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GacetaParlamentaria

Año XXII Palacio Legislativo de San Lázaro, lunes 3 de junio de 2019 Número 5289

Lunes 3 de junio

CONTENIDO

Iniciativas

Que reforma el párrafo segundo del artículo 37 de laLey Federal del Presupuesto y Responsabilidad Ha-cendaria, en materia de Fondo de Desastres Natura-les, recibida del Congreso de Nayarit en la sesión dela Comisión Permanente del miércoles 29 de mayode 2019

Que reforma las fracciones I y II del artículo únicodel Decreto que Establece el Horario Estacional quese aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, reci-bida del Congreso de Nayarit en la sesión de la Co-misión Permanente del miércoles 29 de mayo de2019

Que reforma y adiciona la fracción VI al artículo 17de la Ley Federal sobre Metrología y Normaliza-ción, recibida del Congreso de Coahuila en la sesiónde la Comisión Permanente del miércoles 29 de ma-yo de 2019

Que adiciona el artículo 323 Bis a la Ley Federal delTrabajo y una fracción al artículo 54 de la Ley Ge-neral de Educación, recibida del Congreso de Coa-huila en la sesión de la Comisión Permanente delmiércoles 29 de mayo de 2019

Que reforma el artículo 18 y el segundo párrafo delartículo 196 de la Ley de Amparo, Reglamentaria delos Artículos 103 y 107 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, recibida del Con-

greso de Coahuila en la sesión de la Comisión Per-manente del miércoles 29 de mayo de 2019

Que reforma la fracción I del artículo 151 de la Leydel Impuesto sobre la Renta, presentada por los di-putados Héctor Yunes Landa y Soraya Pérez Mun-guía, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesiónde la Comisión Permanente del miércoles 29 demayo de 2019

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de laLey General de Instituciones y ProcedimientosElectorales en materia de paridad de género en can-didaturas a cargos de elección popular, recibida dediputadas de Movimiento Ciudadano, en la sesiónde la Comisión Permanente del miércoles 29 demayo de 2019

Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Im-puesto al Valor Agregado, recibida de la diputadaVerónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamen-tario del PRD, en la sesión de la Comisión Perma-nente del miércoles 29 de mayo de 2019

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de laLey General de Salud, recibida del diputado Fran-cisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parla-mentario del PES, en la sesión de la Comisión Per-manente del miércoles 29 de mayo de 2019

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Gaceta Parlamentaria Lunes 3 de junio de 20192

Que reforma y adiciona el artículo 353-E de la LeyFederal del Trabajo y adiciona un segundo párrafoal artículo 87 y un tercero al 95 de la Ley Generalde la Salud, recibida de la diputada Silvia Guada-lupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario delPAN, en la sesión de la Comisión Permanente delmiércoles 29 de mayo de 2019

Que reforma y adiciona el artículo 87 Bis 2 de laLey General del Equilibrio Ecológico y la Protec-ción al Ambiente, recibida de la diputada Pilar Lo-zano Mac Donald, del Grupo Parlamentario deMovimiento Ciudadano, en la sesión de la Comi-sión Permanente del miércoles 29 de mayo de 2019

Que reforma el artículo 23; deroga el artículo 23Bis y la fracción I del artículo 24 de la Ley paraRegular las Sociedades de Información Crediticia,recibida del diputado Héctor René Cruz Aparicio,del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de laComisión Permanente del miércoles 29 de mayo de2019

Que reforma y adiciona los artículos 21 y 122 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos, presentada en nombre propio y de Silvia Lo-rena Villavicencio Ayala por Tatiana Clouthier Ca-rrillo, diputadas del Grupo Parlamentario deMorena, en la sesión de la Comisión Permanentedel miércoles 29 de mayo de 2019

Que reforma y adiciona los artículos 308 del Códi-go Civil Federal, 79 del Código Federal de Proce-dimientos Civiles y 44 de la Ley General de losDerechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recibidade la diputada Cynthia López Castro, del GrupoParlamentario del PRI, en la sesión de la ComisiónPermanente del miércoles 29 de mayo de 2019

Que reforma y adiciona diversas disposiciones delas Leyes General de Salud y Federal de Protecciónal Consumidor, a cargo de la diputada Nayeli Sal-vatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES,recibida en la sesión de la Comisión Permanentedel miércoles 29 de mayo de 2019

Que abroga el Estatuto de Gobierno del DistritoFederal y la Ley Orgánica de la Procuraduría deJusticia del Distrito Federal, recibida del diputadoFrancisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo

Parlamentario del PES, en la sesión de la Comi-sión Permanente del miércoles 29 de mayo de2019

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-ciones de las Leyes de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, de Asociaciones Pú-blico Privadas, de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público y Federal de Transpa-rencia y Acceso a la Información, en materia detransparencia y rendición de cuentas en las licita-ciones públicas, recibida de la diputada Flora TaniaCruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena,en la sesión de la Comisión Permanente del miér-coles 29 de mayo de 2019

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos, de las Leyes Federal de los Trabajadores alServicio del Estado, Reglamentaria del Apartado Bdel Artículo 123 Constitucional y Federal del Tra-bajo, recibida de la diputada Madeleine BonnafouxAlcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN, en lasesión de la Comisión Permanente del miércoles 29de mayo de 2019

Que reforma la fracción II del artículo 36 y adicio-na una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Im-puesto sobre la Renta, recibida de la senadora Ve-rónica Martínez García, del Grupo Parlamentariodel PRI, en la sesión de la Comisión Permanentedel miércoles 29 de mayo de 2019

Que adiciona un artículo 10 Bis y reforma diversasdisposiciones de la Ley General para la PrevenciónSocial de la Violencia y la Delincuencia, recibidadel diputado Ernesto Vargas Contreras, del GrupoParlamentario del PES, en la sesión de la ComisiónPermanente del miércoles 29 de mayo de 2019

Actas

De la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacifi-cación, relativa a la primera reunión ordinaria, efec-tuada el 24 de abril de 2019

De la Comisión de Asuntos Frontera Sur, corres-pondiente a la quinta reunión ordinaria, efectuadael martes 2 de abril de 2019

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Lunes 3 de junio de 2019 Gaceta Parlamentaria3

De la Comisión de Desarrollo Social, relativa a laquinta reunión ordinaria, celebrada el martes 30 deabril de 2019

Programas

De la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacifi-cación, anual de trabajo, correspondiente al perio-do febrero de 2019-enero de 2020

Convocatorias

De la Comisión de Pesca, a la séptima reunión dejunta directiva, que tendrá verificativo el lunes 3 dejunio, a las 10:00 horas

De la Comisión de Pesca, a la séptima reunión ple-naria, por llevarse a cabo el lunes 3 de junio, a las11:00 horas

De la Comisión de Seguridad Social, a la octavareunión de junta directiva, que se llevará a cabo elmartes 4 de junio, a las 8:00 horas

De la Comisión de Ganadería, a la novena sesiónde junta directiva, que tendrá lugar el martes 4 dejunio, de las 8:30 a las 9:30 horas

De la Comisión de Seguridad Social, a la octavareunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 4de junio, a las 9:00 horas

De la Comisión de Ganadería, a la séptima reuniónplenaria, que se realizará el martes 4 de junio, delas 9:30 a las 11:30 horas

De la Comisión de Puntos Constitucionales, a lanovena reunión plenaria, que se realizará el martes4 de junio, a las 10:00 horas

De la Comisión de Derechos Humanos, a la quintareunión ordinaria, que tendrá verificativo el martes4 de junio, a las 11:00 horas

De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisióndel Congreso General de los Estados Unidos Me-xicanos, a la tercera sesión plenaria, que se efec-tuará el martes 4 de junio, a las 12:00 horas

De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Ur-bano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, a laoctava reunión ordinaria, que se efectuará el martes4 de junio, de las 14:30 a las 17:00 horas

De la Comisión de Desarrollo Social, a la séptimareunión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 5de junio, a las 9:00 horas

De la Comisión de Educación, a la séptima reuniónplenaria, que se llevará a cabo el miércoles 5 de ju-nio, a las 9:00 horas

De la Comisión de Pesca, a la reunión con la orga-nización Oceana, que se realizará el miércoles 5 dejunio, a las 11:00 horas

De la Comisión de Asuntos Migratorios, a la nove-na reunión plenaria, que tendrá verificativo el miér-coles 5 de junio, a las 12:00 horas

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables,a la octava reunión ordinaria, que tendrá verificati-vo el miércoles 5 de junio, a las 15:00 horas

De la Comisión de Turismo, a la sexta reunión or-dinaria, que tendrá lugar el miércoles 5 de junio, alas 16:00 horas

De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabili-dad, Cambio Climático y Recursos Naturales, a lareunión extraordinaria que se llevará a cabo el vier-nes 7 de junio, a las 12:00 horas

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pú-blica, a investigadores y estudiosos de la realidadmexicana, al Premio Nacional de Investigación So-cial y de Opinión Pública, novena edición, cuyaconvocatoria permanecerá abierta hasta el viernes30 de agosto de 2019

Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, alPremio Nacional de las Finanzas Públicas 2019

Invitaciones

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, alforo Consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo

y el financiamiento al desarrollo, que tendrá lugar elmartes 4 de junio, de las 10:00 a las 15:00 horas

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Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a la proyección dela película “La Pivellina”, que se llevará a cabo el miércoles 5 de junio, alas 15:00 horas

De la Comisión de Deporte, a la Carrera de la LXIV Legislatura, que ten-drá lugar el domingo 9 de junio, a las 7:30 horas

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, al diplomado Hacia la cons-

trucción de políticas públicas en materia cultural: gestión y desarrollo in-

tegral, que en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-les de la Universidad Nacional Autónoma de México, se llevará a cabo losjueves y viernes comprendidos del 4 de julio al 13 de septiembre, de las16:00 a las 21:00 horas

De la Comisión de Pesca, al diplomado, presencial y en línea, Análisis y

rediseño de las políticas públicas para la soberanía alimentaria y la pes-

ca en México frente a la globalización, que se llevará a cabo los jueves ylos viernes comprendidos hasta el 2 de agosto, de las 16:00 a las 21:00horas

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Iniciativas

QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 37DE LA LEY FEDERAL DEL PRESUPUESTO Y RESPONSABILI-DAD HACENDARIA, EN MATERIA DE FONDO DE DESAS-TRES NATURALES, RECIBIDA DEL CONGRESO DE NAYARIT

EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉR-COLES 29 DE MAYO DE 2019

Tepic, Nayarit, a 17 de mayo de 2019.

Secretarios de la Mesa DirectivaDe la Cámara de Diputados delHonorable Congreso de la UniónPresentes

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Direc-tiva del honorable Congreso del Estado de Nayarit ypara los efectos previstos en el artículo 71, fracciónIII, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, remito por este conducto copia certificadadel acuerdo que remite para su estudio a la Cámara deDiputados del honorable Congreso de la Unión la ini-ciativa con proyecto de decreto que tiene por objetoreformar el párrafo segundo del artículo 37 de la LeyFederal del Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-ria, en materia de Fondo de Desastres Naturales

Cabe señalar que dicho acuerdo fue aprobado en se-sión pública ordinaria celebrada el jueves 16 de mayodel año en curso.

Sin otro particular reciba usted mi atenta y distinguidaconsideración.

AtentamenteMauricio Corona Espinosa (rúbrica)

Secretario General

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Naya-rit, representado por su XXXII Legislatura, dicta:

Acuerdo

Que remite para su estudio a la Cámara de Dipu-tados del honorable Congreso de la Unión la inicia-

tiva con proyecto de decreto que tiene por objetoreformar el párrafo segundo del artículo 37 de laLey Federal del Presupuesto y ResponsabilidadHacendaria, en materia de Fondo de Desastres Na-turales

Único. Las diputadas y los diputados integrantes de laTrigésima Segunda Legislatura del Congreso del esta-do de Nayarit, con fundamento en el artículo 71, frac-ción III, de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, remitimos a la Cámara de Diputa-dos del honorable Congreso de la Unión, para su estu-dio, discusión y, en su caso, aprobación, la iniciativacon proyecto de decreto que tiene por objeto reformarel párrafo segundo del artículo 37 de la Ley Federal dePresupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los tér-minos siguientes:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del ar-tículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Respon-sabilidad Hacendaria; para quedar como sigue:

Artículo 37. ...

Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos paraestos fondos, sumadas a las disponibilidades existen-tes en las reservas correspondientes, en su conjunto nopodrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 3.0por ciento del gasto programable.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-deración.

Segundo. En el Presupuesto de Egresos de la Federa-ción del ejercicio fiscal 2020, se deberán contemplarrecursos suficientes para dar cumplimiento al presentedecreto.

Tercero. Los recursos destinados para solventar losdaños ocasionados por desastres naturales, podránaplicarse para la restitución de enseres domésticos; losvestidos de los afectados; los muebles de uso indis-pensable; así como la maquinaria, enseres y todo ins-trumento que sea indispensable para el ejercicio de laprofesión, oficio o actividad de las personas afectadas;


las cuales deberán ser contempladas en las Reglas deOperación del Fondo de Desastres Naturales.

Cuarto. Las asignaciones presupuestales que integrenlos fondos para desastres naturales deberán tener comofinalidad el reactivar la economía de la zona afectada,implementando mecanismos para brindar apoyos a losmícronegocios y negocios afectados.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partirde su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Par-lamentaria, órgano de información del honorable Con-greso del estado de Nayarit.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a la Cá-mara de Diputados del honorable Congreso de laUnión, para los efectos legales conducentes.

Dado en la sala de sesiones Licenciado Benito JuárezGarcía del Honorable Congreso del Estado Libre y So-berano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los dieciséisdías del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

Diputada Ana Yusara Ramírez Salazar (rúbrica)Presidenta

Diputada Marisol Sánchez (rúbrica)Secretaria

Diputada Érika Leticia Jiménez AldacoSecretaria

(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Mayo 29

de 2019.)

QUE REFORMA LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO ÚNI-CO DEL DECRETO QUE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIO-NAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-CANOS, RECIBIDA DEL CONGRESO DE NAYARIT EN LA

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES

29 DE MAYO DE 2019

Tepic, Nayarit, a 12 de abril de 2019.

Secretarios de la Mesa DirectivaDe la Cámara de Diputados delHonorable Congreso de la UniónPresentes

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Direc-tiva del honorable Congreso del Estado de Nayarit ypara los efectos previstos en el artículo 71, fracciónIII, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, remitimos a la cámara de diputados delhonorable Congreso de la Unión para su estudio, dis-cusión y en su caso aprobación, iniciativa con proyec-to de decreto que tiene por objeto reformar las frac-ciones I y II del artículo único del Decreto por el quese Establece el Horario Estacional que se aplicará enlos Estados Unidos Mexicanos.

Cabe señalar que dicho decreto fue aprobado en sesiónpública ordinaria celebrada

Sin otro particular reciba usted mi atenta y distinguidaconsideración.

AtentamenteMauricio Corona Espinosa (rúbrica)

Secretario General

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Naya-rit, representado por su XXXII Legislatura, dicta:

Acuerdo

Que remite para su estudio a la Cámara de Dipu-tados del honorable Congreso de la Unión la inicia-tiva con proyecto de decreto que tiene por objetoreformar a su similar por el que se establece el Ho-rario Estacional que se aplicará en los Estados Uni-dos Mexicanos


Único. Las diputadas y los diputados integrantes de laTrigésima Segunda Legislatura del Congreso del esta-do de Nayarit, con fundamento en el artículo 71, frac-ción III, de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, remitimos a la Cámara de Diputa-dos del honorable Congreso de la Unión, para su estu-dio, discusión y, en su caso, aprobación, la iniciativacon proyecto de decreto que tiene por objeto reformarlas fracciones I y II del artículo único del Decreto porel que se Establece el Horario Estacional que se Apli-cará en los Estados Unidos Mexicanos, en los términossiguientes:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. ...

I. Estados de Baja California Sur, Chihuahua y Si-naloa, sujetos al meridiano 105 grados por ubica-ción y 90 grados por horario estacional;

II. Estados de Nayarit y Sonora, sujetos al meridia-no 105 grados por ubicación y 105 grados por ho-rario estacional;

III. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del1 de enero del 2020, previa publicación en el DiarioOficial de la Federación.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partirde su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Par-lamentaria, órgano de información del honorable Con-greso del estado de Nayarit.

Segundo. Remítase el acuerdo a la Cámara de Diputa-dos del honorable Congreso de la Unión, para los efec-tos legales conducentes.

Dado en la sala de sesiones Licenciado Benito JuárezGarcía del Honorable Congreso del Estado Libre y So-berano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los once díasdel mes de abril del año dos mil diecinueve.

Diputado Librado Casas Ledezma (rúbrica)Presidente

Diputada Marisol Sánchez (rúbrica)Secretaria

Diputada Érika Leticia Jiménez AldacoSecretaria

(Turnada a la Comisión de Energía. Mayo 29 de 2019.)

QUE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO

17 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMA-LIZACIÓN, RECIBIDA DEL CONGRESO DE COAHUILA EN LA


29 DE MAYO DE 2019

Diputado Porfirio Muñoz LedoPresidente de la Mesa DirectivaDe la Cámara de Diputados delCongreso de la Unión

En sesión celebrada el día 15 de mayo de 2018, el ple-no del Congreso del estado trató lo relativo a un dicta-men presentado por la Comisión de Gobernación,Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a una ini-ciativa con proyecto de decreto por la que se proponeadicionar la fracción VI al artículo 17 de la Ley Fede-ral sobre Metrología y Normalización, planteada porel Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parla-mentario General Andrés S. Viesca, del Partido Revo-lucionario Institucional, conjuntamente con las demásdiputadas y diputados que la suscriben.

Al tratarse este dictamen, el pleno del Congreso apro-bó por unanimidad un acuerdo, mediante el cual se de-terminó lo siguiente:


Único. Se aprueba que la LXI Legislatura del Congre-so del estado, en ejercicio de la facultad que le conce-de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Po-lítica de los Estados Unidos Mexicanos presente unainiciativa de reforma para adicionar la fracción VI alartículo 17 de la Ley Federal sobre Metrología y Nor-malización.

En cumplimiento de lo antes dispuesto, se anexa a lapresente el dictamen en mención, para los efectos le-gales a que haya lugar.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dis-puesto en el artículo 278 de la Ley Orgánica del Con-greso del Estado, se comunica a usted lo anterior, parasu debido conocimiento y la consideración de lo con-signado en el referido dictamen.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de mayo de 2019.

MD Rafael Delgado Hernández (rúbrica)Oficial Mayor del Congreso del Estado

Acuerdo

Único. Se aprueba que la LXI legislatura del Congre-so del estado, en ejercicio de la facultad que le conce-de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Po-lítica de los Estados Unidos Mexicanos presente unainiciativa de reforma para adicionar la fracción VI alartículo 17 de la Ley Federal sobre Metrología y Nor-malización; para quedar en la forma siguiente:

Artículo Único. - Se adiciona la fracción VI al artícu-lo 17 de la Ley Federal sobre Metrología y Normali-zación, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

I. a V. ...

VI. Con excepción de los casos señalados en lafracción anterior, las autoridades, empresas o perso-nas que proporcionen los servicios, no podrán reali-zar cobros en base a estimaciones.

Transitorios


Segundo. Dentro de los sesenta días naturales si-guientes a la publicación de la presente reforma, debe-rán realizarse las adecuaciones a las Normas OficialesMexicanas correspondientes y demás reglamentaciónaplicable.

Así lo acuerdan los diputados integrantes de Comisiónde Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, dela Sexagésima Primera Legislatura del Congreso delEstado Independiente, Libre y Soberano de Coahuilade Zaragoza: diputado Jaime Bueno Zertuche (coordi-nador); diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (se-cretario), diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, di-putado Gerardo Abraham Aguado Gómez, diputadoEmilio Alejandro de Hoyos Montemayor, diputado Jo-sé Benito Ramírez Rosas, diputada Claudia Isela Ra-mírez Pineda y diputado Edgar Gerardo Sánchez Gar-za.

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 30 deabril de 2019.

Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionalesy Justicia, de la Sexagésima Primera Legislaturadel Congreso del Estado Independiente, Libre y So-berano de Coahuila de Zaragoza

Diputados: Jaime Bueno Zertuche, coordinador; Marcelo de Jesús

Torres Cofiño (secretario), Lucía Azucena Ramos Ramos, Gerardo

Abraham Aguado Gómez, Emilio Alejandro de Hoyos Montema-

yor, José Benito Ramírez Rosas, Claudia Isela Ramírez Pineda y

Edgar Gerardo Sánchez Garza (rúbricas a favor).

(Turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Mayo 29 de 2019.)


QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 323 BIS A LA LEY FEDERAL

DEL TRABAJO Y UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 54 DE LA

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, RECIBIDA DEL CONGRESO

DE COAHUILA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMA-NENTE DEL MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019


En sesión celebrada el día 15 de mayo de 2018, el ple-no del Congreso del estado trató lo relativo a un dicta-men presentado por las Comisiones Unidas de Gober-nación, Puntos Constitucionales y Justicia; Trabajo yPrevisión Social, y de Educación, Cultura, Familias yActividades Cívicas, relativo a la iniciativa con pro-yecto de decreto por la que se propone adicionar el ar-tículo 323 Bis de la Ley Federal del Trabajo, así comoagregar una fracción al artículo 54 de la Ley Generalde Educación, planteada por la diputada Claudia IselaRamírez Pineda, de la fracción parlamentaria ElviaCarrillo Puerto, del Partido de la Revolución Demo-crática.


Único. Se aprueba que la LXI Legislatura del Con-greso del Estado, en ejercicio de la facultad que leconcede la fracción III del artículo 71 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos,presente una iniciativa con proyecto de decretopor la que se propone adicionar el artículo 323 Bisa la Ley Federal del Trabajo, así como agregar unafracción al artículo 54 de la Ley General de Edu-cación.


En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dis-puesto en el artículo 278 de la Ley Orgánica del Con-greso del Estado, se comunica a usted lo anterior, parasu debido conocimiento y la consideración de lo con-signado en el referido dictamen.



Acuerdo

Único. Se aprueba que la LXI legislatura del Congre-so del estado, en ejercicio de la facultad que le conce-de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Po-lítica de los Estados Unidos Mexicanos presente unainiciativa con proyecto de decreto por la que se propo-ne adicionar el artículo 323 Bis, a la Ley Federal delTrabajo, así como agregar una fracción al artículo 54de la Ley General de Educación; para quedar en la for-ma siguiente:

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 323 Bis a laLey Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 323 Bis. En el caso de los trabajadores do-centes que presten sus servicios en planteles o escue-las del sector privado de educación superior, el pagopor hora no podrá ser inferior al salario mínimo vi-gente en la zona donde se encuentre la institución. Es-to será aplicable independientemente de la forma en laque el trabajador docente sea contratado.

Las autoridades laborales revisarán de manera periódi-ca el cumplimiento de ésta disposición.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción al artícu-lo 57 de la Ley General de Educación para quedar co-mo sigue:

Artículo 57. ...

I. a V. ...

VI. Garantizar un salario justo a los trabajadoresdocentes de instituciones privadas de educación su-perior, que independientemente de la relación labo-ral o la modalidad en la que sean contratados, el pa-go por hora no podrá ser inferior al salario mínimovigente en la zona. Las autoridades educativas revi-sarán de manera periódica el cumplimiento de estafracción.


Transitorios

Artículo Primero. La hora a que hace referencia lapresente propuesta de iniciativa de ley se debe enten-der únicamente como el lapso de tiempo de 60 minu-tos.

Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vi-gor al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi-cial de la Federación.

Así lo acuerdan los diputados integrantes de comisio-nes unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales yJusticia, de Trabajo y Previsión Social y de Educación,Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagé-sima Primera Legislatura del Congreso del Estado In-dependiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zara-goza: diputado Jaime Bueno Zertuche (coordinador),diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (secretario),diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, diputadoEmilio Alejandro de Hoyos Montemayor, diputado Jo-sé Benito Ramírez Rosas, diputada Claudia Isela Ra-mírez Pineda, diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza,diputado Jesús Berino Granados (coordinador), dipu-tado Gerardo Abraham Aguado Gómez (secretario),diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, diputadaMaría Esperanza Chapa García (coordinadora), dipu-tado Fernando Izaguirre Valdés (secretario), diputadaZulmma Verenice Guerrero Cázares, diputada DianaPatricia González Soto, diputada Gabriela ZapopanGarza Galván.

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de abril de 2019.

Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Diputados: Jaime Bueno Zertuche (rúbrica), coordinador; Marce-

lo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), secretario; Lucía Azucena Ra-

mos Ramos (rúbrica), Gerardo Abraham Aguado Gómez (rúbrica),

Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor (rúbrica), José Benito

Ramírez Rosas (rúbrica en contra), Claudia Isela Ramírez Pineda

(rúbrica) y Édgar Gerardo Sánchez Garza (rúbrica).

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Jesús Berino Granados (rúbrica), coordinador; Gerar-

do Abraham Aguado Gómez (rúbrica), secretario; Lilia Isabel Gu-

tiérrez Burciaga (rúbrica) Claudia Isela Ramírez Pineda (rúbrica)

Diputados: María Esperanza Chapa García (rúbrica), coordinado-

ra; Fernando Izaguirre Valdés (rúbrica), secretario; Zulmma Vere-

nice Guerrero Cázares (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rú-

brica), Gabriela Zapopan Garza Galván.

(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Mayo 29 de

2019.)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 18 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO

DEL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMEN-TARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITU-CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,RECIBIDA DEL CONGRESO DE COAHUILA EN LA SESIÓN DE

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 29 DE MAYO

DE 2019


En sesión celebrada el día 15 de mayo de 2018, el ple-no del Congreso del estado trató lo relativo a un dicta-men presentado por la Comisión de Gobernación,Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a una ini-ciativa con proyecto de decreto por la que se proponereformar el artículo 18, así como adicionar una por-ción normativa al segundo párrafo del artículo 196,ambos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Ar-tículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos, planteada por la diputadaClaudia Isela Ramírez Pineda, de la fracción parla-mentaria Elvia Carrillo Puerto del Partido de la Revo-lución Democrática.



Único. Se aprueba que la LXI Legislatura del Con-greso del estado, en ejercicio de la facultad que leconcede la fracción III del artículo 71 de la Consti-tución Política de los Estados Unidos Mexicanospresente una iniciativa de reforma al artículo 18 y alsegundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Am-paro, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos.


En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dis-puesto en el artículo 278 de la Ley Orgánica del Con-greso del estado, se comunica a usted lo anterior, parasu debido conocimiento y la consideración de lo con-signado en el referido dictamen.



Acuerdo

Único. Se aprueba que la LXI legislatura del Congre-so del estado, en ejercicio de la facultad que le conce-de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Po-lítica de los Estados Unidos Mexicanos presente unainiciativa de reforma al artículo 18 y al segundo párra-fo del artículo 196 de la Ley de Amparo, Reglamenta-ria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Polí-tica de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar enla forma siguiente:

Único. Se reforma el artículo 18 y el segundo párrafodel artículo 196 de la Ley de Amparo, Reglamentariade los Artículos 103 y 107 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, para quedar comosiguen:

Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo an-terior se computarán a partir del día siguiente a aquélen que surta efectos, conforme a la ley del acto, la no-tificación al quejoso del acto o resolución que reclameo a aquél en que haya tenido conocimiento o se osten-

te sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvolos casos de la fracción I del artículo anterior en el quese computará a partir del día de su entrada en vigor, yde lo previsto en la última parte del párrafo segundodel artículo 196 de esta ley,

Artículo 196. ...

Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo dela vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará re-solución fundada y motivada en que declare si la senten-cia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o de-fecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Los plazosprevistos en el artículo 17 de esta ley no correrán, sinohasta el día siguiente a aquél en que surta efectos la no-tificación de la decisión del órgano judicial de amparo enla que declare que la sentencia está cumplida.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

Así lo acuerdan los diputados integrantes de Comisiónde Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, dela Sexagésima Primera Legislatura del Congreso delEstado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila deZaragoza: diputado Jaime Bueno Zertuche (coordina-dor); diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (secreta-rio), diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, diputadoGerardo Abraham Aguado Gómez, diputado EmilioAlejandro de Hoyos Montemayor, diputado José Beni-to Ramírez Rosas, diputada Claudia Isela Ramírez Pi-neda y diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza.

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 30 de abril de 2019.

Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,

de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado

Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza

Diputados: Jaime Bueno Zertuche, coordinador; Marcelo de Jesús

Torres Cofiño (secretario), Lucía Azucena Ramos Ramos, Gerardo

Abraham Aguado Gómez, Emilio Alejandro de Hoyos Montema-

yor, José Benito Ramírez Rosas, Claudia Isela Ramírez Pineda y

Edgar Gerardo Sánchez Garza (rúbricas a favor).

(Turnada a la Comisión de Justicia. Mayo 29 de 2019.)


QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 151 DE LA

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADA POR

LOS DIPUTADOS HÉCTOR YUNES LANDA Y SORAYA PÉREZ

MUNGUÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA


29 DE MAYO DE 2019

Quienes suscriben, Héctor Yunes Landa y Soraya Pé-rez Munguía, diputados federales del Grupo Parla-mentario del Partido Revolucionario Institucional confundamento en lo dispuesto en los artículos 71, frac-ción II, y 78, fracción III, de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, así como los artícu-los 55, en su fracción II, 56, 179 y demás aplicablesdel Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-so General de los Estados Unidos Mexicanos, sometena consideración de esta honorable asamblea la presen-te iniciativa, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La salud es uno de los derechos humanos más signifi-cativos, pues sin ella no podemos hablar de calidad devida, que permite el acceso a otros derechos formal-mente reconocidos, a la vez que es un instrumento pri-mordial para el desarrollo y progreso de la sociedad ensu conjunto.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud(OMS), el derecho al “grado máximo de salud que sepuede lograr” exige un conjunto de criterios socialesque propicien la salud de todas las personas, entreellos la disponibilidad de servicios de salud, condicio-nes de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentosnutritivos. El goce del derecho a la salud está estre-chamente relacionado con el de otros derechos huma-nos tales como los derechos a la alimentación, la vi-vienda, el trabajo, la educación, la no discriminación,el acceso a la información y la participación.1

El derecho a la salud –según la misma organización–incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible aservicios de atención de salud de calidad suficiente.

Sin embargo, es evidente que millones de personas anivel mundial siguen padeciendo una serie de enfer-medades que es urgente prevenir y atender, con el ob-jeto de garantizarles una mejor calidad de vida, a lavez que proteger la economía familiar.

En este contexto, la OMS considera que el accesoequitativo a unos medicamentos seguros y asequibleses de importancia vital para que todo el mundo gocedel grado máximo de salud que se pueda lograr.2

Para poner en su justa dimensión este tema, basta se-ñalar que, según la OMS, las enfermedades cardiovas-culares son la principal causa de defunción en todo elmundo, para el año 2012 se estima que murieron alre-dedor de 17.5 millones de personas, lo cual representael 30% de las defunciones registradas en el mundo, yse estima que para 2030 esta cifra llegue a casi 23.6millones de personas.3

La diabetes es otro problema de salud pública preocu-pante. Se estima que el número de personas con estepadecimiento ha aumentado de 108 millones en 1980a 422 millones en 2014, es una enfermedad que causade ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio,accidente cerebrovascular y amputación de los miem-bros inferiores.4

En cuanto a la obesidad, se calcula que se ha casi tri-plicado, puesto que para el año 2016, más de 1900 mi-llones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso,de los cuales, más de 650 millones eran obesos.5

Nuestro país no escapa a esta grave problemática. ElInstituto Nacional de Salud Publica establece que el14% de los adultos en México tiene diabetes, siendo laprincipal causa de muerte en el país. Se estiman80,000 muertes por año y es la primera causa de ce-guera prevenible en el adulto en edad productiva, laprimera causa de insuficiencia renal terminal, la pri-mera causa de amputaciones no traumáticas y la prin-cipal causa de infartos al miocardio.6

Asimismo, existe una epidemia de obesidad, que es elprincipal riesgo para el desarrollo de enfermedadescrónicas. La OCDE estima que, en 2030, el 40% de losadultos mexicanos tendrán obesidad.

De acuerdo con especialistas médicos, más de 162 milpersonas mueren a causa de enfermedades cardiovas-culares anualmente, 88 mil de ellos por enfermedad is-quémica del corazón y 34 mil por enfermedades cere-brovasculares.7

Las enfermedades crónicas representan 7 de las 10principales causas de muerte en el país.


La prevalencia de estas enfermedades trae consecuen-cias no sólo para la salud de los pacientes, sino tam-bién, representa un gasto fuerte que impacta negativa-mente en la economía de las familias.

A ello, habrá que agregar el problema de desabasto demedicamentos. Solo 61 por ciento de las personas condiabetes, hipertensión y dislipidemia que acudieron alos Servicios Estatales de Salud (Sesa) salieron con to-dos los medicamentos.8

Ahora bien, según el estudio Taxing Waves de la Or-ganización para la Cooperación y Desarrollo Econó-micos (OCDE) el país se ubicó entre las naciones dedicho organismo donde el impuesto sobre la renta y lasretenciones por seguridad social representaron para lostrabajadores un alto porcentaje de sus ingresos en2017. Se estima que el pago del impuesto sobre la ren-ta representa el 9.8% de los ingresos salariales brutosde los trabajadores mexicanos.9

Conforme a la OMS, el dinero que se destina paraatención médica no debería rebasar un 20 por cientodel gasto de bolsillo. En México, ese porcentaje aún seencuentra cerca del 45 por ciento: más del doble de loconsiderado como ideal.

Pese de los importantes esfuerzos llevados a cabo enmateria de seguridad social y de contar con un alto por-centaje de la población cubierta bajo diferentes esque-mas, en nuestro país se siguen gastando fuertes canti-dades de dinero de las familias para cubrir la atenciónmédica y hospitalaria. El gasto de bolsillo puede llegara alcanzar altos porcentajes de los ingresos y convertir-se en un gasto catastrófico para las familias.

Miles y miles de personas ven seriamente afectada sueconomía al destinar buena parte de sus ingresos paraatender problemas de salud, por lo que el gasto de bol-sillo es, de manera indirecta, un indicador de salud enMéxico, y también una evidencia de las desigualdadesque se sufren en ciertos sectores.

Mientras el presupuesto destinado a medicamentos haregistrado recortes; en contraste, la población afiliadaa los principales sistemas públicos de salud: IMSS,ISSSTE, Seguro Popular, Pemex, Sedena y Semar haincrementado. Basta decir que entre 2012 y 2016 in-crementó 9.0 por ciento, es decir, 15 millones 851 mil597 personas (INEGI, 2013, 2015, 2017).10

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos yGastos de los Hogares (ENIGH), la población que re-alizó un gasto de bolsillo11 por compra de medicinasse incrementó, al pasar de 41.1 por ciento en 2014 a47.4% en 2016. De tal forma que, en 2016, el númerode personas que pagó por medicamentos aumentó en 1millón 584 mil 819 respecto a 2014.

El pago de medicamentos con receta es más alto en to-dos los deciles de los hogares, tan solo en 2014 las fa-milias erogaron 171 pesos mensuales, en promedio,por hogar. Además, la compra de medicamentos rece-tados representa el segundo rubro del gasto para el cui-dado de la salud.12

Gasto en el cuidado de salud

Servicios médicos: 26.1 por ciento

Medicamentos recetados: 23.2 por ciento

Atención hospitalaria (no incluye parto): 15.1 porciento

Seguro médico: 10.0 por ciento

Aparatos ortopédicos y terapéuticos: 8.1 por ciento

Medicamentos sin receta y material de curación: 5.5por ciento

Servicios médicos durante el parto: 5.3 por ciento

Servicios médicos y medicamentos durante el em-barazo: 3.6 por ciento

Medicina alternativa: 3.1 por ciento

Fuente: Inegi

El gasto de bolsillo tiene implicaciones socioeconó-micas importantes. Afecta a la sociedad en su con-junto, pues los gastos urgentes y el deterioro en la sa-lud pública puede tener un mayor impacto negativode manera individual, así como en la carga del sectorsalud. Dicha carga también se ve reflejada en la cali-dad y disponibilidad de los servicios ofrecidos porlas instituciones de seguridad social, lo que terminapor constituirse en un peso innecesario que incide enla productividad y la economía del país, generando


un círculo vicioso en perjuicio de la población en ge-neral.

Según la investigación sobre el gasto de bolsillo fren-te al gasto público, divulgada este año por el Centro deInvestigación Económica y Presupuestaria (CIEP), elpresupuesto aprobado para medicamentos fue de79,417 millones de pesos; eso representa el 13 porciento del presupuesto público del sector salud en elpaís. Sin embargo, el presupuesto sufre de un recortedrástico del 10.5 por ciento en referencia al primer añode gobierno del sexenio anterior.13

Los ciudadanos han sido los más afectados por estosrecortes y la crítica falta de disponibilidad de los me-dicamentos.

El Inegi señaló que, en 2017, 58 millones 584 mil 916ciudadanos mexicanos buscaron atención de salud. Esseguro asumir que la mitad de los que ingresan a lossubsistemas (IMSS, ISSSTE, SSA, etc.) no recibenmedicamentos.

La protección de la salud constituye un derecho socialy universal, además de que es un elemento esencial pa-ra que el Estado pueda sentar las bases para eliminar ladesigualdad que persiste en la sociedad.

Resulta fundamental seguir trabajando para garantizaruna buena salud a los mexicanos, que les permita sudesarrollo pleno y el ejercicio de sus derechos formal-mente reconocidos.

Por las anteriores consideraciones, la presente Iniciati-va pretende reformar la fracción I del artículo 151 dela Ley de Impuesto sobre la Renta, con la finalidad deque los medicamentos de los grupos I, II, III y IV esti-pulados en el artículo 226 de la Ley General de Saludsean deducibles.

Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta ysuministro al público, se consideran:

I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con re-ceta o permiso especial, expedido por la Secretaríade Salud, de acuerdo a los términos señalados en elCapítulo V de este Título;

II. Medicamentos que requieren para su adquisiciónreceta médica que deberá retenerse en la farmacia

que la surta y ser registrada en los libros de controlque al efecto se lleven, de acuerdo con los términosseñalados en el capítulo VI de este título. El médi-co tratante podrá prescribir dos presentaciones delmismo producto como máximo, especificando sucontenido. Esta prescripción tendrá vigencia detreinta días a partir de la fecha de elaboración de lamisma.

III. Medicamentos que solamente pueden adquirir-se con receta médica que se podrá surtir hasta tresveces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez enlos libros de control que al efecto se lleven. Estaprescripción se deberá retener por el establecimien-to que la surta en la tercera ocasión; el médico tra-tante determinará, el número de presentaciones delmismo producto y contenido de las mismas que sepuedan adquirir en cada ocasión.

Se podrá otorgar por prescripción médica, en casosexcepcionales, autorización a los pacientes para ad-quirir anticonvulsivos directamente en los laborato-rios correspondientes, cuando se requiera en canti-dad superior a la que se pueda surtir en lasfarmacias;

IV. Medicamentos que para adquirirse requieren re-ceta médica, pero que pueden resurtirse tantas vecescomo lo indique el médico que prescriba.

Lo anterior, debido a que un medicamento que puedeobtenerse sólo mediante receta médica, representa nosolamente un diagnóstico de lo que padece un sujeto,si no que es parte esencial de un tratamiento integralpara el paciente.


Con esta medida, no únicamente se está protegiendo laeconomía de las familias, sino que permitirá generarun círculo virtuoso para un mejor control y regulaciónde los medicamentos en el país.

Con base en lo anterior, el texto quedaría de la si-guiente forma:

Por lo antes expuesto, someto a consideración de estaAsamblea, la siguiente Iniciativa con:

Decreto por el que se reforma la fracción I del artí-culo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se reforma la fracción I del artículo 151 de laLey del impuesto sobre la Renta, para quedar como si-gue:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el pa-ís que obtengan ingresos de los señalados en este Tí-tulo, para calcular su impuesto anual, podrán hacer,además de las deducciones autorizadas en cada Capí-tulo de esta Ley que les correspondan, las siguientesdeducciones personales:

I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y porservicios profesionales en materia de psicología ynutrición prestados por personas con título profe-sional legalmente expedido y registrado por las au-toridades educativas competentes, así como los gas-tos hospitalarios y de medicamentos a los que serefieren las fracciones I, II, III y IV del artículo226 de la Ley General de Salud, efectuados por elcontribuyente para sí, para su cónyuge o para la per-sona con quien viva en concubinato y para sus as-cendientes o descendientes en línea recta, siempreque dichas personas no perciban durante el año decalendario ingresos en cantidad igual o superior a laque resulte de calcular el salario mínimo general delárea geográfica del contribuyente elevado al año, yse efectúen mediante cheque nominativo del contri-buyente, transferencias electrónicas de fondos, des-de cuentas abiertas a nombre del contribuyente eninstituciones que componen el sistema financiero ylas entidades que para tal efecto autorice el Bancode México o mediante tarjeta de crédito, de débito,o de servicios.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-guiente al de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

Notas

1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-

rights-and-health

2 https://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/access-

medicines-20090313/es/

3 https://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/

4 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

5 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-

and-overweight


6 https://www.insp.mx/presencia-insp/3877-diabetes-causa-muer-

te-mexico.html

7 https://www.imagenradio.com.mx/enfermedades-cardiovascula-

res-primera-causa-de-muerte-en-mexico

8 https://imco.org.mx/wp-

content/uploads/2018/05/Presentaci%C3%B3n_Peque%C3%B1o

s-pasos-para-transformar-al-sistema-de-salud_22-05-2018.pdf

9 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-entre-los-

paises-donde-mas-pagan-impuestos-los-trabajadores

10 https://ciep.mx/gasto-en-medicamentos/

11 El gasto de bolsillo en medicamentos es el gasto que efectúan

los hogares para la compra de medicinas, aunque cuenten con una

afiliación en algún sistema público de salud.

1 2

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//pro

d_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_es-

truc/702825088583.pdf

13 https://www.scribd.com/document/404126946/Gasto-en-medi-

camentos-Gasto-de-bolsillo-frente-al-gasto-publico#from_embed

Dado en el Senado de la República, sede de la Comi-sión Permanente del Congreso de la Unión, a los 27 dí-as del mes de mayo de 2019.

Diputados: Héctor Yunes Landa, Soraya Pérez Munguía (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Mayo 29

de 2019.)

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO EN

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, RECI-BIDA DE DIPUTADAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA


29 DE MAYO DE 2019

Las que suscriben, diputadas federales Martha MaiellaGómez Maldonado, Fabiola Raquel Guadalupe LoyaHernández, Geraldina Isabel Herrera Vega, AdrianaGabriela Medina Ortiz, Carmen Julieta Macías Rába-go y Ruth Salinas Reyes, todas integrantes del GrupoParlamentario del Movimiento Ciudadano de la LXIVLegislatura de la Cámara de Diputados del Congresode la Unión, en uso de las facultades que confieren confundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracciónII, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, así co-mo en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la LeyOrgánica del Congreso General, y 55, fracción II, delReglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, someten aconsideración de esta Comisión Permanente la presen-te iniciativa, al tenor de la siguiente


“La igualdad de las mujeres debe ser un componen-te central en cualquier intento para resolver los pro-blemas sociales, económicos y políticos” - Kofi An-nan, ex secretario general de la Organización de lasNaciones Unidas.

La participación política en México de las mujeres, ycomo presupuesto la garantía de oportunidades ade-cuadas para acceder a tal sin obstáculo alguno consti-tuye el objetivo número 5 de 17 de la Agenda para elDesarrollo Sostenible de la Organización de las Na-ciones Unidas,1 mismos que se exponen a continua-ción:


Simultáneamente, es reconocido por distintos meca-nismos jurídicos de carácter internacional y obligato-rios para el Estado Mexicano que la erradicación de ladiscriminación por motivo de género es un fundamen-to de todo Estado de Derecho,2 y que, en términos dela Convención Americana sobre Derechos Humanos(CADH),3 en caso de no contar con las estrategias ade-cuadas para garantizar ese derecho a la no discrimina-ción, aquel se compromete ante la comunidad interna-cional a ejecutar todas las actuaciones requeridas paraalcanzar tal fin.4

Atendiendo al cumplimiento de dicho objetivo deldesarrollo sostenible, el 25 de julio de 2018 el Comitépara la Eliminación de la Discriminación contra laMujer de la Organización de las Naciones Unidas (Co-mité) emitió a nuestro país distintas observaciones enmateria de igualdad y no discriminación de la mujer, yconcluyó en el marco del acceso de la mujer a cargosde elección popular, la existencia de lo siguiente:5

a) Barreras estructurales que impiden el acceso delas mujeres a la vida política y pública

b) Discriminación por razón de género en los parti-dos políticos que menoscaba, sobre todo, la partici-pación en candidaturas de carácter estatal y munici-pal.

Derivado de dichas conclusiones, el Estado mexicanose encuentra obligado, tal cual se demostró inicial-mente, a implementar las acciones necesarias paracombatir dichos obstáculos a la promoción de la nodiscriminación de la mujer en el ámbito político, esen-cialmente:6

a) A definir e implementar políticas institucionalesy condiciones necesarias que permitieran acelerar laparticipación efectiva de las mujeres en pie deigualdad en todos los planos de la vida pública y po-lítica del país.

b) Adoptara medidas idóneas para combatir cual-quier tipo de prácticas discriminatorias de los parti-dos políticos que desalientan a las mujeres a pre-sentarse como candidatas en las eleccionesfederales, estatales o municipales.

En adición, la fracción XXIX-U del artículo 73 denuestra constitución política confiere exclusivamenteal poder legislativo la facultad de regular, a través deleyes marco o generales, la distribución de competen-cias entre la federación y las entidades federativas enmaterias de partidos políticos; organismos electorales,y procesos electorales conforme a las bases constitu-cionales previstas, por lo cual la competencia de la Cá-mara de Diputados para conocer de esta iniciativa endicha se acredita.

La ley expedida al efecto se denomina Ley General deInstituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE)y regula, entre otros aspectos, los requisitos generalesde las fórmulas de candidatos a cargos de elección po-pular.

De un estudio integral de la legislación en cita, se ad-vierte una problemática que, por mandato constitucio-nal y en coincidencia con las preocupaciones del Co-mité en materia de acceso a la mujer a la vida políticade México, amerita resolución prioritaria so pena deincurrir en incumplimiento de disposiciones de carác-ter internacional.7

Esta problemática se resume a lo siguiente, sin perjui-cio de su posterior explicación:

1. La Ley General de Instituciones y Procedimien-tos Electorales (LEGIPE) exige el respeto a la pari-dad de género en la postulación de candidatos a car-gos de elección popular, sin embargo, de suinterpretación literal se desprende que dicho princi-pio únicamente rige respecto de diputados y sena-dores federales, no así de cargos de elección popu-lar locales propios de los congresos, ayuntamientosy alcaldías, tratándose de diputados, regidores, sín-dicos y concejales.


Sobre la citada:

Artículo 1.

1. La presente ley es de orden público y de observan-cia general en el territorio nacional y para los ciuda-danos que ejerzan su derecho al sufragio en territorioextranjero. Tiene por objeto establecer las disposicio-nes aplicables en materia de instituciones y procedi-mientos electorales, distribuir competencias entre laFederación y las entidades federativas en estas mate-rias, así como la relación entre el Instituto NacionalElectoral y los Organismos Públicos Locales.

(...)

Artículo 2.

1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionalesrelativas a:

a) Los derechos y obligaciones político-electoralesde los ciudadanos;

b) La función estatal de organizar las elecciones delos integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecu-tivo de la Unión;

e) Las reglas comunes a los procesos electorales fe-derales y locales, y

d) La integración de los organismos electorales.

Es importante exponer que la LEGIPE prevé respectoel principio de paridad de género, lo siguiente:

A.1. En cuanto a los cargos de elección popular delos ayuntamientos y alcaldías de las entidades fede-rativas

La única disposición prevista en la LEGIPE en cuantoa la conformación de los cargos referidos, es la si-guiente:

Título Tercero. De la elección de gobernadores,legislaturas locales y ayuntamientos, así como dejefe de gobierno, diputados a la Asamblea Legis-lativa y los titulares de los órganos político-ad-ministrativos de las demarcaciones territorialesdel Distrito Federal

(...)

Artículo 26.

1. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de los esta-dos de la República y del Distrito Federal, se inte-grarán y organizarán conforme lo determina laConstitución, las constituciones de cada estado, asícomo el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal ylas leyes respectivas.

2. Los municipios serán gobernados por un ayunta-miento de elección popular directa, conformado porun Presidente Municipal y el número de integrantesque determine la Constitución y la ley de cada enti-dad, así como los órganos político-administrativos,según la legislación aplicable en el Distrito Federal.

(...)

Ningún otro artículo establece la incorporación delprincipio de paridad de género en la elección de re-presentantes populares en el orden de gobierno mu-nicipal o de alcaldía, únicamente se realiza tal exi-gencia tratándose de pueblos y comunidadesindígenas en cuanto a sus formas de gobierno, enlos términos siguientes:

Artículo 26

(...)

4. Los pueblos y comunidades indígenas en las en-tidades federativas elegirán, de acuerdo con susprincipios, normas, procedimientos y prácticas tra-dicionales, a las autoridades o representantes para elejercicio de sus formas propias de gobierno interno,garantizando la participación de hombres y mujeresen condiciones de igualdad, guardando las normasestablecidas en la Constitución, las constitucioneslocales y las leyes aplicables.

Aunado a ello, no existe en el ordenamiento una nor-ma genérica que establezca la obligación de observarla regla de paridad de género en la conformación de lascandidaturas en mención a nivel administrativo u eje-cutivo, sino aparente y únicamente de respecto del po-der legislativo federal y local, particularidad sobre lacual nos pronunciaremos más adelante.


Lo anterior permite concluir que existe una discrimi-nación de iure en perjuicio de candidaturas a cargos deelección popular en cuanto a que no se exige observarrespecto de algunas el principio de paridad de géneroen su conformación pero sí de otras, sin explicación al-guna, y deriva tal de los razonamientos siguientes:

En términos de la Suprema Corte de Justicia de la Na-ción, cuando se alega discriminación debe proporcio-narse un parámetro o término de comparación para de-mostrar un trato diferenciado injustificado equivalentea una ruptura de un tratamiento de igualdad entre si-tuaciones análogas.

En tal virtud, todos los candidatos a cargos de elecciónpopular de cuerpos colegiados, independientemente sicorresponden al poder legislativo o ejecutivo, guardanidentidad en cuanto a su naturaleza y características, esdecir, lo que importa conocer para efectos de determi-nar si existe o no discriminación es el mecanismo deelección, no las características propias del cargo yaocupado.

Luego entonces, la diferencia específica de estos can-didatos respecto de otros a cargos, empleos o comisio-nes en la administración pública reside en que sonelectos democráticamente por medio del sufragio efec-tivo, universal, libre, discreto y secreto de la ciudada-nía, y al guardar dicha identidad exacta es lógico con-cluir que debe regir absolutamente para todos lamisma normatividad y principios procedimentales enmateria electoral en respeto a un principio de igualdadque exige tratar igual a los iguales, salvo que existauna razón objetiva, justificada y suficiente para incor-porar una diferencia de trato, misma que no ha sido ad-vertida hasta la fecha por ninguna autoridad o socie-dad.

En palabras más sencillas, todos los candidatos a car-gos de elección popular deben regirse por las mismasreglas, sin importar el orden del gobierno al que perte-necen, pues un presidente municipal, un diputado localo un senador deben ser electos por la misma vía del su-fragio previsto constitucionalmente, sin distinción.Eso es lo que interesa.

A manera de cofrontación entre candidatos a cargos deelección popular del poder legislativo y ejecutivo, seadvierte que existe una diferencia ilegítima de trato encuanto a que tratándose de la conformación de los can-

didatos del primero, la ley sí exige explícitamente quedebe regirse dicho procedimiento por el principio deparidad de género, mientras que del segundo, a lo queinteresa en cuerpos colegiados a nivel local, la leyesomisa y se excluyen sin razón aparente alguna.

