO GUADALUPE RÍOS GERALDO
DIRECTOR:
DR. RODRIGO SERRANO CASTRO
LA PAZ, B.C.S, ENERO DE 2017
DICTAMEN APROBACION
Dedicatoria:
… a Dios y a mi familia
Agradecimientos:
Agradezco a quienes me han acompañado en el trascurso de mi formación
durante la maestría, a los maestros, mis compañeros, a quienes formaron parte de la
revisión de este trabajo final; a mi Director Dr. Rodrigo Serrano Castro, los
maestros, Carlos E. Vergara Monroy, Alejandro Cardoza Velazco, Manuel
Salvador Díaz, Agradecimiento especial al M. En C. Vicente Cardoza López, Jefe
del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas por sus atenciones y,
así como a la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
... Muchas gracias.
Índice general Tema Página Índice de Figuras. Glosario de términos. Resumen. Introducción: …………………………………………………….…….……………….….. 14 Planteamiento del problema: …………………………………..…….………….………. 17 Antecedentes: …………………………………………………………..……………….… 18 Justificación: …………………………………………………….…….……………….….. 20 Objetivos generales: ………………………………………….….….……………….…… 21 Metas: ………………………………………………………………….…………….…..… 21 Metodología: …………………………………………………………..………….……….. 21 CAPÍTULO I. MEDIDAS CAUTELARES: ORIGEN HISTÓRICO Y DEFINICIÓN ACTUAL: …………………………………………….…..….…….…..... 22
I.1. Origen histórico de las medidas cautelares en el sistema penal romano: ………………………………………………………..……….…. 23 I.1.1. En el Derecho Romano: ………………………………………………..…..... 23 I.1.2. Los tiempos de la República: ………………………………………….…….. 24 I.1.3. Ley de las XII Tablas (451 antes de J.C.): ………………………….……… 25 I.1.4. El imperio: …………………………...……………………………. …..……… 26 I.1.5. Período Justinianeo: ………………………………………………….………. 27
I.2. Definición actual de las medidas cautelares: ………….………………….…….. 28
Índice general Tema Página CAPÍTULO II. MÉXICO: LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL DE 2008 Y EL NUEVO SISTEMA DE MEDIDAS CAUTELARES: …………………………………………………………………....……… 30
II.1. La reforma constitucional: ………………………………………..………… …… 31 II.2. Nuevo sistema de medidas cautelares y sus principios: …………..…….…… 32
CAPITULO III. NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTELARES:………….…………………………………….…...……. 36
III.1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ……...……..….. 37 III.2. Código Nacional de Procedimientos Penales: ………………………….…….. 38 III.3. Justicia para adolescentes y medidas cautelares:……………………...…….. 73 III.3.1. Ley Federal de Justicia para Adolescentes: …………………………...… 74 III.3.2. Ley Nacional de Justicia para Adolescentes:……………………... …….. 77
Conclusiones:……………….……………………………………………… .…..….……. 85 Referencias bibliográficas y/ o fuentes de información consultadas:………..……… 97
Índice de Figuras.
Número Tema Grafica Página
Grafica. I.
Puesta a disposición por flagrancia o urgencia y
personas en libertad.
89
Grafica. II.
Vinculación a proceso.
90
Grafica. III.
Medidas cautelares.
91
Grafica. IV.
Etapa de juicio; emisión del fallo.
92
Grafica. V.
Revisión de medidas cautelares.
93
Grafica. VI.
Suspensión condicional del proceso.
94
Grafica. VII.
Supervisión de medidas cautelares y salidas
alternas.
95
Grafica. VIII.
Complementariedad de las dos funciones
centrales de los SPJ
96
Glosario de términos. Audiencia de Control de Detención. Es la audiencia en la que se verifica la legalidad o ilegalidad de las detenciones realizadas en los supuestos de flagrancia o caso urgente. Audiencias preliminares. Son aquellas que se realizan ante el Juez de Control durante la etapa de investigación. Investigación Inicial o Desformalizada. Es la primera etapa del procedimiento, la cual inicia con la noticia criminal, y se encuentra a cargo del Ministerio Público quien junto con los peritos y policías reúnen los indicios del hecho para llegar a su esclarecimiento y se allega de los datos de prueba pertinentes para sustentar el ejercicio de la acción penal. Juez de Control. Es el juez que se va a encargar de conocer y resolver las cuestiones planteadas por las partes desde la etapa de investigación, hasta el momento que se dicta el auto de apertura a Juicio Oral. Mediación. Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta. El Facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los Intervinientes Medida Cautelar. Busca cumplir tres objetivos: que el imputado no se evada de la justicia, proteger a los testigos, víctimas y a los indicios, y que se cumplan las obligaciones procesales. Se rigen por los principios de provisionalidad, excepcionalidad, jurisdiccionalidad, legalidad, proporcionalidad y necesidad. Ofendido. Es el titular del bien jurídico tutelado por la norma, que sufrió un menoscabado o puesta en peligro dado la acción o la omisión desplegada por el infractor penal. Tribunal de enjuiciamiento. Es un órgano jurisdiccional colegiado, constituido por tres jueces de control que no hubiesen conocido de ninguna de las etapas previas a la de juzgamiento, y los cuales celebrarán la Audiencia de debate del Juicio Oral, debiendo emitir la sentencia correspondiente debidamente fundada y motivada. Víctima del delito. Personas físicas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional como consecuencia de la comisión de un delito.
Resumen.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 18 de junio de 2008,
el Decreto por el que se reforman los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las
fracciones XXI y XXIII del Artículo 73; la fracción VII del Artículo 115 y la fracción XIII
del apartado B del Artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Con la entrada en vigencia de la de esta Reforma, nuestro
sistema penal ha debido enfrentar el desafío de instalar efectivamente los principios
que inspiran el nuevo procedimiento. Este ha consagrado un sistema oral, público y
contradictorio, que fue articulado especialmente para relevar el principio de
presunción de la inocencia, conforme al cual el imputado debe ser tratado como
inocente durante todo el curso de la investigación y el juicio. Sin embargo, no
bastaba con declarar explícitamente en la norma tal principio, era necesario generar
una completa institucionalidad que soportara un sistema más sofisticado de medidas
cautelares personales y que dotara al juez de posibilidades diversas para
responder a las necesidades de cautela que presentaban los distintos casos. De
esta forma, junto a la prisión preventiva, se introdujeron al código Nacional de
Procedimientos Penales las medidas cautelares alternativas a la Prisión preventiva
que son mencionadas a lo largo del presente trabajo.
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Introducción.
Como ya lo he señalado en la página que antecede, el pasado 18 de junio de
2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforman los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del
Artículo 73; la fracción VII del Artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del
Artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La
aprobación de estas reformas tiene como finalidad el mejorar el funcionamiento de
las diferentes instituciones que integran el Sistema de Justicia Penal en México,
encargadas de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, así como
de la reinserción social.
De los diversos cambios constitucionales aprobados al sistema de justicia
penal mexicano, uno de los que destaca en el subsistema de impartición de justicia,
es el relativo a la introducción de los juicios orales. Lo anterior representa un gran
avance, ya que marca una gran pauta en la aplicación de los instrumentos de
carácter internacional en torno a los diferentes derechos humanos y que constituyen
herramientas jurídicas fundamentales que deben de ser adaptadas a las situaciones
específicas en cada sociedad, así como la importancia de promover el respeto y
despliegue de la dignidad humana, en un ámbito de justicia social que involucra las
dimensiones tanto individual como colectiva de la persona. Esta reforma en materia
penal, constituye una de las enmiendas más amplias del sistema de justicia penal
mexicano, realizada en los últimos tiempos, tanto por el número de Artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformados, 10 preceptos,
como por los nuevos conceptos, instituciones y procedimientos que incorpora: auto
de vinculación a proceso, medios alternos de solución de conflictos, criterio de
oportunidad, ejercicio privado de la acción penal, jueces de control, de juicio oral, de
ejecución de penas, entre otras figuras reforzadas como lo son las medidas
cautelares.
15
El impacto y beneficio provocados por dichas modificaciones se proyectan
directamente en la forma de entender y concebir el derecho por parte de los
operadores de dicho sistema como son jueces, ministerios públicos, defensores,
indiciados y víctimas del proceso penal. El objetivo, que esta transformación busca
es el de dejar atrás la impunidad y la arbitrariedad, que existían hasta antes de la
reforma penal que nos ocupa.
Una de las motivaciones que impulsaron la reforma constitucional era reducir
la sobrepoblación que existe en nuestras cárceles, ya que muchos de los reos se
encuentran compurgando penas sin tener una sentencia definitiva y muchos otros se
encuentran sentenciados por delitos menores. Un tema importante en el Nuevo
Sistema de Justicia Penal, y objeto de estudio del presente trabajo son las medidas
cautelares. Por ello, es de precisarse que una medida cautelar consiste en la
restricción provisional del ejercicio de uno o más derechos constitucionales,
impuesta al imputado ante la existencia de indicios en torno a la presencia de un
hecho delictuoso, la probable intervención del imputado, así como la existencia de
un riesgo o peligro para el proceso. Para muchos las medidas cautelares, no son
más que formas de castigo disfrazadas, para otros, no necesariamente disfrazadas
ya que a simple vista lo son.
También la medida cautelar puede consistir en la afectación a la esfera
patrimonial de terceras personas, pero que asumen una responsabilidad pecuniaria
por los daños ocasionados por la conducta ilícita del imputado al haberse actualizado
una de las reglas de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.
El presente estudio sobre las medidas cautelares en el Nuevo Sistema de
Justicia Penal, es muy relevante, ya que como se menciona con esta reforma, la
prisión preventiva es la excepción a la regla para la tramitación de un proceso penal.
16
Con los trabajos de la reforma penal, surgió la necesidad de estudiar el
impacto que tendría el límite a la prisión preventiva en los códigos de procedimientos
penales, y por otra parte, era necesario el incluir en los mismos una diversidad de
medidas cautelares que, sin atentar contra la libertad del individuo, sirvieran
efectivamente para lograr con éxito un proceso penal garantizando los derechos
fundamentales de todas las partes en el proceso.
El presente trabajo está estructurado en tres Capítulos. El primero de ellos se
denomina “Medidas cautelares: origen histórico y definición actual” dentro de sus
subtemas abarco el Origen histórico de las medidas cautelares en el sistema penal
romano y la Definición actual de las medidas cautelares. “México: la reforma
constitucional en materia penal de 2008. El tema del segundo Capítulo, es “el nuevo
sistema de medidas cautelares” abarcando los subtemas de la reforma constitucional
y el nuevo sistema de medidas cautelares y sus principios. Finalmente el tercero de
los capítulos, lo he denominado “Normatividad aplicable en materia de medidas
cautelares”, interesante porque en el abarco los subtemas de leyes federales así
como el del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte está el
apartado de las Conclusiones generales, y un apartado de figuras que tiene que ver
con flujogramas que dan una visión rápida de las medidas cautelares en el Nuevo
Sistema de Justicia Penal.
Deseo agregar que este trabajo de investigación, se basa principalmente en
las experiencias que se desarrollaron en mi estancia profesional. Algunos Artículos
los he comentado, algunos están solo transcritos, suplico al lector que no confíe en
que los Artículos aquí mencionados en su totalidad están referenciados literalmente,
pues algunos están comentados, otros acortados, ya que la idea es la referencia de
los mismos.
17
Planteamiento del problema.
Este estudio guarda especial importancia por su contenido, ya que a través del
mismo se podrá aumentar el grado de eficiencia de los procesos penales y al mismo
tiempo respetar los derechos humanos de las víctimas e indiciados en el proceso
penal. El lector encontrará un importante instrumento que servirá como directriz para
entender la importancia de las medidas cautelares y sus elementos esenciales en
una exposición clara y precisa del tema que nos ocupa. Por medio del presente
análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales para este trabajo, se podrá
aumentar el grado de eficiencia de los procesos penales y al mismo tiempo respetar
los derechos humanos de las víctimas e indiciados en el proceso penal.
Escoger este tema de investigación, es de gran relevancia para mí, ya que la
documentación, no quedará en un papel o medios electrónicos, será pues el
presente trabajo de investigación el día de mañana, una importante herramienta
practica para el desarrollo de las actividades dentro del papel que nos toque
desarrollar dentro de este sistema jurídico. La principal pregunta realizada al
momento de plantearme este trabajo fue una:
¿Cuáles son y cómo se definen las medidas cautelares en el
procedimiento penal acusatorio?
