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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES
-IIJS-
Universidad de San Carlos de GuatemalaFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Guatemala, noviembre de 2014
PRESENTACIÓN
Con la creación en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de su Ins-tituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales –IIJS- en el ya lejano 1978, se
pretendió generar investigaciones de índole legal que coadyuvaran a resolver los problemas relacionados con el andamiaje normativo del país. Si bien en el lapso que tiene de funcionar el IIJS se han alcanzado determinados resultados, no los espera-dos para ser un referente en materia de investigación jurídica y social en el medio. Esta situación tiene varias causas, aunque quizás la principal es que la Universidad de San Carlos de Guatemala, al igual que la población guatemalteca, fue duramente golpeada por el conflicto armado interno, dejando con ello secuelas difíciles de superar.
No obstante lo anterior pero principalmente ante los graves como complejos pro-blemas actuales que aquejan a la nación y la necesidad de brindar respuestas desde el ámbito jurídico, a partir de 2013 la Junta Directiva de la Facultad impulsa una política de fortalecimiento de la investigación. En ese sentido se han diseñado y desarrollado varias acciones que permitan generar conocimiento que lleve a debates coherentes y pertinentes sustentados en evidencias empíricas. La verdadera y legí-tima discusión intelectual requiere de bases y capacidades que deben construirse con carácter, empeño, rigurosidad y disciplina.
Conforme a lo señalado, desde el año anterior y tal como se publicitó entre el per-sonal académico facultativo, se procedió a ordenar el escaso material investigativo producido por el IIJS y que está a la disposición de profesores y estudiantes. A con-tinuación, atendiendo prioridades y observaciones de las autoridades facultativas, se diseñó un plan de trabajo a desarrollar en el año 2014.
Resultado de esas tareas, viene a ser lo que ahora se realiza en el IIJS y se presenta a conocimiento de la comunidad facultativa, con el fin de que se le estudie y se someta a cuestionamientos y críticas objetivas que permitan superar sus falencias y debili-dades. Las aportaciones que se hagan llegar, de cualquier naturaleza que sean, son bienvenidas. Eso nos permitirá introducir los cambios o hacer los ajustes que sean necesarios para aportar los mejores elementos de juicio que hagan posible una mejor investigación jurídica y social en nuestra Facultad.
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I. INVESTIGACIONES EN PROCESOEn virtud de que la transparencia de la administración pública enviste uno de los pilares fundamentales del Estado Demócratico de Derecho y ante la actual situación del sistema de administración de justicia y seguridad, el IIJS ha previsto desarrollar los siguientes trabajos de investigación:
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Con la vigencia de la Constitución Política de la República, inicia el funcionamiento de las “co-
misiones de postulación” que se conforman para la elaboración de nóminas de candidatos a magistratu-ras y otros importantes cargos públicos.
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En mayo de 2009, con el apoyo de di-ferentes sectores de la sociedad civil se conoció, discutió y finalmente se aprobó el Decreto 19-2009, Ley de Comisiones de Postulación.
Este cuerpo normativo tiene como objetivo regular y establecer meca-nismos y procedimientos objetivos y concretos, en la selección de las nó-minas de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, como de otros car-gos. Define, dicha ley, cuatro princi-pios que deben regir las actuaciones de cada comisión de postulación: transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad.
La experiencia resultante del traba-jo de las comisiones de postulación instaladas en 2014 para la selección de candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Ape-laciones evidencia que es necesario realizar un análisis crítico del proceso desarrollado por éstas. Las conclusio-nes del análisis permitirán determinar aquellos aspectos que deben ser for-talecidos para asegurar un funciona-miento eficaz, óptimo y transparente
de este mecanismo constitucional de selección.
Debido a lo anterior y la obligación otorgada a las facultades de derecho para que participen en estos proce-sos de postulación, se hace necesa-rio el involucramiento del gremio académico para conocer, evaluar y proponer reformas sustanciales que permitan un mejor desarrollo del mandato constitucional menciona-do.
