informe sobre la propuesta de pago por servicios...

Informe sobre la Propuesta de Pago por Servicios Ambientales

en México

Este informe fue realizado en el marco del proyecto “Pago por Servicios Ambientales en Las Américas”

auspiciada por la Fundación FORD y ejecutado por Fundación PRISMA

Coordinación del Proyecto: Herman Rosa y Susan Kandel

Coordinación Nacional

John Burstein

Escrito por

John Burstein , Gonzalo Chapela y Mendoza, Jazmín Aguilar, Emilienne de León

Estudios de Caso

Fondo Bioclimático (Chiapas): Adalberto Vargas, John Burstein Ecoturismo (Oaxaca y Veracruz): Luisa Paré, Héctor Marcelli

UZACHI (Oaxaca): Martha Miranda, Francisco Chapela

Enero 2002

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TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO............................................................................ 1

PARTE I: EL MARCO GENERAL (POLÍTICO-SOCIAL-AMBIENTAL)5 A. Estado de los Recursos Naturales en México ..................................................................7 B. Historia y Política Ecológica ............................................................................................8 C. Marco Legal ....................................................................................................................11 D. El Marco Institucional y Políticas de Gobierno y de la Sociedad Civil..........................16

PARTE II: EN LA PRAXIS: PANORAMA DE OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES EN LA EXPERIMENTACIÓN DE PSA...................... 22

A. Revisión Panorámica de Casos ......................................................................................22 B. Estudios de Caso ............................................................................................................40

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 86

ANEXOS.................................................................................................... 90 Anexo I: Nota Metodológica................................................................................................90 Anexo II. Tablas de las dependencias más importantes para la política ambiental.............92 Anexo III: Taller de Experiencias en Chiapas .....................................................................95

RESUMEN EJECUTIVO Por su situación de puente geográfico mesoamericano, y su variedad topográfica, México se conoce como uno de los países de “megadiversidad” en el mundo. Hay grandes recursos forestales (aproximadamente 56% del territorio); y hay una tasa de deforestación que es el doble del promedio nacional. El campesinado mexicano es un sector en transición. Viene de haber sido un pilar de la Revolución Mexicana (1910-20) – con la cual ganó una reforma agraria que todavía hoy pone en su posesión más de la mitad del territorio nacional – y de haber proporcionado alimentación y mano de obra baratas durante la transformación del país hacia uno urbano (en el 75%) y en avanzadas vías de la industrialización. La población campesina – en parte significativa indígena – se concentra en el sur del país, donde también se concentran las reservas de agua y el bosque más importantes. De hecho, hasta el 80% del bosque nacional se encuentra en los ejidos y comunidades semi-colectivizados, conocidos como “propiedad social”. En general estamos hablando de campesinos que producen para su consumo y para el mercado, cuyas formas de organización y de acceso a los recursos naturales ofrecen oportunidades para construir esquemas de desarrollo sustentable, y hasta de reconversión de áreas inapropiadas para la agricultura a su vocación forestal. La situación sigue siendo de riesgo fuerte de destrucción irreversible de los recursos naturales y biodiversidad de grandes áreas de la “propiedad social” si la sociedad y gobierno mexicano no mostraran compromiso político de invertir en el desarrollo sustentable. Desde los años 1970, México ha reconocido un problema de contaminación del aire y agua, y ha experimentado con normas y controles hacia su resolución, sin nunca retar de forma frontal la expansión económica industrial del país. Para finales de los años 1980, la protección del ambiente comenzó a perfilarse. Fue en 1988 que el gobierno se abrió a una secretaría del ambiente. La creación de áreas naturales protegidas (ANP) pronto resultó estratégica. Al mismo tiempo, organizaciones civiles (o no-gubernamentales) conservacionistas y ecologistas emergieron con agendas de denuncia contra abusos en el modelo económico (el aire contaminado por los autos, la industria destructora de hábitats, etc.) y de reclamo al Estado para que asumiera su papel de protector de los recursos naturales. Con aptitudes progresistas en la arena internacional, el gobierno mexicano figuró en el movimiento ambientalista post-Río/92, y fue de los primeros ratificadores del Protocolo de Kioto. Un aparato gubernamental mínimo respetable (la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 1995) de ideología avanzada en el ámbito del desarrollo sustentable y la conservación se armó. Al mismo tiempo el país optó por la globalización neo- liberal radical, terminando en su participación en el Area de Libre Comercio de América del Norte (1994). Mientras tanto, los campesinos y campesinas mexicanas han experimentado con distintas estrategias, desde la resistencia en su economía de subsistencia, el reclamo político por programas mínimos, y la experimentación con alternativas de mercado, ya que los granos básicos, el café convencional, y el ganado son todas opciones de poco futuro.

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El “Pago por Servicios Ambientales” (PSA) describe la estrategia de una clase emergente de proyectos de desarrollo sustentable que encuentran su sentido en la valoración económica de los recursos naturales y la biodiversidad. PSA tiene la característica de representar una síntesis del ambientalismo con el liberalismo (y su empoderamiento de mecanismos del mercado). Depende de la premisa de que se esté dando una transición paradigmática hacia la incorporación del capital natural en la teoría económica y la práctica política – el “enverdecimiento” (o “greening”) de la economía –, como es la propuesta de algunos de los economistas y ecologistas mexicanos más prestigiados. La participación campesina en el PSA se justifica como un rechazo a la práctica de pedir a los campesinos otro sacrificio más para la nación – o ahora la humanidad – y entender como justo y necesario el obtener un ingreso reflejando el valor económico real de los servicios ambientales que resultan de las actividades y decisiones de los campesinos (poseedores de áreas estratégicas para el PSA). Así que México presenta una gama amplia de experiencias – piloto, casi siempre – de PSA, manejado por campesinos. Mencionamos: (a) organizaciones campesinas en Chiapas que venden la captura de carbono a una compañía francesa que promueve carreras de autos; (b) grupos de ejidatarios de Michoacán que venden un paquete de servicios incluyendo el cuidado del hábitat de las mariposas monarca; (c) otros campesinos que venden un paquete que incluye el cuidado del hábitat de los animales que los compradores cazan; (d) campesinos de Chiapas que se agregan a la iniciativa de un parque nacional el servicio de cuidado del bosque que asegura la existencia del agua de los sistemas de riego y la presa hidroeléctrica de la misma cuenca; (e) campesinos indígenas oaxaqueños que ofrecen su conocimiento y conservación in situ de plantas con un potencial medicinal a instituciones de investigación y compañías farmacéuticas. En general, se pueden clasificar en cuatro las estrategias de PSA – encontrados solas o en combinación –, que son la compra-venta de:

1. captura de carbono 2. desempeño hídrico 3. conservación de la biodiversidad 4. belleza escénica.

Se ve en los ejemplos mexicanos que, además de los oferentes y los compradores, hay intermediarios muy importantes, con las funciones de (a) ofrecer asistencia técnica, (b) gestionar proyectos, (c) certificar el producto (o ofrecer un aval, más informalmente y (d) participar en la promoción-comercialización, frecuentemente como traductor- intermediario. En nuestros ejemplos, son organizaciones civiles que realizan esas funciones. Como una función adicional muy importante, las organizaciones de la sociedad civil (tanto sociales como civiles) inciden en políticas públicas al respecto. Entonces, hablamos de alianzas estratégicas que se dan entre organizaciones de la sociedad civil, como un elemento imprescindible para el PSA. Las cuatro estrategias de PSA tienen, en mayor y menor grado, estas características:

?? Es a largo plazo. ?? Su mercado suele ser internacional, y sujeto a esquemas reguladas por acuerdos

internacionales. ?? Requiere de una colaboración de múltiples actores.

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?? Se puede considerar como parte del producto un aspecto intangible que es la conciencia de los oferentes y los compradores del valor ambiental de la actividad de cuidado a los árboles captores de carbono.

Abundando sobre el último punto, al reconocer el doble-propósito combinando estrategias ambientales como sociales (la mejora de la calidad de vida de los campesinos), se ve la introducción del concepto de comercio justo, combinado con el PSA. En el caso de captura de carbono, por ejemplo, esto nos llevó a hablar de la captura de carbono-plus (CC-plus), reconociendo que el servicio ofrecido por campesinos es un valor agregado en sí. Este ensayo explora el marco social, legal y político del PSA en México (Parte I) y la praxis de PSA en México (Parte II), incluyendo estudios de caso hechos por tres equipos, tocando cinco experiencias específicas. Identificamos puntos de vista, entre los diversos colaboradores en este proyecto, que no llegan a ser una defensa de PSA – hay demasiadas dudas y retos –, pero de inclinación a favor de su experimentación para aprender de ella. Con esto, reconocemos un debate fuerte, y saludable, entre actores de la sociedad civil donde algunas inclusive cuestionan y rechazan la premisa básica, de la internalización económica del “capital natural”. Planteamos este estud io únicamente para permitirnos a todas y todos un debate más fértil. Recogemos algunas observaciones resultadas de la exploración de la praxis en México. Primero, PSA es riesgoso. Es innovador; a veces introduce una actividad de generación de ingresos (convirtiendo actividad agrícola y forestal) o abriendo nuevos mercados (turistas urbanas en la selva). Tiende a ser sólo relevante a largo plazo, tanto para la obtención de ingresos para los campesinos como para sus efectos ecológicos. Tiende a requerir de relaciones organizacionales complicadas, en particular por ser mercados nuevos y a veces internacionales. Esto hace necesaria las relaciones estables entre organizaciones de la sociedad civil, y también con gobierno. PSA resulta ser atractivo para mucha de la población campesina. Inclusive puede verse como “ganar la lotería” a campesinos que se les paguen para cuidar su propio entorno. Pero la recepción inicial de la idea no es igual a su apropiación cabal. Ahí es donde los ingresos marginales que normalmente constituyen la promesa económica de PSA pueden no ser suficientes para permitir el proceso de apropiación a cumplirse. Claro, la base cultural, indígena en particular y campesina en general, constituye la mejor para la apropiación de PSA. ¿Es justificable económicamente PSA? Esa es una pregunta que es demasiado temprano para contestarla. Seguramente, las estrategias de PSA – y captura de carbono, ecoturismo en detalle – dan muestras de ser más lucrativas que las tradicionales, de ser posible su masificación. De todas formas, sale como aconsejable en general la idea de unir el mercado “puro” de PSA con uno de comercio justo, de ser posible. La viabilidad de PSA está relacionada a la capacidad organizacional de las organizaciones de la sociedad civil, a largo plazo. En síntesis:

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?? Trabajar con productores pequeños probablemente implican costos de transacción más altos (que, por ejemplo el mismo servicio ambiental ofrecido por un gran terrateniente).

?? Se ha visto que es un error diseñar el proyecto de PSA en términos de una “comunidad” (que frecuentemente sufre divisiones sociales y donde la división de trabajo y ganancias puede ser contenciosa); en cambio, el trabajo con grupos voluntarios dentro de la comunidad, o región, propicia mejores resultados.

?? Relacionado al punto anterior, hay que considerar la inversión en fortalecimiento organizacional necesario para la construcción de alianzas estratégicas efectivas por parte de y entre organizaciones de la sociedad civil.

?? Ya que se trata de la construcción de un mercado, hay que prestar atención tanto a la promoción de la demanda como la oferta, sabiendo que la demanda lidera en la construcción de los mercados.

?? Los ingresos adicionales obtenidos casi siempre resultan ser marginales a la economía familiar. Al mismo tiempo, esto puede ubicarse dentro de la realidad de la economía campesina que es, por naturaleza, diversificada.

?? La apropiación del proyecto por parte de los oferentes – la conciencia ecológica – se basa en parte en el ingreso (marginal) y en la cultura indígena y la campesina en general.

En el esfuerzo por entender el espacio que PSA ocupa en la política y práctica mexicanas, es importante rescatar varios elementos: las estrategias de PSA (a) están parcialmente consagradas en tratados y procesos políticos-económicos internacionales, (b) comparten premisas con las políticas rectoras mexicanas de la privatización y descentralización de funciones públicas y terminando con subsidios y tutelaje hacia el sector campesino, (c) pueden encontrar eco como una nueva visión del campesino como custodio de los recursos naturales, pero (d) también puede encontrar un rechazo de fondo por imponer la mercantilización sobre conceptos (i) del campesinado como actores económicos no-capitalistas y (ii) del gobierno como responsable del cuidado de la naturaleza como recurso de la nación.

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PARTE I: EL MARCO GENERAL (POLÍTICO-SOCIAL-AMBIENTAL) Introducción Este ensayo forma parte de un proyecto de investigación a nivel continental, coordinado por el Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA), con apoyo de la Fundación Ford, cuyo fin es de obtener un conocimiento más sistematizado del contexto socio-político y las principales experiencias vinculadas al tema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en América Latina. En particular se pretende analizar las oportunidades, desafíos y riesgos para las comunidades rurales campesinas e indígenas a participar en iniciativas de PSA.1 Las ideas aquí contenidas provienen de muchas fuentes y, como están indicados, de muchos autores inclusive. Este texto tiene un fuerte elemento de búsqueda. Frente el reto de dar contenido, pintar el contexto socio-político y legal, y rastrear las experiencias, de un concepto bastante futurista, los contribuidores estuvimos muchas veces inspirados, a veces desesperados, y siempre susceptibles a revisión con respecto a nuestra búsqueda. No pretendemos que la información aquí ofrecida sea completa ni agote la riqueza de discusión y experiencia que se encuentra en México, pero sí consideramos que identifica pistas en cuanto a una futura profundización en el tema en este país. Nuestra esperanza es que el esfuerzo de sistematización de las experiencias y discusión vigentes en México, contribuya a la construcción conceptual del tema de Pago de Servicios Ambientales y a su instrumentación como un mecanismo con potencial financiero para lograr cambios en los sistemas de producción hacia la sustentabilidad y en el desarrollo rural integral, contribuyendo a aliviar las condiciones de pobreza y marginación de la población rural indígena y campesina. En rigor, hay que reconocer que este estudio fue realizado por equipos de expertos/as internos-cum-externos a las experiencias consideradas. Por ello, es evidente que existe un sesgo a favor de las apuestas subyacentes en los proyectos: que el PSA es una estrategia válida y factible. Sin embargo, las experiencias fueron revisados también bajo lupa crítica, tanto por los externos como por los internos. Sin pretender “objetividad” absoluta, aprovechamos aquí la actititud auto-crítica que guió en mucho la elaboración de los estudios de caso. Conceptos claves Entendemos que el “Pago por Servicio Ambiental” (PSA) ocurre como transacción mediante el cual los poseedores de las tierras son retribuidos por los usuarios de los servicios ambientales. Esto puede ser directamente, con el desarrollo de un mercado donde los usuarios explícitamente aportan a la conservación y mejoramiento del servicio, o mediante formas indirectas, normalmente mediadas por el Estado a través de impuestos o subsidios.2

1 Ver Anexo I para una explicación de la metodología del estudio. 2Ver anexo III, “Taller de Experiencias en Chiapas”, de 23 de junio de 2000, con participantes de instancias gubernamentales y ONGs, donde se enumeran mecanismos para el PSA, como pagos directos, subsidios, acuerdos de conservación, y varios otros.

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Como conclusión de una reflexión entre ambientalistas mexicanas, se llegó a la siguiente definición de “servicios ambientales”:

Es la retribución por la mitigación del deterioro, restauración y/o incremento, en forma consciente, de los procesos ecológicos esenciales que mantienen las actividades humanas a través de la producción de alimentos, la salud, la generación de energía eléctrica, el mantenimiento del germoplasma con uso potencial para el beneficio humano, el mantenimiento de valores estéticos y filosóficos, la estabilidad climática, la generación de nutrientes y en general el aprovechamiento de los recursos naturales.3

Reconocemos, además del capital financiero, el capital natural (es decir, la naturaleza) y el capital social (esquemas de relación entre organizaciones y otros actores sociales). Como fundamento del PSA, cambios en el capital natural están “internalizados” en la economía, calculando valores monetarios e incorporándolos a las transacciones que previamente se calcularon como si el capital natural era infinita. Como existen en casi toda situación de mercado, en el caso de PSA identificamos a los tres actores básicos: ?? El beneficiario o usuario del servicio ambiental; en particular se puede identificar al

comprador o quien paga por el servicio ambiental. ?? El proveedor del servicio ambiental, quien corresponde al dueño, usufructuario, o como

término más general, el poseedor de la superficie o territorio donde se genera el servicio. ?? Los intermediarios conforman la tercera clase de actores, y corresponden a las funciones de:

(a) asistencia técnica, (b) certificación, (c) gestión de fondos, y (d) comercialización. En este ensayo, intentamos respetar a una tipología de los servicios ambientales (aunque se verá que hay una tendencia al traslape) que diferencia entre:

a) Captura de carbono, que incluye la conservación de depósitos existentes así como el incremento de la fijación en los productos provenientes de los bosques o de las tierras donde existen y se incrementan esos depósitos.

b) Servicios hídricos y el mejoramiento del desempeño en las cuencas, que incorporan servicios como el abastecimiento de agua y recarga de acuíferos subterráneos, prolongación de la vida útil de la infraestructura hidráulica y la prevención y mitigación de desastres causados por fenómenos metereológicos de exceso de precipitación.

c) Conservación de la diversidad biológica, incluyendo la conservación de nichos y reducción de la fragmentación del hábitat en el paisaje regional mediante formación de corredores.

d) Belleza escénica, visto como un servicio por sí mismo, como un factor de valorización de propiedades de la naturaleza y como un componente de la oferta de servicios de recreación.

3Ibid.

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A. Estado de los Recursos Naturales en México Su condición de diversidad climática y su posición como puente entre los organismos neárticos y los neotropicales, le confiere a México el estatus de un país de “megadiversidad”, siendo, en el mundo, en el lugar 12 en número de especies, el primer lugar en reptiles y es centro de origen y de mayor diversidad de especies vegetales, como los pinos y los nopales, el agave, aguacate, algodón, amaranto, cacao, calabaza, camote, cempaxúchiltl, chile, chicozapote y otros.4 El territorio de México es de 1,953,162 kilómetro cuadrados, de los cuales 60% es árido, 56% es forestal, 24% dedicado a la agricultura (con 1% en riego, 11% en sistemas migratorios, y 11% en sistemas estables) y 14% está dedicado a la ganadería (sin incluir el uso ganadero de selvas bajas, arbustos y matorrales). Analizando más de cerca la condición forestal del país, aproximadamente una cuarta parte (50 millones de hectáreas) del territorio nacional está cubierta por bosque natural cerrado; otros 18 millones de hectáreas son de bosque degradado; y adicionalmente los ecologistas coinciden en que el territorio dedicado a la agricultura y la ganadería debe reducirse tal vez en la mitad para llegar a un sistema sustentable.5 Desafortunadamente, México presenta actualmente una tasa de deforestación al doble del promedio mundial. En las contrastantes condiciones ambientales de México, la degradación de los recursos naturales es una constante. Esto se manifiesta en la presencia de procesos de erosión hídrica (que son los más importantes), salinización en las principales áreas de riego, y pérdida generalizada de fertilidad y materia orgánica, acidificación y contaminación por agroquímicos que afectan de alguna manera al 85% de la superficie nacional y de manera grave a más de 35 millones de hectáreas. (Programa Sectorial Forestal y de Suelos, SEMARNAP, 1995) En cuanto a los recursos hídricos, México tiene una condición de asimetría con un norte seco y un sur dotado de mayor capacidad de agua, en sus nueve cuencas hidrográficas. México tiene una disponibilidad promedio per cápita, de 450 m3 al año y una extracción de 800 m3. (Mestre, 2000) Según cifras oficiales, las emisiones netas totales anuales de bióxido de carbono llegaron, en 1990, a los 444 millones de toneladas, “lo que representa menos del 2% de las emisiones mundiales. Cerca de dos tercios corresponden a los diversos procesos de combustión en los sectores energético, industrial, de transporte y de servicios. El resto, cerca de un tercio, se

4 Escriben Benítez Díaz y González (1997): “Para ubicar la diversidad de ecosistemas de México…se tomó en cuenta …un sistema de clasificación jerárquico que distinguió cinco tipos de ecosistemas terrestres, divididos en once tipos principales de hábita y éstos, a su vez, en un total de 191 eco-regiones. ...México es el país con mayor diversidad ecológica de América Latina y el Caribe, al estar presentes dentro de sus límites políticos los cinco tipos de ecosistemas, 9 de los 11 tipoes de hábitat (82%) y 51 de las 191 eco-regiones identificadas (26.7%). 5 La secretaría de agricultura estima que unas 22 millones de hectáreas son propicias para plantaciones madereras comerciales – aunque sea una cifra alta por no tomar en cuenta las necesidades de capital natural de la población campesina. (Macera, 1997) El mismo autor proyecta, como una política idónea del desarrollo sustentable, que México ofreciera, en 2000, 11 millones de hectáreas – y crecer a 26 millones, 30 años después – en la conservación y captura de carbono, incluyendo las áreas protegidas y las de manejo sustentable. (Masera et al., 1995)

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origina en los procesos de deforestación o cambio de uso de suelo…En términos de emisiones per cápita, las de México representan 3.70 toneladas de CO2 por habitante, por debajo de las 4.02 toneladas correspondientes al promedio mundial.” (Julia Carabias y F. Tudela, 2000) Por supuesto, México califica como uno de los países de “mayor intensidad energética de su economía, lo que revela una gran ineficiencia, mientras que más de 10 millones de personas usan aún como energético primordial la leña.” (México: hacia una Políticas Ambiental; 2000) Otros estudiosos calculan en más del doble la población que depende de la leña, llegando a ser el 78% de la demanda total de madera en el país. (Masera; 1997) Tanto el potencial de los recursos de México en cuanto a diversidad biológica como a recursos hídricos y productivos, hace de la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales un interés nacional y, a la vez internacional. En ese contexto resulta importante que aproximadamente el 80 por ciento de los recursos forestales de México están en las manos de los ejidos campesinos y comunidades indígenas.* B. Historia y Política Ecológica Como resultado de la Revolución Mexicana, y reivindicado en el texto de la Constitución de 1917, quedó establecido el precepto, aún vigente, de la propiedad pública de los recursos naturales de las tierras, el subsuelo, y el mar territorial. El Estado mexicano inauguró en esta forma un criterio por el que los recursos naturales son bienes de propiedad común y el Estado mismo administra su transferencia y dominio a los particulares, agrupados en los nacientes ejidos y las nuevamente reconocidas comunidades indígenas (el esquema de la propiedad social), o de manera individual como la propiedad privada. De esta manera, el Estado opera con funciones de árbitro y mitigador de las ásperas relaciones entre las clases populares y las clases dominantes. Con la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-40), y la aplicación del modelo de “sustitución de importaciones”, se proporcionaron las condiciones para el desarrollo industrial del país, el comienzo de un proceso de urbanización que no cesa hoy en día. De interés para la agricultura, se privilegió la aplicación de tecnologías de alta mecanización, y a la vez el desarrollo de la infraestructura de comunicación, que puso las tierras de productividad marginal en condiciones de ser aprovechadas. Durante la consolidación de la “Revolución Institucional” mexicana (1930-1982) se desarrollaron las instancias de gestión del medio rural, que incluían la administración del acceso a la tierra (instituciones agrarias y la Confederación Nacional Campesina, CNC, como mega-gremio agrícola), las de fomento (bancos, aseguradora, Servicio Nacional de Extensión Agrícola) y las académicas (incluyendo el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) que, en los 1960s, promovía la “Revolución Verde”). Con el gobierno de Miguel de La Madrid (1982-88), inició un periodo de viraje hacia una economía de mercado, que incluía: la apertura comercial, la privatización de las empresas estatales, la desregulación, la contención salarial del campo y – de los planteamientos netamente * Esta sección retoma, frecuentemente citando ampliamente, el texto original de Chapela. Serán de esta forma indicadas secciones posteriores donde el texto viene del Dr. Chapela.

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pos-revolucionarios – el planteamiento de poner en circulación mercantil las tierras y abrirlas a las inversiones del sector privado. En los años subsecuentes, en el ámbito internacional se dejó atrás el papel de liderazgo que México había jugado entre el tercermundista grupo de los no-alineados durante la década de 1970 a 1980, hacia la participación plena en el mercado capitalista globalizado, con la firma del Tratado General sobre Aranceles (GATT), en 1986, el ingreso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 1993, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en 1994. México acudió a las políticas ambientalistas consecuentes con la estrategia de “normas y castigos” (“command and control”) con énfasis exclusivo en normas regulatorias aplicables a residuos líquidos y sólidos, y también gaseosos – de forma que, hasta el presente, siguen vigentes aproximadamente 80 reglamentos sobre deshechos reproducidos en su mayoría de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos. (Urquidi, 1999) En un confiado esfuerzo por establecer las bases jurídicas para la neo- liberalización del campo, el presidente Carlos Salinas modificó, en 1992, el Artículo 27 constitucional para permitir la venta de las parcelas ejidales; se establecieron procedimientos para la enajenación irrestricta de los ejidos con posibilidades inmobiliarias urbanas y turísticas. Sin embargo, se mantuvo la persistencia del dominio colectivo sobre las tierras forestales. En adición, dos leyes claves fueron modificados. La Ley de Aguas estableció las bases para la transferencia a los particulares de la gestión de los Distritos de Riego y de los sistemas de agua potable, así como la posibilidad de apropiación de los cursos de agua y el trasvasamiento entre cuencas por los particulares para crear un mercado del agua. La Ley Forestal retiró la mayoría de los dispositivos de control de los aprovechamientos forestales y propició las condiciones para el establecimiento de plantaciones comerciales, especialmente orientadas a la producción de materia prima celulósica. Sin embargo, la exploración de incentivos económicos para la conservación no estuvo ausente. En 1992 hubo una iniciativa desde la academia para investigar y proponer mecanismos del mercado para completar – o aún sustituir a – las medidas regulatorias que habían sido los instrumentos predilectos por el gobierno mexicana. La estrategia de normas y castigos, experimentada desde 1972, era ampliamente criticada por ineficaz por este grupo de intelectuales (incluyendo a Víctor Urquidi y otros). La problemática bajo su consideración fue la de reducir la contaminación ambiental, principalmente por parte del sector industrial, y se observó que los “impuestos ecológicos” (por emisiones y otros desincentivos basados en el principio de “quien contanima paga”) no iban a ser aguantables para la micro- y pequeña empresa – siendo un sustento fundamental de la economía mexicana. También esta escuela de ambio-economistas criticaba los “permisos comerciables” (“tradeable permits”) – preferidos por los neo- liberales por no distorsionar la economía porque los vieron como altamente susceptibles a la corrupción. Pueden dar lugar a un mercado ‘seminegro’, en el que incluso se falsifiquen los documentos respectivos… Los compradores de los permisos pueden no hacer las inversiones ambientales necesarias sino contentarse con ‘pagar por

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contaminar’ y seguir contaminando; en todo caso, tratarían de trasladar ese costo adicional al consumidor…” (Urquidi, 1999) Y termina abogando a favor de un conjunto de políticas incluyendo “subsidios” para la protección de “bienes colectivos”, con el argumento de que un análisis a largo plazo de ingresos fiscales futuros podía justificar tal medida. Esta política subsidiaria es, por supuesto, el antecedente del concepto de PSA, que efectivamente está retomado por un grupo ampliado de economistas y ecologistas, como se verá al final de esta sección. El papel de las organizaciones de la sociedad civil6 La preocupación por el medio ambiente por parte de grupos civiles organizados tomó importancia por primera vez en el momento coinc idente con el viraje neo-liberal en la política nacional a partir de 1982. Hubo dos sectores que aparecieron con intereses distintos pero que lograron momentos de alianza: el sector campesino y la clase media urbana. Las grandes diferencias de enfoque fueron evidentes. Uno de los temas más importantes para los campesinos fue el control de los recursos forestales – mayoritariamente en sus manos, como estuvo mencionada anteriormente. Frente a demandas cada vez mejor organizadas, y en las cuales participaron varias organizaciones civiles, o ONGs profesionales7, el gobierno mexicano decidió descontinuar varias concesiones a compañías madereras privadas y, en Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas y Michoacán en particular, nació un nuevo modelo, la “silvicultura social”. Este modelo estuvo respaldado por el movimiento para el “desarrollo sustentable”, con estrategias hermanadas como la agroecología, la agricultura orgánica, y mercados nichos, o justos (de productos orgánicos y solidarios con los pequeños productores). La certificación de los productos a entrar en mercados especializados resultó ser otra función importante. En la agricultura orgánica – siendo el café orgánico el mercado más importante por mucho – surgen certificadores nacionales (como OCIA y Certimex). También surge el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable, A.C. (CCMSS), afiliado al Forest Stewardship Council, para certificar la madera que se produce bajo planes de manejo sustentable. Por el otro lado, el movimiento ecologista, que encuentra su principal apoyo en la clase media y urbana, se consolida a través de campañas específicas, comenzando con la preocupación por la construcción de una planta nuclear de generación eléctrica, Laguna Verde. (Aunque la planta sigue funcionando, el programa de expansión de electricidad nuclear se ha detenido.). Posteriormente se arma una campaña acerca de la calidad del aire en la Ciudad de México, con un programa de limitar a los carros en un-día-no-circula como consecuencia. De forma similar, ha habido campañas de protección a la mariposa monarca, contra la construcción de una fábrica de sal en el área de habitación de ballenas en Baja California, y contra la construcción de un área de depósito de deshechos nucleares en Sierra Blanca en la zona fronteriza con Estados Unidos. Una campaña que aglutinó a las organizaciones civiles con algunas campesinas, fue la declaración de una Reserva Campesina en Los Chimalapas, Oaxaca, que encontró una resistencia oficial fuerte, por ver la iniciativa como apoyo a la autonomía radical de la zona.

6 Esta sección se basa en el trabajo de Ronald Nigh (2000). 7 Vale mencionar el Grupo de Estudios Ambientales (GEA) y ERA, ASETECO, Maderas del Pueblo, y UCEFO, entre otras.

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El movimiento ecologista suele funcionar con base en redes, a veces ad hoc y a veces más formales, que consisten en organizaciones civiles dedicadas a la ecología.8 El peso del movimiento llevó a la ayuda no-declarada del partido gobernante, en los 1980s, para formar el Partido Verde Ecologista Mexicano, con la esperanza de canalizar las iniciativas políticas del movimiento ecologista urbano. Claro, su impacto mayor fue la decisión de establecer, por primera vez en 1982, una secretaría con responsabilidad por la ecología, la SEDUE (como se verá más adelante). C. Marco Legal El marco jurídico-normativo que rige la gestión de los recursos naturales, se encuentra disperso en una variedad de instrumentos legales. Los contenidos de la Constitución y las leyes generales federales son materia del Congreso de la Unión, de igual forma que los tratados internacionales. Todas las leyes generales requieren de leyes reglamentarias. Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) establecen patrones con la fuerza de ley. El Artículo 27 de la Constitución sigue dando la definición básica del carácter nacional de la propiedad de los recursos del país. En este espíritu patrimonial, el Estado, establece los medios para la constitución de la propiedad social9 y privada y restringe aquellas a la preservación del interés público. Por primera vez, en 1971, el gobierno mexicano aprobó una ley ambiental consolidada, que respondió a la acelerada industrialización y urbanización del país, desde los 50s, y que estaba dedicada estrictamente al control de la contaminación del aire, agua y mar. En la Ley Federal de Protección del Ambiente (1982) se vieron incluidas provisiones para la protección y preservación de los ecosistemas, incluyendo por primera vez un marco legal para la protección de la flora, fauna, tierra y agua. Marcó también el inicio de la conjugación de la conservación de los recursos naturales con el desarrollo socio-económico; y coincidió con la conformación de una nueva secretaría federal con responsabilidades ecológicas-ambientales, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). En 1988 se aprobó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que está considerada como una de las más avanzadas de América Latina, “por su carácter comprensivo y en particular por la introducción del ordenamiento ecológico, la evaluación del impacto ambiental y los planes de manejo, y por incorporar elementos participativos como la denuncia popular”. 10 Sin embargo “no prevé expresamente el uso de instrumentos económicos dentro de la política ambiental”.11

8 Además de las organizaciones mencionadas en la nota anterior, figuran Pronatura, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Conservación Internacional, Greenpeace, y redes como el Pacto de Grupos Ecologistas, el Grupo de los Cien, y otras más. 9 La “propiedad social” consiste en los ejidos y los bienes comunales de los pueblos indígenas. 10 Ver Instrumentos Económicos, PNUMA/SEMARNAP, 1998. 11 Ibid.