Esta pregunta es contestada en su totalidad en el desarrollo de la
investigación, no descarto otras que también obtienen respuesta, como lo son sobre
el tema de la efectividad en su aplicación y algunos datos relevantes.
18
Antecedentes.
México es una república constituida por una federación de estados, esta
organización político-administrativa tiene su origen en la Constitución de 1917. A
partir de esta Constitución emana la autonomía de cada uno de los estados para la
conducción político administrativa de sus habitantes y territorios. Este modelo
durante los últimos años se ha visto fortalecido por la demanda constante de la
sociedad civil de nuevos espacios de democracia, pluralidad y laicismo. En atención
a esto, el 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento de un Nuevo
Sistema de Justicia Penal en México.1
El Constituyente Permanente propuso un sistema en el que se respeten los
derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la
presunción de inocencia para este último, lo cual fortalece el debido proceso y el
pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en
una investigación o procedimiento penal. El Nuevo Sistema de Justicia se basa en un
sistema acusatorio-adversarial donde el juez decide de manera imparcial, frente a las
solicitudes de los intervinientes; y en que los conflictos jurídicos relevantes se
resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias. El Poder Legislativo
estableció un plazo de ocho años para su implementación por parte de las
instituciones relacionadas con el sistema, por lo cual la meta se fijó para 18 de junio
de 2016. Con base en este mandato constitucional, en agosto de 2009 se instituyó a
nivel federal el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, cuyo órgano administrativo
es la Secretaría Técnica y que tiene la función de apoyar a los gobiernos federal y
estatales en el proceso reformista.
1 Consúltese Diario Oficial, contenido de la reforma completo en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008.
19
A su vez, cada estado del país dispone de un órgano homólogo local. El
sistema de justicia penal acusatorio es oral; sus principios procesales son la
publicidad, la inmediación, la contradicción, la continuidad y la concentración, y se
fundamenta en el predominio de los derechos fundamentales de víctimas y personas
imputadas, creando nuevas figuras y mecanismos procesales, como los servicios
previos al juicio, los medios alternativos de resolución de controversias, las
suspensiones condicionales del proceso a prueba y los procedimientos especiales.
Por su parte, el Congreso del Estado de Baja California Sur, emitió las
declaratorias de adopción e inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos
Penales en el Estado y de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el
Estado de Baja California Sur, con las siguientes fechas: En el Partido Judicial de
Comondú, el primero de julio de dos mil quince. En el Partido Judicial de La Paz,
entró en vigor el primero de enero de dos mil dieciséis. En los Partidos Judiciales de
Loreto, Mulegé y Los Cabos, el primero de junio de dos mil dieciséis.
En el proceso de reforma del Sistema de Justicia Penal se encuentra el reto
de establecer un proceso penal que, por un lado, permita de forma eficiente el
combate a la delincuencia y, al mismo tiempo, garantice el pleno respeto a los
derechos de las víctimas u ofendidos del delito y de los imputados. Finalmente, todo
lo anterior debe traducirse en mayor transparencia y eficiencia, a un menor costo en
recursos públicos, tiempo y carga para las partes implicadas en el conflicto penal.
20
Justificación.
La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, publicada el
18 de junio de 2008, subraya que la prisión preventiva es una de las múltiples
medidas cautelares que pueden ser aplicadas en el proceso penal y con ello busca
transformar la generalización de su aplicación en el proceso penal mexicano.
Esta reforma constitucional, busca modificar el abuso sistemático de la prisión
preventiva en el sistema jurídico mexicano estableciendo la obligación legislativa de
incorporar un grupo de medidas cautelares que serán de aplicación preferente a la
prisión preventiva. De esta manera la transformación de las prácticas de la utilización
de las medidas cautelares constituyen una de las más importantes apuestas de la
reforma de 2008 y su uso racional constituye una de las metas más importantes del
nuevo sistema. En otras palabras, el poder reformador de la constitución mexicana
no proscribió el uso de la prisión preventiva sino su abuso.
Las medidas cautelares en el proceso penal afrontan la difícil empresa de
conciliar la necesidad de proteger a la sociedad y, en especial, a la víctima u
ofendido del delito, con la obligación del mismo estado de derecho de respetar los
derechos del individuo sujeto a proceso. Esta es la tensión inherente al diseño del
proceso penal, sin embargo, es en el ámbito de la prisión preventiva donde puede
observarse con toda su crudeza.
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Objetivos generales:
Marcar un breve antecedente de las medidas cautelares.
Dar una definición general de lo que son las medidas cautelares conforme a la
legislación mexicana.
Señalar la parte del Código Nacional del Procedimientos Penales se
encuentran las medias Cautelares.
Indicar cuáles son las medidas cautelares contempladas en el Código
Nacional de Procedimientos Penales.
Realizar algunas presiones que ayuden a una mejor aplicación de las Medidas
Cautelares en el ámbito de aplicación práctico, señalando algunos errores
más comunes en su aplicación.
Metas.
Este trabajo está desarrollado y comprende el estudio, análisis y depuración
de información tanto Federal como Local que llevo el lapso de dos años. Estudia de
una manera general datos desde 2008 pero más específicamente 2014-2016.
Metodología.
Las técnicas de investigación que se utiliza en este trabajo es: la revisión
documental, basada en la revisión de Legislación Federal, Local, consulta en
internet, fuentes bibliográficas. Se utilizó el método deductivo. Ya que de manera
general se hicieron las comparaciones para llegar de manera específica al tema en
particular. Para lograr cada uno de los objetivos planteados he tomado el ejercicio de
analizar de manera general la normatividad aplicable, pero más concretamente el
Código Nacional de Procedimientos Penales reformado en 2016.
22
CAPÍTULO I.
MEDIDAS CAUTELARES:
ORIGEN HISTÓRICO Y DEFINICIÓN ACTUAL.
23
CAPÍTULO I. MEDIDAS CAUTELARES: ORIGEN HISTÓRICO
Y DEFINICIÓN ACTUAL.
I.1. Origen histórico de las medidas cautelares en el sistema penal romano.
Lo más importante al referirnos a las medidas cautelares en el Nuevo Sistema
de Justicia Penal y que no debemos perder de vista es el carácter excepcional que
tienen y al mismo tiempo que su aplicación debe ser proporcional al peligro que
tratan de evitar y a la pena o medida de seguridad que pudiere llegar a interponerse.
Deben interponerse a la luz de la presunción de inocencia, son de aplicación
restringida y no constituyen un anticipo de la pena que al final de procedimiento en la
sentencia se pudiera aplicar, su duración estará condicionada hasta que
permanezcan las causas que le dieron origen.
I.1.1. En el derecho romano.
Específicamente durante la monarquía, el derecho penal romano presenta las
características propias de las formas penales primitivas. Así se puede observar un
marcado tilde teológico o religioso, con la presencia de las prohibiciones y
expiaciones típicas del tabú, lo que implicaba darle un perfil sacro a la pena. Este
período va a tener un elemento singular: la autoridad del pater familiae, cuyo poder
podía en casos extremos llegar hasta el “ius vitae ac necis” es decir a decidir sobre la
vida de los sujetos bajo su potestad. Se va a notar en esta época primitiva, que
podríamos ubicarla en el período de los “Reyes” (753-509 a J.C.), la influencia de la
ley del Talión en toda su magnitud. Esta aceptación de la “retribución” da al instinto
de venganza una medida y un fin, abriéndose el período de la pena tasada, haciendo
esta especial expresión convivir la jurisdicción familiar con la jurisdicción del Rey.
Podríamos decir sin lugar a equivocaciones que los romanos en su concepción del
sistema punitivo fueron los grandes precursores del derecho penal moderno.
24
I.1.2. Los tiempos de la República.
Si bien el poder del “Rey” y del “pater” era suficientemente fuerte, distaba de
ser arbitrario. En este sentido existían pautas más que razonables a las cuales se
adecuarían las conductas de quienes debían decidir sobre personas. En aquellos
tiempos era comprensible que imperara el sistema inquisitivo, lo que, de suyo
implicaba, un marcado poder de decidir por parte de quien tenía que juzgar. Sin
embargo se pudo advertir algún tipo de “control” recursivo como lo fue la “provocatio
ad populum” donde una sentencia a muerte dada por un magistrado podía quedar
sometida al juicio del pueblo. Este “perdón”, para decirlo de manera pedagógica,
encuentra un parcial referente moderno en el indulto.
Es justo decirlo que la “provocatio ad populum” presentaba algunos “riesgos”
francamente peligrosos, no sólo porque discriminaba (no era aplicable a mujeres o
extranjeros), sino porque tenía un sino político desmedido que en reiteradas
ocasiones manejaba la opinión pública y desde allí el resultado final. Hay entonces
una contienda por el monopolio del poder público en la represión de los delitos y por
prohibir la venganza privada.
Durante la República, el pueblo romano había sido simultáneamente legislador
y juez quedando como delitos privados (librados a arreglos entre las partes) sólo los
más leves. Paulatinamente con el transcurso del tiempo se fue entregando la facultad
de juzgar a las Quaestiones que lo hacían por “exigencias de la majestad del pueblo
romano” y de “la salud de la cosa pública”, lo que estaba bien distante de la
concepción teocrática oriental. El derecho penal romano se fundaba así en el interés
del Estado.
25
I.1.3. Ley de las XII Tablas (451 antes de J.C.).
Fontán Balestra2 practica una didáctica síntesis de la Ley de las XII Tablas, la
que ubica a principios de la República atribuyéndole un vasto repertorio de normas
del derecho penal. Veamos algunas de las características que imprimen las “Tablas
VII” (de los delitos) y las “Tablas XII” (suplemento a las V últimas Tablas) y que
detalla el afamado penalista:
a). Se determinan cuáles son los delitos privados, no admitiéndose fuera de
éstos casos la venganza privada; b). Se afirma el principio del talión; c). Se establece
la composición como medio de evitar la venganza privada, por lo que tiene función
de pena subsidiaria; d). Se elevan al carácter de delitos públicos, además
del perduellio y el parricidium, el falso testimonio en una causa civil y el incendio
doloso. En este último caso –dice Mommsen- al incendiario debía serle aplicada la
pena de muerte por medio del fuego; e). El ejercicio de la venganza privada se sigue
admitiendo en el caso de la mutilación y encubrimiento; para el primero es lícito
producir mal idéntico al sufrido (talio) y en los casos de encubrimiento, se admite la
venta del culpable como esclavo fuera del Estado (extra-tiberium); f). La ley de las XII
Tablas mantiene la sanción precívica de la declaración de sacer respecto de algunos
hechos, y para los demás, las penas son de muerte (suplicium), que se fija para los
libelos y ultrajes públicos difamatorios, para el patrono que defrauda a su cliente,
para los salteadores o grupos de noche y en la ciudad (Tabla VIII), la pena de multa
(damnum), por ejemplo, de 25 ases para la injuria (Tabla VIII); g). En cuanto al
elemento subjetivo, se requiere el dolo y se distingue entre el homicidio doloso y el
culposo; para éste último se fija el pago de un carnero a los parientes próximos; h).
La legislación penal se basa en la igualdad social y política; no se conoce la tortura
como medio para obtener la confesión; i). Se admite la defensa legítima opuesta al
ladrón que obra en la noche, y en el caso de que se resista por las armas (VIII).
2 Consúltese Fontán Balestra, Carlos, Tratado de Derecho Penal.
26
I.1.4. El imperio.
Apartados del período de transición progresivamente van apareciendo
Tribunales con funcionarios imperiales lo que a la postre constituirían los verdaderos
órganos jurisdiccionales, ahora en manos del Estado. Tomando como base el
gobierno de Augusto, las Cognitio extra ordinem comenzaron a funcionar poniendo
así en marcha los órganos jurisdiccionales del Estado. Hay un incremento en las
penas, apareciendo nuevamente la condena a muerte, la cual –en esta ocasión- sólo
se va a aplicar a los parricidios. Con posterioridad a los tiempos de Adriano esta
pena de muerte se extiende también a los delitos graves apareciendo otros tipos de
penas vejatorias como la condena en las minas (at metalla) y la pena a trabajos
forzados (at opus).
