PROPUESTA:

AGENDA URBANA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Elaborada por:

Fundación Alternativas en coordinación con los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria de

La Paz, Sucre y Tarija

“La Seguridad Alimentaria existe cuando todas las

personas tienen en todo momento, acceso físico y económico a suficientes

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus

necesidades alimenticias y sus preferencias a fin de

llevar una vida activa y sana” (FAO, 2011)

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INTRODUCCIÓN

Actualmente, Bolivia registra índices preocupan-tes en relación a seguridad alimentaria: cerca del 20% de la población registra hambre y 40% sobrepeso u obesidad(i). Este panorama pone en evidencia que aún existen barreras que impiden que la ciudadanía tenga acceso y disponibilidad a alimentos nutritivos e información para hacer un uso adecuado de los alimentos. Un sinfín de causalidades generan esta situación y deben ser abordadas y trabajadas de forma integral para mejorar la seguridad alimentaria en Bolivia.

La transición demográfica que se va suscitando en Bolivia, a raíz de la migración del campo a la ciu-dad, va generando cambios en los paradigmas de convivencia, gobernanza, planificación e inversión. La creciente urbanización del país va repercutien-do sobre patrones productivos y va en desmedro de la capacidad de garantizar soberanía alimen-taria. También repercute de manera significativa sobre los hábitos alimenticios de las personas.

Alrededor del mundo, los residentes urbanos con-sumen mayor cantidad de alimentos procesados, altos en carbohidratos y azúcar. A su vez, hoy el 75% de los alimentos del mundo provienen de 12 plantas y 5 especies de animales(ii). En Bolivia, el panorama no es distinto y la estandarización de la alimentación está llevando a una pérdida del pa-trimonio alimentario del país, además de repercu-tir negativamente en la salud de la población.

Actualmente, Bolivia importa alimentos por un valor aproximado de 50 millones de dólares al mes(iii) y en años recientes el país ha incrementa-do la importación de alimentos destinados al con-sumo en hogar(iv). En los últimos 10 años, el valor acumulado de las importaciones de alimentos y

bebidas superó los 5 mil millones de dólares(v). Se registra que entre los años 2006 y 2016, las importaciones de alimentos se han incrementado en un 155%(vi). Esta situación demuestra una cre-ciente dependencia a mercados extranjeros.

Ante este panorama se considera fundamental evitar la pérdida de alimentos nativos y nutriti-vos, la disminución de la riqueza de la gastro-nomía boliviana, el debilitamiento de la identi-dad cultural alimentaria y el empobrecimiento de la dieta nacional. Para ello es necesario to-mar acciones a lo largo del sistema alimentario. Este trabajo deberá estar orientado a fortalecer la producción nacional de alimentos, revertir la creciente dependencia a la importación de alimentos, fomentar el consumo de alimentos nativos, apoyar la revalorización del patrimo-nio alimentario, mejorar el sistema logístico de abastecimiento y crear vínculos entre las áreas urbanas y rurales.

Debido a que cerca del 70% del país reside en áreas urbanas(vii), se considera fundamental de-finir una agenda urbana de seguridad alimenta-ria. Por ello, es necesario desarrollar un plan de acción que oriente a los actores urbanos cómo abordar el desarrollo de mecanismos que pue-dan garantizar el derecho a la alimentación hoy y en el futuro.

Esta propuesta, elaborada con una participación multisectorial y denominada Agenda Urbana para la Seguridad Alimentaria, plantea cinco ejes de acción para las ciudades: Planificación Integral, Interconexión Urbano-Rural, Acceso a la Información, Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y Participación Multisectorial.

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CONTEXTO LEGAL

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el Artículo 16, reconoce que todas las personas tienen derecho a la alimentación y al agua y define que el Estado tiene la obligación de garantizar seguridad y soberanía alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. De igual ma-nera, el Estado ha adoptado una serie de leyes que tienen como finalidad establecer los pará-metros de implementación para garantizar el derecho a la alimentación, la seguridad y sobe-ranía alimentaria.

La Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien establece la visión y los fun-damentos para el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para el Vivir Bien. La Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez establece que la alimentación es uno de los fundamentos de la educación integral y determina como objetivo la formulación de programas de alimentación para la seguridad y soberanía alimentaria.

La Ley 144 de la Revolución Productiva Comuni-taria Agropecuaria señala la necesidad de lograr la soberanía alimentaria en condiciones de ino-cuidad y calidad para el Vivir Bien en el marco de la economía plural. La Ley 338 de Organizacio-nes Económicas Campesinas, Indígena Origina-rias – OECAS y de Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria busca contribuir al logro de la sobe-ranía y seguridad alimentaria para el Vivir Bien, a través de la agricultura familiar sustentable.

Asimismo, la Ley 622 de Alimentación Esco-lar en el marco de la Soberanía Alimentaria y

Economía Plural regula la Alimentación Com-plementaria Escolar distribuyendo responsa-bilidades a los diferentes niveles de gobierno, fomentando la economía social comunitaria a través de la compra de alimentos de proveedo-res locales. La Ley 775 de Promoción de Ali-mentación Saludable establece lineamientos y mecanismos para promover hábitos alimenta-rios saludables en la población boliviana, a fin de prevenir las enfermedades crónicas relacio-nadas con la dieta.

La Ley 3460 de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos promue-ve, protege y apoya la práctica de la lactancia materna y regula la comercialización de suce-dáneos de la leche materna y otros productos relacionados. La Ley 830 de Sanidad Agrope-cuaria e Inocuidad Alimentaria busca contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía, de manera integral, estableciendo el marco nor-mativo para la sanidad agropecuaria e inocui-dad alimentaria.

A nivel municipal, el Gobierno Autónomo Muni-cipal de La Paz también dio un paso hacía la in-corporación de la seguridad alimentaria dentro de la agenda urbana a través de la aprobación de la Ley Autonómica Municipal No 105 de Segu-ridad Alimentaria. Esta instruye la adopción de una serie de iniciativas, incluyendo la agricultu-ra urbana, para aumentar y garantizar la seguri-dad alimentaria de las personas. Así también, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto aprobó la Ley Autonómica Municipal 018 que promueve la agricultura urbana, periurbana y rural con el objetivo de garantizar la disponibilidad y acceso a alimentos orgánicos y nutritivos.

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PROPUESTA DE TRABAJO COLECTIVO

En julio del 2017, Fundación Alternativas y los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria de La Paz, Sucre y Tarija organizaron una jorna-da de trabajo multisectorial que reunió a actores de los departamentos de La Paz, Sucre, Tarija, Cochabamba y Oruro para analizar los retos que enfrentan las áreas urbanas en relación a la se-guridad alimentaria. Participaron representan-tes de gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad civil, emprendedores, gastrónomos, universidades, organizaciones de productores, asociaciones de gremiales, activistas, estudian-tes y agencias de cooperación internacional.

Este documento es el resultado de dicho trabajo multisectorial y realza que las ciudades compar-ten una visión de mejorar las cifras de seguri-dad alimentaria en los próximos años. De esta manera se priorizaron acciones y se propuso la creación de una agenda urbana para comple-mentar los actuales planes nacionales de segu-

ridad y soberanía alimentaria, que hasta la fecha están centradas en acciones productivas e inver-siones en áreas rurales. La propuesta también busca garantizar la incorporación de los siste-mas alimentarios a la planificación y gestión de las ciudades.

Debido a que garantizar el derecho a la alimenta-ción es una tarea compleja que depende de mu-chos factores, no debe ser únicamente respon-sabilidad del gobierno nacional sino también de los gobiernos municipales y departamentales, la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía en su totalidad. Estos actores pueden y deben des-empeñar un papel activo en la búsqueda de solu-ciones sostenibles. En este sentido, la propuesta Agenda Urbana para la Seguridad Alimentaria plantea un trabajo colectivo y multisectorial, que proporciona a los tomadores de decisiones y a la población una serie de ideas y propuestas para mejorar la seguridad alimentaria.

