nbi tartagal excelente

7/25/2019 Nbi Tartagal Excelente

1/179

D O S S I E R

D e s o c u p a c i n , p o b re z ay piquetes en Argentina

Beatriz Balian de Tagtachian

I. Si la poltica no es dilogo, es violencia

A fines del ao 2001 y en 2002, la Argentina y los argentinos se vieron

sometidos a una gran crisis. Se trataba de cambios en las reglas de juego

econmico y tambin del fracaso de la conduccin poltica. Una seguidilla

de presidentes y las medidas implementadas por los gobiernos nacionales

hasta la promulgacin de la Ley de Emergencia Pblica y Reforma del

Rgimen Cambiario introdujeron profundas modificaciones y causaron

particular impacto en la poblacin.Al respecto, cabe preguntarse: la crisis econmica, poltica y social que se

present a fines de 2001 y principios de 2002, no fue acaso la manifestacin

de problemas ya existentes no reconocidos y no tratados con anticipacin?

En este trabajo intentamos, en primer lugar, presentar algunos aspectos

socioeconmicos de t res zonas en las que se pre s entaron conflictos que

tu vi eron fuerte visibilidad y, en segundo lugar, formular aprec i a cione s

sobre los grupos que actuaron y actan an como piqueteros.

BEATRIZ BALIAN DE TAGTACHIAN

Doctora en Sociologa (UCA). Directora del Centro de Investigaciones So-ciolgicas y coordinadora acadmica del Doctorado en Sociologa (UCA).Docente de carreras de grado y posgrado. Fue directora del Departamen-to de Sociologa y vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Econ-micas (UCA). Ha publicado, entre otros, Responsabilidad social empresa -ria: un estudio emprico de 147 empre sas y La responsabilidad social delas empresas de la industria del petrleo y del gas.

01 10/26/05 10:31 AM Page 11


2/179

II. Buena sociedad y orden social

El socilogo Amitai Etzioni expone sus ideas acerca del concepto de

buena sociedad y advierte sobre el peligro de centrar la discusin nica-

mente en la mejora de programas pblicos o estructuras legales. Al respec-

to, se expresa de la siguiente manera: Aspiramos a una sociedad que no sea

nicamente sociedad civil sino que llegue a ser una buena sociedad. Para

este autor, la buena sociedad es aquella en la que se equilibran tres diferen-

tes componentes institucionales: el Estado, el mercado y la comunidad (Et-

zioni, 2001, pg. 15).Cada una de estas partes se refiere a distintos sectores: el Estado o sector

pblico de gestin oficial se refiere a las disposiciones y organismos guberna-

mentales; 2) el sector privado, focalizado en los negocios y actuando como un

impulsor econmico; y 3) el sector pblico pero de gestin privada, al que al-

gunos autores denominan sociedad civil, en cuanto abarca distintas organiza-

ciones comunitarias. En relacin con este ltimo sector, se espera la buena

voluntad y capacidad de los ciudadanos para cooperar activamente en el for-

talecimiento de la vida asociacional (Wagner, 1997, pg. 68).

Un principio bsico de esta buena sociedad es que las personas se tra-

ten mutuamente como fines en s mismas y no como meros instrumentos;

como totalidades personales y no como fragmentos; como miembros deuna comunidad unidos por lazos de afecto y compromiso mutuo, y no s-

lo como empleados, comerciantes, consumidores o, incluso, conciudada-

nos (Etzioni, 2001, pg. 15).

Los postulados de una buena sociedad se fundamentan en las personas

y en las relaciones que ellas establecen y son los siguientes:

Las personas son fines y no medios

Todas las personas estn llamadas a ser responsables

Todas estn implicadas en un orden social

El primero de los postulados hace ref erencia a la dimensin personal.

Los miembros de la sociedad son individuos, personas, y como tales deben

ser tratados, no como cosas. Desde el punto de vista filosfico, este aspec-

to social se afianza con el principio de que no es lo social lo que define al

hombre sino su naturaleza humana, que es potencialmente social. Por lo

tanto, aunque el individuo no haya adquirido aquello que se considera co-

1 2 Beatriz Balian de Tagtachian

01 10/26/05 10:31 AM Page 12


3/179

mo buenas costumbres de la sociedad, no pierde su naturaleza humana

(Blanco, 2002, pgs. 362, 384-385).

La responsabilidad personal es el foco del segundo postulado. To d a s

las personas son llamadas a ser responsables con diferentes orientaciones:

hacia s mismas y en relacin con otros. Esta responsabilidad se puede dar

en diferentes aspectos e intensidad. Lo importante es que la persona se

p e rfecciona en el quehacer (cualquiera sea su condicin, insercin o ex-

clusin social).

Por ltimo, la sociedad es un ordenamiento elaborado por la accin de

los hombres, ordenamiento que a la vez es el contexto en el que se desen-vuelven todos. Ese marco social tendiente a regular las acciones de cada uno

y de varios entre s constituye un orden en el que todos tienen, por exceso

o por defecto, algn grado de relacin. Los trminos extremos de esta im-

plicacin son, por un lado, cada persona y, por otro, el orden social; ambos

se complementan mutuamente. Estas premisas sugieren un horizonte pol-

tico-social que trasciende lo partidario. Se trata de una sociedad que se nu-

tre del compromiso personal, la responsabilidad ciudadana y su proyeccin

en la participacin pblica.

Este tipo de sociedad supone un orden basado en los intereses particu-

lares de cada uno y comunes de todos, pero es evidente que dicho orde n

puede estar basado en el poder de unos sobre otros. Cuando esto ocurre, elconflicto est presente, de manera explcita o latente, y afecta el postulado

de tratar a cada uno como persona cualquiera sea su condicin.

III. Desigualdad interprovincial en Argentina

Argentina presenta como caracterstica propia una fuerte desigualdad

socioeconmica, que se hace manifiesta al analizar aspectos laborales como

condicin de actividad, empleo y desocupacin.

En el contexto de crisis que ya viva la Argentina en el ao 2001, puede

observarse que el promedio nacional de desocupacin ocultaba diferencias

re veladoras entre las distintas provincias. Mientras que la media nacional

para 2001 era de 28,5 %, las provincias oscilaban entre 15,5 % en la pro-

vincia de Santa Cruz y 36,3 % en los 24 partidos del Gran Buenos Aires.

Sin embargo, adems de las proporciones, corresponde considerar la canti-

dad de personas afectadas en esos porcentajes.

1 3Desocupacin, pobreza y piquetes en Argentina

01 10/26/05 10:31 AM Page 13


4/179

La Tabla 1 permite observar que en general, la menor proporcin de desocu-

pacin corresponde a provincias con menor cantidad de habitantes, excepto el

caso de la ciudad de Buenos Aires. En el otro extremo se registran los 24 partidos

del conurbano bonaerense, donde la alta proporcin de desocupacin coincide

con la mayor cantidad de personas afectadas (1.378.531). Esta situacin, suma-

da a la de la ciudad de Buenos Aires, es decir, el Gran Buenos Aires, configura una

realidad muy crtica donde se presentan conjuntamente caractersticas de fuerte

urbanizacin por la concentracin de poblacin y desocupacin.

TABLA 1Distribucin de las provincias segn su porcentaje

de desocupacin y la cantidad de personasque estn afectadas - 2001

Cant. de Hasta 20 % pobl. De 20,1 De 25,1 Ms depersonas desocupada a 25 % a 30 % 30 %Hasta Santa Cruz (15,5)15.000 Tierra del Fuegopersonas (17,4)De 15.001 La Pampa (17,6) Catamarca (22,9)a 30.000 La Rioja (19,6)

personasDe 30.001 a Chubut (22,2) Formosa (25,7)100.000 Neuqun (24,4) San Luis ((26,6)personas Misiones (24,5) Corrientes (26,9)

J ujuy (24,9) Ro Negro (27,4)Chaco (28,0)

San J uan (28,8)Santiago delEstero (29,4)

De 100.001 Ciudad de Entre Ros (25,8) Tucumna 300.000 Buenos Aires Salta (28,5) (34,5)personas (18,8) Mendoza (29,4)De 300.001 Crdoba (24,1) Resto de laa 1.000.000 Provincia de

personas Buenos Aires (27,0)Santa Fe (28,9)

Ms de 241.000.000 partidospersonas del Gran

BuenosAires (36,3)

Fuente: elaboracin propia a partir de datos del INDEC. Censo Nacional dePoblacin Hogares y Vivienda 2001. Cuadro 9.1.


01 10/26/05 10:31 AM Page 14


5/179

Por otro lado, un aspecto que tambin pone al descubierto las diferen-

cias provinciales es el que se registra en las cifras relativas a pobreza.

En Argentina, el INDEC (Instituto Nacional de Estadstica y Censos)

utiliza los ndices de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) y Lnea de Po-

breza (LP) para medir la pobreza. El primero abarca aspectos estructurales

(condiciones de la vivienda, sanitarias, redes cloacales, educacin, condicio-

nes de vida del jefe del hogar). El segundo considera la capacidad adquisi-

tiva de cada hogar y sobre este parmetro establece la lnea de pobreza, ba-

jo la cual caen los hogares que perciben un ingreso por debajo del costo de

la canasta bsica de alimentos y otros servicios. Por ltimo, la lnea de indi-gencia es la que corresponde a hogares cuyos ingresos no logran cubrir el

costo de la canasta bsica de alimentos.

El NBI se mide a travs del Censo Nacional, es decir, cada diez aos, y

las lneas de pobreza e indigencia, a travs de la Encuesta Permanente de

Hogares que se realiza peridicamente (cada 6 meses o con mayor frecuen-

cia) y slo se aplica en los grandes aglomerados urbanos.

En el contexto actual, se ha visto que NBI no es una medida suficien-

te para considerar las cuestiones relativas a la pobreza. La experiencia sea-

la que mientras este ndice disminuye (por obras sanitarias u otro tipo de

mejoras estructurales), la LP aumenta debido a problemas de desempleo,

trabajo informal y otros aspectos. Por ejemplo: mientras que en todo elpas el porcentaje de hogares con NBI en el ao 2001 era de 14,3 %, el de

LP (en aglomerados urbanos) era de 26,2 %; o bien, cuando el porcen t a-

je de poblacin con NBI era de 17,7 %, el de poblacin bajo la lnea de

p ob reza era de 35,9 %. La constante es que el porcentaje corre s pon die n t e

a LP, tanto en hogares como en poblacin, es superior al de NBI. To m a r

uno solo de los aspectos implicara apreciaciones insuficientes.

En relacin con la pobreza, las provincias presentan rasgos diferentes a

los de desocupacin, pues las jurisdicciones con mayor porcentaje son las

que tienen menos personas afectadas como, por ejemplo, las provincias del

Noroeste y del Noreste. Una excepcin la constituyen los partidos del Gran

Buenos Aires, pues, adems de presentar alto porcentaje de pobreza, est

implicada en ellos una gran cantidad de personas.


