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octubre 2003-septiembre 2004 263

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

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Derecho a un ambiente sano

Durante el período evaluado, el derechoa un ambiente sano en Venezuela estu-vo signado por las dificultades en en-

contrar respuestas de la misma magnitud yenvergadura que los problemas acumulados.De manera particular destacaron, por su im-pacto negativo generalizado sobre el territo-rio nacional, las fallas en la disposición y con-trol de los distintos tipos de desechos, y lafalta de regulación de los efluentes líquidos yemanaciones gaseosas que se descargan enlos distintos medios, especialmente en loscuerpos de agua. A pesar de los esfuerzosrealizados, las disrupciones ambientales segeneran cuando la producción de residuossupera la capacidad de las instancias compe-tentes. Igualmente, cuando la acción educati-va y de concientización ambiental, pública yprivada, para generar conducta ciudadanaambientalmente responsable se torna insufi-ciente. Sin embargo, aun reconociendo la gra-vedad que representa que dos tercios de losmunicipios del país muestren insuficiencias oinexistencia de sistemas de recolección debasura, y que casi el 60% de las viviendas noestén conectadas a recolectores de aguas ser-vidas, se debe tener claro que estas son soloconsecuencias del mantenimiento de un esti-lo de desarrollo no sostenible, que contravie-ne las disposiciones en materia ambiental re-cogidas en la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela (CRBV).

Se han calificado como de particular inte-rés para este balance las siguientes acciones:

Toda persona tiene derecho individualy colectivamente a disfrutar de una viday de un ambiente seguro, sano y ecológicamenteequilibrado. El Estado protegerá el ambiente,la diversidad biológica, genética, los procesosecológicos, los parques nacionales y monumentosnaturales y demás áreas de especialimportancia ecológica.El genoma de los seres vivos no podráser patentado…El Estado desarrollará una política de ordenacióndel territorio atendiendo a las necesidadesecológicas […] de acuerdo con las premisasdel desarrollo sustentable, que incluya lainformación, consulta y participación ciudadana…Todas las actividades susceptibles de generardaños a los ecosistemas deben ser previamenteacompañadas de estudios de impacto ambientaly sociocultural.El Estado impedirá la entrada al país de desechostóxicos y peligrosos, así como la fabricacióny uso de armas nucleares, químicas y biológicas…En los contratos que la República celebrecon personas naturales o jurídicas, nacionaleso extranjeras, o en los permisos que se otorguen,que afecten los recursos naturales,se considerará incluida aún cuando no estuvieraexpresa, la obligación de conservarel equilibrio ecológico…

Artículos 127, 128 y 129 de la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela

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PROVEA Informe Anual

garantizar las óptimas condiciones sanitariasde vida de los habitantes; evaluar y controlarlos impactos de las actividades humanas quepropician la degradación de los medios enlos que se desenvuelve la cotidianidad delas personas; atender las denuncias sobrelas trasgresiones de la normativa técnica dis-puesta para la conservación y defensa del am-biente y por lo tanto de calidad de la existenciahumana e; informar, educar y concientizar so-bre las disposiciones legales y opciones pro-ductivas y organizacionales alternativas tan-to en el ámbito nacional como regional e in-ternacional, para alcanzar niveles ecológicay socialmente adecuados de calidad am-biental basados en el desarrollo sostenible,tal como queda establecido en el artículo128 de la CRBV.

Para evaluar el cumplimiento de cada unade estas acciones, se cotejó la información pro-veniente de las organizaciones ambientalistasde la sociedad civil y de los medios de comuni-cación impresos con la información oficial ema-nada de los distintos poderes del Estado vene-zolano, encargadas tanto de velar por la defen-sa y mejoramiento del ambiente como por laatención de las denuncias sobre la trasgresiónde la legislación nacional correspondiente. Detal manera que la característica fundamental deeste Informe es la de, desde una perspectivade derecho, tratar de evaluar la corresponden-

cia entre el tipo y magnitud de las demandas dela sociedad y el grado de respuesta encontra-do en la acción de los organismos competen-tes del Estado.

En este balance, los informes y documen-tos de las organizaciones ambientalistas, enespecial de Vitalis1, y las noticias de prensa-siempre y cuando estas se correspondan conlos señalamientos hechos desde estas orga-nizaciones- se utilizaron preferentementecomo expresión de las exigencias sociales. Paraalgunos asuntos relacionados con la determi-nación de condiciones estructurales de co-bertura y calidad de algunos servicios deequipamiento territorial ambiental, se utiliza lainformación ambiental del Instituto Nacionalde Estadística (INE).

Con el fin de determinar la capacidad derespuesta desde los Poderes Públicos, se uti-lizaron las Memoria y Cuenta de los despa-chos del Estado: Ministerio del Ambiente ylos Recursos Naturales (MARN) a través delas distintas direcciones que lo estructuran yque presentaron un balance de gestión parael 20032 ; la Dirección General de Ambientedel Ministerio Público (MP), en la medida enque esta instancia explícitamente manifiestala continuidad de las acciones que inició en el20023; y de manera referencial la Defensoríadel Pueblo4, que no dispone de informaciónpública actualizada para el presente Informe.

1. Esta ONG ambiental realizó una consulta entre 171 especialistas del campo ambiental en Venezuela entre no-viembre y diciembre 2003, que permite identificar un conjunto de problemas y logros del país en materia ambien-tal. Esta identificación sirvió de guía a la estructuración del presente informe. Los resultados detallados delestudio en: VITALIS: Resultados de la consulta 2003[en línea]<http//www.vitalis.net/ resultados de la con-sulta 2003> Consulta 15.06.04.

2 . MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES (MARN): Memoria y cuenta 2003 [en línea]<http//www.marn.org.ve/marn/>

3. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Ministerio Público. Despacho del Fiscal General de la Repú-blica: Informe Anual del Fiscal general de la República 2002. Caracas, 2002.

4 . DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Diagnóstico ambiental por estado [en línea] <http//www.defensoria.gov.ve/>Consulta 30.05.04.

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Residuos sólidos, domésticos,hospitalarios, tóxicos y peligrosos:manejo, tratamientoy disposición final5

El país presenta una crítica situación enmateria de servicios de recolección, disposi-ción, y manejo de este tipo residuos. En elaño 2001, la Asamblea Nacional (AN) declaróel problema de los residuos como de emer-gencia nacional, mediante un acuerdo espe-cial que dispone la creación de una comisióninterinstitucional con la función de elaborarun Plan Estratégico Nacional para el manejode residuos y desechos sólidos6. De acuerdocon la información suministrada por el INE,correspondiente a la última entrega de la se-rie de Estadísticas Ambientales, el 66,57% delos municipios del país presentan sistemasde recolección de basura deficientes y/oinexistentes7. A pesar de la gravedad que re-presenta que más de dos tercios de los munici-pios del país se encuentren en esta situación,el referido acuerdo de la AN no fue atendidocon la diligencia necesaria. El problema se tor-na aún más complejo si se toma en considera-ción que la existencia del servicio no es garan-tía de su buen funcionamiento. De acuerdo conRafael Schwartz, Presidente de Cotécnica, em-presa privada recolectora de basura, solo cua-tro sitios de vertederos utilizan geomembranas(láminas impermeables fabricadas con resinasde Policloruro de Vinilo o PVC que evitan loslixiviados para prevenir la contaminación sub-

terránea)8. Este funcionamiento inapropiadogeneralizado queda corroborado en las inspec-ciones que la Dirección de Ambiente del MPrealizó en el 2002, en 21 de los vertederos desólidos en los estados Aragua, Carabobo, Nue-va Esparta, Zulia y Falcón.

En el caso de los vertederos evaluados enesta última entidad (Boca de Aroa, El Hatillo,Tiguadare, Los Taques o Cerro Norte) “...lafiscal comisionada, por lo contundente delos hechos abrió las correspondientes inves-tigaciones y actualmente se encuentra ana-lizando los resultados obtenidos para adop-tar el acto conclusivo correspondiente”9.Para los vertederos localizados en las res-tantes localidades, el MP esperaba continuarcon sus actuaciones durante el 2003, con elobjeto de determinar si se está en presenciade un hecho punible debido al incumplimien-to de los diferentes decretos que norman ladisposición y tratamiento de los desechossólidos en el país.

La trasgresión de la normativa técnicaconstatada por el MP resulta particularmentegrave, tomando en cuenta que estas son lascondiciones que prevalecen en entidades cuyonivel de dotación de infraestructura yequipamiento territorial ambiental urbana y/oturística están por encima del promedio nacio-nal, donde además se cuenta con la presenciade grupos locales de acción ecológica; cabepreguntarse por la situación en otros estadoscon menor dotación de servicios y escasa pre-sencia de vigilancia y denuncia social.

5 . Uno de los problemas resaltados en la consulta de Vitalis fue el relacionado con el “Inapropiado tratamiento ydisposición final de residuos sólidos domésticos (basura), tanto a nivel urbano como rural, y mal manejo de losresiduos hospitalarios, tóxicos y peligrosos”. VITALIS: [en línea] <http//www.vitalis.net/resultados de laconsulta2003> Consulta del 15.06.04.

6 . Publicado en Gaceta Oficial Nº 37.216 extraordinaria del 11.06.01.7 . Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) y estadísticas ambientales en prensa. Cálculos: Sala

de Modelación Ambiental CENAMB-UCV.8. La Bonanza aguanta Mugre por 20 años más: Últimas Noticias, 18.04.04, pág. 26.9 . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Ministerio Público: op.cit. Pág. 480.