En tal virtud se cita jurisprudencia de la Suprema Cor-te de Justicia de la Nación que refuerza la argumenta-ción vertida:8

Derechos fundamentales a la igualdad y a la no dis-criminación. Metodología para el estudio de casosque involucren la posible existencia de un trata-miento normativo diferenciado.

Las discusiones en torno a los derechos fundamen-tales a la igualdad y a la no discriminación suelentransitar por tres ejes: 1) la necesidad de adoptarajustes razonables para lograr una igualdad sustan-tiva y no meramente formal entre las personas; 2) laadopción de medidas especiales o afirmativas, nor-malmente llamadas “acciones afirmativas”; y, 3) elanálisis de actos y preceptos normativos que direc-ta o indirectamente (por resultado), o de forma táci-ta, sean discriminatorios. En el tercer supuesto,cuando una persona alega discriminación en su con-tra, debe proporcionar un parámetro o término decomparación para demostrar, en primer lugar, untrato diferenciado, con lo que se busca evitar laexistencia de normas que, llamadas a proyectarsesobre situaciones de igualdad de hecho, produzcancomo efecto de su aplicación: i) una ruptura de esaigualdad al generar un trato discriminatorio entre si-tuaciones análogas; o, ii) efectos semejantes sobrepersonas que se encuentran en situaciones dispares.Así, los casos de discriminación como consecuen-cia de un tratamiento normativo diferenciadoexigen un análisis que se divide en dos etapas su-cesivas y no simultáneas: la primera implica unarevisión con base en la cual se determine si las si-tuaciones a comparar en efecto pueden contras-tarse o si, por el contrario, revisten divergenciasimportantes que impidan una confrontación en-tre ambas por no entrañar realmente un trata-miento diferenciado; y una segunda, en la cual seestudie si las distinciones de trato son admisibleso legítimas, lo cual exige que su justificación seaobjetiva y razonable, utilizando, según proceda,un escrutinio estricto para confirmar la rigurosanecesidad de la medida-o uno ordinario -para


confirmar su instrumentalidad-. En ese sentido,el primer análisis debe realizarse con cautela, pueses común que diversas situaciones que se estimanincomparables por provenir de situaciones de hechodistintas, en realidad conllevan diferencias de tratoque, más allá de no ser análogas, en realidad se es-timan razonables. En efecto, esta primera etapa pre-tende excluir casos donde no pueda hablarse de dis-criminación, al no existir un tratamientodiferenciado.

Concluyendo jurídicamente lo previo, nuevamente secitan con estrecha relación las afirmaciones por partedel Comité (CEDAW),9 en cuanto a que afirman unaprofunda preocupación internacional debido a:

a) La existencia (en México) de discriminación porrazón racial y por razón de género en los partidospolíticos, que sigue menoscabando la capacidad de lasmujeres de presentarse como candidatas en eleccionesestatales o municipales;

En la misma línea de razonamientos, es inconcuso quefrente a las elecciones de candidatos a cargos de elec-ción popular de cuerpos colegiados como lo son lospropios a regidores y síndicos, así como concejales,las mujeres sufren en su perjuicio discriminación al noencontrarse garantizada jurídicamente su participaciónpara contender en dichos rubros sin justificación algu-na, tal como se acredita con la interpretación literal dela norma siguiente, en la cual únicamente obliga a lospartidos políticos y no así prima facie a la autoridadelectoral a respetar el principio de paridad de génerotratándose únicamente de la conformación del poderlegislativo, pero nada dice de cuerpos colegiados ad-ministrativos como los ya multicitados:

Artículo 232

(...)

3. Los partidos políticos promoverán y garantizaránla paridad entre los géneros, en la postulación decandidatos a los cargos de elección popular para laintegración del Congreso de la Unión, los Congre-sos de los Estados y la Asamblea Legislativa delDistrito Federal.

Y en atención a la solución de dicha omisión legislati-va que repercute directamente en su esfera jurídica, se

propone la siguiente modificación a los artículos 26 y232 de la LEGIPE:

A.2 En cuanto a los cargos de elección popular delos cuerpos legislativos de las entidades federativas

Sobre este apartado, se tienen por reproducidos los ar-gumentos que explican la lógica o razonamiento a se-guir para determinar que existe o no discriminaciónexpuesta en el inmediato previo.

Previo a la exposición de la problemática presente, de-be precisarse que en 2014 fue aprobada una reforma


de carácter constitucional, misma que impactó el artí-culo 41 exigiendo únicamente a los partidos políti-cos, regirse por el principio de paridad de género en laformulación de candidaturas a legisladores federales ylocales:

Los partidos políticos tienen como fin promover laparticipación del pueblo en la vida democrática, con-tribuir a la integración de los órganos de representa-ción política y como organizaciones de ciudadanos,hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poderpúblico, de acuerdo con los programas, principios eideas que postulan y mediante el sufragio universal, li-bre, secreto y directo, así como las reglas para garan-tizar la paridad entre los géneros, en candida turasa legisladores federales y locales. Sólo los ciudada-nos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre eindividualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidasla intervención de organizaciones gremiales o con ob-jeto social diferente en la creación de partidos y cual-quier forma de afiliación corporativa.

La LEGIPE, como se advierte, es la ley encargada dematerializar dicha exigencia constitucional, y a travésde la interpretación armónica de sus distintas disposi-ciones en cuanto al principio de paridad aplicable a laelección del poder legislativo en general, nos permiti-mos concluir que aquella tutela únicamente a los aspi-rantes a diputaciones federales y no así locales. Elloderiva de los razonamientos a continuación expuestosde manera particular con cada artículo de la LEGIPEanalizado:

1. En cuanto al artículo 233.

a. El artículo en cita, si bien refiere que las candi-daturas a diputados presentadas por partidos políti-cos deberán integrarse salvaguardando la paridadde género, exige que sea únicamente tratándose deaquellas que se presenten ante el Instituto.

Título Segundo De los Actos Preparatorios de laElección Federal

Artículo 233.

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto delas candidaturas a diputados como de senadores quepresenten los partidos políticos o las coalicionesante el instituto deberán integrarse salvaguardando

la paridad entre los géneros mandatada en la Cons-titución y en esta Ley.

Ahora bien, por Instituto, la misma LEGIPE prevé ensu articulado de glosario que:

Artículo 3.

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: (... )

g) Instituto: El Instituto Nacional Electoral;

(... )

Por lo anterior, es inconcuso que las candidaturas a di-putados se trata únicamente de las federales, puestoque son las que de manera exclusiva pueden registrar-se ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Las can-didaturas locales deben registrarse, lógicamente, anteel Organismo Público Local (OPLE), y para que elprincipio de paridad sea extensivo a dicho ámbito decompetencia, la norma debe realizar la precisión con-sistente en que es aplicable el multicitado principiotratándose también de candidaturas registradas ante elOPLE.

A manera de refuerzo, los artículos 232 y hacen la di-ferenciación competencial, en cuanto a:

Artículo 232.

(...)

4. El instituto y los organismos públicos locales, enel ámbito de sus competencias, tendrán facultadespara rechazar el registro10 del número de candida-turas de un género que exceda la paridad, fijando alpartido un plazo improrrogable para la sustituciónde las mismas. En caso de que no sean sustituidasno se aceptarán dichos registros.

(...)

Artículo 235.

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, siun partido político o coalición no cumple con loestablecido en los artículos 233 y 234, el ConsejoGeneral11 le requerirá en primera instancia paraque en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas


a partir de la notificación, rectifique la solicitud deregistro de candidaturas y le apercibirá de que, encaso de no hacerlo, le hará una amonestación pú-blica.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafoanterior, el partido político o coalición que no reali-ce la sustitución de candidatos, será acreedor a unaamonestación pública y el Consejo General le re-querirá, de nueva cuenta, para que en un plazo deveinticuatro horas, contadas a partir de la notifica-ción, haga la corrección. En caso de reincidencia sesancionará con la negativa del registro de las candi-daturas correspondientes.

Como se advierte, en el artículo 232 se prevé que elINE podrá rechazar registro de candidaturas, realizan-do la diferenciación de que el Organismo Público Lo-cal también podrá hacerlo en el ámbito de su compe-tencia, por lo que es indiscutible, reiteramos, que alreferir el artículo 233 que la fórmula de candidatos adiputados deberá respetar el principio de paridad degénero, esta fórmula es únicamente de la federal y node la local, pues la primera es la única que puede pre-sentarse ante el Instituto, a diferencia de la local quelogicamente corresponde al OPLE.

Además, el artículo 235 al pronunciarse sobre las san-ciones por inobservancia del multicitado principio, ha-ce alusión únicamente al Consejo General, que en tér-minos del articulado de glosario:

Artículo 3.

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

(...)

e) Consejo General: El Consejo General del Institu-to;

Respecto esto último, se reafirma que la sanción ex-presada en dicha norma es únicamente aplicable tra-tándose de violaciones en el ámbito federal, no así enel local que en su caso sería competencia del ConsejoGeneral pero del OPLE, no del INE.

Así, al no atribuir expresamente el OPLE dicha fa-cultad de sanción no existiría consecuencia algunapara el partido político que en el ámbito local in-

cumpliera en los términos señalados por la norma,toda vez que la aplicación de sanciones por analogíaes prohibida.

Además, si bien el artículo 232 prevé en su numeral 3la obligación de que los partidos políticos garanticenla paridad entre los géneros en la postulación de can-didatos a los cargos de elección popular para la inte-gración de los poderes legislativos de las entidades fe-derativas, el numeral 4 del mismo artículo estableceque los OPLE tendrán facultades para rechazar candi-daturas cuyo número sea contrario a la paridad de gé-nero y no así el deber u obligación de, lo cual es su-mamente peligroso ya que permite la discrecionalidaddel OPLE en la aplicación de la sanción; no es unaconsecuencia reglada, directa o necesaria, sino contin-gente atendiendo a los razonamientos particulares delaplicador de la norma si sanciona, lo cual permite ar-bitrariedad y no asegura una sanción al incumplimien-to de obligaciones de los partidos políticos en materiade paridad de género.

En cuanto al INE no existe problema, pues norma di-versa prevé la sanción específica al no cumplirse la re-gla de paridad de género, lo que obliga a la autoridadfederal a sancionar de manera indiscutible, pero aten-diendo a la laguna legal existente sobre el orden local,entonces respecto de este sí tiene relevancia jurídica eljuego de palabras expuesto.

Como se afirmó anteriormente, la solución competen-cial sería reconocer expresamente en la norma la fa-cultad del OPLE para sancionar en los mismos térmi-nos que el INE, lo cual reafirmaría también la tuteladel género femenino a nivel tanto federal como local,además de eliminar que la sanción sea propiamenteuna facultad discrecional, sino una consecuencia lógi-ca, inmediata y necesariaante el incumplimiento de re-glas de paridad de género.

A modo de conclusión, es claro que tratándose de laestructuración de fórmulas de candidatos a cargos deelección popular de cuerpos legislativos locales lasmujeres sufren en su perjuicio discriminación al no en-contrarse garantizada jurídicamente su participaciónpara contender en dichos rubros sin justificación algu-na, y aunque no fuera ella la intención del legisladorque propuso tal redacción, lo cierto es que objetiva-mente incumplió al no haber precisado suficientemen-te los alcances normativos que descarten cualquier


riesgo al aplicador de la norma de incurrir en el fenó-meno en mención.

En complementariedad, nuestros máximos tribunaleshan concluido al respecto que:12

Discriminación. Obligación del legislador de no usarpalabras que generen ese efecto.

En atención a los principios de igualdad y no discri-minación, así como al del legislador racional, el cre-ador de la norma tiene el deber de cuidar (en lamedida de lo posible) el contenido de la terminolo-gía empleada en la formulación de leyes, de mane-ra que las palabras y oraciones utilizadas no con-duzcan a una desigualdad o discriminación conbase en alguna categoría sospechosa. Es decir, eldeber de cuidado a cargo del legislador impone velarpor el contenido de las normas jurídicas que formula,sin que esa obligación llegue al extremo de que, en elejercicio de la facultad legislativa, únicamente debanutilizarse términos, palabras o conceptos neutros (pa-labras o voces que dan una idea de generalidad sindistinción de género o sexo), pues el verdadero alcan-ce de ese deber exige que la utilización de las palabrasempleadas en un contexto determinado no conduzcani genere imprecisiones las cuales, eventualmente, setraduzcan en interpretaciones discriminatorias. Así,para formular una norma jurídica no es necesario uti-lizar palabras neutras, sino basta con usar términos ofórmulas que generen una idea de inclusión de los su-jetos a quienes se refiere la norma y la terminologíaempleada no genere algún tipo de interpretación dis-criminatoria.

Es en atención a ello, que se pretenden reformar los ar-tículos 232, 233 y 235 de la LEGIPE como sigue:


Las propuestas de modificación expuestas, tanto parahacer extensivo el principio de paridad de género alámbito del procedimiento de formulación de candida-tos a elección popular tratándose de cuerpos colegia-dos en el ámbito administrativo, así como a los cuer-pos legislativos de carácter local, atenderían laspreocupaciones y exhortos realizados por el Comité enla materia además de cumplir con los requisitos de pa-ridad previstos en el artículo 41 constitucional, mis-mos que se tienen aquí por reproducidos al ya habersecitado en fojas previas y en obvio de repeticiones in-necesarias.

Es por lo anteriormente expuesto, con la finalidad delograr resultados palpables que funjan como cataliza-dor del combate a la violencia de género en todas susvertientes; que no permitamos la existencia de una víc-tima política por razón de género más; que generemosun entorno social que materialice, a través de la erra-dicación de la violencia contra la mujer, los objetivosde igualdad, desarrollo y paz nacional, volviendo estanociva atmósfera algo intolerable ante el ojo de cual-quier mexicano como circunstancia indispensable pa-ra el disfrute de otros derechos fundamentales, que so-metemos a la consideración de esta honorableComisión Permanente la siguiente iniciativa con pro-yecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposi-ciones de la Ley General de Instituciones y Proce-dimientos Electorales en materia de paridad de gé-nero en candidaturas a cargos de elección popular

Único. Se reforman los artículos 26, 232, 233 y 235de la Ley General de Instituciones y ProcedimientosElectorales para quedar como sigue:

Artículo 26.

1. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estadosde la República y de la Ciudad de México, se integra-rán y organizarán conforme lo determina la Constitu-ción, las constituciones de cada estado, así como laConstitución Política de la Ciudad de México y las le-yes respectivas.

2. Los municipios serán gobernados por un Ayunta-miento de elección popular directa, conformado porun Presidente Municipal y el número de integrantesque determine la Constitución y la ley de cada entidad,

así como los órganos político-administrativos, segúnla legislación aplicable en la Ciudad de México.

El número de concejales, regidores y síndicos quela ley determine deberá conformarse respetando elprincipio de paridad de género, y las fórmulas decandidatos deberán considerar suplentes del mis-mo género que el candidato propietario.

3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen dere-cho a elegir, en los municipios con población indíge-na, representantes ante los Ayuntamientos. Las consti-tuciones y leyes de las entidades federativasreconocerán y regularán estos derechos en los munici-pios, con el propósito de fortalecer la participación yrepresentación política de conformidad con sus tradi-ciones y normas internas, garantizando el principio deparidad de género.

(...)

Artículo 232.

(... )

2. Las candidaturas a diputados tanto locales como fe-derales y a senadores a elegirse por el principio de ma-yoría relativa y por el principio de representación pro-porcional, así como las de senadores por el principiode mayoría relativa y por el de representación propor-cional, se registrarán por fórmulas de candidatos com-puestas cada una por un propietario y un suplente delmismo género, y serán consideradas, fórmulas y can-didatos, separadamente, salvo para efectos de la vota-ción.

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán laparidad entre los géneros, en la postulación de candi-datos a los cargos de elección popular para la integra-ción de planillas de regidores, síndicos y concejales,Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados yla Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, enel ámbito de sus competencias, deberán rechazar el re-gistro del número de candidaturas de un género queexceda la paridad, fijando al partido un plazo impro-rrogable para la sustitución de las mismas. En caso deque no sean sustituidas no se aceptarán dichos regis-tros.


(... )

Artículo 233.

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto delas candidaturas a diputados locales, federales, sena-dores, concejales, regidores y síndicos que presentenlos partidos políticos o las coaliciones ante el Institutoy Organismos Públicos Locales, deberán integrarsesalvaguardando la paridad entre los géneros mandata-da en la Constitución y en esta Ley.

Artículo 235.

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si unpartido político o coalición no cumple con lo estable-cido en los artículos 233 y 234, el Consejo General delInstituto o del Organismo Público Local, en el ámbitode sus competencias, le requerirá en primera instanciapara que en el plazo de cuarenta y ocho horas, conta-das a partir de la notificación, rectifique la solicitud deregistro de candidaturas y le apercibirá de que, en ca-so de no hacerlo, le hará una amonestación pública.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo an-terior, el partido político o coalición que no realice lasustitución de candidatos, será acreedor a una amones-tación pública y el Consejo General del Instituto o delOrganismo Público Local, en el ámbito de sus compe-tencias, le requerirá, de nueva cuenta, para que en unplazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la no-tificación, haga la corrección. En caso de reincidenciase sancionará con la negativa del registro de las candi-daturas correspondientes.

Transitorios


Notas

1 ONU MÉXICO. (S.F.) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Re-

cuperado de: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/obietivos-del-

desarrollo-sostenible/

2 Vid. Comisión Interamericana De Derechos Humanos. (2011) El

camino hacia una democracia sustantivo: la participación política

de las mujeres en las américas. S.P. CIDH.

3 Artículo 23. Derechos Políticos. 1. Todos los ciudadanos deben

gozar de los siguientes derechos y oportunidades: (...) c) de tener

acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones pú-

blicas de su país. Vid. Convención Americana sobre Derechos Hu-

manos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana so-

bre Derechos Humanos (B-32), San José, Costa Rica. Recuperado

de: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_ameri-

cana_sobre_derechos_humanos.htm

4 Artículo 2 Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artí-

culo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o

de otro carácter, los Estados parte se comprometen a adoptar, con

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones

de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que

fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Vid. Convención Americana sobre Derechos Humanos Op. Cit.

5 Vid. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la

Mujer (2018) Observaciones finales sobre el noveno informe pe-

riódico de México. CEDAW/C/MEX/CO/9. Consúltese:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398069/0bser-

vaciones_finales_9o_Informe_Mexico_ante_la_CEDAW.pdf

6 Vid. Un Women. (S.F.) Recomendaciones generales adoptadas

por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la

Mujer. Consúltese en: http://www.un.org/womenwatch/daw/ce-

daw/recommendations/recomm-sp.htm

7 Se recuerda la obligación internacional del Estado Mexicano:

Artículo 2 Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno si

el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artícu-

lo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de

otro carácter, los Estados parte se comprometen a adoptar, con

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones

de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que

fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Vid. Convención Americana sobre Derechos Humanos... Op. Cit.

8 Resaltado propio. Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Época: Décima Época. Registro: 2017423. Instancia: Primera Sa-

la. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Ju-

dicial de la Federación. Libro 56, Julio de 2018, Tomo 1. Mate-

ria(s): Constitucional. Tesis: la.!J. 44/2018 (lOa.). Página: 171

9 Vid. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la

Mujer. Op. Cit.

10 Resaltado propio.


11 Resaltado propio.

12 Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Décima

Época. Registro: 2013787. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis:

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Te-

sis: 2a. XII/2017 (10a.). Página: 1389

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Perma-nente del Congreso de la Unión, a 29 de mayo de 2019

Diputadas: Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbri-

ca), Geraldina Isabel Herrera Vega, Fabiola Raquel Guadalupe Lo-

ya Hernández, Ruth Salinas Reyes, Adriana Gabriela Medina Or-

tiz, Carmen Julieta Macías Rábago (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Igualdad de Género. Mayo 29 de 2019.)

QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 2O.-A DE LA LEY DEL IM-PUESTO AL VALOR AGREGADO, RECIBIDA DE LA DIPUTA-DA VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, DEL GRUPO PAR-LAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN

PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019

Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal, inte-grante del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-volución Democrática, a la LXIV Legislatura del ho-norable Congreso de la Unión, en el ejercicio de lafacultad que conferida en los artículos 71, fracción II,72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto enel artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Go-bierno Interior del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos, pone a consideración de estaasamblea la iniciativa con proyecto de decreto por elque se adiciona el artículo 2o. A de la Ley del Impues-

to al Valor Agregado, en materia de productos sanita-rios para higiene femenina, bajo la siguiente


La menstruación, en nuestra cultura, ha sido tradicio-nalmente símbolo de fecundidad. Ha significado eltránsito de la niña a la mujer fértil que podrá concebiry dar paso a nueva vida. Sin embargo, en la actualidad,ha sido estigmatizado, vinculándolo directamente conla actividad sexual y segregando a las mujeres que, du-rante su período, son calificadas como emocionalmen-te inestables, poco productivas e, incluso, como unacarga para la sociedad.

En términos científicos, la menstruación constituyeparte de un proceso en que, cuando el óvulo no es fe-cundado, el cuerpo desecha el endometrio, que es elrecubrimiento del útero preparado para dar alojamien-to al óvulo. Este ciclo se repite aproximadamente cadames y requiere de un equilibrio hormonal diverso, encada una de sus etapas.

Debemos señalar que, más allá de la definición cientí-fica, la menstruación se vincula a la debilidad sexualde las mujeres y, en este sentido, hemos podido obser-var que, sobre todo durante la segunda mitad del siglopasado, en países europeos y asiáticos, se daba a lasempleadas la posibilidad de solicitar permisos labora-les debido al dolor menstrual, quedando a discreciónde la empresa el pago correspondiente. Sin embargo,debido a la competitividad laboral, la mayor parte delas mujeres, principalmente en mercados tan competi-tivos como el japonés, han optado por no usar ese be-neficio debido a que podría ser asimilado a un bajorendimiento laboral.

Según la definición de Erwing Goffman, el estigmasocial de la menstruación se ajusta a las tres categorí-as que él configura, de manera simultánea: “en lo cor-poral por ser el fluido que más repulsión social des-pierta, en lo individual en cuanto (que se encuentra)asociada al carácter durante las fases menstruales y enlo social por vincularse al sexo”1.

Como parte de la lucha feminista en muchos países, sehan impulsado medidas que normalicen la presenciade la menstruación dentro de las actividades socialesque desarrollan las mujeres. Entre ellas, las más co-munes se han centrado en la relación de las condicio-


nes económicas de las mujeres, la desigualdad econó-mica en relación con los salarios percibidos por loshombres y lo que se ha llamado “impuesto rosa”, re-caudado por los productos de higiene femenina, queno son considerados como productos de primera nece-sidad sino de lujo, en casi todos los países del mundo2.

En este sentido, se ha puesto en la mesa de discusión,un problema que afecta a muchas mujeres de bajos in-gresos y que precariza su higiene, debido al incremen-to en su costo. Esta situación se ha hecho visible en elReino Unido y, particularmente en África, en donde laAsamblea Legislativa de África Oriental, desde 2013,“solicitó a los estados socios liberar de impuestos a lastoallas sanitarias y otros productos de higiene mens-trual con el fin de que estuvieran al alcance de las jó-venes de menores ingresos”.3

Es el caso de muchas niñas y adolescentes en situaciónde pobreza extrema en nuestro país que, debido a la se-gregación de la que son objeto durante su períodomenstrual porque no pueden comprar toallas sanitariasante la falta de recursos, optan por no asistir a la es-cuela, disminuyendo en consecuencia su rendimientoescolar. Esta situación se presenta principalmente enestados como Chiapas, Oaxaca y la Huasteca Potosi-na.4

Es por ello que, en consonancia con la defensa y pro-tección de los derechos humanos, específicamente losde las mujeres en situación de pobreza, así como losprincipios de progresividad y equidad en la imposiciónde las contribuciones federales, proponemos que losproductos de higiene femenina sean considerados co-mo de tasa 0 por ciento en relación al impuesto sobrela renta, adicionalmente, en las disposiciones transito-rias establecemos que la Secretaría de Hacienda y Cré-dito Público deberá establecer las condiciones para fa-vorecer el uso de productos amigables con el medioambiente.

Por lo expuesto y fundado, comprometidos con los de-rechos humanos, proponemos a esta Asamblea la si-guiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un inciso j) a la fracción I del artí-culo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando latasa de 0 por ciento a los valores a que se refiere estaLey, cuando se realicen los actos o actividades si-guientes:

I. La enajenación de:

a) a i)…

j) Toallas sanitarias femeninas, compresas,tampones o cualquier otro bien con distintadenominación pero destinado al mismo uso,en materia de higiene íntima de las mujeres.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguien-te al de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-co generará las condiciones recaudatorias que privile-gien el uso de productos sanitarios biodegradables, nodesechables o reutilizables.

Notas

1 https://elordenmundial.com/estigma-menstruacion-mundial/

2 Ídem.

3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/ninas-y-ado-

lescentes-temen-ir-la-escuela-durante-su-periodo-menstrual

4 Ídem

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Con-greso de la Unión, a los 29 días del mes de mayo de2019.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)



LA LEY GENERAL DE SALUD, RECIBIDA DEL DIPUTADO

FRANCISCO JAVIER SALDÍVAR CAMACHO, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PES, EN LA SESIÓN DE LA COMI-SIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019

El que suscribe, diputado integrante del Grupo Parla-mentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legis-latura del honorable Congreso de la Unión, con funda-mento en los artículos 71, fracción II, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, así como delartículo 55, fracción II, del Reglamento para el GobiernoInterior del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos, somete a consideración de esta soberanía lasiguiente iniciativa con proyecto de decreto que reformael segundo párrafo del artículo 212 y se deroga el últimopárrafo de la Ley General de Salud.


México ocupa actualmente a nivel mundial el primerlugar en obesidad infantil y adulta, así como el primerlugar en diabetes infantil.

La diabetes destaca entre las primeras causas de muer-te en México.

De acuerdo con datos de la Fondo de las NacionesUnidas para la Infancia (UNICEF), nuestro país tieneel primer lugar mundial en obesidad infantil y el se-gundo en obesidad en adultos, precedido por los Esta-dos Unidos de América. Este problema está presenteno sólo en la infancia y adolescencia, sino también enpoblación en edad preescolar.

La ingesta de azúcares libres, entre ellos los conteni-dos en productos como las bebidas azucaradas, es delos principales factores da lugar al aumento de la obe-sidad y diabetes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-mienda aplicar medidas en todo el mundo para redu-cir el consumo de bebidas azucaradas y sus conse-cuencias para la salud.

El menor consumo de bebidas azucaradas implica re-ducir el consumo de “azúcares libres” y de la ingestacalórica total, promover mejor nutrición y propugnarpor reducir el número de personas que presentan so-brepeso, obesidad, diabetes y caries dental.

La diabetes mellitus, que está catalogada por los espe-cialistas como la de mayor impacto en la salud, se ori-gina por la combinación de diversos factores, entre losque se encuentran edad, obesidad, sedentarismo, ali-mentación inadecuada y desproporcionada, anteceden-tes familiares y otros factores genéticos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ex-ternado diversos llamados a las instituciones de saluddel mundo, a fin de que adopten medidas preventivasy multidisciplinarias que contengan el aumento de ladiabetes y mejorar la atención de quienes la padecen.

La principal causa a la que se apunta son los malos há-bitos en la alimentación, que acaban desembocando enuna prevalencia del sobrepeso de 70 por ciento en laedad adulta. A largo plazo, la obesidad favorece la apa-rición de enfermedades tales como diabetes, infartos,altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entreotros. Actualmente, la diabetes es el mayor problemaal que se enfrenta el sistema nacional de salud: es laprincipal causa de muerte en adultos, la primera causade demanda de atención médica y la enfermedad queconsume el mayor porcentaje de gastos en las institu-ciones médicas.

El Instituto Nacional de Salud Pública recomiendamoderar el consumo de los alimentos con alto conte-nido calórico y de carbohidratos, disminuir los ali-mentos altos en grasas saturadas y grasas transgénicas,evitar las bebidas azucaradas y refrescos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Ali-mentación y la Agricultura (FAO) alertó sobre la ne-cesidad de cambiar los hábitos alimenticios en Mé-xico, donde 73 por ciento de la población adultapadece sobrepeso u obesidad.

De acuerdo con la Declaratoria de Emergencia Epi-demiológica EE-4-2016 emitida por la Secretaría deSalud el pasado 1 de noviembre de 2016 remitido a to-das las entidades federativas de México ante la magni-tud y trascendencia de los casos de diabetes mellitus,para fortalecer y apuntalar las acciones de la estrategianacional para la prevención y el control del sobrepeso,obesidad y diabetes mellitus, en sus pilares de saludpública, exhorta a todas las dependencias, institucio-nes y autoridades de los tres órdenes de gobierno a co-ordinarse con la Secretaría de Salud y brindar apoyoque le sea requerido para fortalecer las acciones de


promoción, prevención, diagnóstico oportuno y con-trol de la diabetes mellitus.

La comida ultra procesada, cereales, tartas industria-les, pizzas, salchichas y otras comidas cárnicas prepa-radas, además del consumo exagerado de refrescos,conlleva altos niveles de grasa saturada, azúcar y sal ymenos cantidad de fibra que suele hacer las delicias denuestras bacterias buenas que componen la microbiotaintestinal y si las tenemos en equilibrio con las “ma-las” nos ayudan en los procesos digestivos y en la pre-vención de las enfermedades al reforzar el sistema in-munitario.

Estos productos son preparaciones industriales comes-tibles elaboradas a partir de sustancias derivadas deotros alimentos. Realmente no tienen ningún alimentocompleto, sino largas listas de ingredientes. Además,estos ingredientes pasan por un procesamiento previocomo la hidrogenación o fritura de los aceites, la hi-drólisis de las proteínas o la refinación y extrusión deharinas o cereales.

En su etiquetado es frecuente leer: materias primas re-finadas (harina, azúcar, aceites vegetales, sal, proteína,etcétera) y aditivos (conservantes, colorantes, edulco-rantes, potenciadores del sabor, emulsionantes). En es-te grupo podemos encontrar, desgraciadamente, 80 porciento de los comestibles que venden en los supermer-cados: las bebidas azucaradas, pre cocinados, bollería,carnes procesadas, galletas, lácteos azucarados, pos-tres, dulces, cereales refinados, pizzas, nuggets, barri-tas energéticas o dietéticas, entre otras más.

La composición nutricional de estos alimentos puedefavorecer el aumento excesivo de peso y potenciar eldesarrollo de algunas de las enfermedades crónicas notransmisibles (ECNT) que acompañan a la obesidad.Sus características especiales están dadas por el grantamaño de sus porciones, elevada densidad energética,alto contenido de grasas y grasas saturadas. Además,originan cantidades importantes de sal y azúcares, tie-nen alto índice glicémico y bajo contenido de fibradietética.

Las enfermedades no transmisibles incluyen cáncer,diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica ypadecimientos cardiovasculares. Colectivamente, estasenfermedades matan a 41 millones de personas anual-mente, lo que representa 70 por ciento de todas las

muertes en el mundo, 15 millones son fallecimientosprematuros, es decir, entre los 30 y 70 años de edad.

Es de destacar el Plan de Acción para la Prevención dela Obesidad en la Niñez y la Adolescencia del ConsejoDirectivo de la OPS y la sesión 66 del Comité Regio-nal de la OMS en su Línea de acción estratégica 3: Po-líticas fiscales y reglamentación de la publicidad y eti-quetado de alimentos, tiene como objeto “Elaborar yestablecer normas para el etiquetado del frente del en-vase que promuevan las elecciones saludables al per-mitir identificar los alimentos de alto contenido calóri-co y bajo valor nutricional de manera rápida y sencilla.

Por lo expuesto anteriormente, el que promueve consi-dera necesario realizar las modificaciones a la Ley Ge-neral de Salud a fin de que se garantice el derecho hu-mano a la salud de toda la población mediante lapromoción de un sistema de etiquetado de advertencia,y sea posible informar y publicitar al consumidor engeneral respecto de productos ultra procesados quetengan alto contenido de sodio, azúcares añadidos,grasas saturadas y grasas trans.

El etiquetado de advertencia propuesto asegura el ac-ceso a información clara y visible en cuanto a la com-posición de los alimentos, facilitando el que podamosrealizar decisiones de compra más saludables. Asimis-mo, es importante destacar que la presente iniciativano es de carácter prohibitivo, sino informativo, ya quepermite hacer cambios graduales en nuestra alimenta-ción, lo que tiene como resultado proveer a la pobla-ción una guía en la que los sellos les permitan elegiralimentos más saludables.

Los consumidores informados pueden actuar comociudadanos empoderados que exijan sistemas alimen-tarios y suministros de alimentos mejores y más salu-dables.

La presencia de uno o más sellos de advertencia en unproducto nos indica que éste presenta niveles superio-res a los límites establecidos por la Secretaría de Sa-lud, en relación a sodio, azúcares agregados, grasas sa-turadas, grasas trans o calorías, los que se asocian a laobesidad y otras enfermedades crónicas como hiper-tensión, diabetes, infartos y algunos cánceres.

Con esto se pretende mitigar el excesivo consumo dela comida chatarra, generando conciencia en el consu-


midor mostrando de manera clara y precisa los efectosde un consumo frecuente y de mayor cantidad de azú-cares, grasas y sodio, ayudando a la prevención de laproblemas dentales, cardiovasculares, obesidad adultae infantil y que a la postre se genere diabetes.

En la actualidad tenemos avances en lo que respecta aletiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas queindicaban su composición nutricional, sin embargo és-tas exigían una lectura detenida, por lo que compren-derlas y evaluarlas era complejo, de igual forma laspolíticas fiscales y las de publicidad han ayudado amoderar el consumo de estos productos de bajas can-tidades nutrimentales, por lo que establecer un etique-tado frontal para alimentos y bebidas es realmente útilpara que los consumidores mexicanos puedan realizarelecciones más saludables.

Países como Chile y Brasil han puesto en marcha ini-ciativas para reglamentar la publicidad y promociónde los alimentos.

De acuerdo con The New York Times, la ley (en Chile)ha obligado a las grandes corporaciones a adaptarse apromocionar sus productos. “Desde que comenzaron aimplementarse las reglas, gigantes como Kellogg hantenido que deshacerse de los personajes animados desus cajas de cereales azucarados”.

En el año 2014 en nuestro país se intentó legislar eneste tema. Sin embargo, bajo fuertes presiones de lagran industria de alimentos y bebidas se desechó enuna sola sesión de la Comisión de Salud.

El argumento central para desechar las iniciativas fueque ya existe una regulación al respecto.

Con esto no se pretende afectar a la industria de ali-mentos y bebidas. Se invita a modificar sus procesosproductivos a fin de combatir, en conjunto, el sobrepe-so, la obesidad y la diabetes.

Por lo anteriormente expuesto se somete a considera-ción del pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 212y se deroga el último párrafo de la Ley General de Sa-lud, para quedar como sigue:

Artículo 212. …

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos ybebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valornutricional, que consideren el contenido calórico to-tal que aporta el producto, así como el contenido degrasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos ysodio. Cuando éstas rebasen los límites de conteni-do de calorías, sodio, azúcares añadidos, grasas sa-turadas y grasas trans, conforme lo establezca laSecretaría de Salud, se deberá colocar etiquetas deadvertencia de manera clara y visible en la partefrontal del producto. La Secretaría de Salud podráincluir leyendas o pictografías cuando lo considerenecesario.

Transitorio


Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 29 de mayo de 2019.

Diputado Francisco Javier Saldívar Camacho (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Salud. Mayo 29 de 2019.)


QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 353-E DE LA

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y ADICIONA UN SEGUNDO

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 87 Y UN TERCERO AL 95 DE LA

LEY GENERAL DE LA SALUD, RECIBIDA DE LA DIPUTADA

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PAR-LAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN


La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, di-putada integrante del Grupo Parlamentario del PartidoAcción Nacional en la LXIV Legislatura del honora-ble Congreso de la Unión, con fundamento en lo dis-puesto por los artículos 73 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos; 55 y 56 así comolos demás relativos del Reglamento para el GobiernoInterior del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos, somete a consideración de esta soberaníainiciativa con proyecto de decreto por el que se refor-ma y adiciona el artículo 353-E de la Ley Federal delTrabajo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 87y un tercer párrafo al artículo 95 de la Ley General dela Salud, al tenor de la siguiente


El trabajo es fundamental para el desarrollo de las ca-pacidades y sirve, entre otros aspectos, para satisfa-cer las necesidades materiales del ser humano. Sudistribución y duración es uno de los elementos másimportantes para el desempeño de las funciones y lavida familiar del trabajador, por lo que un mal diseñode tiempo de la jornada laboral puede causar nume-rosos problemas de tipo físico, psicológico y emo-cional.

El trabajo se debe realizar respetando los principios yderechos humanos fundamentales; encontrando que laduración del trabajo en algunas actividades como lo esel internado de pregrado y la residencia médica puedellegar a ser hasta de 36 horas continuas, generándoseproblemas fisiológicos y alterando drásticamente lasfases de trabajo, comida y sueño, lo que provoca mo-dificaciones en el ritmo natural de muchas funcionescorporales y genera una considerable disminución enlas actividades familiares y sociales.

La residencia médica y el internado de pregrado sonactividades en donde se necesita dedicación com-pleta, ya que se debe actuar de forma eficaz, efi-ciente y oportuna en las situaciones tan delicadas

que se les presentan, lo que genera un alto conteni-do de estrés.

Aunado a ello se deben considerar las altas horas deguardia que deben cumplir las y los residentes, lo quepuede provocar desde un descuido hacia algún pacien-te hasta daños a ellos mismos de carácter cognitivo,cardiaco, hipertensión, diabetes o incluso depresión.

Por todo lo anterior, la intención de la presente inicia-tiva es proponer la reducción de la jornada de las y losresidentes a ocho horas, a efecto de favorecer la inten-sidad de trabajo y reducir espacios que pueden generaruna carga negativa en el ambiente; además de benefi-ciar una mejor calidad de vida del médico en forma-ción, lo que igualmente causará un aumento en su pro-ductividad.

El trabajo de ocho horas contribuye a estabilizar unmodelo de desarrollo que pone al centro a la persona ygenera, por ende, un mejor trabajador.

Existe la suficiente evidencia científica que estableceque trabajar veinticuatro horas continuas origina unadesincronización de las funciones corporales, ya quelos humanos somos seres diurnos que estamos progra-mados para desarrollar actividades durante el día y re-cuperarnos de la fatiga durante la noche.

El internado de pregrado es la figura mediante la cualel interno es un médico en formación y cuya etapa esparte integral del plan de estudios de la mayor parte delas escuelas y facultades de medicina del país, consi-derándolo como periodo obligatorio previo al serviciosocial e indispensable para que los estudiantes de lacarrera de medicina integren y consoliden los conoci-mientos teóricos y prácticos adquiridos durante los ci-clos escolarizados previos de la carrera.

Con el propósito de asegurarle a la sociedad la exis-tencia en nuestro país de médicos cada vez más capa-citados y así propiciar una mejor calidad de atenciónmédica, las instituciones educativas y las institucionesoperativas buscan permanentemente la creación de uncurrículo escolar óptimo, por lo que el ideal es organi-zar el internado de pregrado de una manera que co-rresponda adecuadamente a las necesidades de losalumnos, a los objetivos del plan de estudios y procu-rar así una mejor formación profesional de los estu-diantes.


Durante este periodo el estudiante tiene la oportunidadde participar en la actividad asistencial que se desarro-lla en los hospitales de segundo nivel de atención y enel contacto con la comunidad en las unidades de pri-mer nivel, en donde, bajo la tutoría de médicos espe-cializados, permanentemente ponen en práctica susconocimientos y tienen la oportunidad de observar larespuesta en el corto y el mediano plazo.

Por su parte, las unidades aplicativas reconocen que laexistencia de médicos en formación y de actividadesde docencia, son estímulos y factores que promuevenla elevación de la calidad en la atención médica, entrelos objetivos generales del internado de pregrado des-tacan:

• Integrar los conocimientos obtenidos previamenteen los ciclos escolares previos y aplicarlos en el es-tudio y atención de los pacientes.

• Obtener habilidades y destrezas a través de lapráctica de competencias clínicas al grado de domi-nio que corresponda a la solución de problemas deprimer nivel de atención.

• Capacitar al interno de pregrado en las habilidadesy destrezas que desarrollará en el servicio social.

• Proporcionar al interno un entorno en el marcooperativo de las especialidades troncales de la me-dicina para que posteriormente decida con base enla experiencia vivida a que actividad o especialidadse va a dedicar en su vida profesional.

• Aumentar en el alumno un apego a los valores hu-manos y principios éticos de la práctica médica.

Por su parte, se establece que la frecuencia y duraciónde las prácticas clínicas complementarias, conocidascomúnmente como “guardias”, deben estar determina-das por la institución de salud, sin exceder un máximode tres veces por semana, con intervalos de por lo me-nos dos días. En días hábiles inicia a la hora que ter-mina el turno matutino y concluye a la hora estableci-da para iniciar el turno matutino siguiente. Lossábados, domingos y días festivos las actividades de-ben cubrir 24 horas. Las prácticas clínicas comple-mentarias o guardias denominadas de “castigo” no sonaplicables.

Las residencias médicas –de conformidad con el artí-culo 353-A de la Ley Federal de Trabajo– son: “Elconjunto de actividades que deba cumplir un médicoresidente en periodo de adiestramiento; para realizarestudios y prácticas de posgrado, respecto de la disci-plina de la salud a que pretenda dedicarse, dentro deuna Unidad Médica Receptora de Residentes, duranteel tiempo y conforme a los requisitos que señalen lasdisposiciones académicas respectivas.”

Es decir, un médico ya titulado que desea especiali-zarse en alguna rama de la medicina debe cumplir conla residencia médica, realizando el conjunto de activi-dades académicas, asistenciales y de investigacióndentro de las unidades médicas receptoras de residen-tes, durante el tiempo estipulado en los programas aca-démico y operativo correspondientes.

Es importante señalar que la Norma Oficial MexicanaNOM-001-SSA3-2012, es la encargada de regular laorganización y funcionamiento de las residencias mé-dicas, ya que considera los elementos indispensablespara la realización de dichas residencias expresados endeberes de las instituciones de salud integrantes delSistema Nacional de Residencias Médicas, como sonla existencia de convenios, disposiciones para los pro-fesores y los requerimientos mínimos de las unidadesmédicas receptoras de residentes, además de los dere-chos y obligaciones de los médicos residentes, entreotros. Cabe destacar que la coordinación de todo lo re-lativo a la formación de médicos especialistas en lasresidencias médicas, le corresponde a la Comisión In-terinstitucional para la Formación de Recursos Huma-nos para la Salud a través de su Comité de Enseñanzade Posgrado y Educación Continua.

En atención a lo antes expuesto, la Secretaría de Saludemite la Norma Oficial Mexicana para la organizacióny funcionamiento de residencias médicas, a fin de ga-rantizar la formación óptima de los médicos especia-listas; sin embargo, en opinión de la suscrita dicha nor-ma viola los derechos humanos de los médicos y creainseguridad en la atención que brindan a la salud de lapoblación.

Las guardias en las residencias médicas son muy pare-cidas a las realizadas en el internado de pregrado, yaque los horarios establecidos tanto en una como enotras, violan los derechos humanos de las y los médi-cos en formación.


La Norma Oficial Mexicana establece en lo relativo alas guardias de los residentes lo siguiente:

“8.1 Los médicos residentes deben cumplir sola-mente las guardias previstas en el programa opera-tivo correspondiente.

8.2 Los médicos residentes deben estar disponiblescuando sus servicios sean requeridos durante la reali-zación de las guardias. Cuando no sea así, podrán ha-cer uso de las áreas de descanso para médicos resi-dentes con la autorización del responsable del servicio.

8.3 Las guardias deben calendarizarse en el progra-ma operativo correspondiente para desarrollar pun-tualmente el programa académico, incluyendo lafrecuencia, horario y duración; ocurrirán tres vecespor semana como máximo y tendrán intervalos depor lo menos dos días entre cada una de ellas.

8.4 En días hábiles, las guardias inician a la horaque termina el turno matutino y concluyen a la ho-ra establecida para iniciar el turno matutino si-guiente, de acuerdo a la normatividad de la institu-ción de salud.

8.5 Los sábados, domingos y días festivos, la dura-ción de las guardias es de 24 horas; iniciando y con-cluyendo actividades según se especifique en lanormatividad de la institución de salud. Los médi-cos residentes que terminen su guardia en día hábil,deben continuar las actividades descritas para elturno matutino en el programa operativo.

8.6 El personal de las unidades médicas receptorasde residentes sólo debe aplicar las guardias estable-cidas en el programa operativo, respetando los rolesde guardias correspondientes de los médicos resi-dentes.

8.7 Los médicos residentes no deben acreditar guar-dias, a través de otro médico residente.”

De la anterior transcripción se desprende que hay díasen que el médico debe cumplir 24 horas de guardia yluego cumplir con su turno normal, lo que conlleva aafirmar que pueden llegar a cumplir más de 30 horassin dormir, cuestión que no debe ni puede ser permiti-do en ninguna actividad humana y mucho menos enuna tan delicada.

Aunado a lo anterior, en algunas especialidades se tie-ne que cumplir con un servicio social profesional, quees definido como “El conjunto de actividades de ca-rácter temporal, cuya duración en ningún caso serámenor de tres meses ni mayor de seis meses, que eje-cutan los residentes del último año de la especialida-des troncales (cirugía general, ginecología y obstetri-cia, medicina interna y pediatría) anestesiología ymedicina familiar, como parte de su formación y en in-terés de la sociedad y del Estado, por lo que quedaabierta la posibilidad de incorporar otras especialida-des, con base en los programas académicos y operati-vos en cada institución.”

Así, el servicio social profesional se establece comoun elemento más de la estructura curricular en estasdisciplinas médicas al que se le asigna un doble pro-pósito, académico y asistencial, que al mismo tiemposirve para fortalecer el proceso de formación del resi-dente y da justa satisfacción a las demandas que enmateria de salud son competencias del Estado, sin em-bargo, en dicho servicio social profesional tambiénexisten guardias de hasta 36 horas continuas. Es im-portante destacar que igual ocurre en el servicio socialque por ley deben cumplir los aspirantes a ser médi-cos.

Por lo anterior, podemos afirmar que el internado depregrado, el servicio social y las residencias médicascuentan con los mismos vicios, esto es, existe una sa-turación de horas de servicio que afecta la salud delmédico en formación y pone en riesgo a los pacientesque atiende.

Es importante recordar que nuestra Carta Magna esta-blece en su artículo 123 que toda persona tiene dere-cho al trabajo digno y socialmente útil y que de mane-ra general la duración de la jornada máxima será deocho horas.

No pasa desapercibido para la suscrita que han existi-do diversas propuestas en diversas legislaturas de laCámara de Diputados que han buscado terminar conesta esclavitud moderna y que –en el mejor de los ca-sos– se quedaron sin dictaminar o fueron desechadascon argumentos tan discutibles como afirmar que losmédicos residentes “no pueden ser tratados como tra-bajadores en estricto derecho, ya que su residenciaconsiste en la especialidad de un área formativa quedifícilmente podría encuadrarse en una jornada laboral


de ocho horas”, olvidando por completo que el artícu-lo 353-B de la Ley Federal del Trabajo establece quehay una relación laboral entre los médicos residentes yla persona moral o física de quien dependa la unidadmédica receptora de residentes. Sin embargo, supo-niendo sin conceder que no existiera una relación la-boral cabría preguntarnos: ¿es moral y constitucional-mente aceptado que una persona cubra jornadas de 36horas continuas?, ¿es válido que una persona que nocuenta con el descanso suficiente atienda a personasen estado de enfermedad?

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideraciónde esta soberanía el siguiente proyecto de decreto porel que se reforma y adiciona el artículo 353-E de laLey Federal del Trabajo y se adiciona un segundo pá-rrafo al artículo 87 y un tercer párrafo al artículo 95 dela Ley General de la Salud, para quedar como sigue:

Decreto que reforma y adiciona el artículo 353-E dela Ley Federal del Trabajo y adiciona un segundopárrafo al artículo 87 y un tercer párrafo al artícu-lo 95 de la Ley General de la Salud

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo353-E de la Ley Federal del Trabajo, para quedar co-mo sigue:

Artículo 353-E. Dentro del tiempo que el médico re-sidente debe permanecer en la unidad médica recepto-ra de residentes, conforme a las disposiciones docen-tes respectivas, quedan incluidos, la jornada laboraljunto al adiestramiento en la especialidad, tanto en re-lación con pacientes como en las demás formas de es-tudio o práctica, y los periodos para disfrutar de repo-so e ingerir alimentos. La jornada del médicoresidente no deberá exceder de ocho horas en elturno diurno y siete en el turno nocturno.

Podrá prolongarse la jornada de trabajo por cir-cunstancias extraordinarias, sin exceder nunca detres horas diarias ni de tres veces por semana.

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo alartículo 87 y un tercer párrafo al artículo 95 de la LeyGeneral de la Salud, para quedar como sigue:

Artículo 87. La prestación del servicio social de lospasantes de las profesiones para la salud, se llevará acabo mediante la participación de los mismos en las

unidades aplicativas del primer nivel de atención,prioritariamente en áreas de menor desarrollo econó-mico y social.

En todo momento se garantizará que la jornada delprestador del servicio social sea adecuada y permi-ta su desarrollo profesional y personal.

Artículo 95. Los aspectos docentes del internado depregrado y de las residencias de especialización, se re-girán por lo que establezcan las instituciones de edu-cación superior, de conformidad con las atribucionesque les otorguen las disposiciones que rigen su organi-zación y funcionamiento y lo que determinen las auto-ridades educativas competentes.

La operación de los programas correspondientes en losestablecimientos de salud, se llevará a cabo de acuer-do a los lineamientos establecidos por cada una de lasinstituciones de salud y lo que determinen las autori-dades sanitarias competentes.

En los lineamientos y normas que se expidan pararegular las actividades y horarios de los internos depregrado y médicos residentes deberá garantizarseque cuenten con las condiciones idóneas para reali-zar su actividad. La duración de dichas actividadesse establecerá de acuerdo con las disposiciones delartículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor eldía siguiente al de su publicación en el Diario Oficialde la Federación.


Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Mayo 29 de

2019.)


QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 87 BIS 2 DE LA

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PRO-TECCIÓN AL AMBIENTE, RECIBIDA DE LA DIPUTADA PILAR

LOZANO MAC DONALD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE

MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA SESIÓN DE LA COMI-SIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019

La suscrita, diputada Pilar Lozano Mac Donald, inte-grante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciu-dadano en la presente LXIV Legislatura de la Cámarade Diputados, con fundamento en los artículos 71,fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos, y en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la LeyOrgánica del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, delReglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, somete aconsideración de la Comisión Permanente la siguienteiniciativa con proyecto de decreto que reforma y adi-ciona el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equi-librio Ecológico y la Protección al Ambiente para pro-hibir las corridas de toros, con base en la siguiente


La fiesta brava ha sido tema de debate desde que seconsidera a los animales como seres sintientes suscep-tibles de manifestar emociones y padecer dolor y que,como seres vivos, merecen respeto y trato digno.

Consecuencia de la evolución social, y bajo la estima-ción de que no es posible cerrar los ojos frente a los ac-tos de violencia cometidos contra cualquier ser vivo,los animales ocupan un lugar preponderante al ampa-ro del derecho y lineamientos a nivel local, federal einternacional como nunca antes, pues esa misma evo-lución ha reconfigurado las prácticas y costumbres pa-ra que en la actualidad no se realicen, por ejemplo, lasluchas entre fieras, como en el Coliseo de la antiguaRoma;

Entonces, ¿por qué seguir permitiendo que en nuestropaís a un toro de lidia se le encierre para lastimarlo ysacrificarlo sólo por entretenimiento?

