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1 El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor, que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

DA 46/18 03/11/18 Maestro

Fausto Carbajal Glass1

Alcances y límites de la doctrina de contrainsurgencia en el contexto mexicano

RESUMEN1

Durante la última década, la doctrina de contrainsurgencia (COIN) ha sido considerada a nivel internacional

como una forma para hacerle frente a los casos actuales de violencia armada. En el contexto del combate a

la delincuencia organizada en México, la doctrina COIN ha sido examinada como una alternativa para

contrarrestar la violencia de las organizaciones delictivas, toda vez que –se ha argumentado- éstas

representan un caso de insurgencia contemporánea (específicamente, de insurgencia criminal).

Este artículo busca contribuir al debate en torno a la posibilidad de entender a la violencia armada en México

a la luz del fenómeno de insurgencia y, más importante aún, que este entendimiento pueda traducirse en

políticas públicas cuya plataforma teórica y doctrinaria esté inspirada en la COIN. En este sentido, aun cuando

se reconoce que ambos fenómenos llegan a compartir algunas características, el presente documento

sostiene que es un error epistemológico estudiar a la delincuencia organizada en México –y casos similares

en otros países- como una expresión de insurgencia criminal.

Adicionalmente, si bien este documento reconoce que un enfoque de COIN puede contribuir a mitigar la

violencia homicida en México -siempre y cuando se considere como un eslabón más de una estrategia de

seguridad multidimensional, y no la estrategia en sí misma-, también señala los alcances, límites y retos que

enfrenta en el teatro mexicano, a fin de prevenir no sólo decepciones intelectuales, sino pérdidas en dinero,

vidas y esperanza.

Palabras clave: Crimen organizado; insurgencia criminal; narco-insurgencia; violencia política;

contrainsurgencia; estrategia de seguridad, política de seguridad, state-building.

1 Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Maestro en Estudios de Guerra por el King’s College London. Es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), en donde forma parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Pública; miembro del Centro de Investigación para la Paz México (CIPMEX) y de la Federación Mundial de Estudios del Futuro (WFSF).


Fausto Carbajal Glass DA 46/18

Abstract

Over the last decade, the counterinsurgency doctrine (COIN) has been considered internationally as a way to

deal with cases of large-scale armed violence. In the context of the fight against organised crime in Mexico,

COIN theory has been examined as an alternative to counteract the violence perpetrated by criminal groups

as they are –the argument goes– a case of contemporary insurgency (specifically, criminal insurgency).

This article seeks to contribute to the debate on the possibility of understanding armed violence in Mexico

through the lens of insurgency phenomenon and, more importantly, that this understanding can be translated

into public policies inspired by COIN theory´s tenets and doctrinal approach. In this sense, although it is

acknowledged that both phenomena come to share some characteristics, this document argues that it is an

epistemological misnomer to study organized crime in Mexico -and similar cases in other countries- as an

expression of criminal insurgency as such.

Additionally, while this document recognizes that a COIN approach can contribute to mitigating homicidal

violence in Mexico -insofar as it is considered another link in a more comprehensive and multidimensional

security strategy, and not the strategy itself- it also points out its scope, limits and challenges in the Mexican

theatre, in order to prevent not only intellectual disappointments, but losses in treasure, lives and hope.

Key words: Organised crime; criminal insurgency; narco-insurgency; political violence; counterinsurgency;

security strategy, security policy, state-building.

Descripción del contenido.

El presente documento se divide en cinco secciones, a saber: a) Antecedentes, en este apartado se brindará

un contexto general del submundo criminal, especialmente sus principales cambios cualitativos en los últimos

años, a fin de ir situando al lector en el escenario mexicano; b) Breve revisión crítica del concepto insurgencia criminal, aquí se hará una revisión de la literatura que propone analizar a los grupos delictivos

en México como un caso de insurgencia contemporánea; y, por otra parte, se señalará la transformación

conceptual que, paralelamente, el fenómeno de insurgencia ha tenido en la última década; c) Primeros Apuntes, se señalarán algunos elementos que son importantes para el diagnóstico de la violencia asociada

a los grupos delictivos en México y, por lo tanto, servirán como una primera aproximación para estimar la

utilidad de la COIN para hacerle frente a dicha violencia.

En el apartado d) Alcances, límites y retos de la COIN en México, se hará un recuento de la historia y los

fundamentos de la doctrina COIN, al tiempo que se estimará la aplicabilidad de esta teoría en el escenario

mexicano; en e) Conclusiones, se presentarán algunos comentarios finales, incluida una propuesta teórica

que permita, a reserva de ser enriquecida por la comunidad, estudiar el complejo comportamiento de la



delincuencia organizada en nuestro país. Se incluyen, además, algunos siguientes pasos en la agenda de

investigación.

Antecedentes.

En no pocas ocasiones, la violencia que ejercen las organizaciones delictivas en México se encuentra en una

zona gris que navega entre los linderos del crimen y la violencia política. Esta complejidad –la cual comparten

muchos de los casos contemporáneos de violencia armada en el mundo (Ver: Norton, 2003; Kaldor, 2012)-

ha hecho que en México recurrentemente nos preguntemos ¿Cómo se previene, se disuade o se contiene la violencia de los grupos delictivos? La reconfiguración del submundo criminal en la última década ha

complejizado esta serie de preguntas, sobre todo si consideramos que la violencia homicida por la que

atraviesa el país arrojó un incremento histórico en el 2017; y que, muy probablemente, la violencia vaya a ser

superada por la del año en curso.