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La LGEEPA fue enmendada a finales de 1996 reflejando la sustitución de la “teoría del uso racional” por la “teoría del uso sustentable” de los recursos naturales; explicita el objetivo de lograr el equilibrio entre la sustentabilidad bio-física y la sustentabilidad socio-económica. La nueva ley incluyó la garantía al derecho de todo ciudadano/a a vivir en un entorno adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; estableció: la preservación de la biodiversidad, el objetivo de prevención y control de emergencias y contingencias ambientales, y mecanismos de coordinación entre instituciones gubernamentales, y con el sector privado y de la sociedad civil. La LGEEP ordenó la descentralización de funciones a los gobiernos estatales y locales (y hasta a organizaciones sociales –con supervisión del gobierno federal.12 (González y Gastelum) La ley forestal fue una de las leyes reglamentarias del artículo 27 que más directamente expresa el interés patrimonial nacional. Después de su primera edición, en 1884, ha sido modificada repetidas veces, incluyendo en 1986, 1992 y 1997. Una característica principal de la legislación forestal es que impone un esquema de regulación al uso y disfrute de las existencias en las tierras, que incluye el mecanismo de autorización de aprovechamiento contra un Programa de Manejo Forestal, obligatorio y verificable. A partir de la Ley de 1992 se consideró prohibido el cambio de uso del suelo forestal, lo que puso fin a la larga trayectoria de las políticas de colonización y ampliación de la frontera agropecuaria. Sin embargo, la Ley Forestal fue restringida en cuanto a las disposiciones orientadas hacia la producción y conservación de los ecosistemas forestales. Una estrategia promovida por el gobierno ha sido la creación de plantaciones madereras comerciales. Una industria marginal en la economía, se proyectaba su expansión en hasta un millón de hectáreas en el sexenio terminando en 2000 (siendo una meta no alcanzada pero avanzada). La Ley Agraria que reglamentó la reforma neo-liberal del Artículo 27 constitucional en 1992, estableció las condiciones para la incorporación de las tierras de propiedad social al mercado y, de esa manera, para promover las inversiones en el campo. Al dar por terminado el reparto agrario, la reforma 1992 se centró principalmente en el fortalecimiento del pleno derecho de propiedad en las tierras ejidales y en la seguridad en la tenencia de las tierras privadas. Por otro lado, proporcionó el marco adecuado para integrar grandes unidades productivas, al permitir la asociación de predios privados, además de establecer un límite a la pequeña propiedad forestal. Respecto la gestión de los recursos naturales, los efectos de la reforma legal son varios. La mayor precisión y seguridad jurídica permiten una relación patrimonial más estrecha hacia las tierras del ejidatario, lo que podría promover un mayor cuidado por las tierras y podría también desalentar al colectivismo. (De todas formas, hasta la fecha se han dado pocos casos de los ejidos que privatizan las parcelas.)

12 Se creó la Coordinación General de Descentralización de la SEMARNAP para dar seguimiento a la iniciativa. Sin embargo, hasta la fecha, la institucionalización de funciones ambientales a nivel de los estados – y mucho más los municipios – queda prácticamente por hacerse.

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Con respecto a las tierras forestales, las modificaciones de ley también son equívocas. La ley le da un trato de excepción a las tierras forestales, en el sentido de asegurar que sigan siendo poseídas en común y que, ante la posible terminación del régimen ejidal, hay una transferencia obligatoria a propiedad nacional. Es la indivisibilidad de las tierras forestales. Desgraciadamente, la fa lta de involucramiento mayor de los ejidatarios y comuneros en un aprovechamiento sustentable legal del recurso forestal les ha llevado a los propietarios sociales a (a) o frenar la regularización/privatización de sus terrenos por miedo de perderlos (b) o ¡la deforestación inducida en los procedimientos de deslinde, titulación y certificación de parcelas, donde los ejidatarios desmontan con el fin de recibir las tierras de manera individual y ante la interpretación de que el gobierno incautará los predios que no se encuentren bajo cultivo! La Ley de Vida Silvestre tuvo, entre sus objetivos, crear las condiciones para el desarrollo de las Unidades de Manejo Sustentable (UMAS), instrumentos de control del aprovechamiento de organismos de vida silvestre. La venta de derechos de cacería ha sido hasta ahora una de las más importantes aplicaciones de esta ley, incluso antes de emitida y su regulación ha conducido a la elevación muy sustancial de la captura de ingresos por los dueños de los recursos. Aunque hasta ahora las UMAS han tenido un desarrollo fundamentalmente en los ranchos privados del norte del país, esas experiencias han abierto un antecedente de venta directa de recursos de biodiversidad, con efectos positivos para el mejoramiento de hábitat de animales y plantas, aún cuando éstos no se comercialicen. El proyecto de Ley de Conservación y Restauración de Suelos tiene una orientación principalmente inductora de prácticas sustentables del manejo de las tierras. Hace referencia expresa a la obligación gubernamental de atender prioritariamente áreas vulnerables y críticas de degradación. Da cabida a la formación de mercados de servicios ambientales correspondiendo a la conservación de las cuencas hidrográficas, en donde se establecerían mecanismos de transferencias financieras a los gestores de las partes altas de las cuencas, con el objeto de incrementar la infiltración y la regulación del régimen de escorrentía en las cuencas. La Ley de Aguas Nacionales debería proporcionar el marco para la integración de las partes de las cuencas y pagar por los servicios ambientales hidráulicos, principalmente a través de transferencias de derechos de aguas negociados y operados en el contexto de los Consejos de Cuenca. Esta ley, hasta ahora, no ha considerado la integración en los consejos y en la gestión de las cuencas a otros usuarios de la cuenca diferentes de los usuarios del agua. La ampliación de este concepto es actualmente motivo de demanda por algunos sectores minoritarios de la sociedad. La Ley de Bioseguridad aún no se había concluido en agosto de 2000. Se puede señalar su importancia para PSA en términos de la regulación de los derechos de propiedad intelectual, que son la base legal principal para los arreglos de venta de diversidad genética. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), de 1994, contiene un capítulo compatible con aspectos del proyecto de Ley de Bioseguridad, que contemplan el tema de los derechos de propiedad intelectual y las patentes, que protege, en cierta manera, los organismos

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macroscópicos, aunque no los microorganismos y los principios bioquímicos de los organismos, los cuales pueden y han sido explotados principalmente por las compañías farmacéuticas. México ratificó la Convención Marco sobre el Cambio Climático en 1993 y ratificó el Protocolo de Kioto en abril de 2000. La Convención obligó a los signatarios a prevenir la acumulación de gases de efecto invernadero de manera que el desarrollo económico sustentable no se vea amenazado. El Protocolo de Kioto operativizó, de forma flexible, la Convención y estableció un sistema mundial de comercio de reducciones certificadas. En 2000 México mantuvo una postura de apoyo al Mecanismo de Desarrollo Limpio, reconociendo el peligro de una evasión de compromisos de la Convención Marco por parte de los países firmantes del Anexo I, pero “seguros, sin embargo, de que se puede cancelar por completo este riesgo si acotamos los tipos de proyecto y los sometemos además al más estricto control metodológico, con reglas transparentes y rigurosas”. (Carabias y Tudela, 2000) México es de los pocos países en desarrollo que han realizado un Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, como parte de sus compromisos de la Convención y para la preparación de un Programa Nacional de Acción Climática, donde conservación y reforestación resultan estrategias claves tanto para disminuir las emisiones de México como para proporcionar sumideros de carbono. El cuadro siguiente resume la importancia de los distintos instrumentos legales para la construcción de políticas de PSA.

Instrumentos jurídicos -normativos

Relación con PSA

Constitución, Artículo 27 ?? Tutela del patrimonio de recursos naturales y servicios ambientales.

?? restricción del jus abutandi en el carácter de los derechos de propiedad sobre las tierras.

?? Interés público como fundamento de subsidios, incentivos y transferencias financieras.

LGEEPA ?? En el apartado de instrumentos económicos prevé el pago, los incentivos y la formación de instrumentos de mercado. (Sin embargo, sigue sin reglamentación de lo mismo.)

Ley de Vida Silvestre ?? Promueve el aprovechamiento económico de especies de flora y fauna.

Ley de Bioseguridad ?? Podría incluir una regulación de derechos de propiedad intelectual y bioprospección favorables al establecimiento de esquemas de PSA.

Ley Forestal ?? Con los programas de manejo, establece las bases de evaluación y monitoreo para el pago de estrategias de PSA.

?? Contiene limitaciones a la posibilidad de canalizar recursos al mejoramiento del bosque.

Ley Agraria ?? Posibilita la canalización de inversiones para empresas productoras de servicios ambientales.

Ley de Conservación de Suelos

?? Prevé mecanismos de concertación para transferencias financieras en las cuencas hidrográficas.

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?? Instrumenta la canalización de recursos para el mejoramiento de las tierras y de sus servicios ambientales.

Ley de Aguas ?? Contiene la figura de “consejos de cuencas” como espacio de concertación y administración de PSA en cuencas.

Convención Marco sobre el Cambio Climático/Protocolo de Kioto

?? Compromiso de participar en mejora de factores en la emisión de gases de efecto invernadero

?? Apoyo para programas de conservación, aprovechamiento sustentable de recursos naturales, etc., y para el Mecanismo de Desarrollo Limpio

Convención sobre Biodiversidad

?? Compromiso de conservar, con utilización sustentable, la diversidad biológica, desarrollando programas gubernamentales al respecto

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

?? Provee disposiciones relativamente protectoras de los derechos de propiedad intelectual necesarios para el pago por biodiversidad.

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D. El Marco Institucional y Políticas de Gobierno y de la Sociedad Civil13 El ajuste estructural llegó a ser la política rectora del estado mexicano, y puede señalarse como un parámetro indicativo de la dramática reducción del gasto público la caída de un 75% en los recursos presupuestales destinados al campo a lo largo de las últimas dos décadas, llegando a representar sólo el 4.8% del gasto programable en 1999 a nivel federal. (AMUCSS, ANEC, et al.). Con respecto al campo, se definieron dos programas principales. La Alianza para el Campo fue destinado a los productores rurales considerados viables para la promoción de la inversión, mientras el PROCAMPO estuvo focalizado en un padrón de productores de menos viabilidad económica y es un subsidio directo basado en el área de cultivo de granos básicos. Fue el principal destino del presupuesto de egresos del campo, llegando a más de mil millones de dólares anuales, según el Presupuesto de Egresos 2000. Vale mencionar que programas destinados a la reforestación, en forma de plantaciones de parte de inversionistas medianos y grandes, también llegaron a formularse. Instituciones y programas Con el establecimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) en 1988 el gobierno mexicano comenzó a reconocer la importancia estratégica del cuidado de los recursos naturales, primero con un enfoque de contrastar los factores de aumento de la contaminación del agua y aire, y, desde la creación del Instituto Nacional de Ecología (INE) en 1988, la ampliación del mandato para incluir la conservación de los recursos naturales.14 Los principales esfuerzos para la conservación fueron restrictivos del uso de los recursos naturales a través de reservas y vedas. Más de 500 parques nacionales designados en el papel durante el siglo pasado llegaron a ocupar hasta la mitad del territorio nacional, pero hoy se reconocen 111 áreas protegidas, cubriendo casi el 10% del territorio, como la pieza clave de la política ambiental mexicana.15 Desde 1977, México comenzó a experimentar con un concepto más integral de áreas protegidas en las cuales se reconocieron algunos derechos de los pobladores que se encuentran viviendo en ellas. En ese año, se estableció la Reserva de Montes Azules, en Chiapas, como la primera de una serie dentro de la iniciativa del UNESCO, “Man and the Biosphere”. Inclusive, en la planeación de las Areas Naturales Protegidas (ANP) más recientemente han aparecido estrategias de promoción de pagos por servicios ambientales, como forma de financiar los costos del gobierno en vigilancia, señalización, etc. (Gómez-Pompa y Kaus, 1998) Como efecto de la Cumbre de la Tierra en 1992 se dio impulso a la integración de la política ambiental dentro de una secretaría de estado. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), creada en 1995, representó un esfuerzo por racionalizar los

13 Ver Anexo II para un cuadro de dependencias gubernamentales relacionadas a políticas ambientales. 14 Por ejemplo, antes de 1988 no había evaluación de los impactos ambientales en los programas gubernamentales. 15 En 1994 Areas Naturales Protegidas tuvo un presupuesto de aproximadamente US$3 millones; en 2000, es de US$157 millones.

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programas que alojaban responsabilidades relacionadas con los recursos naturales y la biodiversidad, y tuvo la pretensión de incorporar las preocupaciones ambientales como una de las grandes prioridades dentro de la coyuntura del ajuste económico. SEMARNAP juntó la cartera de la SEDUE, INE, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y otras dependencias relacionadas con la gestión del agua y la conservación de suelos y forestal de la antigua Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos. Como el tercer país más beneficiado por el Banco Mundial en el mundo, México refleja las influencias de esa instancia multilateral. Si bien, la Política Forestal de 1991 del Banco no fue explícitamente incorporado a las Estrategias de Asistencia al País como concesión al gobierno mexicano, sin embargo los contenidos de la Política Forestal se vieron reflejados, en el discurso y muy parcialmente en la práctica gubernamental. Puntos importantes en la Política son: (a) sólo prestar para forestación a gobiernos comprometidos con la conservación de sus bosques, (b) de plano, no invertir en actividades madereras en bosques húmedos tropicales primarios, y (c) involucrar a los pueblos respecto el establecimiento de áreas naturales protegidas y plantaciones forestales. Sin desconocer el paso significativo que se abrió para la consideración e implementación de políticas ambientales, la SEMARNAP – renombrado Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, en 2001 – se debe apreciar como una iniciativa en construcción. Primero, sigue habiendo una dispersión de responsabilidades entre varias instituciones gubernamentales en el área ambiental, incluyendo las secretarías de agricultura, reforma agraria, de desarrollo, las comisiones de agua y luz, entre otras.16 Segundo, la SEMARNAP no fue facultada, ni política ni económicamente para realizar una coordinación eficaz de las distintas dependencias, como en algún momento fue imaginado.17 Y finalmente, la SEMARNAP se ha visto acotada por la acción de las dos instancias de aplicación de la política de ajuste económico: la Secretaría de Hacienda y la de Comercio. Como se verá a continuación, las objeciones de Hacienda con respecto a las políticas que ponen en riesgo el balance de ingresos y egresos nacionales tienden a prevalecer en las negociaciones políticas. Consecuente con la preocupación predominante por la competitividad internacional, la Secretaría de Comercio ha tenido una voz determinante en el mismo sentido.18 Se han dado momentos de debate público en tiempos recientes que nos permiten entender los factores políticos y sociales que influyen sobre la elaboración de políticas ambientales. Por el lado positivo, es notable que Julia Carabias Lillo, una ecologista con una trayectoria distinguida dentro de las ONGs, fuera seleccionada, y se mantuvo hasta el final del sexenio, como la responsable de SEMARNAP. Dio lugar a la incorporación en el gobierno de un equipo de expertos/as ecologistas provenientes de las ONGs y la academia. Como saldo de esta experiencia, hubo una ampliación de áreas protegidas, préstamos importantes negociados con los bancos multilaterales (para programas forestales, etc.), y campañas fuertes de conscientización

16 Ver Anexo II para un cuadro que muestra la diversidad de programas relacionados con el desarrollo sustentable. 17 La crisis económica que se estalló en enero de 1995 hizo todavía más difícil financiar el proyecto de la SEMARNAP. 18 La Secretaría de Comercio estableció una figura de “Manifestación de Impacto Regulatorio” que incluye el requisito de la evaluación de costo/beneficio en las propuestas normativas, en particular las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) previstas por la Ley de Metereología y Normalización.

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pública (alrededor de los incendios forestales, y respecto el peligro de la escasez del agua, como ejemplos). Ganas del Ejecutivo no obstante, existen límites reales a la privatización, en particular en cuanto a la defensa de la energía barata. Por esa razón, ni PEMEX (petróleos de México) ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha podido vender. (Esta oposición se ve reforzada en las experiencias recientes de privatización de la banca y la compañía telefónica, con altos niveles de corrupción e ineficiencia.) Claro, esto resulta un aviso para los que tienen una agenda de Pago por Servicios Ambientales, en el sentido de mostrar límites de lo políticamente aceptable en cuanto a la privatización de los recursos naturales. Sociedad Civil Lo que es más, postulamos que la movilización social ambientalista ha venido cobrando cierta fuerza. Se observa, en este sentido, una diferencia muy grande entre la estrategia gubernamental, en los 1980s, de desafiar el bloqueo comercial del atún mexicano (por no usar redes de pesca protectoras de los delfines), y la decisión, tomada en 1999, de no permitir la construcción de una planta salinera en Baja California con alta probabilidad del disturbio de las ballenas grises. Este giro en la postura gubernamental permite soñar con que la globalización, tanto económica como social, tendrá algún efecto en sentido positivo en la política ambientalista mexicana, en condiciones específicas y hasta ahora raras. ¿Y el campesinado? Su fuerza política es real; representa alrededor del 25% de la población mexicana. Sin embargo, el aporte campesino al PIB es menos del 10%; y su mala fama ecologista reside en una histórica tendencia a la colonización y destrucción del ambiente. Tal vez el declive en su poder político está más claramente señalado en el finiquito de la reforma agraria que se dio en los 1990s. La política gubernamental se basa en la reducción de la población del campo a proporciones encontradas en los países desarrollados, más o menos consciente de los tiempos necesarios para que la economía nacional (y la migración) pudieran absorber esta población. Pero a pesar de todo, los campesinos siguen cuidando y siendo los dueños de importantes recursos naturales. Los académicos les han “descubierto” distintas bondades (como la capacidad del policultivo y el conocimiento de propiedades de la flora). Y si las organizaciones campesinas tradicionales tienden a dedicarse a la defensa de sus derechos a servicios gubernamentales, otras combinan el reclamo político con, cada vez más, propuestas de innovación, con la capacidad de integrarse verticalmente, emplear tecnologías apropiadas, y entrar en mercados. Hay que reconocer, en particular, la capacidad demostrada de organizaciones de los pequeños productores del café de innovar en la producción y comercialización del café orgánico, que ya se extiende a otros productos orgánicos o del mercado justo o solidario.19 En suma, si bien se vivió durante años una contradicción entre los intereses del campesinado (de extensión de milpa y ganado) y los de los conservacionistas, hoy en día se notan esfuerzos para

19 Actualmente, México produce unas cuatro quintas partes del café orgánico del mundo. Los productores, en su mayoría campesinos organizados, producen, benefician, empacan y exportan el producto. El café (convención y orgánico) es la quinta fuente de divisas del país.

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negociar alianzas entre los ambientalistas de nueva generación, comprometidos con el “desarrollo sustentable”, y organizaciones campesinas, también de nueva generación, que buscan alternativas económicas no-tradicionales. En los estudios de caso (Parte II) perfilamos varios esfuerzos homologar criterios entre ambientalistas y campesinos. Aquí cabe mencionar que hay evidencias también de una apertura ambientalista dentro de actores políticos mexicanos. En el contexto de las elecciones de 2000, un grupo de ecologistas políticamente caracterizable como “ofic ialista”20 publicó “México: Hacia una Política Ambiental Eficaz para el Desarrollo Sustentable”, que sugirió una reestructuración del aparato institucional, e hicieron las siguientes recomendaciones:

(a) Es urgente una política que le restituya su carácter y vocación forestal a la mayor parte de nuestro territorio, que integre regulaciones … al sector rural con una reorientación del PROCAMPO y de otros subsidios, de tal forma que induzca la conservación ecológica.

(b) Es preciso también diseñar nuevos mecanismos de transferencia de recursos desde el sector privado, y sistemas creativos de transacción económica a través de alianzas con ejidatarios, comuneros, propietarios individuales y empresarios, al igual que con estados y municipios, encaminados a la protección de nuestros ecosistemas, por la vía de sociedades, compras de tierras, arrendamientos, servidumbres, y asignación de presupuestos oficiales. Deben reconocerse las nuevas oportunidades que se desarrollarán en el ámbito internacional para financiar la conservación de los bosques de México…

(c) Sería de la mayor importancia el promover que el mercado funcione a favor de la protección ambiental y la sustentabilidad. Se deberán de desarrollar con mucha mayor insistencia mecanismos e instrumentos de mercado que incentiven cambios de conducta en los diferentes agentes económicos, como son los productores y los consumidores.”

Después de un año de gobierno de “transición”, o pos-PRI – donde, por cierto, varios de los firmantes del documento citado asumieron puestos – se puede ver que la reorientación de políticas públicas será más paulatina de lo esperado. Sin embargo, la visión aquí presentada nos fija la pauta de cómo un sector poderosos de la clase política mexicana está evolucionando para un futuro. Es interesante notar, como otra influencia importante hacia la reorientación de programas públicos, que el Banco Mundial ha participado en el diseño y el financiamiento de varios proyectos que contienen elementos propicios para el Pago por Servicios Ambientales. Primero, el BM está aportando un patrimonio para la creación de un Fondo de Areas Naturales Protegidas, donde las ANP mostrarán planes de “instrumentos de captura de renta para la conservación a largo plazo”. 21 Segundo, el BM está financiando un estudio de la SEMARNAP, conjuntamente

20 Es con una disculpa a individuos miembros que posiblemente no les agradaría la caracterización. Nuestra única intención aquí es de señalar que es un grupo que no se opone a la globalización como realidad de hoy en día. Los no-oficialistas, entonces, son los que rechazan la globalización. 21 Este fondo está administrado por una institución formalmente no-gubernamental, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.

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con la secretaría de agricultura, para valorar los recursos naturales y diseñar políticas que permitan la internalización de los gastos reales de actividades extractivas y de producción. Tercero, el BM apoya el proyecto de Corredores Biológicos (Mesoamericanos) en el sur de México, cuyo objetivo es apoyar a poblaciones campesinas de las zonas de mayor cobertura vegetal para implementar programas de desarrollo sustentable a través de una iniciativa coordinada entre ocho instituciones gubernamentales. Frente estas iniciativas, un bloque de organizaciones civiles, de larga trayectoria y con lazos importantes en el movimiento ecologista internacional, ha definido una postura crítica a la mercantilización de la naturaleza en principio, y los arreglos desaventajosos que siempre se ven en las experiencias de bioprospección y otros esquemas francamente consonantes con el PSA, como se verá más adelante. Reflexión a manera de conclusión inicial A pesar de la recesión y la crisis política que prevalece en este momento (enero de 2002), el ímpetu hacia la globalización económica y también política sigue apareciendo dominante, con el cual se tiene que prognosticar un ambiente favorable a la construcción de mercados internacionales en servicios ambientales. Hay un mercado internacional emergente en la biodiversidad, gracias a su propio tratado; y el ecoturismo es un mercado internacional en alza. Sin duda, el destino reciente del Protocolo de Kioto es el más ilustrativo: la gran potencia, los Estados Unidos, abdicó su liderazgo, y sin embargo lo demás países del mundo, en su conjunto, lograron una especie de rescate del tratado. Por lo tanto, pronosticamos un mercado internacional creciente para PSA. De la misma manera, en México ya existe un alto nivel de conscientización en la clase política, y cada vez más en la opinión pública, con respecto a las crisis de contaminación (del aire de la Ciudad de México, de las maquiladoras de la frontera); el conocimiento de las crisis en cuanto al acceso y regulación de los recursos naturales está un poco menos extendido (el Niño, los incendios); y el entendimiento sobre los servicios ambientales como correctivos es todavía poco difundido. Existe un problema fuerte en cuanto a la valuación de los recursos naturales y la biodiversidad – el enverdecimiento, o “greening”, de la teoría y práctica económicas – ya que la política pública no suele transformarse fácilmente y al entrar en el terreno de “valores del no-uso”, etc., que todavía falta de precisión cuantificable, se anticipan resistencias. Claro, hay una tradición de expropiación-con-compensación, basada en algún cálculo de costo de oportunidad, pero el salto es grande de allí a la valoración total de los servicios ambientales (incluyendo restricciones inherentes en actividades productivas y la protección activa de los recursos naturales). Y cuando son poblaciones campesinas unos de los sujetos, o actores principales como oferentes de los servicios, nos encontramos con otra serie de resistencias socio-políticas. Por lo tanto, nos refugiamos en la observación de que cualquier pronóstico trabajaría dos escenarios: el enverdecimiento de la política pública a corto plazo (los seis años de la administración pública entrante), o más a largo plazo.

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No queda duda de la tendencia a favor de la implementación de estrategias de PSA en México, dadas las siguientes consideraciones:

?? México exhibe ventajas comparativas en cuanto a mercados internacionales en materia de la biodiversidad, cobertura forestal (actual y deseada) y el ecoturismo.

?? La vulnerabilidad climática y de acceso al agua y otros recursos representa un riesgo significativo nacional, anunciado por las organizaciones de la sociedad civil y la academia y reconocido por el estado.

?? La política socio-económica mexicana, basada en la lógica neo- liberal, se presta perfectamente a soluciones de mercado para enfrentar la problemática ambiental.

¿Tendrán los campesinos y campesinas un papel importante en la incorporación de estrategias de PSA en México? La mayor parte del territorio nacional apto para estrategias de PSA en captura de carbono, el ciclo hidráulico, la biodiversidad y (en forma un poco menor) belleza escénica, es propiedad social de los campesinos e indígenas. Por eso, tienen un lugar asegurado en la mesa de discusión. Hay que reconocer que la política nacional claramente apunta a una reducción paulatina de la población campesina, y drástica a nivel internacional (tal vez del casi 30% actual al 2-3% de los otros países de la OECD), y la reducción de propiedad social también. La supervivencia del sector campesino, en contra de esta visión de nación, dependerá de la combinación de la capacidad de los campesinos de recuperar (como sector y en alianzas) un poder político y su capacidad de lograr una eficiencia económica competitiva. En ese sentido, la transición paradigmática, o el “enverdecimiento” de la economía, viene a ofrecer una estrategia potencial de supervivencia al mismo campesinado. Frente a una valoración real, total y justa de los servicios ambientales, la decisión económica lógica, basada en el análisis de costos de oportunidad, llevará a la conversión de los sistemas agropecuarios actuales a la agroforestería y agroecología sustentable, en muchos casos. Una urbanización y migración parcial inevitable, entonces, podría dejar a una población campesina más próspera, con organizaciones y empresas sociales más consolidadas y profesionales.

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PARTE II: EN LA PRAXIS: PANORAMA DE OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES EN LA EXPERIMENTACIÓN DE PSA Las distintas experiencias en el campo del “desarrollo sustentable” se vienen evolucionando con un entusiasmo galapagociano; y algunas de ellas se pueden clasificar dentro del género – o género-en-construcción – de PSA. En lo que sigue, rasgamos entre la praxis mexicana, y presentamos – a través de una revisión panorámica y con unos estudios de caso – experiencias interesantes para nuestra edificación en la identificación de las oportunidades y limitaciones implícitas en PSA. Organizamos la revisión panorámica respetando las cuatro especies de PSA (mencionadas en la introducción):

?? Captura de carbono

?? Servicios hídricos

?? Conservación de la biodiversidad

?? Belleza Escénica.

Notamos que a veces una experiencia se escapa de la clasificación, por la razón de que una actividad puede aportar varios servicios. (Por ejemplo, los árboles que capturan carbono pueden también regular el ciclo hídrico y ofrecer belleza escénica.) En esos casos, identificamos las experiencias según su objetivo principal. Como vimos en la sección anterior, las experiencias de PSA se ubican en un contexto donde el gobierno mexicano muestra cierta apertura hacia políticas ambientales innovadoras, siempre y cuando no contradiga la consolidación de su proyecto liberal económico. En ese espacio acotado, las estrategias de PSA tienen cabida y por lo tanto veremos que PSA surge – muchas veces en forma incipiente22 – en distintos programas del sector público mexicano. Pero sobre todo encontramos experiencias relevantes llevadas por actores no-gubernamentales (organizaciones de la sociedad civil, ó OSC) cuya relación con el modelo económico liberal suele ser más escéptica. Claro, la revisión de casos aquí pasó por un filtro: nos interesan las experiencias de PSA en las cuales los agentes vendedores son campesinos/campesinas. A. Revisión Panorámica de Casos 1. CAPTURA DE CARBONO Por el hecho de encontrar un potencial mercado internacional, la estrategia de captura de carbono es consecuente con la política económica nacional y por lo tanto goza de un apoyo

22 Decimos “incipiente” porque la estrategia final de PSA implica un ingreso que se aplica al cuidado del servicio ambiental suficiente para su duración sin fin, mientras vamos a encontrar varias experiencias que, si bien por definición aplican ingresos a la conservación, no necesariamente llegan ahora a una sustentabilidad total.

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gubernamental, comenzando con la ratificación del Mecanismo de Desarrollo Limpio dentro del Protocolo de Kioto, e incluyendo la promoción de experiencias nacionales (como parte del Programa Nacional de Acción Climática). Con más de la cuarta parte del territorio en forma de bosque, y reconociendo que la capacidad arable sustentablemente pide al país reconvertir a su vocación forestal a un área grande (de hasta la sexta parte del territorio nacional), existe un gran potencial para masificar la estrategia de captura de carbono. Al recuperar el dato de que más de la mitad del territorio nacional se mantiene en forma de “propiedad social”, en manos de los campesinos – y muchos de ellos indígenas –, se ve la importancia de reunir el esquema de captura de carbono con un proyecto de desarrollo campesino.23 Establecida esta enorme oportunidad, las experiencias piloto24 y las investigaciones al respecto, han logrado delimitar con mayor precisión las posibilidades y retos relacionados con esta estrategia de PSA. A nivel mundial, las investigaciones ya están arrojando información que orienta el debate. En particular el Department of International Development del gobierno del Reino Unido ha financiado intercambios internacionales que apuntan a las siguientes conclusiones: (a) el campesinado vive gracias a un conjunto de estrategias económicas, de forma que los

esquemas de captura de carbono tienen que tomar en cuenta la viabilidad de la población campesina para asegurar el acceso al capital natural necesario para su supervivencia.

(b) Los sumideros de grandes extensiones, bajo una administración simple y tenencia clara, ofrecen las condiciones óptimas. Al contrario, las organizaciones campesinas, frecuentemente débiles, representan altos “costos de transacción”.

(c) El problema de “derrame” (leakage) respecto al cambio de uso de suelo requiere de agentes intermediarios de amplio mandato (sean dependencias gubernamentales u ONGs).

(d) Finalmente las políticas de captura de carbono y su certificación, deben incluir criterios de silvicultura sustentable y sistemas de supervivencia de los campesinos. (Bass, 2000)

En México, un esfuerzo importante de investigación de la estrategia de captura de carbono fue realizado por Omar Masera y su equipo en el Centro de Ecología de la Universidad Nacional (UNAM).25 Se compararon tres experiencias de captura de carbono 26: San Pedro el Alto, Oaxaca, el Plan Piloto Forestal de Quintana Roo, y la plantación maderera de La Sábana, Oaxaca. En un análisis de costo-beneficio, determinaron que:

23 De hecho se verá más adelante que la unión de la estrategia de captura de carbono con una de comercio justo – para un servicio de “captura de carbono-plus” – es fundamental a la experiencia piloto de Chiapas, México. 24 Mientras no se concluya la negociación de la Conferencia de las Partes de la CMCC, las experiencias piloto se dan por distintas razones por parte de los compradores, incluyendo la construcción de una imagen corporativa, o para posicionarse para un eventual mercado activo. De unas 30 experiencias en lo forestal a nivel mundial, por lo menos uno se encuentra en México: el Fondo BioClimático en Chiapas. 25 Se verá más adelante que el esfuerzo de investigación asociado al Fondo BioClimático es también de las más amplias y ricas del mundo en este momento. 26 Podríamos decir que son experiencias de PSA-incipiente, ya que no participan en el pre-MDL, sino que son experiencias de silvicultura comunitaria, donde la captura de carbono resulta un tema de interés de los investigadores.

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(a) La plantación maderera presentaba el potencial de un “moderado” nivel de captura de carbono, y que su viabilidad económica dependía de su proximidad a carreteras y la posibilidad de extensiones de 20,000 has o más. “Las plantaciones exhiben los costos anuales más altos y la inversión inicial más grande.” (Masera et al., 1997)

(b) La experiencia en bosque tropical nativo (Quintana Roo), mostró el nivel más alto de captura de carbono, pero con una viabilidad económica “frágil”, debido a que los mercados de madera se limitan a unas pocas especies que ocupan una proporción pequeña de la biomasa forestal.

(c) La experiencia en bosque templado nativo (Oaxaca) mostró un nivel de captura de carbono “intermedio”, y con la viabilidad económica más alta, ya que predominan las especies con mercados (pino y encino) y, con densidad de población más alta que en los trópicos, aprovecha de los sistemas agro-silviculturales en mayor grado.

