dictamen en sentido positivo que presentan las...

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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA

ADOLESCENCIA, DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, DE EDUCACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, RESPECTO DE LA

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTAN LAS

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA

ADOLESCENCIA, DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES,

PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, DE EDUCACIÓN, DE

DERECHOS HUMANOS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,

SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES LA LEY GENERAL DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

HONORABLE ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia,

de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de

Educación, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos,

Segunda, les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Minuta con

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas

disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

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Las y los integrantes de estas Comisiones Unidas procedieron al

estudio de la Minuta en comento, revisando y analizando a detalle las

consideraciones y fundamentos que justifican las modificaciones que

se proponen, con el objeto de emitir el dictamen correspondiente

conforme a lo dispuesto en los artículos 71, 72, fracción E, 73, fracción

XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

85, 86, 89, 94, 134, 135, 136, 137, 138 de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117,

135, 178, 182, 190, 220 y 221 demás relativos y aplicables del

Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de

inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para emitir el

dictamen de la Minuta que nos ocupa.

II. En el apartado titulado “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA

MINUTA” se resume el propósito de las modificaciones.

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III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se exponen las razones

de las y los integrantes de las Comisiones Unidas en torno a las

modificaciones remitidas por la Cámara revisora.

IV. En el apartado “DECRETO” se consigna el texto normativo y el

régimen transitorio de Nueva Ley General de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes y de las reformas a la Ley General de Prestación

de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 1 de septiembre de 2014, el Ejecutivo federal, a través

de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y de Acuerdos Políticos

de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No.

SELAP/300/1888/14, remitió al Diputado Silvano Aureoles

Conejo, Presidente del Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos, la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley

General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se

reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación

de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral

Infantil; solicitando fuera enviada a la Cámara de Senadores,

para sus efectos constitucionales, señalando fuera considerada

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iniciativa con carácter de trámite preferente. Asimismo, se

adjuntó copia del oficio número 315-A-02624, de fecha 29 de

agosto de 2014, signada por la Dirección General de

Programación y Presupuesto A de la Subsecretaría de Egresos de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al

Dictamen de impacto presupuestario de la iniciativa.

2. En la misma fecha, mediante oficio No. DGPL 62-II-8-3703, la

Secretaría de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del

Congreso de la Unión remitió a la Secretaría de la Mesa Directiva

de la Cámara de Senadores, la citada iniciativa de trámite

preferente.

3. El 01 de septiembre de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva

de la Cámara de Senadores, con fundamento en el inciso a) del

numeral 2 del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso

General, mediante oficio No. DGPL/5, turnó la referida iniciativa a

las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables,

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Derechos

Humanos, de Educación, para la Igualdad de Género, y de

Estudios Legislativos, Segunda, a efecto de analizarla y

dictaminarla.

4. El 03 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de

Senadores determinó rectificar el turno de la siguiente manera:

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Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia,

de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género,

de Educación, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos,

Segunda, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo

Humano, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 178 del

Reglamento del Senado.

5. Con fecha 9 de septiembre de 2014, se firmó el “Acuerdo de las

Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia;

de Atención a Grupos Vulnerables; para la Igualdad de Género;

de Educación; de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos,

Segunda, por el que se establece el método de trabajo para el

estudio y elaboración del proyecto de dictamen correspondiente

a la iniciativa preferente con proyecto de decreto por el que se

expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y

Desarrollo Integral Infantil”; planteando un calendario para el

análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen

correspondiente; incluyó además, una serie de audiencias con

autoridades gubernamentales, especialistas, representantes de

organizaciones de la sociedad civil, de organismos

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internacionales y ciudadanos relacionados con las materias de

cada comisión.

6. En la misma fecha, de conformidad con el numeral 1 del artículo

141 del Reglamento del Senado, las Comisiones Unidas se

declararon en sesión permanente hasta la culminación de la

discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que nos ocupa.

7. Con fecha 25 de septiembre de 2014 se aprobó el dictamen de

mérito por unanimidad en el pleno de las Comisiones Unidas de

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Atención a Grupos

Vulnerables; para la Igualdad de Género; de Educación; de

Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la

Cámara de Senadores.

8. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores, de

fecha 29 de septiembre de 2014, se aprobó el Dictamen que

presentan las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la

Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad

de Género, de Educación, de Derechos Humanos, de Estudios

Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de la Familia y

Desarrollo Humano, por el que se expide la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas


Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

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9. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la

Cámara de Senadores remitió, para sus efectos constitucionales,

la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se

reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación

de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral

Infantil, a la Cámara de Diputados.

10. Con fecha 23 de octubre de 2014, el Pleno de la Cámara de

Diputados aprobó la Minuta con proyecto de Decreto por el que

se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, y que reforma diversas disposiciones de la Ley

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y

Desarrollo Integral Infantil.

11. Con fecha 23 de octubre de 2014, la Minuta fue remitida a

la Cámara de Senadores—oficio número DGPL 62-II-5-2013/Exp.

No. 5046—, para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

12. El 28 de octubre de 2014, en sesión ordinaria del Senado

de la República, la Mesa Directiva resolvió turnar la citada

Minuta, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos

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Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de

Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, Segunda.

13. Con fecha 30 de octubre de 2014, las Comisiones Unidas

acordaron el método de trabajo a fin analizar y dictaminar la

Minuta citada, con apego a lo dispuesto en la fracción E del

artículo 72 de la Carta Magna.

Contenido del Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos

de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos

Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de

Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, Segunda, con

opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, por

el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de

la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención,

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Como parte del proceso de dictaminación de la iniciativa preferente

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la

Protección de Niñas, Niños Adolescentes, y se reforman diversas


Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y derivado del Acuerdo

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de las Comisiones Dictaminadoras, es menester puntualizar que el

Senado de la República estableció un método de trabajo para el

estudio y elaboración del proyecto de dictamen, el cual permitió el

desarrollo de audiencias públicas en donde se escucharon las opiniones

y propuestas de todos los sectores sociales que quisieran compartir su

experiencia y conocimiento en materia de niñez y adolescencia.

Este proceso constituyó, además, un hito en la historia legislativa en

virtud de que el Senado de la República refrendó su compromiso con

los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil,

especialistas, la academia, las autoridades especializadas y de gobierno

con el objetivo de generar un debate amplio, plural y abierto que les

permitiera a las y los senadores conocer y analizar las posturas y

contenidos que esta nueva ley debía considerar, y de esta manera,

legislar de manera informada y adentrados al contexto técnico-jurídico

y social de las demandas e intereses para promover, proteger y

garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y

adolescentes. En este marco fueron llevadas a cabo cuatro audiencias

públicas a partir de las cuales surgieron diversos documentos, mismos

que fueron incluidos en el sitio web del Senado de la República a fin de

informar de manera transparente a la población las propuestas

emanadas del proceso de análisis y discusión de las audiencias.

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De igual manera, las Comisiones Dictaminadoras recibieron las

propuestas por escrito de diversas organizaciones de la sociedad civil,

organismos internacionales especialistas, académicos y autoridades

gubernamentales que si bien no contaron con un espacio de

participación en las audiencias, debido a los tiempos que la propia Ley

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el

Reglamento del Senado de la República marca para la dictaminación

de iniciativas preferentes, fueron revisadas y analizadas por las

Comisiones Dictaminadoras.

El resultado de este ejercicio incluyente y consultivo, además de la

revisión de los diversos tratados internacionales en la materia, así

como de las recomendaciones de organismos internacionales, de las

propuestas recibidas por las y los legisladores de diversos grupos

parlamentarios, y las propuestas de las organizaciones de la sociedad

civil dio como resultado la modificación de 106 artículos de la Iniciativa

Preferente enviada por el Ejecutivo Federal y la adición de 13 nuevas

disposiciones.

Finalmente el Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la

Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, Para la

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Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos, de Estudios

Legislativos, Segunda, con opinión de la Familia y Desarrollo Humano,

por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral

Infantil, fue aprobado por unanimidad el 29 de septiembre por el Pleno

del Senado de la República por 101 votos a favor, cero en contra y

cero abstenciones, y fue remitido a la Cámara de Diputados para sus

efectos constitucionales.

A continuación se presenta de manera esquemática las modificaciones

sustanciales que esta Cámara de Senadores aprobó respecto a la

Iniciativa Preferente turnada:

Iniciativa Preferente con

Proyecto de Decreto por el

que se expide la Ley General

para la Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes y

reforma diversas

disposiciones de la Ley

General de Prestación de

Dictamen de las Comisiones

Unidas de Derechos de la

Niñez y de la Adolescencia, de

Atención a Grupos

Vulnerables, Para la Igualdad

de Género, de Educación, de

Derechos Humanos, de

Estudios Legislativos,

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Servicios para la Atención,

Cuidado y Desarrollo Integral

Infantil

Segunda, con opinión de la

Comisión de la Familia y

Desarrollo Humano, por el que

se expide la Ley General de

los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes y se reforman

diversas disposiciones de la

Ley General de Prestación de



Infantil

LEY GENERAL PARA LA

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES

LEY GENERAL DE LOS

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES

Título Primero

De las Disposiciones Generales

Título Primero


Artículo 1. La presente Ley es de

orden público, interés social y

observancia general, y tiene por

objeto:

Artículo 1. La presente Ley es de

orden público, interés social y

observancia general en el

territorio nacional, y tiene por

objeto:

No hay correlativo I. Reconocer a niñas, niños y

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adolescentes como titulares

de derechos, de conformidad

con los principios de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad y progresividad;

en los términos que establece

el artículo 1o. de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

I. Garantizar el pleno ejercicio,

respeto, protección y promoción

de los derechos de niñas, niños y

adolescentes, conforme al

principio del interés superior de la

niñez establecido en el artículo 4o.

de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y los

tratados internacionales;

II. Garantizar el pleno ejercicio,

respeto, protección y promoción

de los derechos humanos de

niñas, niños y adolescentes

conforme a lo establecido en la


Estados Unidos Mexicanos y en los

tratados internacionales de los

que el Estado mexicano forma

parte;

No hay correlativo III. Crear y regular la

integración, organización y

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funcionamiento del Sistema

Nacional de Protección

Integral de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes, a

efecto de que el Estado

cumpla con su

responsabilidad de garantizar

la protección, prevención y

restitución integrales de los

derechos de niñas, niños y

adolescentes que hayan sido

vulnerados;

II. Establecer los principios y

criterios que orientarán la política

nacional en materia de derechos

de niñas, niños y adolescentes, así

como la concurrencia y bases de

coordinación entre la Federación,

las entidades federativas, los

municipios y las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, y

IV. Establecer los principios

rectores y criterios que

orientarán la política nacional en

materia de derechos de niñas,

niños y adolescentes, así como las

facultades, competencias,

concurrencia y bases de



Municipios, y las demarcaciones

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territoriales del Distrito Federal; y

la actuación de los Poderes

Legislativo y Judicial, y los

organismos constitucionales

autónomos, y

III. Establecer las bases generales

para la participación de los

sectores privado y social en las

acciones tendentes a la protección

del interés superior de la niñez.

V. Establecer las bases generales

para la participación de los

sectores privado y social en las

acciones tendentes a garantizar la

protección y el ejercicio de los


adolescentes, así como a

prevenir su vulneración.

Artículo 2. El interés superior de la

niñez es el principio rector, en

virtud del cual el Estado debe

tomar las decisiones y realizar las

actuaciones para la protección de

los derechos de niñas, niños y

adolescentes.

Para tal efecto, en las acciones

que lleven a cabo las autoridades

Artículo 2. Para garantizar la

protección de los derechos de

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de la Federación, las entidades

federativas, los municipios y las

demarcaciones territoriales del

Distrito Federal, en el ámbito de

sus respectivas competencias, se

deberá:

niñas, niños y adolescentes,

las autoridades realizarán las

acciones y tomarán medidas,

de conformidad con los

principios establecidos en la

presente ley. Para tal efecto,

deberán:

I. Garantizar el pleno ejercicio, a

través de los medios idóneos, de


adolescentes establecidos en la


Estados Unidos Mexicanos; los

tratados internacionales, esta Ley

y demás disposiciones aplicables;

I. Garantizar un enfoque

integral, transversal y con

perspectiva de derechos

humanos en el diseño y la

instrumentación de políticas y

programas de gobierno;

II. Considerar los aspectos

culturales, morales, afectivos,

educativos y de salud de niñas,

niños y adolescentes e incorporar

sus opiniones, en proporción a su

edad, desarrollo evolutivo,

cognoscitivo y madurez, y

II. Promover la participación,

tomar en cuenta la opinión y

considerar los aspectos culturales,

éticos, afectivos, educativos y de

salud de niñas, niños y

adolescentes, en todos aquellos

asuntos de su incumbencia, de

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acuerdo a su edad, desarrollo

evolutivo, cognoscitivo y madurez,

y

III. Contribuir en su conjunto a un

desarrollo integral de niñas, niños

y adolescentes, así como a su

máximo bienestar posible en los

ámbitos familiar y social, en

condiciones de igualdad y sin

discriminación alguna.

III. Establecer mecanismos

transparentes de seguimiento

y evaluación de la

implementación de políticas,

programas gubernamentales,

legislación y compromisos

derivados de tratados

internacionales en la materia.

El interés superior de la niñez

deberá ser considerado de manera

primordial en la toma de

decisiones sobre una cuestión

debatida que involucre niñas,

niños y adolescentes. Cuando se

presenten diferentes

interpretaciones, se elegirá la que

satisfaga de manera más efectiva

este principio rector.

…

Cuando se tome una decisión que …

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afecte a niñas, niños o

adolescentes, en lo individual o

colectivo, se deberán evaluar y

ponderar las posibles

repercusiones a fin de

salvaguardar el interés superior de

la niñez y sus garantías

procesales.

No hay correlativo Las autoridades de la

Federación, de las entidades

federativas, de los municipios

y de las demarcaciones

territoriales del Distrito

Federal, en el ámbito de sus

competencias, deberán

incorporar en sus proyectos

de presupuesto la asignación

de recursos que permitan dar

cumplimiento a las acciones

establecidas por la presente

Ley.

No hay correlativo La Cámara de Diputados del

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Congreso de la Unión, los

Congresos locales y la

Asamblea Legislativa del

Distrito Federal, establecerán

en sus respectivos

presupuestos, los recursos

que permitan dar


establecidas por la presente

Ley.

Artículo 3. La Federación, las

entidades federativas, los


territoriales del Distrito Federal, en

el ámbito de sus respectivas

competencias, concurrirán en el

cumplimiento del objeto de esta

Ley, para el diseño, ejecución,

seguimiento y evaluación de

políticas públicas en materia de

ejercicio, respeto, protección y

promoción de los derechos de

Artículo 3. …

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niñas, niños y adolescentes, así

como para garantizar su máximo

bienestar posible privilegiando el

interés superior de la niñez a

través de medidas estructurales,

legales, administrativas y

presupuestales.

Las políticas públicas deberán

contribuir a la formación física,

psicológica, social, cultural y cívica

de niñas, niños y adolescentes.

Las políticas públicas deberán

contribuir a la formación física,

psicológica, económica, social,

cultural, ambiental y cívica de

niñas, niños y adolescentes.

Artículo 4. Para los efectos de esta

Ley, se entenderá por:

Artículo 4. …

No hay correlativo I. Acciones afirmativas:

Acciones de carácter

temporal, de políticas y

prácticas de índole legislativa,

administrativa y jurisdiccional

que son correctivas,

compensatorias y de

promoción, encaminadas a

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acelerar la igualdad

sustantiva entre niñas, niños y

adolescentes;

No hay correlativo II. Acogimiento residencial:

Aquél brindado por centros de

asistencia social como una

medida especial de protección

de carácter subsidiario, que

será de último recurso y por el

menor tiempo posible,

priorizando las opciones de

cuidado en un entorno

familiar;

I. Adopción internacional: Aquélla

que se realice en términos de lo

dispuesto por los tratados

internacionales en la materia;

III. …

No hay correlativo IV. Ajustes razonables: Las

modificaciones y adaptaciones

necesarias y adecuadas que

no impongan una carga

desproporcionada o indebida,

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cuando se requieran en un

caso particular, para

garantizar a niñas, niños y

adolescentes con

discapacidad el goce o

ejercicio, en igualdad de

condiciones con las demás, de

todos los derechos humanos y

libertades fundamentales;

II. Centro de asistencia social: El

establecimiento, lugar o espacio

donde se otorga asistencia social a

niñas, niños y adolescentes por

instituciones públicas y privadas,

así como asociaciones, cualquiera

que sea su denominación;

V. Centro de asistencia social: El

establecimiento, lugar o espacio

de cuidado alternativo o

acogimiento residencial para

niñas, niños y adolescentes sin

cuidado parental o familiar

que brindan instituciones

públicas, privadas y asociaciones;

III. Certificado de idoneidad: El

documento expedido por el

Sistema Nacional DIF y los

Sistemas de las Entidades, o por

la autoridad central del país de

VI. …

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origen de los adoptantes en los

casos de adopciones

internacionales, en virtud del cual

se determina que los solicitantes

de adopción son aptos para ello;

No hay correlativo VII. CONEVAL: Consejo

Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social;

No hay correlativo VIII. Diseño universal: El

diseño de productos,

entornos, programas y

servicios que puedan utilizar


en la mayor medida posible,

sin necesidad de adaptación ni

diseño especializado. El

diseño universal no excluirá

las ayudas técnicas para


con discapacidad cuando se

necesiten;

No hay correlativo IX. Discriminación Múltiple: La

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situación de vulnerabilidad

específica en la que se

encuentran niñas, niños y

adolescentes que al ser

discriminados por tener

simultáneamente diversas

condiciones, ven anulados o

menoscabados sus derechos;

No hay correlativo X. Familia de origen: aquélla

compuesta por titulares de la

patria potestad, tutela, guarda

o custodia, respecto de

quienes niñas, niños y

adolescentes tienen

parentesco ascendente hasta

segundo grado;

No hay correlativo XI. Familia extensa o

ampliada: aquélla compuesta

por los ascendientes de niñas,

niños y adolescentes en línea

recta sin limitación de grado,

y los colaterales hasta el

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cuarto grado;

No hay correlativo XII. Familia de acogida:

aquélla que cuente con la

certificación de la autoridad

competente y que brinde

cuidado, protección, crianza

positiva y la promoción del

bienestar social de niñas,

niños y adolescentes por un

tiempo limitado hasta que se

pueda asegurar una opción

permanente con la familia de

origen, extensa o adoptiva;

No hay correlativo XIII. Familia de acogimiento

pre-adoptivo: aquélla distinta

de la familia de origen y de la

extensa que acoge

provisionalmente en su seno


con fines de adopción, y que

asume todas las obligaciones

en cuanto a su cuidado y

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protección, de conformidad

con el principio de interés

superior de la niñez;

No hay correlativo XIV. Igualdad Sustantiva. El

acceso al mismo trato y

oportunidades para el

reconocimiento, goce o

ejercicio de los derechos

humanos y las libertades

fundamentales;

IV. Informe de adoptabilidad: El

documento expedido por el


Sistemas de las Entidades, que

contiene la información sobre la

identidad, medio social, evolución

personal y familiar que determina

la adoptabilidad de niñas, niños o

adolescentes;

XV. …

V. Órgano jurisdiccional: Los

juzgados o tribunales federales o

de las entidades federativas;

XVI. …

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VI. Procuradurías de Protección:

La Procuraduría Federal de

Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes y las procuradurías

de protección de niñas, niños y

adolescentes de cada entidad

federativa;

XVII. …

VII. Programa Local: El Programa

de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes de cada entidad

federativa;

XVIII. …

VIII.Programa Nacional: El

Programa Nacional de Protección

de Niñas, Niños y Adolescentes;

XIX. …

IX. Representación coadyuvante:

El acompañamiento de niñas,

niños y adolescentes en los

procedimientos jurisdiccionales y

administrativos, que de manera

oficiosa, quedará a cargo de las

Procuradurías de Protección,

conforme a sus respectivos

XXI. …

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ámbitos de competencia, sin

perjuicio de la intervención que

corresponda al Ministerio Público;

X. Representación originaria: La

representación de niñas, niños y

adolescentes a cargo de quienes

ejerzan la patria potestad o tutela,

de conformidad con lo dispuesto

en esta Ley y demás disposiciones

aplicables;

XXII. …

XI. Representación en suplencia:

La representación de niñas, niños

y adolescentes a cargo de las


conforme a sus respectivos

ámbitos de competencia, sin

perjuicio de la intervención que

corresponda al Ministerio Público;

XXIII. …

XII. Sistemas de las Entidades:

Los Sistemas para el Desarrollo

Integral de la Familia de cada

entidad federativa;

XXIV. …

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XIII. Sistema Local de Protección:

El Sistema de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes de cada

entidad federativa;

XXV. …

XIV. Sistemas Municipales: Los

Sistemas Municipales para el

Desarrollo Integral de la Familia;

XXVI. …

XV. Sistema Nacional DIF: El

Sistema Nacional para el

Desarrollo Integral de la Familia;

XXVII. …

XVI. Sistema Nacional de

Protección: El Sistema Nacional de

Protección Integral de Niñas,

Niños y Adolescentes, y

XXVIII. …

XVII. Tratados Internacionales:

Los tratados internacionales

vigentes en materia de derechos

de niñas, niños y adolescentes de

los que el Estado mexicano sea

parte.

XXIX. …

No hay correlativo XX. Protección Integral:

Conjunto de mecanismos que

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se ejecuten en los tres

órdenes de gobierno con el fin

de garantizar de manera

universal y especializada en

cada una de las materias

relacionadas con los derechos

humanos de niñas, niños y

adolescentes de conformidad

con los principios rectores de

esta Ley, la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos y los tratados

internacionales de los que el

Estado mexicano forma parte;

Artículo 5. Son niñas y niños los

menores de doce años, y

adolescentes las personas de

entre doce años cumplidos y

menos de dieciocho años de edad.

Artículo 5. …

Cuando exista la duda de si se

trata de una persona mayor de

dieciocho años de edad, se

…

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presumirá que es adolescente.

Cuando exista la duda de si se

trata de una persona mayor o

menor de doce años, se presumirá

que es niña o niño.

Artículo 6. Para efectos del artículo

2 de esta Ley, son principios que

fortalecen y complementan el

interés superior de la niñez, los

siguientes:

Artículo 6. Para efectos del artículo

2 de esta Ley, son principios

rectores, los siguientes:

No hay correlativo I. El Interés superior de la

niñez;

I. La universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y

progresividad de los derechos de


conforme a lo dispuesto en los

artículos 1o. y 4o. de la



II. La universalidad,

interdependencia, indivisibilidad,

progresividad e integralidad de los


adolescentes, conforme a lo

dispuesto en los artículos 1o. y 4o.

de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos así

como en los tratados

internacionales;

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No hay correlativo III. La igualdad sustantiva;

II. La no discriminación; IV. …

No hay correlativo V. La inclusión;

III. El derecho a la vida, la

supervivencia y el desarrollo;

VI. El derecho a la vida, la

supervivencia y al desarrollo;

IV. La participación; VII. …

V. La interculturalidad; VIII. …

VI. La corresponsabilidad de los

miembros de la familia, la

sociedad y las autoridades, y

VII. La transversalidad en la

legislación, políticas públicas,

actividades administrativas,

económicas y culturales.

Artículo 7. Las leyes federales y de

las entidades federativas deberán

garantizar el ejercicio, respeto,

protección y promoción de los


adolescentes; así como prever,

primordialmente, los cuidados y la

asistencia que requieran para un

Artículo 7. …

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crecimiento y desarrollo integral

plenos.

El ejercicio de los derechos de las

personas adultas no podrá

condicionar el ejercicio de los


adolescentes, salvo por resolución

del órgano jurisdiccional

competente.






competencias, impulsarán la

cultura de protección de niñas,

niños y adolescentes, basada en el

principio de interés superior de la

niñez y en las disposiciones de los

tratados internacionales.

Artículo 8. Las autoridades

federales, de las entidades

federativas, municipales y de

las demarcaciones territoriales del


sus respectivas competencias,

impulsarán la cultura de respeto,

promoción y protección de


adolescentes, basada en los

principios rectores de esta

Ley.

Artículo 9. A falta de disposición Artículo 9. A falta de disposición

de 713





expresa en la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos,

en los tratados internacionales, en

esta Ley o en las demás

disposiciones aplicables, se estará

a los principios generales que

deriven de dichos ordenamientos

y a falta de éstos, a los principios

generales del derecho,

privilegiando en todo momento el

interés superior de la niñez en los

términos dispuestos por el artículo

2 de la presente Ley.

expresa en la Constitución Política


en los tratados internacionales, en

esta Ley o en las demás

disposiciones aplicables, se estará

a los principios generales que

deriven de dichos ordenamientos

y a falta de éstos, a los principios

generales del derecho,

privilegiando en todo momento

los principios rectores de esta

Ley.

Artículo 10. En la aplicación de la

presente Ley se tomarán en

cuenta las condiciones particulares

de niñas, niños y adolescentes en

los diferentes sectores de la

población, a fin de proteger el

ejercicio igualitario de todos sus

derechos.

Artículo 10. …

de 713





La Federación, las entidades





adoptarán medidas de protección

especial para niñas, niños y

adolescentes que se encuentren

en situación de vulnerabilidad por

circunstancias específicas de

carácter socioeconómico,

psicológico, físico, identidad

cultural, o bien, relacionadas con

aspectos de género, creencias

religiosas o prácticas culturales, u

otros que restrinjan o limiten el

ejercicio de sus derechos.

Las autoridades federales, de

las entidades federativas,

municipales y de las




adoptarán medidas de protección

especial de derechos de niñas,

niños y adolescentes que se

encuentren en situación de

vulnerabilidad por circunstancias

específicas de carácter

socioeconómico, alimentario,

psicológico, físico, discapacidad,

identidad cultural, origen étnico

o nacional, situación

migratoria o apatridia, o bien,

relacionadas con aspectos de

género, preferencia sexual,

creencias religiosas o prácticas

culturales, u otros que restrinjan o

limiten el ejercicio de sus

de 713





derechos.

Artículo 11. Es deber del Estado,

la familia, la comunidad a la que

pertenecen y, en general, de

todos los integrantes de la

sociedad, el respeto y el auxilio

para la protección de niñas, niños

y adolescentes, así como

garantizarles un nivel adecuado de

vida.

Artículo 11. Es deber de la familia,

la comunidad a la que pertenecen,

del Estado y, en general, de

todos los integrantes de la

sociedad, el respeto y el auxilio

para la protección de derechos

de niñas, niños y adolescentes, así

como garantizarles un nivel

adecuado de vida.

Artículo 12. Es obligación de toda

persona que tenga conocimiento

de casos de niñas, niños y

adolescentes que sufran o hayan

sufrido en cualquier forma

violación de sus derechos, hacerlo

del conocimiento inmediato de las

autoridades competentes, de

manera que pueda seguirse la

investigación correspondiente y,

en su caso, instrumentar las

medidas cautelares y de

Artículo 12. Es obligación de toda

persona que tenga conocimiento

de casos de niñas, niños y

adolescentes que sufran o hayan

sufrido en cualquier forma

violación de sus derechos, hacerlo

del conocimiento inmediato de las

autoridades competentes, de

manera que pueda seguirse la

investigación correspondiente y,

en su caso, instrumentar las

medidas cautelares, de protección

de 713





protección procedentes en

términos de las disposiciones

aplicables.

y de restitución integrales

procedentes en términos de las

disposiciones aplicables.

Título Segundo

De las Obligaciones

Título Tercero

De las Obligaciones

Capítulo Primero

De quienes ejercen la Patria

Potestad, Tutela o Guarda y

Custodia de Niñas, Niños y

Adolescentes

Capítulo único

De quienes ejercen la Patria

Potestad, Tutela o Guarda y

Custodia de Niñas, Niños y

Adolescentes



federativas, municipales y de las




deberán establecer las acciones

conducentes para proporcionar

asistencia médica y psicológica,

así como asesoría jurídica y

orientación social a quienes

ejerzan la patria potestad, tutela o






sus respectivas competencias

están obligadas a proporcionar

asistencia médica, psicológica y

atención preventiva integrada

a la salud, así como un

traductor o intérprete en caso

de ser necesario, asesoría

de 713





guarda y custodia de niñas, niños

y adolescentes o personas que los

tengan bajo su responsabilidad,

en cuanto a las obligaciones que

establecen esta Ley y demás


jurídica y orientación social a

quienes ejerzan la patria potestad,

tutela o guarda y custodia de

niñas, niños y adolescentes o

personas que los tengan bajo su

responsabilidad, en cuanto a las

obligaciones que establecen esta

Ley y demás disposiciones

aplicables.

Artículo 14. Son obligaciones de

quienes ejercen la patria potestad,

tutela o guarda y custodia, así

como de las demás personas que

por razón de sus funciones o

actividades tengan bajo su

cuidado niñas, niños o

adolescentes, en proporción a su

responsabilidad y, cuando sean

instituciones públicas, conforme a

su ámbito de competencia, las

siguientes:

Artículo 103. …

I. Garantizar su alimentación, I. Garantizar sus derechos

de 713





el desarrollo de su personalidad y

el ejercicio de sus derechos, de

conformidad con lo dispuesto en

la presente Ley y demás

disposiciones aplicables;

alimentarios, el libre desarrollo

de su personalidad y el ejercicio

de sus derechos, de conformidad

con lo dispuesto en la presente


aplicables;

Para los efectos de esta fracción,

la alimentación comprende

esencialmente la satisfacción de

las necesidades de comida,

habitación, educación, vestido,

asistencia médica y recreación.

Las leyes federales y de las

entidades federativas deberán

prever los procedimientos y la

asistencia jurídica necesaria para

asegurar el cumplimiento del

deber de alimentación;

Para los efectos de esta fracción,

los derechos alimentarios

comprenden esencialmente la

satisfacción de las necesidades de

alimentación y nutrición,

habitación, educación, vestido,

atención médica y psicológica

preventiva integrada a la

salud, asistencia médica y

recreación. Las leyes federales y

de las entidades federativas

deberán prever los procedimientos

y la orientación jurídica

necesaria así como las medidas

de apoyo para asegurar el

cumplimiento del deber de

de 713





garantizar los derechos

alimentarios;

No hay correlativo II. Registrarlos dentro de los

primeros sesenta días de vida;

II. Hacer que concurran a las

escuelas públicas o privadas a

recibir educación de los tipos

básico y media superior;

III. Asegurar que cursen la

educación obligatoria,

participar en su proceso

educativo y proporcionarles

las condiciones para su

continuidad y permanencia en

el sistema educativo;

III. Impartir en consonancia con

la evolución de sus facultades,

dirección y orientación apropiada

a niñas, niños y adolescentes, sin

que ello pueda justificar limitación,

vulneración o restricción alguna en

el ejercicio de sus derechos;

IV. …

No hay correlativo V. Asegurar un entorno

afectivo, comprensivo y sin

violencia para el pleno,

armonioso y libre desarrollo

de 713





de su personalidad;

IV. Fomentar en niñas, niños y

adolescentes el respeto a todas

las personas, así como el cuidado

de los bienes propios, de la familia

y de la comunidad, y el

aprovechamiento de los recursos

que se dispongan para su

desarrollo integral;

VI. …

V. Protegerlos contra toda

forma de maltrato, perjuicio,

daño, agresión, abuso, venta,

trata de personas y explotación;

VII. Protegerles contra toda

forma de violencia, maltrato,

perjuicio, daño, agresión, abuso,

venta, trata de personas y

explotación;

VI. Abstenerse de cualquier

atentado contra su integridad

física o mental o actos que

menoscaben su desarrollo

integral. El ejercicio de la patria

potestad, la tutela o la guarda y

custodia de niñas, niños y

adolescentes no podrá ser

VIII. Abstenerse de cualquier

atentado contra su integridad

física, psicológica o actos que

menoscaben su desarrollo

integral. El ejercicio de la patria



adolescentes no podrá ser

de 713





justificación para incumplir la

obligación prevista en la presente

fracción, y

justificación para incumplir la

obligación prevista en la presente

fracción;

VII. Evitar conductas que puedan

vulnerar el ambiente de respeto y

generar violencia o rechazo en las

relaciones entre niñas, niños y

adolescentes y de éstos con

quienes ejercen la patria potestad,

tutela o guarda y custodia, así

como con los demás miembros de

su familia.

IX. …

No hay correlativo X. Considerar la opinión y

preferencia de las niñas, niños

y adolescentes para la toma

de decisiones que les

conciernan de manera directa

conforme a su edad,

desarrollo evolutivo,


No hay correlativo XI. Educar en el conocimiento

y uso responsable de las

de 713





tecnologías de la información

y comunicación.

En casos de controversia, el

órgano jurisdiccional competente

determinará el grado de

responsabilidad de quien tenga a

su cargo y cuidado a niñas, niños

o adolescentes.

En casos de controversia, el

órgano jurisdiccional competente

determinará el grado de

responsabilidad de quien tenga a

su cargo y cuidado a niñas, niños

o adolescentes, atendiendo a


Ley.



prever disposiciones que regulen y

sancionen las obligaciones

establecidas en el presente

artículo.

…

Artículo 15. Quienes ejerzan la

patria potestad de niñas, niños y

adolescentes, independientemente

de que habiten en domicilios

distintos, darán cumplimiento a las

obligaciones a su cargo de manera

Artículo 104. Quienes ejerzan la

patria potestad, tutela o guarda

y custodia de niñas, niños y

adolescentes, independientemente

de que habiten en domicilios

distintos, darán cumplimiento a las

de 713





coordinada y respetuosa. obligaciones a su cargo de manera

coordinada y respetuosa.

Las autorizaciones a que se refiere

esta Ley deberán ser otorgados

por quienes ejerzan la patria

potestad o tutela, en los mismos

términos y con las mismas

formalidades.

…

Artículo 16. Las leyes federales y


dispondrán lo necesario para que,

en términos de lo dispuesto en la

presente Ley y en el ámbito de

sus respectivas competencias, se

dé cumplimiento a las obligaciones

siguientes:

Artículo 105. …

I. Que quienes ejerzan la patria

potestad, tutela o guarda y


adolescentes, los cuiden y

atiendan; protejan contra toda

forma de abuso; los traten con

I. …

de 713





respeto a su dignidad, y orienten,

a fin de que conozcan sus

derechos, aprendan a defenderlos

y a respetar los de otras personas;

II. Que las autoridades

migratorias verifiquen la existencia

de la autorización de quienes

ejerzan la patria potestad, tutela

o, en su caso, del órgano

jurisdiccional competente, que

permita la salida de niñas, niños o

adolescentes del territorio

nacional, conforme a las

disposiciones aplicables, y

II. Que las autoridades migratorias

verifiquen la existencia de la

autorización de quienes ejerzan la

patria potestad, tutela o, en su

caso, del órgano jurisdiccional

competente, que permita la

entrada y salida de niñas, niños

o adolescentes del territorio

nacional, conforme a las


III. Que los directivos y personal

de instituciones académicas,

deportivas o de cualquier otra

índole, eviten cualquier forma de

maltrato, perjuicio, daño,

agresión, abuso, acoso y

explotación en contra de niñas,

niños o adolescentes, y que

III. Que la directiva y personal

de instituciones de salud,

asistencia social, académicas,

deportivas, religiosas o de

cualquier otra índole, se

abstengan de ejercer cualquier

forma de violencia, maltrato,

perjuicio, agresión, daño, abuso,

de 713





formulen programas e impartan

talleres tendentes a inhibir y

prevenir tales conductas.

acoso y explotación en contra de

niñas, niños o adolescentes, y que

formulen programas e impartan

cursos de formación

permanente para prevenirlas

y erradicarlas, y

No hay correlativo IV. Que quienes tengan trato

con niñas, niños y

adolescentes se abstengan de

ejercer cualquier tipo de

violencia en su contra, en

particular el castigo corporal.

Artículo 17. A falta de quienes

ejerzan la representación

originaria de niñas, niños y

adolescentes, o cuando por otra

causa así lo determine el órgano

jurisdiccional competente, con

base en el interés superior de la

niñez, la representación en

suplencia corresponderá a la

Procuraduría de Protección

Artículo 106. A falta de quienes

ejerzan la representación

originaria de niñas, niños y

adolescentes, o cuando por otra

causa así lo determine el órgano

jurisdiccional o autoridad

administrativa competente, con

base en el interés superior de la

niñez, la representación en

suplencia corresponderá a la

de 713





competente. Procuraduría de Protección

competente.


entidades federativas garantizarán

que en todo procedimiento

jurisdiccional o administrativo en

que participe una niña, niño y

adolescente, la autoridad

sustanciadora del mismo esté

obligada a dar intervención a la


competente para que ejerza la

representación coadyuvante, de


esta Ley y en las demás


Las autoridades federales, de las

entidades federativas, las


demarcaciones del Distrito

Federal garantizarán que en

cualquier procedimiento

jurisdiccional o administrativo se

dé intervención a la Procuraduría

de Protección competente para

que ejerza la representación

coadyuvante, de conformidad con

lo dispuesto en esta Ley y en las

demás disposiciones aplicables.

Asimismo, dispondrán que cuando

existan indicios de conflicto de

intereses entre quienes ejerzan la

representación originaria o de

éstos con niñas, niños y

Asimismo, dispondrán que cuando

existan indicios de conflicto de

intereses entre quienes ejerzan la

representación originaria o de

éstos con niñas, niños y

de 713





adolescentes o por una

representación deficiente o dolosa,

a petición del Ministerio Público,

de la Procuraduría de Protección

competente o de oficio, el órgano

jurisdiccional o administrativo que

conozca del asunto, sustancie por

vía incidental, un procedimiento

sumario de restricción, suspensión

o revocación de la representación

originaria, según sea el caso, para

efectos de que la Procuraduría de

Protección competente ejerza la

representación en suplencia.

adolescentes o por una

representación deficiente o dolosa,

a petición del Ministerio Público,


competente o de oficio, el órgano

jurisdiccional o administrativo que

conozca del asunto, deberá

sustanciar por vía incidental, un

procedimiento sumario de

restricción, suspensión o

revocación de la representación

originaria, según sea el caso, para

efectos de que la Procuraduría de

Protección competente ejerza la


El Ministerio Público tendrá la

intervención que las leyes

dispongan en los procedimientos

jurisdiccionales o administrativos

en que niñas, niños o

adolescentes estén relacionados.

En materia de justicia penal, se

…

de 713





estará a lo dispuesto en la


Estados Unidos Mexicanos, esta


aplicables.

No podrá declararse la caducidad

en perjuicio de niñas, niños y

adolescentes.

No podrá declararse la caducidad

ni la prescripción en perjuicio


No hay correlativo Título Cuarto

De la Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes

Capítulo Segundo

De los Centros de Asistencia Social

Capítulo Único






Distrito Federal, en términos de lo

dispuesto por esta Ley, la Ley

General de Salud y la Ley de

Asistencia Social, establecerán, en






Distrito Federal, en términos de lo

dispuesto por esta Ley, la Ley

General de Salud y la Ley de

Asistencia Social, establecerán, en


de 713





competencias, los requisitos para

autorizar, certificar y supervisar

los centros de asistencia social, a

fin de garantizar el cumplimiento


adolescentes que son atendidos

en dichos centros.

competencias, los requisitos para

autorizar, registrar, certificar y

supervisar los centros de

asistencia social, a fin de

garantizar el cumplimiento de los


adolescentes privados de

cuidado parental o familiar,

atendidos en dichos centros.

Artículo 19. Las instalaciones de

los centros de asistencia social

observarán los requisitos que

señale la Ley General de Salud, y

deberán cumplir con lo siguiente:

Artículo 108. …

I. Ser administradas por una

institución pública o privada, o por

una asociación que brinde el

servicio de asistencia social;

I. Ser administradas por una

institución pública o privada, o por

una asociación que brinde el

servicio de cuidado alternativo

o acogimiento residencial para


sin cuidado parental o

familiar;

de 713





II. Su infraestructura

inmobiliaria debe ser adecuada

para el alojamiento y la prestación

de servicios de asistencia social de

niñas, niños y adolescentes;

II. Su infraestructura inmobiliaria

deberá cumplir con las

dimensiones físicas acordes a

los servicios que proporcionan

y con las medidas de

seguridad y protección civil en

términos de la legislación

aplicable;

No hay correlativo III. Ser acordes con el diseño

universal y la accesibilidad en


aplicable;

III. Contar con medidas de

seguridad, protección y vigilancia

necesarios para garantizar la

comodidad, higiene, espacio

idóneo de acuerdo a la edad, sexo

o condición física o mental de

niñas, niños o adolescentes

alojados, de manera tal que se

permita un entorno afectivo y libre

de violencia, en los términos de

IV. Contar con medidas de

seguridad, protección y vigilancia


comodidad, higiene, espacio

idóneo de acuerdo a la edad, sexo

o condición física o mental de


alojados, de manera tal que se

permita un entorno afectivo y libre

de violencia, en los términos de

de 713





las disposiciones aplicables; las disposiciones aplicables;

IV. Alojar y agrupar a niñas,

niños y adolescentes de acuerdo a

su edad y sexo en las áreas de

dormitorios, sin que por ningún

motivo éstos puedan ser

compartidos por adultos;

V. Alojar y agrupar a niñas, niños

y adolescentes de acuerdo a su

edad y sexo en las áreas de

dormitorios, sin que por ningún

motivo éstos puedan ser

compartidos por adultos, salvo

que necesiten ser asistidos

por algún adulto;

V. Contar con espacios

destinados especialmente para

cada una de las actividades en las

que participen niñas, niños y

adolescentes;

VI. Contar con espacios

destinados especialmente para

cada una de las actividades en las

que participen niñas, niños y

adolescentes, y

VI. Brindar las facilidades al

Sistema Nacional DIF y las

Procuradurías de Protección para

que realicen la verificación

periódica que corresponda en


aplicables; y en su caso, atender

sus recomendaciones, y

No hay correlativo

de 713





VII. Atender los requerimientos

establecidos por las autoridades

de protección civil, salubridad y

asistencia social.

VII. …

Artículo 20. Todo centro de

asistencia social, es responsable

de garantizar la integridad física y

psicológica de las niñas, niños y

adolescentes que tengan bajo su

custodia.

Artículo 109. …

Los servicios que presten los

centros de asistencia social

estarán orientados a brindar, en

cumplimiento a sus derechos:

…

I. Un entorno seguro, afectivo y

libre de violencia;

I. …

II. Cuidado y protección contra

actos u omisiones que puedan

afectar su integridad física o

psicológica;

II. …

III. Alimentación que les permita

tener una nutrición equilibrada y

III. …

de 713





que cuente con la periódica

certificación de la autoridad

sanitaria;

IV. Servicio médico integral y

psicológico, así como atención de

primeros auxilios;

IV. Atención integral y

multidisciplinaria que le

brinde servicio médico integral,

atención de primeros auxilios,

seguimiento psicológico, social,

jurídico, entre otros;

V. Orientación y educación

apropiada a su edad, encaminadas

a lograr un desarrollo físico,

cognitivo, afectivo y social hasta el

máximo de sus posibilidades, así

como a la comprensión y el

ejercicio de sus derechos;

V. …

VI. Descanso, juego y

esparcimiento;

VI. Disfrutar en su vida

cotidiana, del descanso,

recreación, juego, esparcimiento

y actividades que favorezcan

su desarrollo integral;

VII. Servicios de calidad y VII. Servicios de calidad y calidez,

de 713





calidez, por parte de personal

capacitado, calificado, apto y

suficiente, con formación enfocada

en los derechos de la niñez.

por parte de personal capacitado,

calificado, apto y suficiente, con

formación enfocada en los

derechos de la niñez;

Los responsables de los centros de

asistencia social, evitarán que el

personal que realice actividades

diversas al cuidado de niñas, niños

y adolescentes, tenga contacto

con éstos, y

VIII. Las personas responsables

y el personal de los centros de

asistencia social se abstendrán

de realizar actividades que

afecten la integridad física y

psicológica de niñas, niños y

adolescentes. De igual

manera, los responsables

evitarán que el personal que

realice actividades diversas al

cuidado de niñas, niños y

adolescentes, tenga contacto con

éstos;

VIII. Espacios de participación

para expresar libremente sus

ideas y opiniones sobre los

asuntos que les atañen y que

dichas opiniones sean tomadas en

IX. Espacios de participación para

expresar libremente sus ideas y

opiniones sobre los asuntos que

les atañen y que dichas opiniones

sean tomadas en cuenta;

de 713





cuenta.

No hay correlativo X. Brindarles la posibilidad de

realizar actividades externas

que les permita tener

contacto con su comunidad, y

No hay correlativo XI. Fomentar la inclusión de

las niñas, niños y

adolescentes con

discapacidad, en términos de

la legislación aplicable.

No hay correlativo Asimismo y con la finalidad de

brindarles mejores

alternativas de protección

para el cumplimiento de sus

derechos, se deberá llevar a

cabo la revisión periódica de

su situación, de la de su

familia y de la medida especial

de protección por la cual

ingresó al centro de asistencia

social, garantizando el

contacto con su familia y

de 713





personas significativas

siempre que esto sea posible,

atendiendo a su interés

superior.

No hay correlativo La niña, niño o adolescente

deberá contar con expediente

completo para efectos de que

su situación sea revisada y

valorada de manera

particular, así como para

determinar procedimientos de

ingreso y egreso con el apoyo

de las autoridades

competentes que faciliten su

reincorporación familiar o

social.

No hay correlativo Así mismo, se le deberá

garantizar la protección de

sus datos personales

conforme a la legislación

aplicable y hacer de su

conocimiento en todo

de 713





momento su situación legal.

Artículo 21. Los centros de

asistencia social deben contar, con

por lo menos, el siguiente

personal:

Artículo 110. …

I. Responsable de la coordinación

o dirección, y

I. Responsable de la coordinación

o dirección;

II. Especializado en

proporcionar atención en

actividades de estimulación,

formación, promoción y

autocuidado de la salud; atención

médica y actividades de

orientación social y de promoción

de la cultura de protección civil,

conforme a las disposiciones

aplicables.

II. Especializado en proporcionar

atención en actividades de

estimulación, formación,

promoción y autocuidado de la

salud; atención médica y

actividades de orientación social y

de promoción de la cultura de

protección civil, conforme a las


El número de personas que

presten sus servicios en cada

centro de asistencia social será

determinado en función de la

capacidad económica de éstos, así

III. El número de personas que

presten sus servicios en cada

centro de asistencia social será

determinado en función de la

capacidad económica de éstos, así

de 713





como del número de niñas, niños

y adolescentes que tengan bajo su

custodia en forma directa e

indirecta, debiendo contar con por

lo menos una persona de atención

por cada cuatro niños o niñas

menores de un año, y una

persona de atención por cada

ocho mayores de esa edad.

como del número de niñas, niños

y adolescentes que tengan bajo su

custodia en forma directa e

indirecta, debiendo contar con por

lo menos una persona de atención

por cada cuatro niños o niñas

menores de un año, y una

persona de atención por cada

ocho mayores de esa edad;

No hay correlativo IV. Además del personal

señalado en el presente

artículo, el centro de

asistencia social podrá

solicitar la colaboración de

instituciones, organizaciones

o dependencias que brinden

apoyo en psicología, trabajo

social, derecho, pedagogía, y

otros para el cuidado integral

de las niñas, niños y

adolescentes;

No hay correlativo V. Brindar, de manera

de 713





permanente, capacitación y

formación especializada a su

personal, y

No hay correlativo VI. Supervisar y evaluar de

manera periódica a su

personal.

Artículo 22. Son obligaciones de

los titulares o responsables legales

de los centros de asistencia social:

Artículo 111. …

I. Garantizar el cumplimiento de

los requisitos establecidos por esta


aplicables para formar parte del

Directorio Nacional de

Instituciones de Asistencia Social

del Sistema Nacional DIF;

I. Garantizar el cumplimiento de

los requisitos establecidos por esta


aplicables para formar parte del

Registro Nacional de Centros de

Asistencia Social del Sistema

Nacional DIF;

II. Llevar un registro de niñas,

niños y adolescentes bajo su

custodia y remitirlo

semestralmente al Sistema

Nacional DIF;

II. Llevar un registro de niñas,

niños y adolescentes bajo su

custodia con la información de

la situación jurídica en la que

se encuentren, y remitirlo

de 713





semestralmente a la

Procuraduría de Protección de

la entidad federativa;

III. Asegurar que las instalaciones

tengan en lugar visible, la

constancia de registro de

incorporación al Directorio

Nacional de Instituciones de

Asistencia Social del Sistema

Nacional DIF;

III. Asegurar que las instalaciones

tengan en lugar visible, la

constancia de registro de

incorporación al Registro

Nacional de Centros de Asistencia

Social;

IV. Garantizar que el centro de

asistencia social cuente con un

Reglamento Interno, aprobado por

el Sistema Nacional DIF;

IV. …

V. Contar con un Programa Interno

de Protección Civil en términos de

las disposiciones aplicables;

V. …

VI. Colaborar con el Sistema

Nacional DIF, los Sistemas de las

Entidades y las Procuradurías de

Protección, para facilitar las tareas

de supervisión e inspección;

VI. Brindar las facilidades a

las Procuradurías de

Protección para que realicen

la verificación periódica que

corresponda en términos de

de 713





las disposiciones aplicables; y

en su caso, atender sus

recomendaciones;

No hay correlativo VII. Esta verificación deberá

observar el seguimiento de la

situación jurídica y social así

como la atención médica y

psicológica de la niña, niño o

adolescentes y el proceso de


social;

VII. Informar oportunamente a la

autoridad competente, cuando

tenga conocimiento de que peligre

la integridad física de niñas, niños

o adolescentes bajo su custodia;

VIII. Informar oportunamente a la

autoridad competente, cuando el

ingreso de una niña, niño o

adolescente corresponda a

una situación distinta de la

derivación por parte de una

autoridad o tenga conocimiento

de que peligra su integridad

física estando bajo su custodia, a

fin de iniciar los

procedimientos de protección

de 713





especial de forma oportuna,

identificar la mejor solución

para el niño, niña o

adolescente y, en su caso,

evitar su permanencia en el

centro de asistencia social,

dado su carácter de último

recurso y excepcional;

VIII.Proporcionar a niñas, niños y

adolescentes bajo su custodia, a

través del personal capacitado,

atención médica, y

IX. Proporcionar a niñas, niños y

adolescentes bajo su custodia, a

través del personal capacitado,

atención médica;

No hay correlativo X. Dar puntual seguimiento a

las recomendaciones emitidas

por las autoridades

competentes, y

No hay correlativo XI. Realizar acciones

específicas para fortalecer la

profesionalización del

personal de los centros de

asistencia social, y

IX. Las demás obligaciones XII. …

de 713





establecidas en la presente Ley y


Artículo 23.A fin de integrar el

Directorio Nacional de

Instituciones de Asistencia Social

del Sistema Nacional DIF, las

autoridades competentes de la

Federación, las entidades



Distrito Federal, deberán contar

con un censo y registro de las

instalaciones en las que se

brinden servicios de asistencia

social a niñas, niños y

adolescentes.

Artículo 112.Las Procuradurías

de Protección de las entidades

federativas en coordinación

con la Procuraduría de

Protección Federal, serán las

autoridades competentes para

autorizar, registrar, certificar

y supervisar los centros de

asistencia social destinados a

brindar los servicios descritos

en el presente capítulo, para

lo cual conformarán el

Registro Nacional de Centros

de Asistencia Social.

Al efecto, los Sistemas de las

Entidades deberán reportar

semestralmente al Sistema

Nacional DIF, la actualización de

sus registros, así como los

resultados de las visitas de

El Registro Nacional de

Centros de Asistencia Social,

deberá contar por lo menos

con los siguientes datos:

de 713





supervisión efectuadas como

coadyuvantes.

No hay correlativo I. Nombre o Razón Social del

Centro de Asistencia Social;

No hay correlativo II. Domicilio del Centro de

asistencia social;

No hay correlativo III. Censo de la población

albergada, que contenga sexo,

edad, y situación jurídica, y el

seguimiento al proceso de


social, y

No hay correlativo IV. Relación del personal que

labora en el Centro de

Asistencia Social incluyendo al

Director General y

representante legal, así como

la figura jurídica bajo la cual

opera.

No hay correlativo Al efecto, las Procuradurías de

Protección de las entidades

federativas deberán reportar

de 713





semestralmente a la


Federal, la actualización de

sus registros, así como los

resultados de las visitas de

supervisión efectuadas como

coadyuvantes.

No hay correlativo El Registro a que hace

referencia este artículo

deberá ser público y

consultable en la página de

internet del Sistema Nacional

DIF.

Artículo 24. Sin perjuicio de las

atribuciones que las disposiciones

aplicables establezcan a otras

autoridades, corresponderá al

Sistema Nacional DIF y a las

Procuradurías de Protección, la

supervisión de los centros de

asistencia social y, en su caso,

ejercitarán las acciones legales


atribuciones que las disposiciones

aplicables establezcan a otras

autoridades, corresponderá a las

Procuradurías de Protección, la

supervisión de los centros de

asistencia social y, en su caso,

ejercitarán las acciones legales

que correspondan por el

de 713





que correspondan por el

incumplimiento de los requisitos

que establece la presente Ley y


incumplimiento de los requisitos

que establece la presente Ley y


Los Sistemas de las Entidades

serán coadyuvantes del Sistema

Nacional DIF en la supervisión que

se realice a las instalaciones de los

centros de asistencia social, en

términos de lo previsto en la Ley

de Asistencia Social.

Las Procuradurías de

Protección de las entidades

federativas serán coadyuvantes

de la Procuraduría de

Protección Federal en la

supervisión que se realice a las

instalaciones de los centros de

asistencia social, en términos de lo

previsto en la Ley de Asistencia

Social.

Artículo 25. De conformidad con lo

establecido en el artículo 67 de la

Ley de Asistencia Social,

corresponderá a la Federación por

conducto de la Secretaría de

Salud, revocar la autorización para

operar los centros de asistencia

social, por el incumplimiento de

de 713





las obligaciones y requisitos

previstos en esta Ley, sin perjuicio

de las sanciones que prevean las


Título Tercero

De los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes

Título Segundo

De los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes

Artículo 26. Para efectos de la

presente Ley, son derechos de

niñas, niños y adolescentes:


presente Ley son derechos de

niñas, niños y adolescentes, de

manera enunciativa más no

limitativa, los siguientes:

I. Derecho a la vida; I. Derecho a la vida, a la

supervivencia y al desarrollo;

II. Derecho de prioridad; II. Derecho de prioridad;

III. Derecho a la identidad; III. Derecho a la identidad;

IV. Derecho a vivir en familia; IV. Derecho a vivir en familia;

No hay correlativo V. Derecho a la igualdad

sustantiva;

V. Derecho a la no discriminación; VI. Derecho a no ser

discriminado;

VI. Derecho a vivir en condiciones VII. Derecho a vivir en

de 713





de bienestar y a un sano


condiciones de bienestar y a un

sano desarrollo integral;

VII. Derecho a la protección

contra todas las formas de venta,

trata de personas, explotación,

abuso, abandono o crueldad;

VIII. Derecho a una vida libre

de violencia y a la integridad

personal;

VIII.Derecho a la protección de la

salud y a la seguridad social;

IX. Derecho a la protección de la

salud y a la seguridad social;

IX. Derecho a la inclusión de

niñas, niños y adolescentes con

discapacidad;

X. Derecho a la inclusión de niñas,

niños y adolescentes con

discapacidad;

X. Derecho a la educación; XI. Derecho a la educación;

XI. Derecho al descanso y al

esparcimiento;

XII. Derecho al descanso y al

esparcimiento;

XII. Derecho a la libertad de

pensamiento, conciencia, religión

y cultura;

XIII. Derecho a la libertad de

convicciones éticas,


y cultura;

XIII. Derecho a la libertad de

expresión y de acceso a la

información;

XIV. Derecho a la libertad de

expresión y de acceso a la

información;

No hay correlativo XV. Derecho de participación;

de 713





XIV. Derecho de asociación y

reunión;

XVI. Derecho de asociación y

reunión;

XV. Derecho a la intimidad; XVII. Derecho a la intimidad;

XVI. Derecho a la seguridad

jurídica y al debido proceso, y

XVIII. Derecho a la seguridad

jurídica y al debido proceso, y

XVII. Derecho de asistencia social

para la atención de niñas, niños o

adolescentes migrantes no

acompañados.

XIX. Derechos de niñas, niños o

adolescentes migrantes.

No hay correlativo Las autoridades federales, de



demarcaciones territoriales

del Distrito Federal, en el

ámbito de sus respectivas

competencias, adoptarán las

medidas necesarias para

garantizar estos derechos a

todas las niñas, niños y

adolescentes sin

discriminación de ningún tipo

o condición.

de 713





Capítulo Primero

Del Derecho a la Vida

Capítulo Primero

Del Derecho a la Vida, a la

Supervivencia y al Desarrollo

Artículo 27. Niñas, niños y

adolescentes tienen derecho a la

vida.


adolescentes tienen derecho a

que se les preserve la vida, a la

supervivencia y al desarrollo.

Las autoridades de la Federación,

de las entidades federativas,





deberán llevar a cabo las acciones

necesarias para garantizar su

desarrollo y supervivencia.

Las autoridades de la Federación,






deberán llevar a cabo las acciones

necesarias para garantizar el

desarrollo y prevenir cualquier

conducta que atente contra su

supervivencia, así como para

investigar y sancionar

efectivamente los actos de

privación de la vida.

Artículo 28. Niñas, niños y Artículo 15. Niñas, niños y

de 713





adolescentes deberán disfrutar de

una vida plena en condiciones que

aseguren su dignidad y faciliten su

desarrollo integral.

adolescentes deberán disfrutar de

una vida plena en condiciones

acordes a su dignidad y en

condiciones que garanticen su



adolescentes tienen derecho a no

ser privados de la vida por

conflictos armados o violentos.



ser privados de la vida en

conflictos armados o violentos, ni

ser utilizados en los mismos.






competencias, adoptarán medidas

necesarias para preservar la vida

de niñas, niños y adolescentes e

investigar efectivamente los actos

de privación de su vida.

Capítulo Segundo

Del Derecho de Prioridad

Capítulo Segundo


de 713






adolescentes tienen derecho a que

se les asegure prioridad en el

ejercicio de todos sus derechos,

especialmente a que:

Artículo 17. …

I. Se les brinde protección y

socorro en cualquier circunstancia

y con la oportunidad necesaria;

I. …

II. Se les atienda antes que a

los adultos en todos los servicios,

en igualdad de condiciones, y

II. Se les atienda antes que a las

personas adultas en todos los

servicios, en igualdad de

condiciones, y

III. Se les considere para el

diseño y ejecución de las políticas

públicas necesarias para la

protección de sus derechos.

III. …

Artículo 32. En todas las medidas

concernientes a niñas, niños y

adolescentes que tomen los

órganos jurisdiccionales,

autoridades administrativas y

Artículo 18. En todas las medidas

concernientes a niñas, niños y

adolescentes que tomen los

órganos jurisdiccionales,

autoridades administrativas y

de 713





órganos legislativos, se tomará en

cuenta, como consideración

primordial, el interés superior de

la niñez.

órganos legislativos, se tomará en

cuenta, como consideración

primordial, el interés superior de

la niñez. Dichas autoridades

elaborarán los mecanismos

necesarios para garantizar

este principio.

Capítulo Tercero

Del Derecho a la Identidad

Capítulo Tercero



adolescentes, en términos de la

legislación civil aplicable, desde su

nacimiento, tienen derecho a:



legislación civil aplicable, desde su

nacimiento, tienen derecho a:

I. Contar con nombre y los

apellidos que les correspondan,

así como a ser inscritos en el

Registro Civil respectivo de forma

inmediata, y a que se les expida

en forma gratuita la primer copia

certificada del acta

correspondiente, en los términos

de las disposiciones aplicables;

I. Contar con nombre y los

apellidos que les correspondan,

así como a ser inscritos en el

Registro Civil respectivo de forma

inmediata y gratuita, y a que se

les expida en forma ágil y sin

costo la primer copia certificada

del acta correspondiente, en los


de 713





aplicables;

II. Contar con nacionalidad, de


la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y los


II. …

III. Conocer su filiación y su

origen, en la medida de lo posible

y siempre que ello sea acorde con

el interés superior de la niñez,

III. …

IV. Preservar su identidad,

incluidos el nombre y la

nacionalidad, así como sus

relaciones familiares.

IV. Preservar su identidad,

incluidos el nombre, la

nacionalidad y su pertenencia

cultural, así como sus relaciones

familiares.

Las autoridades competentes de la






deberán colaborar en la búsqueda,


entidades federativas, municipales




competencias, deberán colaborar

en la búsqueda, localización y

de 713





localización y obtención de la

información necesaria para

acreditar o restablecer la identidad


obtención de la información

necesaria para acreditar o

restablecer la identidad de niñas,

niños y adolescentes.

El Sistema Nacional DIF y las

Procuradurías de Protección, en el


competencias, orientarán a las

autoridades que correspondan

para que den debido cumplimiento

al presente artículo.

Las Procuradurías de Protección,

en el ámbito de sus respectivas

competencias, orientarán a las

autoridades que correspondan

para que den debido cumplimiento

al presente artículo.

No hay correlativo Cuando haya procesos o

procedimientos que deriven

en cambio de apellidos de


éstos tendrán el derecho a

opinar y a ser tomados en

cuenta, conforme a su edad,


cognoscitivo y madurez.

No hay correlativo La falta de documentación

para acreditar la identidad de

de 713





niñas, niños y adolescentes no

será obstáculo para garantizar

sus derechos.


adolescentes de nacionalidad

extranjera que se encuentren en

territorio nacional, tienen derecho

a comprobar su identidad con los

documentos emitidos por la

autoridad competente u otros

medios previstos en la Ley de

Migración y demás disposiciones

aplicables.

Artículo 20. …

No hay correlativo En los casos en que niñas,

niños o adolescentes cumplan

con los requisitos para

obtener la nacionalidad

mexicana, se les brindarán

todas las facilidades a efecto

de darles un trato prioritario.

Artículo 35. Para efectos del

reconocimiento de maternidad y


reconocimiento de maternidad y

de 713





paternidad de niñas, niños y

adolescentes, así como en relación

con los derechos y obligaciones

derivados de la filiación y

parentesco, se estará a la

legislación civil aplicable.

paternidad de niñas, niños y

adolescentes, así como en relación

con los derechos y obligaciones

derivados de la filiación y

parentesco, se estará a la

legislación civil aplicable. Ante la

negativa de la prueba de

paternidad o maternidad, la

autoridad competente, salvo

prueba en contrario,

presumirá que es el padre o la

madre respectivamente.

Capítulo Cuarto

Del Derecho a Vivir en Familia

Capítulo Cuarto




vivir en familia. La falta de

recursos no podrá considerarse

motivo suficiente para separarlos

de sus padres o de los familiares

con los que convivan, ni causa

para la pérdida de la patria



vivir en familia. La falta de

recursos no podrá considerarse

motivo suficiente para separarlos

de su familia de origen o de los

familiares con los que convivan, ni

causa para la pérdida de la patria

de 713





potestad. potestad.

Niñas, niños y adolescentes no

podrán ser separados de las

personas que ejerzan la patria

potestad o de sus tutores y, en


aplicables, de las personas que los

tengan bajo su guarda y custodia,

salvo que medie orden de órgano

jurisdiccional competente, en la

que se determine la procedencia

de la separación, en cumplimiento

a la preservación del interés

superior de la niñez, de

conformidad con las causas

previstas en las leyes y mediante

el debido proceso en el que se

garantice el derecho de audiencia

de todas las partes involucradas.