Por ello, para efectos del presente documento, es importante considerar dos de los cambios cualitativos más

importantes en el panorama delictivo mexicano de la última década:

a) El incremento de la presencia de organizaciones delictivas en territorio nacional. Algunas

estimaciones sugieren un incremento del 900% de grupos delictivos en México (Ángel, 2017). Esta

fragmentación ha generado que las operaciones de estas organizaciones hayan adquirido una

dimensión local, lo que al mismo tiempo ha generado confrontaciones más frecuentes y violentas

por las rutas de tráfico y territorios pequeños (Stewart, citado en Yaqui, 2017; Reed, 2013).

b) Esta fragmentación también ha ocasionado que las organizaciones delictivas diversifiquen sus

actividades económicas, entre las que se encuentran: la explotación y tráfico de personas; el

contrabando de armas, alcohol y/o cigarros; el robo de combustible; piratería; secuestro; asesinato

y extorsión, por mencionar algunas.

En resumen, el submundo criminal en México se ha convertido en un universo más violento y multiforme,

compuesto primordialmente por organizaciones delictivas que se han convertido en actores más

descentralizados, económicamente diversos y locales, aunque esto también es reflejo en muchos casos de

una menor capacidad de organización, profesionalización y sofisticación en sus operaciones.

Si bien todavía existen organizaciones delictivas que mantienen capacidades regionales y transnacionales

para el tráfico de estupefacientes, la tendencia sugiere que este proceso de fragmentación y diversificación

seguirá intensificándose en el largo plazo.



Breve revisión crítica del concepto insurgencia criminal.

El hecho de que la violencia de las organizaciones delictivas en México transgreda las líneas del crimen y la

violencia política, ha despertado un profundo interés, así como un intenso –y necesario– debate para

entender su naturaleza y sus objetivos.

En este sentido, desde hace por lo menos una década algunos académicos, practicantes y tomadores de

decisiones han tratado de entender a las organizaciones delictivas en el país a la luz de contextos de guerra

civil y del fenómeno de insurgencia. Campbell, por ejemplo, ha llegado a colocar a México en una “zona de

narco-guerra” (Campbell, 2009), en donde la delincuencia organizada y el Estado se baten por el poder, la

legitimidad y la supremacía socio-cultural. Felbab-Brown, por su parte, ha destacado cómo los grupos

delictivos no sólo han demostrado recurrentemente estar dispuestos a enfrentar a las fuerzas de seguridad

mexicanas, sino “que dominan la vida de municipios enteros y su alcance se extiende a los gobiernos

estatales” (Felbab-Brown, 2013, 148).

Derivado de lo anterior, es frecuente que se utilicen conceptos como insurgencia criminal para explicar el

comportamiento de la delincuencia organizada en México –y particularmente el uso que hacen de la violencia

(Ver: Longmire 2008; Sullivan 2009; Brands 2009; Sullivan y Elkus 2010; Sullivan y Bunker 2011; Bunker

2011; Grillo 2011; Sullivan y Bunker 2012; Sullivan 2012; Schedler 2014; Ehrlich 2017).

En este sentido, Sullivan y Bunker se refieren de manera genérica a la insurgencia criminal como “una forma

contemporánea de conflicto donde el crimen y la política convergen” (Sullivan y Bunker, 2012, 18). Al

respecto, la definición de Christian Ehrlich arroja más luz para estudiar el comportamiento de las

organizaciones delictivas, y con ello sus fines, sus medios y sus procedimientos:

Una insurgencia criminal es un Actor Violento No Estatal con estructura organizativa y recursos que le permiten ejercer un control territorial de facto, mediante la violencia y el apoyo poblacional, con el objetivo de consolidar y acrecentar sus actividades ilícitas. (Ehrlich 2017, 25)

Por otra parte, es importante señalar que también ha habido un giro conceptual para tratar de comprender

los casos de insurgencia contemporánea, en donde se han incluido aspectos propios del crimen organizado

(Ver: Collier 2000; Berdal y Malone 2000; Kilcullen 2006; Kilcullen 2009; Collier et al 2009; Jones 2017). En

particular, Kilcullen (2006, 124) sugiere que:

…las insurgencias contemporáneas difieren significativamente de aquellas de 1960. Los insurgentes pueden no estar tratando de derrocar al Estado, pueden no tener una estrategia coherente, o pueden perseguir un enfoque basado en la fe difícil de contrarrestar con los métodos tradicionales. (Kilcullen 2006, 124)

Collier (2000 y 2009), por otro lado, ha denominado a la insurgencia -o rebelión- como una actividad

cuasicriminal, en donde la avaricia de los grupos insurgentes los hace emplear la violencia armada. Se podría

decir, en síntesis, que para algunos sectores académicos y políticos el crimen organizado se ha deslizado al



ámbito de la insurgencia; y, por otra parte, la insurgencia contemporánea también se ha ido deslizado al

ámbito del crimen organizado (Ver: Diagrama 1).