Para algunos la tauromaquia es vista como una tradi-ción o cultura, para otros es vista como un deporte oarte; nada más alejado de la realidad, porque éste últi-mo hace referencia a la manifestación estética como

privilegio dado al hombre, en tanto que en la prácticadel deporte, lo que se busca es preservar la integridaddel individuo y no agredir al animal que se encuentraen desigualdad de condiciones, por lo que no significapropiamente una confrontación entre el hombre y elanimal, sino que obedece al ánimo destructivo en tor-no a la matanza injustificada de un toro que entra alruedo de manera forzada, y al que si se le da la posibi-lidad de huir, elige huir, según varios casos documen-tados.i

No es tradición porque si se atiende a lo que entende-mos por ésta, como la transmisión de ritos, costumbresy doctrinas dadas de generación en generación, si pre-tendemos defender y justificar a la fiesta brava por serparte de una tradición, sería tanto como excusar queexista la violencia contra las mujeres; y tampoco escultura porque las corridas de toros no cultivan el es-píritu ni las facultades intelectuales de quienes laspractican ni mucho menos de los que la frecuentan.

Pero lo cierto es que sea vista como sea vista, en elfondo se trata de un espectáculo donde se practica laviolencia y se fomenta el desprecio hacia los animales,lo que afecta no sólo los derechos de la sociedad al noprocurar un medio ambiente sano porque a los queacuden se les incentiva a permanecer indiferentes anteel sufrimiento de un ser vivo, sino también los dere-chos del animal por no brindarle cuidado y respeto co-mo ser sintiente.

En una publicación científica de la Organización deEstados Iberoamericanos titulada “La cruda realidaddel toro de lidia” de 2010, se lee que el toro de lidia,como cualquier ser vivo, tiene un lugar en el planeta,que se trata de un animal doméstico porque dependede la especie humana al ocuparse de su selección y ali-mentación, pues no es un animal salvaje. A su vez, seapunta que el toro sufre durante la lidia porque res-ponde a estímulos del dolor (como todos los seres vi-vos), que se le provocan lesiones anatómicas por la ro-tura de más de 20 músculos, de ligamentos, tendones,vasos, nervios, costillas y vertebras, todo ello debido alos instrumentos que utilizan los toreros durante el es-pectáculo; que las puyas limitan la movilidad del toroal afectar el plexo branquial perdiendo entre el 8 y 18por ciento del volumen sanguíneo, que la puntilla lesprovoca asfixia al cortarles el bulbo raquídeo, queexisten lesiones oculares y de cráneo, y que la estoca-da deriva en la muerte del animal por una profusa he-


morragia; es decir, en general existen graves alteracio-nes orgánicas durante la corrida, incluida la acidosismetabólica compatible con el sufrimiento.ii

Así, cualquier animal como ser vivo que también me-rece trato digno (incluidos los toros de lidia), al infrin-girle maltrato y sufrimiento sólo con fines lúdicos, nosdisminuye como humanidad porque su práctica carecede todo sentido ético, ya que lejos de promover la em-patía con los seres vivos, lo que se traduciría en unasociedad sana, vinculada a la cultura y los valores, nosposiciona en el barbarismo.

En el quinto párrafo del artículo 4o. de nuestra CartaMagna se contempla el derecho fundamental a un me-dio ambiente sano, garantizando el desarrollo y bien-estar de toda persona; no prestar atención a este tema,repercutiría en nuestras relaciones como individuospor no actualizarnos como una sociedad más justa yresponsable, resultando entonces necesario que se to-men medidas de protección y trato digno a los anima-les con la finalidad de educar a la sociedad sobre elrespeto para con cualquier ser vivo.

En Sonora, Guerrero y Coahuila, el espectáculo tauri-no ha sido prohibido, mientras que en otras entidadesfederativas como Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo,Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas se leconsidera como un bien cultural y material,iii semejan-te división de criterios sólo deja ver la carencia de unaadecuada educación a nivel nacional, en el sentido deque los animales también son susceptibles de gozar deprotección jurídica, de ahí la necesidad de que se in-cluya en la legislación aplicable la prohibición de lascorridas de toros y el trato digno del animal, ya que nopor el hecho de haber adoptado esta “fiesta” desdetiempos de la conquista, se tenga que continuar con supráctica sin ubicamos como un país de progresista almenos en este rubro.

De acuerdo con una encuesta de Parametría realizadaen 2016, el 86 por ciento de los mexicanos se opone alempleo de animales para entretenimiento, y el 95 porciento estima que quien maltrata a los animales debeser sancionado.iv

En el blog de opinión “El caballo de Nietzsche” se leeque actualmente sólo hay 8 países donde se celebra es-ta sui generis costumbre: España, México, Venezuela,Colombia, Perú, Ecuador, Francia y Portugal, en el

resto está prohibida por considerar que es una formade maltrato hacia los animales;v no obstante, según lapublicación del Instituto de Opinión Ciudadana, Estu-dios Económicos y Sociales, “Diagnóstico de la Tau-romaquia en México”, cada año mueren 250 mil torosde lidia sin que exista justificación para ello;vi bastedecir, por poner un ejemplo, que tan sólo en la tempo-rada grande en la Plaza de Toros México (la más gran-de del mundo), son sacrificados 140 bóvidos.vii Consi-deremos también que a finales del 2015 el ParlamentoEuropeo prohibió el financiamiento con recursos ypréstamos destinados a las actividades relacionadascon la crianza de toros en franco repudio a la violenciade la tauromaquia.viii

Entonces, si México es uno de los pocos países dondelas corridas de toros aún siguen practicándose, tenemoscomo asignatura pendiente el trabajo sobre su prohibi-ción, pues parece absurdo que en pleno siglo XXI sepiense que la práctica de tortura y muerte del toro searecreativa, y aun cuando sea una tradición, no por ellodebe ser perpetuada, sino revisada bajo la óptica de laética actual, cuya tendencia es el trato digno del animal.

El sufrimiento, dolor y muerte del toro ante cientos deespectadores ha sido foco de atención para la Organi-zación Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus si-glas en inglés), pero las directrices adoptadas por lospaíses miembros, aun cuando consideran el bienestaranimal, no incluyeron al toro de lidia que es llevado ala agonía y sufrimiento bajo el argumento del esparci-miento y expresión artística.

“Desde 1980 la Organización de las Naciones Uni-das para la Educación, la Ciencia y la Cultura(UNESCO), organismo perteneciente a la Organi-zación de las Naciones Unidas (ONU) y que es lamayor autoridad en esos temas, consideró que latauromaquia no es otra cosa que la tortura, el co-mercio y la matanza de animales ante los especta-dores, que traumatiza a los niños e, incluso, a cier-to tipo de adultos, y más aún, que provoca estadosde neuropatías y desnaturaliza la relación hombre-animal, y que todo ello significa un desafío a la mo-ral, la educación, la ciencia y la cultura”.ix

Debemos pues reconocer los principios fundamentalesde la Declaración Universal de los Derechos de losAnimales, que exponen entre otros valores, los si-guientes:


Artículo 3. a) Ningún animal será sometido amalos tratos ni a actos crueles. b) Si es necesariala muerte de un animal, ésta debe de ser instan-tánea, indolora y no generadora de angustia...

Artículo 10. a) Ningún animal debe de ser explo-tado para esparcimiento del hombre. b) Las ex-hibiciones de animales y los espectáculos que sesirven de animales son incompatibles con la dig-nidad del animal.x

A 41 años de que fuera proclamada, es tiempo de quese erradique ésta costumbre cruel, y se considere elrespeto que merecen todos los seres vivos.

Así, debemos concluir que toda persona tiene el deberético de respetar la integridad del animal y no celebrarla muerte en vez de la vida, porque una cosa es mataral animal por razones alimenticias o incluso ecológi-cas que lo justifiquen, y otra es matarlo por razones lú-dicas y, por tanto, irracionales.

Ante la falta de una normatividad adecuada que pro-teja a los toros de lidia, y atendiendo a la demandasocial para erradicar costumbres crueles que causandolor innecesario a dichos bovinos utilizados paraeventos relacionados con la llamada fiesta brava, sedebe estar consciente de contar con una normativi-dad de vanguardia que prohíba todo acto de bioci-dio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideraciónde esta honorable asamblea la presente iniciativa conproyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artícu-lo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecoló-gico y la Protección al Ambiente en materia de pro-hibición de corrida de toros

Único. Se adiciona la fracción VI al artículo 87 Bis 2de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-tección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 87 Bis 2. El gobierno federal, las entidadesfederativas, los municipios y las demarcaciones terri-toriales de la Ciudad de México, en el ámbito de susrespectivas competencias, regularán el trato digno yrespetuoso que deberá darse a los animales.

La regulación sobre trato digno y respetuoso se for-mulará con base a los siguientes principios básicos:

I a V...

VI. Prohibir las conductas de maltrato o accio-nes que impliquen tortura o matanza en las co-rridas donde se lidien toros, novillos y, en gene-ral, cualquier tipo de bóvido.

Asimismo, en el ámbito de sus respectivas competen-cias, establecerán la prohibición de organizar, induciro provocar peleas de perros, así como cualquier mo-dalidad en las corridas de toros, novillos, becerrosy vaquillas en cualquier tipo de recinto, determi-nando las sanciones correspondientes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día si-guiente al de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y de la Ciu-dad de México emitirán las disposiciones aplicablespara su cumplimiento en un plazo que no exceda deciento ochenta días naturales para realizar las reformascorrespondientes.

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones quecontravengan al presente Decreto.

Notas

i https://www.animanaturalis.org/p/1679/etologia-del-toro-de-lidia

ii https://www.oei.es/histórico/divulgacioncientifica/repor-

taies076.htm

iii https://www.efe.com/efe/america/mexico/partido-verde-propo-

ne-ley-para-abolir-corridas-de-toros-en-ciudad-de-mexico

iv www.hsi.org/spanish/news/pressreleases/2016/charrerias-patri-

monio-unesco-120116.html

v https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/Prohibiciones-histo-

ricas-corridas-toros-Mexico_6_789931022.html

vi Diagnóstico de la Tauromaquia en México.


IOCEES http://www.congresobc.gob.mx/iocees/Opinion%20Pu-

blica/tauromaquia.pdf

vii https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-vía/ecologica/pes-

pide-poner-fin-a-las-corridas-de-toros-en-mexico.2690008.html

viii https://beanimalheroes.org/agoniza-la-tauromaquia-en-mexi-

co-y-en-el-mundo

ix https://www.mientrastantoenmexieo.mx/33379/

x https://www.faunaiberica.org/pdf/dedaracion-derechos-anima-

les.pdf

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanen-te del Congreso de la Unión, a 29 de mayo de 2019.

Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad,

Cambio Climático y Recursos Naturales. Mayo 29 de 2019.)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 23; DEROGA EL ARTÍCULO 23BIS Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY PARA

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITI-CIA, RECIBIDA DEL DIPUTADO HÉCTOR RENÉ CRUZ APA-RICIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES, EN LA SE-SIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 29DE MAYO DE 2019

El que suscribe, diputado Héctor René Cruz Aparicio,integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro So-cial de la LXIV Legislatura del Honorable Congresode la Unión, con fundamento en lo establecido en lafracción II del artículo 71 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el nu-meral 1 del artículo 6, 77, 78 y 187 del Reglamento dela Cámara de Diputados, somete a consideración deesta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa conproyecto de decreto, por el que se reforman los párra-fos primero, segundo y tercero del artículo 23, se de-roga el artículo 23 Bis y se deroga la fracción I del ar-tículo 24 de la Ley para Regular las Sociedades deInformación Crediticia, en materia de impulso al cré-dito bajo el tenor de la siguiente:


Los productos de crédito tienen una importancia fun-damental en el bienestar socioeconómico de un indivi-duo, ya que le permiten mejorar el manejo de los re-cursos económicos que va a percibir durante su vida,suavizar su consumo ante variaciones en su ingreso,enfrentar emergencias económicas, construir un patri-monio, incrementar los activos generadores de ingre-sos, hacer inversiones o comenzar un negocio.

El Reporte Nacional de Inclusión Financiera 20171

publicado por el Consejo Nacional de Inclusión Fi-nanciera2, generado con base en los datos publicadospor la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera(ENIF) 2015, señala que al respecto, en México másde la mitad de la población adulta cuenta con un cré-dito formal o informal.

De acuerdo con los datos recopilados por la ENIF20153, existen 22.1 millones de adultos en México quetienen un crédito en un Banco o Institución Financie-ra; 29 millones utilizan algún mecanismo informal definanciamiento. La suma de personas que cuentan conun crédito ya sea formal o informal es un total de 34.7millones.

También, existen 9.6 millones de adultos que cuentantanto con un crédito formal así como el empleo de al-gún mecanismo de crédito informal al mismo tiempo.

Como resultado tenemos que en México 41.5 millonesde adultos tienen o emplean un mecanismo de créditoformal o informal, lo que es equivalente a 54 por cien-to de la población adulta.

La utilización de mecanismos crediticios, ya sea for-males o informales, tuvieron un crecimiento entre2012 y 2015; el crédito formal pasó de 27 a 29 por


ciento, lo que representa 2.8 millones de adultos más.En el caso del crédito informal, el porcentaje de la po-blación que emplea algún mecanismo informal pasóde 34 a 38 por ciento, lo que equivale a 5.3 millonesde adultos adicionales.

Los tres productos de crédito formal más contratadospor la población adulta en México son las tarjetas decrédito departamentales o de tiendas de autoservicio(TCD), las tarjetas de crédito bancarias (TCB) y loscréditos hipotecarios; 20 por ciento de los adultos re-portó contar con una tarjeta de crédito departamental,11 por ciento una tarjeta de crédito bancaria y 4 porciento un crédito hipotecario.

Con respecto a 2012, el producto de crédito que repor-tó el mayor incremento fue el crédito hipotecario, todavez que 1.9 millones de adultos reportaron contar conuno de forma adicional a ese año. El número de adul-tos que cuentan con una TDC aumentó en 1.8 millo-nes, al pasar de 6.4 a 8.2 millones.

El acceso al crédito formal también se encuentra aso-ciado de forma positiva con el nivel de ingreso de losadultos.

Un adulto que reportó recibir menos de 3 mil pesos almes tiene un crédito en uno de cada cinco casos, apro-ximadamente, mientras que entre aquellos que indica-ron percibir más de 20 mil pesos esta proporción es demás de siete de cada diez adultos. La relación que sepresenta entre ingreso y crédito sugiere que a medidaque aumenta el primero se migra de las vías informa-les crediticias a formales.

Los datos de la ENIF 2015 muestran que 56 por cien-to de la población adulta que tiene un crédito reportóque lo usó o piensa usarlo para motivos relacionadoscon una inversión, entendiendo ésta como cualquierade los siguientes tres conceptos: a) comenzar o am-pliar un negocio; b) comprar, remodelar o ampliar unacasa; c) pagar una deuda.

A su vez, 25 por ciento de la población con un créditoformal destinó o piensa destinar éste para motivos re-lacionados con atender una emergencia, entendiendoésta como cualquiera de tres conceptos: a) atenderemergencias o imprevistos; b) gastos de educación oc) gastos de salud.

Finalmente, 34 por ciento de la población adulta conun crédito formal usó o piensa usar los recursos obte-nidos a través de éste para subsanar aspectos relacio-nados con los gastos corrientes, entendiendo éstos co-mo: a) pagar vacaciones o fiestas o b) gastos decomida, personales o pago de servicios.

Los valores referidos anteriormente suman más de100 por ciento ya que los encuestados pudieroncontestar sobre el destino de su crédito formal conuna o más respuestas.

Asimismo, la ENIF 2015 indagó sobre la proporciónde adultos que habían solicitado un crédito, si los ha-bían rechazado y las razones de rechazo. Los resulta-dos indican que 50 por ciento de los adultos del paísnunca ha solicitado un crédito de una institución fi-nanciera formal, 34 por ciento obtuvo el crédito solici-tado y 15 por ciento fue rechazado al solicitarlo.

Las tres principales razones de rechazo fueron:problemas con el buró de crédito (35 por ciento),imposibilidad para comprobar ingresos o insuficienciade éstos (21 por ciento), no contar con los documentosque le solicitaron (13 por ciento) y no tener historial decrédito (13 por ciento).

Con respecto a la morosidad, según el estudio dado aconocer por el Centro de Estudios de las Finanzas Pú-blicas de esta Cámara de Diputados a través del Bole-tín: Evolución del Crédito4 (becefp/017/2017), infor-ma que durante 2016 se observó una baja de 0.42puntos porcentuales en el Índice de Morosidad de laCartera, al pasar de 2.30 por ciento en enero a 1.88 porciento en diciembre. En marzo de 2017, fue de 2.4 porciento.

Según sus componentes la morosidad de tarjetas decrédito fue de 5.2 por ciento del total de la cartera,mientras que la morosidad en créditos de nómina, per-sonales y de bienes duraderos se ubicó en 2.9 por cien-to, 5.2 por ciento, y 1.5 por ciento, respectivamente.Además, el Índice de la Cartera de Vivienda fue de 2.3por ciento y el de empresas de 1.9 por ciento.

Es decir, el mayor índice de morosidad se observó encréditos personales y de tarjetas de crédito, aunque enrangos manejables con los niveles de capitalizaciónde la banca.


En lo que respecta a las micro, pequeñas y medianasempresas (Mipyme) la Encuesta Nacional sobre Pro-ductividad y Competitividad5 (Enaproce) aplicada en2015 de manera conjunta por el Inegi, el Instituto Na-cional del Emprendedor (Inadem) y el Banco Nacionalde Comercio Exterior (Bancomext), señala que a nivelnacional se registraron 4.1 millones de empresas; deltotal de empresas consideradas en la Enaproce 2015,97.6 por ciento son microempresas y concentran 75.4por ciento del personal ocupado total. Le siguen lasempresas pequeñas, que son 2 por ciento y tienen el13.5 por ciento del personal ocupado.

Las medianas representan 0.4 por ciento de las unida-des económicas y tienen poco más de 11 por ciento delos ocupados.

El número de empresas con acceso al financiamiento dealguna institución de la banca múltiple ha crecido en losúltimos seis años. De acuerdo con la información repor-tada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de2010 a 20166 el número de empresas de cualquier tama-ño con financiamiento creció en 33 por ciento, lo cualimplicó un aumento promedio anual de 5 por ciento.

Las empresas pequeñas fueron el segmento más diná-mico, al mostrar un crecimiento de 76 por ciento encuanto al acceso al crédito durante este período, al pa-sar de 44 mil a 78 mil empresas.

El número de empresas grandes con financiamientocreció en 36 por ciento, al pasar de 4 mil 200 a 5 mil800, mientras que las microempresas con financia-miento pasaron de 209 mil a 262 mil, lo cual implicaun crecimiento de 25 por ciento. En su conjunto, lasMipyme con financiamiento crecieron en 33% al pasarde 258 mil a 344 mil empresas.

A pesar de este incremento, la mayoría de las Mipymeno cuenta con financiamiento, toda vez que 344 mil deun universo 4.1 millones obtuvo financiamiento en2016, es decir 8 por ciento, mientras que 56 por cien-to de las grandes si tuvo acceso a uno.

El monto de financiamiento a las Mipyme ha crecido enconsonancia con el acceso al financiamiento de éstas.

Al respecto, el monto de financiamiento de las Mipy-me de 2010 a 2016 creció en 130 por ciento, lo cualimplica un aumento promedio anual de 15%.

Este crecimiento se compara favorablemente con elcrecimiento de la economía en su conjunto, medido através del PIB, el cual ha registrado incrementos pro-medio de 3 por ciento durante el mismo período.

Al primer trimestre de 2017,7 84.5 por ciento de lasempresas utilizaron algún tipo de financiamiento (85.3por ciento en el cuarto trimestre de 2016). Las princi-pales fuentes de financiamiento de las empresas fue-ron los proveedores, al cubrir 75.9 por ciento de sus fi-nanciamientos (76.8 por ciento en el trimestre anteriory 76.6 por ciento en el primer trimestre de 2016), se-guidos por la banca comercial con 36.5 por ciento(38.5 por ciento en el trimestre anterior y 35.5 porciento en el primer trimestre de 2016) y las oficinasmatrices (18.8 por ciento), mientras que la banca do-miciliada en el extranjero, la banca de desarrollo y laemisión de deuda fue de 5.3 por ciento, 5.1 por cientoy 1.3 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con los datos reportados a la Comisión Na-cional Bancaria y de Valores, la tasa de interés prome-dio otorgada a las microempresas se redujo en 3.6 pun-tos porcentuales, al pasar de 14.7 a 11.0 por ciento delprimer trimestre de 2010 al segundo trimestre de 2016.

Esta disminución también se presentó en el resto de lasempresas, aunque de manera menos pronunciada, yaque las tasas de interés aplicadas a la pequeña, media-na y gran empresa cayeron en 1.7, 1.3 y 1.5 puntosporcentuales, respectivamente.

Esta disminución estuvo influenciada por la baja en latasa de interés de fondeo bancario, la cual pasó de 4.6por ciento al cierre del primer trimestre de 2010 a 3.9por ciento al cierre del segundo trimestre de 2016, asícomo a la caída en la tasa de morosidad de las empre-sas, especialmente las micro que pasaron de un Índicede Morosidad de 8.7 a 4.2 por ciento.

La falta de acceso al crédito es la principal barrera per-cibida por los microempresarios para el crecimiento desu negocio. Al respecto, de acuerdo con la EncuestaNacional sobre Productividad y Competitividad (Ena-proce), la mayoría de las microempresas reportaron te-ner problemas para crecer, destacando la falta de acce-so al financiamiento como la principal razón quecitaron los microempresarios, seguido de la competen-cia de empresas informales, baja demanda de sus pro-ductos, exceso de trámites y altos impuestos.


En contraste, menos de 10 por ciento de las empresaspequeñas y 6 por ciento de las medianas ubicaron a lafalta de crédito como una barrera; para éstas, el exce-so de trámites y los altos impuestos fueron la barreramás importante para una de cada cuatro empresas. El17 y 20 por ciento de las pequeñas y medianas empre-sas, respectivamente, señalaron que no tienen proble-mas para crecer.

Así, resulta evidente la importancia del crédito comouna herramienta financiera sustantiva para el creci-miento económico.

Por ello, el término “crédito” proviene del latín credi-

tum, de credere, tener confianza. La confianza es unode los elementos sustanciales del crédito.

En este contexto, el Estado mexicano ha facultado auna serie de instituciones o sociedades de informa-ción crediticia que tienen el objetivo en términos delo establecido en el artículo 5 de la Ley para Regu-lar las Sociedades de Información Crediticia “Laprestación de servicios consistentes en la recopila-ción, manejo y entrega o envío de información rela-tiva al historial crediticio de personas físicas y mo-rales, así como de operaciones crediticias y otras denaturaleza análoga que éstas mantengan con Entida-des Financieras, Empresas Comerciales o las Sofo-mes ENR…

Este tipo de sociedades de información crediticia entérminos de la Jurisprudencia con rubro Buró de cré-dito. No es autoridad para efectos del amparo emi-tida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Ci-vil del Segundo Circuito establece que haciendo unanálisis de la “autoridad” para efectos del amparo ten-drá las siguientes características: “ (…) a) La existen-cia de un ente de hecho o de derecho que establece unarelación de supra a subordinación con un particular; b)Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo quedota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejer-cicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública lafuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa rela-ción emita actos unilaterales a través de los cualescree, modifique o extinga por sí o ante sí, situacionesjurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d)Que para emitir esos actos no requiera acudir a los ór-ganos judiciales ni precise del consenso de la voluntaddel afectado”.

Por ello se concluye que en términos de lo establecidoen los numerales 12, 13, 20, 25, 32 y 48 de la Ley pa-ra Regular las Sociedades de Información Crediticia:

…el buró de crédito está facultado para prestar susservicios relativos a la calificación de créditos yriesgos, el de verificación o confirmación de identi-dad o datos generales, así como la integración deuna base de datos integrada con la información so-bre operaciones crediticias y otras de naturalezaanáloga sobre los clientes y cuya información le esproporcionada por los usuarios (entidades financie-ras, empresas comerciales y Sofomes, ERN), todoello conforme al contrato celebrado entre éstos y lassociedades. Luego, la relación que existe entre elburó de crédito y los clientes es de coordinación yno de supra a subordinación, ya que no existe dis-posición legal que otorgue a dichas sociedades fa-cultades para realizar conductas unilaterales y coer-citivas, pues el vínculo entre los clientes y el buróde crédito deriva del contrato que celebra éste conlos usuarios, y a la ley sólo corresponde regular sufuncionamiento. Además, la legislación en comentoprevé la posibilidad de que los clientes acudan antela Profeco o Condusef a denunciar alguna inconfor-midad sobre el servicio prestado por dichas socie-dades, derivado de los contratos celebrados, lo cualcorrobora que se trata de relaciones entre particula-res. Por tanto, no se le puede considerar como auto-ridad responsable para los efectos del juicio de am-paro, ya que es una persona moral de derechoprivado, cuyos actos no revisten carácter de impe-rium y, por ende, no puede vulnerar derechos fun-damentales de los gobernados, ya que no tiene la fa-cultad de dictar, promulgar, publicar, ordenar,ejecutar o tratar de ejecutar un acto, por encontrar-se en un plano de igualdad con el particular.

Así, haciendo referencia a la exposición de motivosoriginal de la Iniciativa con proyecto de la Ley paraRegular las Sociedades de Información Crediticia,presentada por el senador Alejandro Gutiérrez Gutié-rrez8 en sesión pública ordinaria celebrada en la Ciu-dad de México, el 31 de octubre de 2001, se argumen-tó que:

…En 1993, en aras de promover la cultura del pagoy de abaratar los costos de los servicios financieros,en la Ley para Regular Agrupaciones Financieras,se creó con ello la figura de las sociedades de infor-


mación crediticia, conocidas comúnmente comoBurós de Crédito, cuya actividad consiste en inte-grar y manejar un banco de datos que registre lasoperaciones activas de las entidades financieras, afin de contar con el historial crediticio de los usua-rios de la banca y demás entidades financieras. Así,para operar como sociedad de información crediti-cia se requiere autorización de la Secretaría de Ha-cienda y Crédito Público, previa opinión del Bancode México, encontrándose sujetas a la inspección yvigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y deValores.”

De igual forma, se expuso que:

…En este orden de ideas, debido a la importanciade la información que manejan estas sociedades alpoder inhibir la actividad crediticia y con ello im-pedir el desarrollo de nuestro sistema financiero,debido a la importancia que reviste el manejar in-formación confidencial que debe ser consideradapara todos los efectos como propiedad de cada ciu-dadano y de cada persona, debido a la falta de cri-terios homólogos para conformar el banco de datosde estas sociedades y al estar impedidos los ciuda-danos a cambiar el historial crediticio en la base dedatos, y en general, al no haber hoy en día mecanis-mos de protección y defensa para las personas físi-cas y morales que tengan el derecho de inconfor-marse por la información errónea que seaocasionada, y sea por dolo, negligencia o mala feque hay en el banco de datos de esas sociedades.

Lo que se busca con la presente iniciativa es definiren la Ley, las condiciones que rijan las actividadesde este tipo de sociedades, a fin de otorgar certi-dumbre y seguridad jurídica a los usuarios de lasmismas, pero sobre todo, a los particulares que re-alicen operaciones crediticias y de servicios con lasentidades financieras y empresas comerciales quealimentan las bases de datos de estas sociedades.

…En conclusión, las intenciones que motivan lapresente Iniciativa son evitar injusticias cometi-das contra los usuarios de la banca y demás en-tidades por el uso injustificado de la informacióncrediticia, a fin de dar seguridad jurídica a quie-nes obtienen financiamiento, así como constituirlas condiciones necesarias para que tanto acredi-tados como acreditantes, cuenten con las herra-

mientas necesarias para acceder al crédito poruna parte y, cumplir con el pago por la otra, asícomo posibilitar la modificación de los erroresexistentes en la base de datos, establecer criterioshomogéneos en cuanto a la interpretación y mo-dificación de la información contenida en el re-porte correspondiente, evitar errores en los pro-pios reportes de crédito, publicitar losprocedimientos y mecanismos para modificar lasbases de datos, así como para proteger los dere-chos e intereses de las personas que se encuen-tran en dichas bases de datos, a fin de otorgarlesseguridad y certeza jurídica en las operacionesque realicen, así como, constituir las condicionesnecesarias para que tanto acreditados comoacreditantes, cuenten con las herramientas nece-sarias para acceder al crédito por una parte, ycumplir con el pago de la otra, lo cual sólo se lo-grará teniendo un sistema financiero sano yequilibrado que no vuelva a quebrantarse. Lasoperaciones crediticias deben de reactivarse si sequiere un desarrollo económico sustentable, y lascondiciones para que ello se dé deben depurarse,pues de lo contrario, cualquier estadística de me-joría económica será siempre ilusoria. Los secto-res productivos y financiero serán provechososen la medida en que pacten sanas prácticas eco-nómicas por ambas partes.

Por ello, consideramos que los sistemas de informa-ción crediticia son una parte esencial de la infraestruc-tura financiera que permite el acceso al financiamien-to y el desarrollo de todos los sector del desarrollonacional con el fin de fomentar el poder adquisitivotanto de los individuos como de las empresas, gene-rando condiciones de activación y fluidez de capitalfinanciero en el mercado.

Desde la publicación de la ley en comento en el Dia-rio Oficial de la Federación el 15 de enero de 2002consideramos que no se ha cumplido con la esencia dela iniciativa de esta legislación ya que si bien su fin esgenerar una serie de condiciones que permitan crearcerteza jurídica para todos los usuarios de los serviciosfinancieros, esto no se ha cumplido.

En la práctica existen muchas quejas por parte de losusuarios de los servicios financieros con respecto a latemporalidad de la obligación de las Sociedades a con-servar los historiales crediticios de los usuarios ya que


la base de datos, por diversas razones, no se puede ac-tualizar con agilidad o en su caso, no se actualiza, ge-nerando incertidumbre para los usuarios en el acceso anuevos créditos, inhibiendo, en buena medida la posi-bilidad del acercamiento crediticio, frenado el accesoa los préstamos, ya que las bases de datos de las So-ciedades de Información Crediticia o Burós de Crédi-to (conjunto de registros de información, propiedad delos otorgantes de crédito, en la cual se archiva el com-portamiento crediticio de los consumidores), son con-servadas durante al menos 6 (seis) años para cualquierpersona física o moral.

En virtud de que en nuestro país, dicha información esconservada para personas morales durante al menossetenta y dos meses, trae, entre otras consecuencias,que la banca nacional niegue apoyo a las Mipyme.

Lo anterior, sin duda es un freno a la economía, al de-tener con estas disposiciones importantes proyectosproductivos, con fundamento en el artículo 23 Bis y lafracción I del artículo 24 de la Ley para Regular lasSociedades de Información Crediticia, que permite elprimero de ellos a las Sociedades, conservar informa-ción una vez vencidos el plazos de 72 meses a que serefiere dicho artículo, a fin de asegurarse de que la in-formación que reciban de sus usuarios con posteriori-dad a tales plazos, no esté relacionada con aquella quedebió haber sido eliminada; y el segundo, es decir, el24 en su fracción I al permitir conservar informaciónuna vez vencidos el plazos de 72 meses, en tratándosede uno o más créditos cuyo monto adeudado al mo-mento de la falta de pago de alguna cantidad adeuda-da a un acreedor, sea igual o mayor que el equivalentea cuatrocientas mil UDIS, independientemente de lamoneda en que estén denominados.

Así, en el estudio Sistemas de Información Crediticia;Guía informativa,9 el cual fue elaborada por un equipoliderado por Nataliya Mylenko, que incluyó a losmiembros del equipo del Programa Global de Siste-mas de Información Crediticia de la IFC: TonyLythgoe, Oscar Madeddu, Colin Raymond, ShaliniSankaranarayan, Peter Sheerin y Stefano Stoppani enseptiembre de 2006 se con concluye que:

La legislación estipula un período específico en el quedebe almacenarse la información. Si bien la informa-ción histórica permite que los prestamistas evalúen lacalidad de la solvencia de un prestatario a lo largo de

un lapso de tiempo, la legislación debe especificar unafecha límite para el almacenamiento de información,tras la cual los datos se borran a fin de otorgarle alprestatario la posibilidad de empezar de cero. La in-formación del historial de pagos suele guardarse du-rante un mínimo de cinco años. La información sobreincumplimientos, en lugar de borrarse una vez que sereembolsaron los préstamos, debe guardarse con elresto del archivo del prestatario durante el período es-tipulado...

…Los registros públicos relacionados con quiebrassuelen guardarse durante siete años o más. Deacuerdo con una encuesta del Banco Mundial, de 78bureaus de crédito privados, 57 conservaban la in-formación histórica durante más de cinco años, y 34la conservaban entre cinco y siete años”

Dado lo anterior, considero que se necesita una ade-cuación en la temporalidad establecida dentro del arti-culado de la Ley para Regular las Sociedades de In-formación Crediticia, en relación a la conservación deinformación una vez vencidos los plazos y recuperar laesencia de esta Ley en la generación de certeza jurídi-ca en los usuarios de los servicios financieros.

En consecuencia, en la presente iniciativa se proponelo siguiente:

Texto vigente

Artículo 23. Las Sociedades están obligadas a con-servar los historiales crediticios que les sean pro-porcionados por los Usuarios, correspondientes acualquier persona física o moral, al menos duranteun plazo de setenta y dos meses.

En caso de información que refleje el incumpli-miento ininterrumpido de cualquier obligación exi-gible así como las claves de prevención que les co-rrespondan, las Sociedades deberán eliminarlas delhistorial crediticio del Cliente correspondiente, des-pués de setenta y dos meses de haberse incorporadoel incumplimiento por primera vez en dicho histo-rial.

En el caso de créditos en los que existan tanto in-cumplimientos como pagos, las Sociedades deberáneliminar la información de cada período de incum-plimiento, en el plazo señalado en el párrafo ante-


rior, contado a partir de la fecha en que se incorpo-re en el historial crediticio el primer incumplimien-to de cada periodo.

…

…

Texto propuesto

Artículo 23. Las sociedades están obligadas a con-servar los historiales crediticios que les sean pro-porcionados por los usuarios, correspondientes auna persona física, únicamente durante un plazo desesenta meses y las personas morales por un plazono mayor a ochenta y cuatro meses.

Las sociedades deberán eliminar del historialcrediticio del cliente aquella información que re-fleje el cumplimiento de cualquier obligación,después de sesenta meses para una persona físi-ca y para las morales por un plazo no mayor aochenta y cuatro meses de haberse incorporadotal cumplimiento en dicho historial.

En caso de información que refleje el incumpli-miento ininterrumpido de cualquier obligación exi-gible así como las claves de prevención que les co-rrespondan, las Sociedades deberán eliminarlas delhistorial crediticio del cliente correspondiente, des-pués de sesenta meses para una persona física ypara las morales por un plazo no mayor a ochen-ta y cuatro meses de haberse incorporado el in-cumplimiento por primera vez en dicho historial.

…

…

…

Texto vigente

Artículo 23 Bis. Las Sociedades, sin perjuicio de lodispuesto en el artículo 23 de esta Ley podrán, bajosu más estricta responsabilidad, conservar informa-ción una vez vencidos los plazos a que se refiere di-cho artículo, a fin de asegurarse de que la informa-ción que reciban de sus Usuarios con posterioridada tales plazos, no esté relacionada con aquella que

debió haber sido eliminada. En caso de recibirla,deberán dar aviso a la Comisión, si el Usuario quela entregue es supervisado por dicho órgano des-concentrado. Asimismo, las Sociedades deberán no-tificar a la Comisión, los controles con que cuentanpara el resguardo de dicha información.

Artículo 24. La eliminación del historial crediticioprevista en el artículo anterior no será aplicable enlos supuestos siguientes:

I. Tratándose de uno o más créditos cuyo montoadeudado al momento de la falta de pago de algunacantidad adeudada a un acreedor sea igual o mayorque el equivalente a cuatrocientas mil UDIS, deconformidad con el valor de dicha unidad aplicableen la o las fechas en que se presenten las faltas depago respectivas, independientemente de la monedaen que estén denominados.

II. En los casos en que exista una sentencia firme enla que se condene a un cliente persona física por lacomisión de un delito patrimonial intencional rela-cionado con algún crédito y que tal circunstancia sehaya hecho del conocimiento de la Sociedad por al-guno de sus Usuarios.

Texto propuesto

Artículo 23 Bis. (Se deroga)

Artículo 24. La eliminación del historial crediticioprevista en el artículo anterior no será aplicable enlos supuestos siguientes:

I. (Se deroga)

II. …

Por lo expuesto presento ante esta soberanía la si-guiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona reforman los párrafosprimero, segundo y tercero del artículo 23, se derogael artículo 23 Bis y se deroga la fracción I del artículo24 de la Ley para Regular las Sociedades de Informa-ción Crediticia.


Artículo 23. Las Sociedades están obligadas a conser-var los historiales crediticios que les sean proporcio-nados por los usuarios, correspondientes a una perso-na física, únicamente durante un plazo de sesentameses y las personas morales por un plazo no ma-yor a ochenta y cuatro meses.

Las sociedades deberán eliminar del historial crediti-cio del cliente aquella información que refleje el cum-plimiento de cualquier obligación, después de sesentameses para una persona física y para las moralespor un plazo no mayor a ochenta y cuatro meses dehaberse incorporado tal cumplimiento en dicho histo-rial.

En caso de información que refleje el incumplimientoininterrumpido de cualquier obligación exigible asícomo las claves de prevención que les correspondan,las sociedades deberán eliminarlas del historial credi-ticio del cliente correspondiente, después de sesentameses para una persona física y para las moralespor un plazo no mayor a ochenta y cuatro meses dehaberse incorporado el incumplimiento por primeravez en dicho historial.

…

Artículo 23 Bis. (Se deroga).

Artículo 24. La eliminación del historial crediticioprevista en el artículo anterior no será aplicable en lossupuestos siguientes:

I. (Se deroga).

II. …

Transitorios


Segundo. Las Sociedades tendrán un plazo de seis me-ses, a partir de la entrada en vigor del presente decre-to para ajustar sus sistemas y estructuras a lo previstoen el mismo.

Notas

1 http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Repor-

tes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financie-

ra%208.pdf

2 http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Paginas/Consejo-

Nacional-de-IF.aspx

3 http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encues-

ta%20Nacional%20de%20IF/ENIF%202015.pdf

4 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/boleco/2017/be-

cefp0172017.pdf

5 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/es-

tablecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx

6 http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Repor-

tes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financie-

ra%208.pdf

7 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/boleco/2017/be-

cefp0172017.pdf

8http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=13&mn=1&id=12

66&lg=58&anio=2#10399

9http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8786320049586044a262b

719583b6d16/FI-%20CB-KnowledgeGuide-S.pdf?MOD=AJPE-

RES

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 29 de mayo de 2019.

Diputado Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica)


de 2019.)


QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 Y 122 DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, PRESENTADA EN NOMBRE PROPIO Y DE SIL-VIA LORENA VILLAVICENCIO AYALA POR TATIANA CLOU-THIER CARRILLO, DIPUTADAS DEL GRUPO PARLAMENTA-RIO DE MORENA, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN


Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, di-putada integrante del Grupo Parlamentario de Morena,con fundamento en la fracción II del artículo 71 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos, así como en el artículo 55, fracción II, del Regla-mento para el Gobierno Interior del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos, somete a conside-ración de esta asamblea la presente iniciativa con pro-yecto de decreto por el que se reforman y adicionan losartículos 21 y 122 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente


Según el más reciente informe del Observatorio Na-cional Ciudadano (ONC), la inseguridad y la violenciase ha venido incrementando en la Ciudad de Méxicodesde el año 2018, y para este año 2019 ha tenido unrepunte significativo que resulta ya preocupante.

De acuerdo al informe más reciente del OCN, la ma-yoría de las 16 alcaldías de la capital han experimen-tado un incremento grave en los índices de violencia ydelitos como el homicidio doloso, la violación, el nar-comenudeo, robo a casa habitación y el robo con vio-lencia.

Al mes de enero, la demarcación territorial con mayorcrecimiento en incidencia delictiva fue Iztacalco, conun ascenso de 36 por ciento respecto al año pasado. Lasiguiente fue Cuajimalpa, con un aumento de 26 porciento, seguida de La Magdalena Contreras con 23 porciento, y Álvaro Obregón con un alza de 18 por ciento.

Iztapalapa tuvo un ascenso de 15 por ciento, mientrasque Tlalpan tuvo un aumento en 14 por ciento. MiguelHidalgo pasó de una carpeta de investigación en 2018a cinco en 2019; Tláhuac pasó de 2 a 9 casos; Xochi-milco, con 200 por ciento de aumento; Álvaro Obre-gón, con un incremento de 150 por ciento; VenustianoCarranza, aumentó 60 por ciento y la Gustavo A. Ma-dero con un repunte de casi 19 por ciento.

Conforme a estos datos es evidente que la Ciudad deMéxico atraviesa por su peor crisis en materia de se-guridad.

En el caso de homicidio doloso, este delito se incre-mentó en 14 de las 16 alcaldías. Venustiano Carranza,con una tasa de 22.71 crímenes por cada 100 mil habi-tantes; Cuauhtémoc, con una tasa de 22.52, y GustavoA. Madero, con una tasa de 20.56, ocuparon los tresprimeros lugares en el ranking en este delito.

Toda la capital tuvo su tasa histórica más alta alcan-zando 14.39, que es mayor a la tasa nacional de 11.01por ciento. Con estos registros la Ciudad de Méxicoocupa el lugar 22 en el país.

Respecto al robo con violencia, este delito creció enlas 16 zonas. Incluso, la tasa registrada en 2018 posi-cionó a la capital 106 por ciento arriba de la tasa na-cional y en el segundo lugar del ranking en todo Mé-xico. Por alcaldía, el top 3 lo conforman Cuauhtémoc,con una tasa de 953.94 por cada 100 mil habitantes;Miguel Hidalgo, con una tasa de 835.29, e Iztacalco,con una tasa de 606.97.

Por lo que toca al robo a casa habitación, este delito in-cremento? en las 16 alcaldías capitalinas. Los tres pri-meros lugares fueron Benito Juárez, con una tasa de215.71 por cada 100 mil habitantes; Cuauhtémoc, conuna tasa de 142.68, y Miguel Hidalgo, con una tasa de108.91.

El delito de violación tuvo un incrementó en 15 de-marcaciones territoriales. Las que ocupan los tres pri-meros lugares son Cuauhtémoc, con una tasa de 22.33por cada 100 mil habitantes; Coyoacán, con una tasade 10.59, y Xochimilco, con 7.46. Cuauhtémoc se ubi-có 91 por ciento por arriba de la tasa nacional y 188por ciento por arriba de la tasa de la Ciudad de Méxi-co.

El narcomenudeo se mantiene al alza. En 2018, tuvoun incremento en las 16 alcaldías, Cuauhtémoc tuvo latasa más alta, con 200.97 casos por cada 100 mil habi-tantes, seguida de Venustiano Carranza, con una tasade 169.83, y de Miguel Hidalgo, con una tasa de118.99.

Como se puede apreciar, los índices delictivos han te-nido un incremento alarmante en la Ciudad de México


durante el último año y uno de los puntos más critica-bles a la reforma política de la Ciudad de México es elhecho de que las alcaldías en la Ciudad de México ca-recen de autonomía o, en todo caso, su autonomía seencuentra bastante limitada en el rubro de la seguridadpública, ya que no cuentan con atribuciones para dis-poner de las fuerzas policiales que les permitan garan-tizar la seguridad en sus demarcaciones.

La mayoría de los alcaldes han manifestado que tienenplenamente identificados los puntos rojos en materiade seguridad en sus territorios, pero se ven limitados aactuar y desplegar fuerzas policiacas, ya que no tienenatribuciones plenas para ello y dependen en todo mo-mento del gobierno central de la Ciudad de México.

Hay que recordar que el 29 de enero de 2016, se pu-blicó en el Diario Oficial de la Federación el decretopor el que se declaran reformadas y derogadas diver-sas disposiciones de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos, en materia de reforma polí-tica de la Ciudad de México.

La reforma al artículo 122 constitucional estableció unnuevo orden de gobierno para la ciudad de México ysus demarcaciones territoriales. En este sentido, dichadisposición constitucional precisa que el gobierno delas demarcaciones territoriales de la Ciudad de Méxi-co estará a cargo de las alcaldías. Su integración, or-ganización administrativa y facultades se estableceránen la Constitución Política y leyes locales.

El mismo texto constitucional dispone que las alcaldí-as son órganos político administrativos que se integranpor un alcalde y por un concejo electos por votaciónuniversal, libre, secreta y directa, para un periodo detres años.

Ahora bien, en materia de seguridad pública el referi-do artículo 122 en su apartado B señala que corres-ponde al jefe de gobierno de la Ciudad de México ladirección de las instituciones de seguridad pública dela entidad, en los términos que establezca la Constitu-ción Política de la Ciudad de México y las leyes loca-les, así como nombrar y remover libremente al servi-dor público que ejerza el mando directo de la fuerzapública.

Como se puede apreciar la reforma política de la Ciu-dad de México ha sido un paso importante en el pro-

ceso de equiparar el estatus de la ciudad de las otrasentidades del país, las cuales gozan de una autonomíaplena de gobierno y administración, y que ademástransfieren o conceden un grado de autonomía a susestructuras más básicas como lo son los municipios,sin embargo, las alcaldías aún tienen muchas limita-ciones sobre todo en materia de seguridad pública.

En efecto, uno de los principales objetivos de esta re-forma política es que las alcaldías se establezcan comouna figura similar a la de los municipios, ya que éstoshacen posible la autonomía de sus estados al descen-tralizar ciertas funciones de gobierno.

No obstante, las buenas intenciones de la reforma ysus alcances respecto al nuevo orden de gobierno nofue el más avanzado que se hubiera querido, ya que, apesar de la insistencia histórica por reestablecer el mu-nicipio en la Ciudad de México, en esta ocasión no seeligió esta figura como forma de gobierno, sino que secrearon las alcaldías.

Una de las debilidades de la figura de las demarcacio-nes territoriales es el hecho que el gobierno central dela Ciudad de México no le transfiere o no le concede asus alcaldías una autonomía plena y equiparable a laque los demás estados del país les conceden a sus mu-nicipios.

Como se señaló, el artículo 122 constitucional prevépara las alcaldías un marco de atribuciones limitado ydelega casi todas sus competencias a la constituciónlocal. Es en los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 de laConstitución Política de la Ciudad de México en don-de se concentran todas sus atribuciones, ahí se abordanprincipalmente los temas de las demarcaciones territo-riales; la integración, organización y facultades, de laspersonas titulares, de los concejos, del cabildo de laCiudad de México, de los recursos públicos y de laparticipación ciudadana.

El texto del artículo 53 de la Constitución Política dela Ciudad de México cita una serie de finalidades ycompetencias, tales como promover, facilitar, garanti-zar, impulsar, propiciar, pero que no implican necesa-riamente funciones o atribuciones concretas y bien de-finidas, sino que resultan vagas y ambiguas.

Ahora bien, una de las funciones que tienen las al-caldías en forma subordinada con el gobierno de la


Ciudad de México, es ejecutar políticas de seguridadciudadana en la demarcación territorial y disponer dela fuerza pública básica en tareas de vigilancia, perosiempre bajo la subordinación del gobierno central;proponiendo y opinando previamente ante la jefaturade gobierno, respecto de la designación, desempeñoy/o remoción de los mandos policiales que corres-pondan a la demarcación territorial; y supervisar losmandos de la policía preventiva dentro de su demar-cación.

Este último punto es uno de los temas de gobierno in-terno que generan mayor controversia, ya que simple-mente asumen un rol secundario y subordinado al tu-telaje del gobierno central en materia de seguridadpública, dado que es el jefe de gobierno el que tendráel control de las fuerzas policiales, el que designará losmandos de la policía y el que decidirá cuáles son losconvenios de asociación que le convienen a las alcal-días.

Estas limitaciones han sido identificadas por la mayo-ría de los alcaldes, y podemos afirmar que la meraexistencia de atribuciones compartidas y subordinadassugiere el hecho de que las zonas en la Ciudad de Mé-xico carecen de autonomía o, en todo caso, se encuen-tra bastante limitada en rubros tan importantes como elde disponer de las fuerzas policiales para garantizar laseguridad de sus demarcaciones.

En efecto, en materia de seguridad pública, a dife-rencia de los municipios, en donde la policía preven-tiva estará al mando del presidente municipal, aun-que acatará las órdenes del gobernador del estado enlos casos que éste juzgue sean de fuerza mayor y ex-cepcionales (artículo 115, fracción VII, de la Consti-tución Política de los Estados Unidos Mexicanos),las alcaldías sólo se ejecutarán las políticas de segu-ridad que disponga el gobierno central, es decir, po-drán disponer de la fuerza pública básica pero siem-pre y cuando se haya solicitado al gobierno de laciudad, además de que sólo podrán proponer y opinarpreviamente ante la jefatura de gobierno respecto dela designación, desempeño y/o remoción de los man-dos policiales que correspondan a la demarcación te-rritorial y supervisar los mandos de la policía pre-ventiva.

Ahora bien, toda vez que la seguridad pública es underecho fundamental que el Estado mexicano está

obligado a garantizar, la presente iniciativa de reformapretende fortalecer las competencias de las alcaldíasde la Ciudad de México en esta materia, por eso sepropone reformar el artículo 21 párrafo noveno de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos para incorporar la figura de las alcaldías dentro dela función de seguridad pública.

Asimismo, acorde a la propuesta anterior, se prevé unareforma al artículo 122 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos para definir las atribu-ciones de las alcaldías de la Ciudad de México en ma-teria de seguridad pública y estén posibilitadas legal-mente para garantizar con policía bajo su mando ydirección, la seguridad pública en cada una de sus de-marcaciones.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a laconsideración de esta honorable soberanía el siguienteproyecto de

Decreto que reforma los artículos 21 y 122 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos

Artículo Único. Se reforma el párrafo noveno del ar-tículo 21 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos; y se adiciona un inciso g) a lafracción VI, del apartado A, del artículo 122 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos.

Artículo 21. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

La seguridad pública es una función del Estado a car-go de la federación, las entidades federativas, los mu-


nicipios y las alcaldías de la Ciudad de México, cu-yos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la in-tegridad y el patrimonio de las personas, así como con-tribuir a la generación y preservación del ordenpúblico y la paz social, de conformidad con lo previs-to en esta Constitución y las leyes en la materia. La se-guridad pública comprende la prevención, investiga-ción y persecución de los delitos, así como la sanciónde las infracciones administrativas, en los términos dela ley, en las respectivas competencias que esta Cons-titución señala. La actuación de las instituciones de se-guridad pública se regirá por los principios de legali-dad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,honradez y respeto a los derechos humanos reconoci-dos en esta Constitución.

(…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 122. (…)

A. (…)

I. a III. (…)

VI. (…)

(…)

(…)

a) a la f) (…)

g) Los alcaldes tendrán a su cargo la direc-ción de las instituciones de seguridad públicaen sus demarcaciones, en los términos del ar-tículo 21 de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos, y de la ConstituciónPolítica de la Ciudad de México y de las leyeslocales.

VII. a la XI. (…)

B. a D. (…)

Artículos Transitorios


Segundo. La Legislatura de la Ciudad de México de-berá llevar a cabo las reformas a la Constitución Polí-tica de la Ciudad de México y a las leyes locales, paraadecuarlas al contenido del presente decreto en un pla-zo que no excederá de ciento ochenta días, contados apartir de la entrada en vigor del presente decreto.


Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 29 de

2019.)

