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Los PolíticosPUBLICACIÓN ESPECIALIZADA MARTES 29 DE AGOSTO DEL 2017 • Año IX • Número 367 • Ciudad de México

EN LA ARENAEl SNA tiene la oportunidad de cubrir expectativas: académicos.

Gustavo de Hoyos

Con Odebrecht el gobierno

está a prueba

GERARDO A. HERNÁNDEZLa clave es vigilar cómo se llega al servicio público

TRANSPARENCIA

POR COLOMBIA

IONUT VALCULos rumanos defendieron su sistema en las calles

EMBAJADA DE

RUMANIA EN MÉXICO

EDUARDO BOHÓRQUEZLa corrupción no la realizan unosimprovisados

TRANSPARENCIA

MEXICANA

Corrupción e IP

2 Los Políticos MARTES 29 de agosto del 2017

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JORGE NACER GOBERAPRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL

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DIEGO BADILLO

EDITORALEJANDRO J. RÍOS

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es una publicación de el economista grupo editorial, s.a. de c.v. impreso 29 de agosto del 2017. editor responsable: luis miguel gonzález márquez. av. san jerónimo 458, col. jardines del pedregal, c.p. 01900, ciudad de méxico. teléfonos (0155) 5326-5454, fax 5687-3821 y 5682-9070. certificado de licitud de título número 3735 y de contenido número 3152 del 13/iv/1989. expedidos por la comisión calificadora de publicaciones y revistas ilustradas de la secretaría de gobernación. no. de reserva al título en derechos de autor 04-2010-062514292800-107 franqueo pagado. talleres: santander no. 25, col. san rafael azcapotzalco, delegación azcapotzalco, c.p. 02010 , ciudad de méxico. distribución: el economista grupo editorial, s.a. de c.v. santander 25 col. san rafael azcapotzalco, delegación azcapotzalco, c.p. 02010, ciudad de méxico. fun da do en di ciem bre de 1988. suplemento los políticos, año ix, no. 367 pro hi bi do usar in for ma ción de el eco no mis ta en si tios web. de re chos re ser va dos.

El año pasado las empresas mexicanas pagaron 1,600 millones de pesos por actos de corrupción. El más común fue dar dinero para agilizar trámites 64.6%; según los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reconocieron haber pagado para este in.

Entre más grande es una empresa, más vulnerable es de ser víctima de actos de corrupción.

534 de cada 10,000 microempresarios dijeron haber sido víctimas de algún acto de corrupción y más del doble, es decir, 1,317 grandes empresas, sufrió alguno de estos hechos.

El impacto es mayor en las microempresas debido a que el promedio de gasto en corrupción es de 12,243 por cada unidad económica, lo que representa una mayor parte de las utilidades, dependiendo del tamaño de ésta.

TRES DE CADA CINCO EMPRESAS

INCURREN EN CORRUPCIÓNranking de los estados en donde más empresas fueron víctimas de actos de corrupción realizados por servidores públicos tasa por cada 10,000 empresas

tasa de actos de corrupción por cada 10,000 empresas según el tipo de trámite tasa por cada 10,000 empresas

media nacional de empresas víctimas de actos de corrupción tasa por cada 10,000 empresas

561 por cada

10,000

1.6 mil millones de

pesos

costos nacionales derivados de caer en actos de corrupción

12,243 pesos en un

año (2016)

lo que le cuesta en promedio a una empresa incurrir en actos de corrupción

quintana roo

tlaxcala

morelos

estado de méxico

puebla

ciudad de méxico

nayarit

guerrero

oaxaca

chiapas

2,077

2,019

1,835

1,663

1,551

1,504

1,504

1,452

1,263

1,123

frecuencia de los actos de corrupción en relación con el tamaño de las empresas tasa por cada 10,000 empresas

micro

pequeña

mediana

grande

534

1,049

1,175

1,317

principales motivos por los que empresarios incurren en actos de corrupción porcentaje de frecuencia

agilizar trámites

evitar multas o sanciones

obtener licencias o permisos

evitar clausuras

pagar menos impuestos

evitar inspecciones

obtener un servicio

ganar contratos gubernamentales

participar en licitaciones

64.6 39.4

30.7

29.7

29.3

25.0

22.2

13.9

12.9

contacto con autoridades de seguridad pública

averiguaciones previas o carpetas de investigación

distintos juicios

permisos para giros especiales

juicios laborales o mercantiles

permisos para importaciones y exportaciones

permiso para uso de suelo

permiso para construcción

inscripción en procesos de licitación

conexión a la red eléctrica

2,753

1,557

1,545

1,245

1,114

1,057

986

881

714

652

gráfico ee. fuente: inegi.

infográfico: alejandro j. ríos

Corrupción e IP

3Los Políticos MARTES 29 de agosto del 2017

¿Odebrecht y el socavón de Cuernavaca son la prueba de fuego para el SNA?

La prioridad para accionar lo mejor posible el Sistema Nacional Anticorrupción parte de dos puntos: uno, que sea nombrado el fiscal antico-rrupción, el proceso está detenido en el Senado, recibieron expedientes de aspirantes pero no se efectuaron ciclos de entrevistas. Y para poder aplicar las tipificaciones sobre actos de corrup-ción, se tiene que integrar la figura jurídica. Por lo que, en este momento, no se tendrían resultados favorables en caso de retomar estos casos.

Por otra parte, es relevante una segunda reforma para tener una fiscalía anticorrupción autónoma. »

Ante la presunta corrupción en los casos de Odebrecht y del socavón, existe la oportunidad de mostrar que el Sistema Nacional Antico-rrupción representa un cambio con el pasado. Ambos casos son, entre otras razones, fruto de una serie de omisiones por parte de distin-tas autoridades, quienes, por motivos aún desconocidos, no revisaron que los procesos de contratación y ejecución de obras públicas se llevaran a cabo correctamente. No obstante, a la fecha, la omisión ha sido doble ya que las autoridades no han demostrado que tienen intenciones de esclarecer los hechos en tiempo y forma. En este contexto, será especialmente relevante el papel del Comité de Participación Ciudadana, quien ante la falta de voluntad política de algunas instituciones que integran el Comité Coordinador, deberá, con ayuda del resto de la sociedad, alzar la voz para evitar la opacidad y falta de consecuencias que suelen imperar en estos casos. »

Paradójicamente, el Sistema Nacional Antico-rrupción se echó a andar (es un decir) a la par de que explotaron dos de los casos emblemáticos de corrupción en el actual gobierno federal: el soca-vón del Paso Exprés y los sobornos de Odebrecht. Ambos ilustran la urgente necesidad de que México cuente con una fiscalía independiente que persiga la corrupción, porque en las actuales condiciones la impunidad está garantizada.

Veamos el caso Odebrecht: tres delatores en Brasil han confesado que entre abril y junio del 2012 depositaron 3.1 millones de dólares a una firma offshore establecida en Islas Vírgenes Britá-nicas que atribuyen a Emilio Lozoya, en aquellos días coordinador de vinculación internacional del entonces candidato Enrique Peña Nieto. ¿Quién colaboraba en la misma campaña presidencial del PRI? Nada menos que Raúl Cervantes, el actual titular de la PGR. ¿Quién puede creer que el Pro-curador investigará a su compañero de andanzas, y menos aún, que indagará a fondo para determi-nar si hubo dinero sucio en la contienda de la que él fue defensor legal? Sería un acto suicida, de ponerse él mismo la soga al cuello.

En el caso del Paso Exprés, además del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, se debería llamar a cuentas a Benito Neme, titular de la Capufe, pues la obra ya había sido entregada y corres-pondía a esa instancia la labor de supervisión carretera; una alerta a tiempo pudo haber evitado la tragedia. En este caso surge otro conflicto de intereses: Neme es compadre del presidente y también fue abogado, junto con el actual Procu-rador, de la campaña del PRI en el 2012.

