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IDEAS DE BASE
para una Propuesta de RN en Chile Vamos
“Bienestar con Equidad Social y Territorial”
Chile pasa por una situación difícil que excede lo puramente político, es
una situación de crisis de perspectiva, en que importantes sectores de la
sociedad no ven lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que
debemos y podemos hacer como país. Resulta difícil de comprender que
tantos que se han beneficiado con el progreso logrado en las últimas décadas
no parezcan valorarlo y no visualicen lo mucho que se requiere y tenemos que
realiar para seguir mejorando la calidad de vida de los chilenos,
particularmente de los compatriotas que aún viven en la pobreza.
Hemos sostenido que un mejor país es posible, pero que solo lo será en
la medida que nos enfoquemos con decisión y realismo en aprovechar para
todos las oportunidades que estamos teniendo delante de nosotros y que
estamos desperdiciando, porque nos hemos dejado invadir por una política
de trincheras, que es inconducente, que nos separa artificialmente, más allá
de las diferencias que siempre habrá y que en nuestra historia siempre hemos
sabido manejar para buscar el mínimo de unidad que toda nación requiere.
Moderemos nuestras particulares aspiraciones, que son legítimas, para
contraernos en una acción mínimamente coordinada, antes que terminemos
de perder las enormes fortalezas que tenemos como sociedad nacional y que
están siendo socavadas. Debemos reconstruir el sentido de comunidad en
nuestras estructuras de base, transformando la desconfianza en compromiso
y el individualismo exacerbado en solidaridad, que es la condición necesaria
para el progreso de cualquier sociedad, y, así, nos será posible favorecer la
sinergia entre los esfuerzos y crecimientos personales, familiares, de nuestras
entidades locales y regionales, para alcanzar un Chile más próspero, sin
exclusiones y más amable
Debemos volver nuestra mirada a los orígenes de Renovación Nacional
y no olvidar que surgió a la vida política en un momento crucial de nuestra
historia, como un conjunto diverso que resumió lo mejor de nuestras
tradiciones para ponerlo al servicio de una democracia que partía con
probables dificultades, pero con renovadas esperanzas. Hoy la tarea urgente
es retomar esa identidad, cuidarla y potenciarla, sin que nunca más volvamos
a separarnos por temas que no tienen, ante las urgencias de la Patria, la
magnitud que se les ha querido atribuir. Hoy más que nunca es preciso que
definamos nuestras ideas, determinemos con claridad los principios básicos
que nos convocan y que no estamos dispuestos a tranzar, recuperemos el
sentido de moderación y la vocación de compromiso, para volver a ser el eje
central de la convivencia entre las diversas fuerzas, y sensibilidades que es
bueno que existan y que necesitan convivir en la unidad del interés general de
nuestro país.
Movido por esas convicciones he presentado mi candidatura a la
Presidencia de la República, dentro de la Institucionalidad de Renovación
Nacional y me he puesto a su servicio, porque Chile necesita que el partido
vuelva a asumir una tarea que hoy es nuevamente urgente y necesaria y si así
se acuerda, por su intermedio, al servicio de la de la Coalición de Chile Vamos.
Necesitamos iniciar la recuperación del Poder que perdimos y habiendo
reflexionando sobre las causas, no me cabe duda, que debemos respetar la
institucionalidad que nos hemos dado como sector, si no queremos repetir la
historia, y dentro de ella acordar a quien nos represente y la propuesta que
deberemos ofrecer a los ciudadanos de la Nación. Estoy disponible y si otra
es la decisión, también lo estoy, para sumar mis mejores esfuerzos en
acompañar a quien se elija.