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 308 DEL CÓ-DIGO CIVIL FEDERAL, 79 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PRO-CEDIMIENTOS CIVILES Y 44 DE LA LEY GENERAL DE LOS

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, RECIBI-DA DE LA DIPUTADA CYNTHIA LÓPEZ CASTRO, DEL GRU-PO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA CO-MISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE

2019

La que suscribe, Cynthia López Castro, diputada inte-grante del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-cionario Institucional en la LXIV Legislatura del Con-greso de la Unión, en ejercicio de la facultad queconfieren los artículos 71, fracción II, de la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6,numeral 1, inciso I, 77 y 78 del Reglamento de la Cá-


mara de Diputados, somete a consideración de estaasamblea iniciativa con proyecto de decreto que refor-ma y adiciona los artículos 308 del Código Civil Fe-deral, 79 del Código Federal de Procedimientos Civi-les y 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas,Niños y Adolescentes, a fin de que el juez recabe demanera oficiosa las pruebas que permitan conocer lasposibilidades de acreedor para fijar pensión alimenti-cia, bajo la siguiente


De conformidad con el criterio sostenido por la Prime-ra Sala en la jurisprudencia de rubro: “Alimentos. Elestado de necesidad del acreedor de los mismos consti-tuye el origen y fundamento de la obligación de otor-garlos”, la obligación alimentaria surge como conse-cuencia del estado de necesidad en que se encuentrandeterminadas personas a las que la ley les reconoce laimposibilidad para procurarse los medios para la sub-sistencia física y su desarrollo humano. A esas perso-nas, la legislación civil otorga la posibilidad de exigirlo necesario para colmar sus necesidades fundamenta-les.1 Así, es necesario que concurran tres supuestos pa-ra que surja la obligación de alimentos, a saber:

1) El estado de necesidad del acreedor alimentario;

2) Un determinado vínculo entre acreedor y deudor;y

3) La capacidad económica del obligado a prestar-los.

En este sentido, es claro que el estado de necesidad delacreedor alimentario constituye el origen y fundamen-to de la obligación de alimentos, entendiendo por ésteaquella situación en la que pueda encontrarse una per-sona que no puede mantenerse por sí misma, pese aque haya empleado una normal diligencia para solven-tarla y con independencia de las causas que puedan ha-berla originado2. Sin embargo, las cuestiones relativasa quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimientoa esta obligación de alimentos, dependerán:

A. Directamente de la relación de familia existenteentre acreedor y deudor,

B. El nivel de necesidad del primero y la capacidadeconómica de este último, y

C. De acuerdo con las circunstancias particularesdel caso concreto.

Nuestra legislación reconoce diferentes vínculos fami-liares a partir de los cuales puede surgir la obligaciónde dar alimentos, tales como: las relaciones paternofi-liales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato,entre otras.

No obstante, la obligación entre los progenitores y sushijos de proporcionar alimentos posee una protecciónsuprema, pues por mandato constitucional expreso delartículo 4 párrafo décimo de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos se vincula a los pro-genitores a procurar el mayor nivel de protección, edu-cación y formación integral, siempre en el marco delprincipio del interés superior del menor.

“En todas las decisiones y actuaciones del Estadose velará y cumplirá con el principio del interéssuperior de la niñez, garantizando de manera ple-na sus derechos. Los niños y las niñas tienen de-recho a la satisfacción de sus necesidades de ali-mentación, salud, educación y sano esparcimientopara su desarrollo integral. Este principio deberáguiar el diseño, ejecución, seguimiento y evalua-ción de las políticas públicas dirigidas a la ni-ñez”.3

Asimismo, a nivel internacional la Convención sobrelos Derechos del Niño prevé en su artículo 27, nume-ral 4, lo relativo al derecho de todo niño a un nivel devida adecuado para su desarrollo integral, y determinaque son los padres y las personas encargadas de él losresponsables primordiales de proporcionar las condi-ciones necesarias para ese desarrollo.

“Los Estados parte tomarán todas las medidas apro-piadas para asegurar el pago de la pensión alimenti-cia por parte de los padres u otras personas que ten-gan la responsabilidad financiera por el niño, tantosi viven en el Estado parte como si viven en el ex-tranjero. En particular, cuando la persona que tengala responsabilidad financiera por el niño resida enun Estado diferente de aquel en que resida el niño,los Estados parte promoverán la adhesión a los con-venios internacionales o la concertación de dichosconvenios, así como la concertación de cualesquie-ra otros arreglos apropiados”.4


Cabe señalar que este tratado internacional eleva a unamayor jerarquía el derecho de alimentos de los niños,pues no sólo lo considera como un derecho esencial,sino que amplía su alcance desde la determinación delos sujetos obligados hasta las condiciones de la obli-gación alimenticia y, por supuesto, la posición del Es-tado, como garante de ese cumplimiento.

Ante un escenario de ruptura y separación familiar porun divorcio, esta obligación se materializa mediante elestablecimiento de una pensión alimenticia, que com-prenderá educación, vestido, habitación y atenciónmédica. Empero, cuando existe controversia sobre losmontos de la pensión, con frecuencia se presenta unamala práctica por parte de los obligados para tratar deesconder su capacidad económica real en aras de quela pensión que se fije sea la menor posible.

En relación con este aspecto, la Primera Sala de la Su-prema Corte de Justicia, a propuesta del ministro JoséRamón Cossío Díaz, resolvió el 21 de febrero de 2018el amparo directo en revisión 3360/2017, que estable-ce un precedente en términos de qué deberá conside-rarse para determinar la capacidad económica real deldeudor alimentario.

Así pues, la Primera Sala estableció criterios en el sen-tido de que, cuando exista controversia sobre el mon-to fijado como pensión, los jueces deben allegarse ofi-ciosamente de los elementos necesarios paracuantificar el monto de la pensión.

Para tratar de solucionar este problema, la Primera Sa-la introdujo el concepto “flujo de riqueza”. A partir deéste, cuando exista controversia entre las partes sobrela capacidad económica real, el juez deberá allegarsede elementos ciertos y actuales, a fin de determinar deforma equitativa, segura y razonable, el monto de pen-sión que deberá ser establecido.

Esta determinación constituye un precedente funda-mental por dos aspectos.

• Primero, la posición del Estado como garante delos derechos de los niños y niñas que permitiráavanzar hacia un desarrollo adecuado de la infancia.

• Segundo, la introducción de conceptos económi-cos novedosos que permitan un acceso real a la jus-ticia.

Al entender que la capacidad económica no se compo-ne exclusivamente del ingreso o renta reportados, sinode un concepto más amplio, como es el flujo de rique-za y nivel de vida, y que el juez deberá allegarse de lainformación que le permita determinar de manera ob-jetiva esta capacidad en caso de controversia, la Pri-mera Sala estableció un criterio que busca asegurarque las pensiones alimenticias sean un verdadero re-flejo de la capacidad económica de los obligados.

Preocupada y ocupada por proteger a la niñez, pro-pongo establecer en ley que, para fijar pensión ali-menticia, el juzgador tiene la facultad de recabar ofi-ciosamente las pruebas que le permitan conocer contoda certeza las posibilidades económicas del acreedorpara solventar las necesidades del deudor, para ellopropongo:

• En el Código Civil Federal, la obligación por par-te del juzgador encargado de la solución del con-flicto, para recabar de oficio las pruebas necesariasy conocer el flujo de riqueza y nivel de vida deldeudor, para fijar el monto de la pensión alimenti-cia en un juicio de alimentos;

• En el Código Federal de Procedimientos Civilescuando en el procedimiento judicial haya que ga-rantizar la protección de menores, la facultad de re-cabar de oficio las pruebas necesarias para garanti-zar el principio del interés superior de la niñez; y

• En Ley General de los Derechos de Niñas, Niñosy Adolescentes, para proteger el interés superior delmenor en los procedimientos judiciales de alimen-tos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideraciónde esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativacon proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo308 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 308. Los alimentos comprenden la comida,el vestido, la habitación y la asistencia en casos de en-fermedad. Respecto de los menores, los alimentoscomprenden, además, los gastos necesarios para laeducación primaria del alimentista, y para proporcio-


narle algún oficio, arte o profesión honestos y adecua-dos a su sexo y circunstancias personales.

En los juicios de alimentos, el juzgador encargadode la solución del conflicto tendrá la facultad de re-cabar de oficio las pruebas necesarias para conocercon toda certeza la capacidad económica que per-mita referir el flujo de riqueza y nivel de vida deldeudor sin limitarse a considerar el ingreso repor-tado, para fijar el monto de la pensión alimenticiaque garantice al acreedor su bienestar.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo al artículo79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pa-ra quedar como sigue:

Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgado-re valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, yde cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezcaa las partes o a un tercero, sin más limitaciones de quelas pruebas estén reconocidas por la ley y tengan rela-ción inmediata con los hechos controvertidos.

Cuando en el procedimiento judicial haya que ga-rantizar la protección de menores, el juzgador tie-ne la facultad de recabar de oficio las pruebas ne-cesarias para conocer con toda certeza loselementos suficientes para garantizar el principiodel interés superior de la niñez.

Artículo Tercero. Se reforma y adiciona un párrafo alartículo 44 de la Ley General de los Derechos de Ni-ñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patriapotestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños yadolescentes, la obligación primordial de proporcio-nar, dentro de sus posibilidades y medios económicos,las condiciones de vida suficientes para su sano des-arrollo.

Las autoridades federales de las entidades federativas,municipales y de las demarcaciones territoriales de laCiudad de México, en el ámbito de sus respectivascompetencias, coadyuvarán a dicho fin mediante laadopción de las medidas apropiadas.

En los casos donde se presente un juicio de alimen-tos, el juzgador encargado de la solución del con-flicto tendrá la facultad de recabar de oficio las

pruebas necesarias para conocer con toda certezala capacidad económica que permita referir el flu-jo de riqueza y nivel de vida del deudor sin limitar-se a considerar el ingreso reportado, para fijar elmonto de la pensión alimenticia que garantice almenor su bienestar.

Transitorio


Notas

1 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Te-

sis/2012/2012502.pdf

2 Ibídem

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

4 https://www.humanium.org/es/convencion-texto/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 29 de mayo de 2019.

Diputada Cynthia López Castro (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Mayo 29 de 2019.)



LAS LEYES GENERAL DE SALUD Y FEDERAL DE PROTEC-CIÓN AL CONSUMIDOR, A CARGO DE LA DIPUTADA NAYE-LI SALVATORI BOJALIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PES, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMA-NENTE DEL MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019

Quien suscribe, diputada Nayeli Salvatori Bojalil, in-tegrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Socialde la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura delhonorable Congreso de la Unión, con fundamento enlo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 78, frac-ción III, de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos; así como en el artículo 122 de laLey Orgánica del Congreso General y 55, fracción II,del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-so General de los Estados Unidos Mexicanos, sometea consideración de esta soberanía, la presente iniciati-va, al tenor de la siguiente


El proyecto legislativo que en esta oportunidad se pre-senta pretende incrementar el andamiaje jurídico parapreservar la salud de las personas, principalmente delos jóvenes.

La Carta Magna de la federación establece en su artí-culo 4o. que:

Toda persona tiene derecho a la protección de la sa-lud. La Ley definirá las bases y modalidades para elacceso a los servicios de salud y establecerá la con-currencia de la Federación y las entidades federati-vas en materia de salubridad general, conforme a loque dispone la fracción XVI del artículo 73 de estaConstitución.

Este proyecto legislativo es armónico con la propiaLey Federal de Protección al Consumidor que estable-ce:

Son principios básicos en las relaciones de consu-mo:

I. La protección de la vida, salud y seguridad delconsumidor contra los riesgos provocados por pro-ductos, prácticas en el abastecimiento de productosy servicios considerados peligrosos o nocivos;

Es atribución de la Procuraduría Federal del Consu-midor (Profeco): Publicar, a través de cualquier me-dio, los productos y servicios que con motivo de susverificaciones y los demás procedimientos previs-tos por la Ley sean detectados como riesgosos o enincumplimiento a las disposiciones jurídicas aplica-bles; emitir alertas dirigidas a los consumidores ydar a conocer las de otras autoridades o agencias so-bre productos o prácticas en el abastecimiento debienes, productos o servicios, defectuosos, dañinoso que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguri-dad del consumidor; ordenar y difundir llamados arevisión dirigidos a proveedores y dar a conocer losde otras autoridades sobre productos o prácticas enel abastecimiento de bienes, productos o servicios,defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vi-da, la salud, la seguridad o la economía del consu-midor; así como retirar del mercado los bienes oproductos, cuando se haya determinado fehaciente-mente por la autoridad competente, que ponen enriesgo la vida o la salud del consumidor, cuando losproveedores hayan informado previamente que susproductos ponen en riesgo la vida o la salud de losconsumidores y, en su caso, ordenar la destrucciónde los mismos, a fin de evitar que sean comerciali-zados;

Inadecuadamente, la reglamentación con respecto dela venta y consumo de bebidas alcohólicas es un asun-to que compete a las entidades federativas que en di-versas ocasiones se transfiere a los municipios.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alco-hol y Tabaco 2016-2017 recabó los siguientes datosque son a considerar en la presente iniciativa:

• 71 por ciento ha consumido alcohol alguna vez enla vida (80.1 por ciento hombres y 62.6 por cientomujeres); 49.1 por ciento (41.8 millones) en el últi-mo año (59.8 por ciento hombres y 39 por cientomujeres) y 35.9 por ciento en el último mes (48.1por ciento hombres y 24.4 por ciento mujeres).

• Entre la población adolescente entre 12-17 años,el 39.8 por ciento ha consumido alcohol alguna vezen la vida (41.7 por ciento hombres y 37.9 por cien-to mujeres) y 28 por ciento (4 millones) ha consu-mido en el último año (28.8 por ciento hombres y27.2 por ciento mujeres).


• Para el caso de la población adulta, 77.3 por cien-to ha consumido alcohol alguna vez en la vida (88.3por ciento hombres y 67.3 por ciento mujeres); 53.3por ciento (37.8 millones) ha consumido en el últi-mo año (66.4 por ciento hombres y 41.3 por cientomujeres).

• Por lo que se refiere a la edad inicio en el consu-mo de alcohol, en promedio 17.9 años en 2008, 17.8años en 2011 y 17.9 años en 2016. En 2016, loshombres reportaron iniciar el consumo a los 16.7años, en 2011 a los 16.6 y en 2008 a los 17. Las mu-jeres reportaron iniciar el consumo a los 19.2 añosen 2011 y 2016, mientras que en 2008 fue a los 19.3años

• La bebida con la más alta prevalencia fue la cer-veza (40.8 por ciento), en segundo lugar fueron losdestilados (brandy, tequila, ron, whisky, cognac,vodka, entre otros) con un 19.1 por ciento, seguidode los vinos de mesa (8.2 por ciento) y las bebidaspreparadas (coolers, Qbitas, etcétera) (7 por ciento).El pulque y otros fermentados (3.6 por ciento), asícomo el alcohol del 96 o los aguardientes (1.4 porciento) presentan las prevalencias más bajas de con-sumo.

El infarto agudo al corazón es la principal causa de en-fermedad y muerte entre los 40 y 60 años de edad,aunque es creciente la cantidad de individuos menoresde 30 que también lo padecen; con frecuencia asocia-do al consumo de bebidas energizantes combinadascon alcohol.

Reportes del servicio de Cardiología del Hospital de Es-pecialidades del Centro Médico Nacional La Raza hanseñalado que es común encontrar a jóvenes en las salasde urgencias con este problema de salud. Los individuosque padecen alguna enfermedad cardiaca de la cual notienen conocimiento, como arritmia, deficiencias en lacoagulación, un padecimiento genético o autoinmune–lupus, por ejemplo, son vulnerable al consumo de be-bidas energizantes mezcladas con alcohol.

Sobre las arritmias, el Centro Médico indicó que elprimer síntoma es el infarto. En algunos casos, losafectados pueden presentar palpitaciones, pero cuandoingieren bebidas energizantes –cuyos ingredientesprincipales son la cafeína y taurina– aparecen las com-plicaciones.

Especialistas de la Comisión Federal para la Protec-ción contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), apuntan queno existen datos que confirmen de forma causal losefectos reportados al ingerir simultáneamente las bebi-das energéticas con alcohol y es muy probable que losefectos adversos se deban a una ingesta excesiva de al-cohol y/o drogas. Diversos estudios respaldan este he-cho, concluyendo que los efectos tóxicos producidospor el alcohol, tales como dolor de cabeza, debilidad,resequedad en boca y falta de coordinación, pueden noser claramente percibidos por la interacción con lassustancias estimulantes, sin embargo, los efectos sobrela coordinación motora producidos por el alcohol nose contrarrestan por estas mismas sustancias. Estopuede llevar a una falsa sensación de bienestar queconcluya en algún accidente o al consumo de alcohola niveles aún mayores, por lo que no se recomiendaconsumir bebidas energéticas en conjunto con bebidasalcohólicas.

La presente iniciativa pretende armonizar la legisla-ción sanitaria con los derechos de los consumidores enel caso de la venta de mezclas de alcohol con bebidasenergizantes.

La Revista del Consumidor número 57 de junio de2015, en el artículo Bebidas con cafeína y taurina yotros ingredientes, las bebidas con cafeína y otras sus-tancias mencionadas en este estudio son estimulantes,mientras que el alcohol es un potente depresivo; no esdifícil inferir que la combinación de estos dos efectoscontrarios puede ser muy peligrosa.

Aunado a esto, tanto el alcohol como la cafeína tienenun efecto diurético, cuando se consumen juntos pue-den provocar una deshidratación acelerada. Esta com-binación se ha popularizado debido a que la cafeína, alactuar en el sistema nervioso central provoca que elorganismo se alerte, disfrazando la percepción del es-tado de ebriedad, por lo que la persona siente la nece-sidad de consumir más alcohol y estimulantes, pudien-do llegar a presentar convulsiones, ansiedad,irritabilidad, insomnio, cefaleas y, en casos extremos,taquiarritmias (episodios donde la frecuencia cardiacapasa de 60 pulsaciones por minuto, en estado de repo-so, a 250 y 300 pulsaciones), es decir, que el corazónprácticamente “enloquece”.

La Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos de laCofepris apunta que el consumo de este tipo de pro-


ductos se ha hecho muy popular, especialmente entrelos jóvenes, quienes los consumen tanto solos, comomezclados con bebidas alcohólicas.

La NOM-218-SSA1-2011 “Productos y servicios. Be-bidas saborizadas no alcohólicas, sus congelados, pro-ductos concentrados para prepararlas y bebidas adicio-nadas con cafeína. Especificaciones y disposicionessanitarias” indica que no se recomienda el consumo deestos productos por niños menores de 12 años, muje-res embarazadas o lactando, personas sensibles a la ca-feína, ni la mezcla con bebidas alcohólicas.

En 2016, de que se tiene conocimiento, a ProcuraduríaFederal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Fe-deral para la Protección contra Riesgos Sanitarios emi-tieron una alerta a la población, para evitar el consumode bebidas alcohólicas mezcladas con bebidas adicio-nadas con cafeína conocidas como “energizantes”, de-bido a que pueden provocar daños a la salud.

En esa ocasión, las autoridades informaron que, porello se mantiene la vigilancia permanente en los esta-blecimientos como bares, antros y restaurantes, dondese expenden bebidas alcohólicas preparadas, realizan-do las acciones de protección contra riesgos sanitarios.

Sería de buena práctica de gobierno que se continuarácon dicha acción y que se compartiera en su páginaelectrónica una versión de dichas verificaciones quemotivaran evitar que se afecte, la salud, seguridad yvida de los consumidores.

Datos de cardioneumología del Hospital IMSS San Jo-sé indican que son los jóvenes de entre 15 y 30 años deedad quienes más consumen este tipo de bebidas ener-gizantes, aunque alertó que por el momento es imposi-ble tener más detalles al respecto, pues su venta no es-tá regulada, la consumen incluso menores de edad ypocos de ellos saben de los riesgos de beberlas.

Este proyecto se suma el interés del honorable Con-greso de la Unión por regular la mezcla de alcohol conenergizantes.

De la Comisión de Salud2, presentó al pleno de la Cá-mara de Diputados el proyecto de decreto que reformay adiciona diversas disposiciones de la Ley General deSalud, en materia de bebidas adicionadas con cafeínael 15 de diciembre de 2010 que fue aprobado por 260

votos en pro. Dicho asunto se aprobó en la Colegisla-dora con 70 votos en pro, el 7 de febrero de 2012. Conmodificaciones, por lo que el asunto fue devuelto anuestra Cámara de Diputados para los efectos de lodispuesto en el artículo 72, inciso e) de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta propuesta refería:

Artículo 215 Bis. Las bebidas señaladas en la frac-ción VI del artículo anterior no podrán ser adicio-nadas con vitaminas ni minerales ni ser comerciali-zadas en presentaciones mayores de 250 ml y en suetiqueta se deberán incluir, además de los requisitosque se establezcan en las normas oficiales mexica-nas o disposiciones aplicables, las siguientes leyen-das:

No consumir más de 500 ml al día

No se recomienda su consumo por niños menoresde 12 años

No se recomienda su consumo por personas sensi-bles a la cafeína

No mezclar o consumir junto con bebidas alco-hólicas

Las bebidas adicionadas con cafeína a que se refie-re el presente artículo no deberán venderse mezcla-das con bebidas alcohólicas

No se recomienda en pacientes con hipertensión ar-terial

Puede generar arritmias cardiacas

Lamentablemente, el asunto se encuentra en la “con-geladora” desde febrero de 2012.

Finalmente, y para mayor comprensión del decretoque se propone, se adjunta el siguiente comparativo:

Ley General de Salud

Ley vigente

Artículo 185 Bis. Para efectos de esta ley, se enten-derá por uso nocivo del alcohol:


I. El consumo de bebidas alcohólicas en cual-quier cantidad por menores de edad;

II. El consumo en exceso de bebidas alcohólicaspor mujeres embarazadas;

III. El consumo en cualquier cantidad de alcoholen personas que van a manejar vehículos detransporte público de pasajeros, así como auto-motores, maquinaria o que se van a desempeñaren tareas que requieren habilidades y destrezas,especialmente las asociadas con el cuidado de lasalud o la integridad de terceros;

IV. El consumo de alcohol en exceso, definidopor la Secretaría de Salud en el programa para laprevención, reducción y tratamiento del uso no-civo del alcohol, la atención del alcoholismo y laprevención de enfermedades derivadas del mis-mo;

V. El consumo en personas con alguna enferme-dad crónica como hipertensión, diabetes, enfer-medades hepáticas, cáncer y otras, siempre ycuando haya sido indicado por prescripción mé-dica, y

VI. Aquel que sea determinado por la Secretaríade Salud.

Artículo 187 Bis. Son facultades de la Secretaría deSalud en el marco de la protección de la salud deterceros y de la sociedad frente al uso nocivo del al-cohol:

I. Establecer los límites de alcohol en sangre yen aire expirado para conducir vehículos auto-motores, los cuales deberán ser tomados encuenta por las autoridades federales y por las delas entidades federativas, en sus respectivos ám-bitos de competencia. Tratándose de vehículosque presten un servicio público, personas quehagan uso de mecanismos, instrumentos, apara-tos o substancias peligrosas por sí mismos, porla velocidad que desarrollen, por su naturalezaexplosiva o inflamable, por la energía de la co-rriente eléctrica que conduzcan o por otras cau-sas análogas, así como los profesionales, técni-cos y auxiliares de la salud que participen en laatención médico-quirúrgica de un usuario, los lí-

mites de alcohol en sangre y aire expirado seráncero;

II. Promover la participación de la sociedad ci-vil en la ejecución del programa para la preven-ción, reducción y tratamiento del uso nocivo delalcohol, la atención del alcoholismo y la preven-ción de enfermedades derivadas del mismo, conbase en las disposiciones que para tales efectosestablezca la Secretaría de Salud;

III. Proponer al Ejecutivo Federal las políticaspúblicas y fiscales para la prevención y dismi-nución del uso nocivo del alcohol; y

IV. Promover ante las autoridades competentesfederales y de las entidades federativas, la im-plementación de medidas y acciones que favo-rezcan la disminución del uso nocivo del alcoholy de los efectos de éste en terceros, tales como:

a) Limitar los horarios para consumo del alco-hol, y

b) Otras que sirvan o prevengan los fines a quese refiere este artículo.

Decreto propuesto

Artículo 185 Bis. …

I. a IV. …

V. El consumo en personas con alguna enferme-dad crónica como hipertensión, diabetes, enfer-medades hepáticas, cáncer y otras, siempre ycuando haya sido indicado por prescripción mé-dica;

V Bis. El consumo de alcohol mezclado conbebidas energizantes; y

VI. …


I. a III. …

IV. …


a) Limitar los horarios para consumo del alco-hol;

a.1) Prohibir la venta de bebidas que mezclenalcohol con bebidas energizantes; y

b) …

Ley Federal de Protección al Consumidor

Ley vigente

…

Decreto propuesto

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientesatribuciones:

I. a XVI. …

XVII. Denunciar inmediatamente ante el Mi-nisterio Público los hechos que puedan ser cons-titutivos de delitos y que sean de su conocimien-to y, ante las autoridades competentes, los actosque constituyan violaciones administrativas quepongan en riesgo la vida, la salud o la seguri-dad del consumidor e intereses de las y los con-sumidores;

XVIII. a XXVII. …

Artículo 32. …

…

…

…

Además, queda prohibido omitir información debienes a sabiendas que ponen en riesgo la vida, lasalud o la seguridad de los consumidores; comopodrían ser la venta de bebidas alcohólicas mez-cladas con bebidas energizantes, entre otros.

…

…

…

En Encuentro Social no ocupamos por el bienestar dela gente, por la salud de los miembros de nuestras fa-milias, cuidamos su integración. Cuidamos la verda-dera felicidad que da vivir en un estado sano de salud.

Es por lo motivado y con base en lo que se dispone enlos artículos 71, fracción II y 78 fracción III de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos; así como en el artículo 122 de la Ley Orgánica delCongreso General y 55, fracción II, del Reglamentopara el Gobierno Interior del Congreso General de losEstados Unidos Mexicanos, quien suscribe somete aconsideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativacon proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diver-sas disposiciones de la Ley General de Salud y de laLey Federal de Protección al Consumidor, en ma-teria de bebidas alcoholicas mezcladas con energi-zantes

Artículo Primero. Se adicionan a los artículos 185Bis una fracción V Bis, y al 187 Bis un inciso a.1) dela Ley General de Salud, para quedar como sigue:


I. a IV. …

V. El consumo en personas con alguna enfermedadcrónica como hipertensión, diabetes, enfermedadeshepáticas, cáncer y otras, siempre y cuando haya si-do indicado por prescripción médica;

V Bis. El consumo de alcohol mezclado con bebi-das energizantes; y

VI. …


I. a III. …

IV. …

a) Limitar los horarios para consumo del alco-hol;


a.1) Prohibir la venta de bebidas que mezclenalcohol con bebidas energizantes; y

b)…

Artículo Segundo. Se reforma del artículo 24 la frac-ción XVII, y se adiciona un párrafo al 32 de la Ley Fe-deral de Protección al Consumidor, para quedar comosigue:

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atri-buciones:

I. a XVI. …

XVII. Denunciar inmediatamente ante el Ministe-rio Público los hechos que puedan ser constitutivosde delitos y que sean de su conocimiento y, ante lasautoridades competentes, los actos que constituyanviolaciones administrativas que pongan en riesgola vida, la salud o la seguridad del consumidor eintereses de las y los consumidores;

XVIII. a XXVII. …

Artículo 32. …

…

…

…

Además, queda prohibido omitir información debienes a sabiendas que ponen en riesgo la vida, lasalud o la seguridad de los consumidores; como po-drían ser la venta de bebidas alcohólicas mezcladascon bebidas energizantes, entre otros.

…

…

…

Artículo Transitorio


Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246052/hojas-

resumen_Alcohol-V3.pdf

2 Gaceta Parlamentaria, número 3162-II, miércoles 15 de diciem-

bre de 2010.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 29 de mayo de 2019.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Salud. Mayo 29 a 2019.)

QUE ABROGA EL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO

FEDERAL Y LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, RECIBIDA DEL DIPUTA-DO FRANCISCO JAVIER SALDÍVAR CAMACHO, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PES, EN LA SESIÓN DE LA COMI-SIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019

Quien suscribe, Francisco Javier Saldívar Camacho,diputado federal a la LXIV Legislatura del Grupo Par-lamentario de Encuentro Social, con fundamento en lodispuesto en los artículos 71, fracción II, 78, fracciónIII, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para elGobierno Interior del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos, pone a consideración de esta ho-norable asamblea la siguiente iniciativa, en tenor de lasiguiente


Este proyecto de decreto tiene como finalidad la abro-gación del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal


en virtud de la entrada en vigor de la Constitución dela Ciudad de México. Así como de la Ley Orgánica dela Procuraduría General de Justicia del Distrito Fede-ral.

Con la Reforma Política de la Ciudad de México, laciudad evolucionó sustancialmente, entre los cambiosdestacan:

• El Distrito Federal desapareció, y se creó la Ciu-dad de México;

• Cuenta su propia Constitución la cual entró en vi-gor en el 2018;

• La capital del país gozará de mayor autonomía dela capital en materia presupuestal y de endeuda-miento;

• Las delegaciones fueron sustituidas por “demarca-ciones territoriales” con un cabildo de 10 miem-bros;

• Los integrantes del cabildo de cada alcaldía seránelegidos de manera democrática;

• El jefe de gobierno nombrará al jefe de la Policíay procurador de Justicia; lo que antes corría a cargodel presidente de la República;

• La Asamblea Legislativa del Distrito Federal setransformó en un Congreso local;

• La Ciudad de México podrá participar en la apro-bación de reformas constitucionales;

• Accederá a fondos federales reservados para losestados y municipios;

• El Senado de la República ya no tendrá la facultadpara remover al jefe de gobierno.

Lo anterior no modificó el hecho de que la Ciudad deMéxico se mantenga como la capital del país y sea se-de de los poderes federales.

La Constitución Política de la Ciudad de México queentró en vigor en el 2018 sustituyó al Estatuto de Go-bierno del Distrito Federal.

La reforma constitucional que cambio de nombre a laCiudad fue aprobada en diciembre del 2015 y se acor-dó el 5 de febrero de 2016 dejando se ser Distrito Fe-deral por Ciudad de México.

El Estatuto del Distrito Federal era un documento in-édito, novedoso y complejo, tanto en su naturaleza ju-rídica como en su contenido. La adecuada distribuciónde las competencias más importantes del gobierno delDistrito Federal, entre los ámbitos local y federal, asícomo regular las complejas relaciones entre los Pode-res de la Unión y los órganos locales de gobierno, eranmotivos esenciales para la existencia del Estatuto delDistrito Federal.

De conformidad con el decreto por el que se expide laConstitución Política de la Ciudad de México publica-do en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febre-ro de 2017, en su artículo primero, se establece lo si-guiente:

Primero. La Constitución Política de la Ciudad deMéxico entrará en vigor el 17 de septiembre de2018, excepto por lo que hace a la materia electoral,que estará vigente a partir del día siguiente al de supublicación, y a los supuestos expresamente esta-blecidos en los artículos transitorios siguientes.

Es decir, que a partir del 5 de febrero de 2017 el Esta-tuto de Gobierno del Distrito Federal fue sustituidopor la constitución local. En razón de ello resulta pro-cedente la abrogación de dicho Estatuto.

Asimismo, el artículo décimo transitorio prevé que:

Décimo Primero. Se faculta a la Asamblea Legisla-tiva del Distrito Federal para que, una vez publicadala Constitución Política de la Ciudad de México y amás tardar el 31 de diciembre de 2017, expida las le-yes constitucionales relativas a la organización yfuncionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecuti-vo y Judicial de la Ciudad de México, así como pa-ra expedir las normas necesarias para la implemen-tación de las disposiciones constitucionales relativasa la organización política y administrativa de la Ciu-dad de México y para que sus autoridades ejerzanlas facultades que establece esta Constitución.

Las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vi-gor el 17 de septiembre de 2018; las del Poder Ejecu-


tivo el 5 de diciembre de 2018 y las del Poder Judicialel 1 de junio de 2019, con excepción de las disposi-ciones relativas al Consejo Judicial Ciudadano y alConsejo de la Judicatura, las cuales deberán iniciar suvigencia a partir del 1 de octubre de 2018; así como lasde la Sala Constitucional, que deberán iniciar su vi-gencia a partir del 1 de enero de 2019.

La I Legislatura del Congreso emitirá la convocatoriaa que se refiere el artículo 37 de esta Constitución, afin de que el Consejo Judicial Ciudadano quede cons-tituido a más tardar el 31 de diciembre de 2018.

Se desprende de la revisión de esta disposición transi-toria de la Constitución de la Ciudad de México, que laAsamblea Legislativa del Distrito Federal fue atribuidapara que, una vez publicada la Constitución Política dela Ciudad de México y a más tardar el 31 de diciembrede 2017, fecha que a hoy ya transcurrió, expida las le-yes constitucionales relativas a la organización y fun-cionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo yJudicial de la Ciudad de México, sustancia principaldel Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Además, se han cumplido los plazos que se enumeranen el segundo párrafo del artículo décimo transitorio,es decir:

• Las leyes relativas al Poder Legislativo entraránen vigor el 17 de septiembre de 2018;

• Las del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de2018;

• Las del Poder Judicial el 1 de junio de 2019, conexcepción de las disposiciones relativas al ConsejoJudicial Ciudadano y al Consejo de la Judicatura,las cuales deberán iniciar su vigencia a partir del 1de octubre de 2018; y

• Las de la Sala Constitucional, que deberán iniciarsu vigencia a partir del 1 de enero de 2019.

Antes del 1 de junio de 2019, que se refiere a las leyesdel Poder Judicial, la comisión dictaminadora podrá sinninguna limitante constitucional abrogar el Estatuto.

En el caso de la abrogación de la Ley Orgánica de laProcuraduría General de Justicia del Distrito Federal,el artículo Décimo Primero establece lo siguiente:

Décimo Séptimo. El Congreso deberá nombrar unacomisión técnica, a más tardar el 31 de diciembre de2018, que se encargará de planear y conducir la transi-ción de la Procuraduría General de Justicia a la Fisca-lía General de Justicia. También establecerá un fondoespecial para financiar dicho proceso.

Las relaciones laborales de las personas trabajadorasde la Procuraduría General de Justicia se regirán por lodispuesto en el artículo Vigésimo Quinto Transitoriode esta Constitución.

El personal que trabajará en la Fiscalía General de Jus-ticia deberá ser seleccionado mediante un concurso deoposición abierto. La comisión técnica emitirá las ba-ses y la convocatoria para el concurso de selección.Antes del examen, todos los aspirantes recibirán uncurso intensivo de capacitación durante cinco mesesque les transmitirá las habilidades necesarias para serfiscales. Las y los aspirantes recibirán un apoyo eco-nómico durante su participación en el proceso.

La comisión técnica diseñará un examen de selecciónque evaluará que las y los aspirantes cuenten con lascapacidades prácticas necesarias para desempeñarseefectivamente como fiscales.

La comisión técnica también establecerá las bases pa-ra seleccionar al resto del personal operativo y admi-nistrativo de la Fiscalía.

En la selección de agentes del Ministerio Público y elresto del personal de la Fiscalía respetará la paridad degénero.

La Fiscalía deberá comenzar operaciones a más tardarel 31 de mayo de 2019 y lo podrá hacer de forma gra-dual.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Fede-ral continuará encargándose de la función ministerialhasta que inicie sus funciones la Fiscalía.

Todas las averiguaciones previas y carpetas de inves-tigación iniciadas por la Procuraduría General de Jus-ticia del Distrito Federal antes que entre en funciona-miento la Fiscalía General de Justicia, se concluiránpor ésta en los términos de las disposiciones vigentesantes de la entrada en vigor de la ley que la rija.


La ley de la Fiscalía General de Justicia entrará en vi-gor el 5 de diciembre de 2018. La o el Fiscal Generalde Justicia será designado por el Congreso de la Ciu-dad de México a más tardar el 30 de abril de 2019.

En función con lo que dispone el artículo décimo sép-timo el Congreso deberá nombrar una comisión técni-ca, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, situaciónque ya se encuentra evidentemente superada, que seencargará de planear y conducir la transición de la Pro-curaduría General de Justicia a la Fiscalía General deJusticia.

Otra disposición expresa en el artículo décimo séptimotransitorio, La ley de la Fiscalía General de Justicia en-tró en vigor el 5 de diciembre de 2018.

Finalmente, la reforma constitucional de la ciudad deMéxico señala que la Fiscalía deberá comenzar opera-ciones a más tardar el 31 de mayo de 2019 y lo podráhacer de forma gradual.

Es por lo anteriormente motivado y fundado; y con ba-se en lo que disponen los artículos 71, fracción II y 78fracción III de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento pa-ra el Gobierno Interior del Congreso General de losEstados Unidos Mexicanos, quien suscribe somete aconsideración de esta soberanía la siguiente iniciativacon proyecto de

Decreto por el que se abrogan el Estatuto de Go-bierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de laProcuraduría de Justicia del Distrito Federal

Artículo Primero. Se abroga el Estatuto de Gobiernodel Distrito Federal.

Artículo Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de laProcuraduría General de Justicia del Distrito Federal.



Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 29 de mayo de 2019.

Diputado Francisco Javier Saldívar Camacho (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

Mayo 29 de 2019.)

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSI-CIONES DE LAS LEYES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE ASOCIACIONES

PÚBLICO PRIVADAS, DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIEN-TOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y FEDERAL DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN MA-TERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN

LAS LICITACIONES PÚBLICAS, RECIBIDA DE LA DIPUTADA

FLORA TANIA CRUZ SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTA-RIO DE MORENA, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMA-NENTE DEL MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019

La que suscribe, Flora Tania Cruz Santos, integran-te del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Le-gislatura de la honorable Cámara de Diputados delCongreso de la Unión, con fundamento en lo dispues-to en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Po-lítica de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos55 fracción II y 179 del Reglamento para el GobiernoInterior del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos, someto a consideración de esta soberaníala iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-forman, adicionan y derogan diversas disposiciones dela Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas, de la Ley de Asociaciones PúblicoPrivadas, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del Sector Público y de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información, de confor-midad con la siguiente:



La corrupción que ha imperado en el Estado mexicanodesde décadas atrás, ha traído consigo innumerablesproblemas de carácter económico, político y socialque afectan a todos los mexicanos. Asimismo la co-rrupción entendida como “El abuso de un poder dele-gado para el beneficio propio” puede manifestarse enel ámbito tanto público como privado.

La contratación pública es un instrumento de ejecu-ción del gasto público. De su uso eficiente y transpa-rente depende el impacto de los recursos involucradosen la economía y destinados a elevar el bienestar de lapoblación. Dentro de la contratación pública, la deobra es de las más complejas dada las cantidades mo-netarias involucradas y la diversidad de bienes y ser-vicios contratados. Lamentablemente, también es unade las áreas más vulnerables a la corrupción en todo elmundo.

En el más reciente Índice de Fuentes de Soborno pu-blicado por Transparency International en 2011,1 elcual clasifica los sectores económicos por la percep-ción que generan en torno a su nivel de corrupción, laconstrucción de obra pública se encuentra en la peorposición. Por su parte, el secretario general de la Or-ganización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-nómicos, (en adelante OCDE) ha afirmado que más dela mitad de los casos de cohecho internacional (57 porciento) en países miembros están relacionados con laobtención de contratos públicos.

En el Estado mexicano se pueden mencionar algunoscasos de lo anterior: (i) Estela de Luz, que de acuerdoal análisis de la cuenta pública 2011 se detectó el pagoimprocedente por 248.9 millones de pesos y erogacio-nes de 150.3 millones de pesos, así como el incremen-to de cuatro veces el costo inicial de la construcción;2

(ii) Refinería “Bicentenario” en Tula, Hidalgo, en elque se ocasiono una deuda de mil 50 millones de pe-sos;3 (iii) Biblioteca Vasconcelos, la inversión inicialfue de 954 millones de pesos, mientras que la inver-sión final fue de 2 mil millones de pesos;4 (iv) nuevasede del Senado de la República, requirió en 69 mesesde una inversión de tres mil 20 millones 23 mil 719 pe-sos, lo que representa 77.7 por ciento más de lo plane-ado;5 (v) Tren México-Querétaro, el gobierno de Chi-na reclama a México el pago de 600 millones dedólares por la cancelación del tren México-Querétaro,

pues las autoridades “no actuaron de manera transpa-rente, de buena fe, ni garantizaron un debido procesolegal”, dice el aviso de intención de iniciar el arbitra-je.6

Es por ello, que México Evalúa, AC, en su estudio“Generar más valor en la contratación de obra públi-ca”, establece que la política de contratación de obrapública debe diseñarse e implementarse para reducir lacorrupción, maximizar el valor que se genera a cambiode los recursos públicos, promover una mayor calidadde los servicios públicos, y una economía competitiva.

Es por lo anterior que, en el estudio mencionado, se re-comienda: (i) fortalecer y transparentar los procesosde planeación y selección de los proyectos públicos deinfraestructura; (ii) limitar el uso de procesos de con-tratación distintos a la licitación pública y garantizarsu rendición de cuentas; (iii) impedir la simulación enlas licitaciones públicas y en los procesos restringidos;(iv) reforzar la transparencia y rendición de cuentas enlos procesos de contratación, la gestión de los contra-tos y la ejecución de los trabajos; así como (v) profe-sionalizar la burocracia encargada de la contrataciónde obras públicas.7

Es preciso señalar que los proyectos de infraestructu-ra, son generadores de desarrollo económico y el me-dio para resolver a mediano y largo plazo problemasespecíficos en el entorno nacional, estatal o municipal.En México se destina del 15 al 20 por ciento del Pre-supuesto de Egresos de la Federación para el desarro-llo de los proyectos de inversión física.8

De lo anterior se desprende la necesidad que impera enel Estado mexicano de transparentar todo lo concer-niente a las contrataciones públicas, ya que las mismasson acreedoras de un gran porcentaje del erario, y enun país en donde prevalece la desigualdad, es de ur-gencia que la rendición de cuentas sea una realidad yse realicen los ajustes idóneos para una distribuciónadecuada de los recursos, para que los beneficios sevean reflejados y aprovechados por la sociedad mexi-cana y el sector turístico.

La Auditoría Superior de la Federación, realizo el aná-lisis: “Problemática General en Materia de Obra Pú-blica”9 en el que seleccionó 80 contratos de inversio-nes físicas relativos a proyectos de infraestructura conun monto individual superior a 100 millones de pesos


y que fueron suscritos entre 1999 y 2010 por diversosentes. El análisis se realizó a los procesos de la plane-ación y programación, contratación, ejecución y pues-ta en marcha de los proyectos, en dos vertientes: Laprimera correspondió a la identificación de los proble-mas, los cuales se agruparon en categorías para finesde mejor comprensión; la segunda se refirió a la inci-dencia por grupo funcional de las causas detectadas,como a continuación se señala:

Planeación y programación: Se detectaron comoprincipales deficiencias, la planeación incomple-ta en cuanto al alcance del proyecto, su rentabi-lidad, la problemática social y ambiental, diseñode contratos inequitativos, indefinición del tipode contratación y la forma de pago considerandolas fuentes de recursos para su financiamiento,además de constatarse la falta de coordinación entrelos entes para la obtención de licencias y permisos,así como el predominio de decisiones políticas so-bre consideraciones técnicas.

Técnicas: La causa fundamental de los desfases es-tá constituida por el insuficiente desarrollo de losproyectos ejecutivos, lo cual propicia anomalíascomo la falta de ingeniería de detalle, la indefini-ción de la tecnología por utilizar en el desarrollode la obra o la imprecisión del sitio de los traba-jos, entre otras. Esta situación es recurrente a pesardel mandato de la Ley de Obras Públicas y Servi-cios Relacionados con las Mismas, que establececomo requisito para el inicio de cualquier obra deinfraestructura, la existencia del proyecto ejecutivototalmente terminado o con un grado de avance tal,que permita la continuidad en la ejecución de lostrabajos. Al respecto, se ha constatado que en mu-chos casos dichos trabajos han iniciado con un pro-yecto limitado de ingeniería básica.

De ejecución: Se consideraron en este grupo, entreotras, que los plazos de ejecución pactados no co-rresponden a la realidad y complejidad de las obras,la entrega extemporánea del anticipo, el incum-plimiento de las empresas contratistas y supervi-soras de obra; falta de control en las subcontra-taciones, problemas técnicos por incumplimientode las especificaciones de construcción y normasde calidad de los materiales y equipos, retraso enla formalización de convenios modificatorios y laautorización de precios extraordinarios o ajustes

de costos, quiebra de fabricantes, ausencia de su-pervisión y deficiente control de las obras, modi-ficatorios y la autorización de precios extraordi-narios o ajustes de costos, quiebra defabricantes, ausencia de supervisión y deficientecontrol de las obras, situación que se traduce enmala calidad o trabajos incompletos.

La siguiente gráfica retomada del estudio de la Audi-toria Superior de la Federación, determina las defi-ciencias de los proyectos analizados:

Del universo de contratos revisados por la AuditoriaSuperior de la Federación se obtuvieron los siguientesresultados:10

De los contratos de Secretaría de Comunicaciones yTransportes se concluyó que las causas de diferimien-to recurrentes fueron: proyectos ejecutivos incomple-tos, con una frecuencia del 63.2 por ciento; entrega ex-temporánea del anticipo en 21.0 por ciento de loscasos y problemáticas ambientales en 15.8 por cien-to de los contratos. Estas situaciones ocasionaron in-crementos que alcanzaron el 131.0 por ciento res-pecto al importe originalmente contratado ydesfasamientos desde 120 hasta 1492 días en la con-clusión de las obras equivalente a un promedio de132.8 por ciento en relación al plazo original.

En lo referente a los contratos de Pemex y sus subsi-diarias, se determinó que las causas frecuentes de di-ferimiento fueron: proyectos ejecutivos incompletos,con una recurrencia del 72.0 por ciento; planeacióninsuficiente y bases de licitación inadecuadas en24.0 por ciento de los casos; y problemas ambienta-les en 4.0 por ciento de los contratos. Estas situacionesocasionaron incrementos que alcanzaron 284.3 porciento respecto al importe contratado originalmente y


desfasamientos desde 167 hasta 1663 días en la con-clusión de las obras equivalente a un promedio de125.9 por ciento en relación al plazo original.

Del análisis de los contratos de CFE se concluyó queentre las causas recurrentes de diferimiento destacan:proyectos ejecutivos incompletos del 75.0 por cien-to; y falta de liberación del derecho de vía, así comoproblemas ambientales con 25.0 por ciento, en con-junto.

Estas situaciones ocasionaron incrementos que al-canzaron 51.3 por ciento respecto al monto contratadooriginalmente y desfasamientos desde 377 hasta 754días que representan un promedio de 74.8 por ciento.

Respecto a los contratos de Capufe y Conagua, losproyectos ejecutivos incompletos fueron la causamás recurrente de diferimientos, que alcanzaron 35.0por ciento respecto al monto contratado y desfasa-

mientos desde 114 hasta 1095 días que representanun promedio de 257.0 por ciento.

De lo anterior se desprende que los principales proble-mas detectados en materia de obra pública, son losproyectos ejecutivos incompletos, problemas ambien-tales, planeación insuficiente, bases de licitación in-adecuadas y los desfasamientos e incrementos de cos-tos; los cuales generan incertidumbre en los contratoscelebrados, falta de transparencia y rendición de cuen-tas.

Es por lo anteriormente señalado y de conformidadcon los principios establecidos en el artículo 134 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos, es que se pretende realizar múltiples modificacio-nes a diversos ordenamientos para que se dé cumpli-miento a los principios que se mencionan en nuestraCarta Magna, que a la letra dice:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dis-pongan la Federación, las entidades federativas, losmunicipios y las demarcaciones territoriales de laCiudad de México, se administrarán con eficien-cia, eficacia, economía, transparencia y honra-dez para satisfacer los objetivos a los que esténdestinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursosserán evaluados por las instancias técnicas que

establezcan, respectivamente, la Federación y lasentidades federativas, con el objeto de propiciarque los recursos económicos se asignen en losrespectivos presupuestos en los términos del pá-rrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lodispuesto en los artículos 26, apartado C, 74, frac-ción VI y 79 de esta Constitución.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenacio-nes de todo tipo de bienes, prestación de servi-cios de cualquier naturaleza y la contratación deobra que realicen, se adjudicarán o llevarán acabo a través de licitaciones públicas medianteconvocatoria pública para que libremente sepresenten proposiciones solventes en sobre ce-rrado, que será abierto públicamente, a fin deasegurar al Estado las mejores condiciones dis-ponibles en cuanto a precio, calidad, financia-miento, oportunidad y demás circunstanciaspertinentes.

(…)

Aunado a lo anterior, la siguiente tesis desarrolla lasdefiniciones de los principios que deben imperar enel uso de los recursos económicos de la Federación,mismos que sirven como base de la presente inicia-tiva.

Licitaciones públicas. Principios que rigen elprocedimiento relativo conforme al artículo 134de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos11

El citado precepto establece los principios constitucio-nales que rigen a todo procedimiento licitatorio y quesiempre deberán procurarse, a saber: eficiencia, efica-cia, economía, imparcialidad y honradez. Ahora bien,para conocer si la actuación del legislador es acordecon dichos principios, es necesario conocer el signifi-cado de éstos:

a) eficiencia consiste en alcanzar los fines pro-puestos con el uso más racional de los mediosexistentes, esto es, que exista una relación medio-fin al menor costo posible; b) eficacia consiste enobtener el resultado práctico deseado, sin que ne-cesariamente sea al menor costo; c) economía, serelaciona con la administración recta y prudentede los bienes, a efecto de lograr las mejores condi-


ciones de contratación para el Estado; d) imparcia-lidad, que gramaticalmente significa la falta de de-signio anticipado o de prevención a favor o en con-tra de alguien o algo, se distingue cuando elfuncionario se mantiene ajeno a los intereses delas personas que participan en el procedimientolicitatorio; y, e) honradez, implica la rectitud deánimo, integridad en el obrar; es la forma de com-portarse de quien cumple con escrúpulo sus deberesprofesionales.

A forma de opinión la Auditoría Superior de la Fede-ración, estableció las siguientes medidas a adoptar pa-ra corregir, o al menos atenuar los efectos de los pro-blemas desarrollados en el diagnóstico, mismos hansido retomados para la elaboración de la el diagnósti-co, mismos han sido retomados para la elaboración dela presente iniciativa:

I. Reforzar los procesos institucionales de planea-ción y programación con la participación de perso-nal calificado, para que en la realización de lasobras de infraestructura exista una adecuada defini-ción del alcance de los proyectos que tome en cuen-ta el estudio de costo beneficio y la problemática decarácter social y ambiental; que los contratos seanclaros y equitativos para las partes, conforme a lascaracterísticas de los distintos proyectos de infraes-tructura particularmente en los contratos multianua-les, que se precisen las fuentes de financiamiento, laetiquetación del recurso y su forma de pago; y quese establezca la coordinación necesaria entre los en-tes para la obtención oportuna de las licencias y per-misos.

II. En el aspecto técnico, para tener un proyecto eje-cutivo completo conforme a la legislación aplica-ble, es necesario contar previamente a la realizaciónde las obras con las especificaciones de construc-ción, las normas de calidad, las pruebas de labora-torio requeridas y los programas de ejecución ter-minados; la ingeniería básica, de detalle ycomplementaria, la definición de tecnología a utili-zar; la ubicación precisa del sitio de las obras; losestudios previos relativos a mecánica de suelos, to-pográficos, geológicos y ambientales, destinandolos recursos humanos y económicos necesarios pa-ra ello, o bien propiciando la participación de em-presas especializadas en la elaboración de este tipode proyectos.

III. En el proceso de contratación es necesario con-tar con bases de licitación claras; la definición delos tiempos reales requeridos para la ejecución delas obras con base en la experiencia previa en pro-yectos de naturaleza semejante; y el señalamientode criterios transparentes y puntuales para la adju-dicación y descalificación de ofertas.