Niñas, niños y adolescentes no

podrán ser separados de las

personas que ejerzan la patria

potestad o de sus tutores y, en


aplicables, de las personas que los

tengan bajo su guarda y custodia,

salvo que medie orden de

autoridad competente, en la que

se determine la procedencia de la

separación, en cumplimiento a la

preservación del interés superior

de la niñez, de conformidad con

las causas previstas en las leyes y

mediante el debido proceso en el

que se garantice el derecho de

audiencia de todas las partes

involucradas. En todos los

casos, se tendrá en cuenta la

opinión de niñas, niños y

adolescentes conforme a su

de 713







Los casos en que las personas que

ejerzan la patria potestad, por

extrema pobreza o por necesidad

de ganarse el sustento lejos del

lugar de residencia, tengan

dificultades para atender a niñas,

niños y adolescentes de manera

permanente, no serán

considerados como supuestos de

exposición o estado de abandono,

siempre que los mantengan al

cuidado de otras personas, libres

de violencia y provean su

subsistencia.

Los casos en que las personas que

ejerzan la patria potestad, por

extrema pobreza o por necesidad

de ganarse el sustento lejos del

lugar de residencia, tengan

dificultades para atender a niñas,

niños y adolescentes de manera

permanente, no serán

considerados como supuestos de

exposición o estado de abandono,

siempre que los mantengan al

cuidado de otras personas, libres

de violencia y provean su

subsistencia.






deberán establecer programas







de 713





para evitar que la falta de

recursos se traduzca en la

separación de niñas, niños y

adolescentes de quienes ejerzan la

patria potestad, tutela o guarda y

custodia.

están obligadas a establecer

políticas de fortalecimiento

familiar para evitar la

separación de niñas, niños y

adolescentes de quienes ejerzan la


custodia

Artículo 37. Niñas, niños o

adolescentes cuyos padres estén

separados, tendrán derecho a

convivir o mantener relaciones

personales y contacto directo con

ambos de modo regular, excepto

en los casos en que el órgano

jurisdiccional competente

determine que ello es contrario al

interés superior de la niñez, sin

perjuicio de las medidas

cautelares y de protección que se

dicten por las autoridades

competentes en los

procedimientos respectivos.


adolescentes cuyas familias

estén separadas, tendrán

derecho a convivir o mantener

relaciones personales y contacto

directo con sus familiares de

modo regular, excepto en los

casos en que el órgano


determine que ello es contrario al

interés superior de la niñez, sin

perjuicio de las medidas

cautelares y de protección que se

dicten por las autoridades

competentes en los

de 713





procedimientos respectivos, en

los que se deberá garantizar

el derecho de audiencia de

todas las partes involucradas,

en especial de niñas, niños y

adolescentes.

Asimismo, niñas, niños y


convivir con sus padres cuando

éstos se encuentren privados de

su libertad. Las autoridades

competentes en materia

penitenciaria deberán establecer

las condiciones necesarias para

que esta convivencia se realice en

forma adecuada, conforme a las

disposiciones aplicables. Este

derecho sólo podrá ser restringido

por resolución del órgano

jurisdiccional competente.

Asimismo, niñas, niños y


convivir con sus familiares

cuando éstos se encuentren

privados de su libertad. Las

autoridades competentes en

materia jurisdiccional y

penitenciaria deberán garantizar

este derecho y establecer las

condiciones necesarias para que

esta convivencia se realice en

forma adecuada, conforme a las

disposiciones aplicables. Este

derecho sólo podrá ser restringido

por resolución del órgano

jurisdiccional competente,

de 713





siempre y cuando no sea

contrario a su interés

superior.







establecerán las normas y los

mecanismos necesarios para

facilitar que las niñas, niños y

adolescentes privados de su

familia de origen puedan reunirse

con ella.







establecerán las normas y los

mecanismos necesarios para

facilitar la localización y

reunificación de la familia de


cuando hayan sido privados

de ella, siempre y cuando no

sea contrario a su interés

superior.

No hay correlativo Durante la localización de la

familia, niñas, niños y


acceder a las modalidades de

de 713





cuidados alternativos de

carácter temporal, en tanto se

incorporan a su familia.

No hay correlativo Para efectos del párrafo

anterior, el Sistema Nacional

DIF y los Sistemas de las

Entidades deberán otorgar

acogimiento correspondiente

de conformidad con lo

previsto en el Título Cuarto,

Capítulo Primero de esta Ley y

demás disposiciones

aplicables.



contendrán disposiciones para

prevenir y sancionar el traslado o

retención ilícita de niñas, niños y

adolescentes cuando se produzcan

en violación de los derechos

atribuidos individual o

conjuntamente a las personas o

Artículo 25. …

de 713





instituciones que ejerzan la patria


custodia, y preverán

procedimientos expeditos para

garantizar el ejercicio de esos

derechos.

En los casos de traslados o

retenciones ilícitas de niñas, niños

y adolescentes fuera del territorio

nacional, la persona interesada

podrá presentar la solicitud de

restitución respectiva ante la

Secretaría de Relaciones

Exteriores, para que ésta lleve a

cabo las acciones

correspondientes en el marco de

sus atribuciones, de conformidad

con lo dispuesto en los

instrumentos internacionales y


…

Cuando las autoridades de las

entidades federativas tengan

Cuando las autoridades de las

entidades federativas tengan

de 713





conocimiento de casos de niñas,

niños y adolescentes trasladados o

retenidos de manera ilícita en el

extranjero, se coordinarán con las

autoridades federales

competentes, conforme a las

demás disposiciones aplicables,

para su localización y restitución.

conocimiento de casos de niñas,

niños y adolescentes de

nacionalidad mexicana

trasladados o retenidos de manera

ilícita en el extranjero, se

coordinarán con las autoridades

federales competentes, conforme

a las demás disposiciones

aplicables, para su localización y

restitución.

Cuando una niña, niño o

adolescente sea trasladado o

retenido ilícitamente en territorio

nacional, las autoridades






estarán obligadas a coadyuvar en

su localización, a través de los

programas para la búsqueda,

Cuando una niña, niño o

adolescente sea trasladado o

retenido ilícitamente en territorio

nacional, o haya sido

trasladado legalmente pero

retenido ilícitamente, las

autoridades federales, de las





competencias, estarán obligadas a

de 713





localización y recuperación, así

como en la adopción de todas las

medidas necesarias para prevenir

que sufran mayores daños y en la

sustanciación de los

procedimientos de urgencia

necesarios para garantizar su

restitución inmediata, cuando la

misma resulte procedente

conforme a los tratados

internacionales en materia de

sustracción de menores.

coadyuvar en su localización, a

través de los programas para la

búsqueda, localización y

recuperación, así como en la

adopción de todas las medidas

necesarias para prevenir que

sufran mayores daños y en la


procedimientos de urgencia

necesarios para garantizar su

restitución inmediata, cuando la

misma resulte procedente

conforme a los tratados

internacionales en materia de

sustracción de menores.

Artículo 40. En aquellos casos en

que los padres o uno de ellos no

pudiera hacerse cargo

efectivamente de sus hijos, no

quisieran hacerlo, o bien fuera

contrario al interés superior de la

niñez y por tanto, hayan de

Artículo 26. El Sistema

Nacional DIF o los Sistemas

de las Entidades, deberán

otorgar medidas especiales de

protección de niñas, niños y


separados de su familia de

de 713





adoptarse medidas especiales de

protección que impliquen su

separación temporal del núcleo

familiar, tendrán derecho a recibir

la protección del Estado, el cual se

encargará de brindarles todos los

cuidados que se requieran por su

situación de desamparo familiar.

En estos casos, de conformidad

con la legislación civil aplicable, la

autoridad competente velará para

que niñas, niños y adolescentes:

origen por resolución judicial.

No hay correlativo Las autoridades competentes

garantizarán que reciban

todos los cuidados que se

requieran por su situación de

desamparo familiar. En estos

casos, de conformidad con la

legislación civil aplicable, el

Sistema Nacional DIF o los

Sistemas de las Entidades,

según sea el caso, se

de 713





asegurarán de que niñas,

niños y adolescentes:

I. Sean ubicados con su familia

extensa o ampliada para su

cuidado, siempre que ello sea

posible y no sea contrario al

interés superior de la niñez;

I. Sean ubicados con su familia

extensa o ampliada para su

cuidado, siempre que ello sea

posible y no sea contrario a su

interés superior;

II. Sean recibidos por una

familia de acogida como medida

de protección, de carácter

temporal, en los casos en los

cuales ni los progenitores, ni la

familia extensa de niñas, niños y

adolescentes pudieran hacerse

cargo;

II. …

III. Sean sujetos del

acogimiento pre-adoptivo como

una fase dentro del procedimiento

de adopción, que supone la

vinculación de niñas, niños y

adolescentes, respecto del cual ya

se ha declarado la condición de

III. Sean sujetos del acogimiento

pre-adoptivo como una fase

dentro del procedimiento de

adopción, que supone la

vinculación de niñas, niños y

adolescentes, respecto del cual ya

se ha declarado la condición de

de 713





adoptabilidad, con su nuevo

entorno y determinar la idoneidad

de la familia para convertirse en

familia adoptiva, o

adoptabilidad, con su nuevo

entorno y determinar la idoneidad

de la familia para convertirse en

familia adoptiva;

No hay correlativo IV. En el Sistema Nacional

DIF, así como los Sistemas de

las Entidades y Sistemas

Municipales, en el ámbito de


deberán registrar, capacitar,

evaluar y certificar a las

familias que resulten idóneas,

considerando los requisitos

señalados para el acogimiento

pre-adoptivo, o

IV. Sean colocados de manera

excepcional, dadas las

características específicas de cada

caso, por el menor tiempo posible,

en un acogimiento residencial

brindado por centros de asistencia

social. Esta medida especial de

V. Sean colocados de manera



caso, en acogimiento residencial

brindado por centros de asistencia

social el menor tiempo posible, en

un acogimiento de asistencia

de 713





protección tendrá carácter

subsidiario, relegando esta medida

de protección a un carácter de

último recurso, priorizando las

opciones de cuidado en un

entorno familiar.

social. Esta medida especial de


subsidiario, relegando esta medida

de protección a un carácter de

último recurso, priorizando las


entorno familiar.

La autoridad competente deberá

tener en consideración el interés

superior de la niñez para

determinar la opción que sea más

adecuada.

La autoridad competente deberá

tener en consideración el interés

superior de la niñez para

determinar la opción que sea más

adecuada, de ser el caso,

restituirle su derecho a vivir

en familia.

No hay correlativo El Sistema Nacional DIF y los

Sistemas de las Entidades en

todo momento serán

responsables del seguimiento

de la situación en la que se

encuentren niñas, niños y

adolescentes una vez que

haya concluido el

de 713





acogimiento.


presente capítulo, se entiende

por:

I. Familia de origen, aquélla

compuesta por madre o padre

respecto de quienes niñas, niños y

adolescentes tienen parentesco

consanguíneo directo;

II. Familia extensa, aquélla

compuesta por los ascendientes

de niñas, niños y adolescentes en

línea recta sin limitación de grado,

y los colaterales hasta el cuarto

grado;

III. Familia de acogida, aquélla

que cuente con la certificación de

la autoridad competente y que

brinde cuidado, protección,

crianza positiva y la promoción del

bienestar social de niñas, niños y

adolescentes por un tiempo

de 713





limitado hasta que se pueda

asegurar una opción permanente

con la familia de origen, extensa o

adoptiva;

IV. Familia de acogimiento pre-

adoptivo, aquélla distinta de la

familia de origen y de la extensa

que acoge provisionalmente en su

seno niñas, niños o adolescentes

con fines de adopción, y que

asume todas las obligaciones en

cuanto a su cuidado y protección,

de conformidad con el principio de

interés superior de la niñez, y

V. Acogimiento residencial,

aquél brindado por centros de

asistencia social como una medida

especial de protección de carácter

subsidiario, que será de último

recurso, priorizando las opciones

de cuidado en un entorno familiar.

En el caso de las fracciones III, IV

de 713





y V, el Sistema Nacional DIF, así

como los Sistemas de las

Entidades y Sistemas Municipales,

en el ámbito de sus respectivas

competencias, deberán registrar,

capacitar, evaluar y certificar a las

familias que resulten idóneas,

considerando los requisitos

señalados para el acogimiento

pre-adoptivo.

Artículo 42. Los interesados en

adoptar niñas, niños y


bajo la tutela del Sistema Nacional


Entidades, podrán presentar ante

dichas instancias la solicitud

correspondiente.

Artículo 27. Las personas

interesadas en adoptar niñas,

niños y adolescentes que se

encuentren bajo la tutela de las


podrán presentar ante dichas

instancias la solicitud

correspondiente

El Sistema Nacional DIF y los

Sistemas de las Entidades, en el


competencias, realizarán las

Las Procuradurías de

Protección, en el ámbito de sus

respectivas competencias,

realizarán las valoraciones

de 713





valoraciones psicológica,

económica, de trabajo social y

todas aquéllas que sean

necesarias para determinar la

idoneidad del o los solicitantes de

adopción. El sistema que

corresponda emitirá el certificado

de idoneidad respectivo.

psicológica, económica, de trabajo

social y todas aquéllas que sean

necesarias para determinar la

idoneidad de quienes soliciten

la adopción, en los términos de

lo dispuesto por las leyes

aplicables. La Procuraduría de

Protección que corresponda

emitirá el certificado de idoneidad

respectivo.

La asignación de niñas, niños y

adolescentes sólo podrá otorgarse

a una familia de acogida pre-

adoptiva que cuente con

certificado de idoneidad. Para tal

efecto, se observará lo siguiente:

…

I. Niñas, niños y adolescentes,

siempre que sea posible de

acuerdo con su edad, desarrollo

cognoscitivo y grado de madurez,

serán escuchados y su opinión

será fundamental para la

I. …

de 713





determinación que adopte el

órgano jurisdiccional competente;

II. Se tomará en cuenta que las

condiciones en la familia de

acogimiento pre-adoptiva sean

adecuadas para el desarrollo

integral de niñas, niños y

adolescentes, de conformidad con

el principio de interés superior de

la niñez;

II. …

III. Se tomará en consideración

el grado de parentesco; la relación

de afinidad y de afectividad; el

origen, la comunidad y las

condiciones culturales en que se

desarrollen niñas, niños y

adolescentes, y

III. …

IV. Se procurará no separar a

los hermanos, pero si hubiere

necesidad de ello, se establecerán

medidas para que mantengan

contacto y comunicación

IV. Se procurará no separar a

hermanas y hermanos, pero si

hubiere necesidad de ello, se

establecerán medidas para que

mantengan vínculos de

de 713





permanente. convivencia, contacto y

comunicación permanente.

Artículo 43. El Sistema Nacional


Entidades, que hayan autorizado

la asignación de niñas, niños o

adolescentes a una familia de

acogida pre-adoptiva, deberán dar

seguimiento a la convivencia entre

ellos y al proceso de habituación

mutua conforme a su nueva

situación, con el fin de prevenir o

superar las dificultades que se

puedan presentar.

Artículo 28. Las Procuradurías

de Protección, que en sus

respectivos ámbitos de

competencia, hayan autorizado

la asignación de niñas, niños o

adolescentes a una familia de

acogida pre-adoptiva, deberán dar

seguimiento a la convivencia entre

ellos y al proceso de adaptación

conforme a su nueva situación,

con el fin de prevenir o superar las

dificultades que se puedan

presentar.

En los casos en que el Sistema

Nacional DIF y los Sistemas de las

Entidades constaten que no se

consolidaron las condiciones de

adaptación de niñas, niños o

adolescentes con la familia de

acogida pre-adoptiva, procederán

En los casos que las

Procuradurías de Protección

constaten que no se consolidaron

las condiciones de adaptación de

niñas, niños o adolescentes con la

familia de acogida pre-adoptiva,

procederán a iniciar el

de 713





a reincorporarlos al sistema que

corresponda y se realizará, en su

caso, una nueva asignación.

procedimiento a fin de

reincorporarlos al sistema que

corresponda y se realizará, en su

caso, una nueva asignación.

Cuando se verifique cualquier tipo

de violación a los derechos de


asignados, el sistema competente

revocará la asignación y ejercerá

las facultades que le otorgan la

presente Ley y demás


…

Los procedimientos de adopción

se desahogarán de conformidad

con la legislación civil aplicable.

…

Artículo 44. Corresponde al

Sistema Nacional DIF, así como a

los Sistemas de las Entidades y los

Sistemas Municipales, en el


competencias:

Artículo 29. …

I. Prestar servicios de asesoría I. Prestar servicios de asesoría y

de 713





y asistencia jurídica a las personas

que deseen asumir el carácter de

familia acogida pre-adoptiva de

niñas, niños o adolescentes, así

como su capacitación, y

asistencia jurídica a las personas

que deseen asumir el carácter de

familia de acogimiento pre-

adoptivo de niñas, niños o

adolescentes, así como su

capacitación;

II. Realizar evaluaciones sobre

la idoneidad de las condiciones de

quienes pretendan adoptar, y

emitir los dictámenes

correspondientes, así como

formular las recomendaciones

pertinentes al órgano

jurisdiccional.

II. Realizar evaluaciones sobre la

idoneidad de las condiciones de

quienes pretendan adoptar, y

emitir los dictámenes

correspondientes, así como

formular las recomendaciones

pertinentes al órgano

jurisdiccional, y

No hay correlativo III. Contar con un sistema de

información que permita

registrar a las niñas, niños y

adolescentes cuya situación

jurídica o familiar permita que

sean susceptibles de

adopción, así como el listado

de 713





de las personas solicitantes de

adopción, adopciones

concluidas e informar de

manera trimestral a la


Federal.

Artículo 45. En materia de

adopciones, las leyes federales y


deberán contener disposiciones

mínimas que abarquen lo

siguiente:

Artículo 30. En materia de

adopciones, las leyes federales y


deberán contener disposiciones

mínimas que abarquen lo

siguiente:

I. Prever que niñas, niños y

adolescentes sean adoptados en

pleno respeto de sus derechos, de

conformidad con el principio de


I. …

II. Asegurar que se escuche y

tome en cuenta la opinión de

niñas, niños y adolescentes, en

términos de la fracción I del

artículo 42 de la presente Ley;

II. Asegurar que se escuche y

tome en cuenta la opinión de

niñas, niños y adolescentes de

acuerdo con su edad,


de 713





cognoscitivo y grado de

madurez, en términos de la

presente Ley;

III. Garantizar que se asesore

jurídicamente, tanto a quienes

consientan la adopción, como a

quienes la acepten, a fin de que

conozcan los alcances jurídicos,

familiares y sociales de la misma,

y

III. Garantizar que se asesore

jurídicamente, tanto a quienes

consientan la adopción, como a

quienes la acepten, a fin de que

conozcan los alcances jurídicos,

familiares y sociales de la misma;

IV. Disponer las acciones

necesarias para verificar que la

adopción no sea motivada por

beneficios económicos para

quienes participen en ella.

IV. Disponer las acciones

necesarias para verificar que la

adopción no sea motivada por

beneficios económicos para

quienes participen en ella, y






competencias, velarán porque en

los procesos de adopción se

V. Las autoridades federales, de






velarán porque en los procesos de

de 713





respeten las normas que los rijan. adopción se respeten las normas

que los rijan.

Artículo 46. Tratándose de

adopción internacional, la

legislación aplicable deberá

disponer lo necesario para

asegurar que niñas, niños y

adolescentes sean adoptados

garantizando en todo momento el

interés superior de la niñez, así

como prevenir que esta adopción

sea realizada para fines de

sustracción, venta, tráfico, trata

de personas, explotación o

cualquier ilícito en contra de los

mismos.

Artículo 31. Tratándose de

adopción internacional, la

legislación aplicable deberá

disponer lo necesario para

asegurar que los derechos de

niñas, niños y adolescentes que

sean adoptados sean

garantizados en todo momento

y se ajusten el interés superior

de la niñez, así como garantizar

que esta adopción no sea

realizada para fines de venta,

sustracción, retención u

ocultación ilícita, tráfico, trata

de personas, explotación, las

peores formas de trabajo

infantil o cualquier ilícito en

contra de los mismos.

En los procedimientos judiciales

de adopción internacional deberá

…

de 713





requerirse el informe de

adoptabilidad por parte del

Sistema Nacional DIF o de los

Sistemas de las Entidades y, una

vez que el órgano jurisdiccional

competente otorgue la adopción,

previa solicitud de los adoptantes,

la Secretaría de Relaciones

Exteriores expedirá la certificación

correspondiente, de conformidad

con los tratados internacionales.

No hay correlativo El Estado dará seguimiento a

la convivencia y proceso de

adaptación conforme a su

nueva situación, con el fin de

prevenir o superar las

dificultades que se puedan

presentar.

Los profesionales en trabajo social

y psicología de las instituciones

públicas y privadas que

intervengan en procedimientos de

Las personas que ejerzan

profesiones en el trabajo social

y psicología de las instituciones

públicas y privadas que

de 713





adopción internacional, en

términos de lo dispuesto en los

tratados internacionales, deberán

contar con la autorización del

Sistema Nacional DIF.


adopción internacional, en

términos de lo dispuesto en los

tratados internacionales, deberán

contar con la autorización y

registro del Sistema Nacional DIF

y los Sistemas de las

entidades en el ámbito de su

competencia.

La adopción internacional de una

niña, niño o adolescente de

nacionalidad mexicana procederá

cuando se haya constatado por las

autoridades correspondientes que

ésta responde al interés superior

de la niñez, después de haber

examinado adecuadamente las

posibilidades de asignación de la

niña, niño o adolescente para

adopción nacional.

…

Artículo 47.Los profesionales en

trabajo social y psicología de las

Artículo 32. Las personas que

ejerzan profesiones en el

de 713





instituciones públicas y privadas

que realicen estudios

socioeconómicos, psicológicos e

informes psicosociales en materia

de adopción, deberán cumplir con

los requisitos siguientes:

trabajo social y psicología o

carreras afines de las


que realicen estudios

socioeconómicos, psicológicos e

informes psicosociales en materia

de adopción, deberán cumplir con

los requisitos siguientes:

I. Contar con título y cédula

profesional de licenciatura en

trabajo social o psicología;

I. Contar con título y cédula

profesional de licenciatura en

trabajo social, psicología o

carreras afines;

II. Acreditar experiencia en

temas de familia, pareja o

adopción;

II. Acreditar experiencia en temas

de desarrollo de la niñez y de

la adolescencia, familia, pareja o

adopción;

III. Acreditar experiencia laboral

mínima de dos años, en trabajo

social o psicología, o en la

atención de niñas, niños o

adolescentes sujetos de asistencia

social o solicitantes de adopción;

III. …

de 713





IV. Presentar carta compromiso

por parte de la institución de

asistencia privada que proponga al

profesional de que se trate ante el

Sistema Nacional DIF, en los casos

de profesionales que busquen

ingresar a instituciones privadas;

IV. Presentar carta compromiso

por parte de la institución de

asistencia privada que proponga al

profesional de que se trate ante el

Sistema Nacional DIF, y los

sistemas de las entidades, en

los casos de profesionales que

busquen ingresar a instituciones

privadas;

V. No haber sido condenado por

delitos dolosos, y

V. No haber sido condenado por

delitos dolosos;

VI. Presentar constancia de la

institución de asistencia privada

en la que indique que el

profesional en trabajo social o

psicología es empleado asalariado

con remuneración mensual fija.

VI. Presentar constancia de la

institución de asistencia privada

en la que indique que las

personas profesionales en

trabajo social o psicología o

carreras afines, son personas

empleadas asalariadas con

remuneración mensual fija, y


Sistemas de las Entidades

expedirán las autorizaciones

VII. El Sistema Nacional DIF y los


expedirán las autorizaciones

de 713





correspondientes. correspondientes y llevarán un

registro de las mismas.

Artículo 48. Cuando los

profesionales en trabajo social y

psicología de las instituciones

públicas y privadas contravengan


adolescentes o incurran en actos

contrarios al interés superior de la

niñez, el Sistema Nacional DIF y

los Sistemas de las Entidades

revocarán la autorización a que se

refiere el artículo anterior.

Artículo 33. Cuando las

personas que laboren en las


contravengan los derechos de

niñas, niños y adolescentes o

incurran en actos contrarios al

interés superior de la niñez, el



revocarán la autorización y

registrarán la cancelación a

que se refiere el artículo anterior.

Los profesionales a quienes sea

revocada la autorización serán

boletinados por el Sistema


Entidades, a fin de evitar

adopciones contrarias al interés

superior de la niñez.

Las personas profesionales a

quienes sea revocada la

autorización serán inhabilitadas

y boletinadas por el Sistema


Entidades, a fin de evitar

adopciones contrarias al interés

superior de la niñez. Lo anterior

de 713





sin perjuicio de las sanciones

previstas en las disposiciones

jurídicas aplicables.

Para la revocación de las

autorizaciones a que se refiere

este artículo, se seguirán las

disposiciones en materia de

procedimiento administrativo

aplicables en los ámbitos federal o


según corresponda.

Para la revocación de las

autorizaciones e inhabilitación a

que se refiere este artículo, se

seguirán las disposiciones en

materia de procedimiento

administrativo aplicables en los

ámbitos federal o de las entidades

federativas, según corresponda.

No hay correlativo Cualquier persona podrá

presentar una queja ante el


Sistemas de las Entidades si

considera que se actualizan

los supuestos previstos en el

primer párrafo de este

artículo.



garantizarán el cumplimiento de

Artículo 34. …

de 713





las obligaciones señaladas en el

presente capítulo.


competentes en materia de

desarrollo integral de la familia e


ofrecerán orientación, cursos y

asesorías gratuitas, así como

servicios terapéuticos en materia

de pareja, de maternidad y

paternidad, entre otros.

Artículo 35. …

No hay correlativo Capítulo Quinto

Del Derecho a la Igualdad

Sustantiva

No hay correlativo Artículo 36. Niñas, niños y

adolescentes tienen derecho

al acceso al mismo trato y

oportunidades para el

reconocimiento, goce o

ejercicio de los derechos

humanos y las libertades

fundamentales.

de 713





No hay correlativo Artículo 37. Las autoridades

de la federación, de las

entidades federativas, de los

municipios y de las


del Distrito Federal, para

garantizar la igualdad

sustantiva deberán:

No hay correlativo I. Transversalizar la

perspectiva de género en

todas sus actuaciones y

procurar la utilización de un

lenguaje no sexista en sus

documentos oficiales;

No hay correlativo II. Diseñar, implementar y

evaluar programas, políticas

públicas a través de acciones

afirmativas tendientes a

eliminar los obstáculos que

impiden la igualdad de acceso

y de oportunidades a la

alimentación, a la educación,

de 713





y a la atención médica entre


No hay correlativo III. Implementar acciones

específicas para alcanzar la

eliminación de costumbres,

tradiciones, prejuicios, roles y

estereotipos sexistas o de

cualquier otra índole que

estén basadas en la idea de

inferioridad;

No hay correlativo IV. Establecer medidas

dirigidas de manera

preferente a niñas y

adolescentes que pertenezcan

a grupos y regiones con mayor

rezago educativo o que

enfrenten condiciones

económicas y sociales de

desventaja para el ejercicio de

los derechos contenidos en

esta ley;

No hay correlativo V. Establecerán los

de 713





mecanismos institucionales

que orienten al Estado

mexicano hacia el

cumplimiento de la igualdad

sustantiva en los ámbitos

público y privado,

promoviendo el

empoderamiento de las niñas

y adolescentes.

No hay correlativo VI. Desarrollar campañas

permanentes de

sensibilización de los

derechos de niñas y

adolescentes.

No hay correlativo Artículo 38. Las normas

aplicables a las niñas y a las

adolescentes deberán estar

dirigidas a visibilizar,

promover, respetar, proteger

y garantizar en todo momento

sus derechos en aras de

alcanzar la igualdad

de 713





sustantiva con respecto a los

niños y a los adolescentes; y

en general, con toda la

sociedad.

Capítulo Quinto

Del Derecho a la No

Discriminación

Capítulo Sexto

Del Derecho a No ser

Discriminado


adolescentes no serán sujetos de

discriminación alguna ni de

limitación o restricción de sus

derechos, en razón de su raza,

color, origen étnico, nacional o

social, idioma o lengua, edad,

género, preferencia sexual, estado

civil, religión, opinión, posición

económica, circunstancias de

nacimiento, discapacidad o estado

de salud o cualquier otra condición

atribuible a ellos mismos o a su

madre, padre, tutor o persona que

los tenga bajo guarda y custodia,



no ser sujetos de discriminación

alguna ni de limitación o

restricción de sus derechos, en

razón de su origen étnico,

nacional o social, idioma o lengua,

edad, género, preferencia sexual,

estado civil, religión, opinión,

condición económica,

circunstancias de nacimiento,

discapacidad o estado de salud o

cualquier otra condición atribuible

a ellos mismos o a su madre,

padre, tutor o persona que los

de 713





o a otros miembros de su familia. tenga bajo guarda y custodia, o a

otros miembros de su familia.






competencias, adoptarán las

medidas necesarias para

garantizar el derecho a la

igualdad, evitar la discriminación

en todas sus formas y prevenir y

erradicar el trabajo infantil en


aplicables.

Asimismo, las autoridades

están obligadas a llevar a

cabo medidas especiales para

prevenir, atender y erradicar

la discriminación múltiple de

la que son objeto niñas, niños

y adolescentes en situación de

exclusión social, en situación

de calle, afrodescendientes,


infantil o cualquiera otra

condición de marginalidad.






competencias, adoptarán medidas

y realizarán las acciones







están obligadas a adoptar

de 713





afirmativas necesarias para


adolescentes la igualdad real de

oportunidades y el derecho a la no

discriminación.

medidas y a realizar las acciones

afirmativas necesarias para


adolescentes la igualdad

sustantiva, de oportunidades y el

derecho a la no discriminación.

La adopción de estas medidas y la

realización de acciones afirmativas

formarán parte de la perspectiva

antidiscriminatoria, la cual será

incorporada de manera transversal

y progresiva en el quehacer

público, y de manera particular en

el diseño, implementación y

evaluación de las políticas

públicas.

…

Asimismo, adoptarán las medidas

necesarias para asegurar el pago

de la pensión alimenticia por parte

de quienes tengan una obligación

alimentaria respecto a niñas, niños

o adolescentes.

Serán factor de análisis

prioritario las diferencias de

género como causa de

vulnerabilidad y

discriminación en contra de

las niñas y las adolescentes.

de 713





Artículo 53. Las instancias públicas

de los poderes federales y los

órganos constitucionales

autónomos deberán reportar

semestralmente al Consejo

Nacional para Prevenir la

Discriminación las medidas de

nivelación, medidas de inclusión y

acciones afirmativas que adopten,

para su registro y monitoreo, en

términos de la Ley Federal para

Prevenir y Eliminar la

Discriminación.

Artículo 41. Las instancias

públicas de los poderes federales

y locales así como los órganos

constitucionales autónomos

deberán reportar semestralmente

al Consejo Nacional para Prevenir

la Discriminación, o a la

instancia respectiva local, las

medidas de nivelación, medidas

de inclusión y acciones afirmativas

que adopten, para su registro y

monitoreo, en términos de la Ley

Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación y de las

legislaciones locales

correspondientes.

No hay correlativo Dichos reportes deberán

desagregar la información,

por lo menos, en razón de

edad, sexo, escolaridad,

entidad federativa y tipo de

discriminación.

de 713





Artículo 54. Las disposiciones

jurídicas y medidas que se tomen

para proteger a niñas, niños y


en condiciones de mayor

vulnerabilidad o riesgo, o por estar

sujetos a medidas de orientación,

protección y tratamiento en

términos de la legislación en

materia de justicia para

adolescentes, no se considerarán

discriminatorias.







adoptarán medidas para la

eliminación de usos, costumbres,

prácticas culturales o prejuicios

que atenten contra la igualdad de

Artículo 42. …

de 713





niñas, niños y adolescentes por

razón de género o que promuevan

cualquier tipo de discriminación,

atendiendo al interés superior de

la niñez.

Capítulo Sexto

Del Derecho a Vivir en

Condiciones de Bienestar y a un

Sano Desarrollo Integral

Capítulo Séptimo

Del Derecho a Vivir en

Condiciones de Bienestar y a un

Sano Desarrollo Integral



vivir en condiciones que permitan

su crecimiento sano y armonioso,

tanto físico como mental, material,

espiritual, moral, cultural y social.



vivir en un medio ambiente

sano y sustentable, y en

condiciones que permitan su

desarrollo, bienestar,

crecimiento saludable y

armonioso, tanto físico como

mental, material, espiritual, ético,

cultural y social.

Artículo 57. Corresponde a



Artículo 44. Corresponde a



de 713





niñas, niños y adolescentes, la

obligación primordial de

proporcionar, dentro de sus

posibilidades y medios

económicos, las condiciones de

vida suficientes para su sano

desarrollo. Las autoridades

competentes coadyuvarán a dicho

fin mediante la adopción de las

medidas apropiadas.


obligación primordial de

proporcionar, dentro de sus

posibilidades y medios

económicos, las condiciones de

vida suficientes para su sano

desarrollo. Las autoridades



las demarcaciones




coadyuvarán a dicho fin mediante

la adopción de las medidas

apropiadas.


de las entidades federativas, en el


competencias, establecerán como

edad mínima para contraer

matrimonio los 18 años.


de las entidades federativas, en el


competencias, establecerán como

edad mínima para contraer

matrimonio los 18 años.

de 713





Capítulo Séptimo

Del Derecho a la Protección contra

todas las Formas de Venta, Trata

de Personas, Explotación, Abuso,

Abandono o Crueldad

Capítulo Octavo

Derecho de Acceso a una vida

libre de violencia y a la

integridad personal



protección contra todas las formas

de venta, trata de personas,

explotación, abuso, abandono o

crueldad.



vivir una vida libre de toda

forma de violencia y a que se

resguarde su integridad

personal, a fin de lograr las

mejores condiciones de

bienestar y el libre desarrollo

de su personalidad.







deberán tomar las medidas

necesarias para prevenir, impedir







están obligadas a tomar las

medidas necesarias para prevenir,

de 713





y sancionar los casos en que

niñas, niños o adolescentes se

vean afectados por:

atender y sancionar los casos en

que niñas, niños o adolescentes se

vean afectados por:

I. El descuido, negligencia,

abandono o abuso emocional,

físico o sexual;

I. …

II. La incitación o coacción para

que consuman estupefacientes o

sustancias psicotrópicas o bebidas

alcohólicas; o para que realicen

actos de exhibicionismo corporal o

sexuales;

II. La corrupción de personas

menores de dieciocho años de

edad;

III. La explotación mediante

prostitución, otras prácticas

sexuales o en espectáculos o

materiales pornográficos,

practiquen la mendicidad y demás

conductas punibles establecidas

en las disposiciones aplicables;

III. Trata de personas menores

de 18 años de edad, abuso

sexual infantil, explotación

sexual infantil con o sin fines

comerciales, o cualquier otro

tipo de explotación, y demás

conductas punibles establecidas

en las disposiciones aplicables;

No hay correlativo IV. El tráfico de menores;

IV. El trabajo antes de la edad V. El trabajo antes de la edad

de 713





mínima de quince años, prevista

en el artículo 123 de la



mínima de quince años, prevista

en el artículo 123 de la


Estados Unidos Mexicanos y

demás disposiciones

aplicables;

V. El trabajo que pueda

perjudicar su salud, su educación

o impedir su desarrollo físico,

mental o moral, explotación

económica, así como el trabajo

forzoso, de conformidad con lo

dispuesto en la Constitución


Mexicanos y las demás


VI. El trabajo en adolescentes

mayores de 15 años que pueda

perjudicar su salud, su educación

o impedir su desarrollo físico o

mental, explotación laboral, las


infantil así como el trabajo

forzoso, de conformidad con lo



Mexicanos y las demás


VI. La incitación o coacción para

que participen en la comisión de

delitos o en asociaciones

delictuosas, en conflictos armados

VII. La incitación o coacción para

que participen en la comisión de

delitos o en asociaciones

delictuosas, en conflictos armados

de 713





o en cualquier otra actividad que

impida su desarrollo integral.

o en cualquier otra actividad que

impida su desarrollo integral.


entidades federativas establecerán

las acciones de protección para

niñas, niños y adolescentes que se

encuentren en alguno de los

supuestos a que se refieren las

fracciones anteriores, las medidas

cautelares necesarias para atender

la situación y las sanciones

correspondientes.

Las autoridades competentes

deberán considerar la

perspectiva de género en las

situaciones de violencia.

No hay correlativo Las leyes generales, federales

y de las entidades federativas

deberán establecerlas

disposiciones que orientarán

las políticas de prevención,

protección, atención, sanción

y erradicación de los

supuestos a que se refieren

las fracciones anteriores.

No hay correlativo Las autoridades competentes,

de 713





están obligadas a

implementar medidas

especiales para prevenir,

sancionar y reparar las

conductas previstas en este

artículo para niñas, niños y

adolescentes con

discapacidad.







adoptarán las medidas apropiadas

para promover la recuperación

física y psicológica y la

reintegración social de niñas,

niños o adolescentes víctimas de

cualquier forma de venta, trata de

personas, explotación, abuso,

abandono o crueldad.







están obligadas a adoptar las

medidas apropiadas para

promover la recuperación física y

psicológica y la restitución de


adolescentes para lograr el

pleno ejercicio de sus

derechos y garantizar su

de 713





reincorporación a la vida

cotidiana.

La recuperación y reintegración a

que se refiere el párrafo anterior

se llevarán a cabo en un ambiente

que fomente la salud, el respeto y

la dignidad de niñas, niños o

adolescentes.

La recuperación y restitución de

derechos a que se refiere el

párrafo anterior se llevarán a cabo

en un ambiente que fomente la

salud física y psicológica, el

respeto y la dignidad de niñas,


Artículo 62. En los casos en que

niñas, niños y adolescentes sean

víctimas de delitos se aplicarán las

disposiciones de la Ley General de

Víctimas y demás disposiciones

que resulten aplicables. En todo

caso, los protocolos de atención

deberán considerar su edad,

desarrollo cognoscitivo y madurez

para la implementación de las

acciones de asistencia y

protección respectivas, así como la

reparación integral del daño.

Artículo 49. En los casos en que

niñas, niños y adolescentes sean

víctimas de delitos se aplicarán las

disposiciones de la Ley General de

Víctimas y demás disposiciones

que resulten aplicables. En todo

caso, los protocolos de atención

deberán considerar su edad,

desarrollo evolutivo, cognoscitivo

y madurez para la implementación

de las acciones de asistencia y

protección respectivas, así como la

reparación integral del daño.

de 713





El Sistema Nacional de Protección

a que se refiere la presente Ley,

deberá coordinarse con el Sistema

Nacional de Atención a Víctimas

para el cumplimiento de lo

dispuesto en el presente artículo.

Para el cumplimiento de lo

dispuesto en el párrafo

anterior, el Sistema Nacional de

Protección Integral a que se

refiere la presente Ley, deberá

coordinarse con el Sistema

Nacional de Atención a Víctimas,

el cual procederá a través de

su Comisión Ejecutiva en los


aplicable.

Capítulo Octavo

Del Derecho a la Protección de la

Salud y a la Seguridad Social

Capítulo Noveno

Del Derecho a la Protección de la

Salud y a la Seguridad Social



disfrutar del más alto nivel posible

de salud, así como a recibir la

prestación de servicios de

atención médica con el fin de

proteger y restaurar su salud.



disfrutar del más alto nivel posible

de salud, así como a recibir la

prestación de servicios de

atención médica gratuita y de

calidad, de conformidad con la

legislación aplicable, con el fin

de 713





de prevenir, proteger y restaurar

su salud.






competencias, en relación con los


adolescentes, se coordinarán a fin

de:

…

I. Reducir la morbilidad y

mortalidad;

I. …

No hay correlativo II. Asegurar la prestación de

la asistencia médica y

sanitaria que sean necesarias

a niñas, niños y adolescentes,

haciendo hincapié en la

atención primaria;

No hay correlativo III. Promover en todos los

grupos de la sociedad, y en

particular, en quienes ejerzan

de 713





la patria potestad o tutela o

guarda y custodia, niños,

niñas y adolescentes, los

principios básicos de la salud

y la nutrición, las ventajas de

la lactancia materna, la

higiene y el saneamiento

ambiental y las medidas de

prevención de accidentes;

No hay correlativo IV. Adoptar medidas

tendentes a la eliminación las

prácticas culturales, usos y

costumbres que sean

perjudiciales para la salud de


II. Desarrollar la atención

sanitaria preventiva, la orientación

a quienes ejerzan la patria



adolescentes, y la educación y

servicios en materia de

V. Desarrollar la atención

sanitaria preventiva, la orientación

a quienes ejerzan la patria



adolescentes, y la educación y

servicios en materia de salud

de 713





planificación de la familia; sexual y reproductiva;

III. Establecer las medidas

tendentes a prevenir embarazos

tempranos;

VI. Establecer las medidas

tendentes a prevenir embarazos

de las niñas y las

adolescentes;

IV. Asegurar la prestación de

servicios de atención médica pre-

natal y post-natal, segura,

respetuosa, efectiva e integral

para madres adolescentes, así

como en el parto, puerperio y para

el recién nacido, y promover la

lactancia materna exclusiva en los

primeros seis meses, así como la

adopción de métodos

anticonceptivos;

VII. Asegurar la prestación de

servicios de atención médica

respetuosa, efectiva e integral

durante el embarazo, parto y

puerperio, así como para sus

hijas e hijos, y promover la

lactancia materna exclusiva dentro

de los primeros seis meses y

complementaria hasta los dos

años, así como garantizar el

acceso a métodos

anticonceptivos;

V. Combatir la desnutrición,

sobrepeso y obesidad, así como

otros trastornos de conducta

alimentaria mediante la promoción

de una alimentación equilibrada;

VIII. Combatir la desnutrición

crónica y aguda, sobrepeso y

obesidad, así como otros

trastornos de conducta alimentaria

mediante la promoción de una

de 713





alimentación equilibrada, el

consumo de agua potable, el

fomento del ejercicio físico, e

impulsar programas de

prevención e información

sobre estos temas;

VI. Fomentar y ejecutar los

programas de vacunación;

IX. Fomentar y ejecutar los

programas de vacunación y el

control de la niñez y

adolescencia sana para vigilar

su crecimiento y desarrollo en

forma periódica;

VII. Atender de manera especial

las enfermedades epidémicas, de

transmisión sexual y el VIH/SIDA,

e impulsar programas de

prevención e información sobre

éstas;

X. Atender de manera especial las

enfermedades respiratorias,

renales, gastrointestinales,

epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y

otras enfermedades de

transmisión sexual, e impulsar

programas de prevención e

información sobre éstas;

No hay correlativo XI. Proporcionar asesoría y

orientación sobre el ejercicio

de 713





responsable de sus derechos

sexuales y reproductivos a


así como a quienes ejerzan la

patria potestad, tutela o

guarda y custodia;

VIII. Disponer lo necesario para

que niñas, niños y adolescentes

con discapacidad reciban la

atención apropiada a su condición,

que los rehabilite, mejore su

calidad de vida, facilite su

interacción e inclusión social y

permita un ejercicio igualitario de

sus derechos;

XII. …

IX. Prohibir la esterilización

forzada de niñas, niños y

adolescentes por motivo de

discapacidad;

XIII. Prohibir, sancionar y

erradicar la esterilización forzada

de niñas, niños y adolescentes y

cualquier forma de violencia

obstétrica;

X. Establecer las medidas para

que en los servicios de salud se

XIV. Establecer las medidas para

que en los servicios de salud se

de 713





detecten y atiendan de manera

especial los casos de víctimas de

delitos o violaciones a sus

derechos, o sujetos de violencia

familiar, de conformidad con las

disposiciones aplicables en la

materia, y

detecten y atiendan de manera

especial los casos de víctimas de

delitos o violaciones a sus

derechos, o sujetos de violencia

sexual y familiar, de conformidad

con las disposiciones aplicables en

la materia;

XI. Establecer medidas

tendentes a la prevención,

atención, combate y rehabilitación

de los problemas de salud pública

causados por las adicciones.

XV. Establecer medidas tendentes

a la prevención, atención,

combate y rehabilitación de los

problemas de salud pública

causados por las adicciones;

No hay correlativo XVI. Establecer medidas

tendentes a que en los

servicios de salud se detecten

y atiendan de manera especial

los casos de niñas, niños y

adolescentes con problemas

de salud mental;

No hay correlativo XVII. Establecer medidas

para la detección temprana de

de 713





discapacidades a efecto de

prevenir y reducir al máximo

la aparición de nuevas

discapacidades y asegurar los

mayores niveles de atención y

rehabilitación, y

No hay correlativo XVIII. Proporcionar el

acceso a los bienes, servicios,

ayudas técnicas y

rehabilitación que requieren


con discapacidad.

Asimismo, promoverán que todos

los sectores de la sociedad tengan

acceso a educación y asistencia en

materia de principios básicos de

salud y nutrición, ventajas de la

lactancia materna exclusiva en los

primeros seis meses y prevención

de embarazos tempranos, higiene,

medidas de prevención de

accidentes y demás aspectos

Asimismo, garantizarán que

todos los sectores de la sociedad

tengan acceso a educación y

asistencia en materia de principios

básicos de salud y nutrición,

ventajas de la lactancia materna

exclusiva durante los primeros seis

meses y complementaria hasta

los dos años de edad, así

como la prevención de

de 713





relacionados con la salud de niñas,


embarazos, higiene, medidas de

prevención de accidentes y demás

aspectos relacionados con la salud


No hay correlativo Los Sistemas Nacional y

estatales de Salud deberán

garantizar el pleno

cumplimiento del derecho a la

salud atendiendo al derecho

de prioridad, al interés

superior de la niñez, la

igualdad sustantiva y la no

discriminación, así como

establecer acciones

afirmativas a favor de niñas,


No hay correlativo En todos los casos se

respetará el derecho a la

intimidad de niñas, niños y

adolescentes.

Artículo 64. En términos de las

disposiciones legales que regulen



de 713





la seguridad social, niñas, niños y

adolescentes, tendrán derecho a

la misma.


las demarcaciones



respectivas competencias, y

de conformidad con las

disposiciones aplicables

deberán garantizar el derecho

a la seguridad social.

Artículo 65.Las autoridades

competentes en materia de salud

y desarrollo integral de la familia

proporcionarán asesoría y

orientación en materia de

sexualidad, tanto a los

adolescentes como a quienes


guarda y custodia, con énfasis en

la prevención de enfermedades de

transmisión sexual y embarazos.




las demarcaciones




deben desarrollar políticas

para fortalecer la salud

materno infantil y aumentar la

esperanza de vida.

En todos los casos se respetará el

derecho a la intimidad de los

No hay correlativo

de 713





adolescentes.

Capítulo Noveno

Del Derecho a la Inclusión de

Niñas, Niños y Adolescentes con

Discapacidad

Capítulo Décimo

Del Derecho a la Inclusión de

Niñas, Niños y Adolescentes con

Discapacidad


adolescentes con discapacidad

disfrutarán en igualdad de

condiciones de los derechos

contenidos en la presente Ley.



tienen derecho a la igualdad

sustantiva y a disfrutar de los

derechos contenidos en la

presente Ley, la Constitución


Mexicanos, los tratados

internacionales y demás leyes

aplicables.

No se podrá negar o restringir la

inclusión de niñas, niños y

adolescentes con discapacidad a la

educación básica, ni su

participación en actividades

recreativas, deportivas, lúdicas o

culturales en instituciones

Son niñas, niños o

adolescentes con

discapacidad los que por

razón congénita o adquirida

presentan una o más

deficiencias de carácter físico,

mental, intelectual o

de 713





públicas, privadas y sociales.

sensorial, ya sea permanente

o temporal y que al

interactuar con las barreras

que le impone el entorno

social, pueda impedir su

inclusión plena y efectiva, en

igualdad de condiciones con

los demás.



tienen derecho a una igualdad real

de oportunidades, para lo cual

deben implementarse medidas de

nivelación, de inclusión y acciones

afirmativas en términos de las





las demarcaciones




están obligadas a implementar

medidas de nivelación, de

inclusión y acciones afirmativas en


aplicables considerando los

principios de participación e

inclusión plenas y efectivas en

de 713





la sociedad, respeto por la

diferencia y la aceptación de

las personas con discapacidad

como parte de la diversidad y

la condición humanas, respeto

a la evolución de las

facultades de niñas, niñas y

adolescentes con

discapacidad y de su derecho

a preservar su identidad.

No hay correlativo La discriminación por motivos

de discapacidad también

comprende la negación de

ajustes razonables.






dispondrán lo necesario para

fomentar la inclusión social y

deberán establecer el diseño






competencias, están obligadas a

realizar lo necesario para

fomentar la inclusión social y

de 713





universal de accesibilidad de


discapacidad, en términos de la

legislación aplicable.

deberán establecer el diseño

universal de accesibilidad de


discapacidad, en términos de la


No hay correlativo Además del diseño universal,

se deberá dotar a las

instalaciones que ofrezcan

trámites y servicios a niñas,


discapacidad, de señalización

en Braille y formatos

accesibles de fácil lectura y

comprensión. Asimismo,

procurarán ofrecer otras

medidas de asistencia e

intermediarios.

No hay correlativo No se podrá negar o restringir

la inclusión de niñas, niños y

adolescentes con

discapacidad el derecho a la

educación ni su participación

de 713





en actividades recreativas,

deportivas, lúdicas o

culturales en instituciones

públicas, privadas y sociales.

No hay correlativo No se considerarán

discriminatorias las medidas

específicas que sean

necesarias para acelerar o

lograr la igualdad sustantiva

de las niñas, niños y

adolescentes con

discapacidad.






competencias realizarán acciones

a fin de sensibilizar a la sociedad,

incluso a nivel familiar, para que

tome mayor conciencia respecto

de las niñas, niños y adolescentes







realizarán acciones a fin de

sensibilizar a la sociedad, incluso a

nivel familiar, para que tome

mayor conciencia respecto de las

de 713





con discapacidad y fomentar el

respeto a sus derechos y dignidad,

así como combatir los estereotipos

y prejuicios respecto de su

discapacidad.


discapacidad y fomentar el

respeto a sus derechos y dignidad,

así como combatir los estereotipos

y prejuicios respecto de su

discapacidad.



disposiciones tendentes a:

…

I. Reconocer y aceptar la

existencia de la discapacidad, a

efecto de prevenir la ocultación,

abandono, negligencia y

segregación de niñas, niños y

adolescentes con discapacidad;

I. …

II. Ofrecer apoyos educativos y

formativos para quienes ejerzan la

patria potestad, tutela o guardia y


adolescentes con discapacidad, a

fin de aportarles los medios

necesarios para que puedan

II. …

de 713





fomentar su desarrollo y vida

digna;

III. Promover acciones

interdisciplinarias para el estudio,

diagnóstico temprano, tratamiento

y rehabilitación de las

discapacidades de niñas, niños y

adolescentes que en cada caso se

necesiten, asegurando que sean

accesibles a las posibilidades

económicas de sus familiares;

III. …

IV. Disponer acciones que

permitan ofrecerles cuidados

elementales gratuitos, acceso a

programas de estimulación

temprana, servicios de salud,

rehabilitación, esparcimiento,

actividades ocupacionales, así

como a la capacitación para el

trabajo, y

IV. …

V. Establecer mecanismos que

permitan la recopilación de

V. …

de 713





información y estadística de niñas,


discapacidad, que permita una

adecuada formulación de políticas

públicas en la materia.

No hay correlativo Dichos reportes deberán

desagregarse, al menos, por

sexo, edad, escolaridad,

entidad federativa y tipo de

discapacidad.

Artículo 69. Niñas niños y

adolescentes con discapacidad,

tienen derecho en todo momento

a que se les facilite un intérprete o

aquellos medios tecnológicos que

les permitan obtener de forma

comprensible información.

Artículo 56. Niñas niños y

adolescentes con discapacidad,

tienen derecho en todo momento

a que se les facilite un intérprete o

aquellos medios tecnológicos que

les permitan obtener

información de forma

comprensible.

Capítulo Décimo

Del Derecho a la Educación

Capítulo Décimo Primero



adolescentes tienen derecho a una


adolescentes tienen derecho a una

de 713





educación de calidad tendente a

desarrollar armónicamente todas

sus facultades y al respeto de su

dignidad, en los términos del

artículo 3o. de la Constitución


Mexicanos, la Ley General de

Educación y demás disposiciones

aplicables.

educación de calidad que

contribuya al conocimiento de

sus propios derechos y,

basada en un enfoque de

derechos humanos y de

igualdad sustantiva que

garantice el respeto a su

dignidad humana; el

desarrollo armónico de sus

potencialidades y

personalidad, y fortalezca el

respeto a los derechos

humanos y a las libertades

fundamentales, en los términos

del artículo 3o. de la Constitución


Mexicanos, la Ley General de

Educación y demás disposiciones

aplicables.

Las autoridades competentes en

materia educativa, deberán

realizar las acciones necesarias




de 713





para que:


del Distrito Federal, en el


competencias garantizarán la

consecución de una educación

de calidad y la igualdad

sustantiva en el acceso y

permanencia en la misma,

para lo cual deberán:

I. Se proporcione la atención

educativa que niñas, niños y

adolescentes requieran para su

pleno desarrollo, para lo cual, los

programas respectivos deberán

considerar la edad, madurez,

circunstancias particulares y

tradiciones culturales;

I. Proporcionar la atención

educativa que niñas, niños y

adolescentes requieran para su

pleno desarrollo, para lo cual, los

programas respectivos deberán

considerar la edad, madurez,

circunstancias particulares y

tradiciones culturales;

No hay correlativo II. Adoptar medidas

orientadas hacia el pleno

ejercicio del derecho a la

educación;

No hay correlativo III. Establecer medidas para

de 713





garantizar la gratuidad de la

educación pública obligatoria

y para procurar la

accesibilidad material,

económica y geográfica a la

educación, sin discriminación;

No hay correlativo IV. Establecer las condiciones

necesarias para fortalecer la

calidad educativa, tales como

la relevancia y pertinencia del

currículo, la disposición de la

infraestructura y

equipamiento adecuados para

el aprendizaje y para las

prácticas de enseñanza, la

evaluación docente, entre

otras;

No hay correlativo V. Destinar recursos humanos,

materiales y presupuestarios

adecuados suficientes

garantizar la educación de

calidad de niñas, niños y

de 713





adolescentes;

No hay correlativo VI. Adaptar el sistema

educativo a las condiciones,

intereses y contextos

específicos de niñas, niños y

adolescentes para garantizar

su permanencia en el sistema

educativo;

No hay correlativo VII. Establecer acciones

afirmativas para garantizar el

derecho a la educación de

niñas, niños y adolescentes de

grupos y regiones con mayor

rezago educativo, dispersos o

que enfrentan situaciones de

vulnerabilidad por



físico, mental, de identidad

cultural, origen étnico o

nacional, situación migratoria

o bien, relacionadas con

de 713





aspectos de género,

preferencia sexual, creencias

religiosas o prácticas

culturales

II. Se presten servicios educativos

en condiciones de normalidad

mínima, entendida ésta como el

conjunto de condiciones

indispensables que deben

cumplirse en cada escuela para el

buen desempeño de la tarea

docente y el logro del aprendizaje

de los educandos;

VIII. Prestar servicios educativos

en condiciones de normalidad

mínima, entendida ésta como el

conjunto de condiciones

indispensables que deben

cumplirse en cada escuela para el

buen desempeño de la tarea

docente y el logro del aprendizaje

de los educandos;

III. Se garantice el libre acceso a

las oportunidades educativas y se

combata cualquier tipo de

discriminación;

IV. Se implementen mecanismos

para la canalización de denuncias

de acoso o violencia escolar;

IX. Implementar mecanismos

para la atención, canalización y

seguimiento de los casos que

constituyan violaciones al

de 713





derecho a la educación de


V. Se elaboren protocolos de

actuación sobre situaciones de

acoso o violencia escolar para el

personal y para quienes ejerzan la


custodia;

XII. Se elaboren protocolos de

actuación sobre situaciones de

acoso o violencia escolar para el

personal y para quienes ejerzan la


custodia

VI. Se organicen foros sobre

temas relacionados con el acoso o

violencia escolar;

X. Fomentar la convivencia

escolar armónica y la

generación de mecanismos

para la discusión, debate y

resolución pacífica de

conflictos;

VII. Se establezca una instancia

responsable para la atención de

casos de acoso o violencia escolar;

XI. Conformar una instancia

responsable que establezca

mecanismos para la

prevención, atención y

canalización de los casos de

maltrato, perjuicio, daño,

agresión, abuso o cualquier

otra forma de violencia en

de 713





contra de niñas, niños y

adolescentes que se suscite

en los centros educativos;

No hay correlativo XIII. Garantizar el pleno

respeto al derecho a la

educación y la inclusión de


con discapacidad en todos los

niveles del Sistema Educativo

Nacional, desarrollando y

aplicando normas y

reglamentos que eviten su

discriminación y las

condiciones de accesibilidad

en instalaciones educativas,

proporcionen los apoyos

didácticos, materiales y

técnicos y cuenten con

personal docente capacitado;

VIII. Se realicen campañas de

comunicación social para difundir

acciones preventivas;

XIV. Adoptar medidas para

responder a las necesidades

de niñas, niños y adolescentes

de 713





con aptitudes sobresalientes,

de tal manera que se

posibilite su desarrollo

progresivo e integral,

conforme a sus capacidades y

habilidades personales;

IX. Se formulen programas de

educación inclusiva o de

educación especial para niñas,


discapacidad y aptitudes

sobresalientes, así como para

aquéllos con capacidades

intelectuales distintas de la media;

XV. Establecer mecanismos

para la expresión y

participación de niñas, niños y

adolescentes, conforme a su


cognoscitivo y madurez que

permita atender y tomar en

cuenta sus intereses y

preocupaciones en materia

educativa;

X. Se prevean mecanismos de

participación social en todas las

actividades escolares;

XI. Se desarrollen programas

para evitar el ausentismo y el

abandono de estudios, y

XVI. Contribuir a garantizar la

permanencia y conclusión de

la educación obligatoria de

de 713





niñas, niños y adolescentes y

para abatir el ausentismo,

abandono y deserción

escolares;

XII. Se impida en las

instituciones educativas la

imposición de medidas de

disciplina que no estén

previamente establecidas, sean

contrarias a la dignidad o atenten

contra la vida o la integridad física

o mental de niñas, niños y

adolescentes.

XVII. Administrar la

disciplina escolar de modo

compatible con la dignidad

humana, impidiendo la

imposición de medidas de

disciplina que no estén

previamente establecidas, sean

contrarias a la dignidad humana o

atenten contra la vida o la

integridad física o mental de


No hay correlativo XVIII. Erradicar las

prácticas pedagógicas

discriminatorias o excluyentes

que atenten contra la

dignidad humana o

integridad, especialmente los

tratos humillantes y

de 713





degradantes;

No hay correlativo XIX. Inculcar en niñas, niños y

adolescentes el respeto al

medio ambiente;

No hay correlativo XX. Establecer y mecanismos

para fomentar el uso

responsable y seguro de las

tecnologías de información y

comunicación, y

No hay correlativo XXI. Establecer acciones

afirmativas que garanticen el

acceso y permanencia de

niñas y adolescentes

embarazadas, faciliten su

reingreso y promuevan su

egreso del sistema educativo

nacional.

No hay correlativo Las autoridades escolares, en

el ámbito de su competencia,

deberán las adoptar medidas

necesarias para garantizar la


de 713






Artículo 71.En los planes y

programas de estudio, además de

lo dispuesto en las disposiciones

aplicables, deberán ser

considerados los aspectos

siguientes:

Artículo 58.La educación,

además de lo dispuesto en las

disposiciones aplicables, tendrá

los siguientes fines:

I. La enseñanza de los valores

fundamentales y el fomento al

respeto de la identidad propia de


como a las diferencias culturales y

opiniones diversas;

I. Fomentar en niñas, niños y

adolescentes los valores

fundamentales y el respeto de la

identidad propia, así como a las

diferencias culturales y opiniones

diversas;

II. El fomento y desarrollo de la

personalidad, las aptitudes y la

capacidad mental y física de niñas,

niños y adolescentes;

II. Desarrollar la personalidad,

las aptitudes y las

potencialidades de niñas, niños

y adolescentes;

III. La promoción de actividades

que inculquen a niñas, niños y

adolescentes sentimientos de

identidad y pertenencia a su

escuela, comunidad y nación, así

III. Inculcar a niñas, niños y

adolescentes sentimientos de

identidad y pertenencia a su

escuela, comunidad y nación, así

como su participación activa en el

de 713





como su participación activa en el

proceso educativo y actividades

cívicas en términos de las


proceso educativo y actividades

cívicas en términos de las


IV. La orientación y suministro de

información en lo que se refiere a

la formación profesional, las

oportunidades de empleo y

posibilidades de carrera;

IV. Orientar a niñas, niños y

adolescentes respecto a la

formación profesional, las

oportunidades de empleo y las

posibilidades de carrera;

V. El apoyo emocional positivo a


sean víctimas de maltrato y la

atención especial de quienes se

encuentren en situación de riesgo;

V. Apoyar a niñas, niños y

adolescentes que sean víctimas de

maltrato y la atención especial de

quienes se encuentren en

situación de riesgo;

VI. El diseño y ejecución de

programas de prevención del

delito y las adicciones;

VI. Prevenir el delito y las

adicciones, mediante el diseño y

ejecución de programas;

VII. La planificación,

organización y desarrollo de

actividades extracurriculares que

sean de interés para niñas, niños

y adolescentes, en cooperación

VII. Emprender, en cooperación

con quienes ejerzan la patria


custodia, así como con grupos de

la comunidad, la planificación,

de 713





con quienes ejerzan la patria


custodia, así como con grupos de

la comunidad, y

organización y desarrollo de

actividades extracurriculares que

sean de interés para niñas, niños

y adolescentes.

VIII. La educación sexual integral

para su sano desarrollo y la

promoción de su salud sexual y

reproductiva.

VIII. Promover la educación

sexual integral, que contribuya

al desarrollo de competencias

que le permitan a niñas, niños

y adolescentes ejercer de

manera informada y

responsable sus derechos

sexuales y reproductivos;

No hay correlativo IX. Promover el valor de la

justicia, de la observancia de

la Ley y de la igualdad de las

personas ante ésta, propiciar

la cultura de la legalidad, de la

paz y la no violencia en

cualquier tipo de sus

manifestaciones, así como el

conocimiento de los derechos

humanos y el respeto a los

de 713





mismos, y

No hay correlativo X. Difundir los derechos


adolescentes y las formas de

protección con que cuentan

para ejercerlos.

Artículo 72. La Federación,

entidades federativas, municipios

y demarcaciones territoriales del



garantizarán que la educación de

niñas, niños y adolescentes se dé

en un ambiente libre de violencia,

entendida ésta como la amenaza o

el uso deliberado de fuerza física o

psicológica, que cause o tenga

probabilidades de causar lesiones,

daños, trastornos, privaciones o la

muerte de cualquier persona.

Toda persona que tenga

conocimiento de actos de acoso o

de 713





violencia escolar está obligada a

denunciarlos ante la autoridad

competente y, en la medida de

sus posibilidades a impedirlos.

Artículo 73. Sin perjuicio de lo

dispuesto en otras disposiciones

aplicables, las autoridades

competentes llevarán a cabo las

acciones necesarias para propiciar

las condiciones idóneas para crear

un ambiente libre de violencia en

las instituciones educativas, en el

que se fomente la convivencia

armónica y el desarrollo integral



dispuesto en otras disposiciones

aplicables, las autoridades

competentes llevarán a cabo las

acciones necesarias para propiciar

las condiciones idóneas para crear

un ambiente libre de violencia en

las instituciones educativas, en el

que se fomente la convivencia

armónica y el desarrollo integral

de niñas, niños y adolescentes,

incluyendo la creación de

mecanismos de mediación

permanentes donde participen

quienes ejerzan la patria

potestad o tutela.