Con el objeto de iniciar la deliberación de nuestras ideas y propuestas
entrego, brevemente, algunos de los principales ejes programáticos que
deberían considerarse:
1.- DESCENTRALIZACIÓN E INTEGRACIÓN TERRITORIAL/ PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CAMBIO DEL SISTEMA POLÍTICO
Hay que avanzar, ahora, en el camino de integrar todos los territorios
del país, en forma efectiva, para que exista una equidad real tanto en la
dimensión política, como cultural, social y económica. Santiago y las regiones
se necesitan, pero hay que reconocer que en éstas existen personas con las
mejores competencias para contribuir al desarrollo de país y que, hoy, sólo
pueden hacerlo residiendo en Santiago, por lo que emigran a la Capital,
transformado esta ciudad en una urbe imposible y costosa de manejar y
mantener. Debemos hacer crecer las ciudades de regiones, entregándoles
autonomía política, administrativa y financiera, con responsabilidad fiscal
dentro de un Estado Unitario Descentralizado. Debemos cuidar que el
centralismo de la capital del país no derive a un centralismo de las capitales
regionales, y que existan políticas que contribuyan a retener a los habitantes
del campo en sus lugares de residencias y trabajo dotándoles del mínimo de
condiciones que requiere el mundo actual en materia de infraestructura,
interconexiones digitales y transporte.
Tenemos dos caminos para alcanzar estos propósitos: uno, la vía
jurídico institucional como la ha promovido Chile Descentralizado y la
Comisión de Descentralización del actual Gobierno, y, otra, la vía del
fortalecimiento de las comunidades y su colaboración en la base de la
sociedad para promover la identificación de sus necesidades y que trabajen
de manera autónoma en su solución, como lo promueve el Programa
“ChileConTodo”, del Colegio de Ingenieros de Chile, anticipando la
participación política, reflexiva y pragmática, que sólo se podrá alcanzar en
un país real y efectivamente descentralizado.
El proceso de Descentralización permitirá poner de relieve los aspectos
de la institucionalidad del país que se requiera mejorar o modernizar.
Respecto a la descentralización fiscal, debemos avanzar en que parte
de los tributos que generen las actividades productivas con claro sello
regional dejen parte de los mismos en los territorios donde se generan las
externalidades negativas, como la actividad portuaria, forestal, minera, etc.
Chile debe asumir su condición tricontinental, terminando con el
abandono histórico de sus territorios insulares (en particular Rapa Nui y Juan
Fernández) como también de su territorio Antártico y, también de la
potencialidad de su proyección marítima .
Siguiendo el mismo principio de la dispersión del poder es que
abogamos por un cambio del sistema político hiper presidencialista por un
régimen semi presidencial, con mayor contrapeso de los poderes públicos y
un control ciudadano de la actividad política.
En ese orden de cosas, apostamos por el término de los sistemas de
urgencias legislativas; límites a la reelecciones indefinidas de los
parlamentarios, gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales;
iniciativa popular de ley; facilitación de plebiscitos vinculantes sobre aspectos
específicos de interés de los ciudadanos de la sociedad civil a nivel comunal,
regional y nacional.
2.- SALUD
Todos los chilenos demandan con urgencia una atención digna y de
calidad en salud. En este campo se requiere un gran acuerdo entre el Estado,
las organizaciones sociales, los actores de salud y, en particular, el Colegio
Médico. Hay que actualizar las responsabilidades y los campos de acción en
la atención de salud, y potenciar, como en los países desarrollados, todas las
diferentes especialidades, no es posible que la brecha de médicos
especialistas paralice la atención total del sistema. Es probable, sin embargo,
que estos profesionales estén sobre demandados en desmedro de otros que
pueden solucionar muchas atenciones en el campo intermedio.
Se requiere para solucionar los problemas una mejor gestión de los
recursos económicos fiscales y de las entidades estatales del sector salud. No
puede desecharse por razones ideológicas la colaboración de los prestadores
de salud particulares en el cumplimiento de las responsabilidades asumidas
por Estado, es inaceptable la magnitud de las esperas en intervenciones
comprometidas por el GES y ningún Estado puede permitirse que cada año
mueran 3.000 enfermos por falta de camas en los sistemas estatales de
urgencia, pero sin debilitar el sistema público de salud. Es un crimen el
retardo en la construcción de hospitales del Estado al detenerse por meras
razones ideológicas las concesiones en proceso, porque muchas muertes
pudieron evitarse.