En este orden de ideas, el objetivo que persigue el IIJS con este trabajo de investigación es recoger y siste-matizar la mayor cantidad de infor-mación sobre el funcionamiento de las Comisiones de Postulación inte-gradas en 2014 para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, de manera que permita identificar las áreas que deben ser fortalecidas en este mecanismo constitucional de selección de autoridades.
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Con la promulgación de la Constitución Política de la República en 1985, Guatemala inició formalmente su transición hacia la
democracia. Esto ha implicado la transformación del sistema de justicia desde el nivel normativo, pasando por el nivel de las prác-ticas, hasta llegar al cambio de la realidad.
En el caso del sistema de justicia penal implicó el inicio de la re-forma procesal con la creación de un nuevo Código Procesal Penal el cual entró en vigencia en 1994. Este Código significó cambiar el antiguo modelo inquisitivo de tipo autoritario, por uno de tipo acusatorio. Esto se ha reflejado en la transformación total de las
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instituciones ya existentes, como el Ministerio Público y el Organismo Judicial; y la creación de otras insti-tuciones necesarias para el adecua-do desenvolvimiento del nuevo pro-ceso penal, como el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
No obstante los avances mencio-nados anteriormente, el sistema de justicia penal tiene aún por delante grandes retos en función de hacer realidad los principios y garantías contemplados a nivel normativo. Concretamente el análisis del acce-so a la justicia debe contemplar no sólo la previsibilidad normativa que el legislador haya contemplado res-pecto a la garantía que todas y todos podemos aspirar; sino además todas aquellas variables que puedan de-mostrarnos cuán real es ese acceso a la justicia.
De este estudio se pretende obtener cifras claras y estadísticas a partir de las cuales se pueden generar pro-puestas de mejora y consolidación del sistema de justicia penal.
Por ello, con este proceso de inves-tigación se puede contribuir positiva-mente a la percepción de la ciudada-nía del acceso a la justicia y el papel de las agencias del sistema de justicia penal.
Para este trabajo de investigación se ha elegido el Departamento de Quet-zaltenango pues presenta condiciones favorables para la recolección de in-formación. Además por las caracte-rísticas y el contexto de aplicación de la reforma procesal penal, este De-partamento ha sido tomado como un parámetro de buenas prácticas en el pasado.
Esta investigación se realiza en alianza con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, entidad que goza de una importante experiencia en materia de investigación penal en nuestro medio.
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El fenómeno de la violencia es identificado como uno de los principales problemas que afectan al país. El tipo de respuesta
que el Estado proporciona a dicho fenómeno se ha convertido en uno de los más complicados desafíos para la estabilidad de la socie-dad y gobernabilidad democrática.
Sobre la violencia y delincuencia atribuida a menores de edad, existe una percepción social de responsabilizar a los jóvenes, prin-cipalmente a los integrantes de maras y pandillas, de la mayoría de delitos. En el municipio de Guatemala, la percepción ciudadana manifiesta que más del 60% de los hechos delictivos son cometidos por gente joven.
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Para responder al fenómeno de la delincuencia juvenil, el Estado ha preponderado la implementación de medidas reactivas en lugar de pre-ventivas, provocando con ello la ex-pansión del sistema penal. Ante ello, cabe decir que corrientes criminoló-gicas modernas han señalado que el sistema penal como mecanismo para prevenir delitos no resulta efectivo, además, que se ha demostrado que el sistema de justicia penal ha perdido legitimidad social para la resolución de conflictos.
De tal manera, resulta necesario que el Estado de Guatemala prepondere las políticas preventivas, a partir de su formulación, configuración e imple-mentación, con el fin de gestionar la conflictividad y sobre todo para aten-der de forma más efectiva el fenóme-no de la criminalidad y violencia.
Como un proceso de investigación, la Facultad, tiene una oportunidad para incursionar en el análisis de las ac-ciones que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Gobernación, ha efectuado en materia de preven-ción de la violencia juvenil, dado que en la actualidad el sistema de justicia
penal no ha sido eficaz para responder ante los altos índices de criminalidad que afectan a la sociedad.