Para efectos del párrafo anterior,

las autoridades federales, de las

…

de 713









competencias, y las instituciones

académicas se coordinarán para:

I. Diseñar estrategias y

acciones para la prevención y

erradicación del acoso o la

violencia escolar en todas sus

manifestaciones, que contemplen

la participación de los sectores

público, privado y social, así como

indicadores y mecanismos de

seguimiento, evaluación y

vigilancia;

I. Diseñar estrategias y acciones

para la detección temprana,

contención, prevención y


violencia escolar en todas sus

manifestaciones, que contemplen

la participación de los sectores

público, privado y social, así como

indicadores y mecanismos de

seguimiento, evaluación y

vigilancia;

II. Llevar a cabo campañas de

difusión y prevención del acoso o

la violencia escolar en todas sus

manifestaciones;

III. Desarrollar actividades de II. …

de 713





capacitación para servidores

públicos y para el personal

administrativo y docente;

IV. Establecer mecanismos

gratuitos de atención, asesoría,

orientación y protección de niñas,

niños y adolescentes involucrados

en una situación de acoso o

violencia escolar, y

III. Establecer mecanismos

gratuitos de atención, asesoría,

orientación y protección de niñas,

niños y adolescentes involucrados

en una situación de acoso o

violencia escolar;

V. Establecer y aplicar las

sanciones que correspondan a las

personas, responsables de centros

de asistencia social, personal

docente o servidores públicos que

realicen, promuevan, propicien,

toleren o no denuncien actos de

acoso o violencia escolar,

conforme a lo dispuesto en esta


aplicables.

IV. …

Las estrategias y acciones que se

desarrollen para la prevención y

de 713






violencia escolar deberán

considerar la participación de los

consejos escolares de

participación social en términos de

las disposiciones aplicables.


De los Derechos al Descanso y al

Esparcimiento

Capítulo Décimo Segundo

De los Derechos al Descanso y al

Esparcimiento


adolescentes tienen derecho al

descanso, al esparcimiento, al

juego y a las actividades

recreativas propias de su edad, así

como a participar libremente en

actividades culturales, deportivas

y artísticas, como factores

primordiales de su desarrollo y

crecimiento.

Artículo 60. …

Quienes ejerzan la patria



…

de 713





adolescentes deberán respetar el

ejercicio de estos derechos y, por

lo tanto, no podrán imponerles

regímenes de vida, estudio,

trabajo o reglas de disciplina

desproporcionadas a su edad,

desarrollo cognoscitivo y madurez,

que impliquen la renuncia o el

menoscabo de los mismos.







respetarán el derecho de niñas,

niños y adolescentes al descanso y

el esparcimiento y fomentarán

oportunidades apropiadas, en

condiciones de igualdad, para su


culturales, artísticas y deportivas







están obligadas a garantizar el

derecho de niñas, niños y

adolescentes al descanso y el

esparcimiento y a fomentar

oportunidades apropiadas, en

condiciones de igualdad, para su


de 713





dentro de su comunidad. culturales, artísticas y deportivas

dentro de su comunidad.


De los Derechos de la Libertad de

Pensamiento, Conciencia, Religión

y Cultura

Capítulo Décimo Tercero

De los Derechos de la libertad de

convicciones éticas,


y cultura


adolescentes gozarán de libertad

de pensamiento, conciencia,

religión y cultura. La Federación,

entidades federativas, municipios

y las demarcaciones territoriales

del Distrito Federal, en el ámbito

de sus respectivas competencias

velarán por su observancia.



la libertad de convicciones

éticas, pensamiento, conciencia,

religión y cultura. Las


entidades federativas,





garantizarán este derecho en

el marco del Estado Laico.

Corresponde a quienes ejerzan la


de 713






adolescentes, guiarlos de

conformidad con sus creencias

religiosas y sus tradiciones

culturales, pero en todo caso,

éstas no podrán ser tales que

dañen o comprometan su

integridad física o mental, ni la de

terceros.

La libertad de profesar la propia

religión o creencias estará sujeta

únicamente a las limitaciones

prescritas por la ley que sean

necesarias para proteger la

seguridad, el orden público, la

moral o la salud, o los derechos y

libertades fundamentales de los

demás.

La libertad de profesar la propia

religión o creencias estará sujeta

únicamente a las limitaciones

prescritas por la ley que sean

necesarias para proteger los

derechos y libertades

fundamentales de los demás.

No hay correlativo Niñas, Niños y adolescentes

no podrán ser discriminados

de forma alguna por ejercer

su libertad de convicciones

de 713





éticas, pensamiento,

conciencia, religión y cultura.



disfrutar libremente de su lengua,

cultura, usos, costumbres,

prácticas culturales, religión,

recursos y formas específicas de

organización social y todos los

elementos que constituyan su

identidad cultural.

Artículo 63. …






competencias, deberán establecer

políticas tendentes a garantizar la

promoción, difusión y protección

de la diversidad de las expresiones

culturales, regionales y

universales, entre niñas, niños y






competencias, estarán

obligados a establecer políticas

tendentes a garantizar la

promoción, difusión y protección

de la diversidad de las expresiones

culturales, regionales y

de 713





adolescentes. universales, entre niñas, niños y

adolescentes.

Lo dispuesto en este artículo no

será limitativo del ejercicio del

derecho a la educación, según lo

dispuesto en el artículo 3o. de la


Estados Unidos Mexicanos, ni del


niñez.

Lo dispuesto en este artículo no

será limitativo del ejercicio del

derecho a la educación, según lo

dispuesto en el artículo 3º de la


Estados Unidos Mexicanos, ni de


Ley.


De los Derechos a la Libertad de

Expresión y de Acceso a la

Información

Capítulo Décimo Cuarto

De los Derechos a la Libertad de

Expresión y de Acceso a la

Información



expresar su opinión libremente,

así como a buscar, recibir y

difundir información e ideas de

todo tipo y por cualquier medio,

sin más limitaciones que las

establecidas en el artículo 6o. de




las demarcaciones



respectivas competencias

deberán garantizar el derecho

de 713






Estados Unidos Mexicanos.

de niñas, niños y adolescentes a

expresar su opinión libremente,

así como a buscar, recibir y

difundir información e ideas de

todo tipo y por cualquier medio,

sin más limitaciones que las

establecidas en el artículo 6o. de



La libertad de expresión de niñas,

niños y adolescentes conlleva el

derecho a que se tome en cuenta

su opinión respecto de los asuntos

que les afecten directamente, o a

sus familias o comunidades. Las






competencias, en la medida de lo

posible, deberán establecer las

La libertad de expresión de niñas,

niños y adolescentes conlleva el

derecho a que se tome en cuenta

su opinión respecto de los asuntos

que les afecten directamente, o a

sus familias o comunidades.

Dichas autoridades, en el


competencias deberán establecer

las acciones que permitan la

recopilación de opiniones y

realización de entrevistas a niñas,

niños y adolescentes sobre temas

de 713





acciones que permitan la

recopilación de opiniones y

realización de entrevistas a niñas,

niños y adolescentes sobre temas

de interés general para ellos.

de interés general para ellos.

Las autoridades competentes,

deberán establecer que los

concesionarios de radiodifusión,

incluyan en su programación

espacios de difusión en los que


puedan expresar libremente sus

pensamientos, ideas, propuestas o

críticas, sobre aquellos aspectos

relacionados con la niñez que

impacten positiva o negativamente

en su desarrollo o en su entorno.

No hay correlativo En poblaciones

predominantemente

indígenas, las autoridades a

que se refiere este artículo,

de 713





tienen la obligación de

difundir la información

institucional y la promoción

de los derechos en la lengua

indígena local.

No hay correlativo Asimismo, las autoridades a

que se refiere este artículo

dispondrán lo necesario para

garantizar que niñas, niños y

adolescentes con

discapacidad cuenten con los

sistemas de apoyo para

ejercer su derecho a la

libertad de expresión, acceso

a la información y sistema de

apoyo para la expresión de su

voluntad.


adolescentes tienen derecho al

libre acceso a la información. Las



Artículo 65. …

de 713








competencias promoverán la

difusión de información y material

que tengan por finalidad asegurar

su bienestar social y moral, así

como su desarrollo cultural y salud

física y mental.


acordará lineamientos generales

sobre la información y materiales

para difusión entre niñas, niños y

adolescentes, conforme a lo

dispuesto en esta Ley.


Integral acordará lineamientos

generales sobre la información y

materiales para difusión entre


conforme a lo dispuesto en esta

Ley.













de 713





establecerán programas para la

protección de los intereses de


respecto de los riesgos derivados

del acceso a medios de

comunicación y uso de sistemas

de información.

promoverán mecanismos para

la protección de los intereses de


respecto de los riesgos derivados

del acceso a medios de

comunicación y uso de sistemas

de información que afecten o

impidan objetivamente su



previsto en las disposiciones

aplicables a los medios de

comunicación, las autoridades






procurarán que éstos difundan

información y materiales

relacionados con:


previsto en las disposiciones

aplicables a los medios de

comunicación, las autoridades

federales competentes, en el


competencias, procurarán que

éstos difundan información y

materiales relacionados con:

I. El interés social y cultural para I. …

de 713






conformidad con los objetivos de

la educación que dispone el

artículo 3o. de la Constitución


Mexicanos;

II. La existencia en la sociedad

de servicios, instalaciones y

oportunidades destinados a niñas,


II. …

III. La orientación a niñas, niños

y adolescentes en el ejercicio de

sus derechos, que les ayude a un

sano desarrollo y a protegerse a sí

mismos de peligros que puedan

afectar su vida o su salud, y

III. La orientación a niñas, niños

y adolescentes en el ejercicio de

sus derechos;

IV. La promoción de la

prevención de violaciones a los

derechos humanos de niñas, niños

y adolescentes y la comisión de

actos delictivos.

IV. La promoción de la

prevención de violaciones a los


y adolescentes y la comisión de

actos delictivos, y

de 713





No hay correlativo V. El enfoque de inclusión,

igualdad sustantiva, no

discriminación y perspectiva

de derechos humanos.

Artículo 82. Las concesiones que

se otorguen en materia de

radiodifusión deberán contemplar

la obligación de los concesionarios

de abstenerse de difundir o

transmitir información, imágenes o

audios que tengan influencia

nociva o perturbadora al


y adolescentes, o que promuevan

en ellos la violencia, o hagan

apología del delito, en

contravención a las disposiciones

aplicables y al principio de interés


Artículo 68. De conformidad

con lo establecido en la Ley

Federal de

Telecomunicaciones y

Radiodifusión, respecto a la

programación dirigida a niñas,

niños y adolescentes, así

como los criterios de

clasificación emitidos de

conformidad con la misma, las

concesiones que se otorguen en

materia de radiodifusión y

telecomunicaciones deberán

contemplar la obligación de los

concesionarios de abstenerse de

difundir o transmitir información,

imágenes o audios que afecten o

impidan objetivamente el

de 713






y adolescentes, o que hagan


contravención al principio de

interés superior de la niñez.


competentes vigilarán que se

clasifiquen los espectáculos

públicos, las películas, los

programas de radio y televisión,

los videos, los videojuegos, los

impresos y cualquier otra forma

de comunicación o información

que sea perjudicial para el

bienestar o que atente contra la

dignidad de niñas, niños y





competentes vigilarán que se

clasifiquen las películas,

programas de radio y televisión

en términos de lo dispuesto

en la Ley Federal de


Radiodifusión, así como videos,

videojuegos y los impresos.

Artículo 84. Las Procuradurías de

Protección y cualquier interesado

por conducto de éstas, podrán


Protección y cualquier persona

interesada por conducto de éstas,

de 713





promover ante las autoridades

administrativas competentes la

imposición de sanciones a los

medios de comunicación, en los

términos que establece esta Ley y


podrán promover ante las

autoridades administrativas

competentes la imposición de

sanciones a los medios de

comunicación, en los términos que

establece esta Ley y demás


Asimismo, las Procuradurías de

Protección estarán facultadas para

promover acciones colectivas ante

el órgano jurisdiccional

competente, con objeto de que

éste ordene a los medios de

comunicación que se abstengan

de difundir información o

contenidos que atenten contra el


niñez y, en su caso, reparen los

daños que se hubieren

ocasionado, sin menoscabo de las

atribuciones que sobre esta

materia tengan las autoridades

Asimismo, las Procuradurías de

Protección estarán facultadas para

promover acciones colectivas ante

el órgano jurisdiccional

competente, con objeto de que

éste ordene a los medios de

comunicación que se abstengan

de difundir información o

contenidos que pongan en

peligro de forma individual o

colectiva, la vida, la

integridad, la dignidad u otros


adolescentes y, en su caso,

reparen los daños que se hubieren

de 713





competentes.

ocasionado, sin menoscabo de las

atribuciones que sobre esta

materia tengan las autoridades

competentes.

Lo anterior, sin perjuicio de

cualquier otra responsabilidad a la

que hubiere lugar de conformidad

con las disposiciones aplicables.

…

No hay correlativo Capítulo Décimo Quinto

Del Derecho a la Participación



ser escuchados y tomados en

cuenta en los asuntos de su

interés, conforme a su edad,






las demarcaciones


de 713







están obligados a disponer e

implementar los mecanismos

que garanticen la

participación permanente y

activa de niñas, niños y

adolescentes en las decisiones

que se toman en los ámbitos

familiar, escolar, social,

comunitario o cualquier otro

en el que se desarrollen.



participar, a ser escuchados y

tomados en cuenta en todos

los procesos judiciales y de

procuración de justicia donde

se diriman controversias que

les afectan, en los términos

señalados por el capítulo

décimo octavo.

de 713






adolescentes también tienen

derecho a que las diferentes

instancias gubernamentales

en los tres órdenes de

gobierno les informen de qué

manera su opinión ha sido

valorada y tomada en cuenta

su solicitud.


Del Derecho de Asociación y

Reunión

Capítulo Décimo Sexto

Del Derecho de Asociación y

Reunión



asociarse y reunirse, sin más

limitaciones que las establecidas

en la Constitución Política de los


Artículo 75. …



custodia representarán a niñas,

niños y adolescentes para el

…

de 713





ejercicio del derecho de

asociación, cuando ello sea

necesario para satisfacer las

formalidades que establezcan las


Capítulo Décimo Quinto

Del Derecho a la Intimidad

Capítulo Décimo Séptimo




intimidad personal y familiar.



intimidad personal y familiar y a

la protección de sus datos

personales.

Niñas, niños o adolescentes no

podrán ser objeto de injerencias

arbitrarias o ilegales en su vida

privada, su familia, su domicilio o

su correspondencia, ni de

divulgaciones o difusiones ilícitas

de información, incluyendo aquélla

que tenga carácter informativo a

la opinión pública o de noticia, que

atenten contra su honra, imagen o

Niñas, niños o adolescentes no

podrán ser objeto de injerencias

arbitrarias o ilegales en su vida

privada, su familia, su domicilio o

su correspondencia; tampoco de

divulgaciones o difusiones ilícitas

de información o datos

personales, incluyendo aquélla

que tenga carácter informativo a

la opinión pública o de noticia, que

de 713





reputación. permitan identificarlos y que

atenten contra su honra, imagen o

reputación.

No se considerará violación a lo

dispuesto por el párrafo anterior,

la supervisión o restricción que

realicen quienes ejerzan la patria


custodia, a las conductas y hábitos


siempre que atiendan al interés




custodia, deberán orientar,

supervisar y, en su caso,

restringir, las conductas y

hábitos de niñas niños y

adolescentes, siempre que

atiendan al interés superior de la

niñez.

Artículo 87. Se considerará

violación a la intimidad de niñas,

niños o adolescentes, cualquier

manejo directo de su imagen,

nombre, datos personales o

referencias que permitan su

identificación en los medios de

comunicación que cuenten con

concesión para prestar el servicio

de radiodifusión, así como medios










de radiodifusión y

de 713





impresos, sin que obre

autorización por escrito de quienes


guarda y custodia, o que aun

existiendo dicho consentimiento,

pueda implicar menoscabo de su

honra o reputación, que sea

contraria a sus derechos o que los

ponga en riesgo, conforme al


niñez.

telecomunicaciones, así como

medios impresos, o en medios

electrónicos de los que tenga

control el concesionario o

medio impreso de que se

trate, sin que obre autorización

por escrito, o por cualquier otro

medio que permita

constatarlo, de quienes ejerzan

la patria potestad, tutela o guarda

y custodia, o que aun existiendo

dicho consentimiento, pueda

implicar menoscabo de su honra o

reputación, que sea contraria a

sus derechos o que los ponga en

riesgo, conforme al principio de


Artículo 88. Cualquier medio de

comunicación que pretenda

realizar entrevistas a niñas, niños

y adolescentes, procederá como

sigue:


comunicación que difunda

entrevistas a niñas, niños y

adolescentes, procederá como

sigue:

de 713





I. Deberá recabar previamente el

consentimiento por escrito de

quienes ejerzan la patria potestad

o tutela, así como la opinión de la

niña, niño o adolescente,

respectivamente, conforme a lo

señalado en el artículo anterior y a

lo previsto en el párrafo segundo

del artículo 78 de la presente Ley;

I. Deberá recabar el

consentimiento por escrito o

cualquier otro medio, de

quienes ejerzan la patria potestad

o tutela, así como la opinión de la



señalado en el artículo anterior y a

lo previsto en el párrafo segundo

del artículo 76 de la presente Ley,

y

II. Quienes ejerzan la patria


custodia de niñas, niños o

adolescentes sujetos de la

entrevista deberán orientarlos

sobre el desarrollo de la misma e

informarles sobre la finalidad y

uso que se dará a su imagen, voz,

datos personales o cualquier otro

elemento que los pudiese

identificar;

de 713





III. La persona que realice la

entrevista será respetuosa y no

podrá mostrar actitudes ni emitir

comentarios que impliquen juicios

de valor, presión o manipulación

que induzcan en forma alguna las

respuestas o actitudes de niñas,

niños o adolescentes, y

II. La persona que realice la



comentarios que afecten o


desarrollo integral de niñas,


IV. Cuando se trate de

entrevistas cuya difusión se

pretenda realizar de forma

posterior a las mismas, además de

cumplir las previsiones

establecidas en la fracción I del

presente artículo, el medio de

comunicación estará obligado a

consultar a quienes ejerzan la

patria potestad o tutela y a niñas,

niños o adolescentes, si requieren

la corrección, omisión o edición de

datos que puedan poner en riesgo

los derechos, imagen, reputación

de 713





u honra del entrevistado.







protegerán la identidad e

intimidad de niñas, niños y

adolescentes que sean víctimas,

ofendidos, testigos o que estén

relacionados de cualquier manera

en la comisión de un delito, a fin

de evitar su identificación pública.

La misma protección se otorgará a

adolescentes a quienes se les

atribuya la realización o

participación en un delito,

conforme a la legislación aplicable

en la materia.







garantizarán la protección de

la identidad e intimidad de niñas,

niños y adolescentes que sean

víctimas, ofendidos, testigos o que

estén relacionados de cualquier

manera en la comisión de un

delito, a fin de evitar su

identificación pública. La misma

protección se otorgará a

adolescentes a quienes se les

atribuya la realización o

participación en un delito,

conforme a la legislación aplicable

en la materia.

Artículo 90. Los medios de Artículo 80. Los medios de

de 713





comunicación deberán asegurarse

que las historias, noticias,

información, imágenes o voz a

difundir no pongan en peligro, de

forma individual o colectiva, la

vida, integridad, dignidad o


adolescentes, aun cuando se

modifiquen, se difuminen o no se

especifiquen sus identidades, y

evitarán la difusión de imágenes o

noticias que propicien o sean

tendentes a su discriminación,

criminalización o estigmatización,

en contravención a las


Tratándose de medios de

comunicación concesionarios de

servicios de radiodifusión, esta

obligación deberá preverse

expresamente en los títulos de

concesión respectivos.


que las imágenes, voz o datos a

difundir, no pongan en peligro, de



vulneren el ejercicio de


adolescentes, aun cuando se

modifiquen, se difuminen o no se

especifiquen sus identidades, y

evitarán la difusión de imágenes o

noticias que propicien o sean

tendentes a su discriminación,

criminalización o estigmatización,

en contravención a las


de 713





Los directores, editores,

redactores, reporteros y

periodistas de medios de

comunicación que de cualquier

forma participen en la elaboración,

redacción, edición, publicación y

difusión de notas, información,

imágenes, voz o datos personales


serán responsables del

cumplimiento a lo dispuesto en el

párrafo anterior.

En caso de incumplimiento a lo

establecido en el presente artículo,


afectados, por conducto de su

representante legal o, en su caso,


competente, actuando de oficio o

en representación sustituta, podrá

promover las acciones civiles de

reparación del daño, presentar


establecido en el presente artículo,


afectados, por conducto de su

representante legal o, en su caso,






de 713





denuncias y querellas en caso de

posible responsabilidad penal e

iniciar los procedimientos por la

responsabilidad administrativa a

que haya lugar.


posible responsabilidad penal, en

los términos que establezcan

las disposiciones aplicables e



que haya lugar; así como dar

seguimiento a los

procedimientos hasta su

conclusión.

Niñas, niños o adolescentes

afectados, considerando su edad,

grado de desarrollo cognoscitivo y

madurez, solicitarán la

intervención de las Procuradurías

de Protección.

…

En los procedimientos civiles,

penales o administrativos que

sean iniciados o promovidos por




…

de 713






competente ejercerá su

representación coadyuvante.

Artículo 91. En los procedimientos

ante órganos jurisdiccionales, se

podrá solicitar que se imponga

como medida cautelar la

suspensión o bloqueo de cuentas

de usuarios en medios

electrónicos, a fin de evitar la

difusión de información,

imágenes, sonidos o datos que

puedan contravenir el interés


Artículo 81. …

El órgano jurisdiccional, con base

en este artículo y las disposiciones

aplicables, podrá requerir a las

empresas de prestación de

servicios en materia de medios

electrónicos que realicen las

acciones necesarias para el

cumplimiento de las medidas

El órgano jurisdiccional, con base

en este artículo y las disposiciones

aplicables, podrá requerir a las

empresas de prestación de

servicios en materia de medios

electrónicos que realicen las

acciones necesarias para el

cumplimiento de las medidas

de 713





cautelares que ordene. cautelares que ordene


Del Derecho a la Seguridad

Jurídica y al Debido Proceso

Capítulo Décimo Octavo

Del Derecho a la Seguridad

Jurídica y al Debido Proceso


adolescentes gozan de los

derechos y garantías de seguridad

jurídica y debido proceso

establecidos en la Constitución



internacionales, esta Ley y demás


Artículo 82. …





Distrito Federal, que sustancien

procedimientos de carácter

jurisdiccional o administrativo o

que realicen cualquier acto de

autoridad en los que estén










de 713





relacionados niñas, niños o

adolescentes, emitirán y

acordarán la implementación de

protocolos de actuación, los cuales

deberán contar con la opinión

favorable del Sistema Nacional de

Protección.


adolescentes estarán obligadas

a observar, cuando menos a:

Artículo 94. Los protocolos de

actuación que emitan e

implementen las autoridades de la






deberán prever además de los

derechos que establece la


disposiciones aplicables, lo

siguiente:

I. Medidas que garanticen la

protección y prevalencia del

I. Garantizar la protección y

prevalencia del interés superior de

de 713





interés superior de la niñez a que

se refiere el artículo 2 de la

presente Ley;

la niñez a que se refiere el artículo

2 de la presente Ley;

II. Los derechos de que gozan


establecidos en la Constitución



internacionales, esta Ley y demás


II. Garantizar el ejercicio de los


adolescentes, establecidos en la


Estados Unidos Mexicanos, los



III. Información clara y sencilla

para las niñas, niños o

adolescentes sobre el

procedimiento judicial o

administrativo de que se trate y la

importancia de su participación en

el mismo;

III. Proporcionar información

clara, sencilla y comprensible

para las niñas, niños y

adolescentes sobre el

procedimiento judicial o

administrativo de que se trate y la

importancia de su participación en

el mismo, incluyendo, en su

caso, formatos accesibles de

fácil comprensión y lectura

para niñas, niños y

adolescentes con

de 713





discapacidad;

IV. Los mecanismos de apoyo que

estarán a su disposición al

presentar una denuncia, participar

en una investigación o en un

proceso judicial;

IV. Implementar mecanismos de

apoyo al presentar una denuncia,

participar en una investigación o

en un proceso judicial;

V. El derecho de niñas, niños o

adolescentes a ser representado

en términos de lo dispuesto en el

Título Segundo de la presente Ley,

así como información sobre las

medidas de protección

disponibles;

V. Garantizar el derecho de

niñas, niños y adolescentes a ser

representados en términos de lo

dispuesto en el Título Quinto,

Capítulo Segundo, de la

presente Ley, así como

información sobre las medidas de

protección disponibles;

VI. La asistencia de profesionales

especializados cuando la

naturaleza del procedimiento lo

requiera;

VI. Proporcionar asistencia de

profesionales especializados

cuando la naturaleza del

procedimiento lo requiera;

VII. La asistencia de un traductor

o intérprete;

VII. Proporcionar la asistencia

de un traductor o intérprete;

No hay correlativo VIII. Ponderar, antes de citar

a una niña, niño o adolescente

de 713





a alguna audiencia, la

pertinencia de la misma,

considerando su edad,

madurez, estado psicológico,

así como cualquier otra

condición específica;

VIII. El no aislamiento de niñas,

niños o adolescentes de quien

ejerza sobre ellos la patria


custodia durante la sustanciación

de la audiencia o comparecencia

que se verifique dentro del

procedimiento, salvo que con ello

no se logre el objetivo de su

participación en el mismo;

IX. Garantizar el

acompañamiento de quien


potestad, tutela, guarda o

custodia durante la sustanciación

de todo el procedimiento, salvo

disposición judicial en

contrario;

IX. Mantener a niñas, niños o

adolescentes apartados de los

adultos que puedan influir en su

comportamiento o estabilidad

emocional, antes y durante la

realización de la audiencia o

X. Mantener a niñas, niños o

adolescentes apartados de los

adultos que puedan influir en su

comportamiento o estabilidad

emocional, cuando así lo

determine la autoridad

de 713





comparecencia respectiva, para lo

cual se destinarán espacios

idóneos en los recintos en que

éstas se lleven a cabo;

competente, antes y durante la

realización de la audiencia o

comparecencia respectiva;

No hay correlativo XI. Destinar espacios lúdicos,

de descanso y aseo para

niñas, niños y adolescentes en

los recintos en que se lleven a

cabo procedimientos en que

deban intervenir;

X. Un tiempo de participación

mínimo para la intervención de


durante la sustanciación del

procedimiento;

XII. Ajustarse al tiempo de

participación máximo para la

intervención de niñas, niños o

adolescentes durante la


procedimientos de conformidad

con los principios de

autonomía progresiva y

celeridad procesal, y

XI. La metodología especializada

sobre la valoración del testimonio

de niñas, niños o adolescentes, así

de 713





como las periciales infantiles que

pueden aportarse al

procedimiento, y

XII. Las medidas para garantizar

el resguardo de la intimidad y

datos personales de niñas, niños o

adolescentes.

XIII. Implementar medidas para

garantizar el resguardo de la

intimidad y datos personales de


Artículo 95.Las leyes federales y


garantizarán que niñas y niños a

quienes se atribuya la comisión de

una conducta tipificada como

delito, estén exentos de

responsabilidad penal, y

establecerán que no serán

privados de la libertad ni sujetos a

procedimiento penal alguno, sino

que serán sujetos a rehabilitación

y asistencia social. Quienes


guarda y custodia de niñas y

niños, serán sujetos de atención




las demarcaciones




garantizarán que niñas y niños a

quienes se atribuya la comisión o

participación en un hecho que

la ley señale como delito se les

reconozca que están exentos

de responsabilidad penal y

garantizarán que no serán

privados de la libertad ni sujetos a

de 713





especializada.

procedimiento alguno, sino que

serán únicamente sujetos a la

asistencia social con el fin de

restituirles, en su caso, en el


Lo anterior, sin perjuicio de las

responsabilidades civiles que

correspondan a quienes ejerzan la


custodia, conforme a las


…

Artículo 96.Para los efectos del

artículo anterior, en aquellos casos

en que el Ministerio Público tenga

conocimiento de una conducta

tipificada como delito que sea

atribuible a niñas o niños,

impondrá de forma inmediata las

medidas pertinentes para su

protección, en términos de la

presente Ley y la legislación

aplicable en materia

Artículo 85.En aquellos casos en

que el Ministerio Público o

cualquier otra autoridad, tenga

conocimiento de la presunta

comisión o participación de

una niña o niño en un hecho

que la ley señale como delito,

de manera inmediata dará aviso

a la Procuraduría de Protección

competente.

de 713





procedimental penal, y lo remitirá

a la Procuraduría de Protección

competente.

No hay correlativo Niñas o niños, en ningún caso

podrán ser detenidos,

retenidos o privados de su

libertad por la supuesta

comisión o participación en un

hecho que la ley señale como

delito.

La Procuraduría de Protección

competente, en el marco de sus

atribuciones, deberá establecer y

ejecutar las medidas necesarias

para la rehabilitación y asistencia

social de niñas y niños que le sean

canalizados por el Ministerio

Público, según las circunstancias

de cada caso, las cuales

consistirán y preverán cuando

menos lo siguiente:

La Procuraduría de Protección, en

el marco de sus atribuciones,

deberá, en su caso, solicitar a

la autoridad competente de

manera inmediata las medidas

necesarias para la protección

integral, de asistencia social y

en su caso, restitución de sus

derechos y garantizar que

niñas y niños no sean objeto

de discriminación.

I. Atención médica y psicológica; Toda medida que se adopte

de 713





será susceptible de revisión

por órgano judicial

competente en un proceso

contradictorio en el que se

garantice, por lo menos, el

derecho a ser oído y la

asistencia de un abogado

especializado.

II. Seguimiento a las

actividades académicas y entorno

social y cultural;

III. Duración de las medidas, y

IV. La inclusión, en su caso, de



niñas o niños en las medidas de

rehabilitación y asistencia.

Artículo 97. El Ministerio Público

deberá apercibir a quienes ejerzan


y custodia de niñas o niños a

quien sea atribuible una conducta

de 713





tipificada como delito, a efecto de

cumplir con las medidas de

rehabilitación y asistencia social

que establezca la Procuraduría de

Protección competente en

términos del artículo anterior. En

todo caso, se deberá mantener

informado al Ministerio Público en


aplicables.

El incumplimiento al

apercibimiento referido en el

párrafo anterior será sancionado

con multa en términos de la

presente Ley, a petición de la


competente, y será ejecutado

mediante el procedimiento

administrativo de ejecución


aplicables.

Las Procuradurías de Protección

de 713





estarán facultadas para demandar

ante los órganos jurisdiccionales

en materia civil o familiar

competentes, en función del

interés superior de la niñez, la

imposición de obligaciones de dar,

hacer o no hacer, a quienes


guarda y custodia de niñas o niños

a los que les sea atribuible una

conducta tipificada como delito.



garantizarán que en los

procedimientos del orden penal en

que estén relacionados niñas o

niños, de conformidad con su

edad, desarrollo cognoscitivo y

grado de madurez, tengan al

menos los siguientes derechos:




las demarcaciones





procedimientos jurisdiccionales

en que estén relacionadas niñas,

niños o adolescentes como

de 713





probables víctimas del delito o

testigos, de conformidad con su



tengan al menos los siguientes

derechos:

I. Se les informe sobre la

naturaleza del procedimiento y el

carácter de su participación en el

mismo, el que en ningún caso

podrá ser el de imputado o

probable responsable;

I. …

II. Que su participación en un

procedimiento se lleve a cabo de

manera más expedita, en espacios

y condiciones idóneas especiales,

separados de los adultos y con

personal capacitado para su

atención;



la manera más expedita, en

espacios lúdicos y condiciones

especiales, asistidos por un

profesional en derecho

especializado;

III. Evitar ser separados de sus

familiares, cuando esto no sea

contrario al interés superior de la

III. Garantizar el

acompañamiento de quien


de 713





niñez;


custodia durante la

sustanciación de todo el

procedimiento, salvo

disposición judicial en

contrario, con base en el


IV. Evitar toda clase de contacto

con los medios de comunicación,

así como a que se le respete

plenamente su intimidad personal

y familiar en los términos de esta

Ley, y

IV. Que se preserve su

derecho a la intimidad, que no

se divulguen sus datos de

identificación en los términos

de esta Ley y las demás

aplicables;

V. Tener acceso a asistencia

jurídica, psicológica y cualquier

otra necesaria atendiendo a las

características del caso, a fin de

salvaguardar sus derechos.

V. Tener acceso gratuito a

asistencia jurídica, psicológica y

cualquier otra necesaria

atendiendo a las características

del caso, a fin de salvaguardar sus

derechos, en términos de las


No hay correlativo VI. Adoptar las medidas

necesarias para evitar la

de 713





revictimización de niñas,

niños y adolescentes que

presuntamente son víctimas

de la comisión de un delito o

la violación a sus derechos

humanos.

Artículo 99. Siempre que se

encuentre una niña, niño o

adolescente en el contexto de la

comisión de un delito, se notificará

de inmediato a quienes ejerzan la


custodia, así como a la


competente.

Artículo 87. Siempre que se

encuentre una niña, niño o

adolescente en el contexto de la

comisión de un delito, se notificará

de inmediato a quienes ejerzan la


custodia, así como a la


competente



determinarán el tratamiento que

corresponda a los adolescentes a

quienes se les atribuya la comisión

de una conducta tipificada como

delito, de conformidad con la

Artículo 88. La legislación en

materia de justicia integral

para adolescentes en conflicto

con la ley penal determinará

los procedimientos y las

medidas que correspondan a

quienes se les atribuyan la

de 713





legislación en materia de justicia

de adolescentes aplicable.

comisión o participación en un

hecho que la ley señale como

delito mientras era

adolescente.

La legislación a que se refiere el

párrafo anterior, deberá garantizar

los derechos fundamentales que

reconoce la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos

para todo individuo, así como

aquellos derechos específicos que

por su condición de personas en

desarrollo les han sido

reconocidos.

…

La atención a los adolescentes a

quienes se atribuya la realización

de una conducta tipificada como

delito por las leyes penales,

deberá estar a cargo de

instituciones, órganos

jurisdiccionales y autoridades

especializados en la procuración e

de 713





impartición de justicia para

adolescentes. Se podrán aplicar

las medidas de orientación,

protección y tratamiento que

amerite cada caso, atendiendo a

la protección integral del

adolescente de conformidad con lo



Mexicanos.


entidades federativas preverán

formas alternativas de justicia que

deberán observarse en la

aplicación del sistema de justicia

para adolescentes, siempre que

resulte procedente. En todos los

procedimientos seguidos a los

adolescentes se observará la

garantía del debido proceso legal,

así como la independencia entre

las autoridades que efectúen la

de 713





remisión y las que impongan las

medidas. Éstas deberán ser

proporcionales a la conducta

realizada y tendrán como fin la

reintegración social y familiar del

adolescente, así como el pleno

desarrollo de su persona y

capacidades. El internamiento se

utilizará sólo como medida

extrema y por el tiempo más

breve que proceda, y podrá

aplicarse únicamente a los

adolescentes mayores de catorce

años de edad, por la comisión de

conductas antisociales calificadas

como graves.


Derecho de Asistencia Social Para

la Atención de Niñas, Niños o

Adolescentes Migrantes no

Acompañados

Capítulo Décimo Noveno

Niñas, Niños y Adolescentes

migrantes

Artículo 101. El presente capítulo Artículo 89. El presente capítulo

de 713





es aplicable a niñas, niños y

adolescentes migrantes

extranjeros, no acompañados por


tutela o guarda y custodia, cuando

se encuentren en el territorio

nacional con condición migratoria

irregular.

se refiere a las medidas

especiales de protección que

las autoridades deberán

adoptar para garantizar los


adolescentes migrantes,

acompañados, no acompañados,

separados, nacionales,

extranjeros y repatriados en

el contexto de movilidad

humana.

Toda autoridad que tenga

conocimiento de que una niña,

niño o adolescente es un migrante

extranjero no acompañado,

deberá informar de inmediato al

Instituto Nacional de Migración

para que determine su condición

migratoria y al Sistema Nacional

DIF o Sistema de las Entidades,

según corresponda, para que se le

brinde la protección que prevé

Las autoridades de todos los

órdenes de gobierno deberán

proporcionar, de conformidad

con sus competencias, los

servicios correspondientes a

niños, niñas y adolescentes en

situación de migración,

independientemente de su

nacionalidad o su situación

migratoria.

de 713





esta Ley y demás disposiciones

aplicables.

Artículo 102. Si el Instituto

Nacional de Migración determina

que la situación migratoria de


migrantes extranjeros no

acompañados es irregular, deberá

informarles sus derechos dentro

del procedimiento migratorio, así

como los servicios a que tienen

acceso.

En tanto el Instituto Nacional

de Migración determine la

condición migratoria de la

niña, niño o adolescente, el

Sistema Nacional DIF o

sistema de las entidades,

según corresponda, deberá

brindar la protección que

prevé esta Ley y demás


Para los efectos del párrafo

anterior, el Instituto Nacional de

Migración deberá observar los

procedimientos de atención y

protección especial de niñas, niños

y adolescentes migrantes

extranjeros no acompañados,

previstos en la Ley de Migración,

su Reglamento y demás

disposiciones jurídicas aplicables.

El principio del interés

superior de la niñez será una

consideración primordial que

se tomará en cuenta durante

el procedimiento

administrativo migratorio al

que estén sujetos niñas, niños

y adolescentes migrantes, en

el que se estimarán las

posibles repercusiones de la

de 713





decisión que se tome en cada

caso.


migratorias, respecto a niñas,

niños y adolescentes migrantes


deberán:


competentes deberán

observar los procedimientos

de atención y protección

especial de niñas, niños y


previstos en la Ley de

Migración, su Reglamento y

demás disposiciones jurídicas

aplicables, debiendo observar

en todo momento el principio

del interés superior de la

niñez y los estándares

internacionales en la materia.

I. Prestar servicios de

asistencia médica, psicológica y

jurídica;


competentes, una vez en

contacto con la niña, niño o

adolescente deberán de

adoptar las medidas

correspondientes para la

de 713





protección de sus derechos.

En consecuencia, darán una

solución que resuelva todas

sus necesidades de

protección, teniendo en

cuenta sus opiniones y

privilegiando la reunificación

familiar, excepto que sea

contrario a su interés superior

o voluntad.

II. Ofrecer tres alimentos al día,

supervisando que la calidad de los

alimentos sea adecuada con el fin

de que su salud no se vea

afectada;

Artículo 92. Las garantías de

debido proceso que se

deberán aplicar en los

procesos migratorios que

involucran a niñas, niños y

adolescentes son las

siguientes:

III. Promover el derecho a la

preservación de la unidad familiar;

I. El derecho a ser notificado

de la existencia de un

procedimiento y de la

decisión que se adopte en el

marco del proceso migratorio;

de 713





IV. Garantizar el respeto de los


o adolescentes;

II. El derecho a ser informado

de sus derechos;

V. Mantener instalaciones

adecuadas que eviten el

hacinamiento;

III. El derecho a que los

procesos migratorios sean

llevados por un funcionario

especializado;

VI. Contar con espacios de

recreación deportiva y cultural;

IV. El derecho de la niña, niño

o adolescente a ser

escuchado y a participar en

las diferentes etapas

procesales;

VII. Permitir el acceso de

representantes legales, o persona

de su confianza y la asistencia

consular;

V. El derecho a ser asistido

gratuitamente por un

traductor y/o intérprete;

VIII. Permitir la visita de las

personas que cumplan con los

requisitos establecidos en las

disposiciones jurídicas aplicables.

En caso de negativa de acceso,

ésta deberá entregarse por escrito

VI. El acceso efectivo a la

comunicación y asistencia

consular;

de 713





debidamente fundado y motivado,

y

IX. Las demás que establezcan

otras disposiciones legales.

VII. El derecho a ser asistido

por un abogado y a

comunicarse libremente con

él;

Artículo 104. La autoridad

migratoria, de conformidad con las

disposiciones aplicables, notificará

al consulado del país de

nacionalidad o residencia de niñas,

niños o adolescentes migrantes

extranjeros no acompañados, la

ubicación de las instalaciones a las

que el Sistema Nacional DIF o el

Sistema de las Entidades los haya

canalizado y las condiciones en las

que se encuentre.

VIII. El derecho, en su

caso, a la representación en

suplencia;

En los casos en que niñas, niños,

o adolescentes migrantes

extranjeros no acompañados sean

solicitantes de asilo político, de

IX. El derecho a que la

decisión que se adopte evalúe

el interés superior de la niña,

niño o adolescente y esté

de 713





estancia por razones humanitarias

o del reconocimiento de la

condición de refugiado, no se

entablará contacto con la

representación consular y se

procederá en términos de las


debidamente fundamentada;



extranjeros no acompañados

canalizados al Sistema Nacional

DIF o a los Sistemas de las

Entidades, según corresponda,

gozarán de protección y asistencia

en tanto las representaciones

consulares que correspondan y el

Instituto Nacional de Migración

resuelvan su situación migratoria.

X. El derecho a recurrir la

decisión ante la autoridad

jurisdiccional competente, y

No hay correlativo XI. A conocer la duración del

procedimiento que se llevará

a cabo, mismo que deberá

seguir el principio de

de 713





celeridad.

Artículo 106. En las acciones y

medidas para proteger y asistir a



acompañados, el Sistema Nacional

DIF o los Sistemas de las

Entidades protegerán

prioritariamente su reunificación

familiar en términos de la


disposiciones aplicables, siempre y

cuando ésta no sea contraria al


Artículo 93. Durante el proceso

administrativo migratorio

podrá prevalecer la unidad

familiar o en su caso la

reunificación familiar en términos

de la presente Ley y demás

disposiciones aplicables, siempre y

cuando ésta no sea contraria al


Para resolver sobre la

reunificación familiar se deberá

tomar en cuenta la opinión de



acompañados, así como todos los

elementos que resulten necesarios

para tal efecto.

Para resolver sobre la

reunificación familiar se deberá

tomar en cuenta la opinión de


migrantes, así como todos los

elementos que resulten necesarios

para tal efecto.

de 713





El Instituto Nacional de Migración

valorará y determinará el interés

superior de la niñez para la

resolución de la situación

migratoria de niñas, niños y



especialmente cuando se trate de:

Artículo 94. Para garantizar la

protección integral de los

derechos, los Sistemas

Nacional, Estatales y

Municipales DIF habilitarán

espacios de alojamiento o

albergues para recibir a niñas,

niños y adolescentes

migrantes.

I. Procedimientos de

reunificación familiar;

Asimismo, acordarán los

estándares mínimos para que

los espacios de alojamiento o

albergues brinden la atención

adecuada a niñas, niños y


III. Regularización de estancia; Artículo 95. Los espacios de

alojamiento de niñas, niños y


respetarán el principio de

separación y el derecho a la

unidad familiar, de modo tal

que si se trata de niñas, niños

de 713





o adolescentes no

acompañados o separados,

deberán alojarse en sitios

distintos al que corresponde a

las personas adultas.

Tratándose de niñas, niños o

adolescentes acompañados,

podrán alojarse con sus

familiares, salvo que lo más

conveniente sea la separación

de éstos en aplicación del

principio del interés superior

de la niñez.

IV. Procedimientos para el

reconocimiento de la condición de

refugiado, y

Artículo 96. Está prohibido

devolver, expulsar, deportar,

retornar, rechazar en frontera

o no admitir, o de cualquier

manera transferir o remover a

una niña, niño o adolescente

cuando su vida, seguridad y/o

libertad estén en peligro a

causa de persecución o

de 713





amenaza de la misma,

violencia generalizada o

violaciones masivas a los

derechos humanos, entre

otros, así como donde pueda

ser sometido a tortura u otros

tratos crueles, inhumanos o

degradantes.

IV. Retorno asistido. Artículo 97. Cualquier decisión

sobre la devolución de una

niña, niño o adolescente al

país de origen o a un tercer

país seguro, sólo podrá

basarse en los requerimientos

de su interés superior.

En las acciones y medidas para

proteger y asistir a niñas, niños y


extranjeros no acompañados, el



coadyuvarán con el Instituto

Artículo 98. En caso de que los

Sistemas DIF identifiquen,

mediante una evaluación

inicial, a niñas, niños o

adolescentes extranjeros que

sean susceptibles de

reconocimiento de condición

de 713





Nacional de Migración en la

valoración y determinación del

interés superior de la niñez

atendiendo a lo previsto en la

presente Ley, en la Ley de

Migración y demás disposiciones

aplicables.

de refugiado o de asilo, lo

comunicarán al Instituto

Nacional de Migración a fin de

adoptar medidas de

protección especial.

Artículo 107. Cuando así convenga

al interés superior de la niñez, el

niño, niña o adolescente

extranjero migrante no

acompañado, será documentado

provisionalmente como Visitante

por Razones Humanitarias en

términos de la Ley de Migración,

mientras la Secretaría de

Gobernación ofrece alternativas

jurídicas o humanitarias

temporales o permanentes al

retorno asistido.


sistemas de las entidades

federativas, en coordinación

con las instituciones

competentes, deberán

identificar a las niñas, niños y

adolescentes extranjeros que

requieren de protección

internacional, ya sea como

refugiado o de algún otro tipo,

a través de una evaluación

inicial con garantías de

seguridad y privacidad, con el

fin de proporcionarles el

tratamiento adecuado e

de 713





individualizado que sea

necesario mediante la

adopción de medidas de



DIF deberá diseñar y administrar

las bases de datos de niñas, niños

y adolescentes migrantes


incluyendo entre otros aspectos,

las causas de su migración, las

condiciones de tránsito, sus

vínculos familiares, factores de

riesgo en origen y tránsito,

información de sus representantes

legales, datos sobre su

alojamiento y situación jurídica,

entre otros, y compartirlo con la

Procuraduría Federal de


Adolescentes, atendiendo a lo

previsto en la Ley Federal de

Artículo 99. …

de 713





Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Gubernamental y demás

disposiciones aplicables en

materia de transparencia.

Los Sistemas de las Entidades

enviarán al Sistema Nacional DIF

la información en el momento en

que se genere a fin de que se

incorpore en las bases de datos a

que se refiere el párrafo anterior.

…

El Instituto Nacional de Migración

deberá proporcionar la

información y colaborar con el

Sistema Nacional DIF para los

efectos de este artículo.

…

No hay correlativo Artículo 100. El Instituto

Nacional de Migración, en

coordinación con el Sistema

Nacional DIF, deberá

resguardar las bases de datos


de 713





migrantes, incluyendo entre

otros aspectos, las causas de

su migración, las condiciones

de tránsito, sus vínculos

familiares, factores de riesgo

en origen y tránsito,

información de sus

representantes legales, datos

sobre su alojamiento y

situación jurídica.

No hay correlativo Para garantizar de forma

prioritaria la asistencia social

y protección consultar de


migrantes que se encuentran

en el extranjero en proceso de

repatriación, corresponderá a

la Secretaría de Relaciones

Exteriores, a través de las

representaciones consulares,

coordinarse con el Instituto

Nacional de Migración y con

de 713





los Sistemas DIF

correspondientes.

Artículo 109. En ningún caso una

situación migratoria irregular de


preconfigurará por sí misma la

comisión de un delito ni se

prejuzgará la comisión de ilícitos

por el hecho de encontrarse en

condición migratoria irregular.

Artículo 101. En ningún caso una

situación migratoria irregular de


preconfigurará por sí misma la

comisión de un delito, ni se

prejuzgará la comisión de ilícitos

por el hecho de encontrarse en

condición migratoria irregular.

Título Cuarto

De la Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes

Título Quinto

De la Protección y Restitución

integral de los derechos de


Capítulo Primero

De las Autoridades

Capítulo Primero

De las autoridades



federativas, municipales, de

las demarcaciones


Federal y de los organismos

de 713





constitucionales autónomos,

en el ámbito de su

competencia, deberán

establecer y garantizar el

cumplimiento de la política

nacional en materia de


adolescentes.

No hay correlativo Las políticas públicas

emprendidas por dichas

autoridades garantizarán el

ejercicio de los derechos de


para lo cual deberán observar

el interés superior de la niñez

y asegurar la asignación

prioritaria de recursos en


aplicables.

No hay correlativo Sección Primera

De la Distribución de

Competencias

de 713





No hay correlativo Artículo 115. Todos los

órdenes de gobierno

coadyuvarán para el

cumplimiento de los objetivos

de esta Ley, de conformidad

con las competencias

previstas en el presente

ordenamiento y demás

disposiciones legales

aplicables.

No hay correlativo Artículo 116. Corresponden a

las autoridades federales y

locales de manera

concurrente, las atribuciones

siguientes:

No hay correlativo I. Coordinar la

implementación y ejecución

de las acciones y políticas

públicas que deriven de la

presente Ley;

No hay correlativo II. Impulsar el conocimiento

de los derechos de niñas,

de 713





niños y adolescentes, así

como la cultura de respeto,

promoción y protección de los

mismos, de conformidad con


Ley;

No hay correlativo III. Garantizar el cabal

cumplimiento de la presente

Ley y de los instrumentos

internacionales aplicables;

No hay correlativo IV. Adoptar medidas de

protección especial de


adolescentes que se

encuentren en situación de

vulnerabilidad por



psicológico, físico,

discapacidad, identidad

cultural, origen étnico o

nacional, situación migratoria

de 713





o bien, relacionadas con

aspectos de género,

preferencia sexual, creencias

religiosas o prácticas

culturales, u otros que

restrinjan o limiten sus

derechos;

No hay correlativo V. Proporcionar asistencia

médica, psicológica y atención

preventiva integrada a la

salud, así como asesoría

jurídica y orientación social a




adolescentes o personas que

los tengan bajo su

responsabilidad, en relación a

las obligaciones que establece

esta Ley;

No hay correlativo VI. Garantizar el desarrollo y

la supervivencia así como

de 713





investigar, sancionar

efectivamente los actos de

privación de la vida de niñas,

niños y adolescentes y

garantizar la reparación del

daño que corresponda;

No hay correlativo VII. Colaborar en la

búsqueda, localización y

obtención de la información

necesaria para acreditar o

restablecer la identidad de


No hay correlativo VIII. Establecer políticas de

fortalecimiento familiar para

evitar la separación de niñas,

niños y adolescentes de



custodia;

No hay correlativo IX. Establecer las normas y

los mecanismos necesarios

para facilitar la localización y

de 713





reunificación de la familia de


cuando hayan sido privados

de ella, siempre que no sea

contrario a su interés

superior;

No hay correlativo X. Coadyuvar en la

localización de niñas, niños y

adolescentes sustraídos,

trasladados o retenidos

ilícitamente;

No hay correlativo XI. Implementar medidas de

inclusión plena y realizar las

acciones afirmativas para


adolescentes la igualdad de

oportunidades y de trato, así

como a no ser discriminados;

No hay correlativo XII. Adoptar medidas para la

eliminación de usos,

costumbres, prácticas

culturales, religiosas,

de 713





estereotipos sexistas o

prejuicios que atenten contra

la igualdad de niñas, niños y

adolescentes por razón de

género o que promuevan

cualquier tipo de

discriminación;

No hay correlativo XIII. Adoptar las medidas

apropiadas para promover la

recuperación física y

psicológica y la restitución de


adolescentes, víctimas de

cualquier forma de violencia;

No hay correlativo XIV. Garantizar que todos los

sectores de la sociedad

tengan acceso a educación y

asistencia en materia de

principios básicos de salud y

nutrición, ventajas de la

lactancia materna, así como la

prevención de embarazos,

de 713





higiene, medidas de

prevención de accidentes y

demás aspectos relacionados

con la salud de niñas, niños y

adolescentes;

No hay correlativo XV. Propiciar las condiciones

idóneas para crear un

ambiente libre de violencia en

las instituciones educativas;

No hay correlativo XVI. Establecer el diseño

universal, la accesibilidad y

políticas para la prevención,

atención y rehabilitación de


con discapacidad, en términos

de la legislación aplicable;

No hay correlativo XVII. Realizar acciones a

fin de sensibilizar a la

sociedad, para que tome

mayor conciencia respecto de


adolescentes con

de 713






respeto a sus derechos y

dignidad, así como combatir

los estereotipos y prejuicios

respecto de su discapacidad;

No hay correlativo XVIII. Disponer e

implementar los mecanismos

que garanticen la

participación permanente y

activa de niñas, niños y

adolescentes en las decisiones

que se toman en los ámbitos

familiar, escolar, social,

comunitario o cualquier otro

en el que se desarrollen;

XIX. Garantizar la

consecución de una educación

de calidad y la igualdad

sustantiva en el acceso y

permanencia en la misma;

No hay correlativo XX. Impulsar la formación y

actualización de acuerdos

de 713





interinstitucionales de

coordinación entre las

diferentes instancias de

gobierno;

No hay correlativo XXI. Celebrar convenios de

cooperación, coordinación y

concertación en la materia;

No hay correlativo XXII. Coadyuvar con las

instituciones públicas o

privadas dedicadas a la

atención de niñas, niños y

adolescentes;

No hay correlativo XXIII. Garantizar la


niñas, niños y adolescentes y

asegurar que las violaciones a

los mismos sean atendidas de

forma preferente por todas las

autoridades, en el ámbito de

sus respectivas competencias;

No hay correlativo XXIV. Desarrollar todos

los mecanismos necesarios

de 713





para el cumplimiento de la

presente Ley, y

No hay correlativo XXV. Garantizar que niñas,

niños y adolescentes tengan

acceso a agua potable para su

consumo e higiene.


las autoridades federales, en


las atribuciones siguientes:

No hay correlativo I. Garantizar en el ámbito de

su competencia, el cabal

cumplimiento de la presente

Ley y de los tratados

internacionales aplicables;

No hay correlativo II. Aplicar el Programa

Nacional a que se refiere esta

Ley;

No hay correlativo III. Establecer, utilizar,

supervisar y mantener todos

los instrumentos y acciones

encaminados al mejoramiento

de 713





del Sistema Nacional de

Protección Integral y del

Programa Nacional;

No hay correlativo IV. Revisar y valorar la

eficacia de las acciones, las

políticas públicas, los

programas estatales en la

materia, con base en los

resultados de las evaluaciones

que al efecto se realicen;

No hay correlativo V. Impulsar la participación de

las organizaciones privadas

dedicadas a la promoción y

defensa de los derechos


adolescentes, en la ejecución

de los programas federales;

No hay correlativo VI. Impulsar la formación y

actualización de acuerdos

interinstitucionales de

coordinación entre las

diferentes instancias de

de 713





gobierno, para facilitar la

actuación de la Secretaría

Ejecutiva del Sistema


Integral;

No hay correlativo VII. Imponer las sanciones

por las infracciones que

establece la presente Ley en

el ámbito Federal;

No hay correlativo VIII. Revocar temporal o

definitivamente, a través de la

autoridad competente, la

autorización para operar los

centros de asistencia social,

por el incumplimiento de las

obligaciones y requisitos

previstos en esta Ley;

No hay correlativo IX. Verificar, por conducto del

Instituto Nacional de

Migración, la existencia de la

autorización de quienes

ejerzan la patria potestad,

de 713





tutela o, en su caso, del

órgano jurisdiccional

competente, que permita la

entrada y salida de niñas,

niños o adolescentes del

territorio nacional, conforme a


No hay correlativo X. Determinar, por conducto

del Instituto Nacional de

Migración, la condición

migratoria de niñas, niños y

adolescentes migrantes, y

No hay correlativo XI. Cualquier otra prevista

para el cumplimiento de esta

Ley.


las autoridades locales, en sus

respectivas competencias, las

atribuciones siguientes:

No hay correlativo

I. Instrumentar y articular sus

políticas públicas tomando en

consideración el Programa

de 713





Nacional para la adecuada

garantía y protección de los


adolescentes;

No hay correlativo II. Elaborar el Programa local

y participar en el diseño del

Programa Nacional;

No hay correlativo III. Fortalecer las existentes e

impulsar la creación

instituciones públicas y

privadas que tengan trato con


No hay correlativo

IV. Promover, en coordinación

con el Gobierno Federal,

programas y proyectos de

atención, educación,

capacitación, investigación y

cultura de los derechos


adolescentes;

No hay correlativo V. Impulsar programas locales

para el adelanto y desarrollo

de 713





de niños, niñas y adolescentes

en situación de

vulnerabilidad;

No hay correlativo VI. Difundir por todos los

medios de comunicación el

contenido de esta Ley;

No hay correlativo VII. Elaborar y aplicar los

programas locales a que se

refiere esta Ley, así como

rendir ante el Sistema


Integral un informe anual

sobre los avances;

No hay correlativo VIII. Revisar y valorar la

eficacia de las acciones, las

políticas públicas, los

programas estatales en la

materia, con base en los

resultados de las evaluaciones

que al efecto se realicen;

No hay correlativo IX. Impulsar la participación

de las organizaciones privadas

de 713









de los programas estatales;

No hay correlativo X. Recibir de las

organizaciones privadas, las

propuestas y

recomendaciones sobre

protección de derechos de

niñas, niños y adolescentes, a

fin de mejorar los mecanismos

en la materia;

No hay correlativo XI. Proporcionar a las

instancias encargadas de

realizar estadísticas y de

integrar el sistema nacional

de información, la información

necesaria para la elaboración

de éstas;

No hay correlativo XII. Coordinar con las

autoridades de los órdenes de

de 713





gobierno la implementación y

ejecución de las acciones y

políticas públicas que deriven

de la presente Ley;

No hay correlativo XIII. Impulsar reformas, en el

ámbito de su competencia,

para el cumplimiento de los

objetivos de la presente Ley, y

No hay correlativo XIV. Cualquier otra prevista

para el cumplimiento de esta

Ley.

No hay correlativo Artículo 119. Corresponde a

los municipios, de

conformidad con esta Ley y

las leyes locales en la materia,


No hay correlativo I. Elaborar su Programa

municipal y participar en el

diseño del Programa local;

No hay correlativo II. Realizar acciones de

difusión que promuevan los


de 713





adolescentes en el municipio,

para que sean plenamente

conocidos y ejercidos;

No hay correlativo III. Promover la libre

manifestación de ideas de

niñas, niños o adolescentes en

los asuntos concernientes a su

municipio;

No hay correlativo IV. Ser enlace entre la

administración pública

municipal y niñas, niños o

adolescentes que deseen

manifestar inquietudes;

No hay correlativo V. Recibir quejas y denuncias

por violaciones a los derechos

contenidos en la presente Ley

y demás disposiciones

aplicables, así como

canalizarlas de forma

inmediata a la Procuraduría

Local de Protección que

corresponda, sin perjuicio que

de 713





ésta pueda recibirla

directamente;

No hay correlativo VI. Auxiliar a la Procuraduría

Local de Protección

competente en las medidas

urgentes de protección que

ésta determine, y coordinar

las acciones que correspondan

en el ámbito de sus

atribuciones;

No hay correlativo VII. Promover la celebración

de convenios de coordinación

con las autoridades

competentes, así como con

otras instancias públicas o

privadas, para la atención y

protección de niñas, niños o

adolescentes;

No hay correlativo VIII. Difundir y aplicar los

protocolos específicos sobre


que autoricen las instancias

de 713





competentes de la Federación

y de las entidades federativas;

No hay correlativo IX. Coordinarse con las

autoridades de los órdenes de

gobierno para la

implementación y ejecución

de las acciones y políticas

públicas que deriven de la

presente Ley;

No hay correlativo X. Coadyuvar en la integración

del sistema de información a

nivel nacional de niñas, niños

y adolescentes;

No hay correlativo XI. Impulsar la participación

de las organizaciones privadas





de los programas municipales,

y

No hay correlativo XII. Las demás que

de 713





establezcan los

ordenamientos locales y

aquéllas que deriven de los

acuerdos que, de conformidad

con la presente Ley, se

asuman en el Sistema

Nacional DIF y los Sistemas

de la Entidades.

No hay correlativo Sección Segunda

Del Sistema Nacional DIF


atribuciones que establezcan las

demás disposiciones aplicables,

corresponde a la Federación, a

través del Sistema Nacional DIF:

Artículo 120. …

I. Ejercer las facultades que la

presente Ley le otorga, sin

perjuicio de las que correspondan

a otras dependencias o entidades

de la Administración Pública

Federal, así como coordinarse con

éstas para los mismos fines,

I. Proteger los derechos de


cuando los mismos se

encuentren restringidos o

vulnerados, en términos de

esta Ley y las demás

disposiciones aplicables. La

de 713





cuando la restricción o vulneración

a los derechos de niñas, niños y

adolescentes se actualice con

motivo del ejercicio de

atribuciones de autoridades

federales o por procedimientos de

naturaleza federal;

institucionalización procederá

como último recurso y por el

menor tiempo posible,


cuidado en un entorno

familiar.

II. Impulsar la cooperación y la

coordinación de las autoridades





sus respectivas competencias, en

materia de protección de niñas,

niños y adolescentes, y para

establecer los mecanismos

necesarios para ello;

II. Impulsar la cooperación y

coordinación de las autoridades





sus respectivas competencias en

materia de protección y

restitución de derechos de

niñas, niños y adolescentes para

establecer los mecanismos

necesarios para ello;

III. Formular el proyecto de

Programa Nacional con la

participación de los tres órdenes

de 713





de gobierno y los sectores privado

y social;

IV. Celebrar los convenios de

colaboración con los Sistemas de

las Entidades y los Sistemas

Municipales, así como con

organizaciones e instituciones de

los sectores público, privado y

social;

III. …

V. Promover la formación,

capacitación y profesionalización

del personal de instituciones

vinculadas con la protección de los


adolescentes, así como para

realizar y apoyar estudios e

investigaciones en la materia;

IV. …

VI. Prestar apoyo y colaboración

técnica y administrativa en las

materias reguladas en esta Ley, a


municipios y demarcaciones

V. Prestar apoyo y colaboración

técnica y administrativa en las

materias reguladas en esta Ley, a



de 713





territoriales del Distrito Federal; territoriales del Distrito Federal, y

VII. Prestar servicios de

representación y asistencia

jurídica, y de orientación social a


como a quienes ejerzan la patria


custodia, en términos de la



VIII. Las demás que establezcan

otras disposiciones en relación con

la protección de niñas, niños y

adolescentes que sean del ámbito

de su competencia.

VI. …

Artículo 111. En términos de las

disposiciones aplicables, el

Ejecutivo Federal, a través de la

Secretaría de Gobernación,

coordinará las acciones entre las

dependencias y las entidades

competentes de la Administración

de 713





Pública Federal que deriven de la

presente Ley.

Artículo 112. Para el cumplimiento

de la presente Ley, corresponderá

a las entidades federativas,


territoriales del Distrito Federal, a

través de los Sistemas de las

Entidades y los Sistemas

Municipales, la organización,

operación, supervisión y

evaluación de las políticas de


adolescentes, en términos de esta

Ley, el Programa Nacional y en las


Capítulo Segundo

De las Procuradurías de Protección

Capítulo Segundo


Artículo 113. Para una efectiva


adolescentes, la Federación y las

Artículo 121. Para una efectiva

protección y restitución de los


de 713





entidades federativas, dentro de

las respectivas estructuras del

Sistema Nacional y de los

Sistemas de las Entidades,

contarán con Procuradurías de

Protección.

adolescentes, la Federación dentro

de la estructura del Sistema

Nacional DIF, contará con una

Procuraduría de Protección.

No hay correlativo Las entidades federativas

deberán contar con


cuya adscripción orgánica y

naturaleza jurídica será

determinada en términos de

las disposiciones que para tal

efecto emitan.