01 10/26/05 10:31 AM Page 15


6/179

TABLA 2Distribucin de las provincias segn su porcentaje

de poblacin con NBI y la cantidad de personasque estn afectadas - 2001

Cantidad de Hasta 14 % De 14,1 % Ms delpersonas de pobl. con a 22 % 22 %

NBIHasta Santa Cruz 10,1 La Rioja 17,4 Corrientes 24,0100.000 La Pampa 9,2 San Luis 13,0 Formosa 28,0personas Chubut 13,4 Catamarca 18,4 Misiones 23,5

Ro Negro 16,1 Chaco 27,6Neuqun 15,5 Santiago del

Tierra del Fuego 15,5 Estero 26,2Salta 27,5

Tucumn 20,5J ujuy 26,1

De 101.000 Cdad. de San J uan 14,3a 350.000 Bs. As. 7,1 Entre Ros 14,7personas Mendoza 13,1De 351.000 Crdoba 11,1 Santa Fe 11,9a 700.000 Resto depersonas Pcia.de

Bs. As. 12,7Ms de 24 partidos700.000 del conurbanopersonas bonaerense 17,6

(2.161.064 personas)

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Vivienda 2001.

En resumen: la zona del Gran Buenos Aires (la ciudad de Buenos Aires

y los partidos del conurbano) configura una situacin muy crtica donde

coinciden no slo fuerte urbanizacin y desocupacin, segn se mencion

anteriormente, sino tambin pobreza.

El anlisis del Gran Buenos Aires desde 2001 hasta 2004 permite obser-

var en la Tabla 3 que la prop o rcin de poblacin bajo la lnea de pobreza

crece hasta el segundo semestre de 2002 y luego presenta una leve disminu-

cin, aunque la cifra de 2004 es superior a la de 2001 (37,7 % y 32,7 %,

respectivamente).

Es necesario sealar tambin que el promedio y la consideracin nica-

mente de los porcentajes oculta las diferencias entre ciudad de Buenos Ai-


01 10/26/05 10:31 AM Page 16


7/179

res y los partidos del conurbano. En 2001, la ciudad de Buenos Aires regis-

traba 2.776.130 habitantes y el 32,7 % involucra a 907.794 personas,

mientras que los partidos del conurbano registraban 13.827.203 habitan-

tes, y el 39,4% comprende 5.447.917 personas. Se trata de 6.335.711 per-

sonas con ingresos insuficientes.

Adems, en el ao 2001, el 13 % de la poblacin de los partidos del co-

nurbano estaba bajo la lnea de indigencia, lo cual implica que 1.797.536

personas no llegaban a cubrir los ingresos de la canasta bsica de alimentos.1

TABLA 3Evolucin porcentual de personas bajo la lnea de pobreza

en el aglomerado Gran Buenos Aires - 2001-2004

Gran Buenos Aires Ciudad de Partidos delBuenos Aires conurbano

Primer semestre 32,7 % 10,9 % 39,4 %2001Segundo semestre 35,4 % 9,8 % 43,2 %2001Primer semestre 49,7 % 19,8 % 59,2 %2002

Segundo semestre 54,3 % 21,2 % 64,4 %2002Primer semestre 51,7 % 21,7 % 61,3 %2003Segundo semestre 46,22 % 21,5 % 53,5 %2003Primer semestre 42,7 % 15,0 % 50,9 %2004Segundo semestre 37,7 % 14,7 % 44,4 %2004

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares.

Los dos temas principales tratados aqu, desocupacin y pobreza, pueden

ser, o bien coyunturales, como consecuencia de cambios circunstanciales, o

bien provenir desde largo tiempo atrs.

Lo que es un hecho en Argentina es la desigualdad regional. Ya en la d-

cada del 30, Alejandro Bunge formul la idea de Argentina, pas abanico,

pues haba verificado que bienes econmicos y sociales decrecan a medida


01 10/26/05 10:31 AM Page 17


8/179

que la distancia con Buenos Aires y alrededo res era mayor (Bunge, 1940,

Cap. X). Varios aos despus, en 1973, Jos Luis de Imaz, en su trabajo so-

bre la evaluacin de la poblacin en situacin de pobreza, constat que la

enunciacin de Alejandro Bunge an se mantena; la excepcin correspon-

da nicamente a la zona patagnica. Imaz sistematiz las provincias en tres

perfiles: 1) la regin pampeana, 2) la cuyana patagnica y 3) la regin del

noreste y noroeste, en ese orden decreciente (Imaz, 1973). La Conferencia

Episcopal Argentina se refiri indirectamente a este aspecto en un docu-

mento que mencionaba como uno de los desafos de Argentina una justi-

cia demasiado largamente esperada (CEA, 1990, pg. 18).En los ltimos aos, quizs corresponda sealar que la idea de pas aba-

nico puede aplicarse a la zona del Gran Buenos Aires, segn podremos ob-

servar ms adelante.

IV. Zonas de conflicto: Cutral-C y Plaza Huincul(Neuqun), Mosconi, Tartagal y alrededores(Salta) y Gran Buenos Aires

A comienzos de 2001, comienzan a reconocerse nuevas formas de aso-

ciacin vinculadas especialmente con la situacin de crisis socioeconmicadel pas.

En 1999, una publicacin del BID, Naciones Unidas y el Banco Mun-

dial registraba slo como organizaciones de la sociedad civil en Argentina a

mutuales, cooperadoras escolares, asociaciones de ex alumnos, cooperado-

ras hospitalarias, clubes sociales y deportivos, centros de jubilados y pensio-

nados, colegios profesionales y asociaciones profesionales de afiliacin vo-

luntaria, asociaciones de consumidores, uniones vecinales, sociedades de

fomento, comedores escolares, comedores comunitarios, clubes barriales,

bibliotecas populares, clubes de madres, comunidades aborgenes, organi-

zaciones de prestacin de servicios sociales y culturales, asociaciones dedi-

cadas a la promocin y desarrollo, bomberos voluntarios y federaciones y

confederaciones (BID - ONU - BM, 1999, captulo 1).

Sin embargo, ya haban comenzado a actuar otras agrupaciones que se

constituyen como organizaciones piqueteras2 y asambleas barriales.3 Se re-

conocen como nuevas expresiones de participacin y adquieren mayor vi-

sibilidad por su presencia en el espacio pblico.


01 10/26/05 10:31 AM Page 18


9/179

No dejan de generar dudas aquellas que se identifican con el nombre de

asambleas, pues ese trmino sugiere una presencia plena de miembros con-

vocados para algn fin y, en cambio, en estas asambleas barriales, si bien se

iniciaron con la presencia de muchas personas, permaneci slo una escasa

parte. Son 50, 100, 150 o, como mximo, 300 los asistentes que perduran.

Que sean pocos favorece el intercambio y el reconocimiento mutuo, lo que

constituye un espacio de encuentro personal; pero tambin sugiere escasa

re presentatividad, aunque algunos interpretan estas reuniones y acciones

como formas de democracia directa o democracia prctica y nuevas formas

de construccin poltica con miembros de muy distintos sectores sociales,a lo cual se denomina espacios de cruce social (Gonzalez Bombal, 2003,

pg. 126). Tambin se utiliza la idea de horizontalidad, con el fin de mar-

car la importancia de una base comn de trabajo (Gabetta, 2002, pg. 3).

Otro aspecto a tener en cuenta es la difusin y legitimacin de la infor-

malidad y la transgresin de las normas legales (aunque no ocurra en todas

las organizaciones).

Si estos dos aspectos se dan conjuntamente: grupos ms bien reducidos

y con comportamientos que alteran el orden social que afectan a otro s

miembros de la sociedad, se pueden suponer actitudes escasamente predis-

puestas al dilogo y la bsqueda del bienestar colectivo, rasgos que no con-

dicen con las definiciones de sociedad civil y con las formas democrticasque defienden, a no ser que se consideren slo como grupos de protesta.4

Los primeros movimientos de trabajadores desocupados (MTD) surgen

a mediados de los aos noventa en localidades del interior del pas, donde

las transformaciones econmicas debido a privatizaciones u otras reestruc-

turaciones generaron cambios profundos en el mercado de trabajo.

Algunas localidades de la provincia de Neuqun y del norte de Salta fue-

ron las zonas del interior donde los conflictos se iniciaron y dieron lugar a

formas quizs desacertadas de tratamiento poltico. Las agrupaciones pi-

queteras se manifestaron en 1996 por el corte de la ruta nacional 22 en Cu-

tral-C y Plaza Huincul y en el ao 1997, por el corte de la ruta 34 en el

norte de Salta, nica va de comunicacin entre varias localidades. Estas ac-

ciones, llamadas puebladas, se originaron en gran parte por la privati za-

cin de la empresa estatal Yacimientos Petrolferos Fiscales (YPF) y quienes

las llevaron a cabo se identificaron en gran parte como ypefianos.

Esta forma de operar se extendi posteriormente a barrios perifricos de

grandes ciudades del interior como Rosario, Santa Fe y Crdoba y luego, a


01 10/26/05 10:31 AM Page 19


10/179

zonas del conurbano bonaerense, y alcanz mayor visibilidad a partir del

ao 2000. Si bien se la identifica como una nueva forma de actuacin po-

ltica, sta no es homognea, pues se distinguen muy diferentes lneas bajo

esta denominacin.

En el ao 2002 se reconocan siete diferentes agrupaciones, de las cuales

cuatro mantenan alguna vinculacin con formaciones sindicales o partidarias:

la Federacin de Tierra y Vivienda (FTV), incluida en la Central de Trabaja-

dores Argentinos (CTA) y aliada con la Corriente Clasista y Combativa

(CCC); el Movimiento Terri torial de Liberacin (MTL), con posible vincula-

cin con el Partido Comunista; el Polo Obrero, rama piquetera del PartidoObrero; y el Movimiento Barrios de Pie, vinculado al movimiento nacionalis-

ta de izquierda Patria Libre. Tres de esas organizaciones se mantenan indepen-

dientes de agrupaciones partidarias o sindicales: el Movimiento Teresa Rodr-

guez (MTR), la coordinadora Anbal Vern (CTD) y el Movimiento

Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJD). Este ltimo diversific su

accin, pues se dedic a realizar movilizaciones hacia los supermercados en de-

manda de alimentos (Bergel, 2003, pgs. 81-83), aunque tambin se seala

que su filiacin poltica fue la CCC (la que a la vez est vinculada al Partido

Comunista Revolucionario) y tambin tuvo lazos con el Partido Obrero, el

Movimiento Socialista de Trabajadores y el PTS (Burdman, 2002).

Estas diferentes organizaciones tambin presentan entre s luchas o acu-saciones mutuas debido a posiciones asumidas en distintas circunstancias o

por disconformidad con respecto a las conductas de los dirigentes (Demo-

cracia Obrera, 2002).

Neuqun y Salta son dos provincias que se destacan por su explotacin

de petrleo y gas. Esta tarea se hace en zonas ms bien aisladas, donde se

encuentra el recurso natural. Por lo tanto, cuando la explotacin cesa, si no

se han proyectado nuevas formas de actividad econmica, las localidades

pierden su dinamismo, as como lo adquirieron cuando se produjo el des-

cubrimiento y se instalaron las explotaciones.