Estas instituciones penales subsisten aun en la actualidad aunque no en
nuestra país. En cuanto a la función de la pena ésta no sólo tendrá un carácter
retributivo sino correctivo. También se tiene en cuenta la enmienda (tal vez por la
idea religiosa que se mantiene) y –por supuesto- la función intimidatoria. Esto último
sugiere que la pena tendrá la función de prevención general o especial, según esté
dirigida a toda la comunidad o directamente al reo. La “dogmática” (por darle un
calificativo aproximado) del derecho penal tiene su avance y comienza a
desarrollarse la idea del dolo el cual constituirá la intención del sujeto. Según esta
tesis, el aspecto subjetivo del delito distinguirá entre dolo de propósito y dolo de
ímpetu, teniéndose en cuenta la preterintención (praeter) lo que señala un “ir más
allá” de la intención, es decir cuando se quiere cometer un delito determinado y se
comete otro más grave aunque el medio razonablemente no debía causar ese
resultado. Otras cuestiones muy interesantes aparecen en el universo de la parte
general del derecho penal y son las relacionadas con el error. Como se sabe el error
en el conocimiento excluye el dolo, más la trascendencia aquí está dada por
la ignorantia juris la que se empieza a admitir como excusa (la opinión es de
Grispigni).
27
I.1.5. Período Justinianeo.
De insoslayable tratamiento resulta la obra de Justiniano en cuanto recopila
importantes textos del Derecho Penal para condensarlos en los libros 47 y 48 del
Digesto y el libro IX del Código. Las consignas que propone este período pueden
sintetizarse en lo siguiente: a) se consolida la función pública de la pena; b) las
penas privadas pasan a ser económicas y se reducen los delitos privados; c) el fin y
función de la pena pasa a ser una cuestión de “prevención general”, claro está que
mediante la intimidación o coacción al delincuente. Dentro de las nuevas figuras
delictivas dadas en esta etapa está la blasfemia.
Concretamente haciendo referencia al derecho Procesal Penal y siguiendo a
los más destacados procesalistas, se enseña que el proceso penal romano alcanza
un alto grado de desarrollo y elabora elementos de los cuales algunos son hoy
todavía patrimonio del proceso penal. Baste aquí recordar la materia de las pruebas
en alguna de las cuales el proceso romano se presenta como modelo insuperable de
finura jurídica y psicológica, y el hecho de representar este proceso el tipo del
acusatorio.
I.2. Definición actual de las medidas cautelares.
En este apartado, veremos algunas definiciones prácticas sobre el concepto
y/o definición de las medidas cautelares, por lo que empezare diciendo que para
Martínez Botos3, las medidas cautelares son disposiciones judiciales que se dictan
para garantizar el resultado de un proceso y asegurar el cumplimiento de la
sentencia, evitando la frustración del derecho del peticionante derivada de la
duración del mismo.
3 Martínez Botos, Medidas Cautelares, pág. 27/29, Ed. Universidad, 1990, Bs. As.
28
Etimológicamente, la palabra medida, en la acepción que nos atañe, significa
prevención, disposición; prevención a su vez, equivale a conjunto de precauciones y
medidas tomadas para evitar un riesgo. En el campo jurídico, se entiende como tales
a aquellas medidas que el legislador ha dictado con el objeto de que la parte
vencedora no quede burlada en su derecho. En el diccionario de la Real Academia
Española, podemos encontrar la definición de la palabra cautelar como prevenir,
precaver o el dicho de una medida o de una regla, que es importante decirlo,
destinada a prevenir laconsecución de determinado fin o precaver lo que pueda dificu
ltarlo. Acción, procedimiento, sentencia cautelar. Son aquellas medidas que pueden
solicitar los intervinientes de un proceso penal, las cuales deben ser decretadas por
el tribunal de garantía con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines
del proceso o asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieren derivar de él
para el acusado. También a las medidas cautelares se les ha denominado
como precautelativas, asegurativas o provisionales, haciendo abstracción de las
diferencias semánticas, lo cierto es que su finalidad primordial es la de evitar que la
parte perdidosa haga estéril el triunfo del adversario, el cual podría encontrarse con
la situación de que su victoria en la litis no tendría sobre que materializarse,
quedándole sólo una sentencia a su favor pero ningún bien del perdidoso del cual
cobrarse para hacer efectiva su pretensión, bien sea por que este se insolvente real
o fraudulentamente, o porque de uno u otra manera ha ocultado sus bienes para
eludir su responsabilidad procesal.
En el proceso penal el Juez puede ordenar medidas con las que trata de
asegurar el correcto desarrollo del proceso, y también que la persona acusada esté a
disposición del Juez el tiempo necesario para investigar el delito. A estas medidas se
las denomina cautelares. Las medidas cautelares, son aquellas dictadas mediante
providencias judiciales, para asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en
el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho.
Las medidas cautelares, implican la adopción de medidas judiciales, tendientes a
hacer efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido.
29
En esencia, la medidas cautelares son todas aquellas actuaciones o
decisiones que, sin prejuzgar del resultado final, de contenido positivo o negativo;
que un Juez, puede adoptar para que las resultas de la resolución judicial surta
plenos efectos para los interesados o para la parte procesal. Las medidas cautelares
serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para
asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la
víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.4
Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que
se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la
privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en
plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir
interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales
medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular
estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de
otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el
ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación
que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales
providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan
sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o
jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar
los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la
imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia.
4 Consultado en http://www.reformapenalqueretaro.gob.mx/medidas-cautelares
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CAPÍTULO II.
MÉXICO: LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL DE
2008 Y EL NUEVO SISTEMA DE MEDIDAS CAUTELARES.
31
CAPÍTULO II. MÉXICO: LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL DE
2008 Y EL NUEVO SISTEMA DE MEDIDAS CAUTELARES.
II.1. La reforma constitucional.
El pasado 18 de junio de 2008 como ya lo he señalado, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los Artículos 16, 17, 18,
195, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del Artículo 73; la fracción VII del Artículo
115 y la fracción XIII del apartado B del Artículo 123, todos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. La aprobación de estas reformas tiene como
finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el
Sistema de Justicia Penal en México, encargadas de la seguridad pública, la
procuración e impartición de justicia, así como de la reinserción social. Los
instrumentos jurídicos relacionados con los derechos humanos van dando cuenta de
la necesidad que tenemos de igualdad, de justicia, libertad, paz, trabajo,
autodeterminación, asilo, etc. Desde esta idea el gobierno mexicano se debe
construir bajo la noción de garantizar, respetar y promover los derechos de la
población que le dio origen. Una de las motivaciones que impulsaron la reforma
constitucional era reducir la sobrepoblación que existe en nuestras cárceles, ya que
muchos de los reos se encuentran compurgando penas sin tener una sentencia
definitiva y muchos otros se encuentran sentenciados por delitos menores. Un tema
importante en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y objeto de estudio del presente
trabajo son las medidas cautelares.
5 CONTRADICCIÓN DE TESIS 315/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.(.En la especie por disposición del Artículo 19 constitucional5 todos los autos de vinculación a proceso que se dicten por el hecho delictuoso de violación,5 entre otros, trae, de facto, que el Juez imponga oficiosamente como medida cautelar la prisión preventiva, es decir, que como consecuencia de un acto dictado por un delito de esa naturaleza será privado de su libertad sin excepción alguna, con independencia de que dicha medida cautelar se imponga en la misma resolución de vinculación a proceso, o bien, en una diversa.
32
Por ello, es de precisarse que una medida cautelar consiste en la restricción
provisional del ejercicio de uno o más derechos constitucionales, impuesta al
imputado ante la existencia de indicios en torno a la presencia de un hecho
delictuoso, la probable intervención del imputado, así como la existencia de un
riesgo o peligro para el proceso.
Para muchos las medidas cautelares, no son más que formas de castigo
disfrazadas, para otros, no necesariamente disfrazadas ya que a simple vista lo son.
También la medida cautelar puede consistir en la afectación a la esfera patrimonial
de terceras personas, pero que asumen una responsabilidad pecuniaria por los
daños ocasionados por la conducta ilícita del imputado al haberse actualizado una de
las reglas de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.
II.2. Nuevo sistema de medidas cautelares y sus principios.
El proceso penal puede ser observado como un vehículo o medio de
expresión de la función jurisdiccional que cuenta con tres finalidades establecidas de
conformidad con la teoría: de cognición, ejecución y cautela. El primer objetivo
comprende la primera fase del proceso en donde el imputado se lleva ante un Juez
de Control y un tribunal oral en el cual se da conocimiento de un posible hecho
constitutivo de delito. El segundo constituye la sentencia y el cumplimiento de una
sanción, y el tercero busca garantizar la eficacia del proceso. En este sentido, para
que se desarrolle de forma idónea el conocimiento y la ejecución procesal de un
hecho constitutivo de delito, se crearon las medidas cautelares con el objeto central
de lograr la “garantía de eficacia del acto jurídico pretendido” para prevenir la posible
comisión de un hecho que merme o ponga en riesgo el éxito del proceso, por lo que
la persona legitimada para ello “puede solicitar al juzgador, a manera de prevención,
que la persona contra quien va a enderezar una acción, haga o deje de hacer una
cosa”.
33
Su utilidad, de conformidad con José Acosta6, tiene que ver más con el éxito
de la administración de la justicia que con el interés de los individuos, en tanto que su
naturaleza de tutela anticipada restringe libertades o derechos de los imputados en
función de la posibilidad de realización de un acto que pudiera llegar a lastimar el
buen desarrollo de la justicia. En este sentido, se establecen ciertas medidas que
prevén la posible comisión de un hecho, incluso antes de que éste llegue a
desarrollarse, de este modo, se contemplan problemáticas que pudieran surgir en el
proceso.
Si bien estas medidas han sido comunes en el sistema penal mexicano, pese
a la instauración del sistema penal acusatorio, la forma de concebirlas e imponerlas
difiere en el sistema inquisitivo, puesto que se restringen las libertades de los
imputados y la imposición de la medida cautelar debe observar ciertos
requerimientos en su proceso de aplicación.
Esto es porque el sistema acusatorio, además de desahogar el sistema penal,
también se inserta en una concepción garantista en donde se busca proteger los
derechos de la víctima y del ofendido, así como los derechos del imputado. Es decir,
se toma en cuenta el principio de presunción de inocencia, y de conformidad con las
reformas constitucionales de los derechos humanos. De esta manera, dado que la
medida cautelar restringe derechos y libertades, éstas deben de ser impuestas bajo
la más estricta evaluación y de acuerdo con los siguientes principios:
a). Jurisdiccionalidad. Hace referencia a que toda medida cautelar debe de
ser impuesta ante un juez. Si bien el Ministerio Público es quien solicita la imposición
de la medida, el Juez de Control es quien deberá valorar el hecho concreto y las
características del imputado a fin de poder determinar la pertinencia de la imposición
de la pena.
6 Véase Acosta José, El proceso de revocación cautelar. Levantamiento, modificación, caducidad y nulidad de las medidas cautelares, Argentina, Rubinzal y Culzoni Editores, 1986, p. 13.
34
b). Igualdad. Para poder imponer una medida cautelar debe citarse a una
audiencia en donde ambas partes tendrán la posibilidad de argumentar y discutir
sobre la procedencia o no del uso de alguna medida. Esto mismo atiende al principio
de contradicción consignado en Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ya que permite anteponer los argumentos de cada una de las
partes a fin de estimar, de manera razonable, la mejor solución para asegurar el
proceso y proteger a la víctima u ofendido.
c). Principio de buena fe. Toda parte procesal deberá conducirse con
propiedad, respeto y bajo el manifiesto de decir la verdad, de esta manera, se
permite valorar la congruencia de la imposición de las medidas, pues todas ellas
deben de estar configuradas acorde con la situación específica del hecho y del
imputado.
d). Presunción de inocencia.7 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
interpretado que la presunción de inocencia y el debido proceso legal son principios
rectores de todo proceso penal que se complementan, los cuales traducen la
concepción básica del reconocimiento de culpabilidad, no sólo bajo la existencia de
un proceso, sino sobre todo, de un proceso “justo”, en el cual la confrontación entre
el poder punitivo estatal y el derecho a la libertad del imputado se efectúe en
términos de equilibrio, como establece la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre, en su Artículo 11.1.6 El principio es considerado concepto fundamental en
torno al cual se construye un modelo de proceso penal, concretamente de corte
liberal, en el que se tutela los derechos humanos del imputado, frente a la actuación
punitiva estatal.