En el ejercicio de sus funciones,

las Procuradurías de Protección

podrán solicitar el auxilio de

autoridades de los tres órdenes de

gobierno, las que estarán

obligadas a proporcionarlo de

conformidad con las disposiciones

aplicables.

En el ejercicio de sus funciones,

las Procuradurías de Protección

podrán solicitar el auxilio de

autoridades de los tres órdenes de

gobierno, las que estarán

obligadas a proporcionarlo de


aplicables.

de 713





Para una efectiva coordinación

interinstitucional y optimización de

recursos, las autoridades





sus respectivas competencias, así

como los centros de asistencia

social que trabajen en temas de


deberán estar registradas ante el


Sistemas de las Entidades que

correspondan, y proporcionarán la

información que se les requiera

para ampliar la cobertura y

eficiencia de los servicios;

intercambiarán experiencias sobre

los modelos de atención, así como

sus avances y dificultades en el

desarrollo de los mismos.

Para la debida determinación,

coordinación de la ejecución y

seguimiento de las medidas

de protección integral y

restitución de los derechos de



Protección deberán establecer

contacto y trabajar

conjuntamente con las

autoridades administrativas

de asistencia social, de

servicios de salud, de

educación, de protección

social, de cultura, deporte y

con todas aquellas con las que

sea necesario para garantizar


adolescentes.

de 713






Protección señaladas en el artículo

anterior, en sus ámbitos de

competencia, tendrán las

atribuciones siguientes:

Artículo 122. …

I. Procurar la protección integral


que prevé la Constitución Política


los tratados internacionales, esta


aplicables;

I. Procurar la protección integral de


prevé la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, los


y demás disposiciones aplicables.

Dicha protección integral

deberá abarcar, por lo menos:

No hay correlativo a) Atención médica y

psicológica;

No hay correlativo b) Seguimiento a las

actividades académicas y

entorno social y cultural, y

No hay correlativo c) La inclusión, en su caso, de




de 713





adolescentes en las medidas

de rehabilitación y asistencia.

II. Prestar asesoría y

representación en suplencia a


involucrados en procedimientos

judiciales o administrativos, sin

perjuicio de las atribuciones que le

correspondan al Ministerio Público,

así como intervenir oficiosamente

con representación coadyuvante

en todos los procedimientos

jurisdiccionales y administrativos

en que participen niñas, niños y

adolescentes, de conformidad con

lo dispuesto en la presente Ley y

demás disposiciones aplicables;

II. …

No hay correlativo III. Coordinar la ejecución y

dar seguimiento a las medidas

de protección para la

restitución integral de los


de 713





adolescentes, a fin de que las

instituciones competentes

actúen de manera oportuna y

articulada;

III. Fungir como conciliador en

casos de conflicto en el núcleo

familiar, cuando estén en riesgo



aplicables;

IV. Fungir como conciliador y

mediador en casos de conflicto

familiar, cuando los derechos de


hayan sido restringidos o

vulnerados, conforme a las

disposiciones aplicables. La

conciliación no procederá en

casos de violencia;

IV. Denunciar ante el Ministerio

Público aquellos hechos que se

presuman constitutivos de delito

en contra de niñas, niños y

adolescentes y proveer y disponer

las medidas cautelares

administrativas que les

correspondan conforme al ámbito

de sus atribuciones para su

V. Denunciar ante el Ministerio

Público aquellos hechos que se

presuman constitutivos de delito

en contra de niñas, niños y

adolescentes;

de 713





protección, sin perjuicio de las que

dicten las autoridades

ministeriales y los órganos

jurisdiccionales;

No hay correlativo VI. Solicitar al Ministerio

Público competente la

imposición de medidas

urgentes de protección

especial idóneas, cuando

exista un riesgo inminente

contra la vida, integridad o

libertad de niñas, niños y

adolescentes, quien deberá

decretarlas a más tardar,

durante las siguientes 3 horas

a la recepción de la solicitud,

dando aviso de inmediato a la

autoridad jurisdiccional

competente. Son medidas


especial en relación con niñas,

niños y adolescentes, además

de 713





de las establecidas en el

Código Nacional de

Procedimientos Penales, las

siguientes:

No hay correlativo

a) El ingreso de una niña,

niño o adolescente a un

centro de asistencia social, y

No hay correlativo b) La atención médica

inmediata por parte de alguna

institución del Sistema

Nacional de Salud.

No hay correlativo Dentro de las 24 horas

siguientes a la imposición de

la medida urgente de

protección el órgano


deberá pronunciarse sobre la

cancelación, ratificación o

modificación de la medida que

se encuentre vigente.

No hay correlativo VII. Ordenar fundada y

motivadamente, bajo su más

de 713





estricta responsabilidad, la

aplicación de medidas


especial establecidas en la

fracción anterior, cuando

exista riesgo inminente contra

la vida, integridad o libertad

de niñas, niños o

adolescentes, dando aviso de

inmediato al ministerio

público y a la autoridad

jurisdiccional competente.

No hay correlativo Dentro de las 24 horas

siguientes a la imposición de

la medida urgente de

protección el órgano


deberá pronunciarse sobre la

cancelación, ratificación o

modificación de la medida que

se encuentre vigente.

No hay correlativo Para la imposición de las

de 713





medidas urgentes de

protección el Procurador de

Protección podrá solicitar el

auxilio de las instituciones

policiales competentes.

No hay correlativo En caso de incumplimiento de

las medidas urgentes de

protección, el Procurador de

Protección podrá solicitar la

imposición de las medidas de

apremio correspondientes a la

autoridad competente.

V. Promover la participación de los

sectores público, social y privado

en la planificación y ejecución de

acciones en favor de la atención,

defensa y protección de niñas,


VIII. …

VI. Asesorar a las autoridades

competentes y al sector público,

social y privado en el

cumplimiento del marco normativo

IX. Asesorar a las autoridades

competentes y a los sectores

público, social y privado en el

cumplimiento del marco normativo

de 713





relativo a la protección de niñas

niños y adolescentes, conforme a


relativo a la protección de niñas,

niños y adolescentes, conforme a


No hay correlativo X. Desarrollar los

lineamentos y procedimientos

a los que se sujetarán para la

restitución de los derechos de


No hay correlativo XI. Coadyuvar con el Sistema

Nacional DIF y los Sistemas

de las Entidades en la

elaboración de los

lineamientos y

procedimientos para registrar,

capacitar, evaluar y certificar

a las familias que resulten

idóneas, considerando los

requisitos señalados para el

acogimiento pre-adoptivo, así

como para emitir los

certificados de idoneidad;

de 713





No hay correlativo XII. Proporcionar información

para integrar y sistematizar el

Registro Nacional de Centros

de Asistencia Social;

VII. Supervisar los centros de

asistencia social, respecto al

debido cumplimiento de las

obligaciones previstas en la

presente Ley, y tomar las medidas

que correspondan;

XIII. Supervisar el debido

funcionamiento de los Centros

de Asistencia Social y, en su

caso, ejercer las acciones

legales que correspondan por

el incumplimiento de los

requisitos que establece la



No hay correlativo XIV. Supervisar la ejecución de

las medidas especiales de



separados de su familia de

origen por resolución judicial;

VIII. Realizar y promover estudios

e investigaciones para fortalecer

las acciones en favor de la

XV. Realizar y promover estudios e

investigaciones para fortalecer las

acciones a favor de la atención,

de 713





atención, defensa y protección de

niñas, niños y adolescentes con el

fin de difundirlos a las autoridades

competentes y sectores social y

privado para su incorporación en

los programas respectivos, y

defensa y protección de niñas,

niños y adolescentes, con el fin de

difundirlos entre las autoridades

competentes y los sectores

público, social y privado para su

incorporación en los programas

respectivos, y

IX. Las demás que les confieran

otras disposiciones aplicables.

XVI. Las demás que les confieran


No hay correlativo Artículo 123. Para solicitar la

protección y restitución

integral de los derechos de



Protección deberán seguir el

siguiente procedimiento:

No hay correlativo I. Detectar o recibir casos de

restricción y vulneración de

derechos de niños, niñas y

adolescentes;

No hay correlativo II. Acercarse a la familia o

lugares en donde se

de 713





encuentren los niñas, niños y

adolescentes para

diagnosticar la situación de

sus derechos cuando exista

información sobre posible

restricción o vulneración de

los mismos;

No hay correlativo III. Determinar en cada uno

de los casos identificados los

derechos que se encuentran

restringidos o vulnerados;

No hay correlativo IV. Elaborar, bajo el principio

del interés superior de la

niñez un diagnóstico sobre la

situación de vulneración y un

plan de restitución de

derechos, que incluya las

propuestas de medidas para

su protección;

No hay correlativo V. Acordar y coordinar con las

instituciones que corresponda

el cumplimiento del plan de

de 713





restitución de derechos, y

No hay correlativo Dar seguimiento a cada una

de las acciones del plan de

restitución de derechos, hasta

cerciorarse de que todos los

derechos de la niña, niño o

adolescente se encuentren

garantizados.

Artículo 115. Los requisitos para

ser nombrado titular de la

Procuraduría Federal de


Adolescentes, son los siguientes:

Artículo 124. …

I. Ser ciudadano mexicano en

pleno goce de sus derechos civiles

y políticos;

I. …

II. Tener más de 35 años de

edad;

II. …

III. Contar con título profesional

de Licenciatura en Derecho

debidamente registrado;

III. …

IV. Contar con al menos cinco IV. Contar con al menos cinco

de 713





años de experiencia en materia de

procuración de justicia o defensa

de niñas, niños y adolescentes, y

años de experiencia en materia de

procuración de justicia o defensa

de niñas, niños y adolescentes;

V. No haber sido sentenciado

por delito doloso o inhabilitado

como servidor público.

V. No haber sido sentenciado por

delito doloso o inhabilitado como

servidor público;

El nombramiento de Procurador

Federal de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes deberá ser

aprobado por la Junta de Gobierno

del Sistema Nacional DIF, a

propuesta de su Titular.

…

Las leyes de las entidades

federativas establecerán las

medidas necesarias que permitan

la desconcentración regional de

las Procuradurías de Protección, a

efecto de que logren la mayor

presencia y cobertura posible en

los municipios y, en el caso del

Distrito Federal, en sus

demarcaciones territoriales.

…

de 713





Capítulo Tercero

Del Sistema Nacional de

Protección Integral

y de los Sistemas Locales de


Capítulo Tercero

Del Sistema Nacional de



De los Integrantes

Artículo 116. Para una adecuada


niñas, niños y adolescentes, se

crea el Sistema Nacional de

Protección, el cual estará

conformado por dependencias y

entidades de la Administración

Pública, tanto federal como local,

con la finalidad de establecer

instrumentos, políticas,

procedimientos, servicios y

acciones de protección de los


adolescentes, las cuales se

coordinarán para:

Artículo 125. Para asegurar una

adecuada protección de los


adolescentes, se crea el Sistema

Nacional de Protección Integral,

como instancia encargada de

establecer instrumentos, políticas,

procedimientos, servicios y

acciones de protección de los


adolescentes.

de 713





No hay correlativo El Sistema Nacional de

Protección Integral tendrá las

siguientes atribuciones:

I. Difundir el marco jurídico

nacional e internacional de

protección a los derechos de


I. …

II. Integrar a los sectores

público, social y privado en la

definición e instrumentación de

políticas para la protección de


II. Integrar la participación de

los sectores público, social y

privado y de la sociedad civil en

la definición e instrumentación de

políticas para la garantía y

protección integral de los


adolescentes;

III. Generar los mecanismos


participación directa y efectiva de

niñas, niños y adolescentes en los

procesos de elaboración de

programas y políticas de

protección integral;

III. Generar los mecanismos





programas y políticas para la

garantía y protección integral de

de 713





sus derechos;

IV. Promover en los tres

órdenes de gobierno el

establecimiento de presupuestos

destinados a la protección de los


adolescentes, los cuales tendrán

una realización progresiva;

IV. Promover en los tres órdenes

de gobierno el establecimiento de

presupuestos destinados a la



No hay correlativo V. Impulsar la incorporación

de la perspectiva de derechos


en la planeación nacional del

desarrollo;

V. Garantizar la transversalidad de

las acciones de protección de los


adolescentes en las instancias




Distrito Federal;

VI. Garantizar la transversalidad


niñas, niños y adolescentes en la

elaboración de programas, así

como en las políticas y

acciones de las dependencias

y entidades de la

Administración Pública

Federal;

de 713





VI. Aprobar el Programa

Nacional;

VII. Aprobar, en el marco del

Plan Nacional de Desarrollo, el

Programa Nacional;

VII. Ejecutar por conducto de sus

integrantes, el Programa Nacional

con la participación de los sectores

público, social y privado, así como


VIII. Asegurar la ejecución

coordinada por parte de sus

integrantes del Programa

Nacional, con la participación de

los sectores público, social y

privado, así como de niñas, niños

y adolescentes;

VIII. Llevar a cabo el

seguimiento, monitoreo y

evaluación de la ejecución del

Programa Nacional;

IX. Fomentar la colaboración y




territoriales del Distrito Federal,

para la formulación, ejecución e

instrumentación de programas,

estrategias y acciones en materia

IX. Asegurar la colaboración y





para la formulación, ejecución e

instrumentación de políticas,

programas, estrategias y acciones

de 713





de protección y ejercicio de los


adolescentes con la participación

de los sectores público, social y

privado, así como de niñas, niños

y adolescentes;

en materia de protección y

ejercicio de los derechos de niñas,

niños y adolescentes con la

participación de los sectores

público, social y privado así como


X. Hacer efectiva la concurrencia,

vinculación y congruencia de los

programas y acciones de los

gobiernos federal, de las

entidades federativas, de los

municipios y de las demarcaciones


con los objetivos, estrategias y

prioridades de la política pública

nacional de protección de los


adolescentes;

X. …

XI. Garantizar la participación de

niñas, niños y adolescentes en el

ejercicio de sus derechos

humanos, tomando en

XI. …

de 713





consideración las medidas

especiales que se requieran;

XII. Fortalecer las acciones de

corresponsabilidad y cercanía

entre las instancias públicas y

privadas con niñas, niños y

adolescentes;

XII. …

XIII. Promover la celebración de

instrumentos de colaboración y

coordinación, así como acciones

de concertación con instancias

públicas y privadas, nacionales e

internacionales, que contribuyan

al cumplimiento de la presente

Ley;

XIII. …

XIV. Establecer mecanismos de

coordinación con otros sistemas

nacionales que desarrollen

programas, acciones y políticas en

beneficio de niñas, niños y

adolescentes, en términos de las


XIV. …

de 713





XV. Coadyuvar en la integración

del sistema de información a nivel

nacional de niñas, niños y

adolescentes a cargo del Sistema

Nacional DIF con el objeto de

establecer un panorama completo

de los progresos alcanzados en el

cumplimiento de sus derechos,

incluyendo indicadores cualitativos

y cuantitativos. Este sistema de

información se podrá compartir

con otros sistemas nacionales, en

términos de los convenios de

coordinación que al efecto se

celebren, de conformidad con las


XV. Conformar un sistema de

información a nivel nacional, con

el objeto de contar con datos

desagregados que permitan

monitorear los progresos

alcanzados en el cumplimiento de


adolescentes en el país,



información se coordinará y

compartirá con otros sistemas

nacionales, en términos de los

convenios de coordinación que al

efecto se celebren, de


aplicables;

XVI. Realizar acciones de

formación y capacitación de

manera sistémica y continua sobre

el conocimiento y respeto de los


XVI. …

de 713





y adolescentes, principalmente

con aquellas personas que

trabajan desde los diversos

ámbitos en la garantía de sus

derechos;

XVII. Promover la prestación de

servicios de atención y apoyo a




custodia, de acuerdo a las


XVII. Promover políticas

públicas y revisar las ya

existentes relacionadas con

los derechos de carácter

programático previstos en

esta Ley, y

XVIII. Las demás que sean

necesarias para el cumplimiento

de esta Ley.

XVIII. …

La coordinación en un marco de

respeto a las atribuciones entre

las instancias de la Federación, las




será el eje del Sistema Nacional

Artículo 126. …

de 713





de Protección.


de Protección estará integrado

por:


de Protección Integral estará

conformado por:

No hay correlativo A. Poder Ejecutivo Federal:

No hay correlativo I. El Presidente de la

República, quien lo presidirá;

I. El Secretario de Gobernación,

quien lo presidirá;

II. El Secretario de Gobernación;

II. El Secretario de Relaciones

Exteriores;

III. El Secretario de Relaciones

Exteriores;

No hay correlativo IV. El Secretario de Hacienda y

Crédito Público;

III. El Secretario de Desarrollo

Social;

V. El Secretario del Desarrollo

Social;

IV. El Secretario de

Comunicaciones y Transportes;

V. El Secretario de Educación

Pública;

VI. El Secretario de Educación

Pública;

VI. El Secretario de Salud; VII. El Secretario de Salud;

VII. El Secretario del Trabajo y VIII. El Secretario del Trabajo y

de 713





Previsión Social; Previsión Social, y

VIII. El Fiscal General de la

República;

Pasa a la fracción I del apartado

C.

IX. El Titular del Sistema Nacional

DIF;

IX. El Titular del Sistema Nacional

DIF;

X. El Coordinador de la Comisión

de Seguridad y Justicia de la

Conferencia Nacional de

Gobernadores, y

XI. Los titulares de las

Procuradurías de Protección.

No hay correlativo B. Entidades Federativas:

No hay correlativo I. Los Gobernadores de los

Estados, y

No hay correlativo II. El Jefe de Gobierno del

Distrito Federal.

No hay correlativo C. Organismos Públicos:

I. El Fiscal General de la

República;

No hay correlativo II. El Presidente de la

Comisión Nacional de los

Derechos Humanos, y

de 713





No hay correlativo III. El Comisionado

Presidente del Instituto

Federal de

Telecomunicaciones.

No hay correlativo D. Representantes de la

sociedad civil que serán

nombrados por el Sistema, en

los términos del reglamento

de esta Ley.

No hay correlativo Para efectos, de lo previsto en

el apartado D, el reglamento

deberá prever los términos

para la emisión de una

convocatoria pública, que

contendrá las etapas

completas para el

procedimiento, sus fechas,

límites y plazos.

No hay correlativo Serán invitados permanentes

a las sesiones del Sistema


Integral, los Presidentes de

de 713





las Mesas Directivas de las

Cámaras de Diputados y

Senadores del Congreso de la

Unión, así como

representantes de las

asociaciones de municipios

legalmente constituidas,

quienes intervendrán con voz

pero sin voto.

No hay correlativo El Presidente de la República,

en casos excepcionales, podrá

ser suplido por el Secretario

de Gobernación, en los

términos previstos por la

fracción I del artículo 27 de la

Ley Orgánica de la


Federal.

Los integrantes del Sistema

Nacional de Protección nombrarán

un suplente que deberá tener el

nivel de subsecretario o

…

de 713





equivalente.

El Presidente del Sistema Nacional

de Protección podrá invitar a las

sesiones respectivas a

representantes de otras

dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal, de

la Fiscalía General de la República,

de los órganos con autonomía

constitucional, de los gobiernos de

las entidades federativas, de los

municipios y de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, de

los poderes legislativo y judicial

federal y locales según la

naturaleza de los asuntos a tratar,

quienes intervendrán con voz pero

sin voto.

El Presidente del Sistema podrá

invitar a las sesiones respectivas a

representantes de otras

dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal, de

los órganos con autonomía

constitucional, de los gobiernos de

las entidades federativas, de los

municipios de las demarcaciones


según la naturaleza de los asuntos

a tratar quienes intervendrán con

voz pero sin voto.

En las sesiones señaladas en el

párrafo anterior, habrá

representación permanente de

instituciones y organizaciones de

En las sesiones del Sistema


Integral, participarán de

forma permanente, solo con voz

de 713





los sectores social y privado, así

como de niñas, niños y

adolescentes, quienes participarán

con voz pero sin voto.

niñas, niños y adolescentes, que

serán seleccionados por el

propio Sistema. De igual

forma, se podrá invitar a

personas o instituciones,

nacionales o internacionales

especializadas en la materia.


de Protección se reunirá cuando

menos dos veces al año. Para que

las sesiones del sistema sean

válidas se requerirá un quórum de

la mayoría de sus miembros y la

asistencia de su Presidente; sus

decisiones se tomarán por

mayoría de votos y, en caso de

empate, el Presidente tendrá voto

de calidad.


de Protección Integral se reunirá

cuando menos dos veces al año.

Para sesionar válidamente se

requerirá un quórum de la

mayoría de sus miembros y la

asistencia de su Presidente; sus

decisiones se tomarán por

mayoría de votos y, en caso de

empate, el Presidente tendrá voto

de calidad.

Artículo 119.El Sistema Nacional

de Protección contará con una

Secretaría Ejecutiva cuyo titular

será nombrado por su Presidente

de 713





y tendrá a su cargo elaborar el

proyecto de reglamento para el

funcionamiento del mismo y lo

presentará a sus integrantes para

su consideración y aprobación en

su caso.

Para el mejor cumplimiento de sus

funciones, el Sistema Nacional de

Protección podrá constituir

comisiones encargadas de atender

asuntos o materias específicas y

emitirá los lineamientos para su


funcionamiento, las cuales

deberán ser publicadas en el

Diario Oficial de la Federación.

Artículo 129. Para el mejor

cumplimiento de sus funciones, el

Sistema Nacional de Protección

Integral podrá constituir

comisiones encargadas de atender

asuntos o materias específicas y

emitirá los lineamientos para su


funcionamiento, las cuales

deberán ser publicadas en el

Diario Oficial de la Federación.


De los Sistemas Locales de

Protección

Artículo 120. En cada entidad

federativa se instalará un Sistema

Artículo 136. En cada entidad

federativa se creará e instalará

de 713





Local de Protección, el cual estará

conformado por las dependencias

y entidades de las

administraciones locales, en los

términos que determinen sus

respectivos ordenamientos legales

los cuales estarán presididos por

el Secretario General de Gobierno

o su equivalente y se organizarán

y funcionarán de manera similar al

Sistema Nacional de Protección y

tendrán cuando menos, las

siguientes atribuciones:

un Sistema Local de Protección de


adolescentes, conformado por

las dependencias y entidades de

las administraciones locales

vinculadas con la protección

de estos derechos, en los

términos que determinen sus

respectivos ordenamientos legales

y serán presididos por la

persona Titular del Poder

Ejecutivo Estatal y de la

Jefatura de Gobierno del

Distrito de Federal. Se

organizarán y funcionarán de

manera similar al Sistema Nacional

de Protección Integral,

contarán con una Secretaría

Ejecutiva y garantizarán la


social y privado, así como de


de 713





No hay correlativo El Sistema Nacional de

Protección Integral se

articulará con los Sistemas

Locales de Protección a través

de sus respectivas Secretarías

Ejecutivas.

No hay correlativo Artículo 137. Los Sistemas

Locales de Protección tendrán

cuando menos, las siguientes

atribuciones:

I. Instrumentar y articular sus

políticas públicas en concordancia

con la política nacional;

I…

II. Coadyuvar en la adopción y

consolidación del Sistema Nacional

de Protección;

II. …

No hay correlativo III. Garantizar la

transversalidad de la

perspectiva de derechos de

niñas, niños y adolescentes en

la elaboración de programas

sectoriales o, en su caso,

de 713





institucionales específicos, así

como en las políticas y

acciones de las dependencias

y entidades de la

administración pública local;

III. Difundir el marco jurídico local,

nacional e internacional de

protección a los derechos de


IV. …

IV. Integrar a los sectores público,

social y privado en la definición e

instrumentación de políticas para

la protección de niñas, niños y

adolescentes;

V. …

V. Generar los mecanismos





programas y políticas de

protección integral;

VI. Generar los mecanismos





programas y políticas locales

para la protección integral de sus

derechos;

de 713





VI. Establecer en sus presupuestos

rubros destinados a la protección


adolescentes, los cuales tendrán

una realización progresiva;

VII. …

VII. Garantizar la transversalidad

de las acciones de protección de


adolescentes;

VIII. Garantizar la transversalidad


de la infancia y la

adolescencia en la elaboración

de programas, así como en las

políticas y acciones para la



VIII. Participar en la elaboración

del Programa Nacional;

IX. …

IX. Elaborar y ejecutar el

Programa Local con la




X. …

X. Llevar a cabo el seguimiento,

monitoreo y evaluación de la

XI. …

de 713





ejecución del Programa Local;

XI. Emitir un informe anual sobre

los avances del Programa Local y

remitirlo al Sistema Nacional de

Protección;

XII. …

XII. Participar en la formulación,

ejecución e instrumentación de

programas, estrategias y acciones

en materia de protección y

ejercicio de los derechos de niñas,

niños y adolescentes con la




XIII. …

XIII. Garantizar la participación de


ejercicio de sus derechos

humanos, tomando en

consideración las medidas

especiales que se requieran;

XIV. …

XIV. Fortalecer las acciones de

corresponsabilidad y cercanía

XV. …

de 713





entre las instancias públicas y

privadas con niñas, niños y

adolescentes;

XV. Coadyuvar en la integración

del sistema de información a nivel

local de niñas, niños y

adolescentes a cargo del Sistema

de la Entidad con el objeto de

establecer un panorama completo

de los progresos alcanzados en el

cumplimiento de sus derechos,



información coadyuvará a la

integración del Sistema Nacional

de Protección;

XVI. Administrar el sistema estatal

de información y coadyuvar en la

integración del sistema de

información a nivel nacional;

XVI. Realizar acciones formación

y capacitación de manera

sistémica y continua sobre el

conocimiento y respeto de los


y adolescentes, principalmente

XVII. …

de 713





con aquellas personas que

trabajan desde los diversos

ámbitos en la garantía de sus

derechos;

XVII. Garantizar la prestación de

servicios de atención y apoyo a




custodia, de acuerdo a las


XVIII. Impulsar reformas, en

el ámbito de su competencia, para

el cumplimiento de los objetivos

de la presente ley;

XVIII. …

XIX. Celebrar convenios de

coordinación en la materia;

XIX. …

XX. Auxiliar a la Procuraduría Local

de Protección en las medidas

urgentes de protección que ésta

determine, y coordinar las

acciones que correspondan en el

XX. …

de 713





ámbito de sus atribuciones, y

XXI. Las demás que les otorguen


XXI. …

Las leyes de las entidades

federativas determinarán la forma

y términos en que los Sistemas

Municipales participarán en el

Sistema Local de Protección y, en

el caso del Distrito Federal, la

forma de participación de las

demarcaciones territoriales.

…

No hay correlativo Artículo130. La coordinación

operativa del Sistema


Integral recaerá en un órgano

administrativo

desconcentrado de la

Secretaría de Gobernación,

que ejercerá las funciones de

Secretaría Ejecutiva.

No hay correlativo La Secretaría Ejecutiva tendrá


de 713





No hay correlativo I. Coordinar las acciones

entre las dependencias y las

entidades competentes de la


Federal que deriven de la

presente Ley;

No hay correlativo II. Elaborar el anteproyecto

del Programa Nacional para

someterlo a consideración de

los miembros del Sistema;

No hay correlativo III. Llevar a cabo el

seguimiento y monitoreo de la

ejecución del Programa

Nacional;

No hay correlativo IV. Elaborar y mantener

actualizado el Manual de

Organización y Operación del

Sistema Nacional de

Protección Integral;

No hay correlativo V. Compilar los acuerdos

que se tomen en el Sistema


de 713





Integral, llevar el archivo de

éstos y de los instrumentos

jurídicos que deriven, y

expedir constancia de los

mismos;

No hay correlativo VI. Apoyar al Sistema


Integral en la ejecución y

seguimiento de los acuerdos y

resoluciones emitidos;

No hay correlativo VII. Celebrar convenios de

coordinación, colaboración y

concertación con instancias

públicas y privadas,

nacionales e internacionales;

No hay correlativo VIII. Administrar el sistema de

información a nivel nacional a

que se refiere la fracción XV

del artículo 125;

No hay correlativo IX. Realizar y promover

estudios e investigaciones

para fortalecer las acciones en

de 713





favor de la atención, defensa y


adolescentes con el fin de

difundirlos a las autoridades

competentes y a los sectores

social y privado para su

incorporación en los

programas respectivos;

No hay correlativo X. Difundir entre las

autoridades correspondientes

y la población en general los

resultados de los trabajos que

realice, así como toda aquella

información pública que

tienda a la generación,

desarrollo y consolidación de

perspectiva en la materia,

desagregada por lo menos, en

razón de edad, sexo, entidad

federativa, escolaridad y

discapacidad;

No hay correlativo XI. Asesorar y apoyar a los

de 713





gobiernos de las entidades

federativas, así como a las

autoridades federales que lo

requieran para el ejercicio de

sus atribuciones;

No hay correlativo XII. Informar cada cuatro

meses al Sistema Nacional de

Protección Integral y a su

Presidente, sobre sus

actividades;

No hay correlativo XIII. Proporcionar la

información necesaria al

CONEVAL, para la evaluación

de las políticas de desarrollo

social vinculadas con la


adolescentes;

No hay correlativo XIV. Fungir como instancia de

interlocución con

organizaciones de la sociedad

civil, academia y demás

instituciones de los sectores

de 713





social y privado;

No hay correlativo XV. Coordinar con las

Secretarías Ejecutivas de los

Sistemas de las Entidades la

articulación de la política

nacional, así como el

intercambio de información

necesaria a efecto de dar

cumplimiento con el objeto de

esta Ley, y

No hay correlativo XVI. Las demás que le

encomiende el Presidente o el

Sistema Nacional de

Protección Integral.

No hay correlativo Artículo 131. El titular de la

Secretaría Ejecutiva será

nombrado y removido

libremente por el Presidente

del Sistema y deberá cumplir

con los siguientes requisitos:

No hay correlativo I. Tener ciudadanía mexicana

en pleno goce de sus derechos

de 713





civiles y políticos;

No hay correlativo II. Tener más de 30 años de

edad;

No hay correlativo III. Contar con título

profesional de nivel

Licenciatura debidamente

registrado;

No hay correlativo IV. Contar con al menos cinco

años de experiencia en las

áreas correspondientes a su

función, y

No hay correlativo V. No haber sido sentenciado

por delito doloso o

inhabilitado como servidor

público.

No hay correlativo Sección Tercera

De la Evaluación y diagnóstico

No hay correlativo Artículo 132. Corresponderá al

CONEVAL la evaluación de las

políticas de desarrollo social



de 713





niños y adolescentes, en

términos de lo establecido por


Estados Unidos Mexicanos,

esta Ley, el Programa

Nacional y las demás


No hay correlativo Artículo 133. La evaluación

consistirá en revisar

periódicamente el

cumplimiento de esta Ley y

del Programa Nacional, metas

y acciones en materia de


adolescentes.

No hay correlativo Artículo 134. De acuerdo con

los resultados de las

evaluaciones, el CONEVAL

emitirá, en su caso, las

sugerencias y

recomendaciones que

considere pertinentes al

de 713





Sistema Nacional de

Protección Integral.

No hay correlativo Artículo 135. Los resultados

de las evaluaciones serán

entregados a las Cámaras de

Diputados y de Senadores del

Congreso de la Unión.

No hay correlativo Sección Segunda

De los Sistemas Municipales

de protección

No hay correlativo Artículo 138. Los Sistemas

Municipales serán presididos

por los Presidentes

Municipales o Jefes

Delegacionales, y estarán

integrados por las

dependencias e instituciones




No hay correlativo Los Sistemas contarán con

una Secretaría Ejecutiva y

de 713





garantizarán la participación

de los sectores social y

privado, así como de niñas,


Artículo 121. Las leyes de las

entidades federativas preverán

que las bases generales de la

administración pública municipal,

dispongan la obligación para los

ayuntamientos, de contar con un

programa de atención y con un

área o servidores públicos que

fungirán como autoridad de

primer contacto con niñas, niños o

adolescentes y que serán el enlace

con las instancias locales y

federales competentes.

Artículo 139. …

Las mismas disposiciones de este

artículo serán aplicables a las


Distrito Federal en el Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal.

…

de 713





Las instancias a que se refiere

este artículo tendrán, por lo

menos, las siguientes

obligaciones:

La instancia a que se refiere el

presente artículo coordinará a

los servidores públicos

municipales o de las


del Distrito Federal, cuando en

la operación, verificación y

supervisión de las funciones y

servicios que les

corresponden, detecten casos

de violación a los derechos

contenidos en la presente Ley,

a efecto de que se dé vista a

la Procuraduría de Protección

competente de forma

inmediata.

I. Realizar acciones de difusión

que promuevan los derechos de


municipio, para que sean

plenamente conocidos y ejercidos;

II. Promover la libre

de 713





manifestación de ideas de niñas,

niños o adolescentes en los

asuntos concernientes a su

municipio;

III. Ser enlace entre la

administración pública municipal y

niñas, niños o adolescentes que

deseen manifestar inquietudes;

IV. Recibir quejas y denuncias por

violaciones a los derechos

contenidos en la presente Ley y

demás disposiciones aplicables, así

como canalizarlas de forma

inmediata a la Procuraduría Local

de Protección que corresponda,

sin perjuicio que ésta pueda

recibirla directamente;

V. Auxiliar a la Procuraduría Local

de Protección competente en las

medidas urgentes de protección

que ésta determine, y coordinar

las acciones que correspondan en

de 713





el ámbito de sus atribuciones;

VI. Promover la celebración de

convenios de coordinación con las

autoridades competentes, así

como con otras instancias públicas

o privadas, para la atención y

protección de niñas, niños o

adolescentes;

VII. Difundir y aplicar los

protocolos específicos sobre niñas,

niños y adolescentes que

autoricen las instancias

competentes de la Federación y

de las entidades federativas, y

VIII. Las demás que establezcan

los ordenamientos locales y

aquéllas que deriven de los

acuerdos que se asuman en el


Sistemas de la Entidades.

Artículo 122. La instancia a que se

refiere el artículo anterior

…

de 713





coordinará a los servidores

públicos municipales o de las


Distrito Federal, cuando en la

operación, verificación y

supervisión de las funciones y

servicios que les corresponden,

detecten casos de violación a los


presente Ley, a efecto de que se

dé vista a la Procuraduría de

Protección competente de forma

inmediata.

No hay correlativo Las instancias a que se refiere

este artículo deberán ejercer,

sin perjuicio de otras que

dispongan las leyes de las

entidades federativas, las

atribuciones previstas en el

artículo 119 de esta Ley.

No hay correlativo Capítulo Quinto

De los organismos de

de 713





protección de los derechos

humanos

No hay correlativo Artículo 140. La Comisión

Nacional de los Derechos

Humanos y los organismos de

protección de los derechos

humanos de las entidades

federativas, en el ámbito de

sus competencias, deberán

establecer áreas

especializadas para la

protección efectiva,

observancia, promoción,

estudio y divulgación de los


adolescentes.

Capítulo Cuarto

Del Programa Nacional y de los

Programas Locales

Capítulo Sexto

Del Programa Nacional y de los

programas locales







de 713







competencias, a través del

Sistema Nacional de Protección,

así como los sectores privado y

social, participarán en la

elaboración y ejecución del

Programa Nacional, el cual deberá

ser acorde con el Plan Nacional de

Desarrollo y la presente Ley.



sus respectivas competencias, a

través del Sistema Nacional de

Protección, así como los sectores

privado y social, participarán en la

elaboración y ejecución del

Programa Nacional, el cual deberá

ser acorde con el Plan Nacional de

Desarrollo y la presente Ley.

Artículo 124. El Programa Nacional

contendrá las políticas, objetivos,

estrategias y líneas de acción

prioritarias en materia de ejercicio,

respeto, promoción y protección

integral de niñas, niños y

adolescentes.

Artículo 142. …

Artículo 125. Los Programas

locales preverán acciones de

mediano y largo alcance, indicarán

los objetivos, estrategias y líneas

Artículo 143. …

de 713





de acción prioritarias, y deberán

alinearse al Programa Nacional.

Artículo 126. El Programa Nacional

y los programas locales deberán

incluir mecanismos de evaluación

y seguimiento, así como de

participación ciudadana, y serán

publicados en el Diario Oficial de

la Federación y en las Gacetas o

Periódicos Oficiales de las

entidades federativas, según

corresponda.

Artículo 144. El Programa

Nacional y los programas locales

deberán incluir mecanismos

transparentes que permitan

su evaluación y seguimiento, así

como de participación ciudadana,

y serán publicados en el Diario

Oficial de la Federación y en las

Gacetas o Periódicos Oficiales de

las entidades federativas, según

corresponda.

Artículo 127. Los Sistemas

Nacional, de las Entidades

Federativas y Municipales

contarán con órganos consultivos

de apoyo, en los que participarán

las autoridades competentes y

representantes de los sectores

social y privado, para la

implementación y aplicación de los

Artículo 145. Los Sistemas

Nacional, Locales y Municipales

contarán con órganos consultivos

de apoyo, en los que participarán

las autoridades competentes y

representantes de los sectores

social y privado, para la

implementación y aplicación de los

programas.

de 713





programas.

Artículo 128. El Gobierno Federal

promoverá la celebración de

acuerdos y convenios de

coordinación con las entidades

federativas, municipios y


Distrito Federal, así como acciones

de concertación con

organizaciones de los sectores

privado y social, para la

implementación y ejecución del

Programa Nacional y los

programas locales.

Título Quinto

De las Infracciones

Administrativas y Delitos

Título Sexto

De las Infracciones

Administrativas

Capítulo Primero

De las Infracciones y Sanciones

Administrativas

Capítulo Único

De las Infracciones y Sanciones

Administrativas



Artículo 146. ...

de 713





las infracciones y las sanciones

que resulten aplicables en el


competencias y los procedimientos

para su imposición e impugnación,

así como las autoridades

competentes para ello.

No hay correlativo Artículo 147. Los servidores

públicos federales, personal


educación, deportivas o

culturales, empleados o

trabajadores de

establecimientos sujetos al

control, administración o

coordinación de aquéllas que,

en el ejercicio de sus

funciones o actividades o con

motivo de ellas,

indebidamente impidan el

ejercicio de algún derecho o

nieguen la prestación del

de 713





servicio al que están

obligados a alguna niña, niño

o adolescente, serán sujetos a

las sanciones administrativas

y demás que resulten

aplicables en términos de las

disposiciones

correspondientes.

No hay correlativo No se considerarán como

negación al ejercicio de un

derecho las molestias que

sean consecuencia de

sanciones legales, que sean

inherentes o incidentales a

estas o derivadas de un acto

legítimo de autoridad.

Artículo 130. En el ámbito federal,

constituyen infracciones a la

presente Ley:

Artículo 148. …

I. Tratándose de servidores


docente de instituciones de

I. Respecto de servidores

públicos federales, personal de

instituciones de salud, educación,

de 713





educación y empleados o

trabajadores de establecimientos

sujetos al control, administración

o coordinación de aquéllas,

cuando en el ejercicio de sus


motivo de ellas, se abstengan de

hacer del conocimiento de la

autoridad competente los casos de

niñas, niños o adolescentes que

sufran o hayan sufrido cualquier

forma de violación a sus derechos,

en contravención a lo dispuesto en

el artículo 12 de esta Ley;

deportivas o culturales,

empleados o trabajadores de



coordinación de aquéllas, así

como centros de asistencia

social o de cualquier otra

índole de jurisdicción federal,

cuando en el ejercicio de sus


motivo de ellas conozcan de la

violación de algún derecho a

alguna niña, niño o

adolescente e indebidamente

se abstengan de hacerlo del

conocimiento de la autoridad

competente en contravención a lo

dispuesto en el artículo 12 de esta

Ley y demás ordenamientos

aplicables;

II. Respecto de quienes laboren

en establecimientos educativos,

II. Respecto de servidores


de 713





deportivos o culturales, así como

centros de asistencia social o de

cualquier otra índole de

jurisdicción federal, y no impidan,

cuando esté dentro de sus

posibilidades, cualquier tipo de

abuso, acoso, agresión, daño,

intimidación, violencia, maltrato o

perjuicio de que tengan

conocimiento, ocasionados por

niñas, niños y adolescentes entre

sí, o que dichas conductas sean

propiciadas por aquéllos;


educación, deportivas o

culturales, empleados o

trabajadores de



coordinación de aquéllas, así

como centros de asistencia

social o de cualquier otra

índole de jurisdicción federal,

propicien, toleren o se

abstengan de impedir,

cualquier tipo de abuso, acoso,

agresión, daño, intimidación,

violencia, maltrato o perjuicio de

que tengan conocimiento, en

contra de niñas, niños y

adolescentes;

III. Respecto de los concesionarios

de radio y televisión, la difusión o

transmisión de información,

imágenes o audios que tengan

III. Respecto de los concesionarios

de radio, televisión y de quien

dirija medios impresos, la

difusión o transmisión de

de 713





influencia nociva o perturbadora

para el desarrollo integral de

niñas, niños o adolescentes, o que

promuevan en ellos la violencia, la

ausencia de valores o hagan


contravención al artículo 82 de

esta Ley y a las disposiciones

específicas que regulen la difusión

y transmisión de contenidos;

imágenes, voz o datos que

afecten o impidan

objetivamente el desarrollo

integral de niñas, niños o

adolescentes, o que hagan


contravención al artículo 68 de

esta Ley y a las disposiciones

específicas que regulen la difusión

y transmisión de contenidos;

IV. La violación a la intimidad

personal o familiar de niñas, niños

o adolescentes, sin la autorización

a que se refiere el artículo 87 de

esta Ley;

IV. Respecto de los

concesionarios de radio y

televisión y de quien dirija

medios impresos, la violación a

la intimidad personal o familiar de

niñas, niños o adolescentes, sin la

autorización a que se refiere el

artículo 77 de esta Ley;

V. Respecto de medios de

comunicación, la realización de

entrevistas o su difusión, sin la


V. Respecto de los



medios impresos, la realización

de 713





artículo 88 de esta Ley; de entrevistas o su difusión, sin la



VI. La difusión de datos

personales de niñas, niños o

adolescentes relacionados de

cualquier forma en procedimientos

penales o a quienes se les

apliquen medidas de tratamiento,

rehabilitación o asistencia, en


aplicables, en contravención al

artículo 89 de la presente Ley;

VI. Respecto de los



medios impresos, la difusión de


adolescentes relacionados de

cualquier forma en procedimientos

penales o a quienes se les

apliquen medidas de reparación,

reinserción, restitución o

asistencia, en términos de las

disposiciones aplicables, en

contravención al artículo 79 de la

presente Ley;

VII. Respecto de medios de

comunicación, la difusión de

historias, noticias, información,

imágenes o voz de niñas, niños o

adolescentes, en contravención a

VII. Respecto de los



medios impresos, la difusión de

imágenes o voz de niñas, niños o

de 713





lo dispuesto en el artículo 90 de

esta Ley;

adolescentes, en contravención a

lo dispuesto en el artículo 80 de

esta Ley;

VIII. Respecto de profesionales

en trabajo social o psicología que


adopción que no cuenten con la

autorización del Sistema Nacional

DIF a que se refiere el artículo 47

de esta Ley, en los casos

competencia de dicho Sistema, y

VIII. Respecto de profesionales

en trabajo social o psicología que


adopción que no cuenten con la

autorización del Sistema Nacional

DIF a que se refiere el artículo 31

de esta Ley, en los casos

competencia de dicho Sistema, y

IX. Las demás contravenciones a

lo dispuesto en esta Ley,

competencia del orden federal.

IX….

Artículo 131. A quienes incurran

en las infracciones previstas en el

artículo 97, segundo párrafo de la

presente Ley y las fracciones I, II

y VIII del artículo anterior, se les

impondrá multa de hasta tres mil

días de salario mínimo general

vigente en el Distrito Federal al


en las infracciones previstas en las

fracciones I, II y VIII del artículo

anterior, se les impondrá multa de

hasta mil quinientos días de

salario mínimo general vigente en

el Distrito Federal al momento de

realizarse la conducta sancionada.

de 713





momento de realizarse la

conducta sancionada.

Las infracciones previstas en las

fracciones III, IV, V, VI y VII del

artículo anterior, serán

sancionadas con multa de hasta

ciento cuarenta mil días de salario

mínimo general vigente en el

Distrito Federal al momento de

realizarse la conducta.

Las infracciones previstas en las

fracciones III, IV, V, VI y VII del

artículo anterior, serán

sancionadas con multa de tres mil

y hasta treinta mil días de

salario mínimo general vigente en

el Distrito Federal al momento de

realizarse la conducta.

En los casos de las infracciones

previstas en las fracciones III, V,

VI y VII del artículo anterior, se

impondrá una multa adicional de

hasta veinte mil días de salario

mínimo general vigente en el

Distrito Federal, por cada día que

se difunda o se encuentren

disponibles en medios electrónicos

la información, datos, imágenes,

audios, noticias o historias.

En los casos de las infracciones

previstas en las fracciones III, V,

VI y VII del artículo anterior, se

impondrá una multa adicional de

mil quinientos y hasta siete

mil días de salario mínimo general

vigente en el Distrito Federal, por

cada día que se difunda o se

encuentren disponibles en medios


control el concesionario o

medio impreso que se trate, la

de 713





información, datos, imágenes,

audios, noticias o historias.

En casos de reincidencia, la multa

podrá aplicarse hasta por el doble

de lo previsto en este artículo. Se

entiende por reincidencia que el

mismo infractor incurra en dos o

más violaciones del mismo

precepto legal durante el

transcurso de un año, contado a

partir de la fecha de la primera

infracción.

…

Artículo 132. Para la

determinación de la sanción, las

autoridades competentes deberán

considerar:

Artículo 150. …

I. La gravedad de la infracción; I. …

II. El carácter intencional o no

de la acción u omisión constitutiva

de la infracción;

II. …

III. Los daños que se hubieren

producido o puedan producirse;

III. …

de 713





IV. La condición económica del

infractor, y

IV. …

V. La reincidencia del infractor. V. …

Artículo 133. Las sanciones

previstas en esta Ley se aplicarán

por las siguientes autoridades:

Artículo 151. …

I. La dependencia o entidad de la

Administración Pública Federal que

resulte competente, en los casos

de las fracciones I y II del artículo

130 de esta Ley;

I. La dependencia o entidad de la

Administración Pública Federal que

resulte competente, en los casos

de las fracciones I y II del artículo

148 de esta Ley;

Tratándose de servidores públicos,

así como empleados o

trabajadores de establecimientos

sujetos al control, administración

o coordinación del Poder Judicial

de la Federación; las Cámaras de

Diputados o de Senadores del

Congreso de la Unión; órganos

con autonomía constitucional, o

del Tribunal Federal de Justicia

Fiscal y Administrativa o de

II. …

de 713





tribunales del trabajo o agrarios,

las sanciones serán impuestas por

los órganos que establezcan sus

respectivos ordenamientos

legales;

II. La Secretaría de

Gobernación, en los supuestos

previstos en las fracciones III, IV,

V, VI y VII, del artículo 130 de

esta Ley, y

III. La Secretaría de

Gobernación, en los supuestos

previstos en las fracciones III, IV,

V, VI y VII, del artículo 148 de

esta Ley, y

III. El Sistema Nacional DIF, en

los casos de la fracción VIII del


IV. El Sistema Nacional DIF, en

los casos de la fracción VIII del


Artículo 134. Contra las sanciones

que las autoridades federales

impongan en cumplimiento de

esta Ley se podrá interponer el

recurso de revisión previsto en la

Ley Federal de Procedimiento

Administrativo.

Artículo 152. …

Artículo 135. Para los efectos de

este Título, a falta de disposición

Artículo 153. …

de 713





expresa y en lo que no

contravenga a esta Ley, se

aplicará supletoriamente la Ley

Federal de Procedimiento

Administrativo.

Artículo 136. Las entidades

federativas deberán establecer las

infracciones y sanciones

administrativas aplicables en el

ámbito de su competencia.

Artículo 154. …

Capítulo Segundo

De los Delitos

Artículo 137. Al editor o empleado

de un medio de comunicación que

cuente con concesión para prestar

el servicio de radiodifusión, o de

medios impresos que publique,

difunda o transmita el nombre,

imágenes, voz o información de

niñas, niños o adolescentes sin la


artículo 87 de esta ley, se le

de 713





impondrá pena de dos a cuatro

años de prisión y de quince mil a

cuarenta mil días multa.

Se impondrá el doble de la pena al

directivo, gerente o persona

habilitada para tal efecto, que

autorice la publicación, difusión o

transmisión del nombre,

imágenes, voz o datos personales

de niñas, niños o adolescentes en

el supuesto del párrafo anterior.

Artículo 138. La misma pena que

establece el párrafo segundo del

artículo anterior se impondrá al

servidor público que intervenga en

procedimientos administrativos o

judiciales en que estén


adolescentes, que por razón de

sus funciones tenga acceso a la

información de éstos, y realice la

divulgación, difusión o transmisión

de 713





del nombre, imágenes, voz o


adolescentes que viole su derecho

a la intimidad.

Artículo 139. El delito a que se

refiere el artículo 137 de esta Ley

será investigado y perseguido por

querella, las autoridades federales

conocerán de dicho delito, cuando

la divulgación, difusión o

transmisión de la información se

realice por medios de



de radiodifusión, así como por

medios impresos cuyo tiraje se

distribuya en dos o más entidades

federativas. En los demás casos

serán perseguidos y sancionados

por las autoridades locales

competentes.

Artículo 140. El Ministerio Público

de 713





de la Federación podrá atraer las

investigaciones que sean iniciadas

por el Ministerio Público del fuero

común en los casos a que se

refiere el artículo 137 de esta Ley,

para lo cual bastará la solicitud a

la autoridad competente de la

entidad federativa. Las diligencias

desahogadas hasta ese momento

por las autoridades de las

entidades federativas gozarán de

plena validez.

El Ministerio Público de las

entidades federativas deberá

informar oportunamente al

Ministerio Público de la Federación

del inicio de investigaciones por la

probable comisión del delito a que

se refiere el artículo 137 de esta

Ley, para efectos de que, en su

caso, ejercite la facultad a que se

refiere el párrafo anterior.

de 713







prever disposiciones que regulen y

sancionen las conductas

establecidas en el presente

capítulo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se

reforman el artículo 25, así como

26 de la Ley General de Prestación

de Servicios para la Atención,


Infantil, para quedar como sigue:

ARTÍCULO SEGUNDO. Se

reforman los artículos 25 y 26

de la Ley General de Prestación de



Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 25. El Consejo se

integrará con los Titulares de las

siguientes dependencias y

entidades de la Administración

Pública Federal:

Artículo 25. …

I. El Sistema Nacional DIF, quien

lo presidirá

I. …

II. La Secretaría; II. …

III. La Secretaría de Gobernación; III. …

IV. La Secretaría de Desarrollo IV….

de 713





Social;

V. La Secretaría de Educación

Pública;

V. …

VI. La Secretaría del Trabajo y

Previsión Social;

VI. …

VII. El Instituto de Seguridad

Social para las Fuerzas Armadas

Mexicanas;

VII. …

VIII. El Instituto Mexicano del

Seguro Social;

VIII. …

IX. El Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado;

IX. …

X. La Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos

Indígenas, y

X. …

XI. Un representante del sector

obrero y otro del sector

empresarial, que lo serán los

representantes en el Instituto

Mexicano del Seguro Social.

XI. …

… …

de 713





… …

Artículo 26. El Ejecutivo Federal, a

través del Sistema Nacional DIF

podrá integrar al Consejo a los

titulares de otras dependencias y

entidades federales que presten

servicios para la atención, cuidado

y desarrollo integral infantil, o

cuyo ámbito de atribuciones esté

vinculado con estos servicios.

Artículo 26. …

TRANSITORIOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto

entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el Diario

Oficial de la Federación.

PRIMERO. …

SEGUNDO. El Congreso de la

Unión y las legislaturas de las

entidades federativas, en el


competencias, realizarán las

modificaciones legislativas

conforme a lo dispuesto en el

SEGUNDO. …

de 713





presente Decreto, dentro de los

ciento ochenta días naturales

siguientes a su entrada en vigor.

TERCERO. Los Congresos locales y

la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, contemplarán en sus

respectivos presupuestos, los

recursos que permitan dar


establecidas por el presente

Decreto.

TERCERO. Los Sistemas de

Protección Locales y

Municipales deberán

integrarse a más tardar

dentro de los noventa días

siguientes a la entrada en

vigor de las modificaciones

legislativas a que se refiere el

transitorio anterior.

CUARTO. Se abroga la Ley para la

Protección de los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes y se

derogan las demás disposiciones

que se opongan al presente

Decreto.

CUARTO. Se abroga la Ley para la

Protección de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes.

QUINTO. Las disposiciones

reglamentarias derivadas de esta

Ley deberán ser expedidas por el

Ejecutivo Federal en un plazo no

QUINTO. …

de 713





mayor a los ciento ochenta días

naturales, contados a partir de la

entrada en vigor del presente

Decreto.

SEXTO. Las acciones que se

deriven de la entrada en vigor y

aplicación del presente Decreto

por parte de la Administración

Pública Federal, se sujetarán a la

disponibilidad presupuestaria de

cada dependencia o entidad

competente.

SÉPTIMO. La Procuraduría Federal

de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes deberá constituirse a

partir del siguiente ejercicio

presupuestal a la publicación del

presente Decreto.

SEXTO. …

Para efecto del párrafo anterior, el

Sistema Nacional DIF deberá

reformar su Estatuto Orgánico, a

fin de que en un plazo no mayor a

…

de 713





noventa días naturales a partir de

la entrada en vigor del presente

Decreto, se formalice la creación

de la Procuraduría Federal de


Adolescentes con sus respectivas

unidades administrativas.

OCTAVO. El Sistema Nacional de

Protección deberá quedar

instalado dentro de los ciento

ochenta días naturales,

posteriores a la publicación del

presente Decreto. En su primera

sesión, el Presidente del Sistema

Nacional de Protección someterá a

consideración y aprobación del

mismo los lineamientos para su


funcionamiento así como la

designación del Secretario

Ejecutivo del Sistema.

SÉPTIMO. El Sistema Nacional de

Protección Integral deberá

quedar instalado dentro de los

ciento ochenta días naturales,

posteriores a la publicación del

presente Decreto. En su primera

sesión, el Presidente del Sistema

Nacional de Protección Integral

someterá a consideración y

aprobación del mismo los

lineamientos para su integración,

organización y funcionamiento así

como la designación del Titular

de la Secretaría Ejecutiva del

Sistema.

de 713





El Secretario Ejecutivo, una vez

instalado el Sistema Nacional de

Protección, dentro de los

siguientes treinta días naturales,

deberá presentar a consideración

y en su caso aprobación de los

integrantes del Pleno, el proyecto

de Reglamento a que se refiere el

artículo 119 de la Ley General

para la Protección de Niñas, Niños

y Adolescentes.

El Titular de la Secretaria

Ejecutiva del Sistema, una vez

instalado el Sistema Nacional de

Protección Integral, dentro de

los siguientes treinta días

naturales, deberá presentar a

consideración y en su caso

aprobación de los integrantes del

Pleno, el proyecto de

lineamientos a que se refiere el

artículo 129 de la Ley General de

Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes.

El Presidente del Sistema Nacional

de Protección realizará las

acciones necesarias para la

elaboración del Programa

Nacional, el cual deberá aprobarse

dentro de los ciento ochenta días

naturales siguientes a la

instalación del Sistema Nacional

de Protección.

…

de 713





NOVENO. Las referencias que esta

Ley hace a la Fiscalía General de

la República, se entenderán

realizadas a la Procuraduría

General de la República, hasta en

tanto entre en vigor la autonomía

constitucional de dicha Fiscalía.

OCTAVO. …

No hay correlativo

NOVENO. Las autoridades



las demarcaciones


Federal, celebrarán convenios

y programas especiales para

abatir el rezago de registro de

nacimientos de niñas, niños y

adolescentes.

No hay correlativo

DÉCIMO. Para efectos de lo

dispuesto en la fracción VI del

artículo 122 de la Ley que se

emite por virtud del presente

Decreto, en tanto entran en

de 713





vigor las disposiciones

aplicables del Código Nacional

de Procedimientos Penales, se

aplicarán las medidas

establecidos en la legislación

procesal penal

correspondiente.

No hay correlativo

DÉCIMO PRIMERO. Los

centros de asistencia que se

encuentren operando con

antelación a la entrada en

vigor del presente Decreto

contarán con un plazo de 180

días a partir de su publicación

en el Diario Oficial de la

Federación para realizar las

adecuaciones conducentes en

términos de lo previsto por la

Ley General de los Derechos

de Niñas, Niñas y

Adolescentes.

No hay correlativo DÉCIMO SEGUNDO. La

de 713





Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión, a

propuesta del Ejecutivo

Federal, establecerá una

partida presupuestal para

coadyuvar en la

implementación de las

adecuaciones a las que se

refiere el transitorio anterior y

la operación de los Centros de

Asistencia Social.

No hay correlativo

DECIMO TERCERO. Las

autoridades de la federación,


de los municipios y de las


del Distrito Federal, con el

objeto de dar cumplimiento a

lo previsto en la Ley que se

expide por virtud del presente

Decreto, deberán implementar

las políticas y acciones

de 713





correspondientes conforme a

los programas aplicables y los

que deriven de la misma.

Este Dictamen con Proyecto de Decreto se encuentra integrado por 154

artículos, divididos en Seis Títulos: Título Primero: De las Disposiciones

Generales; Título Segundo: De los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes; Título Tercero: De las Obligaciones; Título Cuarto: De la

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Título Quinto: De la Protección

y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

Título Sexto: De las Infracciones Administrativas. Además, modifica los

artículos 25 y 26 de la Ley General de Prestación de Servicios para la

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y un régimen transitorio

compuesto por 13 artículos.

Dicho dictamen contiene las siguientes generalidades y avances

trascendentes:

Es una Ley con un enfoque garantista de derechos de las Niñas, Niños

y Adolescentes, cambiando el paradigma asistencialista que se

observaba en la iniciativa preferente.

de 713





Se consideran en la Ley los siguientes 19 derechos:

1. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

2. Derecho de prioridad;

3. Derecho a la identidad;

4. Derecho a vivir en familia;

5. Derecho a la igualdad sustantiva;

6. Derecho a no ser discriminado;

7. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un

sano desarrollo integral;

8. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad

personal;

9. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad

social;

10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes

con discapacidad;

11. Derecho a la educación;

12. Derecho al descanso y al esparcimiento;

13. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia,

religión y cultura;

14. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la

información;

15. Derecho de participación;

de 713





16. Derecho de asociación y reunión;

17. Derecho a la intimidad;

18. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, y

19. Derechos de niñas, niños o adolescentes migrantes.

Se incluyeron derechos que no estaban contemplados en la iniciativa

original como el derecho a la igualdad sustantiva y a la participación

de las niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su

incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo

y grado de madurez.

Se establecen mecanismos de transparencia, seguimiento y evaluación

de la implementación de políticas, programas gubernamentales,

legislación y compromisos derivados de Tratados Internacionales en la

materia.

Se incluye que la Federación y las entidades federativas programarán

en sus proyectos de presupuesto los recursos para el cumplimiento a

la Ley.

Las comisiones dictaminadoras estimaron pertinente incluir como

principios de manera adicional a los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad, progresividad, integralidad e interés

superior de la niñez, los principios de igualdad sustantiva, inclusión,

de 713





autonomía progresiva, pro persona, acceso a una vida libre de

violencia y accesibilidad.

Finalmente, en el Titulo de Disposiciones Generales se consolida el

cambio de paradigma y se reitera que es deber de la familia, el

Estado, y la comunidad a la que pertenecen y, en general, de todos

los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección

de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles

un nivel adecuado de vida; añadiendo la obligación para toda persona

que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que

sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos,

hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes de

manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su

caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de

restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones

aplicables.

Se acordó la obligación de registrar a las niñas y niños en un lapso no

mayor a los 60 días de nacimiento.

Con respecto al Derecho a vivir en familia se establecieron, entre

otras, las siguientes disposiciones:

Se establece el derecho a vivir en familia y se dan las bases generales

para orientar la legislación civil y familiar que propicie la unión entre la

familia, establece límites y bases claras para la adopción y, en su caso,

de 713





para la colocación en una familia extensa, no en la familia primaria. El

derecho a vivir en familia tiene un papel preponderante en la garantía

del cuidado, bienestar y protección de las niñas y niños, ya que ésta

es el espacio natural para su crecimiento y desarrollo, particularmente

en las primeras etapas de vida.

Se modifica la obligación de las autoridades para que, en vez de

“establecer programas” para evitar que la falta de recursos se

traduzca en la separación familiar, éstas se obliguen a establecer

políticas de fortalecimiento familiar.

Se incluye el derecho de audiencia de todas las partes involucradas,

en especial de niñas, niños y adolescentes, en los procesos de índole

familiar.

Se modifica la obligación de las autoridades de “establecer los

mecanismos necesarios para facilitar que las niñas, niños y

adolescentes privados de su familia, puedan reunirse con ella” para

que establezca estas normas y mecanismos, pero para “localizar y

reunificar” a las familias.

Se agrega el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a las

modalidades de cuidados alternativos, como último fin, en tanto se da

la localización de la familia; dando esta facultad al Sistema Nacional

DIF y Sistemas Locales.

de 713





Además, se establece que las autoridades federales, de las entidades

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están

obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y

sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean

afectados por el delito de corrupción de menores de dieciocho años de

edad, que contempla diversas hipótesis a través de las cuales una

niña, niño o adolescente puede ser vulnerado en sus derechos,

además de que se homologa este término al contemplado en la

legislación nacional en la materia.

Asimismo, bajo ese enfoque se perfeccionan las redacciones de las

demás fracciones y se establece la protección de niñas, niños y

adolescentes ante los delitos de trata de personas menores de 18 años

de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin

fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación.

Como uno de los principales aspectos que vinieron a abonar en favor

del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, fue, establecer

que la prestación de servicios de atención médica debe ser “gratuita”,

conforme a lo establecido en la Ley General de Salud.

También se contempla que se llevarán a cabo acciones para asegurar

la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a

de 713





todas las niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la atención

primaria.

De igual forma, se estableció la lactancia materna exclusiva dentro de

los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, se

mandata a que la autoridad competente promueva estas acciones en

todos los grupos de la sociedad, así como los principios básicos de la

salud y la nutrición.

Se considera que las autoridades deben llevar a cabo acciones para la

atención y prevención del embarazo en adolescentes.

En el Capítulo de niñas, niños y adolescentes con discapacidad se

establece que éstos tienen derecho a la igualdad sustantiva, además,

de definir la condición de discapacidad de acuerdo con la Ley General

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Se reconoce que la discriminación por motivos de discapacidad

también comprende la negación de ajustes razonables y que se tomen

las medidas específicas para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de

las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Se considera que se deberán de llevar a cabo medidas para garantizar

la gratuidad de la educación pública obligatoria y procurar la

accesibilidad material, económica y geográfica a la educación, sin

discriminación;

de 713





De igual manera acciones afirmativas para garantizar el Derecho a la

Educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con

mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de

vulnerabilidad por circunstancias específicas.

Se establece la obligación de implementar mecanismos para la

atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan

violaciones al Derecho a la Educación de niñas, niños y adolescentes.

Se fomenta la convivencia escolar armónica y la generación de

mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de

conflictos.

La Ley contempla la elaboración de protocolos de actuación sobre

situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

Con respecto al Derecho a la Intimidad, las comisiones que dictaminan

estimamos pertinente garantizar la protección de las niñas, niños y

adolescentes que sean víctimas y que están relacionados de cualquier

manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación

pública. Resulta fundamental la protección de su intimidad y datos

personales.

