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5/17/2018 Debate Ley Documento Base - slidepdf.com

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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN - DOCUMENTO BASE

GOBIERNO DE RÍO NEGRO · MINISTERIO DE EDUCACIÓN



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Gobernador

Dn. Alberto Weretilneck

Ministro de Educación

Prof. Marcelo Mango

Vocales gubernamentales

Consejo Provincial de Educación

Prof. Fernando Fuentes

Dn. José Luis Martínez

Vocal gremial

Consejo Provincial de Educación

Dn. Orlando Solaro

Subsecretario de Educación

Dn. Aldo Spessot

Subsecretaria de Planeamiento

Lic. Susana Pose

Subsecretaria de Administración Financiera

Lic. Mario Aliani

AUTORIDADES



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“Todas y todos por una escuela pública,popular y democrática”

Escuela Pública, Participación y DemocraciaPunto de partida para el Debate

Metodología del Debate y Cronograma

a) Debate en escuelas y ciudades con supervisores,docentes, padres y alumnos.b) Reuniones de trabajo con la Comisión Consultivapor la nueva Ley Orgánica de Educación.c) ¿Cómo me entero de los encuentros para poder participar?

Ejes Temáticos Propuestos para el Debate1. Fines de la educación.2. Concepción de la Educación como Derecho Social y Principalidaddel Estado.

3. Principios Políticos – Educativos.4. Estructura del sistema Educativo Provincial, Niveles y Modalidades.

Definición de niveles y modalidades.

5. Participación y Gobierno de la Educación.6. Financiamiento de la Educación.7. Lugar de la Educación Pública Estatal y de la Educación Privada.8. Sujetos Colectivos (docentes, estudiantes, comunidad educativa),derechos y responsabilidades.

INDICE

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“Todas y todospor una escuela pública,popular y democrática”

“La Educación no es un problema del Gobernador con el Ministro, con la directora de la

escuela o con la maestra, ni siquiera es un problema de la maestra con la mamá y el papá;

la Educación es un problema de la sociedad en su conjunto, la Educación es un patrimo-

nio que no tiene excluyentes (…) No le pidamos a la maestra, no le pidamos al maestro,

que en el ámbito escolar resuelvan todas las inequidades e injusticias que tenemos como

sociedad. No es que la escuela le tenga que dar la espalda a estos temas, pero lo que

quiero significar es que la solución y el abordaje de todos los problemas que se presentan

a diario en las escuelas necesitan de una coordinación interministerial de todas aquellas

áreas del Estado en las cuales se pueda trabajar con la niñez y con la adolescencia.” (…)

“Es el año del debate educativo. Queremos que en cada barrio, escuela, municipio,

en cada lugar donde haya algún ámbito de participación, se discuta de educación;

se hable de propuestas y política educativa” (…) “Vamos a trabajar fuertemente con la Legislatura para que, algo que está en la Constitución y nunca se llevó adelan-

te, se pueda lograr: que la mamá y el papá participen en la conducción del CPE.”

A. Weretilneck (1/3/12 – Apertura de Sesiones Legislativas)



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A poco de asumir, el Gobierno provincial tomó la decisión de modificar la Ley Orgánicade Educación Nº 2444, con el fin de actualizarla e incorporar nuevos derechos que yase encuentran incluidos en la Ley de Educación Nacional. Para esto, el 29 de diciem-bre de 2011, la Legislatura Provincial sancionó por unanimidad la Ley Nº 4737 queabre un período de consulta, para construir de manera colectiva la nueva ley, mediantela participación y el debate abierto y plural, valorando las expectativas, las ideas, losaportes y el proyecto educativo de los distintos actores de la educación.

Desde el Ministerio de Educación de Río Negro proponemos a la comunidad rionegrinareflexionar y debatir sobre el sentido de la educación en los próximos veinte años. Para

ello, nuestra gestión impulsa como punto de partida el desafío de imaginar mediacio-nes, formatos escolares, regulaciones, que garanticen:

La participación de la comunidad en la toma de decisiones educativas.La responsabilidad indelegable del Estado en garantizar el derecho sociala la educación.La conquista de una escuela pública que enseñe conocimientos cultural-mente relevantes y que forme a las nuevas generaciones, mediante unapedagogía de la igualdad, de la autonomía y del pensamiento crítico.

La educación es un derecho y una responsabilidad de todos y todas, ya que el modelode sociedad que queremos construir está en íntima relación con las decisiones quetomemos sobre:

n ¿Qué queremos transmitir a las nuevas generaciones?n ¿Qué conocimientos nos parecen que son relevantes promover enlas escuelas?n ¿Cómo construir en estos espacios nuevas relaciones sociales y ex-periencias que permitan aprender desde la infancia que la solidaridad y eltrabajo cooperativo pueden más que la competencia y el individualismo?

Escuela Pública,

Participación y Democracia



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n ¿Cómo construir la educación común respetando las diferenciasidentitarias, culturales, ideológicas, garantizando igualdad de oportuni-dades y de posibilidades en sociedades desiguales?

Creemos que el carácter público de la educación nace de afirmarnos como sujetosiguales en los derechos y corresponsables socialmente de su goce. En este sentido,las escuelas son los espacios sociales donde se ejerce el derecho a la educación y seconstruye una cultura social, superando el espacio de lo doméstico, de lo particular,para sumarnos a proyectos colectivos.

Sin embargo, conviene recordar que la convocatoria al debate se realiza en una etapahistórica que hereda las consecuencias negativas del modelo neoliberal, instaurado apartir de la última dictadura y reforzado en la década del noventa. Su implementaciónnos condujo a naturalizar el debilitamiento de la escuela pública, su reducción a red

de contención social y a suponer que lo privado era portador por sí mismo de calidad.Nuestra provincia no fue ajena a este proceso por cuanto los postulados del neolibe-ralismo prevalecieron en las orientaciones que siguieron las políticas públicas a partirde la década del noventa. Desde entonces, el ajuste estructural fue el denominadorcomún de las decisiones políticas. Sus consecuencias para la provincia fueron: la pri-vatización de empresas estatales, el deterioro de las economías regionales, el empo-brecimiento generalizado de los servicios públicos y la suspensión de las inversionesen infraestructura y vivienda social. Asimismo, el ajuste se sintió claramente en lascondiciones de trabajo y salario de los empleados estatales en particular, y de los tra-bajadores en general, quienes vieron reducidas sus posibilidades de acceder a una

vida digna.

El cambio de políticas democratizadoras a políticas neoliberales de ajuste fiscal fueronacompañadas por la represión directa a los conflictos sociales y por la sanción de unmarco jurídico claramente favorable para la desregulación del Estado sobre las gran-des empresas e intereses privados.

En materia de política educativa provincial, la década del noventa significó el abando-no por parte del Estado de las reformas curriculares con participación, que se desarro-llaron en la etapa de recuperación de la democracia. En el año 1993 se intentó imple-

mentar el proyecto Kumelkan que promovía delegar hacia las escuelas y la comunidadeducativa la responsabilidad del sostenimiento de la educación, en clara sintonía conel modelo escuela-empresa del neoliberalismo. Del mismo modo, en el año 1994 sepretendió adecuar el estatuto del docente a las prescripciones del Banco Mundial.Ambas iniciativas fueron rechazadas por docentes, estudiantes, padres y madres, quese organizaron para defender la escuela pública.

Las experiencias de participación social e innovación pedagógicas (Reforma del NivelMedio: CBU Y CSM, Jornada Completa en escuelas de Meseta y Cordillera, Reforma del



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Nivel Superior y diseños curriculares con participación docente para el Nivel Primarioe Inicial), fueron abruptamente canceladas a partir de 1996. Sus consecuencias másimportantes se expresaron en el debilitamiento de la escuela pública, la clausura de losespacios de participación en problemáticas educativas y la formación de una cultura

social signada por la búsqueda de salidas individuales frente a problemas colectivos.

Este modelo neoliberal que empobreció al aparato productivo, que generó profundasdesigualdades sociales, estalla a nivel país en la crisis de 2001, abriendo una posibi-lidad para todos de revisar el rumbo, recuperar al Estado como garante de DerechosSociales, como herramienta de regulación de los desequilibrios que produce el mer-cado, como actor principal en la profundización de la Democracia con Justicia Social.A nivel nacional, a partir del año 2003, la Educación tiene un lugar privilegiado en laagenda del Estado y por ello:

n se ha incrementado el presupuesto educativo del 3% a más del 6% del PBI;

n se ha impulsado la construcción de más de 1200 escuelas y programas deexpansión de la infraestructura;

n se ha financiado, mediante innumerables programas de apoyo y mejora-miento de la calidad educativa y de las trayectorias escolares, el acceso abecas, útiles, libros, materiales didácticos y nuevas tecnologías bajo los princi-pios de justicia social e igualdad;

n se ha convocado nuevamente a los trabajadores de la educación a la discu-sión de sus derechos laborales en la paritaria nacional;

n se ha impulsado la recuperación de la Educación Técnica, la expansión delNivel Inicial y la ampliación de los tiempos escolares, así como el incrementocuantitativo de las Universidades Nacionales en todo el territorio.

Paralelamente, se avanzó con la sanción de nuevas leyes nacionales:n Ley de Garantía del Salario Docente y 180 días de clase (Ley Nº 25864) – 8de enero de 2004.

n Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Ley Nº25919) – 31 de agostode 2004.

n Ley de Educación Técnico Profesional (Ley Nº 26058) – 8 de septiembrede 2005.

n Ley de Financiamiento Educativo (Ley Nº 26075) – 9 de enero de 2006.

n Ley de Educación Sexual Integral (Ley Nº 26150) – 23 de octubre de 2006.



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n Ley de Educación Nacional (Ley Nº 26206) – 28 de diciembre de 2006.

Estos avances, al igual que lo sucedido durante la última década en muchos países deAmérica Latina, dan cuenta de procesos políticos populares que intentan superar, con

variadas estrategias, la pesada herencia económica, social y cultural que nos legó elneoliberalismo.