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5 EJES DE ARTICULACIÓN

Para que nuestras ciudades cuenten con sistemas alimentarios más eficientes y equitativos es necesario que los actores locales trabajen de forma conjunta en la implementación de estrategias y políticas que mejoren la disponibilidad, el acceso y los hábitos de consumo de alimentos. Las es-trategias planteadas deben ser integrales y deben articularse con políticas locales existentes y con las iniciativas que nacen tanto del sector privado como de la sociedad civil.

Debido a que un sistema alimentario transciende fronteras municipales y a menudo fronteras na-cionales, es importante que las políticas diseñadas e implementadas por un territorio sean comple-mentarias a las de otros territorios. Por ello, se debe trabajar de manera coordinada para identificar retos comunes, implementando soluciones integrales que garanticen fluidez en el abastecimiento de alimentos y optimicen el funcionamiento de nuestros sistemas alimentarios.

La Agenda Urbana para la Seguridad Alimentaria plantea un trabajo a partir de cinco ejes de ac-ción: planificación integral, interconexión urbano-rural, acceso a la información, fortalecimiento de capacidades institucionales y participación multisectorial. Estas acciones deberán complementar las acciones de la actual agenda estratégica del Estado, con el fin de garantizar el derecho a la ali-mentación de manera equitativa y justa en las ciudades del país.

PLANIFICACIÓN INTEGRAL. El crecimiento de las ciudades demanda una planificación estra-tégica que garantice un adecuado ordenamiento territorial y acceso a servicios básicos. Así tam-bién, se debe garantizar el derecho a la alimen-tación de las personas.

La planificación integral permite articular a los distintos actores de un sistema alimentario y la coordinación multiactoral facilita identificar accio-nes e inversiones que responden a los intereses, comportamientos y capacidades de cada sector. Así también facilita el diseño de metas conjuntas que responden a necesidades particulares.

Trabajando de forma conjunta, se deberán iden-tificar planes y proyectos para mejorar todo el sistema alimentario, a través del desarrollo de infraestructura y sistemas logísticos, redes de co-municación, espacios de capacitación y la expan-sión de la red de servicios básicos.

INTERCONEXIÓN URBANO-RURAL. La urbani-zación acelerada provoca desbalances ecológi-cos y desequilibrios en los ecosistemas; tam-bién impacta de forma negativa los sistemas productivos tradicionales de un territorio. Como parte de los cambios que se van suscitando, mu-chas personas que antes cultivaban alimentos se vuelven consumidores netos. Por ende, las áreas urbanas van generando una demanda de alimentos que en muchos casos no puede ser satisfecha por las zonas rurales y periurbanas que aún producen alimentos.

La interconexión urbano-rural permite generar vínculos directos entre los diferentes territorios además de propiciar mayor diálogo entre estos. De igual manera, permite desarrollar aún más las áreas rurales para que cuenten con todos los servicios básicos, además de educación y salud de primera calidad, servicios e insumos que hoy, típicamente, se encuentran predominantemente

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en las urbes. Sin estas inversiones existirán po-cos motivos de permanencia para aquellos pobla-dores rurales que aún no han migrado, en espe-cial los más jóvenes. Vinculando los territorios, se podrá fortalecer la agricultura local y garantizarle competitividad real en el mercado nacional.

ACCESO A LA INFORMACIÓN. La falta de infor-mación y comunicación facilita la especulación y genera pérdidas de oportunidades a lo largo del sistema alimentario. Por ello, se considera nece-sario que instituciones públicas y privadas se ar-ticulen e inviertan en crear centros informativos para el desarrollo de una cultura de información.

La información oportuna genera oportunidades de mercado, transparenta precios, facilita una mayor coordinación entre actores y, entre otros, permite difundir requisitos y regulaciones de control de calidad e inocuidad. La complejidad de un sistema alimentario requiere que los ac-tores puedan acceder a información actualizada, oportuna y clara.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTI-TUCIONALES. En Bolivia, las entidades territo-riales gozan de autonomía en sus procesos de toma de decisión, lo que permite diseñar políti-cas y normativas que responden a la cultura lo-

cal, dinámicas económicas, sociales y políticas. Sin embargo, el Estado deberá garantizar que las entidades sub-nacionales cuenten con las capacidades necesarias para desarrollar nor-mativa y aplicar con efectividad las herramien-tas de planificación e inversión. En los procesos de renovación y creación de sistemas alimenta-rios, es necesario generar mayor diálogo entre las entidades públicas, crear espacios de inter-cambio de conocimiento y de información entre diferentes niveles del Estado para evitar redun-dancias y duplicidades.

PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL. Los sis-temas alimentarios se caracterizan por ser altamente complejos e involucrar a una gama extensa de actores. Esta complejidad demanda que, para garantizar eficiencia y abastecimien-to, se planteen acciones integrales que además faciliten que diferentes actores se involucren entre sí.

La participación de los sectores y de la ciudada-nía es fundamental para el éxito y deberá verse como un proceso continuo. Crear mecanismos para la participación ciudadana garantiza que los trabajos que se implementen respondan a necesidades existentes.

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SISTEMAS ALIMENTARIOS INTEGRALES

Los sistemas alimentarios integrales se caracterizan por la interconectividad vial y territorial que permiten una conexión fluida entre lo urbano y rural, redes de comunicación e información que fa-cilitan el diálogo y el intercambio de datos y conocimientos, la comercialización justa y el comercio responsable y el uso sostenible de recursos naturales.

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PROPUESTAS DE ACCIÓN

En base al trabajo extenso de los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria y el trabajo mul-tisectorial abordado en el encuentro Ciudades que Alimentan, se propone adoptar acciones espe-cíficas para alcanzar mayor seguridad alimentaria en territorios urbanos. Este trabajo debe es-tar fundamentado con estrategias efectivas: intercambio de experiencias, abordajes participativos, creación y/o fortalecimiento de alianzas institucionales e incidencia en políticas públicas.

Las políticas que se desarrollan desde el Gobierno Nacional instruyen una serie de acciones a favor de la seguridad y soberanía alimentaria. Sin embargo, la implementación de estas en el territorio nacional aún no se ha desarrollado completa y efectivamente. Por ello consideramos que aún hay trabajo por realizar tanto por los diferentes niveles de gobierno como por la ciudadanía.

1 Si bien las recomendaciones incluidas en este documento se hacen de manera específica a los Ministerios con mayor competencia en la temática, los demás también deberían establecer políticas y acciones a favor de la seguridad ali-mentaria y el desarrollo de sistemas alimentarios integrales y sostenibles.

GOBIERNO NACIONAL:

El Gobierno Nacional establece los lineamientos estratégicos de acciones nacionales y prioriza los ejes de inversión para el país. De igual manera, determina las políticas nacionales y garantiza que los proyectos e inversiones realizadas por entidades subnacionales sean afines a estas y cumplan con la agenda estratégica nacional. El equipo redactor recomienda al Gobierno Nacional:1

Ministerio de Planificación para el Desarrollo:

• Institucionalizar la transversalización de la seguridad alimentaria en todos los procesos de planificación del Estado, brindando pautas específicas sobre cómo incorporar las temá-ticas de seguridad alimentaria y sistemas ali-mentarios.

Ministerio de Desarrollo Productivo y Eco-nomía Plural:

• Unificar requisitos y procedimientos imposi-tivos entre Impuestos Nacionales y gobiernos municipales para emprendedores alimenta-rios y gastronómicos.

• Establecer directrices nacionales para la inte-gración de la agricultura urbana y periurbana a políticas nacionales y subnacionales, para potenciar esta práctica como un mecanismo para mejorar el acceso a alimentos frescos y nutritivos.

• Potenciar la micro y pequeña empresa del sec-tor gastronómico dedicado a realzar el patri-monio alimentario.

• Sensibilizar y motivar a la ciudadanía a com-prar alimentos locales, fortaleciendo la visi-bilidad y revalorizando la producción nacional integrándola a la campaña del sello Hecho en Bolivia.

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• Fortalecer las iniciativas centradas en generar industrias nacionales de transformación de alimentos.