Se determinó que las autoridades federales, de las entidades

federativas, municipales y las demarcaciones territoriales del Distrito

Federal, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o

de 713





administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que

estén relacionados niñas, niños o adolescentes estarán obligadas a

garantizar los principios generales y específicos que son reconocidos

para la niñez y la adolescencia, así como los mecanismos que se

deberán observar en dichos procesos.

Por otro lado y en concordancia con esta adecuación, las comisiones

consideraron pertinente que con la finalidad de mantener a niñas,

niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan influir en su

comportamiento o estabilidad emocional, antes y durante la realización

de la audiencia o comparecencia respectiva, se destinarán espacios

lúdicos en los recintos en que éstas se lleven a cabo. Lo anterior en

observancia a que la participación de la infancia en materia judicial

generalmente esta soslayada a procedimientos y mecanismos que se

han orientado para adultos.

La Ley de manera clara reconoce la obligación de las autoridades

competentes de todos los órdenes de gobierno, de garantizar la

protección de los derechos de derechos de niñas, niños y adolescentes

migrantes, acompañados, no acompañados, nacionales, extranjeros y

repatriados en el contexto de movilidad humana.

Con el objeto de ampliar el alcance protector de estas normas, las

comisiones consideraron necesario enfatizar el principio del interés

de 713





superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en situación de

migración.

Se incorporaron las garantías de debido proceso que se deberán

aplicar en los procesos migratorios que involucran a niñas, niños y

adolescentes.

Se propone que para garantizar la protección integral de los derechos,

los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF habilitarán espacios

de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes

migrantes nacionales que hayan sido repatriados a México, así como a

los extranjeros no acompañados en situación de migración irregular,

en tanto se desarrolla el proceso administrativo migratorio respectivo.

Es relevante destacar que las comisiones dictaminadoras decidieron

modificar la propuesta del Ejecutivo y establecer que, en tanto el

Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de la

niña, niño o adolescente, el Sistema Nacional DIF o sistema de las

entidades, según corresponda, deberá brindar la protección que prevé

esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Con respecto a la obligación de las personas que ejercen la patria

potestad o tutela, guarda y custodia, es importante destacar que se

encargarán de garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo

de su personalidad y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con

lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

de 713





De igual forma, consideraron que quienes ejerzan la patria potestad,

tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes,

independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán

cumplimiento a las obligaciones a su cargo de manera coordinada y

respetuosa.

Se consideró la orientación que deberán dar quienes ejerzan la patria

potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes

sobre el ejercicio de sus derechos.

Las Comisiones dictaminadoras observaron que a pesar de no ser una

de las primeras opciones para el Estado el institucionalizar a niñas,

niños y adolescentes, es una realidad, por lo que se consideró

fortalecer e impulsar que los Centros de Asistencia Social cuenten con

todas las medidas y condiciones necesarias para garantizar la

atención, el cuidado y desarrollo integral en pleno respeto del interés


Se crea el Registro Nacional y se establece que los responsables de

autorizar, registrar, certificar y supervisar a estos Centros, serán las

Procuradurías de Protección en sus ámbitos de competencia.

Niñas y niños no podrán estar por tiempo indefinido en los centros de

asistencia social públicos o privados.

Tendrán la obligación de contar con espacios de accesibilidad para

niñez y adolescencia con discapacidad.

de 713





Se clarifican las atribuciones y facultades del Sistema Nacional DIF, se

encargará de la protección y reparación de los derechos de niñas,

niños y adolescentes, es decir, se harán cargo de atender a las niñas,

niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

La Federación y las entidades federativas, dentro de la estructura del

Sistema DIF correspondiente, deberán contar con una Procuraduría de

Protección con facultades explicitas y bien determinadas.

Se crea el Sistema Nacional de Protección Integral el cual será

presidido por el Presidente de la República. La presencia del Titular del

Ejecutivo Federal resulta fundamental para alcanzar la adecuada

coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota el

carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos


Formarán parte del Sistema Nacional de Protección Integral, el

Secretario de Gobernación, el Secretario de Relaciones Exteriores,

Secretario de Hacienda y Crédito Público, El Secretario de Desarrollo

Social, el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Salud, el

Secretario del Trabajo y Previsión Social, como el Titular del Sistema

Nacional DIF, a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito

Federal, el Fiscal General de la República, al Presidente de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Comisionado Presidente

del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así, representantes de las

de 713





Organizaciones de la Sociedad Civil y como observadores a

Organismos Internacionales.

Se proponen como invitados permanentes para participar en el

Sistema, con voz, a los Presidentes de las Mesas Directivas de las

Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así

como representantes de las asociaciones de municipios legalmente

constituidas.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral

estará a cargo de un órgano administrativo desconcentrado de la

Secretaría de Gobernación, cuyo titular será nombrado y removido

libremente por el Presidente del Sistema. El Sistema Nacional también

nombrará al Procurador Federal de Protección.

Existirá un Sistema de información en la materia el cual será

actualizado con datos de los sistemas locales.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL), será el encargado de la evaluación de las políticas de

desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y

adolescentes.

Los resultados de las evaluaciones serán entregados a las Cámaras de

Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y al Sistema

Nacional de Protección Integral.

de 713





Por lo que hace a las entidades federativas, el presente dictamen

establece que en cada entidad federativa se instalará un Sistema Local

de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes,

conformado por las dependencias y entidades de las administraciones

locales, en los términos que determinen sus respectivos

ordenamientos legales y serán presididos por la persona Titular del

Poder Ejecutivo Estatal y de la Jefatura de Gobierno del Distrito de

Federal. Para garantizar el adecuado funcionamiento de la política

nacional, se precisa que los sistemas locales deberán organizar y

funcionar de manera similar al Sistema Nacional de Protección

Integral, contando con una Secretaría Ejecutiva para la ejecución de

sus atribuciones. De la misma manera se establecerán Sistemas

Municipales.

Habrá un Programa Nacional y Programas locales. Las autoridades

federales, de las entidades federativas, municipales y de las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus

respectivas competencias, a través del Sistema Nacional de Protección,

así como los sectores privado y social, participarán en la elaboración y

ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan

Nacional de Desarrollo y la presente Ley.

Se replantearon las infracciones administrativas, considerando montos

y tipos de sanciones. Se eliminaron las sanciones de tipo penal y se

de 713





establecen infracciones de carácter administrativo, que se aplicaran a

servidores y funcionarios del ámbito federal por los siguientes hechos:

La violación de algún derecho de niñas, niñas y

adolescentes;

La omisión culposa frente a la violación de algún

derecho por un tercero;

La omisión culposa al impedir un abuso;

La violación del derecho a la intimidad;

La intervención en procesos de adopción sin la

autorización de la autoridad competente.

Se establecen infracciones a medios de comunicación por los

siguientes aspectos:

Cuando se difunda material audiovisual que afecten el

desarrollo de un niño, niña o adolescente.

Cuando se viole alguno de los derechos de niñas, niños

y adolescentes.

de 713





La realización de entrevistas o difusión sin autorización

de quien ejerce la patria potestad;

La difusión ilegal de imágenes o voz de niñas, niños y

adolescentes.

Para el Senado de la República resultó trascendental que el análisis de

la iniciativa preferente reflejara las disposiciones normativas de los

tratados, convenciones y demás instrumentos internacionales

vinculatorios para el Estado Mexicano, así como las recomendaciones

internacionales emitidas por los organismos internacionales, en

especial del Comité de los Derechos del Niño. De igual manera, en el

contexto de la reforma Constitucional publicada el 10 de junio de

20111 , las Comisiones dictaminadoras coincidimos en que México dio

un paso significativo hacia el reconocimiento y protección de los

derechos humanos, ya que a partir de ella el Estado mexicano tiene la

obligación de garantizar los derechos de las niñas, niños y

adolescentes.

Es importante considerar que, a partir de dicha reforma, nuestro país

adquirió responsabilidades que debían traducirse en nuestra Carta

1Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2011. Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y

reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

de 713





Magna y en una legislación que protegiera, promoviera y garantizara

los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos

civiles y políticos de las niñas, los niños y las personas adolescentes a

la luz de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y sus

protocolos facultativos, así como los demás tratados internacionales

suscritos por México en la materia.

Es por ello que requerimos de una base mínima e integral respecto al

reconocimiento y cumplimiento de los derechos de la niñez y la

adolescencia en todo el país. En este sentido, es necesario que la

legislación funja como un parámetro, cuyo espíritu sería en el fondo

normativo y orientador para establecer una referencia en la cual el

Estado mexicano, en sus tres ámbitos de gobierno, legisle, diseñe,

implemente, ejecute y evalúe acciones y políticas públicas dirigidas a

niñas, niños y adolescentes a partir de una legislación garantista que

les reconozca como personas titulares de derechos.

Tal como lo establece el artículo 4º Constitucional, “en todos las

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera

plena sus derechos. Este principio aunado con los principios rectores

en materia de la niñez deberá guiar el diseño, ejecución seguimiento y

de 713





evaluación de la políticas públicas dirigidas a las niñas, los niños y las

personas adolescentes”, no obstante resulta importante puntualizar

que lo establecido en el artículo 1º Constitucional, en un sentido

amplio respecto a la reforma de derechos humanos, es

complementario del artículo 4º y por tanto ofrece en efecto una

concepción integral de los derechos humanos de la niñez y la

adolescencia, y su reconocimiento a partir de la Convención sobre los

Derechos del Niño.

Si bien es cierto que a lo largo de la historia se han sumado esfuerzos

para visibilizar las necesidades e intereses de la niñez y la adolescencia

mexicanas la actual Ley para la Protección de las Niñas, los Niños y los

Adolescentes no ha sufrido cambios sustantivos que permitan la

adecuación del marco normativo a la Convención, no obstante que el

Comité de los Derechos del Niño ha recomendado reiteradamente que

la legislación contemple los estándares internacionales.

Nos referimos a las reformas que han modificado y ampliado la visión

predominante de los derechos humanos, y los derechos mismos, y de

las garantías para su protección, al incorporar a los tratados

internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como normas

de 713





obligatorias en el marco jurídico nacional; mismo que son derecho

interno plenamente exigible.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que dentro de los esfuerzos se

encuentra la aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores del

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para trabajar en la

creación de una legislación integral para la protección de los derechos

de las niñas, niños y adolescentes.

Dicho acuerdo, aprobado el 19 de marzo de 2013, representó un gran

avance pues define las bases para generar acciones a favor de la niñez

y la adolescencia, en el cumplimiento de los principios establecidos en

la Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos,

y demás tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Las y los Senadores suscribimos los siguientes acuerdos:

1. Crear y aprobar una legislación integral para proteger, promover y

garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes acorde con el

marco Constitucional Mexicano, la Convención sobre los Derechos del

Niño y sus protocolos facultativos, y demás instrumentos

internacionales suscritos por México.

de 713





2. Promover la armonización del marco jurídico con la Convención, sus

protocolos facultativos, y normas internacionales que México haya

adoptado, con la finalidad de garantizar su aplicación efectiva.

3. Promover mayores recursos orientados a políticas públicas y acciones a

favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

4. Promover la realización de un diagnóstico nacional sobre la situación de

la niñez y la adolescencia en México.

5. Coadyuvar en la transversalidad legislativa en materia de Trata de

Personas, en niñas, niños y adolescentes, observando el Protocolo

Facultativo de la Convención.

6. Establecer en la legislación un sistema institucional responsable de la

promoción, protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes, observando el interés superior de la niñez.

7. Realizar foros regionales con Congresos locales, organismos

gubernamentales y no gubernamentales, académicos y sociedad civil

para promover que se legisle y promuevan los derechos de las niñas,

de 713





niños, y adolescentes.

8. Suscribir los 10 puntos estratégicos, propuestos por UNICEF México y la

Red por los Derechos de la Infancia en México.

Es por ello que con la aprobación de esta Minuta el Senado de la

República da cumplimiento a dicho Acuerdo Legislativo toda vez que se

expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,

además de que se establece en la misma la creación de un Sistema

Nacional de Protección Integral para la garantía de los derechos de

niñas, niños y adolescentes, transverzalizando las políticas públicas

orientadas a salvaguardar y hacer efectivos los derechos de la infancia

y la adolescencia.

Como lo señalamos el día de la sesión en que se aprobó el dictamen

del proyecto de ley en esta Cámara Alta: esta ley no solamente concitó

el mayor de los consensos, sino que además abrió una discusión que

rebasó por mucho los linderos del Senado de la República, y

representó uno de los avances más significativos en el desarrollo del

trabajo parlamentario.

Fue una iniciativa preferente que envió el Ejecutivo Federal, en la cual

la discusión que se realizó en diversas audiencias públicas y entre los

de 713





grupos parlamentarios, llevó a un ejercicio legislativo sin precedente;

ya que ha sido, a lo largo de la historia, la iniciativa del Ejecutivo que

mayor número de reformas sufrió.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

Dentro del Título Segundo, correspondiente a los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes, específicamente en el artículo 13 de la Ley en

comento, se propone adicionar la fracción XX, a efecto de reconocer y

garantizar a toda niña, niño y adolescente, el derecho de acceso a las

tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios

de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e

internet, en los términos previstos en las normativas vigentes. Se

puntualiza, que el Estado establecerá las condiciones de competencia

efectiva en la prestación de dichos servicios.

de 713





En el artículo 16 —ya dentro del Capítulo Primero, Del Derecho a la

Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo— se plantea hacer una

precisión de redacción en el mismo, adicionando la frase ‘bajo ninguna

circunstancia´, en lo que concierne a los conflictos armados o

violentos.

Otra modificación es la relativa al artículo 26 —inserto en el Capítulo

Cuarto Del Derecho a Vivir en Familia— donde se propone reformar la

fracción V para que el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las

Entidades, según sea el caso, otorguen protección especial a niñas,

niños y adolescentes separados de su familia de origen por resolución

judicial, para ello considerando la legislación civil vigente deberán

asegurarse que aquellos permanezcan el menor tiempo posible en los

centros de asistencia social, como regla general, sin importar las

particularidades de cada caso.

De igual manera, la modificación alcanza el tercer párrafo del citado

artículo, donde se propone eliminar la frase ´relegando esta medida de

protección a un carácter de último recurso´.

Tocante al artículo 50, en su fracción décima primera —dentro del

Capítulo Noveno, Del Derecho a la Protección de la Salud y a la

de 713





Seguridad Social—, la Colegisladora propone que niñas, niños y

adolescentes reciban, a partir del actuar coordinado de las autoridades

federales, de las entidades federativas, municipales y delegacionales,

cada cual en su ámbito, asesoría y orientación sobre salud sexual y

reproductiva.

En el artículo 53 —en lo concerniente al Capítulo Décimo, Del

Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con

Discapacidad— se agrega un párrafo segundo con el fin de considerar

una salvedad al momento de identificar a una persona con

discapacidad, de existir duda al respecto se está obligado, la autoridad

en primer término, a presumir que se trata de una niña, niño o

adolescente en esa condición.

También adiciona un cuarto párrafo para dejar asentada en la norma

que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a

vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las

demás niñas, niños y adolescentes.

En el mismo Capítulo Décimo, se formula una precisión a efecto de que

en leyes federales y de las entidades federativas se establezcan

disposiciones tendientes al establecimiento de mecanismos que

de 713





permitan la recopilación ´periódica y sistemática´ de la información y

estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, cuyo

conocimiento sea apoyo de políticas informadas y adecuadas para

atenderlos; lo anterior, en la fracción V del artículo 55.

Por lo que toca a la adición de un segundo párrafo al artículo 57 —

en el Capítulo Décimo Primero, Del Derecho a la Educación—, la

Colegisladora propone que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o

guarda y custodia, tengan el derecho a intervenir en la educación que

habrá de darse a niños, niñas y adolescentes, en términos de lo

previsto por el artículo 103 de la Ley.

En el artículo 58 se plantea reformar la fracción octava, para dejar

establecido que la promoción de la educación sexual integral sea

impartida conforme a la edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y la

madurez de niñas, niños y adolescentes, todo ello en el marco de los

derechos consagrados en la Carta Magna y los instrumentos

internacionales de los que México sea parte.

En el artículo 77, primer párrafo, en lo que respecta al derecho a la

intimidad —Capítulo Décimo Séptimo— la revisora propone omitir las

referencia a cualquier autorización por escrito, o por cualquier otro

de 713





medio, por parte de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda

y custodia, hacia los medios de comunicación que transmitan imágenes

o datos personales que den pie a identificar a niñas, niñas o

adolescentes.

En relación con el mismo tema, en el artículo 78, la revisora propone

adicionar dos párrafos para que cualquier medio de comunicación que

difunda entrevistas de niñas, niños y adolescentes proceda también de

la siguiente manera:

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de

quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente,

éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación

a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o

reputación.

No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria

potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes, cuando la

entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el

ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su opinión

respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre

que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a

su honra y reputación.

de 713





En el artículo 80, sobre el incumplimiento de los medios de

comunicación de asegurarse de no difundir imágenes, voz o datos que

pongan en peligro la vida, la integridad, la dignidad o vulneren el libre

ejercicio de derechos, la colegisladora propone suprimir —en el

segundo párrafo— la frase “presentar denuncias y querellas en caso de

posible responsabilidad penal en los términos que establezcan las

disposiciones aplicables”.

Igualmente, del cuarto párrafo del mismo artículo se suprime la

palabra “penales”.

En el primer párrafo del artículo 83 —dentro del Capítulo Décimo

Octavo, Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso— la

Revisora propone toda autoridad que sustancie procedimientos ya de

carácter jurisdiccional o administrativo, o realicen cualquier acto de

autoridad deben considerar cada caso particular tomando en cuenta

edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez de niñas,

niños o adolescentes.

de 713





En la fracción XI del mismo artículo 83, se propone suprimir un signo

ortográfico —la coma— que separa los términos “lúdicos” y “de

descanso”.

En la fracción XIII, propone poner a resguardo a niñas, niños y

adolescentes de cualquier sufrimiento, además de la intimidad y datos

personales, durante su participación en los procedimientos de orden

jurisdiccional o administrativo.

Más adelante en el artículo 86, del capítulo citado, se propone

modificar la fracción II, para suprimir la frase “en espacios lúdicos y

condiciones especiales” y adicionar al final del párrafo: “y atendiendo a

lo dispuesto por la fracción XI del artículo 83 de esta Ley;”

En el artículo 90, primer párrafo —dentro del Capítulo Décimo

Noveno, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes— se agrega la frase

“de derechos”, referidos a niñas, niños y adolescentes migrantes.

Ya en el Título Cuarto, De la Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes, en particular en lo correspondiente a los Centros de

Asistencia Social, en el artículo 108 se propone adicionar la fracción

octava y un párrafo final, para que en las instalaciones:

de 713





Se procure un entorno que provea los apoyos necesarios para

que niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivan incluidos

en su comunidad.

Niñas, niños, y adolescentes con discapacidad temporal o

permanente, sin distinción entre motivo o grado de discapacidad,

no podrán ser discriminados para ser recibidos o permanecer en

los centros de asistencia social.

En lo referente a la conformación del Sistema Nacional de Protección

Integral, artículo 127, se propone modificar el tercer párrafo de la

fracción D para agregar que entre los invitados permanentes figurarán

los representantes del Poder Judicial de la Federación y de la Comisión

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia; se propone suprimir la

frase “así como representantes”, referida a las asociaciones de

municipios legalmente constituidas.

En el artículo 148, capítulo de infracciones y sanciones

administrativas, en la fracción cuarta se suprime la frase “sin

autorización”, acorde a la propuesta de modificación del primer párrafo

del artículo 77.

de 713





En tanto que en el artículo 149, cuarto párrafo, suprime la frase “Se

entiende por reincidencia que el mismo infractor incurra en dos o más

violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año,

contado a partir de la fecha de la primera infracción”, y propone

agregar la frase “Se considerará reincidente al que”, y adicionar tres

incisos:

Habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada,

realice otra violación del mismo precepto de esta Ley;

Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución

previa que haya causado estado, y

Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya

causado estado no hayan transcurrido más de diez años.

A fin de tener mayor certeza sobre los cambios que realizó la

Colegisladora, a continuación se muestra un cuadro comparativo de las

mismas; esto es, se contrasta, la redacción original —de la Ley General

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes— aprobada por el

Pleno del Senado el 29 de septiembre de 2014, con las enmiendas

aprobadas por la Cámara de Diputados el pasado 23 de octubre de

2014, las cuales están sujetas a discusión y, en su caso, aprobación.

de 713





MINUTA APROBADA POR EL

SENADO

EL 29 DE SEPTIEMBRE DE

2014

DICE

MINUTA APROBADA POR LA

CÁMARA DE DIPUTADOS EL

23 DE OCTUBRE DE 2014

DEBE DECIR


presente Ley son derechos de


manera enunciativa más no

limitativa, los siguientes:

I a XIX. (…)

SIN CORRELATIVO

Artículo 13. (…)

I a XIX. (…)

XX. Derecho de acceso a las

tecnologías de la

información y comunicación,

así como a los servicios de

radiodifusión y

telecomunicaciones, incluido

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

el de banda ancha e internet,

en términos de lo previsto en

la Ley Federal de


Radiodifusión. Para tales

efectos, el Estado

establecerá condiciones de

competencia efectiva en la

prestación de dichos

servicios.

…



ser privados de la vida en

conflictos armados o violentos, ni

ser utilizados en los mismos.



no ser privados de la vida bajo

ninguna circunstancia, ni ser

utilizados en conflictos armados

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

o violentos.


DIF o los Sistemas de las

Entidades, deberán otorgar

medidas especiales de protección


que hayan sido separados de su

familia de origen por resolución

judicial.

(…)

I a IV. (…)

Artículo 26. (…)

(…)

I a IV. (…)

V. Sean colocados de manera V. Sean colocados, dadas las

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR



caso, en acogimiento residencial

brindado por centros de

asistencia social el menor tiempo

posible.

características específicas de

cada caso, en acogimiento

residencial brindado por centros

de asistencia social el menor

tiempo posible.

Esta medida especial de


subsidiario, relegando esta

medida de protección a un

carácter de último recurso,


cuidado en un entorno familiar.

(…)

(…)

Esta medida especial de


subsidiario, priorizando las


entorno familiar.

(…)

(…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR



disfrutar del más alto nivel

posible de salud, así como a

recibir la prestación de servicios

de atención médica gratuita y de

calidad de conformidad con la

legislación aplicable, con el fin de

prevenir, proteger y restaurar su

salud. Las autoridades federales,





sus respectivas competencias, en

relación con los derechos de

Artículo 50. (…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

niñas, niños y adolescentes, se

coordinarán a fin de:

I a X. (…) I a X. (…)

XI. Proporcionar asesoría y

orientación sobre el ejercicio

responsable de sus derechos

sexuales y reproductivos a niñas,

niños y adolescentes así como a



custodia;

XI. Proporcionar asesoría y

orientación sobre salud sexual

y reproductiva;

XII a XVIII. (…)

(…)

(…)

XII a XVIII. (…)

(…)

(…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

(…) (…)



tienen derecho a la igualdad

sustantiva y a disfrutar de los


presente Ley, la Constitución



internacionales y demás leyes

aplicables.

Artículo 53. (…)

SIN CORRELATIVO

Cuando exista duda o

percepción si una niña, niño

o adolescente es persona con

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

discapacidad, se presumirá

que es una niña, niño o

adolescente con

discapacidad.

Son niñas, niños o adolescentes

con discapacidad los que por

razón congénita o adquirida

presentan una o más deficiencias

de carácter físico, mental,

intelectual o sensorial, ya sea

permanente o temporal y que al

interactuar con las barreras que

le impone el entorno social,

pueda impedir su inclusión plena

y efectiva, en igualdad de

condiciones con los demás.

(…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

SIN CORRELATIVO

Las niñas, niños y

adolescentes con

discapacidad tienen derecho

a vivir incluidos en la

comunidad, en igualdad de

condiciones que las demás








realizarán acciones a fin de

sensibilizar a la sociedad, incluso

a nivel familiar, para que tome

Artículo 55. (…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

mayor conciencia respecto de las



respeto a sus derechos y

dignidad, así como combatir los

estereotipos y prejuicios respecto

de su discapacidad.

(…) (…)

I a IV. (…) I a IV. (…)


permitan la recopilación de

información y estadística de



adecuada formulación de políticas


permitan la recopilación

periódica y sistemática de

información y estadística de



de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

públicas en la materia.

adecuada formulación de

políticas públicas en la materia.

(…) (…)



una educación de calidad que

contribuya al conocimiento de sus

propios derechos y, basada en un

enfoque de derechos humanos y

de igualdad sustantiva, que

garantice el respeto a su dignidad

humana; el desarrollo armónico

de sus potencialidades y

personalidad, y fortalezca el

respeto a los derechos humanos

y a las libertades fundamentales,

Artículo 57. (…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

en los términos del artículo 3o. de


Estados Unidos Mexicanos, la Ley

General de Educación y demás


SIN CORRELATIVO



custodia, tendrán derecho a

intervenir en la educación

que habrá de darse a niñas,

niños y adolescentes, en

términos de lo previsto por el



entidades federativas,


(…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR




garantizarán la consecución de

una educación de calidad y la

igualdad sustantiva en el acceso

y permanencia en la misma, para

lo cual deberán:

I a XXI. (…)

(…)

I a XXI. (…)

(…)

Artículo 58. La educación,

además de lo dispuesto en las

disposiciones aplicables, tendrá

los siguientes fines:

Artículo 58. (…)

I a VII. (…) I a VII. (…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR


sexual integral, que contribuya al

desarrollo de competencias que

le permitan a niñas, niños y

adolescentes ejercer de manera

informada y responsable sus

derechos sexuales y

reproductivos;


sexual integral conforme a su

edad, el desarrollo evolutivo,

cognoscitivo y madurez, de


adolescentes que le permitan a


ejercer de manera informada y

responsable sus derechos

consagrados en la


Estados Unidos Mexicanos,

en las leyes y los Tratados

Internacionales de los que el

Estado Mexicano sea parte;

IX y X. (…) IX y X. (…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR










de radiodifusión y




control el concesionario o medio



niños o adolescentes cualquier







de radiodifusión y





de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

impreso del que se trate, sin que

obre autorización por escrito, o

por cualquier otro medio que

permita constatarla, de quienes

ejerzan la patria potestad, tutela

o guarda y custodia, o que aun




contraria a sus derechos o que

los ponga en riesgo, conforme al


niñez.

impreso del que se trate, que

menoscabe su honra o

reputación, sea contrario a sus

derechos o que los ponga en






Artículo 78. (…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR


sigue:

I.(…) I.(…)

II. (…) II. (…)

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

En el caso de que no sea

posible recabar el

consentimiento de quienes

ejerzan la patria potestad o

tutela de un adolescente,

éste podrá otorgarlo siempre

que ello no implique una

afectación a su derecho a la

privacidad por el menoscabo

a su honra o reputación.

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

No se requerirá el



tutela de niñas, niños o

adolescentes, cuando la

entrevista tenga por objeto

que éstos expresen

libremente, en el ejercicio de

su derecho a la libertad de

expresión, su opinión

respecto de los asuntos que

les afecten directamente,

siempre que ello no implique

una afectación a sus

derechos, en especial a su

honra y reputación.

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

Artículo 80. Los medios de



difundir, no pongan en peligro,

de forma individual o colectiva, la


vulneren el ejercicio de derechos


aun cuando se modifiquen, se

difuminen o no se especifiquen

sus identidades, y evitarán la

difusión de imágenes o noticias

que propicien o sean tendentes a

su discriminación, criminalización

o estigmatización, en


Artículo 80. (…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

aplicables.


establecido en el presente

artículo, niñas, niños o

adolescentes afectados, por

conducto de su representante

legal o, en su caso, de la



en representación sustituta,

podrá promover las acciones

civiles de reparación del daño,

presentar denuncias y querellas

en caso de posible

responsabilidad penal en los

términos que establezcan las








competente, actuando de oficio

o en representación sustituta,

podrá promover las acciones

civiles de reparación del daño e




seguimiento a los procedimientos

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

disposiciones aplicables, e iniciar

los procedimientos por la




hasta su conclusión.


(…) (…)







adolescentes, la Procuraduría de

Protección competente ejercerá

su representación coadyuvante.

En los procedimientos civiles o

administrativos que sean

iniciados o promovidos por







de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR











adolescentes estarán obligadas a

observar, cuando menos a:











adolescentes, de conformidad

con su edad, desarrollo

evolutivo, cognoscitivo y

grado de madurez estarán

obligadas a observar, cuando

menos a:

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

I. a X. (…) I. a X. (…)

XI. Destinar espacios lúdicos, de

descanso y aseo para niñas,


recintos en que se lleven a cabo

procedimientos en que deban

intervenir;

XI. Destinar espacios lúdicos de

descanso y aseo para niñas,


recintos en que se lleven a cabo

procedimientos en que deban

intervenir;

XII. (…) XII. (…)


garantizar el resguardo de la

intimidad y datos personales de



proteger a niñas, niños o

adolescentes de sufrimientos

durante su participación y

garantizar el resguardo de su

intimidad y datos personales.

Artículo 86. Las autoridades Artículo 86. (…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR







procedimientos jurisdiccionales

en que estén relacionadas niñas,

niños o adolescentes como

probables víctimas del delito o

testigos, de conformidad con su



tengan al menos los siguientes

derechos:

I.(…) I.(…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR



la manera más expedita, en

espacios lúdicos y condiciones

especiales, asistidos por un

profesional en derecho

especializado;



la manera más expedita,

asistidos por un profesional en

derecho y atendiendo a lo

dispuesto por la fracción XI

del artículo 83 de esta ley;

III. a VI. (…) III. a VI. (…)


competentes deberán observar

los procedimientos de atención y

protección especial de niñas,

niños y adolescentes migrantes,



disposiciones jurídicas aplicables,


competentes deberán observar

los procedimientos de atención y

protección especial de





de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

debiendo observar en todo

momento el principio del interés

superior de la niñez y los

estándares internacionales en la

materia.

disposiciones jurídicas aplicables,

debiendo observar en todo

momento el principio del interés

superior de la niñez y los

estándares internacionales en la

materia.

Artículo 108. Las instalaciones

de los centros de asistencia social

observarán los requisitos que

señale la Ley General de Salud, y


I a VII. (…)

Artículo 108. (…)

I a VII. (…)

SIN CORRELATIVO VIII. Procurar un entorno

que provea los apoyos

necesarios para que niñas,

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR


discapacidad vivan incluidos

en su comunidad.

SIN CORRELATIVO Niñas, niños y adolescentes

con discapacidad temporal o

permanente; sin distinción

entre motivo o grado de

discapacidad, no podrán ser

discriminados para ser

recibidos o permanecer en

los centros de asistencia

social.

Artículo 127. El Sistema

Nacional de Protección Integral

estará conformado por:


de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

A. a C. (…) A. a C. (…)

D (…) D (…)

(…) (…)

Serán invitados permanentes a

las sesiones del Sistema Nacional

de Protección Integral, los

Presidentes de las Mesas

Directivas de las Cámaras de

Diputados y Senadores del

Congreso de la Unión, así como

representantes de las

asociaciones de municipios,

legalmente constituidas, quienes

intervendrán con voz pero sin

voto.

Serán invitados permanentes a

las sesiones del Sistema Nacional

de Protección Integral, los

Presidentes de las Mesas

Directivas de las Cámaras de

Diputados y Senadores del

Congreso de la Unión, un

representante del Poder

Judicial de la Federación, así

como representantes de la

Comisión Nacional de

Tribunales Superiores de

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

Justicia de los Estados

Unidos Mexicanos, las

asociaciones de municipios,

legalmente constituidas, quienes

intervendrán con voz pero sin

voto.

(…) (…)

(…) (…)

(…) (…)

(…) (…)

Artículo 148. En el ámbito

federal, constituyen infracciones

a la presente Ley:


I a III. (…) I a III. (…)

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

IV. Respecto de los


televisión y de quien dirija medios

impresos, la violación a la

intimidad personal o familiar de

niñas, niños o adolescentes, sin la



IV. Respecto de los



medios impresos, la violación a

la intimidad personal o familiar

de niñas, niños o adolescentes, a

que se refiere el artículo 77 de

esta Ley;

V a IX. (…) V a IX. (…)


en las infracciones previstas en

las fracciones I, II y VIII del

artículo anterior, se les impondrá

multa de hasta mil quinientos

días de salario mínimo general

vigente en el Distrito Federal al


de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

momento de realizarse la

conducta sancionada.

(…) (…)

(…) (…)

En casos de reincidencia, la multa

podrá aplicarse hasta por el doble

de lo previsto en este artículo. Se

entiende por reincidencia que el

mismo infractor incurra en dos o

más violaciones del mismo

precepto legal durante el

transcurso de un año, contado a

partir de la fecha de la primera

infracción.

En casos de reincidencia, la

multa podrá aplicarse hasta por

el doble de lo previsto en este

artículo. Se considerará

reincidente al que:

a) Habiendo incurrido en

una infracción que haya

sido sancionada, realice

otra violación del mismo

precepto de esta Ley;

b) Al inicio del segundo o

de 713






SENADO


2014

DICE




DEBE DECIR

ulterior procedimiento

exista resolución previa

que haya causado estado,

y

c) Que entre el inicio del

procedimiento y la

resolución que haya

causado estado no haya

transcurrido más de diez

años.

III. CONSIDERACIONES

A. GENERALES

de 713





Estas comisiones dictaminadoras se congratulan de las mayoritarias

coincidencias de la Colegisladora con el proyecto confeccionado en el

Senado de la República, porque constituyen un reconocimiento

implícito a las prácticas democráticas que en su hechura fueron

consideradas en esta Cámara. El respaldo general de la Cámara de

Diputados al proyecto de origen abona, sin duda, a garantizar los

derechos de un sector de la población tan importante, por su número,

como por su condición de vulnerabilidad, y que durante muchos lustros

no ha sido atendido como se demanda de un Estado democrático.

Para estas Comisiones dictaminadoras resulta plausible el trabajo

realizado por la Colegisladora que tuvo a bien mantener las

motivaciones y los objetivos de la Minuta de la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esfuerzo que se vio

coronado con las votaciones favorables de la mayoría de los

legisladores de todos los grupos parlamentarios que la conforman.

Sin duda, resulta comprensible que la Cámara revisora hiciese las

modificaciones que estimó necesarias, puesto que la tarea legislativa

reviste una dinámica mancomunada de apertura, de discusión,

concertación y definición.

de 713





No obstante que las modificaciones propuestas por la revisora suman

un porcentaje que ronda el diez por ciento del articulado del Decreto

remitido como Minuta por la Cámara de origen, es obligación de estas

Comisiones Unidas ceñirse a las disposiciones reglamentarias y revisar

a fondo cada enmienda aprobada por el Pleno de la Cámara de

Diputados, a fin de resolver objetivamente.

B. MODIFICACIONES EFECTUADAS POR LA COLEGISLADORA

PRIMERA

Modificación al artículo 13

En el tema de los Derechos de niñas, niños y adolescentes,

notorio resulta que la Revisora haya propuesto la inserción del derecho

de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a los

servicios de radiodifusión, incluidas la banda ancha2y el internet3 —

2Banda ancha: Acceso de alta capacidad que permite ofrecer diversos servicios convergentes a través de infraestructura de red fiable, con

independencia de las tecnologías empleadas, cuyos parámetros serán actualizados por el Instituto periódicamente (Artículo 3, fracción V, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión) 3Internet: Conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo, interconectadas entre sí, que proporciona diversos

servicios de comunicación y que utiliza protocolos y direccionamiento coordinados internacionalmente para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes de datos de cada uno de los servicios. Estos protocolos y direccionamiento garantizan que las redes físicas que en conjunto

componen Internet funcionen como una red lógica única (Artículo 3, fracción XXXII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión)

de 713





adicionando la fracción XX—, sin desarrollar un capítulo específico para

este fin.

Pese a ello, la Colegisladora tuvo el cuidado de correlacionar esta

fracción propuesta con lo dispuesto en la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión, recientemente expedida4, la cual

a su vez está estrechamente ligada a la reforma constitucional en la

materia.

Con el objeto de precisar e ilustrar a qué se refiere la Revisora es

conveniente exponer brevemente los contenidos tanto de la reforma

constitucional como de las leyes secundarias sobre telecomunicaciones

y radiodifusión. Lo anterior con el fin de dejar asentado en qué

consiste ese derecho, trascribiendo partes de los citados

ordenamientos.

Reforma Constitucional

El antecedente de la expedición de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión fue la reforma constitucional

publicada en el Diario Oficial del Federación, el 11 de julio de 2013.

4Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado

Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (DOF: 14/07/2014)

de 713





Al respecto, se adicionó el párrafo tercero al artículo 6º con el

propósito de dejar establecido que el Estado mexicano deberá

garantizar a todos sus ciudadanos el derecho de acceso a las

tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios

de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e

internet.

Con esos fines, se dispuso que en materia de radiodifusión y

telecomunicaciones5:

El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad

de la información y el conocimiento, mediante una política de

inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general,

por lo que el Estado garantizará que sean prestados en

condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura

universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre

y sin injerencias arbitrarias.

La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo

que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de

5Diario oficial de la Federación. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94

y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 11 de junio de 2013, primera sección.

de 713





competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda

la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la

información, así como el fomento de los valores de la identidad

nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o.

de esta Constitución.

La ley establecerá un organismo público descentralizado con

autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que

tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de

lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de

personas en cada una de las entidades de la Federación, a

contenidos que promuevan la integración nacional, la formación

educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres,

la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz

del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras

de producción independiente, así como a la expresión de la

diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la

vida democrática de la sociedad.

La ley establecerá los derechos de los usuarios de

telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos

para su protección.

de 713





En ella se estableció que —en el décimo primer artículo transitorio—,

corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el organismo

público descentralizado, la facultad de vigilar que la publicidad en radio

y televisión sea equilibrada, en cuanto a los tiempos máximos

permitidos en la ley correspondiente.

Se dispuso también que en la ley secundaria se debería asegurar que

la programación dirigida a la población infantil respete los valores y

principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución6, así como

las normas en materia de salud7 , y que se asienten los lineamientos

específicos que regulen la publicidad pautada en la programación

destinada al público infantil. El Instituto contará con facultades para

supervisar su cumplimiento.

Igualmente, en el artículo Décimo cuarto transitorio de determinó que

el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital

universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de

infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la

información y comunicación, y habilidades digitales, así como los

programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la

6Tales como el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la

justicia, entre otros. 7En concordancia con el Artículo 22 bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

de 713





inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y

Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y

contenidos digitales, entre otros aspectos.

Contenido de declaraciones, resoluciones, informes y otros

documentos de carácter internacional

El contenido de la reforma constitucional va de la mano de

declaraciones, resoluciones o informes de diversos organismos

internacionales, ligados al tema, tales como:

Resolución 66/184 sobre las tecnologías de la información y

las comunicaciones para el desarrollo8. Aprobada por la Asamblea

General el 22 de diciembre de 2011, durante el Sexagésimo sexto

período de sesiones de la Asamblea General.

Reconoce que las tecnologías de la información y las

comunicaciones tienen el potencial de brindar nuevas soluciones

a los problemas del desarrollo, en particular en el contexto de la

globalización, y pueden promover el crecimiento económico

sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, la

8http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/184&Lang=S. Consultada el 28 de octubre de 2014.

de 713





competitividad, el acceso a la información y los conocimientos, la

erradicación de la pobreza y la inclusión social, factores que

contribuirán a acelerar la integración de todos los países,

especialmente los países en desarrollo y en particular los países

menos adelantados, en la economía global.

Informe del Relator Especial sobre la promoción y la

protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión9

(A/66/290. Presentado durante el sexagésimo sexto período de

sesiones, el 10 de agosto de 2011, de la Asamblea General.

Internet se ha convertido en uno de los vehículos más

importantes que permite a los ciudadanos ejercer su derecho a la

libertad de opinión y de expresión, y puede desempeñar un papel

importante en la promoción de los derechos humanos, la

participación democrática, la rendición de cuentas, la

transparencia y el desarrollo económico.

Los Estados están obligados a garantizar el libre flujo de ideas e

información y el derecho a solicitar y recibir, así como difundir,

información e ideas a través de Internet. Los Estados también

están obligados por el derecho internacional a prohibir en su

9http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=85.Consultada el 28 de octubre de 2014.

de 713





legislación penal los siguientes tipos de contenido: a) la

utilización de niños en la pornografía, b) la instigación directa y

pública a cometer genocidio, c) la apología del odio nacional,

racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la

hostilidad o la violencia, y d) la incitación al terrorismo. Sin

embargo, el Relator Especial recuerda a todos los Estados que

cualquiera de esas leyes también debe cumplir con los tres

criterios de las restricciones al derecho a la libertad de expresión,

es decir, la prescripción por ley de forma inequívoca; la

búsqueda de un fin legítimo y el respeto a los principios de

necesidad y proporcionalidad.

El Relator Especial subraya que el acceso a la información, la

capacidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión y la

participación de todos los sectores de la sociedad logrados

gracias a Internet es esencial para una sociedad verdaderamente

democrática.

Por otra parte, como Internet es esencial para facilitar el disfrute

del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como

otros derechos, como la educación, la libertad de asociación y

reunión, la participación ciudadana y el desarrollo económico y

social, el Relator Especial considera que es, no solo importante,

sino imperativo que los Estados adopten políticas y estrategias

de 713





efectivas y concretas, en consulta con las personas de todos los

segmentos de la sociedad, incluido el sector privado y los

ministerios gubernamentales pertinentes, para que Internet esté

ampliamente disponible y sea accesible y asequible para todos,

basado en los principios de no discriminación de ningún tipo,

incluso por motivos de raza, color, sexo, idioma, discapacidad,

origen económico, o cualquier otra condición.

En particular, el Relator Especial recomienda que los Estados

adopten medidas dinámicas para garantizar que se disponga de

conectividad a Internet a nivel individual o comunitario en todos

los lugares habitados del Estado, mediante iniciativas con el

sector privado, incluso en zonas distantes o rurales. Estas

medidas abarcan la adopción y aplicación de políticas que

faciliten el acceso a la conexión a Internet y el equipo de bajo

costo, en particular en zonas distantes y rurales, e incluso la

subvención del servicio, si es necesario.

Dado el creciente volumen del contenido multimedios en línea,

los Estados deben también promover y alentar el acceso de

banda ancha.

En el plano internacional, el Relator Especial reitera su

llamamiento a los Estados, en particular los Estados

desarrollados, para que cumplan su compromiso expresado,

de 713





entre otras cosas, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de

facilitar la transferencia de tecnología a los Estados en desarrollo,

e integrar programas eficaces para facilitar el acceso universal a

Internet en sus políticas de desarrollo y asistencia.

Resolución A/HRC/20/L.13, Promoción, protección y disfrute

de los derechos humanos en Internet10, aprobada el 5 de julio

2012, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en

vigésimo período de sesiones.

En esta resolución se determina que:

Los derechos de las personas también deben estar protegidos en

Internet, en particular la libertad de expresión, que es aplicable

sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que

se elija, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos;

Se reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como

fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el

desarrollo en sus distintas formas;

10

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280 .Consultada el 28 de octubre de 2014.

de 713





Se exhorta a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a

Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo

de los medios de comunicación y los servicios de información y

comunicación en todos los países;

Se alienta a los procedimientos especiales a que tengan estas

cuestiones en cuenta en sus mandatos actuales, según proceda;

Se decide seguir examinando la promoción, la protección y el

disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la

libertad de expresión, en Internet y en otras tecnologías, así

como la forma en que Internet puede ser un importante

instrumento para el desarrollo y para el ejercicio de los derechos

humanos, de conformidad con su programa de trabajo.

Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet11

(del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de

Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los

Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la

Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización

de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la

Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la

11

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849. Consultada el 28 de octubre de 2014.

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849

de 713





Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los

Pueblos (CADHP), de 2011.

En este documento se plantea que:

Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal

a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la

libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario

para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la

educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de

reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.

Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal

a Internet, por lo que mínimamente deberán:

Establecer mecanismos regulatorios —que contemplen regímenes

de precios, requisitos de servicio universal y acuerdos de

licencia— para fomentar un acceso más amplio a Internet,

incluso de los sectores pobres y las zonas rurales más alejadas.

Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación

de centros comunitarios de tecnologías de la información y la

comunicación (TIC) y otros puntos de acceso público.

de 713





Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los

beneficios que puede reportar, especialmente entre sectores

pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas.

Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a

Internet para personas con discapacidad y los sectores menos

favorecidos.

A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados

deberían adoptar planes de acción detallados de varios años de

duración para ampliar el acceso a Internet, que incluyan

objetivos claros y específicos, así como estándares de

transparencia, presentación de informes públicos y sistemas de

monitoreo.

Resolución A/RES/67/195, las tecnologías de la información y

las comunicaciones para el desarrollo12, aprobada el 21 de

diciembre de 2012, durante el sexagésimo séptimo período de sesiones

de la Asamblea General:

Reconoce que las tecnologías de la información y las

comunicaciones tienen el potencial de brindar nuevas soluciones

a los problemas del desarrollo, en particular en el contexto de la

12

http://www.un.org/es/ga/67/resolutions.shtml. Consultada el 28 de octubre de 2014.

http://www.un.org/es/ga/67/resolutions.shtml

de 713





globalización, y pueden promover el crecimiento económico

sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, la

competitividad, el acceso a la información y los conocimientos, la

erradicación de la pobreza y la inclusión social, factores que

contribuirán a acelerar la integración de todos los países,

especialmente los países en desarrollo y en particular los países

menos adelantados, en la economía global;

Reconoce que la disparidad entre los géneros forma parte de la

brecha digital, y alienta a todos los interesados a que velen por

la plena participación de las mujeres en la sociedad de la

información y porque las mujeres tengan acceso a las

tecnologías de la información y las comunicaciones y las utilicen,

a fin de contribuir a su empoderamiento y beneficio generales, y

a ese respecto recuerda las conclusiones convenidas por la

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 55°

período de sesiones;

Destaca también el importante papel que desempeñan los

gobiernos en la formulación de sus políticas públicas nacionales y

en el suministro de servicios públicos que respondan a las

necesidades y prioridades nacionales, entre otras cosas,

aprovechando efectivamente las tecnologías de la información y

las comunicaciones, en particular con un enfoque que fomente la

de 713





participación de múltiples interesados, para apoyar los esfuerzos

nacionales de desarrollo;

Informe del Relator Especial sobre la promoción y la

protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión

(A/HRC/17/27). Presentado durante el 17º período de sesiones del

Consejo de Derechos Humanos 17º período de sesiones, del 16 de

mayo de 2011:

El acceso a Internet presenta dos dimensiones: el acceso al

contenido en línea sin restricciones, excepción hecha de unos

pocos casos previstos en el derecho internacional de los derechos

humanos; y la disponibilidad de las necesarias infraestructuras y

tecnologías de la información y las comunicaciones, como cables,

módems, ordenadores y programas informáticos, para acceder

en un principio a Internet.

En cuanto medio por el que puede ejercerse el derecho a la

libertad de expresión, Internet solo puede responder a su

finalidad si los Estados asumen su voluntad de elaborar políticas

eficaces para obtener el acceso universal a Internet. A falta de

políticas y planes de acción concretos, Internet pasará a ser un

de 713





instrumento tecnológico al que solo podrá acceder una

determinada élite, con lo cual se perpetuará la "brecha digital".

El Relator Especial recalca la obligación de los Estados de adoptar

leyes eficaces de protección de la intimidad y los datos de

conformidad con el artículo 17 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos y la Observación general Nº 16 del

Comité de Derechos Humanos, con inclusión de leyes que

garanticen claramente el derecho de toda persona a verificar de

forma inteligible si hay datos personales suyos almacenados en

archivos automáticos de datos y, en caso afirmativo, a obtener

información sobre cuáles son esos datos y con qué fin se han

almacenado, así como qué autoridades públicas o qué

particulares u organismos privados controlan o pueden controlar

esos archivos.

Contenido de las leyes secundarias en materia de

telecomunicaciones

En primer término, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión13, en el artículo 2, se señala que las telecomunicaciones

13

Diario Oficial del Federación, 14 de julio de 2014; edición vespertina.

de 713





y la radiodifusión son servicios públicos de interés general, por lo que

en la prestación de dichos servicios estará prohibida toda

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En ese orden, en la fracción XLIII del artículo 3 se incluyó la definición

de Política de inclusión digital universal, a fin de cerrar la brecha

digital prevaleciente:

Política de inclusión digital universal: Conjunto de

programas y estrategias emitidos por el Ejecutivo Federal

orientadas a brindar acceso a las tecnologías de la

información y la comunicación, incluyendo el Internet de

banda ancha para toda la población, haciendo especial

énfasis en sus sectores más vulnerables, con el propósito

de cerrar la brecha digital existente entre individuos,

hogares, empresas y áreas geográficas de distinto nivel

socioeconómico, respecto a sus oportunidades de acceso a

las tecnologías referidas y el uso que hacen de éstas;

de 713





Por derivación, la fracción XXXI del artículo 15, prevé que al Instituto

Federal de Telecomunicaciones, le corresponda contribuir al logro de la

política de inclusión digital universal:

XXXI. Realizar las acciones necesarias para contribuir, en el

ámbito de su competencia, al logro de los objetivos de la

política de inclusión digital universal y cobertura universal

establecida por el Ejecutivo Federal; así como a los

objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo

y los demás instrumentos programáticos relacionados con

los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones;

Por añadidura, los derechos de las audiencias están previstos en

los artículos 256, 257, 259, 261 y 262.

Sobre el tema de las audiencias, en el artículo 256, se establece que el

servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en

condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los

derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones

brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y

veracidad de la información, además de fomentar los valores de la

de 713





identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de

los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución.

Al respecto se señala que son derechos de las audiencias:

Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político,

social y cultural y lingüístico de la Nación;

Recibir programación que incluya diferentes géneros que

respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y

opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad;

Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la

opinión de quien la presenta;

Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el

contenido de un programa;

Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con

oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos

parentales;

Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley

reglamentaria;

Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video

durante la programación, incluidos los espacios publicitarios;

de 713





En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida

toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los

derechos y libertades de las personas;

El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la

niñez, la igualdad de género y la no discriminación.

Para proteger los derechos de las audiencias, los concesionarios de

radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán expedir

Códigos de Ética, los cuales deberán sujetarse a los lineamientos que

emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y asegurar el

cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de

recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos

sexto y séptimo de la Constitución.

Cabe destacar que los lineamientos que emita el Instituto deberán

garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social

cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática,

de 713





libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus

contenidos.

La ley también aborda los derechos de las audiencias con

discapacidad. En el artículo 257, se establece que el Ejecutivo

Federal y el Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia,

promoverán condiciones para que las audiencias con discapacidad,

tengan acceso a los servicios de radiodifusión, en igualdad de

condiciones con las demás audiencias.

Así, en el artículo 258 se plantea que las audiencias con discapacidad

gozarán de diversos derechos a fin de que exista una igualdad real de

oportunidades:

Contar con servicios de subtitulaje, doblaje al español y lengua

de señas mexicana para accesibilidad a personas con debilidad

auditiva. Estos servicios deberán estar disponibles en al menos

uno de los programas noticiosos de mayor audiencia a nivel

nacional;

A que se promueva el reconocimiento de sus capacidades,

méritos y habilidades, así como la necesidad de su atención y

respeto;

de 713





A contar con mecanismos que les den accesibilidad para expresar

sus reclamaciones, sugerencias y quejas a los defensores de las

audiencias, siempre y cuando no represente una carga

desproporcionada o indebida al concesionario, y

Acceso a la guía de programación a través de un número

telefónico o de portales de Internet de los concesionarios en

formatos accesibles para personas con discapacidad.

Además, la ley establece la existencia de la Defensoría de

Audiencia; para ello, el artículo 259, dispone que:

Los concesionarios que presten servicio de radiodifusión deberán

contar con una defensoría de audiencia, que podrá ser del mismo

concesionario, conjunta entre varios concesionarios o a través de

organismos de representación; que el defensor de la audiencia

será el responsable de recibir, documentar, procesar y dar

seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones

o señalamientos de las personas que componen la audiencia.

El Instituto deberá expedir lineamientos de carácter general que

establezcan las obligaciones mínimas que tendrán los defensores

de las audiencias para la adecuada protección de sus derechos.

de 713





Cada concesionario que preste servicio de radiodifusión fijará el

periodo de encargo del defensor de la audiencia, el que podrá

ser prorrogable por dos ocasiones.

La actuación de los defensores de las audiencias se ajustará a los

criterios de imparcialidad e independencia, cuya prioridad será la

de hacer valer los derechos de las audiencias, según los códigos

de ética que haya firmado o a los que se haya adherido cada

concesionario.

Los defensores de las audiencias y los códigos de ética deberán

inscribirse en el Registro Público de Concesiones, mismos que

estarán a disposición del público en general.

Los defensores de audiencia determinarán los mecanismos para

la difusión de su actuación, entre los cuales podrán optar por

correo electrónico, páginas electrónicas o un número telefónico,

las cuales deberán contar con funcionalidades de accesibilidad

para audiencias con discapacidad, siempre y cuando no implique

una carga desproporcionada.

En abundancia, el artículo 261, señala que:

El defensor de la audiencia atenderá las reclamaciones,

sugerencias y quejas de las audiencias sobre contenidos y

de 713





programación, implementando mecanismos para que las

audiencias con discapacidad tengan accesibilidad.

Los radioescuchas o televidentes deberán formular sus

reclamaciones por escrito e identificarse con nombre, apellidos,

domicilio, teléfono y correo electrónico, a fin de que reciban una

respuesta individualizada. Asimismo, deberán presentar sus

reclamaciones o sugerencias en un plazo no superior a siete días

hábiles posteriores a la emisión del programa objeto de la

misma.

Recibidas las reclamaciones, quejas o sugerencias, el defensor

las tramitará en las áreas o departamentos responsables,

requiriendo las explicaciones que considere pertinentes.

El defensor responderá al radioescucha o televidente en un plazo

máximo de veinte días hábiles aportando las respuestas recibidas

y, en su caso, con la explicación que a su juicio merezca.

La rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva

que en su caso corresponda, deberá ser clara y precisa. Se

difundirá dentro de un plazo de veinticuatro horas, en la página

electrónica que el concesionario de radiodifusión publique para

dichos efectos.

de 713





En cuanto a programación y publicidad en los medios, orientada al

público infantil, la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

incluyó importantes precisiones.

Es el caso del artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión (LFTR), donde se dispuso que el Instituto Federal de

Telecomunicaciones tuviese entre otras atribuciones la de supervisar la

programación dirigida al público infantil, ordenar la suspensión de las

trasmisiones que violenten las normas e informar a las Secretarías de

Salud y de Gobernación acerca de los resultados de las supervisiones.

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones

corresponde al Instituto:

(…)

LX. Supervisar que la programación dirigida a la población

infantil respete los valores y principios a que se refiere el

artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de

salud y los lineamientos establecidos en esta Ley que

regulan la publicidad pautada en la programación destinada

al público infantil, con base en las disposiciones

reglamentarias emitidas por las autoridades competentes;

de 713





LXI. Ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones

que violen las normas previstas en esta Ley en las materias

a que se refieren las fracciones LIX y LX de este artículo,

previo apercibimiento;

LXII. Informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de

Gobernación, los resultados de las supervisiones realizadas

en términos de la fracción LX de este artículo, para que

éstas ejerzan sus facultades de sanción, y

Más aún, en el artículo Trigésimo sexto transitorio se facultó al

Instituto a realizar un estudio para determinar el establecimiento de

mecanismos que promuevan la inclusión de una barra programática

infantil:

TRIGÉSIMO SEXTO. El Instituto Federal de

Telecomunicaciones dentro de los 180 días posteriores a la

entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar los

estudios correspondientes para analizar si resulta necesario

establecer mecanismos que promuevan e incentiven a los

concesionarios a incluir una barra programática dirigida al

público infantil en la que se promueva la cultura, el

deporte, la conservación del medio ambiente, el respeto a

de 713





los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la

igualdad de género y la no discriminación.

En lo concerniente a los contenidos audiovisuales, el artículo 216

reitera lo establecido en el artículo 15, fracciones LX, LXI y LXII, por

cuanto a las tareas de supervisión, suspensión y colaboración con otras

dependencias públicas, a fin de salvaguardar los principios de no

discriminación, perspectiva de género e interés superior de la niñez.

Se advierte que en el último párrafo se precisa que el Instituto podrá

celebrar convenios de colaboración con dependencias u órganos

federales con propósito de cumplir con la responsabilidad de supervisar

que la programación dirigida a los infantes se apegue a lo dispuesto en

la Ley.

Artículo 216. Corresponde al Instituto:

I. Vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos

máximos establecidos para la transmisión de mensajes

comerciales establecidos en esta Ley;

de 713





II. Vigilar y sancionar las obligaciones en materia de

defensa de las audiencias de acuerdo con lo señalado por

esta Ley;

III. Supervisar que la programación dirigida a la población

infantil respete los valores y principios a que se refiere el

artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de

salud y los lineamientos establecidos en esta Ley que

regulan la publicidad pautada en la programación destinada

al público infantil, con base en las disposiciones

reglamentarias emitidas por las autoridades competentes;

IV. Ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones

que violen las normas previstas en esta Ley en las materias

a que se refieren las fracciones II y III, previo

apercibimiento, y

V. Informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de

Gobernación, los resultados de las supervisiones realizadas

en términos de la fracción III, para que éstas ejerzan sus

facultades de sanción.

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III del presente

artículo, podrá celebrar convenios de colaboración con

Dependencias u órganos federales.

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La citada Ley, en su artículo 217, dispone que a la Secretaría de

Gobernación le corresponde, verificar las trasmisiones, establecer

lineamientos que regulen la publicidad en la programación destinada al

público infantil, y con base en las verificaciones del Instituto imponer

las sanciones correspondientes.

VIII. Verificar que las transmisiones de radio y televisión

cumplan con los criterios de clasificación, que se emitan en

términos de la presente Ley, incluidos aquellos relativos a

la programación dirigida a la población infantil, de

conformidad con los lineamientos que emita en términos de

la presente Ley;

IX. Con base en los resultados de la supervisión que realice

el Instituto, imponer las sanciones establecidas en esta Ley

por el incumplimiento a los lineamientos que regulen la

programación y publicidad pautada destinada al público

infantil;

X. Establecer lineamientos específicos que regulen la

publicidad pautada en la programación destinada al público

infantil, a fin de asegurar los valores y principios a que se

refiere el artículo 3o. de la Constitución, y

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El último párrafo de dicho artículo, acota esas atribuciones, al

establecer que la Secretaría de Gobernación deberá respetar los

derechos a la manifestación de las ideas, libertad de información y de

expresión y no podrá realizar ninguna censura previa.

Asimismo, la Ley dispone que a la Secretaría de Salud le corresponda

establecer las normas en materia de salud para la programación

destinada al público infantil:

Artículo 219. Corresponde a la Secretaría de Salud:

IV. Establecer las normas en materia de salud para la

programación destinada al público infantil.

V. Con base en los resultados de la supervisión realizada

por el Instituto, imponer las sanciones por el

incumplimiento de las normas que regulen la programación

y la publicidad pautada dirigida a la población infantil en

materia de salud (…)

Tocante a las disposiciones comunes para contenidos en los medios, se

establece que le derecho a la información, de expresión y de recepción

de contenidos es libre por lo que son será objeto de alguna

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persecución ni censura. En ese tenor se prevé que las autoridades, en

el ámbito de su competencia, promuevan los derechos humanos, el

principio del interés superior de la niñez y la perspectiva de género.

Artículo 222. El derecho de información, de expresión y

de recepción de contenidos a través del servicio público de

radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y

consecuentemente no será objeto de ninguna persecución

o investigación judicial o administrativa ni de limitación

alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de

la Constitución, los tratados internacionales y las leyes

aplicables.

Las autoridades en el ámbito de su competencia

promoverán el respeto a los derechos humanos, el principio

del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de

manera plena sus derechos, así como la perspectiva de

género.

En el artículo 223 se trazan una serie de objetivos que se deben

propiciar desde la programación que se difunda, tales como la

integración familiar, el desarrollo armónico de la niñez, la igualdad

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entre mujeres y hombres, la divulgación del conocimiento científico,

entre otros.

Artículo 223. La programación que se difunda a través de

radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco

de la libertad de expresión y recepción de ideas e

información, deberá propiciar:

I. La integración de las familias;

II. El desarrollo armónico de la niñez;

III. El mejoramiento de los sistemas educativos;

IV. La difusión de los valores artísticos, históricos y

culturales;

V. El desarrollo sustentable;

VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad

nacional;

VII. La igualdad entre mujeres y hombres;

VIII. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y

IX. El uso correcto del lenguaje.

Por su parte, en el artículo 226, se establece que toda programación

dirigida a la infancia debe apegarse a una serie de estándares en

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caminados a fortalecer los valores culturales, éticos y sociales, evitar

trasmisiones contrarias a la paz, la no discriminación y de respeto a la

dignidad humana, entre otros.

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo

armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así

como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos

planteados en el artículo 3o. constitucional y otros

ordenamientos legales, la programación radiodifundida

dirigida a este sector de la población deberá:

I. Difundir información y programas que fortalezcan los

valores culturales, éticos y sociales;

II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz,

no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las

personas;

III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la

violencia;

IV. Informar y orientar sobre los derechos de la infancia;

V. Promover su interés por la comprensión de los valores

nacionales y el conocimiento de la comunidad

internacional;

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VI. Estimular su creatividad, así como su interés por la

cultura física, la integración familiar y la solidaridad

humana;

VII. Propiciar su interés por el conocimiento,

particularmente en aspectos científicos, artísticos y

sociales;

VIII. Fomentar el respeto a los derechos de las personas

con discapacidad;

IX. Promover una cultura ambiental que fomente la

conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del

medio ambiente;

X. Estimular una cultura de prevención y cuidado de la

salud;

XI. Proporcionar información sobre protección contra todo

tipo de explotación infantil y de trata de personas;

XII. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de

opiniones;

XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre

de violencia;

XIV. Proteger la identidad de las víctimas de delitos

sexuales, y

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XV. Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la

utilización y difusión de contenidos pornográficos.

Los programas infantiles que se transmitan en vivo, los

grabados en cualquier formato en el país o en el

extranjero, los tiempos de Estado, así como, en su caso,

aquellos previstos en otras disposiciones aplicables,

deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones

anteriores.

Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o

de televisión y audio restringidos y los programadores, en

relación con sus respectivos contenidos, adoptarán las

medidas oportunas para advertir a la audiencia de

contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la

personalidad de niñas, niños y adolescentes.

Sobre la clasificación de los programas, el artículo 228 dispone que:

Artículo 228. Los concesionarios que presten servicios de

radiodifusión o de televisión y audio restringidos y los

programadores, en relación con sus respectivos contenidos,

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deberán hacer del conocimiento del público la clasificación

y advertir sobre determinados contenidos que puedan

resultar impropios o inadecuados para los menores, de

conformidad con el sistema de clasificación de contenidos

de programas y películas cinematográficas que se

establezca en las disposiciones reglamentarias.