IV. En el aspecto económico es necesario propiciarla asignación y disposición oportuna de los recursospresupuestales para la ejecución de los proyectos deinversión; incluyendo asignaciones específicas parala elaboración de proyectos ejecutivos que permitancontar con una amplia cartera que soporte las accio-nes del Plan Nacional de Desarrollo, las transferen-cias relativas a ampliaciones y reducciones presu-puestarias durante el proceso de la ejecución, y quelos anticipos pactados y el pago de las estimacionesse efectúen en los plazos convenidos; asimismoprever criterios claros y detallados para, en su caso,reconocer las consecuencias derivadas del mercadointernacional, que impactan el costo y la oportuni-dad en la entrega de suministros.

V. Para la realización de los proyectos determinar laprogramación real de los plazos de ejecución de lasobras, exigir el cumplimiento de las empresas o, ensu caso, aplicar las medidas correctivas pactadas enel contrato, vigilar el cumplimiento de las especifi-caciones de construcción y normas de calidad de losmateriales y equipos ya sea con recursos propioscapacitados o a través de empresas especialistas pa-ra el control y supervisión de las obras; estableceren los modelos de contrato un solo responsable pa-ra la autorización de los cambios de proyecto; for-malizar oportunamente los convenios modificato-rios y la autorización de precios extraordinarios yajustes de costos; realizar las gestiones necesariaspara la obtención de las libranzas, derechos de vía oservidumbres de paso, prevenir en lo posible losproblemas de carácter social, ambiental, sindical yobras inducidas; y promover la recepción oportunade los trabajos, pruebas de operación y puesta enmarcha de los mismos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la FunciónPública, según los cuales 68 por ciento de los contra-tos adjudicados en 2017 con recursos federales fueronotorgados mediante adjudicaciones directas, es decir,mediante procedimientos en los que la autoridad con-


tratante decidió discrecionalmente quién realizaría lostrabajos, sin que su capacidad e idoneidad quedaraprobada en un concurso. Solamente 18 por ciento delos contratos se otorgaron mediante licitaciones públi-cas.

La licitación es un procedimiento formal y competiti-vo de adquisiciones, mediante el cual se solicitan, re-ciben y evalúan ofertas para la adquisición de bienes,obras o servicios y se adjudica el contrato correspon-diente al licitador que ofrezca la propuesta más venta-josa. La licitación puede ser pública o privada y puedeser internacional o restringida al ámbito local. La prác-tica ha demostrado que el procedimiento para adquisi-ción de bienes, obras y servicios conexos que mejorgarantiza al sector público los principios de economía,eficiencia y transparencia es el de licitación pública in-ternacional.12

Las reglas para las licitaciones deben dejar el menormargen posible para el ejercicio de discrecionalidadpor parte del administrador público o en su defecto, és-ta debe ser fundamentada rigurosamente. Estas reglasgenerales son las que debieran restringir la libertad enla realización de contrataciones directas vía excepcio-nes al procedimiento general de licitación, estable-ciendo con claridad los límites y circunstancias en queproceden. Es una realidad indudable que las excepcio-nes a las licitaciones públicas son necesarias. Difícil-mente una administración puede celebrar una licita-ción pública cuando la finalidad del contrato consistepor ejemplo en atender una emergencia por catástrofenatural, cuando existen graves riesgos para el país, pa-ra la población, etcétera. Sin embargo es necesario de-finir exactamente cuáles son las excepciones, en quécasos proceden y cómo es el procedimiento para de-clararlas, incluso cuando se trate de emergencias porcatástrofes. Es importante, que al establecer las excep-ciones se basen en los objetivos de las licitaciones pú-blicas que han sido reconocidos por la Comisión Eco-nómica para América Latina y el Caribe, como acontinuación se señala:

Es de preocupación la frecuencia con la que se pres-cinde de la licitación pública para contratar y se utili-zan procedimientos excepcionales, en particular la ad-judicación directa. Es por lo anterior, y confundamento en el párrafo tercero del artículo 134 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos es que se propone que la licitación pública sea porregla general el procedimiento que se utilice para laadjudicación de proyectos, y la adjudicación directasea sólo para determinadas situaciones, con la finali-dad de que la discrecionalidad en la selección del pro-cedimiento sea justificada de manera objetiva, com-pleta y transparente.

En la siguiente tabla, elaborada por la Comisión Eco-nómica para América Latina y el Caribe, se determi-nan los principios rectores que deben prevalecer en laslicitaciones públicas, mismos que han sido retomadospara la presente iniciativa.

Igualmente, es importante que los contratantes cuen-ten con determinadas cualidades y experiencia paraobtener los mejores resultados en las obras que des-arrollen, es por ello que se adicionan diversos requisi-


tos, considerando el artículo 9 de la Ley Modelo sobrela Contratación Pública, que expresamente dice:

Artículo 9. Idoneidad exigible de todo proveedor ocontratista.

1. El presente artículo será aplicable a la verifica-ción que en cualquier etapa del proceso de contrata-ción podrá efectuar la entidad adjudicadora de laidoneidad exigible de todo proveedor o contratista.

2. Todo proveedor o contratista deberá satisfaceraquellos de los siguientes criterios que la entidadadjudicadora considere apropiados y pertinentes enlas circunstancias del contrato que se vaya a adjudi-car:

a) Poseer las cualificaciones profesionales, técnicasy ecológicas, así como la competencia profesional ytécnica, los recursos financieros, el equipo y demásmedios materiales, la capacidad, fiabilidad y expe-riencia empresarial, y el personal que se requieranpara ejecutar el contrato adjudicable;

b) Cumplir las normas éticas y de otra índole quesean aplicables en este Estado;

c) Estar legalmente capacitados para concertar elcontrato adjudicable;

d) No haber incurrido en quiebra o insolvencia niestar su negocio bajo la administración de un síndi-co o de un tribunal o en proceso de liquidación, nihaberse suspendido su actividad comercial o haber-se abierto procedimiento alguno contra la empresapor alguna de las causas que anteceden;

e) Haber cumplido sus obligaciones fiscales y efec-tuado sus pagos a la seguridad social de este Esta-do;

f) No haber sido condenados, ni ellos ni su personaldirectivo o gestor, por algún delito imputable a suconducta profesional o a alguna declaración falsa oengañosa acerca de su idoneidad para cumplir algúncontrato adjudicable en los … años [el Estado pro-mulgante fijará este plazo] que antecedan a la aper-tura del proceso de adjudicación, ni haber tampocosido objeto de inhabilitación o suspensión profesio-nal a raíz de algún proceso administrativo.

3. A reserva del derecho de todo proveedor o con-tratista a proteger su propiedad intelectual o sus se-cretos comerciales, la entidad adjudicadora podráexigir que los participantes en un proceso de con-tratación suministren toda prueba documental ocualquier otro dato que le permita cerciorarse de laidoneidad de los proveedores o contratistas confor-me a los criterios previstos en el párrafo 2 del pre-sente artículo.

Asimismo, se adiciona que los dictámenes en los quese funde la decisión de utilizar la invitación a cuandomenos tres personas, o la adjudicación directa, estosdeberán ser publicados en la Plataforma Nacional deTransparencia.


Uno de los factores predominantes señalados por laAuditoría Superior de la Federación, es el desconoci-miento y la falta de especificaciones técnicas del pro-yecto impiden a las autoridades preparar convocato-rias, bases de licitación y mecanismos de evaluaciónapropiados para identificar los mejores contratistas.Estas deficiencias tampoco permiten brindar la infor-mación suficiente a los contratistas para que puedanpreparar proposiciones solventes, y en particular, coti-zaciones. También impiden definir adecuadamente elobjeto de los contratos, por lo que éstos pactan térmi-

nos y condiciones sin certidumbre de que coincidancon las exigencias reales de la ejecución de los traba-jos. Esto implica llevar a cabo obras de manera desor-ganizada e ineficiente, lo que puede prolongar lostiempos de ejecución y aumentar el presupuesto ini-cialmente pactado.13

Actualmente, la ley no establece con precisión lo quedeben contener los documentos necesarios para pla-near una obra. Así, no precisa que el “proyecto eje-cutivo”, el documento que guía el diseño y la reali-zación de las diferentes etapas del proceso deconstrucción, debe estar integrado por el conjunto deplanos y documentos que conforman los proyectosarquitectónicos y de ingeniería de una obra, así comopor el catálogo de conceptos. La Ley tampoco prevésu publicación, por lo que no puede ser empleado co-mo un medio para exigir rendición de cuentas sobrela toma de decisiones a lo largo del desarrollo de laobra.

Contratar obras sin la necesaria planeación impide di-señar procedimientos de contratación con la informa-ción suficiente para contratar a los proveedores idó-neos y pactar las mejores condiciones de contrataciónde precio, tiempo y calidad. La falta de planeaciónotorga discrecionalidad en la toma de decisiones so-bre el precio y el contratista, impide exigir trabajos decalidad por no haberse precisado en cantidad y cali-dad desde un inicio y además permite que la obra seencarezca durante su construcción mediante ajustesinjustificados al contrato, que son riesgos de corrup-ción que deben controlarse. Por tanto, la indetermina-ción de los proyectos genera ineficiencias y abre lapuerta a riesgos de corrupción durante todo el proce-so de construcción, que no son controlados adecuada-mente.14

Se trata de la preparación de los distintos documentosque especificarán y regularán el procedimiento de se-lección y el futuro contrato. El éxito de una licitaciónpública depende en gran medida de que existan estu-dios previos confiables pues en caso contrario se ten-drá mala licitación. A modo de ejemplo, el hecho deque los contratos de obras tengan un alto número demodificaciones de contrato que implican que el costosea más alto del presupuestado, es debido en gran me-dida a que los estudios previos no fueron buenos y nopudieron dar cuenta de la dificultad de la obra. La fal-ta de estudios previos serios o la falta de calidad en


los mismos, constituye un factor de riesgo de corrup-ción. Cuales estudios será necesario realizar, dependeen gran medida del tipo de proyecto de que se trate yde la forma en que vaya a ser licitado. Estos estudiostienen distintos objetos, como ver los riesgos del ne-gocio, evaluar la conveniencia de efectuar la licita-ción, diseñar el modelo del negocio o de la ejecucióndel contrato, determinar los requerimientos de loscontratantes, analizar las externalidades, entre otrosmuchos. Dentro de los estudios más frecuentementerealizados o más convenientes de ejecutar para pro-yectos de gran envergadura están los de evaluacióneconómica y social los cuales determinan la factibili-dad del proyecto; los estudios de ingeniería; proyec-ciones de tránsito; elaboración de estándares de medi-ción de la prestación; estudios jurídicos de diversaíndole; comparador sector público-privado, análisisde negocios asociados que puede desarrollar el lici-tante ganador, entre otros.

En la Ley Modelo sobre las contrataciones públicas dela Comisión de las Naciones Unidas para el DerechoMercantil Internacional establece algunos parámetrosque pueden ser retomados en la presente Iniciativa,que a la letra dice:

Artículo 10. Reglas concernientes a la descripcióndel objeto del contrato adjudicable y a las condicio-nes de ese contrato o del acuerdo marco

1. a) En los documentos de precalificación o de pre-selección que eventualmente se emitan se dará unadescripción del objeto del contrato adjudicable;

3. La descripción del objeto del contrato adjudica-ble podrá hacerse de diversos modos, concretamen-te mediante especificaciones, planos y dibujos o di-seños, indicándose también los requisitos ymétodos aplicables en materia de ensayos, así comoel envasado, las marcas o etiquetas, los certificadosde conformidad exigibles, y los símbolos y la ter-minología utilizables.

4. En lo posible, la descripción del objeto del con-trato adjudicable será objetiva, funcional y ge-nérica, e indicará las características técnicas, decalidad y de funcionamiento de dicho objeto. Nose exigirán ni mencionarán marcas o nombres co-merciales, patentes, diseños o modelos, ni denomi-naciones de origen o fabricantes, salvo que no exis-

ta otro medio suficientemente preciso o inteligiblede describir las características del objeto del contra-to adjudicable y a condición de que se emplee lafórmula “o su equivalente” o palabras de alcance si-milar.

Mientras tanto, en el artículo 11.6 de la Ley Modelosobre las contrataciones públicas, establece que en laconvocatoria se deberán establecer los criterios y pro-cedimientos para evaluar y determinar la oferta gana-dora, que a la letra dice:

11. 6 Al evaluar las ofertas y determinar la ofertaganadora, la entidad adjudicadora aplicará única-mente los criterios y procedimientos que hayaenunciado en el pliego de condiciones y deberá ha-cerlo conforme se haya indicado en el pliego decondiciones. No se aplicará ningún criterio ni pro-cedimiento que no se haya establecido de confor-midad con lo previsto en el presente artículo.

Recientemente se están poniendo en marcha los de-nominados “Convenios de desempeño” cuyo objeti-vo es fortalecer la calidad en el liderazgo de los ser-vicios públicos, con el objeto de asegurargobernabilidad, responsabilización y mejor gestión,eficiente, transparente y orientada a los requerimien-tos de la ciudadanía. La evaluación del desempeñoconsiste en un proceso formal de evaluación que seejecuta al término del período, en función del conve-nio establecido originalmente entre el directivo y elJefe de Servicio.

Es necesario establecer un sistema de evaluaciones expost de las licitaciones y medición del desempeño decada uno de los contratistas. Después de un contrato esabsolutamente necesario evaluar el desempeño de laempresa contratada y tener en cuenta los resultadospara las futuras licitaciones.


En la Ley Modelo de Contrataciones Públicas, en elartículo 17, referente a la garantía de la oferta, hacemención a que cuando se exija la entrega de garantíaesta debe ser exigida a todo proveedor o contratista,que a la letra dice:

1. Cuando la entidad adjudicadora exija de losproveedores o contratistas la entrega de una ga-rantía de toda oferta que presenten:

a) Ese requisito será aplicable a todo provee-dor o contratista;

b) El pliego de condiciones podrá exigir que elotorgante de la garantía y su confirmante, de ha-berlo, así como la forma y las condiciones de lagarantía de oferta, sean aceptables para la enti-dad adjudicadora. En casos de contratación na-cional, en el pliego de condiciones podrá reque-rirse además que la garantía de la oferta seaemitida por un otorgante de ese Estado;

Es por lo anterior que, se pretende eliminar la facultaddel servidor público para que no pueda exceptuar a loscontratistas de presentar la garantía del cumplimientodel contrato respectivo.

Asimismo, con la finalidad de evitar la discrecionali-dad en los contratos que se celebren, es importante es-tablecer los parámetros mínimos que serán considera-dos como causas de rescisión.


Los fallos o dictámenes que emiten las dependencias oentidades, no cuentan con regulación de lo que se de-be considerar para la elaboración de los mismos, y alser un tema primordial para la eliminación de la co-rrupción, es que se retoman algunos puntos de la LeyModelo sobre la contratación pública, que expresa-mente establece:

Artículo 11. Reglas concernientes a los criterios yprocedimientos de evaluación 1. Salvo en lo relati-vo a los criterios enunciados en el párrafo 3 del pre-sente artículo, los criterios de evaluación guardaránrelación con el objeto del contrato adjudicable.

2. Los criterios de evaluación relacionados con elobjeto del contrato podrán ser:

a) El precio;

b) Los gastos de funcionamiento, de mantenimien-to y de reparación de los bienes o de las obras, asícomo el plazo para la entrega de los bienes, la ter-minación de las obras o la prestación de los servi-cios, las características del objeto del contrato adju-dicable, como pudieran ser sus característicasfuncionales y ecológicas; y las condiciones de pagoy las garantías dadas respecto del objeto del contra-to adjudicable;

c) De ser pertinentes en la contratación realizadacon arreglo a los artículos 47, 49 y 50 de la presen-te Ley, la experiencia, la fiabilidad y la competen-cia profesional y de gestión del proveedor o contra-tista, así como del personal que intervenga en laentrega del objeto del contrato adjudicado.

3. Además de los criterios enunciados en el párrafo2 del presente artículo, los criterios de evaluaciónpodrán ser:

a) Todo criterio que el reglamento de la contrata-ción pública u otra norma aplicable de derecho in-terno autorice o exija que se tome en consideración;

b) Un margen de preferencia otorgado a los prove-edores o contratistas nacionales o a los bienes deorigen interno u otro tipo de preferencia, de estarautorizado o ser exigido por el reglamento de lacontratación pública u otra norma aplicable de de-recho interno.

El margen de preferencia se calculará de conformi-dad con el reglamento de la contratación pública.

4. En la medida de lo posible, todo criterio de eva-luación distinto del precio deberá ser objetivo ycuantificable y se expresará en unidades monetarias.

5. La entidad adjudicadora dará a conocer en elpliego de condiciones:

a) Si la oferta ganadora se determinará en funcióndel precio o en función del precio y otros criterios;

b) Todos los criterios de evaluación establecidoscon arreglo al presente artículo, en particular el pre-cio y todo margen de preferencia que lo modifique;

c) La ponderación de cada criterio en relación conlos demás, salvo cuando la contratación se lleve acabo con arreglo al artículo 49 de la presente Ley,en cuyo caso la entidad adjudicadora podrá enume-rar todos los criterios de evaluación por orden de-creciente de importancia;

d) La forma en que se aplicarán los criterios en elproceso de evaluación.


La Auditoría Superior de la Federación también reco-mendó que las dependencias y entidades cuenten conpersonal técnico suficiente y debidamente capacitadopara tomar las mejores decisiones técnico-económicasante indefiniciones y particularidades de los proyectosde obra, para la realización de las licitaciones y la dic-taminación de las proposiciones, es por ello que seconsidera importante las siguientes modificaciones yadiciones.


La regulación de transparencia en contratación públi-ca presenta varías lagunas e inconsistencias y estáfragmentada en múltiples ordenamientos, lo que difi-culta su cumplimiento. Por una parte, los procedi-mientos excepcionales no están sujetos a obligacionesde transparencia. Por otra, en el caso de las licitacio-nes, sí existen estas obligaciones, pero no cubren todoslos documentos relevantes y muchas veces no soncumplidas en su totalidad.

En 2014, los fallos no se pusieron a disposición del pú-blico en 60 por ciento de las licitaciones de 100 millo-nes de pesos o más, aunque era obligatoria su publica-ción. Además, la manera en la que se hace pública lainformación actualmente no facilita procesos de parti-cipación ciudadana y tampoco permite la evaluacióndel sistema de contrataciones públicas. La plataformaCompraNet, el sistema electrónico destinado a exhibirla información pública de las contrataciones públicasrealizadas con recursos federales, a cargo de la Secre-taría de la Función Pública, presenta ciertos proble-mas. Esta plataforma no concentra toda la informaciónobligatoria y la que ofrece no permite dar seguimientoal ciclo de un proyecto de obra pública. Además deque la información desplegada no está integrada y quelos datos presentan inconsistencias con regularidad,los usuarios de la plataforma no tienen la garantía decontar con toda la información porque ésta se modifi-ca sin que queden registros de estos cambios.15

Mientras tanto en la Ley Modelo de las ContratacionesPúblicas, establece en el artículo 23, que dice:

1. Al entrar en vigor el contrato adjudicado o al con-certarse un acuerdo marco, la entidad adjudicado-ra publicará sin demora un aviso del contratoadjudicado o del acuerdo marco concertado, endonde se dará el nombre del adjudicatario o, sise trata de un acuerdo marco, el nombre o losnombres de los proveedores o contratistas conlos que se haya concertado el acuerdo marco, asícomo el precio del contrato adjudicado.

2. El párrafo 1 no será aplicable a contrato algunocuyo precio sea inferior al límite mínimo fijado en elreglamento de la contratación pública. La entidadadjudicadora publicará periódicamente, al me-nos una vez al año, avisos de tales adjudicaciones.

3. El reglamento de la contratación pública deberádisponer la manera en que se habrán de publicar losavisos previstos en el presente artículo.

Es por lo anterior, que el derecho de acceso a la infor-mación es un derecho humano que debe ser garantiza-do por el Estado mexicano en temas de tal relevanciapara el país, como lo son las contrataciones públicasen general, por ello se proponen las siguientes adicio-nes y modificaciones.


Otro aspecto fundamental que debe ser abordado en lamateria, es el derecho a la consulta previa de pueblosy comunidades indígenas, el cual es un derecho funda-mental para expresar el consentimiento o lograr acuer-dos, y la obligación correlativa que tiene el Estado deconsultar.

Es un derecho intrínsecamente relacionado con su de-recho a la autonomía y libre determinación, lo cualtambién se vincula con la vigencia de otros derechos,como el derecho a la participación política, el derechoa preservar y fortalecer sus culturas, lenguas e institu-ciones, el derecho a mantener sus territorios, así comoel derecho a la salud, a la educación y al desarrollo, en-tre otros.

A pesar de la reforma de junio de 2011 en materia dederechos humanos, en el Estado mexicano no se ha lo-grado la verdadera efectividad de la consulta previa,

debido a la desatención y desconocimiento de las ins-tituciones responsables de garantizar el cumplimientode las consultas previas. A partir de esto, se generandiversas consecuencias negativas, tales como tala in-discriminada de bosques, contaminación ambiental, deríos y lagunas, extracción sin control de recursos natu-rales, explotación mineral de profundo impacto, afec-tación de flora y fauna, así como desplazamiento decomunidades y pueblos indígenas.16

Asimismo en el Informe de la relatora especial sobrelos derechos de los pueblos indígenas sobre su visita aMéxico,17 en el párrafo 30 se señala que, los pueblosindígenas denunciaron que los megaproyectos realiza-dos en México se realizan sin consulta previa, libre einformada y culturalmente adecuada sin la obtencióndel consentimiento de los pueblos indígenas afectados,incluso ante suspensiones judiciales.

Es por lo anterior, que se considera importante incor-porar la consulta previa en los siguientes artículos.


Por lo expuesto, someto a consideración de esta hono-rable Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados,la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y dero-gan diversas disposiciones de la Ley de Obras Pú-blicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dela Ley de Asociaciones Público Privadas, de la Leyde Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delSector Público y de la Ley Federal de Transparen-cia y Acceso a la Información

Primero. Se reforman los artículos 17, fracción III;19, párrafo primero; 24, párrafos primero y cuarto; 25,párrafo primero, fracción V, incisos a) y e), párrafo úl-timo; 27, párrafos primero y quinto; 42, párrafo pri-mero y fracción VI; 48, párrafo cuarto; y 74 Bis, pá-rrafo segundo. Se adicionan a los artículos 17, lafracción IV; 24, el párrafo sexto; 27, el párrafo sépti-mo y se recorren los restantes párrafos en su orden; 39,el párrafo octavo y se recorren los restantes párrafosen su orden; 61, el párrafo segundo y se recorren losrestantes párrafos en su orden; y 74, el último párrafo.Se derogan del artículo 42 las fracciones III, VIII, X,XIII y párrafo último, todos de la Ley de Obras Públi-cas y Servicios Relacionados con las Mismas, paraquedar como sigue:

Artículo 17. …

I. …

II. …

III. Los objetivos, metas y previsiones de recursosestablecidos en el Presupuesto de Egresos de la Fe-deración o, en su caso, al presupuesto destinado alas contrataciones que los fideicomisos públicos noconsiderados entidades paraestatales prevean parael ejercicio correspondiente, y

IV. El cumplimiento del proceso de consulta pre-via, libre e informada a pueblos y comunidadesindígenas atendiendo a lo dispuesto por la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexica-nos y los estándares nacionales e internacionalesen la materia.

Artículo 19. Las dependencias y entidades que reali-cen obras públicas y servicios relacionados con lasmismas, sea por contrato o por administración directa,así como los contratistas con quienes aquellas contra-ten, observarán las disposiciones que en materia deasentamientos humanos, proceso de consulta previa,libre e informada a pueblos y comunidades indíge-nas, desarrollo urbano y construcción rijan en el ám-bito federal, estatal y municipal.

…

Artículo 24. La planeación, programación, presupues-tación, el gasto de las obras y servicios relacionados conlas mismas, y evaluaciones de desempeño, se sujetaráa las disposiciones específicas del Presupuesto de Egre-sos de la Federación, así como a lo previsto en la LeyFederal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ydemás disposiciones aplicables y los recursos destina-dos a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia,economía, transparencia, honradez e imparcialidad parasatisfacer los objetivos a los que fueren destinados.

...

...

Para la realización de obras públicas se requerirácontar con los estudios y proyectos, evaluación eco-nómica y social, especificaciones de ingeniería yconstrucción, normas de calidad, el programa deejecución totalmente terminados, y objetivos estra-tégicos y metas a alcanzar. Se exceptúa de lo ante-rior los casos a que se refieren las fracciones II, V yVIII, salvo los trabajos de mantenimiento, del artí-culo 42 de esta Ley.


...

Asimismo, las dependencias y entidades deberáncelebrar convenios de desempeño, con la finalidadde realizar evaluaciones previas y posteriores a laadjudicación de los contratos, con la finalidad deque los resultados sean publicados en la PlataformaNacional de Transparencia, mismo que serán con-siderados para futuras celebraciones de contratos.

Artículo 25. Los titulares de las dependencias y losórganos de gobierno de las entidades, deberán es-tablecer Comités para los casos que establece estaLey, los cuales tendrán como mínimo las siguientesfunciones:

I. …a IV. …

V. Elaborar y aprobar el manual de integración yfuncionamiento del comité, en el cual se deberánconsiderar cuando menos las siguientes bases:

a) Será presidido por la persona que designeel titular de la dependencia o entidad, y seráel responsable directo de la supervisión, vigi-lancia, control y revisión de los trabajos;

b) … a d) …

e) …

…

Los integrantes del Comité deberán contarcon capacidad y experiencia en las diversasmaterias que convergen en las obras públicasy en los servicios relacionados con las mis-mas.

VI. …

VII. ...

Artículo 27. Las dependencias y entidades selecciona-rán de entre los procedimientos que a continuación seseñalan, y de conformidad con el artículo 42 de estaLey, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la con-tratación asegure al Estado las mejores condicionesdisponibles en cuanto a precio, calidad, financiamien-to, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

I. …

I. …

III. ...

Los contratos de obras públicas y los servicios rela-cionados con las mismas se adjudicarán, por reglageneral, a través de licitaciones públicas, medianteconvocatoria pública, para que libremente se pre-senten proposiciones solventes en sobre cerrado,que será abierto públicamente. Asimismo, cuandolas dependencias y entidades seleccionen los pro-cedimientos señalados en las fracciones II y III,justificarán a través de dictamen su selección,mismo que tendrá que publicarse en la Platafor-ma Nacional de Transparencia.

…

Todo contratante deberá satisfacer los siguientesrequisitos:

a) Poseer las cualificaciones profesionales ytécnicas, la capacidad, fiabilidad y experien-cia empresarial, que se requieran para ejecu-tar el contrato;

b) No haber incurrido en quiebra o insolven-cia ni estar su negocio bajo la administraciónde un tribunal o en proceso de liquidación, nihaberse suspendido su actividad empresarial;

c) No haber sido condenado, ni su personaldirectivo o gestor, por algún delito imputablea su conducta profesional.

d) No haber sido inhabilitado para desempe-ñar un empleo, cargo o comisión en el serviciopúblico, ni removido por causa grave de al-gún cargo del sector público o privado.

…

...

...

...


...

Artículo 39. …

I. … a V. …

Para la elaboración de dicho fallo, la dependencia oentidad deberá llevar a cabo los análisis siguientes:

I. La descripción del proyecto y viabilidad técni-ca del mismo;

II. Los inmuebles, bienes y derechos necesariospara el desarrollo del proyecto;

III. Las autorizaciones para el desarrollo delproyecto que en su caso, resulten necesarias;

IV. La viabilidad jurídica del proyecto;

V. El impacto ambiental, la preservación y con-servación del equilibrio ecológico y, en su caso,afectación de las áreas naturales o zonas protegi-das, asentamientos humanos y desarrollo urbanodel proyecto, así como su viabilidad en estos as-pectos; por parte de las autoridades competen-tes. Este primer análisis será distinto a la mani-festación de impacto ambiental correspondienteconforme a las disposiciones legales aplicables;competentes. Este primer análisis será distinto ala manifestación de impacto ambiental corres-pondiente conforme a las disposiciones legalesaplicables;

VI. La rentabilidad social del proyecto;

VII. Las estimaciones de inversión y aportacio-nes, en numerario y en especie, tanto federales,estatales y municipales; y

VIII. La viabilidad económica y financiera delproyecto.

La información anterior deberá ser publicada en laPlataforma Nacional de Transparencia

...

...

...

...

...

…

…

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo suresponsabilidad, sólo podrán contratar obras públicaso servicios relacionados con las mismas, sin sujetarseal procedimiento de licitación pública,

a través de los procedimientos de invitación a cuandomenos tres personas o de adjudicación directa, cuan-do:

I. …

II. …

III. Se deroga.

IV. …

V. …

VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivopor causas imputables al contratista que hubiereresultado ganador en una licitación. En estos ca-sos la dependencia o entidad podrá adjudicar elcontrato al licitante que haya presentado la si-guiente proposición solvente, siempre que la di-ferencia en precio con respecto a la proposiciónque inicialmente hubiere resultado ganadora nosea superior al diez por ciento. Tratándose deprocedimientos de contratación en los que se ha-yan considerado puntos y porcentajes como mé-todo para la evaluación de las proposiciones, sepodrá adjudicar a la proposición que siga en ca-lificación a la del ganador;

VII. …

VIII. Se deroga.

IX. …


X. Se deroga.

XI. …

XII. ...

XIII. Se deroga

XIV. …

...

...

Se deroga.

Artículo 48. …

I. …

II. …

Para los efectos de este artículo, los titulares delas dependencias o los órganos de gobierno delas entidades, fijarán las bases, la forma y elporcentaje a los que deberán sujetarse las ga-rantías que deban constituirse, considerando losantecedentes de cumplimiento de los contratis-tas en los contratos celebrados con las depen-dencias y entidades, a efecto de determinarmontos menores para éstos, de acuerdo a los li-neamientos que al efecto emita la Secretaría dela Función Pública.

Artículo 61. Las dependencias y entidades podrán res-cindir administrativamente los contratos en caso de in-cumplimiento de las obligaciones a cargo del contra-tista.

Serán causas de rescisión, las siguientes:

I. La cancelación, abandono o retraso en la eje-cución de la obra, en los supuestos previstos en elcontrato;

II. La no prestación de los servicios contratados,su prestación en términos distintos a los pacta-dos, o la suspensión de éstos por más de siete dí-as naturales seguidos, sin causa justificada;

III. El incremento en el monto o plazo contrac-tual que superé el 10 por ciento;

IV. La falta de entrega de las garantías estableci-das; y

V. Prestaciones realizadas mediante subcontra-tos no autorizados.

Lo anterior sin perjuicio, de lo pactado en el con-trato.

…

I. … a III. …

...

Artículo 74. ...

I. …

II. …

III. …

a) … a h) …

…

…

Asimismo, las dependencias y entidades quecelebren los actos y contratos materia de estaLey, deberán publicar en la Plataforma Na-cional de Transparencia la información men-cionada en el presente artículo.


Este registro deberá ser publicado por la Secretaríade la Función Pública en la Plataforma Nacional deTransparencia.

...

Segundo. Se reforman los artículos 11, párrafos pri-mero, segundo y último; 14, párrafos primero y déci-mo primero; 26, párrafo segundo; 27, párrafos penúl-timo y último; 45, fracción IV; 55, párrafos primero y


último; 64, párrafo primero; 66, párrafo tercero; y 125,párrafo segundo. Se adicionan a los artículos 15, lafracción III, y se recorren las restantes fracciones en suorden; y 122, las fracciones IV, V y VI, y se recorre elrestante párrafo en su orden. Se derogan del artículo64 las fracciones III y VI, todos de la Ley de Asocia-ciones Público Privadas, para quedar como sigue:

Artículo 11. La Secretaría de la Función Pública in-cluirá en el sistema electrónico de información públi-ca gubernamental CompraNet, y en la PlataformaNacional de Transparencia en formatos abiertos yaccesibles, por secciones debidamente separadas, lainformación relativa a los proyectos de asociación pú-blico-privada federales, así como de las propuestas nosolicitadas que reciban las dependencias y entidadesde la Administración Pública Federal a que se refierela presente Ley. Este sistema electrónico de informa-ción pública gubernamental CompraNet será deconsulta gratuita y constituirá un medio por el cual po-drán desarrollarse procedimientos de contratación.

La información en CompraNet, y en la PlataformaNacional de Transparencia, deberá contener los da-tos necesarios para identificar plenamente las opera-ciones realizadas a través del esquema de asociacionespúblico-privada, y permita realizar análisis sobre laviabilidad del proyecto. Deberá además, contener in-formación para identificar los programas anuales en lamateria, de las dependencias y entidades; el registroúnico de desarrolladores, en los términos en que losestablezca el Reglamento de esta Ley; el registro dedesarrolladores sancionados; las convocatorias a la li-citación y sus modificaciones; las invitaciones a cuan-do menos tres personas; las actas de las juntas de acla-raciones, del acto de presentación y apertura deproposiciones y de fallo; los datos de los contratos ylos convenios modificatorios; las adjudicaciones di-rectas; las resoluciones de la instancia de inconformi-dad que hayan causado estado, y las notificaciones yavisos correspondientes.

El sistema electrónico de información pública gu-bernamental CompraNet será operado por la Secre-taría de la Función Pública, la que establecerá los con-troles necesarios para garantizar la inalterabilidad yconservación de la información.

Artículo 14. Los proyectos de asociaciones público-privadas serán viables cuando así lo determine la de-

pendencia o entidad interesada, mediante dictamenque la misma emita, los cuales serán publicados en laPlataforma de Transparencia. Para la elaboración dedicho dictamen, la dependencia o entidad deberá llevara cabo los análisis siguientes:

I. … a IX. …

La información anterior deberá ser publicada en laPlataforma Nacional de Transparencia y ser pre-sentada ante la Cámara de Diputados.

…

a) … a j) …

…

...

Artículo 15. …

I. ...

…

II. …

III. El cumplimiento del proceso de consulta pre-via, libre e informada a pueblos y comunidadesindígenas atendiendo a lo dispuesto por la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexica-nos y los estándares nacionales e internacionalesen la materia;

IV. El cumplimiento de las demás disposicionesque resulten aplicables, en los ámbitos federal,estatal y municipal; y

V. En el marco del sistema de planeación demo-crática del desarrollo nacional, la congruenciacon el Plan Nacional de Desarrollo y el programasectorial, institucional, regional o especial quecorresponda.

Artículo 26. …

Para efectos del párrafo anterior, las dependencias oentidades federales deberán publicar en el Diario Ofi-cial de la Federación y en su página de Internet, un


acuerdo mediante el cual determinen las propuestas deproyectos de asociación público-privada que estarándispuestas a recibir, especificando como mínimo lossectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo deproyectos, metas físicas estimadas, fechas previstas deinicio de operación, o beneficios esperados, así comosu vinculación con los objetivos nacionales, estrate-gias y prioridades contenidas en el Plan Nacional deDesarrollo y en los programas sectoriales, institucio-nales, regionales y especiales que de él deriven. En es-tos casos, sólo se analizarán y dictaminarán por lasdependencias o entidades las propuestas recibidas queatiendan los elementos citados.

Artículo 27. …

I. …

a) … a h) …

II. …

III. …

…

Si la propuesta no solicitada incumple alguno de losrequisitos a que se refiere este artículo, o los estu-dios se encuentran incompletos, no será analizadani dictaminada.

En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal,por conducto de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, presente al Congreso de la Unión, se deberánseñalar las propuestas no solicitadas que las depen-dencias y entidades hayan recibido durante el períodoque se reporta, que cumplan con todos los requisitosestablecidos en el presente artículo. Dichas propues-tas deberán ser publicadas en la Plataforma Nacio-nal de Transparencia.

Artículo 45. Las bases del concurso contendrán, porlo menos, los elementos siguientes:

I. … a III. …

IV. En su caso, los términos y condiciones en quelos trabajos y servicios podrán subcontratarse,siempre que estos no alteren de manera sustan-cial la propuesta;

V. … a XVII. …

Artículo 55. La convocante, a través del Comité alque hace referencia el artículo 25 fracción V de laLey de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas, elaborará un dictamen que servirá debase para el fallo, en el que se hará constar el análisisde las propuestas, las razones para admitirlas o des-echarlas, la comparación de las mismas, y los elemen-tos por los cuales la propuesta ganadora es la que ofre-ce las mejores condiciones para el Estado. Dichodictamen deberá ser publicado en la PlataformaNacional de Transparencia.

...

El fallo se dará a conocer en junta pública a la que li-bremente asistan los concursantes y se publicará en lapágina de difusión electrónica -Internet-de la convo-cante, en la Plataforma de Transparencia, así comoen CompraNet, dentro del plazo previsto en las basesdel concurso.

Artículo 64. Las dependencias y entidades, bajo suresponsabilidad, sólo podrán adjudicar proyectos deasociación público-privada, sin sujetarse al procedi-miento de concurso a que se refiere el presente capítu-lo, a través de invitación a cuando menos tres personaso de adjudicación directa, cuando:

I. …

II. …

III. Se deroga.

IV. …

V. …

VI. Se deroga.

…

…

Artículo 66. ...

...


En todo caso, se cuidará que en estos procedimientosse invite a personas expertas en la materia que setrate y con posibilidad de respuesta adecuada, quecuenten con la capacidad financiera, técnica, operativay demás necesarias para dar cumplimiento a sus obli-gaciones.

Artículo 122. …

I. …

II. …

III. En caso de que el proyecto requiera autoriza-ciones para la prestación de los servicios, la revoca-ción de éstas;

IV. El incremento en el monto o plazo contrac-tual que superé el 10 por ciento;

V. La falta de entrega de las garantías estableci-das; y

VI. Prestaciones realizadas mediante subcontra-tos no autorizados.

…

Artículo 125. ...

Los aspectos exclusivamente de naturaleza técnica delos proyectos de asociación público-privada seránobjeto de la supervisión del Comité al que hace re-ferencia el artículo 25 fracción V de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas.

... .

...

Tercero. Se reforman los artículos 40, párrafos se-gundo, cuarto y quinto; 41, párrafo primero; y 42, pá-rrafo cuarto. Se derogan de los artículos 41, las frac-ciones XIV y XV; y 42, el párrafo segundo, todos dela Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Serviciosdel Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 40. …

La selección del procedimiento de excepción que rea-licen las dependencias y entidades deberá fundarse ymotivarse, según las circunstancias que concurran encada caso, en criterios de economía, eficacia, eficien-cia, imparcialidad, honradez y transparencia que resul-ten procedentes para obtener las mejores condicionespara el Estado. El acreditamiento del o los criterios enlos que se funda; así como la justificación de las razo-nes en las que se sustente el ejercicio de la opción, através de dictamen, mismo que tendrá que publi-carse en la Plataforma Nacional de Transparencia,y ser firmado por el titular del área usuaria o requiren-te de los bienes o servicios.

…

En estos casos, el titular del área responsable de lacontratación, a más tardar el último día hábil decada mes, enviará al órgano interno de control enla dependencia o entidad de que se trate, un infor-me relativo a los contratos formalizados durante elmes calendario inmediato anterior, acompañandocopia del escrito aludido en este artículo y de undictamen en el que se hará constar el análisis de lao las proposiciones y las razones para la adjudica-ción del contrato.

En caso del procedimiento de invitación a cuandomenos tres personas fundamentados en las fraccio-nes III, VII, VIII, IX primer párrafo, X, XI, XII,XVI, XVII y XIX del artículo 41 de esta Ley, el es-crito a que se refiere el segundo párrafo de este ar-tículo deberá estar acompañado de los nombres ydatos generales de las personas que serán invita-das; tratándose de adjudicaciones directas, en to-dos los casos deberá indicarse el nombre de la per-sona a quien se propone realizarla; en ambosprocedimientos, deberá acompañarse el resultadode la investigación de mercado que sirvió de basepara su selección.

…

Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo suresponsabilidad, sólo podrán contratar adquisiciones,arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedi-miento de licitación pública, a través de los procedi-mientos de invitación a cuando menos tres personas ode adjudicación directa, cuando:


I. … aXIII. …

XIV. Se deroga.

XV. Se deroga.

XVI. … a XX. …

…

…

Artículo 42. …

Se deroga.

…

La suma de las operaciones que se realicen al amparode este artículo no podrá exceder del veinte por cien-to del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos yservicios autorizado a la dependencia o entidad en ca-da ejercicio presupuestario. La contratación deberáajustarse a los límites establecidos en el Presupuestode Egresos de la Federación.

...

...

Cuarto. Se adiciona al artículo 69, fracción VIII, in-ciso d), el numeral 8, de la Ley Federal de Transpa-rencia y Acceso a la Información, para quedar comosigue:

Artículo 69. …

I. … a VIII. …

a) … a d)…

1. … 7. …

8. La información relativa a las licitacionespúblicas, a los proyectos de asociación públi-co-privada federales, así como la informa-ción relativa a los contratos de obras públi-cas y servicios relacionados con las mismas.

IX. … a XV. …

Transitorios


Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor es-te Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones quecontravengan o se opongan al mismo.

Tercero. Los procedimientos de contratación que seencuentren en trámite a la fecha de entrada en vigordel presente Decreto, continuarán tramitándose hastasu conclusión conforme a las disposiciones la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis-mas, de la Ley de Asociaciones Público Privadas, y dela Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviciosdel Sector Público, según corresponda, vigentes al mo-mento de su inicio.

Cuarto. Los contratos celebrados antes de la entradaen vigor del presente Decreto, continuarán regulándo-se hasta su terminación por las disposiciones de la Leyde Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas, de la Ley de Asociaciones Público Privadas,y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-vicios del Sector Público, según corresponda, vigentesal momento de su celebración.

Quinto. Los procedimientos de conciliación, de in-conformidad y de sanción que se encuentren en trámi-te o pendientes de resolución a la fecha de entrada envigor del presente Decreto, deberán sustanciarse yconcluirse de conformidad con las disposiciones vi-gentes al momento de haberse iniciado tales procedi-mientos.

Notas

1 Consultado en:

https://webantigua.transparencia.org.es/indices_fuentes_de_so-

borno/indice_de_fuentes_de_soborno_2011/bpi

2011_informe_final_en_espanol.pdf, fecha de consulta 01 de mar-

zo de 2019.

2 Consultado en: https://www.jornada.com.mx/2013/02/21/edito#,

consultado en fecha 02 de marzo de 2019.


3 Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/cance-

lacion-de-refineria-de-tula-dejo-una-deudade-mil-500-millones-

de-pesos, consultado en fecha 02 de marzo de 2019.

4 Consultado en: https://www.forbes.com.mx/6-obras-publicas-

que-terminaron-en-fracaso-presupuestal/, fecha de consulta 03 de

marzo de 2019.

5 Consultado en: https://www.excelsior.com.mx/node/731782, fe-

cha de consulta 01 de marzo de 2019.

6 Consultado en: https://aristeguinoticias.com/2211/mexico/china-

reclama-a-mexico-11-mil-millones-porcancelacion-del-tren-mexi-

co-queretaro/, fecha de consulta 01 de marzo de 2019.

7 Consultado en: https://www.mexicoevalua.org/2018/04/16/gene-

rar-valor-en-la-contratacion-obra-publica/, fecha de consulta 01 de

marzo de 2019.

8 Consultado en: https://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicacio-

nes_tecnicas/Separata_ObraPublica.pdf, fecha de consulta 09 de

marzo de 2019.

9 Consultado en: https://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicacio-

nes_tecnicas/Separata_ObraPublica.pdf, fecha de consulta 01 de

marzo de 2019.

10 Ibidem.

11 Época: Décima Época, Registro: 2001371, Instancia: Primera

Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Fe-

deración y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Mate-

ria(s): Administrativa, Tesis: 1a. CXLII/2012 (10a.), Página: 490

12 CORREA, ISABEL, “Manual de licitaciones públicas”, Insti-

tuto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y

Social-ILPES, 2002. P. 19.

13 Consultado en: https://www.mexicoevalua.org/2018/04/16/ge-

nerar-valor-en-la-contratacion-obra-publica/, fecha de consulta 01

de marzo de 2019.

14 Consultado en: https://www.mexicoevalua.org/2018/04/16/ge-

nerar-valor-en-la-contratacion-obra-publica/, fecha de consulta 01

de marzo de 2019.

15 Consultado en: https://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publica-

ciones_tecnicas/Separata_ObraPublica.pdf, fecha de consulta 09

de marzo de 2019.

16 Consultado en: https://www.proceso.com.mx/479603/consulta-

previa-a-pueblos-indigenas-una-deudahistorica-gobiernos-socie-

dad, fecha de consulta 05 de marzo de 2019.

17 Consultado en:

http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&

id=1147:informe-de-larelatora-especial-sobre-los-derechos-de-

los-pueblos-indigenas-sobre-su-visita-a-mexico&Itemid=281, fe-

cha de consulta 06 de marzo de 2019.


Diputada Flora Tania Cruz Santos (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Mayo

29 de 2019).


LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, DE LAS LEYES FEDERAL DE LOS TRABAJA-DORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL

APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y FE-DERAL DEL TRABAJO, RECIBIDA DE LA DIPUTADA MADE-LEINE BONNAFOUX ALCARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTA-RIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN


La que suscribe, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, dipu-tada federal integrante del Grupo Parlamentario delPartido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura,con fundamento en lo establecido en la fracción II delartículo 71 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, 77y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, so-meto a consideración de esta soberanía, la siguiente


iniciativa con proyecto de decreto por el que se refor-man y adicionan diversas disposiciones de la Consti-tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de laLey Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta-do, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, con lafinalidad de asegurar el cumplimiento al derecho a laeducación en tiempos de huelga, al tenor de la si-guiente:


El sector educativo está atravesando por una crisis anivel nacional, lo acreditan los siguientes hechos sus-citados en diversas partes de nuestro territorio:

1. La huelga en la Universidad Autónoma Metropo-litana (UAM), Ciudad de México, comenzó el 1 defebrero de 2019 y hasta la fecha ha afectado a másde 58 mil estudiantes, tres mil académicos, tres miladministrativos, cuatro mil 200 titulaciones pen-dientes y 108 mil aspirantes en espera para ingresar.

2. Por su parte, trabajadores pertenecientes al Sin-dicato de Trabajadores y Empleados de la Universi-dad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Steuabjo),iniciaron con el paro de actividades el 1 de febrerode 2019, la cual concluyó 25 días después, afectan-do a más de 25 mil alumnos.

3. La Universidad Agraria de Coahuila es otra de lasinstituciones afectadas por las huelgas, pues losmiembros del Sindicato Administrativo de la Narro(Sutuaaan) permanecen en huelga desde el 15 de fe-brero de 2019, dejando a más 2 mil 200 alumnos sinclases.

4. El 21 de febrero de 2019 estalló la huelga en laUniversidad Autónoma de Chapingo, en el estadode México, el paro de labores, que lleva más de 40días, afecta a más de 11 mil alumnos, tres mil 500trabajadores administrativos y poco más de mil aca-démicos de varias sedes del país.

5. El pasado 2 de abril de 2019, en un hecho inédi-to para la Universidad de Sonora, tuvo lugar el es-tallamiento de la huelga, de forma simultánea, porparte de los sindicatos académico y de trabajadoresde la Universidad de Sonora, STAUS y STEUSnafectando a más de 30 mil estudiantes.

5. La Confederación Nacional de Sindicatos de losColegios de Estudios Científico y Tecnológicos(Cecytes) decidió, este 8 de abril de 2019, irse a pa-ro indefinido de labores en las 27 entidades queconforman el confederado, afectando a miles dealumnos a nivel nacional.

Como diputada federal comprometida con el derechohumano a la educación, considero de suma importan-cia traer de nueva cuenta a la discusión el siguienteproyecto de decreto que reforma y adiciona diversasdisposiciones de la Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de los Tra-bajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria delApartado B del Artículo 123 Constitucional y de laLey Federal del Trabajo, misma que fue presentadapor el Grupo Parlamentario del PAN en fecha 21 demayo de 2014.

La educación es y será por siempre la llave de cual-quier sociedad para entrar al progreso, al desarrollosostenido y mejores estándares en calidad de vida. Unasociedad con educación es más productiva, más infor-mada y más participativa, pero sobre todo es más jus-ta y equitativa. Si nuestro país logra encauzar un rum-bo firme de apoyo sin regateos al sistema educativonacional, estaremos en posición de elevar nuestros ni-veles de competitividad de tal manera que dentro de20 o 30 años estemos hablando de México como unpaís desarrollado y con estabilidad y plenitud política,económica y social.

En búsqueda de elevar los niveles de competitividadnos encontramos que existen vacíos que llenar y resis-tencias que romper. Uno de estos vacíos y resistenciases el fantasma intermitente de la huelga laboral encualquier institución educativa, sea pública, privada oautónoma. La cohabitación del derecho a la educacióny el derecho a huelga de los trabajadores ha interac-tuado sin éxito a lo largo de los años, pues es lamenta-ble y común ver huelgas que dejan a miles de alumnossin acceso a su derecho de recibir una educación.

Si bien el ejercicio del derecho a huelga es vital parasalvaguardar la justicia laboral, en el sector educativoexiste el alumno, un tercer interesado que nada tieneque ver con las relaciones laborales y que es el mayorafectado por la decisión de ejercer el derecho constitu-cional de huelga, al ver truncada la posibilidad de con-tinuar con su también derecho constitucional de reci-


bir educación. Lo anterior implica entonces, la necesi-dad imperativa de normar en materia de ponderaciónde derechos constitucionales para así llenar el vacío le-gal que existe entre el ejercicio de ambos derechos, de-biendo delimitar los alcances en la aplicación de cadauno de ellos respecto al otro.