7 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES. Tesis I.4o.P.36 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t XXV, enero de 2007, p. 2295.
35
La evolución de la presunción de inocencia es concebida en México a raíz de
las reformas que en materia procesal penal y derechos humanos se originaron como
consecuencia de la obligación por parte del Estado y más aún de sus autoridades
judiciales de tutelar el principio, con instituciones jurídicas consistentes en el control
de convencionalidad ex oficio, control directo de constitucionalidad y principio pro
persona, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y los casos emblemáticos en que nuestro país ha sido Estado parte y
condenado por la inaplicabilidad de ese principio.
Bajo estos principios primordiales se estructura una visión de la medida
cautelar que tiene por fin observar el caso específico de la víctima u ofendido y del
imputado y, de esta manera, preservar la seguridad del proceso. A su vez, con el
sistema penal acusatorio se eliminan los formalismos y se permite el desarrollo de la
imposición de las medidas desde una perspectiva más ágil e informal, lo cual evita la
dilación y permite una mayor eficacia.
Estos principios básicos son muy importantes desde mi punto de vista, ya que
dan seguridad y certeza de no solo la aplicación como tal de las medidas cautelares,
sino también del proceso y criterios que ayudan a una mejor aplicación de las
mismas.
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CAPITULO III.
NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE MEDIDAS
CAUTELARES.
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CAPITULO III. NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE MEDIDAS
CAUTELARES.
III. 1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El fundamento de estas medidas que afectan la libertad personal se
encuentran en la propia constitución cuando esta indica "Nadie podrá ser juzgado sin
haber sido oído y en su caso haber debidamente citado ni sin observancia de
los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el
ejercicio del derecho de defensa. Las audiencias serán públicas, con las
excepciones que establezca la ley, en los casos en que la publicidad resulte
perjudicial al orden público o a las buenas costumbres". Se dispone a demás en la
constitución las acciones de amparo y del hábeas como garantía de la libertad e
integridad de una persona. Otro aspecto que hay que señalar es que las medidas
deben ser establecidas por ley y tienen un carácter excepcional.
El Artículo 148. De la Constitución establece de manera específica que a
ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Agrega
también en su segundo párrafo9 que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
8 MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU
IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del Artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. 1011508. 216. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Debido proceso, Pág. 1169. 9 Párrafo reformado DOF 09-12-2005
38
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía,
y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la
sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la
ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. La figura
procesal de medida cautelar, si bien tiene su origen en la Doctrina Italiana, la
misma se encuentra establecida en nuestra Constitución Federal, precisamente en
el Artículo 16 párrafo duodécimo, que en lo conducente dice “ los
poderes Judiciales contaran con Jueces de Control que resolverán, en forma
inmediata y por cualquier medio las solicitudes de
medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de
la autoridad que requieran control Judicial, garantizando los derechos de
los indiciados y de las victimas u ofendidos”. Por su parte el Artículo 19 párrafo
segundo del ordenamiento legal invocado, menciona: “el ministerio público sólo
podrá solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no
sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el
desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de
la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un
delito doloso.”
III.2. Código Nacional de Procedimientos Penales.
Derechos en el procedimiento. En el Código Nacional de Procedimientos
Penales, encontramos un apartado respecto de los Derechos en el Procedimiento,
estos derechos solo por mencionarlos son: Derecho a la intimidad y a la privacidad,
Justicia pronta, Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata,
Garantía de ser informado de sus derechos, y por último el Artículo 19 refiere al
Derecho al respeto a la libertad personal y describe.
39
“Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que
nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la
autoridad judicial o de conformidad con las demás causas y condiciones que
autorizan la Constitución y este Código.
La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares, o
providencias precautorias restrictivas de la libertad, las que estén establecidas en
este Código y en las leyes especiales. La prisión preventiva será de carácter
excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en este Código”.
La competencia. El Código Nacional, también advierte sobre la Competencia
en su Título III, y refiere en su Artículo 22 sobre la Competencia por razón de
seguridad. Será competente para conocer de un asunto un Órgano jurisdiccional
distinto al del lugar de la comisión del delito, o al que resultare competente con
motivo de las reglas antes señaladas, cuando atendiendo a las características del
hecho investigado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan
garantizar el desarrollo adecuado del proceso. Lo anterior es igualmente aplicable
para los casos en que por las mismas razones la autoridad judicial, a petición de
parte, estime necesario trasladar a un imputado a algún centro de reclusión de
máxima seguridad, en el que será competente el Órgano jurisdiccional del lugar en
que se ubique dicho centro. Con el objeto de que los procesados por delitos
federales puedan cumplir su medida cautelar en los centros penitenciarios más
cercanos al lugar en el que se desarrolla su procedimiento, las entidades federativas
deberán aceptar internarlos en los centros penitenciarios locales con el fin de llevar a
cabo su debido proceso, salvo la regla prevista en el párrafo anterior y en los casos
en que sean procedentes medidas especiales de seguridad no disponibles en dichos
centros.
40
En su Artículo 29, el Código Nacional, advierte sobre el tema de las
actuaciones urgentes ante Juez de control incompetente. La competencia por
declinatoria o inhibitoria no podrá resolverse sino hasta después de que se
practiquen las actuaciones que no admitan demora como las providencias
precautorias y, en caso de que exista detenido, cuando se haya resuelto sobre la
legalidad de la detención, formulado la imputación, resuelto la procedencia de las
medidas cautelares solicitadas y la vinculación a proceso.
En su Artículo 34, menciona sobre los efectos de la acumulación. Si se
resuelve la acumulación, el Juez de control solicitará la remisión de los registros, y en
su caso, que se ponga a su disposición inmediatamente al imputado o imputados.
El Juez de control notificará a aquellos que tienen una medida cautelar diversa
a la prisión preventiva la obligación de presentarse en un término perentorio ante él,
así como a la víctima u ofendido.
El Artículo 62, trae a mención la asistencia del imputado a las audiencias.
Si el imputado se encuentra privado de su libertad, el Órgano jurisdiccional
determinará las medidas especiales de seguridad o los mecanismos necesarios para
garantizar el adecuado desarrollo de la audiencia: impedir la fuga o la realización de
actos de violencia de parte del imputado o en su contra.
Si la persona está en libertad, asistirá a la audiencia el día y hora en que se
determine; en caso de no presentarse, el Órgano jurisdiccional podrá imponerle un
medio de apremio y en su caso, previa solicitud del Ministerio Público, ordenar su
comparecencia. Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, se encuentre en
libertad, deje de asistir a una audiencia, el Ministerio Público solicitará al Órgano
jurisdiccional la imposición de una medida cautelar o la modificación de la ya
impuesta.
41
Resoluciones judiciales. El Código Nacional de Procedimientos Penales en
su Artículo 67, hace una marcada referencia a las Resoluciones judiciales. La
autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos.
Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos
en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la
autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que
este Código prevea para cada caso. Este Artículo hace mención a los autos y
resoluciones del Órgano jurisdiccional que deberán ser emitidos oralmente y surtirán
sus efectos a más tardar al día siguiente.
Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, en la fracción V se
hace mención de las medidas cautelares; Sobre el Plazo para el cumplimiento
de exhortos y requisitorias en su Artículo 77 menciona que los exhortos o
requisitorias se proveerán dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción
y se despacharán dentro de los tres días siguientes, a no ser que las actuaciones
que se hayan de practicar exijan necesariamente mayor tiempo, en cuyo caso, el
Juez de control fijará el que crea conveniente y lo notificará al requirente, indicando
las razones existentes para la ampliación.
Si el Juez de control requerido estima que no es procedente la práctica del
acto solicitado, lo hará saber al requirente dentro de las veinticuatro horas siguientes
a la recepción de la solicitud, con indicación expresa de las razones que tenga para
abstenerse de darle cumplimiento.
Si el Juez de control exhortado o requerido estimare que no debe
cumplimentarse el acto solicitado, porque el asunto no resulta ser de su competencia
o si tuviere dudas sobre su procedencia, podrá comunicarse con el Órgano
jurisdiccional exhortante o requirente, oirá al Ministerio Público y resolverá dentro de
los tres días siguientes, promoviendo, en su caso, la competencia respectiva.
42
Cuando se cumpla una orden de aprehensión, el exhortado o requerido
pondrá al detenido, sin dilación alguna, a disposición del Órgano jurisdiccional que
libró aquella. Si no fuere posible poner al detenido inmediatamente a disposición del
exhortante o requirente, el requerido dará vista al Ministerio Público para que formule
la imputación; se decidirá sobre las medidas cautelares que se le soliciten y
resolverá su vinculación a proceso, remitirá las actuaciones y, en su caso, al
detenido, al Órgano jurisdiccional que haya librado el exhorto dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la determinación de fondo que adopte.
Cuando un Juez de control no pueda dar cumplimiento al exhorto o
requisitoria, por hallarse en otra jurisdicción la persona o las cosas que sean objeto
de la diligencia, lo remitirá al Juez de control del lugar en que aquélla o éstas se
encuentren, y lo hará saber al exhortante o requirente dentro de las veinticuatro
horas siguientes. Si el Juez de control que recibe el exhorto o requisitoria del
juzgador originalmente exhortado, resuelve desahogarlo, una vez hecho lo devolverá
directamente al exhortante. Las autoridades exhortadas o requeridas remitirán las
diligencias o actos procesales practicados o requeridos por cualquier medio que
garantice su autenticidad.
Plazos. El Artículo 94 establece las Reglas generales en relación a los actos
procedimentales y se menciona que estos serán cumplidos en los plazos
establecidos, en los términos que este Código autorice. Los plazos sujetos al arbitrio
judicial serán determinados conforme a la naturaleza del procedimiento y a la
importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los
derechos de las partes.
No se computarán los días sábados, los domingos ni los días que sean
determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate
de los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición
del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la
43
imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y
decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los
días se computarán como hábiles. Con la salvedad de la excepción prevista en el
párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por
prorrogados hasta el día hábil siguiente. Los plazos establecidos en horas correrán
de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte
efectos la notificación.
Sujetos del procedimiento y sus auxiliares. En su Título V, el Código
Nacional aborda el tema de los sujetos del procedimiento y sus auxiliares. El Artículo
105 nos refiere que son Sujetos de procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u
ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio
Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de
supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.
Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los
procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el
Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.
Derechos de la víctima u ofendido. El Artículo 109, establece en relación
con los procedimientos previstos en este Código, que la víctima u ofendido una serie
de Derechos que vienen enumerados, pero para efecto del presente, es la fracción
XIX la que establece el derecho de solicitar medidas de protección, providencias
precautorias y medidas cautelares.
El Artículo 113 establece los Derechos del Imputado, y en su fracción VII
menciona el derecho a solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la
medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentre en
prisión preventiva, en los supuestos señalados por el Código Nacional.
44
En la fracción XIX del Artículo 131, respecto de las Obligaciones del Ministerio
Público, para los efectos del Código Nacional, el Ministerio Público tendrá las
siguientes obligaciones: “XIX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al
imputado en el proceso, en atención a las disposiciones conducentes y promover su
cumplimiento”.
Medidas de protección durante la investigación. Un apartado interesante
es sin duda el que está contenido el Título VI, respecto de las medidas de protección
durante la investigación, formas de conducción del imputado al proceso y medidas
cautelares. Ya en su Capítulo I, se menciona en el Artículo 137 que el Ministerio
Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la
aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado
representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido.
Son medidas de protección las siguientes:
I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;
II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al
lugar donde se encuentre;
III. Separación inmediata del domicilio;
IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad
de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;
V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u
ofendido o a personas relacionados con ellos;
VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;
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VII. Protección policial de la víctima u ofendido;
VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en
donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de
solicitarlo;
IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así
como de sus descendientes, y
X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se
salvaguarde su seguridad.
Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de
protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que
el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de
las medidas cautelares correspondientes.
Libertad durante la investigación. El Artículo 140 refiere sobre la libertad
durante la investigación y nos dice que en los casos de detención por flagrancia,
cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio
Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá
disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los
términos de lo dispuesto por este Código.
Formas de conducción del imputado al proceso. Artículo 141. Citatorio,
orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o
querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que
obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese
hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en
su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar:
46
I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial;
II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del
imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya
comparecido, sin justificación alguna, y
III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público
advierta que existe la necesidad de cautela.
El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de
que se incumpla una medida cautelar, en los términos del Artículo 174, y el Juez
de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario.
