comisión de vigilancia de la auditoría superior de la federación unidad … · 2018-04-04 ·...

Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

1

Propuestas de

auditorías ASF 2016 (segunda entrega) YESS.docx

SERIE: ANÁLISIS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

Marzo de 2018

CUADERNO 5

ANÁLISIS DE LA TERCERA ENTREGA DE INFORMES

INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS Y DEL INFORME GENERAL

EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

Comisión de Vigilancia de la

Auditoría Superior de la Federación

Unidad de Evaluación y Control

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación LXIII Legislatura, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Av. Congreso de la Unión 66, Edificio “G” Piso 2 Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza C.P. 15960, México, D.F. ANÁLISIS DE LA TERCERA ENTREGA DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS Y DEL INFORME GENERAL EJECUTIVO DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016. FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL.

La versión electrónica de este documento se encuentra disponible en el sitio web de la Unidad de

Evaluación y Control <http://uec.diputados.gob.mx> o <www.diputados.gob.mx/UEC>

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Presidente Dip. Luis Maldonado Venegas (PRD)

Secretarios

Dip. Rafael Arturo Balcázar Narro (PRI) Dip. Marco Antonio Barranco Sánchez (PRI)

Dip. Enrique Rojas Orozco (PRI) Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (PRI)

Dip. Eukid Castañón Herrera (PAN) Dip. Minerva Hernández Ramos (PAN) Dip. Jaime Mauricio Rojas Silva (PAN) Hugo Eduardo Martínez Padilla (PRD)

Dip. Maricela Contreras Julián (MORENA) Dip. Alicia Barrientos Pantoja (MORENA) Dip. Emilio Enrique Salazar Farías (PVEM)

Dip. Claudia Sofía Corichi García (MC) Dip. Francisco Javier Pinto Torres (NA)

Integrantes Dip. Ricardo Ángel Barrientos Ríos (PRD) Dip. María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (PAN)

Dip. Pablo Bedolla López (PRI) Dip. Salomón Fernando Rosales Reyes (PRI) Dip. Paloma Canales Suárez (PVEM) Dip. María Esther de Jesús Scherman Leaño (PRI)

Dip. Araceli Damián González (MORENA) Dip. Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI) Dip. Aarón González Rojas (PRI) Dip. María Monserrath Sobreyra Santos (PRI)

Dip. Gonzalo Guízar Valladares (PES) Dip. María Luisa Sánchez Meza (PAN) Dip. Armando Alejandro Rivera Castillejos (PAN) Dip. Alma Carolina Viggiano Austria (PRI)

Mtro. Isaac Rojkind Orleansky Secretario Técnico

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA

Presidente

Dip. Edgar Romo García (PRI)

Vicepresidentes

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar (PAN) Dip. Arturo Santana Alfaro (PRD)

Dip. Martha Hilda González Calderón (PRI)

Dip. María Ávila Serna (PVEM)

Secretarios Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes (PRI) Dip. Ernestina Godoy Ramos (MORENA)

Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN) DIP. Verónica Delgadillo García (MC) Dip. Isaura Ivanova Pool Pech (PRD)

Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla (NA) Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla (PVEM)

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos (PES)

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Presidente

Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza Coordinador del Partido Acción Nacional

Dip. Carlos Iriarte Mercado Coordinador del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Francisco Martínez Neri Coordinador del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Jesús Sesma Suarez Coordinador del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Norma Rocío Nahle García Coordinadora del Partido Movimiento Regeneración Nacional

Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo Coordinador del Partido Movimiento Ciudadano

Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco Coordinador del Partido Encuentro Social

Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza Coordinador del Partido Nueva Alianza

Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la CP 2016

5

Desarrollo Social

Contenido Presentación .............................................................................................................................................. 7 1. Resumen General .............................................................................................................................. 9

1.1. Importancia de las Funciones de Desarrollo Social y su ejercicio presupuestal ......................... 9 1.2. Panorama general de indicadores sociales en 2016. ............................................................... 10 1.3. Datos básicos de la fiscalización superior IIA e IGE .................................................................. 12

1.3.1. Auditorías practicadas ...................................................................................................... 12 1.3.2. Observaciones-Acciones Emitidas .................................................................................... 16 1.3.3. Recuperaciones determinadas ......................................................................................... 18

2. Análisis de la Fiscalización al Sector Educación y Cultura .............................................................. 21

2.1. Marco de referencia ................................................................................................................. 21 2.2. Principales Hallazgos determinados por la ASF ....................................................................... 24

3. Análisis de la Fiscalización al Sector Salud ...................................................................................... 59


4. Análisis de la Fiscalización al Sector Desarrollo Social ................................................................... 88


5. Análisis de la Fiscalización en Entidades no Coordinadas Sectorialmente .................................. 107

5.1. Marco de referencia ............................................................................................................... 107 5.2. Principales Hallazgos determinados por la ASF ..................................................................... 114

6. Análisis de Auditorías vinculadas con Desarrollo Social derivadas de Denuncias ...................... 137 7. Evaluación de los Resultados de la Fiscalización Superior en funciones de Desarrollo Social ... 144

7.1. Cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la ASF ...................................... 144 7.2. Enfoque de la fiscalización superior practicada por la ASF .................................................... 145 7.3. Entorno de riesgo y conclusión de la fiscalización a Desarrollo Social ................................... 153

ANEXO. Matriz de datos básicos de las auditorías practicadas a entes vinculados con funciones de desarrollo social (IGE) ............................................................................................................................. 157


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Desarrollo Social

Presentación

Sin dejar de reconocer los varios e importantes avances en torno al desarrollo social del país en lo que va del presente siglo, mucho más es el conteo de lo pendiente por resolver, avanzar, aminorar o erradicar en las diversas vertientes que conforman el ámbito social nacional. Los cuantiosos recursos asignados por años a decenas de programas de carácter social, sin observar modificaciones sustantivas y estructurales que se traduzcan en mejores condiciones sociales de la población nacional, plantean interrogantes acerca de la consistencia entre el modelo económico-social seguido, y los objetivos nacionales de bienestar y justicia sociales planteados por los gobiernos federales en turno en sus planes de desarrollo. En otras palabras, vale preguntarse hasta qué punto las políticas públicas aplicadas durante el siglo XXI en el país han generado ellas mismas las condiciones de deterioro y desigualdad sociales que se observan a la fecha. O en su caso, cuestionarse si el factor detonante de la difícil situación social actual se debe específicamente, más bien, a la ineficacia de algunos de los programas sociales instrumentados o de su deficiente planeación y seguimiento, y también si se debe a la poca efectividad de los sistemas de control aplicados para prevenir y corregir las irregularidades cometidas por las entidades públicas (en los tres órdenes de gobierno), en algunos casos, en contubernio con las entidades privadas. Al respecto, el reto (o parte de él) se sitúa en al menos dos aristas fundamentales: 1) dar congruencia al conjunto de políticas públicas para que su aplicación derive no solo en incidir para que se dé un crecimiento económico creciente, sustentable y duradero, sino en crear las condiciones que permitan avances sustantivos e integrales en todos los rubros del ámbito social nacional y 2) replantearse el enfoque de la fiscalización para que esta fortalezca su contundencia (preventiva y correctiva) y propicie una mayor calidad del gasto público ejercido, que coadyuve también a generar crecimiento económico con desarrollo social. Atajar la impunidad en los ámbitos federal y local, así como en las actividades económicas y financieras privadas, es requisito para que se complementen las condiciones que hagan posible el crecimiento económico con bienestar social. El presente cuaderno (quinto de la serie Análisis de la fiscalización superior) analiza en su conjunto la fiscalización superior efectuada a las entidades púbicas que realizan funciones de desarrollo social, haciendo énfasis en la tercera entrega de informes individuales de auditorías, en virtud de que la Comisión de Vigilancia, con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Control, ya analizó las dos primeras entregas de informes correspondientes a la Cuenta Pública 2016, que hizo la ASF a la Cámara de Diputados el 30 de junio y el 31 de octubre pasados. El Cuaderno 5 está integrado en siete secciones y un anexo estadístico. La primera sección presenta un resumen general sobre la parte numérica de la fiscalización superior al grupo funcional de desarrollo social (considerando la tercera entrega de los informes individuales de auditorías y la suma de las tres entregas en el ejercicio 2016), en el contexto de la relevancia del gasto público en materia social y de algunos indicadores que dan cuenta del comportamiento social del país en ese ejercicio.

Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Tercera Entrega

8

Desarrollo Social

Las cuatro secciones siguientes, revisan por sector (educación, salud, desarrollo social y entidades no coordinadas sectorialmente), algunos indicadores de su comportamiento para el ejercicio 2016 y los principales hallazgos determinados en cada sector por la ASF en la tercera entrega de informes individuales de auditorías relacionadas con la fiscalización superior del ejercicio 2016. La sexta sección centra su análisis en informes de auditorías (de desarrollo social) derivadas de denuncias. La séptima sección, evalúa los resultados de la fiscalización superior al grupo funcional de desarrollo social en la Cuenta Pública 2016 en términos de su nivel de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas del trabajo de fiscalización y el enfoque de fiscalización seguido por la ASF en este grupo funcional y en los sectores que lo integran. Plantea, asimismo, desde la óptica de la ASF, el entorno de riesgo respecto al cumplimiento de las metas y objetivos que se vinculan con educación, salud y alimentación, las conclusiones de la fiscalización en materia de desarrollo social y algunas propuestas de modificaciones legislativas en salud y padrones de beneficiarios. Al final se incorpora un anexo con información estadística de la fiscalización de las 121 auditorías practicadas a las entidades públicas con funciones de Desarrollo Social.


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Desarrollo Social

1. Resumen General

1.1. Importancia de las Funciones de Desarrollo Social y su ejercicio presupuestal

Una de las principales líneas de actuación del gobierno de cualquier país es la aplicación de políticas públicas que logren el bienestar social de su población. En México, por ejemplo, el principal objetivo de la política social ha sido erradicar la pobreza y la desigualdad que por años nos ha aquejado. Es importante señalar que la pobreza no es un problema reciente y que lo único que ha variado es la concepción de ésta y las estrategias implementadas para su erradicación, sin avances sustantivos.

Pese a los grandes esfuerzos que se han realizado y a los recursos que se han ejercido, los niveles de pobreza se han mantenido altos. En 2016 el porcentaje de población en condiciones de pobreza alcanzó el 43.6%; el 33.8% en condiciones de vulnerabilidad (por carencias sociales o por ingresos); y solo el 22.6% del total de la población con ingresos suficientes para no presentar carencias sociales. La tendencia de estos indicadores de población en condiciones de pobreza y población en condiciones de vulnerabilidad, apuntan a que existe un detrimento generalizado en los resultados de las políticas públicas practicadas, no solo en la política social, sino en la económica, la fiscal, etc. De acuerdo con datos de la CEPAL, en 1968, el 42.5% de la población era pobre y en 1996 después del quiebre financiero de 1994, 52.5% de los mexicanos tenían carencias graves, lo que demuestra que los niveles altos de pobreza son añejos.

En este sentido, el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas resultan ser importantes áreas de oportunidad a considerar para lograr avances importantes en el bienestar social de la población, especialmente en lo que toca a la política social, ya que a través de esta se atienden las principales carencias que aquejan a las personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad como la alimentación, la salud y la educación, entre otros. En el ejercicio 2016, el Gobierno Federal destinó recursos para las funciones de Desarrollo Social por un monto de 2 billones 318 mil 038.3 millones de pesos, cantidad mayor a la aprobada en 3.8% y menor en 1.8% real al compararse con el ejercicio anterior. Dicho gasto social significó el 55.3% del total del gasto programable de 2016, y menor en 3.3 puntos porcentuales respecto al mismo indicador de 2015 (58.6%).

2015

2015

Importe % % Real *

TOTAL 1/ 3,853,981.9 3,606,705.6 4,190,237.6 583,532.0 16.2 4.0

Poder Legislativo 14,136.3 13,926.4 14,230.6 304.2 2.2 -3.8

Poder judicial 48,039.7 62,205.3 56,518.9 -5,686.4 -9.1 12.5

Organos Autónomos 34,729.9 31,025.8 31,045.4 19.6 0.1 -14.5

Ejecutivo Federal y Entidades Paraestatales 3,757,076.1 3,499,548.2 4,088,442.7 588,894.5 16.8 4.0

Funciones de Desarrollo Social 2,257,032.7 2,232,352.5 2,318,038.3 85,685.8 3.8 -1.8

Funciones de Desarrollo Económico 1,191,607.1 1,030,460.8 1,415,759.4 385,298.6 37.4 13.6

Funciones de Gobierno 286,963.1 222,931.2 270,841.3 47,910.1 21.5 -9.8

Fondos de Estabilización 21,473.2 13,803.7 83,803.7 70,000.0 507.1 273.1.

1/ Para f ines de consolidación, se excluye subsidios, transferencias y apoyos f iscales del Gobierno Federal a las Entidades de Control Directo y Empresas

Productivas del Estado, así como Aprotaciones al ISSSTE.

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, SHCP.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2015-2016 (Millones de pesos )

Concepto

Variaciones Respecto a:2016

2016

* Deflactado con el índice de precios implícitos del producto interno bruto.

Ejercicio Aprobado Ejercicio


10

Desarrollo Social

1.2. Panorama general de indicadores sociales en 2016.

- En 2016 se destinaron 684 mil 156.7 millones de pesos para brindar servicios de educación a la

población mexicana.

- El presupuesto asignado a la función de educación en 2016 presentó una reducción de 2.7% respecto

al año anterior.

- El monto anual destinado a brindar servicios educativos representó el 6.7% del PIB, cantidad menor a

lo que establece la Ley General de Educación.

- Seis de los veinte principales programas del sector concentraron el 71% del presupuesto asignado.

- El presupuesto asignado en 2016 para la prestación de servicios de educación media superior tuvo un

incremento de casi seis veces lo presupuestado en 2013.

- El gasto público en educación ha crecido a una tasa media anual de 3.2% real en el periodo 2000-2016.

- México es el segundo país miembro de la OCDE que más recursos destina a la educación.

- Paradójicamente es el país miembro de la OCDE que menos gasto anual ejerce por alumno.

- El 94.7% del total de los recursos que se destinan a educación son utilizados para pago de gasto

corriente.

- El 5% de la población con más de 15 años de edad en México no sabe leer ni escribir.

- El puntaje de los estudiantes mexicanos obtenidos en la prueba PISA 2015 (416) se encuentra muy por

debajo del promedio de los países que integran la OCDE (492).

- El índice de abandono escolar en nivel medio superior es de 13.3%; en secundaria se ubica en 4.4%; y

en primaria en 0.7%.

- Menos de la tercera parte de los niños mexicanos que ingresan a estudiar la escuela primaria se

gradúa de la universidad (27 de cada 100 estudiantes).

- Solo uno de cada diez jóvenes (entre 19 y 23 años) miembros de familias en condiciones de pobreza

están inscritos en alguna modalidad de educación superior; mientras que la proporción en el sector de

más ingresos económicos es de seis de cada diez.

- En 2016 los recursos ejercidos por todo el sector salud ascendieron a 515 mil 678.6 millones de pesos.

- La tasa media anual de crecimiento en el gasto ejercido del sector salud del periodo 2000-2016, fue de

4.3% en términos reales.

- Para el ejercicio 2016, el Gobierno Federal aportó 132 mil 216.8 millones de pesos para un total de 31

Programas presupuestales del Sector Salud.

- Entre los programas con mayor asignación de recursos destaca el programa Seguro Popular con 75 mil

437.1 millones de pesos, que representó el 57.1% del total de los recursos asignados al sector salud.

- En el periodo 2012-2016 el gasto en el sector apenas creció 0.6% en promedio, hecho que se vincula

con un decremento de 0.3% en el nivel de actividad del sector.

- La inversión pública en el Sistema de Salud Mexicano ha aumentado de 2.4% a 3.2% del PIB entre 2003

y 2013.

- La inversión en salud que realiza México (5.8%) es de las más bajas de los países miembros de la OCDE

(promedio registrado 9.0%).

- México gasta en salud un promedio de 1 mil 080 dólares PPA[1] per cápita por año, mientras que el

promedio de la OCDE es 3 mil 997 dólares PPA en 2016, nivel que ubica a México en último lugar de este

indicador.

- En México existen 2.2 médicos por cada mil habitantes, mientras el promedio de la OCDE es de 3.3 por

cada mil habitantes.

- Respecto a las enfermeras, en México se tiene un inventario de 2.8 enfermeras practicantes por cada

mil habitantes, mientras que el promedio de la OCDE es de 9.5 por cada mil habitantes.

- En proporción al número de camas disponibles por cada mil habitantes, México se encuentra como el

más bajo de la OCDE con 1.5 camas por cada mil, mientras que el promedio es de 4.7.

- En México el 86.6% de la población cuenta con algún tipo de afiliación para recibir servicios médicos.

- De las personas que se encuentran afiliadas, el 50.4% pertenece al Seguro Popular; 38.1% al IMSS y el

resto al ISSSTE (7.7%), ISSSTE Estatal (0.8%), Seguro Privado (0.7%), Defensa o Marina (0.5%), Pemex

(0.4%), y otras instituciones (1.4%).

- La proporción de personas afiliadas al Seguro Popular es más alta en los niveles socioeconómicos más

bajos.

- La cobertura del Sistema de Protección Social en Salud pasó de 5.3 millones de personas en 2004 a 53.3

millones de personas estimadas para 2017.

GRUPO

FUNCIONAL

DESARROLLO

SOCIAL

GASTO

EJERCIDO POR

CLASIFICACIÓN

FUNCIONAL

2 billones 318

mil 038.3

millones de

pesos

Educación

Salud


11

Desarrollo Social

- En 2016 el sector de Protección Social (sector Desarrollo Social) ejerció recursos por 747 mil 332.7

millones de pesos.

- En el periodo 2008-2016, el gasto ejercido en Protección Social creció a una tasa media anual de 4.2%.

- De los 2 billones 318 mil 038.3 millones de pesos reservados para la totalidad de funciones de

Desarrollo Social, el 32.2% lo concentró el sector Protección Social.

- México es de los países de América Latina que más recursos destinan a las funciones de desarrollo

social (Protección Social, Educación, Salud, Actividades Recreativas, Vivienda, y Protección al Medio

Ambiente): Trinidad y Tobago (16.2% de su PIB), Chile (16.0%), Uruguay (14.9%) y México (11.6%).

- Los recursos asignados a Protección Social se ejercieron a través de seis Ramos del Poder Ejecutivo,

siendo los más significativos, el Ramo 19 de Aportaciones a Seguridad Social (81.6%).

- Los recursos ejercidos a través de los programas presupuestarios del sector sumaron 109 mil 371.9

millones de pesos, cantidad menor en 4.4% a lo ejercido el año anterior (114 mil 504.0 millones de

pesos).

- Los programas más importantes (en términos monetarios) del sector Protección Social fueron:

Programa Desarrollo Humano Oportunidades con 46 mil 327.5 millones de pesos (42.4% del 100%); y

Pensión para Adultos Mayores con 39 mil 486.5 millones de pesos (36.1%).

- En 2016 se destinaron 377 mil 550.6 millones de pesos a programas específicos para la superación de la

pobreza, cantidad menor en 1.3% a lo ejercido en 2015 (equivalente a 5 mil 039 millones de pesos).

- Según datos del CONEVAL para 2016, el porcentaje de población en condiciones de pobreza es de

43.6%.

- El 33.8% de la población mexicana se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por ingresos

o por alguna carencia social.

- Solo el 22.6% del total de la población vive en condiciones óptimas para no padecer ninguna carencia

social.

- El coeficiente de Gini para México (0.498) muestra que la distribución del ingreso sigue siendo

desigual.

- De 2015 a 2016 la población derechohabiente del IMSS creció en 2.4% (equivalente a 1.8 millones de

personas).

- El presupuesto pagado al IMSS ascendió a 556 mil 372.9 millones de pesos, cifra superior en 2.0%

respecto del ejercicio 2015.

- El gasto corriente del IMSS sufrió un incremento del 2.3% real en relación con lo pagado y lo

presupuestado.

- Los ingresos del IMSS durante 2016 crecieron en 8% nominal respecto al 2015.

- Los gastos del IMSS en 2016 fueron superiores a los de 2015 en 27 mil 779 millones de pesos.

- El presupuesto pagado (243 mil 860.6 millones de pesos) del ISSSTE fue superior en 6.1% con relación

al aprobado (229 mil 916.1 millones de pesos).

- La población derechohabiente del ISSSTE incrementó en 1.1% del 2015 al 2016.

- Los ingresos del ISSSTE se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel en 2015 (102 mil 067 millones

de pesos) y 2016 (102 mil 067 millones de pesos).

- Los ingresos del SuperISSSTE descendieron de 2015 a 2016 en 1 mil 044 millones de pesos.

- Los gastos del SuperISSSTE sumaron 1 mil 665 millones de pesos, mientras que en 2015 se registraron 2

mil 690 millones de pesos, lo que significa una disminución de 1 mil 025 millones de pesos.

- En 2016 el presupuesto pagado a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) fue de 9 mil 149.7

millones de pesos, cifra inferior en 5.9% con relación al presupuesto aprobado y menor en 22.4% real

respecto del ejercicio 2015.

- En México existen 31.9 millones de viviendas particulares habitadas.

- En el cuarto trimestre de 2016 se registró una oferta de 95 mil 500 viviendas con un promedio por mes

de 31 mil 800, mientras que el promedio mensual para el mismo trimestre del año anterior fue de 16

mil 100.

- En el cuarto trimestre de 2016 aumentó el precio de las viviendas con crédito hipotecario garantizado,

se registró un crecimiento en términos reales de 7.4 % respecto a octubre-diciembre de 2015.

- En 2016 el presupuesto pagado por el Instituto Nacional de las Mujeres fue de 911.1 millones de

pesos, cifra superior en 12.6% (102.1 millones de pesos) al aprobado.

- El 51.4% de la población que viven en México son mujeres.

- Del 100% de mujeres que viven en México (61.4 millones), el 45.4% equivalente a 27.9 millones, se

encuentra en situación de pobreza.

GRUPO

FUNCIONAL

DESARROLLO

SOCIAL

GASTO

EJERCIDO POR

CLASIFICACIÓN

FUNCIONAL

2 billones 318

mil 038.3

millones de

pesos

Desarrollo

Social

Entidades No

Coordinadas


12

Desarrollo Social

1.3. Datos básicos de la fiscalización superior IIA e IGE

1.3.1. Auditorías practicadas

Con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó 121 auditorías a 56 entes vinculados con funciones de Desarrollo Social (16 entidades más que en la revisión de la CP 2015), mostrando un incremento de 12.0% respecto de las auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública anterior (108 auditorías), lo que representó el 6.5% del total de auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2016 (1,865 auditorías).

N° SECTOR / ENTE DESEMPEÑO

FINANCIERA CON

ENFOQUE DE

DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DE

POLÍTICAS

PÚBLICAS

ESTUDIOFINANCIERAS Y DE

CUMPLIMIENTO

INVERSIONES

FÍSICASFORENSES TOTAL

148 759 6 2 799 136 15 1,865

51 0 2 0 53 8 7 121

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 19 0 1 0 12 2 0 34

1 Secretaría de Educación Pública 16 7 23

2 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 1 1

3 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 1 1

4 Consejo Nacional de Fomento Educativo 1 1

5 Fondo de Cultura Económica 1 1

6 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 1 2 1 4

7 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 1 1

8 Instituto Politécnico Nacional 1 1

9 Patronato de Obras e Instalaciones del I.P.N. 1 1

SECTOR CULTURA 6 0 0 0 2 0 0 8

10 Secretaría de Cultura 1 1 2

11 Centro de Capacitación Cinematográfica 1 1

12 Educal, S.A. de C.V. 1 1

13 Estudios Churubusco Azteca, S.A. 1 1

14 Fideicomiso para la Cineteca Nacional 1 1

15 Instituto Mexicano de Cinematografía 1 1

16 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1 1

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 2 1 7 10

17 Universidad Nacional Autónoma de México 1 1

18 Universidad Autónoma Metropolitana 1 1

19 Universidad Autónoma de Chapingo 1 1

20 Universidad Mexiquense del Bicentenario 1 1

21 Universidad Politécnica de Chiapas 1 1

22 Universidad Politécnica de Francisco y Madero 1 1

23 Universidad Politécnica de Quintana Roo 1 1

24 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 1 1

25 Universidad Tecnológica de Campeche 1 1

26 Universidad Tecnológica de Salamanca 1 1

SECTOR SALUD 14 0 1 0 12 0 0 27

27 Secretaría de Salud 4 1 2 7

28 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1 1

29 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 1 1

30 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 1 1

31 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 1 1

32 Centro Regional de Alta Especialidad en Chiapas 1 1

33 Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios 1 1

34 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 3 3

35 Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 1 1

36 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 1 1

37 Instituto Nacional de Cancerología 1 1 2

38 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 1 1

39 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 1 1

40 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 1 1

41 Instituto Nacional de Geriatría 1 1

42 Instituto Nacional de Pediatría 1 1

43 Instituto Nacional de Salud Pública 1 1

44 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1 1

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 9 0 0 0 8 0 0 17

45 Secretaría de Desarrollo Social 5 5 10

46 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 1 1

47 Diconsa, S.A. de C.V. 1 1

48 Instituto Mexicano de la Juventud 1 1

49 Instituto Nacional de Desarrollo Social 2 2

50 Instituto Nacional de Economía Social 1 1

51 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 1 1

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 3 0 0 0 17 5 0 25

52 Instituto Mexicano del Seguro Social 1 8 3 12

53 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 6 1 7

54 FOVISSSTE 1 1

55 SuperISSSTE 1 1

56 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2 1 1 4

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la ASF.

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

TOTAL



13

Desarrollo Social

Destaca la revisión a cuatro Secretarías de Gobierno, la de Educación Pública con 23 revisiones; Secretaría de Cultura dos revisiones; Secretaría de Salud con siete y Secretaría de Desarrollo Social con 10 revisiones respectivamente. Asimismo, se auditó a 17 Institutos que integran el grupo funcional, destacando principalmente las 12 revisiones practicadas al IMSS; 7 del ISSSTE y cuatro al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

Cabe mencionar que con motivo de la tercera entrega de informes individuales, la ASF reportó la práctica de 44 auditorías vinculadas con funciones de desarrollo social (37 en la primera entrega y 40 en la segunda entrega).

Por sector, Educación Pública y Cultura1 fue objeto de 52 auditorías en la revisión de la CP

2016, equivalentes al 43.0% del total del grupo funcional (Educación con 34 auditorías, IPES con 10 auditorías y Cultura con ocho), seguido de Salud con 27 (22.3%), Entidades no Coordinadas Sectorialmente con 25 (20.7%) y Desarrollo Social con 17 respectivamente (14.0%).

Por tipo de auditoría, en el grupo funcional de Desarrollo Social, se identificaron 68 auditorías de regularidad (53 Financieras y de Cumplimiento, ocho de inversiones físicas y siete forenses), equivalentes al 56.2% del total de revisiones a funciones de Desarrollo Social. Destaca que las siete auditorías forenses realizadas, todas fueron practicadas a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES).

Asimismo, se identificaron 51 auditorías de desempeño (una auditoría de desempeño más que en el ejercicio anterior), equivalente al 42.1% del total de revisiones a funciones de Desarrollo Social, lo que significó que de cada 10 auditorías practicadas al grupo funcional de Desarrollo Social, poco menos de la mitad habrían sido de desempeño.

Entre los temas abordados por las 50 auditorías de desempeño destacan los siguientes:

1 Incluye los sectores de Educación, Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) y Cultura.

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Programa Nacional de Convivencia Escolar

Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica

Programa Nacional de Inglés

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Educativo

Erogaciones para la Formación y el Desarrollo Profesional del Personal Docente

SECTOR EDUCACIÓN

Expansión de la Educación Media

Fortalecimiento de la Calidad Educactiva

Diseño de la Política de Educación Pública

Políticas de Iguldad de Género en el Sector Educativo


14

Desarrollo Social

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Gestión Financiera de la Universidad Autónoma Chapingo

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la

Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos,

Adquisiciones y Otros Servicio, con Universidades.

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Desarrollo Cultural

Programa de Apoyos a la Cultura

Servicios Cinematográficos

Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales

SECTOR CULTURA

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Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud

Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Calidad en la Atención Médica

Fortalecimiento de la Atención Médica

Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud

Programa de Vacunación

Gestión Financiera para la Prestación de Servicios de Salud

Evaluación del Control Interno al Proceso de Adquisición de Medicamentos

SECTOR SALUD

Evaluación de la Política Pública de Infraestructura, Equipamiento y Disposición

de Recursos Humanos en Salud

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Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Cruzada Nacional contra el Hambre

Erogaciones por Servicios

Pensión para Adultos Mayores

Programa de Empleo Temporal

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

SECTOR DESARROLLO SOCIAL

Seguro de Vida para Jefas de Familia

Programa 3x1 para Migrantes


15

Desarrollo Social

También destaca que se realizaron dos evaluaciones de políticas públicas, una a la Secretaría de Salud, con la Evaluación de la Política Pública de Infraestructura, Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud (en un cuaderno de 235 páginas), y otra al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con la Evaluación de la Política Pública de Infraestructura y Equipamiento en Educación Básica (en un cuaderno de 361 páginas), equivalentes al 1.7% del total de las revisiones practicadas a este grupo funcional.

Respecto de la cobertura de la fiscalización a las entidades con funciones de desarrollo social, la ASF practicó las 121 auditorías a 56 entidades: 51 entidades de cinco sectores (nueve de educación pública, siete de cultura, 10 IPES, 18 de salud y siete desarrollo social) y cinco entidades no coordinadas (IMSS, ISSSTE, FOVISSSTE, SuperISSSTE y CNDPI.

Las entidades públicas más auditadas del grupo funcional de Desarrollo Social, fueron: en el Sector Educación, la SEP con 23 auditorías practicadas; en el Sector Salud, la Secretaría de Salud con siete auditorías; en el Sector Desarrollo Social, la SEDESOL con 10 auditorías practicadas; y en el conjunto de entidades No Coordinadas Sectorialmente, el IMSS con 12; al ISSSTE con siete auditorías y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con cuatro. Las revisiones practicadas a las seis entidades referidas representaron el 52.0% del total de la fiscalización superior al grupo funcional.

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Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

SuperISSSTE

Adquisición, Suministro y Servicios de Osteosíntesis y Oxígeno Medicinal

Arrendamiento de Ambulancias

Evaluación del Control Interno a la Operación de Adquisición de Medicamentos

Programa "A Todo Corazón"-"Código Infarto"

Equipamiento y Sustitución de Equipo e Instrumental Médico

Evaluación del Control Interno a la Operación de Adquisición de Medicamentos

Inventario de Equipo Médico y de Laboratorio

Adquisición de Material de Titanio para la Atención de los Derechohabientes

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Otorgamiento de Apoyos para la Infraestructura Indígena

Proyectos de Inversión en las Delegaciones Estatales de los Estados de Hidalgo,

Sonora y Campeche

Saneamiento de Pasivos

Instituto Mexicano del Seguro Social

Ingresos por Bursatilización

Gestión Financiera del Programa de Salud IMSS-PROSPERA

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas


16

Desarrollo Social

En promedio, fueron practicadas 2.7 auditorías por entidad fiscalizada en el grupo funcional de Desarrollo Social.

1.3.2. Observaciones-Acciones Emitidas

Derivado de la practica de 121 auditorías a las entidades del grupo funcional de Desarrollo Social, la ASF determinó 836 observaciones por irregularidades diversas, las cuales dieron lugar a la promoción de 1 mil 539 acciones; de éstas, 1 mil 076 acciones fueron preventivas (504 recomendaciones y 572 recomendaciones al desempeño) y 463 correctivas, 14 acciones correctivas menos que las emitidas en la revisión e la Cuenta Pública 2015.

R RD PEFCF SA PRAS PO M TOTAL

1,865 8,069 3,264 1,175 184 643 2,504 2,557 19 10,346

121 836 504 572 11 22 261 157 12 1,539

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 34 219 66 229 0 2 49 28 0 374

1 Secretaría de Educación Pública 23 166 24 216 17 19 276

2 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 1 2 3 3

3 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 1 10 11 16 27

4 Consejo Nacional de Fomento Educativo 1 10 11 4 3 18

5 Fondo de Cultura Económica 1 0

6 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 4 15 13 2 8 3 26

7 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 1 6 10 10

8 Instituto Politécnico Nacional 1 10 7 4 3 14

9 Patronato de Obras e Instalaciones del I.P.N. 1 0

SECTOR CULTURA 8 66 18 40 0 0 22 11 0 91

10 Secretaría de Cultura 2 15 4 13 3 2 22

11 Centro de Capacitación Cinematográfica 1 3 3 3

12 Educal, S.A. de C.V. 1 5 9 9

13 Estudios Churubusco Azteca, S.A. 1 1 1 1

14 Fideicomiso para la Cineteca Nacional 1 5 5 5

15 Instituto Mexicano de Cinematografía 1 8 9 9

16 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1 29 14 19 9 42

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 10 59 38 0 11 0 26 30 12 117

17 Universidad Nacional Autónoma de México 1 2 1 1 2

18 Universidad Autónoma Metropolitana 1 1 1 1 2

19 Universidad Autónoma de Chapingo 1 24 27 14 5 46

20 Universidad Mexiquense del Bicentenario 1 4 3 2 2 3 10

21 Universidad Politécnica de Chiapas 1 7 2 2 4 3 1 12

22 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 1 5 1 3 1 3 8

23 Universidad Politécnica de Quintana Roo 1 2 1 1 1 1 4

24 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 1 5 1 1 1 4 1 8

25 Universidad Tecnológica de Campeche 1 2 1 1 1 1 8 12

26 Universidad Tecnológica de Salamanca 1 7 1 1 1 8 2 13

SECTOR SALUD 27 160 93 99 0 0 58 28 0 278

27 Secretaría de Salud 7 24 5 17 10 6 38

28 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1 10 17 17

29Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de

Enfermedades1 10 7 7 2 16

30 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 1 9 11 6 5 22

31 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 1 12 25 25

32 Centro Regional de Alta Especialidad en Chiapas 1 12 7 8 1 16

33 Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios 1 3 3 1 4

34 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 3 10 12 11 5 28

35 Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 1 7 9 3 2 14

36 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 1 22 20 12 7 39

37 Instituto Nacional de Cancerología 2 19 19 8 27

38 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 1 4 4 4

OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

N° SECTOR / ENTE REVISIONES OBSERVACIONESACCIONES

TOTAL



17

Desarrollo Social

De las 463 acciones correctivas promovidas por la ASF, 261 son Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), 157 Pliegos de Observaciones (PO) por probables daños al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, 22 Solicitudes de Aclaración (SA), 11 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 12 Multas (M).

De la información presentada, destaca el aumento en el número de R, SA y M, respecto de la revisión de la Cuenta Pública anterior (504 vs 382 R; 22 vs 5 SA y 12 vs 6 M) y la reducción en el número de RD (572 vs 645); PEFCF (11 vs 15) y PO (157 vs 190). Por su parte, los PRAS se mantuvieron con el mismo número que en la pasada revisión (261). Cabe destacar, que a diferencia del informe de revisión de la CP 2015, en el caso de la fiscalización de la CP 2016, la ASF no precisa que las Denuncias de Hechos (DH) se presentarán cuando se cuente con los elementos que establezca la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Con base en los datos referidos para el grupo funcional, en promedio la ASF determinó 6.9 observaciones y 12.7 acciones por revisión practicada. De esta manera, en promedio, la ASF promovió 1.8 acciones por observación determinada en el grupo funcional.

Por sector, los mayores números de observaciones-acciones determinadas por la ASF fueron: 219-374 observaciones-acciones en el sector Educación Pública; 176-392 observaciones-acciones en el sector Desarrollo Social; 160-278 en el sector Salud y 156-287 en las Entidades No Coordinadas.

121 836 504 572 11 22 261 157 12 1,539FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR SALUD 27 160 93 99 0 0 58 28 0 278

39 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 1 0

40Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío

Villegas1 5 9 9

41 Instituto Nacional de Geriatría 1 5 7 7

42 Instituto Nacional de Pediatría 1 7 11 11

43 Instituto Nacional de Salud Pública 1 1 0

44 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1 1 1

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 17 176 133 182 0 0 47 30 0 392

45 Secretaría de Desarrollo Social 10 104 57 100 32 26 215

46 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 1 22 54 6 60

47 Diconsa, S.A. de C.V. 1 9 13 4 3 20

48 Instituto Mexicano de la Juventud 1 12 50 50

49 Instituto Nacional de Desarrollo Social 2 12 18 18

50 Instituto Nacional de Economía Social 1 8 9 5 1 15

51 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 1 9 14 14

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 25 156 156 22 0 20 59 30 0 287

52 Instituto Mexicano del Seguro Social 12 82 92 2 14 33 15 156

53Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado7 32 41 5 12 10 68

54 FOVISSSTE 1 3 5 1 6

55 SuperISSSTE 1 9 9 4 2 15

56 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 4 30 9 20 1 9 3 42

R. Recomendaciones.RD. Recomendaciones al Desempeño.PEFCF. Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.SA. Solicitudes de Aclaración.PRAS. Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. PO. Pliegos de Observaciones. M. Multas.



18

Desarrollo Social

Por entidad, del grupo funcional de Desarrollo Social, las que contaron con mayor número de observaciones-acciones promovidas en la revisión del ejercicio 2016, fueron: SEP 166-276 observaciones-acciones; SEDESOL 104-215; IMSS 82-156; ISSSTE 32-68; y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 30-42 observaciones-acciones.

En términos relativos, la mayor incidencia de irregularidades por auditoría practicada en promedio, se identificó en las siguientes entidades auditadas: al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con 29 irregularidades por auditoría practicada; la Universidad Autónoma de Chapingo 24; el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social con 22 irregularidades cada una por auditoría practicada.

1.3.3. Recuperaciones determinadas

Derivado de las auditorías practicadas a entes vinculados con funciones de Desarrollo Social, la ASF determinó recuperaciones por un monto global de 4 mil 436.4 millones de pesos, de las cuales solamente 0.26% se reporta como recuperaciones operadas (11.6 millones de pesos) y el 99.74% restante como recuperaciones probables (4 mil 424.8 millones de pesos).

N° SECTOR / ENTE Probables Operadas TOTAL

105,713.7 6,921.8 112,635.5

4,424.8 11.6 4,436.4

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 2,543.4 1.9 2,545.3

1 Secretaría de Educación Pública 1,463.3 0.0 1,463.3

2 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 0.0 0.0 0.0

3 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 0.0 0.0 0.0

4 Consejo Nacional de Fomento Educativo 280.6 0.0 280.6

5 Fondo de Cultura Económica 0.0 0.0 0.0

6 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 784.0 0.7 784.7

7 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 0.0 0.0 0.0

8 Instituto Politécnico Nacional 15.5 0.0 15.5

9 Patronato de Obras e Instalaciones del I.P.N. 0.0 1.2 1.2

SECTOR CULTURA 30.1 0.0 30.1

10 Secretaría de Cultura 16.9 0.0 16.9

11 Centro de Capacitación Cinematográfica 0.0 0.0 0.0

12 Educal, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0

13 Estudios Churubusco Azteca, S.A. 0.0 0.0 0.0

14 Fideicomiso para la Cineteca Nacional 0.0 0.0 0.0

15 Instituto Mexicano de Cinematografía 0.0 0.0 0.0

16 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 13.1 0.0 13.1

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1,104.2 0.0 1,104.2

17 Universidad Nacional Autónoma de México 0.1 0.0 0.1

18 Universidad Autónoma Metropolitana 185.8 0.0 185.8

19 Universidad Autónoma de Chapingo 14.5 0.0 14.5

20 Universidad Mexiquense del Bicentenario 178.1 0.0 178.1

21 Universidad Politécnica de Chiapas 249.6 0.0 249.6

22 Universidad Politécnica de Francisco y Madero 185.8 0.0 185.8

23 Universidad Politécnica de Quintana Roo 97.3 0.0 97.3

24 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 58.6 0.0 58.6

25 Universidad Tecnológica de Campeche 90.0 0.0 90.0

26 Universidad Tecnológica de Salamanca 44.5 0.0 44.5

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 (Millones de Pesos)

TOTAL



19

Desarrollo Social

Las recuperaciones determinadas por la ASF en la fiscalización de las funciones de Desarrollo Social, están conformadas de la siguiente manera: 2 mil 545.3 millones de pesos corresponden al sector Educación Pública (57.4%); 30.1 millones al sector Cultura (0.7%); 1 mil 104.2 millones a las IPES (24.9%); 258.6 millones de pesos corresponden al sector Salud (5.8%); 316.5 millones al sector Desarrollo Social (7.1%); y 181.7 millones a las Entidades No Coordinadas Sectorialmente (4.1%).

Solo nueve entidades: SEP, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Universidad Politécnica de Chiapas, Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y SEDESOL, concentraron el 78.9% (3 mil 487.9 millones de pesos) del total de recuperaciones determinadas al grupo funcional de Desarrollo Social.

4,424.8 11.6 4,436.4FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR SALUD 258.5 0.0 258.6

27 Secretaría de Salud 7.8 0.0 7.8

28 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 0.0 0.0 0.0

29 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 42.9 0.0 42.9

30 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 35.1 0.0 35.1

31 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 0.0 0.0 0.0

32 Centro Regional de Alta Especialidad en Chiapas 0.0 0.0 0.0

33 Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios 0.0 0.0 0.0

34 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 4.4 0.0 4.4

35 Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 142.1 0.0 142.1

36 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 26.3 0.0 26.3

37 Instituto Nacional de Cancerología 0.0 0.0 0.0

38 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 0.0 0.0 0.0

39 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 0.0 0.0 0.0

40 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 0.0 0.0 0.0

41 Instituto Nacional de Geriatría 0.0 0.0 0.0

42 Instituto Nacional de Pediatría 0.0 0.0 0.0

43 Instituto Nacional de Salud Pública 0.0 0.0 0.0

44 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 0.0 0.0 0.0

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 316.2 0.3 316.5

45 Secretaría de Desarrollo Social 313.3 0.3 313.5

46 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 0.0 0.0 0.0

47 Diconsa, S.A. de C.V. 0.7 0.0 0.7

48 Instituto Mexicano de la Juventud 0.0 0.0 0.0

49 Instituto Nacional de Desarrollo Social 0.0 0.0 0.0

50 Instituto Nacional de Economía Social 2.3 0.0 2.3

51 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 0.0 0.0 0.0

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 172.3 9.4 181.7

52 Instituto Mexicano del Seguro Social 114.0 1.8 115.8

53 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 43.2 0.0 43.2

54 FOVISSSTE 0.0 0.0 0.0

55 SuperISSSTE 3.1 0.0 3.1

56 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 12.0 7.5 19.5



20

Desarrollo Social

Las auditorías donde se determinaron los mayores montos de recuperación son:

Entidad No. de

Auditoría Nombre

Recuperaciones Determinadas (Miles de pesos)

SEP

152-DS Programa Nacional de inglés 605,478.6

148-DS Inclusión y Equidad Educativa 168,403.0

136-DS Erogaciones para la Formación y el Desarrollo Profesional del Personal Docente

586,768.2

Consejo Nacional de Fomento Educativo

171-DS Adquisición de Materiales y Suministros para Planteles Educativos 280,614.5

Instituto Nacional de la

Infraestructura Física Educativa

177-DS Infraestructura para Abatir el Rezago de las Condiciones Físicas de Escuelas Públicas

782,552.7

Universidad Autónoma

Metropolitana 183-DS

Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa; del Módulo A del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad de Iztapalapa en la Ciudad de México y de la Tercera Etapa de la Unidad Lerma, en el Estado de México

185,770.9

Universidad Mexiquense del

Bicentenario 193-DS

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios

178,060.0

Universidad Politécnica de

Chiapas 195-DS


249,642.5

Universidad Politécnica de

Francisco I. Madero 196-DS


185,839.5

Hospital General de México "Dr.

Eduardo Liceaga" 222-DS

Gestión Financiera de los Gastos de Funcionamiento en la Prestación de los Servicios Médicos

142,067.4

SEDESOL 264-DS Programa de Empleo Temporal 122,792.8

Total 3,487,990.1

Cabe señalar que, de acuerdo con la ASF, las recuperaciones determinadas no implican necesariamente resarcimientos o daños patrimoniales al erario, o bien, fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias, ya que su situación definitiva será determinada una vez que los entes fiscalizados entreguen, en el lapso de los 30 días hábiles que les confiere la Ley, las evidencias y documentación soporte respectivas.


21

Desarrollo Social

2. Análisis de la Fiscalización al Sector Educación y Cultura

2.1. Marco de referencia2

Contracción del presupuesto asignado a la función de educación respecto al ejercicio fiscal anterior. Como proporción del gasto neto total, el gasto nacional en educación proveniente del sector público ha mostrado una tendencia decreciente, pasando de representar 22.2% en 2000 a 18.4% en 2016. De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, en 2016 se destinaron 684 mil 156.7 millones de pesos a brindar servicios de educación a la población mexicana, lo cual representa una disminución de 2.7% en términos reales con respecto a lo ejercido en 2015.

Recursos ejercidos en la función de educación siguen sin cumplir con la normatividad aplicable en la materia. El artículo 25 de la Ley General de Educación establece que el monto anual destinado a brindar servicios educativos no debe ser inferior al 8.0% del PIB, sin embargo, en el ejercicio 2016, al igual que en los últimos 15 años revisados, la proporción del gasto nacional en educación respecto de la producción nacional fue menor a lo estipulado en la norma (6.7%), experimentando una contracción de 0.2% respecto del año anterior.

Concentración del gasto en seis programas del sector educativo. Del 100% del presupuesto asignado al sector educativo, el 71% lo concentraron solo 6 programas (de los 20 principales programas del sector): Subsidios Federales para Organismos Descentralizados; Presentación de Servicios de Educación Superior y Posgrado; Prestación de Servicios de Educación Media Superior; Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; y Programa Nacional de Becas.

Importante incremento del gasto asignado a educación media superior. Los recursos asignados para la prestación de servicios de educación media superior pasaron de 6 mil 548.1 millones de pesos en 2013 (2.5% del presupuesto asignado al sector educativo), a 35 mil 394.5 millones de pesos en 2016 (11.7%), es decir, experimentaron un incremento de casi seis veces lo presupuestado en el primer año.

Mayor participación del sector público en el gasto nacional en educación. En relación con el gasto privado, en los últimos años la participación del sector público en el gasto educativo nacional se ha mantenido como el más relevante, específicamente en 2016, el 76.1% del gasto nacional en educación correspondió a recursos públicos y el 23.9% restante a recursos privados.

2 Para mayor información respecto a los temas aquí mencionados, remitirse a la publicación “Ejercicio de Gasto Público y Temas Relevantes en Funciones de Desarrollo Social en 2016” de la serie “Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016”, CVASF-UEC, diciembre de 2017. www.diputados.gob.mx/UEC.


22

Desarrollo Social

México es de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más recursos invierten en educación. El gasto público en educación en nuestro país ha crecido a una tasa media anual de 3.2% real en el periodo 2000-2016, ubicando a México como el segundo país que más recursos destina a la educación entre los países que integran la OCDE.

Pese a ser uno de los países que más recursos invierte en educación, México es el país que menos gasto anual ejerce por estudiante. El gasto que en promedio se efectúa por estudiante mexicano asciende a 3 mil 703 dólares al año, muy por debajo del promedio de la OCDE, el cual se ubica en 10 mil 759 dólares al año; y por países como Luxemburgo (24 mil 045 dólares); Suiza (17 mil 436 dólares); y Estados Unidos (16 mil 268 dólares); lo que coloca a México como el país que menos gasto anual ejerce por estudiante. Una de las razones que explican esta situación, es la elevada proporción del gasto que en México se destina a gasto corriente (el 94.7% se destina al pago de docentes) en comparación con la que se realiza a gasto de inversión (3.7% del total vs 8.6% que promedia la OCDE).

Marcado contraste entre el gasto destinado al pago de nóminas y el bajo sueldo de los profesores. En promedio, un profesor de nivel primaria en México gana anualmente una cuarta parte de lo que gana un maestro en el mismo nivel educativo en Luxemburgo (15 mil 556 dólares vs. 66 mil 085 dólares), lo cual hace evidentes las enormes fallas que han permeado en la gestión del gasto educativo.