Es importante hacer referencia al caso de la demandade amparo que estudiantes de la Universidad Michoa-cana de San Nicolás de Hidalgo presentaron en contradel emplazamiento a huelga que interpuso el Sindica-to Único de Empleados de la Universidad Michoaca-na. Dicha demanda fue resuelta a favor de los estu-diantes por el juzgado cuarto de distrito, con sede enMorelia, Michoacán. En dicha resolución se da totalrespeto a la huelga de los trabajadores, pero ordena lareanudación de clases en las instalaciones de la Uni-versidad o en sedes alternas. Dicha resolución

Refiere que

(Inicia transcripción de la sentencia)

“Ahora, el artículo 3o, de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos establece:

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a reci-bir educación. El Estado -Federación, Estados, Dis-trito Federal y Municipios-, impartirá educaciónpreescolar, primaria, secundaria y media superior.La educación preescolar, primaria y secundariaconforman la educación básica; ésta y la media su-perior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a des-arrollar armónicamente, todas las facultades del serhumano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Pa-tria, el respeto a los derechos humanos y la con-ciencia de la solidaridad internacional, en la inde-pendencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educaciónobligatoria de manera que los materiales y métodoseducativos, la organización escolar, la infraestructu-ra educativa y la idoneidad de los docentes y los di-rectivos garanticen el máximo logro de aprendizajede los educandos.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de cre-encias, dicha educación será laica y, por tanto, se

mantendrá por completo ajena a cualquier doctrinareligiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basa-rá en los resultados del progreso científico, lucharácontra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres,los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) Será democrático, considerando a la democraciano solamente como una estructura jurídica y un ré-gimen político, sino como un sistema de vida fun-dado en el constante mejoramiento económico, so-cial y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni ex-clusivismos - atenderá a la comprensión de nuestrosproblemas, al aprovechamiento de nuestros recur-sos, a la defensa de nuestra independencia política,al aseguramiento de nuestra independencia econó-mica y a la continuidad y acrecentamiento de nues-tra cultura;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a finde fortalecer el aprecio y respeto por la diversidadcultural, la dignidad de la persona, la integridad dela familia, la convicción del interés general de lasociedad, los ideales de fraternidad e igualdad dederechos de todos, evitando los privilegios de ra-zas, de religión, de grupos, de sexos o de indivi-duos, y

d) Será de calidad, con base en el mejoramientoconstante y el máximo logro académico de los edu-candos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto enel segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivofederal determinará los planes y programas de estu-dio de la educación preescolar, primaria, secundariay normal para toda la República. Para tales efectos,el Ejecutivo Federal considerará la opinión de losgobiernos de los Estados y del Distrito Federal, asícomo de los diversos sectores sociales involucradosen la educación, los maestros y los padres de fami-lia en los términos que la ley señale. Adicionalmen-te, el ingreso al servicio docente y la promoción acargos con funciones de dirección o de supervisiónen la educación básica y media superior que impar-


ta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursosde oposición que garanticen la idoneidad de los co-nocimientos y capacidades que correspondan. Laley reglamentaria fijará los criterios, los términos ycondiciones de la evaluación obligatoria para el in-greso, la promoción, el reconocimiento y la perma-nencia en el servicio profesional con pleno respetoa los derechos constitucionales de los trabajadoresde la educación. Serán nulos todos los ingresos ypromociones que no sean otorgados conforme a laley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable alas Instituciones a las que se refiere la fracción VIIde este artículo;

IV. Toda la educación que el Estado imparta serágratuita;

V. Además de impartir la educación preescolar, pri-maria, secundaria y media superior, señaladas en elprimer párrafo, el Estado promoverá y atenderá to-dos los tipos y modalidades educativos -incluyendola educación inicial y a la educación superior- ne-cesarios para el desarrollo de la nación, apoyarála investigación científica y tecnológica, y alentaráel fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. Los particulares podrán impartir educación entodos sus tipos y modalidades. En los términos queestablezca la ley, el Estado otorgará y retirará el re-conocimiento de validez oficial a los estudios quese realicen en planteles particulares. En el caso de laeducación preescolar, primaria, secundaria y nor-mal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fi-nes y criterios que establecen el segundo párrafo yla fracción II, así como cumplir los planes y pro-gramas a que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autoriza-ción expresa del poder público, en los términos queestablezca la ley;

VII. Las universidades y las demás instituciones deeducación superior a las que la ley otorgue autono-mía, tendrán la facultad y la responsabilidad de go-bernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar,investigar y difundir la cultura de acuerdo con losprincipios de este artículo, respetando la libertad decátedra e investigación y de libre examen y discu-

sión de las ideas; determinarán sus planes y progra-mas; fijarán los términos de ingreso, promoción ypermanencia de su personal académico; y adminis-trarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tan-to del personal académico como del administrativo,se normarán por el apartado A del artículo 123 deesta Constitución, en los términos y con las modali-dades que establezca la Ley Federal del Trabajoconforme a las características propias de un trabajoespecial, de manera que concuerden con la auto-nomía, la libertad de cátedra e investigación ylos fines de las instituciones a que esta fracción serefiere;

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unifi-car y coordinar la educación en toda la república,expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuirla función social educativa entre la Federación, losestados y los municipios, a fijar las aportacioneseconómicas correspondientes a ese servicio públicoy a señalar las sanciones aplicables a los funciona-rios que no cumplan o no hagan cumplir las dispo-siciones relativas, lo mismo que a todos aquellosque las infrinjan, y

IX. Para garantizar la prestación de servicios edu-cativos de calidad, se crea el Sistema Nacional deEvaluación Educativa. La coordinación de dichosistema estará a cargo del Instituto Nacional para laEvaluación de la Educación. El Instituto Nacionalpara la Evaluación de la Educación será un organis-mo público autónomo, con personalidad jurídica ypatrimonio propio. Corresponderá al Instituto eva-luar la calidad, el desempeño y resultados del siste-ma educativo nacional en la educación preescolar,primaria, secundaria y media superior. Para ello de-berá:

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspon-dan a componentes, procesos o resultados del siste-ma;

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetaránlas autoridades educativas federal y locales para lle-var a cabo las funciones de evaluación que les co-rresponden, y

c) Generar y difundir información y, con base en és-ta, emitir directrices que sean relevantes para con-tribuir a las decisiones tendientes a mejorar la cali-


dad de la educación y su equidad, como factor esen-cial en la búsqueda de la igualdad social.

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Ins-tituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Eje-cutivo federal someterá una terna a consideración de laCámara de Senadores, la cual, con previa comparecenciade las personas propuestas, designará al integrante quedeba cubrir la vacante. La designación se hará por el vo-to de las dos terceras partes de los integrantes de la Cá-mara de Senadores presentes o, durante los recesos deesta, de la Comisión Permanente, dentro del improrro-gable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores noresolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de in-tegrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de di-cha terna, designe el Ejecutivo Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la to-talidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal so-meterá una nueva, en los términos del párrafo anterior.Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el car-go la persona que dentro de dicha terna designe el Eje-cutivo Federal.

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán serpersonas con capacidad y experiencia en las materiasde la competencia del Instituto y cumplir los requisitosque establezca la ley, desempeñarán su encargo porperíodos de siete años en forma escalonada y podránser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes nopodrán durar en su encargo más de catorce años. Encaso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustitutoserá nombrado para concluir el periodo respectivo. Só-lo podrán ser removidos por causa grave en los térmi-nos del Título IV de esta Constitución y no podrán te-ner ningún otro empleo, cargo o comisión, conexcepción de aquéllos en que actúen en representacióndel Instituto y de los no remunerados en actividadesdocentes, científicas, culturales o de beneficencia.

La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará aquien la presida, con voto mayoritario de tres de susintegrantes quien desempeñará dicho cargo por eltiempo que establezca la ley.

La ley establecerá las reglas para la organización yfuncionamiento del Instituto, el cual regirá sus activi-dades con apego a los principios de independencia,transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad einclusión.

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesa-rios que permitan al Instituto y a las autoridades edu-cativas federal y locales una eficaz colaboración y co-ordinación para el mejor cumplimiento de susrespectivas funciones”.

En el precepto constitucional transcrito se establecenlas bases sobre las cuales descansa la estructura y or-ganización del sistema nacional de educación, y con-sagra como garantías para la protección del derechohumano a la educación, la obligación a cargo del Esta-do, de impartir la educación preescolar, primaria, se-cundaria y media superior, la cual incluso para las per-sonas es obligatoria.

Cabe destacar que en el precepto constitucional no re-conoce –aunque si lo regula– como derecho humano,el acceso a la educación superior; pero, tampoco lo li-mita.

En este contexto, conforme al artículo 1o. de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elcual consagra el principio de progresividad con baseen el cual deben interpretarse las normas relativas a losderechos humanos, debe convenirse en que el derechohumano a la educación puede ser ampliado en las le-yes secundarias –incluyendo las constituciones loca-les–, con la única limitante que los postulados de talesleyes no sean contrarios a los principios y valores con-signados en la Constitución General.

Ahora, los artículos 138 y 139 de la Constitución Po-lítica del Estado de Michoacán señalan:

“Artículo 138. Todo individuo tiene derecho a reci-bir educación. El Estado y sus municipios estánobligados a impartir educación preescolar, prima-ria, secundaria, media superior y superior. Todaeducación que el Estado imparta será gratuita”.

Artículo 139. La educación tenderá a desarrollararmónicamente todas las facultades del ser humanoy fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y a laconciencia de la solidaridad internacional en la in-dependencia y en la justicia.

Garantizada la libertad de creencias, el criterioque orientará a dicha educación se mantendrán(sic) por completo ajeno a cualquier doctrina reli-giosa y, basado en los resultados del progreso


científico, luchará contra la ignorancia y sus efec-tos, las servidumbres, los fanatismos y los prejui-cios. Además:

a) Será democrática, considerando la democracia nosólo como una estructura jurídica y un régimen po-lítico, sino como un sistema de vida fundado en elconstante mejoramiento económico, social y cultu-ral del pueblo.

b) Será nacional, en cuanto, sin hostilidades ni ex-clusivismos, atenderá a la comprensión de nuestrosproblemas, al aprovechamiento de nuestros recur-sos, a la defensa de nuestra independencia política,al aseguramiento de nuestra independencia econó-mica y a la continuidad y acrecentamiento de nues-tra cultura, y,

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tan-to por los elementos que aporte a fin de robusteceren el educando, junto con el aprecio para la digni-dad de la persona y la integridad de la familia laconvicción del interés general de la sociedad cuan-do por el cuidado que ponga en sustentar los idealesde fraternidad e igualdad de derechos de todos loshombres, evitando los privilegios de razas, de reli-gión, de grupos, de sexos o de individuos.

Además de impartir la educación preescolar, primariay secundaria, el Estado promoverá y atenderá todoslos tipos y modalidades educativos incluyendo laeducación superior necesarios para el desarrollodel Estado, apoyará la investigación científica y tec-nológica, y alentará el fortalecimiento y difusión denuestra cultura.

El Estado promoverá y atenderá la educación inicial,apoyará la investigación científica y tecnológica, asi-mismo, alentará el fortalecimiento y difusión de nues-tra cultura y de nuestros valores”.

De la interpretación funcional de ambos preceptos enrelación con el artículo 3o. de la Constitución General,se advierte que el reconocimiento del derecho humanode acceso a la educación en el nivel superior no con-traviene ninguno de los valores o principios de la LeySuprema de toda la Unión, por el contrario, convergenen los postulados básicos en los que descansa el dere-cho a la educación.

Es por lo anterior que este juzgador considera que enautos se encuentra satisfecho el requisito de la proba-ble demostración del interés jurídico para obtener lamedida cautelar, ya que el quejoso se encuentra en ple-no goce del derecho humano a recibir educación en ni-vel superior, por encontrarse inscrito en la facultad deIngeniería de la Universidad Michoacana de San Ni-colás de Hidalgo para el ciclo escolar que comprendedel doce de agosto de dos mil trece al diez de febrerode dos mil catorce.

En cuanto al inciso c de la demanda de amparo se ad-vierte que las violaciones aducidas se vinculan preci-samente con el derecho a la educación superior dedu-cido en el juicio, pues, en esencia se afirma que elprocedimiento especial seguido ante la Junta de Con-ciliación y Arbitraje, es derivado de la desmedida ydesproporcionada ambición que el Sindicato empla-zante tiene respecto del derecho humano a la huelga, ypretende estallar un paro de labores en todas las áreasde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-dalgo, a partir de las diecisiete horas del diecisiete deseptiembre del año en curso.

También aduce que el paro de labores afectará de mo-do irreparable tanto al patrimonio como a los princi-pios y valores en que se construyó la institución uni-versitaria de Michoacán, amén de dejar a miles deestudiantes que como él, ejercen el derecho a la edu-cación; porque el paro de labores que propone el sin-dicato tercero interesado, hace imposible la imparti-ción de la cátedra ya que permanecerán secuestradaslas aulas de su respectiva facultad.

Incluso señala que el expresado paro de labores pon-dría en riesgo el ciclo escolar, dado que, conforme alcalendario, está por iniciar el periodo de exámenes yevaluaciones del estudiantado.

Del anterior planteamiento se sigue que en el caso,existe una posible colisión entre el derecho humano ala huelga y el de acceso a la educación; el primero quelos trabajadores asociados en el Sindicato Único deEmpleados de la Universidad Michoacana tienen reco-nocido por el artículo 123, fracción XVII, de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elcual establece:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al traba-jo digno y socialmente útil; al efecto, se promove-


rán la creación de empleos y la organización socialde trabajo, conforme a la ley.

...

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho delos obreros y de los patronos, las huelgas y los pa-ros...”.

Cabe destacar que tanto el derecho a huelga, como elde acceso a la educación reconocido por el artículo 3o.constitucional, son de interés social, el primero porqueconstituye una de las instituciones de mayor efectivi-dad que los trabajadores tienen a su alcance para hacervaler sus derechos secundarios, en tanto el segundo, esla base del desarrollo de los seres humanos, ningunode ellos puede por consecuencia estar por encima delotro; por el contrario atendiendo a los principios de in-terdependencia e indivisibilidad que fueron definidospor el poder reformador responsable de la reformaconstitucional en materia de derechos humanos, acae-cida el diez de junio de dos mil once, los operadoresjurídicos sobre todo en materia de juicio de amparodeben lograr la coexistencia de todos ellos.

En tal virtud, siguiendo el postulado tradicional deliusnaturalismo, en el que la persona es el origen, el ob-jeto y la razón de toda actividad del Estado, el ánimoque motivó la reforma constitucional, fue en síntesis,reconocer la existencia de los derechos humanos e im-poner a las autoridades mexicanas, de todos los órde-nes, la obligación de promoverlos, respetarlos, prote-gerlos y garantizarlos, dentro de sus respectivosámbitos de competencia, de conformidad con los prin-cipios de universalidad, interdependencia, indivisi-bilidad y progresividad.

Ahora, conforme al dictamen emitido por la Comisiónde Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputadosdel Congreso General, del siete de abril de dos mildiez, y que posteriormente fue incorporado al decretode reformas por el poder reformador, se establecieronlos alcances de los conceptos anteriormente señaladosde la siguiente manera:

Universalidad: Los derechos humanos correspon-den a todas las personas por igual.

Interdependencia: Consiste en que cada uno de losderechos humanos se encuentran ligados unos a

otros y entre sí, de tal manera que el reconocimien-to de un derecho humano cualquiera, así como suejercicio, implica necesariamente que se respeten yprotejan multiplicidad de derechos que se encuen-tran vinculados; de esa manera.

Indivisibilidad: Se refiere a que los derechos hu-manos son en sí mismos infragmentables, ya seande naturaleza civil, cultural, económica, política osocial, pues son todos ellos inherentes al ser huma-no y derivan de su dignidad.

Progresividad: Se traduce en la obligación del Es-tado de procurar todos los medios posibles para susatisfacción en cada momento histórico y la prohi-bición de cualquier retroceso o involución de estatarea.

Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegia-do en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, enla jurisprudencia IV.2o.A.15 K (10a.),1 que establece:

“Principios de universalidad, interdependencia,indivisibilidad y progresividad establecidos en laconstitución federal. Representan criterios deoptimización interpretativa de los derechos fun-damentales. El 10 de junio de 2011 se promulgaronreformas a la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos en materia de derechos huma-nos, de las que sobresale la modificación de su artí-culo 1o. que establece la obligación de toda autori-dad de promover, respetar y garantizar los derechoshumanos, favoreciendo la protección más ampliaposible a favor de la persona, de conformidad conlos principios de universalidad, interdependencia,indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos,la valoración de los derechos fundamentales quedavinculada a la premisa de que deben respetarse enbeneficio de todo ser humano, sin distinción deedad, género, raza, religión, ideas, condición eco-nómica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias(universalidad); además, tales derechos han deapreciarse como relacionados de forma que no seríaposible distinguirlos en orden de importancia o co-mo prerrogativas independientes, prescindibles oexcluyentes unas ante otras, sino que todos debencumplirse en la mayor medida posible, así sea en di-ferente grado por la presencia de otro derecho fun-damental que también deba respetarse y que resulteeventualmente preferible, por asegurar un beneficio


mayor al individuo, sin que el derecho fundamentalque ceda se entienda excluido definitivamente (in-divisibilidad e interdependencia); asimismo, con elentendimiento de que cada uno de esos derechos, otodos en su conjunto, obedecen a un contexto de ne-cesidades pasadas y actuales, mas no niegan la po-sibilidad de verse expandidos, por adecuación anuevas condiciones sociales que determinen la ne-cesidad y vigencia de otras prerrogativas que debanreconocerse a favor del individuo (progresividad)De esta guisa, los referidos principios representancriterios de optimización interpretativa de los dere-chos fundamentales, porque conducen a su realiza-ción y observancia plena e inmejorable a favor delindividuo, al orientar el proceder de toda autoridaden el cumplimiento del mandato de promover, res-petar, proteger y garantizar los derechos humanosreconocidos en la Constitución y los tratados inter-nacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercerel control constitucional, en el sentido de que el res-peto y restauración de los indicados derechos sonuna tarea no sólo de la jurisdicción federal, sinotambién de la ordinaria en el conocimiento de losasuntos de su competencia.

Atendiendo a estos criterios de interpretación de lasnormas en materia de derechos humanos, es obliga-ción de todas las autoridades del país promover, res-petar, proteger y garantizar los derechos humanos, atodas las personas por igual, de ahí que en el presentecaso, sería factible que se otorgue una medida cautelarpara que sin desdoro del derecho que tienen los traba-jadores asociados al sindicato emplazante, se logre lacoexistencia con el derecho humano del estudiantequejoso, esto es, para que las actividades de la Uni-versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que-den paralizadas conforme a lo establecido por el artí-culo 451 de la Ley Federal del Trabajo, salvo en lasáreas destinadas para la impartición de las cátedras aque tiene derecho a recibir el quejoso, logrando conello una eficacia horizontal de los derechos humanostanto de los trabajadores como del estudiante.

Además, en el caso, la etapa en la que se encuentra elprocedimiento de huelga es el de pre-huelga, el queabarca desde el emplazamiento al patrón hasta antesde la suspensión de labores; etapa en que se celebra laaudiencia de conciliación ante la Junta de Conciliacióny Arbitraje, en que se procurará el avenimiento de laspartes, sin prejuzgar sobre la existencia o justificación

del movimiento y, de no llegar a una solución, previa-mente al estallamiento de la huelga, se fijará el núme-ro de trabajadores que deberán continuar laborando,en los casos en que pueda verse afectada la seguridadde la empresa, los bienes de producción o la reanuda-ción de los trabajos y, en este caso, los derechos hu-manos de terceros.

Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J.79/98,2 de la Segunda Sala de la Suprema Corte deJusticia de la Nación que establece:

“Huelga. Sus etapas procedimentales. El análisisde las disposiciones contenidas en el título octavo,capítulos I y II, y título decimocuarto, capítulo XX,de la Ley Federal del Trabajo, permite distinguir,con base en los efectos jurídicos que se producenpara las partes y terceros, tres principales etapasdentro del procedimiento de huelga, cuyas caracte-rísticas esenciales son las siguientes: a) La primera,que comprende desde la presentación del pliego pe-titorio por la coalición de trabajadores hasta la or-den de emplazamiento al patrón. En esta fase seprecisa el motivo, objeto, fecha y hora de la sus-pensión de labores, se verifica el cumplimiento delos requisitos de procedibilidad por la autoridad y,en caso de quedar satisfechos, se ordenará su noti-ficación al patrón o, de no ser procedente la peti-ción, se negará el trámite correspondiente, dandopor concluido el procedimiento; b) La segunda eta-pa, conocida también como de prehuelga, abarcadesde el emplazamiento al patrón hasta antes de lasuspensión de labores. La notificación del pliegopetitorio produce el efecto jurídico de constituir alpatrón en depositario de la empresa afectada por lahuelga, lo que le impide realizar actos de disposi-ción sobre los bienes del establecimiento, asimis-mo, se genera la suspensión de la ejecución de lassentencias y diligencias de aseguramiento que re-caigan sobre los tales bienes, distintas de fallos la-borales y cobro de créditos fiscales, en los términosprevistos en la ley. También en esta etapa se celebrala audiencia de conciliación ante la Junta de Conci-liación y Arbitraje, en que se procurará el aveni-miento de las partes, sin prejuzgar sobre la existen-cia o justificación del movimiento y, de no llegar auna solución, previamente al estallamiento de lahuelga, se fijará el número de trabajadores que de-berán continuar laborando, en los casos en que pue-da verse afectada la seguridad de la empresa, los


bienes de producción o la reanudación de los traba-jos y; c) La última etapa se circunscribirse del mo-mento de suspensión de labores hasta la resoluciónde fondo del conflicto. El estallamiento de la huel-ga suspende los efectos de las relaciones de trabajoy la tramitación de las solicitudes y conflictos denaturaleza económica, durante el periodo de paro delabores. Dentro de las setenta y dos horas siguientesal inicio de la huelga, se podrá solicitar la declara-ción de su inexistencia por no reunir los requisitosde procedencia y objetivos previstos en la ley, conlo que el patrón quedaría libre de responsabilidad yse fijaría a los trabajadores un plazo de veinticuatrohoras para regresar a laborar, apercibiéndoles quede no acatar lo anterior se darán por terminadas lasrelaciones de trabajo. De lo contrario, la huelga seconsiderará legalmente existente, por lo que su con-clusión, en el fondo, sólo podría darse por acuerdoentre las partes, allanamiento del patrón a las peti-ciones o laudo arbitral a cargo de quien elijan laspartes o de la Junta en mención, si los trabajadoressometieron a ella la decisión, fallo que resolvería endefinitiva sobre la justificación o injustificación dela suspensión de labores.

Virtud a ello es factible que en este momento se to-men las medidas pertinentes para lograr la coexis-tencia del derecho humano de los trabajadores em-plazantes y del estudiante quejoso, como destinarlas áreas apropiadas para que se sigan impartiendolas cátedras respectivas a la currícula universitaria,en la facultad de Ingeniería Civil de la UniversidadMichoacana de San Nicolás de Hidalgo.”

(Finaliza transcripción de la sentencia)

Esta sentencia sigue la lógica de marcar el derecho ahuelga como un derecho no ilimitado, sino con fronte-ras claras con respecto al derecho humano fundamen-tal de la educación. Si bien el documento hace refe-rencia a un derecho considerado en la Constituciónlocal, esto puede servir de referencia para constatar laposible coexistencia en un marco de respeto del dere-cho humano de la educación y el derecho a huelga delos trabajadores. De esto podemos desprender que enla defensa del derecho a la educación como un derechohumano, es sustentable que se le de protección frenteal ejercicio de otros derechos que si bien tienen igualfundamento constitucional, al aplicar un análisis en laponderación de derechos, resulta la posibilidad de una

cohabitación de derechos en un mismo tiempo y espa-cio, es decir, puede presentarse una huelga laboral enuna institución educativa mientras se sigue dandocumplimiento al derecho humano fundamental delalumno de recibir sus clases.

El ejemplo que nos da el caso de la Universidad Mi-choacana de San Nicolás de Hidalgo nos marca elrumbo claro de hacia donde debemos ir al legislar enla materia. No podemos seguir esperando que la de-fensa en el derecho a la educación sea responsabilidadde alumnos y padres de familia, debemos de ser pro-activos y dar marco legal de certidumbre para los tra-bajadores, pero también para millones de alumnos delsistema educativo nacional.

La iniciativa que hoy se retoma contiene una reformaconstitucional que busca el esclarecimiento en la pon-deración de derechos de huelga y de educación, al mo-dificar el artículo 3o. de la Carta Magna en el siguien-te sentido:

(Se subraya la modificación propuesta)

“Artículo 3o. ...

...

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. …


El derecho a recibir educación al que hace refe-rencia el presente artículo, incluyendo a la edu-cación superior, no podrá ser suspendido en elejercicio del derecho a huelga de los trabajado-res de la institución que preste los servicios edu-cativos.”

Esta propuesta tiene por objeto fortalecer el derechode educación frente a una potencial huelga de trabaja-dores de alguna institución de educación básica, mediasuperior o superior, bajo la premisa fundamental debuscar la cohabitación de ambos derechos y no unasubordinación de uno sobre el otro.

Asimismo se propone modificar la Ley Federal de losTrabajadores al Servicio del Estado, Reglamentariadel Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y laLey Federal del Trabajo, con el objeto de alinearla a lareforma constitucional anteriormente propuesta y deli-mitar los alcances de la misma.

Es importante resaltar que hoy en día existen casosnormados en las leyes secundarias anteriormentemencionadas que prevén escenarios donde no se po-drán suspender labores en caso de estallar una huel-ga o se deberán de mantener en sus labores un nú-mero determinado de trabajadores para elcumplimiento de determinados objetivos. La LeyFederal de los Trabajadores al Servicio del Estado,Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123Constitucional, refiere, en su artículo 109, que “Alresolverse que una declaración de huelga es legal, elTribunal a petición de las autoridades correspon-dientes y tomando en cuenta las pruebas presenta-das, fijará el número de trabajadores que loshuelguistas estarán obligados a mantener en eldesempeño de sus labores, a fin de que continúenrealizándose aquellos servicios cuya suspensiónperjudique la estabilidad de las instituciones, laconservación de las instalaciones o signifique unpeligro para la salud pública”; en otro caso, la LeyFederal del Trabajo menciona en su artículo 466que:

“Los trabajadores huelguistas deberán continuarprestando los siguientes servicios:

I. Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demásvehículos de transporte que se encuentren en ruta,deberán conducirse a su punto de destino; y

II. En los hospitales, sanatorios, clínicas y demásestablecimientos análogos, continuará la aten-ción de los pacientes recluidos al momento desuspenderse el trabajo, hasta que puedan sertrasladados a otro establecimiento.”

Asimismo, existe un caso contemplado por esta mismaLey que tiene aplicación directa en el sector educativo,pues dentro del capítulo XVII que norma el trabajo enlas universidades e instituciones de educación superiorautónomas por ley, en el artículo 353-R refiere que:

“...antes de la suspensión de los trabajos, las par-tes o en su defecto la Junta de Conciliación y Arbi-traje, con audiencia de aquéllas, fijarán el númeroindispensable de trabajadores que deban conti-nuar trabajando para que sigan ejecutándose laslabores cuya suspensión pueda perjudicar irre-parablemente la buena marcha de una investiga-ción o un experimento en curso.”

Como se muestra en estos artículos, existen ya situa-ciones que la norma regula como excepciones en lasuspensión de labores durante una huelga, ya sea porun bien público superior o para salvaguardar el cum-plimiento del derecho de un tercero.

Es hora de tomar una decisión. La aprobación de estainiciativa marcaría un paso trascendental en la defensade nuestro futuro como nación, sería apostarle a que laeducación de niños, jóvenes y adultos sea el motor quenos lleve a construir el país que todos deseamos. Ade-más, abona en gran medida a la consolidación consti-tucional de los derechos humanos, así como su pro-moción y defensa, a la cual como legisladores estamoscomprometidos en vías de construir una verdadera po-lítica de Estado que garantice el respeto y plena vi-gencia de los mismos.

En la presente iniciativa se reconoce el poder dar unlímite razonable y justo para todas las partes a actoscomo el ya mencionado al inicio de la presente expo-sición motivos; y es que al día de hoy, miles de alum-nos de la Universidad de Sonora, de la cual soy egre-sada, se encuentran sin clases por causa de unahuelga en donde sindicatos y universidad parecen notener respecto por el derecho fundamental a la edu-cación, me reconozco como defensora de los dere-chos humanos, sobre todo el derecho que todo traba-jador tiene a la huelga; sin embargo, sé también que


los límites de los derechos humanos son el derechoajeno y el orden público, los casos mencionado enca-jan en el primer supuesto. Sin la intención de estig-matizar a los sindicatos de la educación, ni juzgar ladestreza operativa de autoridades educativas públi-cas, privadas y autónomas, suscribo que es hora deque el Estado utilice sus capacidades para marcar lalínea que habrán de respetar aquellos que interactúanen la formación educacional de nuestras generacio-nes. Con la reforma planteada, podrá haber huelga ytambién podrá haber negociaciones colectivas, peronunca más se le podrá arrebatar a un alumno su dere-cho a aprender lo que el día de mañana hará grande anuestro país.

Por lo antes expuesto, se propone reformar diversasdisposiciones de Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, de la Ley Federal de los Trabaja-dores al Servicio del Estado, Reglamentaria delApartado B del Artículo 123 Constitucional y de laLey Federal del Trabajo, al tenor del siguiente pro-yecto de:

Decreto que reforma diversas disposiciones de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos, de la Ley Federal de los Trabajadores al Ser-vicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B)del Artículo 123 Constitucional, y de la Ley Federaldel Trabajo

Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 3o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-xicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. …. X. …

El derecho a recibir educación al que hace refe-rencia el presente artículo, incluyendo a la edu-cación superior, no podrá ser suspendido en elejercicio del derecho a huelga de los trabajado-res de la institución que preste los servicios edu-cativos.

Segundo. Se reforma el artículo 109 de la de la LeyFederal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Re-glamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitu-cional, para quedar como sigue:

Artículo 109. Al resolverse que una declaración dehuelga es legal, el Tribunal a petición de las autori-dades correspondientes y tomando en cuenta laspruebas presentadas, fijará el número de trabajadoresque los huelguistas estarán obligados a mantener enel desempeño de sus labores, a fin de que continúenrealizándose aquellos servicios cuya suspensión per-judique la estabilidad de las instituciones, la conser-vación de las instalaciones, el ejercicio del derechoa la educación o signifique un peligro para la saludpública.

Tercero. Se reforma el segundo párrafo del artículo353-R y se adiciona una fracción III al artículo 466 dela Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 353-R. ...

Además de los casos previstos por el artículo 935, an-tes de la suspensión de los trabajos, las partes o en sudefecto la Junta de Conciliación y Arbitraje, con au-diencia de aquéllas, fijarán el número indispensable detrabajadores que deban continuar trabajando para quesigan ejecutándose las labores cuya suspensión puedaperjudicar irreparablemente la buena marcha de unainvestigación o un experimento en curso, así como pa-ra dar cumplimiento a lo que refiere la fracción IIIdel artículo 466 de esta Ley.

...

Artículo 466. ...

I. Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demásvehículos de transporte que se encuentren en ruta,deberán conducirse a su punto de destino; y

II. En los hospitales, sanatorios, clínicas y demásestablecimientos análogos, continuará la atenciónde los pacientes recluidos al momento de suspen-derse el trabajo, hasta que puedan ser trasladados aotro establecimiento; y

III. Centros educativos, debiendo continuar conla impartición de clases, así como los procedi-mientos administrativos encaminados a liberaren tiempo y forma la documentación necesariapara acreditar los estudios cursados en el centroeducativo.




Notas

1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época,

Libro XXI, junio de 2013, tomo 2, página 1289.

2 Op. Cit. Novena época, tomo VIII, octubre de 1998, página 45.


Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 29 de

2019)

QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 36 Y ADI-CIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RECIBIDA DE LA SENA-DORA VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA, DEL GRUPO PAR-LAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN


La suscrita senadora Verónica Martínez García, inte-grante del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-cionario Institucional, ejerciendo la facultad consagra-da en el artículo 71, fracción II, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, así comoel artículos 55, en su fracción II, 56, 179 del Regla-mento para el Gobierno Interior del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consi-deración de esta honorable asamblea la siguiente ini-

ciativa con proyecto de decreto por el que se reformala fracción II del artículo 36 y se adiciona una fracciónIX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre laRenta, de conformidad con la siguiente:


La presente iniciativa tiene como propósito incentivarmediante una modificación a la Ley del Impuesto so-bre la Renta, para que todas las personas que presen-tan declaración fiscal puedan deducir hasta$400,000.00 pesos en la compra de vehículos híbridosy eléctricos independientemente de la forma de pago,esto con el fin de incentivar la adquisición de este tipode vehículo y buscar disminuir el impacto al medioambiente de los gases producidos por los vehículos decombustión, así como reducir la dependencia de com-bustibles fósiles.

La contaminación ambiental representa un riesgo im-portante para la salud que puede provocar una carga demorbilidad en las ciudades, lo cual puede conllevar agenerar graves enfermedades como accidentes cere-brovasculares, cáncer de pulmón y neumopatías cróni-cas y agudas así como graves problemas de asma.

Según datos proporcionados por la OrganizaciónMundial de Salud,1 el 91 por ciento de la población vi-ve en lugares donde no se respetan las normas emiti-das sobre la calidad del aire, lo que provoca que cadaaño existan en promedio 4,2 millones de defuncionesprematuras relacionadas con su mala calidad, sobre to-do en países de bajos y medianos ingresos, siendo lasregiones de Asia sudoriental y el Pacífico occidentallas más afectadas.

El calentamiento global es un grave problema en elmundo debido a diversos factores, entre los cuales seencuentran los gases generados por los vehículos au-tomotores, aunque existen otros contribuyentes másgrandes emisores de CO2. Es importante referir que eltransporte por carretera a nivel mundial es responsablede generar aproximadamente el 16 por ciento de lasemisiones de CO2.

En nuestro país el problema de la contaminación esgrave, en algunas zonas metropolitanas como la delValle de México, las emisiones generadas por vehícu-los automotores son casi el 60 por ciento de la conta-minación total, ocasionando que cada año mueran al-


rededor de 14 mil 700 personas a causa de enfermeda-des relacionadas con la contaminación del aire.

Se han buscado soluciones como implementar diver-sos programas de verificación vehicular en algunos es-tados, generar conciencia mediante educación ambien-tal, incentivar la construcción de infraestructura verde,de igual manera con el fin de agilizar la movilidad ur-bana, destinado cuantiosos recursos públicos a laconstrucción de infraestructura vial, lo que lejos demejorar la calidad del aire, ha agravado el problema,ya que esto conlleva a que más de un millón de habi-tantes se encuentren diariamente generando conges-tión vial, incrementando los niveles de contaminaciónambiental y auditiva que afectan la salud.

La anterior administración del gobierno federal lanzóa través de “La Estrategia Nacional de Energía 2012-2026”, enviada al honorable Congreso de la Unión el29 de febrero de 2012, donde uno de los pilares fun-damentales es la creación de infraestructura para in-crementar la participación de las energías limpias en lageneración eléctrica, trazándose una meta del 35 porciento de la generación total para el año 2026.

De igual manera, el 28 de noviembre del 2008, se pu-blicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley pa-ra el Aprovechamiento de las Energías Renovables yel Financiamiento de la Transición Energética, que tie-ne por objeto regular el aprovechamiento de fuentes deenergía renovables y las tecnologías limpias para lageneración de electricidad.

Nuestro país es parte de la Convención Marco de lasNaciones Unidas sobre el Cambio Climático(CMNUCC), en el cual estamos comprometidos a for-mular, aplicar, publicar y actualizar regularmente pro-gramas nacionales y, según proceda, regionales, quecontengan medidas orientadas a mitigar el cambio cli-mático.

Conscientes de que el papel de mejorar el medio am-biente es de todos, cuando menos nueve estados de laRepública Mexicana se han dado a la tarea de legislaren materia de energías renovables, y aunque no todoslos ordenamientos son especializados en la materia, seprevé el aprovechamiento y uso de energías renova-bles en algunas de sus leyes de coordinación, desarro-llo económico y ambientales.

Sin embargo, nuestro país sigue siendo el principalemisor de gases de efecto invernadero en América La-tina y el único de la región que se encuentra entre lasquince naciones que más contaminantes generan en to-do el mundo. De acuerdo con el estudio InventarioNacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero,2

desarrollado por el (INECC), se emitieron en el 2016un total de 683 millones de toneladas de gases de efec-to invernadero, de los cuales el sector automotor esresponsable de 171 millones de toneladas, es decir, ca-si un 25 por ciento del total y aunque ha disminuido elavance de dichas emisiones, en la actualidad dichocrecimiento es del orden del 0.8 por ciento anual.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística yGeografía (Inegi),3 hasta diciembre de 2017 existíanregistrados 45.4 millones de vehículos automotores encirculación, la información incluye, automóviles, ca-miones y camionetas para pasajeros, camiones paracarga y motocicletas, así como el tipo de servicio ofi-cial, público y particular, siendo 29 millones 458 mil389 automóviles particulares.

Por lo anterior, la industria automotriz al conocer eldaño que se está causando al ambiente por la emisiónde gases, ha desarrollado tecnología que evite la emi-sión de dichos gases, siendo los vehículos eléctricos ehíbridos, los que se han convertido en una alternativapara contribuir con el medio ambiente, así como paragenerar ahorros en la compra de combustibles, ya queel consumo es menor.

Los vehículos eléctricos son aquellos que utilizan laenergía química guardada en una o varias baterías re-cargables, usan motores eléctricos que se pueden en-chufar a la red para recargar las baterías mientras estáaparcado, lo cual ha sido el mayor impedimento parala proliferación de este tipo de vehículos, ya que aúnno se cuenta con la suficiente infraestructura para lainstalación de tomas para su recarga.

Los vehículos híbridos, muchas veces confundidoscon los eléctricos, reciben este nombre porque combi-nan un motor de combustión interna (gasolina) y unoo más motores eléctricos, lo cual permite que tenganun mejor rendimiento con un menor consumo de ener-gía, esto gracias a los motores eléctricos integrados.

Los autos híbridos, dada su combinación, emiten 80por ciento menos gases nocivos que los de gasolina,


debido al funcionamiento de sus motores eléctricos, deigual manera algo característico de estos autos es quecuentan con materiales especiales que minimizan elruido que producen, lo cual aporta a disminuir la con-taminación auditiva de las ciudades.

Según el reporte “Global EV Outlook 2018”4 de la In-

ternational Energy Agency, con sede en París, en 2017las ventas de automóviles eléctricos nuevos en todo elmundo superaron el millón de unidades, generando uncrecimiento en las ventas de automóviles eléctricos nue-vos del 54 por ciento en comparación con el año 2016.

Noruega es el mercado con mayor participación de ve-hículos eléctricos con el 39 por ciento de las ventas deautomóviles nuevos en 2017; le siguen Islandia, conun 11.7 por ciento, y Suecia, con 6.3 por ciento, ubi-cándolos como los mercados más exitosos en las ven-tas de automóviles eléctricos en 2017. No es casualque la icónica marca sueca Volvo ha decidido que, apartir del 2020, todos sus vehículos serán eléctricos ehíbridos. A los autos híbridos también se les llama “au-tos verdes”.

En Estados Unidos, uno de los estados donde más haproliferado la venta, es California, donde existen alre-dedor de 350 mil autos de este tipo circulando, lo querepresenta el 4.5 por ciento de su parque vehicular y seproyecta que para el 2025 puedan llegar hasta 2.5 mi-llones.

Gran parte de este éxito es la conciencia que el go-bierno del estado de California ha creado entre losconsumidores con el fin del cuidado del medio am-biente, así como los incentivos que se han generadopor la adquisición de este tipo de vehículos entre losque sobresalen:5

-Federal: crédito tributario por ingresos de hasta$8,000.

-Estado: reembolsos de hasta $5,000 (o más segúnlas calificaciones de ingresos).

-Descuentos e incentivos para vehículos eléctricosenchufables.

-Ciudad de Riverside: reembolso de $500 para losresidentes de Riverside que compran en un conce-sionario calificado.

-LADWP (Programa de reembolso para el consu-midor).

-LADWP (Incentivos para vehículos eléctricos).

-Edison del sur de California.

Otros incentivos son los siguientes:

-Estado batería eléctrica, electricidad híbrida en-chufable, GNC, y vehículos de hidrógeno calificanpara pegatinas de vehículos de aire limpio que per-miten el uso de carriles HOV.

-Seguro del agricultor hasta un 10 por ciento de des-cuento en el seguro de automóvil para vehículoscon batería eléctrica, híbridos gasolina-eléctricos,GNC o propano.

-Seguro del viajero, descuento de hasta el 10 porciento en el seguro de automóvil para vehículos hí-bridos de gasolina y electricidad.

-Ciudad de Santa Mónica: Estacionamiento gratui-to de medidores para baterías eléctricas y vehículosde GNC.

-Playa de la ciudad de Hermosa: Estacionamientode medidores gratuito para autos con calcomaníaspara vehículos de aire limpio y blanco de Califor-nia.

-Celdas de combustible, batería eléctrica y vehícu-los eléctricos híbridos enchufables.

Lo que hace más atractiva la inversión de un vehículoeléctrico o híbrido.

En México, la venta de estos vehículos se ha ido in-crementando, aunque en una medida más lenta, datosproporcionados por el Inegi,6 nos indica que, de eneroa octubre de 2018, se vendieron 13 mil 925 autos eléc-tricos e híbridos, lo que representó 1.2 por ciento detodos los tipos de autos ligeros, encontrándose los ma-yores consumidores en la Ciudad de México con el35.9 por ciento de las ventas, estado de México con15.3 por ciento y Jalisco con 8.5 por ciento.

La baja adquisición de este tipo de vehículos se debeprincipalmente al alto costo de los mismos, los cuales


pueden oscilar desde 320 mil pesos y hasta los 4 mi-llones de pesos, y aunque su costo es considerado co-mo una desventaja a corto plazo, si se considera sumenor consumo de combustible, a largo plazo genera-rá un ahorro.

De igual manera, el gobierno se ha dado a la tarea detratar de generar incentivos que compensen el alto cos-to del vehículo como:

-No pago de tenencia vehicular.

-No pago del impuesto sobre automóviles nuevos(ISAN).

-Tu coche no tiene que ser verificado en un periodode ocho años.

-Programa que beneficia a los usuarios de TAG PA-SE al circular en algún vehículo ecológico (eléctri-co o híbrido), con un 20 por ciento de descuento so-bre las tarifas vigentes de las autopistas urbanas deCiudad de México participantes.

Si consideramos los costos que el gobierno está des-embolsando por el combate a los efectos de gas inver-nadero, en 2017 fue del orden del 2.8 por ciento delPIB,7 es decir aproximadamente 619 mil 114 millonesde pesos, según datos proporcionados por el Inegi através de los censos y las cuentas económicas y ecoló-gicas, derivado principalmente de las emisiones conta-minantes al aire provenientes de las fuentes móvilescomo autos particulares, camiones de pasajeros, ca-miones de carga y taxis, entre otros, consideramos quedebemos seguir generando incentivos.

En el contexto internacional, nuestro país destina casiel mismo nivel en gasto en protección ambiental res-pecto a otros países, la lucha contra la contaminaciónsupone destinar millones de pesos para intentar frenarsus efectos, a través de políticas públicas más eficien-tes entre ellas, viviendas energéticamente eficientes,mejores y más limpios mecanismos de generación deelectricidad, así como una mejor gestión de residuosindustriales y municipales, lo que permitiría reducirimportantes fuentes de contaminación del aire en lasciudades.

El uso de los vehículos híbridos y eléctricos tiene be-neficios comprobados; eficiencia energética, contribu-

ción ambiental, menor costo de operación, exencionesen verificación de emisiones y de suspensión de uso encaso de contingencias, exención de impuestos (ISANy Tenencia), sin embargo, esto parece muy poco encomparación con lo realizado en otros países, inclu-yendo China e India, en materia de estímulos directosal consumidor y a las inversiones en investigación ydesarrollo.

Es por lo anterior, que esta iniciativa pretende incenti-var las inversiones de apoyo a medios de transportemenos contaminantes, a través de estímulos fiscales enla adquisición de vehículos eléctricos e híbridos.

En atención a todo lo anteriormente expuesto, presen-to a esta Soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto

Único. Se reforma la fracción II del artículo 36 y seadiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley delImpuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 36. La deducción de las inversiones se suje-tará a las reglas siguientes:

I.…

…

II. Las inversiones en automóviles sólo serán dedu-cibles hasta por un monto de $175,000.00. Tratán-dose de inversiones realizadas en automóviles cuyapropulsión sea a través de baterías eléctricas recar-gables, así como los automóviles eléctricos queademás cuenten con motor de combustión interna ocon motor accionado por hidrógeno, serán deduci-bles hasta por un monto de $400,000.00.

Artículo 151. ...

I. a VIII. ...

IX. Los gastos realizados por adquisición de au-tomóviles cuya propulsión sea a través de baterí-as eléctricas recargables, así como los automóvi-les eléctricos que además cuenten con motor decombustión interna o con motor accionado porhidrógeno, serán deducibles hasta por un montode $400,000.00, en compras de contado y que se


efectúen mediante cheque nominativo del contri-buyente, transferencias electrónicas de fondos,desde cuentas abiertas a nombre del contribu-yente en instituciones que componen el sistemafinanciero y las entidades que para tal efecto au-torice el Banco de México o mediante tarjeta dedébito, o de servicios.

En el caso de los intereses, sólo se consideran gastospara efectos del párrafo anterior, los intereses rea-les efectivamente pagados en el ejercicio por crédi-tos automotrices destinados a la adquisición de ve-hículos cuya propulsión sea a través de bateríaseléctricas recargables, así como los destinados a laadquisición de automóviles eléctricos que ademáscuenten con motor de combustión interna o conmotor accionado por hidrógeno.

Para estos efectos, se considerarán como interesesreales el monto en el que los intereses efectivamen-te pagados en el ejercicio excedan al ajuste anualpor inflación del mismo ejercicio y se determinaráaplicando en lo conducente lo dispuesto en el tercerpárrafo del artículo 134 de esta Ley, por el periodoque corresponda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir deldía 1 de enero de 2020.

Notas

1 Consultado el 5 de marzo de 2019…

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-

(outdoor)air-quality-and-health


https://www.gob.mx/inecc/articulos/presentacion-de-los-resulta-

dos-delinventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-

de-efecto-invernadero-152782?idiom=es


http://www.beta.inegi.org.mx/temas/vehiculos/


http://www.oecd.org/about/publishing/GlobalEVOutlook2018_co

rrigendum_pages.pdf


https://www.afdc.energy.gov/laws/350

6 Consultado 5 de marzo de 2019… https://www.inegi.org.mx/da-

tosprimarios/iavl/


http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boleti-

nes/2018/StmaCntaNal/CtasEcmcasEcolgicas2018 _11.pdf

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 29 de mayo del 2019.

Senadora Verónica Martínez García (rúbrica)


de 2019)

QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 10 BIS Y REFORMA DIVER-SAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PRE-VENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA,RECIBIDA DEL DIPUTADO ERNESTO VARGAS CONTRERAS,DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES, EN LA SESIÓN DE

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 29 DE MAYO

DE 2019

Quien suscribe, Ernesto Vargas Contreras, diputadofederal integrante del Grupo Parlamentario del PartidoEncuentro Social en la LXIV Legislatura del honora-ble Congreso de la Unión, con fundamento en lo dis-puesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de


la Ley Orgánica del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos; y 55, fracción II y 58 del Regla-mento para el Gobierno Interior del Congreso Generalde los Estados Unidos, somete a consideración de estasoberanía la siguiente iniciativa con proyecto de de-creto, conforme a la siguiente


El 24 de enero de 2012, fue publicada en el Diario Ofi-cial de la Federación la Ley General para la Preven-ción Social de la Violencia y la Delincuencia, esta tie-ne por objeto establecer las bases de coordinaciónentre la federación, los estados, el Distrito Federal(Ciudad de México) y los municipios en materia deprevención social de la violencia y la delincuencia enel marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública,previsto en el artículo 21 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos.

En el mismo año en que surge esta ley, el gobierno ac-tual anunció como una meta nacional Construir unMéxico en Paz, y plasmó la estrategia correspondien-te en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018. Laestrategia plantea dos vertientes de trabajo: la conten-ción del delito y la prevención social de la violencia yla delincuencia, con las que se busca reducir los deli-tos y la violencia e incrementar la seguridad en las co-munidades.

La violencia y la delincuencia son problemas que notienen una expresión única, es decir, son situacionescomplejas con múltiples causas, diversos factoresde riesgo, así como numerosas manifestaciones, loque implica que no es posible enfrentarlos sólo con-trolando y sancionando el delito; también es nece-sario prevenirlos, es decir, abordar las causas socia-les y los factores de riesgo que propician estassituaciones.

Incorporar el enfoque de prevención social en las po-líticas de seguridad pública puede resultar un temacomplicado en un contexto nacional en el que se exi-gen resultados demostrables y medibles en el cortoplazo. Al mismo tiempo es arriesgado porque la pre-vención social propone detonar procesos que permitantransformar prácticas y creencias estructuralmentearraigadas, por tanto, sus resultados no siempre son vi-sibles de forma inmediata.

Sin embargo, el enfoque de prevención es absoluta-mente necesario en un país como México, en el que laatención se ha centrado en el combate frontal de la de-lincuencia, lo que ha generado elevados costos socia-les, como son el incremento del miedo y la percepciónde inseguridad de la ciudadanía, el encierro en el espa-cio privado de las viviendas, el abandono del espaciopúblico, el incremento de las medidas de seguridad y elmás lamentable de todos, la pérdida de vidas humanas.

Por tal razón, la inseguridad es actualmente una de lasprincipales preocupaciones de la ciudadanía y ha colo-cado en el ojo del huracán las medidas que el gobier-no implementa para disminuirla.

La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil,los partidos políticos, la academia y la iniciativa pri-vada exigen, con justa razón, acciones públicas efica-ces; exigen que el gobierno dé cuenta de las medidasque se están llevando a cabo para garantizar la seguri-dad en nuestro país.

La prevención de la violencia y la delincuencia, buscaincidir en causas y factores de riesgo presentes en laconfiguración de estas conductas; lo hace consideran-do que en estos problemas influyen aspectos indivi-duales, familiares, escolares, sociales y del entorno fí-sico. Al mismo tiempo, busca fortalecer los factores deprotección para disminuir o neutralizar las posibilida-des de estas problemáticas. Es decir, la prevención so-cial implica la promoción de cambios socioculturalespara generar entornos más seguros y propicios para vi-vir libre de la delincuencia y la violencia.

Para Encuentro Social, uno de los aspectos más im-portantes a atender para la prevención de la violenciay la delincuencia es el familiar, ya que consideramosque la familia es el primer medio de control social,donde las personas aprenden a interactuar positiva-mente, de no ser así, comienzan a gestarse los proble-mas sociales que hoy vemos a diario, como el uso dela violencia para resolver conflictos o la inexistenciade valores como la responsabilidad, la solidaridad o elrespeto de límites.

En tal virtud, la presente iniciativa tiene por objeto in-cluir en la Ley General para la Prevención Social de laViolencia y la Delincuencia, a la familia como un ám-bito a atender en la prevención de esta problemáticasocial.


Así por ejemplo, en los procesos penales contra meno-res, sobre todo cuando el hecho es grave, frecuente-mente el acusado proviene de una familia disfuncio-nal.

Una familia es disfuncional si faltan comunicación,afecto, actividades compartidas, asunción de responsa-bilidades y si se pierde el sentido de pertenencia y co-hesión, ya sea en un núcleo monoparental, ampliado otradicional, donde se encuentran ambos padres.

De acuerdo con la Encuesta de Cohesión Social para laPrevención de la Violencia y la Delincuencia (Eco-pred) 2014, es posible estimar que el 64 por ciento delos jóvenes de 12 a 29 años que no son jefes de hogar,viven con ambos padres; 23 por ciento de ellos vivensólo con sus madres; 3 por ciento únicamente con suspadres; y 10 por ciento viven con uno o más parientesadultos (abuelos, tíos, padrastros, hermanos, primos,etcétera).

Entre las causas por las cuales 36 por ciento de los ho-gares con jóvenes de 12 a 29 años se presenta la au-sencia de al menos una figura parental, sobresale el he-cho de que los padres están separados, con 40.5 porciento, seguido del fallecimiento de al menos uno delos padres, con 15.1 por ciento. La Ecopred permiteestimar, que en la mitad de los hogares con jóvenes de12 a 29 años, éstos identifican situaciones de conflictoo peleas entre miembros del hogar.

Asimismo, se estima que 71.6 por ciento de los jóve-nes de 12 a 29 años cuenta con amigos involucradosen al menos un factor de riesgo durante 2014. De ellos,61.6 por ciento manifiesta que sus amigos han tenidoproblemas en sus casas, mientras que 42.8 por cientoseñala que acostumbran fumar cigarros de tabaco.

Aunado a lo anterior, 39.8 por ciento de los jóvenes de12 a 29 años que estudia, trabaja o realiza ambas acti-vidades identifica que sus compañeros tienen proble-mas en sus casas; mientras que 32.8 por ciento señalaque han habido compañeras madres solteras que handejado de estudiar o, en su caso, de trabajar.

La delincuencia juvenil es multicausal, en consecuen-cia es de suma importancia analizar la incidencia de lafamilia como factor de predicción de conductas delic-tivas, cuando deja de ser un elemento protector.

En muchos hogares, los niños y adolescentes padecenla influencia de elementos negativos como adicciones,programas, películas y series de televisión no aptos pa-ra su edad o la exposición a la pornografía y a la vio-lencia que los medios electrónicos mal empleados hantraído. Por otro lado, hay padres y madres de familiadesprovistos de herramientas y habilidades para guiar-los correctamente. La comunicación se encuentra au-sente y no hay verdadera vida en familia.

Disciplinar a un hijo se ha hecho para muchos padresuna tarea imposible. Unos no conocen otro medio sal-vo la violencia física o psicológica, y otros tratan a suhijos como amigos condescendientes. Se les permitetodo sin consecuencia alguna. Así, los primeros apren-den a rebelarse contra las figuras de autoridad por me-dio de la violencia y a maltratar a los demás sin crearla mínima empatía hacia el dolor ajeno. Los segundoscarecen de límites y, por ende, no asumen responsabi-lidad alguna por sus actos.

