LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

GLOSARIO:

Lo que haremos en este ensayo de interpretación es proponer un esbozo metodológico

de análisis del proceso constituyente intentando aplicar algunos conceptos provenientes

de la teoría política de Antonio Gramsci. Los conceptos que tomaremos en cuenta son:

Bloque histórico: consiste en la concordancia de varias dinámicas, de una parte,

depende de las relaciones productivas en la que se enmarca determinado tipo de

sociedad, lo que se llama comúnmente estructura; así mismo, se sostiene a partir de una

superestructura compuesta por elementos ideológicos y políticos que, por último, sólo

es posible en la medida en que vincula a cierto tipo de agentes sociales, los

intelectuales, cuya tarea consiste en procurar la unidad de estos dos ordenes y en

consolidar la hegemonía del grupo dominante al que sirven.

Sociedad Civil: según Gramsci se da en el plano de la superestructura, como lugar en

donde se construyen las redes ideológicas de poder que sirven para establecimiento de

una hegemonía que apunta dirigir un bloque histórico. Se puede llamar Sociedad civil al

conjunto de organismos nacidos en la sociedad, al servicio de la clase dirigente, que

ponen en funcionamiento dicha hegemonía; pero, tambien, se puede decir lo mismo de

ciertas sociedades privadas que se han convertido en gestoras de la unidad del bloque

hegemónico, y son ellas mismas las que por si solas revisten al bloque en su conjunto de

la ideología que sirve a su cohesión interna. Es el caso de la Iglesia Católica nacida en

Roma, autentica sociedad civil en la sociedad civil, según Hugues Portelli, cuya tarea

consiste en mantener la fidelidad de los simples respecto de clase dirigente, y de los

intelectuales respectos de estos últimos, de este modo se mantiene la unidad del bloque

ideológico que da lugar a la hegemonía y articula el bloque histórico.

Sociedad Política: no es otra cosa sino el Estado. Se trata de la organización jurídica

que sirve para el control, el dominio directo y, en último término, para la conservación

de la fidelidad de la sociedad por medio de la organización y ejecución de la violencia.

Según Portelli, es el encargado de llevar a cabo las funciones coercitivas de la

superestructura, es de alguna manera una extensión de la sociedad civil1, en la medida

en que constituye el momento político-militar de la construcción de la hegemonía

1 Cfr. Hugues Portelli, Gramsci y el bloque histórico, Siglo veintiuno editores, México, 1979, pág 27 y ss.

después de las mediaciones cultural e ideológica enmarcadas en la sociedad civil. Su

tarea consiste en neutralizar a los posibles disidentes de la hegemonía “que no

consienten con la dirección de la clase fundamental” (Ibíd. pág 29), y la aplicación de su

poder se restringe en todos los ordenes a la coerción legal por consenso o al uso legal de

la violencia o de la fuerza.

Ideología: es la esfera mas extendida de la sociedad civil. Preexiste a todas dinámicas

económicas, culturales, intelectuales y normativa que se sucedan en ella.

Crisis y crisis orgánica.

Detención momentánea de la evolución de la clase progresiva, en el sentido de que ésta

ya no hace avanzar realmente la sociedad como un todo, satisfaciendo no sólo las

exigencias de su propia existencia, sino ampliando sin cesar sus propios cuadros, con

vista a la toma de posesión continua de nuevas esferas de actividad económico-

productiva. Para Gramsci, esta crisis estructural no favorecerá la aparición de un bloque

histórico sino en la medida en que se convierta en crisis orgánica, es decir, crisis de

hegemonía o ruptura de lazos entre estructura y superestructura. La crisis orgánica es

concebida por Gramsci como una disgregación del bloque histórico, en el sentido de que

los intelectuales que están encargados de hacer funcionar el nexo estructura-

superestructura, se separan de la clase a la cual estaban orgánicamente unidos y no

permiten ya que ejerza su función hegemónica sobre el conjunto de la sociedad. «La

clase dominante ha perdido el consenso, es decir, ya no es “dirigente” sino únicamente

“dominante”, detentadora de fuerza coercitiva pura». La crisis de una clase o grupo

social sobreviene en la medida en que éste ha desarrollado todas las formas de vida

implícitas en sus relaciones pero, gracias a la sociedad política y a su aparato de

coerción, la clase dominante mantiene artificialmente su dominación e impide que la

reemplace el grupo de tendencia dominante: «la crisis consiste en que lo viejo muere y

lo nuevo no puede todavía nacer». Una crisis semejante puede deberse al fracaso de una

empresa política de la clase dirigente que llega a imponer por la fuerza el consenso

social (Gramsci cita el ejemplo de la guerra), o bien puede estar provocada por las

grandes masas de la población que «pasan súbitamente de la inactividad política» a una

cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su propio complejo inorgánico

constituye una revolución. La crisis orgánica que se manifiesta como desaparición del

consenso que las clases subalternas acuerdan a la ideología dominante no puede

culminar en la aparición de un nuevo bloque histórico, sino en la medida en que la clase

dominada fundamentalmente sepa construir, por la mediación orgánica de sus

intelectuales, un sistema hegemónico dominante capaz de oponerse al sistema

hegemónico anterior y extenderse por todo el ámbito social. Es decir, apoderarse de la

sociedad civil como preludio a la conquista de la sociedad política.

Transformismo.

El «transformismo» es una simbiosis gracias a la cual la clase dominante –

históricamente, la burguesía– se incorpora y asimila a los intelectuales de las clases

subalternas, haciendo de ese modo imposible la aparición de un grupo revolucionario

suficientemente organizado para convertirse en hegemónico. Gramsci, al estudiar esta

práctica en Italia sobre el «Risorgimento», pone de relieve dos etapas sucesivas: 1) Un

transformismo simple y primario, o molecular, cuando los intelectuales de los partidos

democráticos de oposición «se integran individualmente en la clase política

conservadora-moderada (caracterizada por su aversión a toda intrusión de las masas

populares en la vida del Estado, y hacia toda reforma orgánica que sustituya el riguroso

“dominio” dictatorial por una hegemonía)». 2) Un transformismo compuesto o

secundario, cuando se trata de grupos enteros «que se pasan al campo moderado, sea

integrándose en los partidos tradicionales, sea constituyendo nuevos partidos políticos».

Este tipo de transformismo se asemeja al practicado en España por el Partido Socialista

Obrero Español al absorber –integrándolos privilegiadamente entre sus cuadros

dirigentes– a numerosos cuadros políticos de los partidos situados a su izquierda. De ese

modo, la clase dirigente produce un ensanchamiento constante de la base social,

absorbiendo gradualmente a la élite consciente y activa «de los grupos aliados adversos

que parecían ser enemigos irreconciliables». Se trata de un ensanchamiento de la base

social, pues, como lo hace observar Gramsci, los intelectuales arrastran siempre con

ellos un grupo dominante de individuos. El transformismo constituye así la decapitación

sistemática de las clases subalternas por la clase dominante. Esta absorción ideológica

por la burguesía busca en Italia una finalidad diferente que en Francia, donde buscaba

un sostén popular, por tanto el ensanchamiento de su base social, pues quiere perpetuar

la exclusión de las clases subalternas de la vida política. Así, por el transformismo,

Gramsci estudia la relación entre hegemonía y dictadura enseñando que el predominio

de la sociedad civil sobre la sociedad política conducirá a una hegemonía y luego a una

dirección política, que concretamente se traducirá en un ensanchamiento de la base

social de las clases dominantes, mientras que si hay utilización y predominio de la

sociedad política, habrá dictadura y, de modo subsiguiente, despojo y neutralización de

las clases subalternas.