Es importante concentrar con urgencia los recursos fiscales en la
ampliación de la cobertura primaria y en el mejor uso de los servicios de
mayor complejidad y especialidad disponibles, como pabellones quirúrgicos,
aumentando el horario durante el cual se usen sus instalaciones. Se debe
regular, igualmente, en forma eficaz el uso de los servicios de salud del sector
Particular, con pagos según GRD (Grupos relacionados al diagnóstico), pagos
según performance o resultados previamente pactados y no por prestaciones
individuales, asegurando un pago oportuno de estos servicios y así
finalmente colaborar con el cumplimiento eficiente de las responsabilidades
del Estado, para que no quede nadie que efectivamente necesite una
atención oportuna sin ella. También, clarificar y favorecer la incorporación al
sistema de salud nacional de médicos extranjeros de comprobada idoneidad
sin trabas burocráticas improcedentes, cambiando el actual EUNACOM por
un examen por especialidades.
Fortalecer el sistema público de salud requiere una reingenería que
complejice la atención primaria incorporando especialidades básicas y
mejorando los tiempos de respuesta y de consulta a especialistas.
En materia de medicamentos se requiere una política nacional de
genéricos bioequivalentes que nos permitan tener seguridad sanitaria y
accesos más económicos.
En materia de enfermedades raras o poco frecuentes, se debe avanzar
en un estatus diferenciado de los mismos con financiamiento, revisando
periódicamente las guías médicas y protocolos, con centros de referencia
regionalizados por macrozonas.
Se debe realizar estudios epidemiológicos nacionales y regionales para
establecer las respuestas del Estado frente a determinadas patologías que se
generen con mayor ocurrencia, en determinadas zonas geográficas,
incorporando análisis respecto a factores exógenos en la formulación de
políticas.
Asumir la urgencia de la medicina preventiva que nos permita
adelantarnos a las pandemias que sufrirá nuestro país debido al
envejecimiento y las conductas de sedentarismo de nuestra población.
3.- PROTECCION DE LA FAMILIA Y POLITICA NACIONAL DE LA INFANCIA
Debemos fortalecer la familia como núcleo fundamental de la sociedad,
reconociendo las distintas formas que han adoptado en nuestro país,
particularmente las monoparentales y donde el jefe de hogar es
mayoritariamente una mujer.
Se debe brindar una protección integral de la infancia reconociendo esta
etapa evolutiva como la primaria y fundamental para el desarrollo integral y
armonioso del ser humano. Principio que supone focalizar políticas en el
fortalecimiento de las familias para la crianza de sus hijos y la prevención de
eventuales vulneraciones de derechos en niños, niñas y adolescentes.
Dentro de dichas políticas de protección de vulneraciones de derechos se
debe contemplar programas de rehabilitación por consumo problemático de
alcohol y drogas, programas de rehabilitación de hombres agresores de
violencia intrafamiliar y brindar la suficiente atención de salud mental
especialmente para jóvenes y niños, e implementar programas de prevención
focalizada especialmente en el fortalecimiento de habilidades parentales
para evitar el maltrato como patrón relacional entre padres e hijos y
fomentar la política del buen trato desde el seno de la familia hacia la
sociedad entera, incluyendo programas de adopción ágiles y eficientes para
restablecer el derecho de los niños a vivir en familia, cuando las políticas
preventivas antes mencionados no han logrado los resultados esperados y
deben dejar sus familias de origen para restablecer sus derechos vulnerados
en una familia de acogida o adoptiva como última alternativa.
Para implementar las políticas antes mencionadas la protección de la infancia
deberá ser parte del Ministerio de Desarrollo Social, con la creación de la
subsecretaria de la infancia, debiendo implementarse un sistema residencial
de protección de menores de responsabilidad y administración directa del
Estado.
Se debe avanzar en crear una nueva institucionalidad y marco
normativo que contemple entre otras al defensor de los derechos de la
infancia como órgano autónomo que represente los derechos de todos los
niños, niñas y adolescentes; modificación del sistema de adopción vigente;
entre otros.
4.- EDUCACIÓN
En este y otros temas es importante no dejarse llevar por un lenguaje
confuso que impide toda conversación positiva y que solo enreda los
conceptos: pues, Públicos son todos los que ofrecen servicios abiertos a la
sociedad, los otros son Privados; unos y otros pueden ser Estatales, los de
propiedad del Estado o más propiamente del Fisco, o bien Particulares, que
pueden tener o no aportes fiscales.