Otras conclusiones y recomendaciones de la comparación tripartita incluyen:

(a) Hay que considerar en los costos los correspondientes a la creación o mantenimiento de “instituciones intermediarias” que ofrecen servicios como: apoyo en lo comercial, gestión con el gobierno, asistencia técnica e investigación.

(b) En el caso de la creación de plantaciones, hay que considerar los costos asociados a la pérdida de productos de subsistencia además del costo de oportunidad de la tierra.

Otras experiencias Aun estando en una fase muy inicial, la captura de carbono ha atraído la imaginación del sector oficial ecologista tanto como a los miembros del sector campesino que se informan de ella. Otra experiencia en construcción (asesorada por técnicos del Instituto de Ecología de la UNAM) es la de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, que consiste en el manejo forestal basado en la organización comunal. La literatura avanza la discusión de la capacidad de captura – utilizando el instrumento de medición “CO2FIX” – pero no abarca los aspectos sociales y políticos. (Ordóñez Díaz). Como ejemplo de cómo la estrategia de captura de carbono puede salir del costo de oportunidad de la tierra en cuestión, existe el estudio de viabilidad de la Delegación de Cuajimalpa, en el Distrito Federal, acerca de la posibilidad de establecer un programa de captura de carbono en la reserva del Desierto de los Leones. Siendo de las áreas protegidas más antiguas de México resulta no muy apta, porque ya su nivel de captura de carbono es reducido y el costo del saneamiento del bosque será más alto que el ingreso por concepto de la captura. En las áreas colindantes hay comunidades con derechos ancestrales de la tierra que cuentan con algunos recursos boscosos. Por ser estos terrenos “semi-urbanos”, se calcula que el carbono fijado costaría aproximadamente US$170 por tonelada, calculando el costo de oportunidad y el costo del establecimiento del plan de manejo. (Esto es arriba de 10 veces del precio pagado en otras partes de México y del mundo.)

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Se sabe de la exploración de una idea visionaria en el área de control de emisión de gases del efecto invernadero. La secretaría de energía tuvo pláticas, durante la administración del Presidente Zedillo, con la British Petroleum Company acerca del concepto de “petróleo verde”, con carbo-bonos internacionales.27 Objeciones de fondo salieron con respecto a la necesidad de introducir plantaciones masivas, al detrimento de bosques naturales. La idea no prosperó.28 De mucha más posibilidad es la estrategia de captura de carbono en el suelo.29 Actualmente RIOD-MEX (contra la desertificación) está levantando la demanda de incluir en los procedimientos reconocidos para el pago de captura de carbono los conceptos relacionados con la conservación de las tierras agrícolas y ganaderas, tomando como referencia la capacidad de esquemas de policultivos, cultivo de cobertura y variaciones en la aplicación de técnicas de labranza de conservación para producir y mantener biomasa depositaria de carbono. Según estimaciones de la SEMARNAP pueden significar 1,000 millones de toneladas por cada punto porcentual de contenido de masa orgánica (MO), solamente en las tierras de uso agrícola, lo que podría justificar una agenda significativa para la aplicación de proyectos de implementación conjunta.30 Certificación Como fue mencionada en la sección de “Conceptos Claves”, una función de los “gestores” de los PSA es la de la certificación, función que se está definiendo todavía en cuanto a la estrategia de captura de carbono. Esta función está bien conocida por los cafetaleros orgánicos. De haber dependido de certificadores internacionales, las organizaciones cafetaleras han promovido la certificación por actores locales ligados a los nacionales (como es el caso de Certimex, A.C.), que al mismo tiempo pueden proporcionar cierta asesoría pre-certificadora y todo a un precio mucho menor que el costo de transporte y honorarios internacionales. En el área más extendida de la agroecología, la Asociación Mexicana de Agricultores Ecológicos (AMAE) ha intentado servir de enlace nacional para la Organic Crop Improvement Association (OCIA) que ofrece la certificación con su sello institucional. La AMAE ha hecho trabajo de cabildeo con la Secretaría de Agricultura para desarrollar una reglamentación nacional para garantizar la calidad de los alimentos orgánicos. La certificación forestal es muy semejante a la considerada en el apartado de certificación de productos orgánicos, donde el acceso al mercado, o el precio preferente, premia directamente el desempeño ambiental de manera agregada. La apertura de mercados de productos fo restales

27 Esto es significativo cuando consideramos que México extrae 1.5 millones de barriles de petróleo diariamente. 28 Este caso,y el de Cuajimalpa, son de entrevistas con Hernández y AMBIO. 29 En un estudio sobre las posibilidades de mitigación de la emisión de carbono por actividades agrícolas, Paustian et al. argumentan que para frenar el cambio de uso del suelo la capacidad de captura de carbono en la agricultura tiene que reconocerse, y que es un instrumento muy potente para la captura de carbono. 30 Declaraciones recientes de la Secretaria Carabias de SEMARNAP coinciden con este apreciación y señalan el acuerco con RIOD en el sentido de negociar el endoso de la agenda de mantenimiento y ampliación de los depóstios de carbono de la CMCC a la de Desertificación, con lo cual se abrirían nuevos campos de aplicación de recursos financieros con los provenientes del Global Environmental Facility del Banco Mundial. (Chapela, Gonzalo; 2000)

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tiene un potencial notable como impulso a la cultura de mercado que haría posible la interiorización de las externalidades hoy no pagadas. El proceso de certificación de madera comenzó a partir de la difusión de la experiencia de los trabajos del Plan Piloto Forestal de Quintana Roo y de la Sierra Juárez de Oaxaca31, y a principios de los 80s se juntaron con el grupo de representantes de instituciones que iniciaron una organización de alcance mundial, orientada a la protección de los bosques, la cual posteriormente dio lugar al Forest Stewardship Council (FSC), como un esquema ciudadano de certificación no-lucrativo (del norte y del sur) .32 De esa forma salió el afiliado de la FSC en México una entidad no gubernamental llamada Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). El CCMSS ha configurado un conjunto de instrumentos para la certificación, como el establecimiento de las cadenas de custodia, el endoso de los trabajos de certificación mediante un sistema de franquicias y acreditación, los principios, criterios, normas de procedimiento y código de ética de aplicación global. En México se han establecido, por un lado, organizaciones civiles que promueven y llevan a cabo la certificación y, por otro lado, el foro normativo responsable de garantizar la correcta aplicación, llamada “Iniciativa Mexicana” o CERTIFOR, donde participan organizaciones civiles como el CCMSS además de organizaciones de productores forestales. De acuerdo con el FSC, este organismo, entre otras funciones, aprueba las normas y procedimientos mexicanos para la certificación que, dentro de los parámetros del FSC tiene características propias.

En cuanto a la certificación de la captura de carbono, expertos mexicanos, retomando la oportunidad ofrecida con el MDL, definieron varias políticas, entre ellas:

(a) los niveles de captura que se tomarán como base y reserva actuarial para los contratos deberán ser certificados por una entidad independiente reconocida por la Entidad Mexicana de Acreditación.

(b) Además de la fianza de cumplimiento, todo contrato deberá contar con un seguro para contingencias.

(c) Los carbobonos certificados se dividirán en dos series: I para el mercado interno y E exportables, en una proporción regulada por la Oficina Mexicana (de la CMCC) y/o convenida por las partes.33

El CCMSS tiene interés en servir de certificadora de PSA. Son expertos en el empleo del sistema para calcular adicionalidad, Land Use and Carbon Sequestration (LUCS).34 Lo han 31 Fueron asesorados por Francisco Chapela y Sergio Madrid, quienes llegaron a fundar el CCMSS, mencionado a continuación. Otras organizaciones ecologistas muy importantes en este esfuerzo son: el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Estudios Rurales y Asesoría (ERA), y GIRA. 32 En este proceso el World Resources Institute, de Washington, D.C., con la participación de Aarón Zazueta y Bruce Cabarle, tuvo un papel determinante para la participación mexicana. Hay que decir que, en cuanto este esfuerzo produjo mayor interés general, servicios lucrativos de certificación se han ido desarrollando, como el de Catalytic Scientific Certification con la marca “Green Cross” y los procedimientos de la International Standards Organization, con su serie de normas ISO 1400. 33 Ricardo Hernández, en entrevista, dio a conocer el “Decálogo para la oferta de srvicios ambientales…”, que se elaboró conjuntamente con Gerardo Segura en 1997, en el SEMARNAP. 34 El LUCS es una alternativa al sistema de CO2 FIX (empleado por ECOSUR y la UNAM en Michoacan).

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probado en Oaxaca y están en proceso de aplicar el instrumento en Durango, Campeche, y Quinta Roo. Fue presentado a la “US Iniciative for Joint Implementation” (US/JI).35 Estudios de Caso Más adelante (en el apartado B) se encuentra una reflexión más de fondo sobre la estrategia de captura de carbono. Se basa en el proyecto del Fondo BioClimático, en el estado de Chiapas, y en él de la Unión Zapateca-Chinanteca (UZACHI) en el estado de Oaxaca. 2. DESEMPEÑO HIDRICO Con la consideración del desempeño hídrico como servicio ambiental, pasamos de los mercados internacionales a los principalmente nacionales. La demanda potencial para el servicio es enorme. Evidentemente, el comportamiento de las cuencas tiene un efecto determinante sobre la disponibilidad de agua, sobre la duración de la vida útil de las costosas obras de infraestructura y en la mitigación de los riesgos de desastres por inundaciones y avalanchas. El reconocimiento teórico de estos conceptos ha sido reflejado en programas de la Secretaría de Agricultura, más recientemente en la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Zonas Aridas, y en otros. Desde hace décadas atrás, los productores forestales mantuvieron demandas basadas en la retribución por parte de los usuarios del agua a los dueños de los bosques por lo que ellos llamaron “producción de agua”. Esto tuvo lugar principalmente en las organizaciones campesinas forestales de Chihuahua y Durango, que reclamaban el reconocimiento de su contribución a la producción agrícola de las prósperas tierras de Sinaloa y la Laguna. Con la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, se introdujo la muy interesante figura de los “consejos de cuenca”, como instancias multi-sectoriales locales comisionados con el cuidado de las cuencas y los sistemas hidráulicos.36 Como experiencia piloto en la cuenca del Lerma-Chapala incluyendo el Distrito Federal, se conformó en 1995 el Grupo de Trabajo de Conservación de Suelo y Agua, que elaboró un programa con dos ejes centrales: (1) el desarrollo de micro-cuencas con la participación central de los municipios y las comunidades campesinas ubicadas dentro de esas micro-cuencas y (2) la creación de un fideicomiso para la canalización de recursos financieros para la conservación de la cuenca, alimentado principalmente por partes proporcionales de los derechos de agua, en lo que conformó el primer planteamiento de cargar a los usuarios del agua los costos del mantenimiento del servicio de cuenca. FOCAT

35 Se estiman los costos de la aplicación del LUCS en un mínimo de US$20,000. (entrevista con Sergio Madrid) 36 Habría que aclarar que en la integración de los Consejos solamente se consideraban los usuarios del agua y no otros agentes presentes en las cuencas, como los agricultores, ganaderos y forestales de las partes altas o los pescadores ribereños que sufren los efectos de los agentes contaminantes.

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Ese mismo proyecto – abandonado posteriormente por el gobierno federal – fue retomado por el Gobierno del Distrito Federal para el establecimiento de un Fondo de Conservación de Agua y Tierra (FOCAT). Hasta 2000, el FOCAT tampoco ha sido aplicado más que en algunos componentes que están sirviendo como piloto, como es el programa de pagos de incentivos a la buena reforestación, por el que se aporta a las comunidades un peso por planta viable evaluada después de una temporada de secas. El planteamiento – en teoría, pues – consiste en la formación de un fondo alimentado con aportaciones provenientes de los recursos fiscales directos del Gobierno del Distrito Federal, transferencias de cuotas provenientes de ingresos de contribuyentes beneficiarios de los servicios de los recursos naturales, donativos y del Fideicomiso Ambiental. Se estima que dichas aportaciones del FOCAT podrían alcanzar los montos siguientes:

FUENTE MONTO ESTIMADO

Partes proporcionales de ingresos de: ? ?cuota de consumo de agua (10%) ? ? impuestos inmobiliarios: predial, fraccionamientos,

permisos de construcción (5%) ? ?Pago de tenencia por uso de automóviles (2%)

$ 170,000,000

Gasto directo fiscal de CORENA, SEDUVI, SEDECO, Y DGCOH: $10 millones por dependencia

$ 40,000,000

Fideicomiso Ambiental $ 40,000,000 Donativos $ 30,000,000 TOTAL FONDO $280,000,000

Ya que en la actualidad la mayoría de estos fondos se canaliza a fines compatibles a los planteados, se asume que la formación del fondo no significa un incremento del gasto fiscal del gobierno, sino un arreglo racionalizador de recursos ya existentes.

La canalización final de los fondos se plantea principalmente como una forma de creación de empresas comunitarias con orientación sustentable, por lo que la utilización de los recursos financieros son para:

a) financiar la aplicación de mejores prácticas de manejo de tierras, especialmente en lo que corresponde a solventar los costos financieros y de oportunidad propios de los plazos de maduración de los proyectos;

b) cubrir las diferencias económicas entre las opciones sustentables y regulares de estrategias de manejo de las tierras;

c) con los mismos recursos, financiar la creación de empleo permanente en la misma zona, con fines de arraigo de la población.

El Triunfo

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Como otra experiencia de PSA en diseño, la Reserva de la Biosfera “El Triunfo” en el estado de Chiapas, conjuntamente con el Instituto Nacional de Ecología, están elaborando un proyecto de pago por el servicio de control hídrico. Habrá beneficiarios en dos cuencas: (a) la Cuenca Cuapa, donde prevalecen actividades económicas en los sectores de la ganadería, granos básicos y la pesquera; y (b) la Cuenca de Cuxtepequez, donde adicionalmente hay plantaciones de café y alimentación de las Presas de El Portillo y La Angostura (siendo ésta una de las cuatro presas hidroeléctricos más grandes de México).

La primera fase del proyecto consiste en la valoración del servicio ambiental del bosque de la Reserva.37 En la segunda fase se diseñarán instrumentos para cobrar los servicios. Los retos son varios:

(a) no hay registro de usuarios de pozos,

(b) no hay una historia de pagar cuotas (con la excepción de distritos de riego) en el sector rural y la Comisión Nacional de Agua normalmente establece tarifas únicamente con base en los costos de su servicio; no toma en cuenta el costo real de del bien intermediario (generación eléctrica), y

(c) el agua es subsidiada y sujeto de influencias políticas. (De hecho, antes de 2001, la SEMARNAP abrió discusiones con la Comisión Federal de Electricidad para proponer un convenio de pago por el surtimiento del agua en el sistema hidroeléctrico, pero no prosperó.) Existen condiciones legales que permiten el pago por el servicio hidrológico, pero la negociación política no se ha visto fácil. La Ley Nacional de Agua establece que los municipios pueden cobrar el servicio de agua. Pero se tiene que respetar la Le y de Pagos y Derechos, que establece las tarifas por zonas. Y negociar una revaloración formal sería un reto. En un sondeo con los 320 usuarios potenciales del distrito de riego de Cuxtepequez, se encontró un ambiente social medianamente abierto. Les pareció interesante la propuesta, ya que saben perfectamente que hay desperdicio y robo de agua en el sistema de riego, y además reconocen que hubo pérdidas de cosecha con las lluvias extraordinarias de 1998. Abogan a favor de un subsidio para los campesinos con terrenos arbolados adjuntos a la Reserva – empleando el modelo del Procampo-Ecológico38 –; pero el sondeo concluye que los usuarios no se consideran en condiciones para pagar el servicio ambiental de la Reserva de forma voluntaria. Otras experiencias

37 Hay poblaciones de campesinos pequeños dentro de la Reserva y consideradas en la propuesta, aunque hay que reconocer que este proyecto está principalmente concebido en los términos de un área protegida. (La información proviene de representantes de la Reserva en la Renión de Tuxtla del 23 de junio de 2000, y de una entrevista con Anabel Martínez, del INE.) 38 Se ha mencionado que el programa de Procampo ofrece subsidios a productores de granos básicos; el Procampo-Ecológico es un proyecto adjunto que reconoce pagos por terrenos no-cultivados.

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Hubo referencia (no confirmada) a una experiencia en Río Frío, Puebla, donde la compañía Nestlé, como embotalladora del agua potable “Santa María”, ha pretendido comprar servicios ambientales de los pobladores de la región para preservar los manantiales. 3. CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Son las áreas tropicales y de bosque templado – en parte áreas protegidas y otras de propiedad social – donde se encuentra la riqueza de diversidad genética (calculada en el 10% del total mundial) que existe en México.39 El relevante servicio ambiental consiste en la conservación y recreación del hábitat de la flora y fauna.40 Las y los pobladores de estas zonas han creado, a través de generaciones, un acervo importante de información acerca de las propiedades de muchas plantas y animales, principalmente en sus aspectos agrícolas y medicinales, y para su aprovechamiento sustentable. No obstante, las exigencias económicas de estos propietarios – y la ignorancia en la cual todavía nos encontramos todos – les puede llevar a la destrucción del hábitat y a veces hasta la destrucción de las mismas plantas y animales valorados. El gobierno mexicano (con la obligación de ley, como la Convención sobre Biodiversidad), y actores de la sociedad civil, han inventado varios instrumentos para preservar la biodiversidad (siendo el más importante las áreas naturales protegidas); pero los mecanismos del mercado son cada vez más importantes en las estrategias de conservación de la biodiversidad. Los y las compradores de estos servicios son muy diversos, como se verá a continuación. La bioprospección y conservación in situ A nivel mundial es en la agricultura y la medicina donde se ha visto la explotación más fuerte de los recursos genéticos. En los últimos años esta explotación se ha acelerado de manera fenomenal, gracias a los avances científicos, primeramente en la hibridización de plantas (que dio lugar a la Revolución Verde) y más recientemente con la posibilidad de hibridización genética utilizando la “biotecnología”. A pesar de esta liberación relativa de las limitaciones de la naturaleza, la biodiversidad sigue siendo de un valor enorme. En el área de la agricultura y

39 Los dos tipos biogeográficos ocupan casi la mitad del país. También vale señalar que México también cuenta con más de 800 especies de vertebrados endémicos. (Benítiz Díaz y González, 1997) 40 Existe un debate muy interesante acerca de la valuación de la biodiversidad como factor en la sustentabilidad del medio ambiente. La distinción entre biomasa y biodiversidad es clave. Resulta muy difícil, con el conocimiento ambiental de hoy en día, saber precisamente cuáles podrían ser los servicios ambientales de la biodiversidad como tal. Unas ideas son: (a) control hidráulico, porque vegetación espesa y variada fomenta la absorción del agua en el suelo, (b) la polenización de verduras y frutas depende de insectos y pájaros, (c) con 67,000 especies de plaga, y 120 bajo control biológico, se concluye que la biodiversidad es un factor de control y puede incrementar su efectividad con más investigación. Se sabe que la resistencia y resalto de los ecosistemas están relacionados a la biodiversidad. Sin embargo, la valuación sigue siendo problemático. “How far do environmental services depend upon biodiversity per se? Recent resarch suggests that they are highly resilient to some loss of species and they can keep on supplying their services even in highly modified states.” (Myers, 1995) “We simply do not know how important species diversity is for the long-term stability of ecosystems: …prudence would urge the preservation of as much diverstiy of as possible.” (Edwards y Abivardi, 1998) En el presente ensayo, seguimos los argumentos que parten del concepto de la biodiversidad como un bien con valor de uso-directo (cacería), de opción (bioprospección), y de existencia (ecoturismo) – ya que no encontramos ejemplos de PSA en biodiversdad comercializando un valor de función ecológico.

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todavía más en la de salud, la bioprospección de plantas en particular es una actividad perfectamente económica, aúnque de alto costo.41 Adicionalmente, hay argumentos importantes a favor de la “conservación in situ” (en contraste con la “ex situ” en bancos congelados de germoplasma), ya que la conservación ex situ puede llevar a un empobrecimiento de la información genética, mientras que la in situ permite la evolución de nuevas características, ofrece la oportunidad de estudiar características genéticas todavía desconocidas hoy, y permite conservar y estudiar prácticas de las y los pobladores en el manejo de los recursos naturales. (Brush, 1998; Alteri y Masera, 1993, NRC, 1993)

Entre los compradores potenciales para PSA en biodiversidad se incluyen los que producen y comercializan productos agrícolas y farmaceúticos. Claro, sin controles externos, los atractivos de la “bio-piratería” seducen. 42 El contrato legal parece ser el instrumento indicado para parar la piratería. Sin embargo, existen algunos retos fuertes en cuanto a su ágil empleo:

(a) Ya que cualquier contrato requiere de la definición clara de las partes firmantes, en el caso del PSA es preciso identificar los “dueños” del servicio o del bien en venta. En México los recursos naturales son propiedad de la nación en primera instancia,43 pero el conocimiento acerca de los recursos podría ser propiedad del individuo, la comunidad, hasta la etnia (siempre buscando una entidad legal que las represente).

(b) Ya que el objetivo es el mantenimiento de la biodiversidad a perpetuidad, y dado que la práctica asociada al mantenimiento de las propiedades en común (the commons) tienden a funcionar con el conocimiento aquí-y-ahora de los miembros de la comunidad, el “bio-contrato” de impacto ambiental a largo plazo tiene que presentar beneficios mayores que el costo de oportunidad a corto plazo, y presentar incentivos persuasivos a largo plazo. (Agrawal y Gibson, 1999; Wilsey, 2000).

En general está reconocido que el sistema de derechos intelectuales de la propiedad está en un momento de definición – para no decir de caos –, situación que ha reprimido la inversión en bioprospección y la elaboración de sistemas de incentivos adecuados y justos para la conservación de los recursos genéticos. No obstante, ha habido varios intentos de bioprospección en México, al igual que en otras partes del mundo. Una de las experiencias más desarrolladas es la de los Altos de Chiapas, de nombre “International Biodiversity Collaboration Group” (IBCG). Con el apoyo del National Institute of Health del gobierno de Estados Unidos, la Universidad de Georgia conjuntamente con El Colegio de la Frontera Sur, y una compañía de biotecnología británica Molecular Nature Limited, sus representantes entraron en un acuerdo para la búsqueda de plantas medicinales en zonas de población maya. El acuerdo hace referencia a la creación de un fideicomiso cuyas beneficiarias serán las comunidades participantes, con el 25% de las regalías provenientes de

41 Se estima que uno en cada 333 plantas “descubiertas” tendrá un valor para la industria farmaceútica. La posibilidad de ganancias está en proporción con el nivel de la inversión y el riesgo, costos que se reducen en cuanto haya (a) acceso al conocimiento tradicional y (b) la posibilidad de patentes. (Mendelsohn y Balick, 1995) 42 Brush define la bio-piratría como la combinación de tres elementos: (a) la adquisición de recursos genéticos, (b) su privatización, y (c) la falta de devolver beneficios al lugar de origen. (Brush, 1998) 43 México cuenta con colecciones nacionales de bancos genéticos de la propiedad pública (common heitage), y científicos mexicanos intercambian germoplasma libremente con científicos de otros países. (Brush, 1998)

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cualquier medicamento que pudiera resultar, para “proyectos productivos cooperativos, proyectos de capacitación comunitaria, becas para estudiantes indígenas destacados y preferentemente ligados al aprovechamiento sustentable de su flora medicinal”. (IBCG, 1999) El proyecto había avanzado al punto de haber involucrado a 41 comunidades en 13 municipios. Ya se habían encontrado diferencias entre las visiones del proyecto y de las y los campesinos; un investigador del proyecto, por ejemplo, explicó que los objetivos de las comunidades son de más corto plazo (demanda de jardines botánicos comunitarios) cuando el proyecto tendrá beneficios hasta en un largo plazo. También habló de la inversión grande en explicar el proyecto a las comunidades, difundiendo el proyecto poblado por poblado, y sin embargo se queda con la sensación de que no está suficientemente entendido. (entrevista, Santiago) Efectivamente, el proyecto IBCG ha entrado en un período de cuestionamento fuerte por parte de un grupo paraguas, el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH), que, más que disputar los términos del proyecto, ha argumentado que el proyecto no cumplió con el requisito de asegurar el conocimiento y aprobación anteriores de las comunidades.44 SEMARNAP está funcionando como mediador en este conflicto. COMPITCH argumenta que este caso debiera servir para reconocer la necesidad de promover legislación normativa, o hasta una reforma constitucional, con respecto a la bioprospección. 45 Otro caso de intento de bioprospección se da entre la Universidad Nacional Autónoma Mexicana (UNAM) y una compañía estadunidense, Diversa Corporation, que fue sujeto de objeción y denuncia por parte de varias ONGs46. Las ONGs argumentan que, aunque la LGEEPA hace referencia a la “repartición equitativa de los beneficios” del aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre, la Constitución garantiza que la propiedad nacional vaya al “beneficio social”. Es decir, no se debe permitir patentes de la vida. (Marielle, 2001) La experiencia de la Unión de Comunidades Zapoteca-Chinantecas (UZACHI) está perfilada en el apartado B, como parte del estudio del caso. Comercialización de especies y el mercado cinegético La SEMARNAP considera que hay potencial para los “mercados verdes” – la comercialización de especies de fauna y flora. En la presente y primera etapa, con el apoyo de CONABIO y organizaciones no-gubernamentales además del INE de SEMARNAP, se están definiendo las especias y los sitios prioritarios para productos del mercado verde. (En la segunda etapa se mandarán hacer estudios de mercado específicos.) Se está aplicando un criterio social en cuanta a la definición de oportunidades, en el sentido de privilegiar los productos que una comunidad campesina podría vender.47 44 Rural Advancement Foundation International (RAFI), una ONG canadiense, ha difundido información sobre el caso y está dando seguimiento a tres proyectos adicionales en bioprospección en México. Sabemos que la compañía Merk propone trabajar en la Sierra Juárez de Oaxaca. 45 Entrevista con Simon Ticehurst, de Oxfam-Gran Bretaña. 46 Son: GEA, Greenpeace, UNORCA, CECCAM, ANAD, Red de Permacultura México, y Coordinadora Ciudadana en Defensa del Patrimonio Cultural y Natural. 47 El INE-SEMARNAP informa que el gobierno mexicano en breve pondrá a la consideración del GEF del Banco Mundial el desarrollo de mercados verdes.

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La cacería ha sido siempre una actividad practicada por los campesinos y durante las últimas dos décadas ha emergido un fuerte interés deportivo por estas actividades en dos vertientes: la de los ranchos en el norte y la de desarrollos más ligados a los mercados emergentes ambientales.48 En los ranchos del norte, las condiciones restrictivas ambientales imponen la necesidad de grandes extensiones para el mantenimiento del ganado, lo que propicia la disponibilidad de espacio para la coexistencia de la actividad productiva con la vida de la fauna silvestre y, a la vez dificultan el control del territorio por los propietarios privados o sociales. El resultado de estas condiciones es, por un lado, la degradación de la capacidad forrajera de las tierras de pastoreo por causa de malas prácticas de uso, con efectos que van en detrimento de la fauna y, por otro lado, la pérdida de valor de las piezas por la proliferación de la cacería furtiva. El norte del país se encuentra íntimamente relacionado con los procesos de los EEUU. En este caso, la generalización de los corrales de engorda ha puesto en crisis a la ganadería extensiva tradicional y los ranchos han ido quebrando. Por lo tanto, los propietarios buscan un cambio de uso a favor del establecimiento de residencias, normalmente para turismo de primera clase, en el esquema de “turismo rural”, muchas veces ligado al interés por las actividades cinegéticas. Los ganaderos norteños se han organizado dentro de la Asociación Nacional de Ganadería Diversificada (ANGADI) y lograron en 1997 la promulgación de la Ley Nacional de Organizaciones Ganaderas, que facilita la formación de organizaciones e inc luyendo la posibilidad de participación de pequeños ganaderos y del sector social. Como mencionamos en la sección sobre el marco legal, la Ley de Vida Silvestre define una nueva entidad, la Unidad de Manejo Ambiental (UMA), para promover que los propietarios y propietarias rurales conviertan sus terrenos a usos económicos de protección de la biodiversidad y conservación del hábitat, recibiendo a cambio asistencia técnica y otros incentivos por parte del gobierno.49

Por lo que se refiere a la parte legal, Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) escribe: “La ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) contempla la posibilidad de que se creen fondos y fideicomisos para la protección y la conservación de aquellas zonas del territorio nacional cuyos ambientes originales no han sido significativamente alterados (áreas naturales protegidas). Esto esta contemplado en la parte de los instrumentos económicos que contempla la LGEEPA, que incluye otros como son los de mercado: permisos, licencias, autorizaciones y concesiones, así como los estímulos fiscales. También, la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla, vía la miscelánea fiscal, aspectos de deducibilidad fiscal a aquellas organizaciones que realicen actividades de protección, conservación y restauración. Para ello, hay que acreditar el objeto social de la organización para asegurar que es compatible con lo que se pretende hacer, y acreditar también que sus actividades se hacen en un lugar determinado y que son acciones de conservación, protección o restauración. Otra figura que contempla la LGEEPA es la de poder contar con áreas naturales privadas, de las cuales, los propietarios pueden obtener de las autoridades un certificado, el cual a su vez les pude servir para ir ante Hacienda y obtener ciertos incentivos. Aquí el marco jurídico aún está por desarrollarse."” (Alanís, comunicación personal, 10 de julio de 2000) 48 Como un dato poco conocido y revelador de la cultura mexicana, después de Japón y Gran Bretaña, México es el país que más genera el interés en la caza de los elefantes. (entrevista, R. Hernández) 49 Las UMAS son concebidos en grande, ya que podrán llegar a ocupar 9.84 millones de ha (en comparación con las Areas Nacionales Protegidas que cubren 8.79 millones de ha). (entrevista, R. Hernández)

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La expectativa de ingresos por derechos de cacería se ha visto reflejada en nuevas inversiones en el desarrollo de condiciones favorables para la fauna, y muy eventualmente la introducción de especies, principalmente venado cola blanca (Odoicoleus virginianus). El principal efecto del desarrollo de ese mercado ha sido la vigilancia y la reducción de la cacería furtiva. El caso del tratamiento cinegético de especies amenazadas ha sido por demás controvertido y denunciado por grupos conservacionistas. Un caso que ilustra la complejidad del tema es el del remate del derecho de cacería de dos machos sobremaduros de borrego cimarrón, a favor del ejido del Bramadero, en Baja California, por US$375,000 cada uno. Ha resultado un incentivo fuerte para evitar la matanza indiscriminada que hacían de ese animal los propios ejidatarios y los mismos cazadores, actualmente sujetos a permisos pagados y las regulaciones establecidas. El caso del borrego cimarrón en Baja California estableció la franja más alta de los ingresos posibles por la cacería. Se ven otras experiencias de reconversión de ranchos ganaderos a cinegéticos, principalmente en los estados de Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. En el centro del país, se dan ejemplos del aprovechamiento de recursos de flora y fauna, que incluyen, entre otros, el establecimiento de cotos de caza en Hidalgo, y el ejido cinegético y de servicios turísticos de Río Frío, Puebla, con la cría en confinamiento de venados, iguanas, lagartos, mariposas, y diversas especies de loros. Los efectos de reducir o eliminar la carga del ganado sobre las tierras de pastoreo han permitido la recuperación de la cobertura vegetal y la repoblación de fauna. Las especies a comercializar son generalmente mamíferos de talla mediana y grande, como el venado y los borregos, o aves como los gansos y patos migratorios. El efecto de mejoría de hábitat probablemente tiene un efecto sustancial sobre la proliferación de especies vegetales también. Pero no existe información cuantitativa sobre esos efectos. El acceso al mercado de estos productos está afectado por una tarifa alta cobrada por el Instituto Nacional de Ecología. A la vez, este mercado compite con un mercado ilegal que aprovecha la limitada capacidad gubernamental para regular el tráfico de especies de flora y fauna. Café bajo sombra El café es el producto agrícola posiblemente más adecuado para su adaptación hacia un servicio ambiental para la biodiversidad. Como ya se mencionó, México es uno de los productores del café más grandes del mundo; de los aproximadamente 200,000 productores mexicanos (con más de 850,000 has en cultivo), el 90% son de pequeños productores (controlando menos de cinco has – y la gran mayoría menos de 2 has). Como deja saber un estudio de Moguel y Toledo (1999), “las áreas productores de café se localizan en porciones de gran importancia bio-geográfica y ecológica, ahí donde se ponen en contacto los elementos tropicales y templados; entre el 60 y 70% de las áreas cafetaleras se encuentran bajo manejo tradicional; y por lo menos 14 de 155 regiones prioritarias recomendadas para su conservación se sobreponen o están próximas a áreas con café bajo sombra y manejo tradicional”. (El “manejo tradicional” puede consistir en sistemas de simplificación del dosel; no obstante, siguen existiendo comúnmente más de 40 especies de árbol.) Existen numerosos estudios acerca de la diversidad significativa

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de las poblaciones de los artrópodos, mamíferos y pájaros que subsisten dentro de los sistemas agroforestales cafetaleros en México (Perfecto, 1996). Se sabe de cierta experimentación en la comercialización del café bajo sombra dirigida a conservacionistas norteamericanos, con la presentación de ser café “pájaro amigable”. 50 El escenario se confunde al reconocer que el café orgánico – con sistemas de producción, certificación y comercialización muy avanzados, principalmente como logro de las organizaciones de base cafetaleras – es en gran medida café cultivado bajo sombra; adicionalmente, hay estrategias de mercado justo, y mercado solidario con las poblaciones indígenas, que también es café de sombra en gran parte.51

En una reflexión sobre cómo promover el mercado de café bajo sombra, Perfecto et al. concluyen:

(a) mínimamente, se tendrá que eliminar los apoyos a la “modernización” del sector cafetalero, entendida a hacer la transformación del café de sistemas tradicionales al café bajo sol,

(b) explorar el empleo de incentivos, como acceso al crédito, asistencia en la producción y comercialización, y alivio de impuestos,

(c) vender sus servicios de “guardián” del suelo, surtimiento de agua pura, y seguridad de los trabajadores (bajo la premisa de ser orgánico),

(d) internalizar gastos como: sanear las fuentes de agua potable, merma en producción gracias al empleo de pesticidas, la salud de los trabajadores, y merma de la producción pesquera afectada.