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras:

• Incluir las ferias de alimentos realizadas por gobiernos municipales y otras instituciones en los calendarios nacionales de ferias, centrali-zando la información y visibilizándola por me-dio de los canales de difusión del Estado.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua:

• Fortalecer las capacidades de gobiernos au-tónomos departamentales y municipales para desarrollar e implementar planes de mitiga-ción al cambio climático con un enfoque en la protección de áreas de cultivo y fuentes hídri-cas.

Ministerio de Salud:

• Determinar, conjuntamente el Ministerio de Educación, los contenidos y las directrices para un Programa Nacional de Educación Ali-mentaria Nutricional.

• Difundir las metas, objetivos y contenidos del Plan Nacional de Educación Alimentaria Nutri-cional con gobiernos autónomos municipales y

departamentales, instituciones privadas y orga-nizaciones de la sociedad civil.

Ministerio de Educación:

• Determinar, conjuntamente el Ministerio de Salud, los contenidos y las directrices para un Programa Nacional de Educación Alimentaria Nutricional, aportando con una metodología adecuada al sistema de educación.

• Aprobar un currículo para escuelas de gastro-nomía que incluyan las temáticas de patrimo-nio alimentario nacional, sistemas alimenta-rios y seguridad alimentaria.

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda:

• Incluir seguridad alimentaria y sistemas ali-mentarios como parte de los ejes temáticos de la Agenda Urbana del Estado Plurinacional de Bolivia.

• Priorizar, conjuntamente la Administración Boliviana de Carreteras, la conectividad de re-giones productivas con la Red Vial Fundamen-tal con el objetivo de integrar las áreas urbanas y las rurales a tiempo de mejorar la fluidez del sistema alimentario nacional y la comercializa-ción de la producción nacional.

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GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES:

Los gobiernos autónomos departamentales deben planificar y promover el desarrollo humano mediante la formulación, implementación y ejecución de proyectos, programas y planes2. Considerando la seguridad alimentaria como un derecho humano, será necesario trabajar hacia el fortalecimiento de los sistemas alimentarios para que estos sean resilientes y sostenibles, justos y equitativos. Esto será posible si se in-volucra a diferentes actores y territorios, y si se potencia las ventajas competitivas de diferentes actores. Ante la ausencia de autoridades metropolitanas, también deben apoyar el desarrollo y la integración de las futuras regiones metropolitanas. El equipo redactor recomienda a gobiernos autónomos departamentales:

2 Establecido en las competencias correspondientes a los gobiernos autónomos departamentales, Art.300 de la Cons-titución Política del Estado (CPE).

Promover una planificación articulada confor-mando un equipo técnico de representantes de gobiernos municipales vecinos y de diferentes regiones como comunidades y provincias, para abordar el desarrollo de Planes Territoriales de Desarrollo Integral, incluyendo como transver-sal el sistema alimentario que comparten.

• Conformar y/o fortalecer espacios de articu-lación para municipios de una misma región para que juntos aborden el diseño de una vi-sión integral del sistema alimentario que com-parten.

• Establecer la innovación de los sistemas de abastecimiento como requisito de las agendas de desarrollo de las futuras regiones metropo-litanas, coordinando acciones entre los equi-pos técnicos de los involucrados.

• Generar estrategias y mecanismos de coordina-ción para potenciar los circuitos cortos que fo-menten mayor articulación urbano-rural.

• Promover espacios de concertación entre go-biernos autónomos municipales que comparten fuentes hídricas, para optimizar la calidad y el servicio de abastecimiento de agua.

Estimular alianzas estratégicas entre munici-pios, provincias y comunidades para priorizar la interconexión territorial para generar sistemas alimentarios integrales como también sistemas alimentarios interconectados mediante una in-fraestructura adecuada.

• Coordinar con la Administración Boliviana de Carreteras para priorizar el mantenimiento de caminos departamentales estratégicos para el transporte de alimentos.

• Priorizar la construcción de Centros de Acopio para el abastecimiento de alimentos, gene-rando los estudios de factibilidad y las alianzas institucionales para su implementación, prio-rizando las futuras regiones metropolitanas.

