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ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCESO PENAL COMÚN
POR: RAMIRO SALINAS SICCHA1
4.1. Definición. 4.2. El principio de economía procesal. 4.3. Rol o función
de la etapa intermedia. 4.4. Fase de ofrecimiento de medios probatorios
por las partes. 4. 5. Características de la etapa intermedia. 4.5.1. Es
jurisdiccional. 4.5.2. Es funcional. 4.5.3. Controla los resultados de la
investigación preparatoria. 4.5.4. Es de naturaleza dual: escrita y oral.
4.6. Duración de la etapa intermedia.
4.1. DEFINICIÓN
Entre las dos etapas tradicionalmente conocidas en el proceso
penal, instructora o de investigación y el juicio oral, coexiste una tercera
de juicio específico sobre la existencia de la acción penal, encaminada,
por un lado, a entender bien cerrada la primera; y por otro, a valorar
positivamente el paso al juzgamiento. Esta etapa recibe el nombre de
intermedia o de juicio de acusación, la misma que resulta imprescindible
para salvaguardar el principio acusatorio general, de manera que su
materialización más o menos independiente resulta ineludible2.
La etapa intermedia consiste en el conjunto de actos procesales en
los cuales se discuten preliminarmente las condiciones de forma y de
fondo de los requerimientos efectuados por el titular de la acción penal.
Se constituye en una etapa procesal de crítica a los resultados de la
investigación efectuada por el titular de la acción penal. La tarea a
desempeñar por los sujetos procesales durante esta etapa es de
1 Magister en Ciencias Penales, profesor en al AMAG, en la UNMSM y en Post Grado de la USMP, Juez Superior Titular
de la Sala Penal Nacional. 2 Cfr. Armenta Deu, Juicio de acusación, imparcialidad del acusador y derecho de defensa, en Ius et
Praxis, V. 13, Nº 2, Talca, 207. Versión On-Line ISSN 0718-0012.
naturaleza eminentemente crítica a los resultados de la investigación
preparatoria3. Esto es, primero los sujetos procesales con excepción del
fiscal, por escrito y luego oralmente en audiencia, expresarán su posición
crítica respecto de los resultados de la investigación. Luego de escuchar a
las partes en la audiencia preliminar de la etapa intermedia, el juez
expresará su posición crítica sobre esos mismos resultados. Por supuesto,
si a criterio del juez, resultan procedentes los requerimientos efectuados
por el fiscal, la crítica será positiva, en tanto que si a su criterio, los
requerimientos fiscales no proceden o resultan infundados, la crítica sin
duda, será negativa.
La etapa intermedia4 en doctrina es calificada como “bifronte”,
porque por un lado, mira a la investigación para resolver sobre su
correcto cierre o finalización; y por otro, a la etapa del juzgamiento o
juicio oral, determinándose si esta fundamental etapa debe desarrollarse
en el caso concreto5.
La razón de ser de la etapa intermedia se funda en la siguiente
idea: los juicios orales para ser exitosos deben prepararse en forma
conveniente de modo que solo se pueda llegar a ellos después de
realizarse una actividad responsable6 por parte de los sujetos del proceso
incluido el tercero imparcial: el Juez, en este caso, el de investigación
preparatoria.
La etapa intermedia garantiza, en beneficio del principio genérico
de presunción de inocencia, que la decisión de someter a juicio oral al
3 De ahí que Claria Olmedo enseñaba que esta etapa era el momento de la crítica instructiva, debido a
que la tarea a desempeñar durante ella es de naturaleza eminentemente crítica, en oposición a la
investigativa donde predomina la labor práctica. Véase: Tratado de derecho procesal penal, Ediar, Buenos
Aires, 1987, T. VI, p. 108. 4 Los alemanes a esta etapa la denominan “procedimiento intermedio”. Cfr. Roxin, Op. Cit. p. 347. 5 Cfr. Armenta Deu, Lecciones de Derecho Procesal Penal, 3ra. edición, Madrid-España, 2007, p. 209. 6 Binder, Alberto, Iniciación al procesal penal acusatorio, editorial Alternativas, Lima, 2002, p. 56.
acusado no sea apresurada, superficial ni arbitraria7. Caso contrario, se
corre el serio riesgo de exponer la dignidad del imputado sin bases
sólidas que permitan identificar la necesidad de un enjuiciamiento8.
Sus objetivos se dirigen a evitar que lleguen al juzgamiento casos
insignificantes, o lo que es peor, casos con acusaciones inconsistentes por
no tener suficientes elementos de convicción que hacen inviable un juicio
oral exitoso para el persecutor del delito como es el Ministerio Público. A
este aspecto, la doctrina, lo denomina justificación política. Se pretende
evitar la realización de juicios orales originados por acusaciones con
defectos formales o sustanciales9 (por ejemplo, por falta de actividad
probatoria que la sustente, redactada en forma incoherente, redactada en
forma oscura y ambigua, por falta de logicidad en su construcción, etc.).
En suma, se busca racionalizar la administración de justicia penal,
evitando de esa forma juicios orales y públicos inútiles por defectos de la
acusación.
Esta etapa del proceso penal común se constituye en un
procedimiento central del proceso según el modelo acusatorio garantista
con ciertos rasgos adversariales asumido por el CPP de 2004. Aquí se
realizan los actos procesales de preparación del paso o tránsito de la
investigación preparatoria a la etapa del juzgamiento, o en su caso,
donde se realizan actos procesales para tomar la decisión de archivar el
proceso10.