Diagrama 1. Evolución del estudio de la insurgencia y el crimen organizado.

Fuente: Elaboración propia

Primeros apuntes.

Estudiar al fenómeno del crimen organizado en México como un caso de insurgencia podría ser engañoso y

arriesgado. Este giro epistemológico no sólo influye en la academia, sino que también tiene implicaciones en

la formulación de políticas públicas en materia de seguridad. Como Schneider e Ingram han sostenido, las

políticas están basadas en supuestos, valores, normas, principios y entendimiento que dan forma a su diseño

e impactan en su implementación. Por ello, conviene hacer algunos apuntes en torno al ensanchamiento de

los conceptos de insurgencia y crimen organizado, así como de sus implicaciones teóricas (Schneider e

Ingram, 1993, 336).

Iniciaría diciendo que cuando se estudia a una insurgencia como un actor violento que no busca deponer al

Estado y, por lo tanto, no busca transformar el orden político y social existente, se estaría reemplazando la

razón de ser de este fenómeno social (i.e. la construcción competitiva del Estado –competitive state-building–

) por un propósito considerablemente más ambiguo como es el mero debilitamiento del Estado (state-

weakening) (Lessing 2015, 1488). Por lo tanto, tal como Smith y Jones han cuestionado, esto significaría que

la insurgencia contemporánea se ha convertido, en el mejor de los casos, en una actividad de vandalismo o

bandidaje, y en el peor de los casos, en una expresión de violencia irracional y apolítica. De lo contrario, para

qué una insurgencia emplearía la violencia si no pretende cambiar el orden político y social preexistente

(Smith y Jones, 2015, 16)



En este sentido, autores que han teorizado en torno al concepto de insurgencia criminal como Grillo han

puesto al crimen organizado en la misma categoría que Al Qaeda en Irak, el Ejército Republicano Irlandés

(ERI) en Gran Bretaña, o la Euskadi Ta Askatasuna (ETA) en España:

Muchos de los grupos insurgentes clásicos no han tratado de tomar el poder. Al Qaeda en Irak tiene solamente un millar de efectivos y no tiene posibilidad de derrotar al gobierno en turno. El ERI o la ETA tampoco tenían posibilidad de tomar el poder, pero pelearon como una forma de ejercer presión. (Grillo 2011, 205)

No obstante, Grillo parece omitir el hecho de que Al Qaeda, por ejemplo, tenía claramente un proyecto

político, que era establecer un califato como producto final de una lucha prolongada (Bin Laden, 2005: 121;

Habeck, 2012).

Figura 1: Miembros de Al Qaeda combatiendo en Alepo, Siria, en el año 2014.

Fuente: Getty Images.

Hacer esta distinción tiene una implicación teórica de suma importancia para el estudio de la violencia ejercida

por la delincuencia organizada. Como advierte Lessing, el concepto de insurgencia criminal no explica por

qué los grupos delictivos en México deciden confrontar al gobierno aun cuando no pretenden deponerlo o

escindirse de él; sobre todo si, además, consideramos que el crimen organizado generalmente prefiere

mantenerse fuera del radar gubernamental (Hagedorn, 2005, citado en Lessing, 2015, 1488).

En este sentido, la distinción que hace el Manual de Campo 3-24 de Contrainsurgencia (FM3-24) del Ejercito

de los Estados Unidos de America (EE.UU.) entre intereses políticos y consecuencias políticas podría

contribuir al estudio de la violencia por parte de los grupos de la delincuencia organizada en territorio nacional:

Alcanzar la victoria todavía depende de la habilidad de un grupo para movilizar apoyo para su interés político (frecuentemente religioso o étnico) y de generar suficiente violencia para conseguir consecuencias políticas. (FM3-24 2006, 4)



En vez de concentrarnos en el objetivo político de un grupo delictivo –que no es claramente identificable–,

sería más útil enfocarnos a la implicación política que éste pretende crear al hacer uso de la violencia:

¿disuadir o coercer a un gobierno de futuras acciones en su contra?, ¿intimidar o diezmar a organizaciones

criminales rivales? Seguramente el crimen organizado, parafraseando a Clausewitz, utiliza la violencia para

obligar a sus rivales –otros grupos delictivos y/o gobierno– a hacer su voluntad (Clausewitz, 1976, 75), No

obstante, dicha violencia tendría que ser interpretada más como una forma de generar condiciones políticas

favorables a sus objetivos económicos (el dinamismo de las actividades a las que se ha diversificado).

Un apunte adicional se desprende de lo anterior y tiene que ver con el aspecto político de la delincuencia

organizada en México, sobre todo en el contexto de una mayor fragmentación, diversificación y focalización

de los grupos delictivos, como se mencionó en el apartado 2, Antecedentes. Al respecto, es innegable que

la violencia ejercida por la delincuencia organizada tiene una dimensión política. Pero, contrario a la

insurgencia, su esencia radica en la forma como el crimen organizado se relaciona con el poder, siendo su

principal característica que se encuentra conectada directamente con la concentración y conservación del

mismo. Así lo concluyó Tilly tras estudiar el caso de los Estados europeos en el siglo XVI y XVII, en el que la

simbiosis entre el poder político y el crimen fue fundamental para la creación del Estado (state-making) y la

guerra (war-making). Por tal motivo, Tilly sostiene que “el bandidaje, la piratería, la rivalidad entre bandas, la

vigilancia (policing) y la guerra forman parte del mismo continuo” (Tilly 1985, 170).