• Articular cadenas productivas departamentales con iniciativas municipales de comercialización.

Promover mecanismos para el acceso a la in-formación, en especial para actores vinculados a sistemas alimentarios metropolitanos y de-partamentales.

• Establecer alianzas con instituciones acadé-micas y de investigación para generar y siste-

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matizar datos y conocimientos que aporten al sector productivo y comercial.

• Elaborar y difundir calendarios de ferias de co-mercialización, conjuntamente entidades del gobierno nacional y gobiernos autónomos mu-nicipales, incorporando a productores de dife-rentes regiones productivas del departamento.

• Garantizar que los servicios departamentales vinculados a salud y educación brinden a la ciudadanía, información sobre seguridad ali-mentaria, alimentación saludable, los efectos de la malnutrición y la manipulación inocua de los alimentos.

Establecer y promover espacios de participa-ción multisectorial, funcionando como entidad articuladora entre productores y consumidores.

• Propiciar espacios de interacción urbano-ru-ral para identificar oportunidades de mercado, intercambio y conexión entre productores y consumidores.

• Efectivizar la conformación del Comité Depar-tamental de Alimentación y Nutrición (CODAN), garantizando la participación de diferentes ac-tores en el desarrollo del sistema alimentario departamental y las políticas correspondien-tes.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES:

Los gobiernos autónomos municipales son las entidades territoriales que tienen mayor compe-tencia respecto al funcionamiento de los sistemas alimentarios locales y son las entidades que trabajan más de cerca con la ciudadanía. Su trabajo se fundamenta en establecer acciones que responden a las características y necesidades de sus territorios, asignar recursos y generar alian-zas estratégicas entre actores para potenciar proyectos y optimizar resultados. El equipo redactor recomienda a gobiernos autónomos municipales:

Incluir la seguridad alimentaria como eje temá-tico de la planificación integral, considerando los sistemas alimentarios en todos los procesos de ordenamiento territorial con los presupuestos correspondientes.

• Incluir sistemas alimentarios en el diseño de centralidades urbanas.

• Garantizar que los Planes Estratégicos Institu-cionales (PEIs) incorporen acciones orientadas a mejorar el acceso, la disponibilidad y el uso adecuado de los alimentos.

• Reconocer la agricultura urbana y periurbana como un uso de suelo, generando incentivos para fomentar esta práctica.

Fortalecer las capacidades institucionales para desarrollar e implementar proyectos centrados en seguridad alimentaria y el sistema alimen-tario local.

• Conformar una instancia que concentre y eje-cute todas las acciones relacionadas con se-guridad alimentaria, con un marco legal co-rrespondiente.

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• Ofrecer capacitaciones a funcionarios públicos sobre sistemas alimentarios, educación ali-mentaria nutricional y cómo transversalizar la seguridad alimentaria.

• Enriquecer programas de desayuno escolar con materiales e información sobre el uso ade-cuado de alimentos dirigida específicamente a comunidades educativas.

• Ampliar el público meta de programas de edu-cación alimentaria nutricional.

• Fortalecer las capacidades de control de cali-dad y sanidad en la elaboración y transporte de productos alimentarias.

Establecer convenios y alianzas intergubernati-vos centrados en promover la interconexión ur-bano-rural para generar sistemas alimentarios integrales.

• Generar alianzas con municipios vecinos para establecer redes de abastecimiento directas y circuitos cortos.

• Generar espacios de acercamiento entre pro-ductores rurales y actores del sector gastronó-mico para facilitar ventas directas.

• Facilitar el uso de espacios públicos para la creación de ferias temporales, priorizando la participación de productores locales, rurales y urbanos.

• Gestionar el mejoramiento de caminos de alto flujo de alimentos.

• Priorizar la construcción de Centros de Acopio como estrategia metropolitana para el abaste-cimiento de alimentos, generando los estudios de factibilidad y las alianzas institucionales para su implementación.

Generar mecanismos que garanticen el acceso a la información, hacia y entre los diferentes actores del sistema alimentario, a través de un sistema de información que permita centralizar y socializar datos recogidos.