Evidentemente, la recomendación contempla ligar la estrategia de café bajo sombra con el café orgánico. 4. LA BELLEZA ESCENICA/ECOTURISMO Como se vio en la sección anterior, la valuación de la biodiversidad puede llegar a coincidir con la de belleza escénica. Seguimos ejemplificando experiencias de ecoturismo en el contexto mexicano. Por “ecoturismo” entendemos servicios prestados a los y las visitantes de un lugar cuyo objetivo de visita es apreciar la naturaleza.52 El modelo de ecoturismo que resulta ser una

50 El Smithsonian Migratory Bird Center en Washington, D.C. ha promovido la estrategia de “bird-friendly coffee”, en la cual Robert Rice ha sido activo en particular. 51 El café orgánico representa menos del 1% del mercado de café en EEUU, pero va en aumento rápido, y los mercados de café orgánico/solidario de Europa y EEUU ya significan un precio “apremiado” al producto de docenas de miles de cafetaleros campesinos/indígenas de Oaxaca, Chiapas, y Veracruz. Tampoco se puede decir que el servicio ambiental esté ausente del café orgánico. Al contrario, los productores entienden que la conservación de la “madre tierra” es una característica real del café que venden, y los/las compradores probablemente tienen en mente su apoyo al desarrollo sustentable, además de la calidad natural/orgánica de su producto, como móviles en su decisión de compra. 52 Las definiciones abundan, desde el comienzo de esta clase de turismo en los 60s. Mucha de la literatura sobre ecoturismo está citada en “El Ecoturismo Comunitario Y La Gestión Ambiental: Una Experiencia En La Región De Los Tuxtlas, Veracruz” (Paré).

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estrategia de PSA, es el que invierte de forma sistemática, una parte de los ingresos en la conservación de la belleza escénica que es el motivo del turismo.53 Las posibilidades del ecoturismo en México son enormes, ya que el turismo en general es la segunda fuente de divisas más importante (después del petróleo) y que México cuenta con grandes atractivos naturales – muchos en terrenos que son de propiedad social. Sin embargo, como escribe Paré:

“Como parte de este escenario la secretaría de turismo y su organismo para el desarrollo, Fonatura, no cuentan ni con recursos ni con una política expresa para el desarrollo del turismo comunitario… FONAES que depende de la Secretaría de Desarrollo Social es la institución que ha aportado algo de capacitación y recursos al ecoturismo comunitario. No existen aún normas ni mecanismos de certificación para este tipo de actividad más que la NOM 009 que se refiere de manera muy general a características de hospedaje, alimentación y guías en entornos naturales.”

No es de sorprenderse, entonces, que (1) el ecoturismo ya está en la imaginación de muchas comunidades campesinas como una salida económica interesante y (2) no obstante, las experiencias de ecoturismo en manos de campesinos/as son incipientes.54 Mariposas monarca De las experiencias más conocidas, después del descubrimiento en 1976 de los sitios de hibernación de las mariposas monarca en los estados de Michoacán y México, es la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca (REBMM)55, establecido en 1986, en, y alrededor de la cual, más de 20 comunidades campesinas indígenas tienen sus terrenos ancestrales. Hoy en día se estima que unos 125,000 turistas visitan anualmente el santuario de las mariposas.56

53La inversión en la conservación es lejos de ser una norma en el ecoturismo mexicano. Tershy et al. estudiaron 29 compañías de ecoturismo trabajando en las islas de Baja California y encontraron que “Current ecotourism to islands in north-western México provides no formalized direct benefits to the conservation of the islands…” En sondeos con los agentes de turismo encontraron una disposición favorable en cuanto a un impuesto – de 3% probablemente – para propósitos de conservación. También citaron estudios en el sentido de que las cuotas de entrada en las áreas protegidos son “mucho por debajo” de lo que los vis itantes extranjeros están dispuestos a pagar. 54 La Red Mexicana de Ecoturismo, inspirada y administrada por Ron Mader, tiene una riqueza de información práctica y teórica sobre el tema. (http://www.planeta.com) 55 Fue gracias a una campaña por el ecologista Homero Aridgis y otros que la Reserva se estableció. Es importante reconocer que la zona forma parte de una cuenca de la cual la Ciudad de México recibe agua potable. World Wildlife Fund (WWF) fue un actor en el establecimiento de la Reserva, fundando “Monarca, A.C.” como una ONG conservacionista que no prosperó. (WWF está negociando un financiamiento con la Packard Foundation para otra propuesta.) ALTRNARE es otra ONG profesional trabajando, con el apoyo de US Fish and Wildlife Service, con cuatro comunidades. Alianza, Bosque Modelo, y otras organizaciones de la sociedad civil están presentes también. La experiencia de las mariposas monarcas ha recibido un estudio exhaustivo de la ecologista Dra. Leticia Merino, y de otros. 56 Un estudio económico utiliza la metodología de la “valuación contingente” para estimar el valor de proteger la migración monarca. Visitantes a los sitios respondieron que estarían dispuestos a pagar unos US$35, y una encuesta en la Ciudad de México arrojó la cifra de US$13.70 como el monto que los y las encuestados fueron dispuestos a pagar. Pero también se observó que: “cuando la encuesta es compleja y el objeto de valuación es un bien ambiental que la gente no está acostumbrada a valorar en dinero, son muy comunes tasas de no-respuesta … entre 20 y 30 por ciento.” (Romo, 1999)

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Recientemente, se tuvieron que ajustar las fronteras de la REBMM y negociar la revocación de permisos de explotación del bosque de campesinos de varias comunidades. Esto tomó la forma de un contrato a través del cual, a cambio de US$16 por metro cúbico de madera que se hubiera cortado (proveniente de un fideicomiso con aportes de organizaciones conservacionistas), el campesino se compromete a prestar servicios de conservación forestal. Los pagos, durante los siete años que quedan de vigencia de sus permisos, son sujetos a la certificación del director de la REBMM. Las familias campesinas mantienen estrategias diversificadas de sobrevivencia, incluyendo la agricultura, ganadería, árboles frutales, forestería (legal y/o illegal) y ahora la introducción de la agroecología y agroforestería. El ecoturismo – durante el invierno – encuentra su lugar como una estrategia de potencial importante; en muchas ocasiones es el campo relegado a los hijos de ejidatarios sin tierra. Se considera que la incursión del turismo de la manera en que ya se encuentra no garantiza la sustentabilidad ni ambiental ni económica. Sigue habiendo una degradación del bosque; las tarifas turísticas probablemente sean bajas respecto el mercado; se nota una falta de interés por parte de los campesinos (guías o vendedores de comida). En fin, se perciben las dificultades que acompañan los proyectos populares originados desde afuera.57 Areas protegidas de iniciativa no-gubernamental y la “servidumbre “ecológica” Se están conociendo experiencias locales, y a veces personales, de protección de la biodiversidad que asume la forma de un pago por servicio ambiental. (La organización civil Pronatura, A.C. se muestra en particular comprometida con esta estrategia en México.) El instrumento de convenio que se ha empleado es la “servidumbre ecológica”.58 La ley mexicana (con antecedentes desde la época colonial) reconoce dos clases de servidumbre: la obligatoria (que garantiza acceso de paso, de agua, y de drenaje), y la voluntaria (que permite garantizar el paisaje, captura de carbono, o lo que el propietario/a deseara). Para servicios ambientales se aprovecha de la segunda, con un gravamen – que viene a ser parte de la propiedad durante el tiempo designado. Al registrarse un área de conservación en el Registro Federal de la Propiedad, se convierte en un “área de interés público” – en efecto, siendo un área natural protegida privada.59 57 Antropólogo/ecologista David Bray evaluó un programa de la REBMM escribe: “Ecotourism has become an important income generator in the region. Ecotourism training was also one of the expressed needs in the workshop, but none of the communities who have colonies open to the public displayed interest in working with ALTERNARE in the mid -1997 selection rounds.” 58 Resulta una acomodación a la ley a describirse a continuación. Una propuesta de ley para crear una entidad formal de “servidumbre ecológica” no fue aprobado por el Senado. (entrevista, Székely) 59 Citamos el Articulo 59 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) por su claridad al respecto: Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, podrán promover ante la Secretaría el establecimiento, en terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros, de áreas naturales protegidas, cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad. La Secretaría, en su caso, promoverá ante el Ejecutivo Federal la expedición de la declaratoria respectiva, mediante la cual se establecerá el manejo del área por parte del promovente, con la participación de la Secretaría conforme a las atribuciones que al respecto se le otorgan en esta Ley. Asimismo, los sujetos señalados en el párrafo anterior, podrán destinar voluntariamente los predios que les pertenezcan a acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto, podrán solicitar a la Secretaría el reconocimiento perspectivo. El certificado que emita dicha autoridad, deberá contener, por lo menos, el nombre del promovente, la

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Siguen cuatro ejemplos, ninguno con más de un año y medio de operación, ya que es un modelo de PSA que apenas se está iniciando. Primero, el Ejido Alfredo Bonfíl, en la Bahía de la Paz en Baja California Sur, recibió en ampliación ejidal, la mitad del territorio de la Isla Espíritu Santo. Sabiendo que, por tratarse de un área protegida no existía la posibilidad de un aprovechamiento agrícola de estas tierras, sin embargo hubo una discusión fuerte entre los que querían vender los terrenos – permiso que se tiene cuando es consenso ejidal – y los que querían mantener la propiedad. Se resolvió la discusión interna de esta comunidad a favor de los últimos y se implementó el acuerdo entrando en una servidumbre que resultó en la designación de una Reserva registrada en SEMARNAP, y creando un fideicomiso donde figuran dos organizaciones civiles (el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. e Isla, A.C.), que se comprometen a ayudar a la comunidad en el aprovechamiento de la isla para fines turísticos, incluyendo fondos para la conservación de la isla misma.60 Segundo, el “Carricito del Huichol” es una reserva privada, legalizada con el instrumento de la servidumbre, en la zona de los indígenas Huicholes de la Sierra Madre Occidental en los estados de Jalisco y Nayarit. Contiene bosque viejo de pino y encino, con un registro de 168 especies de pájaros, de las cuales 16 son endémicas a México y 30 son consideradas en peligro de extinción. La población Huichol tendrá una historia de casi 2000 años en la zona, con sistemas de agricultura de quema-tumba-roza y cacería sustentables. Es interesante recordar que una iniciativa del Instituto Nacional Indígena (INI) que en 1996 buscó establecer una reserva en las tierras tradicionales Huicholes fue abortada, en parte por falta de consulta con los Huicholes y los problemas de confianza que subyacen entre el pueblo indígena y el gobierno. Al mismo tiempo, se reconoce que otro programa gubernamental contra la pobreza, el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), logró promover una instancia de los Huicholes, la Unión de Comunidades Indígenas Huicholes de Jalisco (UCIHJ), que se encarga de la administración de programas de desarrollo, y la UCIHJ resultó ser un interlocutor favorable (al lado del liderazgo tradicional de “Gobernadores”) , frente a dos organizaciones civiles, Pronatura (instancia nacional) y Bosque Antiguo, A.C. (instancia local), para realizar negociaciones que resultaron en el establecimiento de 10,000 hectáreas de un “área de conservación”, denominado “Kaka Mayewe” (“El Carricito”). Como dos referencias más, en Huatusco, Veracruz, un propietario de bosque de niebla, hizo un contrato de 30 años – pensando en sus herederos – , que aparta tres-cuartas-partes de su terreno, sin la posibilidad de modificación del uso del suelo. Pronatura y la Universidad de Veracruz se comprometen a llevar a cabo actividades de conservación y monitoreo del contrato. Y finalmente, se sabe de un ejido en el Estado de México, en un área suburbana – y por lo tanto con terrenos cotizados – que estableció una servidumbre para tener certeza jurídica en lo ejidal y en contra del riesgo de invasiones para la especulación, con el compromiso por parte de Pronatura de explotar las capacidades recreativas de la propiedad comunal.

denominación del área respectiva, su ubicación, superficie y colindancias, el régimen de maneo a que se sujetará y, en su caso, el plazo de vigencia. Dichos predios se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público. 60 Evidentemente, esta experiencia, y la anterior, entran en la categoría de “belleza escénica” también.

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Otras experiencias Existen centenares de experiencias en ecoturismo ofertado por comunidades y organizaciones campesinas, casi siempre con el apoyo de organizaciones civiles profesionales. Cuando se basan las experiencias en atractivos protegidos por el gobierno (como la población de tortugas del mar, en Mazunte, por ejemplo), tienen una gran ventaja sobre las comunidades que quieren vender su belleza escénica hasta ahora no-reconocida (como hay varias experiencias en Chiapas61). En una variante del primer caso, hay experiencias de comunidades que intentan aprovechar estar ubicadas cerca de sitios arqueológicos o de áreas naturales protegidas. Por ejemplo, pobladores campesinos cercanos al Parque Yaxchilán-Bonampak, en Chiapas, han mostrado interés en un esquema de protección de la naturaleza con financiamiento de las entradas cobradas. (No queda claro qué tan fácil será negociar tal modificación en el empleo de ingresos federales.) Como otro ejemplo, se sabe que, en Cancún, prestadores de servicios turísticos (posiblemente campesinos entre ellos) han establecido un fondo, con ingresos que provienen de la venta de pulseras, a US$1, a los turistas, y el destino del fondo es el mantenimiento de los arrecifes del lugar. Como experiencias importantes del ecoturismo, la Selva del Marinero, del Ejido de Lopez Mateos, Veracruz, y experiencias de Mazunte y Ventanilla, están perfiladas a través de estudios de caso, a continuación.

61 Existe una incipiente Red de Turismo Comunitario en Chiapas que incluye varios proyectos de organizaciones campesinas interesadas en capitalizar en el turismo nacional e internacional que está llegando a ese estado.

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B. Estudios de Caso En lo que sigue, presentamos la síntesis y el análisis de varias experiencias de Pago por Servicios Ambientales en México, y concluimos con algunas lecciones aprendidas y recomendaciones generales.62 Al tener la oportunidad de profundizar en experiencias específicas, aprovechamos para una doble óptica: (a) perfilamos organizaciones (o mejor dicho, asociaciones de organizaciones63) trabajando en PSA, y (b) hacemos un análisis comparativo de dos estrategias de PSA en particular: captura de carbono y ecoturismo. En la misma síntesis de las experiencias nos permitimos comparaciones preliminares que retomamos de forma sistemática en el momento de análisis.

Respetamos, entonces, el siguiente orden en nuestra exposición:

1. Fondo BioClimático (Chiapas)

2. UZACHI (Oaxaca)

3. Captura de Carbono, comparación de experiencias

4. Ecoturismo: Mazunte y Ventanilla (Costa de Oaxaca) y Selva del Marinero (Veracruz)

5. Análisis general

6. Conclusiones 1. Fondo BioClimático64 En 1994, El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, apoyado por la Universidad de Edimburgo y con financiamiento del Instituto Nacional de Ecología, del gobierno mexicano, inició un estudio de factibilidad para determinar el potencial de la forestería y agroforestería para reducir los incrementos de CO2 en la atmósfera y para determinar la viabilidad de proyectos de captura de carbono. El estudio fue dirigido a campesinos afiliados a la organización social “Unión de Crédito Pajal Ya kac’tic” (Pajal) cuya influencia se daba en varias regiones indígenas y mestizas del estado de Chiapas, donde maneja créditos y proyectos de desarrollo, especialmente del café. De hecho, en

62 Los estudios de caso completos se encuentran a partir del Anexo IV. 63 En efecto, ha sido un poco arbitraria la identificación de la organización principal. En el caso de Chiapas, anunciamos el Fondo BioClimático, donde Ambio y la organización social, Pajal, son socios fundamentales. En contraste, en Oaxaca, identificamos a UZACHI principalmente, siendo esa la organización social donde ERA es una organización civil y SAO es otra de segundo nivel, todas asociadas . En los casos de ecoturismo, también, existe siempre organizaciones sociales y civiles en alianza. 64 Los autores principales de este perfil son Adalberto Várgas y Elsa Esquivel, de la organización profesional Ambio, S.C. de R.L. Aprovechamos para aclarar relaciones, Scolel Té fue una iniciativa de una organización campesina, Pajal, con el Colegio de la Frontera Sur. El Fondo Bio-climático es un fideicomiso que atiende a Scolel Té y otras organizaciones con proyectos de captura de carbono. AMBIO es la instancia profesional que ofrece servicios a los proyectos del Fondo.

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los 1980s Pajal era de las organizaciones campesinas más consolidadas del país, aunque para los 90s ya había sufrido escisiones por causas políticas y el debilitamiento de su proyecto de unión de crédito. Contaba todavía con apoyos gubernamentales y con una base social. Para el proyecto de captura de carbono, se seleccionaron para la promoción de él a las comunidades que con presencia de masa arbolada y considerada como áreas de influencia. La promoción se dio a través de asambleas generales de ejidatarios o reuniones de socios de la organización, apoyándose en folletos informativos. Se identificaron los beneficios: (a) obtener un pago directo por la captura de carbono (CC), (b) contrarrestar la erosión de suelos y ampliar las fuentes de leña, (c) posibilitar la venta de madera (después del primer ciclo, de 20 años). En este contexto, se nombraron promotores comunitarios cuya función sería capacitarse para participar de manera activa en el proyecto. A nivel mundial solo hay tres proyectos donde la visión es de que campesinos sean los proveedores directos del servicio ambiental. La mayoría de los proyectos se hace a través de las Reservas Federales, que, claro, disminuyen los gastos de inversión, capacitación y monitoreo, y se evitan los conflictos sociales que pueden ser una amenaza para el desarrollo de la venta. Recuperando, entonces, el elemento especial de carbono capturado por campesinos, nos permitimos referir al producto como “CC-plus”, entendiendo con eso que esta captura de carbono tendría la posibilidad de venderse en un mercado de nicho, con las características del comercio justo. El proyecto con Pajal, denominado “Scolel Té”, fue promovido por un británico, Richard Tipper, asociado a ECOSUR al principio, y posteriormente a las distintas instancias de intermediación que se han creado, siendo muy importante en ofrecer dirección y en representar el proyecto, hasta la fecha. En 1995 el ODA, agencia de cooperación británica, ofreció financiamiento para desarrollar normas de planificación, administración y monitoreo de programas forestales de captura de carbono. En 1996 la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) acordó apoyar un proyecto piloto de captura de carbono y se desarrolló un plan preliminar, los socios de la Unión de Credito Pajal nombraron a este proyecto “Scolel Té” –que significa “árboles creciendo” en el idioma tzeltal-. Esta misma Federación, fue quien realizó la primera compra del servicio ambiental de captura de carbono en 1997 con la finalidad de mitigar sus emisiones de CO2 generadas por las carreras de autos de fórmula uno. En enero de 1997 se estableció el fideicomiso, El Fondo BioClimático, para administrar el financiamiento del proyecto piloto y negociar la venta de “proto-créditos de carbono”. En ese mismo año se registró ante el Instituto Nacional de Ecología y ante la Iniciativa de Implementación Conjunta de los Estados Unidos (USIJI) el proyecto “Scolel Té”. Para entonces el equipo técnico del proyecto, encobijado en Pajal, se independizó y formó el despacho profesional Ambio, S.C. de R.L. Se puede resumir las funciones de las distintas instancias intermediarias como:

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El Fondo BioClimático es el centro del proyecto, funcionando como enlace general entre el productor y el consumidor del carbono capturado. Tiene las funciones de:

?? Analizar y registrar la capacidad de captura de carbono por parte de campesinos

?? Recibir y administrar dinero proveniente de las ventas de captura de carbono

?? Asegurar la capacitación en ordenamiento territorial y manejo sustentable de los recursos naturales por parte de los productores

?? Ofrecer una cuasi-certificación, asegurando a los compradores el aval del servicio y el cumplimiento de los contratos de compra-venta.

?? Administrar los recursos financieros, por lo que opera como fideicomiso.

Ambio, con tres técnicos agroforestales en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, está contratado por el Fondo BioClimático para operar el Fondo en Chiapas, llevando el trabajo de campo con los productores y administrando en general del proyecto. Lleva un banco de datos acerca de la capacidad de captura y la cantidad de carbono capturado, y de los pagos por éste. Promueve el ordenamiento territorial y la planeación agroforestal. También, capacita a técnicos. El ECOSUR ofrece servicios técnicos y científicos y da seguimiento-monitoreo al proyecto. Investigadores y colaboradores de ECOSUR participan, de forma independiente, en Ambio. Claro, las organizaciones sociales65 también proporcionan técnicos para el proyecto y, en general, un capital social enorme, además de sirvir de conductores, prestando legitimidad y mediando en lo socio-político a nivel comunitario y regional. En 1997, la FIA compró las primeras 5,500 toneladas de carbono – su estimación de emisión global anual – al proyecto Scolel Té a un precio de $12 U.S/ton. (Reflejó el estudio de factibilidad, considerando costos de establecimiento y mantenimiento de la plantación y los costos de oportunidad del área comprometida en la venta del servicio ambiental.)66

No. de comunidades involucradas 16 Zonas indígenas de Chiapas Tzeltal, Tojolabal, Tzotzil y Chol

No. de productores involucrados 300 No. de hectáreas 300

Principales sistemas agroforestales empleados Cafetal mejorado, Acahual mejorado, Taungya, Sistema maíz-nescafe.

Especies Forestales Cedro, pino, ciprés, caoba.

65 Las organizaciones sociales son de base (“grassroots”), o de membresía, de productores. Veremos abajo descripciones de Pajal, Unión Regional de Ejidatarios Agropecuarios, Forestales y de Agroindustria de los pueblos Zoque y Tzotzil del estado de Chiapas (UREAFA) y, en menor grado Consejo para el Desarrollo Sustentable de la Selva (CODESSMAC) y la Coordinadora Estatal de productores de Café de Oaxaca (CEPCO). 66 Posteriormente, con el involucramiento de las otras organizaciones sociales mencionadas arriba, el número de participantes en CC, administrado por el Fondo BioClimático, se subió a más de 500.

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No. de árboles comprometidos en los Planes Vivos 140, 000 No. de árboles sembrados hasta 1999 84, 954

Toneladas de carbono comprometidas a capturar 15, 000 Pagos de carbono comprometidos US$ 113,147

Pagos realizados hasta 1999 US$ 84,906 La cantidad total de la venta de cada productor, es administrada en mínimo tres pagos durante los años, 1 al 10 de la plantación, de la siguiente manera:

?? Primer pago: del año I al III (60% del total) ?? Segundo pago: en el año V (20% del resto) ?? Tercer pago: en el año X (20% restante)

Fue necesario hacer un pago inicial fuerte para incentivar a los productores. Se entiende que ese dinero es para proyectos de inversión. Cada pago se realiza después de que los monitores revisan y evalúan los avances en los años transcurridos, donde se debe demostrar que se han cumplido con los requisitos de evaluación y con los compromisos adquiridos en un principio a través de un plan de desarrollo sustentable (el “Plan Vivo”). Un punto que se resaltó fue el de reiterar que los sistemas forestales/agroforestales que ellos eligieran deberían ser acordes a sus objetivos de producción, es decir los sistemas agroforestales no debían ser establecidos únicamente con finalidades de servicios ambientales sino que también se obtuvieran productos para autoconsumo, venta u ambos. Por lo que se les aconsejó que se retomaran algunos de los agrosistemas que ya estaban establecidos en las unidades familiares, y que únicamente se les aplicara un manejo adecuado para la venta de carbono de los mismos sistemas. Bajo este esquema se retomaron y establecieron principalmente los siguientes sistemas:

?? Café mejorado: incorporación de árboles con fines varios (sombra, madera, cerco vivo, etc.)

?? Acahual mejorado: establecimiento de especies maderables ?? Taungya: sistema que permite la siembra conjunta de árboles maderables con cultivos

básicos. (Estos se siembran mientras la copa de los árboles lo permita.) Bajo estos criterios, las especies con mayor demanda son: (1) en la zona templada: pino, ciprés, roble, casuarina y (2) en la zona tropical: cedro, caoba, primavera, guanacastle. Es difícil generalizar acerca del proceso de apropiación del proyecto, pero en la reflexión de, un lider en la zona Tojolabal, Don Fernando López, no le queda la menor duda de que la motivación por entrar en el proyecto es financiera. Los pagos que se han dado a través de la venta de carbono son apenas suficientes para mantener el interés de los participantes. Pero el negocio, que se espera, es la venta de la madera una vez madura. Hizo un cálculo muy preliminar del costo de oportunidad del proyecto de captura de carbono, comparándola con la siembra de maíz. Una hectárea produce unos 2,500 kilos de maíz, que se vende en M$1,355/ tonelada (en abril de 2001); el ingreso es $3,387.50. En cambio, una

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hectárea está plantado en 800 árboles; se vende el árbol en pié en aproximadamente $20067; el ingreso sería de $160,000, dividido en los 30 años, da un rendimiento de $5,300. ¿Cuál ha sido la influencia del proyecto en la economía familiar? Los usos del dinero depende de la decisión individual. Se estima que aproximadamente el 75% de los pagos se han utilizado para fines no-productivos, del consumo inmediato – de víveres, medicina, ropa, etc. El 25% se ha dedicado a renglones productivos (fertilizantes, herramientas, etc.). El Fondo privilegia en principio las inversiones productivas, individuales o colectivas68 – pero se reconoce que esas inversiones requieren de acompañamiento técnico y llevan un riesgo de fracaso. Aspectos socio-organizacionales El Fondo, trabajando en alianza estratégica con Pajal, ha venido construyendo grupos de trabajo en captura de carbono, normalmente de la forma que cada campesino estableciera una plantación en una hectárea de su terreno.69 Esos grupos han desarrollado un doble perfil: (a) por un lado, han mostrado una capacidad excepcional para gestionar recursos y mantener su propia cohesión, y (b) por otro lado se nota una tendencia a experimentar contradicciones y conflictos con el resto de la comunidad donde operan. Por ejemplo, en la comunidad Ejido Jusnaha, de la zona tojolabal, el grupo relacionado al Fondo se estableció; se creó un vivero pero los demás de la comunidad lo reclamaron para su uso colectivo. El Comisariado Ejidal – que no pertenecía al grupo – decía que los miembros del grupo ya no respetan “la autoridad” porque negocian sus propios proyectos. Posteriormente, el ejido consiguió un recurso para reforestación y no se incluyeron a miembros del grupo como beneficiarios. Finalmente, el proyecto de reforestación se vino por abajo y se compró un microbús con el dinero. Con respecto a la capacidad de gestionar recursos, se notó en repetidas ocasiones que los grupos relacionados con el Fondo pudieron negociar apoyos del Consejo Estatal del Café (COESCAFE) para viveros del café, con la Secretaría de Agricultura para remuneración del trabajo de reforestación (con el Programa de Empleo Temporal, PET), etc. Se atribuye esta capacidad a: (a) la conscientización y el compromiso generados a través del programa del Fondo, (b) la legitimidad del líder indígena de la zona (José de León), y (c) la esperanza de que la venta de la madera será un negocio importante para los participantes cuando el plan de manejo permita una explotación sustentable dentro de unos 20 años.70 También se notó que los grupos más

67 La especie considerada aquí es pino porque es la que crece en la zona. En otras partes donde opera el proyecto crece el cedros y otras especies más. ¡El cedro recibe un precio de hasta cinco veces más que el pino! 68 Las inversiones en colectivo han sido contadas – secadoras de café y una camioneta comunitaria – y no han resultado. 69 Pajal mismo, con su historia tumultuosa desde 1994 y las escisiones internas, ya en 2000 trabaja más bien con facciones comunitarias. Los grupos relacionados con el Fondo representan, en un promedio aproximado, el 35% de la población de las comunidades enteras donde están funcionando. Entre los Tzeltales – contando con un líder fuerte en el proyecto – se seleccionan los individuos más entusiastas y hay mayor cohersión, que en la zona tojolabal, que no cuenta con un líder parecido. 70 Para conseguir un permiso para vender madera de las plantaciones, el propietario tiene que registrar el terreno desde el inicio con SEMARNAP, con un costo de registro de M$500 (más de US$50). Ha sido frecuente la queja

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consolidados tendían a ser los más marginados, sin posibilidades fáciles de vender su mano de obra. Vale señalar una estrategia polivalente en cuanto a la captura de carbono. Las organizaciones cafetaleras interesadas en convertir su producción en orgánica ven la ventaja del proyecto porque, como parte de la certificación de café orgánico, se tiene que mostrar que se desenvuelven actividades a favor del medio ambiente. Las organizaciones forestales – y sobre todo las que se encuentran en la zona de la Selva Lacandona o de otras áreas protegidas – ven una ventaja grande en incorporarse al programa para mejorar su imagen, frente al riesgo de estar acusados de ser “destructores de la selva” en los periódicos o en sus esfuerzos de comercialización. En la zona tojolabal, hubo cuatro grupos originalmente (dos de ellos siendo de una membresía indígena tojolabal y dos de una membresía no- indígena). Los grupos indígenas se organizaron originalmente alrededor de una cooperativa de transporte y, por no llegar a valorar suficientemente la reforestación, salieron del proyecto del Fondo; mientras que los dos grupos ladinos se han mantenido en el programa. Con respecto al impacto en la población femenina, se nota que el trabajo de los viveros en particular, está recogido por las mujeres y los niños muchas veces. Por lo tanto, hubo un reclamo al Fondo de dar una atención a las mujeres y el proyecto comenzó a trabajar con algunas de ellas en la producción de hortalizas y frutales. Sin embargo, en 1999 el Fondo tuvo que reconocer que no hubo suficientes recursos para el trabajo y que no era viable ampliar el ámbito de los servicios técnicos más allá de lo forestal. Se dejaron de promover los trabajos independientes de las mujeres. En suma, la captura de carbono está pensada como una estrategia que impulsa la transición de sistemas de manejo tradicional a sistemas de manejo sustentable de los recursos naturales. Se pretende que los campesinos participantes en el proyecto se conviertan en vendedores de madera con sello verde, después del primer ciclo de crecimiento (aproximadamente 20 años). Los ingresos derivados de la CC están entonces concebidos como un colchón que permita una seguridad económica mínima durante este período de transición. La asistencia en planeación por parte del proyecto habilita a los campesinos para transitar hacía la sustentabilidad. Se espera que parte de los ingresos sean usados como reinversión en la construcción de los sistemas sustentables. La CC constituye también una estrategia complementaria de ingresos para la economía de los campesinos y se comprueba que los ingresos apenas motivan la participación actualmente. Esto representa un ingreso que fortalece la economía campesina y sostiene las actividades de mantenimiento de los árboles sembrados. Solo siembran una hectárea de árboles y el resto (4 ó 5 en promedio) se destina a actividades agropecuarias. Se siembran 800 árboles en promedio por hectárea y se considera que cada hectárea produce en promedio entre 40 y 100 toneladas de CC. El precio pagado por tonelada fue en un principio de 10 dólares y actualmente es de 12, a los

sobre este costo y el Fondo está intentando negociar su reducción como un reconocimiento del servicio ambiental implícito en el programa.