A principios de los aos 90 se produjeron fuertes cambios en la econo-

ma mundial de los que no fue ajena la Argentina. Esos cambios se debie-

ron tambin a la introduccin de las tecnologas modernas en los procesos

de produccin que, como en otras actividades, implic una reduccin de

personal. Al mismo tiempo, se instal otra forma distinta de operar, se priva-

tizaron grandes empresas pblicas y se subdividieron las tareas, algunas de las

cuales se terciarizaron.


01 10/26/05 10:31 AM Page 20


11/179

Sintticamente, ese es el contexto de los dos primeros conflictos importan-

tes que se producen en Argentina; primero, en Neuqun, en la zona petrolera

de Cutral-C y Plaza Huincul; y el otro, poco despus, en el norte de Salta.

A. Neuqun

Un aspecto de los cambios que sufrieron Cutral-C y Plaza Huincul se

ad vierte en las cifras correspondientes a su poblacin, donde la compara-

c in 1991-2001 indica que Cutral-C apenas aument 0,76 % y Plaza

Huincul, 6,7 %, mientras que el promedio provincial fue de 18 %5

(CensoNacional 2001, Cuadro 12.1).

Adems, el anlisis de las tasas de actividad, empleo y desocupacin del

ao 2001 permite observar en la Tabla 4, que los municipios de Cutral-C

y Plaza Huincul presentan cifras menos favorables que las correspondientes

a las del promedio de la provincia de Neuqun.

TABLA 4Condiciones de actividad laboral 2001.

Comparacin de los municipios Cutral-C,

Plaza Huincul, provincia de Neuqun y todo el pas

Aspectos laborales Cutral-C Plaza Huincul Neuqun Todo el pasTasa de actividad 54 % 53 % 61 % 57 %Tasa de empleo 38 % 39 % 46 % 41 %Tasa de desocupacin 30 % 27 % 24 % 29 %

Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos del Censo Nacional dePoblacin 2001 (Cuadro 11.10).

En ese contexto de declinacin econmica comenzaron los cortes de ru-

ta para reclamar trabajo que, segn testimonios personales, eran vistos co-

mo genuinos y gozaban del apoyo de la comunidad.

Dichos cortes de ruta se decidieron por descarte, debido a que en la

zona no existen aeropuertos ni lneas ferroviarias; por lo tanto, se opt por

interrumpir las rutas. El corte permiti, adems, paralizar la circulacin de

bienes y asimismo, generar trastornos a las empresas, aspectos considerados

como necesarios para llamar la atencin de las autoridades.


01 10/26/05 10:31 AM Page 21


12/179

Esos reclamos fueron imitados por grupos de otras zonas geogrficas.

Incluso, en algunas adoptaron la modalidad de barricadas, con neumticos

ardiendo y manifestantes encapuchados con las mujeres y los nios en pri-

mera fila.

Ante los sucesos de protesta y cortes de ruta en Cutral-C y luego en

Tartagal, el Gobierno ofreci los planes Trabajar y otros subsidios como

bolsas de alimentos con el fin de aquietar a los grupos de protesta.

Al respecto, la publicacin El Mi li t a nt e, de los Movimientos de Tr a-

ba j a d o res Des oc u p a d o s , se expresa de la siguiente manera: Ante el cre-

cimiento de la protesta social, el gobierno nacional decidi implementarun conjunto de planes de empleo (planes Trabajar) con el objeto de con-

tener las demandas de los desocupados. Los planes tenan una impro n t a

claramente disciplinadora: desde el poder se pensaba que podan ser ti-

les para dividir los movimientos de protesta y para cooptar a algunos de

sus lderes. Adems, servan para re f o rzar la ya de por s extensa red clien-

telstica del gobierno nacional y los gobiernos prov i n c i a l e s (AU L E ,

20 02 ) .

Esta estrategia poltica es interpretada de igual manera desde posiciones

ideolgicas totalmente diferentes. Al respecto, dice as: El fenmeno de los

piqueteros se explica no slo por el desempleo sino tambin por el cliente-

lismo, por los errores de la poltica social y por su utilizacin poltica. Po-demos decir que los piqueteros son, en cierta medida, un subproducto de

las malas prcticas de la poltica que termin desbordando a sus creadores

(...) tras la protesta y un corte de ruta que se prolong por un mes, el go-

bierno les ofrece dichos planes para desmovilizarlos (Burdman, 2002).

B. Salta

El Departamento de Gral. San Martn de la provincia de Salta est com-

puesto por seis municipios: Aguaray, Gral. Ballivin, Embarcacin, Gral.

Mosconi, Prof. Salvador Mazza y Tartagal, todos unidos por la ruta 34. De

acuerdo con el censo de 2001, la poblacin total es de 139.204 habitantes

y est compuesta por criollos, aborgenes, residentes provenientes de otras

provincias, de pases limtrofes y nacidos y criados en la zona.

En Salta coexisten grupos sociales muy diversos. Especficamente, de

acuerdo con el censo de 2001, los aborgenes son 23.456, es decir, el 17 %

de la poblacin total del Departame n t o. La provincia de Salta re gis t ra


01 10/26/05 10:31 AM Page 22


13/179

77.175 aborgenes (Encuesta Complementaria de Pueblos In dg enas ,

2004-2005). Por lo tanto, en el Departamento de Gral. San Martn reside

el 30 % de los aborgenes de la provincia, mientras que constituyen el 7 %

de la poblacin provincial.

Desde el punto de vista social, merece sealarse que en ese departamento,

en 2001, se registraba un 40,7 % de poblacin con Necesidades Bsicas In-

satisfechas (NBI), as como un 34 % de tasa de desocupacin, al mismo

tiempo que una presencia de grupos combativos identificados como Unin

de Trabajadores Desocupados (UTD) y piqueteros.

En la zona hubo momentos de fuertes conflictos y adquirieron mayorre le vancia cuando en julio de 1997 los piqueteros comenzaron a cortar la

ruta. Durante ese ao, el corte dur lo suficiente como para que las locali-

dades cercanas llegaran a quedarse sin suministros bsicos. Actualmente si-

guen interrumpiendo la ruta como forma de protesta y reclamo, aunque los

cortes son de menor duracin.

Uno de los argumentos esgrimidos en los conflictos al igual que en

Cutral- C es la privatizacin de la empresa YPF en el ao 1992, aunque

los conflictos se iniciaron aos ms tarde.6

Durante ese perodo se registraron cambios en los aspectos laborales. La

comparacin de las tasas de actividad, de empleo y desocupacin entre los

aos 1991 y 2001 permite ver la disminucin de la tasa de empleo y la muyfuerte alza de la desocupacin, del 6 % al 34 % (Tabla 5).

TABLA 5Condiciones de actividad laboral

del Dpto. de Gral. Jos de San Martn.Comparacin 1991-2001

Aspectos laborales 1991 2001Tasa de actividad 55 % 56 %

Tasa de empleo 52 % 37 %Tasa de desocupacin 6 % 34 %

Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de los Censos Nacionalesde Poblacin 1991 y 2001.


01 10/26/05 10:31 AM Page 23


14/179


Comparacin: Dpto. de Gral. J os de San Martn,la provincia de Salta y todo el pas

Aspectos laborales Dpto. Gral. San Martn Salta Todo el pasTasa de actividad 56 % 55 % 57 %Tasa de empleo 37 % 39 % 41 %Tasa de desocupacin 34 % 29 % 29 %

Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos del Censo Nacional de

Poblacin y Vivienda 2001 (Cuadro 11:10).

En la Tabla 6, la comparacin de las tasas de actividad, empleo y desocupa-

cin muestra que en el ao 2001, el Dpto. de Gral. San Martn presentaba ci-

fras menos favorables que las de la provincia de Salta y las de todo el pas.

Si se comparan estos aspectos en los municipios del De p a rtamento de

Gral. San Martn (Tabla 7), puede observarse que se destacan las cifras de Gral.

Ballivin (45 %) y Em b a rcacin (50 %), pues son bastante inferiores al

promedio del Departamento (56 %).

En lo referente a desocupacin, se advierte que el promedio correspon-

diente a todos los municipios del Dpto. de Gral. San Martn (34 %) es su-perior al de la provincia (29 %) y al de todo el pas (28,5 %).

TABLA 7Poblacin de 14 aos o ms segn condicin de actividad

de los municipios del Dpto. de Gral. San Martn - 2001

Municipios Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desocupacinAguaray 54 % 36 % 33 %Gral. Ballivin 45 % 30 % 33 %Embarcacin 50 % 33 % 33 %Gral. Mosconi 59 % 38 % 35 %P. Salvador Mazza 58 % 36 % 38 %

Tartagal 57 % 39 % 32 %Total del Dpto. 56 % 37 % 34 %Total de la provincia 55 % 39 % 29 %Total del pas 57 % 41 % 28,5 %

Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos del Censo Nacional dePoblacin y Vivienda 2001 (Cuadro 11.10).


01 10/26/05 10:31 AM Page 24


15/179

Sin embargo, cabe sealar que si se consideran las cifras absolutas, la can-

tidad de personas afectadas por la desocupacin en todo el De partame n t o

constituye el 14,4 % del total de la provincia.

TABLA 8Poblacin de 14 aos o ms segn condicin de actividad

de los municipios del Dpto. de Gral. San Martn - 2001(nmeros absolutos)

Municipios Poblacin Ocupados Desocupados I n a c t i v o sde 14 aos o ms

Aguaray 8.702 3.164 1.565 3.973Gral. Ballivin 1.881 571 280 1.030Embarcacin 14.834 4.943 2.443 7.448Gral. Mosconi 12.915 4.957 2.625 5.333P. Salvador Mazza 11.204 4.007 2.490 4.707Tartagal 39.053 15.127 7.280 16.646Total del Dpto. 88.589 32.769 16.683 39.137Total de la provincia 715.881 278.164 115.071 322.646Todo el pas 26.681.048 10.913.187 4351.596 11.416.265

Fuente: datos del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2001 (Cuadro 11.10).

Al igual que en Neuqun, las zonas de conflicto en Salta presentan con-

diciones econmicas ms desfavorables que la provincia en general, lo que

podra explicar la localizacin de los conflictos.

En relacin con la pobreza, se presentan 9 cifras acerca de hogares con

NBI y se puede adve rt ir que vuelve a reiterarse, a lo largo de varios aos,

la condicin desfavorable del De p a rtamento de Gral. San Ma rt n compa-

rada con la de la provincia y la de todo el pas (Tabla 9). Si bien se re g i s-

tran mejoras desde el ao 1980, son similares en todas las reas y, por lo

tanto, persiste la desigualdad entre el De p a rtamento y la provincia en su

t o t a l i d a d .