Punto de partida para el Debate

En este contexto, las leyes nacionales nos proponen, a nivel jurisdiccional, metas ydesafíos educativos de gran envergadura en materia de consagración de derechos.El gobierno de la provincia de Río Negro, mediante la Ley 4737 sancionada en diciem-bre de 2011, ha convocado a toda la sociedad a protagonizar el debate por una nueva

Ley Orgánica de Educación.El objetivo de esta iniciativa es el de ampliar derechos para garantizar a todos losrionegrinos condiciones de igualdad en el acceso, permanencia y egreso del sistemapúblico educativo.

La convocatoria a la participación de la sociedad en el debate por una nueva Ley Or-gánica de Educación se realiza desde una inscripción político-pedagógica que recu-pera las luchas populares y las ideas que entienden a la educación como un derechosocial, derecho de los pueblos, responsabilidad indelegable del Estado y al conoci-miento como una construcción colectiva.

Esta concepción del derecho a la educación resulta una concepción común, por cuantoprevaleció en los debates de la primera Convención Constituyente de 1957, en la Consti-tución reformada en 1988 y en el debate que antecedió a la sanción de la Ley Orgánicade la Educación Nº 2444, en 1991. Es por ello que la educación como derecho socialy la principalidad del Estado constituyen el punto de partida del debate en Río Negro.

Por todo lo expuesto, el Ministerio de Educación, recuperando las mejores tradicionesprovinciales, espera, en el marco del pluralismo democrático, alcanzar las ideas deconsenso que definan:

n

orientaciones de valor y principios político-educativos que guiarán la edu-cación provincial para los próximos 20 años.

n la mejor forma de institucionalizar la participación de docentes, estudian-tes, padres y madres, gobiernos locales, en el gobierno de la educación.

n una estructura de niveles que permitan a todos los rionegrinos ejercer suderecho de aprender, poniendo énfasis en la primera infancia y en el cicloobligatorio comprendido desde el Nivel Inicial (sala de 4 y 5 años) hastacompletar la escolarización secundaria.



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n la definición de modalidades que den respuesta a los desafíos de lograruna educación inclusiva ante los requerimientos de la compleja trama social; n el lugar del Estado como principal agente educativo, única herramientade garantía de derechos en sociedades desiguales;

n las fuentes del financiamiento del sistema educativo público y el acuerdosobre un esquema de subsidio estatal a los agentes privados, acorde a lospostulados de la Constitución Provincial; n los derechos y responsabilidades de los sujetos colectivos que intervie-nen en la educación (docentes, estudiantes, padres y madres).

Invitamos a toda la sociedad a leer y debatir el presente Documento Base y esperamosque sea una herramienta disparadora para la discusión de ideas y el enriquecimientocolectivo. Estamos convencidos de que no hay posibilidades de plantearse objetivoshacia el futuro sin tener un punto de apoyo, y ese apoyo creemos que es la experienciay los saberes colectivos acumulados.

Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro



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a) Se realizará el debate en escuelas y ciudades con supervisores,docentes, padres y alumnos.Las primeras jornadas institucionales de debate entre docentes fueron realizadas en cadaescuela durante los meses de febrero y marzo, según nivel y/o modalidad. En ellas cadacomunidad educativa elaboró un documento expresando los temas prioritarios y preocu-paciones que consideran importantes para debatir. Los documentos fueron enviados alMinisterio de Educación, a la Comisión Ministerial Coordinadora del Debate, que los siste-matizó1. A partir de las tendencias expresadas en los primeros documentos, se propusie-ron 8 ejes de categorización de la totalidad de los aportes enviados.

1- Fines de la educación.2- Concepción de la educación como derecho social y principalidad del Estado.3- Principios Político-Educativos.4- Estructura, niveles y modalidades.5- Participación y Gobierno de la Educación.6- Financiamiento.7- Lugar de la educación pública estatal y de la educación privada.8- Sujetos colectivos (docentes, estudiantes y comunidad educativa): derechos y res-ponsabilidades.

En mayo se realizarán las segundas jornadas de debate entre docentes; también se

realizarán reuniones y talleres con padres y madres por escuela y actividades con estu-

Metodología del Debatey Cronograma

1- La mencionada comisión pertenece al Área de Investigación Educativa – Dirección de Investigación y Estadística Educativa – Sub-secretaría de Planeamiento. Sus misiones y funciones son: elaborar los documentos que acompañen las sucesivas etapas del debate;diseñar una base de datos que permita sistematizar cualitativamente los aportes que se reciban de las escuelas; sistematizar los aportesubicando las tendencias y posicionamientos que generan consenso, como así también la identif icación de disensos; cuantificar y medir,de acuerdo a las actas recibidas, los posicionamientos según ejes temáticos para fundamentar desde la lógica de investigación cuanti-tativa los acuerdos o consensos logrados; trabajar con la Subsecretaría de Educación en la comunicación fluida con las supervisionesy equipos directivos de las escuelas públicas, orientando y respondiendo dudas que se generen en este proceso de debate; colaborarcon los Consejos Escolares en la organización de los Foros Zonales; redactar el anteproyecto de Ley a partir del resultado del procesode debate; redactar el Proyecto definitivo de Ley, dando cuenta de las recomendaciones que realice la Comisión Consultiva y los aportesque se trabajen con los Coordinadores de los Foros Zonales en el Encuentro provincial de Consejeros, con el que se dará Cierre Políticoal Debate.



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diantes de nivel secundario y superior. En cada encuentro, los participantes discutiránel Documento Base redactado por el Ministerio de Educación, a partir de la sistema-tización de cada eje, y expresarán en nuevos documentos aquello que consideranimportante incluir en el proyecto de ley; qué aspectos de la educación quieren modi-

ficar, qué aspectos quieren fortalecer, cuáles son sus expectativas con respecto a laeducación rionegrina. Esperamos que estas instancias enriquezcan el paso siguiente,que consiste en la realización de los Foros Zonales.

En mayo y junio se realizarán Foros Zonales, convocados junto a los Consejos Escola-res, donde participarán padres, madres, estudiantes y trabajadores de la educación,como también organizaciones de cada comunidad y región, sindicatos, universidades,municipios, partidos políticos, organizaciones sociales, la Legislatura y el Ministerio deEducación. En los Foros Zonales se redactarán conclusiones y se sistematizarán comoinsumo para la redacción del anteproyecto de Ley.

b) Se realizarán reuniones de trabajo con la Comisión Consultiva por la nuevaLey Orgánica de Educación.De forma paralela al Debate en las escuelas y ciudades, funcionará una Comisión

Consultiva2 , integrada por Legisladores Provinciales, representantes de las Universi-dades Nacionales UNCo y UNR, de UnTER, de los intendentes, Vocales del ConsejoProvincial de Educación y autoridades del Ministerio de Educación. La Comisión Con-sultiva convocará a las distintas organizaciones y grupos de interés de la sociedad areuniones de trabajo donde se recepcionarán sus documentos y posiciones respectoa derechos y temáticas específicas a incorporar en el anteproyecto de Ley. Estos en-cuentros de trabajo serán registrados mediante relatorías, que serán sistematizadaspor el Ministerio de Educación.

En julio, durante el receso escolar invernal, se terminarán de sistematizar todas lasconclusiones de los documentos producidos en los Foros Zonales, en las reunionesde trabajo coordinadas por la Comisión Consultiva, en las escuelas, como así tambiénlos aportes de los diferentes actores que participaron del debate. Con todos ellos, seavanzará en la elaboración del anteproyecto de ley.

En agosto, propondremos una nueva Jornada institucional para trabajadores de la

Educación, con el objetivo de discutir el anteproyecto de ley en las escuelas; se en-viará a cada Consejo Escolar copias impresas del anteproyecto para que se analice ydiscuta con los representantes de cada sector. Se realizará un Encuentro Provincial conlos coordinadores de los Consejos Escolares para exponer los aportes sistematizadosy hacer un cierre del debate.

2 - Son funciones de la comisión consultiva: A- Realizar la convocatoria a distintas organizaciones políticas, gremiales y sociales que deseen acercarsus propuestas respecto de una nueva Ley de Educación. B- Establecer una agenda de mesas de trabajo para escuchar y recibir los aportes de losdistintos grupos, organizaciones políticas, gremiales y sociales. C- Sistematizar mediante relatorías los aportes recibidos según organización. D-Crear el archivo de documentos recibidos para su mejor aprovechamiento en la etapa de elaboración del anteproyecto de Ley. E- Discutir y realizarrecomendaciones al Anteproyecto de Ley que el Ministerio de Educación elaborará y someterá a consulta.



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Con las contribuciones que se reciban en esta segunda ronda de consultas y con lasrecomendaciones que se hayan producido en la Comisión Consultiva, se redactará el Pro-yecto de Ley oficial que será enviado en el mes de septiembre a la Legislatura Rionegrina.

c) ¿Cómo me entero de los encuentros para poder participar?A través de las escuelas y Consejos Escolares, donde se convocará a la participacióny habrá afiches informativos. A través de la radio, televisión y diarios. A través de lapágina web del Ministerio de Educación: www.educacion.rionegro.gov.ar/sitio/deba-te2012.php. A través de las redes sociales: en facebook, Ministerio de Educación deRío Negro; y en twitter, MinEduRN.

Se podrá consultar el Cronograma, así como el Documento Base del Debate, docu-mentos preliminares de síntesis, el Anteproyecto de Ley y el Proyecto definitivo de ley,a medida que se vayan elaborando.



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1. Fines de la educación

Una Ley de Educación expresa un proyecto político educativo a conquistar en el me-diano plazo y requiere, entonces, ubicar con precisión la utopía concreta, los objetivos,las metas y los fines que señalen el rumbo de las acciones a desarrollar.

En este sentido, invitamos a debatir las orientaciones de valor que guiarán las regula-ciones, normativas, proyectos educativos y prácticas pedagógicas en el sistema edu-cativo provincial.

Si partimos de entender a la educación como un proyecto de realización colectiva, losfines de la educación guardan relación con los problemas de la cultura social actualque deseamos superar.

Por ello, proponemos pensar a la educación como un espacio relacional entre sujetosque enseñan y aprenden, en donde el conocimiento es valorado en la medida que ope-ra como herramienta de comprensión del mundo y de transformación social, conjugan-do la libertad y la igualdad. En esta tarea, la educación debe propender a consolidaruna vida en común que cualitativamente sea mejor para todos, sin excepciones.