7 Binder, Op. Cit., 2002, p. 57. En el mismo sentido, el profesor Talavera Elguera sostiene que “un proceso
correctamente estructurado tiene que garantizar que la decisión de someter a Juicio al imputado no sea
apresurada, superficial o arbitraria. Toda acusación debe ser fundada, esto es, que los elementos de
convicción establezcan una probabilidad de que la persona acusada ha cometido el delito y que ofrece
pruebas para probarlo en el Juicio”; Comentarios al nuevo Código Procesal Penal, Grijley, 2004, p. 62. 8 Cfr. Del Río Labarthe, La Etapa Intermedia en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio, Ara editores, 2010, p.
60. 9 Cfr. Maier, La ordenanza procesal penal alemana, ediciones Depalma, Buenos Aires, V. I, p. 1978. 10 Por su parte, el profesor Gómez de Liaño Gonzales enseña que se denomina fase intermedia a aquel
conjunto de actuaciones orientadas a verificar si la investigación preparatoria es completa y suficiente, y
En el mismo sentido, el profesor Ore Guardia11 precisa que la fase
intermedia constituye una suerte de filtro o tamiz que permite depurar
el proceso de todo vicio, defecto o irregularidad que impida tomar una
decisión definitiva sobre su destino, o pueda afectar posteriormente una
decisión sobre el fondo. Además, permite dar por concluido el proceso si
se verifica la presencia de algún obstáculo para su continuación. Por su
parte, Peña Cabrera-Freyre12, sostiene que la etapa intermedia es un
etapa que funge de puente entre ambos planos de la persecución penal
que tiene por finalidad: la viabilidad del juzgamiento, y su contraparte, la
cesación de la persecución penal.
En efecto, en este procedimiento, el juez de investigación
preparatoria verifica junto con los sujetos procesales en audiencia, si el
caso propuesto por el fiscal tiene fundamento fáctico y jurídico suficiente
para pasar a juicio oral. Si llega a tal convicción emitirá el auto de
enjuiciamiento, caso contrario, sobreseerá el proceso incluso de oficio, es
decir, es posible que el juez disponga el sobreseimiento de la causa sin
que el acusado ni su abogado defensor le solicite. De ahí que en la
exposición de motivos del Código Procesal de 2004, en forma sucinta se
señale que en la etapa intermedia se decide si existe o no suficiente
fundamento para pasar a la etapa de juzgamiento. De esta manera el
juez de la investigación preparatoria decidirá, escuchando a las partes, si
existen fundamentos para aceptar la acusación propuesta por el fiscal o
si, efectivamente, debería dictarse el sobreseimiento de la causa.
En suma, la investigación del delito y la etapa intermedia solo se
constituyen en etapas fundamentales que sirven para preparar el juicio
si se dan los presupuestos necesarios para pasar a la fase del juicio oral o, por el contrario, para proceder
al sobreseimiento de la causa. Cfr. El proceso penal, 5ta, edición, Oviedo, Fórum, 1997, p. 193. 11 Op. Cit., 2012, p. 78. 12 Cfr. Derecho Procesal Penal, T. II, Op. Cit., 2013, p. 334.
oral. Sin aquellas etapas, es imposible juzgamiento en un proceso penal
común.
4.2. EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL
También la etapa intermedia tiene su fundamento en el principio
de economía procesal, toda vez que se busca finalizar en sentido negativo,
sin juicio oral, un caso que no merece ser sometido a debate, evitando de
esa forma, molestias procesales inútiles al imputado13. En la misma
línea, Roxin14 sostiene que el procedimiento intermedio cumple una
función de control negativo, en el sentido que proporciona otra
posibilidad de evitar un juicio oral, que siempre es discriminatorio para
el afectado. Se trata en consecuencia de analizar si como se afirma en la
acusación planteada, existe una sospecha suficiente para imputar a una
persona el hecho punible objeto de acusación, con base precisamente en
los actos procesales practicados en la investigación preparatoria.
Así mismo, se pretende lograr que el Estado evite distraer sus
escasos recursos económicos y humanos en procesos evidentemente sin
futuro. De ahí que se afirme con toda propiedad que también cumple el
objetivo de racionalizar los recursos del Estado en pos de una mayor
flexibilización y celeridad en la administración de justicia15 sobre casos
que realmente lo merecen.
Pero no solo al poder punitivo beneficia la etapa intermedia.
También beneficia al imputado y su defensa. En esta etapa procesal,
13 Ernst Beling, citado por San Martín Castro, V. I, 2003, p. 608. También citado por Sánchez Velarde,
Manual de Derecho procesal penal, Idemsa, Lima, 2004, p. 541. 14 Op. Cit., p. 347. 15 Del Río Labarthe, Op. Cit., 2010, p. 61.
aquellos tienen la posibilidad de influir y lograr que el caso no pase a
juicio oral16, o en su caso, no pase en la misma magnitud de gravedad que
se plantea en la acusación escrita. Pueden plantear y discutir, por
ejemplo, un sobreseimiento total o parcial del caso; pueden objetar u
oponerse a la admisión de determinados medios probatorios propuestos
por el fiscal; pueden solicitar la exclusión de determinados medios
probatorios alegando que su obtención se realizó lesionando el contenido
esencial de derechos fundamentales; pueden plantear una excepción de
improcedencia de acción, etc.