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Por su parte la DP, según información pu-blicada en su página web10, se encuentra pres-tando asesoría, en casos de problemas de dis-posición de desechos sólidos y peligrosos,en las siguientes entidades: Anzoátegui (sec-tor Oritupano), Miranda (Higuerote), Lara (la-gunas de oxidación de Sarare y La Miel), Sucre(desechos tóxicos provenientes de activida-des petroleras), Monagas (desechos peligro-sos provenientes de actividades petroleras),Área Metropolitana de Caracas y Vargas. Conrespecto a estas dos unidades político admi-nistrativas, se debe resaltar que presentaníndices de cobertura de servicio de recolec-ción de basura por encima del promedio na-cional. El 54,55% de las viviendas del DistritoCapital cuenta con un servicio de aseo urba-no propio, equiparándose a zonas de alto ni-vel de urbanización. En el caso de Vargas, el36,36% de las parroquias presentan situacio-nes de insuficiencia o inexistencia11.

Sin embargo, considerando las denun-cias recogidas por los medios de comunica-ción impresos sobre la situación de recolec-ción y disposición de desechos en estas en-tidades, es necesario analizar la brecha exis-tente entre medidas implementadas y satis-facción de las necesidades en la materia, yenmarcado en lo anterior, ir más allá de losindicadores existentes, del solo seguimientode la aplicación de la normativa correspon-diente y de los contenidos que en la mismase establece. A continuación se comentanalgunos extractos de noticias que dan cuen-ta de estas problemáticas:

A finales de 2003, la prensa reseñó que“…El servicio de recolección de basura en11 de las 22 parroquias del Municipio Li-

bertador se mantiene paralizado [por un con-flicto laboral que entonces registraba] 72 ho-ras de basura acumuladas”12. Con ello sedemuestra el costo ambiental que deben pa-gar los ciudadanos cuando se vulneran susderechos a un ambiente sano por discrepan-cias contractuales entre la empresaprestadora de servicios y sus trabajadoresen el marco del conflicto legal que manteníapara la época la empresa con el Municipio,en cuanto a la posibilidad de renovación decontrato para el año 2004.

En mayo de 2004, fue denunciado que “AlRelleno sanitario de Santa Eduvigis ingre-san cerca de 70 camiones compactadores debasura al día. La contingencia ha dejado2.430 toneladas de basura. Sabenpe debe300 millones al vertedero de desechos...”13.De manera similar al caso anterior, el derechoa un ambiente sano de las comunidades se veamenazado por una disputa contractual, eneste caso entre la empresa prestadora del ser-vicio de recolección (Sabenpe) y la empresaoperadora del relleno de Santa Eduvigis (Lirka)que presta servicio para el Edo. Vargas. Sedebe resaltar en este sentido que la recolec-ción de los desechos sólidos urbanos entradentro de la categoría de servicios mínimosindispensables que no deben ser suspendi-dos totalmente durante las huelgas laborales.

A finales de 2003, la prensa reseñó unadenuncia según la cual “Productos mal al-macenados se han convertido en tóxicos.Peligro químico en La Carlota [...] Un graveproblema de contaminación ha sido detec-tado en un galpón de la base aérea de laCarlota [Caracas] por dos ingenieros quími-cos que dedicaron sus tesis de grado [...] a

10. DEFENSORÍA DEL PUEBLO: op. cit.11. INE: op.cit. Cálculos: Sala de Modelación Ambiental CENAMB-UCV.12. Migdalis Cañizales: El Universal, 18.11.03, pág. 2:12.13. César Batiz: El Universal, 11.05.04, pág. 2-4.

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analizar y estudiar el fenómeno y sus posi-bles soluciones [...] Es una serie de múltiplescompuestos, soluciones, reactivos químicos,propios de los procesos rutinarios de unaempresa galvánica, basados en cromo y cia-nuro”14. Entre las consecuencias ambientalesque la acumulación de estas sustancias tóxi-cas puede ocasionar, tanto en el interior de labase aérea como en sus inmediaciones, des-taca la formación de nubes de ácidocianhídrico con graves repercusiones en lasalud humana. Desde el punto de vista delderecho humano a un ambiente sano, debepreocuparnos que tuviera que esperarse a unadefensa académica de tesis, después de nue-ve años del cierre de la empresa galvánica queoperaba en las instalaciones de La Carlota,para que el problema saliera a la luz pública.Esto muestra la falta sistemática de controlpor parte de los organismos encargados de lapreservación ambiental en el municipio y elestado de desinformación ambiental ciudada-na, y muestra los obstáculos que encuentra lacontraloría social en materia ambiental cuan-do los mecanismos de control institucionalson débiles o no se aplican.

En este cuadro de problemas generaliza-dos de control de residuos de distinto tipo,en el que las respuestas de las instancias delEstado encargadas de ejercer estas funcio-nes acusan problemas de rezago o no lograncubrir la totalidad de los casos, el MARN,presenta como logros: la conclusión del re-lleno sanitario de El Tigre (Edo. Carabobo),a ser administrado bajo la figura de manco-munidad municipal15; y la formulación con-

junta con el Instituto Nacional de Parques(Inparques) del Plan de Gestión Integral deDesechos Sólidos en el Parque NacionalMorrocoy (Edo. Falcón)16.

En cuanto a la situación del manejo de lassustancias, materiales y desechos peligrosos,este Despacho, a través de su Dirección deCalidad Ambiental, indica haber atendido “di-versas emergencias en el territorio Nacionalen coordinación con las Direcciones Ambien-tales Estadales, relacionadas con sustancias,materiales, y desechos peligrosos...”17. Comoiniciativas específicas en este tema se debenresaltar: el Convenio Marco con el Programade las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD) para la Elaboración del DiagnósticoNacional de Bifenilos Policlorados (BPC) -en elinforme de la referida Dirección se destaca quela Corporación Venezolana de Guayana (CVG)es una de las principales fuentes de esta sus-tancia contaminante con efectos canceríge-nos para el ser humano-; y la licitación para laeliminación de 1.000 toneladas de plaguicidasobsoletos18. Sin embargo, llama la atenciónque se otorgaron ocho permisos de importa-ción de sustancias peligrosas, con lo cual semuestra que se está lejos de una política quepromueva la erradicación definitiva de estetipo de amenazas, que atentan contra el dere-cho a un ambiente sano.

En el marco de este cuadro nacional, enmateria de disposición, seguimiento y con-trol de desechos, es necesario intensificar yprofundizar iniciativas ciudadanas, así comopromover la discusión y la participación delos diversos sectores sociales. Iniciativas so-

14. Marisol Decarli R: El Universal, 21.11.03, pág. 2-16.15. MARN: op. cit. Versión impresa: pág. 65.16. Ídem. Versión impresa: pág. 79.17. Ídem.18. Ídem.

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ciales como la organización de debates depropuestas legislativas sobre el tema19 y elimpulso de experiencias comunitarias sobreel reciclaje de basura, con una extraordinariafactibilidad de realización en el país20, mues-tran, por un lado, el monitoreo ciudadano, ypor otra, la preocupación de las organizacio-nes sociales en relación con el desbordamien-to de la capacidad de aplicación guberna-mental -tanto a escala local como nacional-de los mecanismos técnicos, legales y edu-cacionales normativamente establecidospara garantizar la disposición, el procesa-miento y el control de los residuos que lasactividades domésticas, comerciales, indus-triales, energéticas y asistenciales naciona-les producen.Cuerpos de agua21

Para el año 2003, el MARN presentó lassiguientes acciones realizadas por las diferen-tes Direcciones Generales que lo conformanpara corregir la grave situación de los cuer-pos de agua.Dirección General de Calidad Ambiental22

Evaluación de: las aguas del Río Yaracuy(Edo. Yaracuy); 174 playas de los EstadosNueva Esparta, Anzoátegui, Miranda yVargas; cuencas de los ríos Boconó, Motatány Castán (Edo. Trujillo), aguas residuales delas refinerías El Palito (Edo. Carabobo) y Com-plejo Refinador Paraguaná (Edo. Falcón), delas plantas de almacenamiento y distribuciónde combustible de Yagua (Edo. Carabobo),

Bajo Grande y San Lorenzo (Edo. Zulia), Vigía(Edo. Mérida), Barquisimeto (Edo. Lara).Dirección de Equipamiento Ambiental23

Estado Anzoátegui: conclusión de la plan-ta de tratamiento de aguas servidas para elValle de Guanare.

Estado Nueva Esparta: estudio de amplia-ción de la planta de tratamiento de Aricagua;proyectos de planta de tratamiento de ElYaque, Boca de Río; colector de aguas negrasdesde la Avenida Luisa Cáceres de Arismendihasta el Balneario Playa Guacuco.

Estado Aragua: Planta de tratamiento LaMariposa (1a Etapa), culminación de la esta-ción de bombeo de aguas residuales deCamburito, y la construcción de varios co-lectores de aguas negras en diversos sitiosde la ciudad de Maracay, todas obras paramejorar la situación de contaminación delLago de Valencia.

Estado Vargas: Planta de Tratamiento dePunta Gorda en conjunto de la estación debombeo hacia esta planta desde Mare, obrasciviles en la estación de bombeo de Tacagua.

Estado Sucre: red de tuberías de aguas ne-gras que se extienden desde el Río Candorosohasta la estación de bombeo de Campo Ajuro ydesde la estación de bombeo de Playa Grandehasta la planta de tratamiento de Carúpano.