Niveles de analfabetismo elevados a pesar de la reducción observada en los últimos años. En el ciclo escolar 2015-2016 el porcentaje de la población con más de 15 años de edad en México que no sabe leer ni escribir se ubicó en 5.0% según cifras del Gobierno Federal y, aunque los valores del índice han disminuido de manera consistente en los últimos años, continúa siendo un problema significativo.

Los resultados de la prueba PISA3 reflejan insuficiencia de habilidades en la mayoría de los estudiantes mexicanos. El puntaje de los estudiantes mexicanos obtenidos en 2015 (416) se encuentra muy por debajo del promedio de los países que integran la OCDE (492), y más aún del de los países que encabezan la tabla (Japón, con 529 puntos; y Estonia y Canadá, con 524 puntos respectivamente). De acuerdo con la OCDE, en cada generación de jóvenes mexicanos solamente 10 mil presentan un nivel sobresaliente en matemáticas, mientras que en Estados Unidos la cifra es de 417 mil; de tal manera que, con el ritmo de progreso actual, nos tomaría aproximadamente 52 años para alcanzar al primer lugar en esa asignatura.

Bajo posicionamiento en los indicadores educativos del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2016-2017,

3 El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países.


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algunos de los rubros en los que México se encuentra peor posicionado con respecto a los demás países (al igual que en los últimos años) están directamente vinculados con la calidad de la educación. En 2016 México ocupó la posición 120 en calidad de la educación en ciencias y matemáticas en un grupo conformado por un total de 138 países; en calidad del sistema de educación superior se ubicó en la posición 112; y en calidad de la educación primaria ocupó el lugar 114.

México mantiene niveles altos de deserción escolar. El índice de abandono escolar en nivel medio superior es de 13.3%; en secundaria se ubica en 4.4%; y en primaria en 0.7%. De los niños que ingresan a la educación primaria, el 98.7% la concluye satisfactoriamente; de ese grupo, un 97.1% ingresa a nivel secundaria, pero la concluye solamente 87.8%; y, de los alumnos que concluyen satisfactoriamente la secundaria, el 98.1% ingresa a nivel medio superior, sin embargo, solamente 66.6% lo concluye satisfactoriamente. Del grupo de jóvenes que concluye la educación media superior, el 71.1% comienza sus estudios de nivel superior, pero solamente 69.4% los concluye; de tal manera que, menos de la tercera parte de los niños mexicanos que ingresan a estudiar la escuela primaria se gradúa de la universidad (27 de cada 100 estudiantes).

Los jóvenes provenientes de familias en condiciones de pobreza tienen menores probabilidades de acceder a la educación superior. La OCDE señala que aproximadamente cuatro de cada diez jóvenes mexicanos de entre 19 y 23 años están inscritos en alguna modalidad de la educación superior; sin embargo, la proporción disminuye a uno de cada diez en el sector más pobre de la población, lo cual contrasta con la proporción de seis de cada diez en el sector de más alto ingreso económico. La probabilidad de que los jóvenes provenientes de las familias más pobres del país alcancen el nivel de educación superior es muy baja y, por lo regular, ese grupo poblacional vive en condiciones de aislamiento geográfico, lo cual constituye un factor que motiva la repetición de las características de pobreza alimentaria, patrimonial y de ingreso durante generaciones.

Entrada en vigor del Nuevo Modelo Educativo a partir del ciclo escolar 2018-2019. El nuevo modelo entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2018-2019; la instrumentación de estos cambios será paulatina, en una primera etapa, a partir del ciclo 2018-2019, entrarán en vigor los nuevos planes y programas de los tres grados de preescolar, de primero y segundo de primaria, primero de secundaria y de toda la educación media superior; para el ciclo 2019-2020, iniciará el nuevo currículo para el resto de los grados de la educación básica. Asimismo, se actualizará la formación inicial y la capacitación docente y se desarrollará nuevos materiales educativos.


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2.2. Principales Hallazgos determinados por la ASF Para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó un total de 52 auditorías al sector Educación Pública y Cultura4. En particular respecto a la tercera entrega de Informes Individuales de auditorías, la ASF reportò 18 auditorías a entes vinculados con el sector educativo y la cultura (11 al sector educación pública, seis a instituciones públicas de educación superior, y una al sector cultura). A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados en las 18 auditorías practicadas al sector Educación Pública y Cultura en el contexto de la tercera entrega de informes individuales, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016. Secretaría de Educación Pública. “Formación y Certificación para el Trabajo”. Auditoría de Desempeño, No. 144-DS. Objetivo. Fiscalizar el programa de formación y certificación para el trabajo para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. Insuficiente determinación del problema público “formación y certificación para el trabajo”. La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó una definición incompleta del problema público que se pretendió atender con el programa presupuestario E005 “Formación y Certificación para el Trabajo”. La ASF observó que, en 2016, “los servicios de formación para el trabajo no son suficientes para la atención a la demanda de personas de 15 años y más”, no fue adecuada, ya que la insuficiencia de los servicios es sólo una de las causas; por otra parte, la ASF detectó incongruencias en la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). El problema central es que las personas de 15 años y más no cuentan con las competencias que demanda el mercado laboral para participar productiva y competitivamente en este. Deficiencias en el “Modelo Educativo y Académico de la Formación para el Trabajo (MEyAC)”. La SEP no dispuso de un programa para la implantación, el seguimiento y la evaluación del MEyAC, a fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de elevar la calidad de la formación para el trabajo y asegurar que las personas desarrollen competencias que les permitan cumplir con las exigencias del mercado laboral. Falta de una programación adecuada con base en indicadores y metas para implementar los estudios de marco referencial. La Secretaría de Educación Pública no estableció una programación, que permita prever el tiempo que requeriría para implementar los estudios de marco referencial; lo anterior aplica para la totalidad de las especialidades ofertadas en 2016, mediante los servicios de formación para el trabajo. En cuanto a la integración de la nueva oferta educativa de la formación para el trabajo, la SEP no acreditó la información de las necesidades locales y regionales de los sectores productivo, social, económico, cultural y tecnológico que permitan determinar el registro de nuevas especialidades.

4 Se incluyen los sectores de Educación Pública, Instituciones Públicas de Educación Superior y sector Cultura.


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Falta de definición de indicadores y metas para evaluar la formación y desarrollo profesional del personal docente, así como su desempeño en el otorgamiento de los servicios de formación para el trabajo. En 2016, la SEP definió el “Catálogo de formación y desarrollo profesional de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo”, sin embargo, no acreditó su implementación, por lo que no es posible verificar si los 4,373 docentes/facilitadores tuvieron acceso a la formación y desarrollo profesional, a fin de contar con las competencias requeridas para cumplir con su función. Ausencia de un diagnóstico sobre las condiciones de la infraestructura y equipamiento de los 199 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) las unidades móviles. La SEP careció de información que permitiera evaluar su aprovechamiento de la capacidad instalada, de la totalidad de los centros y las unidades móviles tanto de los CECATI como de las unidades móviles. Disminución en la demanda del Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO). De 2012 a 2016, el número de personas inscritas para certificarse, mediante el ROCO, disminuyó en 18.4%, al pasar de 8,143 inscritas a 6,642. Al respecto, la SEP señaló que esto se debió a que la demanda del ROCO fue inferior a la esperada. De seguir con esta tendencia no se cumplirá con la línea de acción “Fortalecer y ampliar el ROCO para atender a la población que no cuenta con un reconocimiento oficial, pero sí con la experiencia en diversas ocupaciones productivas”, ni con la meta de “Incrementar la matrícula, mediante este reconocimiento. Deficiencias en el sistema de control interno institucional. La ASF observó que la SEP no dispuso de los factores internos y externos para identificar los riesgos, así como de los procedimientos para asignar las responsabilidades para la mitigación y administración de los riesgos, con el objeto de implementar un proceso sistemático que permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales e informar a los mandos superiores sobre los posibles riesgos en 2016. Consecuencias Sociales. Se desconoce en qué medida la población atendida logró su inserción en el mercado laboral e incrementó su nivel de vida y productividad. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 24 (24 Recomendaciones al desempeño). Dictamen. En opinión de la ASF no es posible asegurar que la población atendida con los servicios de formación y certificación para el trabajo tuviera las competencias necesarias para cumplir con las exigencias del mercado laboral y se incorporara al mismo productiva y competitivamente.


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Secretaría de Educación Pública. “Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo.” Auditoría de Desempeño, No. 149-DS. Objetivo. Fiscalizar las actividades implementadas por la SEP para la institucionalización de las perspectivas de género y derechos humanos en el sector educativo, a fin de erradicar la violencia de género, y lograr una mayor inclusión y equidad educativa. Deficiencias en la construcción de la MIR. La ASF identificó que la lógica horizontal de la MIR mostró deficiencias, ya que los tres indicadores a nivel de fin no son apropiados para cuantificar el cumplimiento del objetivo de institucionalizar las perspectivas de género. Por lo que la ASF recomienda que la SEP que investigue las causas que originaron las deficiencias en indicadores a nivel de fin, propósito y componente y, con base en los resultados que obtenga, implemente los mecanismos adecuados para que diseñe los indicadores necesarios para verificar los avances en la atención del problema público y su contribución al logro de los objetivos, en términos de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública. Falta de un diagnóstico de necesidades en materia de difusión y de un programa de trabajo con estrategias y metas respecto de la población potencial y objetivo. La SEP no contó con un diagnóstico que enfocara la difusión para sensibilizar y concientizar sobre igualdad de género y disminución de la violencia; por esta razón no fue posible que la ASF determinara ni precisara los avances logrados, ni evaluara la contribución de dichas tareas en la atención el problema público relacionado con que “existe un Sistema Educativo Nacional que reproduce roles y estereotipos de género que afectan los derechos humanos, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y provoca violencia contra las mujeres, lo que impide el acceso, permanencia y eficiencia terminal oportuna de las niñas, niños, adolescentes y mujeres a los servicios que presta el sector educativo”. Esta situación implicó adicionalmente que la SEP operara bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de aplicar la administración por resultados enfocado al cumplimiento de objetivos y metas. Falta de evidencia documental sobre la elaboración de estudios, investigaciones y evaluaciones en materia de perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres. En 2016, la SEP no dispuso de la evidencia documental de la elaboración de estudios de investigación y evaluaciones en materia de perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, tampoco contó con un diagnóstico que sirviera de base para elaborar el programa de trabajo en el que se establecieran objetivos, metas e indicadores de desempeño relacionado con la elaboración de estudios e investigaciones en la materia. Operación de Programa Presupuestario sin información consolidada. La ASF no logró identificar de qué manera la SEP utilizó la información disponible para el diseño y operación del programa presupuestario E032 “Políticas de igualdad de género en el sector educativo. La falta de esta


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identificación no permite evaluar en qué medida el Programa contribuyó en la atención del problema público respecto a la atención integral de casos de violencia laboral, docente e institucional en el sector educativo. La información disponible del SIESVIM (Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres) y de la ENDIREH (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 2016 reportan que, en 2016, 42.9 millones de mujeres mayores de 15 años asistieron a la escuela, de las cuales 10.8 millones de mujeres (25.3%) tuvieron algún incidente de violencia escolar de tipo físico, sexual y emocional. Falta de indicadores para evaluar resultados. La SEP no dispuso de indicadores que vinculen los resultados de los procesos sustantivos con la atención del problema público relacionado con la existencia de un Sistema Educativo Nacional que reproduce roles y estereotipos de género que afectan los derechos humanos, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y genera violencia contra las mujeres. Consecuencias Sociales. La falta de un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación que justifique si los 1,323 servidores públicos capacitados en perspectivas de género son suficientes, y que se desconozca como es utilizada la información que proporciona el SIESVIM y la ENDIREH respecto de los casos registrados de violencia contra las mujeres en el sector educativo, limita evaluar la aportación del Pp E032 a la institucionalización de las perspectivas de igualdad género y disminución de la violencia de género, a fin de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población. Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 8 (8Recomendaciones al desempeño). Dictamen. Con la información proporcionada por la SEP, no fue posible determinar ni precisar los avances logrados en el cumplimiento del objetivo de institucionalizar las perspectivas de igualdad de género y disminuir la violencia; ya que no dispuso de indicadores que vinculen los resultados de los procesos sustantivos con la atención del problema público relacionado; esta situación implicó que la SEP operara bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de aplicar la administración por resultados enfocado al cumplimiento de objetivos y metas. Secretaría de Educación Pública. “Programa Nacional de Convivencia Escolar”. Auditoría de Desempeño, No. 151-DS. Objetivo. Fiscalizar el Programa Nacional de Convivencia Escolar para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Información insuficiente para evaluar los resultados del programa. En términos generales, los 11 objetivos y los 11 indicadores del programa presupuestario Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) contenidos en la MIR 2016 fueron insuficientes para realizar una valoración completa del desempeño del programa en la atención del problema del acoso escolar. Aunado a lo anterior, el diseño de las reglas de operación del programa presentó


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deficiencias, ya que no se identificó ni cuantificó, de manera clara, el problema que pretendía resolver ni los propósitos que buscaba atender con el otorgamiento del subsidio. En lo referente a la contribución del programa en el establecimiento de ambientes de convivencia sana y pacífica y el mejoramiento del aprovechamiento escolar, la SEP no dispuso de información para evaluar dichos fines; si bien en 2017 aplicó una encuesta en línea para monitorear el desempeño y dar seguimiento a la operación y alcance de los objetivos del programa, no acreditó la metodología empleada para la aplicación del cuestionario, ni para la selección de la muestra, y no dispuso de la información para sustentar los resultados obtenidos. Restricción en la cobertura del programa por recorte presupuestal. La ASF constató que la SEP benefició, mediante el PNCE, a 21,365 escuelas públicas primarias que representaron el 10.8% de los 196,960 planteles públicos de educación básica definidos como población potencial, y el 24.1% de las 88,526 escuelas públicas de educación primaria establecidas como población objetivo. La limitada cobertura del programa se debió a las reducciones presupuestarias de 2016; en ese ciclo escolar, el PNCE benefició a 4,765,110 alumnos y a 172,929 docentes; de acuerdo con la entidad fiscalizadora, la SEP no acreditó el número de padres de familia beneficiados. Utilización de recursos aprobados en fines distintos a los del programa. Los recursos ejercidos por la SEP en 2016 en el PNCE ascendieron a 73.5 millones de pesos, monto inferior en 79.0% (276.4 millones de pesos) a los 350.0 millones de pesos aprobados originalmente, debido a que, por medio de afectaciones presupuestarias, la dependencia destinó los recursos a fines distintos a los establecidos en el PEF. Fallas en la preparación del personal responsable de implementar el programa. No se acreditó la información que sustentara la capacitación, la asesoría y el acompañamiento que el PNCE debía otorgar, tampoco se dispuso del perfil que debía cubrir el personal responsable de proporcionar la asistencia técnica, a fin de asegurar su idoneidad y la correcta implementación del programa; tampoco acreditó contar con evidencia documental de las asesorías realizadas. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 15 Recomendaciones al Desempeño. Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, los resultados de la fiscalización mostraron que el Programa Nacional de Convivencia Escolar en 2016 presentó deficiencias en su diseño e implementación que afectaron su operación, por lo que se considera necesario replantear la forma de intervención del Estado para la atención efectiva del problema relacionado con la ausencia de convivencia sana y pacífica en las escuelas.


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Secretaría de Educación Pública. “Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica.” Auditoría de Desempeño, No. 153-DS. Objetivo. Fiscalizar el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (DPD) en Educación Básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. Falta de acreditación de las instancias interesadas en impartir el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el nivel básico. En septiembre de 2016, la SEP emitió la “Convocatoria Abierta de Participación a Instituciones de Educación Superior e Instituciones Formadoras Abiertas”, al respecto, la SEP proporcionó las cartas de participación de 7 (53.8%) de las 13 instancias formadoras seleccionadas en ese año para impartir la oferta académica, y no acreditó contar con las cartas de participación de 6 instancias (46.2%), ni acreditó las fichas descriptivas de los cursos o diplomados propuestos por dichas instancias; Asimismo, la dependencia no dispuso de la información sobre el total de instancias formadoras que en ese año participaron en la convocatoria, por lo que no fue posible determinar el porcentaje de instancias seleccionadas, respecto de aquéllas que presentaron propuestas en 2016. Falta de información sobre el cumplimiento de procesos para instrumentar el Portal Nacional de Formación Continua en 2016. La SEP elaboró el programa de trabajo para la operación del Portal Nacional de Formación Continua en 2016, a fin de difundir la convocatoria con la que las instancias formadoras presentaron las propuestas para integrar la oferta académica, y de impartir dicha oferta al personal educativo del nivel básico, los procesos a desarrollar son: 1) publicación de la convocatoria nacional; 2) registro del personal; 3) desarrollo de modelos de asesorías al personal y a las AEL, y 4) seguimiento al proceso de registro del personal en la oferta académica. Ausencia de criterios para definir las metas de cobertura del programa S247 de 2016. Las metas a alcanzar fueron que 1,013,539 figuras educativas del nivel básico participaran en los cursos y diplomados del PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente) de nivel básico y que, de éstas, 304,062 figuras (30.0%) los concluyeran y acreditaran en ese año. Sin embargo, solo se impartieron cursos y diplomados a 50,225 figuras educativas del nivel básico, lo que equivalió al 5.0% de la meta establecida (1,013,539), la SEP únicamente contó con información sobre el número de figuras que concluyeron y acreditaron los cursos y diplomados impartidos, de 2 de las 32 entidades federativas participantes en el programa, por lo que no fue posible verificar el porcentaje de conclusión y acreditación de los cursos y diplomados. Las 50,225 figuras educativas de educación básica que participaron en el programa representaron el 4.8% del total de figuras de escuelas públicas que conformaron la población potencial (1,045,014). PRODEP no atendió únicamente a las figuras educativas del SPD, sino que también impartió cursos de regularización a las figuras que lo requirieron, debido a que, en su evaluación de desempeño, obtuvieron un nivel insuficiente, lo que da cuenta de que la definición de la población objetivo no es correcta, ya que la oferta académica del programa no es exclusiva para el personal que ya accedió al SPD, porque también se dirige al que pretende incorporarse a éste.


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Subejercicio presupuestal del ente auditado en ejercicio 2016. En 2016, la SEP y la CNSPD ejercieron tan solo el 4.5% (81.1 millones de pesos) en la operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en educación básica, de 1,809.1 millones de pesos aprobados. Los recursos ejercidos por la SEP fueron de 57.3 millones de pesos, los cuales, originalmente, no estaban previstos en el PEF, debido a que en ese año la operación del programa dejó de estar a cargo de la coordinación y pasó a ser responsabilidad de la secretaría. Si bien la dependencia argumentó que el cambio de unidad responsable se llevó a cabo para “establecer un nuevo mecanismo de operación del programa, a fin de fortalecer los esquemas de formación continua, actualización y desarrollo profesional”, no se precisó en qué medida se logró el objetivo de dicho cambio. Deficiencias en el diseño del Sistema de Control Interno en 2016. Las deficiencias se relacionan con la falta de instrumentos para evaluar el cumplimiento de los códigos de ética y de conducta, e investigar actos contrarios a éstos; una metodología específica de administración de riesgos; mecanismos que permitan identificar y atender las causas de las observaciones de las diversas instancias de fiscalización; criterios con los que se programen las metas de los indicadores de desempeño; información específica para dar seguimiento a los objetivos y metas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente; lineamientos y criterios sobre la elaboración de informes relativos al logro de los objetivos y metas del programa; instrumentos que permitan garantizar que la información sobre sus operaciones sea efectiva, apropiada, oportuna, actualizada, exacta y accesible. Insuficiente información sobre el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. La información, en el nivel básico, no permitió evaluar en qué medida la oferta académica impartida por medio de este programa contribuyó en el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades del personal. Consecuencias Sociales. En 2016, mediante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, la SEP otorgó subsidios, con los que se impartieron cursos y diplomados a 50,225 figuras educativas de escuelas públicas del nivel básico, con el propósito de favorecer el aprendizaje de los 23 millones de alumnos que forman parte de ese nivel educativo. Sin embargo, este programa sólo operó en el último trimestre del año, por lo que la dependencia únicamente logró beneficiar al 5.0% de las 1,013,539 figuras programadas a capacitar; no elaboró el diagnóstico nacional de las necesidades de formación continua, actualización y desarrollo profesional, con base en el que se debía integrar la oferta académica, y no dispuso de información, indicadores, ni metas para evaluar en qué medida el programa contribuyó en el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades del personal educativo. Además, la reducción presupuestaria del 95.5% del presupuesto originalmente asignado al PRODEP provocó que no se diera atención a la totalidad de figuras educativas del nivel básico. Número de Observaciones: 9; Número de Acciones: 19 (19 Recomendaciones al desempeño).


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Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, las deficiencias en el diseño y la operación del PRODEP, así como la reducción presupuestal que presentó en 2016, limitaron el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades del personal educativo del nivel básico, ya que este programa operó únicamente durante el último trimestre del año, por lo que los subsidios otorgados a las Autoridades Educativas Locales no se entregaron con oportunidad, ni suficiencia. Secretaría de Educación Pública. “Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Media Superior.” Auditoría de Desempeño, No. 154-DS. Objetivo. Fiscalizar el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Media Superior para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. Deficiencias en el diseño de la estrategia para la formación continúa. En 2016, la SEP diseñó una estrategia de formación continua para el personal educativo del nivel medio superior, mediante la cual ofertó cursos, la cual se conformó con base en las necesidades disciplinares y pedagógicas; la SEP no definió las etapas que debían integrar la oferta académica para cada uno de los esquemas incluidos en las reglas de operación del programa: formación, actualización, capacitación e investigación, ni los plazos correspondientes. Falta de esquemas de capacitación impartidos al personal educativo del nivel medio superior. En cuanto a las competencias contenidas en el MCC, (Marco Curricular Común), se incluyeron cursos para las 5 competencias disciplinares; sin embargo, no se diseñaron cursos para 2 de las 11 competencias genéricas, ni para las 2 competencias profesionales básicas y extendidas. Falta de suscripción de convenios de coordinación con las 32 AEL (Autoridad Educativa Local). En 2016, la SEP sostuvo un esquema de corresponsabilidad con las 32 AEL, mediante la formalización de acuerdos, derivados de reuniones realizadas con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. En relación con los Convenios de Colaboración firmados entre las instancias formadoras y la SEP, la dependencia formalizó 22 convenios con 14 instancias formadoras; sin embargo, no acreditó el número total de instancias formadoras, ni de convenios requeridos para impartir los 56 cursos que integraron la oferta de formación académica. Ausencia de cuantificación de la población potencial y objetivo del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el nivel medio superior. En 2016, 60 mil 491 figuras educativas se registraron como “aspirantes” del programa, las cuales cumplieron con los requisitos de elegibilidad; de éstas, el 98.4% (59,505 figuras educativas) participó en el PRODEP en el nivel medio superior; de las 59,505 figuras educativas participantes en el programa, el 94.7% (56,345) correspondió al personal docente; el 5.0% (2,994), al personal con funciones de dirección, y el 0.3% (166), al de supervisión; sin embargo, no se benefició al personal técnico docente, ni al de funciones de asesoría técnica pedagógica, que también formaron parte de la población objetivo del programa, por lo que no se garantizó que el PRODEP contribuyera a fortalecer las


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capacidades, conocimientos y competencias de estas figuras. Los 56,345 docentes beneficiados por el programa representaron el 13.5 de los 417,745 docentes de educación media superior del Sistema Educativo Nacional. Falta de mecanismos para medir la eficiencia del Programa. La SEP no dispuso de mecanismos, indicadores, metas y resultados para medir la contribución del Programa para el Desarrollo Profesional Docente del tipo medio superior, en el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente y técnico docente en 2016, así como en los procesos de formación del personal con funciones de dirección. Deficiencias para evaluar e investigar actos contrarios al cumplimiento de los códigos de ética y conducta. Se detectó la falta de un plan estratégico institucional; un documento formal en el que se identificaran los riesgos y la metodología para administrarlos; políticas o procedimientos para la autorización de planes y programas para su administración; un documento formalizado para notificar periódicamente al órgano de gobierno o titular de la entidad, sobre la situación que guarda la administración de riesgos, y las estrategias para controlarlos y administrarlos en el cumplimiento de los objetivos y metas del PRODEP en el nivel medio superior; un inventario institucional de riesgos, y criterios para identificar la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización. Consecuencias Sociales. En 2016, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en educación media superior otorgó apoyos financieros para la capacitación de 59,505 docentes, técnicos docentes, con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico-pedagógica, con el propósito de impulsar el desarrollo de sus capacidades, conocimientos y competencias. Sin embargo, la SEP no dispuso de la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo del programa, por lo que no fue posible determinar la cobertura; no acreditó que la oferta educativa de formación se diseñó con base en las evaluaciones internas y externas para su conformación, por lo que no se garantizó que los cursos impartidos contribuyeran al fortalecimiento de la profesionalización docente y mejora del aprendizaje de los cuatro millones de alumnos de ese nivel educativo. Número de Observaciones: 9; Número de Acciones: 14 (14 Recomendaciones al desempeño). Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2016, la SEP avanzó en la conformación del sistema de profesionalización en el nivel medio superior; sin embargo, dicho sistema aún no garantiza la idoneidad de los docentes y directivos para asegurar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos, ya que la oferta académica para el personal educativo de ese nivel, no consideró las evaluaciones internas y externas, y tampoco se definieron las etapas que debían cursar las figuras educativas de acuerdo con los esquemas de formación, actualización, capacitación e investigación, ni los plazos correspondientes; no se cuantificó a las poblaciones potencial y objetivo del PRODEP, y además, el 40.2% de las figuras educativas no acreditó ninguno de los cursos en los que participó, y no se dispuso de información, ni de indicadores para medir la contribución del programa en el fortalecimiento de las capacidades,


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conocimientos y competencias del personal docente, técnico docente, con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica. Secretaría de Educación Pública. “Becas en Educación Superior: Becas de Manutención.” Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 135-DS. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en el programa S243 "Programa Nacional de Becas". Deficiencias en los controles para la entrega de becas. La ASF identificó en el Estado de México un probable daño a la Hacienda Pública ya que se entregaran becas a 138 beneficiarios por 834 mil pesos que no cumplieron con el promedio mínimo de 8.0, criterio de elegibilidad que era requisito para otorgarla; se realizaran pagos en exceso por 380 mil pesos a 1,958 beneficiarios; se pagaron comisiones bancarias por 273 mil pesos con los recursos federales que debieron pagarse con recursos estatales; que se otorgaron becas de la modalidad “Apoya tu Transporte” a 112 y 41 beneficiarios por 69 mil peso sin contar con documentación soporte. Constatación de deficiencias en los controles de reintegros. La ASF observó que el Gobierno del Estado de México no reintegró a la Tesorería de la Federación los remanentes de recursos federales por 22.1 mil pesos; se pagaron comisiones bancarias por 273.3 miles de pesos con los recursos federales que debió realizarse con recursos estatales; se otorgaron becas de la modalidad “Apoya tu Transporte” a 112 y 41 beneficiarios por 69.0 miles de pesos sin contar con documentación soporte; y no se realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación por 4.4 millones de pesos que corresponden a los rendimientos financieros generados de las aportaciones de recursos federales. Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 13 (4 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 5 Pliegos de Observaciones). Recuperaciones determinadas: 5.7 millones de pesos; Operadas: 0.0; Probables: 5.7 millones de pesos. Dictamen. La Secretaría de Educación Pública, y los gobiernos del Estado de México y de Hidalgo cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados. Secretaría de Educación Pública. “Erogaciones para la Formación y el Desarrollo Profesional del Personal Docente.” Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 136-DS. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S247 "Programa para el Desarrollo Profesional Docente", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.


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Deficiencias de control en el seguimiento y supervisión del ejercicio y comprobación de los recursos. La ASF observó que la SEP, no acreditó que los recursos por 586.7 millones de pesos transferidos a 63 Instituciones Públicas de Educación Superior en el país se encuentran sustentados en los informes trimestrales que muestren la documentación comprobatoria, los estados de cuenta bancarios, el avance en el cumplimiento de los objetivos del programa, los ingresos, rendimientos financieros, su destino, y las disponibilidades y saldos del estado cuenta. Falta de acreditación respecto de integración de los Comités Técnicos. La ASF observó que los Comités Técnicos, no presentaron los informes semestrales de avance académico y la SEP no se acreditó que 40 de 63 Instituciones de Educación Superior cumplieran con la designación e integración de sus comités técnicos o comisiones técnicas para que vigilaran el cumplimiento de los fines del fideicomiso. Por otra parte, la ASF identificó que Los Convenios Marco de Cooperación Académica se encuentran desactualizados y no corresponden con el modelo de dicho instrumento jurídico incluido en las Reglas de Operación. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 10 (4 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Pliegos de Observaciones). Recuperaciones determinadas: 586.7 millones de pesos; Operadas: 0.0; Probables: 586.7 millones de pesos. Dictamen. Se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. “Gestión Financiera de la CONADE y Subsidios para los Juegos Olímpicos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No.170-DS. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para verificar que las erogaciones se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas. Fallas en los controles y registros internos. La ASF constató que los beneficiarios de los apoyos administraron recursos, por 213.9 millones de pesos, en cuentas distintas de las notificadas a la CONADE; mezclaron los recursos federales de los convenios con otros recursos; mantuvieron ociosos 266.7 millones de pesos y comprobaron extemporáneamente 565.0 millones de pesos. Deficiencias detectadas en los mecanismos de control. La ASF observó la falta de comprobación de 113.8 millones de pesos, de convenios para la modernización o construcción de instalaciones deportivas. Respecto de los beneficiarios del programa S269 “Cultura Física y Deporte” la ASF constato que Los beneficiarios de 13 convenios y 2 adendas no administraron los recursos federales otorgados, por 425.2 millones de pesos, en cuentas bancarias específicas y no se comprobaron o reintegraron los rendimientos generados por las cuentas donde se


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administraron los recursos federales. De estos, 6 convenios y un adendum generaron rendimientos, por 3.2 millones de pesos. Los recursos de 7 convenios y un adendum, por 250.5 millones de pesos, generaron rendimientos, por 2.2 millones; no se pudo identificar el monto de los rendimientos de los recursos federales, en virtud de que los recursos se mezclaron con otros ingresos. Debilidades en las medidas de control de los beneficiarios de los programas del programa S269 “Cultura Física y Deporte. La ASF constató que de los recursos otorgados por 696.0 millones de pesos para la modernización o construcción de instalaciones deportivas, mediante 5 convenios y 1 adendum, están pendientes de ser comprobados 113.8 millones de pesos por parte de los gobiernos de los estados de Colima, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán, así como del Instituto Poblano del Deporte y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, ya que se carece del registro y autorización en el Sistema de Comprobaciones establecido por la CONADE; cabe señalar que la fecha límite para comprobar, o en su caso, reintegrar los recursos federales, fue el 15 de enero de 2017. Carencia de documentación administrativa relacionada con la comisión del personal de la CONADE que asistió a los XXXI Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La ASF constató que existe documentación incompleta respecto a los viáticos otorgados, oficios de comisión e, informes de actividades respectivos. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 27 (11 Recomendaciones, 16 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Pliegos de Observaciones). Recuperaciones determinadas: 16.6 millones de pesos; Operadas: 16.6 millones de pesos. Dictamen. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. Consejo Nacional de Fomento Educativo. “Adquisición de Materiales y Suministros para Planteles Educativos.” Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 171-DS. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones presupuestales del capítulo 2000 "Materiales y Suministros", por la adquisición y suministro de bienes, para verificar que los procesos de adjudicación, contratación, recepción, distribución, pago, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a la normativa. Incumplimiento de la LAASSP por adquisiciones realizadas entre FONDICT-UAEM y DICONSA. Estas entidades que no comprobaron tener la capacidad técnica, material y humana, las cuales subcontrataron con otros proveedores la adquisición de los bienes al 100.0%, aun cuando en la Cuenta Pública 2015, la ASF formuló a la entidad una recomendación para que las adquisiciones de bienes se realicen mediante Licitación Pública.


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Falta de comprobación en la distribución de vestuario, accesorios, útiles y diccionarios escolares a beneficiarios del Programa de Educación Inicial y Básica. La ASF comprobó que el CONAFE no acreditó con documentación comprobatoria la entrega de los bienes a los beneficiarios por los 269.8 millones de pesos. (34.4% del total adquirido). Irregularidades y falta de transparencia en la entrega a los almacenes estatales. La ASF constató que 101,083 paquetes de útiles escolares, por 8.5 millones de pesos, no acreditaron la entrega a los beneficiarios del Programa de Educación Inicial y Básica. En los almacenes del CONAFE, se identificaron existencias de vestuario, accesorios, útiles y diccionarios escolares, por 23.6 millones de pesos, que no se distribuyeron de acuerdo al programa, en perjuicio de los servicios educativos comunitarios y sus alumnos, de los apoyos a las escuelas y servicios comunitarios de educación básica y los servicios de capacitación a las figuras educativas. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 18 (11 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 3 Pliegos de Observaciones). Recuperaciones determinadas: 280.6 millones de pesos; Operadas: 0.0; Probables: 280.6 millones de pesos. Dictamen. El Consejo Nacional de Fomento Educativo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. “Evaluación de la Política Pública de Infraestructura y Equipamiento en Educación Básica”. Evaluación de Política Pública, No. 1782 DS5. Panorama general del Sistema Educativo Nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), al cierre del ciclo escolar 2015-2016 se encontraban inscritos en el Sistema Educativo Nacional (SEN), en todos sus niveles, 36 millones 392 mil 800 alumnos, distribuidos en 257 mil 800 escuelas y atendidos por 2 millones 66 mil 100 docentes. La evaluación analizada presenta una valoración de los alcances de la política pública de infraestructura y equipamiento en educación básica entre los años 2008 y 2016, advirtiendo que las escuelas pueden mimetizar las carencias del panorama social y económico, o son capaces de modificarlo positivamente. Enfoque de la evaluación. La evaluación se aleja de la perspectiva en la que se le otorga un rol secundario a la modernización de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, se propuso realizar una serie de ejercicios analíticos para comprobar que, alineadas entre sí, la rectoría, el financiamiento, el desarrollo y la certificación tienen el potencial de ser los cimientos de escuelas que se valoren en la opinión pública como hogares de la comunidad.

5 Documento de evaluación de 361 cuartillas.


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En 2008 el Gobierno Federal estimó que la fase inicial en la construcción escolar había progresado favorablemente, pero que era indispensable alcanzar un estado superior de calidad, atendiendo al problema del deterioro y la insuficiencia de la infraestructura y el equipamiento en las escuelas públicas de educación básica. Ello marcó el hito de una nueva política pública, al crearse el INIFED y que, por primera ocasión, se tuviera una ley en la materia, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE), que estableció cuáles serían los requisitos de la calidad, por los que se debería velar en el futuro. Se sumaron la SEP, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), y la Coordinación General @prende.mx para introducir el uso de equipos digitales. Los objetivos de esta estrategia se suelen ver desde un enfoque instrumental, en el que la infraestructura es considerada un accesorio del fenómeno cognitivo, pero esta evaluación de política se modifica por una visión integral, que reconoce su relevancia para el bienestar nacional: las carencias físicas de las escuelas repercuten en la calidad del servicio educativo y, por ende, en el nivel de aprendizaje de los alumnos, lo cual implica que los planteles escolares no logren consolidarse como espacios de transformación social y, por el contrario, profundicen la desigualdad. En la comprensión de esta política pública se identificaron dos modelos del cambio: el primero, forjado en el ordenamiento central, que rigió al Sistema Educativo Nacional (SEN) hasta la última década del siglo pasado, demostrando ser insuficiente y, el segundo y actual, un modelo descentralizado acorde con los nuevos tiempos, este modelo abarcó a la política como se le concibió en 2008. De acuerdo a las mejores prácticas internacionales, se reconoció una correlación total entre infraestructura y mejora en el aprendizaje; en países con sistemas avanzados hay coincidencia entre un buen estado de las escuelas y el éxito de sus estudiantes. Se aceptó que era imprescindible que la evaluación tomara en cuenta las configuraciones históricas por las que el SEN pasó durante el siglo XX y que terminaron por dar forma a la política pública. El modelo descentralizado en un entorno de altísima desigualdad corre un alto riesgo de no ser exitoso. Características de la política pública. En la definición del problema público, hasta antes de 2008, el Gobierno Federal realizó señalamientos acerca de que la alta calidad era un nivel que no se había alcanzado para todas las escuelas; no obstante, esas precisiones no fueron sintetizadas ni valoradas en su conjunto, al no haberse trabajado en un diagnóstico integral. Frente a esa carencia, se hizo una inferencia para determinarlo. Sin embargo, al no haber clarificado el problema que se pretendió atender, se emprendió una política con el riesgo de no tener delineadas con exactitud las necesidades en donde se debía intervenir. Examinando el diseño normativo, programático e institucional, elementos que se constituyen en el marco de la política pública, se encontró que el INIFED no demostró haber sido capaz de ejercer la rectoría, tal y como mandata la LGIFE. Se analizó el diseño presupuestal y se observó la insuficiencia y mala distribución del financiamiento a la estrategia debido, entre otros factores, a que no se constituyó un panorama completo de las escuelas.


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Hallazgos relevantes obtenidos en la evaluación. De acuerdo con la evaluación, la política pública tendría que haber contribuido a fomentar el cumplimiento de los requisitos de calidad, pero no hubo programas para atender cada uno de ellos, y la eficacia dependió de lo que pudieron hacer las autoridades en los estados, sin que se encontrara un sistema de información que reportara esa situación; como ejemplo, se tuvo que haber mejorado la capacidad de respuesta frente a desastres naturales, pero los ocurridos en el periodo y, en particular en 2017, demostraron que no se dispone de una estrategia de prevención. Sobre la modernización, se observó que se tuvo una serie de programas para acceder al uso de las tecnologías de la información, pero carecieron de un ordenamiento que asegurara su continuidad y cobertura, además de que fueron frenados por la falta de servicios para albergar los equipos digitales en todas las comunidades, lo que pospuso la entrada de la educación nacional a la modernidad, mientras que se observó que la LGIFE mandataba la sostenibilidad de las escuelas, y que en todo el periodo no se realizaron las tareas correspondientes. En lo que respecta a la certificación, el análisis versó sobre la falta de protocolos, por lo que se enjuició su pertinencia como medio para estandarizar el estado de las escuelas. Tomando como referencia los efectos del problema, se analizaron los resultados de la política. Se hicieron análisis demográficos para observar la evolución de la población en paralelo al número de escuelas, lo que condujo a no concluir el avance significativo que hubo en cuanto a la suficiencia; se propuso verificar si los planteles cumplieron con los requisitos de la calidad, tarea que se topó con que no existieron los registros necesarios para aseverarlo contundentemente. Se patentó la relación de dependencia entre la infraestructura y el equipamiento con el logro educativo, cruzando la información de las características de los centros educativos con las de la prueba PLANEA 2015. Asimismo, en un comparativo entre lo sucedido en 2015 y 2016, la intervención de los programas de la infraestructura y el equipamiento mostró ser un factor que influyó positivamente en la mejora de las capacidades de los alumnos. Este descubrimiento sugiere que, debido a que de 2008 a 2016 persistieron las carencias en la calidad de la infraestructura y el equipamiento, los resultados educativos fueron afectados por ellas, lo que, a la par de los efectos de las deficiencias de los demás componentes del SEN, evitó que la escuela se consolidara como un espacio de transformación social. Se formuló una hipótesis que terminó por ser comprobada: si bien la implementación de la política ha contribuido a la ampliación, mejora y modernización de la infraestructura y el equipamiento, la débil rectoría, el insuficiente financiamiento y la falta de aplicación de un protocolo de certificación provocaron que persista el problema de la insuficiencia y el deterioro de la infraestructura y el equipamiento, por lo que no se aseguró que los planteles educativos cuenten con las condiciones necesarias, de acuerdo con las cualidades establecidas en la LGIFE, para favorecer el proceso de enseñanza y contribuir a mejorar el aprendizaje de los alumnos. Contexto proyectado a partir de la evaluación. La evaluación proyectó los hallazgos cualitativos y cuantitativos del diseño y la implementación, así como de los resultados de la política,


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construyendo tres escenarios: el deseable o ideal, que consiste en la alineación de factores que escapan a las facultades de la política, como son las fuerzas sectoriales y el máximo de recursos, que supondría que en 2030 todas las escuelas de educación básica sean lugares donde las herramientas elementales constituyan los dispositivos para el uso de las TIC; el realizable, cuya condición básica de viabilidad es la voluntad para reflexionar y reconducir la intervención, en el que cada una de las funciones es perfeccionada, tanto en su diseño como en su implementación; y el probable, que podría ser el destino inercial que ya se encuentra en marcha, de mantenerse las condiciones halladas hasta 2016, y sin una intervención oportuna. Las construcciones de estos tres escenarios tienen la finalidad de producir conciencia acerca de las necesidades que se pueden solventar en el futuro. Para llevar por buen rumbo a la política, conduciéndola al escenario realizable de forma tal que se contribuya a que el INIFED se consolide como figura rectora, es necesario que el presupuesto sea suficiente porque es priorizado y canalizado principalmente a tareas de mantenimiento; de igual forma, es preciso que se aproveche el decrecimiento de la demanda estudiantil para aumentar la calidad de los planteles; que la certificación cuente con incentivos para hacerla una verdadera forma de competencia y se atienda el problema público del deterioro y la insuficiencia en las escuelas públicas de educación básica. Sugerencias de la ASF a distintas dependencias, legislaturas locales y H. Cámara de Diputados. Derivado de la evaluación de la política pública, el ente de fiscalización superior formuló un total de 45 sugerencias al INIFED, la SEP, el CONAFE, la Coordinación General @prende.mx, las autoridades educativas locales, la H. Cámara de Diputados, y las legislaturas de las estados en torno a cuatro temas torales (rectoría, financiamiento, protocolos de certificación, y condiciones de enseñanza y aprendizaje), las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Con el propósito de que exista una rectoría eficiente:

7 Recomendaciones a la Cámara de Diputados; 1 Recomendación a las Legislaturas de los Estados; 1 Recomendaciones a la SEP y al INIFED; 4 Recomendaciones al INIFED; 2 Recomendaciones a la SEP, el INIFED, el CONAFE; 1 Recomendación al CONAFE en conjunto con la SEP y el INIFED; y 1 Recomendación a la Coordinación General @prende.mx.

Para que el financiamiento sea suficiente y adecuado:

3 Recomendaciones a la Cámara de Diputados; 4 Recomendaciones a la SEP y al INIFED; 2 Recomendaciones a la SEP, el INIFED, el CONAFE; 6 Recomendaciones al INIFED; 2 Recomendaciones a la SEP y al CENEPRED; 1 recomendación a la SEP; 2 Recomendaciones a la Coordinación General @prende.mx;


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2 Recomendaciones a SEP y a la Coordinación General @prende.mx; y 1 Recomendación a la SHCP, la SEP y el INIFED.

Para disponer de protocolos de certificación:

2 Recomendaciones a la Cámara de Diputados; y 2 Recomendaciones al INIFED.

Para verificar los resultados en las condiciones adecuadas para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje:

1 Recomendación a la SEP y el INIFED. Entre las doce recomendaciones a la Cámara de Diputados destaca, en el primer grupo (con el propósito de que exista una rectoría eficiente), la siguiente:

Que se empodere la facultad rectora del INIFED, con el propósito de facilitar la sinergia en los procesos de regulación, planeación, coordinación, supervisión y evaluación, a efecto de armonizar las funciones de financiamiento, desarrollo y certificación de la infraestructura y el equipamiento en educación básica, de tal manera que el instituto se consolide como el órgano coordinador de la política, lo anterior mediante las reformas legislativas pertinentes en la LGE y la LGIFE que la H. Cámara de Diputados estime convenientes.

En el segundo grupo (para que el financiamiento sea suficiente y adecuado) destaca la siguiente recomendación:

Que junto con la SEP y el INIFED, se valore la pertenencia de integrar un grupo de trabajo para definir mecanismos que permitan determinar si el presupuesto para las tareas del instituto es el suficiente, en función del número de escuelas de educación básica y, en el caso de las entidades, si los recursos bastaron para cubrir las necesidades de todos sus centros educativos, e identificar carencias en el presupuesto, así como la canalización de recursos auxiliares.

En el tercer grupo (disponer de protocolos de certificación), destaca la recomendación siguiente:

Se sugiere la creación de un grupo de trabajo para valorar el alcance de la certificación como medio para normalizar la infraestructura y el equipamiento y, en su caso, definir, en la LGIFE, la obligatoriedad de contar con alguno de los tipos de certificado señalados en el Programa Nacional de Certificación, como un requisito para prestar los servicios educativos, a fin de garantizar que éstas cuentan con cierto grado de calidad a instancias de la H. Cámara de Diputados.

La ASF señala que, de atenderse las recomendaciones emitidas, la infraestructura y el equipamiento estarían en condiciones de coadyuvar en la obtención de mejores resultados en


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el aprendizaje. Asimismo, se concluye que el efecto positivo final de la estrategia sólo podrá ser visto cuando en los planes y programas de estudio se supere el problema de un currículo sobrecargado y se consolide el enfoque de competencias para la vida; que se oferten a los docentes programas de profesionalización acordes a sus necesidades de formación y actualización; que en la gestión escolar se den las condiciones para involucrar a los padres de familia en las decisiones educativas; que los resultados de la evaluación se enlacen con la conducción hacia la mejora educativa; y que se cierren las brechas entre los alumnos provenientes de diferentes estratos económicos. Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. “Infraestructura para Abatir el Rezago de las Condiciones Físicas de Escuelas Públicas”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 177-DS. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los recursos otorgados al INIFED por el FONDEN para rehabilitar escuelas afectadas por desastres naturales; así como el presupuesto asignado para instalar y dar mantenimiento a las escuelas públicas de educación básica; que los procesos de adquisiciones y de obra pública, pagos, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a la normativa. Falta de normatividad en los procedimientos para regular las actividades relacionadas con el FONDEN. La ASF constató que no se encuentran normados los procedimientos para regular las actividades relacionadas con el FONDEN, en su carácter de ejecutor de los trabajos, ni para regular las actividades relacionadas con la instalación y mantenimiento de bebederos escolares, incluidos en el componente 4 del Programa de la Reforma Educativa (PRE). Recursos no utilizados por el INIFED autorizados y liberados por el comité técnico fideicomiso 2003 FONDEN. Al 31 de diciembre de 2016, el INIFED reportó en la cuenta "Adquisiciones con fondos de terceros" un saldo por 1 mil 554.5 millones de pesos, el cual incluye registros de las erogaciones realizadas con los recursos del FONDEN, derivadas de los desastres naturales, ocurridos en 2013 y 2014, que afectaron 666 escuelas públicas. De los recursos liberados al 31 de diciembre de 2016, por 1 mil 624.4 millones de pesos, el INIFED ejerció 1 mil 303.6 millones, los cuales fueron pagados a 198 contratistas; los restantes 320.8 millones de pesos no habían sido ejercidos por el INIFED. Adjudicaciones directas fuera de norma. Se rebasaron los montos máximos autorizados por el Comité de Obras Públicas del INIFED. La ASF, constató que el INIFED celebró 506 contratos, por 1 mil 571.8 millones de pesos, con empresas contratistas, de los cuales 390 contratos, por 1 mil 500.7 millones (95.5%), vigentes al 31 de diciembre de 2016, se asignaron por el procedimiento de adjudicación directa. Trabajos de rehabilitación y reconstrucción no concluidos, y mobiliario y equipo no entregado. La ASF constató que de los 506 contratos registrados en la bases de datos denominadas “Avances físicos al 31 de dic” y “Punto 32”, por 1 mil 571.8 millones de pesos celebrados con


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198 empresas contratistas, para realizar trabajos de rehabilitación, reconstrucción y equipamiento de 425 escuelas, al 31 de diciembre de 2016, se tenían 329 contratos, por 1 mil 066.7 millones en los que se encontraban vencidos los plazos para su terminación, sin que el INIFED proporcionara la documentación comprobatoria en la que conste la realización de los trabajos y la entrega del mobiliario y equipo. Anticipos otorgados a contratistas, no recuperados. El INIFED celebró 202 contratos, por 652.7 millones de pesos, durante 2014, 2015 y 2016, por los que otorgó anticipos, por 199.0 millones, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, había recuperado 97.1 millones de pesos, quedando pendiente por recuperar 101.8 millones de pesos, sin que se hicieran efectivas las fianzas de garantía, ni se realizaran acciones para su recuperación por la vía legal. Incumplimiento de los objetivos del FONDEN. El ente auditado no cumplió con los objetivos de rehabilitar, reconstruir y equipar 629 escuelas, de las 666 afectadas por los fenómenos naturales que motivaron las seis declaratorias de desastre en 81 municipios del estado de Guerrero. La ASF constató que han transcurrido cuatro años desde 2013 y tres años desde 2014, sin que el INIFED haya concluido los trabajos en las escuelas públicas citadas, para las cuales se cuenta con un monto disponible, por 1 mil 039.4 millones de pesos. Número de observaciones: 7; Número de Acciones: 15 (10 Recomendaciones; 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 2 Pliegos de Observaciones). Recuperaciones determinadas: 782.5 millones de pesos; Operadas: 0.0; Probables: 782.5 millones de pesos. Dictamen. La ASF concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Universidad Autónoma de Chapingo. “Gestión Financiera de la Universidad Autónoma de Chapingo”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 186-DS. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por servicios personales, adquisición de bienes y contratación de servicios, para constatar que se presupuestaron, autorizaron, adjudicaron, contrataron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestariamente, conforme a las disposiciones legales y normativas. Pago de licencias de software no instalado o inoperable. Se constató que 36 licencias de software con un costo de 6.3 millones de pesos no han sido instaladas y en otras 368, con un costo de 6.5 millones de pesos, no se acreditó que fueron recibidas por la universidad o, en determinados casos, no cumplieron con las características técnicas que permitieran su instalación.