Estos principios se alejan de las concepciones conservadoras que ubicaron la culturacomo patrimonio de las elites, desarrollando formas institucionales y prácticas peda-gógicas que descalificaban los conocimientos culturales provenientes de los sectorespopulares.

El desafío, entonces, para proyectar el futuro colectivo, consiste en recuperar la tradi-ción de una escuela pública de calidad que supimos los argentinos conocer y avanzarhacia un modelo de sociedad con desarrollo tecnológico y productivo sustentable, conjusticia social.

Ejes TemáticosPropuestos para el Debate



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Para ello resulta necesario:n vincular los conocimientos construidos en las escuelas con los procesos pro-ductivos y con la redistribución del ingreso que permitan una vida más digna;

n transformar en contenidos pedagógicos las realidades locales, regiona-les, nacional y latinoamericana, de modo de estudiar y potenciar los proce-sos de integración cultural y desarrollo económico que apunten al bienestargeneral, promoviendo el asociativismo y la autogestión de la producción;

n promover la Educación Ambiental para la formación de una concienciacrítica comprometida con un modelo de desarrollo, producción y consumosustentable y el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente sano y a unaciudadanía activa.

Este desafío consiste en profundizar la Democracia, aspirando a la formación de unaCiudadanía educada en la cultura de los derechos humanos, de la interculturalidad, dela tolerancia y el reconocimiento de las diferencias. Renovar el compromiso por estosvalores redundará en la capacidad colectiva de conformar una ética social que tornemoralmente insoportable la idea de convivir con situaciones que atenten contra la dig-nidad y la vida plena de nuestros compatriotas.

Por ello, invitamos a completar estas primeras ideas partiendo de aquellos principiosque entendemos concitan el consenso mayoritario, en tanto también recuperan y am-plían los objetivos y fines enunciados en los debates que los rionegrinos nos dimos endistintas etapas de nuestra historia provincial:

a) formar en la cultura de los derechos humanos;

b) formar en la identidad nacional, reconociendo nuestra pertenencia alcontinente latinoamericano, hermanados por una historia en común y pro-moviendo la integración cultural desde la región hacia el mundo;

c) formar para la democracia sustantiva en el respeto a la Constitución y alas leyes que regulan su ejercicio, aspirando a la conquista gradual de la

igualdad3

;

d) formar en el reconocimiento de las distintas culturas y orígenes naciona-les, étnicos y religiosos, estructurando propuestas educativas que promue-van el diálogo entre culturas y la convivencia democrática;

3 - “La democracia alude a una serie de cuestiones que hacen a la naturaleza del régimen político -la representación, el sufragio, laorganización y límites del poder político, etc.- pero también y principalmente a otra de naturaleza sustantiva; el reinado de la igualdad.Esta última constituye el verdadero sello distintivo de la democracia”. Atilio Borón (1992) Estado, Capitalismo y Democracia en AméricaLatina. Imago Mundi Ed. Buenos Aires. Pág. 152.



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e) formar en las ciencias, las artes y la tecnología, abriendo las posibilida-des para el desarrollo de capacidades y habilidades que permitan avanzaren un modelo de desarrollo humano sostenible, con base en la produccióneconómica y cultural;

f ) formar en la igualdad de género y elección sexual;

g) formar en el pensamiento crítico y en la interdisciplinariedad, dandocuenta de las distintas corrientes de pensamiento y paradigmas que confi-guran distintos campos del conocimiento que enriquecen la explicación yresolución de problemas;

h) educar en escuelas que alimenten la imaginación, el juego y el trabajocomo ejes articuladores de los aprendizajes.

Para el Debate:Nos interesa sumar más ideas y acuerdos:

¿Cuáles serían otros posibles fines para la educación?

¿Por qué los agregarían?

2. Concepción de la Educación como Derecho Socialy Principalidad del Estado

La provincia de Río Negro se caracteriza por una coherente tradición jurídica en materiaeducativa que prevaleció en los debates que antecedieron tanto a la Constitución de1957 como a la Reforma de 1988, y que se plasmaron en la legislación educativa. Di-cha tradición se inscribe en el Constitucionalismo Social, reconociendo a los derechossociales como condición necesaria para la vida digna de los pueblos. En este sentido,la concepción de los derechos sociales obliga a que el Estado regule los desequilibriossociales que produce el mercado e intervenga sobre la vida social mediante políticas

públicas concurrentes al objetivo del logro de un desarrollo humano sustentable.

La concepción de los derechos sociales supera la vieja tradición del liberalismo políticoque reconoce derechos individuales pero sostiene la libertad de mercado como valory principio organizador de lo social, limitando el sentido de la democracia al ejerciciodel derecho político al voto y reduciendo el concepto de igualdad al principio jurídicode igualdad formal de los ciudadanos ante la ley.

Posicionarnos en la tradición jurídica del constitucionalismo social supone reconocerlos anhelos y deseos de los rionegrinos por constituir un Estado Social que arbitre las



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mediaciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos civiles, políticos,laborales y sociales comprometiendo a la democracia con la distribución de la riqueza,con la promoción de la participación social y política, con la igualdad de posibilidadespara el ejercicio de una ciudadanía plena.

En este desafío, la educación concebida como derecho social exige una relación Esta-do-educación que se caracterice por el principio de principalidad. Esto significa que elEstado se convierta en el principal agente educativo dada la obligación de garantizarel ejercicio del derecho de aprender de todos y todas.

Somos conscientes de que la historia reciente de la provincia nos permitió observarcómo estos postulados jurídicos progresistas convivieron con políticas públicas neoli-berales que se orientaron a debilitar la escuela pública y a transformar la relación Es-tado–Educación desde el principio de subsidiariedad, alentando la iniciativa privada y

los aportes estatales para su sostenimiento.

Para el Debate:Por ello, en esta instancia de debate colectivo, los convocamos a

intercambiar ideas sobre:

¿Cómo se garantiza el derecho social a la educación en el contexto actual?

¿Cuáles serían las principales políticas públicas que deben desarrollarse en el tiempo para

reducir las desigualdades educativas que acompañan a las desigualdades sociales de gran

parte de nuestra población?

¿Cómo articular políticas fiscales, sociales y culturales necesarias para el logro de este objetivo?

3. Principios Político–Educativos

Los principios político–educativos establecen las orientaciones de valor que organizanel sistema educativo público y guardan relación con la concepción del derecho a laEducación y con la relación Estado-Educación que una ley sostiene.

En sintonía con la necesidad de garantizar desde la principalidad del Estado la edu-cación como derecho social, proponemos debatir nuevos principios político-educativosque, sumados a los vigentes en la legislación argentina que fundó hacia fines del sigloXIX la escuela pública, nos permitan construir un sistema educativo inclusivo e integrado.Cuando mencionamos la necesidad de recuperar los principios político-educativosfundacionales del sistema público, nos referimos a los principios de:

Universalidad: una educación que llegue a todos y todas sin discriminaciónalguna.Obligatoriedad: responsabilidad de la familia de escolarizar a sus hijos en el tramo



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obligatorio y responsabilidad del Estado de promover las ayudas necesarias parasu efectividad.Gratuidad: condición que permite el cumplimiento de la obligatoriedad.Laicidad: educación basada en los conocimientos científicos, no dogmáticos.

A su vez, condición necesaria para la garantía del ejercicio del derecho cons-titucional de libertad de culto (Art. 14) y libertad de expresión y pensamiento.Educación Común: Garantizar a todos y todas los mismos saberes y conoci-mientos que integran a los distintos niveles del sistema.Co-educación: principio que permite acceder en forma igualitaria a niños yniñas que comparten la escolaridad obligatoria.

Sin embargo, dichos principios no alcanzan para pensar en la transformación de lassituaciones que generan desigualdades socio-educativas en la población. En la ac-tualidad, necesitamos poner el énfasis en un sistema educativo que supere la frag-mentación que produjo la reforma neoconservadora de los noventa, tanto en términosorganizativos como pedagógicos.

El cambio cultural que debemos lograr en las escuelas y en el conjunto social implicarevisar las prácticas pedagógicas y los distintos dispositivos institucionales que lleva-ron a naturalizar la desigualdad al interior del propio sistema público de educación. Laretórica neoconservadora nos propuso pensar que cuando se educa a los más perju-dicados en la distribución del ingreso, se tiene que diseñar una propuesta curricularempobrecida en contenidos y en recursos, reforzando las carencias de las condicionesmateriales de vida con carencias en las condiciones simbólicas para comprender la

compleja trama de la realidad.

Apostar a una sociedad más justa supone construir escuelas donde las propuestascurriculares sean generosas, variadas y que desarrollen las capacidades y habilida-des de los niños y niñas, para que puedan entender el mundo común partiendo de locercano, alcanzar lo universal partiendo de lo particular.

El principio político educativo de Justicia escolar constituye un cambio de paradigmarespecto de las concepciones neoconservadoras que, invocando el “respeto a la di-versidad”, terminaron profundizando la desigualdad en el acceso a los conocimientos

y reforzando en muchos jóvenes la idea de que “no pueden” enfrentar las dificultadesque los rodean ni proyectarse en la vida adulta con autonomía. Por ello, la justiciaescolar supone enseñar más, con mejores recursos y los mejores maestros a quienesmás se les ha quitado, igualando en los puntos de llegada de las distintas y desigualestrayectorias escolares.

Dar vuelta la página de la exclusión social y educativa supone construir una escuelapública que brinde una educación de calidad a todos y todas. La calidad no tiene unsignificado único; como todo concepto político, contiene diferentes sentidos. ¿Cómodefinimos la calidad en sintonía con los fines propuestos para la educación?



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Desde nuestras convicciones sostenemos que la calidad no puede reducirse al signi-ficado que se le otorga en el mercado a los productos de acuerdo a un estándar predefinido. La educación es una relación social entre sujetos, no entre cosas. Por ello,lograr aprendizajes de calidad supone discutir y acordar qué cualidades debe reunir

una “buena escuela”.Para ello, para obtener una buena escuela, se necesitará:

a) mejorar la formación inicial y permanente de los docentes;

b) desarrollar políticas de evaluación promoviendo el análisis de los proble-mas de cada institución escolar y el diseño de estrategias de intervención; c) desarrollar políticas que promuevan la innovación y la experimentacióneducativa;

d) garantizar la inversión necesaria para dignificar el salario docente y ga-rantizar condiciones que promuevan la organización colectiva de su traba-jo; la infraestructura escolar; los materiales didácticos necesarios;

e) desarrollar eficaces sistemas de información pública que monitoreen losprocesos de desarrollo educativo, evaluando participativamente con losdistintos actores del sistema educativo los logros, dificultades y progresosencontrados;

f) promover la participación de los estudiantes en la vida institucional y enla toma de decisiones.