Estado Falcón: realización de variasobras del proyecto Falconiano II en las loca-lidades de Chichiriviche y San Juan de losCayos, dirigidas al saneamiento del eje cos-tero Falcón-Carabobo.

19. VITALIS organizó un foro electrónico sobre la nueva ley de residuos y desechos sólidos. VITALIS [en línea]<htpp//www.vitalis.net> Consulta del 03.11.03.

20. 80% de los residuos sólidos del país pueden reciclarse: El Universal, 17.05.04, pág. 2-6.21. Otro de los problemas ambientales destacado por los especialistas es el referido a la “Degradación de áreas

naturales, especialmente por contaminación de los cuerpos de agua (marinos y dulceacuícolas)” VITALIS: [enlínea] <http//www.vitalis.net/ resultados de la consulta 2003> Consulta 15.06.04.

22. MARN: op.cit. Pág. 75-76.23. Ídem. Pág. 60-65.

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Estado Miranda: construcción de colec-tores del sector Carenero- Higuerote; estaciónde bombeo principal para el saneamiento dellitoral barloventeño, para mejorar la situa-ción de contaminación costera; además, paramejorar la calidad de las aguas del trayectodel Río Tuy en esta entidad, se concluyó elcolector de Ocumare del Tuy.

Estado Trujillo: construcción de colec-tores para la ciudad de Valera, que ayudaríana disminuir los niveles de contaminación delRío Motatán

Se debe destacar durante el 2004 la eva-luación de la contaminación bacteriana, capa-cidad de carga, infraestructura de equipamien-to y condiciones de accesibilidad, realizadade manera conjunta entre el MARN y el Mi-nisterio de Sanidad y Desarrollo Social(MSDS) en el Programa de CaracterizaciónAmbiental de Playas y ríos en los Estados:Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Falcón, Mi-randa, Nueva Esparta, Sucre y Vargas, para latemporada de vacaciones estudiantiles del200424. La manera como esta información eslevantada y presentada al público con actua-lización periódica, sobre todo para los perío-dos de vacaciones y asuetos, propicia condi-ciones para lograr una mejor contraloría so-cial sobre la calidad del agua de estos atracti-vos de especial relevancia para la recreacióny esparcimiento de los habitantes.

Las obras de saneamiento ejecutadas porel MARN estuvieron dirigidas a mejorar yevaluar la calidad de las aguas marinas y con-

tinentales del país, actividad que es reconoci-da como un logro por los especialistas, fun-damentalmente “...En materia de plantas detratamiento de aguas residuales, en particu-lar en las zonas costeras, y el fortalecimien-to de algunos programas de saneamientoambiental y la red de distribución y accesoal agua potable”25. Igualmente los especia-listas reconocen como avance el “Mayor con-trol sobre el manejo de plantas de tratamientode aguas residuales industriales e incremen-to de la capacidad de tratamiento de aguasservidas en algunas poblaciones y ciudades,instalando sistemas de drenaje, conduccióny tratamiento de esas aguas [e] inicio de latransferencia de la prestación del serviciode Agua Potable y Saneamiento al DistritoMetropolitano, Municipios y/o mancomuni-dades”26. Sin embargo, las inversiones ejecu-tadas27 y este reconocimiento al MARN nopudieron evitar que la degradación de los cuer-pos de agua se convirtiera durante el año 2004en uno de los problemas que más impactogeneró en la opinión pública. De manera par-ticular cabe destacar el caso del Lago deMaracaibo (Edo. Zulia).

En el período analizado, la atención públi-ca se centró en el aumento de la presencia dela lenteja de agua (Lemna sp), una planta acuá-tica flotante, que desde el mes de febrero de2004 empezó a expandirse de manera pocousual, hasta llegar a ocupar el 15 % de la su-perficie del Lago de Maracaibo para el mes deJunio28. Esta situación motivó que se decreta-

24. Resoluciones MSDS Nº 303 y MARN Nº 206 en Gaceta Oficial Nº 37.994 del 04.08.04.25. VITALIS: op.cit.26. Ídem.27. De acuerdo al MARN, se alcanzó una ejecución del 100% en el Plan Extraordinario de Inversiones Sobremarcha

y el Sector Agua Potable y Saneamiento presentó la mayor ejecución de obras enmarcadas en dicho Plan. MARN:op. cit. Versión impresa: Exposición General, pág. II.

28. Mónica Castro: Emergencia Ecológica/ Expertos alertan LENTEJA INVADE EL LAGO. El Universal, 21.06.04,pág. 1-2.

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ra un alerta ambiental por parte de la direcciónregional del MSDS29. Aunque se pretendió darrespuesta mediante la recolección de la plan-ta, tal como advirtió Ana Elisa Osorio, Ministradel Ambiente y de los Recursos Naturales,con estas acciones la Lemna sp no desapare-cerá por completo30, dado el alto grado decontaminación que se evidencia en el cuer-po de agua. Al respecto se debe recordar quelos estudios llevados a cabo en años ante-riores por el Instituto de Conservación delLago de Maracaibo (Iclam) y el MARN, ubi-caron la contaminación fecal en más de unmillón de m3 diarios, a los cuales hay queagregarle la contaminación petrolera,petroquímica, agrícola e industrial, que con-vierten al lago en el “gran sumidero” de losdesperdicios que genera la actividad domés-tica y económica zuliana.

De acuerdo con la profesora SusanaHerman de Bautista, de la Universidad delZulia (LUZ), “...el uso correcto de estasplantas de tratamiento podría disminuirhasta en un 50% la contaminaciónbacteriológica hasta de las playas, logran-do que puedan ser aptas para el disfrute yla recreación”31. Se debe recalcar que lospescadores del Lago, siendo de los princi-pales actores afectados por la contamina-ción de la Lemna sp, están marginados delplan de recolección de la planta imple-men-tado por el Ejecutivo Nacional.

Otro caso que llamó la atención de la opi-nión pública, relacionado con la contamina-ción de los cuerpos de agua, fue la mortandadde peces en las costas del estado Miranda.Como sucedió en 1982 y en 1984 en la LagunaLa Reina y la Bahía de Guayacán, se detectóla presencia de sardinas “rabo amarillo” muer-tas (alrededor de tres toneladas) y el MARNdio la misma explicación que en oportunida-des anteriores: “...la catástrofe se produjo porla reducción de oxígeno en el agua, lo quepuede deberse a la presencia de un contami-nante o un fenómeno natural”32. Como en losepisodios anteriores, los habitantes de estesector de Barlovento, además de verse vulne-rados en el derecho constitucional de disfru-tar de condiciones ambientales aptas, tambiénse vieron afectados en su actividad económi-ca. Esta mortandad ocurrida durante el asue-to de carnaval redujo la cantidad de visitan-tes a estas costas en la temporada vacacio-nal33. Con respecto a estos casos se debe re-saltar que en el reporte de la DP34, se destacanlas diligencias realizadas en atención al pro-blema de la contaminación de aguas, tanto enMiranda como en Zulia.

A pesar de los logros señalados y de larelevancia de los casos, que evidencian de-gradación de los cuerpos de agua debido acausas comprobadas o presuntas, en el paíshace falta mayores esfuerzos a los realizados,en lo referente al equipamiento para la reco-

29. Dámaso Méndez: Decretarán alerta ambiental en zonas afectadas por la lenteja acuática. El Nacional,30.06.04, pág. B-17.

30. En entrevista a Dámaso Jiménez: Ana Elisa Osorio afirma que la lenteja de agua estará controlada en dosmeses. El Nacional, 13.07.04, pág. B-12.

31. En entrevista a Dámaso: Jiménez Sanear el Lago de Maracaibo requiere 5 millardos de dólares. El Nacional,13.04.04, pág. A-7.

32. Nadia Pérez /Vanesa Davis: Murieron cerca de tres toneladas de peces en el Estado Miranda. El Nacional,11.02.04, pág. B-12.

33. Yelitza Izalla Yánez: Habitantes de Carenero y Guayacán temen huida de turistas en Carnaval. El Nacional,13.02.04 , pág. B-18.

34. DEFENSORÍA DEL PUEBLO: op. cit.

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lección y tratamiento de aguas servidas, prin-cipal fuente de contaminación antrópica de lasaguas en Venezuela. Como indicador, bastaconsiderar que de acuerdo al INE, casi el 60%de las viviendas en los distintos municipiosdel país no cuentan con el servicio de cloaca35.

Diversidad biológica36

De la actividad realizada por el MARNdurante el 2003 en relación con el conocimien-to, preservación y uso de la biodiversidad, sedestacan, de acuerdo a las Direcciones encar-gadas, las siguientes:

Dirección General de Biodiversidad37;Caracterización de la Diversidad Florística enla Cuenca del Río San Juan, estados Sucre yMonagas; Evaluación de la pérdida de Diver-sidad Biológica en la Cuenca del Río Guapo yla Laguna de Tacarigua, Edo. Miranda; Estu-dio Poblacional de la Palma BenditaCeroxylon klopstockia en el Parque Nacio-nal El Ávila, Caracas; Evaluación y emisiónde 46 permisos de Colección de MuestrasBotánicas con fines científicos. Se emitieron30 certificados de exportación y 5 certificadosde importación CITES38 de las especies deflora no maderable amenazadas; Conserva-ción: Caracterización, mantenimiento y segui-miento in situ de las colecciones de plantasde interés comercial: cacao, piña, lechosa yplantas medicinales del Edo. Aragua. Las ac-tividades de Recolección de semillas, propa-gación y reintroducción de plantas del Nogalde Caracas, y más recientemente del Nogal

Andino, como acción inicial del Proyecto deConservación de Especies en Peligro de Ex-tinción o Amenazados; en este marco se in-cluye un primer Inventario de Especies Útilesde los Llanos Centrales. Proyecto “Conser-vación y Uso Sustentable de la DiversidadBiológica de la Reserva de Biósfera y losHumedales del Delta del Orinoco”.