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Irregularidades en la compra de materiales y uniformes. La ASF determinó un probable daño o perjuicio al patrimonio de la universidad por un monto de 5.4 millones de pesos por el pago de artículos de papelería y material eléctrico, derivado de diversos pedidos de los que no se acreditó su entrada al Almacén General; asimismo, se determinó un probable daño al patrimonio de la universidad por un monto de 180.6 miles de pesos por la transferencia de recursos para la compra de sacos para el personal, sin efectuar el pago al proveedor ni evidenciar que aún se cuenta con los recursos transferidos. Empeoramiento de los procesos de adquisiciones de la universidad. Se detectaron deficiencias en la planeación de las adquisiciones de la universidad, ya que el 57.0% del total del gasto de los capítulos 2000 y 3000 se ejerce por fondos rotatorios, sin consolidar las adquisiciones para obtener mejores condiciones, y se detectaron fondos rotatorios pendientes de comprobar por 2.2 millones de pesos. En la planeación e integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2016 no se consideraron, como mínimo, la descripción y monto de los bienes, arrendamientos y servicios de cuando menos el 80.0% de su presupuesto total estimado, ni evidenciaron que correspondieron a los requerimientos de las Unidades Básicas de Programación y Presupuesto; además, no lo actualizaron a pesar de que el presupuesto en el capítulo 2000 se incrementó en 50.3 millones de pesos. Fallas diversas en los procedimientos de adjudicación de bienes. Se determinó la carencia de documentación en diversos procedimientos de adjudicación de bienes y servicios revisados por un monto contratado por 94.9 millones de pesos, y en el caso de 43 procedimientos de adquisición de bienes y servicios que generaron 23 contratos y 36 pedidos por un monto de 83.2 millones de pesos, no se realizaron las investigaciones de mercado que permitieran conocer las circunstancias imperantes y contar con elementos para decidir las mejores condiciones de compra. De igual manera, el ente auditor comprobó irregularidades en la adjudicación directa por excepción a licitación pública de bienes por un importe ejercido de 1.4 millones de pesos y no acreditó la autorización del Comité de Adquisiciones y Obras Públicas en 2 procedimientos de adjudicación, con un monto contratado por 40.9 miles de pesos. Incumplimiento de la normativa y deficiencias en los procesos de contratación. Se constató que cinco contratos y 36 pedidos tienen deficiencias en su elaboración y formalización; tres contratos, por 501.1 miles de pesos, se formalizaron por un área que no tiene facultades para hacerlo; y no se solicitaron 26 garantías que avalaran el cumplimiento de los contratos y pedidos formalizados por 11.8 millones de pesos. Se comprobó, de igual forma, que la universidad celebró 23 contratos y 11 pedidos sin recabar las firmas de los representantes de la entidad y de los proveedores y formalizó 33 pedidos en lugar de contratos, en incumplimiento de la normativa al no indicar el procedimiento de


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adjudicación, presupuesto autorizado, causales de rescisión, ni las condiciones, términos y mecanismo para la aplicación de penas convencionales. Por otro lado, la ASF detectó la inclusión de un adeudo de 2015 por la contratación del servicio de Microsoft Azure por 222.4 miles de pesos que se acreditó fuera de tiempo; no fueron requeridas 26 garantías de cumplimiento a los proveedores de bienes y servicios por un monto de 594.0 miles de pesos, que corresponden a importes contratados por un total de 11.8 millones de pesos, por aceptar carta garantía y cheque cruzado en lugar de fianzas; y se determinó la falta de aplicación de penas convencionales en diversos contratos y pedidos generando un probable daño al patrimonio de la universidad por un monto de 148.8 miles de pesos. Operatividad obstaculizada por insuficiencias organizacionales, informáticas, y de contraloría interna. De acuerdo con la ASF, el ente auditado carece de un sistema informático integral que permita homologar y vincular las operaciones de todas las áreas de la universidad a fin de dar transparencia al ejercicio de los recursos, ocasionando deficiencias en su operación; por su parte, el H. Consejo Universitario no aprobó el “Programa de Trabajo de la Contraloría General Interna”, por lo que no se realizaron auditorías en 2016, lo que limitó que cumpliera con su objetivo. De igual manera, se comprobó la desactualización del Estatuto Orgánico y Manual de Organización de la universidad, y la carencia de manuales de organización, procedimientos específicos y las gestiones para obtener el refrendo de la estructura orgánica; se constató también que la plantilla autorizada de 4,194 plazas difiere, en cuanto a los niveles de puesto, con la estructura operacional, ya que 358 plazas no coinciden con los códigos de puesto autorizados por la SHCP. Número de Observaciones: 24; Número de Acciones: 46 (27 Recomendaciones, 14 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, y 5 Pliegos de Observaciones). Recuperaciones determinadas: 14.4 millones de pesos; Operadas: 1.5 miles de pesos; Probables: 14.4 millones de pesos. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, la Universidad Autónoma Chapingo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Instituciones Públicas de Educación Superior. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”. Auditoría con enfoque horizontal. Cinco auditorías Forenses, No. 193, 195, 196, 1793, y 198. Objetivo. Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios.


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Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB). Auditoría No. 193 Quebrantamientos al convenio de colaboración firmado por la UMB y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). La UMB suscribió con SEDATU un convenio de colaboración sin número, con vigencia al 30 de noviembre de 2016, cuyo objeto fue la Asesoría, Diseño e Implementación de un Modelo Operativo de Gestión que permitiera la modernización administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU, por un monto total de 178.0 millones de pesos, los cuales fueron pagados a la UMB en tres exhibiciones6. La cláusula cuarta del convenio estableció el pago al término de cada entregable, sin embargo, no se cumplió, ya que el primer y segundo pago fueron realizados casi un mes después y el tercero, tres meses después de lo convenido. Opacidad en la operación de la UMB. El Manual General de Organización de la UMB establece que se deben rendir cuentas de los convenios celebrados con la Administración Pública Federal al Consejo Directivo, no obstante, la institución no cuenta con evidencia alguna de que haya presentado dichos informes por los recursos recibidos del convenio de colaboración suscrito con la SEDATU. Recepción irregular de beneficio económico. La UMB subcontrató a 3 proveedores para realizar lo encomendado por la SEDATU, sin embargo, pagó a 4 proveedores 82.5 millones de pesos7, por lo que la UMB obtuvo un beneficio económico de 95.5 millones de pesos, el cual no estaba estipulado en el convenio, situación que evidencia un sobrecosto facturado a la SEDATU. El entonces rector de la UMB manifestó que el dinero sirvió para: equipamiento, pago de servicios, y 48.8 millones de pesos se encuentran en las cuentas bancarias de la UMB al mes de octubre de 2017. Además, la UMB está registrada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con actividades distintas a las convenidas con SEDATU. Debido a lo anterior, se determinó que la UMB indebidamente obtuvo un beneficio económico. Deterioros al patrimonio del Estado derivados de triangulación de operaciones. La UMB pagó a 4 proveedores la realización de los trabajos encargados por SEDATU: AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V; Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V; Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V; y el responsable de supervisión y seguimiento por parte de la UMB y docente. A su vez, tres de estas empresas subcontrataron con otros proveedores los servicios encargados por la UMB, como sigue: AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V. contrató a: Francisco Medina de la Cruz; D&P México Servicios Digitales, S.A. de C.V.; Sistemas y Comunicaciones Computer, S.A. de C.V; IKAR Presentadora de Bienes y Servicios, S.A. de C.V.; Estrategias de Calidad Empresarial Servic, S.A. de C.V. para la realización de los trabajos, por un monto de 32.4 millones de pesos.

6 Primer pago 22 septiembre 2016; Segundo pago 18 octubre de 2016; y Tercer pago 20 febrero 2017. 7 La diferencia entre proveedores contratados y pagados se debe a la fusión realizada entre Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V. y Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V.


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Se reportó que los costos para la ejecución del contrato fueron de 25.3 millones de pesos, sin embargo, la facturación proporcionada suma costos por 22.1 millones de pesos, ya que 3.2 millones de pesos corresponden a otros gastos de la empresa. Por lo que la empresa obtuvo un beneficio económico de 7.1 millones de pesos. Francisco Medina de la Cruz, además de haber sido proveedor de servicios de AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., es representante legal de la empresa D&P México Servicios Digitales, S.A. de C.V.; y está vinculado con la empresa Competencias y Habilidades para el Trabajo, A.C., que participó por los mismos servicios en el procedimiento de adjudicación realizado por la UMB. Asimismo, existe relación entre las empresas IKAR Presentadora de Bienes y Servicios, S.A. de C.V., y Sistemas y Comunicaciones Computer, S.A. de C.V., debido a que el administrador único de IKAR, es comisario en la empresa Sistemas y Comunicaciones Computer, S.A. de C.V. La empresa Estrategias de Calidad Empresarial Servic, S.A. de C.V., recibió 518.7 miles de pesos, sin embargo, no fue localizada en su domicilio fiscal, ni en el domicilio que señaló en el contrato de servicios. La UMB suscribió un contrato con la empresa Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V., por 49.8 millones de pesos, de los cuales, cobró 39.8 millones de pesos, y la diferencia por 9.9 millones de pesos fue cobrada por Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., al amparo de la fusión. La empresa tuvo costos relacionados con la ejecución del contrato por 26.3 millones de pesos, de los cuales no proporcionó la evidencia del pago de 11 facturas emitidas por el C. Alfredo Samuel González Lima por un importe de 23.0 millones de pesos, ni del pago de nómina de 17 personas por 622.2 miles de pesos. Asimismo, proporcionó facturas y pagos de los CC. Paolo Landín Valtonra y Alejandro Sánchez Guzmán, por 2.6 millones de pesos y 100.0 miles de pesos, respectivamente, por lo que, del costo de los servicios reportados, únicamente se comprobaron pagos por 2.7 millones de pesos. Es decir, que del total pagado por la UMB a Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V. y Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., por 49.8 millones de pesos, solo se comprobaron costos por 2.7 millones de pesos, por lo que ambas empresas obtuvieron un beneficio económico (utilidad) de 47.1 millones de pesos. El responsable de la supervisión y seguimiento del convenio suscrito entre la UMB y la SEDATU, quien a su vez presta servicios a la institución en calidad de docente, celebró el contrato con la UMB para la supervisión del proyecto, por 212.0 miles de pesos. El responsable manifestó que no era especialista en lo servicios para los que fue contratado, por lo que el trabajo realizado a la SEDATU se realizó con ayuda del personal de la propia UMB. Sobrecostos para SEDATU derivados del esquema de subcontrataciones. El costo de los servicios prestados a la SEDATU, en su conjunto fue por 12.4 millones de pesos, los cuales respecto del importe cobrado por la UMB a la SEDATU por 178.0 millones de pesos, representan un sobrecosto de 165.6 millones de pesos que se integra por: el beneficio económico de la UMB


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por 95.5 millones de pesos y los costos no comprobados de los proveedores pagados por 70.1 millones de pesos. Aunado a la falta de comprobación de la aplicación de recursos en la prestación de los servicios, los entregables no cumplieron con lo convenido con la SEDATU, ni se demostró que los proveedores hayan desarrollado los mismos. Dictamen. La ASF precisa que en términos generales la Universidad Mexiquense del Bicentenario no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los antes señalados. Número de observaciones: 4, Número de acciones: 10 (3 R; 2 PEFCF; 2 PRAS; y 3 PO). Recuperaciones determinadas: 178.0 millones de pesos; Operadas: 0.0; Probables: 178.0 millones de pesos. Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH). Auditoría No. 195 Contratos celebrados por la UPCH y distintas entidades de la APF. La ASF revisó una muestra de 255.2 millones de pesos equivalente a tres contratos: entre la UPCH y SEDATU de fecha 20 octubre 2015 por 186.1 millones de pesos; entre la UPCH y la SEDATU de fecha 21 abril 2016 por 18.6 millones de pesos; y entre la UPCH e ISSSTE de fecha 24 noviembre 2014 por 50.2 millones de pesos. Régimen de contratación establecido en la LAASSP utilizado como vía para la obtención presuntamente irregular de recursos públicos. La UPCH suscribió diversos convenios, contratos y pedidos para la prestación de servicios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con fundamento en el párrafo quinto del artículo 1 de la LAASSP, y 4 de su Reglamento, por los cuales percibió ingresos por un total de 255.2 millones de pesos, pese a que no contaba con la capacidad para entregar el bien o prestar el servicio requerido. Incurriendo en falsedad de declaración, dado que manifestó tenerla ante las dependencias contratantes. La universidad no llevó a cabo actividad alguna, ya que subcontrató la ejecución del 100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU y el ISSSTE a un menor costo, por lo que obtuvo de manera indebida un beneficio económico de 156.5 millones de pesos. Recursos públicos federales destinados a fines distintos a los que fueron autorizados. La universidad adquirió presumiblemente (toda vez que no se encontró el proveedor) una solución tecnológica denominada Big Data por 106.1 millones de pesos; se amplió su capacidad de análisis y procesamiento por 14.0 millones de pesos; se compraron dos camionetas por 1.6 millones de pesos; la plataforma de parametrización de indicadores de un tablero de control de la UPCH por 10.8 millones de pesos; un sistema para el aseguramiento de la calidad por 7.7 millones de pesos; se capacitó al personal en la aplicación de un software Python por 1.1 millones de pesos y se pagaron gastos diversos por 15.0 millones de pesos.


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SEDATU no se sujetó a la programación y presupuestación anual del gasto público. La UPCH suscribió un contrato con la SEDATU por 186.1 millones de pesos, mismos que fueron pagados por la dependencia con recursos presupuestales del ejercicio fiscal 2016, aunque el contrato fue celebrado el 20 de octubre de 2015. Realización de contrataciones irregulares. La UPCH contrató para la ejecución del 100% de los servicios solicitados por SEDATU a la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. sin que sus actividades estuvieran relacionadas con lo solicitado. La empresa contratada tenía las solicitudes de cotización que suscribió el Director de Innovación Educativa Investigación y Postgrado de la UPCH para otras dos empresas, evidenciando la posible vinculación entre las empresas invitadas, la irregular contratación, así como la falta de imparcialidad y honradez en el proceso de adjudicación. Pago de sobrecostos de SEDATU a la UPCH. La UPCH pagó a Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., 81.6 millones de pesos para que realizara los trabajos que SEDATU le había solicitado y por los cuales pagó 186.1 millones de pesos. Derivado de esta triangulación de operaciones la UPCH se quedó con un beneficio económico de 104.4 millones de pesos, los cuales no fueron utilizados para la ejecución de los servicios con la SEDATU, en virtud de que la universidad adquirió una solución tecnológica Big Data y 2 camionetas, lo que evidencia que los recursos públicos federales fueron destinados a fines distintos para los que fueron autorizados. Contratación de UPCH y subcontratación de proveedores sin la experiencia necesaria. El rector de la UPCH manifestó que no se habían realizado antes estudios similares a los prestados a la SEDATU, por lo que no tenían experiencia y manifestó que fueron invitados a participar en el proyecto directamente por la Titular de la SEDATU. Asimismo, el representante legal de la empresa contratada por la UPCH manifestó que antes del 2015 su representada no había realizado ningún contrato similar, ya que la empresa se constituyó en el ejercicio de 2014 y fue hasta el año de 2015 que hicieron con la UPCH ese tipo de servicios. Esquema de simulación entrañado por SEDATU y la UPCH. SEDATU contrató a la UPCH para realizar diversos trabajos; a su vez la UPECH contrató a la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C.; y ésta a su vez subcontrató los servicios con otras 4 empresas: Grupo Solución Mercantil de México, S.A. de C.V.; Multiservicios Integrales de la Selva, S.A. de C.V.; Promotora Comercial de Servicios Globales, S.A. de C.V.; y Compañía Integradora y Multidisciplinaria de América, S.A. de C.V., en un 98.0% (80.0 millones de pesos), con respecto al total cobrado a la UPCH (81.6 millones de pesos), lo que le redituó un beneficio de 1.6 millones de pesos. Anomalías en la realización de trabajos efectuados con recursos públicos federales. El entregable exhibido por Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. a la UPCH presentó diversas inconsistencias con lo solicitado. Tanto las inconsistencias, como la falta de evidencia de que los proveedores subcontratados por Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. hayan proporcionado o realizado los entregables correspondientes,


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permiten concluir que los trabajos por los que pagó SEDATU no fueron hechos por ningún proveedor señalado anteriormente. Entre las irregularidades detectadas de la revisión de las empresas subcontratadas por Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., destaca lo siguiente: una no fue localizada en su domicilio fiscal por el personal auditor; otra fue desconocida en el domicilio de conformidad con lo informado por Correos de México; otras tres, fueron notificadas mediante correo certificado, sin embargo, no proporcionaron evidencia de que hayan realizado los servicios, de los pagos recibidos ni de la facturación correspondiente, por lo cual no fue posible validar los servicios que presumiblemente prestaron. Sobrecostos detectados en la contratación de la UPCH. La UPCH suscribió un contrato con la SEDATU por 18.6 millones de pesos, cuyo objeto consistió en los servicios profesionales y técnicos del Servicio Tecnológico para el sistema para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la SEDATU. A su vez, la UPCH subcontrató a la empresa Innovación Integrada, S.A. de C.V a la cual le pagó 5.5 millones de pesos, por lo que, considerando el importe pagado por la SEDATU a la UPCH, se observó un sobrecosto de 13.2 millones de pesos. Falta de documentación comprobatoria por parte de la empresa subcontratada. El representante legal de la empresa contratada manifestó que los servicios se realizaron con el personal que labora en la empresa, por lo que no contrató externos; proporcionó evidencia de los trabajos que realizó, sin embargo, no acreditó los insumos que presumiblemente utilizó; y no especificó ni mostró evidencia de la integración de los costos incurridos para ejecutarlos, por tanto, no se tiene evidencia que sustente dichos costos. Irregularidades en la facturación de servicios. La UPCH suscribió un contrato plurianual con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por 259.4 millones de pesos de los cuales en 2016 facturó 50.2 millones de pesos, cuyo objeto consistió en el Servicio de Administración, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (ADMA) (Unidad de Administración de Proyectos y Calidad). La universidad a su vez contrató a dos empresas: Brio Software México, S.A. de C.V. y Link Solutions, S.A. de C.V. por 7.4 y 3.9 millones de pesos respectivamente. Los servicios prestados por estas empresas duraron hasta diciembre de 2015, no obstante que se facturaron y cobraron por la UPCH al ISSSTE en el ejercicio de 2016. Aplicación de recursos públicos en objetivos distintos para los cuales fueron autorizados. Los pagos realizados por la UPCH a las empresas Brio Software México, S.A. de C.V. y Link Solutions, S.A. de C.V., fueron los únicos gastos comprobados por la universidad para la ejecución de los servicios pactados con el ISSSTE. Si bien se identificó la contratación de 19 personas por Brio Software México, S.A. de C.V. y Link Solutions, S.A. de C.V., no proporcionó evidencia de su contratación, ni de los pagos correspondientes por los servicios prestados de costo fijo y variable. Dichos pagos representan el 22.8% (11.4 millones de pesos) del total que pagó el ISSSTE a la UPCH (50.2 millones de pesos), lo que propició un sobrecosto que la UPCH le cobró por 77.2% (38.7 millones de pesos).


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Vinculación de empresas contratadas por la UPCH. Brio Software México, S.A. de C.V., obtuvo un beneficio directo de 822.2 miles de pesos; requirió la contratación de dos empresas para efectuar los servicios por 6.5 millones de pesos (87.8% del total cobrado a la UPCH) y asignó personal propio a quienes les pagó 95.3 miles de pesos (1.3% del total cobrado a la UPCH). Por su parte, Link Solutions, S.A. de C.V., manifestó que contrató los servicios con la empresa Brio Software México, S.A. de C.V por un costo de 3.7 millones de pesos, es decir, que contrató el 93.5% del total del pagado por la UPCH (3.9 millones de pesos), por lo que obtuvo un beneficio directo de 256.1 miles de pesos, situación que acredita el vínculo entre las empresas contratadas por la UPCH. Dictamen. La ASF concluye que, en términos generales, la Universidad Politécnica de Chiapas no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los antes señalados. Número de observaciones: 7, Número de acciones: 12 (2 R; 2 PEFCF; 4 PRAS; 3 PO; y 1 M). Recuperaciones determinadas: 249.6 millones de pesos; Operadas: 0.0; Probables: 249.6 millones de pesos. Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM). Auditoría No. 196 Servicios contratados no fueron requeridos por el área presumiblemente firmante. Derivado del convenio General el 2 de febrero de 2016, firmaron el Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 en el que se ejercieron 185.8 millones de pesos. El Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, quien aparentemente habría firmado el Primer Convenio Específico, manifestó que no reconocía como suyas las firmas que obran en el mismo, que jamás solicitó la prestación de los servicios, que nunca ha tenido contacto ni conoce a persona alguna de la universidad y que no solicitó al Director General de Programación y Presupuestación de la SEDATU el pago de recursos a favor de la UPFIM. Irregularidades en el proceso de contratación de la IPFIM. El encargado de Rectoría de la UPFIM refirió que el contacto con la SEDATU se realizó vía telefónica, y que posteriormente remitieron con un propio el convenio general para que lo firmara, dejando claro que no tuvo contacto personal con los servidores públicos de ésta. No obstante, bajo un procedimiento de contratación inusual. Contratación presuntamente irregular de recursos públicos en incumplimiento de la LAASSP. La SEDATU no se sujetó a las reglas de contratación establecidas en la LAASSP, que condiciona que las dependencias y entidades contratadas cuenten con la capacidad para entregar el bien o prestar el servicio requerido; situación que no ocurrió, en virtud de que la UPFIM manifestó falsamente tener la capacidad ante la dependencia contratante pues, no demostró haber llevado a cabo actividad alguna. No obstante, la SEDATU le pagó durante 2016 un monto total


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de 185.8 millones de pesos, cantidad que la UPFIM no reportó como ingresos en la Cuenta Pública del ejercicio 2016. Subcontratación de empresas para la realización de trabajos encargados por SEDATU. Debido a la falta de capacidad para prestar servicios la UPFIM subcontrató a dos proveedores: Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V. (139.1 millones de pesos) y Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. (42.8 millones de pesos), para la ejecución de los servicios convenidos con la SEDATU, por un total de 181.9 millones de pesos, que representan el 98.0% del total contratado. Irregularidades en el proceso de subcontratación de empresas. La empresa Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V., está legalmente constituida, sin embargo, en el domicilio fiscal señalado ante el SAT, en las facturas y en el contrato de prestación de servicios, desconocen su existencia, por lo que se presume que únicamente existe en papel, sin estructura ni personal. La C. Noemí Andrea Tenorio Cruz que aparece como accionista mayoritaria y administradora única de la empresa referida y firmante del contrato con la UPFIM, manifestó no fungir como representante legal ni administradora única de Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V.; negó haber tenido contacto con servidores públicos de la universidad y, por tanto, no reconoció como suyas las firmas consignadas en el contrato y rechazó haber recibido las cantidades que le fueron entregadas a la empresa. Asimismo, se remitió a la Auditoría Superior de la Federación copia de la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el 28 de septiembre de 2017, en la cual se denunciaron hechos posiblemente constitutivos de delito. Vinculación entre las empresas contratadas por las Universidades y SEDATU. La empresa Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. realizó transferencias a siete empresas, sin acreditar el pago al personal que presumiblemente realizó los trabajos. Seis de las siete empresas a las que Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V., subcontrató aparecen como proveedores que presumiblemente participaron en la prestación de los servicios subcontratados por empresas contratadas por la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH)8. Esta situación evidencia una relación entre las empresas proveedoras, a fin de dominar las presuntas contrataciones que llevan a cabo los entes públicos estatales para la simulada prestación de servicios, teniendo como eje común la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Operaciones irregulares realizadas entre SEDATU, la UPFIM y empresas subcontratadas. La UPFIM simuló y elaboró información y documentación para acreditar y comprobar la presunta prestación de servicios, por lo que se determina que el pago por 42.8 millones de pesos realizado a la empresa Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V., es irregular, toda vez que la información y documentación proporcionada por la universidad a la ASF, no sustenta ni acredita el ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales que le fueron pagados por la SEDATU en el ejercicio 2016.

8 Consultar auditoría 195-DS.


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Empresa subcontratada presenta irregularidades ante el SAT. La UPFIM contrató a la empresa Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V., por 139.1 millones de pesos. No obstante que la empresa expidió nueve facturas a favor de la UPFIM por los servicios pactados, la ASF constató que la referida empresa declaró en ceros ante el SAT los ingresos que percibió de la UPFIM durante el ejercicio 2016. Además, solo demostró costos por 63.1 millones de pesos por lo que se determinó una diferencia no comprobada de 75.4 millones de pesos respecto al monto total pagado por la universidad (139.1 millones de peos). Empresa contratada por la universidad subcontrató a su vez a seis empresas. La empresa Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V contratada por la UPFIM recibió 139.1 millones de pesos; a su vez ésta subcontrató a las empresas: Servicios Myla, S.A. de C.V.; Servicios Fiscales en Administración SIC, S.A. de C.V.; Acabados Constrarq, S.A. de C.V.; Compu-Draz Comercializadora, S.A. de C.V.; Servicios Imperiales Sial, S.C; Maderas Finas del Golfo, S.A. de C.V. y les pago 122.9 millones de pesos. Pagos a servidores públicos en función para la supuesta realización de los trabajos contratados. De los costos comprobados (63.1 millones de pesos): 5.5 millones de pesos fueron pagados a 37 exfuncionarios; 10.0 millones de pesos a 69 funcionarios y exfuncionarios públicos de distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los cuales, 4.5 millones de pesos corresponden a 32 servidores públicos en funciones, lo que hace incompatible la prestación de los servicios por los periodos, ubicación y horarios de ejecución de los trabajos a desarrollar, entre los que se encuentran. Se comprobó que de los pagos que les fueron depositados a estos funcionarios y exfuncionarios, algunos de ellos, realizaron transferencias a cuentas bancarias de otros funcionarios y exfuncionarios públicos. El monto pagado mediante SPEI por 63.1 millones de pesos a las personas físicas fue transferido por otra empresa distinta denominada Bestil, S.A. de C.V. SOFOM ENR, a la cual las seis empresas subcontratadas le transfirieron recursos. Empresas subcontratadas por la UPFIM mantienen vínculo con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V. transfirió recursos a estas mismas empresas que aparecen como proveedores de servicios subcontratados por otros proveedores del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX)9. Se comprobó que el domicilio fiscal de la empresa Bestil, S.A. de C.V. SOFOM ENR es el mismo para Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V.; Servicios Myla, S.A. de C.V.; Acabados Constrarq, S.A. de C.V.; Publicidad Natnit, S.A. de C.V.; Comercializadora Green Recyt, S.A. de C.V.; Serviunicos, S.A. de C.V. y Comercializadora DW Prisma, S.A. de C.V., quienes participaron en la presunta prestación de servicios al SQCS, TELEMAX, Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO), respectivamente.

9Consultar las auditorías forenses 1791-DSGF, D17011 y 1794-DS-GF, practicadas al SQCS y a TELEMAX.


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Falta de información que compruebe realización de los trabajos contratados. Ni la UPFIM, ni la SEDATU entregaron a la ASF evidencia documental que sustente los trabajos desempeñados y las acciones generadas, los entregables generados carecen de autenticidad al ser casi una copia de los trabajos que presuntamente fueron elaborados por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y la Universidad Autónoma Indígena de México actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. La UPFIM, simuló y elaboró información y documentación para acreditar y comprobar la presunta prestación de servicios, por lo que los pagos realizados son irregulares. Dictamen. La ASF precisa que, en términos generales, la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los anteriores. Número de observaciones: 5, Número de acciones: 8 (1 R; 3 PEFCF; 1 PRAS; y 3 PO). Recuperaciones determinadas: 185.8 millones de pesos; Operadas: 0.0; Probables: 185.8 millones de pesos. Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO). Auditoría No. 1793 Desapego a las reglas de contratación establecidas por la Ley. El régimen de contratación establecido por el artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP fue utilizado como vía para la obtención, presuntamente irregular, de recursos públicos por la UPQROO, ya que manifestó contar con la capacidad para entregar el bien y/o servicio solicitado, aunque en realidad no la tenía, por lo que no llevó a cabo actividad alguna. No obstante, durante el año 2016, la SEDATU le pagó el importe de 97.1 millones de pesos. La UPQROO subcontrató a 8 proveedores. Por la falta de capacidad de la UPQROO, contrató a ocho proveedores para la ejecución del 100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU: AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V; Comercializadora DW Prisma, S.A. de C.V.; Competencia y Habilidades para el Trabajo, A.C.; Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, S.A. de C.V.; Infotecnick, S.A. de C.V.; Custom Performance, S.A. de C.V.; Integración Documental, S.A. de C.V.; Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, S.A. de C.V., a los cuales les pagó 97.2 millones de pesos, importe superior al depositado por la SEDATU, ya que considera los productos financieros por 101.3 miles de pesos generados en la cuenta bancaria de la UPQROO, donde la secretaría depositó los recursos federales. Intereses de servidores públicos para favorecer a la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, S.A. de C.V. La representante legal de la empresa era una persona que fungía como servidora pública de la UPQROO (Jefa de Departamento de Desarrollo de Sistemas); también firmó los entregables elaborados por la empresa, como Coordinadora y Enlace por parte de la UPQROO. Además, el entonces rector de la UPQROO abrió la cuenta bancaria de la empresa donde la UPQROO le depositó los recursos públicos federales, y era la única persona que tenía la facultad del manejo de los recursos depositados en la misma.


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Diversas irregularidades de las empresas subcontratadas. La empresa Comercializadora DW Prisma, S.A. de C.V.se no fue localizada en el domicilio fiscal señalado; no presentó la declaración anual del impuesto sobre la renta del año 2016, no obstante haber recibido recursos federales de la UPQROO por 26.8 millones de pesos. Por su parte la empresa Infotecnick, S.A. de C.V. no presentó su declaración anual del impuesto sobre la renta, a pesar de haber recibido recursos públicos por 5.1 millones de pesos. Tampoco se localizó en su domicilio fiscal. La empresa AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V. subcontrató a dos empresas para la realización de diversos servicios vinculados a los encargados por la universidad, al respecto no proporcionó los entregables derivados de los contratos celebrados con estos supuestos proveedores. No presentó declaración anual del impuesto sobre la renta del año 2016, a pesar de haber recibido recursos públicos por 31.8 millones de pesos. Competencias y Habilidades para el Trabajo, A.C., y Mars Integradores en Telecomunicaciones e Informática, S.A. de C.V no fueron localizadas en su domicilio fiscal, ésta última no presentó la declaración anual del impuesto sobre la renta del año 2016, no obstante haber recibido recursos federales de la universidad por 4.6 millones pesos. Únicamente tres empresas presentaron diversa información y documentación relativa a los trabajos realizados en cumplimiento de los contratos suscritos con la UPQROO, sin proporcionar los contratos de los proveedores supuestamente contratados para la ejecución de los trabajos. Todas las empresas subcontratadas transfirieron recursos a otras personas físicas y morales, sin evidencia de contratos o constancias de servicios que los justifiquen. Al respecto, Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, S.A. de C.V., recibió 6.8 millones de pesos y realizó transferencias por 6.5 millones de pesos a seis empresas. Con los que se adquirieron cuatro vehículos por un monto de 1.5 millones de pesos, de los cuales, tres son camionetas Mazda CX3 y una camioneta Mazda CX9, las cuales se encuentran a nombre de la empresa, cuyo apoderado legal es el ex rector de la UPQROO, y la representante legal era la Jefa de Departamento de Desarrollo de Sistemas de la UPQROO. Las empresas Custom Performance, S.A. de C.V., e Integración Documental, S.A. de C.V., abrieron sus cuentas bancarias en el domicilio fiscal de la empresa AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., hecho que evidencia la existencia de un vínculo entre las tres empresas proveedoras, para intervenir en las supuestas contrataciones que llevan a cabo los entes públicos estatales para la presunta simulación en la prestación de servicios y que, en conjunto, recibieron un total de recursos de 38.9 millones de pesos, que representó el 40.0% de los recursos que la UPQROO entregó a los ocho proveedores. Dictamen. La ASF precisa que, en términos generales, la Universidad Politécnica de Quintana Roo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.


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Número de observaciones: 2, Número de acciones: 4 (1 R; 1 PEFCF; 1 PRAS; y 1 PO). Recuperaciones determinadas: 97.2 millones de pesos; Operadas: 0.0; Probables: 97.2 millones de pesos. Universidad Tecnológica de Campeche (UTCam). Auditoría No. 198 Suscripción de instrumentos jurídicos al amparo de la LAASSP. La UTCam suscribió con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), y Petróleos Mexicanos Exploración y Producción (PEMEX-PEP), diversos instrumentos jurídicos al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), para la adquisición de diferentes bienes y prestación de servicios, los cuales suman un monto pagado de 174.7 millones de pesos. Como la universidad no contaba con la capacidad para cumplir con lo pactado en los contratos subcontrató a 14 proveedores para la ejecución de los servicios convenidos con la SER, IMCINE y SEDATU; y a personal bajo la modalidad de becarios y de sueldos y salarios, para cumplir con los servicios del TEPJF y de PEMEX-PEP. La UTCam celebró con la SEDATU un convenio de colaboración por 268.1 millones de pesos. Para cumplir con los trabajos pactados la universidad subcontrató a la empresa Integraciones Profesionales, S.A. de C.V a la cual pagó 92.8 millones de pesos. Asimismo, la universidad suscribió 11 convenios generales de colaboración, con 11 número de empresas, a las cuales pagó 79.0 millones de pesos, sin acreditar los entregables derivados de los trabajos desarrollados por estas empresas. La UTCam realizó estas supuestas operaciones con proveedores cuya actividad preponderante no corresponde a los trabajos desarrollados. El concepto facturado por las empresas subcontratadas fue derivado de una actividad distinta al objeto social de la empresa. Además, no existe evidencia de que alguna de las 11 empresas haya entregado bienes o realizado servicios para la universidad o la secretaría, lo que deja ver que los contratos suscritos con dichas personas morales fueron la vía para la obtención de recursos públicos, los cuales no fueron aplicados a los fines para los cuales estaban destinados. Ágora Publicity, S.A. de C.V. Esta empresa tiene una actividad preponderante de agencias de publicidad y otros servicios de publicidad, que es diferente a los servicios solicitados por la SEDATU, los cuales consistían en revisión y apoyo en materia de seguridad industrial y protección ambiental. G-Mobile Publicidad Global Inteligente, S.A. de C.V. Esta empresa tiene una actividad preponderante de agencias de publicidad, sin embargo, presto supuestamente servicios para apoyo técnico especializado en la elaboración, programación y seguimiento a proyectos.

http://www.te.gob.mx/


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Desarrollo Social

Soluciones Mixtas, S.A. de C.V. Esta empresa tiene una actividad preponderante de agencias de empleo temporal, que es diferente a los servicios solicitados por la SEDATU. Operadora Integral de Servicios N&S, S.A. de C.V. Su actividad es de servicios de consultoría en administración, no obstante, supuestamente prestó un servicio de desarrollo de proyectos. Sáenz Abastecimiento Industrial y Comercial, S.A. de C.V. esta empresa tiene una actividad preponderante de otros servicios relacionados con el trasporte aéreo, ferrocarril, comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para autos, actividad que no corresponde a los servicios solicitados por la SEDATU. Gallardo y Ejecutivos, S.A. de C.V. No se localizó a la empresa. Beltsite, S.A. de C.V. No fue localizada en su domicilio fiscal y sus actividades no coinciden con las contratadas. Almetri, S.A. de C.V esta empresa tiene una actividad preponderante de otros intermediarios de comercio al por mayor, actividad que no corresponde a los servicios solicitados. Varcom, S.A. de C.V. No proporcionó la información y documentación requerida. Corporativo Rivela, S.A. de C.V. no proporcionó la información y documentación requerida, además tiene una actividad preponderante de construcción de obras, la cual no corresponde a los servicios solicitados por la SEDATU. Servicios Integrales de Seguridad Privada Onyx, S.A. de C.V. No entregó información. Empresas subcontratadas transfirieron recursos a otras empresas. Diez de las once empresas que recibieron recursos federales de la universidad por un total de 39.5 millones de pesos, transfirieron el 99.8% a cuatro empresas: Servicios Integrales Monh, S.A. de C.V., Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana, PJT Abastecimientos e Insumos, S.A. de C.V., y Corporativo Rivela, S.A. de C.V., sin que las empresas presentaran la información o documentación que justificara estas transferencias. Dictamen. La ASF precisa que en términos generales la Universidad Tecnológica de Campeche no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Número de observaciones: 2, Número de acciones: 12 (1 R; 1 PEFCF; 1 PRAS; 1 PO; y 8 M). Recuperaciones determinadas: 90.0 millones de pesos; Operadas: 0.0; Probables: 90.0 millones de pesos.


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Desarrollo Social

Consec. Auditoría Entidad auditada Principales resultados Recuperaciones

1 193-DS

Universidad

Mexiquense del

Bicentenario (UMB).

-La Secretaría de Desarrollo Agrario, Teritorial y Urbano (SEDATU) firmó un convenio de

colaboración con la UMB para la realización de diversos trabajos por un monto de 178.0

millones de pesos, sin embargo, como la Universidad no tuvo la capacidad para realizar los

trabajos subcontrató a 4 proveedores por un total de 82.5 millones de pesos para que éstos

los realizaran.

-En esta operación la UMB obtuvo indebidamente un beneficio económico de 95.5 millones

de pesos ya que no estaba establecido en el convenio. Esta situación evidencía un

sobrecosto facturado a la SEDATU.

Determinadas: 178.0

millones de pesos

Operadas: 0.0

Probbales: 178.0

millones de pesos

2 195-DS

Universidad

Politécnica de Chiapas

(UPCH).

-La UPCH suscribió diversos convenios, contratos y pedidos para la prestación de servicios

con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por los cuales

percibió ingresos por un total de 255.2 millones de pesos, pese a que no contaba con la

capacidad para entregar el bien o prestar el servicio requerido.

-La Universidad incurrió en falsedad de declaración, dado que manifestó tener capacidad

para ejecutar los trabajos ante las dependencias contratantes.

-La Universidad no llevó a cabo actividad alguna, ya que subcontrató la ejecución del

100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU y el ISSSTE a un menor costo, por lo que

obtuvo de manera indebida un beneficio económico de 156.5 millones de pesos.

Determinadas: 249.6

millones de pesos

Operadas: 0.0

Probbales: 249.6

millones de pesos

3 196-DS

Universidad

Politécnica de

Francisco I. Madero

(UPFIM).

-La UPFIM y SEDATU firmaron un convenio decolaboración para la prestación de diversos

servicios por un total de 185.8 millones de pesos.

-El Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la

SEDATU, quien aparentemente habría firmado el convenio, manifestó ante la ASF que no

reconocía como suyas las firmas que obran en el mismo; que jamás solicitó la prestación de

los servicios; que nunca ha tenido contacto ni conoce a persona alguna de la Universidad; y

que no solicitó al Director General de Programación y Presupuestación de la SEDATU el

pago de recursos a favor de la UPFIM.

-Además en rector de la Universidad declaró a la ASF que el contacto que mantuvo con

SEDATU se realizó vía telefonica y nunca mantuvo contacto personal.

-Esta situación evidencía la inusual contratación que se dio entre SEDATU y la UPFIM.

Determinadas: 185.8

millones de pesos

Operadas: 0.0

Probbales: 185.8

millones de pesos

4 1793-DS

Universidad

Politécnica de

Quintana Roo

(UPQROO).

-SEDATU y la UPQROO firmaron un convenio de colaboración para la ejecución de diversos

trabajos por un total de 97.1 millones de pesos, sin mebargo, como la Universidad no

contaba con la capacidad para su ejecución, subcontrató a 8 proveedores a los cuales le

spagó un total de 97.2 millones de pesos.

-Esta cantidad es superior al depositado por la SEDATU, ya que considera los productos

financieros por 101.3 miles de pesos generados en la cuenta bancaria de la UPQROO.

-Una de las empresas contratadas por la Universidad, tenía como representante legal a una

persona que a su vez fungía como servidora pública de la UPQROO, por lo que la ASF

concluye que existian intereses personales y económicos para favorecer a ésta empresa.

Determinadas: 97.2

millones de pesos

Operadas: 0.0

Probbales: 97.2

millones de pesos

5 198-DS

Universidad

Tecnológica de

Campeche (UTCam).

-La UTCam suscribió con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación (TRIFE), Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), y Petróleos Mexicanos

Exploración y Producción (PEMEX-PEP), diversos instrumentos jurídicos para la adquisición

de diferentes bienes y prestación de servicios, los cuales suman un monto total pagado de

174.7 millones de pesos.

-Como la Universidad no contaba con la capacidad para cumplir con lo pactado en los

contratos, subcontrató a 14 proveedores para la ejecución de los servicios convenidos con

la SER, IMCINE y SEDATU; y a personal bajo la modalidad de becarios y de sueldos y salarios,

para cumplir con los servicios del TEPJF y de PEMEX-PEP.

-Las empresas subcontratadas por la Universidad a su vez transfirieron los recursos que

recibieron a otra empresas, sin presentar justificación alguna de estas transferencias.

-Además la ASF comprobó que las empresas contratadas tienen actividades

preponderantes distintas a los trabajos solicitados.

Determinadas: 90.0

millones de pesos

Operadas: 0.0

Probbales: 90.0

millones de pesos

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA AUDITORÍA HORIZONTAL

“CONVENIOS DE COORDINACIÓN, COLABORACIÓN Y ACUERDOS ESPECÍFICOS SUSCRITOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA EL

DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS, ADQUISICIONES Y OTROS SERVICIOS”

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de los Informes de Auditoría No. 193, 195, 196, 1793, y 198 de la revisión a la Cuenta Pública 2016.


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Desarrollo Social

Secretaría de Cultura. “Programa de Apoyos a la Cultura”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 167-DS. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y el del Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, ACMPM, se ejercieron, aplicaron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Deficiencias de control en la comprobación de ministración de recursos. En el programa denominado Apoyo a Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, se identificaron deficiencias de control que trajeron como consecuencia la falta de comprobación de los recursos ministrados por 13.9 millones de pesos a las ciudades de Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende y Tlacotalpan o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos o no comprobados al 31 de diciembre de 2016. De igual manera, se detectó el incumplimiento de la obligación de supervisar el desarrollo de 19 proyectos correspondientes a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial para los cuales la Secretaría de Cultura transfirió los recursos federales. Incumplimiento de requisitos en proyectos aprobados. La ASF constató que 27 proyectos se dictaminaron como viables a pesar de que 21 no cumplieron con los requisitos referentes al "Presupuesto congruente con los objetivos y metas del proyecto" y 18 no se pronunciaron sobre la viabilidad material y financiera de su ejecución. Aunado a lo anterior, en las obras correspondientes a la Ciudad de México y Tlacotalpan, no se evidenciaron los tiempos en los que se ejecutaron los trabajos. Vacío en las reglas de operación para comprobar cofinanciamientos. Referente al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), la Secretaría de Cultura formalizó los instrumentos jurídicos y sus respectivas transferencias de recursos para el desarrollo de dos proyectos culturales por 3.0 millones de pesos, sin que los beneficiarios acreditaran la evidencia del cofinanciamiento en los términos establecidos en las Reglas de Operación y en los propios instrumentos jurídicos. Aunado a lo anterior, se verificó que las reglas de operación no señalan el mecanismo para comprobar el cofinanciamiento por parte de las instancias beneficiadas y el seguimiento en los avances de los proyectos. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 9 (4 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, y 2 Pliegos de Observaciones). Recuperaciones determinadas: 16.9 millones de pesos; Operadas: 0.0; Probables: 16.9 millones de pesos. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, la Secretaría de Cultura cumplió con las disposiciones legales y normativas que le son aplicables, excepto por los aspectos observados en el informe de auditoría.


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Desarrollo Social

3. Análisis de la Fiscalización al Sector Salud


Los recursos ejercidos en el sector salud presentaron una disminución respecto al año anterior. En 2016 los recursos ejercidos por todo el sector salud ascendieron a 515 mil 678.6 millones de pesos, cantidad menor en términos reales (1.4%) respecto al ejercicio anterior. Este resultado contrasta con el 3.1% real de incremento observado entre 2014 y 2015. Así, el promedio anual de crecimiento (TMAC) en el gasto ejercido en el sector salud registrado durante el periodo 2000-2016, fue de 4.3% en términos reales.

A través del Poder Ejecutivo se ejercieron 228 mil 988.8 millones de pesos. Las entidades del poder ejecutivo vinculadas al sector salud, ejercieron el equivalente al 52.2% del gasto realizado por el poder ejecutivo. Con relación a las Entidades de control directo, el IMSS e ISSSTE aplicaron el 56.1% del gasto programable en salud (236 mil 487.7 millones de pesos y 52 mil 852.7 millones de pesos) respectivamente.

Como parte del gasto ejercido en Salud, se gastaron 132 mil 216.8 millones de pesos en programas vinculados al sector salud, cantidad que representó una disminución de 2 mil 630.7 millones de pesos respecto a 2015. Para el ejercicio 2016, el Gobierno Federal aportó 132 mil 216.8 millones de pesos para un total de 31 Programas presupuestales del Sector Salud, monto menor en 2 mil 630.7 millones de pesos y seis Programas presupuestales más, que en 2015 (134 mil 847.5 millones de pesos y 37 programas). Entre los programas con mayor asignación de recursos destacan, en materia de salud, los siguientes: el programa Seguro Popular con 75 mil 437.1 millones de pesos, que representó el 57.1% del total de los recursos asignados al sector salud; Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 19 mil 983.6 millones de pesos (15.1%); Programas de desarrollo humano oportunidades 6 mil 209.9 millones de pesos (4.7%) y Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud 3 mil 783.6 millones de pesos (2.9%).

Pese al continuo presupuesto asignado al sector salud los indicadores del sector no han experimentado mejoría. Los recursos canalizados a la salud no han logrado impactar de forma importante en el crecimiento del sector a lo largo del periodo 2000-2016; de manera particular en el periodo 2012-2016 el gasto en el sector apenas creció 0.6% en promedio, hecho que se vincula con un decremento de 0.3% en el nivel de actividad del sector.

Estudios internacionales consideran que el sector salud en México no ha trabajado de manera eficaz. Los “Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México 2016”, revelan que la inversión pública en el Sistema de Salud mexicano ha aumentado de 2.4% a 3.2% del Producto



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Desarrollo Social

Interno Bruto (PIB) entre 2003 y 2013; sin embargo, considera que dichos recursos no se están traduciendo en beneficios para la salud tangibles, ya que existen indicadores clave que sugieren que el Sistema de Salud mexicano no está trabajando de la forma más eficaz o eficiente como podría hacerlo.

Pese a que la inversión pública en salud ha incrementado (pasando de 2.4 a 3.2% del PIB), México sigue siendo de los países miembros de la OCDE que menores recursos destina al sector. De acuerdo con información de la organización, hasta el tercer trimestre de 2017, la inversión en salud que realiza México continúa siendo de las más bajas entre los países que integran dicha Organización (México 5.8% vs promedio registrado por la OCDE 9.0%).

