política racionalización de trámites · ción de trámites del gobierno nacional liderada por...
TRANSCRIPT
Política Racionalización de Trámites
Memoria capacitación
Octubre 23 de 2015
2
La política de Racionalización de trámites busca facilitar al ciudadano el acceso a los
trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe
implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas tendientes a simplifi-
car, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.
Las mejoras deberán estar encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos,
procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a
través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, entre otros.
En este sentido, la mejora en la prestación de los servicios por parte del Estado se logrará
mediante la modernización y el aumento de la eficiencia y eficacia de sus procesos y
procedimientos. No cabe duda que la legitimación del Estado se fortalece cuando los
ciudadanos demoran y gastan menos tiempo en el cumplimiento de sus obligaciones o
en la obtención de sus derechos.
Objetivo de la capacitación
Introducción
Fortalecer los conocimientos de los líderes de calidad sobre la Política de Racionaliza-
ción de trámites del Gobierno Nacional liderada por Función Pública.
3
1. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES - MIPG
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planea-
ción y Gestión, que se aplica en su integridad a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva
del Poder Público del Orden Nacional.
El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano contiene la política de Racionalización de trá-
mites esta contemplado dentro de la política de desarrollo administrativo de Transparencia,
participación y servicio al ciudadano.
La política de Racionalización de trámites se encuentra también en la política de desarrollo admi-
nistrativo Eficiencia Administrativa como se refleja en la siguiente gráfica:
4
2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de Transparencia, en coordi-
nación con las direcciones de Control Interno y Racionalización de Trámites y del Empleo Público
de Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP, ha actualizado la
metodología para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla la
estrategia de lucha contra la corrupción y que debe ser implementada por todas las entidades del
orden nacional, departamental y municipal.
1. Presupuesto del Plan Anticorrupción: Supone la creación de una estrategia por parte de la
entidad orientada a combatir la corrupción en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de
2011.
2. Entidades encargadas de elaborarlo: Lo deben realizar las entidades del orden nacional, de-
partamental y municipal.
3. Componentes: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políti-
cas autónomas e independientes, con parámetros y soportes normativos propios. En este sen-
tido, sus componentes gozan de metodologías para su implementación. No implica para las
entidades realizar actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de di-
chas políticas.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas públicas:
a) Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
b) Racionalización de Trámites.
c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
d) Rendición de Cuentas.
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a
la Información.
Adicionales. Las iniciativas que la entidad considere
necesarias para combatir la corrupción.
5
3. NORMATIVA
A continuación se enuncian algunas de las normas que regulan la materia en las entidades públi-
cas y que deben tenerse en cuenta para asegurar una adecuada racionalización de los trámites
y prestar un servicio con calidad al ciudadano:
Constitución Política de 1991 (Artículos 83, 84, 209 y 333): Establece el principio de la buena
fe, la no exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho, los principios de
la función administrativa, de la actividad económica y la iniciativa privada.
Decreto 2150 de 1995: Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites innecesa-
rios en la Administración Pública.
Ley 190 de 1995: Se dictan las normas tendientes a preservar la moralidad en la Administra-
ción Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
Ley 489 de 1998 (Artículo 18): Establece la supresión y simplificación de trámites como política
permanente de la Administración Pública.
Documento CONPES 3292 de 2004: Establece un marco de política para que las relaciones
del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más transparentes, directas y eficientes,
utilizando estrategias de simplificación, racionalización, normalización y automatización de
los trámites ante la administración pública.
6
3. NORMATIVA
Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos.
Decreto 4669 de 2005: Fija el procedimiento para aprobación de nuevos trámites, crea el
Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites (GRAT), como instancia consultiva
del Gobierno Nacional en la materia y establece sus funciones.
Decreto 1151 de 2008: Establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en
Línea de la República de Colombia a implementar por fases y se dictan otras disposiciones
Decreto 1879 de 2008: Requisitos documentales exigibles a los establecimientos de Comercio
para su apertura y operación.
Decreto 235 de 2010: Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades pa-
ra el cumplimiento de funciones públicas.
Decreto 2280 de 2010: Por el cual se modifica el artículo 3º del Decreto 235 de 2010.
Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Por la cual se dictan normas orientadas a fortale-
cer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efec-
tividad del control de la gestión pública.
Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012.
7
4. INSTITUCIONALIDAD
La implementación de la política Antitrámites la llevan a cabo mediante la interacción de actores
que se coordinan a través de diversas instancias. El siguiente diagrama ilustra los actores principales
y los mecanismos de coordinación establecidos:
8
5. OBJETIVOS DE LA POLITICA DE RACIONALIZACION
DE TRAMITES
Los principales objetivos de la Política Antitrámites son los siguientes:
La racionalización se define como el proceso que permite reducir los trámites, con el menor es-
fuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que
implican: simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación
normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos
9
6. FASES DE LA POLITICA
Las fases para la implementación de la política Antitrámites que se ilustra en la siguiente gráfica:
10
7. TIPOS DE RACIONALIZACIÓN
11
7. TIPOS DE RACIONALIZACIÓN
12
GALERíA DE
IMAGENES
13
GALERíA DE
IMAGENES