Dirección General de Fauna39: Proyectode Biodiversidad del Macizo Rocoso de ElBaúl, Edo. Cojedes; Evaluación de las pobla-ciones de Ictiofauna de la Bahía de Turiamo,Edo. Aragua; Inventario Preliminar de la Sie-rra de San Luis y Parque Nacional JuanCrisóstomo Falcón, Edo. Falcón; InventarioPreliminar de la Fauna del Cerro Lomas delMedio, Edo. Aragua; Inventario de laictiofauna del Lago de Valencia y el segui-miento de su actividad pesquera, de laavifauna y de la población de Tortugas Arrau,introducidas en este importante cuerpo deagua del país; Manejo de especies amenaza-das y en peligro de extinción: Tortuga Arrau40,Caimán del Orinoco, cetáceos (delfines y ba-llenas), tortugas marinas; Control y erradica-ción de especies exóticas; Especies de inte-rés comercial: Programa de aprovechamientopiscícola en embalses.

Dirección general del recurso forestal41:Inclusión de la Caoba al apéndice II de la Con-vención sobre el Comercio Internacional deEspecies Amenazadas de Fauna y Flora Sil-vestres (CITES); Supervisión y evaluación de48 proyectos establecidos por parte de las

35. INE: op. cit. Cálculos: Sala de Modelación CENAMB.36. Otro de los principales problemas considerados por los especialistas consultados es el referido a la “pérdida

de diversidad biológica debido a la deforestación, la fragmentación de habitats y el sobre-aprovechamientode animales y plantas silvestres”. VITALIS: op. cit.

37. MARN: op. cit, págs. 98-102.38. CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres39. MARN: op. cit. Pág. 93-97.40. La conservación de esta especie mereció un reconocimiento de la opinión pública. Vanessa Davies: Venezuela

alcanzó récord mundial con liberación de tortugas arrau. El Nacional, 05.04.04, pág. B-12.41. MARN: op. cit. Pág. 89-91.

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Empresas Manejadoras, ubicadas en las Re-servas Forestales, Lotes Boscosos y ÁreasBoscosas bajo Protección de los estadosBarinas, Bolívar y Delta Amacuro; Inicio el Pro-yecto “Reforestación de las Áreas Críticas dela Cuenca del Río Apure”; Proyecto experimen-tal “Prototipo de Vivienda con Bambú” vincu-lado al Proyecto “Determinación de ÁreasRibereñas Potenciales para Plantaciones deBambú y Carruzo con participación Comunita-ria en la Cuenca Alta y Baja del Río Chama” enel Edo. Mérida; “Elaboración del Plan de Orde-namiento y Reglamento de Uso del ÁreaBoscosa Bajo Protección Achaguas”, en el Edo.Apure; “Diagnóstico Socio Económico y Am-biental de Áreas Boscosas Bajo ProtecciónBaúl-Corralito”, en el Edo. Cojedes; Ejecuciónde 17 proyectos de reforestación en una su-perficie total aproximada de 138 hectáreas; Re-cuperación y acondicionamiento de 31 vive-ros en 21 entidades federales.

A estos logros del MARN, se suman otrasiniciativas desde la sociedad civil como: lacreación del Refugio Privado de Jaguares Sil-vestres de El Baúl (Edo. Cojedes) con parti-cipación de 14 predios que suman más de130.000 hectáreas42; la iniciativa de Provitade promover investigaciones sobre 20 espe-cies (fauna y vegetación) en peligro de extin-ción43. El descubrimiento de una nueva espe-cie de ave en el país: el pájaro semillero carrizalen el bajo Caura, en el marco de un proyectoauspiciado por la Sociedad Audubón y Birdlife

International44. También deben resaltarse lasiniciativas de los investigadores nacionalescomo en el caso de los involucrados en elPrograma Aquarap (Evaluación Rápida de losSistemas de Aguas), que identificaron dieznuevas especies de peces y una de camaróntambién en el Caura, que aumentan el númerode especies en la biodiversidad dulciacuícoladel país45. Finalmente reseñamos las iniciati-vas de organismos internacionales como elPrograma de las Naciones Unidas para el De-sarrollo (PNUD) y el Global EnvironmentalFacilities (GEF) en su iniciativa conjunta parael impulso del proyecto “Conservación de laBiodiversidad en el Paisaje Productivo de losAndes Venezolanos”46.

Sin embargo, advertimos que los pro-yectos específicos considerados apenasatienden una parte mínima de las necesida-des. En este sentido, las iniciativas públi-cas y privadas de recuperación de fauna secircunscriben a poco más de una decena deespecies, mientras que en el Libro Rojo de laFauna aparecen más de trescientas con dis-tintos grados de amenaza.

Situación similar ocurre con los esfuerzosenmarcados en los programas de reforestación.Como se desprende de la Memoria del MARN2003, se reforestaron poco más de una cente-na de hectáreas, cifra realmente exigua frentea una tasa de deforestación estimada de 0,4%para el período 1999-2000 (una tasa dedeforestación de 0,4% equivale a 1.980 km2)47.

42. VITALIS: op. cit.43. PROVITA: Provita promueve investigaciones en favor de más de 20 especies venezolanas amenazadas de

extinción [en línea] 15.01.04 <http// www.aplancar.org.ve> Consulta 15.06.04.44. Descubren nueva especie de ave en Venezuela: El Nacional, 23.10.03, pág. B-11.45. Jeannette Herrera: Joyas Fluviales al descubierto. El Universal, 02.09.04, pág. 2-6.46. Daniel Ricardo Hernández: Impulsarán la conservación de la biodiversidad en los Andes. El Universal,

10.06.04, pág. 2-6.47. WORLD BANK: The little green data book 2001. From the World Bank indicators. Washington, 2001.

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Cabe señalar que no es suficiente con laformulación y realización de iniciativas secto-riales. Como se ha podido apreciar, las hay, ymuchas de ellas muestran una gran dedica-ción y esfuerzo técnico, pero se deben lograrrespuestas que ayuden a revertir la preocu-pante tendencia a la deforestación creciente.Se requiere entonces de un cambio de estra-tegia; no se puede seguir ofreciendo paliati-vos para detener el deterioro creciente denuestra biodiversidad. El MARN, por ejem-plo, debería empezar a propiciar formas deaprovechamiento del bosque que no se re-duzcan exclusivamente a la cantidad de rolasde madera producidas. Además de la produc-ción de madera, debe propiciarse el uso delbosque en pie, fórmula de tanta importanciapara mantener los servicios “naturales” quepresta el ecosistema boscoso. En este senti-do, valoramos la consideración que al respec-to se hace en el Plan de Desarrollo Sosteniblede la Región Orinoco-Apure, cuya versión fi-nal fue entregada en Marzo del 200448.

Como componente estratégico del Plan deOrdenamiento Ambiental Sostenible de esaporción del país de aproximadamente 286.000km2, se establece el aprovechamiento del bos-que en pie sobre 70.000 km2, equivalente a lacuarta parte de este territorio, que abarca casiun tercio del espacio nacional. En este Plan,se establecen las oportunidades que este tipode uso sostenible del recurso forestal tienepara la alimentación, la farmacopea biológica,la captación de carbono, entre otros. Todavíano se inició la consulta pública correspon-diente; sin embargo, de lograrse suimplementación, podría ser el tipo de respuesta

que la magnitud de la deforestación que seregistra en el país requiere. De concretarse lasmedidas institucionales, legales, económicasy sociales que exige la ejecución del Plan, secolocaría al resguardo sosteniblemente pro-ductivo una proporción de cubierta vegetalde una magnitud muy superior a la tasa dereforestación oficial reportada, identificandouna posibilidad de enfrentar en sus justas di-mensiones el grave problema de deforestaciónen el país. Propuestas de este tipo, cuya eje-cución además queda bajo la responsabili-dad del Ministerio de Planificación y Desa-rrollo (MPD), la máxima instancia de planifi-cación del país, podría ser una alternativafrente a las ausencias e insuficiencias quehan mostrado históricamente, en el país, elordenamiento y manejo forestal sectorial rea-lizado desde el MARN.

Otra iniciativa importante iniciada este año2004, que pudiese mejorar la situación gene-ral de la biodiversidad en Venezuela, es elproyecto “Plan Nacional de Análisis, Mane-jo y Conservación de Ecosistemas” que vie-ne adelantado el MARN en el ámbito nacio-nal, en el que se incluye el tema de la frag-mentación de hábitat.

Sistema de áreas protegidasde Venezuela49

Alrededor del 40% del territorio nacionalestá bajo la figura de Área Bajo Régimen deAdministración Especial (ABRAE), con dis-tintas finalidades de conservación y produc-ción. A su vez se registra la participación delsector privado en la consolidación del siste-ma de áreas protegidas. Ejemplo de ello es la

48. Este estudio fue realizado por CENDES y CENAMB UCV bajo la contratación del Ministerio de Planificacióny Desarrollo (MPD) y con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

49. Los especialistas consideraron como otro problema ambiental importante el “Manejo inapropiado del Sistemade Áreas Protegidas de Venezuela, y en general, de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE),particularmente de las cuencas hidrográficas, las reservas forestales y las zonas protectoras”. VITALIS: op. cit.