01 10/26/05 10:31 AM Page 25


16/179

TABLA 9Hogares con NBI 1980-1991-2001. Comparacin

Dpto. de Gral. San Martn, provincia de Salta y todo el pas

Hogares Hogares Hogarescon NBI 1980 con NBI 1991 con NBI 2001

Dpto. de Gral. J os 53,4 % 42,5 % 35,3 %de San Martn

Total de la provincia 42,4 % 33,9 % 27,5 %Total del pas 22,3 % 16,5 % 14,3 %

Fuente: Censo Nacional de Poblacin 1980, 1991 y 2001.

Si se comparan las poblaciones con NBI en los municipios del Dpto.

de Gral. San Ma rtn (Tabla 10), puede observarse que el promedio del

De p a rtamento es casi el doble que el de la ciudad de Salta y que las cifras

de los municipios presentan diferencias entre s, aunque se destaca el ma-

yor porcentaje de Gral. Ballivin, localidad que a la vez presenta la mayo r

p ro p o rcin de poblacin aborigen, segn puede verse en la Tabla 1. El l o

s u g i e re que en algunos municipios (Ballivin, Em b a rcacin, Aguaray)

hay una relacin directa entre pobreza y poblacin aborigen. En cuanto

a los conflictos de la zona, merece sealarse que la cultura aborigen local

se caracteriza por el silencio, la resistencia pasiva y una economa solida-ria interna7 y que por ello no participa de los piquetes (entrevistas per-

sonales).

Pa recera que la actividad piquetera se relacionara con el otro tipo de

p o b reza, el que tiene una baja percepcin de ingresos. Al respecto, infor-

mantes clave de la zona opinan que los conflictos se originan por la pr-

dida de bienestar econmico, lo que tiene consistencia cuando se advier-

te que la desigualdad medida por NBI se registraba ya desde la dcada

del 80.


01 10/26/05 10:31 AM Page 26


17/179

TABLA 10Poblacin con NBI en los municipios del Dpto.de Gral. San Martn 2001 (nmeros absolutos

y porcentajes)

Municipios Poblacin 2001 Poblacin con NBI %Aguaray 13.528 5.468 41,4Gral. Ballivin 2.864 1.877 65,5Embarcacin 23.892 11.212 46,9Mosconi 19.645 6.394 32,5Prof. Salvador Mazza 18.355 7.342 40,0

Tartagal 60.084 23.833 39,7Total Dpto. 138.036 56.126 40,7Salta capital 468.259 99.914 21,3

Total de la provincia 1.070.527 338.484 31,6Total del pas 35.927.409 6.343.589 17,7

Fuente: datos aportados por el Departamento Demogrfico de la Pcia. de Salta.

TABLA 11Proporcin de poblacin aborigen en los municipios

del Dpto. de Gral. San Martn 2001

Municipios Aborgenes sobre poblacin totalAguaray 25 %Gral. Ballivin 28 %Embarcacin 23 %Gral. Mosconi 10 %Prof. Salvador Mazza 8 %

Tartagal 17 %Total del Departamento 17 %Total de la provincia 7 %

Fuente: Encuesta Complementaria de Pueblos Indgenas. Salta.

Como ya se ha mencionado, NBI no es una medida suficiente para con-

siderar las cuestiones relacionadas con la pobreza. Para una apreciacin ms

completa se requieren los dos ndices: NBI y LP. Lamentablemente, no se

cuenta con la medicin de LP para los distintos municipios. Como ejem-

plo de lo que deseamos expre sar, puede sealarse que en Salta Capital,

mientras que la poblacin que reside en hogares con NBI en el ao 2001


01 10/26/05 10:31 AM Page 27


18/179

era de 21,3 %, la poblacin bajo la LP llegaba a 48,3 % en mayo y 52,9

% en octubre ,8 lo que hace suponer que en el De pa rtamento de Gral. San

Ma rtn pudo ser an muy superior al de Salta Capital. Esto configura la

zona con caractersticas muy vulnerables por la baja percepcin de ingre-

sos, la cual estara vinculada a la condicin de desocupacin. Al re spe ct o ,

es ilustrativo el texto que hace re f erencia a la composicin de los piquetes

y especifica que algunos pert e ne c ie ron a YPF y al sindicato petro l ero. El

texto dice as: No es casual que una parte de los piqueteros que estn a

la cabeza de la organizacin en el No rte sean trabajadores ypefianos que

han perdido el trabajo (...). Los delegados de ayer en el S U PE h oy tomanlista rigurosamente en las asambleas y en las movilizaciones para educar

en una organizacin de caractersticas militantes y de clase (Oviedo,

2004, In t ro d u c c i n ) .

C. Conurbano bonaerense

En Buenos Aires, los grupos de desocupados y piqueteros comenzaron

a actuar en la zona sur y segn se mencion anteriormente, hay una gran

d i versidad de agrupaciones. Se repite la misma prctica que en las provin-

cias del interior: cortes de rutas, puentes o calles (Bu rdman, 2002; Va sa-

llo, 2002, pgs. 4-5).Los cortes les otorgaron momentos de gran protagonismo y a la vez ello

se convirti en un elemento de confrontacin con las autoridades.

La expansin y afirmacin de los grupos piqueteros se produjo du-

rante el gobierno de De la Ra, pues la medida de reemplazar los muni-

cipios como rgano de ejecucin de los planes Trabajar por ONGs, lejos

de debil itarlos, los institucionaliz y potenci, pues cre a ron sus pro p i a s

ONGs y se convirt i e ron en movimientos organizados con poder de pre-

sin y autonoma al lograr su propia capacidad de administracin (Bu rd-

man, 2002).

Uno de esos grupos es el Movimiento de Trabajadores Desocupados. En

julio del ao 2002, haba agrupaciones del MTD en Lans, Almirante

Brown, Florencio Varela, Quilmes, Esteban Echeverra, Jos C. Paz, La Ma-

tanza y otras localidades. Estos partidos del Gran Buenos Aires son los que,

segn cifras de 2001, presentaban mayor desocupacin por pro porcin y

personas afectadas (Tabla 14), as como tambin mayor porcentaje o perso-

nas afectadas por NBI (Tabla 15).


01 10/26/05 10:31 AM Page 28


19/179

Los miembros de estos grupos explican que la actividad piquetera de-

manda deliberacin, motivacin y estructura. Sus publicaciones dicen que

la efectivizacin de un corte de ruta requiere una serie de instancias orga-

nizativas previas. La medida es discutida por asambleas barriales. Si se de-

cide el corte, se dividen las tareas en reas: salud, cocina, prensa, etc., bus-

cndose mecanismos de coordinacin entre las mismas. Se procura, al

mismo tiempo, garantizar la seguridad de los compaeros movili zados .

Hacen referencia a cambios de comportamiento. Se dice que la experiencia

modific la conducta porque anteriormente, como seguidores de diferen-

tes intendentes, participaban en actos polticos en los que reciban vino odroga; por el contrario, actualmente, en cambio, en el piquete no hay ni al-

cohol ni droga y esto es clave para la organizacin cuyo lema es Trabajo,

dignidad y cambio social (AULE, 2002).

En sus comunicaciones, el MTD seala que los planes dan lugar a dife-

rentes emprendimientos productivos, as como a iniciativas que satisfacen

las necesidades del barrio que potencia el desarrollo de la organizacin

(AULE, 2002).

Estos grupos tenan experiencias previas. Aos atrs haban luchado por

la posesin de la tierra. De hecho, se haban logrado planes especiales de ra-

dicacin.

El anlisis de las cifras re l a t i vas a aspectos econmicos muestra que aligual que en Salta, en el conurbano de Buenos Ai res se re g i s t r a ron fuer-

tes diferencias entre los aos 1991 y 2001, especialmente en lo re f e re n-

te a disminucin del empleo y aumento de la desocupacin, que pas de

7,9 % a 36,3 % (Tabla 12), aspecto que se vincula a la idea de nueva po-

b reza por falta de dinero ms que de vivienda adecuada o educacin b-

sica (Minuj in - Ke s s l e r, 1995, cap.1) o nueva exclusin por falta de as-

pectos requeridos actualmente en tareas laborales, tales como mayo r

educacin (Balian, 2000, pgs. 8-10).

Tambin se observa que las cifras relativas a las condiciones de actividad

de los partidos del conurbano son inferiores a los promedios de todo el pas

(Tabla 13).


01 10/26/05 10:31 AM Page 29


20/179

TABLA 12Condiciones de actividad laboral

de los partidos del conurbano de Buenos Aires, 1991-2001

Aspectos laborales 1991 2001Tasa de actividad 57,2 % 58,2 %Tasa de empleo 52,7 % 37,0 %Tasa de desocupacin 7,9 % 36,3 %

Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de los censos nacionales depoblacin 1991 y 2001.


Comparacin: conurbano Buenos Aires y todo el pas

Aspectos laborales Partidos del conurbano Bs. As. Todo el pasTasa de actividad 58,2 % 57 %Tasa de empleo 37 % 41 %Tasa de desocupacin 36,3 % 28,5 %

Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos del Censo Nacional de Po-blacin 2001 (Cuadro 11.10).

El anlisis de la tasa de desocupacin en los distintos partidos del conur-

bano muestra fuertes diferencias entre los mismos, pues si bien el pro me-

dio de los 24 partidos es de 36,3 %, Vicente Lpez presenta un 20,6 % y,

en el otro extremo, Jos C. Paz alcanza el valor de 46,5 %. Este ltimo du-

plica al primero.

Si adems de las proporciones se considera la cantidad de personas afec-

tadas, el cuadro de situacin se hace ms complejo. Por un lado se ubican

Vicente Lpez y San Isidro, con menor porcentaje y menor cantidad de

personas implicadas y, en el otro extremo, se sitan Merlo, Mo reno y La

Matanza, tanto por proporcin como por cantidad de personas. La Matan-

za registraba ya en el ao 2001, 222.952 personas en situacin de desocu-

pacin. La Tabla 14 permite observar la ubicacin de todos los partidos se-

gn su porcentaje y el nmero de personas involucradas en desocupacin y

tambin, advertir la situacin crtica de algunos partidos.


01 10/26/05 10:31 AM Page 30


21/179

TABLA 14Porcentajes y nmero de personas afectadas

por desocupacin en los partidos del conurbanoBuenos Aires

Cantidad de Hasta Entre 27 % Entre 33 % 39 % opersonas 26,9 % de y 32,9 % de y 38,9 % de ms de

desocupacin desocupacin desocupacin desocupacinHasta Vicente San Ezeiza 37,330.000 Lpez 20,6 Fernando 30,3 Hurlinghampersonas 34,9

Ituzaing 33,1De 30.001 San Isidro 22,9 Avellaneda Esteban Berazateguia 60.000 32,4 Echeverra 36,3 41,2personas Morn 29,8 Malvinas Florencio

3 de Febrero Argentinas Varela 39,531,5 37,6 J os C.

San Miguel Paz 46,536,7

Tigre 35,0De 60.001 Almirante Merlo 42,0a 100.000 Brown 36,3 Moreno 43,1personas San Martn 33,0

Lans 34,4Lomas de Zamora

36,5Quilmes 37,9

De 100.001a 150.000personasMs de150.000personas La Matanza

41,6

Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos del Censo Nacional dePoblacin 2001.