En el tema, un objetivo principal es obtener una mejor educación para
nuestros hijos, en las etapas parvularia, básica y media, porque de la calidad
de ellas depende en un 100% el destino de nuestro futuro como país, la
inclusión social y la eliminación de la pobreza, y asumimos el término de ésta
como la más fuerte obligación moral que se nos demanda como sociedad.
La educación en estas etapas debe ser gratuita y de calidad, con una
estructura descentralizada y una regulación clara, estricta y no
discriminatoria, según la cual los sostenedores, estatales o particulares,
tengan sus responsabilidades y las atribuciones necesarias para llevarlas a
cabo perfectamente definidas, y ambos puedan obtener un justo excedente
económico que les permita, dentro de las políticas públicas
correspondientes, decidir con libertad su mejoramiento y crecimiento. El
Estado deberá contar, en una visión de largo plazo y conocida, con los
recursos humanos y económicos necesarios para su apoyo y control. El
Estado chileno no debe tenerle miedo a la planificación en el cumplimiento
de sus responsabilidades de largo plazo en el uso de sus recursos.
A diferencia de lo anterior, para el nivel superior, institutos técnicos y
universidades, de modo general y sin distinciones, lo primero es definir un
buen sistema de acreditación de las instituciones y de las diversas escuelas,
también claro y nítido, y con atribuciones para que, cualesquiera de ellas que
no cumpla con los estándares mínimos exigidos en la educación de los
alumnos, sea sancionada y cerrada, si la gravedad así lo determina de
acuerdo a normas preexistentes. La educación superior de calidad es, por
una parte, el gran vehículo de movilidad social y, por otra, la condición para
que el país pueda enfrentar las exigencias crecientes de una sociedad del
conocimiento, la innovación y la productividad.
5.- SEGURIDAD
La Seguridad y su condición esencial, que es el Orden Público
constituyen una responsabilidad primaria del Estado, claramente hoy
incumplida por múltiples causas. Para avanzar en esto se requiere una
actitud más nítida y decidida de las autoridades de los Poderes del Estado y
un compromiso mayor de todos. Siempre acompañará a la humanidad
formas distintas de violencia, abiertas unas y sutiles otras, por eso debemos
estar siempre alertas y decididos para defender en lo inmediato una
convivencia pacífica impidiendo las formas abiertas de violencia y para buscar
una sociedad más justa, en el largo plazo, pero sin descanso, porque la
injusticia favorece, cuando no es causa, los comportamientos violentos.
Los instrumentos directos del Estado para cumplir su responsabilidad
en el Orden Público y la Seguridad son: las policías (Carabineros y PDI) que
deben cuidar su vocación y su apego al Derecho, el Poder Judicial con una
justicia creíble y oportuna, el Poder Ejecutivo entregando respaldo,
consideración y medios para que cumplan estos su misión, e
indirectamente los poderes colegisladores, que deben estar atentos a
mejorar las normas legales correspondientes al Orden Público, la Seguridad,
la Justicia Penal y la prevención de los delitos, junto a un sistema carcelario y
de rehabilitación de los infractores. El Estado es responsable de sus presos, y
su deber es reintegrarlos a la sociedad, es fundamental construir cárceles
modernas y con los estándares que permitan trabajar en ellas, donde puedan
aprender oficios y tener la posibilidad de integrarse a la sociedad. Para esto
se debe implementar concesiones de cárceles de alto nivel. La sociedad civil
debe exigir, agradecer y respaldar acciones eficaces en resguardo del Orden
Público y la Seguridad.
Frente a la contingencia que enfrentamos se debe avanzar en la
agenda larga antidelincuencia, revisando reformas a la Reforma Procesal
Penal y la ley de responsabilidad penal juvenil. Bajo estas edades los padres
y guardadores deben asumir efectivamente su responsabilidad; adecuar
mejor el comportamiento de los fiscales y jueces con normas legales que
determinen sus atribuciones y responsabilidades en forma más claras y
fuertes sanciones a unos y otros cuando las incumplan. Nadie debe quedar
impune, si tiene un mal desempeño, en una esfera tan importante para la
convivencia nacional. Pero no sólo debe haber una acción punitiva del
Estado, debe haber oferta rehabilitadora y una reforma estructural del
SENAME.