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creación de Fundación de la Red Venezolanade Áreas Privadas para la Conservación de laNaturaleza (Aprinatura), que ha tenido un granimpulso desde las organizaciones sociales50

y cuenta con un especial reconocimiento en-tre los especialistas en la materia51.

Sin embargo, entre la designación formaly la realidad existe una sustancial discrepan-cia. Ejemplo son las reservas que se definencomo forestales y están totalmente interve-nidas por la agricultura, como es el caso deTicoporo y San Camilo. En otras, como lasde Imataca -tratada de manera específica másadelante- se está desvirtuando el objeto deárea protegida con la participación del mis-mo Estado.

Para tener una visión ampliada de la situa-ción de las ABRAE en el país, es relevante elinforme que presenta la ONG Bioparques so-bre la situación de amenaza de 15 Parques Na-cionales y un monumento natural, que son lasfiguras que requieren mayor vigilancia y con-trol estatal. Los resultados que arrojó dichaevaluación son los siguientes: a) en situaciónde amenaza crítica: el monumento natural PicoCodazzi y los parques nacionales: Saroche, ElGuache, Laguna La Restinga, Mochima yTerepaima; y b) en situación de amenaza y vul-nerabilidad los parques nacionales: CerroCopey, Archipiélago Los Roques, Dinira,Guracamal, Henry Pittier, El Ávila, Laguna deTacarigua, Macarao, Yacambú y Yurubí52.

En esta muestra representativa del estadode las ABRAE se observan problemas que

atentan contra sus fines. En algunos casos setrata de decretos realizados sin la consultaprevia a la comunidad que ocupaba con ante-rioridad el área, como sucedió con la declara-toria del Parque Nacional Mochima. En otros,el problema radica en cómo armonizar los fi-nes conservacionistas de los parques nacio-nales con el interés lucrativo de actividadescomo la turísticas y recreacionales que la mis-ma figura permite. En este sentido, deberesaltarse de manera particular los casos re-cogidos de la prensa nacional en relación condos parques nacionales: Archipiélago LosRoques y El Ávila.

En el caso de Los Roques, durante el 2004el conflicto entre los operadores turísticos yprestadores de servicios conexos fue tan ele-vado, que el MARN, mediante la resoluciónNº 17453, suspendió durante dos años la tra-mitación y otorgamiento de concesiones parael desarrollo de actividades turísticas recrea-cionales y de servicios asociadas54.

En relación con El Ávila, además de lasrecurrentes invasiones ilegales y sus secue-las sobre la cubierta vegetal55, por lo gene-ral realizadas por gente de escasos recur-sos que de este modo intentan resolver suproblema de vivienda, también se reporta-ron denuncias contra la especulación inmo-biliaria vinculada a la actividad turística quepretenden algunos inversionistas bajo lasombra del Plan Especial de Sitio del SectorGalipán. Este instrumento ha sido cuestio-nado por el Presidente de la Asociación de

50. FUDENA [en línea] <http//www.fudena.org.ve/proyectos5.htm> Consulta 30.06.04.51. VITALIS: op. cit.52. BIOPARQUES [en línea] <http//www.bioparques.org> Consulta del 07.07.04.53. Gaceta Oficial Nº 37.917 del 14.04.04.54. Suspenden por dos años concesiones en Los Roques por daños ambientales. El Nacional, 16.04.04, pág. B-16.55. A comienzos del año 2004 se denunciaron casos de deforestación para invadir las áreas del Parque desde el

sector Week End de la Parroquia Catia La Mar. Rafael Lastra: Deforestación en Vargas para invadir cercaníasdel Ávila. El Nacional, 27.04.04, pág. B-8.

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Vecinos de Galipán, Roberto Pérez: “...eldocumento presentado por INPARQUES noes un plan de sitio, sino un decreto queimpone limitaciones y a su vez hay intere-ses particulares para desarrollar activi-dades turísticas no acordes con las cos-tumbres de un poblado autóctono que fuefundado en 1718, un año después de lacreación de la Capitanía General de Ve-nezuela”56. A diferencia de lo ocurrido en elArchipiélago Los Roques, donde Inparquesfrenó las actividades turísticas, aquí en ElÁvila el Estado las está promoviendo. Nose conoce si se han tomado en cuenta lasconsecuencias que este cambio en la tradi-ción de la ocupación agrícola en este sectordel Parque tendría para el mantenimiento delos fines conservacionistas.

La ONG Tierra Viva sugiere, para el casodel Parque Nacional El Guache, ubicado entrelos estados Lara y Portuguesa, la necesidadde implementar nuevas estrategias de nego-ciación con las poblaciones residentes, queconduzcan, antes que a su desplazamiento,al desarrollo de actividades económicas y so-cialmente sostenibles y compatibles con lapreservación ecológica57. La estrategia de-bería estar orientada a superar la visión delas islas cerradas conservacionistas por lasabiertas de la sostenibilidad, en las que lascomunidades tendrían un nuevo rol, comopropulsores del aprovechamiento duradero delos recursos locales y los servicios ambienta-les que prestan las ABRAE.

Reserva Forestal Imataca58

El MARN elaboró y sometió a consulta,durante tres meses y medio, una nueva pro-puesta de ordenamiento de la Reserva Fores-tal Imataca, que mejora algunos aspectos delcontrovertido decreto 1.850 del año 1997. Uti-liza la herramienta de Sistema de InformaciónGeográfica (SIG) y Teledetección para la sis-tematización y actualización de la información(se presenta un mapa de uso actual y vegeta-ción); aumenta el área de estudio, considerazonas de uso minero forestal reservados paralas comunidades indígenas; se incrementa lasuperficie destinada al uso forestal, de1.869.040 ha. a 2.349.549; se reduce el área deuso minero, de 1.382.019 ha. a 451.105,8.; seincrementa el área bajo uso conservación de388.840 ha. a 909.855,4; se introduce la figurade Zona de Manejo Especial Agroforestal (enla que se incluye el conuco y la ganaderíatradicional trashumante) con el fin de evitar laampliación de la frontera agrícola59.

A pesar de estas mejoras formales, deacuerdo con los ecologistas Jorge Padrón(Asociación Civil Chunikai), Edgar Yerena (Uni-versidad Simón Bolívar) y Astur Dimartino (So-ciedad Conservacionista Audobón) el proble-ma de fondo sigue presente mientras el Go-bierno pretenda, al igual que con el decreto1.850, legalizar el incompatible uso minero enel territorio de la reserva forestal, creándoseprecedentes que pudiesen ser nefastos paraotras ABRAE60. De manera similar, la Sociedad

56. Migdalis Cañizales: La ambición ronda Galipán. El Universal, 26.04.04, pág. 2-16.57. BIOPARQUES: op. cit.58. En la consulta entre expertos realizada por Vitalis aparece como uno de los graves problemas ambientales del

país para el 2003 “Retroceso en el contenido de la propuesta de Nuevo Decreto 1.850 para la Reserva Forestalde Imataca”. VITALIS: op. cit.

59. Isoliett Iglesias: Reserva Forestal de Imataca Vuelve a ser dividida para su uso. El Universal, 08.09.03, pág.1-8.

60. Ídem.

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de Amigos de la Gran Sabana (Amigransa), sepronunció contra los usos mineros y planteóla posibilidad de convertir la Reserva en Par-que Nacional, con base en información pro-ducida por el Instituto de Zoología Tropicalde la UCV, que dijo que: “92 % de la superfi-cie de la reserva forestal no está afectadapor ninguna actividad. Es decir sólo el 8%se encuentra intervenida. Esto nos da unmargen bastante amplio para definir el áreadel Parque Nacional Imataca”61. De acuer-do con este grupo ecologista, además las au-toridades competentes deberían “sanear”Imataca de los focos mineros, recuperar lasáreas degradadas por la minería, rescindir lasconcesiones y contratos mineros entregadosdentro de la reserva y que se prohíba el otor-gamiento de nuevas concesiones e infraes-tructura minera62. En este mismo sentido, laorganización internacional Movimiento Mun-dial de los Bosques pidió ante la Ministra delAmbiente la eliminación de la minería del nue-vo Plan de Ordenamiento de la Reserva63. Sinembargo, la entonces Directora de Planifica-ción del Ambiente de ese Ministerio argumen-tó que la superficie total de ocupación poten-cial “...sólo es de 11% del territorio, la cualserá utilizada paulatinamente después de unminucioso proceso de exploración, pues consatélites y perforaciones menores se puedeobtener un estudio exacto de qué y cómo sepodrá extraer. Todo trabajo que allí se reali-ce debe estar autorizado por nosotros y debeutilizar tecnología de punta”64. Esta exigen-cia tecnológica excluye la posibilidad de quelas comunidades indígenas locales puedan,

con sus conocimientos y prácticas, desempe-ñar actividades mineras en las tierras que ocu-pan ancestralmente, con lo cual se les estaríaexcluyendo de un porcentaje de su territorio.En dirección contraria, la Cámara Minera sepronunció para exigir más espacio destinado ala exploración y explotación de Imataca, bajo elargumento de que previo a ser decretada comoReserva Forestal era un área de extracción mi-nera, y que el Decreto 2.214 del año 1992 defi-nía la minería como una actividad restringida,mas no prohibida en la Reserva, al igual que elturismo y el uso industrial forestal65.