Bloque histórico: consiste en la concordancia de varias dinámicas, de una parte,

depende de las relaciones productivas en la que se enmarca determinado tipo de

sociedad, lo que se llama comúnmente estructura; así mismo, se sostiene a partir de una

superestructura compuesta por elementos ideológicos y políticos que, por último, sólo

es posible en la medida en que vincula a cierto tipo de agentes sociales, los

intelectuales, cuya tarea consiste en procurar la unidad de estos dos ordenes y en

consolidar la hegemonía del grupo dominante al que sirven. El bloque histórico como

tal se construye a partir y, sólo partir, de que la hegemonía de una clase sobre otra ha

sido lograda, lo que implica la supremacía de esa clase dominante sobre el resto de las

clases convirtiéndose en un bloque de fuerzas ensamblados por la ideología.

Hegemonía: se puede decir que es la supremacía que una clase dominante alcanza

cuando logra diseminar sobre el resto de las clases sus propias concepciones del mundo,

cuando logra permear a la sociedad con su orientación ideológica. Esta hegemonía se

construye, de un parte, sobre las superestructuras ideológicas puestas en marcha en la

sociedad civil logrando la dirección intelectual y moral de la sociedad, y de otra parte,

con el dominio directo otorgado desde la sociedad política. Si la hegemonía es

contradicha por otro bloque de fuerzas, la estabilidad del bloque histórico se pone en

peligro, surge entonces un bloque contrahegemónico cuyo éxito tiene que ver con las

alianzas que una clase fundamental emergente pueda tejer con el resto de clases

subalternas de la sociedad. La construcción de una hegemonía, en la medida en que

tiene que operar desdiciendo la fuente de poder última devenida de la sociedad política,

da lugar a horizontes más democráticos en los cuales el Estado se ve el mismo integrado

en la sociedad civil. De este modo la vida social puede encaminarse a la vigencia de una

sociedad sin Estado, emplazada en una disputa constante por la hegemonía.

Sociedad Civil: según Gramsci se da en el plano de la superestructura, como lugar en

donde se construyen las redes ideológicas de poder que sirven para establecimiento de

una hegemonía que apunta dirigir un bloque histórico. Se puede llamar Sociedad civil al

conjunto de organismos nacidos en la sociedad, al servicio de la clase dirigente, que

ponen en funcionamiento dicha hegemonía; pero, tambien, se puede decir lo mismo de

ciertas sociedades privadas que se han convertido en gestoras de la unidad del bloque

hegemónico, y son ellas mismas las que por si solas revisten al bloque en su conjunto de

la ideología que sirve a su cohesión interna. Es el caso de la Iglesia Católica nacida en

Roma, autentica sociedad civil en la sociedad civil, según Hugues Portelli, cuya tarea

consiste en mantener la fidelidad de los simples respecto de clase dirigente, y de los

intelectuales respectos de estos últimos, de este modo se mantiene la unidad del bloque

ideológico que da lugar a la hegemonía y articula el bloque histórico.

Sociedad Política: no es otra cosa sino el Estado. Se trata de la organización jurídica

que sirve para el control, el dominio directo y, en último término, para la conservación

de la fidelidad de la sociedad por medio de la organización y ejecución de la violencia.

Según Portelli, es el encargado de llevar a cabo las funciones coercitivas de la

superestructura, es de alguna manera una extensión de la sociedad civil2, en la medida

en que constituye el momento político-militar de la construcción de la hegemonía

después de las mediaciones cultural e ideológica enmarcadas en la sociedad civil. Su

tarea consiste en neutralizar a los posibles disidentes de la hegemonía “que no

consienten con la dirección de la clase fundamental” (Ibíd. pág 29), y la aplicación de su

poder se restringe en todos los ordenes a la coerción legal por consenso o al uso legal de

la violencia o de la fuerza.

Ideología: es la esfera mas extendida de la sociedad civil y preexiste a todas dinámicas

económicas, culturales, intelectuales y normativas que se suceden en ella. Es una

concepción del mundo que se difunde en todos órdenes, entre las distintas clases

sociales y entre distintos niveles de los grupos sociales, cuyo rol es afianzar los lasos

ideológicos con las clases dirigentes. Es posible caracterizar la ideología según un nivel

estatutario y otro funcional. En el primer caso se trata de que ésta puede presentarse

bajo la forma de distintos sabéres cuyo marco general es una concepción del mundo

determinada u orgánica para ser más exactos, se suele dar en la forma de: filosofía,

religión, sentido común, folklore, siendo la primera la forma más elevada de la

ideología. En el segundo caso, se trata de la dirección ideológica de la que provee al

conjunto de la sociedad, esta función se cumple según tres niveles: la ideología como

tal -es decir, los sentidos fuertes de esa concepción del mundo-, la estructura ideológica

-esto es, las organizaciones que las producen y las difunden, la Iglesia, por ejemplo-, y

el material ideológico -o sea, los instrumentos técnicos para la difusión de la ideología,

el sistema escolar, los medios de comunicación, las bibliotecas, tomando los ejemplos

de Portelli (Ibid, pag. 29).

2 Cfr. Hugues Portelli, Gramsci y el bloque histórico, Siglo veintiuno editores, México, 1979, pág 27 y ss.

Intelectual orgánico: Gramsci lo define así «Cada grupo social, naciendo en el mundo

propio de una función esencial en el campo de la producción económica, crea con él,

orgánicamente, una o varias capas de intelectuales que le proporcionan su

homogeneidad y la conciencia de su propia función no sólo en el terreno económico,

sino igualmente en el terreno social y político»3.

El proceso nacional constituyente

¿Representa el surgimiento de un nuevo Bloque Histórico?3 Cita tomada de José María Laso Prieto: «Introducción al pensamiento global de Gramsci» en M.

Ballestero, Y. Krasin, J. Reinoso, J. Capella, J. Laso, J. Moral Santín y V. Romano: El marxismo en el

debate teórico-cultural actual. Madrid: PCE, 1991, pág. 137, (Colección Debate, nº 5).

Los dos últimos años desde las revueltas populares de abril de 2005, que terminaron con

el derrocamiento del régimen gutierrista y avocaron a la presidencia a Alfredo Palacios,

estuvieron signados de múltiples tensiones alrededor de la correlación de fuerzas

existente entre los grupos de gamonales pronorteamericanos y los sectores populares y

progresistas, este periodo marca una punto de quiebre, una crisis de hegemonía que

para las antiguas élites significo el quiebre del consenso neoliberal vigente hasta ese

entonces. En este periodo surtió efecto una crisis de representación que, para muchos

intelectuales marcaba el inicio del declive del sistema político ecuatoriano inaugurado

con el retorno democrático del 78. Aquel desfalco de la mano con la movilización

popular, por fuera incluso de los partidos políticos de izquierda, dio lugar aun fenómeno

autónomo de movilización que conocemos con el nombre de forajidismo, el cual hizo

estallar el trance de una crisis tremendamente conflictiva que parecía haber sido

absorbida por el bloque de poder diverso que en un inicio se había instalado en el

gobierno gutierrista.

De tal modo que el gobierno de turno que encaró Palacios no fue otra cosa que un

medio para agotar las posibilidades de la crisis, como tal, era un gobierno de transición

alrededor del cual todavía habría de decidirse cuál era el carácter resolutivo de la crisis,

esto es, qué sendero tomaría en el futuro la correlación de fuerzas. O, para decirlo en

términos gramscianos, el colapso de la sociedad política se tradujo de inmediato en una

crisis a nivel de las superestructuras: el consenso antes reinante de la ideología del libre

mercado, cuyos efectos se fueron mostrando progresivamente desastrosos, desembocó

en una lógica desacreditamiento de las antiguas élites dirigentes que ya no eran tales.

Esto debe entender como el agotamiento de la capacidad ideológica de esas élites que

ya no podían ser dirigentes sino sólo dominantes.