No debe obviarse un aspecto trascendente en todo proceso penal: en
él siempre existe un ciudadano a quien se le atribuye la comisión de un
hecho delictivo, el mismo que tiene el derecho infranqueable a saber con
seguridad sobre su futuro al interior del proceso penal. No resulta
coherente y razonable en un Estado Democrático de Derecho tenerlo
indefinidamente pendiente de la apertura o no de un juicio oral o
juzgamiento. Al actuar de esa forma, se menoscaba su tranquilidad
espiritual y, por consiguiente, sus condiciones de vida17.
4.3. ROL O FUNCIÓN DE LA ETAPA INTERMEDIA
Como se viene exponiendo, la etapa intermedia se constituye en un
espacio central del proceso penal según el modelo acusatorio asumido por
el Código Procesal de 2004. Su rol o función determinante en el proceso
penal común es, sin duda, preparar propiamente el paso o tránsito de la
investigación preparatoria a la etapa del juzgamiento o tomar la decisión
de archivar el proceso. Una vez que se decide, en un caso en concreto, que
16 Roxin, comentando la legislación procesal alemana, enseña que la importancia del procedimiento
intermedio reside en que, una vez comunicada la acusación, el imputado recibe nuevamente la posibilidad
de influir en la apertura del procedimiento principal a través de requerimientos de pruebas y objeciones.
Op. Cit., p. 347. 17 En parecido sentido Nieva Fenoll, Op. Cit., 2012, p. 205.
hay mérito para pasar a juicio oral, la cual es en esencia la etapa de
contradicción o debate, el juez de investigación preparatoria junto a los
demás sujetos procesales comprometidos con el proceso, realizarán todos
los actos procesales pertinentes para que al final el juzgamiento sea
dinámico y exitoso. El juzgamiento en el proceso penal bajo los
parámetros del modelo acusatorio garantista con rasgos adversariales
será exitoso cuando realmente logre sus finalidades.
Consideramos que el juzgamiento o juicio oral logrará en forma
razonable su finalidad de acreditar más allá de toda duda razonable la
comisión del delito objeto de acusación, así como la responsabilidad del
acusado como autor o partícipe de aquel delito, y por el otro, declarar la
inocencia del acusado, siempre y cuando sea preparado en forma
mesurada y responsable por todos los sujetos procesales, pero
primordialmente, por el juez de la investigación preparatoria.
Este es el rol que legislativamente tiene la etapa intermedia. En
esta etapa se realizan todos los actos procesales de control destinados a
sanear los vicios sustanciales y formales de la acusación. Los actos de
control se realizan tanto en forma escrita como oral. Se realizan desde
que se inicia hasta que concluye la etapa intermedia, siendo sin duda, el
acto procesal más trascendente, la audiencia preliminar18.
Tal como precisa el profesor Sánchez Velarde19, la etapa intermedia
es una fase de apreciación y análisis para decidir la acusación, plantear
mecanismos de defensa contra la acción penal y también, para que se
analicen los medios probatorios presentados por las partes. En esta
etapa, toda la actividad de búsqueda, acopio y realización de elementos
18 Importancia de la aplicación de la etapa intermedia en el proceso penal; Dueñas Canchez, Omar, en
Diálogo con la jurisprudencia Nº 90, Marzo 2006, año 11, Gaceta Jurídica, p. 223. 19 Introducción al nuevo proceso penal, Idemsa, Lima, 2005, p. 111; también en Nuevo Procesal Penal,
Idemsa, Lima, 2009, p. 157. En el mismo sentido, Talavera Elguera, Op. Cit., 2004, p. 61.
de investigación o elementos de convicción efectuados en la investigación
preparatoria es sometida a los filtros o controles necesarios de legalidad y
pertinencia, para luego de ser el caso, admitirse para su actuación en el
juicio oral.
En esta etapa se realizan un conjunto de actos procesales
relativamente autónomos en los cuales por lo menos se asume con total
claridad la crítica a los resultados de la investigación20. Aquí, los
resultados de la investigación preparatoria efectuada por el fiscal con el
apoyo técnico de la policía, se ponen a prueba o examinan para
determinar si sirven para llevar el caso a juicio oral o determinar el
sobreseimiento del mismo.
En efecto, la audiencia preliminar de la etapa intermedia sirve de
filtro21 y como estación de verificación de la información que será
debatida luego en el juicio oral. Esta verificación se desarrolla en un
escenario de oralidad con participación de las partes, quienes tienen
franqueada la posibilidad de plantear una serie de peticiones que deben
20 Binder, Op. Cit., 2002, p. 63. El profesor y Vocal Supremo San Martín Castro enseña que la etapa
intermedia, por consiguiente tiene por objeto revisar y valorar los resultados de la instrucción
examinando la fundamentación de la acusación y resolviendo sobre el reconocimiento de la pretensión
penal, con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio; V.I, 2003, p. 608. También en Introducción
general al estudio del nuevo Código Procesal Penal, en El Nuevo Proceso Penal, Estudios Fundamentales,
Palestra, Lima, 2005, p. 37. 21 No le falta razón a Ramos Dávila cuando refiere que en cuanto a su función como filtro, existen
múltiples enfoques que lo fundamentan, relacionados con el análisis económico del derecho, con la gestión
de audiencias, con la justicia restaurativa, así como con criterios de merecimiento y necesidad de pena.