Insuficiente crecimiento del gasto per cápita en Salud. Si se considera el gasto per cápita en salud, México es el país miembro de la OCDE que ocupa el último lugar. El porcentaje de gasto realizado por México en salud equivale a 1 mil 080 dólares PPA11 per cápita por año (el promedio de la OCDE es 3 mil 997 dólares PPA en 2016), nivel que ubica a México en último lugar de este indicador.

El gasto de bolsillo en salud sigue siendo una de las mayores problemáticas para los mexicanos. Si bien, en la última década se ha disminuido en poco más de 10 puntos porcentuales el gasto de bolsillo en salud de los mexicanos, al pasar de 52.2% a 40.8%, éste continúa siendo uno de los más elevados de la OCDE, cuya tasa media es de 20.1% y donde países como Francia (7.0%), Luxemburgo (10.7%) y Estados Unidos (11.5%) mantienen las tasas más bajas de este indicador.

Alrededor de la mitad de todo el gasto en salud en México es pagado directamente por los pacientes. La participación pública en el financiamiento del cuidado de la salud, se ha mantenido en 51.7% desde 2013 y hasta 2016. Sin embargo, dicha tasa continúa como una de las más bajas entre los países de la OCDE (donde el promedio es de 72.5% en 2016). En consecuencia, alrededor de la mitad de todo el gasto en salud en México es pagado directamente por los pacientes, situación que evidencia los inadecuados niveles de financiamiento público y las tasas inigualables de gasto de bolsillo que realizan los mexicanos para cubrir sus necesidades de atención médica.

Principales indicadores del sector salud en México, evidencian las fallas del Sistema Nacional de Salud. La cantidad de médicos disponibles por cada mil habitantes entre los países que integran la OCDE es de 3.3 Médicos por cada mil habitantes; mientras que, en México, desde 2014, se tiene un inventario de 2.2 médicos, situación que lo coloca en penúltimo lugar de la organización, tan solo por arriba de Polonia y Corea con 2.3 médicos cada uno. Por lo que respecta a las enfermeras, el promedio de la Organización es de 9.5 enfermeras por cada mil habitantes, mientras que en México se registra 2.8 de enfermeras practicantes por cada mil, colocando a nuestro país en el último lugar de este indicador. En proporción al número de

11 Paridad del Poder Adquisitivo.


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Desarrollo Social

camas disponibles por cada mil habitantes, México se encuentra como el más bajo de la OCDE con 1.5 camas por cada mil, mientras que el promedio de la OCDE es de 4.7.

La tecnología implementada en el sector salud aún es exigua. En el país actualmente se tienen registradas 2.4 Unidades de Resonancia Magnética12 por cada millón de personas (vs 16.3 en promedio en la OCDE); el número total de equipos de Tomografía Computarizada13 registrados, es de a 5.9 equipos por cada millón de habitantes vs 26.4 equipos que representan la media registrada por la OCDE. Esta falta de accesibilidad disminuye de forma significativa las posibilidades de detección temprana y prevención de este tipo de enfermedades en la población mexicana, donde tan solo en el periodo 2013-2015, de la totalidad de casusas de muerte reportadas en México, las provocadas por tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares y renales juntas, representaron casi el 20.0% de las defunciones registradas en 2015, con un incremento promediado de 2.7%, entre 2014 y 2015.

La mitad de la población mexicana puede acceder a servicios de salud gracias al Seguro popular. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT 2016) el 86.6% de la población cuenta con algún tipo de afiliación para recibir servicios médicos. De los cuales el 50.4% pertenece al Seguro Popular; 38.1% al IMSS y el resto al ISSSTE (7.7%), ISSSTE Estatal (0.8%), Seguro Privado (0.7%), Defensa o Marina (0.5%), Pemex (0.4%), y otras instituciones (1.4%). Es importante señalar que la proporción de personas afiliadas al Seguro Popular es más alta en los niveles socioeconómicos más bajos.

La cobertura del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) se ha incrementado considerablemente a través de los 13 años que han pasado desde su creación. El Informe de Resultados del SPSS correspondiente al periodo enero-junio 2017, señala que, a más de 13 años de su puesta en operación como política pública dirigida a garantizar el acceso a la salud de la población sin seguridad social, la cobertura pasó de 5.3 millones de personas en 2004 a 53.3 millones de personas estimadas para 2017.

12 Con ellas se puede realizar prevenciones y valoraciones de sobre alteraciones en tejidos, así como detección de cáncer u otras patologías. 13 Estos equipos permiten realizar la identificación de lesiones y hemorragias internas de manera inmediata, o para planear la radioterapia para el cáncer de cerebro.


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3.2. Principales Hallazgos determinados por la ASF Para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó un total de 27 auditorías al sector salud. En particular respecto a la tercera entrega de Informes Individuales de auditorías, la ASF reportó cinco auditorías a entes vinculados con el sector Salud, así como una Evaluación de Políticas Públicas. A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados en las cinco auditorías practicadas al sector Salud, en el contexto de la tercera entrega de informes individuales como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016. Secretaría de Salud. “Rectoría en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 208 Objetivo. Fiscalizar la rectoría en salud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Fortalecimiento y cumplimiento de la normatividad interna. Como resultado de la revisión la ASF destacó que el programa sectorial se estableció, como prioridad, avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la SS, para lo cual en 2016 dicha dependencia ejerció 2 mil 982.4 millones de pesos en el programa P012 “Rectoría en Salud, respecto de la emisión de normativa en salud, en 2016 la SS emitió 32 nuevas guías de práctica clínica (GPC), 113.3% más que las 15 previstas, y se enfocaron en homologar la atención médica entre el personal de salud y complementar el conocimiento teórico y práctico sobre la detección y tratamiento de los padecimientos más frecuentes, y actualizó 37 guías, 7 (23.3%) más que las 30 programadas. Con ello, de las 771 guías registradas en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica al cierre de 2015, se actualizaron 37 en 2016, y se adicionaron 32 nuevas guías, para totalizar 801, ya que 2 fueron retiradas de dicho catálogo, con lo que la secretaría contribuyó a disponer de referentes de aplicación en las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, para orientar la toma de decisiones de los prestadores y usuarios de los servicios de salud; adicionalmente, en ese año, la SS dispuso de 140 Normas Oficiales Mexicanas, en las que se establecen las especificaciones y procedimientos en materia de salud y control y fomento sanitario, así como de 32 proyectos de normas, orientadas a la organización y funcionamiento de los servicios de salud. Cumplimiento normativo en emisión de certificados de necesidades de infraestructura. Por lo que toca a la actualización del Plan Maestro de Infraestructura (PMI), en 2016, la SS autorizó la emisión de 64 certificados de necesidad, pertenecientes a 53 (0.1%) establecimientos de salud, de los 36,892 existentes en ese año; esas unidades médicas tienen el potencial de beneficiar a 27,683,425 personas, una vez que se encuentren operando. La dependencia acreditó que los certificados autorizados cumplieron con los parámetros del Manual de Procedimientos para la Emisión del Certificado de Necesidades de Infraestructura. Incremento de la satisfacción por calidad en la atención médica. En cuanto al monitoreo de la calidad en la atención médica, durante 2016, la secretaría impulsó la participación ciudadana en los establecimientos de salud, para evaluar y mejorar la calidad de los servicios de atención


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médica, mediante el aval ciudadano y las cartas compromiso, y aplicó encuestas de satisfacción entre la población usuaria; así, la SS registró que 9,225 establecimientos contaron con aval ciudadano operando, el 75.9% de los 12,160 acreditados para ofrecer los servicios médicos, y el 25.0% de los 36,892 registrados ante la SS; atendió 25,674 cartas compromiso, el 61.1% de las 41,998 que habían sido firmadas y entregadas con el aval ciudadano, 7.4% menos que el 66.0% programado, y el 93.3% (827,852 usuarios) de los 887,536 entrevistados manifestó su satisfacción con el trato que recibieron, lo que representó 55.5% más que el 60.0% previsto. En los 9,225 establecimientos que contaron con aval ciudadano se brindó atención médica a 37,162.0 miles de personas, a las que se les aplicó la encuesta de satisfacción sobre el trato recibido. Cumplimiento a la Norma en materia de “Información en Salud”. Respecto de la dirección del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), la SS acreditó la elaboración de los 30 productos de información en salud programados, que consistieron principalmente en la supervisión y asesoría a las instituciones pertenecientes al SNS sobre el registro de estadísticas en salud, así como la actualización de los 40 productos de información previstos, que se refirieron a las estadísticas en salud. Para cerciorarse de que la información que capturan las instituciones públicas de salud en el SINAIS cumple con los atributos de oportunidad, cobertura, integridad, validez, veracidad y consistencia, que dispone la NOM-035-SSA-2012 en materia de información en salud, la dependencia realizó 5 visitas de inspección y orientación a igual número de entidades federativas en 2016. Programas coordinados evaluados que derivaron en relevantes recomendaciones por la ASF. En relación con la evaluación de los programas de salud, en ese año, la SS coordinó la evaluación de 12 (50.0%) de los 24 programas presupuestarios a su cargo, el 100.0% de lo programado, para contribuir a mejorar su desempeño, de la cual se emitieron 24 recomendaciones, reconocidas como Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), y se enfocaron principalmente en definir, con mayor precisión, las poblaciones potencial, objetivo y atendida de los programas; formular indicadores que den cuenta del desempeño de las unidades responsables; fortalecer la coordinación con las entidades federativas, y modificar los aspectos normativos incluidos en las reglas de operación de los programas que otorgan subsidios a la población. Cumplimiento de metas programadas en materia de acceso a los servicios de salud. Por lo que respecta al acceso de la población a los servicios de salud, conforme al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, en el periodo 2012-2015, el CONEVAL calculó la proporción de población sin acceso a estos servicios. Con base en los resultados dados a conocer el 30 de agosto de 2017, el porcentaje de población con esta carencia, en 2016, fue de 15.5%, equivalente a 19.1 millones de personas, lo que representó un cumplimiento del 68.5% de la meta programada para ese año, al reducirlo a 9.2%, equivalente a 11.3 millones de personas. Ínfimo avance en la implementación del Sistema Nacional de Salud Universal (SNSU). En cuanto a la construcción del SNSU, en 2016, la SS suscribió el Acuerdo Nacional Hacia la Universalización de los Servicios de Salud, con el IMSS e ISSSTE, y con 3 de las 32 entidades federativas, para lograr gradualmente la universalización en la prestación de los servicios de


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salud, lo que significó que, mediante dicho acuerdo, se articulara el funcionamiento de 6,738 (18.3%) establecimientos de salud de los 36,892 registrados ante la SS. Asimismo, en marzo de 2017, la SS suscribió el Acuerdo General de Coordinación para el Intercambio de Servicios entre el IMSS y el ISSSTE, y convenios específicos de coordinación con 11 de las 32 entidades federativas, con el propósito de implementar el intercambio de servicios entre las unidades médicas, para garantizar el acceso a los servicios de salud, y avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. Recomendaciones de la ASF para garantizar el acceso a los servicios de salud. La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, implementó medidas para incorporar gradualmente al Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud a todas las entidades federativas y unidades médicas, disponer de información sobre el número de personas que son atendidas por los establecimientos de salud que cuentan con aval ciudadano y que gestionaron certificados de salud, conforme a los atributos que dispone la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, en términos de su oportunidad, cobertura, integridad, validez, veracidad y consistencia, como insumo necesario para la toma de decisiones, lo que permitirá avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal, que garantice el acceso efectivo a servicios de salud a la población. En opinión de la UEC, una insuficiencia de la revisión, es que no evalúa la exigencia de los recursos financieros que demandara este Sistema Universal de Salud y los mecanismos para hacer frente a dicha exigencia, ya que es imperativo desde una visión global, el poder determinar el costo-beneficio de este sistema. Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, se avanzó en la articulación del SNS, al registrarse que 6,738 establecimientos (18.3%) de los 36,892 que cuentan con CLUES, se adhirieron al Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, con el fin de garantizar a la población el acceso efectivo con calidad a los servicios de salud, independientemente de su edad, lugar de residencia o condición social o laboral y, con ello, lograr gradualmente la universalización en la prestación de los servicios de salud. Asimismo, la homologación de los modelos de atención médica que ofrecen las unidades médicas pertenecientes al sistema, alcanzó el 33.0% (12,160 unidades) de las 36,892 unidades autorizadas por la SS para ofrecer los servicios médicos, mediante su acreditación, y 25.0% (9,225 unidades) contó con aval ciudadano al cierre de 2016, lo que contribuyó a garantizar la mejora del trato y atención médica a la población; además, de acuerdo con las cifras del CONEVAL, el porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud se redujo en 7.8% en promedio anual, en el periodo 2012-2016, al pasar de 21.5% a 15.5% (19.1 millones de personas)- Número de Observaciones: 0.


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Secretaría de Salud. “Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 205. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario E010 "Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Control deficiente en el pago de nómina. De la revisión a los conceptos de pago efectuados a los residentes, la ASF observó que la Secretaría de Salud a través de la DGRH efectuó pagos en exceso por 1.2 millones de pesos sin considerar los movimientos de baja por la renuncia a la residencia médica; pagos a médicos residentes que no se encontraron activos; determinación del pago de remuneraciones con código de puesto diferente al nivel que cursaba el médico residente; consideración de la “Prima Vacacional” sin que el médico residente cumpliera con la antigüedad requerida para recibir la prestación, y los pagos por concepto de “Gratificación de fin de año” no se realizaron en función a los días laborados. Derivando de lo anterior, la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1.2 millones de pesos por concepto del pago de remuneraciones improcedentes, sin considerar los movimientos de baja por la renuncia a la residencia médica; así como, pago de primas de riesgo a médicos residentes de especialidades y subespecialidades que no se encuentran previstas en el "Manual para el otorgamiento de la compensación por capacitación temporal en áreas de riesgo a médicos residentes", y de "Gratificaciones de fin de año" que no eran congruentes con los días laborados. Gratificaciones pagadas sin comprobar su recepción. En relación con la prestación por el concepto de “Vales de despensa de fin de año” por 27.6 millones de pesos para su entrega a los médicos residentes activos, la entidad fiscalizada no acreditó la recepción efectiva del médico beneficiario. Sobre el particular, derivado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la DGRH acreditó con listado de firmas la entrega de vales por 27.6 millones pesos a los médicos residentes, sin demostrar la recepción de los vales por 22 mil 600 pesos, correspondientes a 2 residentes médicos que no entraban activos al cierre del ejercicio 2016. Por lo anterior, la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 22 mil 600 pesos por concepto de "Vales de despensa de fin de año" que fueron entregados a los médicos residentes "activos", sin acreditar con evidencia documental la recepción efectiva por parte del médico beneficiario. Controles inadecuados y deficiencias en el manejo de expedientes del personal. Por otra parte, la entidad fiscalizada no cuenta con un control adecuado que garantice que el expediente que acredita la existencia de los médicos residentes contenga toda la documentación personal, oficial y académica que soporta su ingreso al Sistema Nacional de Residencias Médicas, ya que de los 3,367 médicos residentes pagados en el ejercicio 2016, se realizó la revisión de 1,572


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expedientes proporcionados por la DGRH, en la cual se determinó que únicamente 20 expedientes cuentan con la documentación completa y 1,511 expedientes carecen de documentos personales oficiales (acta de nacimiento, CURP, credencial del IFE o INE, RFC, cédula profesional, título, comprobante de domicilio, entre otros), constancia que acredite el término de la especialidad que debió cursar antes del posgrado, así como la carta de adscripción que señale que el médico residente cuenta con el título y cédula profesional; de 41 médicos residentes no se acreditó que contaran con el expediente respectivo. Por lo anterior la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Dirección General de Recursos Humanos que en su gestión registraron en el Sistema Integral de Administración del Personal a 1,552 médicos residentes que no cuentan con un expediente que contenga la documentación e información que establece el procedimiento "Para la delegación funcional y operativa de los procesos de captura en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)" que debieron entregar las unidades médicas para acreditar a los médicos residentes adscritos a cada institución de salud. Incumplimiento de la “NOM-001-SSA3-2012, Educación en Salud”. El Hospital Juárez de México, así como los institutos nacionales de Cardiología “Ignacio Chávez”, y de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” no acreditaron contar con el convenio específico de colaboración con la institución de educación superior en el que se especifiquen las obligaciones que ambas asumen para la organización y funcionamiento de las residencias médicas, ni contaron con programas operativos de cada una de las especialidades y cursos de posgrado, en incumplimiento de lo que establece la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”; en consecuencia, la ASF emitió recomendaciones para que las referidas instituciones realicen las acciones necesarias para formalizar los convenios específicos de colaboración con la institución de educación superior, en el que se especifiquen las obligaciones que ambas asumen para la organización y funcionamiento de las residencias médicas que avalan los programas académicos de las especialidades y cursos de posgrado que se imparten en dicho instituto, así como para contar con los programas operativos de cada una de las especialidades y cursos de posgrado. De igual forma, la ASF emitió tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de dichas instituciones, que en su gestión no formalizaron los convenios específicos de colaboración con la institución de educación superior. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, la Secretaría de Salud, así como el Hospital Juárez de México y los institutos nacionales de Cardiología “Ignacio Chávez”, y de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos antes señalados.


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Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 9 (3 R; 4 PRAS y 2 PO). Recuperaciones determinadas: 1.2 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 1.2 millones de pesos. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR). “Salud Materna, Sexual y Reproductiva”. Auditoría de Desempeño. No. 212. Objetivo. Fiscalizar el diseño, promoción, supervisión y evaluación que realiza el CNEGSR, de la instrumentación de políticas y estrategias con perspectiva de género en materia de salud materna, sexual y reproductiva, a fin de reducir las inequidades de género en la salud y contribuir a cerrar las brechas existentes en salud. Indicadores de desempeño que no son congruentes al objetivo del programa. La ASF señala, que con base en el diagnóstico elaborado por el CNEGSR para diseñar la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P020 “Salud materna, sexual y reproductiva” en 2016, la entidad fiscalizada indicó que el problema público por pendiente por atender se refiere a la alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afectan a la población femenina en territorio nacional. Para dar atención a ese problema, el CNEGSR operó el Pp P020, con una erogación de 1 mil 996.5 millones de pesos para diseñar, promover, supervisar y evaluar las políticas y estrategias de equidad de género y prevenir la violencia contra la mujer, a fin de incorporar la equidad de género y la atención de la violencia contra la mujer en las instituciones de salud; sin embargo, los resultados de la auditoría mostraron que ningún objetivo guarda congruencia con las actividades de un programa presupuestario, y los indicadores hacen referencia a la prestación de servicios de salud, sin corresponderse con las atribuciones establecidas para el CNEGSR respecto del diseño, promoción, supervisión y evaluación de políticas públicas y estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la violencia contra las mujeres. Modificaciones a las reglas de operación de programas que no benefician a la población objetivo. La ASF observó que en 2016, el CNEGSR realizó modificaciones a la NOM-046-SSA-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, así como a los criterios para la prevención y atención, y a las reglas de operación de los programas presupuestarios S201 “Seguro Médico Siglo XXI” y S200 “Fortalecimiento a la atención médica”, sin poder identificar que dichas modificaciones se relacionan con el propósito de lograr la equidad de género en el sector salud y enfrentar la violencia contra las mujeres; además, no se fundamentaron con base en ningún diagnóstico o un referente para evaluar si fueron suficientes o faltó normativa, situación que imposibilito a la ASF para determinar ni precisar si la entidad avanzó en el cumplimiento del objetivo de diseñar, las políticas y estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la violencia contra la mujer, y si el diseño de dicha política está completo. Falta de indicadores de desempeño que evalúen el cumplimiento. En cuanto a materia de difusión, capacitación, supervisión de la calidad de la prestación de los servicios de salud, y de la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas respecto de la equidad de género, y


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prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la ASF señala que el CNEGSR careció de un programa de trabajo sustentado en un diagnóstico de necesidades, que incluyera la población potencial y objetivo a la que se beneficiaría con la difusión, las áreas o unidades administrativas y los temas para la capacitación, la metodología a seguir, y los objetivos y criterios de selección para elegir a los estados que supervisarían, ni contó con indicadores de desempeño para evaluar el cumplimiento de estas actividades, lo cual no permitió precisar los avances logrados en el cumplimiento del objetivo de diseñar, promover, supervisar y evaluar las políticas y estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la violencia contra la mujer, impidiendo valorar con ello su contribución en la atención del problema público relacionado con “la alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afectan a la población femenina en territorio nacional”. Operación de programas sin supervisión. En materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el CNEGSR realizó la supervisión a 12 de los 13 Servicios Estatales de Salud programados, con lo cual identificó las áreas para que las entidades mejoren la operación del programa e informó los resultados de la supervisión realizada a la operación del “Programa de Acción Especificó de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género”, a cada uno de los Servicios Estatales de Salud; sin embargo, no acreditó el seguimiento para verificar si los servicios estatales de salud atendieron o no las recomendaciones. Sin evidencia documental que compruebe el logro de objetivos y metas. La ASF observo que el CNEGSR careció de evidencia documental sobre incorporar la perspectiva de género en la prestación de los servicios de salud de atención de la violencia de género, y de la elaboración de una evaluación para verificar el cumplimiento de los objetivos, acciones y metas establecidas en materia de igualdad de género, y prevención y atención de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Información sesgada sobre la atención brindada a la población objetivo. De acuerdo con el cuestionario para la detección de violencia en las mujeres, diseñado por el CNEGSR, se detectaron 373,772 casos de violencia en mujeres de 15 años o más, de los cuales se atendió a 267,849 mujeres (71.7%) sin que se especificaran las causas sobre la falta de atención al 28.3% restante. De acuerdo con las proyecciones de la CONAPO, se estimó que 8,659,763 mujeres de 15 años o más acudieron a los servicios de salud durante 2016, por lo que la detección de casos de violencia representó el 4.3% respecto de las mujeres que recibieron los servicios de salud, con ese referente no se logró identificar de qué manera el CNEGSR utilizó dicha información para decidir cuántas herramientas de detección debió aplicar en el año y evaluar si fueron suficientes. Injustificado subejercicio del gasto y falta de comprobación del gasto. El CNEGSR no justificó los motivos por los cuales el presupuesto ejercido fue menor en 9.5% respecto del presupuesto original asignado al programa P020, ya que es un programa que atiende la igualdad entre hombres y mujeres; además, no contó con la evidencia documental que justificara el gasto de 407.3 millones de pesos, el 20.4% respecto de los 1 mil 996.5 millones de pesos reportados como ejercidos.


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Dictamen. La Auditoría Superior de la Federación “se abstiene de emitir una opinión” sobre los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, debido a que el ente fiscalizado operó bajo un esquema de administración tradicional, basado en el cumplimiento de disposiciones legales y normativas, sin contar con objetivos, metas e indicadores como parte de una gestión por resultados que permitiera evaluar la ejecución de sus labores en materia de diseño, promoción, supervisión y evaluación de la instrumentación de políticas y estrategias con perspectiva de género, lo que impidió valorar su contribución en la atención del problema público relacionado con “la alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afectan a la población femenina en territorio nacional”. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 17 RD. Adicionalmente, la ASF realizó 4 Pre-recomendaciones que a continuación se reproducen:

I. Pre-recomendación “Para que el CNEGSR investigue las causas por las que el monto reportado en la Cuenta Pública 2016 como ejercido del programa presupuestario P020 “Salud materna, sexual y reproductiva” al cierre de 2016, no coincide con el registro en la base de datos de las CLC, existe una diferencia entre sus registros internos; se realizó una reducción al presupuesto del programa y no contó con la evidencia documental para comprobar el ejercicio de la totalidad de los recursos del programa y, con base en los resultados que obtenga, cuente con los registros e información confiable, reporte correctamente y justifique los motivos de la reducción del presupuesto, y compruebe la totalidad de recursos ejercidos, en términos de los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 64, fracción III; 66, fracción III, y 73, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tercero, numeral 14, fracción I. Normas Generales de Control Interno, Norma Cuarta. Información y Comunicación, de Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detecta”.

II. Pre-Recomendación

“Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas por las que no contó con un programa anual de trabajo en el que estableciera actividades relacionadas con las propuestas de modificación de políticas, lineamientos y estrategias con el propósito de lograr la equidad de género en los servicios del sector salud, así como enfrentar la violencia familiar, sexual y contra las mujeres como en problema de salud pública, ni estableció metas ni


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indicadores al respecto y, con base en los resultado que obtenga, implemente las estrategias necesarias para contar con un programa anual de trabajo que incluya dichas actividades, las lleve a cabo y establezca metas e indicadores adecuados en la materia, en términos de los artículos 27 de la Ley de Planeación; 24, fracción I, y 27 segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada”

III. Pre-recomendación

“Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas por las que no dispuso de la evidencia documental en donde se identificaran cuáles son los mecanismos que emitió para incorporar la perspectiva de género en la prestación de los servicios de salud atención de la violencia de género y no contó con metas ni indicadores al respecto y, con base en los resultados que obtenga, implementen las estrategas correspondientes para emitir dichos mecanismos, en términos de los artículos 24, fracción I y 27, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Manual de Organización Especifico del Centro Nacionales Equidad de Género y Salud Reproductivas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada”.

IV. Pre-recomendación

“Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas por las que su programa de difusión de equidad de género y de prevención de la violencia contra las mujeres no se realizó con base en un diagnóstico que señalara la población potencial ni objetivo que se beneficiaría, y no define qué tipo de acciones debe realizar, además de no contar con la evidencia documental que permitiera verificar que las actividades programadas se llevaron a cabo y, con base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para asegurarse de elaborar un programa de difusión de acuerdo a las necesidades que detecte de la población, señalando la población objetivo y especificar qué actividades debe realizar, así como contar con la evidencia documental de todas las actividades que realiza, en los términos del artículo 40, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y del Manual de Organización Especifico del CNEGSR, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada”.


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Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA). “Adquisición de Medicamentos para la Atención del VIH/SIDA y Otras ITS”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 211. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos asignados para la adquisición de medicamentos para la atención del VIH/SIDA y otras ITS, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Adquisiciones sin autorización. La ASF señaló que el CENSIDA adquirió 9 claves de medicamentos antirretrovirales que no sometió a la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud; por lo anterior, la ASF emitió una recomendación para que el CENSIDA implemente las acciones necesarias de control para que los cambios en las claves de los medicamentos antirretrovirales que adquiera el órgano desconcentrado para la atención de pacientes con tratamiento antirretroviral, sean informados y sometidos a la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud; asimismo, emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión adquirieron dichas claves de medicamentos con recursos que no se destinaron en los medicamentos y documentación que fue analizada y revisada por dicho comité conforme a la información que le fue presentada para su estudio. Deficiencia en el control de recepción de inventarios. La Coordinación Estatal de VIH/SIDA de Chiapas no demostró la entrega de 2,496 medicamentos antirretrovirales en los almacenes de los 2 CAPASITS y 10 SAIH del estado por un importe de 5.3 millones de pesos; al respecto la ASF emitió diversas recomendaciones para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, implemente las acciones necesarias y los mecanismos de supervisión que garanticen que los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) ubicados en el estado de Chiapas, y que se encuentren incorporados en la red de prestadores de servicios, realicen las gestiones para contar con el dictamen de acreditación que expide la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud que garantice la calidad de los procesos para la atención de los pacientes, así como, contar con las cartas compromisos de los médicos tratantes, y que la integración de los expedientes clínicos de pacientes con tratamiento antirretroviral se realice de acuerdo con la documentación que establece la NOM-004-SSA3-2012, "Del expediente clínico" y el Manual para Operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de Salud; que en las recetas médicas que acreditan la entrega de antirretrovirales a los pacientes contengan el número de salida que se genera en el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales para una adecuada y precisa identificación en la distribución de medicamentos, las cuales deberán contar con la firma del médico tratante y del paciente por la recepción de los medicamentos; además de implementar mecanismos de control y acciones necesarias para asegurar el adecuado y oportuno registro y administración de los


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medicamentos antirretrovirales en el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales, para lograr una adecuada toma de decisiones respecto de la determinación de necesidades de medicamentos que se requieren para cada periodo, y con base en ello, solicitar los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para brindar la atención que demandan los pacientes. Por lo anterior al ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Instituto de Salud del Estado de Chiapas que en su gestión no supervisaron que las recetas médicas que se expiden en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, y en los Servicios de Atención Integral Hospitalaria contengan la firma del médico tratante, incumpliendo así con el Manual para Operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de Salud apartado Nivel Estatal. Además, se emitieron Pliegos de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 5.7 millones de pesos, por concepto de insumos que no acreditaron su entrega, donde no se contó con la firma de recepción por parte de pacientes y sin que el Gobierno del estado de Chiapas demostrara que dichos insumos se distribuyeron a la población objetivo que atiende el Programa Presupuestario. Deficiencia en los registros y control de insumos adquiridos. La ASF señaló que los institutos nacionales de Pediatría (INP), de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), y de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) no contaron con el dictamen de acreditación en Servicios de Alta Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, y no aseguraron el registró oportuno y correcto en el sistema de los insumos recibidos por los proveedores y su entrega a los pacientes; por su parte, el INER no acreditó la entrega de 12,437 medicamentos a pacientes por un importe de 29.2 millones de pesos. Por lo anterior la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 29.2 millones de pesos por concepto de insumos federales consistentes en antirretrovirales ministrados por el CENSIDA con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas", que no acreditaron la entrega de 12,437 antirretrovirales a pacientes del Programa Presupuestario P016 "Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS". Dictamen. La ASF concluyó que en términos generales, el CENSIDA, así como la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el Gobierno del estado de Chiapas y los institutos nacionales de Pediatría, de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, y de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos señalados con anterioridad.


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Número de Observaciones: 9; Número de Acciones: 22 (11 R; 6 PRAS y 5 PO). Recuperaciones determinadas: 35.0 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 35.0 millones de pesos. Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga". “Gestión Financiera de los Gastos de Funcionamiento en la Prestación de los Servicios Médicos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 222. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados para la prestación de servicios médicos, a fin de verificar que correspondieron a erogaciones propias de la operación que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron conforme a los lineamientos en la materia; que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a la normativa. La ASF señaló que el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” cumplió en términos generales con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, sin embargo, observó los siguientes aspectos: Falta de documentación que justifique la aplicación al gasto por consumo de medicamentos, combustible y ropería. La ASF observó que en relación a la afectación del gasto por materiales y suministros consumidos durante el ejercicio, por 510.2 millones de pesos, 368.3 millones correspondieron a las salidas de diversos insumos que contaron con el reporte de movimientos, salidas de almacén y recetas médicas; sin embargo, 141.9 millones de pesos, de salidas del almacén, no contaron con soporte documental, de los cuales 113.9 millones corresponden a medicamentos; 9.9 millones a combustibles y 18.0 millones a ropería. Derivado de lo anterior, la ASF emitió un Pliego de Observaciones, por la presunción de un probable daño o perjuicio al patrimonio del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", por 141.9 millones de pesos, por salidas de materiales de almacenes de medicamentos, combustibles y ropería, sin la documentación soporte. Deficiencias en los registros contables de proveedores. Asimismo, la ASF determinó diferencias por 1.0 millón de pesos, entre los registros contables, por 90.7 millones de pesos, y el resumen de movimientos de artículos, por 89.6 millones de pesos, emitidos y validados por los departamentos de los almacenes Médico y Varios, dando lugar a la recomendación para que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" refuerce los mecanismos de control y supervisión de sus cifras y registros contables, para que estos cuenten con el soporte documental que valide las salidas de materiales del almacén y así mostrar saldos reales en los estados financieros. Adquisición de equipos que están sin operar. La ASF verificó el destino final de los bienes adquiridos, por 118.1 millones de pesos, constatando que los 176 bienes revisados se encontraron físicamente en las áreas requirentes; sin embargo, 74 de ellos, con un valor de 39.6 millones de pesos, se encontraron sin operar; por lo anterior se emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las


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investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no evidenciaron, mediante actas de entrega y puesta en marcha, que los 74 bienes, por 39.6 millones de pesos, están operando. Deficiencias en los registros contables de la cuenta “Materiales y Suministros”. Del análisis al saldo de la cuenta 512 “Materiales y suministros”, por 700.5 millones de pesos, se observaron cargos de naturaleza contraria, por 19.0 millones de pesos, donde el saldo real de la cuenta ascendió a 719.5 millones de pesos; al respecto, la ASF determinó que la diferencia se refiere a cancelaciones y reclasificaciones; sin embargo, no se contó con el soporte documental correspondiente. Por lo anterior, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, para que el OIC realice las investigaciones y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión registraron un importe de naturaleza contraria, por 19.0 millones de pesos, y emitieron pólizas por diferencias y ajustes de almacén fuera del corte mensual, las cuales no contienen la documentación soporte correspondiente. Deficiente registro y control de pasivos. Se observó una inconsistencia de 40.3 millones de pesos al cierre del ejercicio por adeudo a un proveedor, los registros auxiliares reportaron 15.1 millones de pesos y en la confirmación de saldos con el proveedor se reportó un adeudo por 55.5 miles de pesos, lo anterior se debió a que la entidad fiscalizada carece del control de los materiales surtidos por operación mediante prescripción en las recetas. Reportes financieros sin sustento. El HGM reportó en la Cuenta Pública 2016 una economía por 90.8 millones de pesos, sin contar con la documentación soporte, al respecto la ASF emitió una recomendación para que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" adopte las medidas de control y supervisión, a fin de que las economías obtenidas estén sustentadas y se reporten correctamente en la Cuenta Pública, de acuerdo con la normativa. Dictamen. La ASF concluyó que en términos generales, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados antes señalados. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 14 (9 R; 3 PRAS y 2 PO). Recuperaciones determinadas: 142.0 millones pesos; Operadas: 0.1 miles de pesos; Probables: 142.0 millones de pesos.


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Secretaría de Salud. “Evaluación de la Política Pública de Infraestructura, Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud” Evaluación de Política Pública. Auditoría 178314. Objetivo. Determinar en qué medida la política pública de infraestructura, equipamiento y disposición de recursos humanos en salud permitió resolver el problema público que le dio origen y contribuyó a cumplir con los objetivos del SNS, y alcance temporal, que abarca el periodo 2004-2016, puesto que la reforma de la LGS de 2003 no sólo instituyó el SPSS, sino, también estableció las bases para regular el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento en los establecimientos de salud de las instituciones encargadas de la atención de la población no asegurada. Antecedentes. La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades15; de esta forma la salud se convierte en uno de los determinantes sociales más relevantes para garantizar la calidad de vida de las personas, y que ésta se prolongue en las mejores condiciones posibles. En consecuencia, su cuidado es una necesidad prioritaria de las personas, que obliga a las naciones a movilizar una cantidad importante de recursos con este fin. En el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En México, el acceso a la atención médica surge como un beneficio laboral de la seguridad social, y no como un derecho para todos los individuos ocasionando diferencias inequitativas entre la población que tenía asegurada la atención médica y aquélla que estaba a expensas de la asistencia social del Estado. Lo anterior dio entrada a un Sistema Nacional de Salud (SNS) segmentado en múltiples subsistemas y fragmentado en varias instituciones, mediante la instrumentación de mecanismos para otorgar atención médica a los derechohabientes y de programas federales dirigidos a la población abierta. En 2003, con el propósito de asegurar que todas las personas tuvieran acceso a los servicios de salud, se publicó el “Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud (LGS)”, con el cual se formalizó la institucionalización del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), como un subsistema del SNS, dirigido específicamente a la población abierta, dicha reforma se instrumentó a partir del 1 de enero de 2004. Esta reforma constituyó un avance de la política de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, al menos para los servicios dirigidos a la población sin seguridad social, ya que estableció la obligación de aportar el 2.0% de los recursos que se asignen anualmente para el financiamiento del sistema. La presente evaluación elaborada por la ASF parte ese avance para definir su alcance temporal, el cual abarca de 2004 a 2016, que inicia con la puesta en marcha del SPSS; el alcance temático de la presente evaluación fue determinado por la ASF, en concordancia con el análisis del problema público y del diseño de la política pública, con ello fue posible identificar cuatro hilos

14 Documento de evaluación de 235 cuartillas 15 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Conferencia Sanitaria Internacional, 1946.


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conductores que se corresponden con las funciones sustantivas que todo sistema de salud realiza: rectoría, financiamiento, generación de recursos y prestación de servicios, así como de tres objetivos fundamentales hacia los que se orientan los esfuerzos desarrollados en las funciones mencionadas: I) productividad de los recursos materiales y humanos; II) seguridad de la atención médica, y III) mejoramiento de la salud. Resultados de la Evaluación La ASF señala que a 2017, no existe un diagnóstico específico e integral sobre la infraestructura física, el equipamiento médico y los recursos humanos en salud con los que cuentan las diversas instituciones del SNS, que permita determinar la suficiencia de los recursos disponibles y las condiciones en que éstos operan, así como su distribución. Sin embargo, pese a que los documentos de planeación nacional identifican el problema público el cual es consistente con su caracterización, este no contiene material preciso y completo sobre las principales variables asociadas y tampoco explica con claridad cuál es la relación causal que mantienen la infraestructura, el equipamiento y el personal sanitarios, con el mejoramiento del estado de salud de las personas que utilizan los servicios médicos. Derivado de lo anterior, la ASF sugiere que la intervención pública tuvo un sustento insuficiente para la justificación de su diseño, que podría explicar las debilidades y deficiencias que afectaron la implementación y los resultados de la política.

— Función de Rectoría En relación con la función de rectoría del SNS, se identificó que el andamiaje jurídico, programático e institucional, que norma las funciones de regulación, planeación, coordinación, supervisión y evaluación de la política, se encuentra fragmentado y segmentado, según regule a las instituciones de la seguridad social o a los prestadores de servicios de la protección social. En la seguridad social, el IMSS, PEMEX y el ISSFAM carecieron de normativa específica para supervisar y evaluar el desarrollo de su infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud, las dos últimas no reglamentaron la planeación de dichos recursos, y ninguna de las tres contó con una reglamentación para detectar las áreas médicas prioritarias para la formación de los médicos, así como para la selección de temas que sustenten la capacitación de su personal sanitario. El ISSSTE contó con atribuciones para cada una de las funciones en comento. En el SPSS, la reglamentación vinculada con las instalaciones sanitarias, el equipo médico y los profesionales de la salud se definió, en su mayoría, en la LGS y en su reglamento en esta materia. En ellos se especificaron las competencias de la Federación y de las entidades federativas para planificar y racionalizar la inversión en la construcción de instalaciones hospitalarias y en la adquisición de dispositivos médicos, mediante el diseño de los planes maestros de infraestructura (PMI) y equipamiento (PME), a los que se sujetan todos los prestadores de servicios de este sistema. Su estructura jurídica es compartida por los dos subsistemas incluye la LGS, en la que se reglamentó que la construcción y el equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de sanidad se sujetarían a lo dispuesto en las Normas


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Oficiales Mexicanas aplicables en donde se definieron los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento con los que deben contar. En cuanto a la subfunción de planeación, la segmentación y fragmentación del SNS, tuvieron un efecto negativo en la ordenación de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud, ya que las instituciones públicas del SNS no acreditaron mecanismos específicos de coordinación para la conformación de un plan maestro sectorial de infraestructura y equipamiento en salud. Por lo que toca al IMSS y el ISSFAM, la planeación fue inconstante; sus directrices abarcaron el componente de infraestructura y el fomento a la formación del personal sanitario, pero no se establecieron estrategias relacionadas con el equipo médico. En PEMEX sus programas institucionales no definieron prioridades para fortalecer su infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud. El ISSSTE elaboró e implementó el Plan Rector para el Desarrollo y Mejoramiento de la Infraestructura y los Servicios de Salud (PRDMISS), en el cual definió objetivos en materia de infraestructura, equipamiento y personal sanitario. En el SPSS, a pesar de que se diseñó e instrumentó el PMI y el PME, la falta de propósitos programáticos para determinar su vinculación impidió comprobar su grado de coincidencia; más aún, si se considera que aquellos instrumentos sólo son aplicables para los prestadores de servicios dirigidos a la población no asegurada. Además, si bien la SS diseñó un “Plan Maestro de Capacitación Sectorial en Salud”, a 2016 no fue implementado. Respecto a la coordinación, se encontraron deficiencias significativas, ya que, debido a la fragmentación y segmentación, las entidades que conforman el SNS operaron como un conjunto desarticulado de instituciones en el que cada una cuenta con facultades particulares para atender sus problemáticas de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, por lo que no existieron las condiciones para que éstas actúen de manera sinérgica y racionada, con el fin de maximizar la inversión y productividad de estos recursos. En relación con la evaluación, de acuerdo con la LGS, la cual forma parte de las actividades sustantivas de la SS, respecto de la prestación de servicios y de los establecimientos de salud dirigidos a la población no asegurada, así como la coordinación, medición y seguimiento de los servicios de salud que presten las instituciones de seguridad social; esta diferencia en la regulación evidencia la segmentación intrínseca del SNS, ya que la secretaría se vincula con ambos subsistemas de forma distinta. Además, las instituciones de la seguridad social no contaron con una regulación, ni con mecanismos concretos para evaluar su infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud. Respecto del SPSS, éste contó con un marco legal que, explícitamente, mandata llevar a cabo esta actividad, y si bien es cierto que se han realizado valoraciones referentes a la gerencia de servicios y al desempeño global del subsistema, ninguna se ha enfocado específicamente en la infraestructura hospitalaria, el equipamiento médico y los recursos humanos en salud.


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— Financiamiento El financiamiento en materia de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud, careció de una estructura unificada para costearlos, por lo que también se encuentra segmentado. Los recursos asignados a las entidades de la seguridad social carece de disposiciones específicas que garanticen su sostenibilidad. En el caso del SPSS, se implementó el Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) con montos específicos para atender tanto las necesidades de las instalaciones hospitalarias, como las de los aparatos médicos en las entidades federativas, pero la distribución de este fondo, en el periodo 2004-2016, no se llevó a cabo, en su totalidad, como lo define dicha ley, ya que en seis años (2007, 2008, 2011, 2014, 2015, 2016) los recursos no se asignaron de conformidad con lo establecido, al otorgar una cantidad mayor que el límite definido.

— Generación de recursos y Prestación de servicios Respecto a la generación de recursos de salud, no hay un diagnóstico que contenga datos consolidados de su disponibilidad; tampoco las instituciones públicas del SNS acreditaron avances en la conformación de un plan maestro sectorial de infraestructura y equipamiento en salud, que incluya cifras sobre la cantidad y condiciones en que operan estos recursos. Cabe precisar, que la información disponible, señala una disponibilidad cada vez menor de infraestructura y recursos humanos en salud ya que, de 2004 a 2016, la población con acceso a servicios de salud creció 97.8%, cifra superior en 59.9 puntos porcentuales al incremento (37.9%) de las unidades médicas de consulta externa y de hospitalización y 38.0 puntos más que el aumento del personal sanitario (59.8%). En cuanto a la disponibilidad de los equipos médicos de alto valor para la atención médica de los derechohabientes de la seguridad social y los afiliados al SPSS, si bien es cierto que los datos sugieren un aumento en el número de equipos, la veracidad de ello es limitada, ya que la información fue insuficiente para medir dicho incremento. La formación de recursos humanos es una de las actividades sustanciales del tercer nivel de atención, tanto en las instituciones de seguridad social como de las específicas incorporadas al SPSS (INS, HFR y HRAE), y dicha actividad se lleva a cabo mediante residencias médicas. Sin embargo, sólo se contó con la información, de manera conjunta, de los servicios de alta especialidad financiados por el SPSS, esta señala que el número de sustentantes para ingresar a una residencia aumentó, en promedio anual, 4.2%, al pasar de 21,501 en 2004 a 35,107 en 2016 y el número de médicos seleccionados se incrementó 5.6% en promedio anual, de 4,050, a 7,810. El número de especialidades ofrecidas para la formación de médicos alcanzó 22.7%, resultado de la incorporación de especialidades en medicina preventiva, calidad de la atención clínica, geriatría, neumología y radio-oncología. En cuanto a la eficiencia terminal de médicos especialistas, se incrementó 6.4 puntos porcentuales, de 2013 a 2016, al pasar del 90.2% a 96.6%.


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En cuanto a la accesibilidad de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud, el SNS no desarrolló mecanismos que posibilitaran esa medición; por ello, la ASF utilizó fuentes secundarias para realizar dicho ejercicio. En materia de infraestructura, de acuerdo con los resultados de la ENIGH, respecto del “tiempo de traslado a un hospital la última vez que se tuvo una emergencia”, de 2008 a 2016, el tiempo que se empleó para acceder a una unidad médica cuando se presentó una emergencia se incrementó más en los derechohabientes, al pasar de 33.7 a 41.3 minutos, lo que implicó un crecimiento promedio anual de 2.6%. En el caso de la población afiliada al SPSS, en promedio anual, 4.9%, de 59 a 39.5 minutos. Para valorar la accesibilidad a los profesionales de la salud, la ASF tomó como referencia la “Tasa de desperdicio laboral” (TDL). Esta tasa mide el total del personal sanitario que había en el país, respecto del que se encontraba laborado en el SNS y, por ende, al cual pudieron tener acceso los derechohabientes, afiliados al SPSS. De acuerdo con los resultados, en 2014, de los 629,646 médicos generales y especialistas que había en el ámbito nacional, 491,256 no ejercieron su profesión, por lo cual se desaprovecharon los conocimientos de 780.2 médicos por cada mil que podían hacerlo. Para 2016, este desaprovechamiento se incrementó en 4.6%, ya que 496,335 médicos no ejercieron su profesión, por lo que por cada mil médicos que había en el país 816.1 estaban desperdiciados. Respecto de la aceptabilidad de los recursos materiales y humanos en salud, las instituciones de la seguridad social no diseñaron herramientas para evaluar esta característica. El IMSS implementó la “Encuesta Nacional de Satisfacción a Derechohabientes Usuarios de Servicios Médicos” (ENSAT), para medir la percepción de los derechohabientes; Los resultados indicaron que, en general, en el periodo 2014-2016, la percepción de los derechohabientes fue buena, en promedio, el 61.7% de los encuestados consideró bueno el trato recibido; el 21.8%, regular; el 18.0%, excelente; el 6.6%, malo, y el 4.0%, muy malo. En el caso de PEMEX, la medición de la aceptabilidad de los usuarios se implementó a partir de 2010, los resultados indican que, en promedio, el 90.9% de los encuestados estuvo satisfecho con el trato recibido en la atención médica; sin embargo, la información proporcionada no especificó las escalas de evaluación, ni las variables que se utilizaron. La medición de la calidad de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud, en las instituciones de seguridad social, si bien contaron con atribuciones relacionadas con el desarrollo y la implantación de políticas, modelos y proyectos de calidad de los servicios de salud, los datos disponibles no permitieron identificar sus particularidades, ni su vínculo con los componentes evaluados. Respecto de la calidad del personal sanitario del SNS, la reforma a la LGS de 2011, dispuso que los profesionales que ejerzan cualquier procedimiento médico-quirúrgico de especialidad16 requieren de un certificado vigente que acredite su capacidad y experiencia en la materia; sin embargo, la información disponible no detalló el número de médicos especialistas que solicitó

16 Artículo 9, fracción XII, del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General


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la certificación o recertificación, ni cuántos de ellos la obtuvieron, para que la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública expidiera la cédula de médico especialista necesaria para ejercer la profesión; por lo que no fue posible evaluar la calidad de los médicos especialistas certificados para efectuar procedimientos médico-quirúrgicos por cada institución del SNS. Los resultados del indicador de “ocupación hospitalaria”, en el periodo 2004-2016, mostraron un crecimiento constante de ésta en todas las instituciones, tanto en las de seguridad social, como en las SPSS. Respecto del “promedio de días estancia”, en el periodo evaluado, en tres de las cuatro instituciones valoradas la permanencia media de los pacientes aumentó. En el IMSS, se incrementó el tiempo de hospitalización en 0.6 días, al pasar de 4.6 en 2004 a 5.2 en 2016; en PEMEX creció 1.1 días, de 3.7 a 4.8; en el ISSSTE se acrecentó 0.3 días, de 4.4 a 4.7. En cuanto al “promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano” la SS estableció como valor estándar el de, al menos, 3 cirugías diarias por instalación quirúrgica, en el lapso revisado, tres de las cuatro instituciones de las que se dispuso de información no alcanzaron dicho parámetro: el ISSSTE practicó entre 2.0 y 2.5 cirugías por quirófano; en la SS y los Servicios Estatales de Salud (SESA), el rango fue de 2.2 a 2.4, y en PEMEX, se registraron los rangos más bajos, de 1.1 a 1.3 cirugías. El indicador que mide el “promedio de consultas por consultorio”, la SS estableció como parámetro óptimo 24 a 32 consultas por consultorio, el IMSS fue la institución que, en promedio, cumplió con el estándar de la SS, con 24.3 consultas por consultorio; en el caso de las demás instituciones, se encontraron muy por debajo del parámetro establecido, ya que los SESA registraron 12.9; PEMEX, 15.1, y el ISSSTE, 15.7. De acuerdo con los resultados de la tasa de mortalidad hospitalaria, diseñada e implementada por la SS para medir la efectividad de los servicios médicos otorgados por las entidades del SNS, los decesos en las unidades médicas de los hospitales de las instituciones de seguridad social y del sistema se incrementaron. La tasa de mortalidad hospitalaria del IMSS, a partir de 2005, aumentó 29.9%, al pasar de 7.7 a 10.0 por cada cien mil habitantes, en 2016; la de PEMEX, creció 49.1%, de 5.3, en 2004, a 7.9, en 2015; la del ISSSTE, se incrementó 33.0%, de 9.1 a 12.1, y en la SS y en los SESA, se acrecentó 2,400%, de 0.2 a 5.0, lo que sugiere que la eficacia de la atención médica en las instituciones públicas del SNS estaría presentando importantes deficiencias que repercuten en la seguridad del paciente y en el mejoramiento de su salud. Las primeras tres causas de morbilidad registradas en 2004, 2010 y 2016, en todas las instituciones, fueron las infecciones respiratorias agudas, las infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, y las infecciones de vías urinarias, las cuales, en conjunto, representaron más del 70.0% de todos los casos registrados de enfermedad.