Existen algunos motivos para pensar que es en este periodo donde se rompieron las

líneas dogmáticas del neoliberalismo que se había convertido en la filosofía política y

económica vulgar de nuestros gobernantes por más de dos décadas desde de fines de los

años setenta y, así mismo, marcaron el colapso institucional generalizado que

amenazaba con extenderse incluso después del triunfo de Correa pero que entro en

reflujo con el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente y su puesta en marcha. Es

importante entender este proceso de transición porque en el intervenían al menos tres

componentes decisivos para la evolución del nuevo proceso social y político que ahora

vivimos: la caducidad y el recambio del modelo económico (I), la pérdida de

legitimidad de todas las instituciones del Estado de la mano con la necesidad de una

refundación de la nación en su conjunto (II) y, la necesidad de un nuevo concenso

político bajo la tutela otro bloque hegemónico (III).

I

Si vamos por lo primero, el neoliberalismo y sus efectos en Ecuador — y America

Latina en general —constituyen elementos determinantes que no podemos obviar. Sus

consecuencias a lo largo de casi treinta años han sido realmente catastróficas tanto para

nuestro país como para toda la región. Ya ha pasado más de una década desde que en

America Latina empezamos a evidenciar que las estrategias económicas propuestas por

los gobernantes de ese entonces basadas en este modelo no necesariamente colegía con

el desarrollo de nuestros pueblos y que más bien agudizaba los niveles de inequidad

interna y dependencia respecto de los actores externos de la economía mundial. Las

ideas neoliberales tenían hasta hace poco una amplia y efectiva difusión en el

continente, en casi todos los países sus promotores no se contentaban con dar consejos

de macroeconomía a los gobiernos nacionales, sino que se postulaban como ejecutantes

prácticos en la cabeza de los mismos. De hecho estos gobiernos solo tenían que declarar

el presupuesto del gasto público de cada año para volverse impopulares.

El modelo neoliberal lanzó a la sociedad entera al libre juego del mercado. Auspiciado

por las instituciones financieras del capitalismo global, este régimen presuponía que los

países subdesarrollados no deben escatimar ningún esfuerzo en abrirse al comercio y el

gran capital de inversiones si quieren apostarle al progreso. No obstante la aplicación

práctica de las políticas neoliberales ha estado vinculada a los intereses del capital

monopólico transnacional. La crisis de la deuda en los años‘80 del siglo XX, llevo no

sólo a la década perdida para América Latina, como la denominó la CEPAL, sino

también a que estos países perdieran posibilidad de negociación con los países

hegemónicos, desde entonces países periféricos como el nuestro fueron perdiendo poco

a poco la capacidad de decidir sobre sus intereses económicos propios4. En Ecuador, el

4 El programa central de estas inactivas fue elaborado en el marco del Consenso de Washington,

impulsado por los Estado Unidos, las instituciones financieras internacionales y los intelectuales “Think-

pago de la deuda y las exigencias de liberalización de la economía y los recursos

energéticos locales, exigía cada vez más un recorte del presupuesto general del Estado y

del gasto social, así como la privatización de los recursos más importantes como el

petroleo fundamentalmente. Frente a este modelo agotado, el recambio actual en el

paradigma del modelo de desarrollo apunta a un aumento del presupuesto en diferentes

áreas sociales como salud, educación y vivienda, etcétera; asimismo, sean suspendido

las concesiones hechas a empresas extrajeras sobre las reservas de petroleo nacionales

que estaban en explotación o se están renegociando constantemente. Pero,

paradójicamente, la deuda se sigue pagando al tiempo que ha aumentado el

endeudamiento bilateral y se están pensando todavía en nuevas líneas de crédito con los

organismos multilaterales, esto sin duda implica un retroceso respecto de la soberanía

que se debía ganar frente de las instituciones internacionales de crédito como el FMI y

el Banco Mundial.

Estamos frente a una situación en donde la estructura económica de la sociedad se

mantiene intacta, aunque a pesar de ello se haya producido un recambio en los

repertorios ideológicos y, aún más, aunque se haya operado un recambio entre los

sectores de las élites. El nuevo orden económico va a repotenciar a los viejos cuadros

exportadores e industriales desfavorecidos en el régimen del libre mercado y puestos

antes en vereda por los gamonales tontamente librecambistas de Guayaquil. Debido a

esto es muy difícil hablar de una crisis orgánica de la hegemonía, pues de lo que se

trata aquí es simplemente de una refundición del arcaico sistema democrático-burgués,

por la vía de medios más democráticos, sobre el mismo parámetro económico

estructural.

Tanks” de derecha cuyas argumentaciones neoliberales que sirvieron de base para integrar un amplio

consenso en torno a las reformas de política económica que los países deudores debían tener como

objetivo. Tales reformas tenían que ver con la disciplina fiscal de estos Estados, con recortes al gasto

público y reforma tributaria (incluidos los impuestos indirectos y la ampliación de la base tributaria), con

liberalización financiera que diera lugar a un tipo de cambio competitivo, con la liberalización del

comercio, la inversión extranjera directa, las privatizaciones de las empresas estatales, las desregulación y

protección de los derechos de propiedad. En un nivel global este consenso ideológico también se ve

saturado, aunque éste se vea ahora suplantado por el concurso de muchos intelectuales desarrollistas hasta

hace poco bastardos antes sin una élite a la cual servir, que tienden a reposicionarse en la región, sobre

todo los cepalinos.

Lo que intentaron las élites empresariales reconstituidas en el nuevo periodo fue

aprovechar los flujos políticos novedosamente renovadores de la Asamblea Nacional

Constituyente, revisando ciertas líneas de consensos que en el régimen anterior habían

sido bruscamente rotos; hasta cierto punto ampliando el orden de la exigencia y el

número de los derechos de los ciudadanos, quisieron integrar a los apocalípticos

críticos, a las masas populares y a la pequeñoburguesía cívica, intentando relativizar el

poder del Estado en camino a un fortalecimiento aparente de la sociedad civil con la

conformación de órganos ciudadanos autónomos. A casi un año de terminado el proceso

constituyente esto se muestra difuso, pues las superestructuras políticas no han dejado

de codificarse en razón de la ideología dominante del parlamentarismo burgués: la

democracia de la representación. Pero no es por cierto este el caso del proceso que llevo

a la Asamblea Nacional Constituyente, en otro contexto allí existió una disputa por la

hegemonía que aún puede alumbrar sobre nosotros.

II

Debemos decir que hay cierta co-incidencia entre el declive del modelo económico y la

crisis política interna. de grandes proporciones que en el último periodo entro en

remojo, pero que con el triunfo del gobierno de Correa se vuelve a avivar. Esta crisis

está relacionada directamente con el sistema de partidos de un lado, y con la crisis

general de todas las instituciones del Estado, por otro. El desgaste de los partidos

políticos es el corolario de la crisis de legitimidad, pero no puede confundirse con ella

debido a que esta crisis contiene muchos otros factores que atentan esencialmente contra

la idea misma del Estado: la deslegitimación de la justicia, la perdida de confianza en

las instituciones de seguridad social, la escaza credibilidad de los gobernantes, la

imposibilidad de los consensos sobre los grados de participación ciudadana en el

Estado, etcétera, conforman un campo que rebasa la crisis de los partidos políticos y lo

lleva a una situación amenazante de disolución. Sin embargo, el funcionamiento del

régimen de partidos ecuatoriano ha sido el foco más visible de la decadencia de la vida

institucional del país. Los partidos como tal funcionan bajo una doble contingencia, a

primera vista aparece el hecho de que son instituciones políticas garantizadas por el

régimen de la democracia representativa legalmente constituida, pero a la vez en la

medida en que no son totalmente legales, tienen que asumir posiciones sobre la

legitimidad y buscarla en la sociedad. Como se dice tienen un pie en el Estado y otro en

la sociedad. En la crisis de los sistemas de representación política en lo que toca a los

partidos, es esta exclusividad de la representación la que se ha venido a bajo. A este

respecto se podrían esbozar algunas instancias: el sistema de representación nunca

produjo ni dio paso a otros tipos de organización política; los partidos no fueron los

auténticos canales para el procesamiento de las inquietudes democráticas de la sociedad,

y por último, internamente nunca produjeron el asentimiento democrático de sus bases

lo que les llevó a burocratizarse y pasar a depender de una sola cabeza carismática, que

pronto se convirtió en su dueño absoluto: el PSP, la DP, la ID, son la muestra fehaciente

de este proceso.