Medidas cautelares. Este tema, es importante y central del presente trabajo,
pues entraremos de lleno a lo relativo de medidas cautelares.
En el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contiene hasta el
momento reformas registradas al 17 de junio de 2016, encontramos en su apartado
relatico al Libro Primero; Disposiciones Generales, y su Título VI; Medidas de
Protección Durante la Investigación, Formas de Conducción del Imputado al Proceso
y Medidas Cautelares, Capitulo IV denominado Medidas Cautelares, Sección I
Disposiciones Generales, abarcare los Artículos de manera general del 153 al 182.
A continuación me permito transcribir el contenido de los articulados ya que
para mí es importante señalar lo que la legislación marca respecto a estas. El Código
Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en su Capítulo IV, relativo a las
Medidas Cautelares, señala lo siguiente:
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En su Artículo 153, relativo a las Reglas generales de las medidas
cautelares, señala que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución
judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar
la obstaculización del procedimiento. En su segundo párrafo menciona que
corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades
federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial
sea debidamente cumplido.
El Artículo 154, de la Procedencia de medidas cautelares, nos indica que el
Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la
víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las
circunstancias siguientes:
I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o
II. Se haya vinculado a proceso al imputado.
En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido,
solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá
resolverse inmediatamente después de formulada la imputación.
Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba
pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la
misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas.10
10 Párrafo reformado DOF 17-06-2016
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Dentro del Artículo 155, encontramos los Tipos de medidas cautelares. Nos
señala que a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá
imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:
I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe;
Voy hacer una referencia rápida en esta fracción, porque es importante
comentar que el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal
implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su
prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad,
pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que
resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando
dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal,
sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una
condición para someterlo formal y materialmente a proceso.
Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal
prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias,
distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la
presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso, siendo la
sujeción a éste lo que restringe temporalmente su libertad.
Consecuentemente, al encontrarse ésta afectada temporalmente con el
dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el
supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los Artículos 107,
fracción XII, de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 37 de la ley
de amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es
de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto,
conforme a los Artículos 107, fracción III, inciso b), de la constitución general de la
49
república y 114, fracción IV, de la mencionada ley, el cual, además, puede
promoverse en cualquier tiempo, al ubicarse en el caso de excepción previsto en el
Artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo11
II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes;12 IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del
sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual
reside o del ámbito territorial que fije el juez;
Las medidas cautelares que afectan la libertad personal y el derecho de tránsito del
procesado tienen un carácter excepcional, están limitadas por el derecho a la
presunción de inocencia y los principios de necesidad y proporcionalidad,
indispensables en una sociedad democrática, ya que sólo deben ser aplicadas al
existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad, por
lo que al establecer a Ricardo Canese una restricción permanente para salir del país
durante ocho años sin que hubiera sido declarado autor de un delito, se convirtió en
un castigo anticipado, y por tanto, arbitrario para su persona, al trastocar en todo
momento su derecho a ser considerado como inocente y con ello, no aplicar medida
cautelar alguna.13
11 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. (Véase: Contradicción de tesis 414/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito con el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.
12 “EL EMBARGO JUDICIAL ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPIDE UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Tesis P/J. 66/97. Pleno. Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena. Pág. 67. 13 Aguilar López. Miguel Ángel. Presunción de inocencia Derecho Humano en el Sistema Penal Acusatorio. Instituto de la Judicatura Federal. 2015.
50
VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada;
VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos
lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas
personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un
delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad
profesional o laboral;
El juez a solicitud del ministerio público, podrá ordenar como medida cautelar
la suspensión temporal de una actividad profesional o laboral a quien se le atribuye la
posible comisión de un hecho que la ley señale como delito, cometido con motivo del
ejercicio de su profesión o empleo. Para tal efecto, el juez deberá indicar en forma
clara las razones que motivan esta decisión y su duración La suspensión temporal no
prejuzgará sobre la responsabilidad que se le atribuya al imputado y la determinación
judicial que la concede hará constar expresamente esta salvedad.14
14 Chacón Rojas Oswaldo, Natarén Nandayapa Carlos Faustino. Las Medidas Cautelares en el Procedimiento Penal Acusatorio. Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal. Gobierno Federal. Segob. 2015.
51
XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez
disponga, o XIV. La prisión preventiva.
Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un
reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.
El Artículo 156. Proporcionalidad. El Juez de control, al imponer una o varias
de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración
los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público
realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias
particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el Artículo 19 de la
Constitución, señala el segundo párrafo que para determinar la idoneidad y
proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de
evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera
objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable y finalmente el
tercer párrafo indica que en la resolución respectiva, el Juez de control deberá
justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos
lesiva para el imputado.
Artículo 157. Imposición de medidas cautelares. Las solicitudes de medidas
cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de
las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas
en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o
imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave.
52
Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva15, la cual no
podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el
embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se
encuentren en el sistema financiero. El tercer párrafo indica que en ningún caso el
Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el
objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas
en el presente Código.
Para continuar, el Artículo 158, establece el Debate de medidas cautelares.
Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a
solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a
la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares.
Artículo 159. Contenido de la resolución. La resolución que establezca una
medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente:
I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma;
II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida.
15 PRISIÓN PREVENTIVA. SU REGULACIÓN EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Registro No. 166872. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Julio de 2009. Página: 2028. Tesis: XXII.1o.23 P. Tesis Aislada. Materia(s): Penal.” Del Artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos denominado Derecho a la libertad personal, se advierte la existencia y regulación de la prisión preventiva, pues dicho numeral establece que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, además prevé que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, la cual tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, y precisa que la libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
53
Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales. Todas las
decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código
son apelables.
Artículo 161. Revisión de la medida. Cuando hayan variado de manera
objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las
partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o
modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los
intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las
condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la
necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia.
Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares. De no ser
desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la
solicitud.
Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida.
Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga,
confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar.
Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares. La
evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva
corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la
suspensión condicional del proceso que se regirá por los principios de neutralidad,
objetividad, imparcialidad y confidencialidad.16. Nota ver graficas al final. (Apartado
de figuras).
16http://www.poderjudicialdf.gob.mx/es/PJDF/Unidad_Supervision_Medidas_Cautelares_Suspension_
Condicional_Proceso
54
La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede
ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio
Público. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o sea
inminente su comisión, y peligre la integridad personal o la vida de una persona, el
entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer
a los agentes encargados de la persecución penal. Para decidir sobre la necesidad
de la imposición o revisión de las medidas cautelares, la autoridad de supervisión de
medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso proporcionará a las
partes la información necesaria para ello, de modo que puedan hacer la solicitud
correspondiente al Órgano jurisdiccional.17
Para tal efecto, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la
suspensión condicional del proceso, tendrá acceso a los sistemas y bases de datos
del Sistema Nacional de Información y demás de carácter público, y contará con una
base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares
distintas a la prisión preventiva. Las partes podrán obtener la información disponible
de la autoridad competente cuando así lo solicite, previo a la audiencia para debatir
la solicitud de medida cautelar y finalmente señala,, que la supervisión de la prisión
preventiva quedará a cargo de la autoridad penitenciaria en los términos de la ley de
la materia.
El Artículo 165, agrega el tema de la aplicación de la prisión preventiva.
Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión
preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las
condiciones de este Código.
17 Tras la audiencia de medidas cautelares, los SPJ supervisan a las personas a las que el Juez
permitió que sigan su proceso en libertad, para asegurar que cumplan con las condiciones judiciales y comparezcan hasta la conclusión de sus procesos.
55
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena
fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años,
salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.
Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto
en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para
imponer otras medidas cautelares.18
Artículo 166. Excepciones. En el caso de que el imputado sea una persona
mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el
Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el
domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico,
bajo las medidas cautelares que procedan. En su segundo párrafo señala que de
igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres
embarazadas, o de madres durante la lactancia, en el tercer párrafo indica que no
gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio
del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una
conducta que haga presumible su riesgo social.
Artículo 167. Causas de procedencia. El Ministerio Público sólo podrá
solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando
otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de
los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o
haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y
cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente
Código.
18 Párrafo reformado DOF 17-06-2016.
56
En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito
distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si
ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de
proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El
Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva
oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y
explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la
Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los
supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia
organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los
previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:
I. Homicidio doloso previsto en los Artículos 302 en relación al 307, 313, 315,
315 Bis, 320 y 323;
II. Genocidio, previsto en el Artículo 149 Bis;
III. Violación prevista en los Artículos 265, 266 y 266 Bis;
IV. Traición a la patria, previsto en los Artículos 123, 124, 125 y 126;
V. Espionaje, previsto en los Artículos 127 y 128;
57
VI. Terrorismo, previsto en los Artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional
previsto en los Artículos 148 Bis al 148 Quáter;
VII. Sabotaje, previsto en el Artículo 140, párrafo primero;
VIII. Los previstos en los Artículos 142, párrafo segundo y 145;
IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el Artículo 201;
Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el Artículo 202;
Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o
de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los
Artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años
de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo,
previsto en el Artículo 204 y Pederastia, previsto en el Artículo 209 Bis;
X. Tráfico de menores, previsto en el Artículo 366 Ter;
XI. Contra la salud, previsto en los Artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197,
párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.
58
El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra
medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar
proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el
desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la
comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la
Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.
Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está
garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control
tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el
domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para
abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del
imputado constituye presunción de riesgo de fuga;
II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo
al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado
ante éste;
III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el
procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de
someterse o no a la persecución penal;
IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o
V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho,
le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales.
59
Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación.
Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación,
el Juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los
elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de
recuperar su libertad, el imputado:
I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba;
II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se
comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales
comportamientos, o
III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que
participan en la investigación.
Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la
comunidad. La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los
testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez
de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares
en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de
un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su
integridad personal o ponga en riesgo su vida.
Artículo 171. Pruebas para la imposición, revisión, sustitución,
modificación o cese de la prisión preventiva. Las partes podrán invocar datos u
ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución,
modificación o cese de la prisión preventiva. En todos los casos se estará a lo
dispuesto por este Código en lo relativo a la admisión y desahogo de medios de
prueba. Finalmente menciona el Artículo que los medios de convicción allegados
tendrán eficacia únicamente para la resolución de las cuestiones que se hubieren
planteado.
60
En su Artículo 172, se señala respecto a la Presentación de la garantía, que
al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, el Juez de
control previamente tomará en consideración la idoneidad de la medida solicitada por
el Ministerio Público. Para resolver sobre dicho monto, el Juez de control deberá
tomar en cuenta el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de
obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima u
ofendido, para los testigos o para la comunidad. Adicionalmente deberá considerar
las características del imputado, su capacidad económica, la posibilidad de
cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. En su párrafo final el
Artículo agrega que el Juez de control hará la estimación de modo que constituya un
motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones y
deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía.
Artículo 173. Tipo de garantía. La garantía económica podrá constituirse de
las siguientes maneras:
I. Depósito en efectivo;
II. Fianza de institución autorizada;
III. Hipoteca;
IV. Prenda;
V. Fideicomiso, o
VI. Cualquier otra que a criterio del Juez de control cumpla suficientemente con
esta finalidad.
61
El Juez de control podrá autorizar la sustitución de la garantía impuesta al
imputado por otra equivalente previa audiencia del Ministerio Público, la víctima u
ofendido, si estuviese presente. Las garantías económicas se regirán por las reglas
generales previstas en el Código Civil Federal o de las Entidades federativas, según
corresponda y demás legislaciones aplicables. El depósito en efectivo será
equivalente a la cantidad señalada como garantía económica y se hará en la
institución de crédito autorizada para ello; sin embargo, cuando por razones de la
hora o por tratarse de día inhábil no pueda constituirse el depósito, el Juez de control
recibirá la cantidad en efectivo, asentará registro de ella y la ingresará el primer día
hábil a la institución de crédito autorizada.
Artículo 174. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares.
