la requisa personal en el proceso penal nacional

8/3/2019 La Requisa Personal en El Proceso Penal Nacional

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LLAA RREEQQUUIISSAA PPEERRSSOONNAALL EENN EELL PPRROOCCEESSOO PPEENNAALL NNAACCIIOONNAALL

GGAARRAANNTTAASS CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS CCOOMMPPRROOMMEETTIIDDAASS

EELL EEXXCCEEPPCCIIOONNAALL SSUUPPUUEESSTTOO DDEE LLAA AACCTTUUAACCIINN PPOOLLIICCIIAALL SSIINN OORRDDEENN

JJUUDDIICCIIAALL

I. Introduccin:

Sabido es que el Derecho Penal reprime conductas que violentan aquellos bienes

jurdicos que el propio Estado ha considerado dignos de tutela. A los fines de prevenir y

detectar esta clase de conductas nuestro ordenamiento procesal provee herramientas

diversas que aparecen como un justo lmite a los derechos individuales de las personas. En

este sentido, se ha sostenido: la historia del derecho procesal est constituida, en materiapenal, por la pugna entre la arbitrariedad y el respeto a las garantas individuales, por la

obtencin del debido balance entre el inters social de perseguir los delitos y el parejo

inters de esa sociedad en que no se lo haga dejando a un lado preciadas conquistas propias

del estado de derecho1.

Una medida trascendente de las que el Estado dispone es la requisa personal. Esta

medida se encuentra prescripta en los diversos digestos procesales, y consiste en la revisin

del cuerpo de una persona, o las pertenencias que sta lleva consigo, con el objeto de

obtener elementos probatorios que permitan el esclarecimiento de conductas delictivas.

Medidas de este tenor se hallan en contraposicin con derechos de raigambre

constitucional, fundamentalmente con el derecho a la intimidad, lo cual vuelve necesario

una regulacin que brinde certeros conocimientos a fin de determinar cundo la orden de

requisa personal resulta legtima y cundo se ha producido en violacin a la intimidad.

El presente trabajo centrar su atencin, entonces, en la regulacin de la requisa

personal en el mbito nacional. Pretenderemos determinar el alcance del instituto bajo

anlisis, ello con motivo de evitar su aplicacin indiscriminada en desmedro de los

derechos individuales.

Por otro lado, es dable reconocer que los problemas y discusiones relativas al tema

en estudio giran en torno a la actuacin policial, esto es, cuando los efectivos de la

1Ferreira, Rubn J. Cm. Nac. Crim. y Corr., Sala I , 19/04/1988,LA LEY1988-E , 269 (AR/JUR/187/1988,p. 1).


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seguridad deciden efectuar requisas personales por iniciativa propia (facultad otorgada por

el art. 184 inc. 5 y 230 bis del C.P.P.N.). Este tipo de actuacin se ha convertido en una

cuestin de gran trascendencia, pues, tal como advierte Julio Maier, la polica raramente

ordenar los registros por una resolucin antes documentada por escrito, pues opera casi

siempre por razones de urgencia2. Lo cierto es que los funcionarios policiales muchas

veces actan de manera autoritaria, sin reparar en las normas que regulan su actuacin y,

sin perjuicio de que su actividad se halla sujeta al ulterior control judicial, los jueces suelen

verse influenciados por el xito de las operaciones. Este tipo de actuacin policial comporta

un menoscabo de los principios bsicos del Derecho Penal liberal, en aras de la funcin

preventiva, de donde, entendemos, se impone el estudio de diversos baremos como el que

ser objeto del presente trabajo.

En este sentido se analizarn, entonces, pronunciamientos jurisprudenciales detrascendencia, en donde efectivos policiales han dispuesto motu proprio requisas

personales, pretendiendo desasnar las incongruencias a las que han arribado nuestros

tribunales y determinar el porqu de la importancia de un control exhaustivo de la actividad

policial.

II. Concepto y requisitos para la procedencia de requisas personales:

La requisa personal es la medida de coercin procesal real por medio de la cual se

procura examinar el cuerpo de una persona y las cosas que lleva en s o consigo dentro de

su mbito de esfera personal, con la finalidad de proceder a su secuestro o verificacin, por

estar relacionadas con un delito3. Tal como advierte Maier la requisa no persigue un fin

en s misma, sino que, antes bien, sirve al hallazgo de rastros o al secuestro de cosas que

contienen rastros del hecho punible, elementos o instrumentos de l, o de su resultado4.

Previo al anlisis de la regulacin de la requisa personal, y a fin de evitar

confusiones, debemos distinguirla de la inspeccin corporal. La primera implica una

revisin externa y efmera sobre el cuerpo de la persona y/o su mbito de custodia, mientras

que la segunda comporta una indagacin interna en el cuerpo mismo del sujeto.

2 MAIER, Julio B. J., Derecho procesal Penal: parte general: actos procesales, t. III, 1 edicin, Ciudadautnoma de Buenos Aires, Ed. Del Puerto, 2011, p. 200.3 JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de la prueba en materia penal, 1 edicin, Buenos Aires, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 115.4 MAIER, op. cit., p.195.


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En el mbito nacional, los requisitos a los que se ha sujetado la procedencia de la

requisa personal se hallan en el art. 230 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, el cual

prescribe que: el juez ordenar la requisa de una persona, mediante decreto fundado,

siempre que haya motivos suficientes para presumir que oculta en su cuerpo cosas

relacionadas con un delito. Antes de proceder a la medida podr invitrsela a exhibir el

objeto de que se trate.

Los prrafos segundo y tercero de este artculo determinan la forma en que se debe

realizar la requisa y, en este sentido, determinan: que se harn separadamente respetando el

pudor de las personas; que si se efecta sobre una mujer deber ser practicada por alguien

de su mismo sexo; y, por ltimo, que la operacin se har constar en acta que debe firmar el

requisado, aunque, si no la suscribe, ello no obstar su realizacin (salvo causa justificada,

por lo que tambin se exige que el acta indique la causa). Todas estas cuestiones relativas alas formalidades que deben observarse al tiempo de efectuarse la medida no han suscitado

controversia alguna y, por lo tanto, no ameritan mayor anlisis.

Ahora bien, tal como surge del prrafo transcripto del art. 230 C.P.P.N, el legislador

ha sujetado la procedencia de la requisa personal a la presencia de los siguientes requisitos:

a- orden de un juez; y,

b- motivos suficientes para presumir que la persona ocultaba en su cuerpo cosas

relacionadas con un delito.

El primero de estos requisitos puede tener excepciones. En este sentido, el art. 184

inc. 5 del C.P.P.N. faculta a la polica y fuerzas de seguridad a realizar las requisas, con

arreglo al art. 230 del C.P.P.N., dando inmediato aviso al juez correspondiente. Sin

perjuicio de la autoridad que ordene la requisa personal, resulta ineludible que de las

circunstancias de hecho se pueda extraer claramente la presencia de motivos suficientes

para presumir que la persona objeto de la requisa ocultaba en su cuerpo cosas relacionadas

con un delito, lo contrario vuelve ilegtima la medida en cuestin. En este sentido, resulta

elocuente lo manifestado por Alejandro Carri quien sostuvo que todas las medidas de

coercin...reconocen como recaudo para su validez la existencia de motivos previos, sin los

cuales ni siquiera a un magistrado le est permitido ordenarlas5.