Se debe incorporar con fuerza a la comunidad en la lucha contra el
delito a través de la organización vecinal, la apropiación de los espacios
públicos, y la incorporación a los planes de seguridad pública comunales.
Es urgente avanzar en el establecimiento de una ley de migraciones
actualizada, que favoreciendo el ingreso de extranjeros fije un marco claro
de garantías y exigencias, y un sistema de control eficaz y oportuno. Respecto
a los inmigrantes debe buscarse acuerdos entre los países para tener mayor
información sobre los delincuentes, para no permitirles la entrada al
territorio y extraditar de inmediato a los que delinquen, y bajar, así, la
población en las cárceles.
6.- TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES)
En cuanto al mercado del trabajo que por sus características
especiales, principalmente por estar involucrado el crecimiento personal del
trabajador y determinar en gran medida la paz social, comprometemos los
mejores esfuerzos para alcanzar el gran acuerdo que urgentemente se
requiere.
Hoy, porque es posible en la materia ese gran acuerdo, proponemos
modificar las normativas vigentes que traban el desarrollo del trabajador al
dificultar o no permitir la movilidad laboral que es el motor de las mejoras
salariales, partiendo por eliminar los obstáculos para esa movilidad, sin que
el trabajador pierda beneficios, así, por ejemplo, debe ser estudiada la
eliminación de la indemnización por año de antigüedad, que es el peor freno
para que las rentas mejoren, y cambiarla por aportes mensuales para su
jubilación y seguro de cesantía, y que esos fondos, si no se usan durante su
vida laboral, se le entregue al trabajador como un bono de indemnización. De
este modo, se mejoran las pensiones, se obtiene una seguridad en caso de
cesantía y se obtiene un bono al término de su vida laboral, eliminando los
grandes problemas del trabajo: el nivel de remuneración, el peligro de la
cesantía, el nivel de renta de jubilación y, por defecto, se podría tener un
monto para festejar la jubilación.
Esto mejora pero no resuelve las pensiones bajas de hoy, porque se
requiere mejorar las regulaciones del sistema ahorro previsional y su
administración e implementar un aporte solidario fiscal que permita paliar las
bajas jubilaciones y dar una vida más digna a nuestros adultos mayores.
No es menos importante endurecer las normas para quienes no cotizan
las retenciones hechas a los trabajadores, haciendo responsables de ellas a
los dueños de las empresas, que no enteraron esos fondos, con cargo a su
patrimonio personal. Obligar con mecanismos eficaces a los que trabajan por
cuenta propia a cotizar para su salud y su vejez, es decir para su pensión, en
resguardo de los intereses generales.
Se debe incorporar normas de flexibilización del trabajo de aquellos
sectores con altos niveles de cesantía, como los jóvenes, estableciendo
estímulos para su contratación, como también avanzar en jornadas
especiales de trabajo para los adultos mayores, que deseen trabajar después
de su jubilación sin que ello signifique perder los aportes del pilar solidario si
es beneficiario del mismo.
La modificación del sistema de pensiones debe hacerse cargo del
envejecimiento de la población y la baja en la fuerza laboral que nuestro país
experimentará en el futuro, por lo que hemos propuesto la apertura de una
cuenta de capitalización individual por cada nacido vivo, ascendente a 80
Unidades de Fomento, lo que tendría un costo de 750 millones de dólares
anuales y que por la proyección de rentabilidad promedio podría significar
una pensión basal de $ 220.000, adicional al aporte previsional del trabajador
durante toda su vida laboral. Del mismo modo, creemos que el aumento de
la expectativa de vida de los chilenos no puede seguir siendo una mala
noticia para los pensionados en cuanto al ajuste de de las pensiones a la baja,
por lo que debe establecerse un sistema de seguros que se haga cargo de la
sobrevida de los chilenos, sin que afecte sus respectivas pensiones.
Finalmente, para el corto plazo, se debe corregir los cobros de comisiones
que deben ser contingentes al aumento de los fondos de los trabajadores
como el fortalecimiento del pilar solidario.
7.- POLITICA DE VIVIENDA, PLANIFICACION URBANA Y RADICACION O
ERRADICACION DE CAMPAMENTOS
Se requiere una política nacional de viviendas sociales y de sectores medios
que se haga cargo de las más de 35.000 mil familias que viven en
campamentos y de aquellos que se encuentran en condición de allegados.