Es el Ministerio de Gobernación la institución que será objeto de análi-sis para este trabajo, en virtud de que por mandato legal es responsable de contribuir a la prevención de la delin-cuencia, y también, porque en mayo de 2014 han presentado la “Política Nacional de Prevención de la Violen-cia y el Delito” como una de las prin-cipales acciones tomadas por dicho Ministerio para responder a la delin-cuencia en Guatemala.
Por último cabe decir que se elegirá una zona con factores de riesgo del municipio de Guatemala, como el lu-gar para desarrollar la investigación en virtud de que se ha evidenciado ser el municipio con mayores índices delictuales, y con la percepción social de que la mayoría de los delitos son cometidos por jóvenes.
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II. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE APOYO A LA DOCENCIA
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La Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2014, entró en vigencia el 21 de abril de 2009, en ésta se
desarrolla lo establecido en el Artículo 30 de la Constitución Política.
De acuerdo al Informe Anual de Situación del Derecho Hu-mano de Acceso a la Información Pública 2013, elaborado por el Procurador de los Derechos Humanos, en el primer año de vigencia de la Ley, las instituciones públicas atendieron 11, 289 solicitudes de información, cuatro años después estas solicitudes aumentaron a 30,055. Esto evidencia la importan-cia que tiene para la población canalizar sus inquietudes, que-jas y uso de la información pública.
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La importancia de la ley y el compor-tamiento de la población en cuanto saber lo que sucede con el accionar del ente público, permite fortalecer uno de los pilares de la democracia: la transparencia en las decisiones y actos de la administración pública.
El Artículo 50 de la Ley de Acce-so a la Información Pública obliga a las autoridades educativas incluir el tema del Derecho de Acceso a la In-formación Pública en el currículo de estudios del nivel superior, como un mecanismo para incentivar la cultura de transparencia en Guatemala.
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el estudio de esta materia contribuiría a la preparación de las y los alumnos, con el objeto de que puedan conocer el procedimiento y los recursos que contempla la ley. De tal manera, estudiantes, catedráticos y profesionales empoderados en lo que concierne al conocimiento de sus derechos, en especial el de acceso a la información, es un potencial para una sociedad mejor informada, y por ende, más democrática.
Por tales razones, el IIJS tiene como objetivo elaborar un documento di-dáctico que permita y facilite la co-rrecta aplicación de la ley señalada, ya que constituye un instrumento que facilita la construcción de ciudadanía en una democracia.
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al En Guatemala no tenemos por ahora una publicación exhaustiva que reúna la colección ordenada de la ju-
risprudencia en materia de Derecho Registral. El ordenar, analizar y sistematizar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia en mate-ria de derecho registral para efectos de enseñanza consti-tuye todo un desafío en la Facultad.
A partir de la selección de un conjunto de resoluciones se tiene previsto generar un documento que se constitu-ya en guía de consulta para profesores y estudiantes para resolver, con base a fallos judiciales y constitucionales, disputas legales relacionadas con problemas asociados al registro de diferentes derechos.
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El 27 de enero de 2010 el Congreso de la República emitió el Decreto número 4-2010, mediante el cual se
introdujeron reformas al Código Penal, específicamente en cuanto a delitos y faltas electorales.
Esa normativa fue producto del consenso en esa época en cuanto a que la Ley Electoral y de Partidos Políticos carecía de “dientes” para hacer cumplir varias de sus dis-posiciones, con lo que se entorpecía la realización de elec-ciones libres, participativas y realmente competitivas.
No obstante los “nuevos” delitos que se introdujeron al régimen legal ordinario del país, en las últimas elecciones generales no hicieron “sentir” su presencia, lo que talvez
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pudo obedecer, entre otros factores, al desconocimiento de los operadores de justicia. En ese orden de ideas, el objetivo del IIJS, se constituye en la for-mulación de un ensayo que sirva como material básico de referencia para la enseñanza de esas figuras en particular.
III. FORMACIÓN DE INVESTIGADORES
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La Facultad actualmente carece de un cuerpo de investi-gadores en ciencias penales que produzca conocimiento
empírico sobre el funcionamiento de la justicia penal y elabore propuestas viables para superar su actual situación.
