DECLARACIÓN PÚBLICA Temuco, 07 de Mayo de 2014

Ante el actual escenario electoral y las últimas declaraciones emanadas por el Rector Sergio

Bravo Escobar, los estudiantes, funcionarios y académicos de la Universidad de La

Frontera, agrupados en una comisión tripartita de trabajo, donde los estamentos han

compartido diagnósticos y visiones de universidad, declaramos lo siguiente:

Desde la reforma impulsada por la Dictadura de Augusto Pinochet, que fue el puntapié

inicial de la actual crisis del sistema educativo, es que se han expresado un abanico de

problemáticas en las universidades público-estatales. Dentro de estas problemáticas

encontramos la falta de democracia en los espacios universitarios, las cuales se traducen en

que:

En la Universidad de La Frontera, las elecciones de autoridades solo consideran un

33% de los académicos, los cuales están jerarquizados en base a una lógica

discriminatoria que considera el tipo de contratación y años de servicio, lo cual

como señalábamos anteriormente está establecido según la norma del DFL-156 del

año 1981 en su artículo 25, que le confiere a este proceso un carácter excluyente, sin

participación de estudiantes ni funcionarios.

Junto con esto, nos enfrentamos a un modelo de desarrollo universitario que no

recoge los diagnósticos y necesidades emanadas desde la comunidad universitaria,

modelo que ha sido perpetuado por la lógica jerarquizada y excluyente en la que

está envuelta la estructura directiva de la Universidad de La Frontera, espacio en

que se definen perspectivas de desarrollo tanto a la interna como también líneas de

de vinculación regional. Lo anterior se refleja también, en la falta de espacios de

participación conjunta y acceso a la información por parte de los estamentos.

Además también hemos podido identificar distintas dimensiones, en las que la falta de

democracia en nuestros espacios influye directamente:

A Nivel Social: La estructura hermética de la Universidad no sólo se refleja en la

poca capacidad de incidencia de los distintos estamentos en las decisiones

fundamentales, sino también en la nula participación que tiene el resto de la

comunidad regional en la implementación de líneas de desarrollo pertinentes a la

región, aquí hacemos mención a organizaciones como juntas de vecinos, sindicatos,

escuelas, comunidades mapuche, entre otras.

A Nivel Estudiantil: la toma de decisiones a nivel administrativo, no se realiza

desde una perspectiva de mejorar la calidad académica, sino que responde a una

lógica economicista, la cual se ve expresada por ejemplo, en el cierre arbitrario de

carreras en base a su rentabilidad y no a su aporte al desarrollo del país. Bajo esta

lógica, carreras que sí cumplen con los estándares de rentabilidad, son expuestas a

un sobrecupo para el cual la universidad no está preparada. Encontramos también

que el estudiantado no tiene injerencia alguna en la elaboración de sus mallas

curriculares, situación que afecta directamente el perfil del estudiante egresado.

A Nivel de Funcionarios: en lo que respecta a la carrera funcionaria, no existe un

cumplimiento del art. 9° de la Ley 18.834 que señala que la institución no puede

tener más de un 20% de sus funcionarios a contrata, ya que genera inestabilidad

laboral, dificulta la posibilidad de ascensos, y provoca además la restricción de

acceso a beneficios sociales. A esto se agrega el estrés y acoso laboral al cuál son

sometidos los funcionarios, vulnerando claramente el código de buenas prácticas

laborales.

A Nivel de Académicos: a pesar de que el tipo de funciones que desarrollan son las

mismas en la mayoría de los académicos, que cumplen con funciones pedagógicas,

de investigación científica, entre otras, son jerarquizados en base a el tipo de

contratación al cuál los somete la universidad, dividiéndolos en académicos de

primera y segunda, impidiendo a estos últimos votar en la elección de sus

autoridades a pesar de llevar, incluso, más de diez años de servicio.

Además de todas las problemáticas anteriormente señaladas, existen situaciones que afectan

en el diario vivir de la comunidad universitaria, como son la monopolización de los casinos

y servicios de fotocopias, en cuya licitación no se considera la opinión de los estamentos.

Es así como el funcionamiento de la universidad se vive y se muestra con una lógica

mercantil, antidemocrática y discriminativa, lo cual se confirma con la nula expresión de

una comunidad universitaria, impidiendo un aporte a la visión y misión de la universidad

pública que queremos construir.

Es por eso que no entendemos la democracia como el ejercicio mediante un voto, si no que

como una participación activa, con la intención de transformar la lógica anteriormente

expuesta y avanzar así en la construcción de una Universidad inclusiva, democrática y al

servicio de las necesidades del pueblo.

Hacemos el llamado entonces a estudiantes, funcionarios y académicos a avanzar en el

debate y la discusión sobre cómo lograr la democratización y transformación de la

Universidad de la Frontera, para que sea un aporte en la construcción de una sociedad

distinta. También, hacemos el llamado a las autoridades de la universidad de la frontera, a

los cuerpos colegiados, a las organizaciones gremiales de la universidad, a tomar posición y

contribuir a la construcción de una propuesta que democratice el espacio universitario.