Esta negatividad en las relaciones familiares tiende aimpulsar a los jóvenes a buscar refugio en la calle, mu-chas veces con una banda o pandilla como grupo deapoyo. En esas circunstancias, las conductas delictivasse desatan con mayor facilidad.

De la misma manera, no se pueden soslayar los nume-rosos casos de niños que cada año nacen de madresadolescentes, la mayoría provenientes de sectoresmarginados de la sociedad, excluidos de educación ytrabajo, así como del apoyo de sus familias.

Esas jóvenes terminan expulsadas de su hogar y pasana ser jefas de familia, engrosando las estadísticas depobreza extrema de nuestro país.

Dentro de una cultura de supervivencia, una serie deelementos negativos confluyen alrededor de los jóve-nes criados en esas circunstancias y pueden impulsar-los a la delincuencia, a veces propiciada por el mismogrupo familiar. Entre esos elementos están la falta deeducación, amigos delincuentes, drogadicción, ventade drogas como única opción económica, desocupa-ción y, lo más preocupante, un futuro sin esperanza.

Hoy se busca responsabilizar con severidad a los me-nores infractores de la ley, sin reflexionar en la situa-ción disfuncional de las familias de las que provienen.La corresponsabilidad de la sociedad no es aceptada,


por lo que se sigue intentando prevenir la delincuenciasolo mediante la sanción.

Es necesario poner mayor atención en la familia paraque sea un elemento protector y aliado en la preven-ción de la delincuencia, de lo contrario seguirá siendoun factor de riesgo y fomento de conductas antisocia-les.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas(ONU) en el documento Directrices de las Naciones

Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil

(Directrices de Riad), adoptada y proclamada por laAsamblea General en su resolución 45/112, de 14 dediciembre de 1990 da cuenta en el apartado IV, deno-minado Procesos de socialización, inciso A de los si-guientes puntos:

A. La familia

11. Toda sociedad deberá asignar elevada prioridada las necesidades y el bienestar de la familia y de to-dos sus miembros.

12. Dado que la familia es la unidad central encar-gada de la integración social primaria del niño, losgobiernos y la sociedad deben tratar de preservar laintegridad de la familia, incluida la familia extensa.La sociedad tiene la obligación de ayudar a la fami-lia a cuidar y proteger al niño y asegurar su bienes-tar físico y mental. Deberán prestarse serviciosapropiados, inclusive de guarderías.

13. Los gobiernos deberán adoptar una política quepermita a los niños criarse en un ambiente familiarde estabilidad y bienestar. Deberán facilitarse servi-cios adecuados a las familias que necesiten asisten-cia para resolver situaciones de inestabilidad o con-flicto.

14. Cuando no exista un ambiente familiar de esta-bilidad y bienestar, los intentos de la comunidad porayudar a los padres en este aspecto hayan fracasadoy la familia extensa no pueda ya cumplir esta fun-ción, se deberá recurrir a otras posibles modalida-des de colocación familiar, entre ellas los hogaresde guarda y la adopción, que en la medida de lo po-sible deberán reproducir un ambiente familiar deestabilidad y bienestar y, al mismo tiempo, crear enlos niños un sentimiento de permanencia, para evi-

tar los problemas relacionados con el “desplaza-miento” de un lugar a otro.

15. Deberá prestarse especial atención a los niñosde familias afectadas por problemas creados porcambios económicos, sociales y culturales rápidos ydesiguales, en especial a los niños de familias indí-genas o de inmigrantes y refugiados. Como talescambios pueden perturbar la capacidad social de lafamilia para asegurar la educación y crianza tradi-cionales de los hijos, a menudo como resultado deconflictos culturales o relacionados con el papel delpadre o de la madre, será necesario elaborar moda-lidades innovadoras y socialmente constructivas pa-ra la socialización de los niños.

16. Se deberán adoptar medidas y elaborar progra-mas para dar a las familias la oportunidad de apren-der las funciones y obligaciones de los padres en re-lación con el desarrollo y el cuidado de sus hijos,para lo cual se fomentarán relaciones positivas en-tre padres e hijos, se hará que los padres cobrenconciencia de los problemas de los niños y los jó-venes y se fomentará la participación de los jóvenesen las actividades familiares y comunitarias.

17. Los gobiernos deberán adoptar medidas para fo-mentar la unión y la armonía en la familia y des-alentar la separación de los hijos de sus padres, sal-vo cuando circunstancias que afecten al bienestar yal futuro de los hijos no dejen otra opción viable.

18. Es importante insistir en la función socializado-ra de la familia y de la familia extensa; es igual-mente importante reconocer el papel futuro, las res-ponsabilidades, la participación y la colaboraciónde los jóvenes en la sociedad.

19. Al garantizar el derecho de los niños a una so-cialización adecuada, los gobiernos y otras institu-ciones deben basarse en los organismos sociales yjurídicos existentes pero, cuando las instituciones ycostumbres tradicionales resulten insuficientes, de-berán también prever y permitir medidas innovado-ras.

En tal virtud, es indispensable fomentar la cohesióny el bienestar de la familia, no sólo como un mediode prevención de la violencia y la delincuencia, tam-bién como un motor para el desarrollo social y como


productora de futuros integrantes de la sociedad me-xicana.

Por otro lado, derivado de la revisión realizada a la leyen comentó, se observó que esta norma se encuentradisconforme con la Reforma Política de la Ciudad deMéxico, publicada en el Diario Oficial de la Federa-ción el 29 de enero de 2016, la cual, entre otras dispo-siciones pondera, que la emergente Ciudad de Méxicosea como las demás entidades federativas, es decir, yano es un Distrito Federal, sino la Ciudad Capital, enconsecuencia el término Distrito Federal se sustituyepor el de Ciudad de México.

Por esta razón, en esta iniciativa también se proponearmonizar los artículos de esta ley que hacen mencióndel extinto Distrito Federal, para sustituirlo por el tér-mino vigente de Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado,a nombre del Grupo Parlamentario del Partido En-cuentro Social me permito someter a consideración deesta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 10 Bis yse reforman diversas disposiciones de la Ley Gene-ral para la Prevención Social de la Violencia y laDelincuencia

Único. Se reforman los artículos 1, 6, 15, 17, 19, 20,27, 28 y se adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Gene-ral para la Prevención Social de la Violencia y la De-lincuencia para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1. La presente ley es de orden público e inte-rés social y de observancia general en todo el territo-rio nacional y tiene por objeto establecer las bases decoordinación entre la federación, los estados, la Ciu-dad de México y los municipios en materia de preven-ción social de la violencia y la delincuencia en el mar-co del Sistema Nacional de Seguridad Pública,previsto en el artículo 21 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6. La prevención social de la violencia y ladelincuencia incluye los siguientes ámbitos:

I. Social;

II. Comunitario;

III. Situacional, y

IV. Psicosocial.

V. Familiar

Artículo 10 Bis. La prevención social de la violenciay la delincuencia en el ámbito familiar se llevará acabo mediante:

I. Programas integrales que fomenten el fortale-cimiento de valores humanos en las familias y lasociedad como estrategia de prevención de laviolencia y la delincuencia;

II. La promoción de actividades y espacios dediálogo y aprendizaje en las familias como talle-res y foros que promuevan una sociedad de tole-rancia, respeto y cooperación;

III. Facilitar servicios adecuados a las familiasque necesiten asistencia para resolver situacio-nes de inestabilidad o conflicto;

IV. El reforzamiento de las habilidades emocio-nales e interpersonales, así como el ejercicio devalores en servidores públicos de nivel operativoen la atención a víctimas de violencia;

V. Estrategias de educación y sensibilización pa-ra las familias y alumnos de las escuelas de edu-cación básica ubicadas en polígonos con mayoresíndices de violencia, quienes recibirán capacita-ción y materiales para reforzar sus conocimien-tos en habilidades socioemocionales para la vida;

VI. Promoción de estrategias de educación y sen-sibilización hacia las familias y poblaciones demayor vulnerabilidad, para la prevención y con-cientización del uso responsable del internet y lasnuevas tecnologías de la información y la comu-nicación.

Artículo 15. El Centro Nacional tendrá…

I. a XIII. …

XIV. Promover entre las autoridades los gobiernosfederal, de los estados, la Ciudad de México y losmunicipios la participación ciudadana y comunita-


ria en las tareas de prevención social de la violenciay la delincuencia;

XV. a XXVI. …

Artículo 17. …

Los programas tenderán a lograr un efecto multiplica-dor, fomentando la participación de las autoridades delos gobiernos federal, de los estados, la Ciudad deMéxico y los municipios, organismos públicos de de-rechos humanos y de las organizaciones civiles, aca-démicas y comunitarias en el diagnóstico, diseño, im-plementación y evaluación de las políticas públicas yde la prevención social de la violencia y la delincuen-cia.

Artículo 19. En el cumplimiento del objeto de estaley, las autoridades de los gobiernos federal, de los es-tados, la Ciudad de México y los municipios, en el ám-bito de sus atribuciones, deberán:

I. a VIII. …

Artículo 20. El Programa Nacional…

I. a VIII. …

Las autoridades de los gobiernos federal, los esta-dos, la Ciudad de México y los municipios en elámbito de sus respectivas atribuciones, deberán in-cluir a la prevención social de la violencia y la de-lincuencia en sus planes y programas.

Artículo 27. Los programas federales, de los estados,la Ciudad de México o municipales, en materia deprevención social de la violencia y de la delincuencia,deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presu-puestos y sujetarse a las bases que establecen la pre-sente ley, la Ley General del Sistema Nacional de Se-guridad Pública y demás disposiciones legalesaplicables.

Artículo 28. La federación, los estados, la Ciudad deMéxico y los municipios preverán en sus respectivospresupuestos recursos para el diagnóstico, diseño, eje-cución y evaluación de programas y acciones de pre-vención social de la violencia y la delincuencia deri-vados de la presente ley.

Transitorios


Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones quecontravengan el presente decreto.


Diputado Ernesto Vargas Contreras (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Seguridad Pública. Mayo 29 de 2019.)

Actas

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFI-CACIÓN, RELATIVA A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA,EFECTUADA EL 24 DE ABRIL DE 2019

Acta de la primera reunión ordinaria de la ComisiónBicamaral de Concordia y Pacificación del honorableCongreso de la Unión, celebrada el 24 de abril de2019, correspondiente primer año de ejercicio consti-tucional de la LXIV Legislatura de honorable Congre-so de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia: Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez.

En la sala Constituyentes del edificio H, planta baja,del Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicado en ave-nida Congreso de la Unión 65, colonia El Parque, al-caldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a las16:00 horas del día 24 de abril de 2019, se reunieron


las senadoras y los senadores, las diputadas y los di-putados integrantes de la Comisión Bicamaral de Con-cordia y Pacificación del honorable Congreso de laUnión para el desahogo del siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quorum

Previo a la verificación del registro de asistencia de le-gisladores, el presidente, diputado Eduardo ZarzosaSánchez, agradeció la asistencia y dio la bienvenida atodos los presentes a la primera reunión ordinaria de laComisión de Concordia y Pacificación de la LXIV Le-gislatura del Honorable Congreso de la Unión (Coco-pa), de conformidad con la convocatoria de fecha 11 deabril de 2019, publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El presidente sometió a votación de los presentes y seaprobó por unanimidad la designación de la senadoraMaría Leonor Noyola Cervantes para fungir como se-cretaria de esta primera reunión ordinaria de la Cocopa.

La secretaria informó la presencia de 10 integrantes, laausencia de 8 integrantes y la justificación médica de1 integrante conforme a la lista:

Senador José Erandi Bermúdez Méndez: AusenteSenador Joel Padilla Peña: PresenteSenadora María Leonor Noyola Cervantes: PresenteSenador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar: AusenteSenador Ángel García Yáñez: AusenteSenador Raúl Bolaños-Cacho Cué: AusenteSenador Juan Quiñones Ruiz: PresenteSenadora Sasil De León Villard: AusenteDiputado Delfino López Aparicio: AusenteDiputada Guadalupe Ramos Sotelo: AusenteDiputado Alfredo Vázquez Vázquez: PresenteDiputado Javier Manzano Salazar: PresenteDiputado Edelmiro Santiago Santos Díaz: PresenteDiputada María del Carmen Cabrera Lagunas: Au-senteDiputada María Roselia Jiménez Pérez: PresenteDiputado Juan Francisco Ramírez Salcido: PresenteDiputado Raymundo García Gutiérrez: PresenteDiputada Beatriz Manrique Guevara: JustificanteMédicoDiputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Presente

En consecuencia, el presidente declaró la existencia dequorum reglamentario, declaró abierta la reunión.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Por instrucciones del presidente, la secretaria dio lec-tura al siguiente orden del día:

1) Registro de asistencia y declaración de quorum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delorden del día.

3) Lectura, discusión y en su caso, aprobación delacta de la reunión de instalación.

4) Asuntos generales.

5) Clausura y cita para la próxima reunión.

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez comentó que elquorum debe ser de 11 integrantes al menos.

Aclarado el punto por el presidente, éste sometió a vo-tación el orden del día, mismo que se aprobó por una-nimidad.

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación delacta de la reunión de instalación

El presidente solicitó someter a votación la dispensade la lectura del acta de la reunión de instalación del22 de febrero de 2019, lo que hizo la secretaria e in-formó al pleno que fue aprobada la dispensa de la lec-tura por mayoría de los presentes.

En acto seguido, se sometió a discusión del pleno elcontenido del acta de la reunión de instalación; al res-pecto el diputado Javier Manzano Salazar observó elprocedimiento de instalación de las comisiones bica-marales, pidiendo seriedad, en lo particular con la Co-copa por el conflicto de Chiapas.

El presidente coincidió con el diputado Manzano y pi-dió la presencia de todos para las próximas reuniones;sin más comentarios, el presidente instruyó someterlaa votación, aprobándose por mayoría y con un voto encontra de los integrantes presentes.

4. Asuntos generales

El presidente expuso que circuló entre los integrantesde la Cocopa un documento preliminar que tiene que


ver con el programa anual de trabajo (febrero 2019-enero 2010) para ponerlo a consideración de los inte-grantes de la Cocopa y volverla una comisión activaen esta nueva oportunidad para hacer algo ante el con-flicto latente en Chiapas, además explicó las principa-les acciones, instó a abrir la consulta e invitó a realizaraportaciones para su integración final y aprobaciónpor el pleno.

El senador Juan Quiñones Ruiz pidió corregir el ca-lendario de reuniones ordinarias porque la sexta reu-nión y octava reunión están repetidas, deben ser 9 reu-niones, incluyendo la de hoy.

El presidente instruyó corregirlo de inmediato.

La senadora María Leonor Noyola Cervantes aplau-dió que el presidente haya tenido la iniciativa de ade-lantarse en el programa de trabajo, mismo que urge ala comisión e invitó a aprobar la designación de unenlace técnico para coadyuvar en las tareas de la co-misión.

El presidente sometió a consideración de los presentesla aprobación de la propuesta un enlace técnico en lapersona del ciudadano Alfonso Nava de los Reyes,quien cuenta con estudios concluidos de la Maestría enComunicación y Tecnología Educativa del CECTE-ILCE, es licenciado en Economía por el IPN.

Es profesor de educación primaria por la BeneméritaEscuela Nacional de Maestros, ha sido servidor públi-co municipal, estatal y federal, realizando actividadesde asesor de jefes del ejecutivo, secretario técnico, di-rector general adjunto, director de área, jefe de depar-tamento, director de escuela, profesor de grupo y alfa-betizador y desde 1991.

Es socio fundador del Centro de Conocimiento Apli-cado, asesoría, capacitación, estrategia, imagen y len-guaje, despacho que le ha permitido ser conferencista,capacitador y consultor en comunicación política dedirigentes sindicales, dirigentes de partidos políticos,regidores, síndicos, alcaldes, servidores públicos, di-putados y senadores.

Sometida que fue a escrutinio la propuesta de un enla-ce legislativo, ésta fue aprobada por unanimidad de lospresentes.

Acto seguido, para continuar con el tema del progra-ma anual de trabajo, tomó la palabra el diputado Al-fredo Vázquez Vázquez, quien dijo haber enviado unoficio donde pidió darle celeridad a la integración delprograma para iniciar actividades pertinentes y aten-der lo que quedó pendiente en las anteriores legisla-turas.

Detalló que han transcurrido más de 24 años del ori-gen del conflicto armado en la región, en Ocosingo,Chiapas, de donde afirmó ser originario el diputadoVázquez, por lo que dijo conocer el problema en car-ne propia porque lo ha vivido; sabe lo que aqueja alas comunidades indígenas, como en la mesa de diá-logo de San Andrés Larráinzar se llevaron precisa-mente esos temas en educación, salud, infraestructu-ra social.

Explicó que no había carreteras, no había hospitales ysi vemos 25 años después está peor la situación, no hahabido ningún interés de los gobiernos salientes por loque estamos ante la oportunidad de retomar un trabajoserio.

Reconoció el trabajo que tiene el presidente de la Co-copa en materia indígena; ilustró al Pleno sobre el ar-tículo 8 de la Ley de la Cocopa que habla de la desig-nación de los delegados y el diputado Vázquezpropuso hacerlos parte de esta Comisión para que co-adyuven en la resolución de los conflictos.

Narró que el asesinato de Galeano ha sido un temaañejo, desde los desplazamientos forzosos por el le-vantamiento y nunca ha habido un actuar contundentepor parte del gobierno federal. También insistió en supetición de llevar las reuniones a cabo en la zona delconflicto, en Ocosingo, en San Cristóbal de Las Casaspara involucrar a los actores de la situación que preva-lece.

Presentó a la Comisión a educadores comunitarios queasistieron a esta primera reunión ordinaria, a los que elpresidente dio la bienvenida.

El diputado Vázquez explicó que estos educadores sonproducto de los acuerdos de San Andrés Larráinzar pa-ra que ayudarán en sus localidades y su propia lenguaporque los maestros bilingües dejaron la zona del con-flicto.


Dijo que los educadores comunitarios tienen una becade aproximadamente $1000.00 (mil pesos) mensualesy hacen todo el trabajo que hace cualquier maestro; eldiputado Vázquez detalló que tiene un cúmulo de pe-ticiones en tres partes: uno, del desplazamiento de losfinqueros y no han sido atendidos.

Dos, los compañeros que fueron desplazados de suscomunidades y no han podido regresar a sus tierras;tres, otros compañeros se deslindaron de ambas partesy no encuentran quien los escuche; por lo que, propu-so, la Cocopa es el lugar para atender esos asuntos; ypara concluir hizo un llamado a la seriedad de losmiembros de la Comisión.

El presidente pidió a los integrantes ayuda para hacerque todos los miembros de la Cocopa asistan a las reu-niones de trabajo.

El diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz comentóque los documentos no llegaron a su correo y procedióa proporcionar su dirección electrónica; leyó las pro-puestas que trae para integrar al programa de trabajo,entre ellas, impulsar reformas necesarias a las leyes fe-derales acordes al espíritu de los Acuerdos de San An-drés, reconstruir acciones para los hermanos indígenas,impulsar intercambio de conocimientos, testimonios,conferencias, memorias, foros que destaquen el Zapa-tismo como movimiento social legítimo del país, invo-lucrar a los tres niveles de gobierno y las entidades fe-derativas para generar normas de carácter transversalcon perspectiva de igualdad de género y participaciónlegítima para el respeto e inclusión de los derechos in-dígenas para todas las comunidades de la Nación.

El presidente indicó que dichas propuestas serán in-cluidas en el Programa de Trabajo.

El diputado Javier Manzano Salazar solicitó no apro-bar en este día el programa anual de trabajo; recordóque un pendiente es la reforma constitucional porquehay una deuda del Estado mexicano con los pueblosindígenas.

Opinó que la subcomisión de diálogo con los gobiernofederal y locales se sale del objeto de la Cocopa segúnla Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Diganen Chiapas, opinó que las consultas no están conside-radas en la Ley; recordó que el EZLN se levanta de lamesa de negociación por tres cosas:

La primera, es el retiro de las posiciones militares: lasegunda, la liberación de los presos zapatistas; y latercera, el tema de la reforma del segundo constitu-cional.

Sintetizó: ése es el gran pendiente con los pueblos in-dígenas; afirmó que el ánimo es que esta Comisióntrascienda, sin cuestión partidista ante un tema sensi-ble, por lo que hay que darle más orden a las siguien-tes reuniones.

El presidente coincidió en continuar con seriedad lostrabajos; solicitó sea enviada la información y pro-puestas respectivas; pidió los números de teléfonos ce-lulares para crear un grupo en WhatsApp, así como laactualización de los correos.

El diputado Raymundo García Gutiérrez propuso unacercamiento con la oficina de derechos humanos dela Secretaría de Gobernación porque seguramente ha-brá más información para incluir en el Programa deTrabajo.

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez reiteró ser ori-ginario del lugar de los conflictos y tiene el ánimo deapoyar con el acercamiento con el gobernador del es-tado de Chiapas, además de solicitar se puedan reto-mar sus comentarios en el programa de trabajo.

Sin más comentarios, el presidente sometió a votaciónla propuesta para dejar pendiente la aprobación delprograma anual de trabajo, por lo que la secretaria re-cabó la votación correspondiente, resultando aprobadapor unanimidad la propuesta de posponer la aproba-ción del programa anual de trabajo.

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez insistió en eltema del nombramiento de delegados en esta reu-nión, a lo que el presidente pidió se tratara en la pró-xima reunión para allegarse de mayores elementos dedecisión.

El diputado Javier Manzano Salazar pidió al presiden-te entrar en contacto con el Congreso de Chiapas paraque nombre su integrante ante la Cocopa, así como unrepresentante del Gobierno del estado de Chiapas, por-que, dijo: faltan esos dos integrantes en la Cocopa.

5. Clausura y cita para la próxima reunión


El presidente planteó la segunda reunión ordinariapara el 28 de mayo del año en curso, pensando en elfin de mes y en los probables compromisos políticospor el proceso electoral en algunos estados de la Re-pública.

El senador Juan Quiñones Ruiz informó que la Cáma-ra de Senadores tiene programado un periodo extraor-dinario del 21 al 24 de mayo de 2019.

Sin más participaciones, el presidente sometió a vota-ción la fecha de la segunda reunión ordinaria de la Co-copa, por lo que la secretaria consultó al pleno el sen-tido de su voto, resultando aprobada por unanimidadde los presentes la fecha del 28 de mayo de 2019 parala segunda reunión ordinaria de la Cocopa.

No habiendo más temas que tratar, el presidente agra-deció la puntual asistencia de los integrantes presentesy los comentarios vertidos en torno a los asuntos trata-dos.

En acto seguido solicitó a los presentes ponerse de piey siendo las 17 horas con 34 minutos del miércoles 24de abril de 2019, el presidente declaró formalmenteclausurados los trabajos de la primera reunión ordina-ria de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacifi-cación.

Firman abajo los que en ella estuvieron presentes.

Presidente

Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica)

Secretaria

Senadora María Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)

Integrantes presentes

Senadores: Joel Padilla Peña, Juan Quiñones Ruiz.

Diputados: Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica), Javier Manzano

Salazar (rúbrica), Edelmiro Santiago Santos Díaz (rúbrica), María

Roselia Jiménez Pérez (rúbrica), Juan Francisco Ramírez Salcido

(rúbrica), Raymundo García Gutiérrez (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERA SUR, CORRES-PONDIENTE A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUA-DA EL MARTES 2 DE ABRIL DE 2019

A las 17:00 horas del martes 2 de abril de 2019, en lossalones C y D del edificio G, de la Cámara de Diputa-dos, ubicada en avenida Congreso de la Unión núme-ro 66, colonia El Parque, se reunieron los siguienteslegisladores integrantes de la Comisión de AsuntosFrontera Sur: Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, presi-dente; José Luis Elorza Flores, Carlos Carreón Mejía,María Ester Alonso Morales, Maricruz Roblero Gordi-llo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Leticia Arlett Aguilar,secretarios; Molina, Maximino Alejandro Candelaria,Patricia del Carmen de la Cruz Delucio, Javier Man-zano Salazar, Manuela del Carmen Obrador Narváez,Roció del Pilar Villarauz Martínez, Marcelino RiveraHernández.

El presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur,diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, dio la bien-venida a la quinta reunión ordinara.

De conformidad con la convocatoria de fecha 2 deabril del presente año, para el desahogo del siguienteOrden Del Día.

1. Lista de asistencia inicial y final, y aclaración delquórum

Se pasó lista de asistencia por parte del secretario, di-putado José Luis Elorza Flores, encontrándose 13 di-putadas y diputados.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-rio, el presidente de la comisión, diputado RaúlEduardo Bonifaz Moedano, dio por iniciada la reu-nión:

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: bue-nas tardes a todas mis compañeras y compañeros di-putados. Solicito a la secretaría dar cuenta del resulta-do del cómputo del registro previo de asistencia a estareunión.

El diputado José Luis Elorza Flores, secretario:buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Se in-forma a la presidencia que hay un registro previo de 10legisladores. Por tanto, hay quórum.


El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-edano: se abre la reunión. Solicito a la Secretaría con-sultar si se dispensa la lectura del orden del día.

El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia, consulto en votación económicasi se dispensa la lectura del orden del día. Los diputa-dos y las diputadas que estén por la afirmativa sírvasemanifestarlo (votación). Los diputados y las diputadasque estén por la negativa sírvanse manifestarlo (vota-ción). Mayoría por la afirmativa.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: sedispensa la lectura del orden del día. Solicito a la Se-cretaría poner a discusión y someter a votación el or-den del día.

El diputado José Luis Elorza Flores: está a discu-sión el orden del día. ¿Hay algún diputado o diputadaque quiera hacer uso de la palabra? Adelante.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: dipu-tada Lety…

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina: muybuenas tardes. Muchísimas gracias... Preocupaciónfundamental para el estado de Chiapas, lo sucedido eldía de hoy en la zona fronteriza. Son alrededor más demil personas africanas que ingresaron al territorio me-xicano con violencia.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: dipu-tada, sí con mucho gusto. Ahorita estamos en el puntodel orden del día…

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina: por esopreguntaba yo, si podía hablar ahorita.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: enasuntos generales lo tocamos, diputada. Gracias, dipu-tada, Lety, estamos de acuerdo en lo que usted va aplantear.

El diputado José Luis Elorza Flores: bueno, sobre elorden del día, ¿hay algún diputado o diputada quequiera hacer uso de la palabra? ¿No? No habiendoquién haga uso de la palabra, se somete a votacióneconómica la aprobación del orden del día. Las dipu-tadas y los diputados que estén por la afirmativa sír-vanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los di-

putados que estén por la negativa sírvanse manifestar-lo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirma-tiva.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: apro-bado el orden del día.

El siguiente punto inscrito en el orden del día es la lec-tura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de lacuarta reunión ordinaria plenaria de la comisión. Solici-to a la secretaría consulte si se omite la lectura del acta.

El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia se consulta en votación econó-mica si se dispensa la lectura del acta. Las diputadas ylos diputados que estén por la afirmativa sírvanse ma-nifestarlo (votación). Las diputadas y los diputadosque estén por la negativa sírvanse manifestarlo (vota-ción). Señor presidente, mayoría por la afirmativa,

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: sedispensa la lectura del acta. Proceda la secretaría a po-ner a discusión el acta.

El diputado José Luis Elorza Flores: está a discu-sión el acta. ¿Hay algún legislador que quiera haceruso de la palabra? No habiendo quién haga uso de lapalabra, se consulta en votación si se aprueba el acta.Las diputadas y los diputados que estén por la afirma-tiva sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas ylos diputados que estén por la negativa sírvanse mani-festarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señorpresidente.

El diputado José Luis Elorza Flores: se aprueba elacta de la cuarta reunión ordinaria. A continuación, va-mos a dar cinco minutos para que se firme la lista devotación.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: el si-guiente en el orden del día refiere a la lectura, discu-sión y, en su caso, aprobación del dictamen sobre elpunto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Saludy a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, aimplementar acciones sanitarias y fitosanitarias en elsur, sur-sureste del país para contrarrestar los efectosdel constante flujo migratorio, el cual fue presentadopor su servidor. El dictamen se responde en sentidopositivo. Solicito a la Secretaría consulte si es de omi-tirse la lectura.


El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia se somete a votación económicasi se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas ylos diputados que estén por la afirmativa sírvanse ma-nifestarlo (votación). Las diputadas y los diputadosque estén por la negativa sírvanse manifestarlo (vota-ción). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: sedispensa la lectura del dictamen. Se somete a discu-sión el dictamen.

¿Algún legislador desea hacer uso de la palabra? Nohabiendo más oradores registrados ni alguno, consultela Secretaría si se aprueba.

El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia, procede la votación para aprobarel dictamen. Las diputadas y los diputados que esténpor la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Lasdiputadas y los diputados que estén por la negativa sír-vanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirma-tiva, señor presidente.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: seaprueba el dictamen sobre el punto de acuerdo que ex-horta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Agri-cultura y Desarrollo Rural a implementar acciones sa-nitarias y fitosanitarias en el sur-sureste del país, paracontrarrestar los efectos del constante flujo migratoriopresentado por su servidor. Les respetuosamente denueva cuenta, tomarnos unos minutos para que se fir-me la lista de votación.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: elpunto cinco en el orden del día es la lectura, discusióny, en su caso, aprobación del dictamen sobre el puntode acuerdo relativo a la política migratoria del gobier-no federal, respecto al flujo migratorio centroamerica-no. El dictamen se responde en sentido positivo. Soli-cito a la Secretaría consulte si es de omitirse la lecturadel dictamen.

El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia, se somete a votación económicasi se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas ylos diputados que estén por la afirmativa sírvanse ma-nifestarlo (votación). Las diputadas y los diputadosque estén por la negativa sírvanse manifestarlo (vota-ción). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: bien.Se dispensa la lectura del dictamen. Está a discusión eldictamen. ¿Hay alguna diputada o diputado que quie-ra hacer uso de la palabra? No habiendo quien hagauso de la palabra, consulte la Secretaría si se aprueba.

El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia, se somete a votación la aproba-ción del dictamen. Las diputadas y los diputados queestén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (vota-ción). Las diputadas y los diputados que estén por lanegativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presi-dente, mayoría por la afirmativa.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: seaprueba el dictamen sobre el punto de acuerdo relati-vo a la política migratoria del gobierno federal, res-pecto al flujo migratorio centroamericano. Solicitamosde nueva cuenta, por favor, se firme la lista de vota-ción.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: el si-guiente punto inscrito en el orden del día correspondea la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de laopinión de la iniciativa con proyecto de decreto por elque se reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley delImpuesto al Valor Agregado, presentada por el senadorIsmael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamenta-rio del Partido de Acción Nacional. Consulte la Secre-taría si se dispensa la lectura de la opinión.

El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia, se consulta, en votación econó-mica, si se dispensa la lectura de la opinión. Las dipu-tadas y los diputados que estén por la afirmativasírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y losdiputados que estén por la negativa sírvanse manifes-tarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afir-mativa.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: sedispensa la lectura de la opinión. La opinión está a dis-cusión. ¿Hay alguna diputada o diputado que quisierahacer uso de la palabra? No habiendo quien haga usode la palabra, consulte la secretaría si es de aprobarsela opinión.

El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia, se consulta si se aprueba la opi-nión. Las diputadas y los diputados que estén por la


afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las dipu-tadas y los diputados que estén por la negativa sírvan-se manifestarlo (votación).

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: seaprueba la opinión de la iniciativa con proyecto de de-creto por el que se reforma y adiciona el artículo 2o.de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Les ruegode nueva cuenta firmar la lista de la votación, por fa-vor.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: el si-guiente punto nos demanda la lectura, discusión y, ensu caso, aprobación de la opinión del punto de acuer-do por el que se exhorta al gobierno federal a ejecutaracciones que garanticen la conservación del medioambiente y el cumplimiento de la normatividad apli-cable en el desarrollo del proyecto del Tren Maya, sus-crita por las diputadas Julieta Macías Rábago y DulceMaría Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parla-mentario de Movimiento Ciudadano.

Previo a la consulta de la Secretaría para que solicitesi se dispensa la lectura de la opinión, quiero hacer desu conocimiento que en la reunión de Mesa Directivael diputado Carreón solicitó que en el dictamen se ex-prese su opinión en el sentido de que la autoridad emi-ta la opinión respecto al impacto ambiental.

Con esta ampliación que se hace al dictamen, solicitoa la secretaría, en votación económica, consulte si sedispensa la lectura de la opinión.

El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia, se consulta si se dispensa la lec-tura de la opinión. Las diputadas y los diputados queestén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (vota-ción). Las diputadas y los diputados que estén por lanegativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoríapor la afirmativa.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: sedispensa la lectura de la opinión. Está a discusión laopinión. ¿Hay alguna diputada o diputado que quisie-ra hacer uso de la palabra? diputado Carreón.

El diputado Carlos Carreón Mejía: gracias, presi-dente. En ese sentido sí me gustaría poner a conside-ración el reconsiderar la opinión que se está emitiendoen el tema de poder ser favorable de que se pueda ha-

cer el exhorto al gobierno federal, debido a que –comotodos sabemos– en nuestro país, donde se va a cons-truir el Tren Maya, está ubicado en las zonas de con-servación ambiental de trascendental importancia, co-mo son: las reservas de la biósfera, los Pantanos deCentla, Sian Ka´an, así como de áreas naturales prote-gidas y húmedas de importancia internacional, que enconjunto constituyen el eslabón de una cadena de flo-ra y fauna con un alto grado de inconectibilidad entresus ecosistemas y que son parte integrante de los co-rredores biológicos mesoamericanos.

Y la verdad es que sí resulta preocupante que el go-bierno federal haya anunciado la puesta en marcha dela construcción del tren turístico del Tren Maya, sincontar y sin conocer la evaluación de varios de los tér-minos que están sugiriendo acá, como viene siendo: elestudio y la evaluación de impacto ambiental, la reali-zación de cambio de suelo, un programa integral derescate y reubicación de las especies de flora y fauna,que pueden resultar afectadas acá.

Es por eso que ojalá podamos reconsiderar el sentidode la opinión, donde realmente le podamos pedir al go-bierno federal que cumpla con todo esto, ya que deconformidad a la ley, en el artículo 28, nos dice que laevaluación de impacto ambiental es el procedimientoa través del cual la Secretaría establece las condicionesa que se sujetará la realización de obras y actividadesque puedan causar desequilibrio ecológico o rebasarlos límites o condiciones establecidas en las disposi-ciones aplicables para proteger el ambiente, preservary restaurar los ecosistemas.

El artículo 30 nos marca que, para obtener la autoriza-ción a la que se refiere el artículo 28 de esta ley, los in-teresados deberán presentar a la Secretaría una mani-festación de impacto ambiental, la cual deberácontener por lo menos una descripción de los posiblesefectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afec-tados por la obra o actividad de la que se trate.

Entonces, el Tren Maya ya es un hecho, ya está, inclu-sive ya se está realizando. En las mismas justificacio-nes que aquí traemos es que hay una parte donde ya seestá elaborando. Y desafortunadamente no contamos ono se cuenta con estos estudios de impacto ambiental,de cambio de suelo, que deberían de ser realizados. Nodurante la ejecución, sino antes de la ejecución delproyecto. Entonces, creo que sí sería conveniente que


podamos cambiar el sentido del dictamen, digo, per-dón, de la opinión y que realmente sea favorable. Y ex-hortar al gobierno federal cumpla con lo establecidoque marca la ley. Es cuanto, presidente.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: mu-chas gracias, diputado Carreón. Con el mismo respetole comento el acuerdo que hubo de Mesa Directiva, enel sentido de que el estudio está en inicio y que el dic-tamen sale en sentido negativo, pero en el mismo seincorpora su opinión, como lo acordamos en la sesiónde Junta Directiva. El sentido va, perdón, el dictamenva en sentido negativo en virtud de que el proyecto es-tá iniciando. Con mucho gusto, señor diputado.

¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Sí,señor diputado.

El diputado Marcelino Rivera Hernández: buenastardes. Más allá de que –buenas tardes a todos, presi-dente–.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: bue-nas tardes, diputado.

El diputado Marcelino Rivera Hernández: sí les pi-do que reconsideremos. La obra del Tren Maya es unaobra importantísima para detonar la economía en la re-gión. Sin embargo, también tenemos que cumplir losrequisitos. Todos sabemos que los requisitos para esoson y está plasmado en ley. En consecuencia, si nos-otros violentamos la ley, si el Ejecutivo federal violen-ta la ley, ¿quién le tiene que exhortar y hacer que se co-rrija? La Cámara de Diputados, para eso somosdiputados.

Y, más allá de que se haya acordado en la Mesa Di-rectiva el sentido de la votación, sí les pediría que re-consideremos por qué es importante. Quiero dejar enclaro que no estamos en contra de la obra. Eso es muyclaro, eh. La oposición del Partido Acción Nacional noestá en contra de la obra, está a favor. Sin embargo,también estamos a favor de que se haga el estudio deimpacto ambiental, por qué, porque todos sabemosque esa zona es muy bonita, en vegetación, flora, fau-na, y en consecuencia si nosotros el día de mañana nospodemos lamentar por el alto impacto ambiental quese puede generar.

Ahorita venimos del pleno y abogamos, y votamos to-

dos, juntos, por temas de impacto ambiental. Y, enton-ces, seamos congruentes, sigamos en esa lógica, siga-mos trabajando juntos pro le medio ambiente, por qué,porque a lo mejor no lo vemos ahorita. Ahorita vemosnada más la obra, pero no vemos el impacto ambientaldentro de 10, 15 o 20 años.

Les pido que reconsideremos. Y quiero dejar muy cla-ro que estamos a favor de la obra, pero también esta-mos a favor de que se haga un estudio. Independiente-mente de que se esté iniciando o no, quisiera saber,señor presidente, que solicitáramos a la Secretaría delMedio Ambiente en qué etapa va el estudio, por qué,porque al final de cuentas sí necesitamos estar infor-mados. Sí les pido a todos, por qué, porque el día demañana la gente nos va a preguntar cómo fue nuestrosentido de votación. Y sí quiero dejar muy claro queestamos a favor del Tren Maya, pero también estamosa favor del medio ambiente.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: bien.Diputada, sí.

La diputada Maricruz Roblero Gordillo: bueno.Muy buenas tardes a todos. Quisiera hacer mención delo que dice el reglamento de dicha ley. En materia deevaluación de impacto ambiental se detalla que lasampliaciones, modificaciones, sustituciones de in-fraestructura, rehabilitación y el mantenimiento deinstalaciones relacionadas con las obras y actividades,señaladas en el artículo 5 o 5o., vías generales de co-municación que incluyen vías férreas podrán ser exen-tadas de la presentación de manifestación de impactoambiental cuando se demuestre que su ejecución nocausará desequilibrio ecológicos ni rebasará los lími-tes de condiciones establecidos en las disposicionesjurídicas relativas a la protección al ambiente y a lapreservación y restauración de los ecosistemas. Nadamás para aclarar un tantito el tema. Gracias.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: sí,diputado Marcelino, adelante.

El diputado Marcelino Rivera Hernández: pero, porsupuesto, no estoy en contra de lo que ha dejado enclaro, pero hay una etapa que se va a hacer nueva. Osea, eso sí lo quiero dejar muy claro. O sea, no estamosen contra. Sabemos que ya existen vías férreas y queya hay trabajo previo. Qué bueno. Sin embargo, hayuna etapa nueva que se va a construir. Y se los digo ho-


nestamente, el día de mañana nos vamos a lamentarpor no tener esos estudios de impacto ambiental.

Quienes hemos estado en el Ejecutivo, como ahora sísiendo alcalde o en decisiones de mando, siempre lanormativa nos pide que tengamos estudios de impactoambiental, porque la lógica indica que si no tenemosesos estudios de impacto ambiental y no tenemos cla-ve presupuestal de Secretaría de Hacienda el proyectono se desarrolla. Y, entonces, nosotros, en Acción Na-cional, queremos que se desarrolle ese proyecto y quese desarrolle bien, pero –insisto– no es la parte que yaestá hecha, sino la parte nueva la que nosotros quere-mos que se revise el estudio de impacto ambiental.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: ade-lante, diputado Carreón.

El diputado Carlos Carreón Mejía: gracias, presi-dente. Sí. Complementando un poquito. En el proyec-to, cuando se pide un tema de impacto ambiental ocualquier otro estudio, es el proyecto completo, no só-lo una sección o una parte, sino es todo el impacto am-biental que va a tener ese proyecto. Puede haber partesque no puede afectar, pero hay otras que sí va a afec-tar. Es por eso que se tiene que prever el proyecto deimpacto ambiental.

Y la realidad es que aquí está en la ley, no tenemos quehacer otra cosa. Lo único que estamos pidiendo es quecumplan con lo que marca la ley. Se tiene que hacer unestudio de impacto ambiental antes de presentar elproyecto. No cuando ya esté avanzando, no cuando yaesté. Y desafortunadamente el Tren Maya ya es un he-cho, ya se está elaborando, ya se está licitando, ya es-tán haciendo varias cosas y no se cuenta con estos es-tudios.

Creo que es importante que se tenga que hacer eseexhorto al gobierno federal para que cumpla con loque ya marca la ley. No le estamos pidiendo algonuevo. No le estamos pidiendo que nos haga. Al con-trario, nosotros estamos a favor. Sabemos el impactoque va a tener en beneficio de la ciudadanía, peroqueremos que se haga bien, cumpliendo con lo quemarca la ley.

Lo decía bien el diputado Marcelino, nosotros somoslos que realmente debemos cuidar que se cumpla laley. Y si ahorita somos cómplices de este tema, de no

hacer un exhorto para que se cumpla la ley, sabedoresde que se tiene que hacer y que está en nuestras manoshacerlo, creo que sería un tema de irresponsabilidad.Por tal motivo, sí considero que podemos emitir la opi-nión en otro sentido y lo pongo a consideración de us-tedes, muchas gracias.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: mu-chas gracias, señor diputado. Diputado Marcelino,coincidimos en la mayoría en la construcción del TrenMaya. Creo que hay, todos estamos de acuerdo en elproyecto.

Sí. Comentarle que, precisamente, y lo platicábamos,fue un punto de acuerdo también que producimos enesta comisión, el de realizar los foros académicos, le-gislativos, los investigadores del Colegio de la Fronte-ra Sur, con organizaciones de la sociedad civil, con re-presentantes del gobierno del Estado, conambientalistas, con ONG, en cada uno de los estadospor donde va a atravesar el Tren Maya.

Con ese interés, fundamental, de estar permanente-mente atentos al desarrollo del proyecto una vez queesté ya autorizada su ejecución, porque recordemosque el estudio apenas ha sido... salió la convocatoriapara su licitación.

Entonces, estamos realizando esta serie de foros paraestar muy cercanos a la opinión de todos los que van aestar en el proyecto. Y, también, comentábamos haceun momento en la reunión de Mesa Directiva, que he-mos solicitado la presencia del director general de Fo-natur, a efecto de conocer, como usted bien lo señaló,que en qué etapa se encuentra este proyecto.

Tendremos una reunión de trabajo con él a la brevedadque ya habíamos iniciado la plática, pero desafortuna-damente con esta pequeña etapa de retraso en los tra-bajos la semana pasada, no pudimos ya concretar la fe-cha con el señor director de Fonatur en virtud de eseproblema.

Pero, va a estar ya programada la reunión de trabajocon el director de Fonatur, el ingeniero Rogelio. Sequeda lo que usted sugiere.

El diputado Marcelino Rivera Hernández: (Inaudi-ble)


El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: síclaro, por supuesto. Licenciado Marcelino.

El diputado Marcelino Rivera Hernández: ya paraconcluir. Estoy de acuerdo con lo que se genera. Sinembargo, los foros de sensibilización, todo eso, laatención a cercanías con los ambientalistas, con lasONG, no tiendo. Es la sensibilización en la parte so-cial.

Sin embargo, el Ejecutivo como tal tiene que hacer elestudio de impacto ambiental. Es otro tema aparte. Osea, la ley no se pichicatea, o sea, la ley es la ley. Esolo quiero dejar muy claro y también lo entiendo. O sea,se está haciendo, ya se está haciendo la licitación, mecomenta. Pero sin estudio de impacto ambiental, quees lo lamentable y entonces nosotros solicitamos quese haga el estudio, porque al final del día lo entiendo.

Sé ve que el presidente su obra insignia, sé que yaarrancó, porque a lo menor no le va alcanzar el tiem-po, pero sí quiero dejar muy claro, que sí solicitamosque se generé la información a la brevedad posible. Síle pedimos de favor que, presidente, está en sus manosy lo que estamos discutiendo eso.

Y lo que estamos aquí discutiendo es el sentido de lavotación del exhorto. O sea, los invito a que reconsi-deremos la opinión, ¿por qué? porque, sin embargo,también les puedo decir, también estoy en la Comisiónde Pueblos Indígenas, no se ha consultado a los pue-blos indígenas.

O sea, faltan muchos temas y un tema va de la manocon otro. Sin embargo, yo sí estoy a favor de la obra,pero sí pido que se haga lo más pronto posible el do-cumento y reconsideremos ahorita, porque reconside-remos el sentido de la votación. Porque si nosotros, los500 legisladores en el pleno, exhortamos al Ejecutivopara que hagan el estudio de impacto ambiental, estoyseguro que nos van a dar respuesta pronta y expedita,muchas gracias.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: sí,tiene el uso de la palabra la diputada Maricruz Roble-do.

La diputada Maricruz Roblero Gordillo: sí, nadamás para comentar, compañeros, que no podemos con-fundir una cosa con otra. Estamos hablando del inicio

de la obra y estamos hablando del inicio de la obra depalenque, o sea, es la parte que está ya — cómo sepuede decir—, que está construido y que nada más seva a rehabilitar.

Entonces, en el mismo reglamento manifiesta o en elmismo comunicado él manifiesta que en el 2019, se vaa dar a conocer los avances que hay de lo que se estápidiendo del impacto ambiental de la parte que todavíaque no está construida.

Estamos hablado de la parte que ya está establecida yque nada más se va a rehabilitar. Entonces esa parte notiene por qué estar reglamentada en esa....

La diputada Maricruz Roblero Gordillo: ... en esetramo, ¿no? pero sí la parte que está pendiente, lógica-mente, que se va a dar a conocer y es lo que se ha ma-nifestado el compañero presidente, que está todavía enespera.

Entonces, estamos confundiendo una cosa con otra yesa es la parte en donde tenemos que ser prudentes e irpensando en la obra se está iniciando en donde ya hayconstrucción y en donde no hay necesidad de realizarun impacto ambiental. Gracias.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: mu-chas gracias, diputada Maricruz. No habiendo quiénhaga el uso de la palabra... ah perdón, perdón diputa-do, no me di cuenta.

El diputado Marcelino Rivera Hernández: ya paracerrar nada más. Creo que no nos estamos confun-diendo en ningún sentido. Aquí lo que las compañerasestán pidiendo es, precisamente, que el gobierno fede-ral exhorte, ejecute acciones para garantizar la conser-vación del ambiente y el complemento de la normati-va aplicable en el desarrollo del proyecto del TrenMaya, en todo su conjunto. No solamente en una par-te, no sólo una parte que está. Cuando nosotros pre-sentamos un proyecto, del proyecto del Tren Maya, escompleto. No lo presentamos por partes. Si no es unproyecto completo y eso genera un impacta ambiental.Es por eso que nosotros pedimos solamente que cum-pla con lo que marca la ley, nada más.

O sea, no estamos en contra del Tren Maya, al contra-rio, estamos a favor del Tren Maya, sólo que pedimosque cumpla con lo que marca la ley, nosotros somos


vigilantes de esa ley. Entonces, creo que ese es el te-ma. No nos estamos confundiendo, no estamos pidien-do que se haga el estudio solamente de un tramo y quemañana de otro tramo. No. Es un proyecto completoque va a tener un impacto y que se tiene que valuar an-tes de poder hacerlo.

Entonces lo único que pedimos es eso, el reconsiderarel sentido de la opinión, al final solamente nos toca ha-cer una opinión. Pero que sí podamos decir que real-mente cumpla el gobierno federal con lo que marca lanormativa que ya se encuentra vigente. Muchas gra-cias.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: bien,con todo respeto, viene a dar su opinión respetuosa,viene en el mismo sentido que habíamos comentadoen el anterior. Entonces, si están de acuerdo, se incor-pora su opinión, sin embargo, el dictamen está en lostérminos que lo hemos señalado.

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte lasecretaría si es de aprobarse la opinión.

El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia, se consulta en votación si es deaprobarse la opinión.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa,sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y losdiputados que estén por la negativa, sírvanse manifes-tarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afir-mativa.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: seaprueba la opinión del punto de acuerdo por el que seexhorta al gobierno federal ejecutar acciones que ga-ranticen la conservación de medio ambiente, el cum-plimiento de la normatividad aplicable en el desarrollode proyecto del Tren Maya, con la observación que hahecho el señor diputado Carlos Carrera.

A continuación, vamos a dar unos minutos de nuevopara que se firme la votación.

… se va a integrar dentro de los considerandos, con laopinión que mencionaban, pero sí en sentido…

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: el si-guiente punto del orden del día, se refiere a la discu-

sión y, en su caso, a la aprobación que es en el mismosentido, como comentaba, perdón, con el diputado Ca-rreón, que es el mismo punto, va muy similar al ante-rior.

El siguiente punto en el orden del día, refiere a la lec-tura, discusión y en su caso aprobación de la opinióndel punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secre-taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a queen tanto reciba la petición para expedir la evaluaciónde manifestación del impacto ambiental, relativo a laconcesión del tren Maya. El cual se ha analizado conestricto apego a la normatividad vigente.

Consulte la secretaría si se dispensa la lectura de laopinión.

El diputado José Luis Elorza Flores: las diputadas ylos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse ma-nifestarlo (votación). Las diputadas y los diputadosque estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (vota-ción). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: gra-cias secretario.

Se dispensa la lectura de la opinión, está a discusión laopinión. ¿Hay alguna diputada o diputado que quierahacer uso de la palabra? Diputado Carreón.

El secretario diputado Carlos Carreón Mejía: sí,solamente para que quede asentado en el acta, en elmismo sentido que el punto anterior, donde estamospidiendo el poder reconsiderar la opinión que se emitepor lo ya expresado con anterioridad.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: sí,señor diputado, se registra como lo habíamos comen-tado anteriormente.

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Señordiputado, con mucho gusto.

El diputado Marcelino Rivera Hernández: igual,para que quede en acta, asentado, que vamos igual conlos mismos comentarios del anterior, del dictamen an-terior, igual a éste, y decirle que estamos a favor de laobra, en contra de la opinión del dictamen para que nose malinterprete.


El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: muybien, señor diputado Marcelino, con mucho gusto seregistra. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?Diputado. No habiendo quien haga uso de la palabra,consulte la secretaría si es de aprobarse la opinión.

El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia, se consulta si es de aprobarse laopinión, las diputadas y los diputados que estén por laafirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las dipu-tadas y los diputados que estén por la negativa, sírvan-se manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoríapor la afirmativa.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: seaprueba la opinión del punto de acuerdo por el que seexhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y RecursosNaturales a que en tanto reciba la petición para expe-dir la evaluación de manifestación del impacto am-biental, relativa a la construcción del tren Maya, conlas observaciones que hizo el diputado Carreón y el di-putado Marcelino.

A continuación, de nuevo, vamos a dar unos minutospara que se firme la votación. ¿Ya estamos en eso?Perfecto.

El siguiente punto en el orden del día, corresponde a lalectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opi-nión informe sobre la situación económica a las finan-zas públicas y la deuda pública. Consulte la secretaríasi se dispensa la lectura de la opinión.


El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: sedispensa la lectura de la opinión.

Está a discusión la opinión, ¿hay alguna diputada o di-putado que quiera hacer uso de la palabra? No habien-do quién haga uso de la palabra, consulte la secretaríasi es de aprobarse la opinión.

El secretario diputado José Luis Elorza Flores: porinstrucciones de la presidencia, es de consultarse si seaprueba la opinión, las diputadas y los diputados que

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (vota-ción). Las diputadas y los diputados que estén por lanegativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoríapor la afirmativa.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: seaprueba la opinión del informe sobre la situación eco-nómica, las finanzas públicas y la deuda pública.