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campesinos se les paga 8 dólares, y 4 dólares son pagados a AMBIO por concepto de asistencia técnica. Aunque el Fondo está limitado en su capacidad de ofrecer la compra de más carbono, hay igualmente organizaciones que han ingresado al Fideicomiso en plan de “stand-by” y formando parte de un Fondo de Reserva. Ellas realizan actividades forestales o agroforestales por las cuales es posible hacer ventas de carbono. El Fondo acredita estos proto-créditos de tal modo que, en el momento en que se presente la oportunidad de venta, se consideren a estas reservas.

Investigadores en Chiapas concluyeron, en 1995, que los sistemas de captura de carbono son “técnica, económica y socialmente viables” y que:

(a) No fue posible iniciar el trabajo en áreas comunales, pero “es factible, en el corto plazo, trabajar en las áreas individuales parceladas y tal vez en áreas que, como los potreros…tienen dimensiones restringidas, si los comparamos con los bosques comunales que se distinguen por su extensión.”

(b) “Se debe pensar en una estructura integral de captura, es decir, una que incorpore todos los sistemas (incluyendo los huertos familiares) para reducir costos de implementación”

(c) “El mejoramiento de los bosques semi-naturales pueden proporcionar significativos beneficios económicos, mayores que el establecimiento de nuevas plantaciones, ya que: a) los costos iniciales en el mejoramiento de los sistemas establecidos son relativamente bajos; b) los niveles de aprovechamiento de la madera pueden incluirse con capital de inversión; c) existen bajos costos de oportunidad ya que no se plantea la sustitución de las actividades agrícolas; y d) en el corto plazo, se incrementa el valor de los bienes ecológicos, al proteger la biodiversidad, los suelos y los mantos freáticos.”

(Montoya et al., 1995) Con la introducción del “Plan Vivo” como instrumento fundamental, la metodología de Scolel Té enfatiza la necesidad de la participación comunitaria como condición para implementar un sistema de agroforestería a largo plazo.71 No obstante, los problemas sociales fueron identificados desde el principio como los retos más serios (resultando en la preferencia de trabajar sus parcelas individuales). Y con el tiempo – como está elucidado en la descripción de AMBIO arriba – los problemas sociales han llegado a perfilarse todavía más.72 En este sentido, es bienvenida la línea de investigación desmistificadora de la comunidad campesina homogénea/colectivista que se esfuerza por identificar las características importantes para que se vuelva agente efectivo del manejo sustentable de los recursos naturales (como su tamaño, composición, nivel de dependencia de los recursos, tipo de tecnologías utilizadas), y hasta apunta a la organización social como un actor potencialmente más adecuado que la comunidad como tal. (Agrawal y Gibson, 1999; Leach et al, 1999) 71 Esto está ampliamente descrito en un artículo, extracto del estudio de ECOSUR, también de 1995, en su momento de inicio del proyecto. (de Jong et al., 1995). 72 Claro, la relación es íntegra entre lo social y lo económico. Miguel Castillo, investigador de ECOSUR, calificó de “super-subvalorado” el precio de US$12/ton anual, en comparación del costo de oportunidad. También observó que el mercado está mal-formado, cuando el precio del carbono capturado a través de mantener/renovar el bosque equivale a el para la aforestación, como es el caso hoy en día.

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2. Unión de Comunidades Zapateco-Chinantecas (UZACHI) La Unión de Comunidades Zapoteco-Chinantecas (UZACHI) ha incorporado en los servicios ambientales de mantenimiento de la biodiversidad el de bioprospección, bajo un contrato de investigación básica con la empresa Sandoz. Por su parte incorpora la producción de hongos, orquídeas, plantas ornamentales y semillas, así como la captura de carbono. El caso analiza a profundidad la bioprospección y la captura de carbono. Se presentan las síntesis de ambos servicios dado que sus características son distintas. El caso de UZACHI tiene una larga historia de trabajo comunitario que se inicia con la lucha para detener las concesiones de explotación forestal otorgadas a la empresa papel Tuxtepec. En 1989 cuatro comunidades conforman la Unión de Comunidades Zapoteco-Chinantecas, conocida como UZACHI, quien con el apoyo y asesoría de una ONG Estudios Rurales y Asesoría Campesina (ERA) logran una negociación con el gobierno y recuperan las tierras para uso forestal. A partir de entonces iniciaron el diseño de programas de manejo forestal y una vez organizada la dirección técnica forestal de la Unión, se inició la capacitación técnica, administrativa y contable de cada una de las Unidades de Aprovechamiento Comunitario quienes, con la asesoría de ERA, enfrentaron el reto de lograr un sistema de manejo sostenible del bosque. ERA contó con el apoyo de las fundaciones Ford y Rockefeller para elaborar propuestas comunitarias mediante una metodología sumamente participativa, que ofreció incluso orientación hacia el ordenamiento del territorio con criterios sociales y ecológicos y con ayuda del sistemas de información geográfica. En cada comunidad se inició un proceso de Planeación Comunitaria de Manejo del Territorio. Después de dos años de discusiones se llegaron a integrar las diversas propuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial, donde se reflejaron demandas y concesiones mutuas de los diversos sectores en relación al uso futuro de suelo y recursos. Una vez realizadas una serie de evaluaciones y delimitadas las zonas forestales permanentes se llegó al Plan de Manejo Forestal.

En el Plan Comunitario desarrollan criterios para la producción de leña, conservación ecológica, producción sostenida de madera, generación de ingresos, desarrollo tecnológico, captación de agua, recreación y fomento forestal, todos bajo el propósito de hacer del bosque una fuente permanente de bienestar para las comunidades.

El proceso involucra a diversos actores como ERA, UZACI, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMSS), la organización civil SAO (Servicios Ambientales de Oaxaca), mismos que les permiten establecer contratos serios que hacen posible, la investigación, la inversión y mantenimiento, la oferta del servicio a un mercado así como su certificación por actores externos como el CCMSS.

Actualmente la UZACHI maneja 26,110 hectáreas, en donde se desarrollan actividades de silvicultura comercial y agro-silvicultura y en casi la mitad de su territorio se aplican sistemas de protección a la diversidad biológica y a la conservación del suelo y agua. El aspecto forestal maderable es la principal actividad económica dentro de la Unión, de una

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población total, que supera los 5,300 habitantes, 424 personas tienen un empleo directo dentro de la operación forestal y las Unidades de Aprovechamiento facturan anualmente cerca de 9.6 millones de pesos.

La segunda actividad productiva es la agricultura, basada mayormente en el trigo y el maíz, a pesar de darles bajos ingresos les proporciona la seguridad alimentaria. La migración hacia Estados Unidos es un fenómeno que se da al igual que en el resto del estado de Oaxaca. Las siguientes tablas muestran como está clasificado el territorio de la UZACHI.

CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO DE LA (Has)

AREAS DE PRODUCCIÓN 12,984 Forestal Uso Doméstico Silvicultura Intensiva Silvicultura de Baja Intensidad Silvicultura de Baja Intensidad Silvicultura de Bajo Impacto Areas Semilleras Areas Agropecuarias

5,475 1,881

537 66

132 123

2,955 AREAS DE PROTECCIÓN 12,981 Protección al Suelo Refugio para la Vida Silvestre Recreación Reservas Forestales

1,331 2,970

234 8,446

ZONA URBANA 145 TOTAL 26,110

Fuente: Plan de Uso del Suelo UZACHI, 1994 Descripción del proyecto La movilización de las comunidades responde en primer lugar al interés de mantener el control sobre territorios comunales; en segundo lugar al interés de generar opciones de empleo e ingreso y; en tercer lugar, pero quizá el más importante, a concebir su base de recursos como un patrimonio para las próximas generaciones. En consecuencia el ordenamiento territorial de UZACHI es concebido como la base para el desarrollo social, tomando en cuenta el dinamismo que el uso de suelo debe tener en función de las variables ambientales y las necesidades humanas. El Plan de Manejo Forestal considera diversas actividades: las agrícolas (de auto-abasto), las maderables (generación de ingresos) y las de servicios ambientales (recursos biológicos y captura de carbono). El primero de los servicios ambientales, recursos biológicos, se ha concentrado en el potencial de los hongos, orquídeas y otras ornamentales, mientras que el segundo busca consolidar los sistemas de silvicultura comunitaria.

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Bioprospección Para lograr que los conceptos de conservación y manejo sustentable que fundamentan el planteamiento comunitario, generen beneficios tangibles para la población, ERA y UZACHI han establecido convenios y buscado apoyos financieros para emprender proyectos dirigidos hacia el uso sostenido de la biodiversidad. Esto responde a una estrategia de valoración de los recursos, sin recurrir a su explotación como materias primas. La prospección de nuevos usos a recursos ya existentes, permite agregarles valor, con lo que las comunidades pueden enfrentar mejor sus necesidades sin recurrir a la sobreexplotación de los recursos.

La primera forma de lograr esta valoración, fue el Convenio de Colaboración entre ERA y la UZACHI: “Recurso Micológico de Oaxaca”. Los proyectos que se están desarrollando bajo este convenio buscan:

??La identificación y caracterización de hongos locales silvestres con potencial para usos medicinales, comestibles o industriales.

??La prospección de principios activos a partir de plantas y microorganismos existentes en las áreas boscosas, de importancia a nivel industrial.

??El cultivo de orquídeas locales a través del conocimiento de sus relaciones simbióticas (micorrizas)

El objetivo común en todos estos proyectos es generar alternativas de aprovechamiento no-extractivo de las áreas forestales, que eleven tanto el ingreso familiar como el valor de las áreas de protección del territorio comunal. En los laboratorios de la Unión se han estandarizado las técnicas para la producción de los hongos comestibles saprofitos Lentinus edodes y Pleurotus ostreatus, el primero sobre troncos de encino y el segundo sobre rastrojo de maíz y bagazo de frijol. A la fecha, se tienen resultados lo suficientemente tangibles como para promover la integración de grupos de mujeres productoras, se tiene proyectado seguir realizando ensayos de laboratorio para estandarizar las técnicas de cultivo de especies locales con potencial comercial: Lentinus lepidius y Pleurocibella spp. Así mismo la Unión tiene una colección herborizada de hongos de 554 ejemplares, de los cuales 56 se hallan ya determinados en el herbario de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y se ha confirmado que 26 son comestibles. La Unión tiene también una base de datos sobre sus propiedades de uso, características morfológicas y condiciones ambientales. Actualmente está en proceso de edición un manual de los hongos de la sierra y sus usos, que busca sistematizar y dar a conocer los hongos comestibles de la zona. La fase de investigación se desarrolló entre 1996 y 1998, con el apoyo del Fondo de América del Norte para la Cooperación Ambiental (FANCA). Actualmente, se emplean recursos provenientes de los cursos de capacitación que ha dado el personal de la UZACHI a 25 comunidades en la Sierra Norte y Sierra Sur.

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Por otro lado, se tienen avances sobre la caracterización genética y el estudio autoecológico de Tricholoma matzutake ("trufa japonesa"), uno de los recursos no maderables más importantes de la región debido a los altos precios que alcanza en el mercado japonés. Este proyecto se realiza con la colaboración de la Universidad de California, Berkeley, E.U. Investigación básica En 1995, después de tres años de negociaciones durante las cuales ERA ocupó un importante papel de mediación, UZACHI estableció un contrato por tres años con la empresa farmacéutica Sandoz (hoy Novartis).

El contrato se adhiere a los principios de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) que reconocen la necesidad de desarrollar el potencial productivo de las áreas protegidas, a condición que sea respetada la soberanía de las comunidades sobre sus recursos genéticos y de que la tecnología sea transferida a los sitios donde se ubica la biodiversidad. El proyecto incluye las siguientes actividades:

??La instalación de un Laboratorio de Microbiología en el área de muestreo.

??Dos cursos de capacitación, con duración de un mes cada uno, en las instalaciones de la empresa, enfocados a la colecta de muestras, captura de datos, aislamiento de hongos y actinomicetos, descripción de hábitats, caracterización de muestras y análisis estadístico.

??Visitas con los socios por parte del personal de la empresa para supervisar el trabajo.

??Colecta de organismos simples, principalmente a partir de hojarasca de diferentes hábitats.

??Selección y envío de muestras a la empresa.

??Cultivar y examinar las muestras en los laboratorios de la empresa.

??Análisis estadístico: identificación de correlaciones entre factores ecológicos y diversidad química.

Los compromisos asumidos por la UZACHI fueron el desarrollo de las actividades de campo y las primeras fases de laboratorio, en tanto Sandoz se comprometió a financiar la infraestructura del Laboratorio UZACHI, capacitar al personal y pagar directamente a la Unión por el servicio prestado. Los recursos económicos retribuidos por Sandoz se canalizaron a cubrir los costos de operación del laboratorio por un año para cumplir objetivos de UZACHI, después de terminado el contrato; se formaron fondos comunitarios revolventes para financiar pequeños proyectos en cada comunidad miembro de UZACHI. El Laboratorio de microbiología de la UZACHI se encuentra actualmente en la comunidad de La Trinidad y cuenta con el equipo necesario para el cultivo de microorganismos y las pruebas biotecnológicas básicas. Existen tres técnicos laboratoristas y una ingeniera agr ícola responsable del Laboratorio, todas capacitadas durante el desarrollo de este proyecto.

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La UZACHI tiene la garantía en el contrato de que, en caso de encontrar un nuevo producto de aplicación terapéutica, se le asignará una cuota fija por su participación. Esta cuota sería suficiente para formar un fondo patrimonial que cubra los costos de operación de los servicios técnicos y de capacitación de la Unión para el manejo de los recursos biológicos. Decidieron no entrar en el esquema de regalías dado que éste los dejaba fuera de proceso y quedaban como actores pasivos. La patente no aplica en este caso porque se trata de investigación básica para conocer la relación de la química con la ecología. Esta experiencia de la UZACHI le ha significado un gran reto, al incorporarlos directamente al debate internacional sobre el tema de la bioprospección, tanto a lo interno como hacia fuera se han manifestado opiniones divergentes, ante las cuales los principios que dieron creación a la UZACHI siguen firmes, en la medida de que han demostrado, que es posible establecer acuerdos que beneficien tanto a las comunidades como a los industriales y más aún, que incentiven el mantenimiento de áreas silvestres y generen avances científicos. Como beneficios adicionales y en la estrategia de encontrar fuentes diversas de ingresos dentro del esquema de desarrollo sustentable, la UZACHI se ha dado a la tarea del cultivo de orquídeas y de sus semillas, tomando el bosque como un “invernadero natural” ya que su período de crecimiento es de 1 a 2 dos años hasta que alcanzan la talla comercial. Dentro de esta misma estrategia, está en estudio la producción de hongos comestibles como el Tricholoma matzutake (“trufa japonesa”), que tiene un alto valor en el mercado japonés y que a nivel nacional puede colocarse en los restaurantes japoneses. Captura de carbono La idea de generar beneficios que trasciendan los límites de la UZACHI esta incorporada dentro del Plan de Manejo Forestal, entre ellos destaca la importancia de mantener la biomasa forestal y los efectos positivos que esta promueve en los procesos naturales de la región.

La generación de servicios ambientales es un componente en la búsqueda de esquemas sostenibles de desarrollo. En este sentido, la UZACHI, ERA, el CCMSS (Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible) y la IXETO (Unión de Comunidades Ixtlán-Etla, Oaxaca) han formulado una propuesta que ofrece la captura de 836,000 tons. de carbono a lo largo de 30 años a partir de la aplicación de sistemas de silvicultura y agro-silvicultura que incrementen la masa forestal en las 49,027 has que ocupan sus territorios.

Las actividades se dirigen hacia la protección, el manejo y la restauración de áreas forestales y el incremento en la eficiencia del aprovechamiento de la madera, buscan además escalar el proyecto de silvicultura comunitaria a otras comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca.

Esta propuesta incorpora el mismo orden en los procedimientos de decisión que han encauzado a la UZACHI. Se realizaron ejercicios de planeación en cada una de las comunidades involucradas, resultando una serie de más de 20 actividades a desarrollar dentro del sector forestal, agrícola y otros sectores no forestales.

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De una manera directa o indirecta, las actividades previstas, buscan: (1) estabilizar la frontera agrícola, estableciendo áreas forestales permanentes de producción maderable o de vida silvestre; (2) incrementar la biomasa forestal, y (3) hacer un uso más eficiente de la leña como fuente de energía. El proyecto prevé destinar aproximadamente el 60% de los ingresos por carbono capturado a reinversión, de la cual poco más del 30% se destinará, en una distribución uniforme a lo largo de 30 años, hacia actividades directas de protección forestal encaminadas a aumentar la biomasa y casi un 30 % al componente de capacitación y asistencia técnica. El porcentaje restante se destina en orden de importancia a Monitoreo y evaluación, Inversión ambiental (infraestructura y equipo), Operación y Promoción y ventas.

La estimación del carbono capturado por el proyecto fue realizada siguiendo el modelo LUCS (Land Use and Carbon Sequestration) desarrollado el World Resources Institute (WRI), considerando dos escenarios: 1) Tendencia actual de uso del suelo, desde ahora y a 30 años y 2) tendencia alternativa de uso del suelo con el proyecto. La ganancia o carbono capturado en los 30 años proyectados, se calcula como la diferencia entre ambos escenarios.

El proyecto busca estabilizar el uso del suelo en el área de influencia, por lo tanto toma como base la Planeación Comunitaria del Manejo del Territorio y propone que la UZACHI realice algunos ajustes al plan vigente, en tanto que la Unión de Comunidades Ixtlán-Etla, Oaxaca (IXETO) iniciaría su proceso de planeación en el desarrollo de la propuesta de CC. Capacidad técnica y apropiación del proyecto UZACHI tiene una cultura de capacitación y asistencia técnica en lo forestal que corresponde a la historia de su proceso y a la estrategia de desarrollo sustentable elegida por ellos desde el inicio de la Unión. Hay una conciencia clara de la necesidad de apropiarse de las técnicas y capacidades incluso administrativas y contables para ser independientes. Cuentan, desde que se inician, con la asesoría y asistencia de ERA, que además ha posibilitado el acceso a recursos diversos (donativos de la cooperación internacional, vinculación con centros de investigación, etc). Su reciente vinculación con la empresa Sandoz (actualmente Novartis) a través de un contrato muy cuidadoso, les ha permitido acceder a nuevos conocimientos técnicos y nuevas tecnologías así como a contar actualmente con un laboratorio que pueden manejar desde su comunidad. Tienen además en funcionamiento un herbario, que a la fecha tiene más de 1000 ejemplares de diversas plantas y especies; han establecido un Sistema Local de Evaluación de la Sostenibilidad (SLES), que consiste en un sistema de cuentas ambientales aplicadas al ámbito comunitario. SLES les permite evaluar en el corto y largo plazo los efectos que las técnicas de UZACHI generan sobre la base de los recursos naturales.

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Implementan la metodología de planeación participativa comunitaria que les permite aplicarlos tanto a su ordenamiento territorial como al manejo de conflictos que se suscitan en la toma de decisiones sobre la aplicación de los territorios y recursos naturales existentes. Hay una conciencia plena de que el cuidado del medio ambiente puede ser no solo rentable para las generaciones actuales sino que preserva los recursos para las próximas generaciones. En este sentido, la apropiación del proyecto de PSA se da de manera natural dentro de esta cultura ya insertada en la organización. Mercados posibles y estrategias de construcción de mercados

Dentro del marco de PSA la UZACHI se plantea como posib les ofertas de servicios ambientales en un mercado global los siguientes:

?? La captura de carbono

?? El mantenimiento de la diversidad biológica

?? El apoyo a la educación y a la investigación biológica

Para estos servicios globales se percibe la necesidad y la conveniencia de desarrollar mercados, por varias razones:

?? No son extraíbles; el que algún usuario externo reciba uno de esos servicios, no implica que las comunidades pierdan la posibilidad de beneficiarse ellas mismas.

?? Son subproductos de otras actividades productivas de las comunidades, lo que implica que no se requiere de inversiones muy fuertes en infraestructura o gestión.

?? Pueden generar opciones de empleo e ingreso a sectores de la población que tiene pocas oportunidades, como suele suceder con los jóvenes y las mujeres.

?? Son compatibles con el mantenimiento ordenado del territorio comunal en el largo plazo. UZACHI concibe la estrategia de construcción de mercados alternativos al de la madera de manera integral, dentro de los cuales el PSA forma parte. Su propuesta integra también la venta de orquídeas y hongos comestibles así como otras actividades muy innovadoras como los servicios de investigación. Estos últimos también los considera como servicios ambientales. Se estima que la inversión total en captura de carbono para el año 30 será de US $4,961,626.00, estimando un impacto de 836,000 toneladas de carbón capturado en esos 30 años. En la primera fase se prevé una CC de 27,867 tons por año. El costo de inversión por tonelada es de US $5.93, lo cual en relación al precio de venta que se prevé de US $ 10.00 por ton da una ganancia neta a la comunidad de 40%. Todavía no hay venta de CC pero se están explorando los mercados de las principales ciudades del país, en particular el de la Cd. De México. El siguiente cuadro ilustra cómo vislumbra UZACHI su estrategia de mercadeo a futuro.

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Servicios Ambientales Usuarios Ingresos Anuales (US$)

Captura de carbono Industria contaminante y Areas urbanas

$250,000

Mantenimiento de la diversidad biológica:

?? Propagación de semilla de hongos comestibles

Grupos de productores $15,000

?? Producción de hongos silvestres Tricholoma matzutake

Restaurantes japoneses $60,000

Distribuidores de plantas de ornato mexicanos

$30,000 ?? Propagación de

Orquídeas y otras plantas ornamentales Aficionados a las

plantas de ornato extranjeros

$32,000

Centros de investigación

$40,000

Escuelas y Universidades

$40,000 ?? Educación e investigación biológica

Población en general $20,000

Total estimado

$237,000 En lo que se refiere a la oferta de servicios ambientales a nivel global, UZACHI, junto con CEPCO e IXETO como organizaciones sociales y ERA y GAIA como ONG’s se han conformado en una nueva figura jurídica, Servicios Ambientales de Oaxaca, A.C. (SAO), que será la que defina más claramente las estrategias conjuntas de definición de servicios ambientales a ofertar, así como la búsqueda de mercados tanto a nivel nacional como a nivel global. Aspectos sustantivos

En el caso de UZACHI, los aspectos más relevantes son:

?? Una organización campesina-forestal que cuenta con una relación de asesoría estratégica con una organización técnica profesional ha permitido el crecimiento y consolidación de los procesos productivos y el cuidado ambiental en su territorio

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?? Como consecuencia de lo anterior, hay una apropiación muy fuerte de la comunidad del cuidado de los recursos naturales y su aprovechamiento sustentable.

?? UZACHI se ha posicionado a la vanguardia en lo que a medio ambiente se refiere, por lo que el PSA es una acción-mercado que lógicamente es abordada como parte de un proceso integral.

?? Siendo comunidades forestales, el PSA no es determinante el cambio de uso de suelo en lo que a captura de carbono se refiere.

?? Es un programa diversificado de proyectos ecológicos productivos, donde estrategias de PSA como bioprospección, hongos orgánicos, y captura de carbono son todas innovaciones a experimentar.

?? Establece contratos puntuales y claros con empresas privadas en el servicio de bioprospección obteniendo beneficios adicionales: infraestructura y capacidad técnica.

?? El modelo diferencia los roles de: (a) la organización productora (UZACHI), (b) la organización asesora (ERA), (c) la certificadora (Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable) y (d) la comercializadora (Servicios Ambientales de Oaxaca)

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3. Captura de carbono, como estrategia comparable Aprovechamos el haber hecho dos estudios de caso – el Fondo BioClimático y UZACHI – donde la estrategia de captura de carbono (CC) está presente para explorar las oportunidades y retos implícitos de la estrategia misma. Claro, hay similitudes y diferencias. El Fondo ya ha realizado la compra-venta de captura de carbono; UZACHI está avanzado en la producción de CC. Claro, los dos proyectos son de índole piloto, frente la oportunidad en caso de aprobarse el Mecanismo de Desarrollo Limpio, como parte del Protocolo de Kioto. Sin dejar de ser comparables, ambos casos varían en sus condiciones y en sus estrategias de producción y venta. Tienen en común ser esquemas de CC cuyos “productores” u oferentes son campesinos indígenas. En el caso del Fondo Bioclimático son fundamentalmente cafetaleros y milperos, en el caso de UZACHI son básicamente forestales aunque también siembran maíz para autoabastecerse. Por lo tanto, y asumiendo el término acuñado por Vargas, Burstein y Jiménez, estamos en un esquema de captura de carbono por campesinos, o la “captura de carbono-plus”. 73 El tipo de propiedad en el cual se da la CC, difiere en uno y otro caso ya que en Chiapas las parcelas están bajo el control de familias campesinas que son parte de ejidos y en Oaxaca se trabaja en terrenos de propiedad común controlados por la comunidad. Tanto Pajal como UZACHI son organizaciones de segundo nivel. 74 Y los campesinos productores en los dos casos tienen una cultura comunitaria fuerte, aunque la historia de lucha de UZACHI ha resultado en comunidades que funcionan más en colectivo.75 Como fundamental contraste entre los dos conceptos, el Fondo BioClimático pretende promover un cambio del uso de suelo e incluir a los campesinos en un nuevo sector productivo como es el de la madera, mientras UZACHI pretende reforzar un esquema de aprovechamiento forestal ya funcionando. Los productores de Pajal, cafetaleros y milperos, que participan en el proyecto del Fondo BioClimático siembran árboles en áreas desarboladas, y muchas veces en las orillas de sus milpas de forma que resulta el establecimiento de una asociación agroforestal. A largo plazo, la apuesta del proyecto del Fondo es que estos campesinos entren en el sector maderero, con un esquema de forestería sustenable como una actividad económica adicional a las que actualmente desempeñan. Muy distinta es la situación de UZACHI donde los oferentes ya son productores/miembros de comunidades forestales.

73 La referencia aquí es a la estrategia de captura de carbono unida a la de desarrollo campesino. En términos del mercado, uno puede hablar de la posibilidad de sumar (a) pago por carbono capturado con (b) premio por la calidad campesina de los oferentes, á la esquema de comercio justo. Con esto, va un reconocimiento de que el servicio de CC ofrecido por propietarios de grandes ext ensiones (sean individuos o el gobierno) será lógicamente más barato que el mismo servicio con los costos de transacción adicionales asociados a la organización de muchos oferentes de pequeños propietarios. 74 Se entiende por organización de 2º. Nivel a instancias que abarcan varios grupos y comunidades y que ofrecen servicios para el conjunto, tales como comercialización, gestión de recursos o programas gubernamentales, etc. 75 Históricamente fueron estas comunidades que lograron, en los 1980s, retomar el control de su territorio y de sus bosques de compañías foráneas madereras.

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Con respecto al nivel de realización, si bien los dos proyectos están asociados a procesos organizativos del desarrollo de larga trayectoria (tanto UZACHI como Pajal tienen más de una década de funcionar), es importante señalar que ha habido la compra-venta de CC-plus por parte del Fondo BioClimático durante los últimos cuatro años, mientras UZACHI no ha llegado a realizar la venta de su servicio de CC todavía. Como una organización forestal, es claro que UZACHI tiene la posibilidad de montar su proyecto de captura de carbono sobre el control del territorio y un plan de manejo forestal por parte de las comunidades dueñas de los recursos. Sobre ese hecho básico, la concepción de PSA y en particular la CC llega a fortalecer el aprovechamiento de otras funciones del bosque; es un conjunto de actividades que agrega valor a un plan previamente definido. También es un esfuerzo más hacia la estabilización de la frontera agrícola-forestal. En cambio, en la experiencia del Fondo BioClimático, el proyecto de CC implica la construcción por primera vez de un plan de manejo forestal y de recursos naturales. Por lo tanto, el Fondo, y en particular la organización profesional asociada, AMBIO, se ve con la necesidad de promocionar un plan de manejo sustentable de los recursos naturales – el Plan Vivo – como el marco para el CC propiamente. Claro, por no ser siempre todos los miembros de un ejido los participantes en el proyecto, estos planes de manejo de los recursos naturales no logran tener el mismo poder rector en cuanto a las actividades diversas de las comunidades. De hecho, las dos experiencias se comprometen profundamente a un proyecto de conservación con mercadeo de SA, el Fondo BioClimático entra en el esquema con un énfasis en el problemática del mercadeo, mientras que UZACHI parte de la problemática del control y aprovechamiento de los recursos naturales.76 Estamos frente a dos modelos de CC, en ese sentido. En el caso del Fondo, entonces, se ve la especialización como la estrategia predominante. Se experimentó primero con un enfoque integral – incluyendo proyectos productivos de hortalizas, y otras estrategias, trabajo con grupos de mujeres, etc. – y se terminó decidiendo que el proyecto debe restringirse al CC únicamente, bajo una lógica empresarial basada en la venta del servicio de CC. Es decir, su punto de partida es el ingreso de la venta obtenida y desde ahí intentan construir un proyecto/empresa viable. El modelo de UZACHI aprovecha de ser ya un proyecto integral económicamente sustentable y la venta de captura de carbono como un muy interesante añadido hacia la saludable diversificación de su programa a largo plazo. La inversión es menor, ya que es una especie de “bundling”, entendido como la reducción de costos de transacción a través de juntar actividades o proyectos afines. La ventaja es fácil de ejemplificar: el promotor o promotora que trabaja con los productores de una actividad tendría poco problema en promover las demás actividades. Es relativamente “fácil” (menos caro en dinero y tiempo) introducir un proyecto de captura de carbono dentro de una cultura y práctica de las comunidades forestales. Esta facilidad es más relevante cuando consideramos que la apropiación del proyecto por los oferentes es una característica fundamental del producto mismo del CC-plus lo cual es muy importante para asegurar (o limitar el riesgo) de un proyecto campesino necesariamente a largo plazo. A más de 76 (Se puede hablar de “demand driven”, y “supply-driven”, respectivamente.)

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esto, cuando consideramos otro elemento de la naturaleza de la CC – el hecho de que los ingresos que se pueden esperar son solamente de incremento marginal en la economía campesina – esta “facilidad” se vuelve aún más apreciable, o apropiada, en el sentido de que el costo al campesino productor debe de ser proporcional al beneficio que puede esperar. Al contrario, el Fondo BioClimático se enfrenta a un reto mayor, de promover un proceso de concientización y apropiación (necesario para realizar el cambio de uso de suelo y una modificación de oficio, de agricultor simple a agroforestero). Los costos evidentemente van a ser mayores. Y finalmente, la estrategia para realizar la concientización/apropiación se basa, realistamente, en convencer de su viabilidad a través de una experiencia temprana en la compra-venta realizada. En términos de costo-beneficio – que es el criterio fundamental de considerarse – hay indicaciones que los dos modelos tienen sentido a largo plazo. La inversión inicial por parte del Fondo BioClimático/Pajal tiene que ser más cara que la de UZACHI. El Fondo invierte en la elaboración de planes de manejo de los recursos naturales “los planes vivos” previos a la realización de CC. La inversión en la “apropiación” del concepto es mucho mayor, cuando consideramos que el Fondo propone un cambio en el uso del suelo y una modificación eventual pero fuerte en la estrategia económica de los participantes (su incorporación al sector maderero.) El trabajo de concientización, convencimiento, de capacitación y asistencia técnica es necesariamente considerable. El hecho de que UZACHI tiende a trabajar con sujetos colectivos definidos por territorio (las comunidades forestales) mientras el Fondo tiende a trabajar con sujetos definidos por su membresía individual en una organización social también indicaría una complicación mayor en cuanto al proyecto del Fondo. Revisión de costos y posibles ganancias en la CC Es muy importante destacar que en el caso del Fondo Bioclimático se desencadena todo un proceso de cambio de uso de suelo extendiendo la frontera forestal hacia zonas deterioradas o potreros e incorpora a un gran número de campesinos al cuidado y conservación de las zonas reforestadas. Si bien es cierto que el ingreso de los productores (a US$12/ton) representa un incremento marginal a la economía familiar, parece ser más ventajoso, a largo plazo, el esquema de CC-plus con perspectiva a la venta de madera, que mantenerse como maiceros.77 A partir de los datos obtenidos en UZACHI, se puede estimar que el costo de inversión, trabajo, capacitación y asistencia técnica es aproximadamente de US$6 por tonelada capturada. De ser así, y estimando el precio de venta por tonelada en US$10, deja al campesino una ganancia neta del 40%. Necesidad de invertir en la construcción de la demanda

77 Claro otras oportunidades están al alcance de los productores. El café es un ejemplo fuerte, pero el mercado es tan desaprovecho ahora que ni consideramos necesario hacer el cálculo del costo de oportunidad.