• Utilizar los canales y medios de comunicación institucionales para difundir y generar mayor publicidad e información sobre patrimonio alimentario, rutas gastronómicas y educación alimentaria nutricional.

• Socializar y visibilizar requisitos nacionales y municipales para facilitar la creación de nue-vos emprendimientos alimentarios y gastronó-micos.

• Participar, conjuntamente gobiernos autóno-mos departamentales y universidades, de la creación de sistemas de información con el ob-jetivo de difundir precios y tendencias de con-sumo y así generar oportunidades de mercado.

• Recolectar y sistematizar datos sobre produc-ción local y generar registros que posterior-mente se utilicen para el desarrollo de proyec-tos e inversiones.

Diseñar proyectos de redes de abastecimiento a partir de una participación multisectorial, de-finiendo roles claros para los diferentes niveles de gobierno, entidades privadas, productores, comerciantes, consumidores y otros.

• Involucrar a emprendedores en el diseño de incentivos para su sector.

• Involucrar al sector gremial en el diseño de mercados, con el objetivo de entender sus ne-cesidades y organización.

• Articular experiencias de gastronomía local con iniciativas de turismo.

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OTROS ACTORES:

Para complementar los programas públicos, otros actores del sistema alimentario y de la sociedad deberán implementar estrategias complementarias y realizables que potencien las políticas e ini-ciativas nacionales y locales. El equipo redactor propone:

Universidades

• Participar, conjuntamente entidades del gobier-no y el sector privado, en procesos de diseño y desarrollo de sistemas de información, con el objetivo de difundir precios y tendencias de con-sumo y así generar oportunidades de mercado.

• Generar y apoyar la implementación de pro-yectos relacionados a la seguridad alimentaria y al resguardo del patrimonio alimentario.

• Generar investigación y datos estadísticos para socializarlos con actores del sistema alimen-tario y tomadores de decisión.

Empresas Privadas

• Establecer alianzas con gobiernos municipales para la administración de nuevos espacios de comercialización como ser Centros de Acopio.

• Generar y apoyar la implementación de pro-yectos en el marco de la producción, el proce-samiento y la venta de alimentos, como tam-bién el resguardo del patrimonio alimentario.

• Asignar recursos de responsabilidad social empresarial para el fortalecimiento de siste-mas alimentarios sostenibles y resilientes.

Emprendedores Alimentarios

• Participar de forma organizada en espacios de discusión y análisis de políticas públicas vincu-lados a gastronomía y patrimonio alimentario.

• Generar y apoyar iniciativas que buscan res-guardar el patrimonio alimentario.

Sociedad Civil

• Participar activamente en espacios de diálogo sobre seguridad y soberanía alimentaria, iden-tificando retos y proponiendo estrategias.

• Conformar y participar de grupos de consu-midores para generar demandas y propuestas ciudadanas frente a diferentes problemáticas e incidir de forma propositiva en procesos de toma de decisión y políticas públicas.

Organizaciones Internacionales y de Coope-ración

• Apoyar la implementación y el fortalecimiento de proyectos municipales centrados en mejorar el acceso y el uso adecuado de los alimentos para una mayor seguridad alimentaria. Apoyar la institucionalización de espacios de diálogo multiactoral y multisectorial que permitan en-riquecer acciones locales a favor de la seguri-dad alimentaria.

• Apoyar el desarrollo de iniciativas centradas en fortalecer la voz del consumidor urbano, potenciando también su participación en es pacios de toma de decisión y el desarrollo de políticas públicas.

• Generar y apoyar la implementación de pro-yectos relacionados a seguridad alimentaria y resguardo del patrimonio alimentario.

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PETICIÓN

Fundación Alternativas, los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria de La Paz, Sucre y Ta-rija y todas las entidades y personas que partici-paron de la construcción de esta propuesta, con-sideramos necesario garantizar que el sistema alimentario funcione eficientemente y beneficie a todas las personas que habitan Bolivia.