Se ha ido avanzando en construir un país de propietarios, pero ello implica la
revisión de algunas de las políticas implementadas en los últimos años que
significan un retroceso en esta dirección.
Debemos ser capaces de incorporar los principios de barrios integrados y
terminar con los guetos de la pobreza que se han ido consolidando en los
últimos 50 años, como incorporar con fuerza la planificación urbana para
nuestras ciudades a través de la sinergia público-privada en las macrozonas
regionales.
8.- EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO/ CIENCIA Y TECNOLOGIA
Es deber de todo gobernante dar confianza, por eso se debe buscar,
dada la situación a que hemos llegado, un pacto social con los empresarios y
trabajadores, con el objetivo de mejorar las condiciones de estos últimos, y
dar seguridad a las inversiones para el que ahorra. Así volver lo antes posible
a los crecimientos que el país necesita y su gente merece.
Se debe estimular el emprendimiento individual como motor de la
economía, mejorando la asociatividad en la apertura de nuevos mercados y
la capacitación, como también generar espacios para desarrollar la
innovación y el emprendimiento, y particularmente la productividad que es el
valor esencial para mejorar nuestra competitividad como país.
Hay que comprender que el modelo de desarrollo del país tocó techo y
se requieren procesos continuos de agregación de valor para hacerse cargo
de mercados cada vez más complejos y sofisticados.
Chile debe asumir con fuerza la incorporación creciente en su
presupuesto la inversión en Ciencia y Tecnología, como la creación de una
institucionalidad que sea capaz de ser un estímulo para la formación de
doctores y masa crítica nacional aprovechando las condiciones que tiene
nuestro país en cuanto a cielos y océanos, con condiciones privilegiadas para
la investigación, todo ello, implica avanzar hacia un Ministerio de Ciencia y
Tecnología e Innovación.
9.- PROBIDAD – CONFIANZA – UNIDAD NACIONAL
Junto a lo indicado en el punto anterior, se debe poner en ejecución
una gran campaña, que indique que los valores de la sociedad no son sólo
económicos, que se requiere confianza, responsabilidad y espíritu de trabajo,
en un ambiente de honestidad, probidad y unidad entre todos, para que sea
posible eliminar las descalificaciones y las pequeñeces que no permiten ver el
desarrollo del país como un todo, nos ciegan nuestras visiones particulares y
egoístas de poder, cuando no la inacción y la cerrazón que acompaña al
desencanto.
10.- ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Hoy el Gobierno Nacional y su Administración, los gobiernos
Regionales y Municipales y las suyas, como asimismo la mayoría de las
empresas y demás organizaciones autónomas del Estado, se han convertido
en un botín de quienes ganan las elecciones, copan todos los cargos posibles
en la administración, transformando a muchos de los que pueden incorporar
en operadores políticos. La ciudadanía exige funcionarios que estén para
simplificarles la vida a sus connacionales y no para dificultársela. Se debe
concentrar la acción en dignificar el trabajo de los empleados del Estado,
respetando su carrera funcionaria y adecuando sin excepciones sus
condiciones laborales con respecto al mercado nacional. Se debe buscar un
servicio civil profesional, sin involucramientos políticos, al que se ingrese y
ascienda por mérito. Debemos reconocer lo que se ha avanzado en
trasparencia e ingreso a un importante número de empleos, y comprometer
seguir progresando en esta importa materia.
11.- POLITICA – PARTIDOS POLITICOS – ORGANIZACIONES SOCIALES
No es posible una Democracia sólida sin partidos políticos sólidos. Hoy
es un hecho evidente que los partidos políticos no están cumpliendo sus
roles esenciales, se ha avanzado en su financiamiento fiscal, rompiendo un
tabú de largos de años, pero no hemos caminado, aunque sí hemos dado
algunos pasos, a la velocidad requerida hacia una mejor y más moderna
regulación de los partidos políticos.