Esto mismo podría aplicarse al caso mexicano, en donde la delincuencia organizada ha formado parte del

engranaje del régimen político (Chabat, 2005) y se ha empleado en distintos niveles de gobierno como “una

maquinaria para integrar el poder” (Astorga, 2009: 56). Contrario a ser una “batalla por el poder, la legitimidad

y la supremacía entre el Estado y la delincuencia organizada”, como Campbell sugiere, el crimen organizado

ha sido empleado por los actores políticos como una fuerza adicional en contra de sus competidores, a

cambio de darle a esos grupos delictivos libertad para operar con impunidad (Campbell, 2009).

Por lo tanto, la violencia de la delincuencia organizada no necesariamente representa un “desafío directo a

la autoridad” (Sullivan y Bunker, 2011: 753) ni una captura o suplantación del Estado mismo (Grillo, 2011:

421), sino que es el producto de múltiples dinámicas entre las que se encuentra aquella dinámica por las

disputas por la concentración y conservación del poder. Lo anterior tiene particular relevancia hoy en día si

consideramos que en el ámbito local (municipios) convergen dos dinámicas diferentes pero que intersectan

cuando se habla de violencia en México: por un lado, como se ha dicho, la mayor fragmentación del

submundo criminal y, por el otro, el proceso de democratización en México.

En cuanto a lo segundo, Villarreal ha encontrado una correlación entre la transición democrática y el

incremento de la violencia en México principalmente por un incremento en la competencia política (Villarreal,

2007, 480). Específicamente, los cambios sociopolíticos asociados al proceso de democratización en México



socavaron las estructuras de patronazgo y clientelismo lo que significó una pérdida de control social (Ibíd.,

484). Así, las transiciones políticas a nivel federal, estatales, pero principalmente municipales, contribuyeron

a “emancipar” a los grupos de poder incrustados en el paisaje político mexicano, a saber, sindicatos,

organizaciones civiles, sector privado y, por supuesto, organizaciones criminales (Aguayo, 2010). Bajo esta

dinámica, la creciente lucha por el poder político y económico incentivó la colusión de actores locales con los

grupos delictivos quienes se convirtieron en proveedores de violencia a cambio de, como ya se dijo,

impunidad y libertad de negocio.

Sería importante concluir que tanto el incremento de los actores políticos como resultado del proceso de

democratización en el país, como la reconfiguración del panorama criminal en el país, han contribuido al

incremento de la violencia a nivel local. La interacción de estas dos dinámicas podría servir para explicar, al

menos parcialmente, la violencia política que se vivió en el pasado proceso electoral, particularmente la

ejercida contra candidatos a puestos de elección popular de carácter local.

Lo anterior nos hace replantear el diagnóstico que hemos hecho sobre la violencia en México y sobre el cual

se ha diseñado e implementado política pública. En cambio, sería importante considerar las siguientes

premisas: a) El crimen organizado no es un ente monolítico. Al contrario, se trata de un ente polimórfico, por

lo que es necesario evaluar desde esa concepción las motivaciones de un grupo delictivo para recurrir a la

violencia o no, y b) que es necesario trascender la visión enfocada en la delincuencia organizada como fuente

de la violencia en México. En cambio, identificar que hay una variedad de violencias dentro de la

metanarrativa conocida como el combate a la delincuencia organizada. A continuación, se desarrolla

brevemente ambas:

a) El crimen como ente polimórfico.

Como se ha visto, la delincuencia organizada se ha vuelto más descentralizada, diversa y ha adoptado una

dimensión local. Ahora vemos, por ejemplo, casos como Guerrero en el que, según reportes de 2017 de la

Procuraduría General de la República (PGR), existen 15 organizaciones delictivas y, al menos, 40 células

criminales independientes. En cuanto a la diversificación tenemos, por ejemplo, que para el primer trimestre

de 2018 se registraron 852 actos de robo a trenes primordialmente en los estados de Puebla, Jalisco y

Guanajuato, luego de una tendencia al alza durante 2017 (ARTF, 2018); tenemos, además, que durante el

año pasado el número de tomas clandestinas para la extracción de gasolina (huachicoleo) fue de 10,363,

frente a las 6,873 tomas registradas en 2016 (PEMEX, 2018).2

Teniendo en mente esto, es necesario considerar que los grupos delictivos varían en función del entorno

(setting) y de la organización en sí misma: origen, objetivos, tipos de delitos a los que se enfoca (Ver:

2 Interesantemente, Guanajuato y Puebla se ubicaron en los primeros dos lugares, respectivamente.



Campana, 2011: 210), cultura, auto-percepción, identidad y medios de comunicación. En este sentido, habría

que preguntarse, por ejemplo, ¿cómo los grupos delictivos se relacionan con las comunidades a nivel local?;

¿cómo obtienen sus suministros y sus ingresos (inputs)?; ¿qué formas de coerción, persuasión y/o colusión

utilizan para influir en la comunidad (outputs)?; ¿qué organizaciones tienden a ser más depredadoras o

cuáles, en cambio, proveen ingresos, bienes y servicios de forma alternativa?; ¿cómo se relacionan con

actores políticos, en los diversos niveles y órdenes de gobierno, y económicos nacionales y multinacionales,

organizaciones no gubernamentales y/o medios de comunicación?