La verdadera prueba de fuego del Sistema Nacional Anticorrupción será actuar contra los poderosos e intocables. »

Leticia Cuesta Madrigal,

directora ejecutiva de Sonora Ciudadana

AC.

Rodrigo Bolaños,

investigador de desarrollo

económico y social,

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

Raúl Olmos, periodista de

Mexicanos Contra la Corrupción.

Socavón y Odebrecht no son prueba de fuego del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin fiscal anticorrupción la nueva legislación penal para combatir la corrupción no ha entrado en vigor. El sistema no cuenta con las piezas me-dulares para someterlo a una prueba definitiva.

Pero sí se trata de un momento clave para definir qué tan optimistas son las expectativas de los ciudadanos sobre el sistema. Entre más positivas sean, el arranque será mejor.

La credibilidad ciudadana es el sustento de un sistema anticorrupción sólido. Un activo muy difícil de obtener hoy en México. Hong Kong tiene un sistema muy exitoso, 90% de sus denuncias proviene de ciudadanos, no de autoridades. Aquí, los ciudadanos percibimos la corrupción como una enfermedad sin cura. Es prioritario generar confianza en que el SNA podrá remediarlo, lo cual requiere que, empe-zando por el CPC, haga más visible su esfuerzo. No es indispensable esperar al fiscal antico-rrupción, para mostrar un ánimo de combate. »

Mariana Campos, coordinadora del

Programa de Gasto Público y Rendición

de Cuentas de México Evalúa.


Odebrecht es la pruebade fuego para la PGR

Eduardo Bohórquez

En México se están echando a andar los motores de un sistema anticorrupción y están empezando a ocurrir cosas, dice el director de Transparencia Mexicana

“Adonde no hay que entrar es a esta falsa discusión, que, como no hay fiscal anticorrupción, no se puede investigar el caso (Odebrecht relacionado con Pemex)”.

Por Diego Badillo y Lidia [email protected]

No hay ninguna necesidad de espe-rar el nombramiento del fiscal anti-corrupción para procesar el caso de presuntos actos de corrupción en el que habrían incurrido funcionarios mexicanos relacionados con el caso Odebrecht, aseveró enfático el di-rector de Transparencia Mexicana (TM), Eduardo Bohórquez.

Entrevistado al término de su par-ticipación en el panel “La corrupción empresarial: ¿Cómo nos afecta?”, organizada por Diálogos Conectas, dijo que se trata de un asunto que se puede investigar y procesar perfec-tamente desde la Procuraduría Ge-neral de la República (PGR), por lo que a lo que se tiene que estar muy atento es en que esa dependencia fe-deral actúe.

“No se necesita el nombramiento del fiscal anticorrupción para inves-tigar en este tema”.

En ese sentido enfatizó que con los cambios al andamiaje legal relacio-nados con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ahora es posible, y es una obli-gación de la Procuraduría General de la República, investigar los presuntos casos de corrupción en Pemex rela-cionados con Odebrecht sin que ha-ya una denuncia.

Además, en este caso se trata de un caso confeso por la empresa, pues, desde finales del 2016, Odebrecht firmó un acuerdo con el ministerio público de la Confederación Helvé-tica, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Ministerio Pú-blico Federal de Brasil por el que se compromete a pagar 2,000 millones de dólares en multas por los daños

cometidos por actos de corrupción. Es decir, confesó que corrompió a autoridades, entre ellas, de México.

Concretamente, directivos de la constructora brasileña Odebrecht confesaron que la empresa pagó 788 millones de dólares a autoridades de 12 países, de los cuales, 10.5 millones se dieron a autoridades mexicanas para favorecer a la compañía en la adjudicación de contratos.

Bohórquez planteó que conforme avancen las investigaciones sobre este caso, seguramente se van a em-pezar a conocer otros nombres de exfuncionarios que habrían partici-pado en actos de corrupción relacio-nados con la constructora brasileña.

Puntualizó que para quitar las du-das generadas en la opinión pública sobre este asunto, lo importante es que se investigue y sancione a los responsables y el procurador tiene

facultades para hacerlo. Hay que estar muy atentos a que sí inicie una investigación contra quien resulte responsable y dentro de esa inves-tigación podrían estar los cinco o los seis nombres que se han mencionado en el acuerdo extrajudicial u otros.

“Adonde no hay que entrar es a es-ta falsa discusión, que, como no hay fiscal anticorrupción, no se puede investigar”, amplió.

En ese sentido, Eduardo Bohór-quez destacó que la única manera de quitar suspicacias a las relaciones entre servidores públicos es inves-tigando y revelando los nombres de quienes estén imputados de delitos de corrupción.

El experto en temas de corrupción opinó que no puede ponerse el caso Odebrecht como la prueba de fuego del Sistema Nacional Anticorrup-ción, pues en todo caso es la prueba

Corrupción e IP


Los focos del tema

de fuego para la Procuraduría Gene-ral de la República.

Si la Procuraduría quiere confir-marle a la opinión pública su inde-pendencia, su capacidad técnica y su destreza de investigación, tiene que investigar el caso Odebrecht. Recor-dó que el Sistema como tal no inves-tiga, quien lo hace es la Procuraduría General de la República.

Consideró que lo que está su-cediendo en México es que están echando a andar los motores de un sistema y empezando a ocurrir co-sas. El 19 de julio el auditor superior de la Federación apenas tuvo faculta-des para iniciar auditorías en tiempo real. “Estamos echando a andar los motores y no podemos pensar que va a funcionar igual en todas partes”.

Bohórquez expuso que si lo que se busca es una prueba de fuego hay que estar atento a lo que ocurra con

el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, a quien se le relaciona con presuntos actos de corrupción “por-que si se nos fuga otro exgobernador que esté bajo investigación, entonces sí podemos pensar que estuvieron confabulándose autoridades para que sí ocurriera”.

Dijo que el indicador que marcará el fracaso del Sistema Nacional An-ticorrupción será si no desmantela redes de corrupción.

El especialista planteó que si bien el caso Odebrecht involucra sobor-nos cuantiosos, habría que poner atención también en otros casos que incluso podrían ser más grandes en términos de los beneficios que ob-tuvieron las personas que realizaron actos corruptos.

Puso como ejemplo la venta de terrenos aledaños a las playas de Quintana Roo a particulares duran-

te la administración del gobernador Roberto Borge.

“A mí 10.5 millones de dólares me parece delicadísimo (que habría pagado Odebrecht a funcionarios mexicanos), es un caso global de co-rrupción, pero es mucho más delica-do lo que pasó en Quintana Roo: los 45,000 millones de pesos, que es de lo que está acusado el exgobernador de Quintana Roo (Roberto Borge)”.

“Odebrecht es importante por emblemático, pero para mí es tan emblemático ese caso como Nayarit, Veracruz o Chihuahua”.

LA CORRUPCIÓNOPERA EN REDESBohórquez enfatizó que hay una sola forma de corrupción y es la que ope-ra en redes y siempre llega a los par-ticulares y a las empresas y de estas últimas pueden ser grandes corpo-raciones globales, bancos globales, chicas o fantasmas, pero siempre hay una relación perfecta entre lo público y privado.

Mencionó que hasta hace relati-vamente poco tiempo sólo estaban en las conversaciones sobre temas de corrupción la cabeza de la red o gobernadores, pero no se había to-mado en cuenta que en una red no solamente hay funcionarios, sino también financieros, prestadores de servicios, como los bancarios y em-presas fantasmas, ya sea para ofrecer protección o extraer renta de los ac-tos de corrupción.

También dijo que en casos extre-mos la forma más perniciosa de co-rrupción, y es a la que nos estamos acercando como país, es la captura del Estado, y se da cuando un grupo de interés dice: para qué los soborno si nos podemos hacer del Estado y operarlo desde adentro.

Asimismo, el director de Trans-parencia Mexicana destacó que la corrupción no es un crimen pasio-nal, nadie corrompe por amor, pues siempre se trata de una operación que se planea en el restirador; siem-pre hay planificación, y cada vez más compleja, con un horizonte de tiem-po diferente. Planean a largo plazo.