Hoy los partidos como puente natural entre la sociedad civil y sus
aspiraciones y el Gobierno no está funcionando y por eso han aparecido
instancias no propias de una República Democrática y muchas instancias y
asociaciones de la sociedad civil han sido capturadas por opciones políticas
partidistas o asumido funciones ajenas a sus naturaleza de representación de
intereses, minorías, empresarios y trabajadores. Esta misma carencia ha
provocado un crecimiento de organizaciones no gubernamentales (ONGs)
financiadas con dineros fiscales y según criterios de adhesión al Gobierno de
turno en el Poder. La Ley de partidos Políticos debe garantizar mejor la
democracia interna y a partir de elecciones democráticas de sus
autoridades, por votos secretos de sus militantes, debe asegurarse una
efectiva descentralización de las decisiones y de su operación. Esta
condición es esencial para que vuelvan a encauzar las inquietudes y
planteamientos políticos de la sociedad
La profundización de las ideas políticas y de las doctrinas de los
partidos políticos es esencial para la normalidad y riqueza de la conversación
política pública por ende en la Ley de Partidos Políticos y su financiación se
debe considerar el apoyo fiscal a centros de pensamiento políticos vinculados
a los partidos legalmente constituidos.
12.- RELACIONES EXTERIORES Y MODERNIZACION DE LA CANCILLERIA
Chile debe asumir la condición de ser uno de los países más abiertos del
mundo con una amplia gama de acuerdos de libre comercio, pero además
con el convencimiento que debe ser una Nación influyente en el contexto
mundial, ya sea a través de su participación en organismos multilaterales,
diplomacia humanitaria o la participación en misiones militares de paz o
estabilización.
Los nuevos desafíos implican que Chile debe volver a invertir en el
presupuesto de la Nación a tasas crecientes desde la actual de 0,56 para
llegar a un 1% en los próximos cinco años, con un desafío de modernización
de nuestro servicio exterior.
Debemos asumir la condición de una Nación pluricultural estimulada por la
creciente recepción de migrantes, lo que nos debe desafiar para avanzar en
una nueva legislación que regule este proceso asentada en las concepciones
de derechos humanos y abandonando las concepciones de seguridad
nacional que inspiraron los actuales cuerpos legales.
13.- POLITICA NACIONAL CAPACIDADES DIFERENTES
Otro de los desafíos crecientes de nuestro país es hacernos cargo de una
política inclusiva con aquellos que tienen capacidades diferentes,
permitiendo el acceso a la movilidad, rehabilitación, vivienda y trabajo a
través de una ley de cuotas.
14.- ENERGIA, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
La sostenibilidad debe ser un principio orientador de estas materias, y si bien
se avanzó en una agenda de prospectiva en Energía durante la actual
administración, debemos asumir con fuerza los desafíos en materia de
protección del medio ambiente.
Desafíos pendientes en este último aspecto, ha sido la ausencia de estímulo
para una norma que regule la tenencia responsable de mascotas, políticas
efectivas de reducción de gases de efecto invernadero, la protección
adecuada de la biodiversidad, fiscalización oportuna de procesos industriales
para evitar situaciones contraproducentes, demora en planes de
descontaminación, entre otras.
En materia de transportes, se requiere una política de infraestructura
nacional de puertos que se haga cargo de los desafíos para los próximos 30
años, como asegurar ciudades amigables donde sus habitantes puedan optar
por transporte público digno y decente, y que estimulen medios de
transportes no contaminantes (ciclovías, líneas férreas y vías troncales de
metro en grandes urbes).
Y debemos asumir que las telecomunicaciones en un mundo globalizado y un
país que aspira al desarrollo, necesita asegurar accesos a todos los
habitantes, vivan en ciudades o en sectores rurales.
15.-PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Debemos terminar con los prejuicios respecto del sistema de concesiones
para desarrollar obras que impliquen desarrollo futuro de nuestras ciudades
y regiones, lo que implica cambiar la manera de establecer la rentabilidad
social de los proyectos. Esto implica que la inversión en infraestructura debe
hacerse pensando en generar condiciones para revitalizar la economía o para
nuevos desarrollos (Tren rápido Santiago – Valparaíso, Megapuertos,
Corredores bioceánicos, etc )
16.- DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS INDÍGENAS
Una sociedad donde el respeto de los derechos humanos sea la piedra
angular, comenzando por el derecho a la vida desde la concepción hasta la
muerte natural y la protección adecuada de los derechos de cuarta
generación, debe ser prioridad para el Estado, tanto como asegurar que la
cultura del respeto de dichos derechos sea una constante en la educación
primaria, secundaria y de institutos armados.