Hacer estas distinciones puede brindarnos una idea de por qué, por ejemplo, algunas políticas de seguridad,

paradójicamente, generan más agravios o mayor desconexión popular cuando el gobierno decide contener

a las organizaciones delictivas.

Por lo tanto, considerar a los grupos de la delincuencia como entes ajenos a una comunidad, cuya violencia

es el medio del que se valen primordialmente para alcanzar el control territorial, como lo sugiere Ehrlich

(2017), puede resultar insuficiente para entender la operación de estos grupos a nivel local. En cambio, es

necesario contemplar que la forma como se relaciona el crimen organizado con la población tiene diferentes

expresiones, ya que, en un contexto de fragmentación, han tenido la necesidad de hacer alianzas y

coaliciones con diversos actores locales.

b) Múltiples fuentes de violencia en México.

De acuerdo con la organización no gubernamental Semáforo Delictivo, durante el año 2017 el 75% de los

homicidios dolosos en México estuvieron conectados con el crimen organizado (Dittmar, 2018). No obstante,

esta visión de la violencia tiende a hacer invisibles otras dinámicas de la violencia en México, además de la

relacionada con el crimen organizado. En este sentido, la investigación realizada por Kalyvas resulta útil para

explicar las diversas dinámicas de la violencia en México:

Lo que a nivel macro aparenta ser violencia [étnica o sectaria], podría ser motivada, cuando se analizan los datos finos, por la disputa entre individuos, vecindarios o aldeas que adoptan una “macro-escisión” como una cobertura conveniente. Las guerras civiles, en otras palabras, no sólo politizan la violencia; también la privatizan” (Kalyvas 2015,15).

La explicación de la violencia como producto de la delincuencia organizada, omite las motivaciones públicas

o privadas de las múltiples violencias que están ocurriendo a nivel comunitario (e.g. por la conservación del

poder a nivel local, cuestiones religiosas, recursos naturales, terrenos, afrentas personales, rivalidades

familiares, intereses económicos internacionales, etc.). En razón de lo anterior, Abt y Winship han hecho

hincapié en la necesidad de enfocarse y atender la violencia comunitaria, toda vez que es la que

generalmente da cuenta de la mayor cantidad de homicidios (Abt y Winship, 2016). Por tanto, la identificación

de procesos paralelos de violencias en México puede brindar una capa adicional para analizar la violencia

que está ocurriendo en el país bajo el nombre de combate a la delincuencia organizada.



Se puede concluir, entonces, que una política de seguridad tiene que hacer una genealogía de las múltiples

violencias en México. Por tal motivo, a la explicación de la violencia en México por el combate al narcotráfico,

se le tendrían que añadir variables que reflejen los procesos de tensión social entre grupos y organizaciones

a nivel local (e.g. formas de acción colectiva y gobernabilidad, instituciones formales e informales, sistemas

de alianzas y liderazgos, etc.).

Alcances y límites de la COIN en México.

El impulso de la doctrina COIN como una forma para enfrentar amenazas complejas en el siglo XXI data de

por lo menos tres décadas.3 No obstante, tuvo un impacto global tras la publicación en 2006 del Manual de

Campo 3-24 de Contrainsurgencia (FM3-24). En palabras de la destacada historiadora en estrategia militar

Beatrice Heuser, el FM3-24 “probablemente sea el producto más sofisticado en la teoría de

contrainsurgencia” (Heuser, 2007, 169). Y también el que más influencia tuvo en la estrategia estadounidense

en Afganistán e Iraq, particularmente durante el período 2007-2009 cuando en este último país se llevó a

cabo lo que se conoce como the surge.4 Para diversos académicos y políticos, este cambio de estrategia fue

lo que permitió reducir los niveles de violencia de manera considerable, toda vez que logró neutralizar a la

insurgencia iraquí. (Ver: McCain y Lieberman, 2008; Kagan, 2009; Crider, 2009).

Figura 2: Marinos de EE.UU. en Kuwait se preparan tras recibir ordenes de marchar hacia Irak en marzo de 2003

Fuente: CNN.

No obstante, han pasado casi doce años desde que se puso en práctica el FM 3-24 y conforme ha pasado

el tiempo no sólo se ha matizado el rol que la nueva estrategia estadounidense tuvo en Irak para reducir la

3 Si bien el FM3-24 revolucionó el pensamiento y actuar militar estadounidense durante el siglo XXI, se puede decir que este movimiento irrumpió de manera clara en 1986 cuando el Gen. John R. Galvin escribió el artículo titulado “Uncomfortable Wars: Toward a New Paradigm” para el journal Parameters. Para la redacción de dicho artículo, el Gen. Galvin comisionó a su asistente, el entonces Mayor David H. Petreaus, quien a la postre se convertiría en uno de los artífices del FM3-24. 4 Un cambio en la estrategia estadounidense en Iraq que en términos generales consistió en el incremento de tropas estadounidense en territorio Iraquí –aproximadamente 30,000 efectivos- y la implementación de nuevos métodos de guerra, específicamente de contrainsurgencia.



violencia homicida5 (Ver: Biddle et al, 2012), sino que específicamente se ha cuestionado el uso de la COIN

como un enfoque para enfrentar a actores no estatales violentos (Ver: Van Creveld 2008; Gentile, 2009;

Gentile, 2013; Porch, 2013; Jones et al, 2014).