La variedad en la situacin de los partidos respecto de la desocupacin

tambin se observa cuando se analizan las proporciones de poblacin con

NBI y la cantidad de personas afectadas. En el Tabla 15 se observa que los

p a rtidos considerados crticos desde el punto de vista de la desocupacin

estn nuevamente entre los de mayor porcentaje y poblacin con NBI.


01 10/26/05 10:31 AM Page 31


22/179

TABLA 15Porcentajes y nmero de poblacin con NBI en los partidos

del conurbano Buenos Aires

Cantidad hasta 10 % 10,1 % a 18 % 18,1 % a 26 % Ms de 26 %de personas de poblacin de poblacin de poblacin de poblacin

con NBI con NBI con NBI con NBIHasta San Isidro 8,3 Hurlingham25.000 Vicente Lpez 12,6personas 4,8 Ituzaing 10,8

Morn 7,7 San Fernando

16,1De 25.000 3 de Febrero Avellaneda Ezeiza 26,1a 40.000 8,7 10,7personasDe 40.001 San Martn Berazategui J os C.a 75.000 13,0 19,4 Paz 26,7personas Lans 11,7 Esteban

Echeverra20,4

MalvinasArgentinas

22,9San Miguel

18,2

Tigre 20,3De 75.001 Quilmes 17,6 Almirantea 100.000 Brown 19,3personas Moreno 26,0Ms de Lomas de La Matanza Florencio100.000 Zamora 17,2 20,0 Varela 30,4personas Merlo 23,4

Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos del Censo Nacional dePoblacin 2001.

Es a la vez en estas zonas donde se ha registrado mayor presencia de gru-

pos de desocupados y piqueteros.

Si bien no se cuenta con datos desagregados de LP para cada uno de los

p a rtidos, es necesario considerar que en el ao 2001, el promedio era de

39,4 %, lo que configura la criticidad de la zona y permite suponer que esas

caractersticas favorecen el surgimiento de grupos combativos.

Las caractersticas diferenciales de los partidos del Gran Buenos Aires

sugieren la tipificacin de los mismos mediante el primer cordn, los par-


01 10/26/05 10:31 AM Page 32


23/179

tidos ms prximos a la ciudad de Buenos Aires, y el segundo cordn, los ms

alejados. Las cifras que les corresponden advierten que las ms favorables son

las de los partidos que estn ms prximos a la ciudad de Buenos Aires (Vi-

cente Lpez, San Isidro, Morn, Avellaneda). Por el contrario, los otros(Flo-

rencio Varela, Merlo, Moreno, etc.) son aquellos en los que los porcentajes

de NBI y desocupacin son ms altos.

El esquema de un centro rodeado de crculos menos favo recidos es el

mismo que Alejandro Bunge pens para Argentina en los aos 30 y que

ahora se repite en las grandes ciudades del pas.

A diferencia de lo que ocurre en Salta y Neuqun, quienes conformanlos piquetes en Buenos Aires no tienen una identificacin o ex-identifica-

cin laboral tan precisa. El fenmeno en Buenos Aires parece ser ms com-

plejo por la variedad y la gran cantidad de las personas que estn afectadas

y quizs, tambin porque en el medio urbano son menores las posibilida-

des de buscar estrategias independientes de supervivencia. Por lo tanto, las

personas quedan ms cautivas de la actividad piquetera. Si esto fuera as, es-

taramos en presencia de un orden basado en el temor de unos y en el po-

der de los dirigentes que distribuyen los subsidios.

Si bien en los tres lugares hay componentes comunes, grupos y dirigen-

tes piqueteros, gobiernos, grupos no piqueteros, vecinos, comerciantes, es-

cuelas, etc., en Buenos Aires el grado de conocimiento personal es muchomenor y los grupos no piqueteros estn constituidos por una gran variedad

de personas que se sienten muy afectadas en cuanto se alteran las vas de co-

municacin diarias en una ciudad grande, se dificulta el acceso de clientes

a comercios o, incluso, disminuye el valor de las propiedades que estn pr-

ximas a los piquetes. Estos problemas sugieren precisamente lo contrario

del concepto de buena sociedad que se formul anteriormente, en el que

Estado, mercado y comunidad se respetan y complementan.

La diferencia de escala en cuanto poblacin es un aspecto que diferen-

cia sustancialmente a Buenos Aires de Neuqun y Salta.

V. Interpretaciones sobre la actividad piquetera

Las diferentes actividades piqueteras son juzgadas desde distintas perspec-

tivas. A continuacin presentaremos dos muy diferentes. Una es la que las

percibe positivamente y las analiza con las ideas y las categoras del pensa-


01 10/26/05 10:31 AM Page 33


24/179

miento socialista. Por el contrario, la otra formula una observacin sobre el

amenazador poder poltico que han construido. Las dos son, a la vez, parte de

la nueva realidad en la que estos grupos desempean un rol poltico.

A. Con signo positivo

El movimiento piquetero es la creacin ms genuina de la clase obrera

y de las masas explotadas argentinas en los ltimos 25 aos. Como toda

c reacin obrera, debi ganar su derecho a la existencia. (...) Nace de una

necesidad vital para la masa trabajadora: la lucha contra el desempleo. (...)En la medida en que organiza a los desorganizados, el movimiento pique-

tero es en s mismo un freno al intento de la burguesa de atomizar a la cla-

se obrera a travs del desempleo. (...) Las grandes puebladas, los cortes de

ruta de los desocupados y hasta las mayores luchas sindicales de los ltimos

aos se han desarrollado con la oposicin de las direcciones oficiales de los

sindicatos e, incluso, en gran parte, fuera de los propios sindicatos domina-

dos por la burocracia (Oviedo, 2004).

B. Con signo negativo

(...) se han transformado en una formidable fuerza de choque y los di-rigentes piqueteros, al margen de las ideologas, han descubierto un nego-

cio del cual viven y pretenden seguir viviendo. Considerando que ya no re-

claman por trabajo sino que en cualquier manifestacin que se hace ellos

estn presentes para protestar (...), nadie puede hoy afirmar que este movi-

miento piquetero es un movimiento de protesta social por la falta de traba-

jo. Hoy los dirigentes piqueteros mueven la suficiente cantidad de gente

como para voltear a un gobierno. La fuerza de choque que tienen les per-

mite no slo cortar calles, rutas y puentes, sino tambin producir todo tipo

de destrozos y generar el caos suficiente hasta el punto de hacer trastabillar

a un gobierno. Los dirigentes piqueteros encuentran en esta actividad un

negocio. El mismo consiste en recibir fondos del Estado y repartirlos entre

sus seguidores, a condicin que estos marchen en las protestas que ellos es-

tablecen. El negocio es doble: a) obtienen un rendimiento econmico y b)

constituyen una fuente de poder pol tico (Cachanosky, 2003).


01 10/26/05 10:31 AM Page 34


25/179

VI. Otras actividades y posibilidades

As como la modalidad piquetera se inici en Cutral C y se fue exten-

diendo a otras zonas, comenz con los ex trabajadores de la empresa YPF y se

fueron agregando otros sectores, entre ellos los docentes, tambin cruz los

lmites del pas. En Uruguay se form la Unin de Trabajadores Desocupa-

dos (UTD), que agrupa a desempleados y ha participado como observado-

ra en la central sindical uruguaya (Oviedo, 2004, Introduccin). A la vez, los

grupos nacionales se inspiran en el Movimiento Sin Tierra de Brasil.

Movimientos de distinta orientacin poltica que agrupan sectores muyd if erentes tales como desocupados, campesinos, ecologistas, aborgenes,

mujeres, etc. participan en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, donde

se debaten caminos alternativos de la vida poltica, econmica y social (Ga-

betta, 2002, pg. 3).

Asimismo, merece sealarse que en medio de la fuerte desocupacin y en

un ambiente conflictivo, se han podido detectar dos experiencias positivas.

Una es la emprendida por una destilera en el norte de Salta que en el

mismo perodo de los cortes de ruta realiz jornadas de capacitacin para

docentes durante siete aos sin interrupcin, actividad que los grupos pi-

queteros respetaron. La otra es la realizada por un grupo del MTD del ba-

rrio La Juanita, en La Matanza, donde se impuls un programa de promo-cin de la comunidad al margen de los subsidios del Gobierno. Las dos se

presentan sintticamente a continuacin:

a. Una destilera del norte de Salta lleva a cabo desde el ao 1999 las

Jornadas de Medio Ambiente, Comunidad y Empresa, las cuales se

centran en la capacitacin y exposicin sobre temas de medioam-

biente. Estn dirigidas a los docentes y pblico interesado del Depar-

tamento de Gral. San Martn.

Durante los ltimos tres aos, adems de un da centrado en las con-

f erencias a cargo de especialistas de la provincia, la nacin y Chile,

otro da se dedica a la presentacin de trabajos de los alumnos. Cada

equipo de alumnos de cada escuela, en elstandque se le ofrece, presen-

ta sus maquetas, dibujos y experimentos relativos a cuestiones de s u

eleccin, tales como la utilizacin de agroqumicos, el problema de la

deforestacin, el tratado de los residuos, los anlisis de agua y energas

alternativas o el cuidado de la reserva de Acambuco.


01 10/26/05 10:31 AM Page 35


26/179

El inters y la participacin de los alumnos son el resultado de la ca-

pacitacin previa de los docentes, que la han recibido en forma inin-

terrumpida.

Una cuestin controve rtida en una pequea zona dedicada a ex-

plotacin de recursos naturales ha sido tratada por la comunidad

mediante el impulso de una empresa, la vocacin de los docentes,

el incipiente apoyo de funcionarios del Estado y, lo que aqu nos

i n t e resa, el acuerdo tcito de los grupos piqueteros debido a que

pese a los conflictos en la zona y con la empresa, no cort a ron la ru-

ta y los docentes, desde distintas localidades, se trasladaron a Ta r-tagal, donde se re a l i z a ron las jornadas. Este ao part i c i p a ron 338

d o c e n t e s .

b. En su origen, el Movimiento de Tr a b a j a d o res Desocupados de La

Matanza se reuni para reclamar por el costo de la luz y los serv i-

cios. Posteriormente, sus miembros re c o n o c i e ron que no se trata-

ba de dicho costo sino de la falta de trabajo. Cuando se les ofre c i e-

ron subsidios por desocupacin, decidieron no aceptarlos. Ahora

manifiestan haber iniciado un proceso que podemos llamar de

c o n ve r s i n. El Movimiento lo identifi ca comoDe la culpa a la

a u t o g e s t i n , en un libro que relata su cambio, donde se trata de

abandonar la calle para ganar el barrio. Su nuevo objetivo es la or-ganizacin de los barrios. Lo han hecho a partir de un Centro de

Formacin de Cultura Comunitaria en el barrio La Juanita, de La

Ma t a n z a .9 All comenzaron a organizar emprendimientos autno-

mos. Hoy funcionan una panadera, un taller de costura (donde

d e s a r rol lan prendas para el diseador Ma rtn Churba) y estn or-

ganizando un taller de serigrafa que planea pintar remeras para la

firma Ona Sa ez .