En este conflicto de visiones e interesesentre los actores involucrados, cada una delas partes, en su intención de hacer prevale-cer sus opiniones, hace señalamientos muyparciales, que dejan de lado problemas de fon-do. Así, en la defensa que se hace desde elMARN, sobre la reducción de la superficie deexplotación minera planteada con el nuevodecreto, no se tiene en cuenta que el proble-ma no es de cantidad de hectáreas, sino de lapermisividad que se le otorga a una actividadcomo la extractiva minera, sobre la cual hastael presente se desconoce una práctica de eje-cución nacional o internacional que puedacalificarse como ecológicamente sostenible.De manera similar, en el planteamiento de con-vertir Imataca en un parque nacional, no seconsideran las insuficiencias de esta figura,discutidas en la sección anterior. Finalmente,optar por el mantenimiento de su calificacióncomo reserva forestal no supone que se avalecualquier tipo de actividad forestal, sino aque-lla que realmente propicie el uso sostenible

61. Vanessa Davies: Proponen que Imataca sea un parque nacional. El Nacional, 29.10.03, pág. B 13.62. Ídem.63. Vanessa Davies: ONG pide eliminar la minería en Imataca. El Nacional, 03.11.03, pág. B 13.64. Isoliette Iglesias: op. cit.65. La Cámara Minera exige más espacio para exploración el área. El Universal 08.09.03, pág. 1-8.

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del recurso, como podría ser por ejemplo lapropuesta del bosque en pie, también ante-riormente considerada.

Sur del Orinoco: contaminaciónmercurial de los ríos Orinocoy Caroní del Estado Bolívar66

En esta vasta porción del territorio na-cional, además de los problemas de contami-nación hidrológicos comunes del resto delpaís -referidos en la sección correspondien-te a los Cuerpos de agua- se deben agregarlos provocados por las actividades mineras.Además de los conflictos de uso con activi-dades que podrían tener un mejor desempe-ño sostenible, como ya se refirió en el casode Imataca, la actividad extractiva aurífera esfuente de degradación directa del ambiente:contaminación, deforestación, erosión delsuelo, entre otros procesos inducidos dedeterioro del medio físico, que han mostradouna escasa capacidad de resarcimiento so-cial y ecológico. Como uno de los casos másilustrativos de la situación planteada figurael de la Mina Las Cristinas.

En Las Cristinas, ubicada al Noreste delEdo. Bolívar y cercana a la zona del Esequiboen reclamación, avanza el proyecto conjuntoCVG-Crystallex de explotación industrialaurífera, pensado con una vida útil de 20 añosy una producción diaria de 20.000 t/día de oro,que convertiría a Las Cristinas en el yacimien-to aurífero más importante de Venezuela67. Seprevé la construcción de un campamento para

albergar 4.500 mineros. La empresa, ademásdel aporte al fisco, debe pagar regalías del 1 a3% a la CVG e impuestos del 3% al MARN.Igualmente estaría comprometida a elevar lascondiciones de vida en la Parroquia San Isi-dro del Municipio Sifontes en aspectos talescomo: prevención de enfermedades, atenciónde la población infantil y juvenil, entre otros.Con ello se ampliaría la función social quehasta ahora dice haber cumplido la empresacon el equipamiento de infraestructura sani-taria en los poblados de Las Claritas, SantoDomingo y Nuevas Claritas68.

Actualmente se registran denuncias so-bre el incumplimiento de los compromisos enmateria de compensación social asumidos porla empresa minera. En esta línea, el diputadode la AN, Edgar Mora, en representación delpartido de oposición Copei, señaló: “La CVGha recibido de Crystallex $ 15 millones y noha cumplido con las alcaldías del Estado enel acondicionamiento de acueductos.Crystallex dice mentiras, siempre da fechasy ofrecimiento y no actúa; es pobre el aportea la comunidad”69.

Un aspecto adicional que requeriría otrasmedidas es el conflicto entre la pequeña y lagran minería. De acuerdo con la informaciónsuministrada por la Guardia Nacional (GN),10.000 pequeños mineros se encuentran enlos predios de Las Cristinas70. Esta situaciónrepresenta nuevos elementos legales que pu-diesen complicar el desenlace por cuanto laAN discute una reforma de la Ley de Minas

66. Los expertos en asuntos ambientales consideraron para el año 2003 como problema “...la contaminación de losríos Orinoco y Caroní con descargas cloacales y la contaminación mercurial debido a la minería ilegal”.VITALIS: op. cit.

67. RED LATINOAMERICANA SOBRE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE (Redieds)[en línea] <http://biblioteca.usnm/redieds.proyecto/noticias/junio2003/9> Consulta del 21.10.04.

68. Mariela León: Minería Ilegal en Las Cristinas. Contradicciones que coexisten el proyecto aurífero. El Uni-versal, 14.02.04, pág. 1-22.

69. Ídem.70. Ídem.

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que pudiese beneficiar al pequeño minerofrente a las grandes compañías71. Cabe re-saltar que la AN está convirtiendo en débiljurídico al minero, olvidándose que tanto lagran minería como la pequeña minería afec-tan directamente a la naturaleza y a las co-munidades locales, siempre consideradascomo simples externalidades del proceso deintervención minera.

Carbón del Guasare72

La Sierra de Perijá (Edo. Zulia), especí-ficamente el sector del Guasare, es otra de lasáreas conflictivas en términos de explotaciónminera, en este caso carbonífera. Alrededordel carbón del Guasare continuó la polémicaentre ecologistas y desarrollistas. De acuer-do con la información recabada en los mediosimpresos73, el Gobierno Nacional, a través dela empresa estatal Carbozulia -recientementedevuelta a Corpozulia por PDVSA C.A-, tieneentre sus metas elevar la producción de car-bón zuliano, de 8 millones de toneladas al año,a 36 millones, previéndose una afectación de500 mil hectáreas de bosques y áreas natura-les, y una afectación directa de 7 millones detoneladas de vegetación primaria.

Los representantes de las comunidadesindígenas Yupkas y Barí, del sector de la Sie-rra de Perijá en el Municipio Machiques, y delos Añú y Wayúu, de los municipios Mara yPáez, mostraron su preocupación por los pla-nes del Gobierno. Los ecologistas zulianosRafael Uzcátegui y Jorge Hinostroza también

señalaron su desacuerdo y coinciden en afir-mar que la expansión carbonífera, más quepromover el desarrollo local, tiene que ver conlos intereses trasnacionales de las compañíasAnglo American, Rag Coal, Tomen, ExcelInteramerican Coal; y del Banco Mundial,Banco Interamericano de Desarrollo y la Cor-poración Andina de Desarrollo. Otro ambien-talista de la región, Carlos Portillo, además vin-cula el plan carbonífero con la propuesta dePuerto América: “Este megapuerto está en ellugar de la América del Sur más cercano alsureste de los Estados Unidos, sobre todocuando el carbón ubicado entre el Mississipiy la costa atlántica es poco rentable dadasla imposiciones medioambientales que tie-nen que cumplir los empresarios carbone-ros, así como los altos sueldos que debenpagar a sus trabajadores [...]”74.

De una manera más radical, el FrenteEcológico del Zulia, dirigió un mensaje públi-co al “compañero Presidente Chávez y a laSeñora Ministra del Ambiente Ana ElisaOsorio” en el que señala: “Las multinaciona-les del carbón, CORPOZULIA, CARBO-ZULIA, MEM, MPD y no el pueblo zuliano,determinaron que el carbón sea el elementoestructurante y dinamizador del desarrolloexógeno del Zulia, para llevarse carbón ba-rato a Estados Unidos y Europa, de estaforma se seguirá profundizando todo el des-equilibrio climático que hoy afecta a la hu-manidad todo a causa del calentamientode la tierra”75.

71. El Nacional, 15-04-04, pág 1-18.72. La “Autorización para elevar la cantidad de territorio y tonelaje de extracción de carbón en la Sierra de

Perijá” fue considerado como otro problema de relevancia en 2003. VITALIS:op. cit.73. Dámaso Jiménez: Preocupa a los expertos efectos ambientales del plan de expansión de explotación carbonífera.

El Nacional, 06.07.04, pág. A-8.74. Ídem.75. FEDERACIÓN ECOLOGISTA DEL ZULIA (FEZ). En: Aporrea [en línea] <http//www.bioparques.org>

<www.aporrea.org/dameletra> Consulta del 08.05.04.

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Carlos Martínez, Presidente de Corpozulia,respondió que la explotación de carbón no hagenerado daños tan drásticos al ambiente, yaque de las 183.732 hectáreas de la cuenca delGuasare, solo se han ocupado 1.403, de lascuales 394 se encuentran ambientalmente re-cuperadas. Además, la explotación de car-bón zuliano se revierte en inversión social:con los fondos provenientes de la venta decarbón se han construido seis escuelas en-tre los municipios Mara y Páez; la inversiónsocial prevista con insumos del negociocarbonífero en esos dos municipios es de 9millones de dólares. Agrega que el nuevoplan carbonífero planea invertir el 2% de susingresos en remediar ambientalmente losefectos nocivos previstos en el estudio deimpacto ambiental contratado a la UCV. Un2% adicional (alrededor de 1.500 millones dedólares) estaría dirigido al Instituto de Con-servación del Lago de Maracaibo76.