Cuando el supervisor de la medida cautelar detecte un incumplimiento de una
medida cautelar distinta a la garantía económica o de prisión preventiva, deberá
informar a las partes de forma inmediata a efecto de que en su caso puedan solicitar
la revisión de la medida cautelar. El Ministerio Público que reciba el reporte de la
autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del
proceso, deberá solicitar audiencia para revisión de la medida cautelar impuesta en
el plazo más breve posible y en su caso, solicite la comparecencia del imputado o
una orden de aprehensión. En caso que el imputado notificado por cualquier medio
no comparezca injustificadamente a la audiencia a la que fue citado, el Ministerio
Público deberá solicitar la orden de aprehensión o comparecencia. La justificación de
la inasistencia por parte del imputado deberá presentarse a más tardar al momento
de la audiencia. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida
cautelar una garantía económica y, exhibida ésta sea citado para comparecer ante el
juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un
plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo
hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva la garantía a favor del
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o sus equivalentes en las
entidades federativas, previstos en la Ley General de Víctimas.
62
Si el imputado es sorprendido infringiendo una medida cautelar de las
establecidas en las fracciones V, VII, VIII, IX, XII y XIII del Artículo 155 de este
Código, el supervisor de la medida cautelar deberá dar aviso inmediatamente y por
cualquier medio, al Juez de control quien con la misma inmediatez ordenará su
arresto con fundamento en el inciso d), fracción II del Artículo 104 de este Código,
para que dentro de la duración de este sea llevado ante él en audiencia con las
partes, con el fin de que se revise la medida cautelar; siempre y cuando se le haya
apercibido que de incumplir con la medida cautelar se le impondría dicha medida de
apremio.
Artículo 175. Cancelación de la garantía. La garantía se cancelará y se
devolverán los bienes afectados por ella, cuando:
I. Se revoque la decisión que la decreta;
II. Se dicte el sobreseimiento o la sentencia absolutoria, o
III. El imputado se someta a la ejecución de la pena o la garantía no deba
ejecutarse.
Entraremos ahora, al Capítulo v, de la supervisión de las medidas cautelares
Sección I, de la Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión
condicional del proceso.
Nos indica el Artículo 176, la Naturaleza y objeto, de la Autoridad de
supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso,
misma que tendrá por objeto realizar la evaluación de riesgo del imputado, así como
llevar a cabo el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión
condicional del proceso, en caso de que no sea una institución de seguridad pública
se podrá auxiliar de la instancia policial correspondiente para el desarrollo de sus
funciones.
63
Esta autoridad deberá proporcionar a las partes información sobre la
evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas
cautelares y de la suspensión condicional del proceso que le soliciten.
Artículo 177. Obligaciones de la autoridad de supervisión de medidas
cautelares y de la suspensión condicional del proceso.
La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión
condicional del proceso tendrá las siguientes obligaciones:
I. Supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas, distintas a
la prisión preventiva, y las condiciones a cargo del imputado en caso de
suspensión condicional del proceso, así como hacer sugerencias sobre
cualquier cambio que amerite alguna modificación de las medidas u
obligaciones impuestas;
II. Entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de
dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las
condiciones de la suspensión condicional del proceso y canalizarlos, en su
caso, a la autoridad correspondiente;
III. Realizar entrevistas así como visitas no anunciadas en el domicilio o en el
lugar en donde se encuentre el imputado;
IV. Verificar la localización del imputado en su domicilio o en el lugar en donde
se encuentre, cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión
condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera;
64
V. Requerir que el imputado proporcione muestras, sin previo aviso, para
detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas, o el resultado del
examen de las mismas en su caso, cuando la modalidad de la suspensión
condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera;
VI. Supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la
autoridad judicial encargue el cuidado del imputado, cumplan las
obligaciones contraídas;
VII. Solicitar al imputado la información que sea necesaria para verificar el
cumplimiento de las medidas y obligaciones impuestas;
VIII. Revisar y sugerir el cambio de las condiciones de las medidas impuestas al
imputado, de oficio o a solicitud de parte, cuando cambien las circunstancias
originales que sirvieron de base para imponer la medida;
IX. Informar a las partes aquellas violaciones a las medidas y obligaciones
impuestas que estén debidamente verificadas, y puedan implicar la
modificación o revocación de la medida o suspensión y sugerir las
modificaciones que estime pertinentes;
X. Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares y
obligaciones impuestas, su seguimiento y conclusión;
XI. Solicitar y proporcionar información a las oficinas con funciones similares de
la Federación o de Entidades federativas dentro de sus respectivos ámbitos
de competencia;
XII. Ejecutar las solicitudes de apoyo para la obtención de información que le
requieran las oficinas con funciones similares de la Federación o de las
Entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia;
65
XIII. Canalizar al imputado a servicios sociales de asistencia, públicos o privados,
en materias de salud, empleo, educación, vivienda y apoyo jurídico, cuando
la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión condicional del
proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera, y
XIV. Las demás que establezca la legislación aplicable.
Artículo 178. Riesgo de incumplimiento de medida cautelar distinta a la
prisión preventiva. En el supuesto de que la autoridad de supervisión de medidas
cautelares y de la suspensión condicional del proceso, advierta que existe un riesgo
objetivo en inminente de fuga o de afectación a la integridad personal de los
intervinientes, deberá informar a las partes de forma inmediata a efecto de que en su
caso puedan solicitar al Juez de control la revisión de la medida cautelar.
Artículo 179. Suspensión de la medida cautelar. Cuando se determine la
suspensión condicional de proceso, la autoridad judicial deberá suspender las
medidas cautelares impuestas, las que podrán continuar en los mismos términos o
modificarse, si el proceso se reanuda, de acuerdo con las peticiones de las partes y
la determinación judicial.
Artículo 180. Continuación de la medida cautelar en caso de sentencia
condenatoria recurrida. Cuando el sentenciado recurra la sentencia condenatoria,
continuará el seguimiento de las medidas cautelares impuestas hasta que cause
estado la sentencia, sin perjuicio de que puedan ser sujetas de revisión de
conformidad con las reglas de este Código.
66
Artículo 181. Seguimiento de medidas cautelares en caso de suspensión
del proceso. Cuando el proceso sea suspendido en virtud de que la autoridad
judicial haya determinado la sustracción de la acción de la justicia, las medidas
cautelares continuarán vigentes, salvo las que resulten de imposible cumplimiento.
En caso de que el proceso se suspenda por la falta de un requisito de procedibilidad,
las medidas cautelares continuarán vigentes por el plazo que determine la autoridad
judicial que no podrá exceder de cuarenta y ocho horas. Si el imputado es declarado
inimputable, se citará a una audiencia de revisión de la medida cautelar proveyendo,
en su caso, la aplicación de ajustes razonables solicitados por las partes.
Artículo 182. Registro de actividades de supervisión. Se llevará un
registro, por cualquier medio fidedigno, de las actividades necesarias que permitan a
la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del
proceso tener certeza del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones
impuestas. Si bien estas medidas han sido comunes en el sistema penal mexicano,
pese a la instauración del sistema penal acusatorio, la forma de concebirlas e
imponerlas difiere en el sistema inquisitivo, puesto que se restringen las libertades de
los imputados y la imposición de la medida cautelar debe observar ciertos
requerimientos en su proceso de aplicación
De la supervisión de las condiciones impuestas en la suspensión
condicional del proceso. Este es un tema bastante amplio, por lo que solo referiré a
lo que conviene al de estudio, así que advierto al lector que los siguientes articulados
que son mencionados no todos están referidos de manera literal.
También más adelante ya casi al final del trabajo, se han agregados algunos
cuadros o flujo gramas que ayudaran al lector a entender más este tema.
67
El Artículo 208, hace referencia a las reglas para las obligaciones de la
suspensión condicional del proceso y nos mencionado en su segundo párrafo que
para el seguimiento de las obligaciones previstas en el Artículo 195, fracciones III, IV,
V, VI, VIII y XIII las instituciones públicas y privadas designadas por la autoridad
judicial, informarán a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la
suspensión condicional del proceso sobre su cumplimiento.
Sobre la notificación de las obligaciones de la suspensión condicional del
proceso, en su Artículo 209, se menciona que concluida la audiencia y aprobada la
suspensión condicional del proceso y las obligaciones que deberá cumplir el
imputado, se notificará a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la
suspensión condicional del proceso, con el objeto de que ésta dé inicio al proceso de
supervisión. Para tal efecto, se le deberá proporcionar la información de las
condiciones impuestas.
El Artículo 210 referente a la notificación del incumplimiento, nos refiere que
cuando considere que se ha actualizado un incumplimiento injustificado, la autoridad
de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso
enviará el reporte de incumplimiento a las partes para que soliciten la audiencia de
revocación de la suspensión ante el juez competente. Si el juez determina la
revocación de la suspensión condicional del proceso, concluirá la supervisión de la
autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del
proceso.
El Ministerio Público que reciba el reporte de la autoridad de supervisión de
medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, deberá solicitar
audiencia para pedir la revisión de las condiciones u obligaciones impuestas a la
brevedad posible.
68
Audiencia inicial. En su Artículo 307, el Código Nacional nos señala que la
audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales,
si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control
de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la
oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación
a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la
investigación. En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la
procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de
que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir
el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor
jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez
de la audiencia.
El Artículo 308, referente al control de legalidad de la detención, nos señala
de manera clara que inmediatamente después de que el imputado detenido en
flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la
audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se
proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si
cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor
público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como
acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la
detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del
plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en
caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos
previstos en este Código.
Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere
ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el
desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no
sometido a una medida cautelar.
69
Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas. Ya en su
Artículo 309, encontramos que la formulación de la imputación es la comunicación
que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de
que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la
ley señala como delito.
En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de
control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la
imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio
del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor.
En el caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido o el Asesor
jurídico solicite una medida cautelar y el imputado se haya acogido al plazo
constitucional, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión
de la audiencia.
Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso.
Mencionaremos que el Artículo 313, señala, que después de que el imputado haya
emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del
Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para, en su caso, y
posteriormente solicitar la vinculación a proceso. La audiencia de vinculación a
proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento
cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su
disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la
imputación.
El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del
establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su
situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva
o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional.
70
Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la
autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el
acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de
las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad.
En su Artículo 319 referente al auto de no vinculación a proceso, el
Código Nacional señala que en caso de que no se reúna alguno de los requisitos
previstos en este Código, el Juez de control dictará un auto de no vinculación del
imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para
lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas
que se hubiesen decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el
Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva
imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento.
En el tema del valor de las actuaciones contemplado en el Artículo 320, se
establece que los antecedentes de la investigación y elementos de convicción
aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que
sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas
cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las
excepciones expresas previstas por el Código Nacional.
Efectos del sobreseimiento. El sobreseimiento firme tiene efectos de
sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo
favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar
todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. (Artículo 328 CNPP).
Auto de apertura a juicio. EL Artículo 347 del CNPP, se estable que antes de
finalizar la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que
deberá indicar, según la fracción IX, las medidas cautelares que hayan sido
impuestas al acusado.
71
El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento
competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su
disposición los registros, así como al acusado.
Emisión de fallo. El Artículo 401, señala que una vez concluida la
deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de
audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las
partes, con el propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo. Cuando
el falo indica que es absolutorio se comunicara a las partes la decisión absolutoria,
el Tribunal de enjuiciamiento dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las
medidas cautelares que se hubieren decretado en contra del imputado y ordenará se
tome nota de ese levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que
figuren, así como su inmediata libertad sin que puedan mantenerse dichas medidas
para la realización de trámites administrativos. También se ordenará la cancelación
de las garantías de comparecencia y reparación del daño que se hayan otorgado.
En la sentencia absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará que se
tome nota del levantamiento de las medidas cautelares, en todo índice o registro
público y policial en el que figuren, y será ejecutable inmediatamente. (Artículo 405.
Sentencia absolutoria).
Medidas cautelares aplicables a inimputables. El Artículo 417 señala que
se podrán imponer medidas cautelares a personas inimputables, de conformidad con
las reglas del proceso ordinario, con los ajustes del procedimiento que disponga el
Juez de control para el caso en que resulte procedente.
El solo hecho de ser imputable no será razón suficiente para imponer
medidas cautelares.
72
Formulación de la imputación y vinculación a proceso. Cuando el
Ministerio Público tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en los que
se encuentre involucrada alguna persona jurídica, en los términos previstos en este
Código, iniciará la investigación correspondiente.
En caso de que durante la investigación se ejecute el aseguramiento de
bienes el Ministerio Público, dará vista al representante de la persona jurídica a
efecto de hacerle saber sus derechos y manifieste lo que a su derecho convenga. El
Órgano jurisdiccional podrá dictar como medidas cautelares la suspensión de las
actividades, la clausura temporal de los locales o establecimientos, así como la
intervención judicial. (Artículo 423CNPP).