Por último, creemos que el concepto que engloba a ambos principios es el de la igual-

dad en las posibilidades de acceder, permanecer y egresar del sistema educativo.

Su significado también varía según las perspectivas que se adopten. En nuestro caso,la igualdad a la que aspiramos no implica la imposición de un modelo homogéneo paratodos, ni tampoco significa reducir contenidos de acuerdo al contexto socio-econó-mico o cultural en el que se enseñe. Por el contrario, igualar en posibilidades suponedesarrollar aprendizajes comunes a través de distintos procesos pedagógicos, apor-

tando desde el Estado las ayudas necesarias para que las familias puedan cumplir conla obligación de enviar a sus hijos a la escuela.

Conquistar la igualdad educativa requiere de acciones tales como:n ampliación de la cobertura educativa, partiendo de la temprana infancia, so-bre todo las escuelas primarias con más tiempos, y una secundaria completa.Es decir cuidar el trayecto completo del alumnon Políticas de apoyo a las trayectorias escolares: todas las propuestas y pro-gramas que ofrecen recursos materiales y humanos para ampliar el universocultural y recreativo, como apoyaturas concretas.(Clubes escolares para el



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desarrollo de actividades extra curriculares, maestros de apoyatura a las tra-yectorias, maestros comunitarios, escuelas de jornada extendida o completa)n Políticas con otros Ministerios para apoyar a las familias y las comunidades.n Evaluación del sistema para mejorar la oferta educativan Políticas de formación inicial y permanente con estos temas.

Para el Debate:¿Qué otros principios político-educativos podemos sumary por qué?

4. Estructura del sistema Educativo Provincial.Niveles y Modalidades

Debatir sobre la estructura y modalidades del sistema educativo implica pensar laescolarización de niños, jóvenes y adultos contemplando definiciones respecto a tiem-pos, espacios y dispositivos institucionales necesarios para sustentar la experienciaeducativa y las relaciones pedagógicas. También supone debatir sobre el currículo deforma tal que la estructura y las modalidades permitan llevar a la práctica los fines dela educación. Las definiciones a las que se arriben deben contemplar tanto el tramoobligatorio de la escolarización como así también la educación de la primera infancia,

la continuidad de los estudios superiores y la formación permanente.

Pensar cómo se democratiza la distribución social del conocimiento tiene que ver conla expansión del sistema educativo para llegar a toda la población. Algunas voces sos-tienen que la expansión cuantitativa de los sistemas educativos es incompatible conla “calidad” de los mismos. Estamos convencidos de que es posible garantizar que secumpla el derecho a una educación de buena calidad para todos. Entendemos poresta última al proceso de mejora integral de la experiencia educativa y no como mediciónde resultados. También sabemos que este proceso no es automático; se requiere de másy mejores tiempos para nuestros estudiantes, de mejores condiciones en el equipamiento

e infraestructura de las escuelas, de un avance hacia otra organización pedagógica deltrabajo docente junto a la dignificación salarial. Asimismo, la calidad educativa demandaimpulso de políticas específicas de fortalecimiento de las trayectorias escolares para hacerefectiva la igualdad de oportunidades para toda la población.

Pensamos la estructura del sistema educativo como un dispositivo que interviene eincide en la calidad educativa. Para ello, proponemos pensarla como una estructuraúnica, fuertemente articulada y cohesionada, donde el pasaje de un nivel a otro no seaconflictivo y motivo de exclusión, desgranamiento o abandono escolar; que permita la



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organización del trabajo docente y de la experiencia educativa potenciando el trabajocolectivo, la solidaridad y la cooperación. Asimismo, creemos que la estructura delsistema no puede presentar diferencias entre los establecimientos de gestión públicay los de gestión privada, sino que debemos avanzar hacia un Sistema Educativo Pro-

vincial Único y Común en consonancia con lo propuesto a nivel nacional, para permitirla movilidad de los estudiantes y la certificación–acreditación social del conocimiento.

Un aspecto significativo que incide en la calidad educativa es la ampliación de lostiempos escolares. Esta estrategia puede intervenir en la equiparación de puntos departidas desiguales y así incidir positivamente en las trayectorias escolares. De estamanera, pensamos la expansión en un doble sentido: cuantitativamente, llegando amás población y con más días de clase; y cualitativamente, repensando los formatospedagógicos tradicionales.

En la Ley 4737 del 29 de diciembre de 2011 planteamos la obligatoriedad a partir delos 4 años, pero también la universalización del Nivel Inicial, decisión que significa elcompromiso de ampliar la oferta a niños/as de 3 años y con jardines maternales, prio-rizando los sectores más vulnerados.

En consonancia con esta idea de más y mejores tiempos de aprendizajes, en el conjunto delpaís y por acuerdo en el CFE se están aumentando los días de clase obligatorios a 190 días.

En la escuela Primaria proponemos avanzar en el modelo de escuela de jornada exten-dida o completa. Tanto la Ley de Educación Nacional como la Ley de FinanciamientoEducativo disponen un cambio profundo en la duración de la jornada escolar y plan-tean un horizonte educativo que nos desafía, por lo complejo e innovador, a repensarla escuela y a la permanencia de los niños durante 6 u 8 horas diarias. Creemos que eltiempo escolar debe significar una mejora de la propuesta educativa para los niños ycondiciones más justas e igualitarias de aprendizaje.

Si bien la provincia ha realizado un recorrido, desde 2006 en la implementación de la jorna-da extendida, creemos que ésta debe ampliarse y profundizarse con una real modificacióndel modelo pedagógico y organizacional de la escuela primaria. También creemos que

debe evaluarse el sentido del tiempo escolar y resignificarlo de manera tal que se poten-cie y privilegie la dimensión colectiva de la enseñanza y el aprendizaje.

En la escuela Secundaria, la Ley 4737/11 definió su incorporación al tramo obligatoriode la escolaridad en consonancia con la Ley de Educación Nacional. Esto implica re-pensar su sentido, su estructura organizativa, el trabajo docente y la adecuación de laspropuestas a las culturas juveniles contemporáneas y a los desafíos del mundo actual.El desafío es pensar una escuela secundaria dispuesta a incluir a los históricamenteexcluíos de ella y romper con el sesgo elitista que la caracterizó desde sus orígenes.



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Definición de niveles y modalidades

En cuanto a los niveles del sistema educativo, hay acuerdo general en el país sobre laorganización en 4 niveles: Inicial, Primario, Secundario y Superior.

Nivel InicialLa Ley de Educación Nacional otorga al Nivel Inicial un lugar históricamente reclama-do por las/los docentes. Se trata de una normativa que entiende al Nivel como primertramo del sistema educativo. Este reconocimiento hace que la Educación Inicial asumael compromiso de fortalecerse como unidad pedagógica en búsqueda de una cohe-rencia interna y de definiciones claras de sus objetivos.

El enfoque de Protección Integral de Derechos de la infancia y de la integralidad de losabordajes, creemos que deben ser los principios rectores de la política pública educativa

destinada a la primera infancia dentro de las cuales se incluye la política educativa.

La ley nacional define al Nivel inicial como una unidad pedagógica que comprende alos niños/as desde los 45 días hasta los 5 años y se organiza en: a) Jardines Maternalesque atienden a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días a los dos (2) añosde edad, inclusive; y los Jardines de Infantes para los/as niños/as desde los tres (3) alos cinco (5) años de edad, inclusive.

En nuestra provincia, desde hace 20 años el nivel inicial es obligatorio desde los 4años. Sin embargo, la cobertura actual de las salas de 4 años no alcanza al 80% en las

zonas más favorables y al 60% en zonas muy densamente pobladas o en zonas disper-sas como la Zona Andina y Zona Sur de la provincia. Esto nos desafía a pensar formasorganizacionales que garanticen la universalización del nivel con formatos alternativosy flexibles, según las características contextuales de todas las regiones y a destinar lainversión necesaria que esta meta requiere.

A través de la reciente Ley 4737/11 se fija la universalización del Nivel Inicial. Esto im-plica la creación de salas de tres años, privilegiando los sectores más vulnerados denuestra sociedad; la reorganización y mejora de los denominados Jardines MaternalesComunitarios cumpliendo con la Resolución 499/12, que los obliga a ser conducidos

por docentes titulados para el nivel inicial. También implica la creación de nuevos Jar-dines Maternales y nuevos Jardines de Infantes y la reorganización de institucionesexistentes en posibles Escuelas Infantiles (desde 45 días a 5 años).

Nivel PrimarioSi bien la escuela primaria es el nivel educativo que alcanza mayor nivel de coberturaen nuestro sistema, presenta en la provincia índices de repitencia y sobreedad queson necesarios superar. Ellos nos están alertando sobre la necesidad de reconfigurarla organización pedagógica y laboral de la escuela primaria para que ella se constituya



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en un lugar donde la infancia pueda desplegar su protagonismo y toda su potenciali-dad, donde los adultos enseñen y cuiden, donde prime el diálogo y la confianza en lasposibilidades que tienen todos los niños y niñas de aprender, donde la construcciónde la igualdad sea la tarea cotidiana y conjunta entre adultos y niños/as. En suma, se

trata de volver a pensar la escuela primaria como el espacio público privilegiado quegarantice aprendizajes relevantes para la infancia y que actúe en consonancia con lasorientaciones de valor propuestas en este documento.

Como hemos fundamentado más arriba, la decisión política de ampliar el tiempo dela jornada escolar busca el mejoramiento de las condiciones pedagógicas para la en-señanza y para el aprendizaje en la escuela, y toma como prioritario el derecho de losniños/as de aprender más y mejor, y en condiciones más justas e igualitarias. En estesentido, la jornada extendida o completa se orienta hacia la búsqueda de una organi-zación laboral y pedagógica que posibilite que maestros y directores trabajen juntos,que puedan planificar y seleccionar materiales, que puedan evaluar los avances yproponer los ajustes necesarios, que el trabajo colectivo dé lugar a una propuestaconjunta de enseñanza relevante y significativa para los niños/as, que sostenga unamirada atenta y de cuidado hacia sus trayectorias escolares.