El problema de la legitimidad de todas las instituciones roza en cambio otros factores,

uno que hay que destacar sobre manera es la despertenencia de la ciudadanía respecto a

sus gobernantes, tres presidentes han sido derrocados con presiones masas que en el

caso de Gutiérrez se llevó por delante tambien al congreso. Si apostáramos por una

periodización de la crisis política e institucional ecuatoriana de los últimos años sin

duda que tendríamos que extender la revisión histórica por lo menos hasta mediados del

gobierno de Duran Ballén, en donde las denuncias de corrupción se volvieron

galopantes y llegaron a las instancias mismas de gobierno cobrando su primera victima

en el Vicepresidente Dahik, quién tuvo que dimitir del cargo y fugar del país por

denuncias de malversación de fondos. Alexei Páez también identifica la crisis

institucional de este periodo con la salida de Dahik, pero así mismo afirma que ésta

continúa con la caída de Bucaram y sigue con la crisis de Mahuad, continua nuevamente

con Gutiérrez en una serie de sucesiones que revelan una dimensión estructural de crisis

orgánica del régimen político. Sus consideraciones sobre esta época llegan a veces a ser

alarmantes: esta crisis –dice él– tiene tres dimensiones: una crisis del sistema político,

del sistema de partidos, una crisis de credibilidad institucional, las instituciones ha

perdido sustento en la población y credibilidad en la población y existe anomia, existe

una situación general de inseguridad jurídica de dominación que han colonizado las

instituciones del Estado de una manera que afecta la existencia misma de la comunidad

nacional y ponen en vilo las relaciones de la sociedad con el estado y la viabilidad

misma de la sociedad y el estado a futuro.

Frente a este escenario caótico el triunfo Correa representa un quiebre en las

expectativas de los neoliberales y de la derecha de los antiguos partidos políticos. El

llamado a la Asamblea Nacional Constituyente que fue propuesta en la campaña de

Alianza País, recogía el llamado y la exigencia de las mayorías olvidadas del viejo

acuerdo político a refundar el país. Una vez terminada la Asamblea y elaborado el

nuevo proyecto de Constitución nos toca evaluar si estas exigencias han sido recogidas.

A lo que estamos avocados ahora no es tanto a una reforma, sino a un recambio general

del horizonte de la política. En materia de derechos y de participación a primera vista la

Nueva constitución que aprobaremos o desaprobaremos este 28 de Septiembre, se

muestra bastante amplia y sensible al nacimiento de una nueva relación sobre la política

y reconstituir los espacios de la sociedad en el Estado, hay pues una nueva legalidad de

cuño más ciudadano. De igual forma en lo que respecta al régimen de representación y

la constitución del Estado, las reglas de juego interno han cambiado. Y que decir de las

reformas económicas sociales en beneficio de las mayorías que desde hace rato estamos

empezando a sentir. Sin embargo hay limitaciones que tambien deberemos señalar como

el que por ejemplo, sigamos encaminados un modelo extractivita, que llevará al Estado

potencializar la explotación de petróleo y demás minerales. Esto se prevé tenderá a

confrontar a muchas comunidades locales que viven sobre el subsuelo de estos recurso

con los intereses del Estado; sin embargo, como tambien se han ampliado los marcos de

la desobediencia civil hasta el punto de constitucionalizarlos, podríamos asistir a

escenarios donde el Estado deberá abrirse al libre juego del conflicto que tendrá en otro

polo a las comunidades afectadas con igual grado de legalidad. Lo que importa y esto es

lo que se ha propuesto en el ideario de la Constitución 2008, es que la legalidad de las

acciones deberá inembargablemente y constantemente reconstituirse en la sociedad. En

cualquier caso, en lo que sigue intentaremos profundizar en todos estos aspectos.

1. La irrupción de la conciencia social ecuatoriana frente al viejo orden político

Una irrupción que significa simplemente cuestionamiento del viejo orden político y de

todas las instituciones del Estado. La democracia representativa se vio agotada en el

régimen de partidos y en el caduco y pícaro sistemas de elecciones que hacía por

ejemplo, de juez y parte en el proceso de elecciones, lo que desacreditaba cualquier

indicio de legitimidad o algún tipo de correspondencia entre la votación y las

expectativas de los electores y los candidatos electos. En este sentido la ANC funcionó

como ente purificador dentro de la democracia representativa y puso un freno a esas

acciones de legalidad desenfrenada. En términos del reconocimiento de los distintos

modos de darse lo político, el concepto absoluto de democracia representativa fue

reconfigurado: a nivel del funcionamiento de la participación electoral, de la

participación de los actores políticos organizados y sobre los mecanismos de

exigibilidad de los derechos de participación. En suma se ha expandido las fronteras de

la normatividad y la legalidad y se la incardinado en los problemas de la legitimidad.

Crisis de legitimidad de la democracia representativa

Formalmente se ha pensado que la idea democracia está adscrita únicamente a la

existencia de los partidos, como si los partidos políticos fueran los únicos garantes de la

democracia, como si con su mera existencia bastaría para hablar de si un régimen es

democrático o no. Esta ha sido la idea corriente que se ha sostenido en el Ecuador desde

los años del llamado retorno a la democracia a finales de la década de los setenta. Ante

esta alternativa es preciso entonces que distingamos entre la crisis total que vive el

sistema democrático vigente hasta hoy y la bancarrota de la partidocrácia. Ocupémonos

primero legitimidad perdida de la democracia representativa en su conjunto.

Cuando hablamos de crisis de legitimidad estamos hablando de un déficit, de un

desfalco en el sistema de representación. Pero tambien hablamos de la disolución de los

actores capaces de ofrecer esa legitimidad. Y es que construir legitimidad no es

únicamente ganar adeptos para una apuesta a nivel de la política, sino ampliar los

contenidos desde la participación del conjunto de los ciudadanos. La democracia

representativa ecuatoriana, regida por los partidos, nunca intentó ampliar los marcos de

agenciamiento diverso a nivel de los actores que hubieran garantizado el buen

funcionamiento de las instituciones. Más bien funcionaba clientelarmente, y cuando

esas expectativas entre las masas de electores no eran satisfechas los organismos de

representación entraban en crisis. Lo que produjo el agotamiento de la democracia

representativa no es más que una tendencia catastrófica en la que por un lado la

sociedad se aislaba cada vez más de la política y el Estado organizado a través del

secuestro de los partidos subsumía aún más a un más los últimos reductos de la

legitimidad. Vivíamos bajo un régimen en cual la sociedad y el Estado estaban

divorciados. La historia de los últimos años en Ecuador ha demostrado esto. A

continuación haré un recuento de cómo fue progresivamente instalándose en el país una

suerte de anacronismos entre la vida institucional y la lógica fantasmal de la sociedad

ausente de todo.