5 CARRI, Alejandro D. Garantas constitucionales en el proceso penal, 1 edicin, Buenos Aires, Ed.Hammurabi, 1984 (5 edicin, 2006, p. 253.).


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III- La legitimacin del juez para ordenar la requisa:

Como primera medida es dable mencionar que, en principio, el nico legitimado

para autorizar la medida intrusiva en anlisis resulta ser el Juez. Esa es la solucin que ha

adoptado nuestro ordenamiento procesal (art. 230 C.P.P.N.). Sin embargo los jueces no

podrn disponerlas arbitrariamente sino que debern emitir decisiones motivadas. An ms,

la eventual discrecionalidad de los jueces, en cuanto a la eleccin de los motivos que den

lugar a una requisa personal, se halla reducida a la presencia de motivos suficientes para

presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito. De lo expuesto debe

concluirse que, todo elemento de prueba obtenido en razn de una requisa dispuesta en

atencin a otro fundamento que no abastezca en la especie el estndar delineado por el

cdigo ritual, deber ser excluido de valoracin por parte de los jueces.

Por otro lado, la determinacin de las circunstancias que ameritan ser encuadradasen el criterio motivos suficientes no resulta tan sencilla como aparenta. Falcone y

Madina apuntan que no pueden darse reglas precisas sino que deben valorarse las

circunstancias de hecho en cada caso particular6. Con relacin a este tema la Cmara

Nacional de Casacin Penal, Sala IV, en el fallo H., M.A. expres que existe una causa

probable all donde los hechos y circunstancias de conocimiento...son suficientes en s

mismos para justificar que un hombre de prudencia razonable crea que se ha cometido o

est cometindose un delito7.

Asimismo, los hechos que motiven la medida deben estar referidos a cuestiones

objetivas. En este sentido, Granillo Fernndez y Herbel sostuvieron que no puede fundarse

la requisa en consideraciones de tipo personal (desalineo indumentario, desajuste de su

apariencia con el lugar donde transita, etc.) ni en expresiones genricas aplicables a

infinidad de supuestos (actitud sospechosa, conducta huidiza, mirada esquiva u otras) o

presuntos actos preparatorios definidos mediante conceptos genricos que no determinan la

conducta especfica a que se hace referencia (v.gr.: merodeo). En todos los casos, las

conductas que sean motivo de las diligencias, deben ser objetivadas mediante su

descripcin...8. En igual sentido Jauchen sostuvo que los fundamentos no pueden

6FALCONE, Roberto A. y MADINA, Marcelo A. El proceso penal en la provincia de Buenos Aires, 2edicin, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, 2007, p. 225.7H., M.A. Cm. Nac. Casacin Penal, Sala IV, 03/04/1997,LA LEY1998-B, p.3658 GRANILLO FERNNDEZ, Hctor M. y HERBEL, Gustavo A. Cdigo de Procedimiento Penal de laProvincia de Bueno Aires, 1 edicin, Buenos Aires, Ed. La Ley, 2005, p. 225.


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apuntalarse en meras conjeturas o intuiciones, sino que deben ser objetivos y basados en

hechos o datos concretos9.

IV. a- Actuacin policial sin orden judicial previa:

La medida de requisa personal puede ser dispuesta tambin por funcionarios

policiales y, como sealramos previamente, en la prctica se produce normalmente sin la

orden del juez. Dicha facultad se encuentra prevista por el art. 184 inc. 5 del C.P.P.N. que

dispone: Art. 184. Los funcionarios de la Polica o de las fuerzas de seguridad tendrn las

siguientes atribuciones... 5. Disponer con arreglo al artculo 230, los allanamientos del

artculo 227, las requisas e inspecciones del artculo 230 bis y los secuestros del artculo

231, dando inmediato aviso al rgano judicial competente.... La facultad de los

funcionarios de la seguridad se halla sujeta a la concurrencia de dos requisitos. El primerode ellos se desprende de la lectura del citado artculo, la remisin al art. 230 del mismo

cuerpo legal, vuelve ineludible la necesidad de que existan motivos suficientes para

presumir que el sujeto requisado oculta elementos relacionados con un delito. En segundo

trmino, debemos reconocer que la medida podr ejercerse nicamente en tanto existiera

urgencia en su realizacin (requisito de impostergabilidad en los trminos de Maier10). Esto

es, siempre que sea posible, deber requerirse la orden judicial, excepto que dicho

requerimiento comporte una dilacin en perjuicio del proceso (v.gr. si el elemento que se

presume oculta la persona pudiera deteriorarse, perderse, etc.). Si bien el requisito de

urgencia al que aludimos no ha sido determinado expresamente por el Cdigo de rito, esta

ha sido la interpretacin armnica que la mayora de nuestros autores ha extrado de la

facultad policial conferida en el art. 184 del Cdigo Ritual.

A favor de esta postura se ha dicho que la polica est facultada a disponer medidas

de coercin sin orden judicial en casos de urgencia, en supuestos en que no sea prctico

requerir la orden, por la posibilidad de que el procedimiento se frustre... Cuando la polica

acta en estos supuestos de urgencia, es claro que no por ello desaparecen los recaudos de

motivo previo para actuar y de lmites a la actuacin policial, la cual debe estar

razonablemente relacionada con dicho motivo previo11. En igual sentido Granillo

9 JAUCHEN, op. cit., p. 120.10 MAIER, op. cit., p. 198.11 CARRI, op. cit, p.256.


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Fernndez y Herbel expresan que para legitimar estas diligencias sin orden judicial,

debern documentarse tanto las circunstancias que la justifican (motivos suficientes

para sospechar que la persona posee objetos vinculados con un delito) como su carcter

urgente (posibilidad de descubrir pruebas que ante la demora a la espera de la orden

pudieran desaparecer)12.

Afianzan este entendimiento diversos fallos, los que tambin se han expresado -

como veremos- en relacin a los motivos suficientes. Entre otros, es destacable lo

resuelto en el fallo Barbeito en el que, citando a Marcelo Finzi, se expres que una requisa

personal puede ser practicada de motu proprio por los oficiales o auxiliares de la polica,

slo excepcionalmente: a) cuando hay motivos vehementes para presumir que el sujeto

lleva sobre su persona cosas que puedan ser tiles para la investigacin ("motivos

suficientes", art. 230 C.P.P.N.) y b) siempre que exista una razn de "urgencia" (art. 184inc. 5 C.P.P.N.) que aconseje no postergar el acto13. En igual sentido se resolvi el caso

H., M.A. citado oportunamente.

