El Proyecto de Ley de Reforma de las Pensiones que el Gobierno Zapatero va a aprobar el próximo 28 de enero, y cuyas mayores agresiones serán el atraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años y el alargamiento del periodo de cálculo de 15 a 20 o 25 años, está basado en un montón de falsedades. Se trata de un cúmulo de argumentos que, aunque vienen avalados por supuestos estudios científicos, en realidad persiguen manipular las conciencias de la gente trabajadora y del conjunto de la ciudadanía, sembrando miedo e insolidaridad para obtener cuatro objetivos:

1. Recortar y empeorar las pensiones públicas, tanto en sus importes como en las condiciones para obtenerlas.

2. Desvirtuar la esencia del reparto, que es el alma del modelo de pensiones público actual, para acercarlo, cada vez más, a un modelo de capitalización.

3. Seguir abriendo el terreno a las pensiones privadas, un campo de negocio fabuloso para bancos, cajas de ahorro y aseguradoras.

4. Crear las condiciones para próximas rebajas de las cotizaciones empresariales, lo que redundará en que el capital se apropie de una mayor parte de los salarios.

MENTIRAS DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES

GANEMOS EN LA CALLE LO QUE NOS QUITAN EN EL PARLAMENTO

NO al recorte de las pensiones27-E

HUELGA GENERAL

Nos mienten cuando dicen que el aumento de la esperanza de vida y las previsiones demográficas hacen inevitable el alargamiento de la edad de jubilación; que el número de personas activas con relación a las pasivas, obliga a recortar las pensiones, así como a alargar la edad de jubilación; y que el peso del gasto en pensiones sobre el Producto Interior Bruto (PIB) será insoportable dentro de dos o tres décadas. Vayamos por partes.

La esperanza de vida (que es una media de las edades de fallecimiento) ha crecido, sobre todo, porque ha disminuido la mortalidad en la infancia y la adolescencia.

Además, la esperanza de vida no es igual según la clase social. Las personas peor situadas en nuestra sociedad viven 10 años menos de media que las personas más ricas. Alargar la edad de jubilación perjudicará más a la gente de menos recursos y peores trabajos.

Los estudios demográficos por encima de 10 años son poco creíbles, porque no valoran

correctamente variables claves que afectan a los sistemas de pensiones, como la incorporación de mujeres e inmigrantes al mercado de trabajo.

La disminución del número de personas activas con relación a las pasivas no tiene que ver tanto con la dependencia demográfica como con la dependencia económica. La garantía está en aumentar y mejorar los empleos, la productividad y los servicios sociales que ayuden a la conciliación, lo que redundaría en combatir la desigualdad de la vida laboral de las mujeres.

El tanto por ciento de PIB dedicado a pensiones no nos dice nada. En el Estado español hace 40 años se dedicaba a pensiones el 4% (en 2007 el 8,4%) y todo el mundo vivía peor que ahora. La media de la Unión Europea de los 17 países del euro dedica el 10,2%, lo que no significa que esos países tengan menos recursos, pues todo depende del tamaño de su PIB. Aunque en 2060 se dedicara el 15,1% del PIB, habría más del doble de producto que hoy en día para dedicar a necesidades distintas a las pensiones, porque dicho PIB se habrá multiplicado por 2,25.

Para ESK es muy importante que la gente trabajadora tenga las ideas claras para no dejarse engañar por tanta falacia neoliberal que solo persigue atacar nuestro sistema de pensiones. Y, también, desarrollar propuestas alternativas que permitan alcanzar un sistema de pensiones públicas mejor y más justo.

NUESTRAS PROPUESTAS Las reformas que defendemos ESK a corto plazo son las siguientes:

l Elevar el importe del SMI hasta aquella cuantía que garantice un nivel de vida digno.

l Eliminar los topes superiores de las cotiza-ciones a la Seguridad Social.

l No existirán pensiones mínimas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

l La revalorización de las pensiones se hará en función de la subida media de los salarios.

l El peso de las jubilaciones anticipadas recaerá en la patronal, cuando se persiga la amortización de empleo o el rejuvenecimiento de las plantillas.

l Hay que frenar el avance de los sistemas privados de pensiones porque su dinámica es incompatible con la defensa de un buen sistema de pensiones público.

En un horizonte más lejano, ESK consideramos que la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, capaz de asignar a cada persona de nuestra sociedad un ingreso suficiente para garantizar su existencia, sería una institución más eficaz, para lograr la justicia y la cohesión social, que un sistema de pensiones que descansa en la inserción, siempre desigual y mediada por los intereses del capital, en el mercado de trabajo.

En tanto se alcanza dicho horizonte y puesto que entendemos que las pensiones son la garantía de una vida digna cuando ya no se puede trabajar, creemos que hay que exigir al Estado, en cualquier circunstancia, que sea capaz de recabar la financiación necesaria (igual que lo hace con gastos, en muchos casos inútiles y hasta dañinos, que se cubren con los presupuestos públicos) para hacer frente a

todas las pensiones públicas.

Por todo ello, el 27-E: Huelga General. Sin excusas

SOLO CABE LA MOVILIZACIÓN Si esta reforma se lleva a cabo va a marcar un antes y un después de nuestros derechos sociales. Por ello exige una respuesta inmediata y contundente, sin esperar a que el Gobierno haga público el proyecto de Ley.

El espejismo de un diálogo social con un Gobierno que ha replicado por activa y por pasiva que puede discutir de los ritmos de aplicación, pero no de los objetivos de la reforma, no sirve más que para darle balones de oxígeno y crear confusión entre los trabajadores y trabajadoras.

En este contexto, la concreción de una fecha de movilización, el 27-E, en Hego Euskal Herria es una buena noticia, más allá de que a ESK nos habría gustado que la misma fuera resultado de una voluntad compartida por todas las organizaciones sindicales.

Estamos pues en la cuenta atrás del pulso contra una reforma que para evitarla, como hemos visto en la experiencia de Francia, va a exigir la más amplia movilización social. Una movilización de la que el 27-E no puede ser sino un primer paso que será necesaria prolongar durante todo el trámite parlamentario. Una movilización a la que ningún sindicato que proclame defender los intereses de la clase obrera puede dar la espalda.