Pongamos por limite del periodo a analizar el proceso de reforma y transición políticas

encauzadas por Alarcón, entre los meses de mayo y julio de 1998 en las que se llevaron

a cabo elecciones presidenciales, que tenían como favoritos Jamil Mahuad (DP) y

Álvaro Noboa (auspiciado en ese entonces por el PRE). Ambos políticos de la derecha

que no representaba contradicción mayor respecto de su programa de gobierno. El

primero de ellos, hasta ese momento alcalde de la ciudad de Quito, fue el vencedor en

los comicios, al obtener el 51,27% de los votos, un 2,55% por encima de Noboa, que

logró el 48,72%. Con una abstención que abstención rondó el 30 por ciento. Lo

importante de estos comicios no fue únicamente el alto grado de abstención que tuvo

sino el marcado fenómeno de que se trataban de votos totalmente regionalizados en su

distribución. Esto es así debido a la escaza representatividad que pudieron alcanzar los

partidos políticos a nivel nacional y así mismo debido a la ausencia de un proyecto

nacional que sólo postulaba en tal caso caudillos locales que tenían votos confiscados en

sus provincias. Sin embargo con el actual gobierno esa realidad parece modificarse en la

medida de que los últimos procesos electorales le han dado una votación nacional

inaudita en la historia del país que no es comparable siquiera con el proceso de masas

que consagro la victoria de Roldós.

Para no desviarnos, como se sabe el gobierno de Mahuad terminó depuesto por una

multitud que le reclamaba debido a sus políticas económicas neoliberales, terminando

su periodo con Gustavo Noboa. Pero es sorprendente que en las inmediatas elecciones

seccionales del 21 de Mayo 2000, si bien hay una fortaleza indiscutible de la

socialdemocracia tradicional (ID), al menos Pichincha, no muestran todavía un

recambio en las preferencias del electorado tomando en cuenta que el depuesto

presidente Mahuad y su partido habían sido los grandes perdedores de la movilización

social de 2000; así p.e., en las elecciones promovidas para elegir y designar al nuevo

alcalde, los datos atestiguan que Izquierda Democrática obtiene con Paco Moncayo

como candidato el 58,61% (405.077 votos de 691.133); pero los votos a favor por

Roque Sevilla de la DP alcanzan sorprendentemente un 32,25% (222.899 del total de

los votos sin contar nulos y blancos); estas dos tendencias fueran las más votadas.

Estos datos muestran dos parámetros importantes que hay destacar sobre el tipo de crisis

que tuvimos enfrente en los últimos años: las crisis políticas que se sucedieron hasta

Mahuad eran del tipo que podían resolverse en el orden de las instituciones es decir que

eran perfectamente absorbibles por el sistema en su conjunto; en tanto que la crisis que

inaugura la caída de Gutiérrez, con las consecuencias desastrosas que tuvo para la

izquierda, proyecta otros sentidos que van desde la crisis del sistema de representación,

pasando por el declive de las instituciones (sean, Congreso Nacional, Tribunal

Constituciones, Corte Suprema de Justicia, etc.,) hasta las exigencias de un cambio en el

programa económico. Pero aún así el proceso tuvo que demorar para que los partidos

políticos se ganasen el rechazo de la población.

En las elecciones del 20 de octubre de 2002 ocurrió un hecho importante resultó

ganadora la candidatura de Lucio Gutiérrez, el cual estaba apoyado por una naciente

capa de militares progresistas del 21 de Enero, el Movimiento de Unidad Plurinacional

Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP) y ademas contaba con el apoyo de diversas

organizaciones populares y de izquierda. Si se piensa el la naturaleza progresistas de los

actores que auspiciaban la candidatura se puede dar cuenta de que esos votos fueron por

la izquierda, pero prontamente la alianza se mostró incapaz de sostenerse y rompió con

semejantes consecuencias duras para los movimientos sociales y que no decir de los

partidos políticos de izquierda que lo apoyaron. Gutiérrez recibió el 20,3% de los

sufragios emitidos frente a Álvaro Noboa, candidato del PRIAN, que obtuvo el 17,4%.

Ambos concurrirían a una segunda vuelta donde Gutiérrez logró el 54,3% de los votos,

convirtiéndose en presidente electo. Lo que importa en los resultados de estas

elecciones es que la diferencia es muy estrecha, que aún ese momento la disputa entre

los proyectos neoliberales y los partidos que los apoyaban no daban camino a reformas

políticas de otro cuño. Y esto es más radical en algunas ciudades como Quito, que era

hasta hace poco el centro de lucha política por excelencia del Ecuador. En estas

elecciones curiosamente quien ganó con una buena distancia del resto de candidatos es

Rodrigo Borja de la ID con un 32,68 % (256.934 de 786.278 votos validos); los

candidatos que le siguen son Lucio Gutiérrez con 170.073 votos o sea el 21,63 %; León

Roldós con 137.314 es decir un 17,46 % del total de los votos validos y Álvaro Noboa

con 71.992 votos o sea con un 9,16 % de los votos.

Esta votación registra al menos tres parámetros: uno, la ID mantiene hasta 2002 una

votación fija y de preferencia mayoritaria en el electorado quiteño lo que también se

manifiesta como veremos en la elección de diputados; dos: Álvaro Noboa en estas

elecciones como en las pasadas (1998) y futuras hasta la de 2006 jamás ha podido

consolidar un electorado fijo en la capital de los ecuatorianos, en las tres ocasiones en

las que ha participado, por lo que concierne a Quito, siempre ha sido derrotado, incluso

cuando el electorado quiteño hubo de manifestarse en la segunda vuelta electoral su

voto se inclino por Gutiérrez que no era un candidato de preferencia mayoritaria entre

los quiteños; tres: Gutiérrez no logra en Quito para la primera vuelta una simpatía

considerable por parte de los electores, Borja lo adelanta con una diferencia de once

puntos.

Esto se debe en parte a la fragmentación de los votos, la ID al reflejar un discurso de

moderación y cordura, de estabilidad y democracia pudo hasta ese entonces captar la

votación de aquellos sectores también moderados situados en las clases medias quiteñas

(esto último se guarda la reserva de una hipótesis); esto también atestigua el poco

favorecimiento que esas masas votantes tenían por el candidato de la izquierda,

Gutiérrez. Pero como se sabe la revuelta de Abril de 2005 se llevo a todos por delante

con lo que puso a rediscutir los viejos paradigmas sobre los partidos tradicionales y su

“tradicional” capa votante. Aquí, no obstante, hay que evidenciar un rasgo que sólo

después con el triunfo de Correa se puso de manifiesto claramente: los electores, más

allá de las propias características de los nuevos líderes favorecidos por ellos, en las de

las últimas elecciones siempre se han manifestado a favor de alternativas a los partidos

políticos tradicionales.

Pero el continuo avatar de las instituciones políticas ecuatorianas y del sistema de

representación en particular sólo es problemático por que principalmente han sido las

movilizaciones populares las que han degrado esas superestructuras. Así de la mano de

las persistentes crisis también tenemos una constante e intensa movilización popular que

la provoca. Según un cuadro estadístico elaborados por diario “El Comercio” y “EL

Universo”, podemos evidenciar que entre noviembre de 2004 y enero de 2005, el

número de conflictos se incremento de 31 a 45. Que entre los géneros de conflicto más

problemáticos el laboral a un 18,54 constituía el segundo mas frecuente después del

conflicto cívico -este fenómeno obedece al escenario republicanista cívico que

anticipaba al forajidismo- que ocupaba 44,3% del total de los conflictos generados. Y

por último que entre los sujetos del conflicto mayormente destacan los sectores ligados

gremios laborales y estudiantiles.