Sobre la publicidad hacia niñas, niños y adolescentes, en el artículo

246 se dispusieron diversas condicionantes:

Artículo 246. En la publicidad destinada al público infantil

no se permitirá:

I. Promover o mostrar conductas ilegales, violentas o que

pongan en riesgo su vida o integridad física, ya sea

mediante personajes reales o animados;

II. Mostrar o promover conductas o productos que atenten

contra su salud física o emocional;

III. Presentar a niñas, niños o adolescentes como objeto

sexual

IV. Utilizar su inexperiencia o inmadurez para persuadirlos

de los beneficios de un producto o servicio. No se permitirá

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exagerar las propiedades o cualidades de un producto o

servicio ni generar falsas expectativas de los beneficios de

los mismos;

V. Incitar directamente a que compren o pidan la compra o

contratación de un producto o servicio;

VI. Mostrar conductas que promuevan la desigualdad entre

hombres y mujeres o cualquier otra forma de

discriminación;

VII. Presentar, promover o incitar conductas de acoso e

intimidación escolar que puedan generar abuso sexual o de

cualquier tipo, lesiones, robo, entre otras, y

VIII. Contener mensajes subliminales o subrepticios.

Por otro lado, estas Comisiones Unidas tienen presente que junto con

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, también el

Congreso aprobó la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del

Estado Mexicano14en la cual el tema que nos ocupa es tratado de la

siguiente manera.

Artículo 7. El Sistema tendrá como principios rectores:

(…)

14

Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; Diario oficial del Federación, 14 de julio de 2014; edición vespertina.

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XIII. Preservar los derechos de los menores, y

(…)

Artículo 11. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema

tendrá las siguientes atribuciones:

(…)

IV. Realizar, promover y coordinar la generación,

producción, difusión y distribución de materiales y

contenidos audiovisuales que promuevan el respeto a los

derechos humanos, el interés superior de la niñez, la

igualdad y la no discriminación, por sí mismo o a través de

terceros;

Conclusión

En suma, la reforma estructural en materia de

telecomunicaciones y radiodifusión —publicada en el Diario Oficial

de la Federación los días 11 de junio de 2013 y 14 de julio de 2014—

es inherente a los principios rectores de no discriminación, perspectiva

de género, interés superior de la niñez y el respeto a los derechos

humanos, y se apega a una serie de resoluciones, declaraciones,

informes y convenciones de carácter internacional, que recomiendan a

los estados garantizar los derechos de acceso a las tecnologías de la

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información y comunicación, de información, de libre expresión

etcétera.

En ella:

Se establece que el Estado mexicano deberá garantizar a todos

sus ciudadanos el derecho de acceso a las tecnologías de la

información y comunicación, así como a los servicios de

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e

internet (artículo sexto constitucional).

Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de

la información y el conocimiento, mediante una política de

inclusión digital universal con metas anuales y sexenales (artículo

sexto constitucional)

Estado garantizará que los servicios de telecomunicaciones sean

prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad,

cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad,

acceso libre y sin injerencias arbitrarias (artículo sexto

constitucional).

El Estado garantizará que la radiodifusión sea prestado en

condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de

la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la

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veracidad de la información, así como el fomento de los valores

de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos

en el artículo 3o. de esta Constitución (artículo sexto

constitucional).

El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión

digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en

materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad,

tecnologías de la información y comunicación, y habilidades

digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y

datos abiertos (artículo décimo cuarto transitorio, DOF 11-06-

2013).

Y porque, en cuanto a las audiencias infantiles se determinó que:

En la ley secundaria se garantizará que la programación dirigida

a la población infantil respete los valores y principios asentados

en el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de

salud, y que se establezcan los lineamientos específicos que

regulen la publicidad pautada en la programación destinada al

público infantil; quedando en manos del Instituto la tarea de

realizar las supervisiones correspondientes (artículo décimo

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primero transitorio de la reforma Constitucional; fracción LX del

artículo 15 de la LFTR).

Se facultó al Instituto para ordenar suspensiones precautorias

cuando las transmisiones violen la ley (fracción LXI de la LFTR).

Se facultó al Instituto para informar a las secretarías federales de

Salud y de Gobernación a fin de darles cuenta de los resultados

de las supervisiones realizadas, a efecto de aplicar las sanciones,

de ser el caso (fracción LXII de la LFTR).

Se facultó al Instituto para hacer un estudio acerca de promover

entre los concesionarios la inclusión de una barra programática

infantil que impulse la cultura, el deporte, la conservación

ambiental, el respeto a los derechos humanos, el interés superior

de la niñez, la igualdad y la no discriminación (artículo trigésimo

sexto transitorio de la reforma secundaria).

En lo que toca a publicidad, el artículo 246 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), prohíbe: mostrar o

promover conductas ilegales, violentas, o que atenten contra su

vida o su integridad física; presentar a infantes como objetos

sexuales; incitar a la compra o contratación de un servicio;

mostrar conductas discriminatorias; mostrar o promover

conductas o productos que afecten su salud física o emocional,

entre otras.

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Entre los derechos de las audiencias se señala el respeto de los

derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de

género y la no discriminación (artículo 256, fracción IX, de la

LFTR).

En lo concerniente a las atribuciones de la Secretaría de

Educación Pública (SEP), la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión estableció que en coordinación con la dependencia

del ramo promueva el uso de las tecnologías de la información y

la comunicación, así como la elaboración y difusión de programas

de carácter educativo y recreativo para la población infantil

(artículo 218 de la LFTR).

Más aún, la SEP es incorporada a la Junta de Gobierno del

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que tiene

como fin el de proveer el servicio de radiodifusión sin fines de

lucro cuyos contenidos promuevan la integración nacional, la

formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y

hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna

y veraz, dar cabida a la expresión de la diversidad y pluralidad de

ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la

sociedad (artículo 14 de la Ley Sistema Público de Radiodifusión

del Estado Mexicano).

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En la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado se

dispuso que uno de sus principios rectores fuera el de preservar

los derechos de los menores, teniendo como atribución la de

realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión

y distribución de materiales y contenidos audiovisuales que

promuevan el respeto a los derechos humanos, el interés

superior de la niñez, la igualdad y la no discriminación.

Por tanto, estas Comisiones Unidas consideran oportuna y viable la

adición de la fracción XX en el artículo 13 de la Ley, para quedar como

sigue:

Artículo 13. (…)

I. a XIX. (…)

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la

información y comunicación, así como a los servicios

de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de

banda ancha e internet, en términos de lo previsto

en la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado

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establecerá condiciones de competencia efectiva en

la prestación de dichos servicios.

SEGUNDA


Dentro del capítulo correspondiente al Derecho a la Vida, a la

Supervivencia y al Desarrollo —reconocido en el artículo sexto de

la Convención sobre los Derechos del Niño— se plantea hacer una

precisión de redacción en el mismo, ampliando el sentido del derecho a

no ser privados de la vida; para ello se adiciona la frase ‘bajo ninguna

circunstancia´.

Basta señalar que tal derecho está tutelado por varios instrumentos de

carácter internacional, entre ellos la Convención sobre los Derechos del

Niño15, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos16, la

15 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990,

Firma México: 26 ene 1990, Aprobación Senado: 19 junio 1990, Publicación DOF Aprobación: 31 julio 1990, Vinculación de México: 21 sep. 1990 Ratificación, Entrada en vigor para México: 21 octubre1990, Publicación DOF Promulgación: 25 enero 1991 16 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966,

entrando en vigor el 23 de marzo de 1976. El Senado mexicano lo aprobó el 18 de diciembre de 1980. México se adhirió a él el 23 de marzo

de 1981. Fue publicada en el DOF el 20 de mayo de 1981.

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Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José17, la

Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño18 y el Protocolo

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la

Participación de Niños en los Conflictos Armados19

Para estas Comisiones Unidas la propuesta no cambia el sentido ni el

propósito del artículo, toda vez que la redacción formulada por estas

dictaminadoras no contenía hipótesis de salvedad, justificación o

atenuación, por lo que la adición explicativa si bien enfatiza el espíritu

original del texto, no supone consecuencias jurídicas distintas. Visto

así, estas comisiones no tienen motivo para objetarla modificación

descrita.

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a

no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia,

ni ser utilizados en conflictos armados o violentos.

TERCERA

17 Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica por la Organización de Estados Americanos el 22 de

noviembre de 1969, entrando en vigor el 18 de julio de 1978. El Senado mexicano la aprobó el 18 de diciembre de 1980. México se adhirió a ella el 24 de marzo de 1981. Fue publicada en el DOF el 7 de mayo de 1981 18 Adoptada por los Estados Africanos Miembros de la Organización para la Unidad Africana, el 11 de julio de 1990. No constituye un

documento vinculante para México, pero si un referente ético. 19

ONU, Nueva York, EEUU, 25 de mayo de 2000; ratificación y vigor en México: 15 de marzo de 2002.

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En el tema Del Derecho a Vivir en Familia, las y los legisladores

propusieron modificaciones a la fracción V y al párrafo tercero del

artículo 26.

Al respecto estas Comisiones Unidas señalan que desde la iniciativa

preferente, este capítulo estaba contemplado en el título denominado

De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de

Niñas, Niños y Adolescentes, en virtud de que se consideraba que

estos centros debían ser, una opción para las niñas, niños y

adolescentes que por cualquier motivo se encontraran separados de su

familia. No obstante, estas Comisiones Dictaminadoras consideraron

que los centros de asistencia debían ser la última opción que el Estado

contemplara para la protección de las niñas, niños y adolescentes, y en

este sentido prevaleciera el principio de reunificación familiar, siempre

que este no fuera contrario al interés superior de la niñez.

Aunado a lo anterior, es que se establece en la fracción II del artículo

4, que el acogimiento residencial es aquel brindado por centros de

asistencia social como una medida especial de protección de carácter

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subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible,

priorizando las opciones en un entorno familiar.

Es importante señalar que las dictaminadoras observaron en el

dictamen de la iniciativa preferente, lo dispuesto en la Convención de

los Derechos del Niño, que establece criterios generales para el

funcionamiento de las instituciones de cuidado, particularmente lo

dispuesto en el artículo 3 párrafo último, en donde se prevé la

obligación de los Estados Partes, para asegurar que las instituciones,

servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de

niños cumplan las normas establecidas por las autoridades

competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad,

número y competencia de su personal, así como una relación con la

existencia de una supervisión adecuada.

Aunado a ello, este mismo instrumento establece en el artículo 19 que

los Estados Partes, deben adoptar las medidas legislativas,

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño

contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,

mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres y

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madres, de un representante legal o de cualquier otra persona que

tenga a su cargo, como es el caso de la instituciones de cuidado.

De igual manera, en 2006 el Comité de los Derechos del Niño de la

Organización de las Naciones Unidas recomendó en sus observaciones

finales respecto al III Informe de México sobre Niñez:

Que el Estado Parte refuerce las medidas vigentes para impedir

la separación de los niños de sus familias y que adopte medidas

eficaces para evaluar el número y la situación de los niños que

viven en instituciones, incluso en instituciones administradas por

el sector privado. En particular, el Comité recomienda que el

Estado Parte establezca reglamentos basados en los derechos del

niño y apruebe un programa para reforzar y aumentar las

oportunidades para que los niños tengan otros tipos de tutela,

por ejemplo, promulgando leyes eficaces, fortaleciendo las

estructuras existentes como la de la familia extensa, capacitando

mejor al personal y asignando más recursos a los órganos

pertinentes. El Comité alienta al Estado Parte a que pida

asistencia técnica para cumplir esas tareas al UNICEF, al Instituto

Interamericano del Niño y a otros organismos.

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Conforme a lo anterior, es oportuno aclarar que estas dictaminadoras

consideraron que la institucionalización de niñas, niños y

adolescentes debía ser el último de recurso para su

protección, razón por la cual fue establecido en la redacción del

artículo los vocablos “de manera excepcional”. No obstante, y en virtud

de que la redacción propuesta por la colegisladora no cambia el

sentido del artículo, consideramos viable la propuesta realizada por la

Cámara de Diputados.

La modificación al citado artículo queda como sigue:

Artículo 26. (…)

(…)

I. a IV. (…)

V. Sean colocados, dadas las características específicas de

cada caso, en acogimiento residencial brindado por centros

de asistencia social el menor tiempo posible.

Esta medida especial de protección tendrá carácter

subsidiario, priorizando las opciones de cuidado en un

entorno familiar.

(…)

(…)

de 713





CUARTA

Modificación a los artículos 50 y 58

En el tema Del Derecho a la Protección de la Salud y a la

Seguridad Social, las y los diputados de la Revisora proponen que

niñas, niños y adolescentes reciban, a partir del actuar coordinado de

las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y

delegacionales, cada cual en su ámbito, asesoría y orientación sobre

salud sexual y reproductiva.

Al explicar en tribuna la modificación a la fracción décima primera del

artículo 50 se expresó que:

Es menester incorporar en las normas nacionales conceptos

validados internacionalmente, que no contravengan el orden

legal vigente, porque no tienen definidos sus contenidos y

alcances, por estar aún en un etapa de construcción, por lo que

no forman parte de algún instrumento de derecho internacional

que haya firmado el Ejecutivo federal y ratificado el Senado.

de 713





La incorporación de conceptos validados al marco jurídico

nacional exige actuar con responsabilidad y certeza, teniendo

claridad sobre los beneficios o afectaciones a la salud o

integridad física y psicológica que pudiera ocasionar a las niñas,


En caso contrario, las y los legisladores estarían incumpliendo

con el interés superior de la niñez y otros principios que nos

mandata nuestra Constitución y los instrumentos internacionales,

en particular, la Convención sobre los Derechos del Niño.

Respecto de las modificaciones a la fracción VIII del artículo 58, la

colegisladora expresa su interés de asentar que la educación, además

de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá como fin

promover la educación sexual integral “conforme a la edad, el

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de las niñas, niños y

adolescentes, y les permita ejercer de manera informada y responsable

sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los

que el Estado Mexicano sea parte”. Entre los argumentos expuestos al

presentar la propuesta sobresalen los siguientes:

de 713





“Desafortunadamente, para el bienestar de nuestras niñas, niños

y adolescentes, en la fracción VIII del artículo 58 se establece la

obligación de las autoridades educativas de promover una

educación sexual integral, sin precisar los alcances que sobre

dicha integralidad deben referirse particularmente a las niñas y

niños.

Se omite tomar en cuenta criterios como son la edad, el

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que se pueden

observar en otros artículos del mismo dictamen.

Con la redacción en estos términos se podría generar un impacto

negativo en los derechos humanos de las niñas y niños a partir

de la utilización de conceptos que carecen de consensos

mínimos.

Este aspecto es claro cuando se pretende determinar si los

menores de edad tienen derechos sexuales o reproductivos, o

más bien si en esta etapa tienen derecho a la salud sexual y

reproductiva conforme a su edad, desarrollo evolutivo,

cognoscitivo y madurez”.

Para estas dictaminadoras, las consideraciones anteriores y los

procedimientos deliberativos que dieron origen a éstas, fueron

de 713





gestados en general en un proceso de doble vía: una, de indisputable

estrechez jurídico-hermenéutica, que estableció como pauta de

contención la literalidad nominativa, esto es: la negación de los

derechos sexuales y reproductivos, así como de su contenido, alcances

y consecuencias jurídicas, por no estar textualmente nombrados como

tales; y la otra, de desbordado contenido ideológico, que miró en la

incorporación de tales conceptos el marco de un debate que, es

pertinente reiterar, no corresponde a los propósitos de la Ley ni estuvo

en la mira de las comisiones.

Lo que en efecto constituyó el espíritu de esta Cámara, al adicionar los

derechos sexuales y reproductivos (en adelante DSyR) como objetos

de la Ley, fue el reconocimiento de que éstos y sus alcances son parte

constitutiva e inalienable de los derechos humanos. Para las

dictaminadoras, dicha convicción fue sustentada en el principio de

progresividad establecido en el artículo primero constitucional y

retomado en esta misma Ley, que entre otros aspectos implica que los

derechos humanos codificados en los instrumentos internacionales no

son más que un mínimo, pues su progresión y fortalecimiento está en

manos de los Estados. 20

20 Cfr. Vázquez, Luis Daniel y Sandra Serrano. (2011). “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Apuntes para su aplicación práctica”. En La reforma constitucional de los derechos humano: un nuevo paradigma, coordinado por Miguel

Carbonell y Pedro Salazar, p. 159. México: UNAM, IIJ.

de 713





Visto de este modo, el reconocimiento por sí de los derechos sexuales

y reproductivos representaría la posibilidad de ejercer

simultáneamente, y no de modo desvinculado (como se ha resuelto en

la Colegisladora), derechos tales como:

a) El derecho a información científica, educación sexual integral y

servicios sobre salud sexual;

b) El derecho al asesoramiento sobre todos los métodos de

planificación de la familia para las y los adolescentes;

c) El derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras e

informadas;

d) El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y

responsables sobre su sexualidad;

e) El derecho de niñas, niños y adolescentes a educación sobre

salud sexual y genésica por personal debidamente capacitado en

programas especialmente concebidos que respeten sus derechos

a la intimidad y la confidencialidad. La educación sanitaria de los

adolescentes abarca, entre otras materias, la igualdad entre los

sexos, la prevención de la violencia, la prevención de

enfermedades de transmisión sexual y los derechos relativos a la

salud reproductiva y sexual.

de 713





f) El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos,

el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos.21

g) El derecho a vivir una vida adulta en plenitud derivada del acceso

oportuno a información sobre el ejercicio integral de sus DSyR.

Para estas comisiones, el ejercicio responsable e informado de los

DSyR contribuye, entre otras cosas22, a:

Retrasar el inicio de las relaciones sexuales.

o La vida sexual coital de los jóvenes mexicanos es iniciada en

la adolescencia. Al respecto, la edad promedio a la que los

jóvenes dijeron haber tenido su primera relación sexual son

los 15.5 años. Los hombres comenzaron su vida sexual antes

que las mujeres. Ellos lo hicieron a los 16 años, mientras

que ellas iniciaron a los 15.3 años. (INEGI, 2012).

Reducir la frecuencia de la actividad sexual sin protección.

o El 61.8 % de las adolescentes de 15 a 19 años,

sexualmente activas, declaró no haber usado un método

anticonceptivo durante su primera relación sexual (INEGI).

21 ONU, A/CONF/.171/13, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 a 1 3 de septiembre de 1994.

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, VII. Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva, pp. 41-51 22 UNICEF, OMS, UNFPA, UNESCO, PNUD y ONU Sida. Declaración Ministerial de la Ciudad de México “Prevenir con Educación”, 2012.

de 713





o Aumentar el uso de métodos de protección contra el

embarazo no deseado y las infecciones y enfermedades de

transmisión sexual (ETS/ITS).

o A medida que se incrementa el nivel de escolaridad

también asciende el uso de estos métodos. (IMJUVE,

2012).

o El promedio de hijos nacidos entre mujeres de 12 a 19

años ha sido el más alto en los últimos 20 años. Si bien el

promedio es de 5.8%, hay estados como Chihuahua o Baja

California Sur que exceden los 8 puntos porcentuales.

(INEGI, 2013).

o Entre los estados miembros de la Organización de

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México

tiene la tasa de natalidad más alta (64,2 cada 1.000

nacimientos) en adolescentes entre 15 y 19 años de

edad. (UNFPA, 2013).

Reducir los índices de mortalidad materna

o De acuerdo con el informe Alcanzar los Objetivos de

Desarrollo del Milenio con equidad (UNICEF-México, 2014), en

nuestro país “la mortalidad materna también es elevada entre

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las adolescentes. Las razones relativamente altas de

mortalidad materna entre las adolescentes (66.6 por cada 100

mil nacidos vivos en el caso del grupo de 10 a 14, y de 34.4

en el de 15 a 19) son de particular preocupación para UNICEF

no sólo porque evidencian importantes barreras de acceso a

los servicios de salud, además de la violación de sus derechos

sexuales y reproductivos, sino también porque repercuten

directamente sobre el bienestar de niñas y niños”.

Contribuye a prevenir y a disminuir todo tipo de violencia ejercida

en contra de niñas, niños y adolescentes; en especial la sexual.

o En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló

que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores

de 18 años habían experimentado relaciones sexuales

forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto

físico.

o El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala

que un niño (a) es abusado sexualmente cada hora.

o En el caso de México, el Informe Nacional sobre Violencia y

Salud realizado por el UNICEF señaló que en 2013 el 62% de

de 713





los niños y niñas habían sufrido maltrato en algún momento

de su vida, 10.1% de los estudiantes habían padecido algún

tipo de agresión física en la escuela, 5.5% habían sido

víctima de violencia sexual y un 16.6% de violencia

emocional.

o Cifras presentadas en el Foro “Combate a la pornografía de

niñas, niños y adolescentes” realizado en el Senado de la

República en septiembre de 2013 señalan que México ocupa

el primer lugar mundial de pornografía infantil y que

cada hora dos menores son abusados sexualmente.

o El informe “Maltrato y Abuso Infantil en México: Factor de

Riesgo en la Comisión de Delitos (Mayo, 2010)” elaborado por

la Secretaría de la Seguridad Pública, explica que México

ocupa uno de los primeros lugares entre los países de la

OCDE en violencia física, abuso sexual y homicidios de

menores de 14 años infligidos principalmente, por sus padres

o progenitores.

o Establece que México registra altos índices de abuso

sexual infantil: 77% de las víctimas son niñas, con un

promedio de edad de 5.7 años. En todos los casos la

de 713





víctima conocía al agresor: el hermano (19%), el

padrastro (18%), un tío (16%), el padre (15%).

o Por otro lado, el abuso sexual y el maltrato también se

registran en instituciones educativas, contra estudiantes de

preescolar, primaria y secundaria por parte de maestros,

maestras, conserjes y otros trabajadores. En el periodo 2008-

2011, la SEP dio a conocer que el número de casos de abuso

sexual y violaciones en las escuelas públicas creció 31% en el

Distrito Federal. Aunque no existen datos oficiales que

permitan saber realmente el número de casos denunciados y

atendidos, en un primer reporte esta Secretaría informó

que se promedió una denuncia de abuso sexual y

maltrato cada dos días de clase, en el primer trimestre

de 2008.

o Es de gran importancia señalar que, de acuerdo a distintos

estudios, la violencia sexual puede tener consecuencias

físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no

sólo para las niñas o niños, sino también para sus familias y

comunidades. Estas consecuencias van desde riesgos de

de 713





padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos

psicológicos, deserción escolar, discriminación, entre otras.

Ante estos escenarios no cabe duda de la importancia del

reconocimiento de los DSyR, enfatizando que estos deben ser ejercidos

conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez y de

niñas, niños y adolescentes y en apego al principio de autonomía

progresiva, que prescribe el reconocimiento de la capacidad de

autodeterminación como una aptitud que se va desplegando

gradualmente a lo largo de la vida. De acuerdo con este principio, se

reconoce la facultad para decidir sobre los asuntos que conciernen a

niñas, niños y adolescentes en la medida en que van alcanzando cierto

grado de madurez.

Dicho principio está reconocido en el artículo 6, fracción XI del

dictamen aprobado por el Senado y fue ratificado en sus términos por

la colegisladora.

Ahora bien, respecto de la estrechez jurídico- hermenéutica aludida

anteriormente, baste precisar que en el seno de las dictaminadoras

cada una de las modificaciones fue debidamente sustentada en las

de 713





observaciones recogidas durante el ejercicio consultivo emprendido por

el Senado durante los días 09 , 10 y 11 de septiembre; en las

aportaciones presentadas por los legisladores de ambas Cámaras; en

la revisión de los instrumentos internacionales ratificados por México

en materia de protección de los derechos de niñas, niños y

adolescentes, así como en las observaciones y recomendaciones que

han sido formuladas al Estado mexicano por parte de mecanismos de

derechos humanos de distinta naturaleza jurídica.

Respecto de la incorporación de los conceptos que nos ocupan, las

comisiones consideraron, en primer término, el artículo 4º

Constitucional, en el que se establece el derecho de toda persona a

decidir el número y espaciamiento de las o los hijos. A su vez estos

derechos se encuentran relacionado con el ejercicio de los derechos a

la vida privada, a la salud, a la integridad personal, todos ellos

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los

que el Estado mexicano es parte, como son: Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre

Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en

inglés).

de 713





Particularmente esta última, representa la plataforma legal

internacional más acabada en materia de derechos reproductivos,

precisamente por ser el único instrumento que habla, de manera

específica, de la planificación familiar, una de las dimensiones más

explícitas en la legislación internacional. El artículo 12 de esta

Convención establece, entre otras cosas, que los Estados parte deben

garantizar, en igualdad de circunstancias, el acceso de las mujeres a

los servicios de atención médica, en los que se comprenden los

relacionados con la planificación de la familia, y en el artículo 16 se

establece que, en la familia, la mujer debe tener los mismos derechos

que el varón, entre otras cosas, para decidir de manera libre y

responsable el número y espaciamiento de los hijos.23

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido

expresamente la existencia de los derechos reproductivos, tal como ha

quedado expresado en la sentencia de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica:

La Corte ha señalado que la injerencia en el presente caso no

se relaciona con el hecho de no haber podido tener hijos (supra

23 Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación (1979). [En línea]:

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

de 713





párr. 161). A continuación se analiza el grado de severidad de

la afectación del derecho a la vida privada y a fundar una

familia, y del derecho a la integridad personal, teniendo en

cuenta el impacto de la prohibición de la FIV en la intimidad,

autonomía, salud mental y a los derechos reproductivos de las

personas.24

Asimismo, en junio de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación

al analizar los alcances del derecho a la vida privada hizo referencia

expresa a los derechos reproductivos:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en

varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo

“privado” (…) Al interpretar estas disposiciones, los organismos

internacionales has destacado que la noción de vida privada

atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden

expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con

los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación

con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad

de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la

inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los

24

Corte IDH, Artavia Murillo (“Fertilización In-Vitro”) vs. Costa Rica. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012,

párr. 278. Disponible en <http://bit.ly/1cz8mla>.

de 713





registros personales y corporales, las relacionadas con la

recopilación y registro de información personal en bancos de

datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada,

a la salud y a la igualdad, los derechos reproductivos, o la

protección en caso de desalojos forzados.25

Además de tales referencias, las dictaminadoras acudieron a la

revisión de diversos marcos no contractuales (soft law) en materia de

derechos humanos, cuyas directrices reiteran la doctrina que

reconocen los DSyR como extensión complementaria, no sustitutiva,

de los derechos humanos en lo general, a saber26:

1.- La Proclamación de Teherán (1968) constituye la primera

referencia a los derechos sexuales y reproductivos, al establecer que

los progenitores tienen un derecho intrínseco a determinar libre y

responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y a obtener

la información necesaria para ello (numeral 16). Esta noción se replica

en los documentos finales de la Primera Conferencia Mundial de la

Mujer celebrada en 1975 en México y permea los trabajos de las

25

SCJN, Amparo Directo en Revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Disponible en <http://bit.ly/1FQxKov> 26

Durante las discusiones, las dictaminadoras tuvieron presente que dichas fuentes pertenecen al catálogo de instrumentos denominados soft law, que se refiere a principios, reglas, estándares o directrices que carecen de efecto vinculante aunque no dejan por ello de producir

determinados efectos jurídicos. Los instrumentos de soft law se caracterizan por ser documentos que reflejan la tendencia actual de la comunidad internacional por una mayor interrelación, interdependencia y globalización. En este contexto las organizaciones internacionales,

junto con otros actores internacionales, buscan mediante estos instrumentos promover acciones en materias de interés general en temas relativamente nuevos para la comunidad internacional en los cuales (por diferentes intereses políticos, económicos o de otra naturaleza) es

difícil llegar a un acuerdo general con carácter obligatorio entre los Estados. (Cfr. Hey, Ellen, "Hard Law, Soft Law, Emerging International Environmental Law and the Ocean Disposal Options for Radioactive Waste", en Netherlands International Law Review, WL, 405-448, 1993; Fitzmaurice, Malgosia, "International Protection of the Environment", Recueil des Cours 2001, t. 293, 2002, pp. 9-488. En general sobre estos

temas: Shelton, Dinah, (ed.) Commitment and compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, op. cit.).

de 713





subsecuentes conferencias mundiales realizadas en Copenhague en

1980, en Nairobi en 1985 y en Beijing en 1990.

2. Las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer convocadas por

las Naciones Unidas en el último cuarto de siglo han contribuido a

situar la causa de la igualdad entre los géneros en el mismo centro del

temario mundial. Las conferencias han unido a la comunidad

internacional en apoyo de un conjunto de objetivos comunes con un

plan de acción eficaz para el adelanto de la mujer en todas partes y en

todas las esferas de la vida pública y privada.

La lucha en favor de la igualdad entre los géneros estaba aún en sus

primeras etapas cuando surgieron las Naciones Unidas en 1945. De los

51 Estados Miembros originales, solo 30 permitían que las mujeres

tuvieran los mismos derechos de voto que los hombres o les permitían

ocupar cargos públicos. Sin embargo, los redactores de la Carta de las

Naciones Unidas tuvieron la previsión de referirse deliberadamente a

"la igualdad de derechos de hombres y mujeres" cuando declararon "la

fe [de la Organización] en los derechos fundamentales del hombre" y "

la dignidad y el valor de la persona humana".

Ningún documento jurídico anterior había afirmado con tanta energía

la igualdad de todos los seres humanos, ni se había referido al sexo

como motivo de discriminación. Desde ese momento quedó en claro

de 713





que los derechos de la mujer constituirían una parte central de la labor

que se tenía por delante.

Durante los tres primeros decenios, la labor de las Naciones Unidas en

beneficio de la mujer se centró ante todo en la codificación de los

derechos jurídicos y civiles de la mujer, y la reunión de datos sobre la

condición jurídica y social de la mujer en todo el mundo. Con el

decurso, sin embargo, se hizo cada vez más evidente que las leyes, en

sí y de por sí mismas, no bastaban para garantizar la igualdad de

derechos de la mujer.

La lucha por la igualdad entró en una segunda etapa con la

convocación por las Naciones Unidas de cuatro conferencias mundiales

con objeto de elaborar estrategias y planes de acción para el adelanto

de la mujer. Los esfuerzos emprendidos han pasado por diversas

etapas y transformaciones, desde considerar a la mujer casi

exclusivamente en función de sus necesidades de desarrollo hasta

reconocer sus contribuciones esenciales a todo el proceso de desarrollo

y procurar la potenciación de su papel y la promoción de su derecho a

la participación plena en todos los niveles de la actividad humana.

La Primera Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y

Social de la Mujer se convocó en México en 1975, para que

coincidiera con el Año Internacional de la Mujer, observado para

de 713





recordar a la comunidad internacional que la discriminación contra la

mujer seguía siendo un problema en buena parte del mundo. La

Conferencia, conjuntamente con el Decenio de las Naciones Unidas

para la Mujer (1976-1985) proclamado por la Asamblea General cinco

meses después a instancias de la Conferencia, inició una nueva era de

esfuerzos a escala mundial para promover el adelanto de la mujer al

abrir un diálogo de alcance mundial sobre la igualdad entre los

géneros. Se dio inicio a un proceso - un proceso de aprendizaje - que

comprendería las deliberaciones, la negociación, el establecimiento de

objetivos, la identificación de obstáculos y el examen del progreso

alcanzado.

La Conferencia de México DF fue convocada por la Asamblea General

de las Naciones Unidas para concentrar la atención internacional en la

necesidad de elaborar objetivos orientados hacia el futuro, estrategias

y planes de acción eficaces para el adelanto de la mujer. Con ese fin,

la Asamblea General identificó tres objetivos que se convertirían en la

base de la labor de las Naciones Unidas en beneficio de la mujer:

La igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación

por motivos de género;

La integración y plena participación de la mujer en el desarrollo;

de 713





Una contribución cada vez mayor de la mujer al fortalecimiento

de la paz mundial.

La Conferencia respondió aprobando un plan de acción mundial,

documento en que se presentaban directrices que debían seguir los

gobiernos y la comunidad internacional en los diez años siguientes

para alcanzar los objetivos fundamentales establecidos por la

Asamblea General. En el plan de acción se estableció un mínimo de

metas, para alcanzarlas en 1980, que se centraban en garantizar el

acceso equitativo de la mujer a los recursos, como la educación, las

oportunidades de empleo, la participación política, los servicios de

salud, la vivienda, la nutrición y la planificación de la familia.

Este enfoque significó un giro —que había comenzado a perfilarse a

principios del decenio de 1970— en la forma en que se percibía a la

mujer. Si anteriormente se había considerado que la mujer era una

receptora pasiva de apoyo y asistencia, ahora se la veía como asociada

plena y en pie de igualdad del hombre, con los mismos derechos a los

recursos y las oportunidades. Una transformación análoga se estaba

produciendo en la manera de enfocar el desarrollo, pues si en un inicio

se creía que el desarrollo serviría para adelantar la causa de la mujer,

ahora existía el consenso de que el desarrollo no era posible sin su

plena participación.

de 713





La Conferencia exhortó a los gobiernos a que formularan estrategias

nacionales y establecieran metas y prioridades en sus esfuerzos por

fomentar la participación equitativa de la mujer. Hacia fines del

Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 127 Estados Miembros

habían establecido alguna forma de mecanismo nacional, instituciones

encargadas de la promoción de políticas, investigaciones y programas

orientados al adelanto de la mujer y su participación en el desarrollo.

En el sistema de las Naciones Unidas, además de la Subdivisión (que

actualmente es División) para el Adelanto de la Mujer que ya existía, la

Conferencia de México D.F. dio lugar al establecimiento del Instituto

Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de

la Mujer (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas

para la Mujer (UNIFEM) con el objetivo de proporcionar el marco

institucional para la investigación, la capacitación y las actividades

operacionales en la esfera de la mujer y el desarrollo.

Una faceta importante de la reunión de México D.F. fue el hecho de

que las propias mujeres desempeñaran un papel fundamental en la

orientación de los debates. De las 133 delegaciones de Estados

Miembros reunidas allí, 113 estaban encabezadas por mujeres. Las

mujeres también organizaron paralelamente un foro de organizaciones

de 713





no gubernamentales, la Tribuna del Año Internacional de la Mujer, que

atrajo aproximadamente a 4.000 participantes.

El consenso generalizado era que se había alcanzado un progreso

considerable cuando representantes de 145 Estados Miembros se

reunieron en Copenhague en 1980 en el marco de la segunda

conferencia mundial sobre la mujer para examinar y evaluar el plan de

acción mundial de 1975. Los gobiernos y la comunidad internacional

habían logrado avanzar hacia la consecución de las metas establecidas

en México D.F. cinco años antes.

Un acontecimiento importante había sido la aprobación por la

Asamblea General en diciembre de 1979 de la Convención sobre la

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, uno

de los instrumentos más poderosos en la lucha por la igualdad de la

mujer. La Convención, que ha sido denominada "la carta de los

derechos humanos de la mujer", actualmente vincula jurídicamente a

165 Estados, que han pasado a ser Estados partes en la Convención, lo

que los obliga a presentar un informe en el plazo de un año de la

ratificación, y posteriormente cada cuatro años, sobre las medidas que

han adoptado para eliminar los obstáculos que encaran para aplicar la

Convención.

de 713





El movimiento en favor de la igualdad entre los géneros había

alcanzado un reconocimiento verdaderamente mundial cuando se

convocó en 1985 en Nairobi a la Tercera Conferencia Mundial

sobre la Mujer, la Conferencia Mundial para el Examen y la

Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la

Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz.

15.000 representantes de organizaciones no gubernamentales

asistieron al Foro de organizaciones no gubernamentales que se

celebró paralelamente, muchos se refirieron a la Conferencia como "el

nacimiento del feminismo a escala mundial". El movimiento de las

mujeres, dividido por la política mundial y las realidades económicas en

la Conferencia de México, había llegado a convertirse en una fuerza

internacional unificada bajo la bandera de la igualdad, el desarrollo y la

paz. Tras ese acontecimiento decisivo había un decenio de trabajo.

Mediante el proceso de debate, negociación y revisión se había reunido

un cúmulo de información, conocimientos y experiencia.

Al mismo tiempo, ante los delegados se presentaron informes

impresionantes. Los datos reunidos por las Naciones Unidas revelaban

que las mejoras en la situación jurídica y social de la mujer y los

esfuerzos para reducir la discriminación habían beneficiado únicamente

a una pequeña minoría de mujeres. Las mejoras en la situación de la

de 713





mujer del mundo en desarrollo habían sido, en el mejor de los casos,

marginales. En resumen, los objetivos de la segunda mitad del Decenio

de las Naciones Unidas para la Mujer no se habían alcanzado.

La comprensión de esa situación obligó a adoptar un nuevo enfoque.

La Conferencia de Nairobi recibió el mandato de buscar nuevas formas

de superar los obstáculos para alcanzar los objetivos del Decenio -

igualdad, desarrollo y paz.

Las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto

de la mujer hasta el año 2000, la estrategia elaborada y aprobada por

consenso por los 157 gobiernos participantes, constituyeron un

programa actualizado para el futuro de la mujer hasta fines del siglo.

Sentó nuevas pautas al declarar que todas las cuestiones estaban

relacionadas con la mujer. Se reconoció que la participación de la

mujer en la adopción de decisiones y la gestión de los asuntos

humanos no solo constituía su derecho legítimo, sino que se trataba de

una necesidad social y política que tendría que incorporarse en todas

las instituciones de la sociedad.

En consecuencia, la Conferencia de Nairobi instó a los gobiernos a que

delegaran responsabilidades en relación con las cuestiones relativas a

la mujer a todos los programas y oficinas institucionales. Además, con

de 713





posterioridad a la Conferencia, la Asamblea General pidió a las

Naciones Unidas que establecieran, en los lugares en que aún no

existían, centros de coordinación de las cuestiones relativas a la mujer

en todos los sectores comprendidos en el marco de la labor de la

Organización.

La Conferencia de Nairobi había introducido un enfoque más amplio

del adelanto de la mujer. Se reconocía ahora que la igualdad de la

mujer, lejos de ser una cuestión aislada, abarcaba toda la esfera de la

actividad humana. Por consiguiente, para lograr las metas y los

objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer era

fundamental contar con la perspectiva y la participación activa de la

mujer en todas las cuestiones, no solo en las cuestiones relativas a la

mujer.

Si bien los esfuerzos de los dos decenios anteriores, contados a partir

de la Conferencia de México DF en 1975, habían contribuido a mejorar

la situación de la mujer y su acceso a los recursos, no habían podido

cambiar la estructura básica de desigualdad en las relaciones entre el

hombre y la mujer. Los hombres seguían tomando las decisiones que

afectaban a la vida de todas las personas. Había que encontrar los

medios de fortalecer el papel de la mujer de manera que pudieran

hacer valer sus propias prioridades y valores, como participante en pie

de 713





de igualdad con el hombre en los procesos de adopción de decisiones

a todos los niveles.

El reconocimiento de la necesidad de incorporar a la mujer en el

proceso de adopción de decisiones había comenzado a surgir en el

curso de la serie de conferencias mundiales celebradas por las

Naciones Unidas a principios del decenio de 1990 en relación con

diversos aspectos del desarrollo - el medio ambiente, los derechos

humanos, la población y el desarrollo social. En todas las conferencias

se había subrayado la importancia de que la mujer participara

plenamente en la adopción de decisiones, y los puntos de vista de la

mujer se incorporaron en las deliberaciones y los documentos que

fueron aprobados.

Estas aproximaciones también se retomaron durante las conferencias

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y sobre Derechos Humanos

celebradas, respectivamente, en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, y en

Viena, Austria, en 1993. En esta última, destaca de manera particular,

el mayor énfasis a los derechos humanos de la mujer, creando incluso

un Relator especial sobre la violencia contra la mujer.

En los años 1994 y 1995 se celebraron dos conferencias

internacionales que marcaron un hito en el reconocimiento y la

de 713





construcción de los derechos humanos vinculados con la reproducción

y la sexualidad. La primera es la Conferencia Internacional de

Población y Desarrollo (El Cairo), en donde se reconoció que:

La salud reproductiva es un estado general de bienestar

físico, mental y social, y no de mera ausencia de

enfermedades o dolencias, en todos los aspectos

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y

procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin

riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no

hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición

lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a

obtener información y de planificación de la familia de su

elección, así como a otros métodos para la regulación de la

fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a

métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el

derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud

que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a

las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En

consonancia con esta definición de salud reproductiva, la

atención de la salud reproductiva se define como el conjunto

de 713





de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y

al bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas

relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la

salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las

relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la

atención en materia de reproducción y de enfermedades de

transmisión sexual.

Sin embargo, no fue sino hasta la próxima conferencia de la serie, la

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en

Beijing en 1995, que se puede hablar verdaderamente del inicio de

un nuevo capítulo en la lucha por la igualdad entre los géneros.

La gran aportación de la IV Conferencia Internacional de la Mujer

(Beijing) fue el reconocimiento de la necesidad de trasladar el centro

de la atención de la mujer al concepto de género, reconociendo que

toda la estructura de la sociedad, y todas las relaciones entre los

hombres y las mujeres en el interior de esa estructura, tenían que ser

reevaluadas. Únicamente mediante esa reestructuración fundamental

de la sociedad y sus instituciones sería posible potenciar plenamente el

papel de la mujer para que ocupara el lugar que les correspondía como

participante en pie de igualdad con el hombre en todos los aspectos de

de 713





la vida. Este cambio representó una reafirmación firme de que los

derechos de la mujer eran derechos humanos y de que la igualdad

entre los géneros era una cuestión de interés universal y de beneficio

para todos.

El legado de la Conferencia de Beijing sería haber suscitado la

renovación de un compromiso a escala mundial en relación con la

potenciación del papel de la mujer en todas partes y haber atraído una

atención internacional sin precedente. La Conferencia aprobó por

unanimidad la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que

era en esencia un programa para la potenciación del papel de la mujer

y representa un momento decisivo para el adelanto de la mujer en el

siglo XXI. En la Plataforma de Acción se identificaban doce esferas de

especial preocupación que se consideraba que representaban los

principales obstáculos al adelanto de la mujer y que exigían la

adopción de medidas concretas por parte de los gobiernos y la

sociedad civil:

• La mujer y la pobreza;

• La educación y la capacitación de la mujer;

• La mujer y la salud;

• La violencia contra la mujer;

• La mujer y los conflictos armados;

de 713





• La mujer y la economía;

• La participación de la mujer en el poder y la adopción de

decisiones;

• Los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer;

• Los derechos humanos de la mujer;

• La mujer y los medios de comunicación;

• La mujer y el medio ambiente;

• La niña.

En este contexto, es muy importante resaltar la relevancia de todas y

cada una de estas medidas para la accesibilidad y ejercicio pleno de los

derechos de todas las personas, incluyendo las menores de 18 años y,

particularmente, de las niñas y adolescentes a las que por primera vez

se visibiliza.

Al aprobar la Plataforma de Acción de Beijing los gobiernos se

comprometían a incluir de manera efectiva una dimensión de género

en todas sus instituciones, políticas, procesos de planificación y de

adopción de decisiones. Esto significaba que antes de que se

adoptaran las decisiones o se ejecutaran los planes, se debería hacer

un análisis de sus efectos sobre los hombres y las mujeres, y de las

necesidades de éstos.

de 713





Por ejemplo, en lugar de procurar que el sistema educacional existente

fuera cada vez más accesible a la mujer, la incorporación de una

perspectiva de género requeriría una reconstrucción del sistema de

manera que se aviniera por igual a las necesidades de los hombres y

las mujeres.

La introducción de la incorporación de una perspectiva de género

exigía que se examinara nuevamente la sociedad en su totalidad y su

estructura básica de desigualdad. Por consiguiente, la atención no se

centraba únicamente en la mujer y su condición jurídica y social, sino

que se dirigía a reestructurar las instituciones y la adopción de

decisiones políticas y económicas en la sociedad en su conjunto.

Partiendo de los postulados anteriores, la Plataforma de Acción

aprobada en la Conferencia de Beijing indica que:

Párrafo 95. Teniendo en cuenta la definición que antecede,

los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos

humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales,

en los documentos internacionales sobre derechos humanos

y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas

aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el

reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e

de 713





individuos a decidir libre y responsablemente el número de

hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre

éstos y a disponer de la información y de los medios para ello

y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual

y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar

decisiones relativas a la reproducción sin sufrir

discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo

establecido en los documentos de derechos humanos. En

ejercicio de este derecho, las parejas y los individuos deben

tener en cuenta las necesidades de sus hijos nacidos y

futuros y sus obligaciones con la comunidad. La promoción

del ejercicio responsable de esos derechos de todos deben

ser la base primordial de las políticas y programas estatales y

comunitarios en la esfera de la salud reproductiva, incluida la

planificación de la familia. Como parte de este compromiso,

se debe prestar plena atención, a la promoción de relaciones

de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y

particularmente a las necesidades de los adolescentes en

materia de enseñanza y de servicios con objeto de que

puedan asumir su sexualidad de modo positivo y

responsable. La salud reproductiva está fuera del alcance de

muchas personas de todo el mundo a causa de factores

de 713





como: los conocimientos insuficientes sobre la sexualidad

humana y la información y los servicios insuficientes o de

mala calidad en materia de salud reproductiva; la prevalencia

de comportamientos sexuales de alto riesgo; las prácticas

sociales discriminatorias; las actitudes negativas hacia las

mujeres y las niñas; y el limitado poder de decisión que

tienen muchas mujeres respecto de su vida sexual y

reproductiva. En la mayoría de los países, los adolescentes

son particularmente vulnerables a causa de su falta de

información y de acceso a los servicios pertinentes. Las

mujeres y los hombres de más edad tienen problemas

especiales en materia de salud reproductiva, que no suelen

encararse de manera adecuada.

Párrafo 96. Los derechos humanos de la mujer incluyen su

derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su

sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir

libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la

coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones

igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las

relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno

respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el

de 713





consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir

conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del

comportamiento sexual.

Párrafo 97. En la mayor parte de los países, la falta de

atención de los derechos reproductivos de la mujer limita

gravemente sus oportunidades en la vida pública y privada,

incluidas las oportunidades de educación y pleno ejercicio de

sus derechos económicos y políticos. La capacidad de la

mujer para controlar su propia fecundidad constituye una

base fundamental para el disfrute de otros derechos.

La responsabilidad compartida por la mujer y el hombre de

las cuestiones relativas al comportamiento sexual y

reproductivo también es indispensable para mejorar la salud

de la mujer.

Párrafo 216. En la Conferencia Mundial de Derechos

Humanos se reafirmó con toda claridad que los derechos

humanos de la mujer, en todo su ciclo vital, son inalienables

y constituyen parte integrante e indivisible de los derechos

humanos universales.

de 713





En la Conferencia Internacional sobre la Población y el

Desarrollo se reafirmaron los derechos reproductivos de la

mujer y el derecho al desarrollo.

Tanto la Declaración de los Derechos del Niño como la

Convención sobre los Derechos del Niño garantizan los

derechos del niño y sostienen el principio de la no

discriminación por motivo de sexo.

Párrafo 217. La brecha entre la existencia de derechos y la

posibilidad de disfrutarlos efectivamente se deriva del hecho

de que los gobiernos no están verdaderamente empeñados

en promover y proteger esos derechos y no informan por

igual a las mujeres y a los hombres acerca de ellos. La falta

de mecanismos apropiados de presentación de recursos a

nivel nacional e internacional, y la insuficiencia de medios a

ambos niveles agravan el problema. En la mayor parte de los

países se han adoptado medidas para incorporar en el

derecho nacional los derechos garantizados por la

Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer. Varios países han establecido

de 713





mecanismos encaminados a fortalecer la capacidad de la

mujer para ejercer sus derechos.

3. Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013),

firmado por los Representantes oficiales de 38 países miembros y

asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) de las Naciones Unidas, incluido México. El Consenso consta

de más de 120 medidas sobre ocho temas identificados como

prioritarios para dar seguimiento al Programa de Acción de la

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de

las Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994.

Acuerdos:

33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos

sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la

plena realización de las personas y a la justicia social en una

sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia;

34. Promover políticas que contribuyan a asegurar que las

personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el

derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así

de 713





como el derecho a tomar decisiones libres, informadas,

voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto

de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción,

discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la

información y a los medios necesarios para su salud sexual y

salud reproductiva;

87. Garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas,

incluidos los derechos sexuales y derechos

reproductivos, así como el derecho a sus propias medicina

tradicionales y sus prácticas de salud, sobre todo en lo que

se refiere a la reducción de la mortalidad materna e infantil,

considerando sus especificidades socio-territoriales y

culturales, así como los factores estructurales que dificultan

el ejercicio de este derecho;

97. Garantizar las políticas y programas para la elevación de

las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes

asegurando plenamente sus derechos, en particular los

derechos sexuales y los derechos reproductivos;

de 713





4. Las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/MEX/CO/7-8)27, del 7 de

agosto de 2012, respecto de los informes periódicos séptimo y octavo

combinados de México (CEDAW/C/MEX/7-8) en sus reuniones 1051ª

y 1052ª, celebradas el 17 de julio de 2012 (CEDAW/C/SR.1051 y

1052).

En materia educativa y de salud, el Comité recomienda que el Estado

mexicano:

Educación:

Realce la visibilidad del programa PROMAJOVEN y vele por que el

contenido del curso sobre salud y derechos sexuales y

reproductivos esté al día y se base en pruebas científicas, se ajuste a

las normas internacionales e introduzca un programa amplio de salud y

derechos sexuales y reproductivos adecuado a cada grupo de edad,

como parte del programa de estudios normal de los niveles básico y

secundario del sistema educativo;

Salud:

27

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (2012). Observaciones finales del Comité para la Eliminación

de la Discriminación contra la Mujer respecto de los informes 7º y 8º combinados de México. . [En Línea]:

http://recomendacionesdh.mx/recomendaciones/descargar/CEDAW_2012/pdf.

http://recomendacionesdh.mx/recomendaciones/descargar/CEDAW_2012/pdf

de 713





a) Garantice el acceso universal a servicios de atención de salud y a

información y educación sobre salud y derechos sexuales y

reproductivos, en particular para las adolescentes, a fin de prevenir

los embarazos no deseados y de adolescentes;

Con base en estas precisiones, las dictaminadoras consideran que la

negativa de la colegisladora a englobar los elementos que,

semánticamente, corresponden al marco de los DSyR de niñas, niños y

adolescentes, merman el campo de protección que de origen fue

plantado en el proyecto aprobado por el Senado, cuyo espíritu y alcance

fueron descritos en los párrafos precedentes.

De cualquier modo, no pasa inadvertido para estas comisiones que las

modificaciones remitidas por la Cámara de Diputados refieren también

DSyR, pues no debe haber duda: tanto la educación sexual integral,

como la salud reproductiva son elementos constitutivos de tales

derechos.

Lo anterior debe ser así, sobre todo tomando en consideración la gran

problemática en la que se encuentra el Estado mexicano en lo relativo

a la violencia existente hacia niñas, niños y adolescentes, así como a

de 713





las altas tasas de embarazo adolescente que vive el país y que ya han

sido descritas anteriormente.

Para esta Cámara seguirá siendo parte de la discusión parlamentaria el

reconocimiento pleno de aquellos y de otros derechos humanos, pues

sus propósitos reflejan la tendencia actual de las preocupaciones y

problemáticas vigentes en la comunidad internacional, cuya atención

requiere que los Estados promuevan marcos jurídicos y acciones en

materias de interés general, aunque éstas sean relativamente nuevas.

En el caso de México, dicho proceso habrá de resolverse en un

contexto que atienda las diferencias ideológicas, conceptuales y de

cualquier otra naturaleza.

Considerando las precisiones antepuestas, estas Comisiones

dictaminadoras han consensuado aprobar en sus términos las

modificaciones tanto la fracción XI del artículo 50, como a la fracción

VIII del artículo 58, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 50. (…)

I a X. (…)

de 713





XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud

sexual y reproductiva;

XII a XVIII. (…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 58. (…)

I a VII. (…)

VIII. Promover la educación sexual integral conforme a

su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y

madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le

permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera

informada y responsable sus derechos consagrados en la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en las leyes y los Tratados

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea

parte;

IX y X. (…)

QUINTA

de 713






En el tema, Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y

Adolescentes con Discapacidad, específicamente en el artículo 53,

se agrega un párrafo segundo a efecto de hacer patente que ante la

duda o percepción, acerca de que si una niña, niño o adolescente es

una persona con discapacidad, estamos obligados a presumir que tal

es su condición; ello, tiene el objetivo de evitar tratos que afecten el

pleno ejercicio de sus derechos.

Al adicionar un párrafo cuarto al mismo artículo se busca reiterar que

las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir

incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás


Además, en la fracción V del artículo 55 se propone incluir una

precisión, para que tanto en las leyes federales como en las locales se

instituyan mecanismos que permitan el acopio sistemático y periódico

de información y estadística de niña, niños y adolescentes con

discapacidad, como elementos que sirvan de apoyo a la formulación,

de 713





diseño y ejecución de programas y acciones públicas efectivas hacia

ese sector de la población.

Para estas Comisiones Unidas, ambas propuestas son viables en virtud

de que refuerzan una parte sustancial de la Ley que nos ocupa y

porque apuntan a beneficiar a un segmento de la niñez mexicana que

ronda los cuatro y medio millones de personas, en un marco de

respeto e inclusión de las mismas; por tanto, las Comisiones

dictaminadoras las suscriben ampliamente.

Las adiciones y modificaciones a los artículos 53 y 55, quedan de la

siguiente manera:

Artículo 53. (…)

Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o

adolescente es persona con discapacidad, se

presumirá que es una niña, niño o adolescente con

discapacidad.

(…)

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad

tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad, en

de 713





igualdad de condiciones que las demás niñas, niños

y adolescentes.

Artículo 55. (…)

(…)

I. a IV. (…)

V. Establecer mecanismos que permitan la recopilación

periódica y sistemática de información y estadística de

niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que permita

una adecuada formulación de políticas públicas en la

materia.

(…)

Es importante mencionar que de acuerdo con el Fondo para la Infancia

de las Naciones Unidas (UNICEF), alrededor de 93 millones de niñas y

niños vive con alguna discapacidad28.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

señala en su Censo de Población y Vivienda 2010 que en el país viven

un millón 920 mil niñas y niños con dificultades para la realización de

tareas de la vida diaria, lo que representa el 9.1 por ciento de la

28 Visto en: http://www.unicef.org/lac/SOWC2013_fullreport_esp(2).pdf, consultado el 31 de octubre de 2014

http://www.unicef.org/lac/SOWC2013_fullreport_esp(2).pdf

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población con discapacidad y 1.6 por ciento del total de niños del

país29.

Entre la población infantil con discapacidad en México, 43.3 por ciento

tiene de 10 a 14 años, 40.4 por ciento de 5 a 9 años y 16.3 por ciento

de 0 a 4 años de edad. Más de la mitad (58.2 por ciento) son varones.

El Censo 2010, establece también que la discapacidad más frecuente

se relaciona con las limitaciones para caminar o moverse (29.5 por

ciento); le siguen las dificultades para hablar (28.3 por ciento),

limitación mental (19.3 por ciento), ver (17.8 por ciento), poner

atención (15.9 por ciento), escuchar (7.4 por ciento) y atender su

cuidado personal (7.3 por ciento).

Sin duda, todo ello deja en claro le necesidad de continuar diseñando

mecanismos y estrategias que fomenten y garanticen la inclusión de

niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que van desde acciones

para la detección temprana o de tratamiento oportuno, hasta aquellas

que promueven su goce y ejercicio de derechos bajo un enfoque de

igualdad de oportunidades.

29 Visto en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/estadisticas/2013, consultado el 31 de octubre de 2014.

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/estadisticas/2013

de 713





Niñas, niños y adolescentes con discapacidad se enfrentan a diversas

barreras y situaciones que atentan contra sus derechos humanos, tal y

como lo señala el Comité sobre los derechos de las personas con

discapacidad en las observaciones finales en la 167ª sesión, celebrada

el 30 de septiembre de 2014, respecto del informe inicial de México, en

la que se señala lo siguiente:

“Niños y niñas con discapacidad (artículo 7)

1. El Comité está preocupado por la alta tasa de

abandono infantil y la institucionalización de los niños y

niñas con discapacidad en el Estado parte; por la

prevalencia del paradigma asistencialista para su atención y

cuidado, así como por el escaso alcance de medidas

específicas para ellos en zonas rurales y en comunidades

indígenas. Al Comité le preocupa también que los niños y

niñas con discapacidad no participen sistemáticamente en

las decisiones que afecten a su vida y que no tengan la

posibilidad de expresar su opinión en asuntos que les

atañen directamente.

2. El Comité recomienda al Estado Parte a:

de 713





(a) Garantizar la consideración de los niños y niñas con

discapacidad en la legislación, políticas y medidas dirigidas

a la infancia del Estado parte bajo el principio de igualdad

de condiciones con los demás niños y niñas e inclusión en

la comunidad, prestando particular atención a quienes

viven en zonas rurales y en comunidades indígenas;

(b) Adoptar salvaguardias con objeto de proteger el derecho de

los niños y niñas con discapacidad a ser consultados en

todas las cuestiones que les afecten, garantizando una

asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y

edad”.30

Para estas Comisiones Unidas es necesario hacer algunas

observaciones respecto de la “presunción de discapacidad” adicionada

por la Cámara de Diputados, en razón del carácter discriminatorio que

puede representar su aplicabilidad.

Ello, debido a que al no establecer mecanismos para definir si una

niña, niños o adolescente viven con discapacidad deja abierta la

posibilidad de que alguna autoridad, valorativamente por

30 Recomendaciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en sus sesiones 145ª y 146ª examinó el informe inicial

de México, aprobando las observaciones finales en la 167ª sesión, celebrada el 30 de septiembre de 2014.

de 713





características físicas o de comportamiento le dé un tratamiento

específico a una niña, niño o adolescente, cuando ello no siempre es a

favor del respeto de sus derechos y, además, el hecho de “presumir”

que una persona vive con discapacidad sin un criterio definido,

respondería a juicios de valor o pensamiento que son mayormente

discriminatorios.

Para direccionar esta la citada adición, es importante señalar que el

Dictamen enviado a la Colegisladora contemplaba dentro del capítulo

referido en el artículo 53, en materia de inclusión, que niñas, niños y

adolescentes con discapacidad gozaran de todos los derechos

consagrados en la Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables, en

igualdad de condiciones.

Dentro de estos ordenamientos, el principio “pro-persona” es

fundamental tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en el artículo 4° y en el artículo 12 de la Convención sobre

los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como

principal objetivo, para este caso en particular, que niñas, niños y

adolescentes con discapacidad sean protegidos por la disposición o ley

que tutele sus derechos de mejor manera, por lo cual el espíritu de la

de 713





adhesión del segundo párrafo al artículo 53, ya se encontraba

contemplada en la redacción del Dictamen aprobado por el Senado de

la República.

Por su parte, respecto de la modificación realizada a la fracción V del

artículo 55 referente a que las autoridades de los tres órdenes de

gobierno deberán establecer mecanismos que permitan la recopilación

de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con

discapacidad, para adicionar que la misma deberá ser “periódica y

sistemática” es necesario hacer hincapié de que el último párrafo del

artículo 55, contemplado en el Dictamen enviado a la Cámara de

Diputados establece que dichos reportes deberán desagregarse, al

menos, por sexo, edad, escolaridad, entidad federativa y tipo de

discapacidad, así como se despende, que al ser información que se

empleará para el diseño de políticas públicas la misma deberá ser

actualizada permanentemente.

Es por los argumentos vertidos con anterioridad y de que los alcances

de las propuestas de modificación realizadas por la Cámara de

Diputados se contemplaban en el Dictamen aprobado en este Senado,

se aprueban las modificaciones referidas.

de 713





SEXTA


Dentro del capítulo Del Derecho a la Educación, la Colegisladora

adicionó un segundo párrafo al artículo 57, para establecer que

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia tendrán

derecho a intervenir en la educación de niñas, niños y adolescentes, en

los términos de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley. Para la

incorporación de este párrafo, la Cámara de Diputados estimó que:

“En el artículo 57 de la nueva ley, se omita el reconocimiento, la

facultad de los padres, tutores o quienes tengan la guarda o

custodia de las niñas, niños y adolescentes de escoger el tipo de

educación que habrá de darse a sus hijos.

Se debe tener presente que tanto el artículo 3o. de la

Constitución de diversos preceptos de la Convención sobre los

Derechos del Niño y de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, se desprende la obligación de asegurar a niñas y niños

la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,

tutores u otras personas responsables ante la ley”.

de 713





Sobre el caso, a estas Comisiones Unidas les resulta profundamente

infortunado el verbo elegido por la Colegisladora para atender la

participación, en los procesos educativos, de quienes ejercen la patria

potestad, tutela, guardia y custodia, pues la transición hacia el

paradigma que reconoce la titularidad de derechos de niñas, niños y

adolescentes, sobre todo desde la entrada en vigor de la CDN, ha sido

clara al disolver la colisión de los derechos de aquellos con los

derechos de sus tutores.

En el caso de la esfera privativa del núcleo familiar, baste tomar como

ejemplo el caso de las libertades de pensamiento, conciencia,

convicciones éticas y religión. En un principio, la Declaración Universal

de los Derechos Humanos (DUDH, artículo 18) y el Convenio para la

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades

Fundamentales (artículo 9.1) habían reconocido este derecho para

todas las personas, incluyendo la libertad de cambiar de religión o de

creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia,

individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Asentada la noción de que la religión o las convicciones, para quien las

profesa, constituyen uno de los elementos fundamentales de su

de 713





concepción de la vida y que, por tanto, la libertades inherentes a ellas

deben ser íntegramente respetadas y garantizadas, en las décadas

subsecuentes a la proclamación de la DUDH diversos instrumentos

internacionales reiteraron y afinaron sus alcances en la materia. Así,

tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la

Declaración sobre todas las formas de eliminación de intolerancia y

discriminación fundadas en la religión o las convicciones (1981)

emularon dicha noción y avanzaron al desdoblar las conductas

protegidas por este derecho: por un lado, el PIDCP establece la

obligación de los Estados Parte de respetar la libertad de los padres

para garantizar que sus hijos reciban la educación religiosa y moral

que esté de acuerdo con sus propias convicciones (artículo 18.4), y la

Declaración reconoce 1) el derecho de los padres o tutores legales de

organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o

sus convicciones y habida cuenta de la educación moral en que crean

que debe educarse al niño o niña; 2) el derecho de niñas, niños y

adolescentes a tener acceso a educación en materia de religión o

convicciones conforme con los deseos de sus padres; 3) la protección

de cualquier forma de discriminación por motivos de religión o

convicciones; 4) la obligación del Estado de tomar en consideración los

deseos expresados o cualquier otra prueba que se haya obtenido de

sus deseos en materia de religión o de convicciones, cuando un no se

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halle bajo la tutela de sus padres ni de sus tutores legales, y 5) la

determinación de que la práctica de la religión o convicciones en que

se educa a un niño no deberá perjudicar su salud física o mental ni su

desarrollo integral (artículo 5).

Siendo así, ambos instrumentos establecen un derecho contradictorio:

el de las hijas e hijos como titulares del derecho a la libertad religiosa,

y el de los padres de formarlos conforme a sus propias convicciones.

Esta dualidad ha sido materia de diversas controversias, que advierten

la tensión para determinar con claridad al sujeto de derecho. No

obstante, y como ha sido referido, la CDN despejó tales ambigüedades

y, en el caso de tales libertades, establece que:

“ARTÍCULO 14

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad

de pensamiento, de conciencia y religión.

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los

padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al

niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la

evolución de sus facultades.

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias

creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas

de 713





por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el

orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades

fundamentales de los demás.”

Este cambio de paradigma reconoce la titularidad del derecho a la

libertad de pensamiento, conciencia y religión de niñas, niños y

adolescentes, así como el derecho y el deber de los padres o

representantes legales de guiar el ejercicio de este derecho,

conforme al desarrollo evolutivo y cognoscitivo de sus hijos.

Enmarcado en este contexto progresivo, los términos en los que se

reconoce la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura en

el proyecto aprobado por el Senado replica la filosofía garantista de la

CDN al disponer que sean precisamente niñas, niños y adolescentes

quienes gozan de tales libertades.