A continuación, damos unos minutos para que se firmela lista de votación, que ya lo están haciendo, entien-do… para que inicie de este lado la firma y así lo ha-gamos más ágil… continuemos mientras firman, ¿es-tán de acuerdo?

Posteriormente tenemos inscrita la lectura, discusióny, en su caso, aprobación de la opinión sobre el infor-me general ejecutivo de la Cuenta Pública 2017. Lesolicito a la secretaría que consulte si se dispensa lalectura de la opinión.

El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia, las diputadas y los diputados queestén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (vota-ción). Las diputadas y los diputados que estén por lanegativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor pre-sidente, mayoría por la afirmativa.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: sedispensa la lectura de la opinión, está a discusión laopinión.

¿Hay alguna diputada o diputado que quiera hacer usode la palabra? No habiendo quién haga uso de la pala-bra, consulte la secretaría si es de aprobarse la opinión.

El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia, se consulta si se aprueba la opi-nión. Las diputadas y los diputados que estén por laafirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las dipu-tadas y los diputados que estén por la negativa, sírvan-se manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoríapor la afirmativa.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: seaprueba la opinión sobre el informe general ejecutivode la Cuenta Pública 2017. De nueva cuenta, les pidorespetuosamente unos minutos para que se firme la lis-ta de votación.


Finalmente, tenemos la lectura, discusión y, en su ca-so, aprobación del primer informe semestral de la co-misión. Consulte la secretaría si se dispensa la lecturadel informe.


El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: sedispensa la lectura del informe, está a discusión el in-forme. ¿Hay alguna diputada o diputado que quiera re-alizar algún comentario? No habiendo quién haga usode la palabra, consulte la secretaría si se aprueba el in-forme semestral de la comisión.

El diputado José Luis Elorza Flores: por instruccio-nes de la presidencia, se consulta si es de aprobarse elinforme semestral de la comisión. Las diputadas y losdiputados que estén por la afirmativa, sírvanse mani-festarlo (votación). Las diputadas y los diputados queestén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación).

El presidente diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mo-edano: se aprueba el primer informe semestral de lacomisión, y vamos a dar unos minutos para que se fir-me el mismo.

Yo quisiera también comentar, muchas gracias a cadauno de sus asesores de quienes participan en esta co-misión, porque han dado con toda oportunidad la in-formación, han revisado los informes y cada una de lasconsultas que se le han hecho, pues ha habido una res-puesta oportuna y éste es el resultado de los trabajosde la comisión, en este primer semestre.

Decirles que todo este trabajo que realizamos, tene-mos permanentemente que estarle informando a trans-parencia y a la contraloría.

Hay un integrante aquí en la comisión, que es la licen-ciada Natalia, que tiene que estar en permanentes reu-niones dando un informe del avance de nuestros traba-jos y el desarrollo de la comisión, así que a cada unode los que integran esta comisión y a sus asistentes,muchas gracias por el apoyo que le han dado a la se-cretaría técnica bajo la dirección de la licenciada Ma-ría del Mar.

13. Asuntos generales

El siguiente punto del orden del día es el tema de Asun-tos generales. Si me permite nada más, diputada Arlett,el diputado Vidal quería hacer un comentario relacio-nado con lo de los foros académicos del Tren Maya.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: muchasgracias, diputado presidente. Pues aquí nada más hacerel comentario a todos nuestros compañeros para que,estamos considerando que el próximo 3 de mayo po-der hacer el foro en el estado de Yucatán, en el muni-cipio de Valladolid. Ya hicimos la propuesta. Poste-riormente les haremos llegar la convocatoria aquí porparte de nuestro presidente de comisión, y aquí lo im-portante que yo creo que, y es importante comentarlo,son estos foros donde precisamente podemos discutir,podemos escuchar las opiniones de los académicos, delos técnicos para que podamos tener la claridad porrespecto a este proyecto del Tren Maya.

Yo creo que todos estamos de acuerdo a que se reali-ce, pero creo que esto nos puede dar, nuestra partici-pación puede darnos mucho mayor claridad ante esteproyecto.

Así que yo creo que después de la convocatoria espe-rar la confirmación de todos y cada uno de ustedes.Gracias, presidente.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: dipu-tada Arlett, tiene el uso de la palabra.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina: bien, esmuy cierto lo que dice aquí el diputado, mientras másasistan a las comisiones en los diferentes diputadosque nos convocan, es muy interesante oír a los exper-tos que llegan ahí, verter opiniones, porque con esotambién nos enriquecemos en cuanto a información.

El otro tema es decirles que en Chiapas estamos su-mamente preocupados. El día de hoy se suscitó una si-tuación nada agradable, lo he repetido en infinidad deocasiones desde que ingresamos aquí a la Cámara,cuando se integró esta comisión, que era preocupantelo que estaba sucediendo en cuanto al ingreso de in-migrantes.

Hoy en día es más preocupante todavía. Grupos de al-rededor de más de mil personas africanas tomaron prác-


ticamente la zona sureste que colinda con Tapachula, ybueno, agredieron a nuestros mexicanos, a nuestros tra-bajadores jalando sillas, jalando mesas, aventándolos,pegándoles, porque a la fuerza tenían que entrar.

Aquí la preocupación de nosotros, y yo me atrevo adecir tanto de las diputadas que estamos aquí juntas, esla cantidad de enfermedades que están ingresando anuestro país. Y las autoridades no quieren ponerle unalto al flujo de inmigrantes, que les pongan n alto alflujo de enfermedades.

Y todos estamos expuestos a llevarlos a nuestros esta-dos. Ojo, todos los que estamos aquí, es terrible la can-tidad de inmigrantes. Si ustedes van al estado de Chia-pas, compañeros de Tapachula, y hemos externadocada rato nuestra preocupación. Hoy en día creo queustedes pueden ver en la calle a centroamericanos, aafricanos, a haitianos, de todas las razas que ustedesquieran ver, de Cuba, de todos colores también, quemexicanos. Es un terror vivir prácticamente en las zo-nas aledañas a Centroamérica.

Chamacas que desaparecen o que son violadas o queencuentran diversas personas muertas, secuestradas yque nadie sabe nada.

Sí urge, a nombre de todos los chiapanecos, volvemosa pedir que ojalá y la Cámara, la Comisión de la Fron-tera Sur se implementen en las leyes o en los regla-mentos que se detenga ya el flujo de centroamericanoso de inmigrantes.

Avalo la política de las buenas relaciones con todos lospaíses, bienvenido sea, siempre debidamente regla-mentados y saber quiénes son los que ingresan aquí,porque hay una de tratantes de blancas, narcotráfico,grupos de pandilleros, que pasan tranquilamente por elrío Suchiate, sí o no, José Luis, que ahorita está muybaja el agua y tranquilamente antes, bueno, cuando estemporada de lluvia, en balsas de madera, ahorita pa-san hasta caminando. Terrible la situación. Yo no veoque México haga un exhorto a los demás países queestán implicados en toda esta migración y decirles queles pongan un alto.

Si ellos no tienen capacidad, estos países por qué nosvan a dejar el paquete a México. Todos somos mexi-canos eh, y a todos no está afectando y nos seguiráafectando.

Zona norte ya dijo yo hasta aquí, ahí se ven. Discúl-penme, pero tampoco estoy de acuerdo, personalmen-te eh, no incluyo a los demás compañeros, en que elcerco que se esté poniendo corresponda de Coatzaco-alcos para adelante y de Coatzacoalcos para los esta-dos de atrás ¿qué pasó? Tabasco, terrible eh. Total, in-seguridad. Todos somos mexicanos. Y el cerco, desdemi punto de vista, debe de empezar donde empieza lazona limítrofe entre Centroamérica y Chiapas, y siem-pre digo, recuerden, Chiapas es México, y Chiapas tie-ne un punto más a su favor, les digo por si no lo sabenustedes. Chiapas decidió anexarse a México por vo-luntad propia y Chiapas no ha recibido nada.

Entonces, ya viene dentro de dos años la decisión de siseguimos anexados a México o nos volvemos inde-pendientes o nos anexamos a otros países. Digo, es unpoquito de historia que hacemos los chiapanecos, quevolteen sus ojos hacia nosotros, la federación y nosapoyen a controlar este flujo migratorio. Cada día esterrible estar en Chiapas porque no sabemos en quémomento nos van a asaltar o nos van a matar.

Yo sí te pido, por favor, diputado presidente de la co-misión, y espero que esto no cause ámpula, pero estees el sentir de los chiapanecos, y nosotros venimos arepresentar y ser la voz de los que nos dieron el voto.

Esa es mi opinión por lo menos y la opinión en el sen-tido de que hay muchas enfermedades que están in-gresando, tanto para los seres humanos como para losanimales, para la agricultura, para todo esto y tarde otemprano va a repercutir en nuestra economía. Esa esmi opinión.

Lo que hoy se suscitó, sumamente preocupante es por-que hay heridos y hay personas dañadas por los afri-canos. No se vale que venga cualquiera a agredir a losmexicanos. No se vale. Gracias.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: mu-chas gracias. Licenciada Arlett, quisiera comentarle,porque hacía referencia a que viéramos este temadentro de la misma comisión, que si ve usted en el or-den del día precisamente en uno de los puntos del or-den del día está el acuerdo en donde la Cámara de Di-putados exhorta a la Secretaría de Salud para que conbase en el Sistema Federal Sanitario coordine las ac-ciones necesarias para dar cumplimiento a lo estable-cido en la Ley General de Salud en materia de pro-


tección contra los riesgos sanitarios en la región SurSureste.

También se exhorta para que se determine con la opi-nión del Consejo Nacional de Vacunación una campa-ña de vacunación extraordinaria en la región Sur Su-reste, y también hemos hecho ya un exhorto a laSecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para queimplemente las medidas fitosanitarias necesaria queprotejan y conserven el equilibrio natural en la regiónSur-Sureste.

En otros de los puntos del orden del día también la co-misión está haciendo un exhorto a la Secretaría de Go-bernación para que, por sí, a través de sus órganos co-rrespondientes, haga públicos los resultados de lapolítica pública migratoria del gobierno federal en losestados de tránsito migratorio en materia de derechoshumanos, así como en materia de refugiados con mo-tivo de los flujos migratorios provenientes de Centro-américa. Que la Secretaría de Relaciones Exterioreshaga público un informe sobre los avances precisa-mente de implementación del Plan de Desarrollo Inte-gral en Centroamérica. Y que la Secretaría de Seguri-dad y Protección Ciudadana difunda un informe sobrelas medidas adoptadas para salvaguardar el orden pú-blico de los estados de tránsito migratorio con motivode los flujos migratorios provenientes de Centroamé-rica. O sea que la comisión ya está, a través de lo quehoy hemos aprobado, haciendo el exhorto a efecto deque se dé atención a todos estos puntos que usted contoda corrección ha señalado.

También comentarle que ya tenemos prevista una reu-nión de trabajo con el director general de la Coordina-ción Política de la Oficina del señor secretario de Rela-ciones Exteriores, que estará en este mes con nosotrosen una reunión de trabajo, el martes 9, que tendrá la in-vitación con toda oportunidad. En donde también esta-rá el director general de Límites de Agua de Guatemalay Belice, para tratar los temas que tenemos pendientes,como es el del río Suchiate. O sea que estamos viendoestos temas. Todos los días hay información diferente.Y el tema de lo del cerco es muy reciente. Y bueno, deeso ya también daremos nuestra opinión con toda opor-tunidad en esta reunión que venga. Pero ya están los dosexhortos a los que usted hace referencia.

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Sí, cómono, señor diputado.

El diputado Javier Manzano Salazar: con todo elrespeto que se mercede, diputado presidente, yo quie-ro hacerle la propuesta, lo he comentado ya en otrasocasiones. Sería muy saludable, muy productivo quepudiera usted convocar a la Comisión de Asuntos Mi-gratorios y a la Comisión de Frontera Norte, y Fronte-ra Sur, porque casi las tres comisiones tienen la mismarazón de ser. Y creo que esta iniciativa podría ser demás impacto. Y que se trabajara en conferencia parla-mentaria entre las tres comisiones, las que acabo de se-ñalar. Porque sí es un problema muy grave el flujo demigrantes, es un tema muy delicado, que ojalá se pue-da tratar en común entre las tres… Que no marche demanera unilateral cada comisión, porque casi tienen lamisma razón de ser.

Lo he propuesto y creo que sería más productivo. Por-que nos hemos reunido en Asuntos Migratorios, y tam-bién llevan sus especialistas en este asunto. Nos reuni-mos en la Comisión de Frontera Norte y tambiénllevan sus especialistas en el mismo asunto. Entoncesyo quisiera que se pudiera trabajar en una agenda co-mún en las tres comisiones y poder darle seguimientoa algo que realmente no se quede en el aire, no se que-de en palabras, que se pueda aterrizar bien. Como loseñalaba la diputada, pues sí es un problema muy de-licado, y habrá que tomar lo más pronto posible cartasen el asunto.

Es una sugerencia, diputado presidente.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: sí,señor diputado Manzano. Quiero informarle que preci-samente la reunión del próximo 9 de mayo va a ser enconferencia. O sea, van a ser convocadas la Secretaríade Asuntos Migratorios, la de Relaciones Exteriores yla Frontera Norte, como lo hicimos, igual, cuando vi-no el director general de El Colegio de la Frontera Sura darnos una exposición sobre sus trabajos. O sea, supropuesta está registrada en esos términos y la convo-catoria se hará a cada uno de los integrantes de las co-misiones a las que usted ha hecho referencia.

Sí, adelante, diputado Elorza.

El diputado José Luis Elorza Flores: mi comentariova un poquito dirigido a lo que es el tema de seguri-dad. Sabemos que ahorita las propuestas del Poder Ju-dicial, de nuestro presidente sobre la Guardia Nacionalvan a ser muy efectivas y van a chocar de frente con-


tra el tipo de inseguridad que estamos viviendo. Aho-rita la problemática que se tiene es que de aquí a quede verdad tengamos los efectivos en cuanto a la guar-dia de seguridad, la delincuencia está desatada. Tene-mos un problema grave en todo lo que es la frontera,en cuanto a que la gente ya tiene miedo, ya no quieresalir de sus casas, ya no quiere hacer su vida normal.Porque si bien se ha desatado un poco más con el te-ma migratorio… porque es cierto, ha venido un au-mento. Las cifras los números pues ahí están.

Entonces sí me gustaría que se pusiera mayor númerode efectivos, más personas ahora sí que puedan ayudara las autoridades que tenemos allá a que bajen los ín-dices de seguridad. Yo me acuerdo en la primera cara-vana, llegaron efectivos, llegaron aviones de la PFPpara resguardar. Sin embargo, ahorita ya no se tienenada de eso. Entonces estamos muy seguros de que entres o cuatro meses se va a empezar a subsanar esto,cuando entre la Guardia. Pero ahorita el problema eseste abismo que está quedando en dos o tres meses.Entonces sí me gustaría que se pudiera llevar mayorpersonal para poder subsanar eso que está pasando,pues ya ahorita es una realidad en Chiapas. Y no vayaa ser que vaya a haber un problema mayor con todo loque está sucediendo.

Ése es mi comentario.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: mu-chas gracias, señor diputado. ¿Alguien más quiere ha-cer uso de la palabra? Diputado, tiene el uso de la voz.

El diputado Carlos Carreón Mejía: gracias. Abun-dando un poquito en el tema coincido con el diputado,de poder hacer sesiones de comisiones unidas. Pero pa-ra poder aterrizar esto y darle un seguimiento muchomás contundente creo que sería bueno pedir la compa-recencia de la Secretaria de Gobierno por todo lo queesto implica. Se está convirtiendo en un problema deseguridad nacional. Ya el tema del flujo migratorio yaes imparable. Y no sólo… me lo dijo bien… en esta ca-ravana madre, que son demasiados los que vienen en-trando. Ya tenemos un problema, ya se habla de un flu-jo de 100 mil al mes. Que si lo vamos… ella misma lodijo, se va a convertir en un millón. Entonces esto vapara convertirse en un problema de seguridad nacional.

Entonces creo que sí es importante ver cuáles son lasestrategias que puede tener la Secretaría de Goberna-

ción en temas de parar el flujo migratorio, en temas degarantizar la seguridad, en temas de ver el impactoeconómico que esto va a tener no sólo en los estadosdonde pasa, sino que ya va a generar un problema a ni-vel nacional. Entonces yo creo que sería importanteconsiderar el poder pedir a la Secretaría de Gobiernoque pueda estar en esa reunión de comisiones unidas,y que le podamos plantear toda esa problemática queestamos detectando.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: mu-chas gracias, diputado. ¿Alguien más quiere hacer usode la palabra?

14. Clausura y convocatoria para la próxima reu-nión

Bien, compañeras y compañeros, no habiendo másquien haga uso de la palabra, se levanta la sesión, agra-deciendo su presencia en ésta. Hasta pronto. Gracias.

La Comisión Asuntos Frontera Sur

Diputados: Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica), presidente;

José Luis Elorza Flores (rúbrica), Carlos Carreón Mejía (rúbrica),

María Ester Alonso Morales (rúbrica), Maricruz Roblero Gordillo

(rúbrica), Jesús Carlos Vidal Peniche, secretarios; Leticia Arlett

Aguilar Molina (rúbrica), Maximino Alejandro Candelaria (rúbri-

ca), Patricia del Carmen de la Cruz Delucio, Javier Manzano Sala-

zar, Carlos Enrique Martínez Ake (rúbrica), Manuela del Carmen

Obrador Narváez, Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica), Rocío del

Pilar Villarauz Martínez (rúbrica), Antonia Natividad Díaz Jimé-

nez, Marcelino Rivera Hernández, Rubén Ignacio Moreira Valdez

(rúbrica), Irasema del Carmen Buenfil Díaz.


DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RELATIVA A

LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL MARTES

30 DE ABRIL DE 2019

A las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos, deltreinta de abril del año dos mil diecinueve, en el me-zanine norte del edificio A, se reunieron las legislado-ras y los legisladores integrantes de la Comisión deDesarrollo Social.

El presidente de la comisión, diputado Miguel Pradode los Santos, declaró en sesión permanente, derivadode los trabajos legislativos y de la sesión en pleno enla que se encontraban las diputadas y los diputados.

Cabe mencionar que no se sometió a votación ningúnproyecto de dictamen, si bien se tenía propuesto en elorden del día: uno, en Comisiones Unidas de Desarro-llo Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública, en sen-tido negativo, sobre la iniciativa que reforma y adicio-na diversas disposiciones de la Ley General deDesarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendaria y de la Ley General deTransparencia y Acceso a la Información Pública, estefue retirado por la proponente, la diputada Ana PaolaLópez Birlain, del Grupo Parlamentario del PartidoAcción Nacional. En ese sentido, y no habiendo otroasunto que tratar, se dio por concluida la quinta reu-nión ordinaria, citándose para la siguiente reunión conprevia convocatoria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a treinta de abril de dos mil diecinueve.

La Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Miguel Prado de los Santos (rúbrica), presidente; Mil-

dred Concepción Ávila Vera (rúbrica), Olegaria Carrazco Macías

(rúbrica), Lucio de Jesús Jiménez (rúbrica), María Beatriz López

Chávez (rúbrica), María Esther Mejía Cruz, Lucio Ernesto Pala-

cios Cordero (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Jo-

sé Ramón Cambero Pérez (rúbrica), Janet Melanie Murillo Chávez

(rúbrica), Ernesto Javier Nemer Álvarez, Carolina García Aguilar

(rúbrica), Ana Karina Rojo Pimentel, Lourdes Celenia Contreras

González (rúbrica), Leticia Mariana Gómez Ordaz (rúbrica), se-

cretarios.

Programas

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFI-CACIÓN, ANUAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL PE-RIODO FEBRERO DE 2019-ENERO DE 2020

Antecedentes

El pasado 1 de enero de 2019 se cumplieron 25 añosdel inicio del conflicto armado en el estado de Chia-pas; enfrentamiento encabezado por el autodenomina-do Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),que motivó la discusión, aprobación (9 de marzo de1995) y expedición (10 de marzo de 1995) por el ho-norable Congreso de la Unión y su publicación en elDiario Oficial de la Federación (11 de marzo de 1995),de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la PazDigna en Chiapas (LDCPDCh).

En el artículo 8 de esa ley, se ordenó la creación e ins-talación (15 de marzo de 1995) de la Comisión Bica-maral de Concordia y Pacificación (Cocopa), integra-da por los miembros de la Comisión Legislativa delCongreso de la Unión para el Diálogo y la Concilia-ción para el estado de Chiapas, así como por un re-presentante del Poder Ejecutivo y otro del PoderLegislativo del estado de Chiapas, que son invita-dos con tal objeto (artículo 8 de la LDCPDCh).

La Cocopa coordinó sus acciones con la Comisión Na-cional de Intermediación (Conai) reconocida por elEZLN y con la Secretaría de Gobernación como laparte negociadora del gobierno federal (artículo 8 de laLDCPDCh).

La Cocopa cumplió el encargo conferido en laLDCPDCh (artículo 9) al coadyuvar a fijar las basespara el diálogo, los lugares y las condiciones para lanegociación y suscripción de un acuerdo de concordiay pacificación que se materializó en los Acuerdos deSan Andrés Larráinzar (ASAL), firmados por el EZLNy el gobierno federal el 16 de febrero de 1996.

La Cocopa redactó una iniciativa de reformas a laConstitución con base en los ASAL que alcanzó elconsenso de todos los grupos parlamentarios y popu-laridad como la Ley Cocopa (16 de noviembre de1996); propuesta legislativa que fue retomada textual-mente y enviada al honorable Congreso de la Unión


por el entonces presidente de la República, VicenteFox Quesada (5 de diciembre de 2000); que tras la dis-cusión en ambas Cámaras fue aprobada el 28 de abrilde 2001 con modificaciones (que implicaron su recha-zo por parte del EZLN)

Marco Jurídico

Para guiar el trabajo de esta comisión bicamaral se ela-boró este programa anual de trabajo de la Cocopa (fe-brero 2019-enero 2020) dando cumplimiento a la LeyOrgánica del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos (LOCGEUM), (artículo 45, numeral 6, in-ciso a); considerando lo estipulado en el Reglamentode la Cámara de Diputados (RCDHCU) y el Regla-mento de la Cámara de Senadores del honorable Con-greso de la Unión, así como en el Reglamento deTransparencia, Acceso a la Información Pública y Pro-tección de Datos Personales, a fin de, primero, presen-tar un proyecto de programa de trabajo a los integran-tes de la Cocopa para su discusión y aprobaciónrespectiva, con el objeto de, segundo, remitir a la Con-ferencia (artículos 37 y 38, numeral 1, inciso c) de laLOCGEUM; artículos 149, numeral 2, fracción I, y,150, numeral 1, fracción X del RCDHCU) la notifica-ción de su funcionamiento y un ejemplar impreso y enelectrónico del programa anual de trabajo aprobadopara su publicación en la Gaceta Parlamentaria y difu-sión en medios electrónicos.

El programa anual de trabajo de la Cocopa guiará lasactividades de esta comisión bicamaral, misma que alir desarrollando sus actividades, realizará el segui-miento y evaluación para integrar los informes semes-tral y anual de trabajo de la Cocopa (artículo 45, nu-meral 6, inciso b de la LOCGEUM; artículo 149,numeral 2, fracción XII del RCDHCU).

Este documento contiene la programación de sus reu-niones ordinarias (artículos 149, numeral 2, fracciónIV, y 209 del RCDHCU); incorpora los criterios gene-rales para la metodología de trabajo, así como incluyela realización de foros, estudios, investigaciones, pu-blicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, invitacio-nes a particulares y, en caso necesario, contempla lacomparecencia de servidores públicos (artículos 149,fracción V; 158 y 161 del RCDHCU).

Diagnóstico estratégico

A 25 años del inicio del conflicto armado en el estadode Chiapas se carece de un informe público y dirigidoa la nación (actualizado a 2019) por parte de la Comi-sión de Seguimiento y Verificación (Cosever) (artícu-los 10, de la LDCPDCh) que dé cuenta del cumpli-miento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, loscompromisos para Chiapas del gobierno del estado ydel gobierno federal y el EZLN, así como de las pro-puestas conjuntas que formularon el gobierno federaly el EZLN; informe público que resulta indispensablepara allegarse de elementos de análisis, discusión y to-ma de decisiones, al permitir conocer:

El contexto actual para una paz duradera.

El avance de los compromisos del gobierno federalcon los pueblos indígenas.

El avance en la aplicación del nuevo marco jurídicosobre derechos y cultura indígena.

La posición de las partes negociadoras en esta eta-pa.

Misión

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Comi-sión Bicamaral de Concordia y Pacificación de laLXIV Legislatura asumen la misión de coadyuvar en-tre las partes negociadoras para propiciar las condicio-nes de una paz duradera que permitan firmar un acuer-do definitivo que dé por concluido el conflicto armadoiniciado el 1o. de enero de 1994 en el estado de Chia-pas.

Visión

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Comi-sión Bicamaral de Concordia y Pacificación de laLXIV Legislatura comparten la visión de consolidar ala Cocopa como una coadyuvadora eficaz, eficiente yexitosa, a fin de culminar su encargo y cerrar un cicloen la historia de México, tras 25 años de representar alhonorable Congreso de la Unión ante el conflicto ar-mado en el estado de Chiapas, para mirar hacia el fu-turo y reinsertar a la Cocopa –llegado el momento ade-cuado- en nuevas encomiendas de conciliación y pazen otras partes del territorio nacional.


Valores

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Comi-sión Bicamaral de Concordia y Pacificación de laLXIV Legislatura se conducen con imparcialidad, le-galidad, transparencia y respeto a la composición plu-ricultural de la nación (artículo 2 de la CPEUM), re-conociendo las legítimas demandas y derechos detodos los mexicanos.

Objetivo

Contribuir a la conciliación y pacificación medianteuna amplia convocatoria a la sociedad mexicana y laspartes negociadoras para analizar el conflicto en elcontexto actual, debatir y proponer soluciones para al-canzar un acuerdo definitivo de paz en el estado deChiapas.

Metodología de trabajo

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Coco-pa se dividirán las responsabilidades para la planea-ción y ejecución de las actividades propuestas, inte-grando para ello, subcomisiones y grupos de trabajo(artículos 152 y 153 del RCDHCU) conforme afinida-des y perfiles profesionales, con excepción de aquellasactividades que por reglamentos y norma aplicablescorrespondan al presidente y junta directiva.

Ejes temáticos*

I. Eje temático operativo.

II. Eje temático concordia y pacificación.

III. Eje temático vinculación y cultura política.


Calendario de reuniones

1. Instalación, 22 de febrero de 20192. Primera Ordinaria, 24 de abril de 20193. Segunda Ordinaria, 22 de mayo de 20194. Tercera Ordinaria, 26 de junio de 20195. Cuarta Ordinaria, 30 de julio de 20196. Quinta Ordinaria, 27 de agosto de 20197. Sexta Ordinaria, 25 de septiembre de 20198. Séptima Ordinaria, 30 de octubre de 20199. Octava Ordinaria, 27 de noviembre de 201910. Novena Ordinaria, 11 de diciembre de 201911. Décima Ordinaria, 15 de enero de 202012. Undécima Ordinaria, 29 de enero de 2020

AtentamenteDiputado Eduardo Zarzosa Sánchez

Presidente

Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE PESCA

A la séptima reunión de junta directiva, que tendrá ve-rificativo el lunes 3 de junio, a las 10:00 horas, en lossalones C y D del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden deldía.

3. Lectura, modificación y aprobación del acta co-rrespondiente a la sexta reunión de junta directiva.

4. Discusión y, en su caso, aprobación de la opiniónrespecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

AtentamenteDiputado Maximiliano Ruiz Arias

Presidente


A la séptima reunión plenaria, por llevarse a cabo ellunes 3 de junio, a las 11:00 horas, en los salones C yD del edificio G.

Orden del Día


2. Lectura, discusión y aprobación del orden deldía.


3. Lectura, modificación y aprobación del acta co-rrespondiente a la sexta reunión plenaria.

4. Discusión y, en su caso, aprobación de la opiniónrespecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.


6. Clausura.


Presidente

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la octava reunión de junta directiva, que se llevará acabo el martes 4 de junio, a las 8:00 horas, en la salade reuniones del órgano legislativo convocante en elsegundo piso edificio D.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delorden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delacta derivada de la sexta reunión de junta directiva.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de lasolicitud de prórroga para iniciativas.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de laopinión a la minuta con proyecto de decreto por elque se reforma, adiciona y derogan diversas dispo-siciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Leydel Seguro Social, en materia de personas trabaja-doras del hogar.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de laopinión que la Comisión de Seguridad Social, emi-

te en relación con el Plan Nacional de Desarrollo2019-2024.


AtentamenteDiputada Mary Carmen Bernal Martínez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA

A la novena sesión de junta directiva, que tendrá lugarel martes 4 de junio, de las 8:30 a las 9:30 horas, en lasala de reuniones del órgano legislativo convocante(edificio F, cuarto piso).

Orden del Día



3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delacta correspondiente a la sexta reunión plenaria.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación delorden del día para la séptima reunión plenaria.


6. Clausura.

AtentamenteDiputado Eduardo Ron Ramos

Presidente


DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la octava reunión ordinaria, que se llevará a cabo elmartes 4 de junio, a las 9:00 horas, en el salón E deledificio G.

Orden del Día



3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delacta derivada de la sexta reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de laopinión a la minuta con proyecto de decreto por elque se reforma, adiciona y derogan diversas dispo-siciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Leydel Seguro Social, en materia de personas trabaja-doras del hogar.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de laopinión que la Comisión de Seguridad Social, emi-te en relación con el Plan Nacional de Desarrollo2019-2024.


AtentamenteDiputada Mary Carmen Bernal Martínez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA

A la séptima reunión plenaria, que se realizará el mar-tes 4 de junio, de las 9:30 a las 11:30 horas, en la salade juntas del Grupo Parlamentario de MovimientoCiudadano (edificio F, tercer piso).

Orden del Día




4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de laopinión sobre el análisis del Plan Nacional de Des-arrollo.


6. Clausura.

AtentamenteDiputado Eduardo Ron Ramos

Presidente

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

A la novena reunión plenaria, que se realizará el mar-tes 4 de junio, a las 10:00 horas, en el mezanine ladonorte del edificio A.

Orden del Día


2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden deldía.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta corres-pondiente a la reunión plenaria del martes 23 deabril de 2019.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta relati-va a la reunión plenaria del martes 30 de abril de2019.

5. Discusión y, en su caso, aprobación de la pro-puesta de opinión sobre el Plan Nacional de Des-arrollo 2019-2024.


6. Discusión y, en su caso, aprobación del proyectode dictamen en sentido negativo correspondiente adiversas iniciativas con proyecto de decreto por lasque se reforman los artículos 3o., 26, 31 y 73 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos, en materia educativa.


8. Clausura y cita para la próxima reunión.

AtentamenteDiputada Miroslava Carrillo Martínez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

A la quinta reunión ordinaria, que tendrá verificativoel martes 4 de junio, a las 11:00 horas, en el mezaninesur de edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, y, en su caso, aprobación de las actas co-rrespondientes a la segunda, tercera y cuarta reu-niones plenarias.

4. Informe de los asuntos turnados a la comisión.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de laopinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delacuerdo por el cual se establece el formato a fin derealizar la reunión de trabajo con la encargada dedespacho de la Dirección General del Consejo Na-cional para el Desarrollo y la Inclusión de las Per-sonas con Discapacidad, ciudadana Alicia LozaGarcía Formenti.


8. Clausura.

AtentamenteDiputado Hugo Rafael Ruiz Lustre

Presidente

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVI-SIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS

A la tercera sesión plenaria, que se efectuará el martes4 de junio, a las 12:00 horas, en la sala 3, piso 14, dela Torre de Comisiones del Senado de la República.

Orden del Día



3. Informe de recepción del plan anual de trabajocorrespondiente al lapso 2019-2020 del defensor deaudiencia del Canal de Televisión del Congreso Ge-neral de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Designación del director general del Canal de Te-levisión del Congreso General de los Estados Uni-dos Mexicanos.


6. Clausura.

AtentamenteSenador Cruz Pérez Cuéllar

Presidente


DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO,URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDAD

A la octava reunión ordinaria, que se efectuará el mar-tes 4 de junio, de las 14:30 a las 17:00 horas, en el sa-lón B del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quorum.


3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delacta de la séptima reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de laopinión de la Comisión de Desarrollo Metropolita-no, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidadrespecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.


6. Clausura y convocatoria para la siguiente reu-nión.

AtentamenteDiputada Pilar Lozano Mac Donald

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

A la séptima reunión ordinaria, que tendrá lugar elmiércoles 5 de junio, a las 9:00 horas, en el salón C deledificio G.

Orden del Día


2. Lectura, discusión y, en su caso aprobación delorden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delacta correspondiente a la tercera reunión extraordi-naria, de fecha 24 de mayo de 2019.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de laopinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.



AtentamenteDiputado Miguel Prado de los Santos

Presidente

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

A la séptima reunión plenaria, que se llevará a cabo elmiércoles 5 de junio, a las 9:00 horas, en la zona C deledificio G.

Orden del Día




4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delos siguientes asuntos:

a) Dictamen sobre la minuta con proyecto de de-creto por el que se adiciona un párrafo a la frac-ción II del artículo 19 de la Ley General de In-fraestructura Física Educativa; y

b) Opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo2019-2024, que remite el Ejecutivo federal en


cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21de la Ley de Planeación.



AtentamenteDiputada Adela Piña Bernal

Presidenta


A la reunión con la organización Oceana, que se reali-zará el miércoles 5 de junio, a las 11:00 horas, en la sa-la de juntas de la convocante, situada en el edificio D,cuarto piso.


Presidente

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

A la novena reunión plenaria, que tendrá verificativoel miércoles 5 de junio, a las 12:00 horas, en el salónE del edificio G.

AtentamenteDiputada Julieta Kristal Vences Valencia

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

A la octava reunión ordinaria, que tendrá verificativoel miércoles 5 de junio, a las 15:00 horas, en el salónB del Edificio G.

Orden del Día

1. lista de asistencia y declaración de quórum.


3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de laséptima reunión ordinaria de la comisión.

4. Lectura y, en su caso, aprobación de los siguien-tes asuntos:

a) Opinión a la propuesta de Plan Nacional deDesarrollo 2019-2024, remitida por el titular delPoder Ejecutivo federal (turno D.G.P.L 64-II-8-1559).

b) Opinión a la iniciativa con proyecto de decre-to que reforma diversas disposiciones de la LeyGeneral de Educación y de la Ley General parala Inclusión de las Personas con Discapacidad(en materia de integración de alumnos con dis-capacidad a la educación regular), a cargo deldiputado Irineo Malina Espinoza, integrante deMorena (expediente 2963).

e) Opinión a la iniciativa con proyecto de decre-to que reforma los artículos 35 del Código CivilFederal y 32 de la Ley General para la Inclusiónde las Personas con Discapacidad, a cargo de ladiputada Claudia Pérez Rodríguez, integrante deMorena (expediente 2912).

d) Opinión a la iniciativa con proyecto de decre-to que reforma y adiciona el artículo 223 de laLey Federal de Telecomunicaciones y Radiodi-fusión, a cargo de la diputada Nohemí AlemánHernández, integrante del PAN (expediente2795).



6. Clausura.

AtentamenteDiputada Martha Hortencia Garay Cadena

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE TURISMO

A la sexta reunión ordinaria, que tendrá lugar el miér-coles 5 de junio, a las 16:00 horas, en la zona C deledificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.


3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de laopinión al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024en materia turística.


6. Clausura.

AtentamenteDiputado Luis Javier Alegre Salazar

Presidente

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILI-DAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS NATURALES

A la reunión extraordinaria que se llevará a cabo elviernes 7 de junio, a las 12:00 horas, en el salón E deledificio G.

Orden del Día



3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delacta de la cuarta reunión ordinaria de la Comisiónde Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Cli-mático y Recursos Naturales.

4. Dictámenes a discusión y votación.

5. Opinión de la comisión al Plan Nacional de Des-arrollo.


Atentamente.Diputada Beatriz Manrique Guevara

Presidenta

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-BLICA

A investigadores y estudiosos de la realidad mexicana,al Premio Nacional de Investigación Social y de Opi-nión Pública, novena edición, cuya convocatoria per-manecerá abierta hasta el viernes 30 de agosto de2019.

Bases completas: www.diputados.gob.mx/cesop

AtentamenteMaestro Ernesto Cavero PérezSubdirector de Opinión Pública


DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2019, cu-yas bases y convocatoria completa se pueden consul-tar en la página web del centro de estudios

www.cefp.gob.mx

AtentamenteLicenciado Hugo Christian Rosas de León

Secretario de Servicios Parlamentarios

Invitaciones

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

Al foro Consulta sobre el Plan Nacional de Desarro-

llo y el financiamiento al desarrollo, que tendrá lugarel martes 4 de junio, de las 10:00 a las 15:00 horas, enel salón Legisladores de la República, situado en eledificio A, segundo piso.

AtentamenteDiputado Alfonso Ramírez Cuéllar

Presidente

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-BLICA

A la proyección de la película “La Pivellina”, que sellevará a cabo el miércoles 5 de junio, a las 15:00 ho-ras, en el marco del Día Mundial de las Madres y delos Padres (1 de junio), y del Día Mundial de los Re-fugiados (20 de junio).

La proyección, parte del ciclo Tardes de cineclub, seefectuará en la sala José María Morelos y Pavón, si-tuada en el edificio I, planta baja.

Esta emisión de Tardes de cineclub es organizada conel Museo Legislativo Los Sentimientos de la Nación yla Cineteca Nacional.

AtentamenteCESOP

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

A la Carrera de la LXIV Legislatura, que tendrá lugarel domingo 9 de junio, a las 7:30 horas, en el EstadioOlímpico Universitario México 68, situado en Insur-gentes Sur sin número, Ciudad Universitaria, códigopostal 04510, Ciudad de México.

La carrera tendrá las modalidades de caminata de 2 ki-lómetros, y carrera de 5 y 10 kilómetros.

Inscripciones en abril y mayo de 2019, en la páginaweb www.sportanius.com

Informes de 10:00 a 14:00 horas en los teléfonos 50360000, extensiones 55265 y 55263; y 55 4240 1959, asícomo en la oficina del órgano legislativo convocante(edificio F, planta baja).

AtentamenteDiputado Ernesto Vargas Contreras

Presidente


DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Al diplomado Hacia la construcción de políticas públi-

cas en materia cultural: gestión y desarrollo integral,que en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticasy Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-xico, se llevará a cabo los jueves y viernes comprendidosdel 4 de julio al 13 de septiembre, de las 16:00 a las 21:00horas, en instalaciones de este Palacio Legislativo.

El diplomado será presencial u online. Informes e ins-cripciones del lunes 6 de mayo al viernes 28 de junio,de 10:00 a 14:00 horas, en los teléfonos 50360000 ex-tensiones 57040 y 57054; 0445523094730, 5551985149 y 5584498561. En el e-m@il: [email protected] en http://www.diplomadocamara.com así como en la oficina de la convocante, ubicadaen el tercer piso del edificio D.

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curricular.

Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios y po-líticos, estudiantes e investigadores (de ciencia políti-ca, administración pública, derecho, sociología, eco-nomía, relaciones internacionales, artes, cultura,cinematografía), funcionarios públicos de los tres ni-veles, académicos y personas relacionadas con la in-vestigación, el servicio público, la organización, laparticipación ciudadana y en general, el estudio, dise-ño, operación, gestión y evaluación de todos los ele-mentos de las políticas públicas y las actividades diri-gidas a la producción, fomento y creación cultural.

Objetivo general

Analizar y proponer una política integral eficaz en laamplia y estratégica temática del desarrollo de la pro-ducción, distribución, marco jurídico, presupuesto ypolíticas públicas dirigidas al sector cultural, en elcontexto de las transformaciones nacionales y globalesque ocurren en el siglo XXI y que obligan a replante-ar y repensar las políticas y estrategias necesaria paradarle viabilidad al desarrollo del país, mediante la ade-cuada planeación, sistematización y rediseño de suspolíticas públicas.

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con 120 horas de trabajoen el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los ponentes que participarán en el diplomado seráninvestigadores, profesores de educación superior, fun-cionarios públicos y responsables de organismos nogubernamentales, con la idea de generar una discusiónmultidisciplinaria sobre los temas antes descritos.

Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimoy las evaluaciones aplicadas en cada módulo.

* Modalidad online: estará disponible la plataforma los 7 días de

la semana, las 24 horas del día, consultará el material didáctico, vi-

deos por modulo, así como las presentaciones en power point o

PDF de los ponentes, más interacción permanente para consultas y

orientación docente con tutores especialistas. El participante debe-

rá ingresar mínimo 2 veces a la semana, el sistema estará abierto

los 7 días de la semana, las 24 horas del día, a efecto de computar

su asistencia.

En cuanto a las evaluaciones, se indicará con anticipa-ción las características de éstas y el tiempo límite parasu entrega, cuyo promedio mínimo de aprobación es8.0, al ser clasificado como un diplomado de excelen-cia por la UNAM.

Programa

Ceremonia inaugural

4 de julio

Módulo I. Formulación de las políticas públicas. Aná-lisis de su diseño y aplicación viable en el sector socialy cultural.

4, 5, 11 y 12 de julio.

• Fundamentos y teorías de las políticas públicas enel desarrollo social y cultural

• Análisis causa-efecto, métodos y aplicaciones

• Identificación y selección de alternativas viables

• Desarrollo de estrategias

• Monitoreo y evaluación de impacto

• Análisis de riesgos y aspectos clave para una ade-cuada implementación de las políticas públicas.


• Taller: Diseño de una política pública estratégicasectorial

Módulo II. Siglo XXI. Un mundo pluricultural

18, 19, 25 y 26 de julio.

1. Cultura e identidad

2. Migraciones e hibridación cultural

3. Globalidad y mexicanidad

4. Marco jurídico internacional cultural suscrito porMéxico

5. Las nuevas culturas urbanas

6. Medios digitales y transformación cultural

7. Pueblos indígenas y fortalecimiento cultural

8. El patrimonio cultural (tangible e intangible)

Módulo III. Análisis del sector institucional culturalen México

1, 2 y 8 de agosto.

1. El marco jurídico de la política cultural

2. Patentes y derechos de autor

3. La estructura sectorial y paraestatal de la cul-tura

4. El régimen de estímulos fiscales a la creación ar-tística y cultural

5. Presupuesto y apoyo a los creadores culturales

6. Estímulos fiscales a los privados para inversióncultural (Ley de Mecenazgo)

7. Infraestructura y acceso a la cultura

8. Educación artística y diversidad cultural

9. El Plan Nacional de Desarrollo y la perspectivacultural

Módulo IV. Retos del desarrollo cultural

9, 15 y 16 de agosto.

1. Actualización del marco jurídico. Armonizaciónlegislativa y derechos culturales

2. La Economía Creativa (Ley de Economía Creativa)

3. Coordinación entre niveles de gobierno

4. Participación social y cultura

5. Asociaciones público-privadas para la cultura

6. Financiamiento, difusión y apoyo para una nuevaera cultural

7. Industrias culturales en las redes digitales

8. La tasa cero a librerías

9. Parlamento Abierto, legislación y políticas públicas

Módulo V. Cinematografía: actualidad y perspectivas

22, 23, 29 y 30 de agosto.

a. El cine y su crecimiento competitivo

b. Cultura y presencia cinematográfica en el mundo

c. Fiscalidad y apoyo económico al cine mexicano

d. Formación de recursos humanos de alto nivel pa-ra la cinematografía

e. Piratería y estrategias legales

f. Emprendedurismo y desarrollo del cine

Módulo VI (taller)

5, 6 y 12 de septiembre.

- Taller de casos prácticos

- Integración de propuestas de rediseño de las polí-ticas públicas


- Gestión cultural: marketing y comunicación

- Mesas de discusión académica

Clausura

13 de septiembre.

Programación sujeta a cambios

AtentamenteDiputado Sergio Mayer Bretón

Presidente


Al diplomado, presencial y en línea, Análisis y redise-

ño de las políticas públicas para la soberanía alimen-

taria y la pesca en México frente a la globalización,

que se llevará a cabo los jueves y los viernes com-prendidos hasta el 2 de agosto, de las 16:00 a las 21:00horas, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Con la participación de la Facultad de Ciencias Polí-ticas y Sociales, y la División de Educación Continuay Vinculación de la Universidad Nacional Autónomade México, el diplomado está dirigido a legisladores,asesores parlamentarios y políticos, estudiantes e in-vestigadores (de ciencia política, administración pú-blica, derecho, sociología, economía, relaciones in-ternacionales, desarrollo rural, planificaciónagropecuaria, antropología), funcionarios públicosde los tres niveles, académicos y personas relaciona-das con la investigación, el servicio público, la orga-nización, la participación ciudadana y, en general, elestudio, diseño, operación, gestión y evaluación detodos los elementos de las políticas públicas y las ac-tividades socioeconómicas dirigidas a la producciónde alimentos agropecuarios y pesqueros, en cualquie-ra de sus ámbitos.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fechas: del 23 de mayo al 2 de agosto de 2019.

Sesiones: jueves y viernes de 16:00 a 21:00 horas.

Informes e inscripciones: del 25 de marzo al 17 de ma-yo, de 10:00 a 14:00 horas, a los teléfonos 50360000,extensiones 57187 y 57186, celulares 0445529212480,0445551985149 y 0445525460221, correo electró[email protected], página web http://www.diplomadocamara.com, así como en las oficinasde la comisión, situadas en el cuarto piso del edificio Ddel Palacio Legislativo de San Lázaro.

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valorcurricular.

Objetivo general:

Analizar y proponer una política integral eficaz en laamplia y estratégica temática del desarrollo de la pro-ducción, distribución, abasto, marco jurídico, presu-puesto y políticas públicas dirigidas al sector agroali-mentario y pesquero mexicano, en el contexto de lastransformaciones nacionales y globales que ocurren enel siglo XXI y que obligan a replantear y repensar laspolíticas y estrategias necesaria para darle viabilidad ala economía, la salud, la alimentación y el desarrollodel país, mediante la adecuada planeación, sistemati-zación y rediseño de sus políticas públicas.

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajolos días jueves y viernes, de 16:00 a 21:00 horas.

* Modalidad en línea (on line): estará disponible la plataforma

los 7 días de la semana, las 24 horas del día, consultará el mate-

rial didáctico, videos por módulo, así como las presentaciones en

Power Point o PDF de los ponentes, más interacción permanente

para consultas y orientación docente con tutores especialistas.

Los ponentes que participarán en el diplomado seráninvestigadores, profesores de educación superior,funcionarios públicos y responsables de organismosno gubernamentales, con la idea de generar una dis-cusión multidisciplinaria sobre los temas antes des-critos.

Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimoy las evaluaciones aplicadas en cada módulo.


* Modalidad en línea (on line): deberá ingresar mínimo 2 veces

a la semana, el sistema estará abierto los 7 días de la semana, las

24 horas del día, a efecto de computar su asistencia.

En cuanto a las evaluaciones, se indicará con anticipa-ción las características de las mismas y el tiempo lími-te para su entrega, cuyo promedio mínimo de aproba-ción es 8.0, al ser clasificado como un diplomado deexcelencia por la UNAM.

Módulos y temario

Módulo II. Políticas públicas para la competitivi-dad y la soberanía alimentaria. Tecnología, inver-siones y productividad.

6, 7, 13 y 14 de junio

• Análisis de la situación y perspectivas de la com-petitividad y soberanía alimentaria nacional.

• Factores estratégicos para la implementación depolíticas públicas para la productividad y la susten-tabilidad del sector alimentario y pesquero.

• Avances de América Latina y el Caribe para la re-alización del derecho humano a una alimentaciónadecuada.

• Una tendencia emergente: la soberanía alimenta-ria.

• Inversión, tecnología y productividad alimentariay pesquera en México.

• Diagnóstico de los efectos de los Tratados de Li-bre Comercio en materia alimentaria.

• Apertura e integración económica. Retos paraconstruir un comercio alimentario internacional jus-to, equitativo y sustentable.

Módulo III. La organización productiva nacional.Evaluación del contenido y alcances de las políticasnacionales dirigidas a la alimentación y la pesca.

20, 21, 27 y 28 de junio

• El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y losprogramas sectoriales, regionales e institucionales.

• Marco jurídico, presupuesto, reglas de operación yejercicio de los programas dirigidos al campo y lapesca.

• Desempeño de las instituciones gubernamentalesy organización productiva.

• Federalización y transferencia de atribuciones alos estados y municipios.

• Sanidad e inocuidad alimentaria.

• Infraestructura de cuencas e hidroagrícola.

• El deterioro ambiental.

• Financiamiento e infraestructura.

• Fortalezas y debilidades de las grandes empre-sas.

• Fortalezas y debilidades de las pequeñas y media-nas empresas y las cooperativas.

Módulo IV. Análisis y propuestas de rediseño delmarco jurídico, presupuestal e institucional.

4, 5, 11 de julio

• El principio de la libertad de los mares.

• Convención del derecho del mar.

• Las organizaciones internacionales que regulanlos sistemas alimentarios y pesqueros.

• El papel de la FAO, la OCDE, OMC, FMI y BM.

• El derecho pesquero: marco jurídico y derechoconsuetudinario.

• El derecho que regula la producción de alimen-tos.

• Alcance y reforma de las instituciones para el des-arrollo agropecuario y pesquero.

Módulo V. ¿México, país pesquero? Realidad y pers-pectiva de la pesca y la acuacultura sustentables.


12, 18, 19 de julio

• Los fundamentos teóricos de la economía públicaen la pesca y la acuicultura.

• La comunidad pesquera: realidad y expresión aso-ciativa.

• Los recursos pesqueros: tipología y naturalezaeconómica.

• La demanda de los productos pesqueros: recursoalimentario y mercancía.

• La evolución de las capturas mundiales: distribu-ción, cambio técnico y estado de los recursos.

• La acuicultura: técnicas, posibilidades y límites.

Módulo VI. Taller: Evaluación y diseño de proyectosen materia de políticas públicas para la soberanía, la

competitividad agropecuaria, pesquera, el desarro-llo y el bienestar colectivo. Marco lógico y PbR.

25, 26 de julio y 1 de agosto

• Taller de casos prácticos.

• Integración de propuestas de rediseño de las polí-ticas públicas.

• Mesas de discusión académica.

Clausura: 2 de agosto

Programación sujeta a cambios


Presidente


Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura

Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Gaceta Parlamentaria de la Cámara de DiputadosDirector: Juan Luis Concheiro Bórquez, Edición: Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. Domicilio: Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Le-gislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. Dirección electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/

Mesa DirectivaDiputados: Porfirio Muñoz Ledo, presidente; vicepresidentes, María de los Dolo-res Padierna Luna, MORENA; Marco Antonio Adame Castillo, PAN; Dulce MaríaSauri Riancho, PRI; secretarios, Karla Yuritzi Almazán Burgos, MORENA; Maria-na Dunyaska García Rojas, PAN; Sara Rocha Medina, PRI; Héctor René CruzAparicio, PES; Lizeth Sánchez García, PT; Carmen Julieta Macías Rábago, MO-VIMIENTO CIUDADANO; Mónica Bautista Rodríguez, PRD; Lyndiana Elizabeth Bur-garín Cortés, PVEM; Lilia Villafuerte Zavala, SP.

Junta de Coordinación PolíticaDiputados: Mario Delgado Carrillo, presidente, MO-RENA; Juan Carlos Romero Hicks, PAN; René JuárezCisneros, PRI; Olga Juliana Elizondo Guerra, PES;Reginaldo Sandoval Flores, PT; Izcóatl TonatiuhBravo Padilla, MOVIMIENTO CIUDADANO; VerónicaBeatriz Juárez Piña, PRD; Arturo Escobar y Vega,PVEM;