Actualmente, en la provincia se llama jornada extendida a un conjunto variado de situa-ciones: escuelas con hora más, escuelas con talleres en contraturno sin la presenciadel docente a cargo de grado, y escuelas que ofrecen espacios extracurriculares acontraturno del horario escolar tradicional. El debate es una oportunidad para definirhacia qué modelo de jornada escolar para el nivel primario deseamos avanzar.

Nuestra aspiración como gestión ministerial es conquistar en el mediano plazo el mo-delo de jornada completa. Esta propuesta permite que el equipo docente acompañetodos los aprendizajes que los niños y niñas reciban a lo largo de una jornada. Su pre-sencia permitirá que ellos puedan brindar herramientas didácticas y pedagógicas a lostalleristas que sean convocados para enseñar conocimientos culturalmente relevantesque no se aprenden en las universidades o terciarios de nuestro sistema, sino queconstituyen el capital cultural popular y/o identitario.

Estas ideas suponen promover:n políticas tendientes a favorecer un cambio organizacional en la escuelaprimaria que habilite otros modelos pedagógicos alternativos al modelo dehomogeneización;n modelos alternativos de la organización del trabajo docente que superenel individualismo heredado del neoliberalismo y que posibiliten la incorpo-ración de los conocimientos históricamente excluidos de los diseños curri-culares como las expresiones culturales de los sectores populares, de lospueblos originarios, las disciplinas expresivas y artísticas, entre otros;n iniciativas políticas para cuidar, favorecer y garantizar las trayectorias escola-



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res (seguimiento, equipos técnicos, apoyo escolar, becas, materiales y útiles),de modo tal de garantizar la justicia social y la igualdad de posibilidades;n continuar y profundizar la política de jornada extendida o completa; revi-sar su sentido, organización y uso del tiempo que se amplía al interior de

las escuelas;n incorporar más tiempos para el fortalecimiento de la lectura, para la edu-cación en nuevas tecnologías, educación artística, tiempos para el acom-pañamiento al estudio, lengua extranjera, entre otras alternativas.

Nivel SecundarioLa obligatoriedad de la educación secundaria sancionada con la Ley de EducaciónNacional Nº 26.206 representa hoy un requisito mínimo e indispensable para el desem-peño social y laboral, y para proseguir estudios superiores, así como para el desarrollode todas las capacidades. Por ello, estamos convencidos de que en el marco del de-bate por Ley Orgánica de Educación se nos presenta la oportunidad para comenzara concretar los cambios necesarios afines a tales objetivos y, de esta manera, dar porfinalizada la etapa de una educación secundaria elitista y excluyente de las mayorías.El desafío que debemos poner en la mesa del debate es pensar una nueva institucionalidadpara la escuela secundaria que no sólo incluya a todos los jóvenes, sino que también brindelas condiciones para que se logren aprendizajes en igualdad de condiciones.

Los problemas de la educación secundaria no son exclusivos de nuestra sociedady de este tiempo, la fragmentación institucional y la situación de vulnerabilidad y ex-clusión social en que se encuentran muchos adolescentes y jóvenes vienen a sumarcomplejidad a los problemas de larga data, ligados al carácter selectivo, meritocráticoy enciclopedista de una escuela que no fue pensada para todos.

En nuestra provincia, las consecuencias del modelo tradicional de escuela media noscoloca en un escenario donde casi la mitad de los jóvenes que ingresan a ella abando-nan entre 1º y 2º año. Paralelamente, las escuelas nocturnas pensadas para la educa-ción de adultos trabajadores se erigen como el lugar donde los jóvenes excluidos, consobreedad para la escuela diurna y con deseos de reingresar, intentan nuevamenteconquistar el objetivo de culminar la escolaridad secundaria. Lamentablemente, esaopción los enfrenta a una nueva situación de riesgo y de abandono, ya que tampoco

ésta fue pensada para dar respuesta a sus necesidades, demandas y expectativas.

Proponemos pensar una nueva escuela secundaria que conciba a nuestros jóvenescomo sujetos de derechos, que les brinde herramientas conceptuales para compren-der y transformar su realidad, que privilegie su participación, que los incluya en la tomade decisiones y en el gobierno escolar. Una escuela que supere la fragmentación delconocimiento, el enciclopedismo memorístico, la distancia de los conocimientos con larealidad y con los intereses de los jóvenes. Para ello, es necesario atreverse a pensarnuevos espacios curriculares y formas alternativas de organización del trabajo peda-gógico y laboral docente.



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En este sentido, proponemos capitalizar los aspectos positivos que nos legaron lasexperiencias de innovación sucedidas en nuestra provincia, a saber: la propuesta de-mocratizadora con calidad que representó la experiencia del CBU (Ciclo Básico Unifi-cado) y CSM (Ciclo Superior Modalizado) en la década del ’80 y el proceso de “trans-

formación” iniciado en 2006. Ambas experiencias comparten el carácter experimentalen su implementación y, por lo tanto, no se abarcó a la totalidad de las escuelas. Laresultante heredada se compone de una heterogeneidad de escuelas medias, con di-ferentes tradiciones en ellas presentes y una gran variedad de planes de estudio. Hoyproponemos debatir seriamente un modelo de educación media que pueda ser exten-sivo a todo el nivel, que supere las dificultades antes mencionadas y que capitalice lomejor de nuestra historia pedagógica en el nivel. Para ello, proponemos recuperar losprincipios y concepciones de:

n el conocimiento como “una forma de poder que abre las puertas a la po-sibilidad del pensamiento reflexivo, el desarrollo del espíritu crítico, la libreopción y la participación comprometida en el quehacer económico, social,cultural y político de la sociedad democrática” (Res.964/86, Anexo I :p2,Diseño Curricular CBU);

n trabajo pedagógico integrado en áreas de conocimiento;

n organización del trabajo docente por cargo en un solo establecimiento,con horas laborales destinadas al trabajo institucional, al trabajo en área, altrabajo de coordinación y a la formación docente;

n capacitación docente centrada en la práctica y en su análisis técnico-pe-dagógico, así como en el análisis de las teorías subyacentes a las prácticas; n variedad y flexibilidad en los formatos curriculares; talleres interdiscipli-nares; trayectos obligatorios y trayectos opcionales basados en el principiode educación común.

Nivel SuperiorEl nivel superior de la provincia de Rio Negro abarca las ofertas de Formación Docente

y las Tecnicaturas Superiores de creación reciente. Debatir su lugar en la nueva LeyOrgánica de Educación supone contemplar:n la existencia de normativa específica del nivel. La Ley 2288/88 que regulala Formación Docente en la Provincia y las resoluciones menores que regu-lan la educación técnico profesional superior;

n la no incorporación de este nivel educativo en la actual Ley Orgánica deEducación y, por lo tanto, el debate sobre su incorporación a la misma;

n la necesidad de regular y reglamentar el nivel con una normativa que



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incluya a la totalidad de instituciones y ofertas que lo integran, de modo talde superar la fragmentación y segmentación que hoy se evidencia en lasregulaciones del nivel;

n la posible incorporación de nuevas carreras a la oferta pública provincial.

En el proceso de conformación de las instituciones provinciales formadoras de do-centes, la sanción de la ley 2288, en noviembre de 1988, marcó un hito fundamentaly constituyó parte del proceso pedagógico democratizador de los ‘80. Los Institutosde Formación Docente, constituidos hasta ese momento a semejanza de las escuelassecundarias, se transformaron sustantivamente por el impacto de esta Ley en los si-guientes aspectos:

n jerarquización del nivel académico de la formación, al establecer el acce-so a los cargos por concurso abierto de oposición y antecedentes;

n mejoramiento de las condiciones para el desempeño profesional al dispo-ner el nombramiento de los profesores por cargos;

n diversificación de las funciones institucionales y docentes al incluir comoparte constitutiva del puesto de trabajo las funciones de investigación, ex-tensión y perfeccionamiento (hoy formación continua) asignadas a las ins-tituciones formadoras;

n democratización del funcionamiento de los institutos, al instituir el gobier-no colegiado con representación de los claustros de profesores, alumnosy egresados;

n concepción integral e interdisciplinaria del conocimiento, materializadaen la enseñanza por áreas.

A 23 años de vigencia de esta norma que refundó los IFDC, es importante una revisióncompleta, sosteniendo los logros alcanzados y dando lugar a otras construccionesnormativas que atiendan a las necesidades actuales del nivel y a los avances sucedi-

dos a partir de la política de desarrollo institucional promovida desde el nivel nacionalpor el Instituto Nacional de Formación Docente y los acuerdos del CFE en lo referido acaracterísticas y especificidades de la formación docente de nuestro país.Por otro lado, la concepción social y democrática de la educación presente en la ley4737/11 se extiende a todos los niveles del sistema, incluyendo a los institutos superio-res de formación docente y a los institutos superiores de formación técnica-profesional.

ModalidadesLa estructura de los sistemas educativos también cuenta con Modalidades, definidassegún la Ley de Educación Nacional como “opciones organizativas y/o curriculares de la



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educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a

requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter permanen-

te o temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el

derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los

diferentes niveles educativos”. Contempla a la Educación Técnico Profesional, la Educa-ción Artística, la Educación Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos,la Educación Rural, la Educación Intercultural Bilingüe, la Educación en Contextos dePrivación de Libertad y la Educación Domiciliaria y Hospitalaria.

Asimismo, la normativa nacional permite a las jurisdicciones la definición con carácterexcepcional de otras modalidades de la educación común, cuando los requerimientosespecíficos de carácter permanente y contextual así lo justifiquen.

En la Ley Orgánica de Educación 2444/91, las Modalidades que figuran son incluidasen el Artículo 36: “Los servicios educativos podrán adoptar las siguientes modalidades: a)

Común: 1.- Urbana. 2.- Rural. b) Técnica: 1.- Urbana. 2.- Rural. c) Especial. d) Adultos”.