En este sentido, buena parte de la crítica que se le hace a la COIN se centra particularmente en su carácter

estratégico (Ver: Gentile, 2009; Porch, 2013; Strachan, 2010). Al respecto, recordemos que el término

estrategia se centra en la forma como interactúan los medios militares y los fines políticos. Como el historiador

militar Liddell Hart (ed. 1991) observó, la estrategia es el arte de distribuir y aplicar los medios militares para

alcanzar los fines de la política (policy).

En este sentido, Gentile considera que la COIN es una “estrategia de tácticas”, cuyos principios se han

convertido en un dogma para las Fuerzas Armadas estadounidenses pues han eliminado sus capacidades

para adaptarse a los contextos específicos. De modo que “las tácticas –esto es la implementación de la

forma– han eclipsado a la estrategia” (Gentile, 2009, 7).

De manera similar, Strachan sostiene que lo que se ha denominado estrategia de contrainsurgencia denota

una concepción muy estrecha y anticuada de lo que se considera estrategia hoy en día, toda vez que se

estaría refiriendo al empleo de la fuerza armada para el propósito de la guerra en sí misma, mas no responde

al propósito político de la guerra. Más importante aún, Strachan va más allá: si la preminencia de los

conceptos de la COIN a nivel táctico-operacional han eclipsado a la estrategia, esto ha sido por la falta de

objetivos políticos claros y una conducción política efectiva, un tema que al que volveré más adelante

(Strachan, 2010, 158-159).

En suma, es un error decir que la contrainsurgencia se trata de una estrategia que permite alcanzar los fines

políticos (ends). En cambio, es una forma de emplear los medios militares para cumplir los objetivos (aims)

a nivel táctico-operacional. Lo anterior no significa que los fundamentos de la COIN no puedan ser aplicables

al escenario mexicano. Entonces, ¿cómo los principios de la teoría COIN pueden contribuir a reducir la

violencia ejercida por los grupos delictivos?

Para responder esta pregunta, primero es necesario decir que en México el término de contrainsurgencia

tiene una connotación negativa. Por tanto, hay que señalar que el enfoque de COIN al que se refiere este

documento de trabajo es el que está plasmado en el FM3-24; es decir, el llamado “centrado en la población”

(population-centric approach), en contraste con el enfoque “centrado en el enemigo” (enemy-centric

approach). A continuación, se señalan los principios que dan forma al FM 3-24; para tal propósito, es útil la

síntesis realizada por Giantile:

5 Uno de los factores cruciales para la reducción de la violencia en Iraq, dicen los críticos de la estrategia estadounidense, fue la reconfiguración de las alianzas locales o lo que se conoce como Anbar Awakening (Ver: Long, 2008).



• Las poblaciones son el centro de gravedad y, por lo tanto, deben ser protegidas.

• Como regla, el insurgente enemigo no puede ser tan importante ni se le puede dar el mismo énfasis que la población.

• La COIN centrada en la población requiere paciencia por parte de la ciudadanía-audiencia de un país.

• Exige un cierto enfoque táctico de dispersión en pequeños puestos para vivir entre las personas y ganarse sus corazones y sus mentes; esto se ha convertido en el concepto de “clear, hold y build” –más adelante volveré a este concepto.

• La COIN centrada en la población implica acciones dirigidas a la construcción del Estado (state-building), por lo que requiere una gran inversión de tiempo para tener éxito.

• Su modelo de éxito es el esfuerzo contrainsurgente británico en Malaya.

• Su caso de estudio de fracaso es el rol de Estados Unidos en Vietnam [...]

• Su libro de texto es Counterinsurgency Warfare por el oficial francés David Galula, quien peleó en la guerra de Argelia (Giantile, 2009, 6-7).

Habiendo señalado los principios más importantes de la doctrina COIN, es momento de enfocarse al concepto

de despejar, sostener y construir (clear, hold and build) porque se considera que aquí reside la principal

riqueza, aunque, paradójicamente, también limitación de un enfoque de COIN para el contexto mexicano.

Derivado de lo plasmado en las secciones 2 y 4 (Antecedentes y Primeros apuntes, respectivamente), se

puede concluir que cualquier política de seguridad en México tiene que estar orientada desde un inicio a

restablecer el orden y generar condiciones de estabilidad a nivel local (municipal). En este sentido, reducir la

violencia en algunas regiones del país donde no se cuenta con la fortaleza institucional, podría ser uno de

los principales objetivos de una campaña contrainsurgente. En palabras del Gen. Stanley McChrystal, otrora

comandante en jefe de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Afganistán (ISAF por sus

siglas en inglés) y unos de los principales exponentes de la contrainsurgencia contemporánea: “Se tiene que

bajar la violencia, punto; y después podemos empezar con otras cosas” (en Felter y Shapiro, 2017: 50).