Todos estos criterios confluyen en la audiencia preliminar de la fase intermedia para impedir que se
continúe un juicio que puede concluir por medio de negociación, por medio de reparación, por un análisis
de costo beneficio, o simplemente porque la pena no es necesaria; LA FASE INTERMEDIA. La implementación
del CPP en Huaura: Algunos problemas y propuestas de solución, en sección documentos de la página
Web del Instituto de Ciencias Procesal Penal (INCIPP). Por su parte, Neyra Flores argumenta también
que es una etapa de filtro que tiene como función, depurar errores y controlar los presupuestos o bases de
la imputación y de la acusación, primero por el propio órgano acusador y luego por el órgano judicial, a fin
de establecer si es viable para convocar debate penal pleno en el juicio oral, o si resulta el sobreseimiento
o preclusión del proceso. Manual del Nuevo Proceso Penal y de Litigación Oral, Idemsa, Lima, 2010, p.
300. En tanto que Del Río Labarthe, citando a San Martín Castro, enseña que la etapa intermedia es un
conjunto de actuaciones procesales que constituyen un auténtico “filtro”, y cumple una función de revisión
e integración del material instructor. La Etapa Intermedia en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio, Op.
Cit., 2010, p. 55.
resolverse por el juez de la investigación preparatoria en la misma
audiencia. Entre las peticiones que se ventilan en esta audiencia
podemos citar: pedir el sobreseimiento, observar la acusación por defectos
sustanciales o formales, deducir excepciones, solicitar imposición o
revocación de alguna medida coercitiva ya sea personal o real, solicitar
actuación de prueba anticipada, objetar la reparación civil, instar
aplicación del principio de oportunidad, posibilidad de celebrar
convenciones probatorias, admisión de hechos no controvertidos, etc.
Ante el problema planteado en la siguiente pregunta: ¿Cuál es el
rol o funciones que le asigna el CPP de 2004, en el interior del proceso
penal común, a la etapa intermedia?, la respuesta es sin duda, la
siguiente: el rol de la etapa intermedia al interior del proceso penal
común es preparar en forma mesurada y responsable el juicio oral con el
objetivo último que este sea dinámico y exitoso.
Y ello sucederá cuando solo se deje pasar a juicio oral, los casos
más relevantes, los mismos que además deberán tener una acreditación
fáctica suficiente como para presumir fundadamente la emisión de una
sentencia condenatoria. El incumplimiento de dicha función o el
realizarla de modo ineficiente por parte del juez, genera que la carga
procesal para los jueces de juzgamiento sea tan excesiva como
inmanejable, al punto que en la actualidad el inicio del juicio oral en cada
proceso penal se fija para una fecha que excede el año desde que se emite
el auto de citación a juicio oral22.
4.4. FASE DE OFRECIMIENTO DE MEDIOS PROBATORIOS POR
LAS PARTES
22 Situación que viene ocurriendo en el distrito judicial del Cusco, tal como lo denuncia Velásquez
Delgado, Percy, El problema de la lentitud en la justicia penal. Algunas críticas y propuestas respecto a la
fase intermedia, en Gaceta Penal y Procesal Penal, T. 55, enero 2014, p. 198.
Si el juez durante la audiencia preliminar llega a la conclusión de
que el caso merece pasar a juicio oral, es decir, que existe causa probable
como afirman los norteamericanos, dará inicio a la fase de ofrecimiento
oral y admisión de medios de pruebas ofrecidos por las partes en sus
correspondientes escritos. Consideramos que esta fase es crucial para
hacer que el juicio oral aparte de exitoso sea dinámico y célere. Este
último aspecto como rol de la etapa intermedia, se le entiende en el
sentido que el juicio oral debe ser divertido y entretenido para los sujetos
procesales que intervienen en él, primordialmente para el juez imparcial
quien al final tiene la seria responsabilidad de decidir el caso de acuerdo
a Ley y la Constitución. Dinámico es lo contrario a tedioso, lento e
incompresible.
En esta fase, el fiscal ofrecerá todos los medios de prueba que
considere que deben actuarse en el juicio para acreditar su pretensión
punitiva. Por su parte, el abogado defensor ofrecerá los medios
probatorios que acrediten su pretensión según su estrategia de defensa.
También, si así aparece constituido, el actor civil ofrecerá oralmente sus
medios probatorios destinados a acreditar el daño generado a
consecuencia de la realización de la conducta delictiva objeto de
acusación. Todos los medios de prueba que ofrezcan las partes tendrán
como correlato su “teoría del caso” que pretendan exponer en el eminente
juicio oral. No obstante, se entiende que las partes ya no ofrecerán los
medios probatorios que han sido objeto de convenciones probatorias.
Tampoco ofrecerán medios probatorios de difícil obtención. O también, no
ofrecerán medios probatorios débiles, pues ante la oposición de la
contraparte el juez los declarará inadmisibles por impertinentes,
inconducentes o inútiles.