Adems, f inanciado por los ingresos que generan estos emprendi-

mientos, han elaborado un proyecto educativo del que ya tienen un

jardn de infantes y que incluyeformacin para los adultos en un ta-

ller de filosofa en el que se esfuerzan para superar la carencia, la im-

potencia y la tristeza (www.segundoenfoque.com.ar/vilma_mtd.htm,

La Nacin, 2005, Balian, 2005, pg. 32).

Ambos casos demuestran capacidad de resiliencia, es decir, hacer las

cosas bien pese a circunstancias adversas. Su propia accin los lleva a gene-


01 10/26/05 10:31 AM Page 36


27/179

rar estrategias propias que contribuyen, en un caso, a aportar nuevos cono-

cimientos y formacin de la comunidad y, en el otro, a salir de la informa-

lidad y lograr por s mismos su insercin social.

VII. A modo de conclusin

Desde largo tiempo atrs, uno de los problemas es la desigualdad

econmica y social entre las distintas regiones de Argentina. A esa carac-

terstica debe agregarse la diferencial pro p o rcin de poblacin en elGran Buenos Aires y las zonas del interior, lo que configura un pas

complejo y heterogneo que re q u i e re el reconocimiento de las difere n-

cias y, por lo tanto, estrategias apropiadas para cada regin. Las mismas

pueden estar basadas en el principio de sent ido de pertenencia a la na-

cin, mediante el cual se favo rezca la creacin de formas operativas para

atenuar las desigualdades. Sin embargo, la persistente desigualdad sugie-

re que ese desafo no ha sido encarado.

Una cuestin ms nueva ha sido la manifestacin, en los aos 2001 y

2002, de una crisis que abarc dimensiones polticas, econmicas y socia-

les. Estas se evidenciaron territorialmente, en zonas donde grupos activis-

tas piqueteros tomaron la calle para hacer or sus reclamos de trabajo.El malestar social, especialmente en trminos de desocupacin, se fue ges-

tando durante la dcada del 90, segn puede advertirse en la comparacin

de las cifras de los aos 1991-2001.

Sin embargo, podramos decir que a los gobernantes les falt tanto ca-

pacidad anticipatoria para absorber las protestas en forma apropiada sin

generar consecuencias negativas, como as tambin, la comprensin de que

las actividades piqueteras constituan fenmenos diferentes en el interior

del pas y en el Gran Buenos Aires y que, por lo tanto, requeran estrategias

de atencin diferentes en uno y otro lugar.

En este contexto, vale rescatar las experiencias positivas tanto de una em-

presa en el norte de Salta como de un grupo del Movimiento de Trabajado-

res Desocupados en La Matanza. Tanto una como otra lograron alianzas: la

primera, con la comunidad y con empresas; la segunda indica atisbos de arti-

culacin social. El componente con menor presencia parece ser el del Estado.


01 10/26/05 10:31 AM Page 37


28/179

Notas

11. Ese momento crtico dio lugar a la formacin de la Fundacin Banco deAlimentos, cuya actividad est centrada en recibir de particulares, em-presas elaboradoras, mayoristas o minoristas alimentos en buenascondiciones y otorgarlos a instituciones (comedores parroquias, cole-gios, etc.) que se organizaron para paliar el hambre en Argentina.

12 . El nombre piquetedeviene del piquete de huelga, y son los gru p o sque a las puertas de fbricas o empresas se proponen garantizar elcumplimiento de la medida. Actualmente, se denomina piquete a laaccin de interferir la libre circulacin de vehculos y merc a d e r a s .

Los piqueteros estn expuestos a que se esgrima la amenaza del ar-tculo 194 del Cdigo Penal: El que sin crear una situacin de peli-g ro comn impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funciona-miento de transportes ... o los servicios pblicos de comunicacin,ser reprimido con prisin de 3 meses a dos aos...(Vasallo, 2002,pg. 4).

13. Las asambleas barriales en general estn radicadas en distintas locali-zaciones geogrficas y algunas se llaman a s mismas asambleas veci-nales. Ante la crisis poltica-econmica de fines de 2001 en la ciudad deBuenos Aires y el conurbano, llegaron constituirse alrededor de 270,bajo la consigna Que se vayan todos. Se identifican como espaciospara el reconocimiento mutuo (Bergel, 2003, pg. 84).

14. Al tener en cuenta este aspecto, vale mencionar una concepcin com-

plementaria, la que se entiende como auto-organizacin independien-te, con partes constitutivas en las que los voluntarios se comprometenen la actividad pblica para perseguir intereses individuales, grupaleso nacionales dentro del contexto de legalidad de relaciones definidasde Estado-sociedad (Potucek, 2000, pg. 109).

5. El municipio de Rincn de los Sauces, donde durante esa dcada semultiplicaron las explotaciones petroleras, aument su poblacin casien un 35 %.

16. En el origen, se hace alusin a la concesin de carcter temporario dePlanes Trabajar para los desocupados (Blanco, Daniel: La pueblada de

Tartagal y Mosconi. La victoria de un gran levantamiento popular porun congreso de trabajadores, disponible en URL: www.po.org/po/po-666/la.htm), julio 2005. Es posible pensar que los reclamos se pro d u-cen aos ms tarde de la privatizacin, por la desaparicin de los re-cursos de las indemnizaciones de YPF.

17. Las comunidades se consideran familia (se llaman familiarmente to).El que trabaja le da al que necesita, no se requiere pedir.

18. Vale sealar que las zonas territoriales no son estrictamente coinciden-tes, pero se toman con el fin de presentar las diferentes formas de me-dir e interpretar los temas de pobreza.


01 10/26/05 10:31 AM Page 38


29/179

19 . Para ello ocuparon el edificio deteriorado de una escuela privadaabandonada, lo re f a c c i o n a ron y consiguieron que el Instituto Movi-lizador de Fondos Cooperativos comprara el predio y se lo cedieraen comodato indefinido hasta que puedan comprarlo (GonzlezBombal, 2003, pg. 1 6 0 ) .

Referencias bibliogrficas

AULE (Agrupacin Unidad para la Lucha Estudiantil, integrantes de la Coor-dinadora de Organizaciones Populares Autnomas Reg. La Plata)

(2005). Los movimientos de trabajadores desocupados que integranla coordinadora Anbal Vern, en El Militante, Voz del Socialismo mar -

xista y la J uventud,septiembre, 2002. Revista espaola, disponible enURL: http://www.elmilitante.org , julio 2005.

BALI AN DETAGTACHIAN, BEATRIZ (2000). Exclusin social: una aproxi ma cinconceptual, en Boletn de Lecturas Sociales y Econmicas, Fac u ltadde Ciencias Sociales y Econmicas, Universidad Catlica Argenti n a,Buenos Aires, ao 7, edicin Nro. 32, septiembre.

(2005). Sociedad civil: aproximacin analtica y situacin en la Argen-tina, en Revista Val o res en la Sociedad Industrial, Facultad de Cien-cias Sociales y Econmicas, Universidad Catlica Argentina, BuenosAires, ao XXIII, Nro. 62, mayo.

BANCO INTERAMERICANO DEDESARROLLO, BANCO MUNDIAL Y PROGRAMA DE LASNA-CIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (1999). Las organizaciones de la socie -dad civil en el ordenamiento legal argentino,Buenos Aires.

(2000). ndice de Desarrollo. Sociedad Civil de Argentina, Buenos Aires.

BE RGE L, PA BL O (2003). Nuevas formas asociativas: asambleas vecinales ymovimientos de trabajadores desocupados (MTD), en GONZLEZ BOM-BA L, I. (comp.), Nuevos movimientos sociales y ONGs en la Argen ti nade la crisis, CEDES, Buenos Aires.

BLANCO, GUILLERMO P. (2002).Curso de Antropologa Filosfica, Ediciones dela Universidad Catlica Argentina, Buenos Aires.

BLANCO, DANIEL (2005). La pueblada de Tartagal y Mosconi. La victoria deun gran levantamiento popular por un congreso de trabajadores, dis-

ponible en URL: www.po.org/po/po666/la.htmBUNGE, ALEJ ANDRO (1940).Una nueva Argentina, Editorial Kraft, Buenos Aires.

BURDMAN, J ULIO (2002). Origen y evolucin de los piqueteros, enNueva Ma -yora, marzo. Disponible en URL:www. nuevamayoria.com/invest/sociedad/cso180302.htm, julio, 2005.

CACHANOSKY, ROBERTO (2003). Piqueteros y el gobierno, enArgentina: in -forme econmico, abril 8, disponible en URL: www.hacer.org/curren-t/Argrhc09. php, julio, 2005.


01 10/26/05 10:31 AM Page 39


30/179

CON FERENC IA EPISCOPAL AR G EN TI N A (1990). Lneas pastorales para la nuevaevangelizacin,Oficina del Libro, Buenos Aires.

DE IMAZ, J os Luis (1973).Los hundidos, Ed. La Bastilla, Buenos Aires.

DEMO CRACIA OB RERA (2002). Los delatores policiales tendrn su merecido .Por un Tribunal Moral Internacional para sentar a la direccin del PO enel banquillo de los acusados, en Democracia Obrera, 2 de octubre ,dipsonible en URL:www.geocities.com/democracia obrera/D015m.htm, J ulio 2005.

ETZIONI, AMITAI (2001). La tercera va hacia una buena sociedad. Propuestasdesde el comunitarismo, Ed. Minima Trotta, Madrid.

GAB ET TA, CA RL OS (2002).Crisis mundial y movimientos sociales, en L eMonde Diplomatique, Edicin Cono Sur, agosto.

GONZ L EZ BOM BAL, INS (comp.) (2003). Nuevos movimientos sociales yONGs en la Argentina de la crisis,CEDES, Buenos Aires.

INDEC. Censo Nacional de Poblacin y Vivienda. 1991 y 2001, Buenos Aires.

INDEC. Encuesta Permanente de Hogares, Buenos Aires, Argentina.

M INUJ IN, ALBERTO y KESSLER, GABRIEL (1995).La nueva pobreza en la Argenti -na,Ed. Planeta, Buenos Aires.

OVIED O, LUI S (2004). Una historia del movimiento piquetero, E d ic ionesRumbos, Buenos Aires, 2 edicin.

POTUCEK, M.(2000). The uneasy birth of Czech civil society, enVoluntas, In -ternational J ournal of Voluntary and Nonprofit Organisations, Official

J ournal of the International Society for the Third- Sector Research, Klu-wer Academic/Plenum Publishers, EE.UU., Vol. 11, Nr. 2.

VASALLO, MARTA (2002). Existir contra el aniquilamiento, en Le Monde Di -plomatique. Edicin Cono Sur, agosto.

WAGNER, ANTHONIN (1997). Methodology and communitarianism, en Vo -luntas International J ournal of Voluntary and Non Profit Organisations,Manchester University Press, 8:1.