Es por esto que en Afganistán e Iraq los muros de concreto, los retenes y puestos de control, la dispersión

de las fuerzas castrenses y otras acciones militares formaron parte de operaciones de contrainsurgencia, a

fin de proteger a las comunidades de la rivalidad sectaria, prevenir enfrentamientos armados y cortar ciclos

de violencia.

En este punto, no obstante, la realidad en México se impone a la teoría COIN. Hay casos en donde los grupos

delictivos interactúan de diversas formas con la sociedad (más allá de la violencia), por lo que pueden llegar

a contar con una base social sólida. En estos casos, el objetivo de una campaña contrainsurgente de despejar

de miembros del crimen organizado y sostener el territorio, puede resultar contraproducente, toda vez que

podría ser visto por la población como una acción invasiva, creando más violencia de la que se proponía

mitigar.



En este sentido, conviene recordar que el uso de la fuerza militar no es en lo absoluto sustituto o suplemento

de la acción política. Por eso, el esfuerzo contrainsurgente tiene que ser pensado como parte de una gran

campaña política, siendo el propósito de ésta ganarse el corazón y la mente de la gente para generar, en

última instancia, estructuras de control, organización y movilización alternativas a las existentes en

comunidades donde los grupos delictivos tengan una base social sólida, o donde puedan existir, en palabras

de Tilly, “soberanías múltiples” (citado en Skocpol, 1979:11). Aquí reside uno de los errores más comunes

en las campañas de contrainsurgencia a nivel internacional: por medio de ellas se le pretende dar una

solución puramente militar a un fenómeno en esencia político. De ahí las críticas que se le hacen al enfoque

COIN en torno a su supuesto carácter estratégico.

Para el caso mexicano, las ganancias que se tengan en seguridad en el corto plazo como producto de las

acciones militares de despejar y sostener un territorio, se tienen que traducir forzosamente en avance político

de largo plazo. De lo contrario, el esfuerzo contrainsurgente será únicamente parte de la continuación de un

proceso de descomposición política y social a nivel local. A esto precisamente se refiere Strachan cuando

sostiene que una campaña contrainsurgente requiere de objetivos políticos claros y una conducción política

efectiva.

Dicho de otro modo, a una campaña de COIN le acompaña la voluntad política de atender la raíz de la

inestabilidad y las violencias en diversas partes del país; me refiero en particular a la ausencia del Estado en

forma de instituciones civiles. Para desarrollar el punto, permítanme explicarme de la siguiente forma:

Pensemos que hay un consenso en que la COIN es una forma efectiva para reducir la violencia producida

por la delincuencia organizada en una comunidad. De modo que las Fuerzas Armadas realizan operaciones

cuyo objetivo es recuperar territorios controlados por un grupo delictivo o grupos delictivos. ¿Y después qué

seguiría? ¿Hasta cuándo permanecerían los contingentes militares en una comunidad? Más importante aún,

¿cuál es el propósito político del uso de la fuerza militar?

Es aquí donde el tercer componente de despejar, sostener y construir adquiere sentido. Un enfoque de

COIN implica también apoyar en la construcción y/o fortalecimiento de instituciones civiles a nivel local que

detonen, a su vez, las capacidades gubernamentales, el desarrollo económico, la reforma del sector de

seguridad, entre otros. Empero, es necesario decir que esto ya no le compete al poder militar. En cambio,

implica el completo involucramiento del poder político de los distintos niveles y órdenes de gobierno para

que, por decirlo de algún modo, las expresiones más amistosas del poder nacional lleguen a aquellas

localidades de soberanías múltiples. Por expresiones más amistosas me refiero a inversión pública, o público-

privada para escuelas, hospitales, protección del medio ambiente, turismo, etc. De ninguna manera se

sugiere una política de seguridad con una óptica asistencialista, sino de la generación de plenas capacidades

institucionales a nivel local.



De no ser así, se continuará utilizando por tiempo indefinido a las Fuerzas Armadas para realizar actividades

que no les corresponde (e.g. desde repeler agresiones de civiles armados, hasta servir como oficiales de

tránsito). Un efecto no menos importante de esto es que se continuaría con un proceso de degradación en

las relaciones cívico-militares. Al menos así fue la experiencia contrainsurgente estadounidense en Iraq.

Por otra parte, en México, como en otros países, cualquier esfuerzo orientado a la construcción de

instituciones supone reconciliación social a nivel local. Teniendo esto en cuenta, la linealidad y rigidez, diría

Gentile, con la que se emplea el concepto clear, hold and build en el teatro de operaciones, resultará

insuficiente para reducir los índices de violencia en localidades donde el tejido social se ha visto seriamente

afectado durante años por múltiples dinámicas de la violencia, más allá de la del crimen organizado. En

particular, será imposible construir instituciones de unidad local (e.g. una policía municipal) si no está

precedida de un mínimo consenso social. De lo contrario, es altamente probable que la noción de despejar,

controlar y específicamente construir pueda traer inestabilidad política y social en el corto plazo (como

posiblemente está ocurriendo en Michoacán). Como ha demostrado la investigación de Theidon (2006) o

Baines (2007), los procesos de reconciliación y construcción de paz, así como mecanismos de justicia

postconflicto son prerrequisitos para la construcción de instituciones a nivel local.