Estos sectores son algo constantes en el fenómeno callejero de las luchas de clases del

país en estos últimos tiempo, pero lo son menos que antes, pues el mapa del conflicto de

la luchas de clases se vio ensanchado por el aparecimiento de nuevos antagonismos que,

como es lógico, suponían otros actores. Esto nos lleva a una consideración del estado

actual de los movimientos sociales. La desestructuración del viejo régimen cepalino

industrialista por parte del Neoliberalismo también causo un recambio en las fuerzas

sociales del conflicto. El antiguo sistema de desarrollo prefiguraba un patrón de

conflicto ubicado en la contradicción obrero-capital y campesino-capital; con el

neoliberalismo y la consecutiva ampliación del sector de servicios el sector ligado al

trabajo se diversifico fuertemente y la consiguiente informalización trabajo producto de

las leyes de flexibilización laboral debilitaron a los sindicatos. Los trabajadores

campesinos involucrados con el gran éxodo del campo a la ciudad que caracteriza a los

años setenta, no tuvieron en su mayoría sino el camino de la marginalidad. En términos

políticos estos sectores al perder toda referencia con la nueva realidad económica se

vieron desarmados en su capacidad de resistencia y difícilmente pudieron volver a

ofrecer la oposición de los años ‘70 y ‘80 en los que se habían consolidados incluso

como únicos ejes articuladores de las manifestaciones populares.

El nuevo escenario político del Neoliberalismo diversificó los actores del conflicto en la

izquierda. Para los años noventa el escenario real del conflicto se enmarca en la lucha

contra el Neoliberalismo con un actor que, por lo menos en Ecuador, resultaría

determinante en la historia política de los próximos diez años, me refiero al movimiento

indígena articulado en la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador

(CONAIE): “este movimiento indígena ecuatoriano que en los noventa es uno de los

primeros en América Latina que levanta en un programa étnico-cultural, reivindicando

su carácter de pueblos y nacionalidades descendientes de las culturas originarias,

portadores de formas particulares de entender las relaciones de los seres humanos

entre si y de estos con las la naturaleza” (Hidalgo, 2001: 56); es el que articuló la

resistencia ante la arremetida neoliberal y marco la pauta del corroimiento del sistema

político ecuatoriano; con su continua persistencia en la exigencia de un estado

plurinacional y abriendo el marco de las demandas le mostró sus debilidades y sus

insuficiencias. El movimiento indígena mantuvo la vanguardia de los procesos de

resistencia por más de diez años hasta que advino el periodo de reflujo ocasionado por

su participación en el gobierno y las consecuencias del entrismo político de los

gutierristas en el interior de sus bases. Las diversas tácticas clientelistas y

asistencialistas de Gutiérrez anexaron entre sus diversos sectores del indigenado de las

regiones del Oriente y la Costa ecuatoriana.

El último rebrote del movimiento indígena tuvo lugar depuse de que se consumara la

alianza con el gobierno de Gutiérrez y que su giro hacia el neoliberalismo y la derrocha

fuera un echo. Las movilizaciones en contra de Gutiérrez empezaron a finales de 2004;

producto del desarme y repartición de las instituciones del Estado fundamentalmente de

la Corte Suprema de Justicia, que con nuevos magistrados permitieron el retorno al país

de Bucaram y Dahic, la insatisfacción popular se generalizo; el indigenado y la

izquierda tradicional salieron a las calles pero no tuvieron éxito ya que el recuerdo

latente de su participación en el gobierno les restaba toda legitimidad.

Es en estas circunstancias que se produce una movilización social cuyo eje central es la

moralización del sistema político. Se trata de un discurso políticamente ambiguo, pero

que sin embargo posibilita la confluencia de sectores medios de la población

generalmente reacios a asumir posiciones políticas más radicales. El gobierno trata en

primera instancia de invisibilizarlos y mas tarde las deslegitima al aducir que en

realidad se trata de un grupo de de “forajidos”. Sea lo que fuere estas movilizaciones se

prendieron en sectores autónomos constituidos por clases medias arraigadas en Quito

que se manifestaban “nocturnamente”. De esta manera los juicios éticos y de moralidad

pública sustituyeron a las viejas consignas clasistas o de otro género. Al inicio de la

movilización contra Gutiérrez, la población de Quito estuvo aglutinada en la coalición

denominada Asamblea de Quito, en la cual tuvieron protagonismo las autoridades del

municipio y la prefectura (la alianza ID-Pachakutik) y otras organizaciones ciudadanas

que en sus nominaciones, apelativos y manifestaciones recalcaban un discurso de la

ciudadanía visto desde las obligaciones y el valor de la democracia. Sin embargo, el

fracaso de la Asamblea se produjo a raíz del paro a medias decretado por la prefectura

de Pichincha para el 13 de abril. Desde allí se hizo evidente la honda crisis de

convocatoria, articulación y representatividad de la ID y Pachakutik y de la otrora

poderosa CONAIE, que se sumo al decreto. Parecía que tras la derrotada Asamblea de

Quito, venía la muerte de toda forma de movilización. Sin embargo, en esos días se

gestó una original forma de protesta que no podría denominarse un movimiento, pues

carece de ideología, agenda y liderazgo central. Fue una protesta espontánea y original

que se basó el más variado despliegue de símbolos, manifestaciones artísticas, leyendas

creativas que apelaban a lo nacional y a la quiteñidad, que reflejaban una opinión

política madura, y que levantaban como objeto de lucha a temas que nunca antes -por lo

menos en los últimos años de democracia habían sido factor de protesta: la dignidad, la

institucionalidad democrática perdida, etc. Derrocado Gutiérrez, el forajidismo, sin

mayor posibilidad de articular por sus propios límites un programa alternativo, tuvo que

morir. Lo que tuvimos luego fue el advenimiento de un gobierno, que nacía

directamente de las cenizas de la crisis y que por exigencia popular, ofrecía profundas

reformas que con el pasar de los meses y por la debilidad movimientos de izquierda se

fueron enfriando hasta quedar en nada. El gobierno cayo presa de un congreso en

desorden y sucumbió ante sus prerrogativas.

Todos estos dimes y diretes de la democracia representativa son necesarios conocerlos,

pero de este breve recuento debemos sacar algunas conclusiones finales. La crisis de la

democracia representativa se refleja primero bajo el aspecto de una inconformidad y

descontento con los gobernantes y sus políticas, a la par con una creciente desconfianza

con el sistema en cuanto tal; tambien, que de alguna manera este enrevesamiento tiende

a cuestionar a sus actores en ambos bandos, tanto la derecha como la izquierda fueron

arrasados por la movilización de masas que cada vez ponía en el abismo a la institución

y aún más, y esto es para alarmarse, a la misma política. La política dejo de ser vista

como el vínculo posible entre seres que viven en sociedad. El movimiento forajido que

promovió la fiebre casi anarquista del “que se vayan todos” es la expresión completa de

una anomia al que nos llevó la demoraría representativa vigente. Parte de los desafíos

después del triunfo de Correa debía empezar por reencantar la política, y el llamado a la

Asamblea Constituyente parece que le devolvió ese horizonte a la población

ecuatoriana. Ahora nos enfrentamos a otros desafíos en los cuales se están abriendo los

plexos democráticos e institucionales a partir de una nueva legalidad en el que la

cuestión de la legitimidad se ha puesto otra vez al orden del día, pero ya no desde la

crisis sino desde la prospectividad que pueden generar los nuevos actores que

revitalizaran las viejas demandas populares; las aspiraciones de justicia tenderán hacer

más radicales, siempre teniendo en cuenta la lección de la crisis que tiende a enseñarnos

que democracia no es solo derecho a elegir y ser elegidos, que no es solo libertad de

propiedad y de empresa sino tambien un medio fuerte para alcanzar la igualdad y la

equidad.