¿El caso Odebrecht es la prueba de fuego para el Sistema Nacional Anticorrupción?

Yo no lo pondría como la prueba de fuego del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta es la prueba de fuego para la Procuraduría General de la República.

Si la Procuraduría quiere confirmarle a la opinión pública su independencia, su capa-cidad técnica y su destreza de investigación, tiene que investigar el caso Odebrecht. No es al sistema, porque éste tiene otras funciones y otros mandatos. El sistema no investiga. La prueba de fuego es para la Procuraduría.

Eduardo Bohórquez

• Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

• Cuenta con estudios de maestría en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra.

Se ha

desempeñado como:

• Director general de Transparencia Mexicana, desde 1999 hasta ahora, y director ejecutivo de la Fundación Este País AC.

• Consultor, One World, Demet y Grupo Desc.

Eduardo Bohorquez

@ebohorquez

www.tm.org.mx

No se necesita el nombramiento del fiscal anticorrupción para investigar en este tema”.

foto: hugo salazar


Por Lidia [email protected]

Que los casos de presuntos actos de corrupción en Pemex así como el del Paso Exprés de Cuernavaca no sean investigados ni sanciona-dos será por un mal trabajo de la Procuraduría General de la Repú-blica (PGR) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), las cuales prefieren encubrir que castigar a los corruptos, aseguró Marcela Torres Peimbert.

En entrevista, la secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Se-nado de la República expuso que estos casos no son la prueba de fuego del Sistema Nacional Anti-corrupción, pues, señaló, aunque éste no existiera, sería facultad de la PGR y de la SFP investigar y sancionar a los culpables de actos de corrupción.

Sin embargo, detalló, ninguno de los titulares de esas institucio-nes está ejerciendo sus facultades, más bien, dijo, se “están lavando las manos” y prefieren encubrir a los corruptos.

“Si casos de corrupción no son sancionados, es por culpa de un mal trabajo del procurador actual y de la Secretaria de la Función Pública, no del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Desde su perspectiva, los titu-lares de la PGR, Raúl Cervantes, y de la SFP, Arely Gómez, ambos senadores del PRI con licencia, actúan de manera completamen-te militante y partidista.

En ese sentido, recordó que cuando Josefina Vázquez Mota informó que contendería por la gubernatura del Estado de México abanderada por el Partido Acción Nacional, la PGR anunció que el

padre y los hermanos de la panis-ta eran investigados por presunto lavado de dinero.

“A los que no hacen sí les toca, y a los que sí hacen no les toca nada. Por eso estamos peleando fuerte-menente por un Sistema Nacio-nal Anticorrupción real, porque tenemos una justicia totalmente militante del PRI gobierno”.

Torres Peimbert advirtió que es “terrible” que quien encabeza la PGR actúe con absoluta irres-ponsabilidad y no apegado a de-recho para investigar y sancionar a quienes han violado las leyes.

“Hemos tenido procuradores dormidos porque a los exgober-nadores mexicanos que han de-tenido los han agarrado en otros países, no aquí. No tenemos una captura importante dando señas claras de que quieren pelear con-tra la corrupción en este sexenio”.

URGE APROBAR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICALa legisladora del Partido Acción Nacional aseguró que es urgente que se discuta y apruebe la crea-ción de la Fiscalía General de la República así como que se dé el nombramiento de su primer fis-cal, pero es requisito indispensa-ble, destacó, que ambos gocen de plena autonomía.

“Para qué queremos 80 siste-mas anticorrupción encabezados por este mismo procurador gene-ral de la República que se ha en-cargado de encubrir la corrupción del presidente de la República”.

Mencionó que la actuación del procurador actual ha dejado mucho que desear, pues en una administración que ha estado plagada de actos de corrupción como ninguna otra, nada ha sido sancionado, y puso como ejem-

MARCELA TORRES

PGR y SFP prefieren encubrir

que castigar Si casos de corrupción no son sancionados, es por culpa de un

mal trabajo del procurador actual y de la secretaria de la Función Pública, no del Sistema Nacional Anticorrupción, señala

Para qué queremos 80 sistemas anticorrupción encabezados

por este mismo procurador general de la República, que se ha encargado de encubrir la corrupción del presidente de la República”.

Marcela Torres

• Nació el 7 de octubre de 1961 en Querétaro.

• Es licenciada en Edu-cación Especial por la Universidad de las América y maestra en Psicoterapia Familiar Sistémica por el Instituto de la Familia AC.

Se ha desempeñado como:

• Senadora de la República• Diputada federal.• Presidenta del sistema

municipal del DIF en Querétaro.

• Presidenta honoraria del sistema estatal para el DIF de Querétaro.

• Delegada del CEN del PAN en Aguascalientes.

Marcela Torres Peimbert

Marce_Torres7

marcetorres.org/

plos la casa blanca, la casa de Ma-linalco, el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca y Odebrecht.

“En el caso de Odebrecht, en todos los países hay presidentes y expresidente de la República juz-gados por sus propios procurado-res en la cárcel, aquí no tenemos nada, a nadie en la cárcel. La vo-luntad política para castigar a los corruptos no existe, la voluntad es de encubrir”.

Consideró que no contar con una fiscalía de la República autó-noma es en gran medida porque el PRI lo ha obstruido desde el Poder Legislativo. “El sistema nacional anticorrupción tiene como con-dición primaria tener un fiscal autónomo, y a eso el PRI se ha negado durante más de un año. Por presión de la sociedad el pre-sidente mandó una iniciativa para que se quitara el pase automático, esa iniciativa y todos sus dictáme-nes están detenidos por el PRI”.

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Corrupción e IP


Por Lidia AristaFoto: Zulleyka [email protected]

En los casos del Paso Exprés de Cuernavaca y los presuntos actos de corrupción en los que habrían incurrido funcionarios mexicanos relacionados con el caso Odebre-cht, no va a haber castigos ni san-ciones, y no porque el Sistema Nacional Anticorrupción carezca de capacidad para tender y casti-gar a los responsables, sino por-que ciertas instituciones que con-forman el sistema están alineadas a una red de complicidad, aseguró Luis Humberto Fernández.

En entrevista, el integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Se-nado de la República explicó que en ambos casos hubo dos tipos de violaciones: la administrativa y la penal, por lo que sería responsa-bilidad de la Secretaría de la Fun-ción Pública así como de la Pro-curaduría General de la República iniciar las respectivas investiga-ciones para llegar a las sanciones correspondientes, sin embargo, atajó: “No se van a investigar en-tre cómplices. Son corruptos, no suicidas.

“¿Cuándo se han investiga-do casos de corrupción? El an-tecedente más cercano y por la presión popular fue el de la casa

blanca que investigó la Secretaría de la Función Pública para decir que no había pasado nada. Esta-mos frente a un sistema en el cual

LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ

Entre cómplices no se investigan

Hay un alto nivel de contubernio entre funcionarios de dependencias de gobierno y la mafia de la obra pública, advierte

el integrante de la Comisión de Anticorrupción del Senado

La espina dorsal de la corrupción

en México está en la construcción de la infraestructura”.

Luis Humberto Fernández

• Nació el 24 de julio de 1970 en Ciudad de México.

• Es maestro en Admi-nistración Pública por el lNAP.

• Tiene estudios de doc-torado en Administración Pública.


• Director de Prospectiva y Proyectos Especiales en la Presidencia de la Repú-blica.

• Miembro de la Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro (lAPAS).

• Director ejecutivo del Diálogo para la Recons-trucción de México (DIA).

Luis Humberto Fernández Fuentes

estos vasos comunicantes y hasta relaciones económicas políticas y de complicidad están muy ama-rradas y no se puede desatorar inercialmente”.

En ese sentido, el también maestro en Administración Pú-blica por el lNAP recordó que las instituciones de gobierno que forman parte del Sistema Nacio-nal Anticorrupción actúan bajo cierta línea. Recordó que en mayo pasado, cuando se propuso que el Ejecutivo federal informara sobre las denuncias de espionaje gu-bernamental contra periodistas y activistas, los representantes del gobierno en el Comité Coordina-dor del SNA (INAI, TFJA, ASF, SFP y CJF) votaron en contra.