De tal manera que, desde esta corpora-ción regional, se sigue manteniendo una vi-sión extractivista del desarrollo, que ademásde estar basada en la explotación de un recur-so que históricamente ha mostrado una grancapacidad de degradación del medio natural,excluye la opinión de las comunidades locales,incumpliéndose con las directrices del desa-rrollo sostenible consagradas en el artículo 128de la CRBV. Igualmente, dado el impacto queesta explotación genera sobre las comunida-des indígenas locales, se vulnera lo dispues-to en el artículo 121 de la Carta Magna.

Contraloría social77

En los distintos instrumentos legales quecomponen la legislación ambiental venezola-

na, se reconoce el carácter público de los di-ferentes estudios, diagnósticos e inspeccio-nes dirigidas a velar por la conservación, me-joramiento y defensa del ambiente. De mane-ra particular, los estudios de impacto ambien-tal y los planes de ordenamiento ambientaldel territorio obligan a la consulta pública delas comunidades afectadas. Sin embargo, ellono siempre se cumple. Como ejemplo de estasituación está el testimonio de Simón Saba,economista, Director de Administración y Fi-nanzas de la Alcaldía del Municipio Cajigaldel Edo. Sucre: “A pesar de que en muchosmedios petroleros nacionales e internacio-nales están trabajando sobre la explotaciónde hidrocarburos en las adyacencias de lazona de Paria, la casi totalidad de sus habi-tantes (incluyendo a quien esto escribe) noestá enterada de la exactitud de lo que va asuceder, y aquí abarco no solamente a losciudadanos comunes y corrientes, sino in-cluso sus autoridades políticas y oficiales.[...] Hasta enero de 2004, salvo en la Alcal-día de Güiria, los demás gobiernos munici-pales no habían sido invitados nicontactados para ninguna conversación, apesar de que en muy breve tiempo, toda larealidad de los municipios cambiará 180º, yla vida tranquila y pacífica que llevamospasará al olvido. Pero para colmo, cuandoentran en contacto tardío con los munici-pios, lo hacen como jefes, sin humildad, ypor encima del hombro” 78.

El proyecto de explotación en el que secircunscribe esta denuncia se refiere al gas.Recurso que, en el marco de los depósitosenergéticos de que dispone el país, está cali-ficado como más amigable con el ambiente,

76. Dámaso Jiménez: op. cit.77. La contraloría social de la gestión ambiental estuvo particularmente condicionada por el “Acceso limitado

y restringido a la información ambiental pública” que los expertos señalaron en la consulta de 2003.VITALIS: op. cit.

78. Simón Saba en SOBERANÍA [en línea] <http//www.soberania.info> Consulta del 29.03.04.

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tal como se le reconoce en acuerdos ambien-tales internacionales como el de CambioClimático de Naciones Unidas. Sin embargo,la viabilidad ecológica de su explotación estáen riesgo si para llevarla a cabo se siguenaplicando las viejas prácticas de exclusiónde las comunidades en la consulta sobre susexpectativas en relación con proyectos queimpactan sobre sus condiciones y visionesde vida. Esta desconsideración desvirtúa unade las premisas fundamentales de la propues-ta de desarrollo sostenible -que como ya serefirió anteriormente queda recogida en laConstitución-, como lo es la necesidad de in-volucrar a las comunidades en la discusión yparticipación en los proyectos alternativospara lograr protocolos de producciónecológicamente respetuosos, socialmenteequitativos y económicamente viables en elhorizonte del tiempo, que obliga a la solidari-dad intergeneracional.

Derrames petrolerosLos derrames petroleros es uno de los pro-

blemas recurrentes de degradación ambientalmás graves del país, tanto por sus consecuen-cias sobre el ecosistema como por sus secue-las en la economía familiar de las comunida-des, que deben compartir sus espacios deactividad económica -por lo general de pe-queña escala: explotación artesanal, coopera-tivas, pequeñas empresas- con la industriapetrolera nacional. No existe un seguimientosistemático sobre los efectos de la contami-nación petrolera en el medio natural y en lasociedad local.

Al respecto, en las estadísticas del Minis-terio de Energía y Minas (MEM) no existe in-formación sobre estos pasivos que vienenmermando el patrimonio de las comunidades.El MARN, por su parte, tan solo hace referen-cia a evaluaciones conjuntas realizadas conPDVSA en algunas instalaciones como la Re-finería El Palito y el Complejo RefinadorParaguaná79, sin indicación de los resultados.Ante esta situación de insuficiencia y defi-ciencia de información técnica oficial, la eva-luación de este problema ambiental80 de espe-cial significación para el país se realizó a lolargo de este Informe como en otras oportuni-dades, consultando los medios impresos na-cionales. Precisamente, en las inmediacionesde las instalaciones del referido complejorefinador, uno de los de mayor capacidadmundial, la prensa nacional ubica los casosde derrames petroleros para el lapso bajo eva-luación: “350 pescadores afectados por de-rrame de petróleo en Falcón”81. En esta de-nuncia, Abdias González, presidente de unaasociación de pescadores, comparó este de-rrame con el ocurrido el 15.10.02, cuando tu-vieron una pérdida cercana a los 50 millonesde bolívares. Aunque en prensa se anuncióque “Abrieron expedientes a PDVSA por de-rrames de petróleo en Falcón”82, y a pesar deque para la fecha de cierre de este Informe yapasaron más de seis meses del inicio de lasgestiones ante el MP, todavía no se conocenlos resultados de estas averiguaciones.

Otro caso resaltado en la prensa regio-nal fue el denunciado por la comunidad deAribí (Edo. Monagas), que resultó afectada

79. MARN: Memoria y cuenta 2003 [en línea] <http//www.marn.org.ve/marn/>80. En la consulta de expertos realizada por VITALIS: op.cit., uno de los problemas resaltados fue: “Continuación

de los derrames en diversas zonas del país”.81. Eva Riera: El Nacional, 15.10.03, pág. B-22.82. Eva Riera: El Nacional, 04.11.03, pág. B-14.

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por derrames petroleros que se vienen pro-duciendo recurrentemente desde hace másde un año, con graves afectaciones a suscosechas. Hasta los momentos no se seña-laron responsabilidades83.

Gas: emanaciones que ponenen peligro la salud humana

Otro de los problemas de contaminaciónasociada a la industria petrolera es el referidoa los escapes de gas. Igual que para los derra-mes, no existe seguimiento sistemático de es-tas situaciones, por lo que la prensa se con-vierte en la principal fuente de testimonios ydenuncias. Esta fuente de información la refe-rimos con cautela ante la manifiesta actitudantigubernamental que asumieron algunos delos principales medios impresos nacionalesdesde el año 2001. Como en casos anteriores,siempre se intenta buscar fuentes que permi-tan también expresar las opiniones de los fun-cionarios públicos involucrados.

Durante el período del presente Informe,tan solo se puede decir, como balance, que sehicieron denuncias de presunta contamina-ción por emanaciones gaseosas que en algu-nos casos ameritaron la intervención delMARN, pero no se dio a conocer públicamentela concreción de medida alguna en el marcode la legislación existente en la materia.

Entre los casos más destacados por la pren-sa escrita encontramos el de la refinería dePuerto La Cruz, donde los vecinos reportaronolores más fuertes que los usuales84. El direc-

tor de refinación de PDVSA Oriente aseguróque el nivel de gases se ubicaba para el mo-mento de la denuncia por debajo de los nive-les máximos permitidos85.

Un caso que ameritó la intervención delMARN fue el de contaminación con gases enel aire en el área de Playa Verde y Puerto Viejo(Edo. Vargas)86. Aunque esta actuación se re-seña en el balance de gestión de esta institu-ción, no se presentaron los resultados delestudio. Igualmente, el Ministerio realizó unaevaluación de la presunta contaminación queafectó el área de influencia de la empresaGrafitos del Orinoco, en la zona industrial deMatanzas de la ciudad de Puerto Ordaz87.

Contaminación atmosféricacausada por fuentes móviles

Una de las principales fuentes de contami-nación atmosférica en el país son los vehícu-los (fuentes móviles) particulares y de trans-porte público. La única instancia del Poder Ciu-dadano que inició acciones en esta materia,fue el MP, a través de su Dirección de Am-biente. Esta Dirección quedó encargada depresentar en el año 2003 las resoluciones conrespecto a inspecciones realizadas en 2002en los terminales capitalinos La Bandera,Nuevo Circo y Terminal de Oriente. Con es-tas inspecciones se detectó un centenar deunidades de transporte público, en un uni-verso de 545, que no cumplían con la norma-tiva vigente en el país en cuanto a contami-nación atmosférica88.

83. Joanna Salas: Derrame de crudo afecta fincas en Aguasay. El Sol de Maturín, 08.06.04, pág. 6.84. M. Villalobos/Valladares: Vecinos de refinería alertan sobre emanaciones inusuales. El Tiempo, 13.04.04,

pág 2.85. El Universal, 15.04.04, pág. 1-20.86. MARN: op. cit. Versión impresa: pág. 78.87. Ídem.88. Ministerio Público: op. cit.