El medio probatorio propuesto tiene que reunir los requisitos de
pertinencia, conducencia y utilidad. Corresponde al juez controlar estos
aspectos. Las partes también se opondrán, dando razones, a los medios
de prueba que ofrezca la contraparte. Este aspecto en la práctica aún no
es manejado de manera adecuada por los litigantes ni por los jueces de
investigación preparatoria. Se viene observando que ante el ofrecimiento
de medios probatorios de una de las partes, la otra no se opone a alguna,
tampoco el juez hace el control de pertinencia, conducencia y utilidad,
generando que todo lo ofrecido como medio probatorio sea admitido. Esta
deficiente práctica judicial viene ocasionando que al final, en el juicio oral
se actúen abundantes medios probatorios y lo que es peor, se actúen
hasta medios probatorios inútiles e inconducentes para efectos de los
fines del proceso. La alternativa que tiene el juez de juzgamiento es que
haciendo pedagogía convenza al sujeto procesal que propuso un medio
probatorio con las características antes anotadas, se desista de su
actuación. El juicio oral de esa forma se vuelve tedioso, aburrido y lento,
cuando lo normal es que sea dinámico y divertido tanto para los sujetos
procesales como para el público que concurre a las salas de audiencias
para observar un juicio oral.
Por otro lado, resulta obvio que el fiscal que haya dirigido
personalmente la investigación preparatoria, en la audiencia de
saneamiento del requerimiento fiscal, defenderá con plena y mayor
convicción su requerimiento de acusación. En forma verbal expondrá con
claridad y convicción las razones coherentes sobre su acusación. Así
mismo, defenderá oralmente los medios de prueba que ofrezca ante una
eventual oposición de su contraparte.
En otro extremo, resulta obvio y razonable que en la fase de
ofrecimiento de medios probatorios solo se ofrecerá a los órganos de
prueba como son los testigos y peritos. La parte que los ofrece
argumentará, de ser el caso, que el testigo, por ejemplo, declarará sobre
la forma y circunstancias de la comisión del delito, o en su caso,
reconocerá las actas de incautación o registros que se hayan levantado,
etc. Al tratarse de peritos, la parte que los ofrece argumentará que estos
se ratificarán del contenido de la pericia o documento23 que hayan
efectuado para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados. Esto
significa que cuando el juez de investigación preparatoria resuelve
admitir la concurrencia del perito al juicio oral, automáticamente está
admitiendo la pericia o documento por él elaborado, así como las actas
donde aparecen sus declaraciones de ratificación efectuadas en la
investigación preparatoria.
Por su parte, si se trata de testigos que hayan brindado una
manifestación en la investigación preliminar o preparatoria, su admisión
por el juez implica necesariamente y, en forma automática, la admisión
de todas sus declaraciones anteriores. Las mismas que podrán ser
utilizadas en el juicio oral, de ser el caso, para materializar lo previsto en
el inciso 6, artículo 378° del CPP de 2004 que prevé: si un testigo o perito
declara que ya no se acuerda de un hecho, para hacer memoria se puede
leer la parte correspondiente del acta donde aparece su anterior
declaración. Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una
contradicción con la declaración anterior que no se puede constatar o
superar de otra manera24. Así el inciso 8, artículo 378° del CPP de 2004
23 Como puede ser un certificado médico legal, un protocolo de necropsia, etc. 24 Este mecanismo procesal se le conoce como confrontación. Instituto procesal diferente al conocido como
careo con el cual normalmente se le confunde.
prevé que las declaraciones anteriores servirán de ser el caso, para
confrontar al testigo o perito con sus propios dichos u otras versiones de
los hechos presentados en el juicio oral.
De ese modo, también excepcionalmente se podrá materializar lo
previsto en el artículo 383º del CPP de 2004, en el sentido que los
documentos anteriores como actas, declaraciones, pericias u otros
documentos podrán ser objeto de oralización en la fase del juicio oral
denominada “lectura de la prueba documental”, cuando el testigo o perito
no llegue a concurrir al juicio oral por causas independientes a la
voluntad de la parte que la ofreció.
En esta fase, la parte que ofreció al testigo inconcurrente (puede
ser el fiscal, la parte civil o la defensa) solicitará la lectura de sus
declaraciones anteriores. En este supuesto, luego de escuchar a la otra
parte, el juez al verificar que la inconcurrencia del testigo ha sido por
causa de fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia,
desconocimiento de su paradero o por causa independiente a la voluntad
de la parte que la ofreció, dispondrá su lectura siempre que las
declaraciones anteriores hayan sido realizadas respetando las mínimas
garantías que exige el debido proceso, esto es, que para la toma de las
declaraciones a oralizar como mínimo se haya emplazado a las partes.
Igual sucede cuando el que no concurre es el perito.
En consecuencia, no puede alegarse simple y alegremente que si un
testigo no concurre a juicio oral, sus declaraciones anteriores no son
útiles para la finalidad del proceso. Tampoco puede alegarse con
propiedad que las manifestaciones recibidas en la investigación
preparatoria no sirven para fundar sentencia. Aquí debe hacerse la
precisión que si tales declaraciones entran al contradictorio según el
procedimiento previsto en el numeral 383º del CPP, se convierten
automáticamente en pruebas, quedando listas para ser valoradas por el
juez penal al momento histórico y final de tomar la decisión final del
caso, ya sea de absolver o condenar al acusado. En la redacción de la
sentencia se asignará el valor probatorio correspondiente al documento
oralizado y, por tanto, sometido al contradictorio.