Por su parte, en el mbito bonaerense, el Tribunal de Casacin Penal -Sala III-

sostuvo, respecto de la actuacin policial, que la existencia de motivos es fundamental,

pues de otro modo, los preventores tendran ms facultades que los jueces... La facultad de

la polica para llevar a cabo la requisa es de carcter excepcional en relacin al juez y a su

vez se deben verificar dos situaciones: a) justificacin del acto, es decir, la existencia de

motivos suficientes para sospechar de una persona y b) este segundo aspecto se relaciona

con la urgencia del caso pues de exigir una orden judicial previa se frustrara el resultado de

la operacin. Los preventores que intervengan, deben fundar lo actuado de modo tal de no

impedir el control de la razonabilidad de la medida"14.

Sin perjuicio de lo expuesto, debemos hacer hincapi en la necesidad de controlar

exhaustivamente la actividad policial, pues la polica suele actuar autoritariamente, sin

reparar en las normas que regulan su actuacin y, menos an, en las que amparan los

derechos fundamentales de los individuos y, si bien ulteriormente son los jueces quienes

12 GRANILLO FERNNDEZ Y HERBEL, loc. Cit.13Barbeito, Eduardo C. Cm. Nac. Casacin Penal, Sala II, 14/06/1994, La Ley 1995-I-582 (La Ley online,p. 5).14D.A.O. S. / Recurso de Casacin Trib. Cas. Penal Bs. As., Sala III, 10/05/2004, RSD-163-5 S 10-05-2005(documento digital, p. 15).


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determinarn acerca de la validez de la requisa dispuesta por la polica, stos suelen verse

influenciados por el xito de la operacin.

IV. b- Criterios jurisprudenciales relativos a las facultades policiales:

Sin lugar a dudas el mayor dficit en lo que atae al tema bajo anlisis en el

presente trabajo se ha producido en nuestros tribunales, los que han extrado dispares

interpretaciones al tiempo de expedirse respecto de la facultad conferida por el art. 184.5

del C.P.P.N. En este sentido es dable distinguir entre aquellos fallos que han adoptado una

postura permisiva, admitiendo la validez de requisas personales efectuadas por personal

policial sin orden judicial fundada previa (ms all de los dismiles argumentos

esgrimidos), y, por otro lado, aquellos que han adoptado una postura limitativa de la

actuacin de los efectivos policiales, visualizando en ellas un avasallamiento contra laintimidad.

Por el criterio permisivo se han expedido, entre otros, los siguientes fallos:

- Fernndez prieto: Sin duda alguna el fallo de mayor resonancia en lo que a

requisa personal refiere es el resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nacin en la

causa Fernndez Prieto15. El hecho transcurri en Mar del Plata. Efectivos policiales

interceptaron un automvil en el que se transportaban tres sujetos arguyendo que se

encontraban en actitud sospechosa. Sin otro motivo ordenaron descender del automvil a

sus ocupantes y procedieron sin ms a requisar el mismo, hallndose en su interior un arma,

proyectiles y marihuana. Fernndez Prieto fue condenado en razn del procedimiento

reseado a la pena de 5 aos de prisin y multa de $3.000.

Llegado el caso a la corte nacional, la defensa plante la nulidad de lo actuado con

fulcro en el hecho de que se haba omitido describir en qu consisti la actitud sospechosa,

por un lado, y en el hecho de que el caso deba asimilarse a lo resuelto por el mismo

tribunal en el caso Daray16, por el otro. Sin perjuicio de lo resuelto en el citado fallo, la

Corte Suprema rechaz la asimilacin del caso Fernndez Prieto con los hechos

15Fernndez Prieto, Carlos A. y otro, CSJN, 12/11/1998, LA LEY, 1999-B-284 -LA LEY1999-D -LA LEY1999-D, 662DJ1999--2, -161.16 En el fallo Daray se haba producido una detencin, tildada de ilegtima por la CSJN -por carecer defundamentos-, y a causa de la que se produjera una serie de acontecimientos de los que se obtuvieron diversoselementos probatorios, todos ellos imposibilitados de ser meritados por el alto tribunal en tanto fueronobtenidos como consecuencia de aquella primitiva detencin ilegal


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acaecidos en Daray. Se sostuvo que, en este ltimo, se cuestionaba una detencin ilegal,

mientras que en Fernndez Prieto se analizaba la requisa de un automvil que dio lugar a la

posterior detencin (considerando 6 del citado fallo). Descartada la analoga entre los

hechos que se produjeran en los fallos Daray y Fernndez Prieto, el voto mayoritario de la

corte en el ltimo de stos sostuvo que la requisa era vlida en tanto existan razones de

urgencia para no demorar el procedimiento... al tratarse de un vehculo en circulacin

(considerando 16 del fallo citado) rechazando de esta manera el requerimiento de nulidad

defensista.

El voto de la minora se encarg de poner de manifiesto la falta de sustento fctico

en el cual reposar la operacin los agentes policiales (recordemos que stos nicamente

invocaron una presunta actitud sospechosa). El acta policial que detall la operacin

omiti explicitar qu era lo sospechoso de la actitud de los pasajeros del automvil, nofueron exteriorizadas las razones objetivas que llevaron a formar la presuncin de los

agentes policiales. En este orden de ideas, coincidimos con el Dr. Petracchi, quien explic

que el ncleo de la discusin es el cuestionamiento de la validez constitucional de una

medida de coercin apoyada en una decisin adoptada sin expresin de causa

suficiente Toda medida de coercin en el proceso penal, en tanto supone una injerencia

estatal en derechos de rango constitucional, se encuentra sometida a restricciones legales

destinadas a establecer las formas y requisitos que aseguren que esa intromisin no sea

realizada arbitrariamente. A su vez, el control judicial es la va que ha de garantizar al

ciudadano frente a toda actuacin estatal injustificada En el caso, la detencin y posterior

requisa fueron fundadas en la supuesta actitud sospechosa de los detenidos, sin expresar

cules fueron las circunstancias que, en concreto, llevaron a los funcionarios policiales a

llegar a esa conclusin. Pero no slo se desconoce a partir de qu circunstancias se infiri

que se trataba de sospechosos, sino que tampoco se expres cul era la actitud o qu era lo

que haba que sospechar. En tales condiciones, el control judicial acerca de la razonabilidad

de la medida se convierte en poco ms que una ilusin (del voto minoritario del Dr.

Petracchi, considerandos 5 y 6).

Debemos mencionar que no compartimos la conclusin a la que arribara la mayora

del alto tribunal, convalidando la requisa y rechazando pues el planteo de la defensa. Este

tipo de actividad policial debe reputarse excepcional, y deber sustentarse en razones


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objetivas que se basten a s mismas, permitiendo despejar toda incertidumbre acerca de la

presencia de motivos suficientes para presumir que los involucrados ocultaban cosas

relacionadas con un delito, mxime cuando se encuentra en juego un derecho de raigambre

constitucional como lo es la intimidad. En Fernndez Prieto, la mera invocacin de que los

sujetos se hallaban en actitud sospechosa no abastece en la especie, a nuestro entender, el

estndar para la procedencia de la requisa personal, pues se trata de una expresin genrica.