El senador de la fracción legis-lativa PT-Morena enfatizó que ello está generando el riesgo de que el

Sistema Nacional Anticorrupción se vuelva una simulación.

Dijo que a ello contribuirían también los nombramientos de los 18 magistrados anticorrupción que envió el presidente Enrique Peña Niego, que el fiscal antico-rrupción que se nombre no sea independiente y que las institu-ciones representantes del gobier-no no operen con transparencia y con apego a principios, sino a cierta línea.

“No es que el sistema nacio-nal anticorrupción esté fallando, lo que está fallando es el nivel de complicidad que hay en la pro-curación de justicia, el ejercicio del presupuesto y esta mafia de la obra pública que hay en México”.

Aseguró que pese a que en los casos del Paso Exprés de Cuerna-vaca y los presuntos actos de co-

rrupción en Pemex no pase nada, no se puede dar al Sistema Nacio-nal Anticorrupción por muerto, pues será con el paso de los años cuando éste empiece a dar resul-tados. Pero para ello, expuso, aún hay que dar la lucha particular-mente en lograr que el nombra-miento del fiscal anticorrupción sea totalmente independiente, así como que los magistrados que integren el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tengan el perfil correcto y no lleguen a esa instancia para bloquear sanciones administrativas.

En ese sentido, el legislador re-firió que hay que recordar que el Sistema Nacional Anticorrupción puede sancionar por dos vías: pe-nal y administrativa, a cargo de la PGR y del TFJA, pero por sí mismo no puede hacerlo.

“El sistema anticorrupción tie-ne dos canales: la vía administra-tiva y la vía penal. La vía adminis-trativa la quieren cooptar a través de estos magistrados que propu-sieron, y la vía penal, a través del fiscal. Entonces, ¿qué es lo que quieren amarrar?: la posibilidad de sanción”, detalló.

OBRA PÚBLICA, ESPINADORSAL DE LA CORRUPCIÓN Para el senador, el caso del soca-vón y el de los presuntos sobor-nos en Pemex son la síntesis de la corrupción que ha marcado este sexenio y que ha tenido como constante obra pública y cons-tructoras. Casa blanca, Malinalco, OHL, Paso Exprés de Cuernavaca, expuso, son sólo algunos de los casos representativos de ese mal llamado corrupción que debe ser atacado ya no sólo por un man-dato moral, sino de supervivencia del Estado.

“Al día siguiente de la elección en el Estado de México, las accio-nes de OHL le suben 5.5%; ¿qué tiene que hacer una empresa pa-ra subir su valor de esta forma vinculado a un elección?, obvia-mente presuponen que va a incre-mentar su valor por este tipo de conexiones con el gobierno. Eso habla del estrecho vínculo entre las constructoras, el gobierno y los procesos electorales, y por eso hemos venido afirmando que la espina dorsal de la corrupción en México está en la construcción de la infraestructura”.


Gustavo de Hoyos

Vayamos por corruptos más allá de las fronteras

El TLCAN debe prever la posibilidad

de que los actos de corrupción

sean rastreables y sancionables sin

que los límites territoriales sean un

obstáculo, plantea el presidente de la

Coparmex

Diego Badillo y Lidia AristaFoto: Natalia [email protected]

En el caso Odebrecht hoy está a prueba la de-cisión política del Poder Ejecutivo Federal para demostrar su compromiso con el combate a la corrupción, aseveró el presidente de la Confe-deración Patronal de la República Mexicana (Co-parmex), Gustavo de Hoyos.

En entrevista, dijo que también está a prueba la capacidad técnica de la Procuraduría General de la República para encausar de manera eficaz a quienes se señalan como responsables de estos hechos.

Asimismo, expuso que la renegociación del TLCAN debe incluir la capacidad de persecución de corruptos sin importar fronteras territoriales.

¿Cómo están pensando que pudiera relacionarse el tema de la corrupción con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que están en marcha?Nosotros pensábamos que la competitividad de una región económica como es NAFTA pasa, desde luego, por cuestiones de carácter arance-lario pero también en una etapa madura tiene que ver con que haya condiciones homogéneas del Estado de Derecho, tan es así que desde un principio hay, por ejemplo, disposiciones en materia de solución de controversias pero hubo aspectos del Estado de Derecho que también de-ben de irse comentando, que es el abatimiento de las prácticas de corrupción.

En este tema, vemos con buenos ojos la pro-puesta que han delineado los gobiernos, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá, para que se incorporen en el Tratado algunas disposiciones en materia anticorrupción. En este sentido las discusiones que pretendemos que puedan darse tienen que ver con dos grandes rubros: uno de ellos, para regular la relación de empresa-em-presa y por otro lado, para regular las relaciones de empresas con gobiernos.

En esos dos apartados, en la Coparmex hemos tenido, de tiempo atrás, una participación en lo que, podemos llamar, es el mecanismo más importante en definición de políticas públicas a nivel mundial en materia anticorrupción, que es el Comité Anticorrupción del BIAC, es el brazo empresarial de la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económicos y en este comité se han ido desarrollando estas recomendaciones cobre las prácticas de integridad que deberían irse incorporando a investigaciones nacionales.

Si logramos que las que están previstas en el documento del BIAC se incorporen en el TLC y éste tenga mayor fortaleza, porque son prácti-cas que serían exigibles no nada más en el ám-bito doméstico sino también en el ámbito de los países, eso podría generar condiciones para que tanto las empresas extranjeras que hacen nego-cios en México como los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y Canadá se puedan apegar a esta mejor práctica.

En caso de que prosperara esta propuesta y se aprobara, ¿en qué podría cambiar a la hora de investigar un hecho de corrupción, por ejemplo, el parecido a Odebrecht?No entraría en detalles muy técnicos que no puedo profundizar por las condiciones que te-nemos de secrecía, pero sí puedo tratar de des-cribirlos de manera que sea suficientemente cla-ra. De lo que se trata es de que las acciones que se cometan en corrupción en cualquier país de la región y por cualquiera de las empresas que ope-ran en la misma sean rastreables y sancionables como parte de una relación multirregional.

Esto implicaría que hubiera mecanismos de rastreo, de prevención, de seguimiento y tam-bién de sanción mucho más ágiles de los que ahora podemos encontrar, tiene que ser com-pletamente aislado lo que tiene que ver con un país que lo que tiene que ver con otro país.

De lo que se trata es de que estas acciones no sean fácilmente eludibles por parte de las em-presas que incurran en materia de corrupción, porque su rastreo iría más allá de las fronteras de ese país, iría a toda la región.

Muchas veces se piensa que al hacer negocios a lo que menos se apela es a los escrúpulos y más al objetivo de generar ganancias, pero, realmente, ¿qué tan importante es para los hombres de ne-gocios que el país en donde se pretenda invertir no sea corrupto?Cada vez es más importante. En el mundo entero las prácticas de integridad están invariablemen-te en las más altas prioridades de los ejecutivos en jefe de las compañías multinacionales. No es

Gustavo de Hoyos

• Es originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

• Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y licenciado en Administración de Empresas por el Cetys-Universidad.


• Presidente del Centro Empresarial de Mexicali de Coparmex.

• Presidente de la Federación Noroeste de Coparmex.

• Es socio y director general de la empresa de servicios legales y consultoría de negocios De Hoyos y Avilés.

• Presidente del H. Patronato de la Universidad Autónoma de Baja California.

Gustavo De Hoyos Walther

gdehoyoswalther

coparmex.org.mx

Corrupción e IP


No puede concluir esta administración pública federal sin que se dé una muestra inequívoca de perseguir y sancionar los casos de corrupción emanados de la propia administración federal”.

un tema menor, son temas que le aportan directa-mente a la alta dirección porque en muchas legisla-ciones nacionales las conductas de corrupción que llevan a cabo las sucursales las empresas subsidia-rias de una empresa nacional son punibles, tienen consecuencias en su territorio, no importa dónde se hayan celebrado.