No obstante, de lege ferenda se propone una modificación
legislativa al literal b, inciso 5, artículo 352° del CPP de 2004, y se
agregue en la última parte del citado literal lo siguiente:
“Si los medios probatorios admitidos son testigos, estos ingresarán
automáticamente con todas sus declaraciones anteriores y tratándose de
peritos, estos ingresarán automáticamente junto a sus declaraciones
anteriores e informe pericial”.
Este aspecto nos parece fundamental y no puede quedar a la libre
interpretación del juez. En efecto, como normalmente sucede las partes
solo ofrecen a los testigos y peritos. Estos son admitidos por el Juez de
investigación preparatoria. Sin embargo, cuando son citados al juicio oral
aquellos no se presentan por fallecimiento, enfermedad grave, ausencia
del lugar de su residencia, desconocimiento de su paradero o por causas
independientes de la voluntad de la parte que le ofreció. Ante su
inconcurrencia, la parte que la ofreció, en aplicación del artículo 383° del
Código Procesal Penal, solicita se incorpore al debate del juicio oral por
medio de su lectura, las declaraciones anteriores o el informe pericial,
originando que ante la oposición de alguna de las partes alegando como
argumento el hecho que tal declaración o informe pericial no fue ofrecido
en la audiencia de la etapa intermedia, algunos jueces acepten la
oralización y otros, la rechacen declarando no ha lugar lo solicitado.
Estos últimos rechazan la oralización, alegando erróneamente que al no
haber sido ofrecidas en la etapa correspondiente como medio probatorio
tales declaraciones o el informe pericial, no pueden incorporarse al
proceso. Declarando no ha lugar lo solicitado. Generando muchas veces
impunidad. No debe obviarse que evitar la impunidad es uno de los fines
de la reforma procesal penal.
En consecuencia, según mi criterio, tal modificación se impone para
evitar esta doble práctica judicial que en lugar de consolidar la reforma
procesal penal, la desmerece o debilita ante los ciudadanos de a pie.
4.5. CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA INTERMEDIA
La etapa intermedia como institución procesal autónoma de las
demás etapas procesales de un proceso penal común, tiene ciertas
características que le dan independencia propia. Características que le
diferencian de las otras etapas procesales. Estas son las siguientes:
4.5.1. Es jurisdiccional. La dirección de la etapa intermedia corresponde
exclusivamente al juez. El control formal y sustancial de los
requerimientos fiscales y, en su caso, de las peticiones que efectúa el
defensor del imputado o del actor civil, es responsabilidad de la autoridad
jurisdiccional. El inciso 1, artículo V del Título Preliminar del CPP de
2004 señala expresamente que corresponde al órgano jurisdiccional la
dirección de la etapa intermedia. En consecuencia, corresponde
específicamente al juez de la investigación preparatoria dirigirla y luego
emitir la resolución que corresponda: “La decisión judicial requiere de la
celebración de una audiencia de control del sobreseimiento -si el fiscal
solicita esa decisión- o de una audiencia preliminar –si el fiscal formula
acusación”25.
4.5.2. Es funcional. Se sostiene que la etapa intermedia es funcional toda
vez que en este periodo del proceso penal común se resuelven, por el juez,
luego del correspondiente debate, toda clase de incidencias, dirigidas
todas a preparar un futuro juicio oral dinámico y que tenga éxito al final.
O en su caso, decidir el sobreseimiento.
En efecto, en la etapa intermedia se decide, previo debate en
audiencia, el requerimiento de sobreseimiento. También se decide sobre
el control formal y sustancial del requerimiento de acusación. Se admiten
los medios de prueba ofrecidos por las partes; se resuelven los medios de
defensa técnicos que deduzcan el o los acusados; se practica de darse el
caso, la prueba anticipada, se aprueba las convenciones probatorias, etc.
El artículo 352°.1 del CPP de 2004 prevé que finalizada la
audiencia el juez resolverá inmediatamente todas las cuestiones
planteadas por las partes, salvo que por lo avanzado de la hora o lo
complejo de los asuntos por resolver, difiera la solución hasta por
cuarenta y ocho horas improrrogables.
4.5.3. Controla los resultados de la investigación preparatoria. La
autoridad jurisdiccional, en esta etapa, debe decidir si los hechos
investigados merecen pasar a juicio oral y, para tomar tan importante
decisión, no queda otra opción que junto con las partes intervinientes
(fiscal, abogado defensor, parte civil y tercero civil de ser el caso) examine 25 San Martín Castro, Introducción general al estudio del Nuevo Código Procesal Penal, en El Nuevo
Proceso Penal –estudios fundamentales, Palestra editores, 2005, p. 37.
en conjunto los resultados de la investigación preparatoria. Incluso,
ante el ofrecimiento de medios probatorios para ser actuados en el juicio
oral y la eventual oposición de alguna de las partes, el juez solo
escuchando el debate y contrastando los actos de investigación efectuados
y recogidos en la correspondiente carpeta fiscal, podrá por ejemplo
admitir o no los medios probatorios ofrecidos.