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Reconocemos que el CC es un mercado en construcción y el CC-plus, como “captura de carbono por campesinos”, es un mercado todavía más en plan de construirse. En esta situación, es siempre preciso una doble estrategia de promover la oferta y promover la demanda, esperando hacer coincidir aproximadamente la oferta con la demanda, o, más precisamente, esperar que la demanda sea un poco mayor que la oferta, ya que es la fortaleza de la demanda la que hace crecer un mercado. Al mismo tiempo, no por difícil (más caro, más riesgoso) podemos deshacernos de la estrategia de promover la demanda, ya que (a) es la demanda un motor fundamental en el crecimiento de cualquier mercado y (b) en este mercado en particular la (promoción) es necesaria porque la CC-plus es apenas una idea en las cabezas de unos (no todos) los ecologistas y campesinos/as, más que una realidad. El rendimiento de esa estrategia es más a mediano y largo plazo, pero es imprescindible. No se puede dejar de mencionar que los costos de inversión y operación que implica la producción del servicio ha requerido donativos y recibido indirectamente subsidios de programas del Estado (como el Programa Nacional de Reforestación, Empleo Rural, etc.) para el arranque y funcionamiento del proyecto, sin los cuales difícilmente prosperaría. Esto debe tomarse en cuenta para negociar precios más altos por tonelada en el mercado internacional.78 La experiencia del Fondo BioClimático puede ser útil para otras organizaciones campesinas en especial las de vocación agropecuaria, que quieran incursionar en el mercado global de PSA a través de la producción y venta de CC. Por su parte, UZACHI se plantea como un modelo para organizaciones que ya vienen trabajando de manera sustentable los bosques, mostrando cómo es posible integrar toda una serie de servicios ambientales a partir de la experiencia acumulada. En todo caso, sólo es recomendable considerar viable la estrategia de PSA como una complementaria a otras actividades económicas de las familias, comunidades y organizaciones campesinas. Mantenimiento de la diversidad biológica En este concepto estamos incluyendo todas las diferentes iniciativas que están sirviendo para dar valor y lograr un pago que contribuya al mantenimiento de los recursos biológicos sean éstos ecosistemas o diversas especies de animales o plantas y por lo tanto de los servicios ambientales que éstos prestan. Así concebidas constatamos que en todos los casos abordados se están construyendo esquemas de pago por estos servicios, en unos de manera directa e intencionada (como UZACHI) y en otros indirectamente, como resultado secundario del ecoturismo o de la captura de carbono. El caso más destacado ciertamente es el de la UZACHI en donde desde hace ya varios años se está desarrollando una estrategia muy explícita de búsqueda de “alternativas no-extractivas que

78 De hecho, pensando en diferenciación de productos, el costo del CC logrado por conversión de milpero a forestero podría ser valorado a un costo mayor que el CC de un campesino-ya-forestero, si no fuera por nuestra desistencia a acuñar la “CC-plus-plus”.

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eleven el valor de las áreas de protección del territorio comunal” y den valor a los recursos naturales “sin recurrir a su explotación como materias primas”. La preocupación por agregar valor no extractivo a recursos ya existentes ha conducido a la exploración de múltiples posibilidades con el fin de financiar la conservación de los recursos al mismo tiempo que se les aprovecha para procurar el bienestar de la gente. Resulta muy interesante la exploración que han hecho para lograr la producción de especies locales silvestres dentro de los bosques: hongos y orquídeas. Aunque se podría alegar que esto no es propiamente un servicio ambiental sino simplemente producción, el hecho es que una parte de los beneficios obtenidos de los proyectos económicos que han logrado generar en la producción de hongos y orquídeas se dirige a la conservación de los ecosistemas en donde crecen. La posibilidad de producir productos no maderables como la trufa japonesa Tricholoma matzutake permite evitar el deterioro de los lugares donde estos crecen de manera silvestre Por otro lado, UZACHI aporta elementos que pueden clarificar los términos del debate internacional y nacional sobre los temas de bioprospección y de acceso a los recursos genéticos. Sin pretender abordar de manera exhaustiva los términos de dicho debate, es necesario mencionar, sin embargo que en México la polémica respecto a la bioprospección ha tomado tintes muy conflictivos, incluso entre diversas organizaciones campesinas y civiles. Algunos grupos y organizaciones sociales, han estado exigiendo al Gobierno Mexicano una declaración de moratoria a todo proyecto que involucre actividades de bioprospección. Parte del conflicto ha sido la falta de información acerca de un tema tan nuevo y la poca claridad en el marco jurídico vigente lo cual ha llevado a la polarización e ideologización de las posiciones entre quienes plantean argumentos de tipo ético en contra de la “apropiación y valoración económica de la vida” como de quienes alegan la imposibilidad de que pueda haber equidad en las relaciones comerciales entre comunidades y empresas transnacionales y por lo tanto están en contra de que se establezcan contratos entre dichos actores y exigen una moratoria al establecimiento de este tipo de contratos. Por otro lado grupos de las comunidades académicas y científicas, así como varias organizaciones sociales y civiles plantean que la manera mas eficaz de conservar los recursos genéticos y garantizar los derechos de las poblaciones campesinas e indígenas involucradas es justamente a través de la firma de contratos. Dicho razonamiento tiene como base las disposiciones del Convenio de Biodiversidad y la experiencia de proyectos piloto de contratos de bioprospección realizados en otros países. El reclamo social de moratoria, ha sido un recurso de presión hacia el gobierno Mexicano, en un intento por generar certidumbre legal sobre el tema. Unos alegaron una sobre- ideologización, argumentando que el debate mismo se ha entrampado obstaculizando la búsqueda de soluciones. En este contexto el caso de UZACHI con una trayectoria de 20 años en la búsqueda de estrategias de conservación de los recursos naturales a través del control y aprovechamiento de las propias comunidades campesinas e indígenas pretende dar luces para orientar la discusión y

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las vías posibles para establecer la normatividad todavía tan ausente en el marco jurídico nacional tomando en cuenta el interés de las comunidades. En ese sentido, también resulta interesante que no sea la compañía quien directamente entra a hacer la bioprospección y al terminar el contrato, queda la infraestructura y la gente capacitada para seguir trabajando ahora exclusivamente para los objetivos de la UZACHI, costeados por la empresa durante un año. También llama la atenc ión el hecho de que el contrato haya tomado tres años en elaborarse y el tipo de compromiso que establece la empresa Sandoz de capacitar y transferir la tecnología a las comunidades, para realizar este tipo de servicio. Queda la duda si la investigación sobre las propiedades y usos de los recursos biológicos entra en los esquemas de PSA. Ciertamente hay una reinversión en la conservación del ecosistema. En todo caso dentro de la estrategia integradora que ha construido la UZACHI, éste es uno más de los servicios que contribuyen a la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad. 4. Ecoturismo: Mazunte y Ventanilla, en Oaxaca; Selva del Marinero, en Veracruz Para el estudio de caso de ecoturismo se perfilan y comparan experiencias en dos regiones: (1) Mazunte y Ventanilla en la costa de Oaxaca y (2) Selva del Marinero, ejido de López Mateos, en la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas en Veracruz. Sin embargo, aunque Mazunte y Ventanilla son parte de una estrategia regional, cada una de las comunidades tiene distinciones en sus procesos por lo que en realidad se presentan tres casos de ecoturismo. El ecoturismo puede ser una alternativa para que comunidades que hacen un uso intensivo de los recursos naturales, puedan seguir viviendo de ellos pero ahora a partir de un uso sustentable (Ceballos Lascurain, 1991). Vemos como elementos asociados a un proyecto integral ecoturístico: a) ser alternativa económica; b) tener una base organizativa sólida; c) ser parte de una estrategia más amplia de diversificación productiva; d) tener una base territorial amplia para incluir otros ecosistemas relacionados que contribuya a la conservación del ecosistema y al desarrollo local y; e) contribuir al rescate y consolidación de la cultura local. Inicio de los proyectos En la Selva del Marinero, ejido de López Mateos, en la zona de Los Tuxtlas en Veracruz, el proyecto de ecoturismo se inscribió en el marco de la economía campesina de una comunidad que radicaba en una zona decretada como Reserva de la Biosfera. Por lo tanto, realizaban trabajo de conservación buscando alternativas económicas sustentables, que fue conducido inicialmente por una organización civil, Proyecto Sierra de Santa Martha (PSSM). En el caso de Mazunte en la costa de Oaxaca, el proyecto fue impulsado desde el inicio por la ONG, Ecosolar, A.C., a raíz de la veda de la tortuga en la región decretada a principios de la década de los 90. Ventanilla, una comunidad costera cercana a Mazunte, se inserta en el ecoturismo a partir de restaurar los ecosistemas por los efectos devastadores del huracán Paulina y es asesorada también por Ecosolar.

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Si bien en La Selva del Marinero no existía una amenaza inminente de extinción de una especie en particular, se detectaron amenazas a la conservación como:

1. Avance de la frontera agropecuaria y realización de actividades agropecuarias incompatibles con un desarrollo sustentable en áreas cercanas a las zonas núcleo de la reserva

2. Extracción ilegal de flora y fauna silvestre y destrucción de fragmentos de selva primaria y secundaria

3. Tala ilegal de madera, y necesidades crecientes de leña. Incendios forestales

4. Mayor presión sobre los recursos naturales debido al incremento de la pobreza, y perduración de prácticas productivas y de manejo de recursos inadecuados.

5. Desconocimiento de la población en general acerca de la importancia de la conservación de la biodiversidad

En el caso de Mazunte, la extinción de tortugas que propiciaba el rastro de San Agustinillo y el saqueo de sus nidos originó un fuerte movimiento de ecologistas nacionales e internacionales que culminó con la presión del Earth Island Institute de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano para que decretara la veda de la tortuga. La organización Ecosolar, que había impulsado la veda, se solidarizó con los habitantes de la comunidad que se quedaron sin su principal fuente de ingresos. A partir de 1990 impulsaron el “Programa de Desarrollo Sustentable de la Costa Oaxaqueña” que planteaba la recuperación y cuidado del medio ambiente y mejorar el nivel de vida de la población a partir de crear empresas rentables y de mejoramiento ambiental. El Programa arrancó con fondos del grupo empresarial Condumex. El Programa definía los siguientes ejes de trabajo: agroecología, salud, ecoturismo, ingeniería y saneamiento ambiental, además de diversos proyectos productivos (chocolate orgánico, crema de cacahuate y de ajonjolí orgánicos). Con ayuda del Instituto Nacional indigenista (INI) se impartieron tres cursos a más de 100 campesinos.

Procesos de organización y apropiación del proyecto Mazunte

Para evitar el despojo de las tierras comunales la organización asesora propuso la formación de una “Reserva Ecológica Campesina” (14 000 has) que protegiera los santuarios de vida silvestre y las regiones de mayor importancia ecológica. En marzo de 1992, en asamblea general de la comunidad el 83% de la población firmó un histórico compromiso en donde se autonombró “Reserva Ecológica Campesina”. Derivada de esta declaración, se constituye la “Asociación Comuneros de la Reserva Ecológica Campesina de el Mazunte A.C.” en cuya asamblea constitutiva participó más del 60 % de la población activa. Tiene como objetivos:

?? Funcionar como una asociación de colonos y definir el modelo de desarrollo que desean

?? Gestionar ante autoridades los requerimientos de su comunidad

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?? Reglamentar el uso del suelo y mantener una política ecológica en sus actividades

?? Promover el desarrollo turístico del poblado

?? Gestionar créditos y financiamientos para su objeto social. En 1992 la Asociación solicitó y recibió de SEDESOL la concesión de zona federal del frente de playa de la comunidad de Mazunte para trabajar legalmente en su conservación ecológica y aprovechar sustentablemente en beneficio de sus asociados y de la comunidad. Ecosolar79 buscaba crear un modelo alternativo hotelero frente al tradicional, altamente competitivo, incluyendo además los factores social y ambiental. En vez del binomio “clientes-prestadores de servicios” crear un nuevo concepto de “anfitriones-huéspedes”. Se construyó un primer bungalow y resultó ser una empresa exitosa, por lo que los socios reinvirtieron en la construcción de otros. Se logró introducir un estilo arquitectónico que garantizaba el flujo de ecoturistas. Adicionalmente se generaron otros proyectos, como un taller de serigrafía y otro para el manejo de desechos como vidrio, latas y papel. Ambos proyectos lograron funcionar exitosamente durante los primeros años. Consciente de la necesidad de crear proyectos de ingresos económicos alternativos y complementarios, en 1993 Ecosolar trajo a la dueña de The Body Shop y, con el apoyo de su fundación, se empezó la construcción de la fábrica de cosméticos naturales (CNM), empresa que pertenece a 15 personas – en su mayoría mujeres. En 1996 empieza a producir aceites, shampus, cremas, desodorantes, etc. Actualmente la empresa tiene entradas de $200,000 pesos mensuales. Otorga salarios a sus asociados y reinvierte buena parte de las ganancias en proyectos ambientales comunitarios y productivos. Se creó el Museo de la Tortuga, que junto con la fábrica de cosméticos, constituyen en la actualidad lugares de visita muy atractivos para los turistas. Al inicio, una organización social de primer nivel (unaSociedad de Solidaridad Social, o “Triple S”) se encargaba de la oferta y la demanda para que se desarrollaran la prestación de servicios turísticos con calidad y equidad de género. La estrategia de mercadeo ha sido a través de la promoción que los propios turistas hacen del lugar y por la cercanía con Puerto Angel y Huatulco. El proyecto se basaba en el manejo de las cuencas de los ríos cercanos. Se considera que el proyecto se consolidó a lo largo de unos siete años y hoy en día cuenta con: 400 camas, unos 12 restaurantes, un pequeño hotel, unos 30 negocios sobre la playa con algunos que tienen capacidad para albergar más de 20 personas, y cuatro taxis. Se puede decir que la mayor parte de la población vive del ecoturismo. Posteriormente, factores diversos empezaron a influir negativamente en el proyecto. Hubo propuesta de construcción de una carretera entre Mazunte y Puerto Angel, cuyo trazo hubiera destruido zonas de biodiversidad. Ecosolar se dio a la tarea de cabildear para modificar el trazo de la carretera y que no fuera totalmente asfaltada para evitar la dinámica de presión sobre los suelos. Otro proyecto fue objecionado: uno de camaronicultura propiciado por el gobierno y en 79 El co-autor Hector Marcelli es director de Ecosolar.

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manos de una empresa que había obtenido un permiso y contaba con un estudio de impacto ambiental. Ecosolar demuestró que el estudio no reflejaba todo el daño que realizaría la empresa. Se clausuraron las obras gracias a la acción de la PROFEPA y de la SARH. Después, la recuperación de varios municipios, en 1997, para el PRI, que estaban a cargo del PRD, les vuelvió a una lógica caciquil. Todos estos factores generaron conflictos de intereses en la zona (no sin demostrar cierta capacidad de resolución paulatina) que ha debilitado organizativamente el proyecto. La consideración mayor, sin embargo, es paradójicamente, el éxito turístico del proyecto. Es decir la demanda turística ha crecido e inclusive, en temporadas altas, llega a haber un hacinamiento de turistas. Esta creciente afluencia de turistas va incidiendo en la conformación de más servicios turísticos pero el trabajo de conservación no está siendo suficientemente apoyado. ¡Es así que la capacidad de carga está llegando a su límite en cuanto a la conservación de la belleza escénica y mantenimiento de la biodiversidad! En la actualidad Mazunte presenta varios cambios. Primero, Ecosolar tuvo que retirarse ante los conflictos derivados de la construcción de la carretera y el proyecto de camaronicultura (aunque se verá más adelante que sigue apoyando a Ventanilla). Ya no existe la Triple S coordinadora de servicios, sino que los turistas llegan directamente o reservan con las distintas personas conocidas. Varias personas de fuera de la comunidad han comprado terrenos y edificado casas, e inclusive un hotel. El taller de serigrafía y el centro de acopio de desechos desaparecieron conforme aumentó la afluencia turística y se privilegió el trabajo en servicios netamente tuísiticos. Sin embargo, la conservación del medio ambiente continua siendo un factor de cohesión. Se logró conformar una “Red de Cooperativas para el Desarrollo Sustentable de la Costa de Oaxaca” (Mazunte y Ventanilla) que actualmente une a 10 cooperativas con el fin de hacer un frente común en la conservación ambiental de la región, apoyarse solidariamente e impulsar sus proyectos productivos sustentables de manera coordinada y complementaria. Actualmente operan tres empresas de ecoturismo, una de cosméticos, dos de procesamiento (chocolate orgánico y crema de cacahuate), una de construcciones de adobes, una asociación civil y tres organizaciones de productores. Esto le ha dado una fortaleza muy peculiar al constituir una “masa crítica” relevante de nuevos colonos de que llegaron atraídos por la imagen del “Puerto Ecológico” y que luchan por mantener y fomentar el concepto. Ventanilla En el caso de Ventanilla, su proyecto de ecoturismo fue incipiente hasta el huracán Paulina en 1997. En ese momento, se abocaron primero a limpiar el estero y luego a hacer un vivero de mangle para reforestar las áreas más dañadas. Empezar sin apoyos externos, con la excepción de la asesoría de Ecosolar. (Cada socio aportó una lancha y trabajo.) Posteriormente solicitaron

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apoyos de la SEMARNAP y también de la Universidad del Mar y otras instituciones académicas. Las actividades turísticas que se realizan en Ventanilla son la visita al estero en lanchas para observar cocodrilos y aves. La regeneración de especies como el cocodrilo – que estaba en vías de la extinción - ha sido una actividad fundamental en Ventanilla. A la fecha los criaderos cuentan ya con más de 400 cocodrilos. El cuidado y mantenimiento de esteros y manglares es una actividad fundamental, que se muestra a los turistas como parte de los servicios ambientales que el ecoturismo produce. Ha recibido aportes de la fábrica de cosméticos para construir una caseta de información. La asociación de comuneros de Ventanilla es quien organiza la actividades tanto de mantenimiento como de servicios turísticos. La carretera, con brecha, hace que tenga una menor afluencia de turistas (en comparación con Mazunte). La afluencia de turistas va creciendo pero dentro de los límites de capacidad de carga. El sentido de apropiación de la estrategia de cuidado del ambiente a partir de un proyecto ecoturístico parece ser mayor en Ventanilla que en Mazunte. En Ventanilla el ecoturismo puede llegar a convertirse en la actividad preponderante y en Mazunte ya los es. Adicionalmente, el proyecto está concebido de manera integral con otros servicios y proyectos productivos, que a la vez dan un sentido ecológico a la región (sin llegar a ser servicios ambientales) como la fábrica de cosméticos y la fábrica de adobe (para el paisaje arquitectónico). Estos proyectos también generan ingresos y algunos de ellos son canalizados a actividades de conservación de paisaje o regeneración de especies. Si bien, hemos señalado que la demanda turística se tiene que medir contra la capacidad de carga sustentable, la pregunta surge: ¿porqué no han subido los presos en Mazunte para mantener este equilibrio? Fácil sería culpar a los oferentes con una falta de apropiación del concepto ecologista. Doloroso sería concluir que las condiciones de (a) playa altamente atractiva para el turismo y (b) organización débil, no presentan una oportunidad para el PSA. Selva del Marinero El proyecto ecoturístico La Selva del Marinero se originó en el ejido López Mateos. El ejido cuenta con 480 hectareas, cuyos terrenos son mayormente de pendiente. Las principales fuentes de ingresos son el cultivo del maíz, del café, y la recolección de hojas de palma camedor. López Mateos fue formado a principios de los 70s cuando la colonización de las tierras selváticas de esta región, iniciada en 1950, se encontraba en su auge. En el caso de López Mateos donde los recursos estaban relativamente mejor conservados que en otros lugares (en la mayor parte del ejido las pendientes no permitían desarrollar actividades agropecuarias), la insuficiencia de tierras de labor y el inicio de cierta escasez en los productos antes obtenidos de la selva (el mazate y el marin ya estaban desaparecidos de las cercanías y los lugares donde abundaba el chocho y el tepejilete cada vez más distantes) fueron probablemente las motivaciones principales de los campesinos. Esta escasez ya había llevado a la comunidad a desarrollar algunas acciones importantes, como una veda voluntaria de la caza, y parcialmente de la tala.

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En 1993 la asociación civil “Proyecto Sierra Santa Martha” (PSSM)80 impartió un taller de planeación comunitaria sobre los recursos naturales. Analizando las posibles actividades económicas, el ecoturismo surgió como un proyecto muy atractivo (a pesar de diferencias políticas y religiosas que caracterizaban la comunidad e iba a retarla a construir un proyecto en conjunto). Al mismo tiempo la comunidad tomó la iniciativa de cuidar todo su territorio y evitar la entrada de cazadores furtivos. La conciencia del cuidado ambiental se desarrolló en los campesinos del ejido y sus familias.

En la Semana Santa de 1997 se organizó la primera excursión de turistas provenientes de la ciudad de México, quienes fueron atendidos por las familias del ejido con hospedaje, alimentación y paseos. Después de esa experiencia se estableció la modalidad de hospedaje en tiendas de campaña y edificios públicos y alimentación en las casas de los campesinos. Las actividades impulsadas por asesores que fueron definiendo las características del proyectos fueron:

?? Diseño de senderos interpretativos de la naturaleza

?? Diseño de infraestructura (servicios sanitarios y cabaña)

?? Diseño de menús y capacitación en nutrición

?? Preparación en primeros auxilios

?? Diseño operativo y organización

?? Trabajo sobre imagen corporativa y promoción

?? Capacitación en actividades productivas complementarias (piscicultura, horticultura, cultivo de palmas).

Los familias campesinas del ejido son los oferentes del mantenimiento de la belleza escénica y manejo y saneamiento de aguas y los servicios turísticos básicos. Se formaron diversas comisiones para hacer funcionar el proyecto y la junta de comisionados es quien continua dirigiendo el proceso. Reciben una afluencia de 500 turistas anuales. Su estrategia de promoción es incipiente, se hace a través de medios de comunicaciones locales, como el radio, y depende también de la promoción personal de los asesores dentro de sus ámbitos académicos y de la sociedad civil. Las excursiones se organizan principalmente desde la ciudad de México. Los y las interesadas son en su mayoría de la clase media urbana. El nivel de conciencia entre los oferentes es alto y ellas y ellos se preocupan por el paisaje del ejido. Adicionalmente, hay manejo de separación de basura. El acuerdo de psicultura erradicó la costumbre de lavar directamente en arroyos. Se han ido incorporando año con año y de manera creciente hombres y mujeres a las actividades productivas ( guías, servicios hospedaje y alimentos): tres personas en 1997, 11 en 1998 y 1999 y 22 personas para el 2000. Los ingresos promedio han sido de aproximadamente US$35 por persona (que representan 10 días de trabajo). Sin embargo, existe la problemática de inequidad en el ingreso por concepto de ecoturismo; 80 La co-autora, Luisa Paré, antropóloga académica, fue fundadora y asesora del PSSM.

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mientras los guías ganan un jornal al día, las mujeres que preparan la comida ganan según los clientes que atienden. Mientras unas familias han tenido ingresos de US$50 otras han llegado a obtener US$500 en un año. La desproporción es alta y esto no deja de crear conflictos en el proyecto. En general, se puede decir que el ingreso del ecoturismo es significativo, si marginal.

Luisa Paré observa, al respecto: “Es previsible que la emergencia de una nueva actividad productiva en el marco de una economía tradicional genere desigualdad. Los individuos tienen diferentes precondiciones, motivaciones, rapidez y energía para responder a nuevas opciones para generar ingresos; sería ingenuo esperar que cada persona inmediatamente pueda tener ventajas iguales.”81 En efecto, en el caso de la Selva del Marinero, se decidió construir una organización distinta al ejido para funcionar como una empresa social.

La comunidad está realizando esfuerzos para determinar los montos de reinversión para generar condiciones e infraestructura mas adecuada, así como una mejor promoción de los servicios. Un gran reto es el establecimiento de remuneraciones diferenciadas de acuerdo a los distintos niveles de capacitación y el reconocimiento de estas diferencias. Se sabe que es posible, ecológicamente, y necesario económicamente, incrementar la afluencia de turistas. La promoción es la clave (y la experiencia de intercambio entre Selva del Marinero y Mazunte que este proyecto permitió resultó fructífero en la identificación de nuevas estrategias de promoción). Como estrategia del desarrollo sustentable, Paré ha concluido: “Si bien lo ideal es montar el proyecto de ecoturismo sobre una estructura de conservación preexistente, con objetivos que van más allá de la generación de ingresos económicos, no siempre existen estas condiciones. También se podría formular que, en la ausencia de estas condiciones, el ecoturismo puede conducir a la puesta en marcha de un marco normativo y consensos mínimos que garanticen su desarrollo y, por ende, la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales.”82 Reflexión sobre los casos de ecoturismo En los proyectos ecoturísticos, tanto de Selva del Marinero en el ejido López Meteo, los Tuxtlas, Veracruz como de Mazunte y Ventanilla de la costa de Oaxaca, se llena la condición básica, de dedicar ingresos al mantenimiento de los recursos biológicos. En Mazunte prácticamente todo inició a raíz de la necesidad de proteger a la tortuga a través de una veda. A 10 años de distancia es evidente que se ha logrado protegerla. Los criaderos, e incubadoras producen las tortugas para conservarlas. Vender a los turistas el derecho a liberar tortugas bebés. El proyecto lleva un componente fuerte de concientización al público, basada en la apropiación del valor ecológico por parte de la organización popular. Parecido en su concepto, en Ventanilla los criaderos de cocodrilo están en exhibición; es un servicio recreativo y el dinero contribuye a la conservación del cocodrilo. Si iniciaron el trabajo de restauración del estero después del desastre del Huracán Paulina, la continuidad en su

81 Paré; “El Ecoturismo Comunitario y la Gestión Ambiental: Una Experiencia en La Región de Los Tuxtlas, Veracruz”; en publicación. 82 Ibid.

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mantenimiento ha obedecido ya a una lógica de hacer atractiva el área para vender el servicio de recreación a los turistas. Esto contribuye a la conservación de los manglares como ecosistemas y como áreas de recreación, ya que se organizan paseos entre los manglares. En la Selva del Marinero se conserva la selva con el trabajo de los comuneros que ganan dinero más bien de guías o vendiendo comida. Saben que si no la conservan pierden la posibilidad de recibir a los turistas y los consecuentes ingresos. En general, en los casos de ecoturismo los beneficios de los pagos de los turistas se van a las unidades familiares como en Mazunte y Selva del Marinero, pero esto les sirve para diversificar su economía familiar y disminuir la presión sobre los recursos naturales. En Ventanilla una parte de los ingresos por turismo va a un fondo comunitario que está expresamente dedicado a la conservación del manglar. Sin embargo, en la medida que crece la demanda de servicios turísticos pareciera que tiende a descuidarse el mantenimiento del paisaje. Actualmente en Mazunte ya no se separa la basura y sólo se trabaja en la regeneración de tortuga. Las actividades turísticas están generando mucho empleo. Por su parte Ventanilla y Selva del Marinero con menor afluencia de turistas tienden a conservar mejor el paisaje y con mayor conciencia ecológica. Asimismo, los factores externos como decisiones político-gubernamentales (a nivel local, estatal o federal), tienden a generar conflictos y además pueden con mucha facilidad alterar el ritmo de crecimiento del centro ecoturístico e imprimirle una presión de crecimiento más allá de su capacidad de carga, (como las carreteras y proyecto de camaronicultura en Mazunte). Hay un tema no-resuelto en los casos: la distribución no-equitativa de ingresos. Es un problema del cooperativismo ampliamente conocido en el desarrollo en general. Para refortalecer la organización social oferente del servicio, es importante considerar las siguientes funciones: la concientización y procesos educativos permanentes sobre cómo conservar el paisaje; reinversión en el servicio ambiental; asistencia técnica frecuente; regulación de la demanda y programas públicos acordes. Esta combinación de factores pueden obstaculizar o favorecer que el ecoturismo pueda ser en el largo plazo un servicio ambiental que a la vez sea una alternativa a la economía de las comunidades.

En síntesis, algunos hallazgos relevantes de los proyectos de ecoturismo son:

?? El papel de organizaciones asesoras técnicas ha sido clave en cuanto a la conceptualización de los proyectos ecoturísicos y en la promoción (que incluye un aspecto de certificación informal)

?? La implementación de los proyectos es muy asumida por organizaciones sociales de primer nivel

?? Se ha generado un sentido de apropiación de lo ambiental, aunque la lógica del mercado turístico puede ganar frente al componente del cuidado ambiental a través del turismo.

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?? Tienen una generación de ingresos inmediata y pueden asociar otros proyectos de tipo del desarrollo sustentable (e.g.,la fábrica de cosméticos).

?? El papel del gobierno no es con política clara en apoyo al ecoturismo. SEDESOL concedió privilegios; PROFEPA respondió al impacto ambiental negativo. Hubo esfuerzos que claramente no tomaron en cuenta el criterio ecoturístico (e.g., carretera, camaronicultura) y otros que sí (e.g., el museo de la tortuga).

?? Con respecto a la inversión necesaria inicial, hay una discordancia desafortunada: la inversión para el ecoturismo de playa es menor mientras su recuperación es más rápida; la del ecoturismo de la selva es mayor mientras su recuperación es más lenta y hasta no-segura.

?? Cada proceso genera aprendizajes que son útiles para los otros: Mazunte ha sido ejemplo para Ventanilla (por su cercanía) para los aspectos positivos y negativos, tratando de no incurrir en los negativos.

?? La capacidad de carga de las localidades es pequeña por lo que hace falta una doble medición: esta capacidad de cargo comparado con el punto de equilibrio económico, para ver su viabilidad.

5. Análisis Comparativo Las estrategias de PSA son innovadoras, y son todavía en momentos de experimentación como valoraciones del cuidado del medio ambiente como un servicio que puede ponerse a la venta en mercados regionales, nacionales o internacionales. En los casos estudiados se muestra la diversidad de componentes y actores que inciden en su desarrollo y que, posiblemente, permitan su viabilidad en el largo plazo. En lo que sigue tratamos de analizar los puntos relevantes y las oportunidades y riesgos, que pueden contribuir a desarrollar las estrategias de PSA, tomando como base la pregunta central: ¿Es el PSA una estrategia adecuada para favorecer la economía campesina? Los productores de los servicios ambientales de los casos analizados tienen al mismo tiempo muchas semejanzas y diferencias. Todos los oferentes son pequeños productores con estrategias económicas diversificadas (agropecuarias, forestales, venta de fuerza de trabajo, pesca), a partir de las cuales sustentan su vida. Sin embargo, algunos son mayormente forestales (UZACHI), otros tienen más vocación agropecuaria (Fondo BioClimático, Selva Marinero) y otros son, o eran, pescadores (Mazunte, Ventanilla). No son, en general, las poblaciones más tradicionales de México; al contrario se puede decir que son más bien en transición. Vinieron, culturalmente, de las comunidades incorporadas (“closed corporate communities”) más tradicionales y son colonos, en muchos casos. Sin embargo, los elementos básicos de vida comunitaria-colectiva, incluyendo la “propiedad social” (ejidos, comunidades, con sus “commons”) y cultura comunitaria (fiestas patrona les, etc.) siguen con una fuerza organizacional preponderante. Para los casos presentados se pueden identificar las siguientes características básicas:

Caso Tipo de productor/ Organización

Servicios Ambientales/ otras actividades

Propiedades de la tierra

Fondo BioClimático/ Agricultores ejidatarios Captura carbono Tierra templada

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Pajal en organización supra-ejidal

Producción de milpa, café, y ganado

Predios ejidales, manejados de forma individual/ Familiar

UZACHI/ ERA

Campesinos forestales

Conservación de ecosistemas

Venta de hongos, y de orquídeas

Bioprospección (venta de investigación)

Educación ambiental

Bosque mesófilo, templado; selva alta Ejidos, manejados como territorio comunal

Agricultores, familias, organización social local Comunidades

Belleza escénica (conservación de áreas recreativas y paisaje)

Selva Alta Ejido dentro de Area Nacional Protejida

Mazunte Pescadores (campesinos migrados)

Ecoturismo (Conservación de recursos biológicos: las tortugas)

Concesionarios

Ventanilla Pescadores (campesinos migrados)

Ecoturismo (Conservación de recursos biológicos: los cocodrilos) Conservación de manglares

Concesionarios

Se puede apreciar los esfuerzos por consolidar las experiencias a través de un recorrido de la historia: Caso Desarrollo de los Servicios Ambientales Inicial Actual

Fondo BioClimático

1997: CC introducido dentro de la organización social Pajal, con un técnico.