Descrédito de la Partidocrácia

Este es un fenómeno nuevo que empata con la crisis de legitimidad de la democracia

representativa, pero que como hemos dicho no lo agota. No obstante, es importante

señalar que la identificación de los partidos políticos tradicionales con los males de la

sociedad, fue el quid pro quo del desbalance total del sistema. Digamos que fue como

esa veracidad innegable con la que comulgaban todos, pero no estaban dispuestos a

cuestionarla pues en verdad el sistema de partidos había constituido el norte

democrático de toda la sociedad. En la movilizaciones de Abril de 2005 muchos se

cuestionaban incluso así mismo: “Podemos echar al Presidente, pero si echamos al

congreso que va a pasar…” o tambien “Esta bien que se vayan todos, y luego…”. En

realidad a lo que estábamos avocados el 20 de Abril, no era más que al cuestionamiento

del nexo propio de la democracia representativa: los partidos políticos.

El declive de los partidos políticos se explica por una multitud de variables de las que

hay que decir que aún tienen naturaleza regional, en la medida de que la mayoría de

partidos había logrado sustentar el clientelismo del voto en sus regiones y provincias

dado el caso de que los forma de distribución del voto era más o menos el PSC, el PRE

y el PRIAN en la costa , y la ID y la DP en la Sierra, y después el PSP en la amazonía;

pero en general obedece al mal manejo de las instituciones y puso de manifiesto,

digámoslo de nuevo, la crisis general que padece el actual sistema de representación.

Asimismo a que la población observa la evolución de los mismos como garantes del

orden construido con el que la mayoría se haya inconforme. Los partidos políticos

tradicionales al mantenerse sujetando la estructura del actual sistema de representación

tendieron autoliquidarse ante sus propios electores, pues lejos de obedecer a sus

mandantes, como estructura se subordinan a los grupos de poder ha los cuales

pertenecen. En los partidos llegó a encuadrarse una lógica de corporativización de

intereses, compromisos y servicio a grupos y sectores de poder con intereses privados,

los cuales hicieron perder la noción de lo público en el Estado.

Pero fueron las elecciones de 2006 pusieron en vereda a los partidos políticos

tradicionales, el castigo de la población hacia ellos fue masivo, aunque hallamos tenido

después un congreso con mayoría de derecha, que más popularmente conocemos como

el “Congreso de los manteles”. Después de todo, la población ha estado acostumbrada a

votar no por proyectos sino por personas, por lo que no es de esperar que partidos como

el PSP y PRIAN reaccionen ante ellos como podrían hacerlo ante las figuras del PRE,

del PSC, de la DP o ID. Al triunfar Rafael Correa se reavivaron las motivaciones por el

cambio de la mano de una Asamblea Constituyen que fuera capaz de refundar el País

limpiando las instituciones. El cambio no significaba otra cosa para la población que la

posibilidad de un orden político, y no importaba cual fuera este, que estuviera fuera de

toda los partidos políticos tradicionales. De hecho uno puede apresurarse a decir que en

general todos los votos obtenidos en la candidatura presidencial de Rafael Correa,

fueron votos en contra de los partidos. Pero hemos mejor de analizar cuales son los

cotos puesto a cualquier indicio para el funcionamiento del viejo régimen en la

Constitución 2008, que elaboró la Asamblea de Montecristi.

1.3 La Asamblea Nacional Constituyente como antídoto al viejo orden político

A este punto queríamos llegar. Mas allá de que la ANC sea y represente en sí mismo

una catarsis para el sistema político en decadencia de los años anteriores, es preciso que

develemos como su llamamiento empezó liquidar el regionalismo y el clientelismo

político con el que funcionaba el sistema de representación. El llamamiento al

referéndum para la convocatoria a la ANC en marzo del año pasado obtuvo cerca del

82%, siendo que en la conformación de la Asamblea en las elecciones para asambleístas

en septiembre llego al 66.11 % a favor de la bancada de Alianza País. Esto de alguna

manera resulta sintomático, pues se abre la posibilidad de llegar por primera vez a

construir un proyecto nacional en su conjunto. Y téngase presente que la votación

mayoritaria a favor del llamado a la ANC, no fue necesariamente un gesto de apoyo al

presidente exclusivamente, sino un ajuste de cuentas contra la viejo país y los partidos

políticos tradicionales. Pero aún más el triunfo mayoritario del partido de gobierno

representó la primera posibilidad para liberar la representación política del

estancamiento regional al que estaba expuesto la voluntad popular, que era el

fundamento para el chantaje político sobre cualquier gobierno. Los partidos políticos se

afincaban en sus regiones como mandantes supremos tanto a nivel local como a nivel de

las relaciones con el Estado. Estos chantajes los conocemos: uno, a nivel del propio

congreso, y otro, a nivel de la distribución del presupuesto. Los partidos tradicionales

dominaban en los dos instancias de elecciones consagradas en el régimen electoral, si

como se veía antes ninguno de ellos llegaban a constituir bloques nacionales en el

antiguo Congreso Nacional, bastaba con que a nivel de las alianzas sobre sus intereses

afines hicieran mayoría, para chantajear al gobierno de turno y recibir canonjías en sus

beneficios, no de otro modo funciona la mayoría PSP-DP-ID en los últimos diez años;

asimismo en las elecciones intermedias, bastaba con que obtengan una votación fuerte,

para presionar de sus regiones al gobierno en busca de una mayor tajada sobre el

presupuesto nacional del Estado. Con los riesgos que esto conlleva para la

diversificación de las organizaciones políticas que hasta ahora han sido absorbidas por

País, es muy probable que esto marque la horabuena del sistema de representación

política y la democracia. Una de éstos de estos nuevos horizontes lo marco la Asamblea

Constituyente, constituida por una mayoría absoluta bastante democrática.

Otro aspecto que queremos destacar es la gran participación a la que dio acogida la

Asamblea, según los datos provenidos por ella, se realizaron 18 foros en varias ciudades

del país promovidas por la Asamblea, con una participación 11.130 personas. De los

que llegaban a Ciudad Alfaro, 70.000 personas fueron recibidas por todos los

Constituyentes; 150 propuestas se han entregado a la Presidencia de la Asamblea, 1000

directamente en las mesas y 1.574 a través de su website. De camino a esto, gran parte

de los proyectos promovidos por varios sectores, han sido incorporados en el actual

proyecto de Constitución, sobre todo en el área de Derechos. Sin embargo, quiero hacer

hincapié ya en los asuntos propiamente democráticos, en los nuevos mecanismos de

garantías que se establecen en la Constitución 2008 respecto de los contrapesos de

poderes y la participación ciudadana.

Uno de los problemas internos del anterior funcionamiento de las instituciones del

Estado estaba dado por la intensidad de una lucha jurídica y constitucional por parte de

la función legislativa y ejecutiva que entraban fácilmente en conflicto. Pero el Congreso

no tenía la posibilidad de enjuiciar políticamente al presidente y pedir su destitución, ni

el Presidente tenía la posibilidad de confrontar con herramientas de legalidad al

congreso, lo que llevaba a una pugna de poderes que terminaba con la impopularidad de

ambos en el con junto de la sociedad (véase Art. 132 y 150, de la Constitución 2008).

En el actual proyecto de constitución se le devuelve al legislativo la posibilidad de

destituir al Presidente, una de las funciones que le había quitado la constitución del 98,

pero así mismo, se le dota al ejecutivo de la posibilidad de disolver la Asamblea

Nacional por una sola vez después de tres años de iniciado el mandato presidencial,

pero en ambos casos el Consejo Nacional Electoral deberá llamar a elecciones

inmediatas. Este mecanismo se conoce como la “muerte cruzada” e implica un criterio

de tolerancia en el desarrollo de las relaciones entre ambas funciones en cual el llamado

a enjuiciamiento o la disolución de la Asamblea respectivamente, será dará en casos

extremos como lo especifica el libro constitucional. Con esto se hace más responsable a

cada una de las funciones respectos de los marcos de acción de sus poderes.