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La tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón, ésta se incrementó en los SESA 412.2%, al pasar de 7.4 en 2004 a 37.9 muertes por afecciones cardiacas por cada 100,000 afiliados en 2016; en PEMEX, 38.5%, al pasar de 80.1 a 110.9 defunciones por cada cien mil derechohabientes; en el ISSFAM, 36.4%, de 31.9 a 43.5; en el ISSSTE, la mortalidad a causa de estas enfermedades se acrecentó 31.4%, de 41.1 a 54.0, y en el IMSS, 20.5%, de 46.8 a 56.4. La tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, en 2016, PEMEX obtuvo una tasa de 46.5 fallecimientos por cada 100,000 derechohabientes, siendo así la institución que registró el mayor número de decesos por esta causa. En el caso del IMSS, del ISSSTE, del ISSFAM y de los SESA, se ubicaron por debajo del valor reportado por la empresa productiva, con tasas de 22.7, 22.0, 22.0 y 20.7, respectivamente. En cuanto a las defunciones por diabetes registradas por las instituciones de la seguridad social y por los prestadores de servicios del SPSS aumentaron 116.2%, cifra superior en 35.9 puntos porcentuales al crecimiento de los recursos humanos, específicamente el número de médicos generales disponibles, en el ámbito público, del SNS (80.3%), y en 88.2 puntos, en comparación con el incremento que tuvieron las unidades médicas de consulta externa (28.0%). Los resultados de la ASF infieren que, a pesar del notable aumento de los decesos por diabetes, no se han edificado las suficientes instalaciones de salud para acceder a la atención médica, a fin de prevenir ese padecimiento, ni tampoco se cuenta con los profesionales de la salud necesarios para atender oportunamente a los derechohabientes y afiliados al SPSS que presentan dicho malestar. Por lo antes expuesto, la evidencia disponible sugiere que la falta o insuficiencia de recursos materiales y humanos puede relacionarse con el incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad; sin embargo, la ausencia de instrumentos oficiales para medir esta relación imposibilita tener la certeza de ello. La ASF concluye que, en el periodo evaluado, la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud disponibles para la prestación de servicios aumentaron; sin embargo, el ritmo de crecimiento de éstos no fue equiparable al de la población derechohabiente y afiliada, por lo que, aun cuando hubo un aumento de recursos, éstos no fueron suficientes para garantizar el derecho a la protección social de la salud, a pesar de que, con la reforma a la LGS de 2003, se mandató al SPSS constituir una previsión presupuestal para su desarrollo. En consecuencia, la implementación de la política pública de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud ha tenido como resultado, en general, que se incrementen estos recursos; sin embargo, debido a sus debilidades de diagnóstico y falta de mecanismos para conocer el grado en que se aseguran las condiciones de exigibilidad, no se tiene certeza de cuál es su relación directa con el aumento o disminución de las tasas de morbilidad y de mortalidad asociadas a los principales padecimientos que aquejan a la sociedad, por lo tanto no se puede determinar en qué medida la política ha contribuido a atender el problema público, respecto de que aquéllos son insuficientes, inadecuados y están ineficientemente distribuidos para


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garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de toda la población. Asimismo, aun cuando los recursos materiales y humanos en salud se sigan incrementando, en caso de que se mantengan o se agudicen las debilidades y deficiencias de la política, éstos no serán suficientes ni adecuados, y no estarán emplazados equitativamente para enfrentar las crecientes presiones asociadas a las transiciones epidemiológicas y demográficas, lo que, inevitablemente, rezagará aún más el acceso efectivo a la atención medica de los sectores más vulnerables, reproduciendo las condiciones de desigualdad social en que viven. Por ello, la ASF emite a la Secretaría de Salud, a las instituciones de seguridad social, y a los prestadores de servicios del SPSS y la CNPSS, las sugerencias siguientes:

— Rectoría

Que la SS, en conjunto con las instituciones de la seguridad social y los integrantes del SPSS, promueva un marco jurídico que norme, de manera homogénea y armonizada, la planificación, coordinación, supervisión y evaluación de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos del SNS, que sea congruente con las leyes particulares de las entidades y dependencias del sector salud, para fijar, de forma explícita, las funciones que realizarán todos los actores del sistema, respecto de los procesos para diagnosticar los requerimientos y actividades relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento de los recursos materiales y humanos de que disponen, y con la detección de las necesidades de formación del personal sanitario, con base en el perfil epidemiológico de la población a la que otorgan los servicios médicos.

Que la SS, en conjunto con las instituciones de la seguridad social y los integrantes del SPSS, diseñe un documento rector estratégico, en el que se establezcan objetivos, líneas de acción, responsables y metas específicas, a fin de ordenar y articular el desarrollo de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos del SNS, y la generación de éstos, que se vincule con la planeación nacional, institucional y específica del sector.

Que la SS establezca propósitos programáticos, a fin de que los planes maestros de infraestructura y equipamiento se vinculen con los objetivos definidos en la planeación de mediano plazo.

Que el CENETEC implemente los mecanismos necesarios para determinar la periodicidad y los criterios con los que actualizará el Plan Maestro de Equipamiento.

Que la SS revise, en coordinación con las instituciones de la seguridad social, el diseño del Plan Maestro de Capacitación Sectorial en Salud, a fin de que en éste se definan el alcance, actividades, plazos y responsables, que garanticen su implantación y alineación con los conocimientos que deben adquirir los profesionales de la salud, derivados del cambio epidemiológico y demográfico de la población.


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Que la SS, como organismo rector del sector, diseñe mecanismos de coordinación, a fin de organizar, vincular y conducir los esfuerzos de las distintas instituciones de seguridad social y los prestadores de servicios del SPSS, en materia de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud, y promover así la interacción e intercambio de estos recursos.

Que la SS implemente las medidas necesarias para que se instrumenten los comités de Innovación y Eficiencia, y de Desarrollo de la Infraestructura Física, a fin de que se cumplan las funciones establecidas en el RISS 2004 de la SS, y sean las instancias encargadas de la planeación, administración y regulación de la infraestructura sanitaria y el equipamiento médico, en coordinación con la DGPLADES, la DGDIF y los SESA o, en su defecto, se actualice dicho reglamento, para que las atribuciones de esos comités se transfieran a las direcciones encargadas de los recursos materiales de la SS y se garantice su cumplimiento.

Que la SS y los SESA definan, en los convenios de colaboración que suscriben, la temporalidad en la que se implementarán las actividades en materia de infraestructura y equipamiento, con los recursos federales transferidos; las medidas que se instrumentarán para la vigilancia y seguimiento de los mismos, a fin de asegurar su adecuado uso, además de diseñar mecanismos que permitan solventar las deficiencias operativas para garantizar la portabilidad de los servicios de salud, debido a que aún no existe un sistema de información que permita verificar la vigencia de la póliza de las personas en el momento de solicitar servicios sanitarios.

Que la SS, en coordinación con el CENETEC, implemente las medidas necesarias, para incrementar los alcances y atribuciones de dicho centro, a fin de que las entidades de seguridad social y los prestadores de servicios del SPSS cumplan con los lineamientos establecidos por éste, que definen las actividades para la adquisición, mantenimiento y renovación de los dispositivos médicos de alta especialidad en todas las instituciones públicas del SNS.

Que la SS, en conjunto con las instituciones de la seguridad social y los integrantes del SPSS, diseñe mecanismos interinstitucionales que permitan la relación articulada de las autoridades sanitarias de la seguridad social y de la protección social de la salud, en materia de infraestructura y equipamiento médico, en función de su capacidad instalada; el perfil epidemiológico que presenta su población derechohabiente o afiliada, y la disponibilidad de recursos financieros con la que cuenten, situación que deberán homologar a la portabilidad de servicios médicos, con el objeto de garantizar el acceso oportuno a la atención médica, en relación con la generación de los recursos materiales.

Que la SS, las instituciones de seguridad social y la CNPSS definan mecanismos específicos para el monitoreo, la vigilancia y el seguimiento del desarrollo de los recursos materiales y humanos de que disponen, a fin de garantizar la implementación de las actividades programadas, en relación con dichos recursos.


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Que la CNPSS establezca, dentro de los macroprocesos del PES, actividades específicas para supervisar el desarrollo de los recursos humanos de la salud con los que cuentan los SESA, a fin de contribuir a garantizar la disponibilidad de los profesionales de la salud que prestan servicios a los afiliados al SPSS.

Que la SS, en coordinación con la CNPSS, promueva la modificación del marco regulatorio, para otorgar a la autoridad sanitaria instrumentos jurídicos vinculatorios para garantizar que los entes cumplan con las recomendaciones emitidas, derivadas del proceso de supervisión y, de no ser el caso, se apliquen las sanciones pertinentes.

Que el IMSS, PEMEX y el ISSFAM cuenten con atribuciones, estructuras jurídicas y mecanismos específicos para la evaluación de sus instalaciones hospitalarias, dispositivos médicos y personal sanitario, y definan indicadores que les permitan valorar el estado que guardan dichos recursos.

Que el ISSSTE incluya, en sus programas anuales de trabajo, medidas o recomendaciones específicas, a fin de que se cumplan las metas de los indicadores relacionados con la adquisición de equipo médico y con la actualización, capacitación y formación del personal del área de la salud, establecidos en el marco del PRDMISS.

Que el ISSSTE establezca mecanismos para que la programación, planeación e implementación de los objetivos relacionados con el desarrollo de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud, establecidos en el PRDMISS, sean instrumentadas continuamente, y que los resultados de dichos indicadores se tomen como base para la mejora y actualización del plan.

— Financiamiento

Que la SS, en conjunto con las autoridades sanitarias de la seguridad social, promueva la implementación de estructuras programático-financieras que sean específicamente para la adquisición, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud, en cada una de las instituciones que integran a la seguridad social, tomando en cuenta sus necesidades presentes y futuras relacionadas con la transición demográfica y epidemiológica de sus derechohabientes, a fin de que aquéllas cuenten con mecanismos de planeación y previsión presupuestal en dichas materias y se garantice la disponibilidad de los recursos materiales y humanos.

Que la SS, en conjunto con la CNPSS, evalúe la suficiencia y sostenibilidad financiera del Fondo de Previsión Presupuestal, a partir de las proyecciones presupuestarias que se requieren para atender las necesidades de infraestructura y equipamiento de las entidades federativas con mayor marginación social, para actualizar la conformación de dicho fondo y garantizar las condiciones óptimas de los establecimientos médicos de los estados.


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— Generación de recursos

Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, en el marco del SNS, elabore un diagnóstico específico e integral de la problemática que afecta a la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud, en función de las distintas vertientes y componentes del problema, y la vinculación entre éstos, y que permita determinar la suficiencia de los recursos materiales y humanos para atender las necesidades de salud de los derechohabientes y afiliados; el estado que guardan estos recursos, y si existe la cantidad de personal sanitario requerido, con la finalidad de planificar el desarrollo de los recursos materiales y humanos, en función de la demanda actual de servicios de salud y la que se proyecte para las próximas décadas. Este mecanismo de evaluación deberá mantenerse actualizado y servir de principal insumo para la toma de decisiones.

Que las instituciones públicas del SNS acrediten avances en la conformación de un plan maestro sectorial de infraestructura y equipamiento en salud, a fin de generar la sinergia de recursos y esfuerzos, con el propósito de promover el ordenamiento de estos recursos.

Que la SS, en conjunto con la CNPSS, documente y rinda cuentas sobre el ejercicio de los recursos que se canalizan al desarrollo de infraestructura y equipamiento, mediante el Fondo de Previsión Presupuestal, con el fin de transparentar el destino del financiamiento público y evaluar su evolución y resultados en la materia.

Que la SS instrumente mecanismos de control para garantizar que todas las instituciones de seguridad social, los SESA y los prestadores de servicios del SPSS proporcionen la información a la autoridad sanitaria federal, respecto de sus recursos materiales y humanos, a fin de que se disponga de un registro actualizado del número de unidades de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud, para que los tomadores de decisiones cuenten con los insumos necesarios, en tiempo y forma.

Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, fomente, entre los profesionales de la salud, la importancia de especializarse en áreas de conocimiento de la salud, relacionadas con los padecimientos derivados de la transición demográfica y epidemiológica, a fin de que se incremente la demanda y disponibilidad de plazas para realizar la residencia médica, en las instituciones de la seguridad social y los prestadores de servicios del SPSS.

Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, diseñe e implemente mecanismos específicos que permitan valorar el grado de accesibilidad al equipamiento médico, por parte de los derechohabientes y afiliados, a fin de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.

Que la SS analice las barreras que afectan el traslado de la población, en general, usuaria de servicios médicos y, específicamente, de las personas afiliadas al SPSS, dado que este


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motivo persiste como un obstáculo para el acceso efectivo a los servicios de salud, a fin de diseñar estrategias que permitan el ágil y rápido traslado de la población a las unidades médicas, en caso de una emergencia médica.

Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, diseñe e implemente mecanismos para captar, incentivar y retener a los profesionales de la salud aptos, que se encuentran desempleados o laborando en otras actividades económicas ajenas a la de su formación, a fin de incrementar la disponibilidad del personal sanitario en las instituciones de seguridad social y en los prestadores de servicios del SPSS, para contribuir a satisfacer la demanda de servicios de los derechohabientes y afiliados.

Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, diseñe herramientas para que todas las instituciones públicas del SNS, de manera homogénea, recopilen información de la aceptabilidad de los establecimientos sanitarios, del equipamiento médico y del trato en la atención de los pacientes, por parte del personal de salud, a efecto de que se utilicen los mismos parámetros de evaluación, y sus resultados sean comparables y útiles en la toma de decisiones.

Que la SS impulse el INDICAS, como un medio informático mediante el cual la autoridad sanitaria federal reporte información suficiente, competente, relevante y oportuna de los indicadores de percepción de la calidad, con la participación de todos los establecimientos médicos del SNS, incluyendo las instituciones de seguridad social, los prestadores de servicios del SPSS, y los privados.

Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, establezca mecanismos para que, de manera obligatoria y homologada, se evalúe la calidad de la infraestructura física y el equipamiento médico con el que se diagnostican los padecimientos en todos los establecimientos públicos que brindan servicios de salud a la población.

Que la SS, en conjunto con la CNPSS, implemente los mecanismos necesarios, a fin de garantizar que todos los establecimientos sanitarios que otorgan atención médica a la población afiliada del SPSS cuenten con la acreditación de la calidad de los servicios del CAUSES, además de fomentar, entre las unidades hospitalarias del sistema, la acreditación del cumplimiento de las disposiciones de calidad y seguridad necesarias para efectuar las intervenciones de alto costo que se pueden financiar con los recursos del FPGC.

Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, publiquen, en los establecimientos sanitarios y en los portales oficiales de las instituciones públicas del SNS, el listado de los médicos especialistas con certificado vigente que avala su capacidad y experiencia para efectuar procedimientos médico-quirúrgicos; además de divulgar entre su personal de salud la importancia de dicha certificación, y promover la contratación de especialistas certificados.


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— Resultados de la política

Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, diseñe e implemente las medidas necesarias, a fin de que los estándares definidos por ésta, en materia de productividad de los recursos físicos y humanos en salud, sean cumplidos por todas las instituciones prestadoras de servicios del SNS.

Que la SS, en conjunto con el CENETEC, diseñe e implemente mecanismos que posibiliten valorar el rendimiento del equipo médico de las instituciones sanitarias del SNS, bajo parámetros homogéneos y estandarizados.

Que la SS establezca mecanismos de control, a fin de que las instituciones de seguridad social registren y cuenten con la información sobre los egresos hospitalarios, detallando el motivo del egreso, a fin de emplearlos como referente de la medición del mejoramiento de la salud de sus derechohabientes.

Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, promueva la modificación del marco regulatorio, para otorgar funciones específicas a cada establecimiento de salud, sobre la vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales, con el objeto de que éstos cuenten con un control de dichos contagios.

Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, establezca mecanismos específicos, para que las unidades hospitalarias de las instituciones del SNS reporten el número de pacientes con infección nosocomial, a fin de estimar el grado de seguridad con que se otorga la atención médica, y utilizarlo como referente en el mejoramiento de la salud de la población.

Que la SS, en coordinación con las entidades de la seguridad social y los integrantes del SPSS, diseñe e implemente mecanismos que permitan estimar el efecto de la interrelación de los recursos materiales y humanos en el mejoramiento de la salud de la población.

La ASF concluye, que la implementación de estas sugerencias coadyuvará a que la operación de la política de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en salud se encamine a superar la problemática de la insuficiencia e inadecuación de los recursos materiales y humanos en salud, así como su ineficiente distribución, y contribuya a concretar la visión de un sistema de salud público único, no fragmentado; de garantía en el acceso a los servicios de salud y, por ello, con recursos suficientes para asegurar la atención efectiva, financiado a corto, mediano y largo plazos; con una planeación estratégica de alcance nacional y, a la vez, institucional, que permita satisfacer las necesidades de salud de la población en todos los niveles de atención, y con un manejo transparente de los recursos y de la toma de decisiones.


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4. Análisis de la Fiscalización al Sector Desarrollo Social


Los recursos ejercidos en 2016 por el sector Protección Social, crecieron moderadamente respecto al año anterior. En el periodo 2008-2016, el gasto ejercido en Protección Social (sector Desarrollo Social) creció a una tasa media anual de 4.2% en términos reales, cero punto uno por ciento mayor que el observado en el periodo 2008-2015. Esta situación obedece a que en 2016 el sector de Protección Social ejerció recursos por 747 mil 332.7 millones de pesos, monto que representó un aumento de 2.8% en términos reales respecto de 2015.

El sector de Protección Social concentra el 32.2% del total de los recursos destinados en 2016 a las funciones de Desarrollo Social. De los 2 billones 318 mil 038.3 millones de pesos reservados a las funciones de Desarrollo Social, el 32.2% lo concentró el sector Protección Social (el cual ha mostrado un continuo ascenso porcentual desde el ejercicio 2009 con 26.7%); seguido de Educación con el 29.5%; Salud con el 22.2%; y 16% correspondiente a otras Funciones Sociales.

Del 100% de los recursos del sector Protección Social, el 81.6% se ejercieron a través de las Aportaciones a Seguridad Social. Los recursos asignados a Protección Social se ejercieron a través de seis Ramos del Poder Ejecutivo, siendo los más significativos, el Ramo 19 de Aportaciones a Seguridad Social (81.6%) y Desarrollo Social (15.0%), Entidades de Control Directo (IMSS 318 mil 860.1 millones de pesos; e ISSSTE 190 mil 739.3 millones de pesos), y Empresas Productivas del Estado (CFE 35 mil 128.2 millones de pesos).

Principales programas presupuestarios del sector Protección Social. El Gobierno Federal buscó propiciar el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, a través de los siguientes programas: Pensión para Adultos Mayores; PROSPERA Programa de Inclusión Social; Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social; Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; Comedores Comunitarios; Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa, S. A. de C. V.; Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S. A. de C. V.; Programa de Empleo Temporal; Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S. A. de C. V., y Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Los recursos asignados a los programas sociales del sector mostraron una reducción respecto al año anterior. Como parte del gasto ejercido en Desarrollo Social, en 2016, los recursos ejercidos a través de los programas presupuestarios sumaron 109 mil 371.9 millones de pesos, cantidad menor en 4.4% a lo ejercido el año anterior (114 mil 504.0 millones de pesos). Desde el 2013 hasta el 2015 se mostró una tendencia al alza en el presupuesto asignado a los



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programas del sector; sin embargo, para 2016 la tendencia se modificó a la baja, efecto que se explica por los ajustes realizados por la SHCP al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 en el marco de la aplicación del Presupuesto Base Cero.

Sólo dos programas (de los doce que fueron implementados en 2016) concentraron más del 50% del presupuesto total asignado. Los dos programas con mayores recursos asignados en 2016 fueron: Programa Desarrollo Humano Oportunidades con 46 mil 327.5 millones de pesos (42.4%); y Pensión para Adultos Mayores con 39 mil 486.5 millones de pesos (36.1%). Cabe mencionar que los recursos asignados a este último programa han ido a la baja desde 2015.

El presupuesto destinado de manera exclusiva para la superación de la pobreza, sufrió una disminución respecto al 2015. En 2016 se destinaron 377 mil 550.6 millones de pesos a programas destinados a la superación de la pobreza, cantidad menor en 1.3% (equivalente a 5 mil 039 millones de pesos) a lo ejercido en 2015. La tasa media de crecimiento del periodo 2008-2016 fue de 4.9%; respecto al PIB representó el 1.9%, y 9.0% del gasto programable.

México es de los países de América Latina que más recursos destinan a las funciones de desarrollo social (protección social, educación, salud, actividades recreativas, vivienda y protección al medio ambiente). Los países de América Latina que destinan mayores recursos a la totalidad de funciones sociales son: Trinidad y Tobago (16.2% de su PIB), Chile (16.0%), y Uruguay (14.9%); mientras que México destina el 11.6% de su PIB. Por otro lado, los países que destinan menores proporciones de recursos al ámbito social, son: Haití (5.5%) y Perú (6.3%).

Respecto a la protección social (desarrollo social), México es de los países de América Latina que menos recursos destina. Por lo que corresponde en particular a protección social (sector desarrollo social) Argentina y Brasil son los países que más recursos destinan con 10.8% y 10.3% respectivamente; mientras que México solo destina el 3.8% del PIB.

Más de la mitad de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza y/o en condiciones de vulnerabilidad. De conformidad con la medición realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a nivel nacional, en 2016 el porcentaje de la población en condiciones de pobreza es de 43.6%; mientras que el 33.8% se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por ingresos o por alguna carencia social; y solo el 22.6% del total de la población vive en condiciones óptimas para no padecer ninguna carencia social.

Entidades Federativas que concentran el mayor porcentaje de su población en condiciones de pobreza. Chiapas (77.1%), Guerrero (64.4%), Oaxaca (70.4%) y Veracruz (62.2%) son las entidades federativas con el mayor porcentaje de su población en condiciones de pobreza. Mientras que Baja California (22.2%), Baja California Sur (22.1%) y Nuevo León (14.2%) son las entidades con el menor porcentaje de población en condiciones de pobreza.


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Pese a los mayores recursos destinados a las entidades federativas para combatir la pobreza, aumenta el porcentaje de población en esta condición. Veracruz incrementó el porcentaje de población en condiciones de pobreza, al pasar de 58.0% en 2014 a 62.2% en 2016 (incrementó en 9.0%), así como Oaxaca que pasó de 66.8% en 2014 a 70.4% en 2016, equivalente a un incremento de 6.9%.

Los indicadores de carencias sociales presentaron una mejoría respecto al periodo 2010-2016. Los indicadores utilizados para medir los niveles de pobreza en México han presentado una mejoría desde 2010, especialmente el de carencia por acceso a los servicios de salud, y el de acceso a la seguridad social. Sin embargo, aunque en México éste último indicador presentó una mejoría, a nivel mundial, el hambre aumentó en 2016 por primera vez desde 2003. De 2015 a 2016 aumentó el número de personas afectadas en 38.0 millones, llegando hasta los 815.0 millones, según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, titulado “Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2017”.

La distribución del ingreso en México sigue siendo desigual. El coeficiente de Gini para México fue de 0.498, y aunque mostró mejoría respecto al 2010 (0.509), aún es considerado como un valor alto. Lo que manifiesta que la distribución de los ingresos en México sigue siendo desigual.

La principal fuente de ingresos de los mexicanos es el ingreso por trabajo, seguida de las transferencias (ayudas familiares, ayudas gubernamentales, becas, etc). El ingreso corriente total trimestral estimado de los hogares mexicanos para 2016, es de 1.5 billones de pesos, siendo la principal fuente de ingresos la remuneración por trabajo, con el 64.3% del ingreso total. Por su parte, el ingreso corriente promedio trimestral por hogar 2016, fue de 16 mil 521 pesos, según las siguientes fuentes de ingreso: 29 mil 906 pesos por ingreso del trabajo (64.2%); 7 mil 239 pesos por transferencias (15.6%); 5 mil 247 pesos por estimación de alquiler de vivienda (11.3%); 4 mil 088 pesos por renta de propiedad (8.8%); 40 pesos por otros ingresos corrientes (0.1%).

El salario real mundial, así como el salario real de los mexicanos descendió en 2016. El Informe Mundial sobre Salarios 2016-2017 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que el crecimiento del salario real mundial registró una drástica caída en el periodo posterior a la crisis económica de 2008; se recuperó en 2010 y desde entonces comenzó a desacelerarse. De manera específica para los países del G-2018, el organismo observó que desde 2006 el salario medio se duplicó en China, creció 60.0% en India, y para el resto de los países creció entre 20.0% y 40.0%, salvo para el caso de México, ya que fue el único país de la organización en el que el salario real descendió, aunque se logró estabilizar en 2015 tras descender casi continuamente desde 2008.

18 El G-20 está compuesto por: la Unión Europea, Argentina, Australia, Brasil, China, Alemania, Francia, Gran Bretaña, India, Indonesia, Italia, Japón, Canadá, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía y Estados Unidos.


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4.2. Principales Hallazgos determinados por la ASF

Para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó un total de 17 auditorías al sector desarrollo social. En particular, respecto a la tercera entrega de Informes Individuales de auditorías, la ASF reportó nueve auditorías. A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados en las nueve auditorías practicadas al sector Desarrollo Social, en el contexto de la tercera entrega de informes individuales, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 265 Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. SEDESOL sujetó su ejercicio presupuestario a las Reglas de Operación. El Programa S174 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” ejerció recursos por 3 mil 722.2 millones de pesos, de los cuales 303.2 millones de pesos correspondieron a gastos indirectos para el desarrollo de las acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión, seguimiento, contraloría social y evaluación externa del programa, aplicados en los capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, y 3000 “Servicios Generales” que representaron el 7.7% del presupuesto asignado al programa por 3 mil 925.5 millones de pesos y, por tanto, no excedió el porcentaje máximo del 8.27% autorizado para este rubro en las Reglas de Operación del programa. La Delegación Federal de la SEDESOL en la Ciudad de México no cuenta con documentación que acredite la entrega de los apoyos a los beneficiarios. Reportó un presupuesto ejercido por 182.6 millones de pesos; asimismo, emitió 15 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 183.2 millones de pesos para el otorgamiento de los apoyos del programa, de los cuales se reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la cantidad de 684.3 miles de pesos. Se comprobó que dicha delegación no contó con evidencia de que se efectuó la totalidad de los depósitos a las beneficiarias del programa, ya que sólo se presentaron 44 oficios de autorización, así como los estados de cuenta bancarios que amparan un monto de 145.6 millones de pesos, por lo que quedó pendiente de acreditar un monto de 37.7 millones de pesos respecto de los abonos reportados en el auxiliar contable, y no se proporcionaron los estados de cuenta bancarios donde se demuestren los depósitos correspondientes. Las estancias infantiles inspeccionadas en la Ciudad de México y en el Estado de México se encontraron en óptimas condiciones para proporcionar el servicio. Derivado de visitas domiciliarias a 14 estancias infantiles en la Ciudad de México y 14 en el estado de México a las que se les otorgaron apoyos por un monto de 7.1 y 5.3 millones de pesos respectivamente con


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cargo en el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras durante el ejercicio 2016, se constató que en ambas entidades federativas las instalaciones físicas del local y del mobiliario y equipo se encontraban en buenas condiciones; también, se contó el material suficiente para la atención de las niñas y niños bajo su cuidado, y se constató que cumplió con las disposiciones de seguridad e higiene establecidas en los convenios de coordinación. No se concilió las cifras del cierre de ejercicio de las delegaciones federales de la SEDESOL con las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio fiscal de 2016. Las delegaciones federales de la SEDESOL en las 32 entidades federativas realizaron el cierre del ejercicio 2016 del “Programa de Estancias Infantiles y Apoyo a Madres Trabajadoras”, en el cual se señalan las acciones ejecutadas durante el ejercicio y los recursos financieros ejercidos. De la comparación entre éste y el Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la entidad fiscalizada, se determinó una diferencia de 30.6 millones pesos. En riesgo a la población infantil y el personal de las estancias infantiles. Veintisiete y veintiséis estancias infantiles de las delegaciones federales de la SEDESOL de la Ciudad de México y en el Estado de México, respectivamente, no cumplieron con el Programa Interno de Protección Civil ya que cubrían periodos parciales que no abarcaron todo el ejercicio 2016, lo que pone en riesgo a la población infantil y al personal de dichas instancias. Dictamen. La ASF concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados anteriormente. Número de observaciones: 12, Número de acciones: 19 (8 R; 7 PRAS; y 4 PO). Recuperaciones Determinadas: 69.3 millones de pesos (Probables, 69.3 millones de pesos; Operadas, 0.6 miles de pesos). Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Comedores Comunitarios”. Auditoría de Desempeño, No. 255. Objetivo. Fiscalizar el Programa Comedores Comunitarios para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. El diseño del programa Comedores Comunitarios es deficiente. Los resultados de la fiscalización mostraron que el diseño del Programa de Comedores Comunitarios para 2016 tuvo deficiencias que limitaron que su implementación y operación incidiera en la atención del problema público que justifica su existencia, ya que no fue clara la forma en cómo el programa logra trascender el enfoque asistencialista a uno centrado en el desarrollo de capital humano. Además, los lineamientos del programa establecen que los comedores comunitarios operarían sólo 5 de los 7 días de la semana, lo que equivale a que no funcionaran 24 días en 3 meses, por lo que los beneficiarios padecerían aproximadamente 24 experiencias de hambre en un periodo


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de tres meses; por ello, continuarían en condición de pobreza por carencia de acceso a la alimentación que, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se presenta cuando las personas han tenido cuatro o más experiencias de hambre en un periodo de tres meses. El equipamiento y abasto de los comedores comunitarios muestran deficiencias. Respecto del equipamiento de los comedores, en 2016, se instalaron 268 comedores nuevos, que representaron el 5.3% de los 5,068 operados ese año. De los 268, en 18 (6.7%), la dependencia no acreditó el equipamiento y la entrega del suministro necesario para su instalación, ni contar con mecanismos para verificar que el equipamiento de cocina de los comedores nuevos no excedió el monto máximo establecido de 150.0 miles de pesos. Por lo que se refiere al abasto de los comedores, de una muestra de 358 expedientes técnicos al menos, el 90.3% de los expedientes técnicos de los 5,068 comedores comunitarios operados en 2016 carece de la totalidad de los recibos de abasto generados desde su instalación, lo que limitó la posibilidad de garantizar la correcta operación y funcionamiento de los comedores. La elaboración de los alimentos no está basada en las necesidades nutrimentales básicas. En cuanto al diseño de los menús, la SEDESOL elaboró el “Recetario 2016 del Programa Comedores Comunitarios”, a fin de que los comedores proporcionaran alimentos con los estándares establecidos en la NOM-043-SSA2-2012; no obstante, de los 22 menús diseñados por la secretaría, 7 (31.1%) no contaron con alimentos de origen animal, que constituyen uno de los 3 grupos alimenticios incluidos en la norma; además, la dependencia no acreditó que supervisó que los alimentos preparados y otorgados a la población en los 5,068 comedores operados en 2016 cumplieron con los requerimientos nutrimentales básicos. La SEDESOL reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) que en 2016 atendió trimestralmente a entre 106 y 111 comensales por cada comedor comunitario. En el cuarto trimestre, único en el que programó la meta de atender a 106 comensales en promedio, alcanzó el 96.4% de la meta, al atender 110; sin embargo, la dependencia no acreditó el resultado reportado para los primeros tres trimestres. SEDESOL no cuenta con documentos para acreditar si las personas atendidas presentan carencias por alimentación. La secretaría reportó que los 537.1 miles de personas atendidas en los comedores en 2016 se encontraron en alguno de los grupos prioritarios: por cada 100 personas atendidas, 36 fueron niños de 0 a 11 años; 22, desempleados; 16, estudiantes adolescentes de 12 a19 años; 13, cocineras del comedor; 10, adultos mayores; 2, discapacitados, y 1, mujer en periodo de lactancia. El número de mujeres embarazadas, los afectados por contingencias y los migrantes atendidos fueron menos del 1.0%. Sin embargo, no fue posible verificar la información reportada por la dependencia, ya que no sustentó que supervisó que los comedores atendieron a esa población. Además, no acreditó que las personas atendidas fueran las que presentaron carencia por acceso a la alimentación. Los comedores comunitarios operan sin la supervisión de SEDESOL. La dependencia no evidenció que verificó, al menos una vez por semana, la correcta operación y funcionamiento de los


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comedores, ni estableció un plan de trabajo anual para el seguimiento a la operación y ejecución del Programa de Comedores Comunitarios. El programa opera con deficiencias en el control interno. El Sistema de Control Interno de la SEDESOL presentó deficiencias en su implementación, lo que inhibió el logro de los objetivos institucionales, ya que, de los 32 aspectos evaluados de las cinco normas generales de control interno, en 19 (59.4%) la dependencia demostró contar con mecanismos de control interno y, en 13 (40.6%) no dispuso de información para evaluar los mecanismos de control implementados. SEDESOL no proporcionó información respecto al cumplimiento del programa. Con la información reportada en la Cuenta Pública 2016, relativa al ejercicio del presupuesto del Programa de Comedores Comunitarios y el resultado de 13 indicadores, no es posible verificar en qué medida, con los apoyos otorgados para la instalación, equipamiento y abasto de los comedores comunitarios, se incrementó el acceso a alimentos en los territorios urbanos y rurales ubicados en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), y se contribuyó a fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza. Tampoco fue posible valorar en qué medida se cumplió con el mandato establecido en el PEF 2016, de proporcionar alimentos nutritivos, de calidad y en cantidad suficientes, para la atención de grupos poblacionales con problemas de desnutrición, ni de su contribución para abatir la carencia por acceso a la alimentación. Consecuencias Sociales. Con la instalación de 268 nuevos comedores comunitarios, al cierre de 2016, la SEDESOL operó 5 mil 068 comedores, con lo que aumentó en 67.8% el número de beneficiarios que tuvieron acceso a la alimentación, al pasar de 320.0 miles en 2014 a 537.1 miles en 2016. No obstante, las deficiencias en el diseño y operación del programa, referentes a la falta de parámetros para evaluar el cumplimiento de sus objetivos; a que los menús no cumplieron, en todos los casos, con los requerimientos nutrimentales básicos; a que no se verificó que se otorgaran las raciones alimentarias a la población de atención prioritaria, y a que no se supervisó la correcta operación de los comedores, la dependencia no garantizó el acceso a la alimentación, focalizada en la población en condición de pobreza, ni que fuera adecuada, en términos de calidad, y no acreditó la incidencia del programa en la atención de las personas que presentan carencia por acceso a la alimentación en las ZAP, ni su contribución en la disminución de esa carencia. Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la SEDESOL incrementó el acceso a los alimentos ya que, con la instalación de 268 nuevos comedores, al cierre del año, dispuso de un total de 5,068 en operación, con lo que aumentó en 67.8% el número de beneficiarios que tuvieron acceso a la alimentación, al pasar de 320.0 miles de personas en 2014 a 537.1 miles en 2016. No obstante, las deficiencias en el diseño y operación del programa, referentes a que el programa orienta su operación a la atención tangencial de las causas del problema de la falta de acceso a la alimentación, pero no da una solución estructural a las mismas; a la falta de parámetros para evaluar el cumplimiento de sus objetivos; a que los menús no cumplieron, en todos los casos, con los requerimientos nutrimentales básicos; a que


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no se verifica que se otorguen las raciones alimentarias a la población de atención prioritaria, y a que no se supervisó la correcta operación de los comedores, la SEDESOL no garantizó el acceso a la alimentación, focalizada en la población en condición de pobreza, ni que fuera adecuada, en términos de calidad, y no acreditó la incidencia del programa en la atención de las personas que presentan carencia por acceso a la alimentación en las ZAP, ni su contribución en la disminución de su prevalencia en 2016. Número de observaciones: 12, Número de acciones: 22 RD. Diconsa, S.A. de C.V. “Gestión Financiera y Operativa de DICONSA”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0275 Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones relacionadas con la inversión en valores, la recuperación de cuentas por cobrar, el almacenamiento y distribución de productos, la obtención de fuentes de financiamiento, el pago de las obligaciones contraídas, así como que en el registro contable y presupuestal se cumplió con las disposiciones normativas. DICONSA operó conforme a toda la normatividad aplicable. La entidad fiscalizada contó con el Manual de Organización, autorizado por el Consejo de Administración; contó con su Estructura Orgánica, aprobada y registrada en la Secretaría de la Función Pública (SFP); contó con la normativa autorizada por el H. Consejo de Administración y vigente en 2016 para regular las operaciones para la adquisición de los bienes para comercializar y su distribución, el control de los almacenes, el pago de las obligaciones monetarias, la recuperación de las cuentas por cobrar y las inversiones financieras; finalmente, contó con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural para el ejercicio 2016, publicado en el DOF, el 28 de diciembre de 2015. Falta de mecanismos de control en los inventarios. DICONSA carece de procedimientos para determinar las cantidades máximas y mínimas de existencias permitidas en sus almacenes, que al cierre del ejercicio presentan un saldo de 2 mil 501.2 millones de pesos. DICONSA contrató deuda por 600.0 millones de pesos sin acreditar la necesidad de su adquisición. El Consejo de Administración autorizó una línea de crédito, por 600.0 millones de pesos cuya justificación fue cumplir compromisos de pago a proveedores, por 598.9 millones de pesos; al respecto, DICONSA sólo sustentó registros de cuatro proveedores, por 189.1 millones de pesos, sin acreditar la necesidad crediticia, de los 409.7 millones de pesos restantes. Irregularidades en la adquisición de materiales para un evento deportivo. Como resultado de una licitación para un evento cultural y deportivo para el personal de DICONSA en el que se incluyeron uniformes y artículos deportivos y se declaró desierta, la Gerencia de Personal adjudicó 20.9 millones de pesos en forma directa, sin que se justificaran las causas de excepción, como lo señala la norma; además, incluyó a 617 personas que no forman parte de la estructura orgánica de DICONSA; por otra parte, se identificaron 7 contratos, por 641.5 miles de pesos,


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también por uniformes y artículos deportivos, cuya adquisición se fraccionó, a fin de adjudicarse directamente a las sucursales. DICONSA registro pérdidas netas por 469.9 millones de pesos en 2016. En el Estado de Resultados, al 31 de diciembre de 2016, DICONSA registró una Utilidad Bruta de 2 mil 923.9 millones de pesos; sin embargo, se constató que el precio de venta de los artículos se fijó para obtener márgenes de utilidad en la entidad y de ahorro para el consumidor, al respecto, se observó que aun cuando se consideró buscar el equilibrio financiero, no se prevén los gastos que se requieren para su operación, lo que generó una pérdida neta de 469.9 millones de pesos. Las pérdidas se derivan de un margen de ahorro otorgado a los consumidores en el precio de venta de sus productos, así como de gastos de operación (por 5 mil 208.7 millones de pesos), entre los que destacan la contratación de personal externo, para operar en el ámbito nacional, y remuneraciones al personal. Dictamen. La ASF concluye que, en términos generales, Diconsa, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos señalados anteriormente. Número de observaciones: 9, Número de acciones: 20 (13 R; 4 PRAS; y 3 PO). Recuperaciones Determinadas: Probables, 734.7 miles de pesos Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). “Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas”. Auditoría de Desempeño, No. 0267 Objetivo. Fiscalizar los subsidios otorgados por el INDESOL a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para promover y operar programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, a fin de contribuir a su erradicación. INDESOL cumplió con los criterios para la elaboración de las Reglas de operación del programa. En 2016, el INDESOL, incluyó los criterios establecidos en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para la entrega de los subsidios de ese programa, ya que definió con precisión la población objetivo que será beneficiada directamente con el programa; procuró que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros y facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, garantizó que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo e incorporó mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permiten ajustar las modalidades de su operación, a fin de asegurar la objetividad, equidad, transparencia, publicidad y selectividad Las 32 Instancias de Mujeres del país cumplieron con los criterios y requisitos de elegibilidad para el otorgamiento de apoyos. Las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) cumplieron con los requisitos de elegibilidad y criterios de selección señalados en las Reglas de Operación del programa para el otorgamiento de los subsidios. Las IMEF entregaron al INDESOL


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los 32 programas anuales de prevención y atención de la violencia contra las mujeres; cada uno de los programas se enmarcaron en las necesidades específicas de prevención y atención de la violencia contra la mujer, se sujetaron a la normativa nacional, y se fundamentaron en los diagnósticos estatales y regionales sobre la violencia contra las mujeres. INDESOL cumplió con la entrega de subsidios a las IMEF. En 2016, el INDESOL otorgó a las 32 instancias de mujeres en las entidades federativas 289.5 millones de pesos en subsidios, cantidad inferior en 1.9% (5.7 millones de pesos) a los 295.2 millones de pesos estimados con la fórmula establecida en la Reglas de Operación del programa S155, para operar sus programas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Los subsidios fueron entregados dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a la firma de los convenios de coordinación señalados en las Reglas de Operación. Adecuada prevención y atención de la violencia contra las mujeres. INDESOL monitoreó la operación de los 32 programas anuales de las IMEF subsidiados para implementar y operar los programas anuales de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. En este proceso se comprobó que, de las 32 instancias, 31 entregaron su cuarto informe trimestral, en el cual se incluyeron el cierre del ejercicio; los reportes financieros; los avances de las acciones realizadas en las vertientes de institucionalización, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y los recursos materiales y humanos utilizados para la implementación de los programas anuales. La IMEF del estado de Guerrero presentó de manera extemporánea dicho informe trimestral, y el INDESOL estableció medidas de control para el seguimiento del proceso de revisión de éste. En 2016 INDESOL operó con integral transparencia. INDESOL ejerció un total de 304.2 millones de pesos mediante el programa presupuestario S155 “Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas”, monto que corresponde con lo reportado en la Cuenta Pública de ese año, y que se encuentra sustentada con las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes; del total de recursos ejercidos, 289.5 millones de pesos (95.1%) correspondieron a los subsidios entregados a las IMEF y 14.7 millones de pesos (4.9%) a gastos de operación. INDESOL no cuenta con un programa anual de visitas de acompañamiento a las IMEF. El instituto realizó 8 visitas de acompañamiento a 7 instancias de mujeres, sin contar con un programa anual en el que se especificarán los aspectos a revisar y las metas. Con las visitas, el INDESOL verificó el seguimiento financiero del programa anual, asesoró a las instancias en la ejecución de sus proyectos y revisó la integración de los informes trimestrales, mediante los cuales las instancias reportan al instituto los avances de sus actividades. Con el seguimiento físico y operativo realizado por el INDESOL, en 2016, se emitieron recomendaciones para que las IMEF verifiquen en campo la entrega, existencia, calidad y satisfacción de la diversidad de acciones que conforman los Programas anuales, y mejorar la planeación por parte de las IMEF, al identificarse que su ejecución comienza en el cuarto trimestre del año, sin que el Instituto reportara si las recomendaciones fueron atendidas o no.


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INDESOL benefició a 1.4% del total de mujeres que sufren algún tipo de violencia. Con los subsidios otorgados por el INDESOL en 2016, las IMEF mediante la instrumentación de los 32 programas anuales, beneficiaron a 283,512 personas con las actividades en materia de prevención de la violencia, de las cuales el 59.9% fueron mujeres y el 40.1% hombres, y se atendieron a 264,450 mujeres en situación de violencia que solicitaron el apoyo de las IMEF, lo que representó el 1.4% de las 19,096,161 mujeres que sufren de violencia por parte su pareja a lo largo de su relación, como lo señala la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. Consecuencias Sociales. En 2016, las IMEF que fueron apoyadas con subsidios del Pp S155 atendieron a 264 mil 450 mujeres en situación de violencia que solicitaron ayuda, lo que representó el 1.4% del total de 19 millones 096 mil 161 mujeres de 15 años y más que sufrieron de violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, y con los servicios de prevención de la violencia contra la mujer, se benefició a 283 mil 512 hombres y mujeres. El INDESOL careció de metas para conocer en qué medida el PAIMEF contribuyó a resolver el problema público identificado de altos niveles de violencia y en la construcción de una sociedad igualitaria con el otorgamiento de subsidios a las IMEF para promover y operar programas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, mediante el programa presupuestario S155, el Instituto Nacional de Desarrollo Social otorgó subsidios por 289.5 millones de pesos para apoyar a las 32 IMEF, las cuales operaron sus programas anuales para proporcionar servicios de prevención y atención de la violencia contra las mujeres; con ellos se atendió a 264,450 mujeres que solicitaron apoyo de las IMEF, las cuales representaron el 1.4% de las 19,096,161 que se estima, de acuerdo con datos del INEGI, sufrieron de violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación; sin embargo, en los 32 programas anuales presentados por las IMEF, respecto de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, no se establecieron las metas de la población que se beneficiaría, situación que limitó determinar en qué medida están contribuyendo a la atención del problema público de la violencia contra las mujeres y evaluar el cumplimiento de los programas anuales de las IMEF. El INDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la modificación de la MIR del Pp S155; la elaboración de un programa anual para realizar las visitas de acompañamiento y un programa para la capacitación que contengan las metas para dichas actividades, así como el establecimiento de metas respecto del número de personas que serán beneficiadas por medio de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, con lo que se solventa lo observado. De atender las recomendaciones al desempeño, el INDESOL podrá contar con información suficiente para evaluar y dar seguimiento al objetivo del programa presupuestario S155, así como medir su contribución en la atención del problema público. Número de observaciones: 2, Número de acciones: 2 RD.