Creemos que debi exigrsele a la polica que manifieste, en el acta de procedimiento, cul

era el tipo de actitud que gener la sospecha, para as permitir a los jueces verificar la

legitimidad de la medida.

- Kolek y Longarini: Por su parte, resultan de suma importancia los fallos

resueltos sucesivamente por la Sala III de la Cmara Nacional de Casacin Penal en causas

Kolek17y Longarini18. En el primero de ellos la polica intercept a un sujeto, Kolek,con el aparente motivo de averiguacin de antecedentes. Sin embargo, sucesivamente, se

procedi a requisar el automvil en el que se transportaba, lugar donde se hallaron

estupefacientes. Si bien el Tribunal de primera instancia haba entendido que la operacin

se encontraba viciada en razn de no contarse con la pertinente orden judicial -decretando

la nulidad de todo lo actuado-, la Cmara Nacional de Casacin Penal revoc el fallo. El

citado organismo sostuvo que no se adverta violacin alguna a las garantas o derechos

consagrados en nuestra Carta Magna, pues de ningn modo es posible extender la

proteccin que merece el domicilio del encartado a su automotor. Se produjo en este fallo

una interpretacin literal del art. 18 de nuestra constitucin limitando de esta forma la

garanta que en l reposa. Teoras como la expuesta en el fallo que comentamos dejara

desprotegido todo objeto de nuestra pertenencia (sea un vehculo, mochila, valija, etc.)

frente a la voluntad intrusiva de los agentes policiales, lo cual, como veremos ms adelante,

resulta inconcebible en el contexto actual que brinda el plexo normativo constituido por

nuestra Constitucin Nacional y los diversos tratados internacionales con jerarqua

constitucional.

17Kolek, Carlos P. Cm. Nac. Casacin Penal, Sala III, 25/04/94, LA LEY1994-E-131- DJ 1995-1, 267(AR/JUR/906/1994).18Longarini, Rubn E. Cm. Nac. Casacin Penal, Sala III, 27/04/94, LA LEY1994-E-142.


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Das ms tarde el mismo Tribunal resolvi la causa Longarini ya mencionada. Los

hechos de este caso pueden resumirse de la siguiente manera: un particular caminaba por la

calle llevando consigo un bolso de mano cuyo contenido no era visible. Personal policial

decidi interceptar a Longarini con el propsito de revisar sus pertenencias, obtenindose

como resultado el secuestro de estupefacientes. La resolucin de la Cmara invoca diversos

argumentos para validar la requisa. El primero de ellos estuvo constituido por la

circunstancia de que el interceptado (tal como surgira del acta confeccionada por los

funcionarios policiales) se hallaba dedicado al trfico de estupefacientes en la zona, lo cual

haba sido ulteriormente confirmado por el testimonio de uno de los oficiales preventores,

quien sostuvo que la presuncin tuvo su origen en tareas de inteligencia.

Si bien compartimos la necesidad de que los efectivos policiales trabajen en pos de

la prevencin del delito y efecten toda actividad de utilidad a dicho fin, debemos exigirque este tipo de actividades sea realizado prudentemente, sin violentar derechos de los

individuos y, por otro lado, es necesario que dicha circunstancia no sea soslayada por los

jueces quienes en ltimo trmino tendrn la palabra respecto de la legitimidad con que los

policas han operado. Una crtica que ameritan fallos como el que venimos analizando est

dada por el hecho de que pareciera suceder que los jueces se ven influenciados por el xito

de las requisas personales, sin reparar estrictamente en las circunstancias que habilitan esta

clase de medidas, utilizando argumentos diversos con miras a validarlas. Este caso resulta

elocuente en este sentido, se aferra a las invocadas tareas de inteligencia sin siquiera

cuestionarse en qu consistan ellas y qu poda extraerse de las mismas para vincular a

Longarini con un delito. En este orden de ideas, Carri sostuvo el problema est en que la

Cmara de Casacin se haya conformado con tan poco. Ninguna mencin hay acerca de

qu informacin concreta fue la que se tena, ni qu razones llevaron a la polica a confiar

en la veracidad de lo que sus informantes habran al parecer manifestado. Ello, claro est,

siempre que tales informes hayan realmente existido19. Reforzando esta lnea de ideas, es

dable mencionar que las actas policiales deben documentar claramente las circunstancias

que motivaron la actuacin de los agentes de polica, pues de otra manera los jueces no

podrn realizar una verdadera evaluacin de la razonabilidad de la medida.

19 CARRI, Alejandro Requisas personales, privacidad y actuacin policial. (La Casacin habl y losderechos se encogieron).LA LEY-1994-E, p. 148.


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Por otro lado, la Cmara Nacional de Casacin Penal tambin invoc el hecho de

haberse convocado con carcter previo a la revisin del sospechoso, tres testigos; y,

asimismo, la irrefutable circunstancia de que la comisin policial fuera muida, y contara

en la oportunidad, con una valijilla de equipos para efectuar los test de orientacin de

drogas. Creemos que estos argumentos de la Cmara son insignificantes. A todas luces

resulta carente de sentido que la convocatoria de testigos sea la causa de la sospecha de que

una persona posee objetos relacionados con un delito y, a su vez, debemos adicionar a ello

que los motivos deben ser previos a la demora de la persona para efectuar la requisa. El

mismo anlisis merece el hecho de que la polica posea una valijilla.

Ahora bien, otros fallos han adoptado una postura opuesta a la que se extrae de los

previamente analizados, limitando la actividad policial sin orden judicial. Entre ellos

podemos mencionar:- Rosental, Alejandro L. y F. s/ inf. Ley 23.737: Ambos resueltos por la

Cmara Nacional Criminal y Correccional Federal, adoptaron un criterio limitativo de las

atribuciones policiales. En este sentido, la Sala I del mencionado organismo, en fallo

Rosental, estuvo por la invalidez de la medida de requisa personal. En el caso se haba

requisado a dos personas invocando que se mostraron nerviosas y exaltadas, secuestrndose

estupefacientes que se hallaban en poder del mentado Rosental. Con buen criterio, el

organismo citado, sostuvo que el tipo de medidas analizadas se halla sujeta a fuertes

restricciones, en virtud de hallarse en juego el mbito personal de intimidad

constitucionalmente protegido (art. 18, Const. Nacional)20. Consecuentemente estim que,

en el caso, no existan motivos para presumir que el encausado oculte cosas relacionadas

con delito alguno y, menos an, que el supuesto en cuestin se halle gobernado por la

urgencia. Todo ello llev a decretar la nulidad de la actuacin policial.

Por su parte, la Sala II del mismo organismo, resolvi el caso F. s/ inf. Ley 23737.