Es importante mencionar que actualmente en la normativa provincial no se encuen-tran definidas modalidades que efectivamente se desarrollan en la provincia como: laeducación virtual, la educación hospitalaria y domiciliaria, la educación interculturalbilingüe, la educación en contextos de encierro, las propuestas de alfabetización y deeducación permanente. Estas modalidades, además de su reconocimiento en el marcolegal, requieren una revisión y actualización de contenidos, orientaciones y formatosescolares que nos comprometemos a realizar.

Así tampoco se encuentran contempladas las modalidades Artística y Educación Físi-ca que, incorporadas al Estatuto Docente de 1964, tuvieron un desarrollo discontinuoen el sistema educativo provincial.

Por eso, nuestra gestión incorporó la Dirección de Educación Física entendiendo lanecesidad de garantizar, en los distintos niveles educativos, el derecho al desarrollodel cuerpo y del movimiento como parte integral del sujeto, bajo configuraciones talescomo: el deporte, la recreación, la vida en la naturaleza, la actividad física en general

y la salud. A su vez, necesitamos discutir cómo potenciar el desarrollo de la formacióndocente en el campo, que sirva a estos fines.

Por su parte, nos interesa avanzar en la organización del área de Educación Artís-

tica, por cuanto constituye un campo fundamental de conocimiento que potencia elpensamiento creativo, crítico y divergente, expresado a través de distintos lenguajes:música, plástica, teatro, danza, literatura, lenguajes audiovisuales y multimedial. Sudesarrollo resulta estratégico en la educación común para potenciar el análisis críticode la realidad y propender a la distribución democrática de los bienes culturales y surecreación desde distintos contextos. En el debate nos interesa sumar ideas respecto

de cómo conformamos esta modalidad y cómo desarrollamos la formación docente enestas disciplinas.



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En el caso de la Educación Técnico Profesional vale mencionar el impulso que el Go-bierno Nacional le ha dado a esta modalidad, en un contexto de crecimiento productivoy desarrollo de una clara política de agregar valor a la producción local. La sanción dela Ley 26058 de Educación Técnico Profesional fue una primera señal del nuevo lugar

que esta modalidad asumiría en el proceso productivo nacional. A través del INET (Ins-tituto Nacional de Educación Técnica) se han invertido más de 600 millones de pesosen recursos para sostener y mejorar esta modalidad en todo el país y que nuestra pro-vincia aún no ha aprovechado estratégicamente.

La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos también requiere de un lugar desta-cado, ya que el 60% de la población adulta y joven no ha completado aún su derechoa la educación. El desafío está en idear diferentes estrategias y dispositivos para llegara esta población, a sus necesidades y características, respetando el principio querefiere a la necesidad de que el adulto sea partícipe activo de su propio proceso deaprendizaje, que cumplimente la educación obligatoria, que desarrolle sus capacida-des de participación, que mejore sus posibilidades de inserción laboral, que certifiquesaberes adquiridos a través de la experiencia laboral.

La EPJA está destinada a la alfabetización, al cumplimiento de la obligatoriedad esco-lar y a la educación permanente. Es el espacio educativo destinado a la restitución dederechos que permita a los sujetos destinatarios un salto cualitativo, tanto en la propiaautoestima como un real acceso a una formación crítica, que sea promotora y alenta-dora de una continuidad en la formación permanente4. En el marco de este debate, esimportante definir sus propósitos, sus destinatarios y su estructura, señalando que lareciente creación de la dirección de Educación de Adultos constituye el primer pasode un fuerte compromiso con la modalidad.

La Educación Rural también ha sido una de las modalidades más postergadas, y en laque más derechos habrá que fortalecer, en especial en lo referente a cómo garantizarlos desafíos de la obligatoriedad y la expansión de los servicios en una provincia deextenso territorio y múltiples parajes de poca población. Creemos que la nueva LeyOrgánica de Educación debe contemplar un capítulo que trate las especificidades dela Educación Rural, donde se resignifique su valor y el lugar significativo que ocupa,

como espacio público, la escuela rural en los parajes de nuestra provincia.

En ellas se nuclea la comunidad y en muchos lugares se constituye en el centro de lavida pública. El gobernador en su discurso inaugural de las sesiones legislativas desta-có: “Defendemos la ruralidad y el hábitat donde las familias nacieron y se criaron...”,enfatizando la necesidad de asegurar que los niños estudien en su lugar de origen y nose vean obligados a emigrar de sus parajes para acceder al derecho a la educación.

La Educación Especial también estaba incluida en la Ley Orgánica de Educación pro-

4 - Propuesta para la Discusión en la EPJA “Movimiento por una Educación Nacional y Popular” Comisión EPJA. S.C. de Bariloche. 2011



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vincial actual. Sin embargo, el cambio de paradigmas en estos temas nos obliga aampliar el debate para promover una sociedad realmente inclusiva. Debe reconocerseun gran avance en la consideración conceptual del derecho a la inclusión de las per-sonas con discapacidad que ha existido en nuestro continente en los últimos treinta

años, lo que se ha traducido en normas internacionales y nacionales, aún de rangoconstitucional, que rechazan todo tipo de discriminación y promueven la equiparaciónde oportunidades tendientes a un proceso integrador que derive en una vida adulta yautónoma con el mayor autovalimiento posible.

Queda, sin embargo, la enorme tarea de llevarlas a la práctica, a la realidad concreta,efectiva, cotidiana de este heterogéneo colectivo, traducido en políticas públicas que,en forma constante y progresiva, permitan la realización de los derechos de las perso-nas con discapacidad.

Equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico

Los equipos técnicos de apoyo pedagógico trabajan en la instalación y redefiniciónde temáticas relativas a la inclusión y a garantizar la educación como un derecho so-cial, desde un abordaje institucional e interinstitucional. Propician espacios colectivose interdisciplinarios de construcción del concepto de inclusión como valor y generadorde oportunidades que sustentan prácticas democráticas en el Sistema Educativo. Nosinteresa en este enfoque trabajar prioritariamente con la institución educativa, acompa-ñando la tarea pedagógica en todas sus dimensiones.

Por último, más allá de las Modalidades que se definan en la nueva Ley Provincial, y laestructura que se adopte, será necesario fijar un marco de flexibilidad cuando se tratede experiencias educativas particulares que ayuden a encontrar un mejor camino paragarantizar el derecho social a la educación de cada rionegrino.

Para el Debate:Proponemos el debate sobre la estructura del sistema educativo

y modalidades, dando cuenta de aportes y argumentos para enriquecer

este diseño. Para ello, es bueno partir de la experiencia que como docentes, estudiantes,

o padres y madres con hijos en edad escolar, han adquirido sobre la realidad de los Ni-

veles y Modalidades de nuestro sistema educativo.

5. Participación y Gobierno de la Educación

Como en otras oportunidades de nuestra historia educativa, nuevamente hoy llama-mos a la sociedad a formar parte del Gobierno de la Educación, apelando a principiospolíticos que se expresan en conceptos tales como: democratización, participación,representación y descentralización.

Convencidos de que estos conceptos contienen más de un significado y fueron utili-



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zados para referir a situaciones, procesos y modelos político pedagógicos contradic-torios, nos proponemos recuperar las investigaciones de nuestra Universidad Públicapara poder identificar, en los procesos vividos, los mandatos autoritarios y las contra-dicciones que impidieron el desarrollo de una democracia sustantiva.

Deseamos que el debate de este documento nos brinde herramientas conceptualespara establecer las definiciones que deben ser incorporadas en la nueva ley y permitaconstruir una escuela donde la participación real y la solidaridad puedan constituir unaexperiencia colectiva que nos permita avanzar hacia la democracia real que anhelamos.

Historia y tendencias en el Gobierno de la Educación de Río Negro1

Desde la sanción de la primera Constitución Provincial de 1957 y las primeras norma-tivas educacionales impulsadas por la Legislatura Provincial entre 1958 y 1964, Río

Negro reconoce al Estado como garante de derechos civiles, políticos y sociales, y enesta línea se consagra al Estado como principal agente educativo, garante del derechoa la educación bajo los principios político-educativos de laicidad, obligatoriedad, gra-tuidad y co-educación. La primera Ley Orgánica de Educación del año 1961 recuperaeste mandato constitucional y establece que el gobierno de la educación es ejercidopor un cuerpo colegiado (Consejo Provincial de Educación), donde tienen represen-tación los padres, los maestros en ejercicio y el Ejecutivo. Cabe mencionar que estaestructura de gobierno escolar se sostiene en todos los periodos de gobierno, si bienen cada uno de ellos su carácter fue distinto.

n

En la etapa fundacional del sistema Educativo Provincial (1958 –1966), los esfuer-zos educacionales estuvieron dirigidos a ampliar el acceso a la escuela, recono-cer el derecho a la educación, erradicar el analfabetismo y posicionar al docentecomo el encargado de llevar la cultura a través de la escuela por el vasto territoriorionegrino. El sentido de la participación de los padres en el CPE tenía entoncesla función de control moral de los docentes y no el de representación política.

n

En los periodos de facto (1966-1973, 1976-1983), la política educacional se ca-

racteriza por los procesos de transferencia de los servicios educativos nacio-nales, el disciplinamiento y control de las escuelas y docentes, la segmenta-

1–Este apartado retoma las principales conclusiones de las siguientes producciones académicas del Departamento de Política Educa-cional – F.C.E. – U.N.Co.Barco, S. y Pose S. (2007) “Las políticas educativas en la provincia de Río Negro: reforma curricular con participación en los ochentay “contrarreforma” neoconservadora en los 90. Su impacto en las condiciones socio-educativas a partir de los datos censales.” Depar-tamento de Política Educacional – F.C.E. – U.N.Co. Ponencia publicada en UNC, V Jornadas de Investigación en Educación, Córdoba,ISBN: 978-950-33-0604-8.Barco, S y. Mango M (1999) “Bases constitucionales y legales en la educación en la Provincia de Río Negro” En “Estado y Educación enlas provincias.” Miño y Dávila Editores. Madrid – Buenos Aires.Barco, S y Pose, S (1999) “El impacto de las políticas educativas de la década del 90. Entre la descentralización de la ejecución y la centra-

lización de la decisión y del control. Un estudio provincial” - Ponencia presentada en el “IV Congreso Latinoamericano de Administraciónde la Educación”, Universidad Nacional de General San Martín, Buenos Aires.