4.5.4. Es de naturaleza dual: escrita y oral. Todos los requerimientos y
pretensiones de las partes se plantean por escrito. Luego de los
planteamientos escritos, el juez convoca a la audiencia preliminar,
escenario procesal donde los requerimientos o pretensiones se formulan
oralmente. Pero en audiencia, de modo alguno, se reproducen en su
integridad los escritos. Se entiende que tanto el fiscal como los abogados
defensores, una vez que se les conceda el uso de la palabra, en audiencia
oralizarán los argumentos centrales de sus pretensiones. No obstante, el
profesor Delgado Velásquez26, por ejemplo, da cuenta de una deficiente
práctica de la oralidad cuando en una audiencia de control de acusación,
el fiscal lee toda la acusación.
Esta deficiente y dañina práctica judicial ha sido adoptada en la
creencia errónea de que el juez de la investigación preparatoria no conoce
nada del caso y, por tanto, el fiscal tiene la obligación legal de ponerle en
su conocimiento de manera integral el requerimiento de acusación. Sin
embargo, en el modelo acusatorio adoptado por el CPP de 2004, como se
expondrá más adelante, el juez de investigación preparatoria al tiempo
que participa en la audiencia preliminar de control de acusación, muchas
veces sabe más y mejor del caso que las propias partes.
26 Op. Cit., 2014, p. 201
No hay audiencia si previamente no hay requerimiento escrito. De
ahí que nuestra Corte Suprema en el Acuerdo Plenario Nº 6-2009/CJ-
11627 ha establecido como doctrina legal que el procedimiento de la etapa
intermedia consta de dos fases: oral y escrita. Las distintas posibilidades
que tiene el juez de la investigación preparatoria frente a la acusación
fiscal, según los artículos 350°/352° NCPP, pueden concretarse luego del
trámite de traslado a las demás partes -nunca antes- (fase escrita) y de la
realización de la audiencia preliminar (fase oral, que plasma la vigencia
calificada de los principios de oralidad y concentración).
La autoridad jurisdiccional, en audiencia, solo podrá resolver en
forma negativa o positiva, luego que las partes hayan oralizado sus
pretensiones, nunca antes. Solo cuando el juez, bajo el principio de
inmediación, escuche los fundamentos de las partes decidirá lo
conveniente y, luego pondrá en conocimiento a las partes también
oralmente en la misma audiencia salvo casos excepcionales previstos en
la ley. En efecto, en el artículo 123°2 del CPP de 2004 se establece que los
autos se expiden, previa audiencia con intervención de las partes,
siempre que así lo disponga el texto expreso del Código adjetivo.
De ese modo todas las decisiones asumidas en la audiencia
preliminar de la etapa intermedia, por su trascendencia, deben regirse
por los principios de inmediación, concentración, contradicción y
publicidad que son en realidad los verdaderos parámetros de un proceso
penal democrático. El juez debe tomar su decisión, luego de un debate
oral entre las partes. El debate con la participación activa del juez
profesional es la mejor manera que tiene el ser humano para minimizar
27 Acuerdo Plenario de fecha 13 de noviembre de 2009. Asunto: Control de la acusación fiscal.
Fundamento 12.
sus errores28. Aparentemente, el principio de oralidad tiene preeminencia
respecto de lo escrito, como medio de expresión entre los sujetos que
intervienen en el proceso penal, sin embargo, en el modelo acusatorio
adoptado por el CPP de 2004, no hay preeminencia de lo oral sobre lo
escrito o viceversa. Ambos van de la mano. Lo escrito genera lo oral hasta
el punto que, sin requerimiento escrito, no hay debate oral en audiencia.
La importancia de ambos es correlativa, los requerimientos escritos
generan el debate oral en audiencia y el debate oral genera finalmente la
decisión judicial, la misma que puede ser oral o escrita como el auto de
enjuiciamiento que siempre es escrito. En conclusión, de acuerdo a lo
regulado en nuestro CPP, la audiencia más elemental es generada por un
requerimiento escrito.
De igual manera, si alguna de las partes no está de acuerdo con la
decisión oral o escrita adoptada por el juez, en los casos que proceda,
podrá interponer el recurso impugnatorio que corresponda en forma oral.
No es procedente que la parte que se considera afectada con la decisión,
se reserve, ni se abstenga de contestar a la pregunta si va a interponer
recurso, para hacerlo luego por escrito. Esta es la interpretación
razonable del artículo 405 del CPP de 2004. El literal “b” del citado
numeral prevé que el recurso impugnatorio puede ser oral o por escrito.
La interposición oral solo cabe respecto de resoluciones expedidas en
audiencia, supuesto en el que el recurso se interpondrá luego de darse
lectura a la resolución que la motiva29; no obstante, la fundamentación
puede hacerse por escrito en el plazo que establece la Ley.
28 Del Río Labarthe, Op. Cit., 2010, p. 49. 29 Esta es la interpretación asumida por las Salas Penales de la Corte Suprema, en la Casación Nº 33-
2010-Puno del 11 de noviembre de 2010. Aquí la Sala Penal Permanente declaró infundado el recurso de
casación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución de vista que confirmó la
resolución del juez de investigación preparatoria que declaró improcedente el recurso de apelación
4.6. DURACIÓN DE LA ETAPA INTERMEDIA
De la lectura del contenido del CPP de 2004 se concluye que el
legislador no ha previsto plazo de duración de la etapa intermedia como
por ejemplo ocurre con la etapa de investigación preparatoria. Lo único
que podemos advertir es que esta etapa del proceso penal, comprende
desde el momento que el fiscal responsable del caso dispone la conclusión
de la investigación preparatoria hasta que se dicta el auto de
enjuiciamiento o se dicta la resolución que declara el sobreseimiento del
caso por parte de la autoridad jurisdiccional30.