Los hechos del caso fueron los siguientes: personal policial ingres a un local de

videojuegos y, con supuestos fines preventivos, requis a un grupo de jvenes, encontrando

en poder de uno de ellos sustancias estupefacientes. Lo que interesa en este caso es que la

Cmara Federal de la Capital sostuvo que se hallaba en juego el mbito personal de

intimidad de sustento constitucional (art. 18), tratndose sin lugar a dudas de un acto

20Rosental, Alejandro L., Cm. Nac. Crim. Y Corr. Federal, Sala I, Lexis N 10000421 (Documento digital,p. 2).


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gravemente restrictivo de la libertad personal 21. En este orden de ideas, manifest la

citada Cmara, que la requisa personal efectuada por el personal policial responda a un

mero capricho autoritario, ello en virtud de que no se presentaron motivos suficientes para

presumir que los imputados se hallen vinculados con un delito.

- R., A. s/ recurso de casacin: Tambin el Tribunal de Casacin de la

Provincia de Buenos Aires ha adoptado criterios limitativos de la actuacin policial en

diversas ocasiones. As, podemos mencionar el fallo recado en la causa R., A. s/ recurso

de casacin22. En este caso se haba producido la requisa de un automvil que se hallaba a

la vera de la ruta por problemas mecnicos. De ella se obtuvo el secuestro de un arma y del

propio vehculo, procedindose seguidamente a detener a los ocupantes del mismo. Segn

surge del fallo, la polica encontr sospechoso, por un lado, el hecho de que uno de sus

ocupantes se inclinase en el asiento delantero para dejar algo y, por el otro, lacircunstancia de tratarse de un auto viejo. El Tribunal de Casacin de la Provincia de

Buenos Aires expres, como primera medida, que en este caso no existieron motivos

suficientes para presumir que los sujetos ocultaban elementos relacionados con delito

alguno. En segundo trmino, se sostuvo que el caso no estaba gobernado por la urgencia

que posibilitara prescindir a los efectivos de polica de la orden judicial previa. En este

sentido expresa que la requisa de las pertenencias no puede estar fundada en la voluntad

policial y/o estado subjetivo de sospecha, ya que tanto la Constitucin Nacional como su

reglamentacin reclaman una orden judicial previa (art. 18 Const. Nacional; art. 225

C.P.P.)23.

Por su parte la Cmara Nacional de Casacin Penal tambin ha resuelto en

ocasiones limitando la actuacin de la polica. Entre otros podemos mencionar:

- Corbaln: En este fallo, resuelto por la Sala II de la Cmara Nacional de

CasacinPenal, los preventores haban requisado un automvil alegando que su conductor

habra intentado eludirlos a velocidad excesiva. De la requisa efectuada se obtuvo el

secuestro de estupefacientes. En dicha oportunidad, el mencionado tribunal de alzada,

determin que las circunstancias previas no eran inequvocas para sostener que estaban

21F. Cm. Nac. Crim. Y Corr. Federal, Sala II, Lexis N 1/21347 (Documento digital, p. 1). Ver tambin enCARRI, Alejandro D. Garantas constitucionales en el proceso penal, 1 edicin, Buenos Aires, Ed.Hammurabi, 1984 (5 edicin, 2006, p. 259.).22R., A. s/ recurso de casacin, Trib. Casacin Penal, sala I, 23/09/2004, RSD-649-4 S 23-9-2004.23R., A. s/ recurso de casacin, op. cit., p.4.


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dados los indicios objetivos que permiten ordenar una requisa. Esto es, no se estaba ante la

presencia de motivos suficientes que hagan presumir que la persona se hallaba en poder de

cosas relacionadas con un delito. Adicion al criterio mencionado que la polica haba

obrado excesivamente, pues se haba procedido a requisar no slo al conductor del vehculo

(se trataba de un taxi) sino tambin a su pasajero y una mochila que se encontraba en el

asiento trasero24.

- H., M.A.: Por ltimo, creemos pertinente resaltar criterios como el expuesto en

el ya citado caso H., M.A. resuelto por la Cmara Nacional de Casacin Penal, Sala IV25.

En este supuesto, personal policial detuvo y requis un automvil que haba efectuado una

maniobra en infraccin a la ley de trnsito. De la requisa pudo obtenerse el secuestro de

estupefacientes. En primera instancia se haba decretado la nulidad de todo lo actuado.

Interpuesto recurso de casacin y radicado ste por ante la Cmara supra citada, pese alxito de la operacin policial, concluy rechazando el recurso en cuestin. Este fallo resalta

la necesidad de que la polica haya obtenido orden judicial fundada previa a la realizacin

de la requisa. En efecto, sostiene que, si el personal policial no requiere la orden en

cuestin -y fuera de los casos excepcionales de urgencia-, nos encontraremos ante la

violacin de la garanta constitucional del debido proceso contenida en el art. 18 de la

Constitucin Nacional. Asimismo, al tiempo de evaluar el hecho, expres que la autoridad

preventora no aleg convincente y fundadamente las razones por las que actu como lo

hizo en la emergencia, por lo que cabe concluir que no tuvo motivo suficiente para percibir

en H. una actitud sospechosa que justificara la requisa del automvil en el que se

transportaba, en circunstancias en que hubiera resultado contraproducente al xito del

procedimiento la obtencin de una orden judicial, descartando de esta manera la

posibilidad de encuadrar la actuacin policial en el supuesto de urgencia que exime de la

necesidad de requerir la previa orden judicial fundada. De lo expuesto se puede colegir

tambin que la Cmara Nacional de Casacin Penal, Sala IV, estim operativo el artculo

que regula la procedencia de la requisa en relacin a un automvil, adoptando una posicin

24Corbaln, Juan Edgardo s/ recurso de casacin, Cm. Nac. Casacin Penal, Sala II, 19/02/2010, lexis N22/12150.

25H., M. A., Cm. Nac. Casacin Penal, Sala IV,LA LEY1998-B, 352 (AR/JUR/3851/1997).


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totalmente opuesta a la que se desprende del fallo Kolek, resuelto por la Sala III del mismo

organismo de alzada.

V- Garantas constitucionales comprometidas:

Como vimos en los fallos que anteceden, las soluciones judiciales al tiempo de la

aplicacin de las normas que regulan la requisa personal han sido dismiles, ello sin

perjuicio de que los hechos que se trataron parecan ser anlogos en muchos aspectos. Es

por ello que, previo a extraer alguna conclusin, creemos necesario determinar los derechos

fundamentales que estn en juego toda vez que se aplican este tipo de medidas.

En primer lugar, es dable reconocer que, toda vez que una persona sea objeto de una

requisa, se est produciendo una restriccin a la libertad. Cabe pues distinguirla de una

detencin: tanto una medida de requisa como una detencin tienen como fin ltimo el deconocer la verdad de los hechos. Sin perjuicio de ello, en el caso de la detencin, el fin

inmediato est dado precisamente por evitar la libertad, anulando al sindicado como

imputado, tanto la posibilidad de fugarse, como la de entorpecer el curso normal de

investigacin. El art. 284 inc. 3 del C.P.P.N. determina que la polica podr detener a un

sujeto, excepcionalmente sin orden judicial, siempre que existan: 1) indicios vehementes de

culpabilidad; y 2) peligro inminente de fuga o entorpecimiento de la investigacin.