Dicho de otra manera, hay una preocupación cre-ciente por las sanciones que pueda tener un emplea-do invitado, forzado o provocado por alguna autori-dad de un país.

Hay casos en donde los riesgos de ser cooptados

hacen que algunas empresas hayan desistido o re-valorado invertir en México por el riesgo que implica reputacionalmente reunirse con autoridades las que están etiquetadas como corruptas.

Es un tema que sí puede ser la diferencia entre una inversión extranjera media a una de alto desempeño.

¿Qué tan importante es que en el caso de Odebrecht, donde ya se tiene confesas las irregularidades rela-cionadas con corrupción en varios países, realmente se encuentre y castigue a los culpables?

Es fundamental en cualquier país que los casos de

corrupción y particularmente los que tienen esa trascendencia por su magnitud y por la implicación de autoridades gubernamentales tengan un castigo ejemplar.

En el caso particular de la constructura brasile-ña Odebrecht, me parece que está a prueba uno: la decisión política del Poder Ejecutivo para poder demostrar su compromiso con el combate a la co-rrupción. Dos: está a prueba la capacidad técnica de la Procuraduría General de la República para en-cauzar de manera eficaz a quienes se señalan como responsables de estos hechos.

La no actuación exhaustiva y oportuna por parte de las autoridades del Estado mexicano en un ca-so que en todo el mundo ha tenido consecuencias, sería un elemento que generaría una gravísima per-cepción de impunidad y de ausencia de un com-promiso real o de una eficacia verdadera, o las dos cosas, por parte del gobierno federal con el comba-te a la corrupción.

No puede concluir esta administración pública federal sin que se dé una muestra inequívoca de perseguir y sancionar los casos de corrupción ema-nados de la propia administración federal.

Hasta ahora los mexicanos únicamente hemos visto que se procesen casos de corrupción de go-bernadores, pero no hemos visto un solo caso rele-vante en el que el Poder Ejecutivo Federal procese un caso de corrupción que se presente en un alto nivel de la administración.

Me parece que está en juego la credibilidad del combate a la corrupción en México con este caso.

¿Considera necesario contar ya con la Fiscalía Gene-ral de la República y que ésta sea autónoma?Es fundamental que en el próximo periodo ordina-rio de sesiones se inicie el trámite de una reforma constitucional a fondo para crear una verdadera Fiscalía General de la República, dotada de plena autonomía y de las capacidades institucionales para poder garantizar la persecución de los delitos, incluidos, aunque no limitados a, los delitos en ma-teria de corrupción.

Nosotros pensamos que la propuesta que se es-tá construyendo por los colectivos más visibles en este tema, como son #Vamospormás y #Fiscalía-quesirva, representan una gran oportunidad para que el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo muestren su compromiso con una fiscalía general de la República verdaderamente autónoma.

Nos parece que esta propuesta que se estará pre-sentando este martes debería ser analizada y discu-tida para que pueda ser una reforma constitucional antes de que concluya el año.

¿También es importante que se dé el nombramiento del Fiscal Anticorrupción para que esté completo el Sistema Nacional Anticorrupción?En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción es fundamental que se lleve a cabo el nombramien-to del fiscal especializado porque en los términos que se aprobó la ley en la materia el año pasado, en tanto no haya un nombramiento de fiscal especia-lizado, no entran en vigor los nuevos tipos penales para perseguir casos de corrupción. De tal manera que estamos ante la impunidad perfecta, no obstante que ya se aprobaron estos cambios el año pasado, porque hay un transitorio que dice que mientras no se haga esta designación son inaplicables estos casos, de tal manera que el peor latrocinio que se cometa hoy va a quedar im-pune dado que legalmente no ha entrado en vigor este texto.


Por Héctor Molina

[email protected]

Después de la caída del régimen estalinista encabezado por Nico-lae Ceausescu, en 1989, Rumania ha vivido una serie de profundas transformaciones económicas y sociales, en especial, en el combate a la corrupción.

Así lo demostraron las multitu-dinarias manifestaciones susci-tadas en febrero pasado, las “más grandes” desde la caída del régi-men socialista, han citado medios internacionales. El pueblo rumano tomó las calles de la capital, Buca-rest, para exigir que se mantuvie-ran sus leyes anticorrupción ante un decreto gubernamental que aprobaba la despenalización de los delitos de cohecho cometidos por funcionarios que involucraban menos de 44,000 euros (900,000 pesos mexicanos).

La polémica medida buscaba, de acuerdo con las versiones gu-bernamentales, reducir la sobre-población penitenciaria en el país. No obstante, unos días después de aprobado ese decreto fue deroga-do por el entonces premier, Sorin Grindeanu, quien señaló entonces, en un mensaje al pueblo rumano, que se había escuchado “la voz de la calle”.

Siempre una reforma que inclu-ye el tema de la justicia despierta “mucha pasión y mucho debate, entonces ese fue también uno de los episodios de Rumania (…) has-ta ahora no ha habido ningún otro cambio, somos igual que antes de ese episodio” relató a El Econo-mista Ionut Valcu, jefe de Misión Adjunto de la embajada rumana en México.

En el 2002, cinco años antes de que Rumania se integrara a la Unión Europea (UE), se creó la

IONUT VALCU

Los escarmientosdeben ser públicos

En México se ve voluntad para atacar

el problema, dice el Jefe de Misión

Adjunto de la embajada rumana

en el país

No puede haber un mercado que

funcione correctamente si no tienes también instrumentos que combatan a la corrupción”.

IONUT VALCU,jefe de Misión Adjunto de la embajada

rumana en México.

foto: zulleyka hoyo

Procuraduría Nacional Antico-rrupción, actualmente, Dirección Nacional Anticorrupción (DNA).

El combate al cohecho era uno de los requisitos para ingresar al mercado común.

“No puede haber un mercado que funcione correctamente si no tienes también instrumentos que combatan a la corrupción, que no interfieran en cómo funciona el mercado”, indicó Valcu.

En los últimos cinco años el país ha sometido a juicio por corrup-ción a jueces, ministros, parla-mentarios e incluso ex primeros ministros. Sin embargo, los hechos de concusión entre los ciudadanos, la de los pequeños sobornos, aún sigue siendo un problema latente.

De acuerdo con el último es-tudio publicado por la Comisión Europea sobre corrupción en el eurobloque, 25 % de los rumanos, “el segundo porcentaje más alto en la UE”, se la ha pedido o espera pagar sobornos, en tanto que 95 % considera que la corrupción está extendida por el país.

COMBATIR CORRUPCIÓN DA “CREDIBILIDAD” A UN PAÍS El diplomático aseveró que entre las experiencias que puede aportar su país a México se encuentra que el combate a la corrupción impulsa el crecimiento económico.

“Cuando un país toma medidas

serias para combatir la corrupción se fomenta toda la credibilidad de eses país en los ojos de los inver-sores extranjeros, pero también en los ojos de los propios empresarios que tiene el país”, aseveró Valcu.

El diplomático europeo agregó que a México se le ve con buenos ojos en el combate al cohecho debido a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual ha constituido “un primer paso” muy importante, precisa, sin embargo, las reformas de jus-ticia llevan su tiempo, así como ha sucedido en Rumania.

“Cualquier reforma en la justicia no es fácil de hacerla, ni en el ca-so de Rumania fue todo de un día para otro, en donde de repente nos encontráramos con todo un siste-ma de lucha contra la corrupción, son cosas difíciles que hay que ne-gociar”.

Los actores políticos siempre tienen que encontrar la mejor variante para luchar contra la co-rrupción. Lo importante es la vo-luntad que se ve en México por lu-char contra la corrupción, añadió.

Por otra parte, en materia social, dijo, se debe generar confianza con los ciudadanos sobre acciones gu-bernamentales, quienes a través de los medios de comunicación, que difunden los casos, desarrollan in-tolerancia a los hechos cometidos por funcionarios o particulares.