Por esta razón y mediante esta propuesta, se so-licita a todas las entidades del Estado Plurina-cional de Bolivia – a nivel central, departamental y municipal:

Asumir un liderazgo en la implementación de la Agenda Urbana para la Seguridad Alimentaria con el fin de mejorar el sistema alimentario del país y garantizar el derecho a la alimentación de todos los habitantes.

Debido a que garantizar el derecho a la alimen-tación es una tarea compleja que depende de muchos factores, no debe ser únicamente res-ponsabilidad del gobierno nacional sino también de los gobiernos municipales y departamenta-les, la sociedad civil, el sector privado y la ciuda-danía en su totalidad.

Se propone abordar el trabajo a implementarse de manera participativa que parte de una pla-nificación conjunta y una visión compartida del futuro de nuestros sistemas alimentarios.

Por ello, el equipo gestor considera que se pue-de lograr seguridad alimentaria con soberanía mediante la construcción participativa de un sis-tema alimentario eficiente, justo y culturalmente adecuado que además cuenta con condiciones óptimas de comercialización y un abastecimien-to suficiente de alimentos locales y nutritivos.

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QUIÉNES SOMOS

Los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria (CMSAs) son equipos multidisciplinarios con-formados por miembros de gobiernos autónomos municipales, representantes sectoriales, universi-dades, organizaciones locales y profesionales independientes, que se dedican a generar estrategias para garantizar el derecho a la alimentación en su municipio. El CMSA de La Paz fue conformado en diciembre del 2013 y reconocido como una entidad oficial a partir de la aprobación de la Ley Muni-cipal Autonómica N° 105 de Seguridad Alimentaria de La Paz. Los CMSAs de Sucre y Tarija fueron conformados el año 2015 y realizan una labor ininterrumpida hasta la fecha.

Fundación Alternativas es una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar alternativas sostenibles para garantizar seguridad alimentaria en las ciudades de Bolivia. El trabajo de la ins-titución está centrado en unir esfuerzos cívicos, públicos y privados en el diseño y la aplicación de políticas públicas, programas e iniciativas que permitan a los ciudadanos y a las comunidades sa-tisfacer su derecho universal a la alimentación. Fundación Alternativas apoya la labor de los CMSAs en asocio con HIVOS, Fundación Friedrich Ebert, Louvain Cooperation, la Universidad de McGill y la Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias de la Universidad de Harvard. Organización Mundial de la Salud (2015). Obesity Prevalence [Archivo de Datos]. https://apps.who.int/infobase/Indicators.aspx

REFERENCIAS

i Organización Mundial de la Salud (2015). Obesity Prevalence [Archivo de Datos]. https://apps.who.int/infobase/Indicators.aspx

ii FAO. What is Happening to Agrobiodiversity? FAO Corporate Document Repository. http://www.fao.org/docrep/007/y5609e/y5609e02.htm

iii Fundación Jubileo. Bolivia importa alimentos por cerca de $50 millones cada mes. http://www.jubileobolivia.org.bo/publicaciones/articulos/item/433-bolivia-importa-alimentos-por-cerca-de-us-50-millones-cada-mes.html

iv Fundación Jubileo. El 2016 se importaron alimentos y bebidas por más de $US 630 millones. http://www.jubileobolivia.org.bo/publicaciones/articulos/item/442-el-2016-se-importaron-alimentos-y-bebidas-por-mas-de-us-630-millones.html

v Fundación Jubileo. El 2016 se importaron alimentos y bebidas por más de $US 630 millones. http://www.jubileobolivia.org.bo/publicaciones/articulos/item/442-el-2016-se-importaron-alimentos-y-bebidas-por-mas-de-us-630-millones.html

vi Fundación Jubileo. El 2016 se importaron alimentos y bebidas por más de $US 630 millones. http://www.jubileobolivia.org.bo/publicaciones/articulos/item/442-el-2016-se-importaron-alimentos-y-bebidas-por-mas-de-us-630-millones.html

vii Instituto Nacional de Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia (2012). 67,3% de la población del país habita en áreas urbanas y 32,7% en áreas Rurales. Nota de prensa. Bolivia. http://www.ine.gob.bo/pdf/boletin/NP_2014_4.pdf