La disposición fiscal por la cual dispone la conclusión de la
investigación preparatoria es, en definitiva, el último acto realizado por
el fiscal, donde pone de manifiesto que la investigación cumplió su
objetivo o también que el plazo legal se venció, y se materializa en una
disposición que el fiscal tiene la obligación de notificar a los demás
sujetos procesales.
En estricta interpretación de la normatividad procesal se tiene que
luego que el fiscal emite la disposición dando por concluida la
investigación preparatoria y notifica a los sujetos procesales, se inicia
automáticamente la etapa intermedia que la dirige el juez de la
interpuesto en contra de una resolución oral. El recurso fue interpuesto por escrito. En el caso concreto,
luego de oralizarse en audiencia la resolución que declaró fundado el requerimiento de tutela de derechos,
la fiscal se limitó a señalar que no estaba de acuerdo y solicitó se le notifique y haga llegar los audios
correspondientes a fin de evaluar las medidas y acciones, en relación a los hechos materia de audiencia. 30 En el mismo sentido Neyra Flores, Op. Cit., 2010, p. 300. Ore Guardia, Op. Cit. 2012, p. 78.
investigación preparatoria31. Luego que dispone el cierre de la
investigación preparatoria, el fiscal queda obligado a emitir su
pronunciamiento de fondo y de forma inexorable está obligado a hacerlo
llegar al juez de investigación preparatoria. No tiene otra alternativa
legal. Desde que se declara el cierre de la investigación, el fiscal pierde
discrecionalidad para por ejemplo, ampliar o proseguir con la
investigación, quedarse con la investigación por el tiempo que considere
necesario, etc. Incluso como ya se expresó, si el fiscal no cumple con
emitir el pronunciamiento que corresponda dentro del término de ley, o
dentro del plazo que le ha otorgado el juez en los casos de control de
plazo, incurre en responsabilidad disciplinaria.
Cuando el artículo 344° del CPP de 2004 establece que, dispuesta
la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal decidirá en el
plazo de 15 días si formula acusación o si requiere el sobreseimiento de la
causa, se refiere a una parte de la etapa intermedia. No existe otra sub
etapa entre la conclusión de la investigación preparatoria y la
presentación del requerimiento fiscal de acusación o de requerimiento32.
En consecuencia, la etapa intermedia comprende el tiempo que
lleva al fiscal, entre los actos más trascendentes, a formular su
correspondiente requerimiento que puede ser de acusación o de
sobreseimiento. Esto es, quince días si de mutuo proprio ha dado por
concluida la investigación preparatoria (344°.1 CCP) o, diez días si es el
juez el que ordenó la conclusión de la investigación preparatoria, luego de
un procedimiento de control de plazo (343°.3 CCP).
31 En parecido sentido, Del Río Labarthe enseña que el cierre de la investigación preparatoria fija la pauta
que constituye el fin de esta etapa y, en consecuencia, que da inicio a la etapa intermedia. Op. Cit., 2010,
p. 50. 32 Cfr. Burgos Alfaro, El inicio de la Etapa Intermedia, en Gaceta Penal y Procesal Penal, T. 30, diciembre
2011, Lima, p. 262.
Presentado el requerimiento escrito al juez de la investigación
preparatoria, este correrá traslado del requerimiento a los demás sujetos
procesales por el plazo de diez días (345°.1 y 350°.1 CPP) con la finalidad
de que se pronuncien respecto del requerimiento efectuado por el titular
de la acción penal. Luego de vencido el término antes indicado, el juez
está obligado a convocar a la audiencia preliminar de la etapa intermedia
(345°.3 y 351°.1 CPP). Audiencia que las partes saben el día de inicio,
pero no pueden saber por cuánto tiempo se prolongará.
El plazo razonable que tiene el juez para celebrar la audiencia
preliminar de la etapa intermedia, sin duda, dependerá de la naturaleza
jurídica del o los hechos punibles investigados, de la complejidad del
caso, de los planteamientos que hayan efectuado las partes, del número
de peticiones que realicen las partes en la audiencia preliminar, etc. Por
lo tanto, como atinadamente sostiene el profesor Sánchez Velarde33, el
plazo de la etapa intermedia dependerá de la actuación judicial y fiscal
con observancia al principio de celeridad procesal, principio que dicho sea
de paso, se pone en cuestionamiento cuando las audiencias de control de
requerimientos fiscales se suspenden más de dos oportunidades por la
inasistencia del abogado del imputado. En esto casos, el juez de
investigación preparatoria, en su labor dinámica y de control, debe hacer
efectivo los apercibimientos y sanciones que prevé el artículo 85 del CPP
de 2004, modificado por la Ley N° 30076, publicada el 19 de agosto de
2013, con la evidente finalidad que no vuelva a suceder en procesos
posteriores34.
33 Op. Cit., 2005, p. 113. También Op. Cit., 2009, p. 174. 34
TODO CONSTITUYE UN CAPÍTULO DE MI LIBRO “LA ETAPA INTERMEDIA Y RESOLUCIONES
JUDICIALES SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004”, ed. Grijley, 2014.