Corrupción e IP RUMANIA


El principal problema radica en la forma en la que se accede al poder”.

GERARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ

MONTES,director de Transparencia

por Colombia.

GERARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ

Gobiernos locales, el mayor reto

Esas instancias son frecuentemente penetradas por intereses criminales o empresariales, destacó

el director de Transparencia Colombia

Por Héctor Molina

[email protected]

La corrupción tiene la capacidad de penetrar y absorber institu-ciones enteras, las cuales con el tiempo asumen como parte de su día a día actos indebidos, ante es-tos casos, autoridades decididas, pero sobre todo, las herramien-tas correctas, permiten combatir efectivamente la problemática, afirmó Gerardo Andrés Hernández Montes, director de Transparencia por Colombia, el capítulo local de Transparencia Internacional.

En entrevista vía telefónica con El Economista expuso que así co-mo en el país sudamericano, como en México, la fortaleza de las ins-tituciones, sumada a la voluntad política, puede generar una ecua-ción contundente para el combate al cohecho.

Sobre la voluntad política de los funcionarios, abundó, es de pri-mera importancia saber cómo y bajo qué argumentos y compro-misos llegan los políticos a enca-bezar a las instituciones.

En Colombia “hoy sabemos que el principal problema radica en la forma en la que se accede al poder y en gran medida si esos mecanis-mos de acceso al poder ya vienen penetrados, influidos por intere-ses particulares, por intereses cri-minales. Es muy probable que una vez en el ejercicio de ese poder se haga a favor de esos intereses, es decir, que se devuelvan favores y por supuesto que se gobierne y que se termine tomando decisiones que no son las adecuadas”, precisó el funcionario.

EL 21 DE JULIO

PASADO, el Presidente Juan Manuel Santos promulgó la Ley 1849 que aumenta la eficacia del Código de Extinción de Dominio para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a los corruptos. foto: especial

La “captura” de las institucio-nes por la corrupción expande el problema a rubros como las con-trataciones públicas o incluso el financiamiento de campañas y lleva, también, a condicionar las plazas en el servicio público para aquéllos que se sumen a la red de corrupción, teniendo “cuotas bu-rocráticas”, agregó.

En el país sudamericano, des-tacó Hernández Montes, la parte más problemática son las adminis-traciones de los gobiernos locales, los cuales son frecuentemente pe-netrados por intereses, ya sea cri-minales o incluso empresariales.

“Muchas veces en este nivel subnacional no ha habido la capa-cidad del Estado por poder ejercer un control al ejercicio del poder, incluso acorralar realmente a los grupos criminales en algunos lu-gares del país (…) hay de manera más reciente unas expresiones de esa captura muy asociadas a la

participación de algunos sectores privados empresariales, ya no co-mo víctimas de la corrupción, sino como actores que hacen parte de la misma y en ese sentido es muy importante involucrarlos a ellos en este proceso” de combate a la corrupción, consideró el directivo.

Asimismo, Gerardo Hernández Montes detalló que para combatir de forma real y eficiente la malver-sación de recursos, el nepotismo o el tráfico de influencias, los go-biernos deben hacer una análisis profundo sobre los hechos, para luego generar políticas públicas que abarquen la complejidad de las redes de concusión.

EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN Y SU IRÓNICO CASOEn Colombia, recientemente el ti-tular de la Fiscalía Anticorrupción de esa nación, Luis Gustavo More-no, fue imputado por las autorida-des estadounidenses y colombia-

nas, a tan sólo ocho meses de ser investido en el cargo público, por ser cómplice en una red de tráfico de influencias que encubría actos de corrupción de un gobernador colombiano.

En específico se le acusa de so-licitar sobornos por alrededor de 10,000 dólares al gobernador de la región de Córdoba, Alejandro Lyons con el objetivo de que el fis-cal le proporcionara información al exgobernador sobre los testigos que declararían en su contra, en el juicio que se le sigue por malversa-ción de recursos públicos, además de pagarle por entorpecer cual-quier avance del caso.

Hernández Montes indicó que ese caso preocupa especialmente a Transparencia por Colombia ya que por su naturaleza la Fiscalía Anticorrupción es “una pieza no-dal del rompecabezas” en el com-bate al cohecho y más en este caso, cuando se trata de su titular.

“Esto mina en gran medida la credibilidad, la confianza de la ciudadanía en una institución tan importante, y en ese sentido es que hemos planteado que no sola-mente es importante por supuesto hacer la investigación específica del caso como tal, sino también tomar medidas más amplias de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción dentro de la misma entidad pública y sobre todo poder conocer desde la ciudadanía cómo se están tomando y cuáles son los criterios para la selección de estos cargos que son más estratégicos y más importantes”, relató.

El director de Transparencia por Colombiarecisó también que el caso ha traído el debate en ese país sobre la discrecionalidad con la que los altos funcionarios eligen a sus subordinados, ya que, en este caso, el fiscal anticorrupción an-dino es elegido directamente por el fiscal general de la república.

COLOMBIA


Corrupción e IP

Calendario electoral hoja por hojaSe elegirá Presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales, además de 2,818 autoridades locales

Berenice Ayala Gonzá[email protected]

A las 8 de la mañana del 3 de ju-nio del 2018 se abrirán las casillas electorales para elegir al próximo presidente de la República. Con ello inicia la segunda etapa del proceso que arrancará el 8 de sep-tiembre próximo, cuando el Ins-tituto Nacional Electoral publique su calendario de la contienda.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son cuatro las etapas del proceso electoral: preparación de la elección, inicio de la jornada electoral, resultados y declaracio-nes de validez así como dictamen y declaraciones de validez.

Cada etapa está encaminada para que el 1 de diciembre del 2018 el nuevo presidente de la Repú-blica tome posesión. Se elegirán también 128 senadores y 500 di-putados federales, además de 2,818 autoridades locales, de las cuales son ocho gobernadores y el jefe de Gobierno.

CRONOLOGÍA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL

8 SEP 2017

Inicio del proceso con la publicación oficial del

calendario electoral, atendiendo a la dispuesto en el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Preparación de la elección

1a semana AGO 2017

Fecha límite para que cada partido determine

conforme a sus estatutos el procedimiento para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular.

artículo 226

párrafo 2:La determinación deberá ser co-municada al Consejo General den-tro de las 72 horas siguientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso interno, el méto-do o métodos que serán utilizados, la fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente, los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno, los órganos de dirección responsables de su con-ducción y vigilancia.

3 al 9 SEP 2017

Primera sesión del Con-sejo General del Instituto

Nacional Electoral.

12 al 18 OCT 2017

Solicitud de registro de convenio de coalición.

12 al 17 NOV 2017 Inicio de las precampañas. No podrán durar más de 60 días.

artículo 227,

párrafo 2:Se entiende por actos de precam-paña electoral las reuniones pú-blicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precan-didatos a una candidatura se diri-

gen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el ob-jetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

OCT 2017

Fecha límite para que el Consejo General determi-ne los topes de gasto por

precampaña y por precandidato. El tope será 20% de lo que se es-tableció para las campañas inme-diatas anteriores.

artículo 229,

párrafo 3 y 4:Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampa-ña dentro del plazo antes estable-cido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de pre-campaña establecido por el Conse-jo General serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candi-datura que hayan obtenido.

1 al 15 ENE 2018

Registro de la plataforma electoral de cada partido

ante el Consejo General del INE. Se deberá expedir una constancia

15 al 22 FEB 2018

Registro de candidatos por los siguientes órganos:

I. Los candidatos a diputa-dos de mayoría relativa, por

los consejos distritales. II. Los candidatos a diputa-dos electos por el principio

de representación proporcional, por el Consejo General.

III. Los candidatos a sena-dores electos por el principio

de mayoría relativa, por los con-sejos locales correspondientes.