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Por su parte el MARN, a diferencia de laopinión de los especialistas consultados porVitalis89, afirma que para el año 2003 se registró“… un gran descenso de los niveles de concen-tración de plomo y partículas totales suspen-didas o PTS en la atmósfera de Caracas [Mun.Libertador], San Cristóbal [Edo. Táchira],Maracaibo [Edo. Zulia], Guanta, Puerto LaCruz [Edo. Anzoátegui] y Puerto Ordaz [Edo.Bolívar]”90. De acuerdo con los técnicos delMinisterio, ello en gran medida se debió al au-mento en el consumo de la gasolina sin plomo.Igualmente, en la Memoria presentada por eseDespacho, se indicó la realización de una eva-luación de las PTS, plomo, en partículas sus-pendidas, dióxido de nitrógeno y azufre en elárea de influencia de los cultivos organopónicosen las adyacencias de la Av. Bolívar, arrojandocomo resultado “que los promedios aritméti-cos de los parámetros evaluados están por de-bajo de los límites establecidos en la normati-va ambiental que rige la materia”91.

A pesar de estas informaciones, no sepuede afirmar que el problema de la contami-nación atmosférica proveniente de fuentesmóviles en Venezuela esté resuelto. El controldel transporte público, que constituye unafuente de especial relevancia para el segui-miento de la contaminación atmosférica encentros poblados, se realiza de maneraespasmódica, mediante la figura de operativosespeciales que no conducen al seguimientosistemático de las unidades, o mediante estu-

dios puntuales como el realizado en lasadyacencias de la Av. Bolívar, que no logranla necesaria visión de conjunto de la dinámicaatmosférica urbana.

Contaminación de los suelospor plaguicidas

Hay escasa cobertura en los medios so-bre este problema ambiental vinculado con lapráctica de la agricultura en el país92. Igual-mente, existe poco seguimiento y control porparte de los organismos encargados del mis-mo. Recogemos como testimonio de esta gra-ve situación la siguiente noticia: “Venezuelano ha ratificado convenio sobre contaminan-tes orgánicos persistentes. [...] en Venezuelafalta investigación para saber dónde haymaterial enterrado o almacenado, y estu-dios médicos que determinen su peligrosi-dad. Personal de la Fundación Aguaclaraefectuó una pesquisa de plaguicidasobsoletos y encontró que el Banco Agríco-la y Pecuario importó más de 8 millones dekilos para la ´reforma agraria´”93. En laMemoria del MARN correspondiente al pe-ríodo evaluado no se menciona este asunto,vinculado al problema general de las sustan-cias y desechos tóxicos y peligrosos.

Fauna silvestre: comercio ilegal94

El MP da cuenta del impacto del problemacuando en la Memoria y Cuenta sostiene queel tráfico ilegal de especies “es un negocio

89. En la consulta realizada por esta situación, los especialistas resaltaron el problema de “Emisiones de partículassuspendidas totales (PST) provenientes de autobuses que usan como combustible el diesel, y uso de la gasolinacon tetraetilo de plomo como aditivo que genera la presencia de plomo en las PST”. VITALIS: Op. cit.

90. La contaminación del aire se redujo a la mitad. El Nacional, 03.07.04, pág. B-16.91. MARN: op. cit. Versión impresa: pág. 78.92. Los expertos consultados por VITALIS : op. cit, resaltaron la gravedad de la “Contaminación de los suelos y los

humanos por plaguicidas, particularmente en los andes y los llanos”.93. Vanessa Davies: Venezuela no ha ratificado convenio sobre contaminantes orgánicos persistentes. El Nacio-

nal, 17.05.04, B-16.94. El consulta realizada por VITALIS: op.cit, aparece como uno de los problemas ambientales en el país el relacio-

nado con el: “Comercio ilegal de animales silvestres, particularmente en la región costera venezolana, elDelta del Orinoco y Guayana”.

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tan lucrativo como el comercio de piedraspreciosas”95. Como acción específica en estetema, en el año 2002 la Dirección de Ambientedel MP, con expertos de la Dirección Generalde Fauna y de la Oficina de Diversidad Biológi-ca del MARN realizó inspecciones a 75 esta-blecimientos comerciales, dedicados a la ventade animales, ubicados en el Distrito Metropoli-tano de Caracas. Como resultado de estas in-tervenciones, el MP indicó que: “En treinta yun (31) de estos establecimientos, se decomi-saron un total de cuatrocientos setenta y tres(473) ejemplares. En seis (6) de estos cen-tros se pudo detectar que no poseían licen-cia ni el libro de control que exige el Minis-terio del Ambiente y los recursos Natura-les”96. No se obtuvo información sobre lassanciones impuestas por la Comisión de he-chos punibles. Por su parte, la DP hizo men-ción específica de este atentado contra la di-versidad biológica del país para el caso deDelta Amacuro97.Educación y conciencia ambiental

En la opinión de los expertos consultadospor Vitalis98, uno de los problemas a resolveres la: “Falta de educación y conciencia am-biental por parte de la ciudadanía”. La Di-rección General de Educación Ambiental delMARN destacó como iniciativas que pudie-sen ayudar a enfrentar estas carencias ciuda-danas, las siguientes: “Proyecto sensibiliza-ción ambiental dirigido a pobladores de laLaguna Sinamaica, Municipio Páez, EstadoZulia” y “Programa de Educación Ambientalpara el Sector Pesquero en el Estado Nueva

Esparta”99. Sin embargo, este es un problemaque se generaliza más allá del ámbito de estaslocalidades, sobre otros sectores del territorionacional, por lo que se hace necesario la for-mulación de un programa de educación am-biental ciudadana no formal que se extienda atodo lo largo y ancho de la geografía nacional.

Por último, deseamos destacar que la bús-queda de soluciones que apunten a una cre-ciente posibilidad de disfrutar de un ambientesano, está en buena medida condicionada porla posibilidad de propiciar un cambio radicalen la manera como en Venezuela se valora almedio natural. A pesar de experimentar unproceso de transformación política, el país si-gue anclado en el esquema extractivista de-predador que ha prevalecido de manera domi-nante a lo largo de buena parte de la historiade Venezuela. Contrariamente a los aires derenovación política, en lo económico se im-pulsan proyectos heredados como: el del car-bón en el Guasare, el de oro en Imataca y LasCristinas, el de gas en Güiria. La mayoría delos 61 proyectos evaluados y los 30 permisosde afectación de recursos y conformidad deuso otorgados por el MARN durante el 2003,responden también a concepciones nosostenibles de desarrollo. En cambio, propues-tas como el aprovechamiento del bosque enpie no recibieron el mismo impulso; más bienhasta el presente quedaron reducidas a la ca-tegoría de “excepciones”. En la medida en quelos usos sostenibles de la naturaleza no seconviertan en regla, la lucha por mejorar lacalidad ambiental en Venezuela se verá seria-mente comprometida.

95. Ministerio Público: op. cit. Pág. 482.96. Ídem.97. DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Diagnós t i co ambien ta l por e s tado [ en l í nea ]<h t tp / /

www.defensoria.gov.ve>Consulta 30.05.04.98. VITALIS: op. cit.99. MARN: op. cit. Versión impresa: pág. 72.

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El país requiere una renovación y actuali-zación profunda de los protocolos de produc-ción existentes, que privilegian la depredaciónde los recursos y la laceración paisajística,secuelas, entre otras, propias de la minería deloro y carbón, por encima del aprovechamien-to duradero de la naturaleza vista como patri-monio intergeneracional. Para ello hace faltamayor acción, capacidad y decisión políticapara estimular la conversión del ciudadanoen el verdadero protagonista del cambio ha-cia un estilo alternativo de desarrollo en elque se privilegie el aprovechamiento de lasventajas y limitaciones de las bases ecológicaslocales. Esta es una estrategia que obliga atrabajar en el mismo seno de la sociedad, paraque así, desde abajo y desde adentro, se pue-dan hacer las exigencias a los gobiernos loca-les y al poder central, y romper con la tradi-ción de decretos, acuerdos, regulaciones,normativas, que a pesar de sus buenas inten-

ciones, se quedan en letra muerta, al no en-contrar raíces de sustento para su aplicaciónen la comunidad que se supone benefician.Para ello resulta indispensable reforzar la com-petencia en materia ambiental del poder localmunicipal, asunto que en el presente balanceaparece en un plano bastante secundario ycircunscrito al traspaso desde el poder cen-tral de las funciones para la administracióndel recurso agua. Ello expresa no solo las in-suficiencias de la respuesta gubernamental,sino también las omisiones en las exigenciasdesde la sociedad. Más que nuevos contro-les técnicos y legislativos desde el gobiernocentral, se debe en estos momentos deman-dar el cumplimiento de todo lo establecido enla Ley sobre Régimen Municipal en cuanto atransferencias de competencias en materiaambiental, comprometiendo al Ejecutivo Na-cional a garantizar el soporte económico y téc-nico que implica asumir estas atribuciones.

Vale destacar positivamente que la Asam-blea Nacional sancionó la Ley Aprobatoria delProtocolo de Kyoto de la Convención Marcode la ONU sobre el Cambio Climático, el pa-sado 22.07.041. Merece la pena recordar quecon la aprobación de este instrumento, el Es-tado venezolano acogerá una exigencia que Pro-

Venezuela ratifica Protocolo de Kyotode la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático

1. Asamblea Nacional: Labor legislativa: Leyes sancionadas [en línea] <http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=618> Consulta del 26.07.04

2. PROVEA: Informe Anual 2001/2002 [en línea] <http://www.derechos.orge.ve/publicaciones/Infanual/2001_02/derecho_amb_sano.htm>

vea ha hecho desde la edición Nº 14 de esteinforme2. El Protocolo de Kyoto fue estable-cido en 1997 como complemento de la Con-vención Marco sobre el Cambio Climático de1992, y tiene como objetivo lograr la disminu-ción global de las emisiones de gases que pro-ducen el efecto invernadero.

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