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Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH)”. Auditoría de Desempeño, No. 258. Objetivo. Fiscalizar la Cruzada Nacional contra el Hambre para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Alrededor de 7.1 millones de personas viven en pobreza extrema. SEDESOL identificó que el problema público que pretende atender con la CNcH es la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria que presentan 7.1 millones de personas, debido a la insuficiencia de ingresos económicos y a la carencia de, por lo menos, tres de los derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos en la vivienda), incluido el de la alimentación. Lo anterior provoca desnutrición; vulnerabilidad a enfermedades; bajo aprovechamiento y deserción escolar; precario desempeño y rendimiento laboral, y limitado desarrollo del capital social. No existe legislación secundaria en materia de derecho a la alimentación nutritiva. El diseño normativo y programático de la CNcH es congruente con el problema que pretende atender, sin embargo, no existe una legislación reglamentaria del artículo 4° de la CPEUM, en materia de derecho a la alimentación, en la que se defina el problema público y la población objetivo; se mandaten y homologuen los apoyos otorgados; se precisen las responsabilidades de las dependencias y entidades participantes, y se regule la transversalidad de la política pública, a fin de coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), y los gobiernos locales y municipales, estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad. SEDESOL no acreditó el cumplimiento del 100% de los acuerdos suscritos en 2016. Solo ha cumplido el 66.7% de los acuerdos firmados, para el restante 33.3%, no acreditó el cumplimiento en lo referente a: a asumir las sesiones de la Estrategia de Inclusión Social como reuniones del Comité Estatal Intersecretarial de la CNcH; instalar un grupo de trabajo para optimizar la cobertura a los niños de 0 a 5 años; exponer los aprendizajes del proyecto piloto “Al Rescate” de la Secretaría de Turismo, para replicarlo en más entidades; las gestiones de la iniciativa privada para la sustitución del uso de leña como combustible. La CNcH presenta una disminución de programas del 47.1% respecto al 2013. En 2016 participaron 33 programas en la CNcH para atender a la población en pobreza extrema alimentaria, sin embargo, 3 no constituyeron programas presupuestarios con recursos en el PEF. La ASF identificó que los 30 programas presupuestarios equivaldrían a 37, debido a la fusión de programas presupuestarios efectuada por la SHCP, lo que significó una disminución del 47.1% (33 programas), respecto de los 70 que participaron en 2013, año de implementación de la estrategia. No existen mecanismos para la evaluación de la CNcH. La información contenida en el Sistema de Focalización para el Desarrollo (SIFODE) no permite identificar los programas presupuestarios con que es atendida cada carencia social, ya que la SEDESOL no reporta el


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programa específico, ni la carencia con la que se vincula, por lo que no es posible valorar el cumplimiento del objetivo de la CNcH de “Cero hambre a partir de una alimentación, y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”. Consecuencias Sociales. La SEDESOL, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra el Hambre, no acreditó el avance, a 2016, de la meta establecida en el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018 de “Cero hambre a partir de una alimentación, y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación” para 2018, ya que no sustentó la condición socioeconómica registrada en el SIFODE de los 6,062.6 miles de pobres extremos alimentarios, ni la atención que brindaron los 30 programas presupuestarios que participaron en la estrategia a las 3.5 millones de personas registradas como beneficiarias. Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a cuatro años de la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la SEDESOL, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra el Hambre, no acreditó que dicha estrategia constituyó una solución estructural y permanente para atender el problema de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria. Número de observaciones: 11, Número de acciones: 17 RD. Sugerencias a la Cámara de Diputados: 1. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Calidad de Datos de los Programas de Pensión para Adultos Mayores, Empleo Temporal y Empleo Temporal Inmediato”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 1877. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. Inconsistencias en el Padrón de Beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores. Se consideró la información del total del Padrón de 5 millones 882 mil 473 beneficiarios del PPAM adscritos durante el ejercicio 2016 y se obtuvieron ,los siguiente resultados: se detectaron 62 beneficiarios de los cuales se desconocía su edad y en su caso cumplir con el requisito de contar con al menos 65 años para poder recibir el apoyo, a quienes se pagaron 370.0 miles de pesos; se pagó a 16 mil 733 beneficiarios mayores de 100 años un monto de 87.8 millones de pesos; 3 personas sin dato en el campo sexo, recibieron pagos por 13.9 miles de pesos; 1 millón 369 mil 944 beneficiarios sin registro en el campo CURP, a los cuales se les pagó un monto de 8 mil 012.3 millones de pesos; 1 mil 095 beneficiarios carecen de registro en el campo RFC, a los cuales se les pagó un monto de 7.1 millones de pesos; 571 beneficiarios no


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tienen registro ni en el campo de la CURP ni del RFC, los cuales totalizan cobros por 3.5 millones de pesos; y no se identificó el estatus de Situación de Pago de 106 mil 125 registros (1.8% del total de beneficiarios), con cobros por 59.2 miles de pesos. Se realizaron pagos a personas cuya edad rebasa la esperanza de vida señalada por el INEGI. Derivado del análisis de la información del padrón de beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores y considerando los indicadores del INEGI respecto a la esperanza de vida, se determinó que 995 mil 564 de beneficiarias de sexo femenino (16.9% del total) se encuentran en un rango de edad de 80 a 116 años y cuentan con pagos por 6 mil 693.0 millones de pesos; 1 millón 344 mil 712 de beneficiarios de sexo masculino (22.9% del total) se entran en un rango de edad de 74 a 116 años y cuentan con pagos por un monto de 9 mil 135.7 millones de pesos. Es decir, que el 39.8% del pago a beneficiarios se realizó a personas cuya edad rebasa la esperanza de vida señalada por el INEGI; a los cuales se les pagó un total de 15 mil 828.7 millones de pesos, equivalente al 42.6% de los pagos totales. SEDESOL realizó pagos a personas fallecidas. Derivado de la revisión del padrón de beneficiarios del programa se solicitó al Registro Nacional de Población (RENAPO), corroborar la localización de beneficiarios y el estado de defunción. Al respecto el RENAPO manifestó lo siguiente: existen 556 mil 548 beneficiarios no localizados, con pagos de 3 mil 110.1 millones de pesos; pagos duplicados a 49 mil 196 beneficiarios, por 289.6 millones de pesos; pagos a 16 mil 997 personas fallecidas con pagos de 64.1 millones de pesos. Irregularidades en pagos del Programa de Empleo temporal. Se detectaron 3 mil 542 beneficiarios no localizados por 17.1 millones de pesos; pagos duplicados a 102 beneficiarios, por 443.4 miles de pesos; así como pagos a beneficiarios fallecidos, de los 806 beneficiarios identificados, se observa que a 393 de ellos la SEDESOL les proporcionó apoyos por un monto de 1.2 millones de pesos, al respecto la SEDESOL confirmó que 24 de ellos en efecto causaron baja por defunción, de los cuales realizó reintegros por 67.0 miles de pesos. Anomalías detectadas en pagos a beneficiarios del Programa de Empleo Temporal Inmediato. Se erogaron apoyos por 25.3 millones de pesos a 14 mil 804 beneficiarios no localizados; pagos duplicados a 418 beneficiarios por 691.7 miles de pesos; así como pagos a 515, de los cuales a 284 se pagó 520.0 miles de pesos. Al respecto SEDESOL confirmó que 7 de ellos en efecto causaron baja por defunción, de los cuales realizó el reintegro por 14.8 miles de pesos. Dictamen. La ASF precisa que en términos generales SEDESOL no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, debido a los resultados descritos anteriormente. Número de observaciones: 1, Número de acciones: 7 (5 R; y 2 PO). Recuperaciones Determinadas: 65.9 millones de pesos (Probables, 65.8 millones de pesos; y Operadas: 0.09 millones de pesos).


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Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Programa de Empleo Temporal”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0264 Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa de Empleo Temporal, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Deficiencias en las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2016. La entidad fiscalizada efectuó reintegros extemporáneos de recursos por un importe de 13.5 millones de pesos sin realizar el pago de las cargas financieras correspondientes; no se contó con la documentación comprobatoria del presupuesto reportado como pendiente de pago al cierre del ejercicio, el cual fue cubierto posteriormente por un importe de 50.1 millones de pesos; y no se registró como Adeudo de Ejercicio Fiscal Anterior, ni se gestionó el oficio de adecuación presupuestaria externa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la autorización del traspaso de recursos entre programas por un importe de 16.7 millones de pesos. Los Lineamientos Operativos del programa no son específicos. Se observó que no se detalla la estrategia para la difusión del programa, ni los requisitos que la misma debía contener. Por otra parte, se constató que el Comité Técnico del programa y el Grupo Permanente de Trabajo no se constituyeron de forma oportuna, y en el caso del Comité Estatal en el estado de Puebla, no sesionó de manera ordinaria al menos bimestralmente. Irregularidades en la entrega de apoyos del programa. Se identificó a una Organización de la Sociedad Civil que recibió apoyos por 2.0 millones de pesos para ejecutar “proyectos de mejoramiento del entorno físico e infraestructura comunitaria”, por lo que rebasó en 73.4 miles de pesos el límite establecido en las Reglas de Operación; en 22 obras o acciones no se contó con la totalidad de la documentación que genera el proceso de otorgamiento del apoyo; se constató la falta de documentación justificativa y comprobatoria por 72.4 millones de pesos de 724 obras realizadas con cargo a los recursos del programa; y en el caso de cinco obras o acciones por 5.2 millones de pesos, las instancias ejecutoras no contaron con la documentación técnica, justificativa y comprobatoria. Deficiencias en la integración del Padrón de Beneficiarios del Programa. SEDESOL únicamente efectuó una confronta entre los padrones de beneficiarios de otros programas; además, se constató que de la confronta realizada con los padrones de beneficiarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, únicamente se efectuó con el 30.4% del total de registros consignados en el Listado de Beneficiarios de dichas dependencias; asimismo, respecto de la conciliación del listado de beneficiarios contra el registro de fallecimientos emitido por el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, se constató que se realizaron pagos de apoyos a 29 beneficiarios que habían fallecido antes de la entrega de los apoyos por 78.6 miles de pesos, de los cuales por intervención de la ASF se reintegraron 42.9 miles de pesos.


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Dictamen. La ASF precisa que en términos generales la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos señalados anteriormente. Número de observaciones: 16, Número de acciones: 34 (18 R; 9PRAS; y 7 PO). Recuperaciones Determinadas: 122.9 millones de pesos (Probables, 122.7 millones de pesos; y Operadas, 0.19 millones de pesos) Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social. “Evaluación de los Controles Establecidos en el Otorgamiento de Apoyos de PROSPERA Programa de Inclusión Social”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0270 Objetivo. Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos, en los procesos de identificación, incorporación, registro, y entrega de apoyos del programa, de conformidad con las disposiciones legales y el marco normativo en materia de control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. El componente alimentario concentró la mayor cantidad de recursos ejercidos. En 2016 el presupuesto ejercido en el Programa Presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” fue de 82 mil 354.4 millones de pesos, los cuales se ejercieron en los componentes: alimentario, con 44 mil 274.0 millones de pesos (53.8%); educativo, 31 mil 890.5 millones de pesos (38.7%); y salud, 6 mil 189.8 millones de pesos (7.5%). El pago de servicios personales superó el porcentaje máximo establecido. Los gastos de operación de PROSPERA, en 2016, por concepto de servicios generales y personales, por 4 mil 178.5 millones de pesos, que representaron el 5.1% del presupuesto total asignado al programa, superaron el porcentaje máximo establecido en sus Reglas de Operación, correspondiente al 4.61% (3 mil 796.5 millones de pesos). Ineficiente coordinación entre entidades que participan en PROSPERA Programa de Inclusión Social. La Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) no tienen un método para medir y evaluar anualmente el conocimiento, cumplimiento y aplicación del código de Conducta. El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la CNP, no participa con las distintas instancias que atienden las quejas y denuncias relacionadas con la operación del Programa. Baja vigilancia en la administración de riesgos. La CNP, la SEP y CNPSS no cuentan con una Metodología de Administración de Riesgos específica. La SEP no incluyó en su Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos y Programa de Administración de Riesgos, los riesgos en la operación del componente educativo de PROSPERA, no obstante que tuvo a su cargo 31 mil 890.5 millones de pesos, monto que representó el 38.7% del total de los recursos asignados a PROSPERA en 2016.


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Las Reglas de Operación del programa en 2016, no fueron específicas. No señalan los criterios para priorizar la atención de localidades en función a los índices de rezago social y de marginación. No se define la periodicidad con que se ejecuta la verificación permanente de condiciones socioeconómicas, ni los criterios con los que se determina o considera que una familia ya no cumple con las condiciones para continuar en el programa. Las entidades participantes en la implementación del programa poseen escasos mecanismos de supervisión. La SEP no definió mecanismos de supervisión respecto de la certificación del cumplimiento de corresponsabilidades, del componente educativo. La CNPSS no tiene el registro de las intervenciones ni el tipo de suplementos que fueron otorgadas a nivel de integrante o familia beneficiara; no acreditó la programación de talleres comunitarios para el auto cuidado de la salud, el número de beneficiarios registrados en cada taller, ni los temas impartidos en éstos conceptos; asimismo, se comprobó que no hay supervisión del proceso de certificación de las corresponsabilidades en el componente de salud. Además, los responsables de los procesos no realizaron autoevaluaciones de control interno relacionadas con la identificación de beneficiarios y de registro en los padrones correspondientes. Dictamen. La ASF precisa que, el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades significativas. Número de observaciones: 22, Número de acciones: 60 (54 R; y 6 PRAS). Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”. Auditoría de Desempeño, No. 273. Objetivo. Fiscalizar la articulación de políticas públicas integrales de juventud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. El diseño del programa E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” es deficiente. El programa presentó deficiencias toda vez que otorgó subsidios y premios, situación que no es consistente con la modalidad “E”. Ésta modalidad implica la oferta de servicios en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad y no así para otorgar apoyos. Además, el IMJUVE no contó con mecanismos para identificar y cuantificar a la población objetivo del programa, por lo que no dimensionó la magnitud y características de la población afectada por el problema que pretende atender. El IMJUVE no cuenta con indicadores suficientes para evaluar el programa. El IMJUVE cuenta con 20 indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos: 5 (25.0%) son estratégicos, y miden los objetivos de fin y de propósito, y 15 (75.0%), de gestión, elaborados para evaluar las principales actividades del programa. Sin embargo, el indicador de nivel fin no permite verificar la contribución del programa en la consecución de un objetivo de orden superior; los indicadores de nivel propósito no permiten medir el resultado esperado en la población


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atendida y, los indicadores de nivel actividad no permiten cuantificar la gestión de los procesos o insumos necesarios para producir dichos bienes y servicios. Existe baja cobertura del programa. En 2016, el IMJUVE otorgó apoyos directos a 858 jóvenes en concursos, becas y apoyo para proyectos, cifra poco representativa, respecto de los 37 millones 504 mil 392 jóvenes de 12 a 29 años cuantificados en 2015. IMJUVE no dispuso de indicadores ni metas para evaluar en qué medida el programa cumple con sus objetivos. El instituto no acreditó que para 2016 diseñó, implementó y ejecutó, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes, ni que se coordinó con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, para articular políticas públicas destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud y sus expectativas sociales, económicas y culturales, y garantizar el ejercicio de sus derechos, particularmente en materia de educación, salud, empleo y participación social. Asimismo, no dispuso de indicadores ni metas para evaluar en qué medida el programa generó, promovió y articuló políticas públicas, orientadas a fortalecer el acceso de las personas jóvenes a la educación, la participación social, el trabajo y la salud. IMJUVE no reporto información respecto al cumplimiento de sus objetivos. La información reportada por el IMJUVE en la Cuenta Pública 2016 no da cuenta del cumplimiento de los objetivos del programa, de “contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas mediante acciones para fortalecer el acceso de las personas jóvenes a la educación, participación social, trabajo y salud” y de “fortalecer el acceso de los jóvenes a la educación, participación social, trabajo y salud que les permiten consolidar su incorporación equitativa en los procesos de desarrollo”. Tampoco, se presenta información del mandato de “promover, generar y articular políticas públicas integrales de juventud que surjan del reconocimiento de las y los jóvenes en toda su diversidad, como sujetos y actores de su propio destino que respondan a sus necesidades, como educación, salud, empleo y participación social, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena y desarrollo nacional”. Consecuencias Sociales. El IMJUVE reportó que, en 2016, mediante el programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”, otorgó apoyos directos a 858 jóvenes en las modalidades de “Concursos”, “Becas” y “Apoyo a proyectos y acciones para jóvenes”, cifra no significativa, respecto de los 37 millones 504 mil 392 jóvenes de 12 a 29 años cuantificados a 2015, y que subsidió proyectos a cargo de 12 actores sociales, en los que no identificó el número de beneficiarios indirectos. Al respecto, con los apoyos otorgados, el instituto no acreditó que mediante el programa promoviera, generara, ni articulara políticas públicas integrales para la incorporación de los jóvenes en los procesos de desarrollo, mediante el fortalecimiento de su acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la salud, como lo mandató el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y la ley del propio instituto.


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Dictamen. En opinión de la ASF, el IMJUVE no acreditó que, en 2016, mediante el programa “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” promoviera, generara y articulara políticas públicas integrales para los jóvenes, para su incorporación en los procesos de desarrollo, mediante el fortalecimiento de su acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la salud, como lo mandató el PEF 2016 y la propia ley del instituto, debido a las deficiencias en el diseño del programa, relacionadas con la falta de vinculación entre los apoyos otorgados y el mandato establecido. Número de observaciones: 12, Número de acciones: 50 RD


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5. Análisis de la Fiscalización en Entidades no Coordinadas Sectorialmente


Seguridad Social IMSS

La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó de 2015 a 2016. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, la población derechohabiente del IMSS observó un aumento de 74.0 a 75.8 millones de personas (2.4%), lo que significa incrementar los servicios prestados a poco más de 1.8 millones de nuevos derechohabientes. De acuerdo con el INFEIMSS en los últimos 10 años se han observado mejoras en la cobertura de seguridad social del IMSS. En el periodo de 2007 a 2016, el aseguramiento en el Instituto se ha ampliado de manera significativa, con un crecimiento que duplica el de la población.

El presupuesto ejercido por el IMSS en 2016 fue superior en 2.2% al aprobado en el presupuesto de Egresos de la Federación. El presupuesto pagado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 556 mil 372.9 millones de pesos, cifra superior en 2.2% con relación al aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2016 y superior en 2.0% real respecto del ejercicio 2015. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Pensiones y Jubilaciones (6.5%), así como a un gasto menor al presupuesto aprobado en el rubro de Gasto de Operación (8.3%).

De la misma manera, los recursos ejercidos en gasto corriente fueron superiores a los aprobados. La evolución por rubro de gasto muestra que el gasto corriente presentó un mayor ejercicio con relación al presupuesto aprobado, equivalente al 2.3%. Las erogaciones en servicios personales registraron un menor gasto pagado de 0.1% respecto al presupuesto aprobado, esto fue resultado de menores aportaciones al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) y descuentos a trabajadores en centros vacacionales. Por lo que respecta al Gasto de Operación, este rubro presentó un gasto pagado menor en 7.5%, en comparación con el presupuesto aprobado.

Los ingresos del IMSS en 2016 crecieron en 8% respecto al año anterior. El ingreso de 2016 fue de 19 mil 970 millones de pesos superior al alcanzado en 2015, equivalente a un crecimiento de 8% nominal y 5.1% real, y 71 mil 644 millones de pesos superior a lo recaudado en 2012 (43 mil 946 millones de pesos en términos reales), equivalente a un crecimiento de 36.3% nominal y 19.5% real. Según el IMSS este crecimiento en los primeros 4 años de la actual Administración contrasta con lo reportado en la Administración anterior de 3% real,



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considerando el mismo periodo. Esto fue resultado del acelerado proceso de formalización del empleo, de la simplificación y digitalización de trámites y del Modelo Integral de Fiscalización, mencionado en Informes anteriores.

Respecto al régimen de pensiones y jubilaciones, el IMSS estima que para 2034 el régimen alcance el mayor gasto anual. Para el año 2034 el IMSS estima que se alcanzará el mayor gasto anual total del Régimen, siendo de 160,402 millones de pesos de 2016, del cual corresponde 70.0% por pensiones complementarias y 30% con cargo al IMSS-Asegurador. Aunque el pasivo laboral ya no continúa aumentando por nuevas contrataciones de trabajadores, el IMSS debe hacer frente a un flujo creciente de pagos por jubilaciones y pensiones, derivado de los actuales Pensionados en curso de pago y de la incorporación futura al grupo de pensionados de los trabajadores en activo con derecho a este Régimen.

Los gastos del IMSS en 2016 fueron superiores a los del 2015 en 27 mil 779 millones de pesos. En cuanto al total de gastos del IMSS, para el ejercicio 2016 este rubro ascendió a 368,012 millones de pesos corrientes, cifra superior en 27 mil 779 millones de pesos respecto al ejercicio anterior. Esta cifra superior se explica principalmente por el incremento en los gastos de funcionamiento y por el incremento en el rubro de pagos a pensionados y jubilados del IMSS. Es importante comentar que, a pesar del incremento en el total de gastos, uno de los factores de peso para este crecimiento está reflejado en el renglón de “Otros gastos” y es consecuencia de que el Instituto ha podido incrementar sus reservas financieras y el Fondo Laboral, con el fin de enfrentar situaciones futuras.

ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ejerció más recursos que los aprobados. La SHCP reportó que el presupuesto pagado del ISSSTE ascendió a 243 mil 860.6 millones de pesos, cifra superior en 6.1% (13 mil 687.5 millones de pesos) con relación al presupuesto aprobado (229 mil 916.1 millones de pesos), y superior en 3.3% real respecto del ejercicio 2015. De acuerdo con la SHCP, este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en Otras Erogaciones, Pensiones y Jubilaciones.

El gasto corriente del ISSSTE sufrió una variación al alza respecto al presupuesto pagado y al aprobado; el gasto de operación presentó una variación a la baja al igual que el gasto de inversión. Respecto al gasto corriente, el ISSSTE observó una variación de 6.5% con relación al presupuesto aprobado. Su comportamiento por rubro de gasto muestra que las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor gasto pagado de 7.6% respecto al presupuesto aprobado, debido a los compromisos contraídos en política salarial del Instituto en el año. El gasto de operación presentó diversos movimientos compensados entre capítulos y de ampliaciones líquidas. Su comportamiento por rubro registró que en Materiales y Suministros se observó un menor presupuesto pagado de 10.0% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de los traspasos compensados principalmente para cubrir montos constitutivos de cuentas individuales de los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo,


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que el Instituto debe realizar a las aseguradoras encargadas del pago de las pensiones a los derechohabientes. Finalmente, en cuanto al Gasto de Inversión, su capítulo de Inversión Física registró un presupuesto pagado menor al presupuesto aprobado en 25.2%. Lo anterior fue consecuencia de que en el rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se presentó un pagado inferior en 29.5% respecto al aprobado, ya que se transfirieron recursos para atender necesidades prioritarias de diversa naturaleza, en los capítulos de gasto de operación.

Principales programas que captaron mayores recursos. Las Aportaciones a las Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago con 189 mil 393 millones de pesos, solo este rubro significó el 34.2% del total de los recursos asignados a las Aportaciones a Seguridad Social (553 mil 686.7 millones de pesos), cabe destacar que este recurso observó un incremento notable de 23 mil 944.5 millones de pesos (17.7%) con relación al ejercicio 2015; por su parte el Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE registró una aportación de 12 mil 319.3 millones de pesos (28.7% del total); y el Seguro de Maternidad y Enfermedad, 75 mil 655.6 millones de pesos (13.7%).

La población derechohabiente del ISSSTE incrementó en 1.1% del 2015 al 2016. Con base en el Informe Financiero y Actuarial (IFA) 2017 del ISSSTE, la población derechohabiente en el Instituto durante 2016 se ubicó en 13.1 millones de personas, de los cuales 2.8 millones son trabajadores en activo, 1.0 millones corresponde a jubilados y pensionados, 8.1 a familiares de los asegurados y 1.1 millones a familiares de pensionados.

Los ingresos del ISSSTE se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel en 2015 (102 mil 067 millones de pesos) y 2016 (102 mil 067 millones de pesos). Los ingresos totales del Instituto alcanzaron 102 mil 067 mdp, de los cuales 12 mil 319 mdp correspondieron a transferencias gubernamentales. Por su parte, los egresos alcanzaron 101 mil 188 mdp de éstos, 73 mil 917 mdp correspondieron a los gastos a los gastos de funcionamiento de los seguros y al pago de beneficios, 17 mil 377 mdp se transfirieron a la SHCP en cumplimiento de las disposiciones transitorias de Ley y 3 mil 272 mdp se debieron a la constitución de reservas para el fortalecimiento de las mismas.

SUPERISSSTE

Los ingresos del SuperISSSTE descendieron considerablemente de 2015 a 2016. El Informe Financiero y Actuarial (IFA) 2016, señaló que los ingresos del SuperISSSTE en 2016 ascendieron a 1 mil 644 mdp, en tanto que en 2015 se reportaron ingresos por 2 mil 688 mdp, lo anterior significó una reducción de 1 mil 044 mdp, fundamentalmente por el cierre de unidades de venta.

Los gastos, por su parte, presentaron una disminución respecto al 2015. Durante 2016 se reportaron gastos por 1 mil 665 mdp, mientras que en 2015 se registraron 2 mil 690 mdp, lo anterior significó una disminución de 1 mil 025 mdp, reflejo en gran medida por el efecto de cierre de puntos de venta, así como una mejor estrategia comercial. Cabe destacar que en


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2013, los gastos superaban los ingresos en 564 mdp el 9.0% y en 2016 solo fueron solo 11mdp (0.6%).

Vivienda

En 2016 el presupuesto pagado a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) fue de 9 mil 149.7 millones de pesos, cifra inferior en 5.9% con relación al presupuesto aprobado y menor en 22.4% real respecto del ejercicio 2015. Este comportamiento se debió principalmente a las reducciones líquidas por medidas de control presupuestario aplicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 500.3 millones de pesos; a la reducción por transferencia de recursos entre dependencias y entidades por 1.4 millones de pesos aplicada por la Secretaria de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano (SEDATU) en su calidad de coordinadora sectorial, y a las reducciones líquidas por medidas de cierre presupuestario por 73.3 millones de pesos; así como a la ampliación líquida de recursos por 1.8 millones de pesos destinada al capítulo de servicios personales para el ajuste del tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos federales del sector central.

El Gasto Corriente (Servicios Personales) al igual que el Gasto de Operación, presentó un incremento respecto al presupuesto aprobado. Se registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en 19.6%, debido principalmente a los movimientos presupuestarios relacionados con la reducción líquida aplicada por la SHCP por medidas de control presupuestario y las reducciones líquidas para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto “Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales". Respecto al Gasto de Operación se registró un presupuesto pagado mayor en 238.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos realizados en los capítulos de gasto, como lo es Materiales y Suministros que registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en 292.4%.

El presupuesto pagado al rubro de servicios generales tuvo un incremento del 237.7% respecto al aprobado. El ejercicio del presupuesto en Servicios Generales registró un mayor gasto pagado en un 237.7%, respecto al original asignado, que se explica principalmente por ampliaciones de claves presupuestarias para cubrir la presión de gasto generada por servicios contratados para asesorías, estudios e investigaciones y contratación de terceros, mediante la desagregación de recursos de gastos indirectos del programa S177.

En México existen 31.9 millones de viviendas particulares habitadas. Según datos de la encuesta intercensal de INEGI 2015, en México existen 31.9 millones de viviendas particulares habitadas. Al respecto los estados que concentran el mayor porcentaje de viviendas son: Estado de México (13.0%); y Ciudad de México (8.1%). Por su parte, Colima (0.6%); Baja California Sur (0.7%); y Campeche (0.8), son los estados con el menor porcentaje de concentración de viviendas.

En el periodo 2010-2016 el indicador de carencia por motivo de calidad y espacios de la vivienda mostro una reducción. De acuerdo con datos del CONEVAL del periodo 2010-2016 se


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ha reducido el número de personas con carencias por motivo de calidad y espacios de la vivienda, sin embargo, de 2014 a 2016 la situación no mostró cambio alguno, ya que se mantuvieron los mismos 14.8 millones de personas con esta carencia. Al respecto, el 67.7% de la población habita una vivienda propia; el 15.9% la alquila; el 14.1% vive en una vivienda prestada.

La oferta del sector vivienda manifestó un acrecentamiento considerable respecto al 2015. Según datos de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en el cuarto trimestre de 2016 se registró una oferta de 95 mil 500 viviendas con un promedio por mes de 31 mil 800, mientras que el promedio mensual para el mismo trimestre del año anterior fue de 16 mil 100. Esto se explica principalmente por una mayor disponibilidad de financiamiento para la producción de viviendas. El saldo promedio de la cartera de crédito puente conjunta de la banca comercial y de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en el tercer trimestre de 2016 alcanzó 66.6 mil millones de pesos, 6.6% más que en el mismo periodo de 2015.

El precio de las viviendas crecido de manera acelerada en los últimos años. Respecto al Índice de Precios de Vivienda en México, la SHF reportó que en el cuarto trimestre de 2016 aumentó el precio de las viviendas con crédito hipotecario garantizado, se registró un crecimiento en términos reales de 7.4 % respecto a octubre-diciembre de 2015. De enero a diciembre de 2016 se tiene una variación acumulada de 7.55 %. Respecto a los precios de la vivienda nueva en el ámbito nacional tuvieron un aumento de 8.1 % y los de la usada de 6.6 % respecto al año pasado, ambas cifras en términos reales.

Respecto al otorgamiento de créditos hipotecarios, éstos se vieron reducidos en 2016 en proporción al 2015. De acuerdo con información de la CONAVI, sobre los financiamientos otorgados para vivienda en 2016, en México se otorgaron 1 millón 132 mil 232 créditos, contra 1 millón 378 mil 395 créditos en 2015, lo cual significa una reducción del 17.8% de variación anual. De todas las instituciones que otorgaron algún tipo de financiamiento para la vivienda, INFONAVIT es la institución que más créditos otorgó en 2016.

Equidad de Género

El presupuesto ejercido por la institución encargada de trabajar por la igualdad y la equidad de género en México fue menor en 2.4% respecto al 2015. En 2016 el presupuesto pagado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) fue de 911.1 millones de pesos, cifra superior en 12.6% (102.1 millones de pesos) con relación al presupuesto aprobado; sin embargo, menor en 2.4% real respecto del recurso ejercido en 2015.

El mayor gasto ejercido por el INMUjeres en el rubro de gasto corriente se realizó en servicios personales. El Gasto Corriente pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 12.6%. Su evolución por rubro de gasto observó que en Servicios Personales se registró un mayor gasto pagado de 11.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la ampliación para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondientes al ejercicio fiscal 2016.


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El 51.4% de la población que viven en México son mujeres. De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en México viven 61.4 millones de mujeres y representan el 51.4% de la población, es decir que por cada 100 mujeres hay 94.4 hombres. Desde hace 35 años se empezó a notar un ligero incremento en la cantidad de mujeres respecto a los hombres.

En México las mujeres son más proclives a vivir en condiciones de pobreza debido a la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Del 100% de mujeres que viven en México (61.4 millones), el 45.4% equivalente a 27.9 millones, se encuentra en situación de pobreza. Del periodo 2010-2016 el número de mujeres en condiciones de pobreza ha sido superior al de los hombres. Según los datos anteriores, las mujeres son más vulnerables a vivir en condiciones de pobreza, esto se debe a diversas razones, entre ellas la desigualdad que aún existe entre el hombre y la mujer, en diversos ámbitos como: la educación, el empleo y la salud.

En México, las jóvenes tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser ninis que los varones jóvenes. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar 2015-2016 el 49.9% de los inscritos en nivel básico es mujer; en nivel medio el 50.2%; y en nivel superior el 49.3%. Investigaciones de la OCDE revelan que muchas mujeres jóvenes se pierden en la transición de la escuela secundaria a la enseñanza superior o al mercado laboral, lo que da por resultado altas tasas de mujeres ninis. Las jóvenes tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser ninis que los varones jóvenes, situación que perjudica su condición económica presente y las perspectivas de trabajo futuras: 35.0% de las mexicanas de entre 15 y 29 años son ninis, la segunda tasa más elevada en la OCDE, después de Turquía.

Pese al avance en la escolarización de las mujeres persisten grandes brechas de desigualdad en la incorporación al mercado laboral. Al cuarto trimestre de 2016 la población ocupada (15 a 64 años) ascendió a 52.1 millones de personas, de las cuales 32.2 millones son hombres (61.8%) y 19.9 millones son mujeres (38.2%). Mientras que 78 de cada 100 hombres en estas edades son económicamente activos, en el caso de las mujeres 43 de cada 100 están en esta situación. La OCDE considera que, a pese al avance que se ha tenido en la escolarización de las niñas mexicanas, persisten grandes brechas de género en la incorporación a la fuerza de trabajo. Del total de mujeres ocupadas (19.9 millones), el 78.6% están ocupadas en el sector terciario, principalmente en el comercio, servicios diversos, y servicios sociales; el 17.0% están ocupadas en el sector secundario, principalmente en la industria manufacturera; y el 4.0% están ocupadas en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca).

En México, según resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), el 66.1% de las mujeres de 15 años y más han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez en su vida. De conformidad con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la violencia contra las mujeres constituye un problema social que se manifiesta de manera histórica en la desigualdad entre hombres y mujeres, y que se ha convertido en una manera de dominación de la mujer, ejercida por el hombre. La relación donde ocurre con mayor frecuencia la violencia contra las mujeres


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es en la pareja y, por ende, el principal agresor es o ha sido el esposo, pareja o novio, el 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación. El segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres es en espacios como la calle, el parque y el transporte, por ejemplo, donde 38.7% de las mujeres fueron víctima de actos de violencia por parte de desconocidos. De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual, que han sufrido 34.3% de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violación sexual.

Desarrollo de Pueblos Indígenas

El ente encargado de diseñar e instrumentar la política pública en materia de protección de los pueblos indígenas sufrió una reducción en su presupuesto ejercido respecto al 2015. En 2016 el presupuesto pagado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue de 8 mil 581.8 millones de pesos, cifra inferior en 27.9% con relación al presupuesto aprobado. Sin embargo, este fue menor en 12.7% real respecto al ejercicio 2015.

Del 100% de la población total del país, el 10.1% es población indígena y el estado que concentra la mayor proporción de población en su territorio es Oaxaca. Para 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) contabiliza un total de 12.0 millones de personas indígenas en el territorio nacional, cantidad que significa el 10.1% de la población total del país. Las entidades que concentran el mayor número de población indígena son: Oaxaca (14.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz (9.2%), México (9.1%), Puebla (9.1%), Yucatán (8.8%), Guerrero (5.7%) e Hidalgo (5.0%). En conjunto en estos estados vive el 75% de la población indígena a nivel nacional. Al respecto los pueblos con mayor población son: Náhuatl, (24%); Maya, (13.7%); Mixteco, (6.8%); Zapoteco, (6.8%); Tseltal, (5.7%); Paipai, (5.5%); Otomí, (5.5%); Tsotsil, (5.1%); Totonaco (3.6%); y Mazahua (3.0%). Estos diez pueblos concentran al 80% de la población indígena.

Si bien Oaxaca es la entidad que concentra la mayor proporción de población indígena en su territorio, también es la entidad que mayor índice de expulsión registra. Respecto a la migración, existe una alta movilidad entre la población indígena, siendo Baja California, Nuevo León y Quintana Roo, los destinos más recurrentes, debido a que en esas entidades el porcentaje de población indígena que nació en otra entidad de la República supera el 70 %. Por el contrario, las entidades que registran una mayor expulsión de población indígena nativa son Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Ciudad de México y Puebla, todos por arriba de 100 mil personas.


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5.2. Principales Hallazgos determinados por la ASF

Para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó un total de 25 auditorías a entes vinculados con entidades no coordinadas sectorialmente y seguridad social. En particular, respecto a la tercera entrega de Informes Individuales de auditorías, la ASF reportó 11 auditorías. A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados en las 11 auditorías practicadas a las Entidades No Coordinadas señaladas, en el contexto de la tercera entrega de informes individuales, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016. Instituto Mexicano del Seguro Social. “Aplicación de Subsidios para Estimular y Promover la Incorporación a la Seguridad Social”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 240. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera, administrativa y operativa de las cuentas por cobrar, por las cuotas obrero patronales, así como de las subsidiadas para estimular y promover la incorporación a la seguridad social, para constatar que su emisión, control, seguimiento, recuperación y registro contable fue oportuno, y en su caso, la aplicación de subsidios a dichas cuotas, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. La ASF señaló que en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; sin embargo, Con la revisión de 500 créditos, por 413.9 millones de pesos, registrados en la cartera total, se constató que 377, por 327.6 millones de pesos (79.1%), se gestionaron, registraron y recuperaron en tiempo y forma, excepto por los 123 restantes, por 86.3 millones de pesos (20.9%) que presentaron inconsistencias en su operación; asimismo, se observó que en 49 créditos fiscales derivados de cuentas por cobrar por cuotas obrero patronales, por 24.8 millones de pesos, no presentaron evidencia suficiente ni competente que justifique las acciones de recuperación; en 13 créditos fiscales, por 7.4 millones de pesos, correspondientes a multas fueron condonados; sin embargo, el registro de la condonación se realizó con desfase de hasta tres meses en el sistema de cobranza; en otros tres créditos por 5.4 millones de pesos, resultaron improcedentes por la falta de conciliación oportuna de pagos espontáneos por parte del área de cobranza. De forma particular se observó lo siguiente: Créditos fiscales derivados de cuotas obrero-patronales de la Delegación Estatal en Coahuila. Con la revisión de 373 créditos, por 804,739.2 miles de pesos, registrados en la cartera total, se constató que 339, por 792,034.1 miles de pesos (98.4%), se gestionaron, registraron y recuperaron en tiempo y forma; los 34 restantes, por 12,705.1 miles de pesos, (1.6%) presentaron inconsistencias en su operación. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó información con la que aclaró en 2017, los 31 créditos observados, por 12,705.1 miles de pesos, con los pagos realizados por los patrones, los cuales se hicieron antes de la notificación del instituto. Derivado de lo anterior la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente


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por las irregularidades de los servidores públicos de la Delegación Estatal de Coahuila, que en su gestión no vigilaron los procedimientos de emisión, notificación, control, administración, cobro, recuperación y registro de las cuotas obrero patronales, por lo que se observaron deficiencias de control, supervisión y seguimiento en sus operaciones. Créditos fiscales derivados de cuotas obrero-patronales de la Delegación Estatal en Sonora. Con la revisión de 500 créditos, por 413.9 millones de pesos, registrados en la cartera total, se constató que 377, por 327.6 millones de pesos (79.1%), se gestionaron, registraron y recuperaron en tiempo y forma, excepto por los 123 restantes, por 86.3 millones de pesos (20.9%) que presentaron inconsistencias en su operación y otros 66, por 40.9 millones de pesos, que presentaron diversos tipos de inconsistencias. Posteriormente la Entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó información con la que aclaró en diversos créditos observados; sin embargo, se persistieron debilidades de control, supervisión y seguimiento en sus operaciones, por lo que la observación se atendió parcialmente. Por lo antes señalado la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Delegación Estatal de Sonora, que en su gestión no vigilaron los procedimientos de emisión, notificación, control, administración, cobro, recuperación y registro de las cuotas obrero patronales, por lo que se observaron deficiencias de control, supervisión y seguimiento en sus operaciones. De la revisión a los Juicios concluidos en 2016 a 18 créditos, por 13.2 millones de pesos, con observación por juicios concluidos en 2016, la ASF constató que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) detecto créditos que no se recuperaron por haber caducado las facultades del Instituto por causas imputables a los patrones, al proporcionar información imprecisa; créditos por capitales constitutivos, que no se recuperaron por haberse declarado improcedentes por el TFJFA; créditos, que presentaron deficiencias en la fundamentación y motivación, sin evidenciar su reposición; créditos que tuvieron deficiencias en la notificación del crédito; créditos que a la fecha de la revisión (julio 2017), no se contó con evidencia de las gestiones, ni del estatus que guarda; un crédito que presentó suspensión del embargo, del que no se evidenció que el personal del instituto realizara los procesos correspondientes, en incumplimiento de su normativa. Derivado de lo anterior la ASF emitió Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Delegación Estatal en Sonora, que en su gestión presentaron deficiencias en la fundamentación y motivación de los juicios fiscales ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, situación que repercutió en la recuperación de los créditos. En lo que respecta al “Suspenso de cartera” la ASF señaló que la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2016, reportó que las delegaciones estatales en Coahuila y Sonora tuvieron un saldo acreedor, por 45.5 miles de pesos y 2.2 millones de pesos, respectivamente, observándose que las 6 subdelegaciones que componen la Delegación Coahuila contaron con todos sus créditos en los inventarios realizados a su cartera y el saldo acreedor, por 45.5 miles


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de pesos, corresponde a un “Suspenso Contable”, el cual se generó por movimientos de cargo y abono en cuentas por cobrar contra cuentas de suspenso, determinado por las claves de ajuste o reclasificación no compensadas en 2016 y en 3 de las 8 subdelegaciones que componen la Delegación Sonora, se presentaron faltantes de créditos por cobrar al momento de llevar a cabo el inventario físico de los créditos fiscales; de forma posterior en el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó información del suspenso de cartera y refiere que las observaciones corresponden al corte de abril 2017, por lo que en el informe del inventario físico que se instruye en el Manual de Procedimiento para la Administración de la Cartera y su Afectación en el Sistema de Cobranza, se elaboró el día último de junio 2017, y presenta la inclusión de todos los créditos al último día de mayo; sin embargo, la falta de entrega de los documentos por cobrar, por parte del área emisora, se considera una desviación de control normativa, por lo que la observación se solventa parcialmente. Por lo anterior, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Delegación Estatal de Sonora que en su gestión no contaron con 811 créditos, por 2.2 millones de pesos, que estuvieron a su cargo, en los procesos del inventario físico. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados que se señalaron anteriormente. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 7 (3 R y 4 PRAS). Recuperaciones determinadas: 0.0 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Equipamiento y Sustitución de Equipo e Instrumental Médico”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 245. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención del IMSS, para comprobar su adjudicación en las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, que estuvieron debidamente autorizados; se previeron, justificaron y contrataron, conforme a la normativa y a las necesidades de sus unidades médicas, que el equipo médico se recibió de conformidad con las condiciones contractuales, que se registró y está en uso, de acuerdo a la normativa. Ausencia fisca de equipamiento adquirido. De la auditoría practicada, la ASF señaló que el IMSS cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, sin embargo durante la verificación física del equipo e instrumental médico recibido en las delegaciones y las UMAE revisadas, se constató que de 892 equipos médicos no se evidenció la existencia de 3 equipos médicos, con valor de 1.1 millones de pesos, en el Hospital General de Zona Núm. 33 y en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria núm. 65, correspondientes a una lavadora ultrasónica, un sistema de monitoreo y una unidad de facoemulsión. Por lo anterior la ASF


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emitió un Pliego de Observaciones por la presunción un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto de 1.1 millones de pesos, por no evidenciar la existencia de 3 equipos, unidades adscritas a la Delegación Regional Nuevo León. Ausencia fisca de instrumental médico adquirido. Respecto a la Verificación física de kits para médicos, se observó que la Delegación Jalisco no proporcionó evidencia física de la existencia de 54 kit médicos, por 250.3 miles de pesos y la Delegación Norte del D.F. no proporcionó documentación alguna respecto de 42 kit médicos por 194.7 miles de pesos. Derivado de lo anterior, la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del IMSS, por un monto de 445.0 miles de pesos, por no evidenciar la existencia física de 96 kits para médicos, pertenecientes a unidades adscritas a las Delegaciones Estatal Jalisco y Norte del Distrito Federal. Asimismo, la ASF señaló que en ambas Delegaciones se detectó la falta de aplicación de penas convencionales, por 55.1 miles de pesos (15.3 miles de pesos de la Delegación Estatal Jalisco y 39.8 miles de pesos de la Delegación Norte del Distrito Federal); en consecuencia la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del IMSS, por un monto de 55.1 miles de pesos, por penas convencionales no aplicadas por atraso en la entrega de equipos médicos por parte la proveeduría. Falta de transparencia en la entrega de dos garantías de cumplimiento. La ASF observo la emisión de garantías con fecha anterior a la formalización de los contratos y otra con fecha posterior a la emisión de la fianza. Al respecto la ASF emitió, recomendaciones para que el IMSS, mediante la Delegación Estatal Jalisco y la Unidad Médica de Alta Especialidad "Dr. Victorio de la Fuente Narváez" en la Ciudad de México, fortalezcan sus mecanismos de control y supervisión a fin de que, en lo sucesivo, constate que las garantías de cumplimiento se entreguen oportunamente por el proveedor en los plazos establecidos y que sus fechas de expedición sean acordes con las fechas en que se formalizan los contratos, para darle transparencia a la operación. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos antes señalados. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 23 (18 R y 5 PO). Recuperaciones determinadas: 2.7 millones pesos; Operadas: 1.0 millones de pesos; Probables: 1.6 millones de pesos. Instituto Mexicano del Seguro Social. “Evaluación del Control Interno a la Operación de Adquisición de Medicamentos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, 246. Objetivo. Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.


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La ASF señaló que el sistema de control interno establecido tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina, apoya de manera adecuada la consecución de los objetivos y metas relacionados con los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas; sin embargo, observo algunas debilidades dentro del IMSS, entre las que se destacan por su importancia las siguientes: Fortalecimiento de objetivos en los procesos de adquisición. La ASF observó que el IMSS incorporó objetivos, líneas de acción, indicadores y metas en su Programa Anual de Trabajo de 2016, por lo que respecta al proceso de adquisición de medicamentos; sin embargo, no se establecieron los objetivos específicos para cada subproceso y actividades en dicho programa; lo anterior puede afectar el desempeño de las actividades del proceso, toda vez que el no establecer y comunicar los objetivos de los subprocesos para la adquisición de medicamentos imposibilita la identificación, evaluación e implementación de estrategias para la administración de sus riesgos. Al respecto la ASF emitió una recomendación al IMSS para que establezca, formalice y comunique el objetivo de sus procesos sustantivos, incluido el correspondiente al proceso de adquisición de medicamentos y se asignen dichos objetivos a los responsables de su cumplimiento, para que estén en posibilidad de identificar, evaluar e implementar las estrategias para la administración de sus riesgos, a fin de fortalecer el sistema de control interno del Instituto. Falta de metodologías para la administración de riesgos en procesos de administración. Con la revisión se constató que el IMSS, para la determinación de sus riesgos, se basó en las etapas mínimas que se establecen en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, en el cual se estipula la obligatoriedad de implementar un proceso sistémico que permita establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. No obstante, el IMSS no contó con una metodología propia para llevar a cabo el proceso de administración de riesgos en 2016. Además, no se llevó a cabo el proceso general de administración de riesgos en la adquisición de medicamentos, que permita a los servidores públicos responsables de estas actividades aplicar un enfoque sistematizado para la identificación, evaluación, análisis, respuesta y control de los riesgos asociados con los objetivos de las mismas, cuyo presupuesto ejercido en 2016 fue por 30 mil 332.6 millones de pesos, importe que representó el 11.7% del presupuesto total erogado por el IMSS en ese ejercicio que fue de 258 mil 786.6 millones de pesos. Documentos normativos de operación en materia de tecnología de información y comunicación desactualizados. Por lo que respecta a la normativa que rige el proceso de adquisición de medicamentos en el IMSS, se verificó que estuviera actualizada por las instancias correspondientes; no obstante, se constataron deficiencias en cuanto a la normativa que regula las funciones del Instituto (Manual de Organización) y algunos documentos que rigen el proceso de adquisición de medicamentos (en materia de TICS), ya que se encuentran desactualizados y su última actualización fue en 2010 y 2005, respectivamente.


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Otras debilidades observadas. Dentro del ambiente de control consisten en: acciones limitadas en cuanto a la prevención de posibles actos de corrupción en los procesos y programas del IMSS; se carece de un procedimiento para evaluar el apego y cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta y no se ha considerado la obligatoriedad de suscribir un compromiso, por escrito, por parte del personal respecto del cumplimiento de dichos códigos; falta de actualización de manuales de organización conforme a las modificaciones de la estructura orgánica autorizada al Instituto, y cobertura limitada del programa de capacitación y carencia de un plan de desarrollo de capacidades del personal en materia de control interno, administración de riesgos, integridad y prevención de la corrupción. Deficiencias en los programas de capacitación. La ASF señala que no se cuenta con la evidencia de las actividades impartidas en el programa de capacitación 2016 al personal adscrito a las áreas que participan en los procesos revisados. En dicho programa no se incluyeron cursos en materia de control interno, evaluación de riesgos, promoción de la integridad y temas afines a las actividades sustantivas a los procesos evaluados. Lo anterior, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, podría poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso de adquisición de medicamentos o motivar la existencia de riesgos que, de materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario público federal. Al respecto, la ASF destaca que los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en el sistema de control interno institucional del proceso sujeto a fiscalización y, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar. Dictamen. En opinión de la ASF el sistema de control interno establecido tanto en el IMSS, como en la SEDENA y en la SEMAR, apoya de manera adecuada la consecución de los objetivos y metas relacionados con los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, excepto por algunas debilidades que presentó el IMSS, mismas que fueron señaladas con anterioridad. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 7 R. Recuperaciones determinadas: 0.0. Instituto Mexicano del Seguro Social. “Inventario de Equipo Médico y de Laboratorio” Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 248 Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los inventarios de equipo médico y de laboratorio para verificar la propiedad de los bienes, que en su control de existencias, valuación, registro presupuestal y contable y presentación de la información financiera, se observaron las disposiciones legales y normativas.