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ción y discriminación educativa, en el marco de la cancelación de toda garantíaconstitucional y derechos. La represión de la dictadura se expresó a través delos decretos de cesantías, las intervenciones de las instituciones educativas, lapersecución política y la desaparición de docentes y estudiantes. El gobierno

de la educación rionegrina no fue ajeno a la tendencia general de los periodosautoritarios y se convirtió, de hecho, en el instrumento necesario para efectivizarlos objetivos de la última Dictadura Militar en la Provincia. Entre 1976 y 1983, elCPE se reorganiza jerárquicamente mediante una estructura desconcentrada, conla simultánea recentralización de la toma de decisiones por parte de los militares acargo del gobierno. Las delegaciones regionales que asumieron la función de eje-cutar los mandatos políticos emanados del presidente del CPE y la de controlar a lossubalternos sin tener injerencia en la toma de decisiones. El resultado de este proce-

so consolida una estructura jerárquica, piramidal de control y fiscalización que poco

se ha modificado hasta la fecha.

n

La recuperación democrática de 1983 promovió una tendencia político educa-cional orientada a democratizar la escuela y a revertir las relaciones autoritariasheredadas de la dictadura. Estos principios fueron explicitados en el texto dela ley 2444/91, proponiendo un modelo de gobierno de la educación estructu-rado sobre organismos colegiados de distinto nivel: en la base, los ConsejosEscolares de Escuelas, definidos como modelos organizativos de participación,para los cuales se previeron funciones de decisión sobre aspectos generales,institucionales y de convivencia y funciones consultivas en los aspectos técni-

co pedagógicos; los Consejos Zonales –estructuras intermedias con funcionesde administración – y el Consejo Provincial de Educación como organismo demáxima definición política. Los argumentos que defendieron esta propuesta secentraron en el concepto de descentralización democratizadora2. Esto suponeque el Estado, sin desentenderse de su responsabilidad principal como garantedel derecho a la educación, democratiza la toma de decisiones permitiendo ladistribución del poder hacia las bases.

n

Durante la década del 90’, se sucede la sanción de diferentes normativas me-

nores, en franca contradicción con lo estipulado en la Ley Orgánica de Educa-ción Nº 2444/91, que consolidaron en la práctica una conducción jerárquica y

centralizada del gobierno de la Educación3, y modificaron de hecho el significa-

2 - Para autores como Héctor Félix Bravo y Jordi Borja, la descentralización es considerada como una política de fortalecimiento de la sociedad civil y desu participación en la toma de decisiones político-educativas. En este enfoque se inscriben las concepciones más progresistas que asocian el concepto“descentralización educativa” a la “democratización del gobierno de la educación”. Desde este sentido atribuido al concepto descentralización, el Estadoy los entes de representación ciudadana constituyen los sujetos que reciben, a través de las competencias descentralizadas, distintos tipos de recursos depoder. Constituye entonces una política de empoderamiento que amplía los espacios de deliberación propios de la democracia.

3 - Se entiende como centralización el “proceso o situación en que el poder se ha concentrado de algún modo en manos de personas cada vez menosnumerosas y que se consideran el foco de una estructura concéntrica de dominación, el cual irradia de esta suerte del centro a la periferia. Le acompaña

una reducción en la independencia de decisión o en la autonomía local de los grupos y personas subordinados. Ver: Pratt Fairchild, H. (edit.), (1966):“Diccionario de Sociología”. Fondo de Cultura Económica. México.



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do del concepto de descentralización, resolviendo la puesta en funcionamientode Consejos Institucionales a los que se les delega responsabilidades adminis-trativo financieras en sintonía con las políticas neoliberales que entienden a ladescentralización como delegación de las responsabilidades del Estado hacia

las escuelas y los sujetos. Este intento, presentado como Proyecto Kumelkan en1993, fue rechazado por el conjunto de la comunidad educativa, impidiendo suimplementación generalizada.

La democratización del Gobierno de la Educación,una deuda pendienteLa Ley Orgánica de Educación Provincial Nº 2444, aún vigente, ha sido reglamentadaparcialmente. Los Consejos Locales/ Zonales nunca se han formado ni reglamentado,y tampoco se concretó la representación de las madres y padres en el Consejo Pro-vincial de Educación. Creemos que, desde una mirada crítica sobre nuestra historiaeducacional, podremos debatir y encontrar la mejor forma de institucionalizar la parti-cipación en las decisiones político-educativas.

Para que la participación sea real y no meramente simbólica o declamativa es nece-sario institucionalizar espacios donde cada uno pueda comunicar ideas y ejercer lacapacidad de decisión de acuerdo a distintos niveles de gobierno. Desde el Ministerioy desde las escuelas, muchas veces solicitamos el compromiso y la participación delas comunidades, pero no generamos los espacios para su participación efectiva. De

esta manera, reproducimos un esquema donde las decisiones se toman vertical y cen-tralizadamente.

Quienes comenzamos la gestión en el Ministerio de Educación no somos neutrales,representamos los intereses del mandato popular y asumimos, desde las conviccionesque siempre defendimos, llevar adelante las transformaciones necesarias que permi-tan democratizar el gobierno de la educación y recrear una cultura de la participación.Por eso, la Ley 4737 crea los Consejos Escolares y llama a participar a los padres ymadres al Consejo Provincial de Educación. Los mecanismos transitorios que fija pararesolver la elección de los vocales que representan a los padres y madres se apoyan

en la representatividad de los órganos legislativos, en los que se expresa el pluralismode la voluntad popular. Este mecanismo es legítimo y permite poner en marcha dicharepresentación, sin esperar más. Será el debate social el que construirá el mecanismodefinitivo de participación.

También en la Ley 4737 se fijan como funciones de los Consejos Escolares Zonales loreferente a la concurrencia en la planificación de la expansión de los servicios, en elrelevamiento de la demanda educativa de las comunidades, en la coordinación con elámbito municipal o comunal a los fines de optimizar el uso de recursos y agilizar la re-solución de los problemas y en la concreción de los censos educativos y poblacionales.

Por otra parte, así como desde el inicio de la gestión se avanzó en la democratización



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del gobierno de la educación, también se impulsó la desconcentración de la adminis-

tración de los servicios de transporte, insumos, comedor y mantenimiento de los edifi-cios, estableciendo convenios de cooperación con los Municipios. El Estado provincialcontinúa siendo responsable del financiamiento de estos servicios, razón que impi-

de su municipalización. Este modelo busca revertir la tendencia vigente a concentrardesde la capital provincial la provisión de insumos, cuestión que dio lugar también, asobreprecios e irregularidades.

En este esquema la descentralización es un medio de distribución del poder de deci-sión, por cuanto el Estado provincial descentraliza, para estar más cerca de las nece-sidades e iniciativas de cada región, coordinando compromisos con el nivel del Estadomás cercano al pueblo y estableciendo desde los Consejos Escolares Zonales el con-trol ciudadano sobre el presupuesto público y su utilización. Asimismo, hace partícipea los docentes, estudiantes, padres y madres y gobiernos locales, de las decisionespolítico-educativas.

Creemos, recuperando la mejor tradición democratizadora de nuestra provincia, que la edu-cación, para ser democrática debe basarse en una pedagogía de la democracia, que nosenseñe cotidianamente en la experiencia escolar a ser docentes, estudiantes y padres / madres comprometidos con los principios de una democracia sustantiva.

El debate sobre el tipo de gobierno escolar que queremos reactualiza el debate respectoal vínculo entre la escuela y la familia. Un nuevo vínculo entre ellas se torna indispensablepara que la condición de escolarización pueda desplegarse en un escenario en el que el

mundo privado de la familia y el público de la escuela puedan dialogar y sostener todas lascontinuidades necesarias que brinden seguridad y confianza a los niños y jóvenes.

En suma, se trata de debatir sobre la escuela en tanto espacio de vitalización de lo pú-

blico. La apuesta por una escuela abierta, integrada, dispuesta a renovar su autoridad,los saberes que transmite, el lugar del alumno y del docente y el lugar de la comunidadtoda es la que nos guía. Por ello, sostenemos que el camino que deseamos transitardebemos encontrarlo colectivamente y con este objetivo los convocamos a que estedebate deje de ser un asunto pendiente para convertirse en el asunto que nos ocupe deacá en adelante.

6. Financiamiento de la Educación

El desafío de recuperar una escuela pública de calidad que garantice el ejercicio delderecho social a la educación implica una decisión colectiva respecto de su financia-miento. Durante la hegemonía neoliberal nos acostumbramos a escuchar conceptostales como “costo educativo” y “gasto en educación”. En contraposición a ellos, acor-damos con las posiciones que entienden al financiamiento de la educación como unainversión y no un gasto.Las fuentes legítimas del financiamiento de la inversión pública lo constituye la recau-



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dación que se realiza de impuestos provinciales y de los aportes transferidos desdeNación a través de la coparticipación federal. Si bien desde 1853 la Constitución Na-cional establece la autonomía de las provincias para administrar los sistemas educati-vos públicos, la Nación se obliga a establecer acciones concurrentes que complemen-

ten las posibilidades financieras de cada jurisdicción.

En la provincia de Rio Negro hoy se requiere de una fuerte inversión para revertir añosde vaciamiento y abandono de todos los componentes que hacen a la calidad educati-va. Aunque atravesamos una coyuntura signada por un fuerte endeudamiento financie-ro, en el presupuesto educativo para el 2012, se tomó la decisión política de destinarfondos extraordinarios para afrontar la emergencia educativa.

Es necesario remarcar el compromiso del Gobierno Nacional para que Río Negro pue-da afrontar la situación heredada de décadas de vaciamiento y ajuste estructural, y almismo tiempo nos permita recuperar al Estado Provincial como garante efectivo delderecho a la educación. En este sentido, creemos que el debate debe propiciar unarevisión de lo actualmente estipulado en las normativas provinciales para el financia-miento de la educación y, si esto es suficiente, para el cumplimiento de los fines edu-cativos propuestos.