Fondo BioClimático contrata a Ambio, con tres técnicos. Entraron más organizaciones de productores (UREAFA, CODESSMAC; CEPCO).

UZACHI

1986: Control del territorio y aprovechamiento maderable del bosque a nivel comunitario. ERA da asesoría Técnica

Integración de múltiples servicios ambientales a nivel intercomunitario . Certificación de CCMSS. Colaboración con otras organizaciones Ixeto, CEPCO. En 2000 se crea SAO.

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Selva del Marinero

1997: comuneros cuidan el arroyo y reforestan. Asesoría de 1 persona de Proyecto Sierra Sta. Marta/UNAM .

Ecoturismo complementario a actividades del Reserva . Dos asesores.

Mazunte

1990: Veda de matanza de tortugas, pescadores buscan alternativas económicas. Ecosolar entra.

Museo de tortuga. Diversificación a otros servicios no ambientales, como cosméticos, chocolate, adobes, etc. Asesora Bioplaneta.

Ventanilla

1997: Huracán Paulina hace necesaria restauración de manglar. Inician ecoturismo.

Mantenimiento manglar y regeneración de cocodrilos. Son parte de Red Regional Integración de servicios comunitarios. Hacen paseos educación ambiental.

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Con respecto a la extensión y las estrategias de comercialización, se comparan los proyectos de la siguiente manera:

La discusión generada alrededor de “la tragedia de los comunes” sobre los derechos de propiedad resulta relevante para la estrategia de PSA. Ante las opiniones de que "los bienes comunes llevan a la destrucción", hay cada vez más un cuerpo de investigación que analice que los bienes comunes pueden ser administrados sustentablemente. En los casos de UZACHI y López Mateos – donde la propiedad común tiene arraigo mayor -- vemos que efectivamente hay capacidad e

Tipo de productor

es

Parti-cipan

Servicio Superficie

Potenciales Estrategia de mercado

Fondo BioC Campe-sinos org.dos, indiv y grupoal

450 pers

Captura de carbono

450 has.

US$504,000 anuales

Contrato con empresa Internacional. Pago adelantado

UZACHI I.

Campe-sinos forestales y comune-ros

429 pers

Captura de Carbono

49,000 has.

US$5 million (a 30 años)

Contratos colectivos

UZACHI II.

Biodi-versidad: hongos, orquídea; Investigación

26,110 has.

U$1,182,000 anual

Contratos empresas restaurantes, universidades

Mazunte/ Ventanilla

Campesinos y pesca-dores/ comu-neros e individu-ales

100 pers

Paisaje Regener. Tortuga Paisaje Regener. Manglar y cocodrilo

14,000 has. (reserva) Estero

Se observa un crecimiento constante en Mazunte y más lento en Ventanilla

Venta individual por turista que llegan a ambas comunidades. Promoción vía agencias de viajes locales

Selva del Marinero

Campesinos /comuneros

30 fams

Paisaje 480 has. (reserva)

En crecimiento

Excursiones organizadas desde Jalapa y Cd. México

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interés en conservar los bosques bajo esquemas de aprovechamiento sustentable común y producir servicios ambientales en propiedades comunes.83 En estos casos la propiedad común no implica libre acceso, sino que las comunidades controlan y regulan las formas de acceso y utilización de los recursos. ¿Qué pasa cuando la propiedad es más de un manejo individualizado (como puede verse entre los participantes en el Fondo BioClimático, Mazunte y Ventanilla)? La evidencia de estos estudios de caso nos permite apreciar que esquemas de servicio ambiental aún así pueden prosperar. Puede que los costos de transacción sean mayores, como veremos abajo en la discusión acerca de captura de carbono. Puede que la perdurabilidad sea menor, como veremos abajo en la discusión acerca de ecoturismo. Son preguntas que merecen investigación mayor. Más que el tipo de propiedad es la capacidad de organización comunitaria lo que parece el factor determinante para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos. UZACHI aparece con una capacidad organizativa y de acción colectiva muy fuerte. En Mazunte el debilitamiento organizativo lleva a una gestión ambiental cada vez más débil que amenaza la sostenibilidad del proyecto. En el Fondo BioClimático la experiencia se ha desarrollado en propiedades individuales, pero ha sido la capacidad de organización de La Pajal, asesorado por Ambio, lo que ha permitido echar a andar el esquema de servicios ambientales. El control del territorio y la gestión de los recursos por parte de las comunidades indígenas y campesinas son factores muy importantes para garantizar la sostenibilidad económica y social de los esquemas de PSA. UZACHI parece ser el caso que mejor expresa la importancia de la apropiación, control y gestión del territorio como base para una estrategia que busca ampliar la oferta productiva mediante componentes vinculadas a la oferta de servicios ambientales; pero tanto en Sierra del Marinero, como en Ventanilla también se da esta condición. En el caso del Fondo BioClimático no vemos esta componente territorial porque el esquema se da en los predios particulares pero no se puede pasar por alto que estos predios están enmarcados en ejidos o comunidades indígenas que cuentan con un territorio. Por otro lado es evidente que la mayor o menor dotación de recursos y la escala en la que se aplican los esquemas de PSA también influyen en su sostenibilidad. UZACHI tiene con una población de 5,300 habitantes maneja 26,110 ha de territorio de una riqueza natural abundante (casi 5 ha por habitante). En Selva del Marinero el ejido López Mateos cuenta con 480 ha, 30 familias (quizá menos de 3 ha por habitante) y una escala muy pequeña de operación. En Mazunte se está superando la capacidad de carga. No así en Ventanilla. En Chiapas, cuentan con al menos 4 o 5 has y pueden dejar una dedicada exclusivamente a las plantaciones. ¿Qué tan determinantes son la dotación de recursos y la escala de operación para el éxito de estas experiencias? ¿Pueden ser viables los esquemas de producción/retribución de servicios ambientales en territorios/parcelas más degradadas? Por lo que vemos, tanto en escalas pequeñas de una hectárea como en escalas territoriales mayores es posible adaptar esquemas de

83 El caso más relevante en este sentido es UZACHI en donde a partir de integrar predios comunales de 4 comunidades no solo han logrado conservar aprovechando el bosque, sino a partir de esta capacidad de controlar y normar el aprovechamiento de una propiedad común, están ahora integrando la producción de servicios ambientales derivados de estos bosques.

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PSA y su sostenibilidad dependerá más de la capacidad organizativa y del nivel de control territorial o predial que de la escala misma. Intermediarios en el proceso de servicios ambientales Identificamos varias instancias de intermediación activas en los proyectos de ecoturismo: organizaciones de asistencia técnica, instituciones de investigación, fondos o fideicomisos y organizaciones certificadoras. En el siguiente cuadro se muestran las funciones de cada uno.

Investigación Asistencia

técnica Gestión de

fondos Certificación Venta

Fondo BioClimático

Universidad Edimburgo Ecosur

AMBIO Fondo BioClimático

AMBIO Fondo BioClimático

UZACHI UZACHI ERA UNAM U. Ibero U. Berkeley Sandoz

ERA ERA UZACHI

CCMSS84 UZACHI ERA SAO

Mazunte/ Ventanilla

Ecosolar Universidad del Mar

Ecosolar y Bioplaneta

Ecosolar no hay directa al turista y Bioplaneta

Selva del Marinero

UNAM asesores y Proyecto Santa Martha

dos asesores UNAM asesores

no hay Directa

Lo innovador del PSA así como la complejidad de su proceso integral – es decir, los pasos que van desde la etapa previa de investigación de su factibilidad, el arranque de los procesos, la producción de los servicios, su promoción, venta, gestión de fondos, así como la certificación – requiere de una serie de intermediaros que le van dando valor agregado a cada paso (y acumulando gastos a cada paso). La relación entre el productor y el comprador no es sencilla, se requiere de un conocimiento técnico para poder iniciar los procesos, aún en el caso de organizaciones con una trayectoria en el manejo sustentable de recursos, ya que la condición de que sea un servicio ambiental es importante para su venta en los mercados. Son múltiples las instancias que apoyan el proceso, incluso en el nivel internacional. Por ejemplo, el PSA es un servicio que aunque se produce localmente genera un beneficio global, de ahí que haya interés en universidades extranjeras y empresas en apoyar la investigación. Hay pasos que ya están muy claramente identificados para los cuales existen actores con gran experiencia, como la investigación y la asistencia técnica. Sin embargo, en la promoción,

84 Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable.

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gestión de fondos y venta, es necesario fortalecer los esquemas que los casos analizados han implementado. Contar con una instancia asociada al proyecto que pueda gestionar fondos, promocionar y detectar clientes a nivel internacional, como el caso del Fondo BioClimático, ha sido fundamental para el buen funcionamiento del proyecto en Chiapas. UZACHI, por ejemplo ha optado por crear una asociación conjunta (organizaciones sociales y organizaciones de asesoría técnica), Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO), que se encarga de promocionar y vender los múltiples servicios que ofertan al mercado, tanto la producción de servicios ambientales como los de asistencia técnica. Ambos casos vuelven a mostrar posibles modelos de intermediación que generan sinergias a favor de sus respectivos proyectos. Para el caso de ecoturismo se observa la importancia de contar con asistencia técnica continua, que promueva normas de regulación que aseguren el equilibrio entre los beneficios económicos que representa el crecimiento de la afluencia de turistas y la reinversión necesaria para garantizar la continuidad del servicio ambiental. Requerimientos de capacidades técnicas y de acompañamiento En cuanto a las capacidades técnicas vemos que la UZACHI por sí misma y a través de ERA y otras instituciones cuenta con un respaldo técnico integral que ha permitido darle soporte al proyecto de gestión integral del territorio. En contraste, el Fondo BioClimático se apoya en una organización altamente especializada, AMBIO, que tuvo que defender su nicho frente las múltiples necesidades de la organización social. En el caso de la Selva del Marinero, la capacidad de los asesores externos es limitada en tiempo y en personal. De hecho, cambios internos de dirección en el PSSM debilitó su capacidad de ofrecer servicios. Y en el caso de Mazunte, Ecosolar se vió necesitado de retirarse frente situaciones complicadas interinstitucionales relacionadas con (a) la fragilidad organizacional y (b) la dificultad de consolidar relaciones de alianza estratégica entre organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, en todos los casos, existen problemas para mantener o generar dentro de las propias comunidades, el personal calificado que requieren los proyectos de PSA. En síntesis, lo importante dentro de un esquema de intermediación como se requiere en PSA son dos aspectos: a) claridad en las funciones que desempeña cada uno de los actores y b) el fortalecimiento organizacional continuo de todas las OSC involucradas. Es necesario promover la creación de instancias de certificación o fortalecer a las ya existentes. Ahí hay que desglozar la función de asistencia técnica y de certificación como tal. Idóneamente estarían cada una a cargo de instancias independientes. En la realidad, se ve que la función de “aval-con-asistencia técnica” es una manera más económica de proceder al inicio. En cuanto a los conflictos de intereses que pueden surgir entre las organizaciones intermediarias y las comunidades u organizaciones campesinas vemos que en Mazunte, Ecosolar se enfrentó a conflictos con las autoridades locales e incluso las estatales por insistir en mantener la orientación ambiental en el proyecto turístico. En la Pajal al inicio hubo conflictos porque la

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organización quería que los técnicos trabajaran en otras líneas además de la CC. En UZACHI es obvio que ERA ha jugado un papel determinante y ha mantenido una larga relación de acompañamiento. En Selva del Marinero, PSSM también juega un papel importante pero al parecer no logra movilizar suficientes recursos y capacidades para darle una mayor viabilidad al proyecto. En todo caso, resaltamos que los conflictos son casi una parte intrínseca de los procesos sociales. El objetivo fundamental aquí es la construcción de alianzas estratégicas entre organizaciones (en particular sociales con civiles). La manera en cómo puede resolverse o más bien manejarse el conflicto es lo que puede darle mayor o menor éxito a una relación duradera entre organizaciones sociales-campesinas y organizaciones técnicas-asesoras (para no hablar de los conflictos internos en ambas). Lo cierto es que la falta de capacidad organizacional pone en riesgo la permanencia del servicio ambiental. Es necesario promover la capacidad organizativa en los proyectos de PSA. Si consideramos a la organización como un factor en el que sí podemos intervenir, tenemos que invertir prioritariamente en ella. (En contraste, se da la suposición de lo que fue la práctica conservacionista durante la segunda mitad del siglo pasado, en la que la población rural es la fuente principal de amenazas a los ecosistemas.) La relación entre la escala de recursos y el nivel de organización nos puede guiar para asegurar que los campesinos sean proveedores de excelencia de servicios ambientales en el futuro. El mercado y otras consideraciones económicas Visto en términos generales, pensamos que la demanda por los servicios ambientales tiende a ser más débil que la potencial de su oferta, actualmente. A pesar de su enorme potencial para crecer – estamos hablando teóricamente de una afirmación radical: la internalización del gasto en capital natural en las cuentas corrientes de la nación y del mundo – sin embargo en este momento es un mercado de nicho, falta mucho para generar la opinión pública en su favor, y el perfil del comprador en este momento es la ecóloga o ecólogo convencido (pensando en sus vacaciones, en su trabajo de ONG o la cooperación internacional, o trabajando a contra-corriente en el gobierno). En cuanto al trabajo fuerte de concientización que se tendría que hacer con los usuarios y potencial compradores, fue revelador el sondeo informal de los diseñadores del PSA en servicios hídricos de la Reserva de El Triunfo en Chiapas. Los beneficiarios del agua reconocieron la precariedad del bien y sin embargo ¡no concedieron la necesidad de la compra del servicio ambiental de su regulación natural! Al mismo tiempo, hay que reconocer también que la oferta de los servicios ambientales, por parte del campesinado, es débil – seguramente cuando medida contra la imaginada demanda potencial significado por la “enverdecimiento” de la economía nacional. No es por falta de acceso a los recursos naturales; al contrario los campesinos son los poseedores predilectos para ofrecer servicios ambientales, ya que la propiedad social mexicana es tan extendida. Los limitantes en su oferta son, mas bien, de orden socio-organizacional. En repetidos casos los proyectos de PSA mostraron problemas estructurales, no tanto de índole tecnológica, sino de índole social. Primero hay que desmentir una tendencia por parte de algunos diseñadores de los proyectos de identificar “la comunidad” como la colectividad natural para prestar los servicios ambientales. Hoy en día las comunidades mexicanas se encuentran en procesos de creciente

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diferenciación – y hasta contradicciones – en lo político partidista, lo religioso, y hasta de clase económica. La solución vista en casi todos los casos presentados, es trabajar con grupos organizados, a nivel local, regional, o más ampliamente, pero no intentar forzar un trabajo colectivo que no fuera basado en la voluntad individual de sus participantes. Aún trabajando con grupos voluntarios de campesinos/as, se nota que abundan problemas organizacionales (de índole perfectamente conocida por las y los promotores de proyectos de desarrollo en general). Como ejemplo fundamental, siempre es difícil definir e implementar las reglas de reparto de ingresos frente a la cantidad y calidad de participación. Los problemas administrativos son también frecuentes y pueden llevar a las organizaciones a la crisis. Los casos señalan que (a) la capacitación y asistencia son capaces de solucionar la mayoría de los problemas organizacionales y (b) el costo de inversión en la capacitación y asistencia técnica es solamente redituable cuando descontado al largo plazo. La construcción de cualquier mercado requiere de atención a los dos factores: la demanda y la oferta. Lo que es más requiere de una estrategia sensible que no permita desajustes mayores; mucha oferta sin demanda desmoralizará a los productores, mientras mucha demanda sin oferta desmoralizará a los compradores. (Como excepción, el café bajo sombra ya está producido de forma masiva en México y cada vez más producido y vendido como café orgánico. Café de sombra es una oferta grande esperando su mercado.) Vimos como una estrategia casi universal el llegar a la organización campesina con una oferta inicial identificada.85 Para poder seguir incentivando a las organizaciones, y masificando la estrategia, se tendrá que prestar mucha atención al fortalecimiento de la demanda. En ese sentido, las estrategias de comercialización son prioritarias en este momento. Aquí vale mencionar en particular la estrategia de combinar los mercados de servicios ambientales con los mercados de comercio justo, solidarios con los campesinos, las campesinas, y los indígenas.86 En la misma lógica, resulta importante conjuntar mercados (a través del “bundling”), actividad que puede resultar más un esfuerzo de comercialización que producción del servicio. Es decir, probablemente al producir un servicio, hay otros que costarían poco añadir, pero significa abrirse a otros compradores potenciales. (La reserva de servicio hídrico, con comprador gubernamental, podría ofrecer ecoturismo, pero únicamente entrando en este mercado.) Hemos visto que el mercadeo de servicios ambientales casi requiere de intermediarios – fuera para hablar con los europeos interesados en CC o con las universitarias interesadas en ecoturismo. Las organizaciones civiles pueden tener una ventaja comparativa como “traductora” entre oferente y comprador – aunque también hemos visto como esta es una función susceptible a mal-entendidos, en parte por sus gastos altos. (Una ONG es cara en comparación con la operación de una organización campesina.) Las bases para la construcción de la alianza estratégica (sin la cual ni tiene validez la intermediación de la organización civil) están exploradas arriba.

85 Sólo UZACHI en su proyecto de CC no respeta esta patrón. 86 Aun así puede ser que el CC-plus mexicano sea más caro que el de Ecuador o de países asiáticos.

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Todos los proyectos que muestran señales de posible éxito cuentan con lazos y alianzas con dependencias gubernamentales o ONGs: ecoturismo en las Reservas, o el servicio hídrico al área natural protegida; captura de carbono dentro de un sistema internacional con participación directa de ONGs, instituciones de investigación, y gobiernos; bioprospección con compradores internacionales trabajando a través de instituciones nacionales. (En el caso del contrato de bioprospección entre UZACHI y Sandox, unos criticaron a los profesionales de ERA haberle metido a la organización en la estrategia y nosotros reconocemos un papel importante en la negociación con la definición de beneficios adicionales a las comunidades y la garantía del manejo de los recursos por los propios propietarios. Pero la importancia de la ONG en la gestión es innegable.) En suma, en esta etapa inicial, y probablemente durante un buen rato, los mercados de PSA requieren de una función fuerte de intermediación. Sabiendo que varias de las estrategias de PSA se insertan en la economía global, ya que obedecen a procesos ambientales globales, sin embargo se ve también como hay mercados locales/nacionales para todas (ecoturismo primeramente, captura de carbono menos). Es, en principio, saludable para la construcción de un proyecto, y en especial cuando se trata de la concientización de los oferentes y los demandantes, de privilegiar los mercados más locales primero, lo más universales después. Por su naturaleza, el control del ciclohídrico es fundamentalmente un mercado nacional o aun regional. (Los compradores potenciales más importantes son la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de Agua.) Con respecto a la venta de servicios hídricos a nivel regional, el empoderamiento de los Consejos de Cuenca y la política de descentralización y devolución de poderes a los gobiernos locales podría crear un contexto benéfico. Por otra parte, claro que existe un mercado nacional importante en el área del ecoturismo también. Se ve muy claramente que los proyectos de PSA no son adecuados para sustituir las actividades económicas de hoy en día – la agricultura, ganadería, artesanía, venta de mano de obra, y demás elementos del conjunto de estrategias del campesinado –. El PSA es correctamente visto dentro de la necesidad de diversificación de estrategias de vida. Resulta una gran oportunidad que la economía campesina abarca de por sí una mezcla de actividades de consumo y mercado, de forma que el acomodo de proyectos de PSA parece resultar fácil y efectivo en ese sentido. Apropiación de PSA Dijimos en un principio que la conciencia respecto PSA, tanto por los de la oferta como por los de la demanda, era una condición necesaria para que los servicios ambientales se metieran en una dinámica de mercado. En el caso de los comparadores, esta conciencia (de por sí intangible) se mide por la demanda, o la voluntad de gastar dinero para su obtención. En el caso de los oferentes, hemos dicho que la conciencia se muestra por su apropiación de las estrategias de PSA, que se muestra en (a) el discurso de las y los campesinos, (b) el nivel de inversión de recursos (dinero, trabajo, etc.) que hacen, y (c) la perduración de sus actividades comprometidas con PSA.

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La valoración económica es parte del trasfondo elemental del concepto de PSA. Claro, el cuidado al bosque, u otro servicio ambiental, se basa perfectamente en los aspectos de la cosmovisión campesina que son profundamente ecológicos. Pero – aquí el salto conceptual requerida para PSA – además los campesinos forman un sector político que revindica su papel de contribuidor a la economía – y su entorno ambiental –, trayendo como consecuencia la demanda para un pago justo por el servicio ambiental que se realiza gracias a las decisiones y actividades de esos campesinos. En cuanto ese pago está reclamado, hay evidencia de la apropiación, también. En realidad la introducción de experiencias de PSA entre el campesinado se ha realizado de forma más dialéctica, en parte promoviendo la reivindicación político-ambiental, y en buena parte presentando la opción de una estrategia especial de desarrollo con la generación de ingresos (en lugar de hacer milpa, guardar bosque; en lugar de vender café, vender café-de-sombra). Una vez entrados en la diferenciación de mercados, y de mercados de productos intangibles, los campesinos (e indígenas, todavía más) tienen legitimidad perfecta para ser oferentes del comercio justo. El traslape entre el comprador ecólogo y el comprador campesino-fílogo produce el comprador de CC-plus, por ejemplo. Al inverso, al forzar la separación del aspecto social y el ambiental, del servicio ambiental-ofrecido-por-campesinos, nos abre una medición de la apropiación campesina de lo ambiental. Esta separación forzada es lo que pasó en el caso de Mazunte. Frente la oportunidad de hacer crecer su turismo-ofrecido-por-campesinos y limitar el mismo en aras de respetar una capacidad de carga ecológica, hicieron crecer su capacidad turística. Concluimos que la apropiación fue insuficiente. En el caso de Ventanilla, tenemos la sensación de que no les ha tocado la prueba todavía, pero que, chance – por ser los manglares menos atractivos que la playa – se den las condiciones básicas para un proyecto ecoturístico más duradero. La Selva del Marinero – con un brazo amarado atrás – nos ofrece, sin embargo, un caso de apropiación básica. Es decir, los campesinos colonos se encuentran dentro de un área protegida, y por lo tanto no tienen la libertad de escoger estrategias no-ecológicas como otros campesinos. Sin embargo el caso nos muestra – y ahora aparentemente con aporte exitoso por parte de la organización civil asociada – como los campesinos (viviendo más a la margen de la economía formal de muchos otros campesinos quienes ya no cazan tanto) analizaron su interés propio en invertir en acciones conservacionistas. De todas formas, el caso nos ofrece una medición básica para la apropiación: el nivel de inversión voluntaria de los ingresos de PSA en la conservación como tal. Decimos “voluntario” porque en la mayoría de las experiencias de PSA esa inversión es sencillamente un requisito del proyecto. El Fondo BioClimático, por ejemplo, está diseñado (de arriba para abajo, si quieren) para tener una inversión adecuada para su sustentabilidad (la tercera parte del pago de CC va a la instancia de asistencia técnica y hay monitoreo para asegurar el servicio ambiental como tal). Posiblemente hubiera sido difícil de proyectar los gastos reales – altos como son – si el proyecto no fuera diseñado por los técnicos. De todas formas, la apropiación ya mejor se mide por otros criterios. En este caso, se dijo que el discurso de los participantes varía mucho; mient ras los dirigentes campesinos manejaba excelentemente el discurso, muchos participantes rasos se quedaron en un discurso netamente economicista. Ahora

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bien, nos enfrentamos a una aparente contradicción: si – como es cierto – la remuneración económica es de una marginalidad mínima para motivar el campesino, y sabiendo en particular que los participantes no viven en la miseria sino son campesinos medianos, ¿porqué ha habido un seguimiento fuerte entre los de las primeras generaciones, y un interés manifiesto, tanto dentro de la organización original (Pajal) como por otras organizaciones en la región, de entrar en el proyecto de CC? Empleando una lupa utilitaria, recuperamos el hecho de que el contexto refuerza la estrategia: para ganar puntos con programas gubernamentales que quieren asociar sus apoyos a acciones conservacionistas, o para calificarse para la certificación de café orgánico, el proyecto de CC les conviene. Pero, el nivel de interés de ingresar en el Fondo BioClimático – la cola de espera que terminó en el establecimiento del Fondo de Reserva – nos habla de un interés más profundo y amplio de lo que el argumento utilitario podría convence. El discurso – por lo menos de los dirigentes – nos da la pauta de que la preocupación por la devastación ecológica ya extendida, y el compromiso por parte de muchos campesinos de mantenerse como tal, en el campo, con los valores de cosmovisión indígena inclusive, están generando una apropiación real entre los ya participantes y otra, incipiente pero real, entre un número mucho más grande de productores. Finalmente, el caso de UZACHI nos ofrece un ejemplo consolidado de proyecto de desarrollo sustentable, diversificado, entre campesinos forestales, donde la organización social, junta con las organizaciones civiles asociadas, han construido un proyecto económico consecuente con la cultura indígena, e inclusive gracias en parte a una lucha de reivindicación de sus derechos sobre los recursos naturales (el recursos maderero que se había concesionado a compañías forestales). Estas son, sin duda, las condiciones idóneas para la apropiación de PSA, como el estudio de caso mismo adjudica. En relación a la apropiación de los procesos por parte de las comunidades involucradas surge la pregunta de ¿Hasta qué punto existe el riesgo que las organizaciones gestoras sobredeterminen o sobreconduzcan los procesos y que ello se convierta en factor de insostenibilidad de las iniciativas? En el mismo caso de UZACHI – probablemente donde prevalecen las relaciones más horizontales al respecto – se menciona que, para algunos comuneros, los proyectos no-maderables han sido “poco entendidos” y como el presupuesto no permite una labor más de difusión y consenso, la estrategia ha sido dedicar el mayor esfuerzo a demostrar en la práctica que los proyectos son rentables. Creemos que ese es el caso para todas las experiencias estudiadas. Es necesario recalcar (a diferencia de otros proyectos de desarrollo) que en los esquemas de PSA, al no estar suficientemente apropiados y, por consecuencia, abandonados, no cumplen siquiera con requisitos mínimos para su validez. Es decir por ejemplo, la plantación forestal convertida en pasteo – aunque los campesinos recibieran su pago preliminar – no capturó carbono. Argumenta por la necesidad de invertir fuerte y prioritariamente en el fortalecimiento organizacional de las organizaciones sociales y las civiles asociadas con las primeras. Marco jurídico y políticas

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Hemos visto como el contexto político gubernamental atraviesa todo lo de las experiencias de PSA. Aunque pudiera aparecer contradictorio, la enormidad del aparato, la diversidad resultante de su larga trayectoria como agente corporativista par excellence, y ahora la particularidad de estar en una especie de transición, son factores que combinan para construir la realidad siguiente: (1) el gobierno no tiene compromiso importante político con el PSA, ni en su aspecto ecológico-económico ni en su aspecto de apoyo al campesinado y, sin embargo, (2) hay un marco legal e institucional que está permitiendo y hasta promoviendo experiencias de PSA. Lo más relevante en ese segundo sentido es el papel que han jugado algunos programas gubernamentales de subsidio que actúan en el campo como el PRONARE, Empleo Rural, PRODEFOR, en la etapa de arranque de los proyectos de PSA. Los subsidios transferidos a través de pagar los jornales, o el proveer de planta y alambre en las reforestaciones han sido importantes para el proyecto de CC del Fondo BioClimático (para no hablar de la ratificación del Protocolo de Kioto). El marco regulatorio ha sido importante para establecer las condiciones que en varios de los casos desencadenan las iniciativas. La intervención de SEMARNAP para establecer la veda de la tortuga, da pie al desarrollo de la experiencia de ecoturismo en Mazunte y Ventanilla. El decreto de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas favoreció el lanzamiento del proyecto de ecoturismo en la Selva del Marinero. La Ley Forestal de 1986 facilitó la apropiación de los bosques a las comunidades serranas en Oaxaca y la integración de los múltiples servicios ambientales del bosque en el esquema que han desarrollado en UZACHI. Los gobiernos locales han tenido en los casos estudiados un papel más importante ya que, como la mayoría de las acciones que se han desarrollado en comunidades, las autoridades locales han participado activamente en impulsar los proyectos de PSA tanto en la Sierra de los Tuxtlas como en la costa de Oaxaca. El proceso de descentralización que está viviendo el país, y el hecho de que los municipios ya tengan un mayor margen de toma de decisiones sobre el uso presupuestal, hace pensar que tendrán un mayor peso positivo o negativo para definir el rumbo que puedan seguir los proyectos de PSA. Los gobiernos municipales con iniciativa podrán jugar un papel muy importante en la consecución de fondos y en la venta y compra de los servicios ambientales que se produzcan en su jurisdicción, en particular en relación al mercado de agua, los gobiernos municipales pueden jugar un papel muy importante. Por el otro lado, en el caso del ecoturismo en Mazunte, el gobierno del estado al parecer más bien obstaculizó el proceso en varios momentos, pues no se comprendía la dimensión ambiental del turismo y se impulsaba un desarrollo convencional. También identificamos la falta de claridad y las lagunas existentes en el marco jurídico respecto a los derechos de propiedad en el tema de bioprospección han incidido en parte en la agudización de la polémica que se está dando a nivel nacional. Esto ha contribuido al ataque que han sufrido las comunidades de la UZACHI por parte de diversas personas y organizaciones civiles y sociales. La regulación sobre el acceso a los recursos biológicos y genéticos es algo que todavía está en discusión.

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El papel que el Estado debe jugar en la valoración económica de los bienes y servicios ambientales también está en plena discusión. Hay quienes piensan que su papel debe ser sólo de regulación y la operación dejarse en manos del mercado privado.87 Otras visiones están a favor de que el Estado juegue un papel más protagónico y genere esquemas de incentivos que den mayor reconocimiento y valor a los servicios ambientales y participe como uno de los principales compradores de estos servicios. “El papel de la regulación tiene dos vertientes: (a) corrección, y (b) establecimiento de un marco institucional para derecho, transferencias y operación de los mercados. Sin estos, la evolución de los servicios ambientales se mantiene marginal.”88 La SEMARNAT se ha declarado a favor del enfoque de PSA y la recientemente abierta Dirección General de Investigaciones en Políticas y Economía Ambientales puede ser una buena señal de que se está tomando en serio el asunto. Están trabajando en modificar a mediano plazo el marco jurídico y fiscal para favorecer una estrategia nacional de PSA, prioritariamente en áreas naturales protegidas, y por el momento se encuentran en una primera fase de investigación y de aplicación a nivel de programas piloto para desarrollar el esquema.89 Vemos que será difícil que el gobierno avance más allá de un compromiso provisional y limitado a la promoción de experiencias piloto. Más factible es imaginar posturas más claras y más concensadas por las organizaciones de la sociedad civil. Claro, el PSA sigue siendo controvertido. Varias organizaciones ecologistas – y en alianza con las organizaciones indígenas y/o indigenistas – se oponen a la economización del ambiente, ven con sospecha, o rechazan energéticamente, estrategias de PSA. Otras organizaciones civiles y otras dentro del movimiento campesino (definido de forma más clasista) perciben beneficios mayores en las estrategias de PSA. Falta – urgentemente – entablar un debate y posiblemente arribar a consensos entre estos actores. En el esfuerzo por entender el espacio que PSA ocupa en la política y práctica mexicanas, es importante rescatar varios elementos: las estrategias de PSA (a) están parcialmente consagradas en tratados y procesos políticos-económicos internacionales, (b) comparten premisas con las políticas rectoras mexicanas de la privatización y descentralización de funciones públicas y terminando con subsidios y tutelaje hacia el sector campesino, (c) pueden encontrar eco como una nueva visión del campesino como custodio de los recursos naturales, pero (d) también puede encontrar un rechazo por imponer la mercantilización sobre conceptos (i) del campesinado como actores económicos no-capitalistas y (ii) del gobierno como responsable del cuidado de la naturaleza como recurso de la nación.

87 “El papel del gobierno debería ser minimizado a largo plazo, actuando principalmente como un catalizador y un ajustador de las reglas del juego.” Plan Estratégico Forestal para México 2025, Propuestas de Estrategia para el Desarrollo Sustentable del Sector Forestal; 12 de febrero de 2001 88 Op cit. Pag. 89 Entrevista con José Carlos Fernández director de la Dirección de Economía Ambiental y con Carlos Muñoz Director General de Investigaciones en Políticas y Economía Ambiental.