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Deficiente control de equipos en resguardo. La ASF señalo que en términos generales, el IMSS cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; sin embargo, observó falta de control en la custodia de diversos bienes, debido a que 95 equipos médicos y de laboratorio no fueron localizados, dichos equipos tienen un valor de 36.7 millones de pesos. En consecuencia, la ASF emitió una recomendación para que el IMSS implemente mecanismos de control y supervisión del equipo médico y de laboratorio y lleve a cabo acciones para la localización de los equipos faltantes, a fin de validar las cifras reportadas en los Estados Financieros. Asimismo, emitió tres Pliegos de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del IMSS, por un monto de 36.7 millones de pesos, por 95 equipos médicos y de laboratorio (Delegación Veracruz Sur, 37 equipos; Delegación Veracruz Norte, 3 equipos; Delegación D.F. Sur (Suroeste), 39 equipos y Delegación D.F. Sur (Sureste), 16 equipos), que no fueron localizados y que tampoco contaron con la documentación que justifique su ausencia. Traspasos de equipo médico entre unidades no regularizados. En 68 (de los 261) equipos médicos y de laboratorio revisados de las delegaciones D.F. Sur (Suroeste), Veracruz Norte y Veracruz Sur, se evidenciaron deficiencias en el traspaso de algunos bienes, así como la falta de actualización del registro en el Departamento de Conservación y Servicios; pese a la intervención de la ASF para regularizar las deficiencias, las delegaciones Veracruz Norte y Sur, no evidenciaron el traspaso, la actualización de registro en el Departamento de Conservación y Servicios Generales, y la elaboraron de algunos dictámenes técnicos de no utilidad de 47 equipos. Asimismo, se observaron inconsistencias en el registro contable de los equipos médicos y de laboratorio, y falta de supervisión en el control de bienes por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones en delegaciones. También la ASF señaló que la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de Nivel Central no reportó supervisiones en el inventario de las delegaciones y UMAE en el ejercicio 2016 y se detectaron inconsistencias en el registro de los inventarios por Unidad Médica de las delegaciones D.F. Sur (Sureste y Suroeste) y Veracruz (Norte y Sur). Al respecto al ASF emitió una recomendación ara que el IMSS implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de que sus unidades médicas de las delegaciones Veracruz Norte y Veracruz Sur, concluyan la regularización de los traspasos de bienes y dictámenes, conforme lo establecido en la normativa institucional, a fin de que los inventarios concuerden con el registro contable, en cumplimiento de la normativa. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos antes señalados. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 20 (11 R; 5 PRAS y 4 PO). Recuperaciones determinadas: 36.7 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 36.7 millones de pesos.


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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. “Adquisición, Suministro y Servicios de Osteosíntesis y Oxígeno Medicinal”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 234. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de la adquisición, contratación, suministro y servicios de osteosíntesis y de oxígeno medicinal, para constatar que correspondieron a necesidades de las unidades médicas; que se obtuvieron las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad; que se recibieron de acuerdo a lo contratado, y que el registro contable y presupuestal se efectuó conforme a las disposiciones legales y normativas. Contrataciones carentes de garantías de cumplimiento. La ASF señaló que en términos generales, el ISSSTE cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; sin embargo, se constató que del proceso de la licitación para la contratación del servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis, el instituto carece de las fianzas de cumplimiento de los contratos, del ejercicio 2016, por un total de 51.2 millones de pesos, de los cuales corresponden con el 10.0% del monto máximo total de los contratos un monto de 512.1 miles de pesos. Al respecto, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC en ISSSTE realice las investigaciones y, en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, que en su gestión no solicitaron a los prestadores de los servicios, las garantías de cumplimiento de los contratos, por un total de 51.2 millones de pesos, correspondientes al ejercicio 2016. Deficiencia en el registro de los servicios otorgados y de los insumos utilizados en cirugías. La ASF realizó revisiones a la “Recepción y pago de los Servicios” relacionados con los servicios integrales de osteosíntesis y endoprótesis, se comprobó que los prestadores del servicio remitieron a la Subdirección de Infraestructura los "Reportes mensuales" con el total de los servicios integrales aplicados a los pacientes, así como diversos registros para el mismo fin. Con la revisión de las bases de datos de los procedimientos efectuados por cada unidad médica; las hojas de operaciones capturadas en el Sistema Médico Financiero (SIMEF), en las que constan las intervenciones quirúrgicas realizadas; las hojas de egreso hospitalario; los formatos de los servicios, denominados "Evaluación por Evento y Reporte de Cirugías"; las actas administrativas circunstanciadas de auditoría y las confirmaciones del material utilizado del personal médico responsable de las unidades médicas, se determinaron 51 servicios de osteosíntesis y endoprotésis (procedimientos) no realizados, por 2.0 millones de pesos, por material médico que no utilizaron los cirujanos responsables. Al respecto la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del ISSSTE, por un monto de 2.0 millones de pesos, por los pagos de 51 procedimientos del servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis por material médico que no utilizaron los cirujanos responsables de realizar los procedimientos, en los hospitales regionales Dr. Valentín Gómez Farías, Monterrey, Centenario de la Revolución Mexicana, 1º de Octubre, Lic. Adolfo López Mateos y Gral. Ignacio Zaragoza, así como, el Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal.


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Adjudicaciones directas justificadas con argumentos insuficientes. De la revisión a los “Procedimientos de Adjudicación” se constató que para el ejercicio 2016, se realizaron pagos, por 229.7 millones de pesos, por el servicio de oxígeno medicinal para entrega domiciliaria en 189 unidades médicas del ISSSTE; en cuanto a la revisión de los procesos de adjudicación, se seleccionaron 32 contratos, por 19.6 millones de pesos, 9 como resultado de licitaciones públicas nacionales y 23 por adjudicación directa, de dicho análisis, en el caso de las licitaciones públicas, éstas contaron con toda su documentación soporte e instrumentos jurídicos correspondientes; en relación con las cuatro adjudicaciones directas, de los hospitales regionales "Centenario de la Revolución Mexicana", "Dr. Valentín Gómez Farías, Zapopan", el H. G. "Dr. Santiago Ramón y Cajal" y la C.H. "Gómez Palacio", fundamentaron la excepción a la licitación pública, "al tratarse de un solo oferente y por no obtener los servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad y por tratarse de un servicio que pone en riesgo la salud de los derechohabientes, no podían dejar de brindar el servicio de oxígeno medicinal domiciliario", sobre dicha fundamentación, la ASF señaló que dicha justificación es contradictoria respecto de las 9 licitaciones públicas realizadas; además, observó que no se realizaron investigaciones de mercado, por lo que no se cuenta con una referencia sobre si los precios ofertados garantizaron las mejores condiciones para el instituto, finamente la ASF precisó que, de acuerdo con los montos de los contratos, estas se debieron realizarse a través de procedimientos de licitación públicas. Por lo anterior, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC en el ISSSTE realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron de manera directa contratos de servicios de oxígeno sin que dichos pagos se realizaran por el procedimiento de licitación pública. Contratación de servicios sin sustento jurídico. En cuanto al H.R. "Monterrey", se observó que en enero, febrero, marzo, mayo, junio, septiembre y noviembre de 2016, mediante 7 cuentas por liquidar certificadas (CLC), pagó pasivos de 2014 y 2015 por 1.1 millones de pesos, con recursos presupuestales de 2016, de la partida 25301-0005 "Oxígeno Medicinal Domiciliario"; cabe señalar que la unidad médica solicitó a la Dirección de Administración (área central) en tiempo y forma, los recursos para cubrir dichos pasivos, así como la suficiencia presupuestal de 2016, sin respuesta favorable; como resultado de la reunión de resultados finales, el ISSSTE informó que al no concluirse a tiempo la licitación y no poder suspender el servicio de oxígeno domiciliario, se continuó con el suministro para no poner en riesgo la salud de los derechohabientes; sin embargo, no acreditó haber formalizado los servicios mediante un contrato. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos antes señalados. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 11 (8 R; 2 PRAS; 1PO).


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Recuperaciones determinadas: 2.0 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 2.0 millones de pesos. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió un oficio para solicitar o promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). “Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAIE)” Auditoría de Desempeño, No. 278. Objetivo. Fiscalizar el Programa de Apoyo a la Educación Indígena para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Programa con deficiencias en la delimitación de su cobertura. De la revisión al PAIE en cuanto al diseño del programa, la ASF señaló que en las reglas de operación no se delimitó correctamente su cobertura, ya que en las reglas de operación se estableció como los estados, municipios y localidades donde se ubican las casas, comedores o las instituciones públicas de educación superior; no obstante, la población objetivo del PAIE, son los niños y jóvenes de 5 a 29 años que se encuentren inscritos en escuelas públicas y los jóvenes indígenas de 17 a 29 años de edad que cursan sus estudios en educación superior. sin embargo, la CDI en el transcurso de la auditoría, acreditó que realizó el “Estudio Diagnóstico de análisis para el diseño de las estrategias de focalización, cobertura y complementariedad del PAEI”, que contiene la estrategia de cobertura para definir las metas anuales de población atendida y estimar la población potencial y objetivo del PAEI, en el mediano y largo plazos, con lo que se solventó lo observado. Deficiencias en la validación de beneficiaros del programa. La CDI, como unidad responsable del PAEI, no acreditó que contó con mecanismos para vigilar que sus delegaciones estatales y los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena (CCDI) revisaron y validaron que los beneficiarios que fueron atendidos en 2016 en las casas y comedores del niño indígena, así como las instancias ejecutoras comunitarias y municipales, organizaciones de la sociedad civil y grupos sociales, y los jóvenes indígenas de 17 a 29 años de edad, inscritos en instituciones públicas de educación superior, o egresados de ellas, quienes recibieron apoyos del programa, cumplieron con los criterios y requisitos de elegibilidad y con los criterios de selección. Sin embargo, en el transcurso de la auditoría, la CDI acreditó que en 2017 instrumentó el “Sistema de Control del Programa de Apoyo a la Educación Indígena” (SCPAEI), en el cual las delegaciones estatales y los CCDI registran la información básica de los beneficiarios y validan que cumplan. Aplicación de programas sin diagnóstico de necesidades. Por lo que se refiere a la Cobertura del programa de apoyo a la educación indígena, específicamente a los servicios y apoyos que otorgó el PAEI en 2016, se dio acceso a la alimentación a 75,390 estudiantes indígenas en 1,322 casas y comedores; se brindó hospedaje a 53,494 estudiantes indígenas que no contaron con servicios educativos en su localidad, mediante 921 casas del niño indígena, y entregó 2,592 becas a 2,578 estudiantes indígenas de educación superior. Sin embargo, la CDI no dispuso de un diagnóstico


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en el que identificara y cuantificara a la población que padecía la problemática en la que pretendía incidir con el PAEI, referente a estudiantes indígenas de 5 a 29 años con restringidas oportunidades para el acceso y permanencia al sistema de educación pública, por lo que no fue posible evaluar la cobertura del programa, ni en qué medida incidió en la solución del problema descrito. Falta de seguimiento a los resultados obtenidos en programas. La CDI no contó con un programa integral de supervisión, mediante el cual diera seguimiento a los resultados obtenidos por las instancias responsables y ejecutoras de las “Casas y comedores del niño indígena”, “Casas o comedores comunitarios del niño indígena”, que garantizara la correcta operación y ejercicio de los recursos otorgados a los beneficiarios de las “Becas de educación superior y apoyo a titulación”. Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante el Programa de Apoyo a la educación Indígena, otorgó apoyos a 77,251 estudiantes indígenas de los cuales, en 2016, se logró la permanencia escolar del 78.0% (60,288 estudiantes), ya que concluyeron el ciclo escolar en el que estaban inscritos; sin embargo, no fue posible verificar la contribución de la entidad fiscalizada en la continuidad de los estudios de los beneficiarios, y en la titulación de quienes recibieron apoyos para tal fin; tampoco se logró valorar en qué medida el programa logró reducir las restringidas oportunidades de acceso y permanencia al sistema educativo de la población indígena, ya que la entidad fiscalizada desconoce el número total de estudiantes indígenas que sufren esta condición. Consecuencias Sociales. Mediante los apoyos del programa, en 2016, la CDI brindó servicios de alimentación a 75,390 estudiantes indígenas; a 53,494, también dio servicios de hospedaje, y a 2,578 jóvenes indígenas, los apoyó para continuar y concluir la educación superior y para su titulación. Asimismo, de acuerdo con la CDI, 60,288 estudiantes indígenas beneficiarios del programa concluyeron el ciclo escolar 2015-2016, lo que representó el 78.0%, respecto de los 77,251 inscritos al inicio del ciclo. Sin embargo, debido a la falta un diagnóstico que cuantifique la población susceptible de ser atendida; la deficiente supervisión para verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y selección de los beneficiarios del programa, y la ausencia de mecanismos para medir la cobertura de la población que presenta la problemática que atiende el programa, no es posible determinar en qué medida la CDI logró contribuir en garantizar el ejercicio del derecho a la educación de la población indígena. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 10 RD. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. “Arrendamiento de Ambulancias”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 1797. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del arrendamiento de ambulancias para verificar que se sustentó en estudios de costo beneficio; que los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa; que los precios, montos y condiciones contractuales representaron


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las mejores condiciones para la entidad; que los servicios se proporcionaron de conformidad con lo pactado y que el registro contable y presupuestal se realizó de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Omisión en el cobro de penas convencionales por servicios no recibidos. La ASF señala que el ISSSTE cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; sin embargo, se observó en 100 bitácoras del servicio de ambulancias 59 ambulancias con saltos o retrocesos en el registro del kilometraje recorrido entre un mes y otro; 22 unidades con bitácoras incompletas, 3 sin bitácoras, 4 unidades en taller mecánico y sin evidencia de ambulancias sustitutas y el cobro de penas convencionales, y deductivas por 198.3 miles de pesos; por lo anterior la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no vigilaron que el personal operativo de las ambulancias registrara el kilometraje recorrido, que las unidades contaran con bitácoras debidamente formalizadas y por no operar las ambulancias que estuvieron disponibles. Asimismo, se emitieron Pliegos de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del ISSSTE por un monto de 761.1 millones pesos, por cuatro ambulancias que permanecieron en el taller mecánico por 10, 34, 52 y 74 días respectivamente y no se solicitó ni evidenció la sustitución ante el proveedor, por la que se pagó el servicio de arrendamiento y no se aplicaron penas convencionales. Pagos a proveedores en exceso injustificados. De la revisión al concepto “Pagos por servicios” realizados a los proveedores del arrendamiento de ambulancias, se constató que se emitieron dos notas de crédito en favor del ISSSTE, por 1.5 millones de pesos, situación que se generó por el pago en exceso de 103 servicios de ambulancia; al respecto, la ASF preciso que el costo por ambulancia arrendada y sobre la que el proveedor emitió las notas de crédito, no corresponde con el estipulado en el contrato y no se tuvo evidencia que justifique las causas que generaron el pago en exceso al proveedor; de tal forma que de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, donde se establece en su artículo 51, párrafo segundo, que tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, determinados conforme a dicho artículo, con base en la tasa ponderada de fondeo bancario y de los que no se obtuvo evidencia por parte del ISSSTE, y que la ASF los estima en 551.5 miles de pesos. Por lo anterior, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión realizaron pagos en exceso de 103 servicios de ambulancias; asimismo, la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del ISSSTE, por un monto de 551.4 miles pesos, por los intereses generados no cobrados por pagos en exceso al proveedor. Pagos indebidos a proveedores. Respecto al “Seguimiento de las operaciones de ambulancias”, del análisis al padrón de las ambulancias que prestaron el servicio de arrendamiento, se detectó


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una ambulancia modelo 2008 que superó la vida útil estimada, que tuvo operaciones de enero a febrero de 2016 y se pagaron al proveedor los servicios de siete meses, de los que se determinaron pagos indebidos por 276.5 miles de pesos (IVA incluido), y por los que no se obtuvo justificación. Al respecto, la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del ISSSTE, por un monto de 276.5 miles de pesos, por el pago de servicios, de una ambulancia de traslado no identificada de enero a julio de 2016. Omisión en el cobro de penas convencionales. La ASF señaló que derivado de la contratación de 465 ambulancias, se constató que 380 se acordaron en una primera entrega para el 7 de agosto de 2016, de las que 25 fueron de urgencias avanzadas y se entregaron en tiempo y forma; de las 355 ambulancias de traslado pactadas, sólo 322 unidades se entregaron en tiempo y las 33 restantes después de esta fecha, sin tener evidencia de que se hayan aplicado penas convencionales, por 41.3 miles de pesos (con IVA incluido), por el incumplimiento. Cabe precisar que el proveedor entregó en forma anticipada 35 unidades de urgencias avanzadas, por lo que en la segunda entrega, del 17 de septiembre de 2016, se proporcionaron las 83 ambulancias restantes (82 de traslado y 1 de urgencias avanzadas), lo que dejó sin efectos la tercera entrega. En consecuencia, la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del ISSSTE, por un monto de 41.3 miles de pesos, por la falta de aplicación de penas convencionales debido al incumplimiento en la entrega de las ambulancias, conforme a las fechas programadas. Deficiente control en la recepción a satisfacción de vehículos arredrados. Sobre la revisión a la “entrega recepción de ambulancias conforme a las condiciones contractuales”, de 465 ambulancias arrendadas se detectaron diversas Deficiencias de control y operación en las ambulancias de traslado y de urgencias avanzadas, como vicios ocultos, falta de mantenimiento, en taller mecánico y sin evidencia de ambulancias sustitutas, ambulancias recibidas con un kilometraje superior del pactado contractualmente y bitácoras de servicio con deficiencias en el requisitado. En consecuencia la ASF recomendó al ISSSTE fortalecer sus mecanismos de control en la elaboración de los contratos, a fin de que su contenido sea claro, preciso y congruente con los procesos del arrendamiento de ambulancias. Además, emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no vigilaron ni reportaron que las ambulancias se recibieron con un kilometraje superior del establecido, que se duplicó la referencia de entrega de dos unidades en dos lugares diferentes, que su operación se desfasó con su recepción, que las bitácoras y actas de entrega recepción no fueron validadas con oportunidad, así como por el resto de las deficiencias que se presentaron en la formalidad de la entrega recepción de los vehículos. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados antes señalados.


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Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 17 (6 R; 5 PRAS y 6 PO) Recuperaciones determinadas: 1.6 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 1.6 millones de pesos. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. “Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, y del Hospital Regional en Mérida, en el Estado de Yucatán”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 235. Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Autorización injustificada de pagos en demasía. La ASF señala que el ISSSTE cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; sin embargo, de la revisión practica a la construcción del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, se determinó que el ISSSTE, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos en demasía por un monto de 109.7 miles de pesos, del concepto "Suministro y colocación de adopasto, de espesor 0.08 m...", debido a que se detectaron diferencias por un volumen entre la cantidad pagada, por la entidad fiscalizada y lo cuantificado por la ASF, de acuerdo con los planos del proyecto proporcionados por la entidad fiscalizada. Por lo cual la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que el ISSSTE proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 109,7 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, por la diferencia de volumen pagado y el cuantificado en el proyecto, con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. Modificación de proyectos sin autorización o justificación previa. Derivado del contrato de obra pública para la construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, se observó que se modificaron diversos conceptos del catálogo original, sin que la entidad fiscalizada acreditara los beneficios por las modificaciones realizadas, ya que los conceptos del catálogo original cumplían con las necesidades del proyecto según consta en minuta de trabajo celebrada por las partes involucradas del 27 de diciembre de 2014, lo que motivó que se incrementara el costo en 469.7 miles de pesos. al respecto, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que el ISSSTE proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 469.6 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, o en su caso ya que la entidad fiscalizada modificó cinco conceptos del catálogo original por dos conceptos extraordinarios sin que acreditara los beneficios por las modificaciones realizadas, o en su caso, presente las fichas técnicas de los equipos por parte del proveedor de la propuesta original y la nueva propuesta para corroborar dichos beneficios y ventas de la modificación, ya que los conceptos del catálogo original cumplían con las necesidades del proyecto, con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado.


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Con la visita de inspección física a los trabajos de la obra de Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, la ASF constató físicamente que las cantidades de luminarias instaladas de los conceptos “Suministro e instalación de unidad fluorescentes…” son de 302, 79 y 32 piezas respectivamente; sin embargo, se pagaron cantidades de 379, 101 y 35 piezas, por lo que existe una diferencia de 77, 22 y 3 piezas equivalente a un importe de 225.8 miles de pesos. Por lo anterior, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que el ISSSTE proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 225.8 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, porque la diferencia que existe entre las piezas instaladas de luminarias y las pagadas por la entidad fiscalizada, con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. De la revisión al programa físico financiero de la obra del contrato de obra correspondiente a la construcción del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, se observó que las residencias de obra y de supervisión externa omitieron aplicar una sanción por un importe de 21.0 miles de pesos, debido a un atraso en la conclusión de la obra, misma que a la fecha de la visita en septiembre de 2017, solo presentaba un avance físico financiero del 85% y 71.8%, respectivamente. De tal forma, que a ASF emitió una Solicitud de Aclaración Para que el ISSSTE proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 21.0 miles de pesos, en virtud de que la residencia de obra omitió aplicar una sanción por incumplimiento de la terminación de obra, con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. Con la visita de inspección física a los trabajos de la obra de Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, se constató que la entidad fiscalizada pagó 1,689.2 miles de pesos en la actividad “verificación de cumplimiento de calidad” a la supervisión externa; sin embargo, no existe evidencia documental que compruebe que se realizó la actividad, observándose que algunos trabajos de la obra presentan deficiencias de calidad, como son muros divisorios de madera y marcos de aluminio, sellos en puertas en mal estado, vidrios rotos en fachadas, puertas de quirófanos, ensambles de las piezas en los muros de los mismos, plafones con deterioro y escalones despostillados; además, la ASF pudo comprobar que sólo se había efectuado el suministro e instalación de equipos, sin que se hubieran realizado pruebas y puesta en marcha de dichos equipos. Al respecto, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que el ISSSTE proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 1.3 millones de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en virtud que la entidad fiscalizada informó que aplicará la deductiva de dicho monto en las estimaciones núms. 9-Ad2-Ad-1, 10-Ad2-Ad-1 y 11-Ad2-Ad-1, y que a la fecha del presente dictamen no acreditó el reintegro a la TESOFE del importe observado por la ASF, la cual será cubierta al concluirse el proceso de pago de dichas estimaciones, con cargo en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos antes señalados.


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Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 5 SA. Recuperaciones determinadas: 10.5 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 10.5 millones de pesos. SuperISSSTE. “Saneamiento de Pasivos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 254 Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los pasivos con proveedores y otros, para verificar que se liquidaron en los plazos convenidos, el origen de los recursos para su pago, y que su registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. Integración de las cuentas de proveedores y acreedores sin identificar su origen. La ASF señaló que en términos generales, el SuperISSSTE, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destaca la revisión practicada a la Integración de las cuentas de proveedores y acreedores, donde el saldo de la cuenta 2110 “Proveedores”, por 925.0 millones de pesos, se integró de registros, por 3 mil 259.0 millones de pesos, en favor de 578 proveedores y 182.5 millones de pesos de 43 subcuentas; asimismo, por 2 mil 516.6 millones de pesos, de 110 subcuentas con saldos de naturaleza contraria a la cuenta. La ASF señala que 153 subcuentas se denominaron “Cuenta por analizar”, “Saldo por Depurar”, “Saldos pendientes X depurar”, “Cuentas por depurar”, entre otros, que provienen de los ejercicios de 1992 a 2016, y de los que el Departamento de Contabilidad careció de la documentación que acredite el origen de dichos registros, por lo que no es posible identificar que los registros por los adeudos que se tienen con los proveedores son reales. Asimismo, con el análisis de los registros contables, al 31 de diciembre de 2016, de la cuenta 2210 “Acreedores Diversos”, que asciende a 187.2 millones de pesos, se observó que los departamentos de Contabilidad y de Presupuesto no pudieron identificar el origen de los saldos por 157.5 millones, el nombre del acreedor, la documentación que acredita que corresponden a adeudos reales, y de 34.4 millones de pesos no se proporcionó la documentación que sustenta el registro de los importes de naturaleza contraria a la cuenta. Por lo anterior, la ASF determinó la existencia de operaciones registradas, por 2 mil 699.1 millones de pesos y 191.9 millones de pesos, sin contar con la documentación que acredita que correspondan a operaciones reales. derivado de lo anterior, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión reportaron en la cuenta 2110 "Proveedores", 2 mil 699.1 millones de pesos y 191.9 millones de pesos en la cuenta 2210 "Acreedores Diversos", sin contar con la documentación que acredite que corresponden a operaciones reales, y sin identificar el nombre del proveedor o acreedor.

Diferencias en los reportes de las cuentas de proveedores y falta de conciliación de saldos. La ASF constató que el Departamento de Egresos y Recepción de reportó adeudos, por 1 mil 064.1 millones de pesos, correspondientes a 1,167 proveedores; sin embargo, el Departamento de Contabilidad presentó un saldo, por 925.0 millones de pesos, en la cuenta contable 2110 “Proveedores”, inferior en 139.1 millones de pesos, situación que comprometió la certeza de


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que las cifras emitidas por los departamentos de Egresos y Recepción de Documentos, y de Contabilidad. Debido a la falta de confiabilidad de la información, a la ASF no le fue posible identificar los adeudos con los proveedores ya que se carece de la documentación que acredite el origen de los registros; por lo anterior la ASF determinó revisar el importe de 1 mil 064.1 millones de pesos en favor de 1167 proveedores del reporte denominado “Listado de saldos por antigüedad, al 31 de diciembre de 2016”, como resultado del análisis señalado, se observó que no existe normativa que obligue al Departamento de Egresos y Recepción de Documentos a informarle al Departamento de Contabilidad las conciliaciones efectuadas por éste, que muestren los adeudos reales; por lo anterior, la cuenta contable y la información de la “Listado de saldos por antigüedad al 31 de diciembre de 2016”, reportan adeudos que no son reales, por lo que los estados financieros no son confiables. Asimismo, respecto de la confirmación de saldos con los proveedores, se detectaron diferencias por 824.8 y 759.8 millones de pesos, entre lo registrado por el Departamento de Contabilidad y lo reportado por los proveedores y el Departamento Egresos y Recepción de Documentos. Al respecto la ASF realizó una recomendación para que el SuperISSSTE defina las funciones y responsabilidades de las áreas que intervienen en los procesos de revisión y registro de las operaciones, así como en la conciliación de saldos, a fin de que la información presentada en los Estados Financieros sea confiable y real. Deficiencias en los pagos a proveedores y prestadores de servicios. Del análisis de las cuentas de proveedores y acreedores diversos se constató que la entidad fiscalizada reportó en su “Estado de Situación Financiera del SuperISSSTE Comparativo diciembre 2016-diciembre 2015”, un pasivo total de 1 mil 136.0 millones de pesos, de los cuales, 1 mil 112.2 millones de pesos, correspondieron a las cuentas 2110 “Proveedores” (925.0 millones de pesos) y 2210 “Acreedores Diversos” (187.2 millones de pesos). Al respecto, del análisis de los registros que integran los saldos de las cuentas arriba referidas, se detectaron deficiencias en su integración y control, como saldos de naturaleza contraria en las cuentas 2110 “Proveedores” y 2210 “Acreedores Diversos”; saldos que provienen de los ejercicios de 1992 a 2016, de los que no se contó con la documentación que acredite su origen; se detectaron deficiencias en los pagos a proveedores y prestadores de servicios, entre ellas, 10.1 millones de pesos, de los que no se acreditó el pago, ni se comprobó que correspondieran a pasivos reales; el SuperISSSTE presentó diferencias significativas, en su sistema de control interno, en el registro contable de los pasivos con proveedores y acreedores, así como en la documentación que acredita que corresponden a operaciones reales o que comprueba la realización de los pagos, lo que ha ocasionado que la información presentada en los estados financieros carezca de veracidad y confiabilidad. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el SuperISSSTE, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, destacando principalmente los aspectos señalados con anterioridad. Número de Observaciones: 9; Número de Acciones: 15 (9 R; 4 PRAS y 2 PO). Recuperaciones determinadas: 3.1 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 3.1 millones de pesos.


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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias de control competente con motivo de 3 irregularidades detectadas. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. “Evaluación del Control Interno a la Operación de Adquisición de Medicamentos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 237. Objetivo. Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. Sistema de control interno para procesos de adquisición desactualizado. La ASF señala, que el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, presenta diversas debilidades destacando en primer lugar, la normativa aplicable al proceso de adquisición de medicamentos que no se encuentra actualizada y en algunos casos, tampoco están establecidas las atribuciones y funciones de las áreas que intervienen en el proceso de la cadena de abasto para el suministro de insumos para la salud. Por lo que respecta al Manual de Procedimientos Específico de la Dirección de Administración, la ASF constató que se encuentra en proceso de aprobación; sin embargo, a la fecha de la auditoría, no se había formalizado. Por lo anterior, no se atendió lo establecido en el artículo 4 transitorio del Estatuto Orgánico del ISSSTE que entró en vigor el 19 de junio de 2014, en el que se estableció que, para efecto de cumplir con lo previsto en el Estatuto Orgánico, en un lapso no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento, se deberían realizar las transferencias de áreas y adscripciones que derivaran del cambio estatutario, así como las modificaciones o adecuaciones a la normatividad que las rija. Formalización pendiente del Comité de Abasto. Respecto al “Comité de Abastos de Medicamentos”, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, publicado en 2014, el Comité de Abasto de Medicamentos, “…es un órgano colegiado responsable de garantizar un abasto suficiente y oportuno de medicamentos en las unidades médicas del Instituto, y vigilar que se optimicen los inventarios para evitar dispendios”. Sin embargo, el ISSSTE informó que no se formalizó la integración del Comité de Abasto de Medicamentos puesto que como resultado del Acuerdo 54.1346.2014, se aprobó la integración de la Comisión Mixta que estaría coordinada por la Dirección de Administración y se integrará por la representación de la organización de los trabajadores en la Junta Directiva, la Comisión de Vigilancia y la Dirección de las Delegaciones, y tendrá como función “valorar los mecanismos de distribución de medicamentos y material de curación, así como establecer los sistemas de alerta para garantizar el abasto suficiente y necesario”. Por lo anterior, se propuso la modificación del acuerdo núm. 54.1346.2014 de la Junta Directiva del ISSSTE antes indicado, en términos de apuntalar la instalación del Comité de Abastos de Medicamentos, establecido en el Estatuto Orgánico y fortalecer su ámbito de gestión. Sin embargo, posterior a la reunión de


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los resultados finales y observaciones preliminares a diversas acciones realizadas por la entidad fiscalizada, el Instituto no aportó elementos que solventaran la observación. Catálogo de descripciones y perfiles de los puestos del personal desactualizado. En cuanto al catálogo Institucional de Puestos y cumplimiento de perfiles de puesto, la revisión de la información proporcionada por la Subdirección de Personal de la Dirección de Administración, identificó que el ISSSTE, en materia de Recursos Humanos carece de actualización de las descripciones y perfiles de los puestos del personal operativo de confianza. Por lo anterior la ASF emitió una recomendación para que el ISSSTE actualice las descripciones y perfiles de los puestos del personal operativo de confianza, adscrito a las unidades administrativas que llevan a cabo las actividades del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos, para que establezca las acciones necesarias y asegure que el personal cumpla con los requisitos establecidos en los perfiles de puestos, con el objetivo de fortalecer los procesos y el sistema de control interno del Instituto. Cobertura limitada al Programa Anual de Capacitación. En cuanto a la política o lineamiento de evaluación del desempeño del personal, de conformidad con el artículo 68 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, así como el numeral 362 del Acuerdo de Recursos Humanos emitido por la SFP, las evaluaciones de desempeño son aplicables a los servidores públicos de carrera titulares, a los servidores públicos de libre designación y a los servidores públicos de carrera eventuales. Sin embargo, de acuerdo con la documentación proporcionada por el ISSSTE, durante 2016 la ASF detectó que la entidad no llevó a cabo la evaluación del desempeño de los 391 servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que participan en la operación del proceso de adquisición de insumos médicos, sólo 15 (3.8%) participaron al menos en un curso y los 376 (96.2%) restantes no asistieron a ningún curso, y en cuanto a materias, no incluyó temas de control interno, riesgos, ética e integridad. Posterior a la Reunión de los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el ISSSTE proporcionó información y documentación a fin de atender la observación. Sin embargo, con el análisis de esta, se considera que la observación no se solventa, puesto que no se aportaron elementos suficientes que acreditaran que durante 2016 se llevó a cabo la evaluación del desempeño de los 391 servidores públicos referidos. Personal sin capacitación técnica para evaluar y mitigar riesgos. Sobre la “Administración de Riesgos” la revisión de la ASF constató que durante 2016 no se llevó a cabo la administración de riesgos en los procesos y actividades estratégicas para la adquisición de medicamentos del ISSSTE, que permitiera a los servidores públicos responsables de las actividades del mismo, la aplicación de un enfoque sistematizado para la identificación, evaluación, análisis, respuesta y control de los riesgos asociados con los objetivos del proceso, así como, a establecer los roles y las responsabilidades del personal respecto del mismo, cuyo presupuesto ejercido en la compra consolidada fue por 6 mil 797.5 millones de pesos en 2016, importe que representó el 3.0% del presupuesto total erogado por el ISSSTE en ese ejercicio que fue de 229 mil 916.1 millones de pesos. Al respecto, la ASF identificó que el personal involucrado en las diferentes actividades del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos en el ISSSTE no está capacitado técnicamente para evaluar y mitigar riesgos a un nivel razonable. Por lo cual dichas


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omisiones impiden fortalecer el control interno de los diferentes procesos y actividades que se llevan a cabo para la adquisición de medicamentos y permanecen expuestos a riesgos significativos en cuanto al abastecimiento estratégico. En cuanto a las “Actividades de Control en las tecnologías de la información y comunicación que apoyan a la operación del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos”, la ASF verificó que el Sistema Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM) esté operando en las unidades médicas, comprobando que las actividades establecidas en las guías técnicas se llevaran a cabo, realizando pruebas de recorrido al almacén del Centro Médico Nacional (CMN) y verificando que las guías técnicas del usuario (procesos), de las funciones de entradas, salidas, catálogos, consultas, módulo de corrección y reportes del SIAM estuvieran operando y cumpliendo con las actividades descritas en dichas guías y en los procedimientos establecidos para la operación del sistema, en cuanto a procesos de entrada, procesos de salida y la emisión de reportes. Sin embargo, se identificó que el personal que opera el SIAM no ha recibido capacitación respecto del manejo y utilización del mismo, aun cuando opera el sistema, conforme a las especificaciones de las guías; por lo que es necesario que se realicen actividades de capacitación y actualización periódica para el aprovechamiento de los recursos humanos y tecnológicos del Instituto. Por lo anterior, le ASF emitió una recomendación para que el ISSSTE implemente las acciones necesarias, a fin de que se capacite al personal de las unidades administrativas del Instituto responsables de la operación de los sistemas de información y comunicación que apoyan a la operación del procedimiento general de la cadena de abasto para el suministro de insumos para la salud en el ISSSTE, así como al personal de las Unidades Médicas Usuarias, en el uso de los sistemas de información y comunicación, incluido el Sistema Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM), para orientar las labores y reforzar de las capacidades del personal, con el objetivo de fortalecer la optimización de las tecnologías de la información para la consecución de objetivos institucionales y el sistema de control interno del ISSSTE. Atención de problemáticas sin diagnóstico previo. En 2009 el ISSSTE celebró contratos de tercerización de servicios para la prestación del Servicio Integral de Administración de la cadena de abasto para el suministro de insumos médicos con el prestador del servicio SILODISA, por un importe de 787.2 millones de pesos. Sin embargo, el instituto no proporcionó evidencia de que se haya elaborado un diagnóstico de la problemática existente en el periodo previo a la implementación de dicho esquema, ni la evaluación de los riesgos identificados, así como los impactos o pérdidas derivadas de su posible materialización, ni el análisis del costo-beneficio que conllevaría la implementación del esquema. Posibles riesgos observados por la entidad fiscalizadora. La ASF destaco que derivado de lo antes descrito y por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, podría poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso de adquisición de medicamentos o motivar la existencia de riesgos que, de materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario público federal. Además, señaló la importancia que tienen los mandos superiores en cuanto a su obligación de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en el sistema de control interno institucional del proceso sujeto a fiscalización, así como de la responsabilidad y consecuencias


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económicas, legales y administrativas a la que están sujetos, por no implementar los controles necesarios para su mitigación. Dictamen. La ASF opinó, que con base en los resultados en la auditoría practicada, el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, presento diversas debilidades. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 12 (11 R y 1 PRAS). Recuperaciones determinadas: 0.0 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. “Construcción y Operación de Unidades Médicas del ISSSTE en la Modalidad de Asociación Pública Privada” (APP). Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 236. Objetivo. Fiscalizar la asignación financiera de los proyectos de construcción y operación de las Unidades Médicas del ISSSTE, en la modalidad de APP, para comprobar que los estudios de viabilidad técnica, económica, financiera, legal y rentabilidad social se sustentaron sobre bases razonables de costo beneficio, que justifiquen la conveniencia de construir y operar una Clínica y un Hospital General mediante dicha modalidad; asimismo, que la adjudicación, contratación y contraprestaciones pactadas se realizaron conforme a las disposiciones legales que garantizaron las mejores condiciones para el Instituto, y que su registro presupuestal y contable se realizó en apego a la norma. La ASF señaló, que con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada y en atención a los términos del objetivo, que la adjudicación, contratación y contraprestaciones pactadas fueron realizadas por el ISSSTE conforme a las disposiciones legales, las cuales garantizaron las mejores condiciones para el instituto, en cuanto a su registro presupuestal y contable, éste se realizó en cumplimiento de la norma, específicamente respecto de la muestra revisada. Sin embargo, de la revisión al informe individual de la auditoria, la ASF realizó seis recomendaciones como resultado de algunas inconsistencias detectadas que a continuación se señalan: Autorizaciones pendientes para la creación de áreas sustantivas. De la revisión al Estatuto Orgánico, Manual de Organización General y Estructura Orgánica, se obtuvo que la Subdirección de la Dirección de Finanzas, encargada de la coordinación y estructuración de los Proyectos de APP, no se encuentra autorizada en la Estructura Orgánica Básica ni en el Estatuto Orgánico; además, no se describen sus funciones ni su objetivo en el Manual de Organización General; asimismo, las subdirecciones de Planeación y Evaluación de Desempeño Institucional de la Secretaría General, y la de Innovación y Calidad de la Dirección de Tecnología y Estrategia Digital, se actualizaron en el Manual de Organización General; no obstante, en la Estructura Orgánica Autorizada, la primera área no existe y la segunda está adscrita a la Secretaría General; además, cambió de denominación a "Dirección de Tecnología y Desarrollo Institucional".


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Derivado de lo anterior , el ISSSTE remitió un oficio al Subsecretario de Egresos de la SHCP, con el que solicitó recursos presupuestales para la creación de plazas de mando, entre las que se encuentran cuatro para la Subdirección de Proyectos de APP de la Dirección de Finanzas, autorización que se requiere para incluir dicha subdirección en el Estatuto Orgánico y en el Manual de Organización General, sin que al cierre de la auditoría (noviembre de 2017), el ISSSTE haya obtenido respuesta alguna. Por su parte, la Jefatura de Servicios Consultivos de la Dirección Jurídica informó que se realizarán las modificaciones respectivas, sin sustentarlo; por lo anterior, la observación persiste. Al respecto, la ASF emitió una recomendación para que el ISSSTE continúe con las gestiones ante la SHCP, a fin de obtener la autorización de los recursos presupuestales para la creación de las plazas de la subdirección encargada de la coordinación y estructuración de los Proyectos de APP de la Dirección de Finanzas, e incorpore sus funciones en la Estructura Orgánica Básica, en el Estatuto Orgánico y en el Manual de Organización General, a efecto de que se realicen en un marco legal y de certeza jurídica. De igual forma, se emitió una segunda recomendación para que el ISSSTE incorpore las denominaciones y áreas de adscripción de las subdirecciones de Planeación y Evaluación de Desempeño Institucional, Innovación y Calidad, Recuperación de Crédito y en la Dirección de Tecnología y Desarrollo Institucional en la Estructura Orgánica Básica del ISSSTE, a efecto de que sean acordes con lo establecido en el Manual de Organización General. Elaboración pendiente de expedientes para proyectos de APP. Respecto a la “Manifestación de Interés de Promotores”, se detectó que de las evaluaciones a los proyectos que se realizaron en la Clínica en Mérida y en Hospital en Villahermosa, estas se consideraron viables, en los aspectos técnicos, jurídicos, económicos y financieros; sin embargo, se careció de un expediente integral del proyecto por APP, ya que cada tramo de control conserva la documentación que le corresponde a su participación, y de un flujo de la operación e información que garantice procesos y productos homogéneos. Al respecto, la ASF emitió una recomendación, para que el ISSSTE en los proyectos de APP, realice la integración de un expediente, así como un flujo de la información y de la operación, que garanticen procesos homogéneos de las actividades que realizan las áreas responsables de elaborar los proyectos de APP. Modificaciones económicas a los proyectos de APP sin justificación previa. Por lo que toca a la revisión del “Modelo Financiero del Contrato de APP Clínica Hospital, en Yucatán”, se observó que respecto del proyecto "Construcción de una Nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán" éste fue autorizado por la SHCP, por una contraprestación anual de 137.4 millones de pesos en 2014; sin embargo, en 2016 el ISSSSTE incrementó 32.5% la contraprestación, por 182.0 millones de pesos, que fue el monto máximo de pagos por servicios, con el que evaluó las ofertas económicas en los procesos licitatorios. A la firma del contrato, en septiembre de 2016, la tarifa anual de pagos se pactó en 175.3 millones de pesos, es decir, hubo un incremento de 37.9 millones de pesos (27.6%), respecto de lo autorizado por la SHCP. al respecto, la ASF emitió una primera recomendación para que la SHCP evalúe las modificaciones y actualizaciones de los conceptos que integran el monto de la contraprestación anual autorizada que presentan las


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entidades de los proyectos de APP, para comprobar que se debieron a causas documentadas y justificadas; asimismo, emitió una segunda recomendación para que el ISSSTE se asegure de que las modificaciones y actualizaciones que realice a los montos de las contraprestaciones autorizadas de los proyectos de APP, se justifiquen con los conceptos que conforman el proyecto y se sustenten en causas documentadas y justificadas. Por otra parte, la contraprestación del contrato de Prestación de Servicios en la Modalidad de APP utilizado, planteó un esquema de estructura de tarifas, denominadas como “Tarifa Anual Integral de Servicios (TAS)”, determinándose para este proyecto, cuatro categorías de TAS (T1 "Tarifa Crédito", T2 "Capital de Riesgo", T3 "Costos Fijos" y T4 "Costos Variables"). Respecto de la evaluación a dichas tarifas, se observó que la categoría “T4” es la que menor proporción presenta en la TAS y la única que podrá ser disminuida de acuerdo con el número de servicios prestados; sin embargo, alguno de los conceptos catalogados como costos fijos en la categoría “T3” tienen un comportamiento susceptible de modificarse a una categoría “T4” como lo son algunos tipos de servicios; asimismo, el concepto del pago de derechos del permiso administrativo temporal a título oneroso, para el uso, aprovechamiento y explotación del bien inmueble, del 7.5% anual, que se incluyó en la “T3”. Al respecto, la ASF emitió una recomendación para que el ISSSTE evalué los componentes de la categoría T3 "Costos Fijos" y considere aquellos que son susceptibles de reclasificarse a la categoría T4 "Costos Variables", en función de los servicios efectivamente devengados; asimismo, el concepto del pago de derechos del permiso administrativo temporal a título oneroso para el uso, aprovechamiento y explotación del bien inmueble se elimine de la categoría T3 "Costos Fijos" y sea el desarrollador quien absorba este costo. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 6 R.


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6. Análisis de Auditorías vinculadas con Desarrollo Social derivadas de Denuncias En la tercera entrega de informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó 2 auditorías derivadas de denuncias fundadas documentalmente, de conformidad con lo establecido en el Titulo Cuarto “De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso o de Ejercicios Anteriores”, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Con dictamen de procedencia de fecha 14 de marzo de 2017, la ASF autorizó la realización de dichas auditorías a Radio y Televisión Hidalgo, para la revisión de las Cuentas Públicas 2014 y 2015 respecto a los Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados en ambas auditorías. Radio y Televisión de Hidalgo. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios en el Ejercicio 2014”. Auditoría Forense, No. D17012 Criterio de Selección. La selección se sustentó en las evidencias de una denuncia fundada documentalmente, así como entre otros elementos y factores los montos y variaciones de recursos presupuestales ejercidos por el ente a fiscalizar y la relevancia de su operación programática e institucional. Objetivo. Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. Alcance. El monto de 353.5 millones de pesos que corresponden a 3 convenios específicos y sus anexos de ejecución del convenio general suscrito por Radio Televisión de Hidalgo con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Antecedentes. Durante cinco años consecutivos se han desviado recursos públicos por un monto de 4 mil 749.7 millones de pesos de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 y 2 mil 131 millones de pesos de la CP 2016. Esta situación se asocia a irregularidades observadas de manera recurrente al realizar adjudicaciones directas con universidades públicas, otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, agrario o territorial, sin cumplir con los requisitos mínimos de control requeridos.


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La ASF ha emitido diversas acciones preventivas y correctivas que no han surtido los efectos buscados. Se continúa con prácticas irregulares en las que prevalece la simulación de operaciones con empresas subcontratadas que no cuentan con las capacidades para producir los bienes. En otros casos son proveedores ficticios que con frecuencia comparten los mismos domicilios, apoderados y representantes legales. El esquema fraudulento se amplió en años recientes, lo cual se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Resultados Pagos a proveedores pre determinados por SEDESOL por entregables realizados por la propia contratante. Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) suscribieron en 2014 convenios por un total de 353.6 millones de pesos al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de su Reglamento que condiciona que las entidades contratadas cuenten con la capacidad de entregar el bien o prestar el servicio requerido. Situación que no ocurrió pues RTH no llevó a cabo de manera directa actividad alguna. RTH subcontrató a 34 proveedores para la ejecución de los servicios convenidos con la Secretaría, a los que les pagó 334.3 millones de pesos. La diferencia se quedó como utilidad de RTH, un concepto de gasto no considerado en los convenios. Los proveedores fueron contratados sin atender las disposiciones establecidas en la LAASSP. El entonces Subdirector de jurídico y apoderado legal, el ex Director Jurídico, y el Subdirector de Contenidos, todos de RTH, manifestaron que acudieron el 1 de abril de 2015 a las oficinas de la SEDESOL en la Ciudad de México para reunirse con la entonces Directora de Área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la SEDESOL, para firmar un convenio general y su anexo técnico, y tres convenios específicos y sus respectivos anexos técnicos de ejecución, los cuales se detallaron en párrafos anteriores. En dicha reunión se firmaron 48 contratos relacionados con los 34 proveedores que supuestamente prestaron los servicios a Radio y Televisión de Hidalgo. Estos contratos les fueron proporcionados en ese momento por la ya mencionada Directora de Área de SEDESOL. Dicha servidora pública ordenó al entonces Subdirector de Contenidos que recibiera las cajas que contenían los entregables ya elaborados (evidencia documental de la ejecución de un trabajo o servicio) que supuestamente debían ser generados por las personas morales y físicas contratadas. Se desprende que la secretaría ya contaba con los trabajos a que aludían los tres convenios, que la contratación fue una simulación y que los trabajos no fueron realizados por los proveedores.