El presupuesto educativo hoy representa el 33 % de las Rentas Generales, tal comoestá estipulado en la Constitución Provincial. Si bien esto se cumple, los objetivos pro-puestos de ampliación de la cobertura, tiempos en la escuela y dignificación de lascondiciones materiales nos obligan a debatir cómo se atiende este avance en la de-mocratización de la educación, ya que requiere de mayor inversión que el esquemaactual, que funciona con las deficiencias que todos conocemos. Creemos que éstadeberá ser una discusión seria, ya que hablamos de los fondos que aporta la socie-dad en su conjunto; por lo tanto, más que un mero reclamo, se debe tomar como uncompromiso de definir quiénes y de qué forma aportan para sostener el derecho a laeducación.

Por otro lado, deseamos poner sobre la mesa del debate las características que debeasumir el sistema administrativo del Consejo Provincial de Educación, para optimizar

los recursos escasos y dotar de efectividad a la política educativa.

Recordamos el mensaje que nos diera el Gobernador respecto de la situación actual:“Ahora, todos tenemos que asumir que este nivel de gasto, que esta manera de recaudar,

que este statu quo vigente no puede seguir (…) En su estructura económica financiera, es un

Estado inviable y todos, desde este Gobernador, desde esta Legislatura, desde la oposición,

desde los dirigentes gremiales, todos tenemos que asumir que tenemos que poner en crisis

y tenemos que discutir si lo que se hizo está bien o está mal, y tenemos que tomar las deci-

siones que haya que tomar para que este Estado sea un Estado garantizador de derechos,

prestador de servicios y constructor de obra pública. (A. Weretilneck 1/3/12 – Apertura de

Sesiones Legislativas).En este sentido, acompañamos al Gobernador en su propuesta de potenciar el uso



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de los recursos estatales mediante el trabajo conjunto y articulado con los gobiernosmunicipales, para evitar superposición de intervenciones y asignaciones, mejorandola calidad de la inversión pública.

El modelo de desconcentración administrativo que acompaña a la democratización del

gobierno de la educación cumple la doble función de abrir la participación social enel proceso de toma de decisiones y, a su vez, optimizar el uso de los recursos a travésdel control ciudadano sobre el presupuesto educativo.

Para el debate:¿Qué otras fuentes de financiamiento podremos definir parasostener las nuevas políticas de ampliación de derechos yde mejoramiento de la infraestructura?

7. Lugar de la Educación Pública Estataly de la Educación Privada

El Sistema Educativo Nacional y provincial se caracteriza por ser un sistema mixto en elcual el Estado reglamenta los requisitos para la habilitación de los agentes educativosprivados y fija las condiciones para la oficialización de los títulos.

El debate sobre el lugar de lo público y lo privado en educación ya se encuentra pre-sente en nuestra conformación como Estado Nacional y en las diferentes interpretacio-nes que se han realizado del art. 14 de la Constitución Nacional que reconoce, paratodos los habitantes, el derecho de enseñar y aprender.

Quienes afirmamos la Principalidad del Estado sostenemos que el derecho de apren-der se constituye en el Derecho fin y que, subordinado a éste, se encuentra el derechode Enseñar como derecho medio5 que complementa la acción del Estado Docente,única garantía en sociedades desiguales de que todos puedan ejercer el derechosocial a la educación. Este principio reconoce el ejercicio del derecho de enseñar de

acuerdo a las regulaciones que establecen los poderes del Estado en nuestra formade gobierno republicana.

Quienes privilegian el derecho de enseñar por sobre el derecho constitucional deaprender defienden el principio de subsidiaridad en la relación Estado–Educación, re-conociendo a la familia como agente natural y primaria de la educación y a la sociedadcivil como responsable de complementar la acción educadora de la familia. El Estado,en esta concepción, debe cumplir un rol secundario, ofreciendo una red de contenciónsocial a quienes no puedan proveerse de la educación en el mercado. Los principiospolítico–educativos que sostienen son la autonomía pedagógica del agente educativo

privado, el pluralismo escolar y el reparto proporcional de los fondos públicos, comogarantía de la libertad de enseñanza. El Estado, en esta perspectiva, establece míni-mos controles y financia las iniciativas privadas de la sociedad civil.



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Creemos que la legislación educativa, orientada por el principio de Principalidad delEstado, enfatiza el carácter público de la educación en tanto derecho y ubica al Estadocomo titular de la obligación. La dimensión pública, colectiva de la educación, comoherramienta que viabiliza un proyecto social democrático, supone fijar prioridades. Elobjetivo que todos debemos conquistar es el de garantizar una educación pública y

gratuita de calidad sin por ello dejar de reconocer las acciones de instituciones priva-das que, sin perseguir fines de lucro, complementen la acción estatal, conformando unsistema único de educación común.

Asimismo, consideramos necesaria la regulación estatal de la actividad educativa pri-vada para garantizar que los proyectos educativos de las instituciones particulares nocontradigan los principios del sistema republicano y los fines y valores democráticos.

Tal como lo señalábamos anteriormente, la tradición jurídica de la provincia en mate-ria educativa sostiene la principalidad del Estado, expresando en el art. 63 inc.6 dela Constitución Provincial que “en las escuelas privadas la enseñanza es libre, pero debe

sujetarse a las leyes y reglamentos escolares en cuanto al mínimo de enseñanza y régimen

de funcionamiento. No se reconocen oficialmente más títulos y diplomas de estudios que los

avalados por el Estado Nacional o Provincial. La ley reglamenta la cooperación económi-

ca del Estado sólo en aquellas escuelas públicas de gestión privada, gratuitas, que

cumplan una función social, no discriminatoria y demás requisitos que se fijen”.

Reconocemos también que, en la etapa de hegemonía neoliberal, debido al abandonodel Estado en su función educadora, surgieron iniciativas de organizaciones socialesque cubrieron la ausencia del Estado y posibilitaron el acceso al derecho a la educa-ción en forma gratuita, bajo principios de solidaridad social. Estas instituciones fueronreconocidas en la Ley de Educación Nacional como escuelas de Gestión Social.

Nos interesa que debatamos cómo avanzamos en un sistema educativo que nos permitarecuperar, junto a las acciones educativas de instituciones privadas que no persiganfines de lucro, una educación pública de calidad dado que:

“En educación, como en otras esferas, lo no estatal es privativo de grupos

o sectores particulares y no está abierto al debate general. Lo estatal, en

cambio, se concibe como ámbito privilegiado de lo público, como ámbi-to de la deliberación y conformación de la voluntad ciudadana general, y

debe ser defendido como tal.

Sin embargo, estos rasgos aún de estar presentes no agotan el carácter de

lo público: lo estatal debe ser democrático y lo democrático debe ser popu-

lar. Esto requiere que se desarrollen los intereses democráticos y populares

en la acción estatal, que las mayorías expresen y realicen su voluntad.

Conceptualmente en nuestro país educación pública y educación estatal son sinónimos; sin embargo, tampoco en educación lo estatal es naturalmente

público, y es necesario bregar por hacer de la educación estatal una educa-



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ción realmente pública; es decir, con participación de los sectores populares

y en función de sus intereses. “(Hillert, F; 2011:39)6

Para el Debate:En esta etapa en que el Estado recupera un lugar principal,

se torna necesario abrir el debate intercambiando propuestas respecto de:

¿cuál debe ser la relación del Estado con las escuelas no estatales en general, de

modo de articular un sistema único de educación?, ¿qué requisitos se deberán fijar

para su habilitación y reconocimiento oficial de los títulos? y ¿qué criterios se fijan para

la cooperación estatal?

8. Sujetos Colectivos (docentes, estudiantes,comunidad educativa). Derechos y responsabilidades

En este último eje proponemos debatir sobre las posibles actualizaciones y nuevasdefiniciones en lo referido a los capítulos de la Ley Orgánica de Educación Nº 2444que establece derechos y deberes para los estudiantes, los docentes y la comunidadeducativa. Se legisló sobre esta materia en el Capítulo II, art. 6º, 7º y 8º; en el Titulo II,Capítulo II Funcionamiento y Convivencia Institucional y en el Titulo IV que refiere alpersonal docente.

Los invitamos a pensar sobre las distintas funciones, responsabilidades, obligacionesy derechos de los diferentes sujetos colectivos que participan de la educación, ensintonía con la escuela que deseamos construir para que los fines de la educación selleven a la práctica.

En la normativa vigente, los docentes son enunciados como trabajadores de la edu-

cación. Creemos que esta definición, en el marco jurídico, es una conquista del sectordocente organizado que no puede ser revertido, por lo que invitamos a debatir sobresus derechos y responsabilidades, sin perjuicio de los derechos laborales que les co-rresponden, de acuerdo a otros preceptos constitucionales y legales.

De igual manera, esperamos avanzar en definiciones legales que reconozcan a los su-

jetos que aprenden como sujetos de pleno derecho, que se reconozca su derecho a laformación de centros de estudiantes y a su participación en la evaluación institucionaly del desarrollo curricular. Es la oportunidad para escuchar a los niños y niñas, a losjóvenes y a los estudiantes de los institutos superiores sobre aquellos aspectos de suexperiencia escolar que consideran necesarios transformar.Por ello, en la metodología del debate incluiremos actividades por escuela para que losestudiantes puedan intercambiar ideas respecto de sus posibilidades de participación

6 - Hillert, Flora (2011) “Políticas curriculares”. Sujetos sociales y conocimiento escolar en los vaivenes de lo público y lo privado.Colihue Editorial. Buenos Aires.



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real en las instituciones educativas, de modo de identificar las regulaciones, concep-ciones y prácticas que obstaculizan o favorecen su ejercicio.

Con respecto a los padres y madres, nos interesa que debatan sobre las formas queresulten efectivas para participar en el acompañamiento de los procesos educativos

de sus hijos y en los diferentes cuerpos colegiados del gobierno educativo: vocal delCPE en representación de padres y madres, y representante en el Consejo Escolar Zonal

Para el Debate: Este último eje del debate condensa la institucionalización

necesaria para el compromiso de todos los actores intervinientes

en el proceso educativo. ¿Qué derechos y responsabilidades necesitamos establecer en

la nueva ley?



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Participá del DebateComisión ConsultivaForos de debateJornadas InstitucionalesConsejos EscolaresEncuentros en escuelas

educacion.rionegro.gov.ar

[email protected]

Ministerio de Educación Río Negro

@MinEduRN



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debate ley documento base

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