RESUMEN

La buena sociedad es aquella en la que se equilibran tres difere n-tes componentes institucionales: el Estado, el mercado y la co-munidad. En ella, sus miembros son individuos, personas, y co-mo tales deben ser tratados, no como cosas. Los problemas quese describen aqu sugieren precisamente lo contrario al conceptode buena sociedad. Aun as, en este contexto de crecimiento de la


01 10/26/05 10:31 AM Page 40


31/179

desocupacin y fuerte presencia de grupos activistas, vale rescatarlas experiencias positivas tanto de una empresa en el norte de Sal-ta como de un grupo del Movimiento de Tra bajad ores Desocupa-dos en La Matanza, que muestran, en cada caso, algn tipo dealianza y ciertos atisbos de articulacin social. El componente conmenor presencia parece ser el del Estado.

Dilogo Poltico. Publicacin trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.

Ao XXII - N 3 - Septiembre, 2005


01 10/26/05 10:31 AM Page 41


32/179

Narcotrfico, c ocalerosy subversin en Pe r:la coca pone en jaqueal gobierno peruano

Manuel Boluarte

I. Crisis poltica

La coca gener en el Per una crisis ministerial sin precedentes durante elgobierno de Alejandro Toledo. El detonante: el nombramiento y posteriorcese de Fernando Olivera polmico lder del Frente Independiente Morali-zador (FIM) como ministro de Relaciones Exteriores, quien semanas atrshaba encendido el debate nacional debido a su apoyo a la Ordenanza delGobierno Regional del Cusco que legaliza los cultivos de coca. Olivera, cuya

agrupacin acaba de romper la alianza que mantuvo con el Gobierno debi-do a su reciente cese como canciller cargo en el que permaneci slo diezhoras, intentaba asegurarse as el apoyo de la regin sur del pas en las pr-ximas elecciones generales de 2006, debido a que la autoridad regional tam-bin pertenece a su partido y la legalizacin del cultivo de la hoja de coca seha convertido en un tema altamente poltico, como veremos ms adelante.

Esto gener que otras regiones tambin promulgaran ordenanzas afavor de la legalizacin de los cultivos de coca en sus jurisdicciones, como

MANUEL BOLUARTE

Periodista. Director General de la Oficina de Comunicacin Social del Minis-terio del Interior durante las gestiones de Fernando Rospigliosi y GinoCosta. Trabaj en la Asociacin Pro Derechos Humanos (APRODEH), enCARE-Per y en WWF. Fue asesor en comunicacin poltica de DEVIDA.Autor de varios artculos y documentos sobre narcotrfico y medios decomunicacin. Actualmente es consultor en comunicaciones de CapitalHumano y Social S.A.

02 10/26/05 10:32 AM Page 43


33/179

en Huanuco, ubicada en la parte central del pas y que concentra ms de latercera parte de la produccin de hoja de coca. El Primer Ministro del Pery el Gabinete en pleno reaccionaron presentando una accin de inconsti-tucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra dichas ordenanzas, ladel Cusco y la de Huanuco.

Olivera sigui apoyando al presidente regional del Cusco y logr divi-dir el Gabinete. El presidente Toledo, que ha mostrado a lo largo de sumandato un estilo contradictorio y poco claro frente a temas difciles, salien defensa de las dos posiciones y trat de minimizar las diferencias. Al

final, logr que el Primer Mi n i s t ro renunciara y que a continuacin lohiciera el Ministro de Vivienda, que concentra altos ndices de popularidaddebido a los programas de vivienda que ha desarrollado durante su gestin.

Obligado por el procedimiento de la Constitucin peruana ante laausencia del Primer Min is t ro, el presidente Toledo recibi la renuncia detodos los ministros de Estado. Ahora deber reorganizar el Gabinete y encuestin de das, nombrar un nuevo Consejo de Ministros, con el que ten-dr que enfrentar el ltimo ao de gobierno.

II. Ausencia de una poltica pblica

Esta crisis, que he narrado en breve y todava al calor de los hechos, sepuede explicar, fundamentalmente, debido a que en el Per no existe unapoltica de Estado sobre la lucha contra el trfico ilcito de drogas. DEVIDA,la Comisin Nacional de Des a r rol lo y Vida sin Drogas, entidad estatalencargada de promover una poltica pblica en la lucha contra las drogas yel cultivo ilcito de la hoja de coca, no ha logrado liderar esta lucha, enparte debido a su debilidad institucional, escasa presencia pblica y falta deliderazgo y credibilidad; pero tambin, porque el Estado mantiene unavisin poco clara y algo dispersa para enfrentar este flagelo. La otra institu-cin estatal, la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), tiene funciones deco m ercializacin de la hoja de coca, con un padrn de prod u ctores quedatan de 1978, y slo tiene capacidad de acuerdo con el consumo tradi-cional del pas para comercializar cerca de 3 de las 100 mil tm de hoja decoca que produce el pas.

Por su parte, los partidos polticos re p resentados en el Congreso de laRepblica tampoco tienen una posicin clara sobre el narcotrfico y el

4 4 Manuel Boluarte

02 10/26/05 10:32 AM Page 44


34/179

a ctual gobierno, a pesar de contar con una estrategia de lucha contra lasdrogas cuyos cinco ejes son: a) el desarrollo alternativo; b) la prevencin delconsumo de drogas; c) la interdiccin; d) erradicacin; y e) conserva c indel medioambiente. Mantiene una actuacin dispersa, incoherente y aveces, contradictoria en esta materia.

En la sede del Poder legislativo, existen alrededor de 20 proyectos de leyal respecto, que en su mayora promueven la legalizacin de todos los cul-tivos existentes en el pas, la promocin del Estado para su industrializaciny el empadronamiento de todos los productores cocaleros. Conociendo las

cifras de produccin ilegal y el consumo legal, es evidente que estos pro-yectos de ley caeran en el juego del narcotrfico y que el Per estara pr-ximo a convertirse en un narco-Estado.

El movimiento de las organizaciones cocaleras viene reclamando unanueva ley sobre la hoja de coca, presionando a los gobiernos regionales paraque estos legalicen toda la produccin de cultivos de coca. Debido a estaspresiones, el Gobierno se vio obligado a presentar al Congreso un proyec-to de ley sobre la hoja de coca, que busca distinguir explcitamente entre lacoca legal y la coca ilegal. Para ello plantea, de acuerdo con las cifras del INEI,un lmite de 9 mil toneladas mtricas como produccin legal, actualizablecada cinco aos.

La norma legal otorga a la Em p resa Nacional de la Coca, ENAC O ,funciones para normar, controlar y supervisar la produccin, comerc i a l i-zacin, distribucin, etc. de la hoja de coca, as como para otorgar laslicencias para la produccin y comercializacin. Es decir, ENACO dejade ser una empresa estatal monoplica de comercializacin y pasa amanos privadas. Precisa los lugares donde no se puede sembrar cultivo sde coca como son las reas naturales protegidas y sus zonas de amort i-guamiento, zonas de selva baja, zonas ubicadas dentro de 50 km de lalnea de frontera, zonas de difcil acceso para el control, en fajas margi-nales de ros y en terrenos con pendientes inadecuadas que puedan pro-ducir erosin y degradacin de los suelos. Tambin especifica que debe-rn ser conducidos en armona con la pre s e rvacin de la salud pblica yel desarrollo sostenible del ambiente.

El proyecto de ley presentado por el Ejecu t ivo procura lograr un claromarco legal para la produccin, comercializacin e industrializacin de lahoja de coca legal que evite su desvo al narcotrfico.

4 5Narcotrfico, cocaleros y subversin en Per

02 10/26/05 10:32 AM Page 45


35/179

El Proyecto de Ley incorpora los siguientes reclamos atendibles que hanvenido exigiendo los productores cocaleros:

Reconoce la tradicin del cultivo de coca al priorizar las reas autori-zadas de produccin donde histricamente se dio este cultivo.

Declara la libre comercializacin de la hoja de coca bajo control y fis-calizacin del Estado mediante el rgimen de licencias.

Permite a los productores cocaleros organizar sus propias empresas decomercializacin y obtener para ellos la utilidad de la misma.

Permite que la oferta y la demanda fijen el precio de compra y venta dela hoja de coca y elimina la decisin unilateral de ENACO S.A.

III. El cultivo de hoja de coca se ha incrementado

En su informe de 2004, difundido en junio del presente ao, la Ofici-na de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) sostieneque las reas cultivadas de coca en el Per se han incrementado el ltimoao en 6.100 hectreas y llegan a un rea total de 50.300 hectreas; la pro-duccin estimada de hoja de coca se establece entre 96.000 y 123.000 tm

(promedio estimado, 110.000 tm); la produccin potencial de cocanaentre 160 y 210 tm (con un promedio estimado de 190 tm); y los preciospromedio de la hoja de coca de U$S 2,80 por kg, pasta bsica de cocana deU$S 640,00 por kg y clorhidrato de cocana de U$S 890,00 por kg.

Monitoreo hoja de coca en Per - ONUDD

2004 2005Extensin de cultivos de coca 44.200 ha 50.300 haProduccin promedio 2.988 kg/haAlto Huallaga

Apurimac - Ene 3.627 kg/haConvencin y Lares 1.457 kg/haPrecio promedio en chacra de hoja de coca U$S 2,8/kgValor potencial en chacra de hoja de coca U$S 304 millonesPrecio promedio en chacra de PBC U$S 530/kg U$S 640/kgErradicacin de cultivos de coca 1 1.320 ha 10.257 haIncautacin de PBC 4.366 kg 6.330 kgIncautacin de cocana 3.574 kg 7.303 kg

4 6 Manuel Boluarte

02 10/26/05 10:32 AM Page 46


36/179

La ONU revela que el resurgimiento de la coca en el Per se debe prin-cipalmente a dos factores interconectados: insuficiente accin guberna-mental en reas clave de cultivo y los altos precios pagados a los campesinoscocaleros en estas zonas sin control gubernamental.

En el Per, de acuerdo con una encuesta realizada por Instituto Nacio-nal de Estadstica e Informtica (INEI), el consumo legal es de nueve miltoneladas mtricas (9.000 tm), es decir, menos del 10 % de toda la pro-duccin de coca. Es obvio que el resto es para el narcotrfico, que generacorrupcin y terrorismo. Estas cifras nos advierten sobre la inviabilidad de

reconocer toda esta produccin como cultivo legal.Frente a este escenario, algunas opiniones insisten en la alternativa delograr la industrializacin de la coca. Pero sta llega, lamentablemente, aslo 175 toneladas mtricas por ao. Coca Cola, empresa multinacionalque produce 500 millones de botellas por da, slo utiliza 113 tm, el nicomercado mundial existente hoy en da.

IV. El papel de la sociedad civil

Todava con una transicin democrtica inconclusa, el pas afronta una

crisis institucional que se expresa en organizaciones dbiles y con escasapresencia pblica.