IV. Los candidatos a sena-dores electos por el princi-

pio de representación proporcio-nal, por el Consejo General.

V. Los candidatos a pre-sidente de los Estados

Unidos Mexicanos, por el Consejo General, órgano que, supletoriamente, podrá registrar las candidaturas referidas en las fracciones I y III.

Tentativamente

15 al 25 FEB 2018

Veriicación por parte de los consejos de que el candidato cumple con todos los requisitos que marca el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tentativamente

25 al 28 de febrero

Los consejos generales locales y distritales registrarán las candidaturas que hayan cum-plido los requisitos. El secretario ejecutivo del instituto o los voca-les ejecutivos, locales o distritales, según corresponda, tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de candidaturas, dando a cono-cer los nombres del candidato o fórmulas registradas y de aqué-llos que no cumplieron con los requisitos.

artículo 240

párrafos 1 y 2:El Consejo General solicitará opor-tunamente la publicación en el Diario Oicial de la Federación de la relación de nombres de los can-didatos y los partidos o coaliciones que los postulan.En la misma forma se publica-rán y difundirán las cancelaciones de registros o sustituciones de candidatos.

día posterior a la sesión

de registro de las candida-

turas (tentativamente 1 de

marzo del 2018)

Inicio de lascampañas políticas

artículo 251,

párrafo 1:Las campañas electorales para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, en el año que corresponda, tendrán una duración de 90 días.

Inicio de la jornadaelectoral

8:00 horas del 3

de junio del 2018.

resultadosy declaraciones de validez

inicia:

con la remisión de docu-mentación y expedientes electo-rales a los consejos distritales.

concluye : con los cómputos y decla-

raciones que realicen los conse-jos de los institutos o, en su caso, con las resoluciones que emita el tribunal electoral

dictamen y declaraciones devalidez de la elección inicia:

cuando se da resolución o con la constancia de que no se interpusieron recursos jurídicos para corregir, modiicar, revocar o anular las resoluciones que se consideran no legales.

concluye:

cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral aprueba el dictamen que contenga el cóm-puto inal y las declaraciones de validez de la elección y del presi-dente electo.


CRONOLOGÍA DEL PROCESO ELECTORAL DE LA CDMX

Inicia proceso electoralde la CDMX.

31 AGO 2017

Fecha límite que debe aparecer en la cédula de respaldo ciudadano que de-ben entregar quienes aspiren de manera

independiente a algún cargo público.

1a semana OCT 2017

Se faculta a las autoridades electorales para realizar los ajustes necesarios a las fechas y plazos del proceso electoral.

artículo 314.

Para la candidatura de jefa o jefe de Gobierno la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudada-nos equivalente a 1% de la lista nominal de electores correspondiente a la Ciudad de Mé-xico, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección.

12 al 18 OCT 2017

Solicitud de registro de convenio de coalición por parte de los actores

políticos

3a semana OCT 2017

Límite para los partidos políticos para dar inicio formal al proceso interno de

selección de precandidatos.

3a semana NOV 2017

Inicio de precampañas para seleccionar a los candidatos para jefe de Gobierno. No podrán durar más de 60 días.

artículo 275,

párrafo 3:

Las precampañas para seleccionar a los can-didatos a diputados del Congreso de la Ciudad de México, titulares de alcaldías y concejales, no podrán durar más de 40 días, y cuando sean concurrentes con la elección de jefe de Gobierno darán inicio la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección; cuando se renueve solamente el Congreso y las alcaldías darán inicio en la primera semana de enero del año de la elección

15 al 22 de febrero del 2018

Recepción de solicitudes de registro para candidatos para jefe de Gobierno

de la Ciudad de México, para diputaciones por el principio de mayoría relativa y proporcional, para alcaldes y concejales

Inicio de campañas electorales para

ocupar la Jefatura de Gobierno8 de abril del 2018

(tentativamente)

8 de mayo del 2018

(tentativamente)

Inicio de campañas electorales para ocupar los cargos de diputaciones de mayoría relativa y alcaldes.

5 de julio del 2018

Término de campañas políticas.

Inicio de la jornada electoral

8 JUL 2018

11 de julio del 2018

Fecha límite para que los consejos dis-tritales conformen y envíen el expedien-te electoral con los cómputos de los re-

sultados para ocupar los cargos de alcaldes y concejales al Instituto Electoral.


Sesionarán los consejos distritales a efecto de expedir la Constancia de Mayoría quienes hubiesen obtenido el

triunfo en las diputaciones (Artículo 459).


Fecha límite para que los consejos dis-tritales conformen y envíen el expedien-

te electoral con los cómputos de los resultados para ocupar los cargos de jefe de Gobierno y diputaciones por representación proporcional al Instituto Electoral.


El Consejo General celebrará sesión para efectuar el cómputo total de las

elecciones de la Jefatura de Gobierno y de diputaciones de representación proporcional y expedir las constancias correspondientes (Artículo 460).

fuentes: ley general de instituciones y procedimientos electorales / código de instituciones y procedimientos electorales de la ciudad de méxico / ley general de partidos políticos


Mónica Uribe

CON LA POSTURA DE

Corrupción e IP

APENAS FALTAN tres días pa-ra que el presidente Peña rinda su V Informe de Gobierno. Muy lejos estamos de la parafernalia del día del presidente que ya va para 17 años de su desaparición. Ni discurso ante el Legislativo ni besamanos posterior. La reforma del artículo 69 constitucional, realizada en el 2014, práctica-mente exime al jefe del Ejecutivo de comparecer ante Legislativo, simplemente tiene que presentar un informe escrito y enviar a los secretarios del despacho a que comparezcan, en caso de que el Legislativo lo solicite. Pese a todo, subsiste la ilusión de que el presi-dente se apersone ante el Congre-so y dé un mensaje a la nación.

Por temporada preelectoral de facto, tenemos la gran ventaja de que no hubo un largo bombardeo mediático con los logros guber-namentales. Antes, a principios de agosto iniciaba la campaña en medios para informar (antes del Informe para que no quedara du-da) sobre los grandes avances de la administración federal. Ahora, gracias a las modificaciones lega-les, nos ahorramos la contamina-ción auditiva y visual generada por los informes de alcaldes y gober-nadores y hasta diputados. Obvio, la propaganda por el Informe pre-sidencial subsiste, pero nos aho-rramos alrededor de tres semanas de comerciales machacones.

Y para dar sustento a sus dichos, el presidente Peña, desde abril, aprovechó su estancia en diversas localidades para grabar el mate-rial audiovisual del informe. Tomó vísperas. En abril estuvo en Tlax-cala, donde visitó una escuela pri-maria; en Colima el estado más violento del país para el 10 de mayo inauguró dos hospitales. En Puebla, la protesta de unos cam-pesinos de Cuetzalan le impidió grabar el spot; pero en Mérida, se paseó por el Museo de Antropolo-gía de Mérida y tuvo un encuentro con el cantautor Armando Man-zanero, de los que queda constan-cia en video. Y en San Luis Potosí, donde dio el banderazo de regreso a clases, contempló el eclipse, jun-to con el secretario Aurelio Nuño, cuyo lapsus linguae conmocionó a la opinión pública.

Sabemos, por un comunicado del 15 de agosto pasado, que del 2013 a la fecha, México ha reci-bido la cifra récord de 156,000 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, lo que repre-senta 99% de la meta esbozada en el Plan Nacional Desarrollo.

Pero es una cosa extrañísima que uno busca información en el sitio web del gobierno federal so-bre el Quinto Informe y se requie-re un nombre de usuario y con-traseña. ¿Es eso transparencia?

El Informeque viene

¿Por qué razón los ciudadanos de a pie no podemos acceder a esa información?

Por más que se nos quiera mostrar que ha habido avance, prevalece la impresión de que el socavón de la carretera Cuerna-vaca-Acapulco fue producto de las ineficiencias y de la corrupción tanto de las empresas construc-toras como del gobierno. Tam-bién, la impresión generalizada es que la estrategia de combate a la violencia y al crimen ha sido un fracaso. Con más de 12,000 asesi-natos en lo que va del año, ¿quién podría creer que hemos avanzado en materia de seguridad? Las fa-llas se reflejan claramente en que, hoy por hoy, Enrique Peña Nieto tiene una aceptación de apenas 20% según las encuestas.