Señala el Artículo 439, respecto de los Alcances, que la asistencia jurídica
comprenderá, fracción VI; la ejecución de órdenes de cateo o registro domiciliario y
demás medidas cautelares; aseguramiento de objetos, productos o instrumentos
del delito;
El Artículo 467, respecto de las Resoluciones del Juez de control
apelables, Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de
control: fracción V; Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o
medidas cautelares;
Hasta el momento hemos analizado en este Capítulo, lo referente a lo que
señala nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a las Medidas
Cautelares. He tratado de ser lo más preciso y claro posible, para lograr así, que se
identificar el tema respecto a su aplicación normativa, ya más adelante retomare
algunos puntos para hacer referencia a la aplicación práctica y detectar así algunas
deficiencias en su aplicación.
73
III.3. Justicia para adolescentes y medidas cautelares.
Las últimas reformas en materia de justicia para adolescentes, están
enmarcadas dentro de los ejes rectores de la prevención del delito, el aseguramiento
de la paz social y la participación de la comunidad en la reinserción de los
adolescentes en conflicto con la ley. Por lo tanto, la reformas hacen hincapié en la
libertad como regla y la búsqueda de alternativas a los procesos judiciales, además
del respeto de todos los derechos inherentes a su condición de personas menores de
edad titulares de derechos y obligaciones, en los que se reconoce su capacidad para
hacerse responsables de sus actos, pero al mismo tiempo se reconoce su condición
de personas en proceso de desarrollo, por tanto requieren categorías y regulaciones
jurídicas particulares.
En este sentido, el sistema de justicia penal para adolescentes no puede tener
fines punitivos ni retributivos. Por el contrario, debe ser diseñado de tal manera que
se atienda al interés superior del niño.
Por ello todo sistema de justicia para adolescentes debe reunir las siguientes
características: - Ser integral y especializado. - Respetar todos los derechos
relacionados con el juicio justo. - Atender al interés superior del niño. - Preferir las
formas alternativas de justicia al proceso penal. - Aplicar de manera proporcional las
medidas cautelares y sancionadoras, éstas últimas con fines de reinserción social y
educativas para su desarrollo, y - Aplicar de manera excepcional la medida de
internamiento. El Artículo18 Constitucional enfatiza las últimas dos
características al establecer que el fin de las medidas “tendrán como fin la
reintegración social y familiar”, y reconocer el internamiento – provisional o como
medida sancionadora, ya que no especifica – como medida extrema al señalar que
“se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda…”
74
A través de este nuevo Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, se
busca que los adolescentes acusados de algún delito, tengan acceso a un juicio
justo, en el que se respeten siempre sus derechos fundamentales y, en caso de
resultar responsables, puedan asumir las consecuencias de su acto a través de una
medida socio-educativa que promueva su reintegración social y familiar, y el pleno
desarrollo de su persona y sus capacidades. De las principales modificaciones que
introdujo la reforma, se destaca la uniformización de las edades mínima y máxima
para la aplicación del sistema de justicia para adolescentes, limitando la privación de
libertad sólo para personas entre 14 y 18 años y como último recurso. Así, se eliminó
esta sanción para los adolescentes entre doce y catorce años, limitando la aplicación
del sistema a las conductas delictivas. Sin embargo, aún existen numerosos retos
para la adecuada implementación de la reforma. Porque no se trata sólo de
establecer un proceso con todas las garantías, sino también desarrollar un sistema
especializado capaz de ofrecer a los adolescentes oportunidades reales de asumir su
responsabilidad frente a la comisión de un delito, y encontrar opciones de vida que
les permitan desarrollar todas sus capacidades y potencialidades de una manera
positiva y constructiva para la sociedad. 19
III.3.1. Ley Federal de Justicia para Adolescentes.
En la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 27 de diciembre de 2012, en su Título Tercero referido al Proceso
en su Capítulo III, del Procedimiento, Juicio y Resolución, Sección I del
Procedimiento, refiere lo siguiente en su Artículo 54.
19 Más información en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/17042_17485.html
75
Sólo a solicitud del Ministerio Público de la Federación para Adolescentes y,
en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se fija en esta Ley, el Juez de
Distrito Especializado para Adolescentes podrá imponer al adolescente o adulto
joven, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares:
I. La presentación de una garantía económica suficiente;
II. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o
del ámbito territorial que fije el Juez de Distrito Especializado para Adolescentes;
III. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución
determinada, que informe regularmente al Juez de Distrito Especializado para
Adolescentes;
IV. La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez de Distrito
Especializado para Adolescentes o ante la autoridad que él designe;
V. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares;
VI. La prohibición de convivir o comunicarse con personas determinadas, siempre
que no se afecte el derecho de defensa;
VII. La separación inmediata del domicilio cuando se trate de conductas tipificadas
como delitos sexuales en la ley penal federal y la presunta víctima conviva con el
adolescente o adulto joven;
VIII. El internamiento preventivo en instalaciones especializadas; y
IX. La libertad vigilada.
76
Las medidas cautelares podrán dictarse y revocarse en cualquier momento
hasta antes de dictarse sentencia. Para imponer cualquier tipo de medida cautelar, el
Ministerio Público de la Federación para Adolescentes deberá acreditar ante el Juez
de Distrito Especializado, la existencia del hecho atribuido y la probable participación
del adolescente o adulto joven, a quien podrá imponer una o varias de las medidas
cautelares previstas en esta Ley, y dictar las órdenes necesarias para garantizar su
cumplimiento. (Artículo 55)
Menciona el Artículo 56, que el internamiento preventivo deberá aplicarse sólo
de manera excepcional, hasta por un plazo máximo de tres meses, cuando otra
medida cautelar menos gravosa resulte insuficiente para garantizar la presencia del
adolescente o adulto joven en el procedimiento, siempre que el adolescente sea
mayor de catorce años de edad al momento de cometer el hecho, y la conducta
atribuida a este se encuentre considerada como grave, en los términos del Artículo
113 de esta Ley. Además de lo anterior, deberá concurrir cualquiera de las
circunstancias siguientes:
I. Exista riesgo que se sustraiga de la acción de la justicia, de obstaculización del
procedimiento o de destrucción de los medios de convicción; o
II. Se estime que el adolescente o adulto joven puede cometer una conducta
tipificada como delito contra la propia víctima, alguno de los testigos que depongan
en su contra, servidores públicos que intervengan en el proceso, o contra algún
tercero.
El internamiento preventivo no podrá combinarse con otras medidas cautelares y
deberá ser cumplido en instalaciones diferentes a las destinadas al cumplimiento de
la medida de internamiento definitivo.
77
III.3.2. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes.
Con 460 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en sus
términos el dictamen de la minuta enviada por el Senado que expide la Ley Nacional
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y lo turna al Ejecutivo
federal para su promulgación. Y, tras desecharse de manera gradual las reservas
que se presentaron a 10 Artículos, fue avalado en lo particular, con 388 votos a favor
y 57 en contra. Esta es la segunda de las tres leyes que fortalecerán el Nuevo
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y que tiene como objetivo crear un
ordenamiento jurídico adecuado con principal énfasis en el respeto de los derechos
humanos de los adolescentes que cometan algún tipo de delito, que tengan los 12
años cumplidos y menos de 18 y sean competencia de la federación o los estados.
Esto se llevará a cabo en el marco de principios y derechos consagrados en la
Constitución, así como en los Tratados Internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte. Entre otros aspectos, destacan en el documento aprobado que,
en ningún caso una persona mayor de edad podrá ser juzgada en el sistema de
justicia para adultos, cuando haya cometido un delito cuando era adolescente. Y,
garantiza los derechos humanos de personas adolescentes a quienes se les impute
o resulten responsables de algún delito.
En ese sentido, establece principios rectores del Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes en la República Mexicana, bases, requisitos y condiciones
de mecanismos alternativos de solución de controversias de este Sistema. Sobre las
medidas de sanción, los menores infractores serán divididos por grupos según la
edad, lo que determinará la medida correspondiente. Define las instituciones,
órganos y autoridades especializados, además de delimitar y distribuir sus
atribuciones y funciones para la aplicación de las normas del Sistema.
78
De igual forma se establece que la responsabilidad de la persona adolescente
se fincará sobre la base del principio de culpabilidad, es decir, todo adolescente debe
ser considerado y tratado como inocente en todas las etapas del procedimiento
mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por el
Órgano Jurisdiccional. En lo referente a las medidas de privación de la libertad se
utilizarán como medida extrema y excepcional, sólo se podrán imponer a personas
adolescentes mayores de 14 años.
Quedan prohibidos los castigos corporales, reclusión en celdas oscuras y
penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción o medida
disciplinaria contraria a sus derechos humanos. No podrá ser sancionado ningún
menor más de una vez por el mismo hecho y quedan prohibidas las sanciones
colectivas. En ningún caso se podrán imponer medidas más graves ni de mayor
duración a las que corresponderían por los mismos hechos a un adulto, ni gozar de
menores derechos, prerrogativas o beneficios que se les concedan a éstos. El
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal,
instancia de coordinación nacional, creará un comité para la evaluación y
seguimiento de la implementación de todas las acciones que se requieren para lograr
la adecuada implementación de las normas de este decreto.
En tanto, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales,
a partir de la publicación del decreto, para reformar la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública a efecto de incluir en la organización del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, a la Conferencia Nacional de Autoridades
Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes. Esta
instancia, se integrará por los titulares en la materia de cada entidad federativa y del
Poder Ejecutivo federal.20
20 Artículo publicado en la siguiente dirección: https://mexico.quadratin.com.mx/aprueban-ley-del-
sistema-integral-justicia-penal-adolescentes/.
79
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, establece en
su Artículo 27, la Racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y
de sanción.
Las medidas cautelares y de sanción que se impongan a las personas
adolescentes deben corresponder a la afectación causada por la conducta, tomando
en cuenta las circunstancias personales de la persona adolescente, siempre en su
beneficio.
Derechos de las personas sujetas a medidas cautelares o de sanción
privativa de libertad. Las personas adolescentes durante la ejecución de la medida
privativa de la libertad o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los
derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos
por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de
éstas.
La Fracción III del Artículo 46, señala el derecho del menor a ser informado
sobre la finalidad de la medida cautelar y de sanción impuesta, del contenido del
Plan Individualizado de Actividades o Plan Individualizado de Ejecución y lo que se
requiere de él para cumplir con el mismo. Lo anterior se hará del conocimiento de
sus personas responsables, de sus representantes legales y, en su caso, de la
persona en quien confíe.
El Artículo 58 hace referencia a las obligaciones de las personas adolescentes
sujetas a medidas cautelares o de sanción. Las personas adolescentes sujetas a una
medida cautelar o de sanción, deberán observar las disposiciones administrativas
disciplinarias que correspondan.
80
En su Título II Medidas Cautelares, y su Capítulo Único Medidas Cautelares,
dispone lo siguiente:
Artículo 119. Medidas cautelares personales. Sólo a solicitud del Ministerio
Público, la víctima u ofendido, y bajo las condiciones y por el tiempo que se fija en
esta Ley, el Órgano Jurisdiccional podrá imponer a la persona adolescente, después
de escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares:
I. Presentación periódica ante autoridad que el Juez designe;
II. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el Órgano Jurisdiccional, sin autorización del Juez;
III. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informe regularmente al Órgano Jurisdiccional;
IV. La prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o acercarse a ciertos lugares;
V. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
VI. La separación inmediata del domicilio;
VII. La colocación de localizadores electrónicos;
VIII. Garantía económica para asegurar la comparecencia;
IX. Embargo de bienes;
X. Inmovilización de cuentas;
81
XI. El resguardo en su domicilio con las modalidades que el Órgano Jurisdiccional disponga, y
XII. Internamiento preventivo.
En cualquier caso, el Juez de Control para Adolescentes, previo debate,
puede prescindir de toda medida cautelar, cuando la promesa del adolescente de
someterse al proceso sea suficiente para descartar los motivos que autorizarían el
dictado de la medida conforme al Artículo siguiente.
El Juez deberá explicar, claramente, cada una de las medidas cautelares
impuestas a la persona adolescente, su forma de cumplimiento y las consecuencias
de incumplimiento. Las medidas cautelares se podrán modificar, sustituir o revocar
en cualquier momento hasta antes de dictarse sentencia firme. Si el fallo resulta
absolutorio, el Órgano Jurisdiccional deberá levantar de oficio todas las medidas
cautelares impuestas a la persona adolescente.