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6. Conclusiones y Recomendaciones A partir de los casos analizados, nos parece valioso elaborar un argumento en positivo visualizando cómo el PSA pudiera convertirse en un mecanismo de fortalecimiento de la economía campesina a partir del manejo sustentable de sus recursos naturales (siempre y cuando se tomen en cuenta y se respeten las diversas condiciones en las que viven los campesinos).90 Los casos aquí presentados nos dejan vislumbrar oportunidades interesantes así como riesgos y retos fuertes que deben superarse para poder aplicar masivamente una estrategia de PSA en zonas campesinas mexicanas. El antecedente intelectual de PSA proviene de la necesidad de aplicar una lógica económica, internalizando los costos de las emisiones de contaminantes a la atmósfera y agua. Esta lógica de la internalización de los costos ecológicos se potencia, en forma positiva, reconociendo la contribución retribuible de los recursos naturales ecológicamente manejados por las y los campesinos. Evidentemente, en la medida en que las poblaciones campesinas reciban beneficios de los recursos naturales que están en sus territorios, los cuidarán de manera sustentable.

Los casos estudiados sugieren que estos esquemas de PSA pueden brindar beneficios como los siguientes:

?? Generar entre las poblaciones campesinas alternativas económicas complementarias, y empoderarlas, reconociendo un valor agregado al trabajo realizado por ellas a favor de la conservación del ambiente,

?? Favorecer las articulaciones entre distintos actores: productores, asesores técnicos, promotores y gestores de fondos, certificadores, e instancias de investigación,

?? Incorporar a los productores al manejo de tecnologías de punta en el manejo de los recursos naturales, inclusive para promover en cambio de uso de suelo de la agricultura hacia la forestería, en condiciones ecológicamente frágiles,

?? Posibilitar estrategias nuevas especializadas de ventas a nivel nacional e internacional.

Por el otro lado, los casos hablan de retos y riesgos asociados al PSA, en particular porque es una estrategia del desarrollo que logra tener sentido sólo a largo plazo. Mencionamos:

?? La inseguridad e inestabilidad de los mercados,

?? La necesidad de entrar en cadenas de intermediación, siempre frágiles y en especial cuando se tratan de mercados internacionales,

?? Costos de transacción altos (en comparación con extensiones grandes de dueños únicos). Profundizamos sobre la cadena de intermediación. Las funciones “intermediarias” son dos: para acercar oferentes con compradores (comercialización) y para agregar el valor de confianza en la calidad del producto (certificación). Las dos funciones suelen llevarse a cabo por instituciones

90 Con esto queremos, una vez más, reconocer la validez intelectual de la crítica de fondo, mientras asumimos la tarea de imaginar en positivo el PSA, hacia una confrontación de beneficio mutuo de las dos ópticas.

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profesionales (ONGs y posiblemente dependencias gubernamentales), con gastos de operación (en especial salarios) más altos que reciben los campesinos, reproduciendo una situación de alianza-con-tensión. Es una situación manejable (es familiar entre organizaciones sociales y organizaciones civiles) pero introduce un aspecto de inestabilidad inevitable – o un costo adicional, en términos economicistas. Hay que mencionar otro condicionante que dificulta la introducción de PSA, aumentando el riesgo y el costo para las organizaciones campesinas en este momento. PSA requiere de un contexto propicio político para hacerse efectivo, y ese contexto político está por construirse todavía. Pongamos el caso de captura de carbono, que depende del Protocolo de Kioto para generar los mercados, y vemos como el cambio de administración del gobierno norteamericano modifica, al cuarto para las doce, las perspectivas para la construcción de este mercado. Pero, también se ha visto que la política nacional es un gran variable en los ejercicios de imaginar PSA como una estrategia importante para el sector campesino. ¿La Comisión Federal de Electricidad realmente pagará el servicio ambiental a que depende para sus presas? La secretaria de agricultura privilegiará el sector forestal más, el agropecuario menos? ¿El sector privado llegará a valer el pago de servicios ambientales? Para hacer realidad un contexto propicio para PSA está implicado un proceso político fuerte (con costos de inversión altos). Aunque hiciera entrar en costos más elevados de transacción, es importante desarrollar maneras de trabajar con campesinos en zonas alejadas, y primordialmente agrícolas, ya que en estas regiones es donde mayor necesidad hay de ingresos económicos y donde se provoca mayor impacto en los recursos naturales. De hecho en una política integral hacia el campo mexicano, sería factible pensar que se incorporaran esquemas de apoyo a PSA junto a otros programas. El PSA estaría comprendido como un instrumento de doble vía hacia el campo: (a) favorecedor de ingresos complementarios de la economía campesina y (b) conservador los recursos naturales. Así debiera ser claramente identificada por las distintas instancias que intervienen en las políticas gubernamentales: SAGARPA; (agricultura), SEMARNAT (medio ambiente); SEDESO (desarrollo social), el INI (pueblos indios), y otras dependencias asociadas al campo. Suponiendo un contexto político más propicio, las estrategias de PSA se sientan sobre el mercado. Las experiencias mexicanas hablan de una evolución del diseño, donde el PSA busca reforzarse combinándose con el comercio justo (como el concepto de captura de carbono-plus). Es convertir lo que era un gasto no-remunerado (recrear la cultura campesina e indígena) en un valor agregado, o sobreprecio – aunque en un mercado de nicho. El tema es qué tan grande se puede hacer ese nicho, sabiendo pues que más módico el sobreprecio, más amplio el mercado nicho. Aquí está implicado, primero, una negociación social para entender cuánto el campesinado requiere para entrar en el mercado como oferente del servicios91, y segundo, está implicado un cálculo estratégico de cuánto se invierte en la concientización del público y consecuente ampliación de la demanda, versus cuánto se invierte en incidencia en política pública hacia la contribución al sobreprecio a través de programas gubernamentales.

91 Aquí nos pronunciamos, no por un cálculo de curva de oferta definido por cuánto de precio motiva cuánto de producción del servicio, sino por un cálculo de cuánto el servicio, totalmente internalizado, significa en costos reducidos a la economía en general. Para comparar los dos cálculos: (a) un sobreprecio X significa la entrada en el mercado de X campesinos, versus (b) un servicio X significa ahorrar gastos X que de otra forma se tendría que hacer.

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Un riesgo, poco contemplado, es el éxito. Se vio como el aspecto turístico puede ganarle al ecológico en el caso del eco-turismo. La “satisfacción” de que el esquema simplemente turístico no sea sustentable no puede satisfacer a nadie. Como posible solución, el trabajo dirigido a la apropiación de PSA, con sus valores profundos, se puede aumentar. Otra posibilidad para contrarrestar esta tendencia sería identificar a los otros beneficiarios del ecoturismo (además de los turistas), para que éstos destinaran parte de sus ganancias a la reinversión en el ambiente. Una consideración fundamental tiene que ver con los aspectos de la propiedad de los recursos naturales donde se producen los servicios ambientales. Hay un gran debate subyacente con respecto a la privatización de la propiedad social (favorecida por los neo- liberales en el poder) y el mantenimiento de la propiedad social (favorecido por la enorme mayoría de campesinos y muchas organizaciones de la sociedad civil asociadas al campesinado). Con una estipulación importante – que estamos hablando de experiencias demasiado jóvenes para saber muchas cosas – los estudios de caso nos mantienen en el agnosticismo respecto ese gran debate. Los casos (UZACHI vs. Fondo Bio-Climático, en particular) muestran como – tanto en regiones donde la propiedad y el control comunitario prevalece, como en aquellas donde predominan la pequeña parcela familiar – es posible echar a andar estrategias de PSA para el beneficio de los campesinos y de los recursos naturales. Mas bien, la conclusión implícita aquí es que PSA, sí, necesita construirse sobre bases sólidas: es decir, con organizaciones (tanto sociales como civiles) eficientes, capaces de enfrentar crisis y sobrevivir, ¡consolidadas! Contar con la capacidad de incrementar la producción de los servicios, tanto como la demanda por ellos, contando con la fuerza de incidencia en políticas públicas que merecen el sector campesino y los representantes del interés ecológico, son condiciones básicas para la extensión de las estrategias de PSA.

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Entrevistas Alanís, Gustavo; director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); julio de 2000. Barry, Deborah; responsable del programa de medio ambiente, la Fundación Ford; julio de 2000. Castillo, Miguel, investigador de ECOSUR; 26 de junio de 2000. Chapela, Francisco, director de Estudios Rurales y Asesoría Campesina (ERA); De Ita, Ana; directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (CECCAM); junio de 2000. Gómez-Pompa, Arturo y Andrea Kaus; “From pre-Hispanic to future conservation alternatives: Lessons from Mexico”; presentado en Beckman Center de Irvine, California; 1998. Hernández, Dr. Ricardo; Especialista Ambiental en el Banco Mundial en México; 11 de julio de 2000. Mader, Ron; experto en ecoturismo; http://www2.planeta.com. Madrid, Sergio; Director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; 31 de mayo de 2000. Marielle, Catherine, Grupo de Estudios Ambientales (GEA); julio de 2000. Martínez, Anabel; Departamento de Instrumentos del Mercado, INE-SEMARNAP; 11 de julio de 2000.

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Martínez, Julia; Directora de Cambio Climático Global, Instituto Nacional de Ecología, SEMARNAP; 11 de julio de 2000. Meneses, Luis; Diputado nacional y miembro de UNORCA; julio de 2000. Ortíz Monasterio, Fernando; julio de 2000. Ruge, Tiahoga; Directora del Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamerica (CICEANA); julio de 2000. Santiago, José Antonio; investigador de ECOSUR; (entrevistado por David Wilsey); julio de 2000. Szekeley, Alberto; abogado experto en temas de ecología; 16 de julio de 2000. Ticehurst, Simon; Oxfam-Gran Bretaña; 9 de agosto de 2000.

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ANEXOS

Anexo I: Nota Metodológica Participamos mucha gente en una especie de reflexión socializada sobre el tema de Pago por Servicios Ambientales en México, gracias a la invitación y contratación que el Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA) nos hizo para elaborar un informe acerca del “contexto particular del tema PSA” en México. Esto proyecto fue patrocinado por la Fundación Ford. La coordinación de proyecto y la elaboración final del documento la hizo John Burstein, quien asume la responsabilidad por los errores, sin quitar los enormes aportes de ideas, y de textos completos, incorporados en este ensayo. En un primer momento, Elvia Quintanar, Pablo Muench (experto ecologista y anteriormente responsable estatal de SEMARNAP en Chiapas) y John Burstein hicieron un esfuerzo de conceptualización del tema, basada en los Términos de Referencia de PRISMA. Muench procedió a elaborar un documento básico sobre el PSA en México, que sirvió de base de discusión en un taller de un día con más de una docena de expertos, principalmente del sector público, que logró profundizar en la definición del tema y ejemplificar esfuerzos de PSA, particularmente en el estado de Chiapas. (Ver Anexo III.) Siendo el Fondo BioClimático/Scolel Té una experiencia avanzada en el área innovadora de captura de carbono, comisionamos un ensayo por parte del equipo del Fondo, Adalberto Várgas y Elsa Esquivel, sobre la experiencia, y sus saldos socio-económicos. Ese texto está incorporado al presente estudio, en el capítulo sobre PSA. Conscientes de la necesidad de ubicar PSA dentro del complicado marco legal y político mexicanos, Gonzalo Chapela y Mendoza (experto en el área forestal y anteriormente responsable del área de suelos en SEMARNAP) hizo un ensayo sobre lo mismo, que es la base para la Parte I, sobre el marco general. Siendo un tema técnico en el área gris entre la ecología y la economía, requirió de una investigación de mucha imaginación para identificar los materiales académicos relevantes, hecha por David Wilsey, de la Universidad de Minnesota.92 Wilsey orientó mucho al autor principal en distintos momentos de conceptualización del tema, y la sección sobre biodiversidad es en particular de la co-autoría de Wilsey. John Burstein se encargó de entrevis tarse con distintos expertos y líderes de organizaciones civiles y sociales, del gobierno mexicano, de la banca multilateral, y de investigadores. (Ver lista de entrevistados en la Bibliografía.) Para los estudios de caso se diseñó una guía de sistematización y análisis de la información. Cada equipo trabajó con un actor interno o participante del proceso específico y un analista externo de tal manera que el análisis tuviera la objetividad necesaria. Asimismo, se incluyó una

92 Wilsey fue becario de la Fundación MacArthur.

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revisión de información documental y visitas in situ a cada uno de los procesos en donde se entrevistaron a diversos actores. Se conjuntó un equipo de expertos, diverso e interdisciplinario, que permitiera realizar los estudios de caso y al mismo tiempo analizar los resultados para formular las conclusiones y recomendaciones pertinentes. John Burstein fungió como el coordinador de todo el equipo. Se incluyeron 2 o 3 personas por equipo de caso. Los autores de los casos fueron: para el caso de captura de carbono en Chiapas Alberto Vargas, John Burstein y Guillermo Jiménez; para los casos de Ecoturismo en Oaxaca costa y Veracruz fueron Luisa Paré y Héctor Marcelli; en el caso de UZACHI, en la sierra de Oaxaca fueron Martha Miranda y Francisco Chapela. Se incluyen también elementos de análisis en materia de políticas públicas que debieran existir para fomentar esta actividad desde la experiencia de Jasmín Aguilar y a partir de entrevistas a diferentes actores involucrados en la definición de políticas públicas en México. Se previó también un equipo redactor del documento final de tres personas: Jasmín Aguilar, John Burstein y Emilienne de León. En el ecoturismo el estudio incluye dos casos: uno en Mazunte - Ventanilla, Oax. y el otro en la Sierra de Santa Martha en la reserva de Los Tuxtlas, (Selva del Marinero) en el ejido López Mateos, Ver. En este caso, como parte de la metodología se incluyó el intercambio entre los socios de los proyectos de ecoturismo de ambas regiones y la visita de los campesinos de López Mateos a Mazunte, con el acompañamiento de Luisa Paré y Héctor Marcelli. Se elaboraron documentos de caso en primera versión, mismos que fueron presentados y analizados en una reunión de trabajo conjunto (equipos de caso de Fondo BioClimático y Ecoturismo y equipo redactor), llegando a un análisis preliminar sobre los resultados previsibles en cada caso. Las dudas o comentarios que surgieron en la reunión se retomaron por los equipos de caso, se integraron a los documentos y se enviaron al equipo redactor para la versión final. La versión preliminar se envió tanto a los equipos de trabajo de cada caso como a PRISMA para su revisión, comentarios y sugerencias. Agradecemos los aporte y queremos señalar que en esta versión final hemos incorporado los diversos comentarios enviados por los investigadores y en el capítulo de análisis integramos particularmente los comentarios y las preguntas que PRISMA nos hizo llegar por considerar que enriquecían la discusión y análisis sobre la temática de PSA. Cecilia Vázquez, Juan Ojeda, y Beatríz Fernández mejoraron el texto mucho con una corrección (parcial) del estilo.93

93 Colaboradores de FORO para el Desarrollo Sustentable, A.C. fueron: John Burstein, Elvia Quintanar, Celia Vázquez, y Juan Ojeda. Comunicación con FORO es a través del correo-electrónico: [email protected].

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Anexo II. Tablas de las dependencias más importantes para la política ambiental

Dependencia Características Comentarios/Efecto Ambiental SEMARNAP desde 2001, SEMARNAT) Dirección Forestal Dirección de Suelos Dirección General de Reforestación

Desarrollo regional con enfoque ambiental Dir. Forestal: incluye aprovechamiento no-maderable

incluye la gestión de los recursos naturales, en particular la conservación de suelos, la reforestación y la gestión de los aprovechamientos forestales no maderables en las zonas áridas

Subdirección General de Consejos de Cuenca, Comisión Nacional del Agua.

Formación y apoyo a consejos ciudadanos de cuencas

Introducen consciencia de limitaciones del recursohídricoe instrumentos ambientales para su cuidado

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

Estudio del conocimiento y usos de la biodiversidad; pequeños apoyos a proyectos piloto de aprovechamiento

Incluye atención a la Convención de Biodiversidad

Dirección General de Vida Silvestre, (Instituto Nacional de Ecología, INE)

Gestión del aprovechamiento mediante las Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMA)

Ofrece servicios a comunidades campesinas comprometidas con la biodiversidad, incluyendo el cuidado sustentable y venta de especies

Dirección General de Areas Naturales Protegidas, INE

Atención a bioreservas y otras áreas protegidas

Un poco más de 1% del territorio está ya protegido; las Areas (ANP) reconocen derechos limitados de habitantes pre-existentes

Alianza para el Campo

Empleo, Equipamiento, establecimiento de praderas, mecanización; Fondos aplicados por reembolso

Difícil acceso a los productores pobres y los habitantes de las áreas marginadas con mayor importancia ambiental.

PROCEDE Certificación de parcelas y solares para mayor

En la mayoría de los casos, un mayor sentido de responsabilidad sobre la tierra; en otros casos, concentración,

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certidumbre y responsabilidad patrimonial

que permite resolver limitaciones de escala y viabilidad; inducción de desmontes, especialmente en el Sureste.

PRONARE (Programa Nacional de Reforestación)

Reforestación: producción de plantaciones principalmente y apoyo a campesinos94

Proporciona plantas, financia aspectos de la revegetación. Criterios de focalización a veces restringe la participación social.

Dependencia Características Comentarios/Efecto Ambiental

BANRURAL, FOCIR (apoyo a exportación)

El crédito prácticamente es inexistente desde 1995 y no se diferencian la banca comercial de la de fomento. Se han desatendido las iniciativas de financiamiento comunitario.

Escasez de recursos financieros para el desarrollo de actividades productivas sustentables.

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAGAR, ahora SAGARPA)

Financiar y promover prácticas y obras de conservación

Ibid.

SINDER Fondos para contratación de técnicos empadronados.

Existen deficiencias en la preparación de los técnicos en una orientación sustentable

Dependencia Características Comentarios/Efecto Ambiental

PROCAMPO Es el instrumento de apoyo al campesinado con la mayor cobertura. Ofrece pago directo acordado en US$100 de 1993 por ha, que en 2000 valen aprox. US$80

Después de presionar el avance de la frontera agrícola al momento de la confección del padrón de usuarios, se ha estabilizado o aún tiende a la baja. Una regla obliga a los productores a mantener roturada su tierra. Pero un “Procampo-Ecológico” pretende remediar en parte el sesgo anti-conservacionista.

94 Puede que hasta el 35% del Programa se absorbe por la Secretaría de Defensa.

94

PRODEFOR Apoyos para realizar los estudios requeridos para la obtención de permisos de aprovechamiento.

Incorpora a esquemas rentables y legales, superficies arboladas.

PROCYMAF

(Prog. de Conservación y Manejo Forestal)

Dar asesoría y ayuda económica para planes de manejo forestal y estudios de mercado para productos no-maderables (incluyendo ecoturismo, hongos, etc.)

Promueve participación local y regional, incluyendo coordinación con las instancias de planeación del desarrollo municipales

PRODEPLAN Reembolsos para plantaciones comerciales con una bolsa mayor específica para producción celulósica y otra para otros fines.

La complejidad de las gestiones, diseñadas para grandes operaciones, restringe el acceso a pequeños propietarios.

(Fuente: Chapela, G.; 1998) *

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Anexo III: Taller de Experiencias en Chiapas Tuxtla Gutiérrez, Chis. Junio 23 de 2000. DEFINICION CONCEPTUAL A partir de la definición propuesta por los organizadores del taller (FORO A.C.) la reunión procedió a discutir el concepto de Servicio Ambiental proporcionando las siguientes definiciones: ?? Servicio Ambiental es el beneficio tangible o intangible que los ecosistemas y sus procesos

esenciales aportan como condición indispensable para la subsistencia humana y las actividades de desarrollo.

?? Son acciones realizadas por la naturaleza y/o el hombre que estabilizan o mejoran las condiciones del medio ambiente a fin de garantizar la existencia de la vida sobre el planeta.

?? Son todos aquellos productos que se obtienen a través de los recursos naturales para satisfacer las necesidades humanas en su reproducción social.

?? Aquella actividad del hombre o la naturaleza que produce un acto u objeto que puede ser económico o ambiental y que no implica una satisfacción o utilidad de manera tangible; ejemplo: el bosque produce aire que todos respiramos.

?? Es el conjunto de elementos naturales que por sus funciones mantienen y proveen el mejoramiento del desarrollo humano.

?? Son los procesos naturales (Ecológicos) que las sociedades aprovechan para su existencia y su desarrollo y que tradicionalmente no han sido considerados insumos en la perspectiva económica (agua, oxígeno, paisaje, biodiversidad, estabilidad climática).

?? Una actividad que resulta en una mejora en la calidad y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (agua y aire en particular) y la biodiversidad.

?? Es el resultado productivo de un ecosistema, mediante bienes y servicios que contribuirán a mejorar los niveles de vida de la población o simplemente a obtener espacios de esparcimiento dados por el paisaje.

?? La flora, fauna, el suelo, agua, el aire, etc., son recursos naturales que la naturaleza provee gratuitamente al hombre y la existencia de estos elementos mantienen el equilibrio ecológico del planeta y por ende aseguran la sobrevivencia del mismo. Esto entonces puede ser el servicio ambiental.

?? Son las acciones o proyectos encaminados a la conservación de los recursos naturales. ?? Mantenimiento de calidad o bienestar a través de los recursos naturales. ?? Es el objeto natural que tiene la suficiente capacidad para hacer sujeto de conservación

mediante el uso adecuado del mismo, a través de proyectos y acciones sustentables. ?? El uso permanente de una cualidad ambiental (originada a través de procesos naturales)

indispensable para el bienestar humano. Del análisis de estas aportaciones, la plenaria consideró que la definición debe ser construida y precisada a partir de las aportaciones individuales, identificando las palabras claves en cada una de ellas y tomando como base las primeras tres.

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En seguida se procedió a la definición conceptual de Pago Por Servicios Ambientales: Es la retribución por la mitigación del deterioro, restauración y/o incremento consciente de los procesos ecológicos esenciales tangibles o intangibles que mantienen las actividades humanas a través de la producción de alimentos, la salud humana, la generación de energía eléctrica, el mantenimiento de germoplasma con uso potencial para el beneficio humano, el mantenimiento de valores estéticos y filosóficos, la estabilidad climática, la generación de nutrientes y en general el aprovechamiento de los recursos naturales. 1. IDENTIFICACION DE LOS ACTORES, SECTORES Y MECANISMOS

INVOLUCRADOS EN LA DISCUSION Y EXPERIENCIAS DEL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES.

Se identificaron tres actores básicos: ?? El Beneficiario o Usuario del servicio ambiental; en particular se puede identificar al

comprador o quien paga por el servicio ambiental. ?? El usufructuario de la superficie o territorio donde se genera el servicio; este también se

puede identificar como el vendedor o Proveedor del servicio ambiental. ?? El tercer actor corresponde a los diferentes tipos de Gestores del proceso de pago por

servicios ambientales. Tipos de Beneficiarios: ?? El comprador directo ?? El comprador indirecto (contribuyente) ?? El beneficiario local ?? El beneficiario global En cuanto a los tipos de gestores, se propusieron los siguientes: ?? Evaluadores del bien y servicio proporcionado. ?? Los gestores que se encargan de la certificación y/o monitoreo de la producción del servicio. ?? Los administradores del proceso PSA. ?? Los gestores del proceso de intercambio entre beneficiarios y usufructuarios o proveedores. ?? Los gestores encargados de establecer los mecanismos y normas que regulen el proceso. Para precisar la caracterización de los actores involucrados en el PSA, la plenaria acordó proceder al análisis de dos experiencias en Chiapas, como ejemplos del proceso. EJEMPLO 1: Reserva de la Biósfera el Triunfo. Es una experiencia que se encuentra en la fase de elaboración del proyecto, en particular en la valoración del bien y del servicio ambiental.

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Servicio Ambiental: Agua; Recursos hidrológicos. Los responsables del Proyecto aclaran que en la actualidad no existe ningún pago por el servicio de uso del agua y no existe ninguna reglamentación al respecto. En cuanto a los actores involucrados en el proceso de identificaron los siguientes: Beneficiarios: ?? La población que realiza el consumo doméstico del agua. ?? Los agricultores y ganaderos ?? Los pescadores ?? Los usuarios de la energía eléctrica generada por las presas hidroeléctricas. ?? Las áreas naturales en la cuenca aguas abajo. Proveedores: ?? La Reserva de la Biosfera El Triunfo, representada por la administración de la misma

(Dirección; Comisión Nacional de Areas Protegidas CONAP) y usufructuaria de los terrenos nacionales dentro de la reserva.

?? Los propietarios privados. ?? Los ejidatarios. Gestores. ?? La Dirección de la Reserva (CONAP), el Instituto de Historia Natural (IHN) y el Instituto

Nacional de Ecología (INE), como promotores del Proyecto y responsables del estudio de Valorización del Recurso y de los mecanismos de PSA.

?? La Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el primero como administrador del recurso y el segundo como usuario intermedio y productor de energía hidroeléctrica.

?? El Consejo de Cuenca; organismo de la sociedad civil con intervención del sector público, asesor en la regulación, control y administración del recurso.

?? Los Sistemas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), administradores e intermediarios del servicio de agua para consumo doméstico.

?? El distrito de riego, organismo administrador del agua para uso agropecuario. ?? El gobierno del estado. Es necesario hacer notar que existe un problema legal en torno al pago del agua en el uso agropecuario y pesquero ya que este sector está legalmente exento del pago de contribuciones. Mecanismos o instrumentos. Los responsables del proyecto aclaran que no se ha definido un mecanismo o instrumento para realizar el PSA, sin embargo opinan que la mejor alternativa puede ser la creación de un

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fideicomiso privado para apoyar las actividades de gestión del agua en la reserva, con aportaciones voluntarias y obligatorias. EJEMPLO 2: Scolel Té Consiste en un proyecto piloto de pago por Secuestro o captura de Carbono que se encuentra en el tercer año de operación y ha sido pionero del tema en Chiapas y México. Servicio Ambiental: Captura de CO2 El representante del proyecto aclara que esta experiencia se ha conocido con tres denominaciones: ?? Scolel Té; corresponde al proyecto piloto de la organización Pajal YaKaltik ?? Fondo bioclimático; es el fideicomiso administrador del recurso captado por la venta del

servicio ambiental; en el participan tres organizaciones Scolel Té; UREAFA y CODESSMAC. Este es la denominación mas adecuada para esta experiencia.

?? AMBIO; corresponde al equipo gestor del proyecto en los aspectos técnicos, de investigación y de ventas del servicio.

En cuanto a los actores identificados se tienen: Beneficiarios o Usuarios del Servicio: FIA (Federación Internacional de Automovilismo) pagan 12.00 Dólares la tonelada de CO2 capturado y han calculado que su emisión global anual es de 5,500 Ton. Proveedores del servicio: Las comunidades o ejidos que participan en Scolel Té Gestores AMBIO; ECOSUR; Universidad de Edimburgo (ECCM). Es el equipo técnico de investigación y agente de ventas del servicio. INE financió el estudio de factibilidad El mecanismo o instrumento para realizar el PSA es un fideicomiso conocido como Fondo Bioclimático donde el fideicomitente es la FIA, lo fideicomisarios son los productores agropecuarios de México que quieran participar en el proyecto y el fiduciario es el BANRURAL. El comité técnico del fideicomiso se encuentra en proceso de reestructuración y estará integrado por representantes de los productores, de los industriales y de los investigadores. El marco normativo del proyecto se encuentra en proceso de elaboración y en general corresponde al Mecanismo del Desarrollo Limpio (MDL) que a nivel internacional normará estas actividades.

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El proyecto consiste en la captura de CO2 a través del establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales y agroforestales, con una capacidad de captura de 3 a 7 toneladas por hectárea por año, lo que resulta en un pago promedio de 40 Dólares por hectárea por año, durante un período de 20 años. IDENTIFICACION DE LOS TIPOS DE SERVICIOS AMBIENTALES VIABLES DE PAGO EN CHIAPAS. ?? CO2

?? Secuestro ?? Mantenimiento (conservación de áreas forestales)

?? Agua

?? Consumo directo (doméstico, agropecuario, industrial) ?? Agua y nutrientes para las pesquerías ?? Control de avenidas y prevención de desastres ?? Uso recreativo ?? Generación de energía eléctrica ?? Áreas naturales

?? Biodiversidad; Conservación del acervo genético o acceso a germoplasma.

?? Acervo genético de uso potencial ?? Acervo genético de uso actual ?? Conservación de ecosistemas especiales ?? Conservación de especies clave ?? Conservación de habitat para especies migratorias

?? Belleza escénica

?? Valor estético ?? Valor cultural ?? Valor filosófico

?? Suelos

?? Control de asolves ?? Combate a la desertificación 4.- IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA EL PSA EN CHIAPAS. La plenaria identificó los siguientes mecanismos o instrumentos para el PSA, viables de instrumentar o promover en Chiapas: ?? Fideicomiso; privados o públicos. ?? Arrendamiento de terrenos ejidales.

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?? Servidumbre ecológica. ?? Estímulos fiscales. (se mencionan aquellos vigentes para la industria).

?? Depreciación acelerada ?? Arancel cero

?? Exención de pago de impuestos ?? Subsidios ?? Acuerdos de conservación ?? Concesiones de bienes nacionales

?? Compra de derechos de uso 5.- IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE FOMENTAN SERVICIOS AMBIENTALES. ?? PRONARE. Programa Nacional de Reforestación. SEMARNAP ?? PRODEFOR. Programa de Desarrollo Forestal. SEMARNAP ?? PRODEPLAN. Programa de Plantaciones Forestales y Agroforestales SEMARNAP ?? PROCAMPO Ecológico. SAGAR. Estos programas institucionales han tenido una falta de seguimiento, evaluación y monitoreo, falta de capacidad y voluntad institucional para operar y seguir la norma, corrupción por parte del técnico de supervisión y/o certificación; todo lo anterior ha tenido como consecuencia una baja eficiencia y eficacia de la inversión (beneficio/costo). Entre otras causa estructurales se señalan: la falta de seguimiento institucional a alto nivel, la desarticulación interinstitucional, desarticulación a nivel de políticas públicas y la falta de programas regionales integrales sustentados jurídicamente. 6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ?? La noción de los servicios ambientales es un concepto en construcción. ?? Es necesario precisar la diferencia entre servicio ambiental y bien ambiental. ?? Para la definición del PSA es necesario:

?? Precisar el bien y el servicio ambiental. ?? La valorización del bien y/o el servicio ambiental, dependiendo del recurso o proceso que

se trate. ?? La diferencia entre el pago directo y los apoyos o subsidios para su fomento. ?? Incluir y especificar a los actores involucrados

?? Promover la difusión del concepto, su importancia, los beneficios reales tangibles o intangibles y sus alcances, así como los correspondiente a los mercados verdes, en particular de los SA.

?? Identificar los criterios básicos para definir los diferentes tipos de actores involucrados en el

PSA. ?? Las experiencias concretas y de mayor avance han sido desarrolladas en el sector social y

privado, con intervención (gestoría) del sector público.

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?? La principal limitante para el avance de la estrategia de PSA es el marco jurídico-institucional actual, en particular el de la Secretaría de Hacienda; así como la falta de conciencia y voluntad política en el sector público.

?? IEs necesario precisar los diversos tipos de SA susceptibles de considerarse para un pago. Es necesario identificar el servicio y el usuario potencial de realizar el pago.

?? Es necesario construir una política pública que explícitamente obligue a considerar la variable o componente ambiental en todas las acciones de gobierno.

__________________________________________________________________ Moderador: Pablo Muench Redacción de la minuta: Pablo Muench Participantes:

José A. Zúñiga Morales, CONANP, Reserva de la Biosfera Lacan-Tun José Carlos Pizaña, CONANP/Sepultura Alejandro Hernández Yañez, CONANP/El Triunfo Fabiano Arévalo Zenteno, Selva “El Ocote” Marha Eugenia Poarrios H., Reserva “La Encrucijada” Hugo Contreras, Instituto de Historia Natural Carolina Morales Salcedo, IHN Florentino Rosales A, SEMARNAP Ma. Eugenia A. Vergara M., SEMARNAP Ignacio March Mifsut, Conservación Internacional Adalberto Vargas Guillén, AMBIO, S:C. Martha Orantes, Conserva, A.C. Gloria Espiritu T., Reserva El Triunfo Anabel Martínez, Instituto Nacional de Ecología John Burstein, FORO para el Desarrollo Sustentable, A.C. Elvia Quintanar, FORO

informe sobre la propuesta de pago por servicios...

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