La corrupción es el tema que ronda cualquier opinión infor-mada o no sobre el desempeño gubernamental. Por ejemplo, la

comparecencia de Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, ante el Senado, dio cuenta tanto de la indignación de los senadores de oposición ante la ineficacia y corrupción en la obra pública, como de la falta de sensi-bilidad y de sentido común de los funcionarios encargados de la po-lítica de desarrollo carretero.

Pero hay otro tema más que ronda en torno al Quinto Informe de Gobierno: el famoso “piso pa-rejo” en campañas. Recordemos que hace poco más de un mes, el 16 de julio, la Comisión de Pre-rrogativas y Partidos Políticos del INE y los consejeros del INE el día 20 aprobaron los Lineamientos para Garantizar la Equidad entre los Participantes en la Contienda Electoral, por el cual se prohíbe, a partir del 8 de septiembre de es-te año, a los aspirantes a cargos de elección popular que ocupen puestos como dirigentes parti-

distas, servidores públicos, legis-ladores, e incluso sin cargo, que difundan propaganda contrata-da, adquirida o pagada; si no lo acatan, los gastos en propaganda contarán como gastos de pre-campaña o campaña. En suma, se prohibió que cualquier aspirante haga promoción de su precandi-datura o candidatura antes de los plazos legalmente previstos, por cualquier medio, con el propósito de evitar influir “indebidamente” en los electores. En consecuen-cia, ningún precandidato podrá presentar su informe de labores a partir del 8 de septiembre.

Por supuesto, una decisión así no podía ser aceptada debido a que el “piso parejo de verdad afecta a todos por igual. El PRD, Morena y Movimiento Ciudada-no insistieron en que la medida frenaría los candidatos de opo-sición y sería útil a los servidores públicos del PRI-gobierno”. En

la discusión interna, el represen-tante del PRD, Fernando Vargas, advirtió que la medida ayudaba a posicionar a los precandidatos del PRI, los secretarios Aurelio Nuño, Luis Videgaray cuyo re-trato al óleo como secretario de Hacienda fue apenas develado en un ceremonia “fastuosa” a la que acudieron varios miembros del gabinete y hasta sus predecesores en el cargo, Miguel Ángel Oso-rio Chong y José Antonio Meade, pues, de todos modos, sus activi-dades iban a ser promocionadas dentro del Informe presidencial, el cual definitivamente no se verá afectado. Aun así, causó tanto es-cozor la medida que hasta el PRI impugnó los lineamientos por considerarlos inconstituciona-les, impugnación que la Suprema Corte halló improcedente.

El caso es que se han presenta-do 336 impugnaciones ante la Sa-la Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-ción por parte de diversos actores políticos y sociales: hay recursos interpuestos por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televi-sión (CIRT), de todos los parti-dos, de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y de los gobiernos de Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo y el Es-tado de México. Lo mismo están diputados federales que locales, senadores y hasta alcaldes entre los promoventes. Todos los invo-lucrados gobiernos, partidos, proveedores de servicios como TV Azteca, entre otros parece que se pusieron de acuerdo, ex-trañísimo caso para los anales de la historia nacional, en que los lineamientos del INE no son fun-cionales para nadie.

Ante ello, los consejeros del INE, Pamela San Martín y Benito Nacif, señalaron que hay confu-siones en torno a los lineamien-tos. Ambos sostuvieron que el INE tiene atribuciones para generar lineamientos en el sentido en que lo hizo y que en ningún momento se buscó limitar la libertad de ex-presión de los aspirantes, sino que sólo buscaron garantizar condi-ciones de equidad.

Sin embargo, el hecho de que el presidente Peña, como Felipe Calderón en su momento, dé un mensaje a la nación el sábado 2 de septiembre, con motivo del quinto y penúltimo Informe de Gobierno, no puede considerar-se, como muchos piensan, un ac-to anticipado de precampaña en favor del PRI. Si el informe pre-sidencial favorece al partido en el poder, eso depende de los logros del gobierno (…) El argumento de que el Informe impide un “suelo parejo” electoral muestra las pa-radojas de la democracia.

foto: archivo


VERSIONESDiego Badillo

CON LA REFORMA constitu-cional en materia de combate a la corrupción publicada el 27 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se transformó el anterior Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el encargado de resolver asuntos re-lacionados con responsabilidades administrativas y determinar la legalidad o ilegalidad de aquellos procesos seguidos en contra de quienes realicen actos corruptos.

Esa instancia tiene nuevas atri-buciones para imponer sanciones a servidores públicos producto de responsabilidades administrati-vas graves según la ley así como a particulares que participen en actos vinculados con ese tipo de prácticas.

Derivada de la misma reforma, fue creada la Tercera Sección de la Sala Superior, que estará confor-mada por tres magistrados de la Sala Superior y cinco salas espe-cializadas, cada una integrada por tres magistrados. Dichas áreas tienen, entre otras atribuciones, resolver respecto de las fallas ad-ministrativas graves investigadas y substanciadas por la Auditoría

Las cartaspara el TFJA

jurídico de SAT. En tanto, María Zaragoza Sigler es magistrada de la sala regional en la Tercera Sa-la Metropolitana de la Ciudad de México y anteriormente fue se-cretaria técnica de la Comisión de Seguridad Social en el Senado.

Por otra parte, es muy sabido que hace falta nombrar el fiscal anticorrupción. Pero, además, que el Congreso apruebe la ley de obras públicas que reglamenta el artículo 134 constitucional.

Por cierto, si bien el 18 de julio del 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decre-to por el que se reforma el Códi-go Penal Federal, en materia de combate a la corrupción, ese do-cumento tiene un transitorio que indica que esos cambios entrarán en vigor una vez designado el fis-cal anticorrupción.

La buena noticia es que, a pesar de todos esos pendientes, no exis-te impedimento legal para que se pueda castigar cualquiera de los casos de corrupción que actual-mente son temas de preocupa-ción en la agenda pública, así que cualquier mexicano está en con-diciones de exigir que casos como Odebrecht y de varios exgober-nadores no queden impunes.

Superior de la Federación y los órganos internos de control co-rrespondientes.

También son las encargadas de imponer las sanciones que co-rrespondan a los servidores públi-cos y particulares que interven-gan en actos vinculados con faltas administrativas graves así como fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los da-ños y perjuicios causados al erario federal, estatal o municipal.

El problema es que hasta ahora no se han designado a los 18 ma-gistrados para ese Tribunal.

EPN NO DESCRIBIÓ LOSCRITERIOS DE SU PROPUESTAEl pasado 24 de abril, el presiden-te, Enrique Peña, envió al Senado de la República la lista de los 18 aspirantes a ocupar los cargos de magistrados de la tercera sección de la Sala Superior del tribunal, son Álvaro Castro Estrada, Jesús Rojas Ibañez y María Zaragoza Singler así como los 15 ciudadanos propuestos para fungir como ma-gistrados que integrarían las cinco salas especializadas.

El problema fue que, en el do-cumento en el que presentó su propuesta, el Presidente sólo en-vió una descripción curricular de cada uno de los aspirantes, pero

no explica claramente por qué consideró que ellos serían los idó-neos para esos cargos. Por eso se atoró la aprobación en el Senado.

De Castro Estrada se sabe que es Magistrado de la Décima Segunda Sala regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Ad-ministrativa. También se desem-peñó como magistrado presidente del Tribunal Federal de Concilia-ción y Arbitraje y en noviembre del 2015 fue candidato a ministro de la SCJN, cuando salió del cargo Juan Silva Meza.

Jesús Rojas Ibáñez es secretario de Estudio y Cuenta y Coordina-dor de la Ponencia de ministro de la SCJN. Fue administrador

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