Volviendo a la requisa personal, para su procedencia, no es dable requerir que estn

cumplidos los estndares mencionados previamente pues, amn de comportar una

limitacin a la libertad de locomocin, dicha limitacin comporta un medio, dispuesto

nicamente a fin de permitir que se efectivice la mentada intromisin y en donde los

fundamentos que hacen a su procedencia resultan ms dbiles (aunque no por ello

insignificantes), tal como son los motivos suficientes que hagan presumir que la persona

oculta elementos relacionados con un delito.

La comparacin que antecede, pretende desterrar la idea de que la vulneracin que

la requisa personal produce al derecho a la libertad (art. 18 de la C.N. y cctes.) implique

necesariamente que se deben verificar los estndares de una detencin.

Aclarado ello, debemos decir que la garanta comprometida toda vez que se

produce una requisa es la intimidad. Los derechos individuales no son absolutos, y

encuentran su justo lmite en las leyes que regulan su ejercicio. En este sentido, la requisa


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personal comporta una reglamentacin del derecho a la intimidad de las personas pues

admite la posibilidad de que, ante ciertas circunstancias, se efecte una revisin en su

cuerpo o pertenenciasamparados stos por el derecho mencionado-26.

El derecho a la intimidad es definidopor Carlos Santiago Nino como la esfera de

la persona que est exenta del conocimiento generalizado por parte de los dems27.

Asimismo se ha dicho que es la facultad de todo ciudadano para decidir qu aspectos de su

vida privada expone o no a la percepcin pblica, encontrndose protegido por este derecho

todo aspecto de su vida privada que una persona quiera reservar al conocimiento e intrusin

de los dems28.

Este derecho encuentra proteccin en nuestra Constitucin Nacional a travs del art.

18 en cuanto prescribe que ...el domicilio es inviolable, como tambin la correspondencia

epistolar y papeles privados; y una ley determinar en qu casos y con qu justificativos podr procederse a su allanamiento y ocupacin.... Por su parte, diversos tratados

internacionales de jerarqua constitucional, se han preocupado por la intimidad de la

persona, en este sentido cabe mencionar la Declaracin Universal de Derechos Humanos, la

que en su art. 12 dispone que nadie ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida

privada, su familia, su domicilio o su correspondenciaToda persona tiene derecho a la

proteccin de la ley contra tales injerencias o ataques. Similar disposicin contiene tanto la

Convencin Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos de Costa Rica), como

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos. El primero de ellos expresa en su

art. 11.2 que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales

a su honra o reputacin, mientras que el art. 17 del segundo de ellos reza: 1. Nadie ser

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputacin; y 2. Toda persona tiene

derecho a la proteccin de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Por ltimo, la

26 En este sentido es donde se patentiza el conflicto entre la necesidad del Estado de proveerse facultades quepermitan obtener el conocimiento certero de los hechos, por un lado, y los derechos esenciales de laspersonas, por el otro.27 NINO, Carlos Santiago, Fundamentos de Derecho Constitucional: Anlisis filosfico, jurdico y politolgico de la prctica constitucional, 1 edicin, Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 1992 (3reimpresin, 2005, P. 327).28 Vega, Juan Leandro s/ tenencia simple de estupefacientes, Juzg. Correc. N 1, Ba. Bca., Ca. 490/09,10/08/2011.


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Declaracin Universal de Derechos y Deberes del Hombre prescribe en su art. V: Toda

persona tiene derecho a la proteccin de la ley contrasu vida privada.

Nuestra carta magna protege de manera expresa, nicamente, al domicilio y la

correspondencia epistolar y papeles privados. Sin embargo no puede concebirse que ello

implique que otros mbitos se encuentran desprotegidos pues ello sera incongruente,

mxime si tenemos en cuenta lo expresado por el art. 33 de la propia CN en cuanto a que

Las declaraciones, derechos y garantas que enumera la Constitucin no sern entendidos

como negacin de otros derechos y garantas no enumerados.

Adems de esta clase de argumentos, hoy no puede desconocerse que el mbito de

proteccin de la intimidad es ms amplio del que surge del texto expreso del art. 18 CN, y

en consonancia con ello resulta inevitable la remisin a los tratados internacionales

previamente citados, los que han hecho protecciones genricas del derecho en cuestin. Enigual sentido se ha expresado Maier, quien a su vez agrega que, existiendo otros mbitos

que ameritan proteccin por el derecho a la intimidad, se vuelve menester determinar los

mismos29.

V.a.- Extensin del derecho a la intimidad y mbito de aplicacin de la requisa

personal: En lo tocante a la proteccin de la intimidad (en tanto derecho comprometido

ante la realizacin de una requisa personal) resulta imprescindible entonces determinar cul

es su extensin, esto es, qu mbitos se hallan protegidos por este derecho constitucional.

Ello, veremos, resulta de importancia suma a los fines de armonizar el derecho en cuestin

con la regulacin que se ha provedo a la requisa personal. En funcin de esta vinculacin,

se ha dicho que las medidas de coercin, su falta de regulacin en leyes procedimentales o

los problemas de interpretacin que pueden presentarse obligan a establecer una remisin y

comparacin obligatoria con los textos indicados (en referencia a la constitucin nacional y

pactos internacionales de jerarqua constitucional) a fin de mantener la plenitud del

ordenamiento jurdico30.

29 MAIER, op. cit., p. 198.30D`Albora, Francisco J. la requisa en el proceso penal, citado por FALCONE Roberto A. y MADINA,Marcelo A.,El proceso penal en la provincia de Buenos Aires, 2 edicin, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, 2007,p. 206.


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Ello as, como primera medida, esto es, en lo que respecta al alcance del derecho a

la intimidad, seguiremos lo expresado por Maier para quien, a tal fin, es menester no slo

verificar la finalidad propia del lugar o de la cosa, sino la voluntad del sujeto a quien

pertenece o la posee. As concluye: la caracterstica intimidad depende, en gran medida, de

la subjetividad de la persona protegida31.

Por su lado, la regulacin del ordenamiento procesal, en lo que hace a la requisa

personal, es escasa. Resulta ineludible remitir al art. 230 del C.P.P.N. que expresa que se

ordenar la requisa siempre que haya motivos suficientes para presumir que oculta, en su

cuerpo, cosas relacionadas con un delito. Existe en doctrina y jurisprudencia distintas

visiones en relacin a la disposicin citada, ms especficamente en lo que refiere al

alcance del objeto de la requisa, pudindose distinguir una tesis restrictiva y una tesis

amplia. Para la tesis restrictiva, de acuerdo con lo que literalmente se desprende del artculoen cuestin, el nico objeto de una requisa personal es el cuerpo de la persona y, en todo

caso, las cosas que lleva sobre s. Descarta la posibilidad de extender las disposiciones a

requisas de cosas distintas de aquellas, quedando stas (atento no existir disposicin legal a

su respecto) sujetas a la voluntad del juez o polica. En adhesin a este criterio calificados

autores, como Ricardo Nuez y Jos Cafferata Nores, han entendido que la extensin de la

requisa personal surge de la literalidad del artculo, por lo que deber limitarse su alcance al

cuerpo de la persona32.