Llama la atencin quead portasde un ao electoral, los partidos polti-cos no hayan presentado un programa o, mucho menos, un plan, ni hayanexpresado una posicin clara para enfrentar esta problemtica. No se cono-ce de pronunciamientos o declaraciones de los lderes partidarios sobre eltema. Los congresistas que intervienen al respecto lo han hecho a ttulopersonal y no necesariamente en nombre de su partid o. No se percibe lavoluntad de promover un debate serio, abierto, que plantee alternativas oque, simplemente, coloque la problemtica en la agenda partidaria.

Merece la pena destacar la iniciativa de un grupo de empresarios que,mediante la Alianza para un Per sin Drogas, realizan algunas campaas deimpacto publicitario, pero siempre enfatizando las consecuencias del con-sumo de drogas. Se trata, sin embargo, de una iniciativa aislada, presenta-da ms como un aporte moral y tico a la sociedad y no tanto de contribu-cin o debate en dilogo con las polticas del Gobierno en el tema delnarcotrfico.


02 10/26/05 10:32 AM Page 47


37/179

En el nivel acadmico, se sabe que algunas universidades, como la Uni-versidad Agraria de La Molina, han realizado estudios de suelos en las cuen-cas cocaleras con DEVIDA, pero lamentablemente no se ha logrado nin-guna incidencia en la opinin pblica.

Por su parte, las ONGs ambientalistas que debido a su especializacinpodran estar involucradas en la lucha contra el narcotrfico, no participande este tema. Hasta ahora no se han pronunciado sobre los efectos de lacontaminacin ambiental y el desastre ecolgico que origina el narcotrfi-co en la Amazona. Por el contrario, no intervienen, aduciendo asuntos de

seguridad y riesgo para sus vidas. Esto podra interpretarse como una faltade visin poltica y de responsabilidad social frente a los temas nuevos queson materia no slo de Estado sino de la sociedad en su conjunto.

Los organismos de cooperacin internacional deben tener una mayo rcoordinacin en los programas de desarrollo. Se empiezan a percibir algu-nas diferencias entre la cooperacin de la Unin Europea y la ayuda norte-americana, por ejemplo, frente a las acciones de erradicacin. Unos dicenque primero atendamos el desarrollo y luego la erradicacin, mientras quela otra propuesta es que sin erradicacin es difcil que el cocalero accedavoluntariamente a la erradicacin, adems de ser un imperativo legal y poli-cial erradicar cultivos ilegales destinados al narco trf ic o. Sera import ante

precisar con los organismos de cooperacin internacional si estas diferen-cias prom u even tambin polticas contradictorias, sin que eso impliqueabdicar la principal responsabilidad del estado peruano en definir cul es supoltica pblica en esta materia.

En trminos deorganizaciones agrarias, veremos que los agricultores decul t ivos lcitos, ex cocaleros que vienen siendo apoyados tcnica y econ-micamente por los programas de desarrollo alternativo, deberan tener unamayor presencia pblica. No logran acceder a las mesas de dilogo que elGobierno promu eve mediante el Ministerio de Agricultura; tampoco sonconvocados a los debates en la escena pblica. Estos sectores mayo rit ariosen las cuencas cocaleras no tienen una participacin activa en el debatesobre los cultivos ilcitos y alternativos. Es necesario trabajar con estos sec-tores, empoderarlos para el debate poltico, pues son los ms beneficiadosy perjudicados a la vez por los cocaleros.

Ante la ausencia de una poltica de Estado en la lucha contra el narco-trfico, losmedios de comuni cacininforman de manera confusa y exponenposiciones variables que van de acuerdo con la coyuntura poltica. Eso trae

4 8 Manuel Boluarte

02 10/26/05 10:32 AM Page 48


38/179

como consecuencia que los medios expresen una permanente confro n t a-cin de las organizaciones de cocaleros y las instituciones y autoridades eincluso en el interior del propio Estado. Ante la falta de liderazgo guberna-mental y la crisis institucional del ente rector DEVIDA, se carece de argu-mentos y precisiones sobre los planteos de los narc oca l eros, que vieneninsistiendo en sus planteamientos maximalistas e inviables que, en ltimainstancia, resultan peligrosos para la gobernabilidad del pas.

La sociedad civil cumple un rol fundamental en la legitimacin de laspolticas pblicas. En este caso, debe definirse una y lograr el apoyo de

todos los sectores involucrados y aislar al narcotrfico; no debemos dejarque las mafias tengan iniciativa propia, poltica y sigan avanzando en supenetracin hacia la corrosin de las instituciones tutelares del pas.

V. El movimiento de cocaleros

Mencin aparte merecen las organizaciones de pro duc t o res cocalerosque, agrupados en la Confederacin Nacional de Productores Agropecua-rios de las Cuencas Cocaleras del Per (CONPACCP), han logrado nego-ciar con el Ej ec u t ivo la instalacin de una mesa de dilogo al levantar la

huelga indefinida que mantuvieron hasta el pasado 12 de julio de 2005,que a decir de la Direccin Regional de Industria y Turismo de Huanuco,la regin estaba perdiendo cerca de dos millones de soles con los bloqueosde las carreteras y la violencia en las ciudades.

Durante el reciente conflicto de los cocaleros con el Gobierno, la pren-sa ubic a los agricultores cocaleros como vctimas de la inoperancia delEstado respecto de sus demandas y abon el descrdito de DEVIDA utili-zando los argumentos que planteaban los agricultores cocaleros. Estoslograron introducir algunos mitos respecto de la problemtica del cultivode la hoja de coca y su comercializacin, no slo en los medios sino en losto mad ores de decisiones (lderes de opinin, congresistas). El ex ministroRospigliosi, que se atrevi a cuestionar la legalidad de los cultivos que losag r i cultores cocaleros pretendan defender, fue atacado arduamente porellos y cuestionado por algunos lderes de opinin, precisamente, por noescuchar las demandasjustasde los agricultores cocaleros.

Dentro de las organizaciones, han surgido pugnas entre las dirigenciascocaleras por protagonismo poltico de cara a las nuevas elecciones locales


02 10/26/05 10:32 AM Page 49


39/179

y regionales, que mostraron ribetes de agresiones fsicas y denuncias porcorrupcin y traicin. Las mximas dirigentes de la CONPACCP, NancyObregn y Elsa Malpartida, fueron, la primera, echada del Valle del Monzny la segunda, agredida en la ciudad de Tingo Mara. Mientras que un IburcioMorales, dirigente del Monzn, logr que la regin de Huanuco legalizara loscultivos de coca.

VI. Erradicacin y presencia terrorista

La significativa cifra de incautacin de drogas e insumos qumicosdemuestra la extensin de los cultivos ilegales de coca. Segn la Polic aAntidrogas del Per, se han realizado ms de 11 mil operativos de interdic-cin incautando 20 toneladas de drogas y 400 toneladas de insumos qu-micos. Slo durante el ao 2004, de enero a julio, se erradicaron 4.886 hade cultivos de coca; en el presente ao, de enero a julio, ya se han erradica-do 4.252 hectreas de coca ilegal. De acuerdo con estudios y estimaciones,*se dice que la produccin mundial de cocana llega a las 800 toneladas, delas cuales slo se incautan 300 toneladas mtricas.

En el Per, existen suficientes evidencias de la relacin entre el incre-

mento de las reas de cultivos ilegales de coca y las acciones terroristas. Losremanentes de Sende ro Luminoso (organizacin terrorista de tendenciamaosta) brindan proteccin a las organizaciones de narcotraficantes y a losprod u cto res de los cultivos ilegales de coca, que han empezado a elaborarpasta bsica de cocana (PBC) en laboratorios rsticos, conocidos en Percomo pozas de maceracin.

Durante el presente ao, se han realizado varios ataques terroristas con-tra pol icas y helicpteros en acciones de erradicacin. Em b o s c a ron unacamioneta policial y mataron a todos sus integrantes, asesinaron a un juezy atacaron tres helicpteros en la zona cocalera de Huanuco.

Esta alianza se ha visto fortalecida por el problema ancestral que pre-senta el interior del pas: la ausencia del Estado y de la inversin privada, loque provoca territorios prcticamente liberados al poder del narcotrf ico.Las organizaciones de cocaleros, como las del Monzn, impiden el ingreso

5 0 Manuel Boluarte

1* Global Illicit Drug Trends United Nations Office for Drug Control andCrime Prevention (ODCCP).

02 10/26/05 10:32 AM Page 50


40/179

de tcnicos de las Naciones Unidas y de la cooperacin internacional pararealizar programas de desarrollo alternativo.

VII. Medioambiente y recursos naturales

Los narcotraficantes han logrado incorporar a los productores de los cul-

tivos ilcitos de coca en la construccin de las pozas de maceracin y la ela-

boracin de PBC. Ahora forman parte de la cadena del narcotrfico, un

aspecto no muy visible en la opinin pblica nacional e internacional. Encinco aos, los cultiva dores de coca han destruido ms de 2.500 km2 de

selva tropical amaznica.

No slo los cultivos de coca producen efectos contrarios a los suelos,pues ayudan a degradarlos y al utilizar agroqumicos y foliares, las aguas secontaminan y terminan infrtiles, sino que, ahora, la produccin de drogas(pozas) utiliza enormes cantidades de insumos qumicos que generan daosirreversibles a la Amazona peruana.

Se estima que por cada hectrea de cultivo de coca se deforestan cua-t ro hectreas de bosque, debido a que el fuego no controlado destru ye las reas aledaas a cultiva r. Di versos inve s t i g a d o res calculan que para pro-

ducir 45.000 toneladas anuales de hoja de coca se utilizan ms de 17 miltoneladas de fertilizante y 100 galones de insecticidas. Los qumicosgeneralmente son aplicados bajo el intenso calor de la regin, por cam-pesinos descalzos y con poca ropa quienes, por lo tanto, reciben mnimaproteccin contra las sustancias txicas. Las autoridades de salud no tie-nen estadsticas sobre casos de envenenamiento qumico relacionado conlos cultivos ilcitos.

El narcotrfico origina un desecho anual de ms de 13 mil toneladasmtricas de sustancias qumicas txicas en la Amazona, entre ellas kerose-ne, acetona, cidos y amonaco. Estos componentes son altamente txicosy dainos, tanto para la salud del propio productor de la droga como paraaquellos que consumen el agua y los alimentos contaminados.

Resulta alarmante que reportes preliminares del Ministerio del Interiordan cuenta de la presencia de cultivos ilcitos en algunos parques y santua-rios nacionales, como el Manu y Bahuaja Sonene, en Madre de Dios; Cor-dillera Azul, en San Martn; Otishi y Bella Durmiente, en Tingo Mara;Tabaconas Namballe, en Cajamarca; y el Yanachaga-Chemilln, en Cerro


02 10/26/05 10:33 AM Page 51


41/179

de Pasco. Esto genera un serio peligro para nuestra riqueza de biodiversidady recursos genticos.

Segn cifras de la Comisin Nacional de De s a r rol

nbi tartagal excelente

Documents