Por el otro lado, en el caso de la educación formal, el grado de

participación de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia y

custodia está atemperado por la fracción III del artículo 3º

constitucional que, sobre la materia, dispone que: “[…] el Ejecutivo

Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación

preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para

de 713





tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los

gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los

diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y

los padres de familia en los términos que la ley señale. […]”.

Al respecto, la Ley General de Educación desdobla en diversos artículos

la participación de los padres de familia en los procesos educativos de

sus hijas e hijos, estableciendo de manera expresa los alcances de

dicha participación. Así pues, el artículo 3º de la Ley, en

correspondencia con el texto constitucional, estipula que: “En el

sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de

todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de

responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos,

padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el

artículo 7º”.

En el caso de la formulación de los planes y programas de estudio,

aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la

educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y

demás para la formación de maestros de educación básica la

Secretaría de Educación Pública federal “considerará las opiniones

de las autoridades educativas locales, y de los diversos

de 713





sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y

los padres de familia, expresadas a través del Consejo Nacional de

Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72, así

como aquéllas que en su caso, formule el Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación”. (Artículo 48 de la Ley General de

Educación).

Sobre las asociaciones de padres de familia, la Ley establece que éstas

“se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y

laborales de los establecimientos educativos”. (Artículo 67,

párrafo segundo).

En consecuencia, la propuesta presentada por la Colegisladora deberá

leerse a la luz de lo expresado anteriormente. Por lo que las

dictaminadoras no objetan la modificación propuesta, quedando de la

siguiente manera:

Artículo 57. (…)

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y

custodia, tendrán derecho a intervenir en la

educación que habrá de darse a niñas, niños y

de 713





adolescentes, en términos de lo previsto por el


(…)

I a XXI. (…)

(…)

SÉPTIMA

Modificación a los artículos 77, 78 y 80

En cuanto al Derecho a la intimidad de niñas, niños y

adolescentes, Luis Sánchez Agesta, en su obra Sistema Político de la

Constitución Española, anota que el objeto del derecho a la intimidad

es una esfera inderogable en que se desenvuelve la racionalidad y la

vida privada de los individuos.

De Castro, citado por Carlos Ruiz Miguel, distingue tres zonas en la

vida personal en las que el respeto debido a la intimidad personal tiene

una fuerza distinta; en primer lugar la zona pública, la que

corresponde al campo de actuación de las personas públicas; en

segundo lugar la zona privada que es la relativa a los actos de las

personas no públicas en los que afecta a su actuación como tal, esto

de 713





es, su vida familiar, sus relaciones de amistad , etcétera; y en tercer

lugar, la esfera secreta o confidencial que será la que normalmente se

quiere ocultar a la curiosidad ajena.

El derecho a la intimidad, tanto personal como familiar, posee las

siguientes características:

1. Son derechos originarios e innatos.

2. Son derechos absolutos.

3. Son derechos extrapatrimoniales.

4. Son derechos irrenunciables.

5. Son derechos inembargables e inexpropiables.

6. Son derechos imprescriptibles.

El derecho a la intimidad está definido también en el artículo 12 de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas, y establece que el derecho

a la vida privada es un derecho humano, y que:

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida

privada, ni su familia, ni cualquier entidad, ni de ataques

a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho

a la protección de la ley contra tales injerencias o

ataques.

de 713





Asimismo, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

consagra, al respecto, lo siguiente:

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y

reputación; 2. Toda persona tiene derecho a la

protección de la ley contra esas injerencias o esos

ataques.

En el ámbito regional, el artículo 11 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, establece una

norma de protección de la honra y dignidad, al señalar:

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y

al reconocimiento de su dignidad; 2. Nadie puede ser

objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o

reputación; 3. Toda persona tiene derecho a la

de 713





protección de la ley contra esas injerencias o esos

ataques.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

encontramos que:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona,

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de

mandamiento escrito de la autoridad competente, que

funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos

personales, al acceso, rectificación y cancelación de los

mismos, así como a manifestar su oposición, en los

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos

de excepción a los principios que rijan el tratamiento de

datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones

de orden público, seguridad y salud públicas o para

proteger los derechos de terceros.

Específicamente, cuando hablamos del derecho a la intimidad de niñas,

niños y adolescentes, este derecho cobra especial relevancia. La

exposición de la imagen de niñas, niños y adolescentes debe de

de 713





realizarse por los medios de comunicación con el cuidado necesario

para no dañarles de ninguna manera y Organismos internacionales han

expresado tal preocupación.

UNICEF ha emitido las Directrices éticas para la información sobre la

infancia en relación a la protección de los niños, niñas y adolescentes,

frente a la exposición pública, que por su relevancia nos permitimos

reproducir en el presente texto:

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño,

todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción,

deben tener garantizados sus derechos. Uno de esos

derechos es el de la protección de la vida privada, por lo

que la exposición pública de los niños, niñas o

adolescentes cobra especial relevancia en situaciones de

vulnerabilidad, como cuando se ven involucrados en un

delito, ya sea como víctimas, testigos, o acusados de su

comisión.

La exposición pública de los niños, niñas y adolescentes

en estos contextos les coloca en una situación vulnerable

frente a la difamación, la estigmatización y el riesgo de

de 713





ser etiquetados, y de que se les perpetué como víctimas

o agresores.

UNICEF plantea una serie de directrices éticas para la

información sobre infancia, que tienen como objetivo

aportar orientaciones básicas para los medios de

comunicación, pero que también son de utilidad para

autoridades administrativas, policiales y judiciales que

participan en los procesos de justicia, sobre cómo

abordar los temas relacionados con la protección de la

infancia a fin de respetar en todo momento su interés

superior y su dignidad como seres humanos.

Directrices éticas de UNICEF para la información

sobre la infancia

I. Principios

1. Se deberán respetar la dignidad y los derechos de

cada niño o niña en toda circunstancia.

2. En las entrevistas con niños y la información sobre

éstos, se deberá prestar una atención especial al derecho

de cada niño, niña o adolescente a la intimidad y la

de 713





confidencialidad, hacer oír sus opiniones, participar en las

decisiones que les afecten y protegerse contra el daño y

las represalias, incluido el aspecto potencial de estos dos

últimos peligros.

3. Se deberán proteger los intereses fundamentales de

cada niño por encima cualquier otra consideración,

incluyendo entre éstos la defensa de los intereses de la

infancia y la promoción de los derechos del niño.

4. Al intentar determinar los intereses fundamentales de

cada niño o niña, se deberá tener en cuenta el derecho

del niño a que sus opiniones sean tomadas en

consideración de conformidad con la edad y la madurez

de cada niño.

5. Las personas más cercanas a cada niño, niñas o

adolescente en particular y que mejor puedan evaluar su

situación, deberán ser consultadas sobre los aspectos

políticos, sociales y culturales de todo reportaje.

6. No deberá publicarse una historia o una imagen que

pudieran poner al niño, o a sus familiares, en peligro,

aun cuando se cambien, se oscurezcan o no se utilicen

las identidades.

de 713





II. Directrices para entrevistar a los niños y niñas

1. No dañar en ningún modo al niño, niña o adolescente.

Hay que evitar las preguntas, las actitudes o los

comentarios que impliquen juicios de valor, que sean

insensibles a los valores culturales, que pongan al niño

en peligro o que lo expongan a la humillación, o que

reactiven el dolor y la pena debidos a acontecimientos

traumáticos vividos.

2. No discriminar, a la hora de elegir a los niños que

serán entrevistados, por razones de género, raza, edad,

religión, situación, formación académica o capacidades

físicas.

3. No inducir a la interpretación. No debe pedirse a los

niños que cuenten una historia o actúen de un modo que

no forme parte de su propia historia.

4. Asegurarse de que el niño, o su tutor, sepa que está

hablando con un periodista. Explicar la finalidad de la

entrevista y su uso previsto.

5. Obtener el permiso del niño y de su tutor para todas

las entrevistas, grabaciones en vídeo y, si es posible, las

fotografías documentales. Cuando sea posible y

de 713





apropiado, este permiso debe obtenerse por escrito. El

permiso debe obtenerse en circunstancias que garanticen

que no se fuerza en modo alguno al niño ni a su tutor, y

que éstos comprenden que forman parte de una historia

que podía difundirse en el ámbito local y globalmente. En

general, esto solamente se puede asegurar si el permiso

se obtiene en el idioma del niño y si la decisión se toma

previa consulta con alguien de confianza del niño.

6. Prestar atención al lugar y al modo en que se

entreviste al niño. Limitar el número de entrevistadores y

fotógrafos. Procurar asegurarse de que los niños están

cómodos y son capaces de contar su historia sin presión

exterior, entre otros del propio entrevistador. En las

entrevistas radiofónicas, filmadas en vídeo o en película,

haya que considerar qué implica la elección de

determinado fondo visual o acústico para el niño y para

su vida e historia. Hay que asegurarse de que el niño no

se pone en situación de peligro o no resulta afectado

desfavorablemente al mostrar las cercanías de su hogar,

y su entorno comunitario o general.

III. Directrices para informar sobre niños

de 713





1. No aumentar el estigma del niño. Evitar las

clasificaciones o las descripciones que puedan exponer al

niño a represalias negativas, incluidos daños físicos o

psicológicos adicionales, o el abuso de por vida, la

discriminación o el rechazo por parte de su comunidad

local.

2. Proporcionar siempre un contexto adecuado a la

historia o la imagen infantil.

3. Se deberá cambiar siempre el nombre y oscurecer la

identidad visual de todo niño que se identifique como

víctima de abusos o de explotación sexuales; o como

autor de abusos físicos o sexuales; imputados o

condenados por un delito; VIH positivo o que viva con el

SIDA –a menos que el niño, un progenitor o un tutor dé

su consentimiento con pleno conocimiento de causa–; o

cuando esté acusado o condenado por un delito.

4. En circunstancias de riesgo o riesgo potencial de daño

o represalia, se deberá cambiar el nombre y oscurecer la

identidad visual de todo niño que se identifique como

combatiente infantil, actual o antiguo, solicitante de asilo,

refugiado o desplazado interno.

de 713





5. En ciertos casos, utilizar la identidad del niño –su

nombre o imagen reconocible– forma parte del interés

superior del niño. Sin embargo, cuando se utilice su

identidad, el niño deberá seguir estando protegido contra

cualquier daño y apoyado ante cualquier estigmatización

o represalia.

6. Los datos, hechos y las conclusiones de otras fuentes

de noticias deberán ser verificadas antes de publicarse.

Algunos ejemplos de estos casos especiales son:

• Cuando los niños o niñas inicien el contacto con el

periodista, queriendo con ello ejercer su derecho a la

libertad de expresión y a hacer oír sus opiniones;

• Cuando los niños o niñas formen parte de un programa

estable de activismo o movilización social y deseen ser

identificados como tales;

• Cuando los niños o niñas participen de un programa

psicosocial y la reivindicación de sus nombres e

identidades forme parte de su proceso de recuperación.

6. Confirmar con otros niños o un adulto, de preferencia

con ambos, la exactitud de lo que el niño tiene que decir.

7. Cuando existan dudas sobre si un niño corre peligro,

haya que informarse sobre la situación general de los

de 713





niños y niñas, en lugar de hacerlo sobre un niño

concreto, por muy interesante que resulte la historia.

Cuando la utilización de imágenes de niños en cualquiera

de los cuatro grupos resumidos arriba se considere

válida, deberá obtenerse una autorización firmada por el

niño o la niña, o su tutor. Esta autorización debe

obtenerse en circunstancias que garanticen que el sujeto

no es objeto de coerción alguna y que comprende las

implicaciones de su autorización. Como mínimo, esto

significa que la autorización debe estar escrita en el

idioma del sujeto y que la decisión se toma en consulta

con un adulto de confianza y perteneciente al mismo

grupo cultural.

Derecho a la protección de la vida privada y la intimidad

en el caso de niños o adolescentes imputados o

condenados por un delito:

Las Directrices de Naciones Unidas sobre la Justicia en

Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de

Delitos (aprobadas por el Consejo Económico y Social en

2005), reconocen el derecho a la protección de la

intimidad de los niños y niñas víctimas y testigos de

delitos como un asunto de primordial importancia y

de 713





resaltan el deber de proteger toda la información relativa

a la participación del niño o niña en el proceso de

justicia, manteniendo siempre la confidencialidad y

restringiendo la divulgación de cualquier información que

permita su identificación.

Asimismo, el derecho al respeto a la vida privada

tratándose de niños, niñas o adolescentes acusados de

haber cometido un delito, es también ampliamente

recogido por la Convención sobre los Derechos del Niño y

por las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la

Administración de Justicia de Menores (aprobadas por la

Asamblea General en 1985).

Una de las diferencias esenciales del sistema de justicia

especializado que mandata la Convención sobre los

Derechos del Niño, es precisamente el derecho a la

protección de la intimidad y el respeto a la vida privada

en todas las fases del procedimiento. Este derecho

específico obliga a prohibir toda publicidad y publicación

de información que pueda dar lugar a la individualización

de los adolescentes que han sido acusados o declarados

responsables de cometer un delito, a fin de evitar los

juicios anticipados y la estigmatización de los mismos. La

de 713





protección de la intimidad también implica, el carácter

privado que deben tener los juicios y audiencias en los

que se juzga a los adolescentes y el carácter confidencial

de toda la información generada durante el proceso.

Evitar el prejuzgamiento público y la estigmatización,

mediante la protección del derecho a la vida privada es

una cuestión indispensable para asegurar que se cumpla

la finalidad última del sistema de justicia especializado

para adolescentes, que es la de promover su

reintegración a la sociedad y su capacidad de asumir una

función constructiva dentro de la misma.

De acuerdo a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas

para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas

de Beijing) se establece:

- Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de

difamación perjudiquen a los niños o adolescentes se

respetará en todas las etapas el derecho de los menores

a la intimidad.

- En principio, no se publicará ninguna información que

pueda dar lugar a la individualización de un niño o

adolescente al que se ha imputado la comisión de un

de 713





delito o se ha considerado culpable de la comisión de un

delito.

- Los jóvenes son particularmente vulnerables a la

difamación. Los estudios criminológicos sobre los

procesos de difamación han suministrado pruebas sobre

los efectos perjudiciales (de diversos tipos) que dimanan

de la individualización permanente de los jóvenes como

"delincuentes" o "criminales".

- Es importante hacer hincapié en la importancia de

proteger a los niños y adolescentes de los efectos

adversos que pueden resultar de la publicación en los

medios de comunicación de informaciones acerca del

caso (por ejemplo, el nombre de los niños, niñas y

adolescentes que se presume delincuentes o que son

condenados).

Si bien estas directrices no son vinculatorias, son un parámetro de

actuación para todos aquellos que hagan exposición de niñas, niños o

adolescentes en los medios de comunicación.

Es también importante recordar que la Ley sobre Delitos de Imprenta,

si bien fue expedida en 1917, es derecho vigente al día de hoy,

de 713





teniendo en cuenta que, tratándose de niñas, niños y adolescentes, la

afectación a su derecho puede ser mucho más grave.

En el caso del artículo 77, la colegisladora resolvió modificar dicho

artículo en el siguiente sentido:

TEXTO DE LA MINUTA

ENVIADA POR EL SENADO DE

LA REPÚBLICA A LA CÁMARA

DE DIPUTADOS

TEXTO DE LA MINUTA

ENVIADA POR LA CÁMARA DE

DIPUTADOS AL SENADO DE

LA REPÚBLICA










de radiodifusión y












de radiodifusión y



de 713







impreso del que se trate, sin que

obre autorización por escrito, o

por cualquier otro medio que

permita constatarla, de quienes


guarda y custodia, o que aun




contraria a sus derechos o que los

ponga en riesgo, conforme al


niñez.



impreso del que se trate, que

menoscabe su honra o

reputación, sea contrario a sus

derechos o que los ponga en



Las senadoras y senadores de las Comisiones Dictaminadoras

consideramos que si bien la Cámara de Diputados determinó omitir el

texto por el cual se prohíbe expresamente, bajo la figura de violación a

la intimidad, la transmisión o publicación de su imagen, nombre o

datos personales en medios impresos o electrónicos sin la autorización

por escrito, o por cualquier otro medio que permitiera constatarla, de

de 713





quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, dicha

prohibición queda implícita, especialmente teniendo en cuenta los

fundamentos jurídicos evocados con anterioridad en relación al

principio pro persona que, en relación al gobernado, permite la

interpretación más extensa de manera que sus derechos se encuentren

protegidos de la mejor manera posible, teniendo también en cuenta el

principio del interés superior de la niñez.

De la misma manera, estas Comisiones Unidas, consideran que al no

seguir el protocolo indicado, es decir, al no observar escrupulosamente

las Directrices éticas de Unicef para la información sobre la infancia en

relación a la protección de los niños, niñas y adolescentes, frente a la

exposición pública, a los concesionarios de radio y televisión o medios

impresos, podría imputárseles dolo en caso de que alguna niña, niño o

adolescente, o quienes ejercen su patria potestad o custodia sintieran

menoscabado su derecho a la intimidad.

Esto cobra especial relevancia en las modificaciones hechas por la

colegisladora en el caso del artículo 78, cuyo texto fue modificado en el

siguiente sentido:

TEXTO DE LA MINUTA


TEXTO DE LA MINUTA


de 713






DE DIPUTADOS


LA REPÚBLICA





sigue:

I. Deberá recabar el

consentimiento por escrito o

cualquier otro medio, de quienes

ejerzan la patria potestad o tutela,

así como la opinión de la niña,

niño o adolescente,


señalado en el artículo anterior y

a lo previsto en el párrafo

segundo del artículo 76 de la

presente Ley, y

II. La persona que realice la






sigue:

I. y II. …

de 713






comentarios que afecten o



y adolescentes.

En el caso de que no sea

posible recabar el



tutela de un adolescente, éste

podrá otorgarlo siempre que

ello no implique una

afectación a su derecho a la

privacidad por el menoscabo

a su honra o reputación.

No se requerirá el



tutela de niñas, niños o

adolescentes, cuando la

entrevista tenga por objeto

de 713





que éstos expresen

libremente, en el ejercicio de

su derecho a la libertad de

expresión, su opinión

respecto de los asuntos que

les afecten directamente,

siempre que ello no implique

una afectación a sus

derechos, en especial a su

honra y reputación.

Con la adición de estos dos párrafos, la Cámara de Diputados

establece dos excepciones al protocolo que los medios de

comunicación que difundan entrevistas a niñas, niños y adolescentes,

deben seguir al momento de realizar dichas entrevistas; en el primero

de los casos, cuando no sea posible recabar el consentimiento de

quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un o una adolescente,

este o esta podrá otorgarlo siempre que ello no implique una

afectación a su derecho a la privacidad, por el menoscabo a su honra o

reputación.

de 713





Si bien estas dos excepciones pueden existir en la norma, esto no

exime al medio de la obligación de verificar y asegurarse que

la persona adolescente no se encuentre de ninguna manera

coaccionada, ya que este hecho generaría un vicio en el

consentimiento, teniendo en cuenta que una persona adolescente, por

su condición de persona en formación, no siempre estará en

condiciones de expresarlo de manera libre (ausente de violencia física,

psicológica o emocional) e informada. Por ello, también el medio habrá

de verificar que no exista error en dicho consentimiento, asegurándose

que el adolescente entienda a cabalidad, las implicaciones que dicho

consentimiento conlleva y que el material que se recabe será utilizado

de cierta manera. Por ello, la simple respuesta a las preguntas del

entrevistador no implicará, de ninguna forma, el otorgamiento de dicho

consentimiento, sino que deberá mediar una amplia explicación a la

persona adolescente tanto del procedimiento, como de la utilización

del material recopilado. Esto deberá de realizarse a través de cualquier

medio que permita su posterior verificación.

Asimismo, estas Comisiones Unidas consideran importante garantizar

el ejercicio de la expresión libre de las ideas de niñas, niños y

adolescentes, por lo que en todo momento se promoverá que se

expresen sobre todos aquellos asuntos que son de su incumbencia. Las

de 713





y los senadores consideramos de gran valía que las opiniones de niñas,

niños y adolescentes se expresen, lo cual podrá hacerse tomando en

cuenta que la difusión de la expresión de dichas ideas no implica la

difusión de su imagen o de sus datos personales o de identificación, ya

que esto último refiere a otro derecho que debe también de

prevalecer, que es el derecho a la intimidad o privacidad de niñas,

niños o adolescentes, por lo que cuando el texto de la Minuta refiere a

que “No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria

potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista

tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de su

derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos

que les afecten directamente, siempre que ello no implique una

afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación.” No

implica en ningún momento la difusión de su imagen o datos de

identificación, sino únicamente de la opinión vertida por la niña, niño o

adolescente, máxime que en el mismo texto se lee que la transmisión

de dicha opinión no implica la afectación de otros derechos, por

ejemplo el de la privacidad, el cual si estaría afectándose si además de

la transmisión de su opinión se transmite su imagen o datos de

identificación.

de 713





Por lo que refiere al artículo 80, el cual queda modificado de la

siguiente manera:

TEXTO DE LA MINUTA



DE DIPUTADOS

TEXTO DE LA MINUTA



LA REPÚBLICA

Artículo 80. Los medios de



difundir, no pongan en peligro, de



vulneren el ejercicio de derechos


aun cuando se modifiquen, se

difuminen o no se especifiquen

sus identidades, y evitarán la

difusión de imágenes o noticias

que propicien o sean tendentes a

su discriminación, criminalización

o estigmatización, en

Artículo 80. …




de 713






aplicables.













posible responsabilidad penal en

los términos que establezcan las

disposiciones aplicables, e iniciar

los procedimientos por la











reparación del daño e iniciar los

procedimientos por la





…

de 713






Niñas, niños o adolescentes

afectados, considerando su edad,

grado de desarrollo cognoscitivo y

madurez, solicitarán la

intervención de las Procuradurías

de Protección.










En los procedimientos civiles o

administrativos que sean iniciados

o promovidos por quienes ejerzan


y custodia de niñas, niños y




Si bien las modificaciones realizadas, en la práctica, no surten

implicaciones jurídicas distintas, estas Comisiones dictaminadoras

advierten que la eliminación de estas responsabilidades para los

de 713





medios de comunicación en esta Ley, no implica la inexistencia de tales

obligaciones, ya que se encuentran contempladas en otros

ordenamientos jurídicos.

Por lo anterior, en ningún momento se inhibe el derecho de niñas,

niños y adolescentes, así como de quienes ejercen la patria potestad,

tutela o guarda y custodia, tienen para presentar denuncias y querellas

en caso de posible responsabilidad penal en los términos que

establezcan las disposiciones aplicables, por el incumplimiento a lo

establecido en el artículo 80 o en cualquier otro artículo de la Ley que

implique un delito, queda garantizado por diversos ordenamientos

como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los

tratados internacionales y las leyes secundarias aplicables.

OCTAVA


Dentro del capítulo, Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al

Debido Proceso, se propone reformar el primer párrafo y las

fracciones XI y XII.

de 713





Tocante al primer párrafo, al insertar la frase “de conformidad con su

edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez”, se

uniforman conceptos, y se establece que las niñas, niños y

adolescentes deben ser considerados en función del desarrollo de sus

capacidades intelectuales y físicas para ejercer sus derechos.

Por lo que se refiere a la fracción XI, argumentan los promoventes:

Es necesario recordar que la actividad lúdica se utiliza como

descanso, el juego provoca descanso y reposo de orden mental,

de ahí la importancia que quede claro en esta fracción, que los

espacios lúdicos deben ser también de descanso.

En este sentido, se modifica la fracción XI del artículo 83,

proponiendo que se omita la coma de la primera línea.

En cuanto a la modificación de la fracción XII, se busca obligar o toda

autoridad —federal o local— que realicen algún acto de autoridad o

llevan a cabo cualquier procedimiento tomar medidas para evitar

sufrimientos a los menores de edad involucrados.

En consecuencia, las Comisiones Unidas concuerdan con las

propuestas de modificación al primer párrafo, las fracciones XI y XII

de 713





del artículo 83, al considerar que unifican, dentro de la Ley, los

conceptos y dan claridad en las acciones o medidas que las

autoridades deban tomar al sustanciar procedimientos de cualquier

índole donde estén involucrados menores de edad. Así, el artículo 83

queda de la siguiente manera:

Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales

del Distrito Federal, que sustancien procedimientos de

carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen

cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados

niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su

edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de

madurez estarán obligadas a observar, cuando menos a:

I. a X. (…)

XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para

niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleven

a cabo procedimientos en que deban intervenir;

XII. (…)

XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños

o adolescentes de sufrimientos durante su

de 713





participación y garantizar el resguardo de su intimidad y

datos personales.

NOVENA


En el mismo capítulo, Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al

Debido Proceso, la Revisora plantea suprimir la frase “en espacios

lúdicos y condiciones especiales”, por innecesaria, y remitir la

actuación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno a lo

dispuesto en la fracción XI del artículo 83.

La modificación, en opinión de las Comisiones Unidas aporta orden y

claridad a la redacción de la misma, por lo que es viable su aceptación,

quedando de la siguiente manera:

Artículo 86. (…)

I. (…)

II. Que su participación en un procedimiento se lleve a

cabo de la manera más expedita, asistidos por un

de 713





profesional en derecho y atendiendo a lo dispuesto por

la fracción XI del artículo 83 de esta ley;

III. a VI. (…)

DÉCIMA


En el capítulo referido a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes,

se agrega la frase “de derechos”, en congruencia con el espíritu

garantista de la ley; esto es, que las autoridades competentes sean

responsables de observar los procedimientos de atención y protección

de los derechos de la niñez, y no directamente de personas. Por tanto,

para las Comisiones Unidas esta propuesta es de aprobarse, para

quedar como sigue:

Artículo 90. Las autoridades competentes deberán

observar los procedimientos de atención y protección

especial de derechos de niñas, niños y adolescentes

migrantes, previstos en la Ley de Migración, su Reglamento

y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo

de 713





observar en todo momento el principio del interés superior

de la niñez y los estándares internacionales en la materia.

DÉCIMA PRIMERA


En el capítulo De los Centros de Asistencia Social la Revisora

propone adicionar una fracción octava y un párrafo final, con el fin de

que en las instalaciones de los centros de asistencia social, además de

cubrir los requisitos establecidos en la Ley General de Salud, se

puedan crear las condiciones para que niñas, niños y adolescentes con

discapacidad encuentren un entorno favorable, vivan incluidos sin

discriminación alguna.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala

que le preocupa, en el Estado mexicano, la falta de protección de

niñas y niños con discapacidad ante la violencia y el abuso. Le

preocupa también la ausencia de protocolos para llevar registro,

control y supervisión de las condiciones en que operan albergues,

de 713





refugios o cualquier centro de estancia para niños y niñas con

discapacidad31.

En ese sentido, el Dictamen aprobado en el Senado contempla en el

artículo 109 que todo Centro de Asistencia Social deberá fomentar la

inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos

de la legislación aplicable; es decir, deberá realizar las acciones y

tomar las medidas necesarias que garanticen el acceso, en igualdad de

oportunidades y en su sentido más amplio, sin ningún tipo de

discriminación o acción que menoscabe el goce y ejercicio íntegro de

sus derechos.

Ello, además, en estrecha relación con la exposición de las reformas a

los artículos 53 y 55 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños

y Adolescentes de este Dictamen en donde se señala que de acuerdo

con el contenido del capítulo denominado, Derecho a la Inclusión de

Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad, todos los derechos y el

contenido de la Ley, deben contemplar lo necesario para que puedan

acceder y disfrutar de ellos, bajo el principio de igualdad sustantiva, las

niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

31 Recomendaciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en sus sesiones 145ª y 146ª examinó el informe inicial

de México, aprobando las observaciones finales en la 167ª sesión, celebrada el 30 de septiembre de 2014.

de 713





Por lo anterior, reiterando que los alcances de la Minuta no modifican

el sentido del Dictamen enviado a la Colegisladora, las Comisiones

Unidas señalan que ambas propuestas son de aceptarse, quedando de

la siguiente manera:


I a VII. (…)

VIII. Procurar un entorno que provea los apoyos

necesarios para que niñas, niños y adolescentes con

discapacidad vivan incluidos en su comunidad.

Niñas, niños y adolescentes con discapacidad

temporal o permanente; sin distinción entre motivo

o grado de discapacidad, no podrán ser

discriminados para ser recibidos o permanecer en

los centros de asistencia social.

DÉCIMA SEGUNDA


de 713





En el capítulo del Sistema Nacional de Protección Integral, en el

apartado de sus integrantes, la Colegisladora tuvo a bien proponer la

modificación del tercer párrafo de la fracción, para que entre los

invitados permanentes a las sesiones del Sistema Nacional de

Protección Integral acuda, —con derecho a voz pero sin voto—, un

representante del Poder Judicial de la Federación y los representantes

de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país;

asimismo, suprime la frase “así como representantes”.

La inclusión del Poder Judicial federal resulta ineludible, al considerar

que el Sistema de Protección tiene carácter nacional y la colaboración

de los poderes establecidos es ineludible en una República democrática

que tiene como objetivo velar por el interés superior de la infancia, en

todos los órdenes de la acción pública. Por tal razón, se considera

viable la propuesta, para quedar como sigue:


A. a C. (…)

D. (…)

(…)

de 713





Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema

Nacional de Protección Integral, los Presidentes de las

Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores

del Congreso de la Unión, un representante del Poder

Judicial de la Federación, así como representantes

de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, las

asociaciones de municipios, legalmente constituidas,

quienes intervendrán con voz pero sin voto.

(…)

(…)

(…)

(…)

DÉCIMA TERCERA


En el capítulo De las Infracciones y Sanciones Administrativas,

acorde con la modificación propuesta en el artículo 77, se propone

suprimir la frase “sin la autorización “, en la fracción IV del artículo

148; más aún, se modifica el cuarto párrafo del artículo 149, para

de 713





introducir la frase “Se considerará reincidente al que” y se adicionan

los incisos a), b) y c), a fin de precisar las sanciones en los casos de

reincidencia.

Para las Comisiones Unidas, las modificaciones de ambos artículos son

viables, por abonar a clarificar las sanciones previstas en el capítulo,

por tanto quedan de la siguiente manera:


I a III. (…)

IV. Respecto de los concesionarios de radio y

televisión y de quien dirija medios impresos, la

violación a la intimidad personal o familiar de niñas,

niños o adolescentes, a que se refiere el artículo 77

de esta Ley;

V. a IX. (…)


(…)

(…)

de 713





En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse

hasta por el doble de lo previsto en este artículo. Se

considerará reincidente al que:

a) Habiendo incurrido en una infracción que

haya sido sancionada, realice otra violación

del mismo precepto de esta Ley;

b) Al inicio del segundo o ulterior

procedimiento exista resolución previa que

haya causado estado, y

c) Que entre el inicio del procedimiento y la

resolución que haya causado estado no haya

transcurrido más de diez años.

En razón de lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos

Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos

Humanos, de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos a

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, para efectos de la

fracción A del artículo 72 Constitucional, el siguiente

IV. DECRETO

de 713





Artículo Primero. Se aprueban en sus términos, las modificaciones a

los artículos 13, 16, 26, 50, 53, 55, 57, 58, 77, 78, 80, 83, 86, 90, 108,

127, 148 y 149, remitidas por la Cámara Revisora, correspondientes a

la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley General

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas


Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, quedando de la

siguiente manera:

MODIFICACIONES

MINUTA APROBADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 23

DE OCTUBRE DE 2014

Artículo 13. (…)

I. a XIX. (…)

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, en

términos de lo previsto en la Ley Federal de

de 713





MODIFICACIONES


DE OCTUBRE DE 2014

Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el

Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la

prestación de dichos servicios.

(…)

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser

privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados

en conflictos armados o violentos.

Artículo 26. (…)

(…)

I. a IV. (…)

V. Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso,

en acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social

el menor tiempo posible.

de 713





MODIFICACIONES


DE OCTUBRE DE 2014

Esta medida especial de protección tendrá carácter subsidiario,

priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar.

(…)

(…)

Artículo 50. (…)

I. a X. (…)

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y

reproductiva;

XII a XVIII. (…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 53. (…)


adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que

de 713





MODIFICACIONES


DE OCTUBRE DE 2014

es una niña, niño o adolescente con discapacidad.

(…)

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen

derecho a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de

condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes.

Artículo 55. (…)

(…)

I. a IV. (…)

V. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y

sistemática de información y estadística de niñas, niños y

adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada

formulación de políticas públicas en la materia.

(…)

Artículo 57. (…)

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y

de 713





MODIFICACIONES


DE OCTUBRE DE 2014

custodia, tendrán derecho a intervenir en la educación que

habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de

lo previsto por el artículo 103 de esta Ley.

(…)

I a XXI. (…)

(…)

Artículo 58. (…)

I a VII. (…)

VIII. Promover la educación sexual integral conforme a su edad,

el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas,

niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes

ejercer de manera informada y responsable sus derechos

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los

que el Estado Mexicano sea parte;

IX y X. (…)

de 713





MODIFICACIONES


DE OCTUBRE DE 2014

Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o

adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos

personales o referencias que permitan su identificación en los medios

de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio

de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o

en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o

medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o

reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo,

conforme al principio de interés superior de la niñez.

Artículo 78. (…)

I y II. (…)

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento

de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un

adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no

implique una afectación a su derecho a la privacidad por el

menoscabo a su honra o reputación.

de 713





MODIFICACIONES


DE OCTUBRE DE 2014

No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la

patria potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes,

cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen

libremente, en el ejercicio de su derecho a la libertad de

expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten

directamente, siempre que ello no implique una afectación a

sus derechos, en especial a su honra y reputación.

Artículo 80. (…)

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo,

niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su

representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección

competente, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá

promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los

procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya

lugar; así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su

conclusión.

(…)

de 713





MODIFICACIONES


DE OCTUBRE DE 2014

En los procedimientos civiles o administrativos que sean iniciados o

promovidos por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y

custodia de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección

competente ejercerá su representación coadyuvante.

Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas,

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,

que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o


estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad

con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de


I. a X. (…)

XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y

adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos

en que deban intervenir;

XII. (…)

XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o

de 713





MODIFICACIONES


DE OCTUBRE DE 2014

adolescentes de sufrimientos durante su participación y

garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales.

Artículo 86. (…)

I. (…)

II. Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de la

manera más expedita, asistidos por un profesional en derecho y

atendiendo a lo dispuesto por la fracción XI del artículo 83 de

esta ley;

III. a VI. (…)

Artículo 90. Las autoridades competentes deberán observar los

procedimientos de atención y protección especial de derechos de

niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley de

Migración, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables,

debiendo observar en todo momento el principio del interés superior



de 713





MODIFICACIONES


DE OCTUBRE DE 2014

I a VII. (…)

VIII. Procurar un entorno que provea los apoyos necesarios

para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivan

incluidos en su comunidad.

Niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o

permanente; sin distinción entre motivo o grado de

discapacidad, no podrán ser discriminados para ser recibidos

o permanecer en los centros de asistencia social.


A. a C. (…)

D. (…)

(…)

Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Nacional de

Protección Integral, los Presidentes de las Mesas Directivas de las

Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, un

de 713





MODIFICACIONES


DE OCTUBRE DE 2014

representante del Poder Judicial de la Federación, así como

representantes de la Comisión Nacional de Tribunales

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, las

asociaciones de municipios, legalmente constituidas, quienes

intervendrán con voz pero sin voto.

(…)

(…)

(…)

(…)


I a III. (…)

IV. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de quien

dirija medios impresos, la violación a la intimidad personal o familiar

de niñas, niños o adolescentes, a que se refiere el artículo 77 de esta

Ley;

V. a IX. (…)

de 713





MODIFICACIONES


DE OCTUBRE DE 2014


(…)

(…)

En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el doble

de lo previsto en este artículo. Se considerará reincidente al que:

a) Habiendo incurrido en una infracción que haya sido

sancionada, realice otra violación del mismo precepto de

esta Ley;

b) Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista

resolución previa que haya causado estado, y

c) Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que

haya causado estado no haya transcurrido más de diez

años.

Artículo Segundo. Se expide la Ley General para la Protección de

Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la

de 713





Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y

Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES

Título Primero


Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y

observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto:

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de

derechos, de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos

que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los


II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de

los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a

lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos

de 713





Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano forma parte;

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del

Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla

con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y

restitución integrales de los derechos de niñas, niños y

adolescentes que hayan sido vulnerados;

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la

política nacional en materia de derechos de niñas, niños y

adolescentes, así como las facultades, competencias,

concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes

Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales

autónomos, y

V. Establecer las bases generales para la participación de los

sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar

la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y

adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

de 713





Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas,

niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán

medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente

Ley. Para tal efecto, deberán:

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de

derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas

y programas de gobierno;

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y

considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y

de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos

asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo

evolutivo, cognoscitivo y madurez, y

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y

evaluación de la implementación de políticas, programas

gubernamentales, legislación y compromisos derivados de

tratados internacionales en la materia.

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera

primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que

involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes

de 713





interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva

este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes,

en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles

repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías

procesales.

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los

municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en

el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos

de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar

cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos

locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en

sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar

cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus

respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto

de 713





de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de

políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y

promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como

para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés

superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y

presupuestales.

Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física,

psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas,


Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acciones afirmativas: Acciones de carácter temporal, de políticas y

prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son

correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a

acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes;

II. Acogimiento residencial: Aquél brindado por centros de asistencia

social como una medida especial de protección de carácter

subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo

posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar;

de 713





III. Adopción internacional: Aquélla que se realice en términos de lo

dispuesto por los tratados internacionales en la materia;

IV. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o

indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar

a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio,

en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos

humanos y libertades fundamentales;

V. Centro de asistencia social: El establecimiento, lugar o espacio de

cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y

adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan

instituciones públicas, privadas y asociaciones;

VI. Certificado de idoneidad: El documento expedido por el Sistema

Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, o por la autoridad

central del país de origen de los adoptantes en los casos de

adopciones internacionales, en virtud del cual se determina que los

solicitantes de adopción son aptos para ello;

VII. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social;

de 713





VIII. Diseño universal: El diseño de productos, entornos, programas y

servicios que puedan utilizar niñas, niños y adolescentes, en la

mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño

especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas

para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando se

necesiten;

IX. Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en

la que se encuentran niñas, niños y adolescentes que al ser

discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven

anulados o menoscabados sus derechos;

X. Familia de origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria

potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas,

niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo

grado;

XI. Familia extensa o ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes

de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de

grado, y los colaterales hasta el cuarto grado;

XII. Familia de acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la

autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza

positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y

adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar

de 713





una opción permanente con la familia de origen, extensa o

adoptiva;

XIII. Familia de acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de

origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno

niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume

todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de

conformidad con el principio de interés superior de la niñez;

XIV. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las

libertades fundamentales;

XV. Informe de adoptabilidad: El documento expedido por el Sistema

Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, que contiene la

información sobre la identidad, medio social, evolución personal y

familiar que determina la adoptabilidad de niñas, niños y

adolescentes;

XVI. Órgano jurisdiccional: Los juzgados o tribunales federales o de las

entidades federativas;

XVII. Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de Protección

de Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías de protección de

niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa;

de 713





XVIII. Programa Local: El Programa de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes de cada entidad federativa;

XIX. Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes;

XX. Protección Integral: Conjunto de mecanismos que se ejecuten en los

tres órdenes de gobierno con el fin de garantizar de manera

universal y especializada en cada una de las materias relacionadas

con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de

conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados

internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

XXI. Representación coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y

adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y

administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de las

Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de

competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al

Ministerio Público;

XXII. Representación originaria: La representación de niñas, niños y

adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela,

de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones

aplicables;

de 713





XXIII. Representación en suplencia: La representación de niñas, niños y

adolescentes a cargo de las Procuradurías de Protección, conforme

a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la

intervención que corresponda al Ministerio Público;

XXIV. Sistemas de las Entidades: Los Sistemas para el Desarrollo Integral

de la Familia de cada entidad federativa;

XXV. Sistema Local de Protección: El Sistema de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes de cada entidad federativa;

XXVI. Sistemas Municipales: Los Sistemas Municipales para el Desarrollo

Integral de la Familia;

XXVII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo

Integral de la Familia;

XXVIII. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema Nacional de

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y

XXIX. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en

materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de los que el

Estado mexicano sea parte.

de 713





Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y

adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de

dieciocho años de edad.

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de

dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando

exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce

años, se presumirá que es niña o niño.

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios

rectores, los siguientes:

I. El Interés superior de la niñez;

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad

e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes,

conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como

en los tratados internacionales;

III. La igualdad sustantiva;

IV. La no discriminación;

V. La inclusión;

de 713





VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

VII. La participación;

VIII. La interculturalidad;

IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad

y las autoridades;

X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades

administrativas, económicas y culturales;

XI. La autonomía progresiva;

XII. El principio pro persona;

XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y

XIV. La accesibilidad.

Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán

garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos

de niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las

acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo

integral plenos.

de 713






municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en

el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de

respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y

adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley.

Artículo 9. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta

Ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará a los principios

generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a

los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento

los principios rectores de esta Ley.

Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta

las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los

diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario

de todos sus derechos.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y

de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de

sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección

especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren

de 713





en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de

carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad,

identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o

apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia

sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que

restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

Artículo 11. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen,

del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el

respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y

adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida.

Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento

de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en

cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento

inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda

seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar

las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales

procedentes en términos de las disposiciones aplicables.

Título Segundo

De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

de 713





Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas,

niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los

siguientes:

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

II. Derecho de prioridad;

III. Derecho a la identidad;

IV. Derecho a vivir en familia;

V. Derecho a la igualdad sustantiva;

VI. Derecho a no ser discriminado;

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano


VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con

discapacidad;

XI. Derecho a la educación;

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;

de 713





XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento,

conciencia, religión y cultura;

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;

XV. Derecho de participación;

XVI. Derecho de asociación y reunión;

XVII. Derecho a la intimidad;

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, y

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e

internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos,

el Estado establecerá condiciones de competencia

efectiva en la prestación de dichos servicios.



sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para

de 713





garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin

discriminación de ningún tipo o condición.

Capítulo Primero

Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les

preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas,


el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las

acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier

conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar

y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una

vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que

garanticen su desarrollo integral.

de 713






privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados

en conflictos armados o violentos.

Capítulo Segundo


Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les

asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente

a que:

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y

con la oportunidad necesaria;

II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los

servicios, en igualdad de condiciones, y

III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas

públicas necesarias para la protección de sus derechos.

Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y

adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades

de 713





administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como

consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas

autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este

principio.

Capítulo Tercero


Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación

civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así

como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma

inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin

costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los

términos de las disposiciones aplicables;

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los


III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y

siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y

de 713





IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su

pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.



sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda,

localización y obtención de la información necesaria para acreditar o

restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes.

Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas

competencias, orientarán a las autoridades que correspondan para que

den debido cumplimiento al presente artículo.

Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de

apellidos de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a

opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo

evolutivo, cognoscitivo y madurez.

La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y

adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos.

de 713





Artículo 20. Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera

que se encuentren en territorio nacional, tienen derecho a comprobar

su identidad con los documentos emitidos por la autoridad competente

u otros medios previstos en la Ley de Migración y demás disposiciones

aplicables.

En los casos en que niñas, niños o adolescentes cumplan con los

requisitos para obtener la nacionalidad mexicana, se les brindarán

todas las facilidades a efecto de darles un trato prioritario.

Artículo 21. Para efectos del reconocimiento de maternidad y

paternidad de niñas, niños y adolescentes, así como en relación con los

derechos y obligaciones derivados de la filiación y parentesco, se

estará a la legislación civil aplicable. Ante la negativa de la prueba de

paternidad o maternidad, la autoridad competente, salvo prueba en

contrario, presumirá que es el padre o la madre respectivamente.

Capítulo Cuarto


Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en

familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente

de 713





para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que

convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad.

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas

que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las

disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su

guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente,

en la que se determine la procedencia de la separación, en

cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de

conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido

proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las

partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión

de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo

evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por

extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar

de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y

adolescentes de manera permanente, no serán considerados como

supuestos de exposición o estado de abandono, siempre que los

mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean

su subsistencia.

de 713







sus respectivas competencias, están obligadas a establecer políticas de

fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y

adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y

custodia.

Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén

separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones

personales y contacto directo con sus familiares de modo regular,

excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente

determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin

perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por

las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los

que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes

involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con

sus familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Las

autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria

deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones

de 713





necesarias para que esta convivencia se realice en forma adecuada,

conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser

restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente,

siempre y cuando no sea contrario a su interés superior.



el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las normas y

los mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación

de la familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido

privados de ella, siempre y cuando no sea contrario a su interés

superior.

Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen

derecho a acceder a las modalidades de cuidados alternativos de

carácter temporal, en tanto se incorporan a su familia.

Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF y los

Sistemas de las Entidades deberán otorgar acogimiento

correspondiente de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto,

Capítulo Primero de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

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Artículo 25. Las leyes federales y de las entidades federativas

contendrán disposiciones para prevenir y sancionar el traslado o

retención ilícita de niñas, niños y adolescentes cuando se produzcan en

violación de los derechos atribuidos individual o conjuntamente a las

personas o instituciones que ejerzan la patria potestad, la tutela o la

guarda y custodia, y preverán procedimientos expeditos para

garantizar el ejercicio de esos derechos.

En los casos de traslados o retenciones ilícitas de niñas, niños y

adolescentes fuera del territorio nacional, la persona interesada podrá

presentar la solicitud de restitución respectiva ante la Secretaría de

Relaciones Exteriores, para que ésta lleve a cabo las acciones

correspondientes en el marco de sus atribuciones, de conformidad con

lo dispuesto en los instrumentos internacionales y demás disposiciones

aplicables.

Cuando las autoridades de las entidades federativas tengan

conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad

mexicana trasladados o retenidos de manera ilícita en el extranjero, se

coordinarán con las autoridades federales competentes, conforme a las

demás disposiciones aplicables, para su localización y restitución.

de 713





Cuando una niña, niño o adolescente sea trasladado o retenido

ilícitamente en territorio nacional, o haya sido trasladado legalmente

pero retenido ilícitamente, las autoridades federales, de las entidades


Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán

obligadas a coadyuvar en su localización, a través de los programas

para la búsqueda, localización y recuperación, así como en la adopción

de todas las medidas necesarias para prevenir que sufran mayores

daños y en la sustanciación de los procedimientos de urgencia

necesarios para garantizar su restitución inmediata, cuando la misma

resulte procedente conforme a los tratados internacionales en materia

de sustracción de menores.

Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades,

deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y

adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por

resolución judicial.

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los

cuidados que se requieran por su situación de desamparo familiar. En

estos casos, de conformidad con la legislación civil aplicable, el Sistema

de 713





Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, según sea el caso, se

asegurarán de que niñas, niños y adolescentes:

I. Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su

cuidado, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su

interés superior;

II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de

protección, de carácter temporal, en los casos en los cuales ni los

progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños y adolescentes

pudieran hacerse cargo;

III. Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro

del procedimiento de adopción, que supone la vinculación de

niñas, niños y adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado

la condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar

la idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva;

IV. En el Sistema Nacional DIF, así como los Sistemas de las

Entidades y Sistemas Municipales, en el ámbito de sus

respectivas competencias, deberán registrar, capacitar, evaluar y

certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los

requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, o

de 713





V. Sean colocados, dadas las características específicas de

cada caso, en acogimiento residencial brindado por

centros de asistencia social el menor tiempo posible.

Esta medida especial de protección tendrá carácter

subsidiario, priorizando las opciones de cuidado en un entorno

familiar.

La autoridad competente deberá tener en consideración el interés

superior de la niñez para determinar la opción que sea más adecuada

y, de ser el caso, restituirle su derecho a vivir en familia.

El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades en todo

momento serán responsables del seguimiento de la situación en la que

se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que haya concluido

el acogimiento.

Artículo 27. Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y

adolescentes que se encuentren bajo la tutela de las Procuradurías de

Protección, podrán presentar ante dichas instancias la solicitud

correspondiente.

de 713





Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas

competencias, realizarán las valoraciones psicológica, económica, de

trabajo social y todas aquéllas que sean necesarias para determinar la

idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo

dispuesto por las leyes aplicables. La Procuraduría de Protección que

corresponda emitirá el certificado de idoneidad respectivo.

La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse a

una familia de acogida pre-adoptiva que cuente con certificado de

idoneidad. Para tal efecto, se observará lo siguiente:

I. Niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible de acuerdo

con su edad, desarrollo cognoscitivo y grado de madurez, serán

escuchados y su opinión será fundamental para la determinación

que adopte el órgano jurisdiccional competente;

II. Se tomará en cuenta que las condiciones en la familia de

acogimiento pre-adoptiva sean adecuadas para el desarrollo

integral de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el

principio de interés superior de la niñez;

III. Se tomará en consideración el grado de parentesco; la relación

de afinidad y de afectividad; el origen, la comunidad y las

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condiciones culturales en que se desarrollen niñas, niños y

adolescentes, y

IV. Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si hubiere

necesidad de ello, se establecerán medidas para que mantengan

vínculos de convivencia, contacto y comunicación permanente.

Artículo 28. Las Procuradurías de Protección, que en sus respectivos

ámbitos de competencia, hayan autorizado la asignación de niñas,

niños o adolescentes a una familia de acogida pre-adoptiva, deberán

dar seguimiento a la convivencia entre ellos y al proceso de adaptación

conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o superar las

dificultades que se puedan presentar.

En los casos que las Procuradurías de Protección constaten que no se

consolidaron las condiciones de adaptación de niñas, niños o

adolescentes con la familia de acogida pre-adoptiva, procederán a

iniciar el procedimiento a fin de reincorporarlos al sistema que

corresponda y se realizará, en su caso, una nueva asignación.

Cuando se verifique cualquier tipo de violación a los derechos de niñas,

niños o adolescentes asignados, el sistema competente revocará la

de 713





asignación y ejercerá las facultades que le otorgan la presente Ley y


Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con

la legislación civil aplicable.

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los

Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, en el ámbito de

sus respectivas competencias:

I. Prestar servicios de asesoría y asistencia jurídica a las personas

que deseen asumir el carácter de familia de acogimiento pre-

adoptivo de niñas, niños o adolescentes, así como su

capacitación;

II. Realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones de

quienes pretendan adoptar, y emitir los dictámenes

correspondientes, así como formular las recomendaciones

pertinentes al órgano jurisdiccional, y

III. Contar con un sistema de información que permita registrar a las

niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar

permita que sean susceptibles de adopción, así como el listado

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de las personas solicitantes de adopción, adopciones concluidas e

informar de manera trimestral a la Procuraduría de Protección

Federal.

Artículo 30. En materia de adopciones, las leyes federales y de las

entidades federativas deberán contener disposiciones mínimas que

abarquen lo siguiente:

I. Prever que niñas, niños y adolescentes sean adoptados en pleno

respeto de sus derechos, de conformidad con el principio de


II. Asegurar que se escuche y tome en cuenta la opinión de niñas,

niños y adolescentes de acuerdo con su edad, desarrollo

evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, en términos de la

presente Ley;

III. Garantizar que se asesore jurídicamente, tanto a quienes

consientan la adopción, como a quienes la acepten, a fin de que

conozcan los alcances jurídicos, familiares y sociales de la

misma;

de 713





IV. Disponer las acciones necesarias para verificar que la adopción

no sea motivada por beneficios económicos para quienes

participen en ella, y

V. Las autoridades federales, de las entidades federativas,

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán

porque en los procesos de adopción se respeten las normas que

los rijan.

Artículo 31. Tratándose de adopción internacional, la legislación

aplicable deberá disponer lo necesario para asegurar que los derechos

de niñas, niños y adolescentes que sean adoptados sean garantizados

en todo momento y se ajusten el interés superior de la niñez, así como

garantizar que esta adopción no sea realizada para fines de venta,

sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas,

explotación, las peores formas de trabajo infantil o cualquier ilícito en

contra de los mismos.

En los procedimientos judiciales de adopción internacional deberá

requerirse el informe de adoptabilidad por parte del Sistema Nacional

DIF o de los Sistemas de las Entidades y, una vez que el órgano

de 713





jurisdiccional competente otorgue la adopción, previa solicitud de los

adoptantes, la Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá la

certificación correspondiente, de conformidad con los tratados

internacionales.

El Estado dará seguimiento a la convivencia y proceso de adaptación

conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o superar las

dificultades que se puedan presentar.

Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología

de las instituciones públicas y privadas que intervengan en

procedimientos de adopción internacional, en términos de lo dispuesto

en los tratados internacionales, deberán contar con la autorización y

registro del Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las entidades en el

ámbito de su competencia.

La adopción internacional de una niña, niño o adolescente de

nacionalidad mexicana procederá cuando se haya constatado por las

autoridades correspondientes que ésta responde al interés superior de

la niñez, después de haber examinado adecuadamente las

posibilidades de asignación de la niña, niño o adolescente para

adopción nacional.

de 713





Artículo 32. Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social

y psicología o carreras afines de las instituciones públicas y privadas

que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes

psicosociales en materia de adopción, deberán cumplir con los

requisitos siguientes:

I. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en trabajo

social, psicología o carreras afines;

II. Acreditar experiencia en temas de desarrollo de la niñez y de la

adolescencia, familia, pareja o adopción;

III. Acreditar experiencia laboral mínima de dos años, en trabajo

social o psicología, o en la atención de niñas, niños o

adolescentes sujetos de asistencia social o solicitantes de

adopción;

IV. Presentar carta compromiso por parte de la institución de

asistencia privada que proponga al profesional de que se trate

ante el Sistema Nacional DIF, y los Sistemas de las Entidades, en

los casos de profesionales que busquen ingresar a instituciones

privadas;

V. No haber sido condenado por delitos dolosos;

de 713





VI. Presentar constancia de la institución de asistencia privada en la

que indique que las personas profesionales en trabajo social o

psicología o carreras afines, son personas empleadas asalariadas

con remuneración mensual fija, y

VII. El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades

expedirán las autorizaciones correspondientes y llevarán un

registro de las mismas.

Artículo 33. Cuando las personas que laboren en las instituciones

públicas y privadas contravengan los derechos de niñas, niños y

adolescentes o incurran en actos contrarios al interés superior de la

niñez, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades

revocarán la autorización y registrará la cancelación a que se refiere el

artículo anterior.

Las personas profesionales a quienes sea revocada la autorización

serán inhabilitadas y boletinadas por el Sistema Nacional DIF y los

Sistemas de las Entidades, a fin de evitar adopciones contrarias al

interés superior de la niñez. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones

previstas en las disposiciones jurídicas aplicables.

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Para la revocación de las autorizaciones e inhabilitación a que se

refiere este artículo, se seguirán las disposiciones en materia de

procedimiento administrativo aplicables en los ámbitos federal o de las

entidades federativas, según corresponda.

Cualquier persona podrá presentar una queja ante el Sistema Nacional

DIF y los Sistemas de las Entidades si considera que se actualizan los

supuestos previstos en el primer párrafo de este artículo.


garantizarán el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el

presente capítulo.

Artículo 35. Las autoridades competentes en materia de desarrollo

integral de la familia e instituciones públicas y privadas ofrecerán

orientación, cursos y asesorías gratuitas, así como servicios

terapéuticos en materia de pareja, de maternidad y paternidad, entre

otros.

Capítulo Quinto

Del Derecho a la Igualdad Sustantiva

de 713





Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al

mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio

de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 37. Las autoridades de la Federación, de las entidades

federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del

Distrito Federal, para garantizar la igualdad sustantiva deberán:

I. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus

actuaciones y procurar la utilización de un lenguaje no sexista en

sus documentos oficiales;

II. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a

través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los

obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades

a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre


III. Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de

costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas

o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de

inferioridad;

de 713





IV. Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y

adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor

rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y

sociales de desventaja para el ejercicio de los derechos

contenidos en esta ley;

V. Establecer los mecanismos institucionales que orienten al Estado

mexicano hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los

ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de

las niñas y adolescentes.

VI. Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los

derechos de niñas y adolescentes.

Artículo 38. Las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes

deberán estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y

garantizar, en todo momento, sus derechos en aras de alcanzar la

igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes; y, en

general, con toda la sociedad.

Capítulo Sexto

Del Derecho a No ser Discriminado

de 713






sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus

derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o

lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión,

condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o

estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a

su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y

custodia, o a otros miembros de su familia.

Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas

especiales para prevenir, atender y erradicar la Discriminación Múltiple

de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de

exclusión social, en situación de calle, afrodescendientes, peores

formas de trabajo infantil o cualquiera otra condición de marginalidad.



el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar

medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar

a niñas, niños y adolescentes la igualdad sustantiva, de oportunidades

y el derecho a la no discriminación.

de 713





La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas

formarán parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual será

incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer

público, y de manera particular en el diseño, implementación y

evaluación de las políticas públicas.

Serán factor de análisis prioritario las diferencias de género como

causa de vulnerabilidad y discriminación en contra de las niñas y las

adolescentes.

Artículo 41. Las instancias públicas de los poderes federales y locales

así como los órganos constitucionales autónomos deberán reportar

semestralmente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o

a la instancia respectiva local, las medidas de nivelación, medidas de

inclusión y acciones afirmativas que adopten, para su registro y

monitoreo, en términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación y de las legislaciones locales correspondientes.

Dichos reportes deberán desagregar la información, por lo menos, en

razón de edad, sexo, escolaridad, entidad federativa y tipo de

discriminación.

de 713







el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para la

eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que

atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón de

género o que promuevan cualquier tipo de discriminación, atendiendo

al interés superior de la niñez.

Capítulo Séptimo

Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano

Desarrollo Integral

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un

medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su

desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico

como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.

Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela

o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios

económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano

de 713





desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades federativas,


el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin

mediante la adopción de las medidas apropiadas.

Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el

ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad

mínima para contraer matrimonio los 18 años.

Capítulo Octavo

Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la

Integridad Personal

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una

vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su

integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de

bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.



el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las

de 713





medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en

que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o

sexual;

II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual

infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o

cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles

establecidas en las disposiciones aplicables;

IV. El tráfico de menores;

V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y demás disposiciones aplicables;

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda

perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o

mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil,

así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las

demás disposiciones aplicables, y

de 713





VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de

delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en

cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral.

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de

género en las situaciones de violencia.

Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán

establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención,

protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se

refieren las fracciones anteriores.

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas

especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas

en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.



el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar

las medidas apropiadas para promover la recuperación física y

psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes

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para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su

reincorporación a la vida cotidiana.

La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo

anterior se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física

y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean

víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de

Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso,

los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo

evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las

acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación

integral del daño.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema

Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente Ley,

deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el

cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la


Capítulo Noveno

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Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar

del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de

servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con

la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su

salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas,


el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los

derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I. Reducir la morbilidad y mortalidad;

II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que

sean necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié

en la atención primaria;

III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de

niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la

nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el

saneamiento ambiental y las medidas de prevención de

accidentes;

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IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación de las prácticas

culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la

salud de niñas, niños y adolescentes;

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de

niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia

de salud sexual y reproductiva;

VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las

niñas y las adolescentes;

VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica

respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y

puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la

lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y

complementaria hasta los dos años, así como garantizar el

acceso a métodos anticonceptivos;

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad,

así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la

promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua

potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de

prevención e información sobre estos temas;

de 713





IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de

la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y

desarrollo en forma periódica;

X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias,

renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras

enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de

prevención e información sobre éstas;

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y

reproductiva;

XII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con

discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que

los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e

inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos;

XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas,

niños y adolescentes y cualquier forma de violencia obstétrica;

XIV. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se

detecten y atiendan de manera especial los casos de víctimas de

delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia sexual

y familiar, de conformidad con las disposiciones aplicables en la

materia;

de 713





XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate

y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por

las adicciones;

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se

detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños

y adolescentes con problemas de salud mental;

XVII. Establecer medidas para la detección temprana de

discapacidades a efecto de prevenir y reducir al máximo la

aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores

niveles de atención y rehabilitación, y

XVIII. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y

rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con

discapacidad.

Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan

acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de

salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante

los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad,

así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención

de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas,


de 713





Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno

cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de

prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no

discriminación, así como establecer acciones afirmativas a favor de


En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas,




el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las

disposiciones aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad

social.



el ámbito de sus respectivas competencias, deben desarrollar políticas

para fortalecer la salud materno infantil y aumentar la esperanza de

vida.

de 713





Capítulo Décimo

Del Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con

Discapacidad

Artículo 53. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen

derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos

contenidos en la presente Ley, la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes

aplicables.


adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es

una niña, niño o adolescente con discapacidad.

Son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por razón

congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter

físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y

que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social,

pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones

con los demás.

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Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen

derecho a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de

condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes.



el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a

implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas

en términos de las disposiciones aplicables considerando los principios

de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto

por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad

como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la

evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la

negación de ajustes razonables.



sus respectivas competencias, están obligadas a realizar lo necesario

para fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño

de 713





universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con

discapacidad, en términos de la legislación aplicable.

Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones que

ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con

discapacidad, de señalización en Braille y formatos accesibles de fácil

lectura y comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas de

asistencia e intermediarios.

No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y

adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación ni su

participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales

en instituciones públicas, privadas y sociales.

No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean

necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas,

niños y adolescentes con discapacidad.



el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán acciones a fin de

sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor

de 713





conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con

discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así

como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su

discapacidad.

Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán

disposiciones tendentes a:

I. Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, a efecto de

prevenir la ocultación, abandono, negligencia y segregación de

niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

II. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la

patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y

adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles los medios

necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna;

III. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico

temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de

niñas, niños y adolescentes que en cada caso se necesiten,

asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas

de sus familiares;

de 713





IV. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales

gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana,

servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades

ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo, y

V. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y

sistemática de información y estadística de niñas, niños y

adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada

formulación de políticas públicas en la materia.

Dichos reportes deberán desagregarse, al menos, por sexo, edad,

escolaridad, entidad federativa y tipo de discapacidad.

Artículo 56. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen

derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos

medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma

comprensible.



Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una

educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios

de 713





derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad

sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el

desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y

fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades

fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación

y demás disposiciones aplicables.