Artículo 120. Reglas para la imposición de medidas cautelares. Las
medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo
indispensable y sólo se dictarán para asegurar la presencia de la persona
adolescente en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o
del testigo, o para evitar la obstaculización del procedimiento.
Al imponer las medidas cautelares el Órgano Jurisdiccional deberá considerar
el criterio de mínima intervención, idoneidad y proporcionalidad según las
circunstancias particulares de cada adolescente. Las medidas de garantía
económica, embargo de bienes e inmovilización de cuentas sólo procederán cuando
la persona adolescente haya cumplido la mayoría de edad y cuente con bienes o
cuentas bancarias propias.
82
Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía, el Juez fijará el
monto, la modalidad de la prestación y apreciará su idoneidad.
Para resolver sobre dicho monto, el Juez deberá tomar en cuenta las
características del adolescente y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones
procesales a su cargo. La autoridad judicial hará la estimación del monto de manera
que constituya un motivo eficaz para que el adolescente se abstenga de incumplir
sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía.
La garantía será presentada por el adolescente, por su persona responsable,
u otra persona en los términos y condiciones que para la exhibición de fianzas estén
establecidos en la legislación penal vigente de la entidad. Se hará saber al fiador, en
la audiencia en la que se decida la medida, las consecuencias del incumplimiento por
parte del adolescente.
Artículo 121. Revisión de la medida cautelar de internamiento preventivo.
La medida cautelar de prisión preventiva deberá ser revisada mensualmente, en
audiencia, por el Juez de Control. En la audiencia se revisarán si las condiciones que
dieron lugar a la prisión preventiva persisten o, en su caso, si se puede imponer una
medida cautelar menos lesiva.
Artículo 122. Reglas para la imposición del internamiento preventivo. A
ninguna persona adolescente menor de catorce años le podrá ser impuesta la
medida cautelar de prisión preventiva.
A las personas adolescentes mayores de catorce años, les será impuesta la
medida cautelar de internamiento preventivo, de manera excepcional y sólo por los
delitos que ameriten medida de sanción de internamiento de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley y únicamente cuando otras medidas cautelares no sean
83
suficientes para garantizar la comparecencia de la persona adolescente en el juicio o
en el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, o de los testigos o de
la comunidad. En los casos que proceda la medida de sanción de internamiento,
podrá ser aplicada la prisión preventiva, siempre y cuando exista necesidad de
cautela.
El Ministerio Público deberá favorecer en su propuesta una medida cautelar
diferente a la prisión preventiva, o en su caso, justificar la improcedencia de estas
para poder iniciar el debate de la imposición de la prisión preventiva. La prisión
preventiva se aplicará hasta por un plazo máximo de cinco meses. Si cumplido este
término no se ha dictado sentencia, la persona adolescente será puesta en libertad
de inmediato mientras se sigue el proceso, pudiéndosele imponer otras medidas
cautelares.
No se aplicarán a las personas adolescentes los supuestos de prisión
preventiva oficiosa establecidos en el Artículo 19 de la Constitución. Las medidas de
prisión preventiva no podrán combinarse con otras medidas cautelares y deberá ser
cumplida en espacios diferentes a las destinadas al cumplimiento de las medidas de
sanción de internamiento.
Artículo 123. Máxima prioridad en la tramitación efectiva del
procedimiento en que el adolescente se encuentre en internamiento preventivo.
A fin de que el internamiento preventivo sea lo más breve posible, el Ministerio
Público y los Órganos Jurisdiccionales deberán considerar de máxima prioridad la
tramitación efectiva de los casos en que una persona adolescente se encuentre
sujeta a esta medida cautelar.
84
Artículo 124. Supervisión de la medida cautelar. La Autoridad de
supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso será la
encargada de realizar la supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión
preventiva, obligaciones procesales impuestas por la suspensión condicional del
proceso y los acuerdos preparatorios de cumplimiento diferido. Para el cumplimiento
de sus funciones y conforme a su presupuesto contará con las áreas especializadas
necesarias. Los lineamientos y el procedimiento para la supervisión de las
condiciones de la suspensión condicional serán los ordenados en el Código
Nacional.
85
Conclusión general.
Finalmente hemos llegado al apartado de las conclusiones generales. Como
se ha señalado en el desarrollo del presente trabajo, la regulación de las medidas
cautelares es un elemento de la mayor importancia en el diseño del nuevo proceso
penal acusatorio y oral mexicano. Su efecto incide directamente en la vida de los
ciudadanos sujetos a proceso y su adecuado funcionamiento es uno de los grandes
retos del nuevo sistema. La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia
penal (18 de junio de 2008), contiene un cambio de paradigma, que como ya lo
analizamos impacta substancialmente en el proceso penal en general y de manera
particular en el ámbito de las medidas cautelares, transformando radicalmente los
parámetros que justifican la procedencia de su aplicación y comprensión. En
consecuencia, deben de considerarse cuidadosamente los elementos de esta nueva
configuración cautelar, resulta necesario enmarcar dichas diferencias estructurales y
más aún, los principios que las orientan, sin olvidar la naturaleza pública de los
derechos en juego.
Con el presente trabajo se pretende conocer la extensión existente y de no
fácil conciliación, que surge con la necesidad de proteger a la sociedad, la víctima y
el imputado, desde la perspectiva de un proceso penal democrático congruente con
los postulados que exige el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, en
relación con la administración de justicia y el irrenunciable reconocimiento de los
derechos consagrados en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. He
logrado hacer un estudio muy general pero practico, que sirva de consulta a los
estudiantes de derecho, así también para quien revise este documento podrá
identificar de manera inmediata en qué parte de la legislación están referidas. Las
figuras graficas que al final se anexan, nos dan una herramientas practica y técnica
por decirlo así de los momentos en que se presentan las medidas cautelares.
86
Estas medidas buscan cumplir tres objetivos: que el imputado no se evada de
la justicia, proteger a los testigos, víctimas y a los indicios, y que se cumplan las
obligaciones procesales. Se rigen por los principios de provisionalidad,
excepcionalidad, jurisdiccionalidad, legalidad, proporcionalidad y necesidad. Se
pueden identificar las medidas de prevención así como los tipos de medidas
cautelares contempladas en el Artículo 155 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Al cumplir con los objetivos de esta investigación, no considero que dejo
pendiente algún tema, pero sin embargo si dejo la posibilidad de continuarlo en el
futuro pero ya con datos más concretos, un estudio estadístico sobre los temas de
duración promedio de la prisión preventiva según delitos así como los porcentajes de
casos que pasaron por prisión preventiva y fueron condenados a una medida
alternativa a la privación de libertad, según delito.
A lo largo de esta investigación pude conocer la opinión y la experiencia de los
jueces de garantía acerca de las fortalezas y limitaciones actuales del sistema
cautelar, a las que se enfrentan en su quehacer cotidiano. En función de su posición
privilegiada en la observación y uso de éstas medidas, y también por la gran
expectativa pública que generan sus resoluciones en este sentido.
Concluyo que las medidas cautelares afectan a los derechos personales y
reales garantizados constitucionalmente, tales como la libertad, la inocencia y la
propiedad, por lo cual, el juez penal, al momento de dictar la medida cautelar, debe
de ajustar su conducta para evitar en lo posible que estos bienes jurídicos sean
afectados, haciendo un estudio responsable de las situaciones de hecho y de
derecho que ofrece el proceso en relación con el imputado, con los medios de
prueba, con el ofendido, etc., para pronunciarse en la forma menos lesiva a los
derechos garantizados constitucionalmente.
87
Para muchos las medidas cautelares son castigos disfrazados, para la
Doctrina, el proceso cautelar sirve de forma inmediata a la composición procesal de
la litis pues su finalidad es la garantía del desarrollo o resultado de otro proceso del
cual saldrá la composición definitiva (Carneluttí). Calamandrei sostiene que es una
anticipación provisoria de los efectos de la garantía jurisdiccional, vista su
instrumentalidad o preordenación. Para Couture, la finalidad de las medidas
cautelares es la de restablecer la significación económica del litigio con el objeto de
asegurar la eficacia de la sentencia y cumplir con un orden preventivo: evitar la
especulación con la malicia.
Recomiendo que se consulte la Guía de Apoyo para el Estudio y Aplicación
del Código Nacional de Procedimientos Penales, realizado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación junto con la Judicatura de la Federación del Poder Judicial de la
Federación, documento que está muy completo y que contiene además de diversos
flujogramas una gran variedad de formatos donde se muestran las formas de llevar
las audiencias y cómo solicitar las medidas cautelares o en su caso, ejemplos
prácticos con el tema que nos ocupa.
Finalmente solo me queda agradecer a quienes me apoyaron y brindaron
información, mucha no está plasmada en esta investigación, pero me ha quedado la
experiencia y las notas para un trabajo de investigación futuro como ya lo he referido,
pues precisamente este trabajo también es continuidad de mi tesis de licenciatura,
que justamente presente a la entrada de la reforma penal de 2008 en materia de
menores infractores. Especialmente agradezco al Dr. Rodrigo Serrano Castro,
Subsecretario de la Consejería Jurídica y Lic. Bruno de Jesús Lizárraga Bastidas,
Director General de la Defensoría Pública, Del Gobierno del Estado, por las
facilidades prestadas para realizar mi estancia profesional en la Defensoría de Oficio
del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
88
Graficas. Flujo gramas y guía de apoyo para la aplicación práctica de las
medidas cautelares en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las siguientes graficas nos apoyaran para darnos cuenta de manera práctica
e inmediata, el momento en que las medidas cautelares son utilizadas o se
presentan algunos momentos para ello. 21
Además, otro de los temas abarcados en esta investigación, que es muy
importante, lo es el de los Servicios Previos al Juicio (SPJ), que parten de la
presunción de inocencia y la necesidad de afrontar los riesgos procesales que un
imputado pudiera representar al seguir el proceso en libertad. He agregado unos
cuadros que nos apoyaran también en su entendimiento práctico.
21 Fuente. https://www.cjf.gob.mx/documentos/guiaCNPP.pdf
89
Grafica. I. Puesta a disposición por flagrancia o urgencia y personas en libertad.
90
Grafica. II. Vinculación a proceso.
91
Grafica. III. Medidas cautelares.
92
Grafica. IV. Etapa de juicio; emisión del fallo.
93
Grafica. V. Revisión de medidas cautelares.
94
Grafica. VI. Suspensión condicional del proceso.
95
Grafica. VII. Supervisión de medidas cautelares y salidas alternas.
96
Grafica VIII. Complementariedad de las dos funciones centrales de los SPJ
Los Servicios Previos al Juicio (SPJ) parten de la presunción de inocencia y la
necesidad de afrontar los riesgos procesales que un imputado pudiera representar al
seguir el proceso en libertad. Ofrecen una metodología para optimizar la calidad de la
decisión del Juez al imponer las medidas cautelares, aunque para que eso suceda
realmente el procedimiento debe iniciar con una valoración del nivel de riesgo
procesal del detenido, para determinar la idoneidad de las medidas menos
restrictivas, hasta llegar a la más apropiada en cada caso.
97
Referencias bibliográficas y/ o fuentes de información consultadas
Libros.
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Esparza Martínez Bernardino, Silva Carreras Alejandra. Análisis del Sistema Penal Acusatorio en México Jurídico-Operativo a Nivel Federal Medidas Cautelares. Definición, mecanismos procesales de uso y posibilidad de procedencia. ISBN obra completa: 978-607-9404-35-2 ISBN tomo 3: 978-607-9404-41-3. SEGOB. PGR. INACIPE.
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98
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur BOGE 31-07-2016
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur BOGE 31-10-2016
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California Sur BOGE 27-01-2014
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Sistema de Justicia Penal, http://www.setec.gob.mx/
Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Baja
California Sur, http://www.justiciapenalbcs.gob.mx/
Suprema Corte de Justicia de la Nación, http://www.scjn.gob.mx/
Senado de la República, http://www.senado.gob.mx/
Cámara de Diputados, http://www.cddhcu.gob.mx/
Diccionario de la Real Academia Española, http://www.rae.es/
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, http://www.juridicas.unam.mx/
Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C.
http://www.ceead.org.mx/