Ahora bien, aun cuando se tiene clara la necesidad de construir instituciones de unidad local como una policía

municipal, esto puede conllevar costos políticos de gran importancia. Me refiero en particular a que para

construir instituciones que gocen de legitimidad, y con ello alcanzar un mínimo nivel de normalidad en las

comunidades, se tienen que tomar en consideración cuáles son sus necesidades, tradiciones, formas de

organización, pero sobre todo, sus centros de poder, es decir: a sus líderes y personas claves, algo que

posiblemente incluya a grupos delictivos que por muchos años se han convertido en condición inseparable

del paisaje político, social y económico de la localidad, y que, además, forman parte de las intricadas

relaciones y tensiones que producen múltiples dinámicas de violencia más allá del narcotráfico. Como lo ha

demostrado la investigación de Cheng (et al 2018), estos arreglos políticos están correlacionados con las

probabilidad de estabilizar entornos complejos.

Para finalizar este aparatado, sin duda las operaciones militares desde un enfoque de COIN pueden contribuir

a reducir los índices de violencia homicida en diversas regiones del país, en tanto formen parte de una

estrategia de seguridad que, a su vez, provenga de una política de seguridad que incorpore componentes de

mecanismos de solución de controversias y reconciliación, prevención social de la violencia y el delito, política

social, laboral, educativa, de salud, diplomacia y, sobre todo, de construcción de instituciones a nivel local

(Ver: Diagrama 2).



Diagrama 2. Niveles de planeación

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión.

Es innegable que el fenómeno de la delincuencia organizada representa uno de los mayores retos que México

enfrenta como nación. Pero este reto más allá de ser un desafío a la autoridad del Estado por parte de los

grupos delictivos. En cambio, es producto de diversas dinámicas y factores que actualmente impactan con

mayor intensidad a nivel local.

Es importante reconocer que entre los fenómenos de insurgencia y el crimen organizado existen

características que se traslapan. En este sentido, Hamid y Felbab-Brown (2018) son claros en señalar que

una de las diferencias más importantes entre el crimen organizado y las insurgencias, es que el objetivo y

proyecto eminentemente políticos son propios de las segundas. No obstante, los autores también señalan

que la ausencia o la falta de gobernabilidad efectiva del Estado, hace que en ocasiones ambos fenómenos

se entrelacen. Por lo tanto, podríamos concluir que es el vacío de poder por parte de un gobierno y no un

proyecto específico de los grupos delictivos lo que hace que la delincuencia organizadas adquiera

dimensiones políticas en las comunidades.

Más allá de sorprendernos, esto tendría que tomarse como una expresión natural de cómo se gesta el poder

a nivel comunitario: “el poder se produce sólo, y sólo sí, las personas se juntan para actuar, y desaparecerá

cuando, por la razón que sea, se dispersen y se abandonen unos a otros” (Arendt, 1963: 175). El poder

surgirá en todo aquel lugar en donde haya individuos dispuestos a trabajar en conjunto –ya sea que esté el

Estado o no. Clasificar a la delincuencia organizada como un caso de insurgencia contemporánea podría ser

riesgoso para el diseño e implementación de política pública. Más aún, se perdería la oportunidad de

recalibrar el uso de la fuerza en una política de seguridad.



A continuación, esbozo brevemente una propuesta teórica para estudiar el fenómeno de la delincuencia

organizada, a reserva de que sea retroalimentada y enriquecida por la comunidad. Basándose en la

investigación de Kalyvas (2015), los grupos delictivos deben ser analizados en sus propios términos, aunque

puedan contener elementos de insurgencia, y donde pueden converger factores de tipo histórico, económico,

o geopolítico (Ver: Diagrama 3).

Diagrama 3. Propuesta teórica de la delincuencia organizada

Fuente: elaboración propia

En este sentido, si la delincuencia organizada comparte algunas características de insurgencia es porque en

la metanarrativa “combate a la delincuencia organizada” cohabita una “red de rebeliones” (Staniland, 2012)

compuesta por diversos ciclos inconclusos de violencias, agravios, y anomias. Es por esto que se requiere

abrir una dimensión política que incluya elementos de gobernabilidad democrática y state-building.

Interesantemente, nos enfrentamos ante un fenómeno que, como lanza Kalyvas (2015), en vez de ser una

anomalía, podría tratarse de una trayectoria de la violencia armada en el mundo (Ver: Diagrama 4) –algo que

será importante tratar como parte de la siguiente fase en la agenda de investigación.

Diagrama 4. Posible tendencia de la violencia armada.

Fuente: Elaboración propia.



Para finalizar, considero que un enfoque COIN podría contribuir a reducir la violencia homicida en el país.

Ahora bien, los límites y los retos que enfrentaría la doctrina COIN en el contexto mexicano, son los mismos

límites y retos a los que la COIN se ha enfrentado en otros países. Por ello, es necesario mantener nuestras

expectativas a raya en torno a la utilidad de este enfoque como una forma actuar el actual contexto de

inseguridad y violencia que atravesamos. La doctrina COIN puede dar resultado cuando las fuerzas

desplegadas contribuyen a la consecución de un objetivo político (end) y no militar (aim). Sobre todo, cuando

la COIN forma parte de una estrategia multidimensional, en la que la voluntad política persista allí donde el

esfuerzo militar encuentra sus límites.



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