Es de nuestro interés tambien destacar el papel de las dos nuevas funciones que se

crean. El viejo Tribunal Supremo Electoral, pasa a cumplir el papel de una nueva

función. La Función Electoral estará compuesta Consejo Nacional Electoral y el

Tribunal Contencioso Electoral, estos organismos reconfiguran el régimen de

representación y de elecciones. Ya no ocurrirá lo que ha sucedido hasta hoy en donde el

los vocales del TSE que estaban designados por los partidos políticos más votados, eran

tambien los que dirimían en épocas de elecciones, siendo juez y parte interesada a la

vez; es de ver que en una situación tal la amenaza del fraude electoral estaba a la puerta

del día. Con la nueva Función Electoral se pretende que el Consejo Nacional Electoral

sea como tal el que organice las elecciones, mientras que el Tribunal Contencioso,

imparta la justicia electoral. Asimismo los miembros de esta función serán nombrados

por la Función de Transparencia y Control Social, que tambien se crea.

La Función de Transparencia y Control Social es quizás la herramienta legal más

innovadora dentro del proyecto de nueva constitución (Ibid., Art. 204-210). El régimen

de participación que se avizora tiende a devolver a la ciudadanía el poder decisión que

el delegacionismo político confió a los partidos políticos, de la cual el común citoyen

fue enajenado. El sistema de elecciones anterior sólo pedía la participación de la

ciudadanía en épocas de elecciones, sin duda que esto tambien exigía por parte de los

partidos políticos cierto asentimiento a los intereses de sus electores, pero esa no ha sido

la tendencia. La nueva Función, en cambio sitúa en un tiempo más constante los niveles

de participación; a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,

fomentará la participación ciudadana, generará mecanismo de control social e incluso

tendrá la capacidad de designar autoridades importantes, como Procurador y

Superintendente, Defensor del Pueblo, Contralor, Fiscal General, a los miembros de la

Función Electoral, etc. Estará conformada por siete Consejeros (as), principales y siete

suplentes, que serán electos por un concurso público de merecimiento, y con veeduría

ciudadana en casos de impugnación, a cargo del Consejo Nacional Electoral. Lo que se

logra con esto es evidentemente reducir los índices de intervención del antiguo poder

legislativo dominado por los partidos, que en muchos casos cuando se trataba de

designar autoridades de control, era proclive de dolo, corrupción y nepotismo.

De algún modo esto podría verse como un modo de estatizar a la ciudadanía, de

constitucionalizar el conflicto, etc. Pero esta función en la medida en que tiene un

caldeo ciudadano, un agenciamiento ciudadano, no podrá fácilmente reabsorberse en el

puro poder del Estado o en la famosa Razón de Estado, necesariamente debe abrir la

puerta de la participación, esto es esencialmente su sentido de ser. El que esta función

tenga la forma de la legalidad, no es tanto el problema pues su grado de

empoderamiento por parte de la ciudadanía, depende del nivel de legitimidad que ganen

en la sociedad los distintos actores o movimientos sociales participantes. El problema ya

no está en la legalidad sino en la legitimidad y en modo en que los concursantes habrán

de ganarse la confianza de los ciudadanos. Pero esta aura democrática de los niveles de

participación, incluye todavía la participación de la ciudadanía en todos los niveles de

gobierno locales para la toma decisiones en el sistema de desarrollos que emprenderán

estos gobiernos descentralizados (Ibíd.. Art. 100); esta figura se conoce como la “silla

vacía” , esta silla estará ocupada por un representante ciudadano que participará en el

los debates y más aún en la toma decisiones, la designación de este representante se

estima se de por medios veedurías, asambleas, consejos consultivos, cabildos populares,

etc.; otra vez aparece el tema de la legitimidad: quien la quiera ocupar va a e tener que

ganar primero legitimidad y terrenalidad en el apoyo ciudadano sobre sus probidad y

proyecto político.

Por último, aparece dos figuras muy complejas que podrían enmarcarse en la

perspectiva de una democratización radical de la sociedad: hablamos del DERECHO a

la RESISTENCIA (Ibíd. Art. 98) y del reconocimiento de la Democracia Directa (Ibíd.

Art. 103). Vayamos por lo primero, el Derecho a la Resistencia, es una suerte de

ampliación de los marcos del Estado Burgués de Derecho, es una ampliación de los

horizontes de tolerancia de la desobediencia civil en el marco del régimen legal del

Estado. Sin embargo, los motivos por los cuales las personas se sienten el la necesidad

de practicar este derecho, pueden ser individual o colectivos, no son asuntos puramente

legales, sino que, digámoslo nuevamente, competen cuestiones de legitimidad.

Cualquier llamado a la resistencia debe medir su capacidad universalista en la cual los

principios movilizaros logren integrar un conjunto cada vez mayor y representativa de

demandas, como pueden ser la justicia, la defensa de los derechos humanos, la

salvaguarda de reservas naturales frente a la explotación indiscriminada de petroleo, la

misma objeción de conciencia, la defensa de la expresión y del vestido, etc. En fin se

trata de quienes lo ejerzan, individual o colectivamente, graden sus demandas propias

con las del conjunto de la sociedad en donde deben ganar legitimidad. Los métodos de

Democracia Directa incluidos en el proyecto de Constitución 2008, afectan en cambio a

la legalidad en sí misma. Está prevista como una “iniciativa popular” que es de tipo

normativos, esto es, en términos del afianzamiento de los derechos, prospectiva. Y,

previo respaldo del 0,25 de las personas inscritas en el padrón electoral de la

jurisdicción correspondiente, tiene la posibilidad de derogar cualquier norma jurídica

que haya sido expedida por el Legislativo o cualquier otra entidad normativa. Lo más

importante es que existen Garantías Constitucionales que harán posible la exigibilidad

de estos derechos, que se harán visibles y viables por los medios de la Corte

Constitucional, un organizamos de resolución legal de conflictos que tambien se está

creando. Esto le devolverá a la ciudadanía la posibilidad de intervenir en los asuntos

importantes de la vida política nacional, por ejemplo, problemas como las autonomías y

la descentralización, el aborto, el modelo extractivista de Desarrollo, que seguramente

no serán resueltos con la simple aprobación de la Constitución de Montecristi, tendrán

la posibilidad de volver a plantearse de otro modo en la palestra pública.

A modo de cierre, podríamos decir que la ANC y el proyecto de la nueva constitución,

sin el ánimo de tomar partido por nada, han cambiado el marco de acción de las

competencias entre legalidad y legitimidad. La crisis de la democracia representativa y

la consecuente bancarrota de los Partidos Políticos, que llamara el Presidente Correa: la

Partidocrácia, fue producto de la absorción de la legitimidad por parte la estructura

normativa de la sociedad. Pero ésta absorción de la legitimidad no es tanto un problema

como una ausencia de la voluntad ciudadana. El proceso de deslegitimación de las

instituciones ecuatorianas, no está dado porque los grupos organizados existentes o

simplemente el espontaneismo de la sociedad las hayan tirado abajo, sino porque la

legalidad estaba ausente de voluntad ciudadana, porque sin el afianzamiento de

legalidad en la sociedad esta voluntad asimismo no podía existir. Es por ello que el

ejercicio ciudadano previsto entre las tareas de la Función de Transparencia y Control

Social y en el nuevo régimen, tienden a incorporar a la sociedad no desde la mera

inclusión bajo la conciencia desde los derechos que el Estado podría garantizar, sino

desde la permanencia del conflicto. Lo que asusta a muchos que piensan en el caos

institucional es resultado de una excesiva confianza en la estabilidad de la norma, como

si la sociedad fuese tan inmóvil para quedarse sujeta a ella. Es, en cambio, el

movimiento del conflicto entre legalidad y legitimidad el que se ha elevado a rango

constitucional en la Constitución 2008, pero de ello se desprende no el caos, sino la

vigencia de una democracia regida en la no desaparición de lo polémico, sino en la

permanencia del conflicto.