Entender Chile desde la multiculturalidad implica tener políticas públicas que
nos garanticen, desde la preservación de la lengua y la historia hasta el
acceso a becas de estudios, como el mejoramiento de las condiciones de
vida de nuestros pueblos originarios. Constituye una deuda del Estado de
Chile que la Araucanía sea una de las regiones más pobres del país por la
invisibilización de los mismos por los centros del poder y por la incapacidad
de mantener el Estado de Derecho. Igualmente, el retraso inexcusable en los
compromisos asumidos con Rapa Nui en relación con su estatuto especial y la
ley de migración.
17.-MERCADOS TRANSPARENTES, COMPETITIVOS Y ABIERTOS
Sin duda nuestros mercados no funcionan como quisiéramos, en parte por lo
pequeño del mercado interno y por nuestra lejanía de los grandes centro de
producción y consumo, pero también porque no hemos puesto toda nuestra
atención en verificar como funcionan de hechos algunos de ellos,
necesitamos mejorar nuestra institucionalidad complementándola con una
dependencia en el Ministerio de Economía que analice mercados para el solo
efecto de poner los antecedentes ante las instituciones correspondientes.
La mirada debe estar centrada en la protección de la libre competencia,
como principio básico para salvaguardar los derechos de los usuarios o
consumidores, productores, proveedores, según sea el caso. La sensación de
abuso con desprotección de los ciudadanos se debe en parte a que se ha
olvidado que el mercado está siempre al servicio de las personas.
18.- CULTURA Y PATRIMONIO
Generar espíritu identitario a través de programas regionalizados de
conservación del patrimonio y que permita establecer estímulos para los
propietarios de los mismos.
La glosa patrimonial que logramos establecer durante la administración del
gobierno de la Alianza debe ser engrosada sustantivamente para preservar el
patrimonio arquitectónico y cultural de nuestro país.
19. DEFENSA E INTEGRACIÓN REGIONAL
La importancia y complejidad del tema de la Defensa requiere que toda la
sociedad se involucre positivamente asumiendo su importancia, para lo cual
el Estado debe adoptar las políticas e instrumentos necesarios. La relevancia
del tema requiere que todos los poderes del Estado asuman con seriedad sus
responsabilidades.
Me refiero solo a algunos aspectos que preocupan. Los desafíos de la
defensa para los nuevos tiempos van desde abordar el financiamiento
plurianual de los institutos armados hasta introducir sistema de flexibilidad
para ascensos y retiros, como la extensión de la carrera profesional para los
nuevos miembros de las fuerzas armadas.
Dentro de las nuevas dimensiones del rol de la Fuerzas Armadas en las
democracias modernas, está la participación en misiones de paz donde
deben transitar desde operaciones de solo estabilización a incluir
operaciones de desarrollo; como funciones de integración de los países y de
las regiones.
20.- POLITICA NACIONAL DE PROSPECTIVA
Generar espacio para la escucha activa y el acuerdo social, que restablezca
las confianzas y el proyecto colectivo de Nación con una mirada de largo
plazo es una urgencia social. Debemos consolidar un Consejo Permanente de
Prospectiva capaz de producir masa crítica y miradas compartidas del país
que soñamos para los próximos años.
Los desafíos del futuro deben convocar a todos los chilenos en este proceso
identitario y de sinergia que busque acuerdos nacionales entre trabajadores y
empresarios, miembros de la sociedad civil y autoridades políticas respecto al
Chile que proyectamos y queremos.
21.- DEPORTE
El cambio de conductas sedentarias, como la creación de centros de alto
rendimiento descentralizados en macrozonas regionales, escuelas deportivas
regionales y comunales, sistema de detección de talentos deportivos,
aumento de horas de educación física, estimulación del deporte masivo y
construcción de instalaciones deportivas regionales son parte de los desafíos
de la próxima administración.
El deporte es una actividad que convoca y debemos potenciar y poner a
disposición de los proyectos de educación, integración social y mejoramiento
de la salud.