Por su parte, esta postura ha sido asumida por nuestros tribunales. Por ejemplo, en el

ya citado fallo Kolek, se sostuvo que no se adverta violacin alguna a las garantas o

derechos consagrados en nuestra Carta Magna, pues de ningn modo es posible extender la

proteccin que merece el domicilio del encartado a su automotor33.

Sin embargo, el argumento sobre el que reposa esta tesis, esto es, el estricto apego a

la literalidad de la ley, no parece ser convincente, sumado al hecho de que, como ensea

Jauchen, no trasunta la intencin del legislador con toda claridad34.

31 MAIER, op. cit., p. 199.32 NUEZ, Ricardo C., Cdigo Procesal de la Provincia de Crdoba , 2 edicin actualizada, Crdoba, Ed.Lerner, 1986, p. 208; CAFFERATA NORES, Jos,Medidas de coercin en el nuevo Cdigo Procesal Penalde la Nacin, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1992, p. 83.33Kolek, Carlos P. Cm. Nac. Casacin Penal, Sala III, 25/04/94, LA LEY1994-E-131-DJ1995-1, 267(AR/JUR/906/1994, p. 2).34 JAUCHEN, op. cit., p. 114.


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Por el extremo opuesto se vislumbra una tesis amplia, la cual considera que la

regulacin de la requisa personal debe extenderse a cosas distintas del cuerpo de una

persona, ya sea que las lleve sobre s la persona, o consigo, como puede ser un bolso, una

valija, una mochila etc. Es decir, comprende todos los objetos que la persona tenga bajo su

mbito inmediato de custodia. Enrolado en esta teora, con posterioridad a entender que el

Estado debe respetar todo mbito privado donde la persona tenga inters en que as se

mantengan, Alejandro Carri concluye que las requisas de los efectos de una persona, sea

que stos se encuentren en el interior de un portafolio, una cartera, o incluso un vehculo, se

hallan igualmente gobernadas por reglas limitativas de la arbitrariedad policial35.

Tambin se ha expresado: la requisa personal se implementar en los casos en que

el individuo lleve sobre s cosas relacionadas con un delito (en su cuerpo o entre sus

ropas), como cuando las lleve consigo (bolso, valija, vehculo en el que se transporte)36.Con similares expresiones han arribado a lugar comn Falcone y Madina, y el propio

Jauchen37. Por ltimo, es dable mencionar lo sostenido por Maier quien habla de la requisa

personal como la intrusin producida sobre el cuerpo de una persona, las cosas que porta y

los vehculos en los cuales se transporta, mbito de custodia adherente a la persona38.

Por su parte, en el mbito jurisprudencial, la Cmara de Casacin Penal, Sala IV, en

el caso H., M.A. entendi que la requisa de un automvil, sin la orden judicial fundada que

requiere el art. 230 del C.P.P.N., comporta una violacin de la garanta constitucional del

debido proceso, decretando la nulidad de la requisa en cuestin39. En parigual, la Sala II del

mismo rgano jurisdiccional, en fallo Corbaln, decidi la nulidad de la requisa efectuada

tanto sobre la persona del encausado, como sobre su vehculo y una mochila que se hallaba

en el automvil40, de lo que se extrae claramente que elementos como estos ltimos

tambin merecen proteccin.

El argumento esgrimido por aquellos que defienden la tesis amplia reposa el

siguiente razonamiento: atento a que toda requisa comporta un menoscabo al derecho a la

35 CARRI, Alejandro D. Garantas constitucionales en el proceso penal, 1 edicin, Buenos Aires, Ed.Hammurabi, 1984 (5 edicin, 2006, pp. 441 y 442).36MOLDES, Germn Manuel, Individualizacin y registro de personas. La prevencin delictual frente a lasgarantas del imputado, Sup. Penal 2009 (julio), 15-LA LEY2009-D, 1146 (La Ley Online, p. 1).37 FALCONE y MADINA, op. cit., p. 224; JAUCHEN, op. cit., p. 111.38 MAIER, op. cit., p. 195.39H., M.A. Cm. Nac. Casacin Penal, Sala IV, 03/04/97,LA LEY1998-B, 352.40Corbaln, Juan Edgardo s/ recurso de casacin, Cm. Nac. Casacin Penal, Sala II, 19/02/2010, lexis N22/12150.


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intimidad, y siendo que este derecho protege todo objeto que la persona pretenda extraer

del conocimiento de terceros, debe exigirse la presencia tanto de la orden judicial (o

urgencia en requisas policiales) como de motivos suficientes para que la requisa sobre este

tipo de objetos se estime acorde con las exigencias constitucionales y convencionales.

Por nuestra parte adherimos a la tesis amplia. Creemos que, de la interpretacin

armnica entre la normativa aplicable a la medida bajo anlisis y los preceptos

constitucionales previamente mencionados, podemos concluir en que todo objeto que se

encuentre en el mbito de custodia de la persona, respecto del que pueda reconocerse la

expectativa de mantenerse fuera del conocimiento de terceros, merecen anloga proteccin

que el cuerpo al que hace expresa alusin el art. 230 C.P.P.N., pues ellos integran

tambin la intimidad de las personas. En lo que a esta cuestin respecta es dable una

aclaracin respecto de los automotores. Es evidente que, por las caractersticas especialesde ellos, por el hecho que se encuentren en circulacin (o bien estacionados) en la va

pblica, las personas no pueden pretender la misma expectativa de privacidad como si fuera

el caso de una billetera, una mochila, un maletn, etc.

A su vez creemos que el razonamiento que se desprende de la tesis restrictiva

adolece de un error. En este sentido, los autores que defienden esta tesitura sostienen que,

alcanzando la regulacin de la requisa personal nicamente al cuerpo de la persona, el

juez/polica no tiene obstculo legal alguno para proceder a efectivizar la medida,

encontrndose ella librada a su sola discrecin. Sin embargo sostenemos que, conforme con

los principios del Estado de derecho con base en nuestro ordenamiento en el art. 19 de la

CN-, toda restriccin al ejercicio de un derecho slo puede encontrar su fuente en una

ley41. Por lo tanto, no existiendo disposicin legal que habilite la actuacin estatal en

oposicin con derechos individuales, la actuacin en cuestin debe reputarse ilegtima y,

yendo al particular, si no se ha regulado detalladamente los supuestos en que procede la

requisarespecto de elementos distintos del cuerpo de una persona-, toda requisa sobre esta

clase de objetos sera ilegtima pues se producira en violacin al derecho a la intimidad.