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia,

tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de

darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto

por el artículo 103 de esta Ley.



sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una

educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y

permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I. Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y

adolescentes requieran para su pleno desarrollo, para lo cual, los

de 713





programas respectivos deberán considerar la edad, madurez,

circunstancias particulares y tradiciones culturales;

II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a

la educación;

III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación

pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material,

económica y geográfica a la educación, sin discriminación;

IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad

educativa, tales como la relevancia y pertinencia del currículo, la

disposición de la infraestructura y equipamiento adecuados para

el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la evaluación

docente, entre otras;

V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios

adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad


VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y

contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para

garantizar su permanencia en el sistema educativo;

VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la

educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones

de 713





con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan

situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de

carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural,

origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas

con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas

o prácticas culturales;

VIII. Prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima,

entendida ésta como el conjunto de condiciones indispensables

que deben cumplirse en cada escuela para el buen desempeño

de la tarea docente y el logro del aprendizaje de los educandos;

IX. Implementar mecanismos para la atención, canalización y

seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho

a la educación de niñas, niños y adolescentes;

X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de

mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de

conflictos;

XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que

establezca mecanismos para la prevención, atención y

canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión,

abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas,

niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos;

de 713





XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o

violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria

potestad, tutela o guarda y custodia;

XIII. Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la

inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en

todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y

aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y

las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas,

proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y

cuenten con personal docente capacitado;

XIV. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas,

niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes, de tal manera

que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, conforme a

sus capacidades y habilidades personales;

XV. Establecer mecanismos para la expresión y participación de

niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo

evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar

en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia

educativa;

de 713





XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la

educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes y para

abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares;

XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la

dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de

disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias

a la dignidad humana o atenten contra la vida o la integridad

física o mental de niñas, niños y adolescentes;

XVIII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes

que atenten contra la dignidad humana o integridad,

especialmente los tratos humillantes y degradantes;

XIX. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio

ambiente;

XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y

seguro de las tecnologías de información y comunicación, y

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y

permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su

reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional.

de 713





Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán

adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de los

derechos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las

disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines:

I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores

fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como a las

diferencias culturales y opiniones diversas;

II. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de


III. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad

y pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su

participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas

en términos de las disposiciones aplicables;

IV. Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación

profesional, las oportunidades de empleo y las posibilidades de

carrera;

de 713





V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de

maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en

situación de riesgo;

VI. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución

de programas;

VII. Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la patria

potestad, tutela o guarda y custodia, así como con grupos de la

comunidad, la planificación, organización y desarrollo de

actividades extracurriculares que sean de interés para niñas,


VIII. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las

niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y

adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus

derechos consagrados en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

IX. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de

la igualdad de las personas ante ésta, propiciar la cultura de la

legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus

de 713





manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos

humanos y el respeto a los mismos, y

X. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y

las formas de protección con que cuentan para ejercerlos.

Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones

aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones

necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un

ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se

fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños

y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación

permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o

tutela.

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las

entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales

del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, y

las instituciones académicas se coordinarán para:

I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana,

contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia

escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la

de 713





participación de los sectores público, privado y social, así como

indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y

vigilancia;

II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y

para el personal administrativo y docente;

III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría,

orientación y protección de niñas, niños y adolescentes

involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y

IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las

personas, responsables de centros de asistencia social, personal

docente o servidores públicos que realicen, promuevan,

propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia

escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás



De los Derechos al Descanso y al Esparcimiento

Artículo 60. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso,

al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su

edad, así como a participar libremente en actividades culturales,

de 713





deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y

crecimiento.

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de

niñas, niños y adolescentes deberán respetar el ejercicio de estos

derechos y, por lo tanto, no podrán imponerles regímenes de vida,

estudio, trabajo o reglas de disciplina desproporcionadas a su edad,

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que impliquen la renuncia

o el menoscabo de los mismos.



el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a

garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el

esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones

de igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas y

deportivas dentro de su comunidad.


De los Derechos de la Libertad de Convicciones Éticas,

Pensamiento, Conciencia, Religión y Cultura

de 713





Artículo 62. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad

de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Las

autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus

respectivas competencias garantizarán este derecho en el marco del

Estado laico.

La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta

únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias

para proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma

alguna por ejercer su libertad de convicciones éticas, pensamiento,

conciencia, religión y cultura.

Artículo 63. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar

libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas

culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social

y todos los elementos que constituyan su identidad cultural.



de 713





sus respectivas competencias, estarán obligados a establecer políticas

tendentes a garantizar la promoción, difusión y protección de la

diversidad de las expresiones culturales, regionales y universales, entre


Lo dispuesto en este artículo no será limitativo del ejercicio del derecho

a la educación, según lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los principios rectores

de esta Ley.


De los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la

Información



el ámbito de sus respectivas competencias deberán garantizar el

derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión

libremente, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de

todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las

establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

de 713





La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el

derecho a que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos

que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas

autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán

establecer las acciones que permitan la recopilación de opiniones y

realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre temas de

interés general para ellos.

En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a que

se refiere este artículo, tienen la obligación de difundir la información

institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena

local.

Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán lo

necesario para garantizar que niñas, niños y adolescentes con

discapacidad cuenten con los sistemas de apoyo para ejercer su

derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y sistema

de apoyo para la expresión de su voluntad.

Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre

acceso a la información. Las autoridades federales, de las entidades

de 713






Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias

promoverán la difusión de información y material que tengan por

finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo

cultural y salud física y mental.

El Sistema Nacional de Protección Integral acordará lineamientos

generales sobre la información y materiales para difusión entre niñas,

niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en esta Ley.



el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán mecanismos

para la protección de los intereses de niñas, niños y adolescentes

respecto de los riesgos derivados del acceso a medios de comunicación

y uso de sistemas de información que afecten o impidan objetivamente

su desarrollo integral.

Artículo 67. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables

a los medios de comunicación, las autoridades federales competentes,

en el ámbito de sus respectivas competencias, procurarán que éstos

difundan información y materiales relacionados con:

de 713





I. El interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de

conformidad con los objetivos de la educación que dispone el

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos;

II. La existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y

oportunidades destinados a niñas, niños y adolescentes;

III. La orientación a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus

derechos;

IV. La promoción de la prevención de violaciones a los derechos

humanos de niñas, niños y adolescentes y la comisión de actos

delictivos, y

V. El enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación y

perspectiva de derechos humanos.

Artículo 68. De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a la programación

dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los criterios de

clasificación emitidos de conformidad con la misma, las concesiones

que se otorguen en materia de radiodifusión y telecomunicaciones

de 713





deberán contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse

de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o

impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y

adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al

principio de interés superior de la niñez.

Artículo 69. Las autoridades competentes vigilarán que se clasifiquen

las películas, programas de radio y televisión en términos de lo

dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así

como videos, videojuegos y los impresos.

Artículo 70. Las Procuradurías de Protección y cualquier persona

interesada, por conducto de éstas, podrán promover ante las

autoridades administrativas competentes la imposición de sanciones a

los medios de comunicación, en los términos que establece esta Ley y


Asimismo, las Procuradurías de Protección estarán facultadas para

promover acciones colectivas ante el órgano jurisdiccional competente,

con objeto de que éste ordene a los medios de comunicación que se

abstengan de difundir información o contenidos que pongan en peligro

de forma individual o colectiva, la vida, la integridad, la dignidad u

de 713





otros derechos de niñas, niños y adolescentes y, en su caso, reparen

los daños que se hubieren ocasionado, sin menoscabo de las

atribuciones que sobre esta materia tengan las autoridades

competentes.

Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a la que

hubiere lugar de conformidad con las disposiciones aplicables.

Capítulo Décimo Quinto

Del Derecho a la Participación

Artículo 71. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser

escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés,

conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.



el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer

e implementar los mecanismos que garanticen la participación

permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones

que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o

cualquier otro en el que se desarrollen.

de 713





Artículo 73. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar,

a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales

y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les

afectan, en los términos señalados por el Capítulo Décimo Octavo.

Artículo 74. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a

que las diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de

gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y

tomada en cuenta su solicitud.


Del Derecho de Asociación y Reunión

Artículo 75. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y

reunirse, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia

representarán a niñas, niños y adolescentes para el ejercicio del

derecho de asociación, cuando ello sea necesario para satisfacer las

formalidades que establezcan las disposiciones aplicables.

de 713







Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad

personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de

información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y

que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán

orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de

niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior

de la niñez.

Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o

adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos

personales o referencias que permitan su identificación en los medios

de 713





de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de

radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en

medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio

impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación,

sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al

principio de interés superior de la niñez.

Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda

entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue:

I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro

medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la

opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente,

conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en

el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, y

II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá

mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan

objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y

adolescentes.

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de

quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente,

de 713





éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una

afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su

honra o reputación.

No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria

potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes, cuando la

entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en

el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su opinión

respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre

que ello no implique una afectación a sus derechos, en

especial a su honra y reputación.



el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección

de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean

víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier

manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación

pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se

les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la

legislación aplicable en la materia.

de 713





Artículo 80. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las

imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma

individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el

ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se

modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y

evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean

tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en

contravención a las disposiciones aplicables.

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo,

niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su

representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección

competente, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá

promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los

procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar;

así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión.

Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de

desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de las

Procuradurías de Protección.

de 713





En los procedimientos civiles o administrativos que sean iniciados o

promovidos por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y

custodia de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección

competente ejercerá su representación coadyuvante.

Artículo 81. En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales, se

podrá solicitar que se imponga como medida cautelar la suspensión o

bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin de evitar

la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan

contravenir el interés superior de la niñez.

El órgano jurisdiccional, con base en este artículo y en las

disposiciones aplicables, podrá requerir a las empresas de prestación

de servicios en materia de medios electrónicos que realicen las

acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas cautelares

que ordene.

Capítulo Décimo Octavo

Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso

Artículo 82. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y

garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la

de 713





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados

internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables.



que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o


estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con

su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de


I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la

niñez a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley;

II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y

adolescentes, establecidos en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley


III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las

niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o

administrativo de que se trate y la importancia de su

participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos

de 713





accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y

adolescentes con discapacidad;

IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia,

participar en una investigación o en un proceso judicial;

V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser

representados en términos de lo dispuesto en el Título Quinto,

Capítulo Segundo, de la presente Ley, así como información

sobre las medidas de protección disponibles;

VI. Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la

naturaleza del procedimiento lo requiera;

VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete;

VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna

audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad,

madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición

específica;

IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la

patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la

sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial

en contrario;

de 713





X. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos

que puedan influir en su comportamiento o estabilidad

emocional, cuando así lo determine la autoridad competente,

antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia

respectiva;

XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y

adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo

procedimientos en que deban intervenir;

XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención

de niñas, niños o adolescentes durante la sustanciación de los

procedimientos de conformidad con los principios de autonomía

progresiva y celeridad procesal, y

XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o

adolescentes de sufrimientos durante su participación y

garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales.



el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que niñas y

niños a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho

que la ley señale como delito se les reconozca que están exentos de

de 713





responsabilidad penal y garantizarán que no serán privados de la

libertad ni sujetos a procedimiento alguno, sino que serán únicamente

sujetos a la asistencia social con el fin de restituirles, en su caso, en el


Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que

correspondan a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y

custodia, conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 85. En aquellos casos en que el Ministerio Público o cualquier

otra autoridad, tenga conocimiento de la presunta comisión o

participación de una niña o niño en un hecho que la ley señale como

delito, de manera inmediata dará aviso a la Procuraduría de Protección

competente.

Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o

privados de su libertad por la supuesta comisión o participación en un

hecho que la ley señale como delito.

La Procuraduría de Protección, en el marco de sus atribuciones,

deberá, en su caso, solicitar a la autoridad competente de manera

inmediata las medidas necesarias para la protección integral, de

de 713





asistencia social y en su caso, restitución de sus derechos y garantizar

que niñas y niños no sean objeto de discriminación.

Toda medida que se adopte será susceptible de revisión por órgano

judicial competente en un proceso contradictorio en el que se

garantice, por lo menos, el derecho a ser oído y la asistencia de un

abogado especializado.



el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que en los

procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños

o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de

conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de

madurez, tengan al menos los siguientes derechos:

I. Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter

de su participación en el mismo, el que en ningún caso podrá ser

el de imputado o probable responsable;

II. Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de la

manera más expedita, asistidos por un profesional en derecho y

de 713





atendiendo a lo dispuesto por la fracción XI del artículo

83 de esta ley;

III. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la

patria potestad, tutela o guarda y custodia durante la

sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial

en contrario, con base en el interés superior de la niñez;

IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen

sus datos de identificación en los términos de esta Ley y las

demás aplicables;

V. Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier

otra necesaria atendiendo a las características del caso, a fin de

salvaguardar sus derechos, en términos de las disposiciones

aplicables, y

VI. Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización de

niñas, niños y adolescentes que presuntamente son víctimas de

la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos.

Artículo 87. Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente

en el contexto de la comisión de un delito, se notificará de inmediato a

de 713





quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así

como a la Procuraduría de Protección competente.

Artículo 88. La legislación en materia de justicia integral para

adolescentes en conflicto con la ley penal determinará los

procedimientos y las medidas que correspondan a quienes se les

atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale

como delito mientras era adolescente.

La legislación a que se refiere el párrafo anterior, deberá garantizar los

derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos para todo individuo, así como aquellos

derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo

les han sido reconocidos.

Capítulo Décimo Noveno

Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes

Artículo 89. El presente capítulo se refiere a las medidas especiales

de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los

derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no

de 713





acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el

contexto de movilidad humana.

Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán

proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios

correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de

migración, independientemente de su nacionalidad o su situación

migratoria.

En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición

migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema Nacional DIF o

sistema de las entidades, según corresponda, deberá brindar la

protección que prevé esta Ley y demás disposiciones aplicables.

El principio del interés superior de la niñez será una consideración

primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento

administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y

adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles

repercusiones de la decisión que se tome en cada caso.

Artículo 90. Las autoridades competentes deberán observar los

procedimientos de atención y protección especial de derechos de

de 713





niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley de

Migración, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables,

debiendo observar en todo momento el principio del interés superior


Artículo 91. Las autoridades competentes, una vez en contacto con la

niña, niño o adolescente deberán de adoptar las medidas

correspondientes para la protección de sus derechos. En consecuencia,

darán una solución que resuelva todas sus necesidades de protección,

teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación

familiar, excepto que sea contrario a su interés superior o voluntad.

Artículo 92. Las garantías de debido proceso que se deberán aplicar

en los procesos migratorios que involucran a niñas, niños y

adolescentes son las siguientes:

I. El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y

de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio;

II. El derecho a ser informado de sus derechos;

III. El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un

funcionario especializado;

de 713





IV. El derecho de la niña, niño y adolescente a ser escuchado y a

participar en las diferentes etapas procesales;

V. El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o

intérprete;

VI. El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular;

VII. El derecho a ser asistido por un abogado y a comunicarse

libremente con él;

VIII. El derecho, en su caso, a la representación en suplencia;

IX. El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés

superior de la niña, niño y adolescente y esté debidamente

fundamentada;

X. El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional

competente, y

XI. El derecho a conocer la duración del procedimiento que se llevará

a cabo, mismo que deberá seguir el principio de celeridad.

Artículo 93. Durante el proceso administrativo migratorio podrá

prevalecer la unidad familiar o en su caso la reunificación familiar en

de 713





términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, siempre

y cuando ésta no sea contraria al interés superior de la niñez.

Para resolver sobre la reunificación familiar se deberá tomar en cuenta

la opinión de niñas, niños y adolescentes migrantes, así como todos los

elementos que resulten necesarios para tal efecto.

Artículo 94. Para garantizar la protección integral de los derechos, los

Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF, habilitarán espacios de

alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes

migrantes.

Asimismo, acordarán los estándares mínimos para que los espacios de

alojamiento o albergues brinden la atención adecuada a niñas, niños y


Artículo 95. Los espacios de alojamiento de niñas, niños y

adolescentes migrantes, respetarán el principio de separación y el

derecho a la unidad familiar, de modo tal que si se trata de niñas,

niños o adolescentes no acompañados o separados, deberán alojarse

en sitios distintos al que corresponde a las personas adultas.

Tratándose de niñas, niños o adolescentes acompañados, podrán

de 713





alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la

separación de éstos en aplicación del principio del interés superior de

la niñez.

Artículo 96. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar,

rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o

remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o

libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la

misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos

humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u

otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 97. Cualquier decisión sobre la devolución de una niña, niño

o adolescente al país de origen o a un tercer país seguro, sólo podrá

basarse en los requerimientos de su interés superior.

Artículo 98. En caso de que los Sistemas DIF identifiquen, mediante

una evaluación inicial, a niñas, niños o adolescentes extranjeros que

sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de

asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración a fin de

adoptar medidas de protección especial.

de 713





El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en

coordinación con las instituciones competentes, deberán identificar a

las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de

protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo, a

través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y

privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e

individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de


Artículo 99. El Sistema Nacional DIF deberá diseñar y administrar las

bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros

no acompañados, incluyendo, entre otros aspectos, las causas de su

migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores

de riesgo en origen y tránsito, información de sus representantes

legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica, entre otros, y

compartirlo con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños

y Adolescentes, atendiendo a lo previsto en la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y

demás disposiciones aplicables en materia de transparencia.

de 713





Los Sistemas de las Entidades enviarán al Sistema Nacional DIF la

información en el momento en que se genere a fin de que se incorpore

en las bases de datos a que se refiere el párrafo anterior.

El Instituto Nacional de Migración deberá proporcionar la información y

colaborar con el Sistema Nacional DIF para los efectos de este artículo.

Artículo 100. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con

el Sistema Nacional DIF, deberá resguardar las bases de datos de

niñas, niños y adolescentes migrantes, incluyendo entre otros

aspectos, las causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus

vínculos familiares, factores de riesgo en origen y tránsito, información

de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación

jurídica.

Para garantizar de forma prioritaria la asistencia social y protección

consular de niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentran

en el extranjero en proceso de repatriación, corresponderá a la

Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones

consulares, coordinarse con el Instituto Nacional de Migración y con los

Sistemas DIF correspondientes.

de 713





Artículo 101. En ningún caso una situación migratoria irregular de

niña, niño o adolescente, preconfigurará por sí misma la comisión de

un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de

encontrarse en condición migratoria irregular.

Título Tercero

De las Obligaciones

Capítulo Único

De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y

Custodia de Niñas, Niños y Adolescentes



el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a

proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva

integrada a la salud, así como un traductor o intérprete en caso de ser

necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la

patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y

adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad, en

cuanto a las obligaciones que establecen esta Ley y demás


de 713





Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad,

tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por

razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas,

niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando

sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las

siguientes:

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su

personalidad y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con

lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios

comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de

alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención

médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia

médica y recreación. Las leyes federales y de las entidades

federativas deberán prever los procedimientos y la orientación

jurídica necesaria así como las medidas de apoyo para asegurar

el cumplimiento del deber de garantizar los derechos

alimentarios;

II. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida;

de 713





III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su

proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su

continuidad y permanencia en el sistema educativo;

IV. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades,

dirección y orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes,

sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción

alguna en el ejercicio de sus derechos;

V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el

pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad;

VI. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las

personas, así como el cuidado de los bienes propios, de la familia

y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se

dispongan para su desarrollo integral;

VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio,

daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación;

VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física,

psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. El

ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de

niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para

incumplir la obligación prevista en la presente fracción;

de 713





IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y

generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y

adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la patria potestad,

tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de

su familia;

X. Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y

adolescentes para la toma de decisiones que les conciernan de

manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo,


XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías

de la información y comunicación.

En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente

determinará el grado de responsabilidad de quien tenga a su cargo y

cuidado a niñas, niños o adolescentes, atendiendo a los principios

rectores de esta Ley.

Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever

disposiciones que regulen y sancionen las obligaciones establecidas en

el presente artículo.

de 713





Artículo 104. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y

custodia de niñas, niños y adolescentes, independientemente de que

habiten en domicilios distintos, darán cumplimiento a las obligaciones a

su cargo de manera coordinada y respetuosa.

Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgadas por

quienes ejerzan la patria potestad o tutela, en los mismos términos y

con las mismas formalidades.


dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la

presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé

cumplimiento a las obligaciones siguientes:

I. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y

custodia de niñas, niños y adolescentes, los cuiden y atiendan;

protejan contra toda forma de abuso; los traten con respeto a su

dignidad y orienten, a fin de que conozcan sus derechos,

aprendan a defenderlos y a respetar los de otras personas;

II. Que las autoridades migratorias verifiquen la existencia de la

autorización de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o, en su

caso, del órgano jurisdiccional competente, que permita la

de 713





entrada y salida de niñas, niños o adolescentes del territorio

nacional, conforme a las disposiciones aplicables;

III. Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia

social, académicas, deportivas, religiosas o de cualquier otra

índole, se abstengan de ejercer cualquier forma de violencia,

maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación

en contra de niñas, niños o adolescentes, y que formulen

programas e impartan cursos de formación permanente para

prevenirlas y erradicarlas, y

IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se

abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en

particular el castigo corporal.

Artículo 106. A falta de quienes ejerzan la representación originaria

de niñas, niños y adolescentes, o cuando por otra causa así lo

determine el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa

competente, con base en el interés superior de la niñez, la

representación en suplencia corresponderá a la Procuraduría de

Protección competente.

de 713





Las autoridades federales, de las entidades federativas, las municipales

y de las demarcaciones del Distrito Federal, garantizarán que en

cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé

intervención a la Procuraduría de Protección competente para que

ejerza la representación coadyuvante, de conformidad con lo dispuesto

en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.

Asimismo, dispondrán que cuando existan indicios de conflicto de

intereses entre quienes ejerzan la representación originaria o de éstos

con niñas, niños y adolescentes o por una representación deficiente o

dolosa, a petición del Ministerio Público, de la Procuraduría de

Protección competente o de oficio, el órgano jurisdiccional o

administrativo que conozca del asunto, deberá sustanciar por vía

incidental, un procedimiento sumario de restricción, suspensión o

revocación de la representación originaria, según sea el caso, para

efectos de que la Procuraduría de Protección competente ejerza la


El Ministerio Público tendrá la intervención que las leyes dispongan en

los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en que niñas,

niños o adolescentes estén relacionados. En materia de justicia penal,

de 713





se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones aplicables.

No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de


Título Cuarto

De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Capítulo Único




términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley General de Salud y la Ley

de Asistencia Social, establecerán, en el ámbito de sus respectivas

competencias, los requisitos para autorizar, registrar, certificar y

supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el

cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados

de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros.

de 713





Artículo 108. Las instalaciones de los centros de asistencia social

observarán los requisitos que señale la Ley General de Salud, y


I. Ser administradas por una institución pública o privada, o por

una asociación que brinde el servicio de cuidado alternativo o

acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin

cuidado parental o familiar;

II. Su infraestructura inmobiliaria deberá cumplir con las

dimensiones físicas acordes a los servicios que proporcionan y

con las medidas de seguridad y protección civil en términos de la

legislación aplicable;

III. Ser acordes con el diseño universal y la accesibilidad en términos

de la legislación aplicable;

IV. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia

necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacio idóneo

de acuerdo a la edad, sexo o condición física o mental de niñas,

niños y adolescentes alojados, de manera tal que se permita un

entorno afectivo y libre de violencia, en los términos de las


de 713





V. Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su

edad y sexo en las áreas de dormitorios, sin que por ningún

motivo éstos puedan ser compartidos por adultos, salvo que

necesiten ser asistidos por algún adulto;

VI. Contar con espacios destinados especialmente para cada una de

las actividades en las que participen niñas, niños y adolescentes;

VII. Atender los requerimientos establecidos por las autoridades de

protección civil, salubridad y asistencia social, y

VIII. Procurar un entorno que provea los apoyos necesarios

para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad

vivan incluidos en su comunidad.

Niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o

permanente; sin distinción entre motivo o grado de

discapacidad, no podrán ser discriminados para ser recibidos o

permanecer en los centros de asistencia social.

Artículo 109. Todo centro de asistencia social, es responsable de

garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y

adolescentes que tengan bajo su custodia.

de 713





Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán

orientados a brindar, en cumplimiento a sus derechos:

I. Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;

II. Cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan

afectar su integridad física o psicológica;

III. Alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y

que cuente con la periódica certificación de la autoridad

sanitaria;

IV. Atención integral y multidisciplinaria que le brinde servicio

médico integral, atención de primeros auxilios, seguimiento

psicológico, social, jurídico, entre otros;

V. Orientación y educación apropiada a su edad, encaminadas a

lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el

máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el

ejercicio de sus derechos;

VI. Disfrutar en su vida cotidiana, del descanso, recreación, juego,

esparcimiento y actividades que favorezcan su desarrollo

integral;

de 713





VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de personal capacitado,

calificado, apto y suficiente, con formación enfocada en los

derechos de la niñez;

VIII. Las personas responsables y el personal de los centros de

asistencia social se abstendrán de realizar actividades que

afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y

adolescentes. De igual manera, los responsables evitarán que el

personal que realice actividades diversas al cuidado de niñas,

niños y adolescentes, tenga contacto con éstos;

IX. Espacios de participación para expresar libremente sus ideas y

opiniones sobre los asuntos que les atañen y que dichas

opiniones sean tomadas en cuenta;

X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades externas que les

permita tener contacto con su comunidad, y

XI. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con

discapacidad, en términos de la legislación aplicable.

Asimismo y con la finalidad de brindarles mejores alternativas de

protección para el cumplimiento de sus derechos, se deberá llevar a

cabo la revisión periódica de su situación, de la de su familia y de la

medida especial de protección por la cual ingresó al centro de

de 713





asistencia social, garantizando el contacto con su familia y personas

significativas siempre que esto sea posible, atendiendo a su interés

superior.

La niña, niño o adolescente deberá contar con expediente completo

para efectos de que su situación sea revisada y valorada de manera

particular, así como para determinar procedimientos de ingreso y

egreso con el apoyo de las autoridades competentes que faciliten su

reincorporación familiar o social.

Asimismo, se le deberá garantizar la protección de sus datos

personales conforme a la legislación aplicable y hacer de su

conocimiento, en todo momento, su situación legal.

Artículo 110. Los centros de asistencia social deben contar, con por

lo menos, el siguiente personal:

I. Responsable de la coordinación o dirección;

II. Especializado en proporcionar atención en actividades de

estimulación, formación, promoción y autocuidado de la salud;

atención médica y actividades de orientación social y de

de 713





promoción de la cultura de protección civil, conforme a las


III. El número de personas que presten sus servicios en cada centro

de asistencia social será determinado en función de la capacidad

económica de éstos, así como del número de niñas, niños y

adolescentes que tengan bajo su custodia en forma directa e

indirecta, debiendo contar con, por lo menos, una persona de

atención por cada cuatro niños o niñas menores de un año, y

una persona de atención por cada ocho mayores de esa edad;

IV. Además del personal señalado en el presente artículo, el centro

de asistencia social podrá solicitar la colaboración de

instituciones, organizaciones o dependencias que brinden apoyo

en psicología, trabajo social, derecho, pedagogía, y otros para el

cuidado integral de las niñas, niños y adolescentes;

V. Brindar, de manera permanente, capacitación y formación

especializada a su personal, y

VI. Supervisar y evaluar de manera periódica a su personal.

Artículo 111. Son obligaciones de los titulares o responsables legales

de los centros de asistencia social:

de 713





I. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta

Ley y demás disposiciones aplicables para formar parte del

Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema

Nacional DIF;

II. Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia

con la información de la situación jurídica en la que se

encuentren, y remitirlo semestralmente a la Procuraduría de

Protección de la entidad federativa;

III. Asegurar que las instalaciones tengan en lugar visible, la

constancia de registro de incorporación al Registro Nacional de

Centros de Asistencia Social;

IV. Garantizar que el centro de asistencia social cuente con un

Reglamento Interno, aprobado por el Sistema Nacional DIF;

V. Contar con un programa interno de protección civil en términos

de las disposiciones aplicables;

VI. Brindar las facilidades a las Procuradurías de Protección para que

realicen la verificación periódica que corresponda en términos de

las disposiciones aplicables; y, en su caso, atender sus

recomendaciones;

de 713





VII. Esta verificación deberá observar el seguimiento de la situación

jurídica y social, así como la atención médica y psicológica de la

niña, niño o adolescente y el proceso de reincorporación familiar

o social;

VIII. Informar oportunamente a la autoridad competente, cuando el

ingreso de una niña, niño o adolescente corresponda a una

situación distinta de la derivación por parte de una autoridad o

tenga conocimiento de que peligra su integridad física estando

bajo su custodia, a fin de iniciar los procedimientos de protección

especial de forma oportuna, identificar la mejor solución para el

niño, niña o adolescente y, en su caso, evitar su permanencia en

el centro de asistencia social, dado su carácter de último recurso

y excepcional;

IX. Proporcionar a niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, a

través del personal capacitado, atención médica;

X. Dar puntual seguimiento a las recomendaciones emitidas por las

autoridades competentes, y

XI. Realizar acciones específicas para fortalecer la profesionalización

del personal de los Centros de asistencia social, y

de 713





XII. Las demás obligaciones establecidas en la presente Ley y demás


Artículo 112. Las Procuradurías de Protección de las entidades

federativas en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal,

serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y

supervisar los centros de asistencia social destinados a brindar los

servicios descritos en el presente capítulo, para lo cual conformarán el

Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.

El Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, deberá contar por

lo menos con los siguientes datos:

I. Nombre o razón social del Centro de asistencia social;

II. Domicilio del Centro de asistencia social;

III. Censo de la población albergada, que contenga sexo , edad, y

situación jurídica, y el seguimiento al proceso de reincorporación

familiar o social, y

IV. Relación del personal que labora en el Centro de asistencia social

incluyendo al director general y representante legal, así como la

figura jurídica bajo la cual opera.

de 713





Al efecto, las Procuradurías de Protección de las entidades federativas

deberán reportar semestralmente a la Procuraduría Federal de

Protección, la actualización de sus registros, así como los resultados de

las visitas de supervisión efectuadas como coadyuvantes.

El Registro a que hace referencia este artículo deberá ser público y

consultable en la página de internet del Sistema Nacional DIF.

Artículo 113. Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones

aplicables establezcan a otras autoridades, corresponderá a las

Procuradurías de Protección, la supervisión de los centros de asistencia

social y, en su caso, ejercitarán las acciones legales que correspondan

por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley y


Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas serán

coadyuvantes de la Procuraduría de Protección Federal en la

supervisión que se realice a las instalaciones de los centros de

asistencia social, en términos de lo previsto en la Ley de Asistencia

Social.

de 713





Título Quinto

De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de


Capítulo Primero

De las autoridades


municipales, de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de

los organismos constitucionales autónomos, en el ámbito de su

competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la

política nacional en materia de derechos de niñas, niños y

adolescentes.

Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán

el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo cual

deberán observar el interés superior de la niñez y asegurar la

asignación prioritaria de recursos en términos de las disposiciones

aplicables.

Sección Primera

De la Distribución de Competencias

de 713





Artículo 115. Todos los órdenes de gobierno coadyuvarán para el

cumplimiento de los objetivos de esta Ley, de conformidad con las

competencias previstas en el presente ordenamiento y demás

disposiciones legales aplicables.

Artículo 116. Corresponden a las autoridades federales y locales de

manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. Coordinar la implementación y ejecución de las acciones y

políticas públicas que deriven de la presente Ley;

II. Impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y

adolescentes, así como la cultura de respeto, promoción y

protección de los mismos, de conformidad con los principios

rectores de esta Ley;

III. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los

instrumentos internacionales aplicables;

IV. Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas,

niños y adolescentes que se encuentren en situación de

vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter

socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad

de 713





cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien,

relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual,

creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan

o limiten sus derechos;

V. Proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva

integrada a la salud, así como asesoría jurídica y orientación

social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y

custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los

tengan bajo su responsabilidad, en relación a las obligaciones

que establece esta Ley;

VI. Garantizar el desarrollo y la supervivencia así como investigar,

sancionar efectivamente los actos de privación de la vida de

niñas, niños y adolescentes y garantizar la reparación del daño

que corresponda;

VII. Colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la

información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de


VIII. Establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la

separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la

patria potestad, tutela o guarda y custodia;

de 713





IX. Establecer las normas y los mecanismos necesarios para facilitar

la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y

adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre que

no sea contrario a su interés superior;

X. Coadyuvar en la localización de niñas, niños y adolescentes

sustraídos, trasladados o retenidos ilícitamente;

XI. Implementar medidas de inclusión plena y realizar las acciones

afirmativas para garantizar a niñas, niños y adolescentes la

igualdad de oportunidades y de trato, así como a no ser

discriminados;

XII. Adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres,

prácticas culturales, religiosas, estereotipos sexistas o prejuicios

que atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes

por razón de género o que promuevan cualquier tipo de

discriminación;

XIII. Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación

física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y

adolescentes, víctimas de cualquier forma de violencia;

XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a

educación y asistencia en materia de principios básicos de salud

de 713





y nutrición, ventajas de la lactancia materna, así como la

prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de

accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas,


XV. Propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de

violencia en las instituciones educativas;

XVI. Establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas para la

prevención, atención y rehabilitación de niñas, niños y

adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación

aplicable;

XVII. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para que

tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños y

adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus

derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y

prejuicios respecto de su discapacidad;

XVIII. Disponer e implementar los mecanismos que garanticen la

participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes

en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar,

social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen;

de 713





XIX. Garantizar la consecución de una educación de calidad y la

igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma;

XX. Impulsar la formación y actualización de acuerdos

interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias

de gobierno;

XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación

en la materia;

XXII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a

la atención de niñas, niños y adolescentes;

XXIII. Garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y

adolescentes y asegurar que las violaciones a los mismos sean

atendidas de forma preferente por todas las autoridades, en el

ámbito de sus respectivas competencias;

XXIV. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el

cumplimiento de la presente Ley, y

XXV. Garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a agua

potable para su consumo e higiene.

de 713





Artículo 117. Corresponden a las autoridades federales, en sus

respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. Garantizar en el ámbito de su competencia, el cabal

cumplimiento de la presente Ley y de los tratados internacionales

aplicables;

II. Aplicar el Programa Nacional a que se refiere esta Ley;

III. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos

y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema Nacional de

Protección Integral y del Programa Nacional;

IV. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas,

los programas estatales en la materia, con base en los resultados

de las evaluaciones que al efecto se realicen;

V. Impulsar la participación de las organizaciones privadas

dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de

niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas

federales;

VI. Impulsar la formación y actualización de acuerdos

interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias

de 713





de gobierno, para facilitar la actuación de la Secretaría Ejecutiva

del Sistema Nacional de Protección Integral;

VII. Imponer las sanciones por las infracciones que establece la

presente Ley en el ámbito federal;

VIII. Revocar temporal o definitivamente, a través de la autoridad

competente, la autorización para operar los centros de asistencia

social, por el incumplimiento de las obligaciones y requisitos

previstos en esta Ley;

IX. Verificar, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la

existencia de la autorización de quienes ejerzan la patria

potestad, tutela o, en su caso, del órgano jurisdiccional

competente, que permita la entrada y salida de niñas, niños o

adolescentes del territorio nacional, conforme a las disposiciones

aplicables;

X. Determinar, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la

condición migratoria de niñas, niños y adolescentes migrantes, y

XI. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 118. Corresponden a las autoridades locales, en sus

respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

de 713





I. Instrumentar y articular sus políticas públicas tomando en

consideración el Programa Nacional para la adecuada garantía y

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

II. Elaborar el Programa local y participar en el diseño del Programa

Nacional;

III. Fortalecer las existentes e impulsar la creación de instituciones

públicas y privadas que tengan trato con niñas, niños y

adolescentes;

IV. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y

proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y

cultura de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes;

V. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de

niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad;

VI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de

esta Ley;

VII. Elaborar y aplicar los programas locales a que se refiere esta Ley,

así como rendir ante el Sistema Nacional de Protección Integral

un informe anual sobre los avances;

de 713





VIII. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas,

los programas estatales en la materia, con base en los resultados

de las evaluaciones que al efecto se realicen;

IX. Impulsar la participación de las organizaciones privadas



estatales;

X. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y

recomendaciones sobre protección de derechos de niñas, niños y

adolescentes, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;

XI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas y

de integrar el sistema nacional de información, la información

necesaria para la elaboración de éstas;

XII. Coordinar con las autoridades de los órdenes de gobierno la

implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas

que deriven de la presente Ley;

XIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y

XIV. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley.

de 713





Artículo 119. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta

Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes:

I. Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del

Programa Local;

II. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de

niñas, niños y adolescentes en el municipio, para que sean

plenamente conocidos y ejercidos;

III. Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y

adolescentes en los asuntos concernientes a su municipio;

IV. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas,

niños y adolescentes que deseen manifestar inquietudes;

V. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos

contenidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables,

así como canalizarlas de forma inmediata a la Procuraduría Local

de Protección que corresponda, sin perjuicio que ésta pueda

recibirla directamente;

de 713





VI. Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección competente en las

medidas urgentes de protección que ésta determine, y coordinar

las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones;

VII. Promover la celebración de convenios de coordinación con las

autoridades competentes, así como con otras instancias públicas

o privadas, para la atención y protección de niñas, niños y

adolescentes;

VIII. Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y

adolescentes que autoricen las instancias competentes de la

federación y de las entidades federativas;

IX. Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para

la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas

que deriven de la presente Ley;

X. Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel

nacional de niñas, niños y adolescentes;

XI. Impulsar la participación de las organizaciones privadas



municipales, y

de 713





XII. Las demás que establezcan los ordenamientos locales y aquéllas

que deriven de los acuerdos que, de conformidad con la presente

Ley, se asuman en el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las

Entidades.

Sección Segunda

Del Sistema Nacional DIF

Artículo 120. Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las

demás disposiciones aplicables, corresponde a la federación, a través

del Sistema Nacional DIF:

I. Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los

mismos se encuentren restringidos o vulnerados, en términos de

esta Ley y las demás disposiciones aplicables. La

institucionalización procederá como último recurso y por el

menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un

entorno familiar;

II. Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades

federales, de las entidades federativas, municipales y de las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de

sus respectivas competencias en materia de protección y

de 713





restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para

establecer los mecanismos necesarios para ello;

III. Celebrar los convenios de colaboración con los Sistemas de las

Entidades y los Sistemas Municipales, así como con

organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y

social;

IV. Promover la formación, capacitación y profesionalización del

personal de instituciones vinculadas con la protección y

restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así

como para realizar y apoyar estudios e investigaciones en la

materia;

V. Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en las

materias reguladas en esta Ley, a las entidades federativas,

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y

VI. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la

protección de niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito

de su competencia.

Capítulo Segundo


de 713





Artículo 121. Para una efectiva protección y restitución de los

derechos de niñas, niños y adolescentes, la federación, dentro de la

estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de

Protección.

Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de

Protección, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será

determinada en términos de las disposiciones que para tal efecto

emitan.

En el ejercicio de sus funciones, las Procuradurías de Protección

podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de

gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad

con las disposiciones aplicables.

Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y

seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los

derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de

Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con

las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de

salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con

de 713





todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos


Artículo 122. Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo

anterior, en sus ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones

siguientes:

I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que

prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones

aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, por lo

menos:

a) Atención médica y psicológica;

b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y

cultural, y

c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria

potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y

adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia.

de 713





II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y

adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o

administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le

correspondan al Ministerio Público, así como intervenir

oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los

procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que

participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo

dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de

protección para la restitución integral de los derechos de niñas,

niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes

actúen de manera oportuna y articulada;

IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto

familiar, cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes

hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las

disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de

violencia;

V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se

presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y

adolescentes;

de 713





VI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de

medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando exista

un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas,

niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar,

durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud,

dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional

competente. Son medidas urgentes de protección especial en

relación con niñas, niños y adolescentes, además de las

establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales,

las siguientes:

a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de

asistencia social, y

b) La atención médica inmediata por parte de alguna

institución del Sistema Nacional de Salud.

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida

urgente de protección, el órgano jurisdiccional competente

deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o

modificación de la medida que se encuentre vigente;

de 713





VII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta

responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de protección

especial establecidas en la fracción anterior, cuando exista riesgo

inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o

adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio público y a

la autoridad jurisdiccional competente.

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida

urgente de protección el órgano jurisdiccional competente

deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o

modificación de la medida que se encuentre vigente.

Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el

Procurador de Protección podrá solicitar el auxilio de las

instituciones policiales competentes.

En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de

protección, el Procurador de Protección podrá solicitar la

imposición de las medidas de apremio correspondientes a la

autoridad competente;

de 713





VIII. Promover la participación de los sectores público, social y privado

en la planificación y ejecución de acciones a favor de la atención,

defensa y protección de niñas, niños y adolescentes;

IX. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público,

social y privado en el cumplimiento del marco normativo relativo

a la protección de niñas, niños y adolescentes, conforme a las


X. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se

sujetarán para la restitución de los derechos de niñas, niños y

adolescentes;

XI. Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las

Entidades en la elaboración de los lineamientos y procedimientos

para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que

resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el

acogimiento pre-adoptivo, así como para emitir los certificados

de idoneidad;

XII. Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro

Nacional de Centros de Asistencia Social;

XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los Centros de asistencia

social y, en su caso, ejercer las acciones legales que

de 713





correspondan por el incumplimiento de los requisitos que

establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección

de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su

familia de origen por resolución judicial;

XV. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las

acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas,

niños y adolescentes, con el fin de difundirlos entre las

autoridades competentes y los sectores público, social y privado

para su incorporación en los programas respectivos, y

XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables.

Artículo 123. Para solicitar la protección y restitución integral de los

derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de

Protección deberán seguir el siguiente procedimiento:

I. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos


II. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren los

niñas, niños y adolescentes para diagnosticar la situación de sus

de 713





derechos cuando exista información sobre posible restricción o

vulneración de los mismos;

III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos

que se encuentran restringidos o vulnerados;

IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un

diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de

restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas

para su protección;

V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el

cumplimiento del plan de restitución de derechos, y

VI. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de

restitución de derechos, hasta cerciorarse de que todos los

derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren

garantizados.

Artículo 124. Los requisitos para ser nombrado titular de la

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,

son los siguientes:

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I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y

políticos;

II. Tener más de 35 años de edad;

III. Contar con título profesional de licenciatura en derecho

debidamente registrado;

IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en materia de

procuración de justicia o defensa de niñas, niños y adolescentes;

V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como

servidor público;

El nombramiento de Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños

y Adolescentes deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno del

Sistema Nacional DIF, a propuesta de su Titular.

Las leyes de las entidades federativas establecerán las medidas

necesarias que permitan la desconcentración regional de las

Procuradurías de Protección, a efecto de que logren la mayor presencia

y cobertura posible en los municipios y, en el caso del Distrito Federal,

en sus demarcaciones territoriales.

de 713





Capítulo Tercero

Del Sistema Nacional de Protección Integral

Sección Primera

De los Integrantes

Artículo 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos

de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de

Protección Integral, como instancia encargada de establecer

instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes

atribuciones:

I. Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a

los derechos de niñas, niños y adolescentes;

II. Integrar la participación de los sectores público, social y privado

y de la sociedad civil en la definición e instrumentación de

políticas para la garantía y protección integral de los derechos de


de 713





III. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la

participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en

los procesos de elaboración de programas y políticas para la

garantía y protección integral de sus derechos;

IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de

presupuestos destinados a la protección de los derechos de


V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas,

niños y adolescentes en la planeación nacional del desarrollo;

VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de

niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas, así

como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades

de la Administración Pública Federal;

VII. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el

Programa Nacional;

VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del

Programa Nacional, con la participación de los sectores público,

social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;

IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones

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territoriales del Distrito Federal, para la formulación, ejecución e

instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones

en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas,

niños y adolescentes con la participación de los sectores público,

social y privado así como de niñas, niños y adolescentes;

X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los

programas y acciones de los gobiernos federal, de las entidades

federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales

del Distrito Federal, con los objetivos, estrategias y prioridades

de la política pública nacional de protección de los derechos de


XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el

ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración

las medidas especiales que se requieran;

XII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las

instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes;

XIII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y

coordinación, así como acciones de concertación con instancias

públicas y privadas, nacionales e internacionales, que

contribuyan al cumplimiento de la presente Ley;

de 713





XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas

nacionales que desarrollen programas, acciones y políticas en

beneficio de niñas, niños y adolescentes, en términos de las


XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el

objeto de contar con datos desagregados que permitan

monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los

derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo

indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de

información se coordinará y compartirá con otros sistemas

nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al

efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones

aplicables;

XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera

sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de los

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,

principalmente con aquellas personas que trabajan desde los

diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;

XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes

relacionadas con los derechos de carácter programático previstos

en esta Ley, y

de 713





XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta

Ley.

Artículo 126. La coordinación en un marco de respeto a las

atribuciones entre las instancias de la Federación, las entidades

federativas, los municipios las demarcaciones territoriales del Distrito

Federal, será el eje del Sistema Nacional de Protección Integral.

Artículo 127. El Sistema Nacional de Protección Integral estará

conformado por:

A. Poder Ejecutivo Federal:

I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;

II. El Secretario de Gobernación;

III. El Secretario de Relaciones Exteriores;

IV. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

V. El Secretario del Desarrollo Social;

VI. El Secretario de Educación Pública;

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VII. El Secretario de Salud;

VIII. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, y

IX. El Titular del Sistema Nacional DIF;

B. Entidades Federativas:

I. Los Gobernadores de los Estados, y

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

C. Organismos Públicos:

I. El Fiscal General de la República;

II. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos, y

III. El Comisionado Presidente del Instituto Federal de

Telecomunicaciones.

D. Representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el

Sistema, en los términos del reglamento de esta Ley.

de 713





Para efectos de lo previsto en el apartado D, el reglamento deberá

prever los términos para la emisión de una convocatoria pública, que

contendrá las etapas completas para el procedimiento, sus fechas

límites y plazos.

Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Nacional de

Protección Integral, los Presidentes de las Mesas Directivas de las

Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, un

representante del Poder Judicial de la Federación, así como

representantes de la Comisión Nacional de Tribunales

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, las

asociaciones de municipios, legalmente constituidas, quienes

intervendrán con voz pero sin voto.

El Presidente de la República, en casos excepcionales, podrá ser

suplido por el Secretario de Gobernación, en los términos previstos por

la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal.

Los integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral nombrarán

un suplente que deberá tener el nivel de subsecretario o equivalente.

de 713





El Presidente del Sistema podrá invitar a las sesiones respectivas a

representantes de otras dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal, de los órganos con autonomía constitucional, de los

gobiernos de las entidades federativas, de los municipios de las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según la naturaleza de

los asuntos a tratar quienes intervendrán con voz pero sin voto.

En las sesiones del Sistema Nacional de Protección Integral,

participarán de forma permanente, sólo con voz, niñas, niños y

adolescentes, que serán seleccionados por el propio Sistema. De igual

forma, se podrá invitar a personas o instituciones, nacionales o

internacionales, especializadas en la materia.

Artículo 128. El Sistema Nacional de Protección Integral se reunirá

cuando menos dos veces al año. Para sesionar válidamente se

requerirá un quórum de la mayoría de sus miembros y la asistencia de

su Presidente; sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en

caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 129. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el

Sistema Nacional de Protección Integral podrá constituir comisiones

encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá los

de 713





lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, las

cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Sección Segunda

De la Secretaría Ejecutiva

Artículo 130. La coordinación operativa del Sistema Nacional de

Protección Integral recaerá en un órgano administrativo

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las

funciones de Secretaría Ejecutiva.

La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades

competentes de la Administración Pública Federal que deriven de

la presente Ley;

II. Elaborar el anteproyecto del Programa Nacional para someterlo a

consideración de los miembros del Sistema;

III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del

Programa Nacional;

de 713





IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y

Operación del Sistema Nacional de Protección Integral;

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional de

Protección Integral, llevar el archivo de éstos y de los

instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los

mismos;

VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución

y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos;

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación

con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales;

VIII. Administrar el sistema de información a nivel nacional a que se

refiere la fracción XV del artículo 125;

IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las

acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas,

niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades

competentes y a los sectores social y privado para su

incorporación en los programas respectivos;

X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en

general los resultados de los trabajos que realice, así como toda

aquella información pública que tienda a la generación,

de 713





desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia,

desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad

federativa, escolaridad y discapacidad;

XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas,

así como a las autoridades federales que lo requieran para el

ejercicio de sus atribuciones;

XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Nacional de Protección

Integral y a su Presidente, sobre sus actividades;

XIII. Proporcionar la información necesaria al CONEVAL, para la

evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas con la

protección de niñas, niños y adolescentes;

XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la

sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores

social y privado;

XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las

Entidades la articulación de la política nacional, así como el

intercambio de información necesaria a efecto de dar

cumplimiento con el objeto de esta Ley, y

XVI. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema

Nacional de Protección Integral.

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Artículo 131. El titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y

removido libremente por el Presidente del Sistema y deberá cumplir

con los siguientes requisitos:

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles

y políticos;

II. Tener más de 30 años de edad;

III. Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente

registrado;

IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en las áreas

correspondientes a su función, y

V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como

servidor público.

Sección Tercera

De la Evaluación y Diagnóstico

Artículo 132. Corresponderá al CONEVAL la evaluación de las

políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de los

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derechos de niñas, niños y adolescentes, en términos de lo establecido

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley,

el Programa Nacional y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 133. La evaluación consistirá en revisar periódicamente el

cumplimiento de esta Ley y del Programa Nacional, metas y acciones

en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 134. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el

CONEVAL emitirá, en su caso, las sugerencias y recomendaciones que

considere pertinentes al Sistema Nacional de Protección Integral.

Artículo 135. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a

las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.

Capítulo Cuarto

De los Sistemas de Protección en las Entidades Federativas

Sección Primera

De los Sistemas Locales de Protección

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Artículo 136. En cada entidad federativa se creará e instalará un

Sistema Local de Protección de los derechos de niñas, niños y

adolescentes, conformado por las dependencias y entidades de las

administraciones locales vinculadas con la protección de estos

derechos, en los términos que determinen sus respectivos

ordenamientos legales y serán presididos por la persona Titular del

Poder Ejecutivo Estatal y de la Jefatura de Gobierno del Distrito de

Federal. Se organizarán y funcionarán de manera similar al Sistema

Nacional de Protección Integral, contarán con una Secretaría Ejecutiva

y garantizarán la participación de los sectores social y privado, así

como de niñas, niños y adolescentes.

El Sistema Nacional de Protección Integral se articulará con los

Sistemas Locales de Protección a través de sus respectivas Secretarías

Ejecutivas.

Artículo 137. Los Sistemas Locales de Protección tendrán, cuando

menos, las siguientes atribuciones:

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia

con la política nacional;

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II. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional

de Protección;

III. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de

niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas

sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en

las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la

administración pública local;

IV. Difundir el marco jurídico local, nacional e internacional de

protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes;

V. Integrar a los sectores público, social y privado en la definición e

instrumentación de políticas para la protección de niñas, niños y

adolescentes;

VI. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la

participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en

los procesos de elaboración de programas y políticas locales para

la protección integral de sus derechos;

VII. Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los

cuales tendrán una realización progresiva;

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VIII. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de la

infancia y la adolescencia en la elaboración de programas, así

como en las políticas y acciones para la protección de los

derechos de niñas, niños y adolescentes;

IX. Participar en la elaboración del Programa Nacional;

X. Elaborar y ejecutar el Programa Local con la participación de los

sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y

adolescentes;

XI. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la

ejecución del Programa Local;

XII. Emitir un informe anual sobre los avances del Programa Local y

remitirlo al Sistema Nacional de Protección;

XIII. Participar en la formulación, ejecución e instrumentación de

programas, estrategias y acciones en materia de protección y

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la

participación de los sectores público, social y privado, así como


XIV. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el

ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración

las medidas especiales que se requieran;

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XV. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las

instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes;

XVI. Administrar el sistema estatal de información y coadyuvar en la

integración del sistema de información a nivel nacional;

XVII. Realizar acciones de formación y capacitación de manera

sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de los

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,

principalmente con aquellas personas que trabajan desde los

diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;

XVIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley;

XIX. Celebrar convenios de coordinación en la materia;

XX. Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección en las medidas

urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las

acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones, y

XXI. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables.

Las leyes de las entidades federativas determinarán la forma y

términos en que los Sistemas municipales participarán en el Sistema

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Local de Protección y, en el caso del Distrito Federal, la forma de

participación de las demarcaciones territoriales.

Sección Segunda

De los Sistemas Municipales de Protección

Artículo 138. Los Sistemas Municipales serán presididos por los

Presidentes Municipales o Jefes Delegacionales, y estarán integrados

por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de los

derechos de niñas, niños y adolescentes.

Los Sistemas Municipales contarán con una Secretaría Ejecutiva y

garantizarán la participación de los sectores social y privado, así como


Artículo 139. Las leyes de las entidades federativas preverán que las

bases generales de la administración pública municipal, dispongan la

obligación para los ayuntamientos de contar con un programa de

atención y con un área o servidores públicos que fungirán como

autoridad de primer contacto con niñas, niños o adolescentes y que

serán el enlace con las instancias locales y federales competentes.

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Las mismas disposiciones de este artículo serán aplicables a las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal.

La instancia a que se refiere el presente artículo coordinará a los

servidores públicos municipales o de las demarcaciones territoriales del

Distrito Federal, cuando en la operación, verificación y supervisión de

las funciones y servicios que les corresponden, detecten casos de

violación a los derechos contenidos en la presente Ley, a efecto de que

se dé vista a la Procuraduría de Protección competente de forma

inmediata.

Las instancias a que se refiere este artículo deberán ejercer, sin

perjuicio de otras que dispongan las leyes de las entidades federativas,

las atribuciones previstas en el artículo 119 de esta Ley.

Capítulo Quinto

De los Organismos de Protección de los Derechos Humanos

Artículo 140. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los

organismos de protección de los derechos humanos de las entidades

federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer

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áreas especializadas para la protección efectiva, observancia,

promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y

adolescentes.

Capítulo Sexto

Del Programa Nacional y de los Programas Locales



el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema

Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social,

participarán en la elaboración y ejecución del Programa Nacional, el

cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con la

presente Ley.

Artículo 142. El Programa Nacional contendrá las políticas, objetivos,

estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio,

respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y

adolescentes.

Artículo 143. Los programas locales preverán acciones de mediano y

largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción

prioritarias, y deberán alinearse al Programa Nacional.

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Artículo 144. El Programa Nacional y los programas locales deberán

incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y

seguimiento, así como de participación ciudadana y serán publicados

en el Diario Oficial de la Federación y en las gacetas o periódicos

oficiales de las entidades federativas, según corresponda.

Artículo 145. Los Sistemas Nacional, Locales y Municipales contarán

con órganos consultivos de apoyo, en los que participarán las

autoridades competentes y representantes de los sectores social y

privado, para la implementación y aplicación de los programas.

Título Sexto

De las Infracciones Administrativas

Capítulo Único

De las Infracciones y Sanciones Administrativas

Artículo 146. Las leyes de las entidades federativas establecerán las

infracciones y las sanciones que resulten aplicables en el ámbito de sus

respectivas competencias y los procedimientos para su imposición e

impugnación, así como las autoridades competentes para ello.

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Artículo 147. Los servidores públicos federales, personal de

instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o

trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración o

coordinación de aquéllas que, en el ejercicio de sus funciones o

actividades o con motivo de ellas, indebidamente impidan el ejercicio

de algún derecho o nieguen la prestación del servicio al que están

obligados a alguna niña, niño o adolescente, serán sujetos a las

sanciones administrativas y demás que resulten aplicables, en términos

de las disposiciones correspondientes.

No se considerarán como negación al ejercicio de un derecho las

molestias que sean consecuencia de sanciones legales, que sean

inherentes o incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de

autoridad.

Artículo 148. En el ámbito federal, constituyen infracciones a la

presente Ley:

I. Respecto de servidores públicos federales, personal de

instituciones de salud, educación, deportivas o culturales,

empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control,

administración o coordinación de aquéllas, así como centros de

de 713





asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción federal,

cuando en el ejercicio de sus funciones o actividades o con

motivo de ellas conozcan de la violación de algún derecho a

alguna niña, niño o adolescente e indebidamente se abstengan

de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente en

contravención a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley y

demás ordenamientos aplicables;

II. Respecto de servidores públicos federales, personal de

instituciones de salud, educación, deportivas o culturales,

empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control,

administración o coordinación de aquéllas, así como centros de

asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción federal,

propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de

abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o

perjuicio de que tengan conocimiento, en contra de niñas, niños

y adolescentes;

III. Respecto de los concesionarios de radio, televisión, la difusión o

transmisión de imágenes, voz o datos que afecten o impidan

objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños o

adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención

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al artículo 68 de esta Ley y a las disposiciones específicas que

regulen la difusión y transmisión de contenidos;

IV. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de quien

dirija medios impresos, la violación a la intimidad personal o

familiar de niñas, niños o adolescentes, a que se refiere el


V. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de quien

dirija medios impresos, la realización de entrevistas o su difusión,

sin la autorización a que se refiere el artículo 78 de esta Ley;

VI. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de quien

dirija medios impresos, la difusión de datos personales de niñas,

niños o adolescentes relacionados de cualquier forma en

procedimientos penales o a quienes se les apliquen medidas de

reparación, reinserción, restitución o asistencia, en términos de

las disposiciones aplicables, en contravención al artículo 79 de la

presente Ley;

VII. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de quien

dirija medios impresos, la difusión de imágenes o voz de niñas,

niños o adolescentes, en contravención a lo dispuesto en el


de 713





VIII. Respecto de profesionales en trabajo social o psicología que

intervengan en procedimientos de adopción que no cuenten con

la autorización del Sistema Nacional DIF a que se refiere el

artículo 31 de esta Ley, en los casos competencia de dicho

Sistema, y

IX. Las demás contravenciones a lo dispuesto en esta Ley,

competencia del orden federal.

Artículo 149. A quienes incurran en las infracciones previstas en las

fracciones I, II y VIII del artículo anterior, se les impondrá multa de

hasta mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el

Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada.

Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI y VII del

artículo anterior, serán sancionadas con multa de tres mil y hasta

treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

al momento de realizarse la conducta.

En los casos de las infracciones previstas en las fracciones III, V, VI y

VII del artículo anterior, se impondrá una multa adicional de mil

quinientos y hasta siete mil días de salario mínimo general vigente en

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el Distrito Federal, por cada día que se difunda o se encuentren

disponibles en medios electrónicos de los que tenga control el

concesionario o medio impreso que se trate, la información, datos,

imágenes o audios.

En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el doble

de lo previsto en este artículo. Se considerará reincidente al que:

a) Habiendo incurrido en una infracción que haya sido

sancionada, realice otra violación del mismo precepto de esta

Ley;

b) Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista

resolución previa que haya causado estado, y

c) Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que

haya causado estado no haya transcurrido más de diez años.

Artículo 150. Para la determinación de la sanción, las autoridades

competentes deberán considerar:

I. La gravedad de la infracción;

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II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de

la infracción;

III. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;

IV. La condición económica del infractor, y

V. La reincidencia del infractor.

Artículo 151. Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán por las

siguientes autoridades:

I. La dependencia o entidad de la Administración Pública Federal

que resulte competente, en los casos de las fracciones I y II del


II. Tratándose de servidores públicos, así como empleados o

trabajadores de establecimientos sujetos al control,

administración o coordinación del Poder Judicial de la

Federación; las Cámaras de Diputados o de Senadores del

Congreso de la Unión; órganos con autonomía constitucional, o

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o de

tribunales del trabajo o agrarios, las sanciones serán impuestas

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por los órganos que establezcan sus respectivos ordenamientos

legales;

III. La Secretaría de Gobernación, en los supuestos previstos en las

fracciones III, IV, V, VI y VII, del artículo 148 de esta Ley, y

IV. El Sistema Nacional DIF, en los casos de la fracción VIII del


Artículo 152. Contra las sanciones que las autoridades federales

impongan en cumplimiento de esta Ley, se podrá interponer el recurso

de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 153. Para los efectos de este Título, a falta de disposición

expresa y en lo que no contravenga a esta Ley, se aplicará

supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 154. Las entidades federativas deberán establecer las

infracciones y sanciones administrativas aplicables en el ámbito de su

competencia.

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Artículo Tercero. Se reforman los artículos 25 y 26 de la Ley General

de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo

Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 25. El Consejo se integrará con los Titulares de las siguientes

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:

I. El Sistema Nacional DIF, quien lo presidirá;

II. La Secretaría;

III. La Secretaría de Gobernación;

IV. La Secretaría de Desarrollo Social;

V. La Secretaría de Educación Pública;

VI. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VII. El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

Mexicanas;

VIII. El Instituto Mexicano del Seguro Social;

IX. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado;

X. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y

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XI. Un representante del sector obrero y otro del sector empresarial,

que lo serán los representantes en el Instituto Mexicano del Seguro

Social.

(…)

(…)

Artículo 26. El Ejecutivo Federal, a través del Sistema Nacional DIF,

podrá integrar al Consejo a los titulares de otras dependencias y

entidades federales que presten servicios para la atención, cuidado y

desarrollo integral infantil o cuyo ámbito de atribuciones esté vinculado

con estos servicios.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán

las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente

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Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su

entrada en vigor.

TERCERO. Los Sistemas de Protección Locales y Municipales deberán

integrarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes a la

entrada en vigor de las modificaciones legislativas a que se refiere el

transitorio anterior.

CUARTO. Se abroga la Ley para la Protección de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes.

QUINTO. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley

deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a

los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en

vigor del presente Decreto.

SEXTO. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes deberá constituirse a partir del siguiente ejercicio

presupuestal a la publicación del presente Decreto.

Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF deberá

reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que en un plazo no mayor a

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noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente

Decreto, se formalice la creación de la Procuraduría Federal de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas

unidades administrativas.

SÉPTIMO. El Sistema Nacional de Protección Integral deberá quedar

instalado dentro de los ciento ochenta días naturales, posteriores a la

publicación del presente Decreto. En su primera sesión, el Presidente

del Sistema Nacional de Protección Integral someterá a consideración y

aprobación del mismo los lineamientos para su integración,

organización y funcionamiento, así como la designación del Titular de

la Secretaría Ejecutiva del Sistema.

El Titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema, una vez instalado el

Sistema Nacional de Protección Integral, dentro de los siguientes

treinta días naturales, deberá presentar a consideración y en su caso

aprobación de los integrantes del Pleno, el proyecto de lineamientos a

que se refiere el artículo 129 de la Ley General de Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes.

El Presidente del Sistema Nacional de Protección Integral realizará las

acciones necesarias para la elaboración del Programa Nacional, el cual

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deberá aprobarse dentro de los ciento ochenta días naturales

siguientes a la instalación del Sistema Nacional de Protección.

OCTAVO. Las referencias que esta Ley hace a la Fiscalía General de la

República, se entenderán realizadas a la Procuraduría General de la

República, hasta en tanto entre en vigor la autonomía constitucional de

dicha Fiscalía.

NOVENO. Las autoridades federales, de las entidades federativas,


celebrarán convenios y programas especiales para abatir el rezago de

registro de nacimientos de niñas, niños y adolescentes.

DÉCIMO. Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo

122 de la Ley que se emite por virtud del presente Decreto, en tanto

entran en vigor las disposiciones aplicables del Código Nacional de

Procedimientos Penales, se aplicarán las medidas establecidos en la

legislación procesal penal correspondiente.

DÉCIMO PRIMERO. Los centros de asistencia que se encuentren

operando con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto

contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el

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Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones

conducentes en términos de lo previsto por la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

DÉCIMO SEGUNDO. La Cámara de Diputados del Congreso de la

Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, establecerá una partida

presupuestal para coadyuvar en la implementación de las

adecuaciones a las que se refiere el transitorio anterior y la operación

de los Centros de Asistencia Social.

DÉCIMO TERCERO. Las autoridades de la federación, de las

entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, con el objeto de dar cumplimiento a lo

previsto en la Ley que se expide por virtud del presente Decreto,

deberán implementar las políticas y acciones correspondientes

conforme a los programas aplicables y los que deriven de la misma.

Salón de sesiones del Senado de la República.

Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de

Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de

Educación, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, Segunda.

México, DF, a los 05 días del mes de noviembre de 2014

dictamen en sentido positivo que presentan las...

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