A finales de 2013, la Junta Directiva facultativa aprobó el pro-grama de “Formación de investigadores en Ciencias Penales”, que comprende la formación inicial de un selecto grupo de estudiantes en las áreas más importantes de las ciencias pe-nales (Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Criminología, Política Criminal) y metodología de investigación en Ciencias Sociales.
Se contempló un año para el desarrollo de este proceso de for-mación y a la fecha, cerca de su conclusión para la primera promoción, se tiene una serie de ensayos elaborados por los participantes y que se constituyen como el principal producto para otorgarles un certificado como investigadores junior. El generar una “cantera” de estudiantes con capacidades ciertas en materia de investigación abre las posibilidades de realizar trabajos de mayor calado en materia de indagación jurídico penal en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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En la actual coyuntura se han dado sucesos políticos y
sociales relevantes en materia electoral. La decisión del Tribu-nal Supremo Electoral en cuanto a sancionar a las organizaciones políticas obedeció a la eviden-te infracción de disposiciones normativas contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Po-líticos (LEPP), pero sobre todo a una demanda social en donde la población ha cuestionado la reciente y abrumadora campaña anticipada realizada por algunos partidos políticos.
En este contexto y a las puertas de un nuevo proceso electoral, lo concerniente al actual modelo democrático ha tomado relevan-cia tanto en el sistema político como en la opinión pública. Por ello se ha considerado que la Fa-cultad, a través de sus estudian-tes, pueda desempeñar un papel de observador de las elecciones y con ello dar un aporte signifi-cativo a la población sobre los principales aciertos, problemas y posibles soluciones del próxi-mo proceso electoral.
Para tal cometido, el IIJS ha imple-mentado el “PROGRAMA DE FOR-MACIÓN DE OBSERVADORES ELECTORALES”, que persigue dos objetivos estratégicos: a) Ensayar un proceso de formación a estudiantes de la Facultad en ma-teria de observación electoral duran-te los meses de agosto a noviembre del 2,014 con el fin de fortalecer sus conocimientos en la materia y su re-lación con la investigación científi-ca; y b) Elaborar un “CUADERNO ELECTORAL” como una herra-mienta para los estudiantes y profe-sores de la Facultad interesados en el análisis de la LEPP.
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La Dirección del Instituto de Investigaciones Jurídico Sociales deja asentado que la realización de las actividades y demás aspectos que se informa a través de este Boletín es producto de una serie de factores en que se conjugan las disposiciones proferidas por las autoridades facultativas, el trabajo del personal que labora en el mismo y del apoyo que de parte de un reducido grupo de profesores como de otras personas del sector administrativo y de servicios de la USAC han prestado al IIJS.
JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DECANO: MSc. Avidán Ortiz OrellanaVOCAL I: Lic. Luis Rodolfo Polanco Gil VOCAL II: Licda. Rosario Gil Pérez VOCAL III: Lic. Juan José Bolaños Mejia VOCAL IV: Br. Mario Roberto Méndez ÁlvarezVOCAL V: Br. Luis Rodolfo Aceituno Macario SECRETARIO: Lic. Luis Fernando López Díaz
PERSONAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES
DIRECTOR: Lic. Cesar Augusto Conde RadaSECRETARIA: Sra. Thelma Gladis Arias Robles de García
INVESTIGADORES (AS):
Lic. Elvyn Leonel Díaz Sánchez Licda. Luisa María Leiva MazariegosLic. Luis Rodolfo Ramírez García Lic. Joel Torres Orozco Licda. Viviana Nineth Vega Morales Lic. Luis David Gaitán Arana Lic. Javier Ernesto Fidel Monterroso Castillo Licda. Ana Rosaura Castro Villatoro Lic. Juan Eladio Pérez Já Lic. Carlos Augusto Melgar Peña Lic. Mario Ernesto Archila Ortiz
Ciudad de Guatemala, noviembre de 2014.
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALESEdificio S-7 primer nivel, ciudad universitaria, zona 12
Tel: 2418-8400 ext. 85095 email: [email protected]