VI- Facultades policiales a partir del art. 230 bis:

41 CARRIO, op. cit., p. 299.


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Sin perjuicio de lo previamente expresado, merece especial consideracin lo

prescripto por el art. 230 bis del Cdigo de Procedimiento Penal de la Nacin, ello en

cuanto ha venido a ampliar las facultades policiales para efectuar requisas.

Incorporado por ley N 25.434, el art. 230 bis reza: Los funcionarios de la polica y

fuerza de seguridad, sin orden judicial, podrn requisar a las personas e inspeccionar los

efectos personales que lleven consigo, as como el interior de los vehculos, aeronaves y

buques, de cualquier clase, con la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente

provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados para la

comisin de un hecho delictivo de acuerdo a las circunstancias particulares de su hallazgo

siempre que sean realizadas:

a) con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y

objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehculo

determinado; y,

b) en la va pblica o en lugares de acceso pblico.

Esta disposicin no modifica en forma alguna el esquema bsico de actuacin

policial que ha sido previamente delineado a lo largo del presente trabajo42. Es decir, se

requerir en todos los casos la existencia de motivos suficientes para proceder a la requisa,

las que debern estar fundadas en razones objetivas y no en meras subjetividades.

Por otro lado, el hecho de que se haya reconocido la posibilidad de efectuar requisas

sobre elementos diferentes del cuerpo de una persona (V.gr. vehculos, aeronaves, etc.) no

hace ms que adicionar un argumento ms a favor de la tesis que sostiene la amplitud del

objeto requisable. En consonancia con lo expresado se sostuvo que una cuestin

trascendente que podra considerarse que esta norma ha venido a aclarar, es que una requisa

de las pertenencias que una persona lleva consigo, o las practicadas por ejemplo en el

interior de un vehculo, integran razonablemente la privacidad protegida

constitucionalmente43. A esta conclusin se arriba asimismo si nos atenemos al propio

argumento de la tesis restrictiva, esto es, a la literalidad de la ley, pues el artculo

incorporado expresa que podrn requisar a las personas e inspeccionar los efectos

personales que lleven consigo lo que vuelve ineludible reconocer razn a la tesis amplia.

Este ltimo punto no ha podido ser desconocido por el propio Cafferata Nores quien

42 CARRIO, op. cit., p. 302.43Ibidem.


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sostuvo que con la incorporacin del art. 230 bis del C.P.P.N. actualmente quedan incluidas

las cosas que lleva la persona consigo44.

Sera carente de sentido que ordenamientos procesales reconozcan facultades

policiales a fin de requisar pertenencias distintas del cuerpo de una persona y paralelamente

nuestros tribunales desconozcan la aplicacin de la regulacin de las requisas cuando ellas

no se efecten sobre el cuerpo, dejndolas a la libre discrecin de quienes las ordenan, tal

como propugnaran los defensores de la tesis restrictiva.

Cabe referir por ltimo que, si bien la reforma resulta elocuente en el sentido

expuesto, su verdadera inspiracin no trasunta el fortalecimiento de los derechos

individuales, sino que, ms bien, su intencin estuvo guiada por determinadas

circunstancias de coyuntura que tenan en miras nicamente la ampliacin de las facultades

policiales en pos de la prevencin de delitos lo que ciertamente debi resultar msredituable a los legisladores de turno en la ocasin.

VII. Conclusin:

Hemos puesto sobre el tapete los problemas que hoy se presentan en funcin de las

requisas personales, principalmente en el mbito nacional. Ellos no merecen ser

subestimados si consideramos que se halla en juego el derecho a la intimidad de las

personas. Ellos son, por un lado, la actuacin policial desmesurada y arbitraria, y, por el

otro, la falta de rigurosidad de los jueces al tiempo de evaluar la razonabilidad de las

medidas dispuestas por la polica.

Proponemos, como primera medida, desterrar la idea de que la requisa personal es

dispuesta por la polica. Pareciera que se ha instaurado una costumbre forense de que las

requisas son ordenadas motu proprio por los funcionarios policiales cuando, en rigor, la

actuacin policial debe ser excepcional. El principio, en cambio, ensea que sern los

jueces quienes determinen cundo se encuentran dadas las circunstancias para efectuarse la

requisa y, entonces, ordenar la realizacin de la misma.

Paralelamente, y atento a que en la prctica se continuarn produciendo requisas

ordenadas por personal policial, entendemos que el rol de los jueces ser trascendental en

44 CAFFERATA NORES, Jos I., HAIRABEDIN, Maximiliano, La prueba en el proceso penal: Conespecial referencia a los cdigos Procesales Penales de la Nacin y de la Provincia de Crdoba , 6 edicin,Ciudad de Buenos Aires, Ed. Lexis Nexis, 2008, p. 255.


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este sentido, debiendo evaluar la legitimidad de la medida y, lo que es ms importante,

prescindiendo de los resultados en virtud de ella obtenidos. Es cierto que, en el hipottico

caso de que la requisa sea exitosa, el costo a pagar resultar muy elevado si tenemos en

consideracin que, de la requisa, posiblemente se extraigan elementos de cargo decisivos.

Sin embargo ello no debe obstar nuestro entendimiento: toda vez que la medida sea

dispuesta desatendiendo las reglas que habilitan su procedencia, deber ser tachada de

ilegtima, y cuanto mayor sea el costo que deba pagarse por ello, ms elocuente y

ejemplificador debiera resultar el mismo (ello con miras a evitar que se reiteren el tipo de

procedimientos indeseados). En este sentido, resulta ineludible exigir a los funcionarios

policiales que los motivos que den lugar a la requisa sean claramente descriptos en el acta

pertinente, evitando esgrimir estndares generales (light) como el nerviosismo o actitud

sospechosa, etc.En sentido contrario se desprende de la jurisprudencia local gran cantidad de fallos

que han avalado medidas dispuestas por personal policial inspiradas en actitudes descriptas

de manera sumamente genrica, desatendiendo lo que realmente acaece en el caso concreto.

Nos parece alentadora la presencia de una nueva corriente jurisprudencial que no es

ajena a las mayores exigencias impuestas principalmente por la va de los Tratados

Internacionales, reduciendo a su justo lmite el actuar policial, armonizando el mismo con

la ineludible tutela del individuo.

Todo lo expuesto no debe ser minimizado pues, reiteramos, se encuentra en juego

nada menos que el derecho a la intimidad de las personas, constitucional y

convencionalmente garantizado (arts. 18, 19 y 75 inc. 22 CN). Lo contrario devendra en la

desproteccin de este derecho frente al arbitrio de las autoridades administrativas, sus

fronteras se diluiran, produciendo una incertidumbre tal que torna en mera ilusin el

ejercicio del derecho en cuestin. Y, ms an, en ltimo trmino ello traduce una limitacin

inconcebible s la libertad de todos los individuos.

la requisa personal en el proceso penal nacional

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