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No obstante que el convenio general y los específicos están fechados en 2014 no fue sino hasta el 1 de abril de 2015 cuando se materializaron las firmas de los documentos por parte de los funcionarios de RTH; esto es concluida la vigencia de los mismos. Dispersión de recursos hacia empresas irregulares. De las visitas domiciliarias y solicitudes de información a los 34 proveedores, se desprende lo siguiente: 12 personas morales y una persona física no fueron localizadas en los domicilios tanto fiscal como en los que se consignan en sus facturas emitidas a favor de RTH, por un importe de 171 millones de pesos; cinco personas morales no proporcionaron la información y documentación solicitada por un importe de 79.3 millones de pesos; cinco personas morales y una persona física no proporcionaron la información relativa a los entregables y el detalle de los costos incurridos para la ejecución de los contratos por un importe de 26.2 millones de pesos. Nueve personas morales transfirieron los recursos a otras empresas ajenas a los trabajos encomendados por un importe de 54.3 millones de pesos y una persona moral no fue visitada por un importe de 3.5 millones de pesos. La mayoría de estas empresas emitieron comprobantes fiscales que ampararon operaciones para los cuales no contaban con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios contratados. Se puede concluir que los convenios suscritos entre la SEDESOL y RTH, así como entre ésta y los proveedores, únicamente fueron el mecanismo para justificar los pagos con cargo al erario federal, en razón de que ni RTH ni la mayor parte de las empresas y personas físicas que se vieron beneficiadas con los recursos federales participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDESOL. Refuerza lo anterior el hecho de que no existe documentación que contenga, con las formalidades requeridas, la entrega de los trabajos por parte de los proveedores a RTH. Posterior re concentración de recursos a 10 empresas principales. De los 334.3 millones de pesos que RTH depositó a los 34 proveedores, 210.7 millones fueron a su vez transferidos principalmente a las 10 empresas siguientes:

Empresas Importe

Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A. de C.V. 64,407.1

Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V. 37,788.0

Servicios Arroba.com, S.A. de C.V. 25,509.8

Harmeless Invention México, S.A. de C.V. Sofom E.N.R.L. 19,886.0

Banco Monex, S.A. 16,493.4

Publicidad Royalti, S.A. de C.V. 14,182.4

Icreando, S.A. de C.V. 9,645.1

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 9,022.2

F&F Commercial Services, S.A. de C.V. 8,379.5

MYM Logística, S.A. de C.V. 5,367.0

Suma 210,680.5

FUENTE: De la información y documentación proporcionada por la instancia gubernamental..

RELACIÓN DE EMPRESAS QUE RECIBIERON RECURSOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS POR RTH

(Miles de pesos)


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Resumen de Observaciones y Acciones Se determinaron 2 observaciones, de acuerdo a lo siguiente: Cuenta Pública 2014 que generaron 1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. Recuperaciones determinadas: 353.6 millones de pesos; Operadas: 0.0; Probables: 353.6 millones de pesos. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió oficio para solicitar o promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada. Dictamen. Radio y Televisión de Hidalgo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; suscribió contratos que sirvieron para la distribución irregular de recursos públicos. No existe evidencia de que las empresas vinculadas hayan realizado trabajo o servicio alguno a favor de RTH o de SEDESOL. Radio y Televisión de Hidalgo. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”. Auditoría Forense. No. D17002 Criterios de Selección. La selección se sustentó en las evidencias de una denuncia fundada documentalmente, así como entre otros elementos y factores los montos y variaciones de recursos presupuestales ejercidos por el ente a fiscalizar y la relevancia de su operación programática e institucional. Objetivo. Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. Alcance. El monto de un convenio general de colaboración y tres convenios específicos suscritos entre Radio y Televisión de Hidalgo –RTH-, y la Secretaría de Desarrollo Social –SEDESOL-, en el ejercicio 2015 por 601.7 millones de pesos. Antecedentes. Durante cinco años consecutivos se han desviado recursos públicos por un monto de 4 mil 749.7 millones de pesos de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 y 2 mil 131 millones de pesos de la CP 2016. Esta situación se asocia a irregularidades observadas de manera recurrente de realizar adjudicaciones directas con universidades públicas, otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas


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de desarrollo social, agrario o territorial, sin cumplir con los requisitos mínimos de control requeridos. La ASF ha emitido diversas acciones preventivas y correctivas que no han surtido los efectos buscados. Se continúa con prácticas irregulares en las que prevalece la simulación de operaciones con empresas subcontratadas que facturan una presunta prestación de servicios y la entidad pública local que supuestamente los recibe de conformidad. Los proveedores subcontratados no cuentan con las capacidades para producir los bienes. En otros casos son proveedores ficticios que con frecuencia comparten los mismos domicilios, apoderados y representantes legales. El esquema fraudulento se amplió en años recientes, lo cual se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Resultados Pagos a proveedores pre determinados por SEDESOL por entregables realizados por la propia contratante. Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) suscribieron en 2015 convenios por 601.7 millones de pesos mediante el régimen de contratación establecido por el artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP. Conforme a lo establecido en la Ley, RTH manifestó contar con la capacidad para entregar el bien o servicio requerido; situación que no ocurrió pues en los hechos no llevó a cabo actividad alguna. No obstante, la SEDESOL le pago en 2015 el monto arriba mencionado. RTH subcontrató, sin sujetarse a las disposiciones normativas, a 27 proveedores para la supuesta ejecución de los servicios convenidos a los que les pagó 567.6 millones de pesos, el 94.3% del importe pagado por la SEDESOL. La diferencia de 34.1 millones de pesos la retuvo como utilidad, concepto no considerado en los convenios suscritos. Los entonces Subdirector Jurídico y actual Director Jurídico, y al Subdirector de Contenido en RTH manifestaron que el 27 de mayo de 2015 acudieron a las oficinas de la SEDESOL en la Ciudad de México para reunirse con la entonces Directora de Área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para llevar a cabo la firma de los convenios referidos. En esa ocasión se firmaron contratos que se encontraban ya elaborados en esas oficinas, con 27 proveedores pre determinados por SEDESOL. En esa reunión, la señalada servidora pública de la SEDESOL instruyó al entonces Subdirector de Contenidos de RTH para que firmara en calidad de testigo los contratos de los 27 proveedores; así mismo, ordenó que recibiera dos cajas que contenían los entregables ya elaborados, que supuestamente debía generar RTH, a través de los proveedores. Con lo que se acredita que la contratación se basó en una simulación para la prestación de servicios, así como que los trabajos no fueron realizados por los proveedores.


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El Ex Director de Coordinación Financiera y Planeación en RTH manifestó que, una vez que la entonces Directora de Área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la SEDESOL le informaba vía telefónica que ya habían sido depositados a la cuenta de RTH y, como ya contaba con las facturas de las personas morales y físicas que previamente le mandaba, él realizaba los pagos vía transferencia a cada una de ellas. Con este modus operandi 27 proveedores recibieron recursos públicos por servicios que no realizaron. Proveedores inexistentes y/o que no cumplen obligaciones fiscales. De las visitas domiciliarias, solicitudes de información y la situación ante el SAT de los 27 proveedores se desprende lo siguiente: 5 personas morales y una persona física no fueron localizadas en los domicilios fiscales correspondientes y que se consignan en sus facturas emitidas a favor de RTH por 334.5 millones de pesos; 3 personas morales no proporcionaron la información y documentación solicitada por un importe de 15.8 millones de pesos; 8 personas morales y 1 persona física no proporcionaron la información relativa a los entregables y el detalle de los costos incurridos para la ejecución de los contratos por un importe de 108.8 millones de pesos y 9 empresas no obstante que cumplieron en su totalidad con la entrega de la información transfirieron los recursos a otras empresas ajenas a los trabajos encomendados por 108.4 millones de pesos. Ninguno de los 27 proveedores demostró haber realizado los servicios contratados mediante la entrega de los testigos físicos y no existe documentación que contenga, con las formalidades requeridas, la entrega de los trabajos por parte de los proveedores a RTH. Los proveedores contratados por RTH retransfirieron el grueso de los recursos a doce empresas principales. RTH depositó a los 27 proveedores un total de 567.6 millones de pesos. De los cuales 368.8 millones de pesos fueron retransferidos por diversos proveedores a las siguientes 12 empresas principales:

RELACIÓN DE EMPRESAS QUE RECIBIERON RECURSOS DE LOS PROVEEDORES

CONTRATADOS POR RTH EN EL 2015. (Miles de pesos)

NOMBRE IMPORTE

Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A. de C.V. 90,691.6

Cometra Servicios Integrales, S.A. de C.V. 85,370.4

Comercializadora Telaraña, S.A. de C.V. 47,578.2

Fundidora Maya, S.A. de C.V. 21,244.0

Banco Monex, S.A. 20,693.1

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 19,952.9

Helger Mercadotecnia y Publicidad, S.A. 15,950.0

Servicios Corpufalicite, S.A. de C.V. 15,150.0

Derclip, S.A. de C.V. 14,253.6

Plott Company, S.A. de C.V. 14,195.4

Comercializadora Minisol, S.A. 13,733.6

Overjob, S.A. de C.V. 9,970.6

IMPORTE 368,783.4 FUENTE: De la información y documentación proporcionada por la instancia gubernamental.


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Resumen de Observaciones y Acciones Se determinaron 2 observaciones, de acuerdo a lo siguiente: Cuenta Pública 2015 que generaron 1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. Recuperaciones determinadas: 601.6 millones de pesos; Operadas: 0.0; Probables: 601.6 millones de pesos. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficio para solicitar o promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de 2 irregularidades detectadas. Dictamen. Radio y Televisión de Hidalgo no cumplió con las disposiciones legales y normativas

aplicables en la materia; suscribió contratos por el 100.0% de los servicios convenidos con la

SEDESOL por 567.5 millones de pesos que sirvieron como vía para la distribución irregular de

los referidos recursos.


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7. Evaluación de los Resultados de la Fiscalización Superior en funciones de Desarrollo Social

7.1. Cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la ASF

Una vez concluido el análisis técnico y normativo por parte de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), al Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, en apoyo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en atención a los artículos 103 y 104, fracciones X y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se determina que los informes individuales emitidos para las 121 auditorías practicadas por la ASF a los sectores vinculados con funciones de Desarrollo Social, atendieron en lo general las disposiciones establecidas en el marco legal y normativo aplicable. Asimismo, la UEC considera que, en términos generales, dichos informes atienden las disposiciones legales que regulan la formulación, presentación y contenido del Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 14, 15, 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, permitiendo observar de forma clara el análisis al presupuesto asignado, sus criterios de selección, el objetivo y tipo de auditoría, el alcance de cada una de ellas, el universo seleccionado y la muestra auditada. De igual forma la ASF da cuenta a la Cámara sobre las observaciones y acciones promovidas (preventivas y correctivas) y, en su caso, la imposición de las multas respectivas y demás acciones derivadas de los resultados de las auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2015. Concretamente, se verificó que los informes de las auditorías practicadas al grupo funcional de Desarrollo Social incorporan el contenido mínimo estipulado en el artículo 36 de la LFRCF, que a la letra dice:

Artículo 36.- Los Informes Individuales de auditoría contendrán como mínimo lo siguiente: I. Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión; II. Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes contratados para llevarla a cabo; III. El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas; IV. Los resultados de la fiscalización efectuada; V. Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias de hechos, y


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VI. Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones.

De igual modo, se verificó que los informes individuales de las auditorías practicadas cuentan con una sección de Dictamen, en la cual la ASF emite una opinión sobre si la entidad cumple o no cumple con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, aunque no se emite explícitamente la naturaleza o sentido específico del dictamen, situación que se ha venido observando desde el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. Al respecto, la ASF refiere que la estructura de los dictámenes de las auditorías es consistente con las normas de la INTOSAI.

7.2. Enfoque de la fiscalización superior practicada por la ASF

Para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 (CP 2016), la ASF informó sobre un total de 1 mil 865 auditorías de las cuales 699 (37.5%) corresponden a la tercera entrega. El número de auditorías practicadas en la revisión de la CP 2016 representa un incremento del 13.5% respecto al año anterior. Al grupo funcional de Desarrollo Social le fueron practicadas 121 auditorías, equivalentes a 6.5% del total (37 en la primera entrega, 40 en la segunda y 44 en la tercera). En 2016, el gasto total ejercido fiscalizable ascendió a 5,377,849.6 millones de pesos de los cuales se seleccionó un universo de 2,613,424.2 millones de pesos y una muestra fiscalizada de 1,992,567.8 millones de pesos, equivalente al 37.1% del gasto total ejercido. Respecto a los ingresos, se seleccionó un universo de 2,215,180.2 millones de pesos y se fiscalizó una muestra de 1,421,192.9 millones de pesos, equivalente a 29.3%. Para el grupo funcional de Desarrollo Social se seleccionó un universo de 217,441.6 millones de pesos, y se auditó una muestra de 178,284.4 millones de pesos, equivalente a 8.9% del total del gasto fiscalizable. La Fiscalización Superior de la CP 2016 estuvo orientada en mayor medida a revisar la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso, de acuerdo con la normativa correspondiente y que su manejo y registro financiero haya sido correcto. De las 1 mil 865 revisiones, 709 fueron financieras y de cumplimiento (42.8%); 759 financieras con enfoque de desempeño (40.7%); 148 de desempeño (7.9%); 15 forenses (0.8%); 136 de inversiones físicas (7.3%); 2 estudios (0.1%) y 6 evaluaciones de política pública (0.3). Por su parte, la fiscalización del grupo funcional de desarrollo social estuvo orientada a evaluar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas gubernamentales, pero también para verificar su manejo y registro financiero. De las 121 auditorías practicadas al grupo funcional, 42.1% son de desempeño; 43.8% financieras y de cumplimiento; 6.6% inversiones físicas; 1.6% evaluaciones de política pública; y 5.8% forenses.


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Respecto a la cobertura de la fiscalización, la ASF revisó un total de 553 entes, 32 Entidades Federativas y la Ciudad de México, 343 municipios y órganos político-administrativos, 41 Instituciones Públicas de Educación Superior, 2 entes del poder legislativo, 2 del poder judicial, 124 del poder ejecutivo y 9 órganos autónomos. En específico, la ASF revisó 56 entes públicos vinculados con el grupo funcional de Desarrollo Social: nueve de educación púbica, siete cultura, 10 IPES, 18 de salud, siete de desarrollo social y cinco entidades no coordinadas sectorialmente. La ASF emitió un total de 8 mil 069 observaciones, que dieron lugar a la promoción de 10 mil 346 acciones, de las cuales 42.9% son preventivas y 57.1% son correctivas. Por ser parte, el grupo funcional de Desarrollo Social concentró el 10.3% (836) del total de las observaciones y el 14.8% (1,539) del total de las acciones. De conformidad con la Matriz de Datos Básicos de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se determinaron recuperaciones por un total de 112 mil 635.4 millones de pesos, de los cuales, 6 mil 921.7 millones de pesos fueron recuperaciones operadas y 105 mil 713.7 son recuperaciones probables. El grupo funcional de Desarrollo Social concentró 4 mil 436.3 millones de pesos de las recuperaciones determinadas, de las cuales 11.6 millones de pesos fueron ya operadas, y 4 mil 424.7 millones de pesos son recuperaciones probables. Es importante señalar que estos montos pueden variar debido a que aún se encuentran en periodo de solventación de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Como se señaló anteriormente, el enfoque de la fiscalización del grupo Funcional Desarrollo Social estuvo orientado a evaluar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas gubernamentales (47.7%), pero también para verificar su manejo y registro financiero (56.3%). Este mismo enfoque se presentó por sectores. Al respecto la ASF revisó al sector Educación en lo relacionado con la expansión de la educación en el nivel medio superior, el fortalecimiento de la calidad educativa, políticas de igualdad de género en el sector, y el diseño de la política educativa, asimismo los recursos ejercidos a través de diversos programas como el Programa Nacional de Inglés, PROSPERA, y Becas en Educación Superior. Destaca el hecho de que este sector concentró gran proporción de las auditorías forenses que la ASF programó realizar para la CP 2016 (46.6% del total). Revisiones consideradas de gran relevancia por ser análisis pormenorizados para la detección o investigación de presuntos ilícitos, con el propósito de documentar las conclusiones con pruebas válidas y suficientes para promover las acciones legales procedentes. Se realizaron 7 auditorías forenses para revisar convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos suscritos entre diversas Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) con la Administración Pública Federal (APF) para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. Al respecto, la ASF ha sido puntual y ha señalado a lo largo de cinco años, que las reiteradas irregularidades que ha detectado en las adjudicaciones directas con Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) o con entes estatales, para prestación de diversos servicios al amparo


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del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, han propiciado el desvío de recursos públicos por un monto de 4 mil 749.7 millones de pesos de la Cuenta Pública 2012 a 2015 y 2 mil 130.9 millones de pesos de la CP 2016. A través de la fiscalización superior, la ASF ha documentado que los contratos asignados bajo este esquema han otorgado remanentes en promedio del 8.0% a los entes contratados, independientemente de que el recurso recibido únicamente se transfirió y halla prevalecido la simulación de operaciones que evidencian el desvío. Por derivación, la ASF ha emitido diversas acciones, sin embargo, no han surtido los efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas irregulares. Las auditorías forenses muestran el modo de operación para desviar los recursos en perjuicio del patrimonio del Estado, y como se han ido acrecentándose y evolucionando. Al respecto, se presentan algunos hallazgos de mayor relevancia20:

La Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) suscribió diversos convenios, contratos y pedidos para la prestación de servicios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con fundamento en el párrafo quinto del artículo 1 de la LAASSP, y 4 de su Reglamento, por los cuales percibió ingresos por un total de 255.2 millones de pesos, pese a que no contaba con la capacidad para entregar el bien o prestar el servicio requerido. Incurriendo en falsedad de declaración, dado que manifestó tenerla ante las dependencias contratantes. La universidad no llevó a cabo actividad alguna, ya que subcontrató la ejecución del 100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU y el ISSSTE a un menor costo, por lo que obtuvo de manera indebida un beneficio económico de 156.5 millones de pesos.

La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM) y la SEDATU suscribieron un convenio cuyo objeto fue establecer la colaboración en difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, equidad de género y propiedad rural y desarrollo agrario, al respecto el encargado de Rectoría de la UPFIM refirió que el contacto con la SEDATU se realizó vía telefónica, y que posteriormente remitieron el convenio para que lo firmara, dejando claro que no tuvo contacto personal con los servidores públicos de ésta. No obstante, bajo un procedimiento de contratación inusual, el Encargado de Rectoría de la UPFIM suscribió el convenio.

20Instituciones Públicas de Educación Superior. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la

Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”. Auditoría con enfoque horizontal.

Siete auditorías Forenses, No. 193, 195, 196, 197, 199, 1793, y 198.


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La Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) firmó un convenio con la SEDATU al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP, presumiblemente utilizado como vía para la obtención irregular de recursos públicos por la UPQROO, ya que manifestó contar con la capacidad para entregar el bien y/o servicio solicitado, aunque en realidad no la tenía, por lo que no llevó a cabo actividad alguna y subcontrató a 8 proveedores. No obstante, durante el año 2016, la SEDATU le pagó el importe de 97.1 millones de pesos.

La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), recibió recursos por 154.8 millones de pesos como resultado de dos convenios de colaboración suscritos con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y de dos contratos suscritos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para la prestación de servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un total de 154.8 millones de pesos. La UPSZ no contó con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con los servicios convenidos y contratados con la CONAPESCA y la SAGARPA, por lo que subcontrató el 100% de los servicios pactados, los cuales ascendieron a un total de 154.8 millones de pesos, monto nueve veces superior al presupuesto de la Universidad. Se identificó un sobrecosto de 37.4 millones de pesos. Esta cantidad se determinó entre el monto de los recursos que la UPSZ cobró por sus servicios, y lo que se comprobó que pagó a los prestadores de servicios y otros gastos incurridos para cumplir con los convenios y contratos suscritos con la CONAPESCA y la SAGARPA.

La Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS) suscribió un total de 9 convenios y/o contratos con dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal para la prestación de diversos servicios, por los cuales recibió un monto total de 639.7 millones de pesos. La ASF comprobó que la UTS para hacer frente a sus obligaciones, contrató a 17 prestadores de servicios, 7 empresas, un organismo descentralizado y a 59 becarios por un monto total de 46.7 millones de pesos, esto representó el 78.5% del monto total que recibió de 7 de los 9 contratos de las dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal.

Estas contrataciones han sido consideradas por la ASF como generadoras de ambientes discrecionales que a su vez propician situaciones de fraude y corrupción. Asimismo, la ASF incluyó dos revisiones especiales derivadas de denuncias fundadas documentalmente, conforme a lo estipulado en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Titulo Cuarto “De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso y de Ejercicios Anteriores”, para fiscalizar los recursos públicos que recibió Radio y Televisión Hidalgo en 2014 y 2015 mediante contratos que firmó con entidades y dependencias de la APF. Revisiones que muestran la misma clase de irregularidades antes señaladas.


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Del sector Salud revisó lo relacionado con la calidad y el fortalecimiento de la atención médica, la formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico en salud, así como lo recursos ejercidos para la adquisición de medicamentos, equipamientos de hospitales, y gastos para la prestación de servicios de salud, entre otros. Algunos de los hallazgos de mayor relevancia observados por la ASF en el sector salud fueron:

Secretaría de Salud (SS). “Calidad en la Atención Médica”. Auditoría de Desempeño, No. 201. El objetivo de esta auditoría fue fiscalizar la calidad en la atención médica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF determinó que la Secretaría de Salud no dispuso de la totalidad de los resultados de las encuestas de trato adecuado y digno de los establecimientos médicos que recibieron subsidios del programa Calidad en la Atención Médica en 2016 lo cual no permitió evaluar la pertinencia de implementar mecanismos, a fin de disponer de información sobre la percepción de la calidad que tienen los usuarios de los servicios médicos para la adecuada toma de decisiones.

Secretaría de Salud. “Regulación y Vigilancia en la Atención Médica”. Auditoría de Desempeño No.210, cuyo objetivo fue fiscalizar la regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF comprobó que existen deficiencias respecto al diseño normativo del programa. Identificó inconsistencias en los “Lineamientos para la Ejecución de las Líneas Estratégicas del Programa Presupuestario G005, 2016”, destacando la falta de establecimiento de la cobertura que tendrían los subsidios otorgados, en términos del número de establecimientos de salud que se beneficiarían con los recursos federales transferidos.

Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 225. El objetivo de esta auditoría fue fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los problemas oncológicos. Al respecto, el INCAN no acreditó, que se incrementó la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de cáncer prioritarios y emergentes, en 2016, debido a que, aun cuando contó con 56 investigaciones, no justificó la disminución del 26.3% respecto de las 76 realizadas en 2015, además de no contar con un indicador y meta para programar su realización.

Instituto Nacional de Geriatría (INGER). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 228. Su objetivo fue fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población adulta mayor. La ASF determinó que para 2016, el INGER, inició 11 investigaciones, pero no acreditó con evidencia documental cómo éstas tuvieron una aplicación para la comprensión, prevención, diagnóstico, tratamiento de los padecimientos de los adultos mayores y la rehabilitación de los pacientes, ni de la promoción de medidas de salud en la materia, como se señaló en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Por ello,


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desconoció si los resultados de las investigaciones contribuyeron a mejorar la salud de la población y a la toma de decisiones en el sector.

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) Adquisición de Medicamentos para la Atención del VIH/SIDA y Otras ITS. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 211. El objetivo de la auditoría fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos asignados para la adquisición de medicamentos para la atención del VIH/SIDA y otras ITS, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Al respecto, la ASF determinó diversas irregularidades: el CENSIDA adquirió 9 claves de medicamentos antirretrovirales que no sometió a la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud; la Coordinación Estatal de VIH/SIDA de Chiapas no demostró la entrega de 2,496 medicamentos antirretrovirales en los almacenes de los 2 CAPASITS y 10 SAIH del estado por un importe de 5,354.6 miles de pesos; 2 SAIH del estado no demostraron la entrega de 337 medicamentos a pacientes por 416.6 miles de pesos; los institutos nacionales de Pediatría (INP), de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), y de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) no contaron con el dictamen de acreditación en Servicios de Alta Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, y no aseguraron el registró oportuno y correcto en el sistema de los insumos recibidos por los proveedores y su entrega a los pacientes; por su parte, el INER no acreditó la entrega de 12,437 medicamentos a pacientes por un importe de 29,274.5 miles de pesos.

Respecto a Desarrollo Social revisó el desempeño de diversos programas entre los que destacan Seguro de Vida para Jefas de Familia, Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), y Comedores Comunitarios, así como la gestión financiera de Pensión para Adultos Mayores, Programa de Empleo Temporal, Programa de Fomento a la Economía Social, Padrón de Beneficiarios de los Programas Sociales, y Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, entre otros. En este sector destacan los siguientes hallazgos en las auditorías practicadas:

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Pensión para Adultos Mayores”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 261. El objetivo de la auditoría fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa Pensión para Adultos Mayores, para verificar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. En relación a la confronta del Padrón de Beneficiarios del Programa contra los padrones de beneficiarios de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos, la ASF constató que se pagaron apoyos a 112,817 beneficiarios del Programa que también recibieron pensiones de las entidades señaladas; es importante señalar que esta irregularidad ya había sido detectada y promovida por la ASF en la auditoría 229 de la


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Cuenta Pública 2014, en la cual promovió de igual forma una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Por otra parte, de la conciliación de la base de beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores del ejercicio 2016 contra el registro de fallecimientos, se constató que se otorgaron apoyos a 8,637 beneficiarios por 23.5 millones de pesos, con fechas posteriores a la de defunción según lo registrado en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal.

SEDESOL. Seguro de Vida para Jefas de Familia. Auditoría de Desempeño No. 266. El objetivo fue fiscalizar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (SVJF) para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF determinó que los mecanismos de control interno de la SEDESOL fueron insuficientes para asegurar que las mujeres pre registradas en el programa se encuentren en situación de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingreso; acreditar la verificación del bienestar de los hijos beneficiarios menores de seis años; disponer de indicadores para evaluar su eficiencia en el pre registro de las jefas de familia, el registro de los hijos beneficiarios y la entrega de los apoyos, así como para medir la contribución del programa en la permanencia escolar de los beneficiarios, por lo que la ASF concluyó que SEDESOL no contó con un proceso sistemático que le permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Servicios a Grupos con Necesidades Especiales. Auditoría de Desempeño No. 274. Su objetivo fue fiscalizar las acciones del Instituto para que las personas adultas mayores se beneficien de políticas y acciones que fomentan su desarrollo humano integral. La ASF observó que el instituto mediante la prestación de 9 servicios, atendió a 230,579 adultos mayores, cantidad superior en 14.1% a la meta de 202.1 miles de personas adultas mayores y que representaron el 1.8% de las 12,520.7 miles de personas adultas del país. En cuanto a la meta de incorporar a los adultos mayores a la vida laboral, el instituto vinculó a 11,165 personas a una actividad productiva, cifra que representó el 73.0% de los 15,287 adultos mayores comprometidos. Sin embargo, el instituto no cuantificó la cobertura de las personas adultas mayores atendidas respecto de la población potencial y objetivo del programa en las entidades federativas, situación que limitó el análisis y evaluación de las políticas de asistencia social y de vinculación productiva dirigidas a las personas adultas mayores en los estados. Además, la ASF especificó que el instituto carece de un sistema de información institucional para disponer de información confiable sobre el total de tarjetas de afiliación entregadas; además, careció de la cobertura de la población adulta mayor potencial y objetivo por afiliar.

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH)”. Auditoría de Desempeño, No. 258. Su objetivo fue fiscalizar la CNcH para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF determinó que el diseño normativo y programático de la CNcH es congruente con el problema que pretende atender, sin embargo, no existe una legislación reglamentaria del artículo 4° de la CPEUM, en


152

Desarrollo Social

materia de derecho a la alimentación, en la que se defina el problema público y la población objetivo; se mandaten y homologuen los apoyos otorgados; se precisen las responsabilidades de las dependencias y entidades participantes, y se regule la transversalidad de la política pública, a fin de coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), y los gobiernos locales y municipales, estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad.

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”. Auditoría de Desempeño, No. 273. Su objetivo fue fiscalizar la articulación de políticas públicas integrales de juventud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF determinó que el programa presentó deficiencias toda vez que otorgó subsidios y premios, situación que no es consistente con la modalidad “E”. Ésta modalidad implica la oferta de servicios en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad y no así para otorgar apoyos. Además, el IMJUVE no contó con mecanismos para identificar y cuantificar a la población objetivo del programa, por lo que no dimensionó la magnitud y características de la población afectada por el problema que pretende atender.

La ASF determinó que los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 muestran avances en el grupo; sin embargo, es necesario fortalecer: (1) las tareas de diagnóstico para definir y dimensionar con precisión los problemas públicos; (2) la planeación, programación y presupuestación, con el fin de lograr una asignación de recursos adecuada y focalizada; (3) coordinación interinstitucional e intergubernamental, con el propósito de establecer sinergias entre los programas sociales, y (4) supervisión y evaluación, con el objeto de generar certeza respecto a la eficacia y eficiencia con la que se implementan los programas. De manera específica en educación concluye que, a cuatro años de la aprobación de la Reforma Educativa, aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación, ya que, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones para el nivel básico, el 56.7% de los alumnos en el área de matemáticas y el 48.1% en lectura; mientras que en media superior el 49.3% en el área de matemáticas y el 45.0% en lenguaje y comunicación, obtuvieron el nivel de logro educativo más bajo. Respecto a Salud, la ASF considera indispensable realizar un diagnóstico nacional sobre la cantidad, calidad y distribución de la infraestructura, el equipamiento y el personal sanitario, que coadyuve a promover una política transversal, en la que prevalezca la sinergia de esfuerzos de las instituciones de salud. Finalmente, con relación a la pobreza extrema alimentaria, la ASF considera que, a cuatro años de la instrumentación de la Cruzada nacional contra el Hambre (CNcH), dicha estrategia no constituyó una solución estructural y permanente para incidir en ese problema, ya que persistieron deficiencias en su implementación y en la focalización de la población objetivo, por lo que no se logró acreditar en qué medida se atendieron las carencias de las 7.1 millones de


153

Desarrollo Social

personas estimadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en esa condición.

7.3. Entorno de riesgo y conclusión de la fiscalización a Desarrollo Social Con el propósito de ir generando información relevante para distintos actores sobre temas que impactan de forma directa en la vida de la ciudadanía, la ASF, en el documento Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, refirió algunas áreas clave con riesgo en la gestión del sector público, de las cuales, se hace mención de las que conciernen a Desarrollo Social.

Educación

A cuatro años de la aprobación de la Reforma Educativa, aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación, ya que, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones para el nivel básico, el 56.7% de los alumnos en el área de matemáticas y el 48.1% en lectura, obtuvieron el nivel de logro educativo más bajo; mientras que en media superior fueron el 49.3% en el área de matemáticas y el 45% en lenguaje y comunicación. Lo anterior se explica, en términos generales, porque los nuevos planes y programas de estudio en el nivel básico iniciaron su implementación en el ciclo escolar 2017-2018, y en el nivel medio superior se encuentran en proceso de rediseño; la política de infraestructura y equipamiento no ha logrado asegurar que las escuelas cumplan con las condiciones físicas adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos; no se ha consolidado un sistema de profesionalización docente que responda a las necesidades de formación y propicie la idoneidad del personal del sector educativo, y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) continuó en fase de implementación, lo que significa que los resultados de las evaluaciones aún no son utilizados para la toma decisiones de las autoridades educativas.

Salud

En lo concerniente al acceso efectivo a la atención médica con calidad, en 2016, se observó un avance de 18.3 por ciento en la conformación del Sistema Universal de Salud, al adherirse el IMSS, el ISSSTE y tres entidades federativas al Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, con 6,738 establecimientos médicos, de los 36,892 registrados ante la Secretaría de Salud. En cuanto a la infraestructura, equipamiento y disposición de recursos humanos, de 2004 a 2016, aumentó en 37.9% la cantidad de unidades médicas de consulta externa y de hospitalización, y en 59.8% la de médicos y enfermeras, enfocados a atender a los derechohabientes de las instituciones de seguridad social y a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.


154

Desarrollo Social

Sin embargo, su crecimiento no fue proporcional al incremento de 97.8% de la población con acceso a servicios sanitarios en el sector público. La ASF considera indispensable realizar un diagnóstico nacional sobre la cantidad, calidad y distribución de la infraestructura, el equipamiento y el personal sanitario, que coadyuve a promover una política transversal, en la que prevalezca la sinergia de esfuerzos de las instituciones de salud. Lo anterior, deberá tomar en cuenta las necesidades médicas asociadas a las condiciones demográfica y epidemiológica del país.

Alimentación de Grupos vulnerables

En 2016, se incrementó en 67.8% el número de beneficiarios del Programa de Comedores Comunitarios, no obstante, no hay certeza de que quienes acceden a los comedores se encuentren en pobreza, ni que la alimentación que recibieron fuera la adecuada, en términos nutrimentales. En relación con la pobreza extrema alimentaria, a cuatro años de la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), dicha estrategia no constituyó una solución estructural y permanente para incidir en ese problema, ya que persistieron deficiencias en su implementación y en la focalización de la población objetivo, por lo que no se logró acreditar en qué medida se atendieron las carencias de las 7.1 millones de personas estimadas por el CONEVAL en esa condición.

Conclusión de la fiscalización realizada al grupo funcional de desarrollo social y propuestas de modificaciones legislativas

La ASF concluye que en el PND 2013-2018 la prioridad señalada por la Administración es “un México incluyente”. Al respecto, se reconoce que una parte importante de la población vive en condiciones de pobreza, por lo que se enfrenta a una serie de factores que la mantiene en círculos viciosos de desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas, lo que representa una barrera para la productividad, el crecimiento económico y la justicia social. Una de las 74 propuestas de modificaciones y reformas legislativas que hace la ASF en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, tiene que ver con el sector salud. En específico, sobre este tema, la ASF propone modificar el artículo 286-G de la Ley del Seguro Social en el sentido de “establecer un mayor alcance en el Sistema de Profesionalización y Desarrollo del Personal, para que incluya a los trabajadores con actividades sustantivas, a fin de mejorar la calidad de los servicios que otorga el IMSS, en beneficio de sus derechohabientes. Otra de las propuestas de la ASF tiene que ver con el objetivo de contar con un mejor control en la integración de los padrones, y de prevenir duplicidades en la entrega de bienes, servicios y apoyos a través de diversos programas. Sobre este particular, la ASF propone una nueva disposición en el sentido de incluir en las reglas de operación y lineamientos de los programas con beneficiarios la obligatoriedad de precisar si el programa es complementario, excluyente o


155

Desarrollo Social

si opera en coparticipación con otros programas. También, con el propósito de garantizar la correcta instrumentación de las políticas que cuentan con padrones de beneficiarios, la ASF la nueva disposición de incluir en el Decreto del PEF que los órganos internos de control en las dependencias y entidades tengan como obligación la revisión de la integración de padrones de beneficiarios.


157

Desarrollo Social

ANEXO. Matriz de datos básicos de las auditorías practicadas a entes vinculados con

funciones de desarrollo social (IGE)


159

Desarrollo Social

Subtotal R RD Subtotal PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

121 217,441,624.5 178,284,469.8 82.0 836 1,539 1,076 504 572 463 11 22 261 157 12 4,436,380.8 11,601.3 4,424,779.5

34 27,613,612.2 23,607,963.2 85.5 219 374 295 66 229 79 0 2 49 28 0 2,545,328.3 1,907.4 2,543,420.9

23 5,693,598.0 4,704,683.5 82.6 166 276 240 24 216 36 0 0 17 19 0 1,463,255.0 0.0 1,463,255.0

1 142-DSExpansión de la Educación Media Superior y

Superior: Nivel Medio SuperiorDesempeño 0.0 0.0 0.0 9 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 143-DSExpansión de la Educación Media Superior y

Superior: Nivel SuperiorDesempeño 0.0 0.0 0.0 8 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 145-DS Fortalecimiento de la Calidad Educativa Desempeño 0.0 0.0 0.0 10 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 159-DS Regulación de los Servicios de Educación Básica Desempeño 0.0 0.0 0.0 9 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 160-DSRegulación de los Servicios de Educación Media

SuperiorDesempeño 0.0 0.0 0.0 9 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 161-DSServicios de Educación Media Superior:

Bachillerato GeneralDesempeño 0.0 0.0 0.0 7 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


Bachillerato TecnológicoDesempeño 0.0 0.0 0.0 6 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 140-DS Diseño de la Política de Educación Básica Desempeño 0.0 0.0 0.0 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 141-DS Diseño de la Política de Educación Media Superior Desempeño 0.0 0.0 0.0 7 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 146-DSFortalecimiento de la Calidad Educativa, Modalidad

TecnológicaDesempeño 0.0 0.0 0.0 7 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 147-DSFortalecimiento de la Calidad Educativa, Modalidad

UniversitariaDesempeño 0.0 0.0 0.0 6 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 144-DS Formación y Certificación para el Trabajo Desempeño 0.0 0.0 0.0 10 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 149-DSPolíticas de Igualdad de Género en el Sector

EducativoDesempeño 0.0 0.0 0.0 8 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 151-DS Programa Nacional de Convivencia Escolar Desempeño 0.0 0.0 0.0 10 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 153-DSPrograma para el Desarrollo Profesional Docente

en Educación BásicaDesempeño 0.0 0.0 0.0 9 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 154-DSPrograma para el Desarrollo Profesional Docente

en Educación Media SuperiorDesempeño 0.0 0.0 0.0 9 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 152-DS Programa Nacional de Inglés Financiera y de

Cumplimiento789,024.1 731,975.7 92.7 6 7 3 3 0 4 0 0 2 2 0 605,478.6 0.0 605,478.6

1 163-DSServicios en Materia de Registro y Ejercicio

Profesional

Financiera y de

Cumplimiento683,654.8 402,038.2 58.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 134-DS

Aseguramiento Integral, Arrendamiento de Bienes

Inmuebles, Cuotas y Aportaciones a Organismos

Internacionales

Financiera y de

Cumplimiento1,300,799.4 780,019.2 59.9 4 7 3 3 0 4 0 0 2 2 0 96,871.2 0.0 96,871.2

2 155-DSPROSPERA Programa de Inclusión Social:

Componente Educativo

Financiera y de

Cumplimiento1,380,159.6 1,380,159.6 100.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

Alcance

(%)Observaciones

Acciones PromovidasRecuperaciones (Miles de pesos)

TotalPreventivas CorrectivasEntrega

Número

de

Auditoría

Título Auditorías

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA

Secretaría de Educación Pública

Miles de pesos

Universo

Seleccionado

Muestra

Auditada

MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS A ENTES VINCULADOS CON FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2016


160

Desarrollo Social


121 217,441,624.5 178,284,469.8 82.0 836 1,539 1,076 504 572 463 11 22 261 157 12 4,436,380.8 11,601.3 4,424,779.5

34 27,613,612.2 23,607,963.2 85.5 219 374 295 66 229 79 0 2 49 28 0 2,545,328.3 1,907.4 2,543,420.9

2 148-DS Inclusión y Equidad EducativaFinanciera y de

Cumplimiento534,638.8 405,528.7 75.8 10 22 9 9 0 13 0 0 4 9 0 168,403.0 0.0 168,403.0

3 135-DSBecas en Educación Superior: Becas de

Manutención

Financiera y de

Cumplimiento418,193.9 418,193.9 100.0 8 13 4 4 0 9 0 0 4 5 0 5,734.0 0.0 5,734.0

3 136-DSErogaciones para la Formación y el Desarrollo

Profesional del Personal Docente

Financiera y de

Cumplimiento587,127.4 586,768.2 99.9 6 10 4 4 0 6 0 0 5 1 0 586,768.2 0.0 586,768.2

1 0.0 0.0 0.0 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


Bachillerato Profesional TécnicoDesempeño 0.0 0.0 0.0 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 2,811,029.7 1,267,930.4 45.1 10 27 11 11 0 16 0 0 16 0 0 16.6 16.6 0.0

3 170-DSGestión Financiera de la CONADE y Subsidios para

los Juegos Olímpicos

Financiera y de

Cumplimiento2,811,029.7 1,267,930.4 45.1 10 27 11 11 0 16 0 0 16 0 0 16.6 16.6 0.0

1 868,230.5 784,291.2 90.3 10 18 11 11 0 7 0 0 4 3 0 280,614.5 0.0 280,614.5

3 171-DSAdquisición de Materiales y Suministros para

Planteles Educativos

Financiera y de

Cumplimiento868,230.5 784,291.2 90.3 10 18 11 11 0 7 0 0 4 3 0 280,614.5 0.0 280,614.5

1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 173-DSProducción y Distribución de Libros y Materiales

CulturalesDesempeño 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

4 17,371,632.0 16,344,176.7 94.1 15 26 13 13 0 13 0 2 8 3 0 784,691.1 682.5 784,008.6

3 1782-DSEvaluación de la Política Pública de Infraestructura

y Equipamiento en Educación Básica

Evaluación de

Políticas

Públicas

0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 176-DS

Avance Financiero de la Inversión en

Infraestructura Educativa Nacional (Escuelas al

Cien)

Financiera y de

Cumplimiento13,406,075.2 13,406,075.2 100.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 177-DSInfraestructura para Abatir el Rezago de las

Condiciones Físicas de Escuelas Públicas

Financiera y de

Cumplimiento3,780,844.3 2,765,648.7 73.1 7 15 10 10 0 5 0 0 3 2 0 782,552.7 0.0 782,552.7

2 138-DS

Construcción de Planteles de Educación Media

Superior, en los Estados de Guanajuato y Baja

California

Inversiones

Físicas184,712.5 172,452.8 93.3 6 9 1 1 0 8 0 2 5 1 0 2,138.4 682.5 1,455.9

1 0.0 0.0 0.0 6 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 174-DS Rezago Educativo Desempeño 0.0 0.0 0.0 6 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 856,992.2 494,751.6 57.7 10 14 7 7 0 7 0 0 4 3 0 15,542.8 0.0 15,542.8

2 185-DS Erogaciones por Servicios y Subsidios para BecasFinanciera y de

Cumplimiento856,992.2 494,751.6 57.7 10 14 7 7 0 7 0 0 4 3 0 15,542.8 0.0 15,542.8

1 12,129.8 12,129.8 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,208.3 1,208.3 0.0

1 178-DSUnidad Profesional Multidisciplinaria del IPN-

Hidalgo, en el Estado de Hidalgo

Inversiones

Físicas12,129.8 12,129.8 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,208.3 1,208.3 0.0

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica


SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA

Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Consejo Nacional de Fomento Educativo

Fondo de Cultura Económica

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Instituto Politécnico Nacional


Entrega

Número

de

Auditoría

Título Auditorías

Miles de pesosAlcance

(%)Observaciones


Universo

Seleccionado

Muestra

AuditadaTotal

Preventivas Correctivas


161

Desarrollo Social


121 217,441,624.5 178,284,469.8 82.0 836 1,539 1,076 504 572 463 11 22 261 157 12 4,436,380.8 11,601.3 4,424,779.5

10 5,045,706.6 3,586,280.3 71.1 59 117 38 38 0 79 11 0 26 30 12 1,104,223.7 5.1 1,104,218.6

1 371,050.1 56,369.1 15.1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 106.9 0.0 106.9

2 184-DS Auditoría de TIC Financiera y de

Cumplimiento371,050.1 56,369.1 15.1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 106.9 0.0 106.9

1 185,770.9 185,770.9 100.0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 185,770.9 0.0 185,770.9

1 183-DS

Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad

Cuajimalpa; del Módulo A del Edificio de Ciencia y

Tecnología de la Unidad de Iztapalapa en la Ciudad

de México y de la Tercera Etapa de la Unidad Lerma,

en el Estado de México

Inversiones

Físicas185,770.9 185,770.9 100.0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 185,770.9 0.0 185,770.9

1 2,605,758.7 1,494,804.4 57.3 24 46 27 27 0 19 0 0 14 5 0 14,466.1 5.1 14,461.0

3 186-DS Gestión Financiera de la Universidad Autónoma

Chapingo

Financiera y de

Cumplimiento2,605,758.7 1,494,804.4 57.3 24 46 27 27 0 19 0 0 14 5 0 14,466.1 5.1 14,461.0

1 178,060.0 178,060.0 100.0 4 10 3 3 0 7 2 0 2 3 0 178,060.0 0.0 178,060.0

3 193-DS

Convenios de Coordinación, Colaboración y

Acuerdos Específicos Suscritos con la

Administración Pública Federal para el Desarrollo

de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros

Servicios

Forense 178,060.0 178,060.0 100.0 4 10 3 3 0 7 2 0 2 3 0 178,060.0 0.0 178,060.0

1 269,158.5 255,210.5 94.8 7 12 2 2 0 10 2 0 4 3 1 249,642.5 0.0 249,642.5

3 195-DS





Servicios

Forense 269,158.5 255,210.5 94.8 7 12 2 2 0 10 2 0 4 3 1 249,642.5 0.0 249,642.5

1 205,682.5 185,839.5 90.3 5 8 1 1 0 7 3 0 1 3 0 185,839.5 0.0 185,839.5

3 196-DS





Servicios

Forense 205,682.5 185,839.5 90.3 5 8 1 1 0 7 3 0 1 3 0 185,839.5 0.0 185,839.5

1 97,167.0 97,167.0 100.0 2 4 1 1 0 3 1 0 1 1 0 97,268.3 0.0 97,268.3

3 1793-DS





Servicios

Forense 97,167.0 97,167.0 100.0 2 4 1 1 0 3 1 0 1 1 0 97,268.3 0.0 97,268.3

1 154,796.4 154,796.4 100.0 5 8 1 1 0 7 1 0 1 4 1 58,596.9 0.0 58,596.9

2 197-DS





Servicios

Forense 154,796.4 154,796.4 100.0 5 8 1 1 0 7 1 0 1 4 1 58,596.9 0.0 58,596.9


Entrega

Número

de

Auditoría

Título Auditorías


(%)Observaciones


Universo

Seleccionado

Muestra

AuditadaTotal



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero


Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad Autónoma Chapingo

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Universidad Politécnica de Chiapas

Universidad Politécnica de Quintana Roo

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas


162

Desarrollo Social


121 217,441,624.5 178,284,469.8 82.0 836 1,539 1,076 504 572 463 11 22 261 157 12 4,436,380.8 11,601.3 4,424,779.5

10 5,045,706.6 3,586,280.3 71.1 59 117 38 38 0 79 11 0 26 30 12 1,104,223.7 5.1 1,104,218.6

1 338,520.6 338,520.6 100.0 2 12 1 1 0 11 1 0 1 1 8 90,014.8 0.0 90,014.8

3 198-DS





Servicios

Forense 338,520.6 338,520.6 100.0 2 12 1 1 0 11 1 0 1 1 8 90,014.8 0.0 90,014.8

1 639,741.9 639,741.9 100.0 7 13 1 1 0 12 1 0 1 8 2 44,457.8 0.0 44,457.8

2 199-DS





Servicios

Forense 639,741.9 639,741.9 100.0 7 13 1 1 0 12 1 0 1 8 2 44,457.8 0.0 44,457.8

8 2,537,563.5 819,863.7 32.3 66 91 58 18 40 33 0 0 22 11 0 30,082.5 0.0 30,082.5

2 1,619,067.1 402,121.7 24.8 15 22 17 4 13 5 0 0 3 2 0 16,947.4 0.0 16,947.4

1 166-DS Desarrollo Cultural Desempeño 0.0 0.0 0.0 8 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 167-DS Programa de Apoyos a la CulturaFinanciera y de

Cumplimiento1,619,067.1 402,121.7 24.8 7 9 4 4 0 5 0 0 3 2 0 16,947.4 0.0 16,947.4

1 0.0 0.0 0.0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 179-DS Servicios Cinematográficos Desempeño 0.0 0.0 0.0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 0.0 0.0 0.0 5 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 180-DSProducción y Distribución de Libros y Materiales

CulturalesDesempeño 0.0 0.0 0.0 5 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 0.0 0.0 0.0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


1 0.0 0.0 0.0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


1 0.0 0.0 0.0 8 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


1 918,496.4 417,742.0 45.4 29 42 14 14 0 28 0 0 19 9 0 13,135.1 0.0 13,135.1

2 168-DS Impulso al Desarrollo de la CulturaFinanciera y de

Cumplimiento918,496.4 417,742.0 45.4 29 42 14 14 0 28 0 0 19 9 0 13,135.1 0.0 13,135.1



Auditorías


(%)Observaciones


Universo

Seleccionado

Muestra

AuditadaTotal



Entrega

Número

de

Auditoría

Título

SECTOR CULTURA

Secretaría de Cultura

Universidad Tecnológica de Campeche

Universidad Tecnológica de Salamanca

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.

Estudios Churubusco Azteca, S.A.

Fideicomiso para la Cineteca Nacional

Instituto Nacional de Bellas Artes ty Literatura

Educal, S.A de C.V.

Instituto Mexicano de Cinematografía


163

Desarrollo Social


121 217,441,624.5 178,284,469.8 82.0 836 1,539 1,076 504 572 463 11 22 261 157 12 4,436,380.8 11,601.3 4,424,779.5

27 14,513,026.8 8,806,840.7 60.7 160 278 192 93 99 86 0 0 58 28 0 258,551.8 19.7 258,532.1

7 3,551,157.9 1,253,138.0 35.3 24 38 22 5 17 16 0 0 10 6 0 7,759.1 0.0 7,759.1

3 1783-DS

Evaluación de la Política Pública de

Infraestructura, Equipamiento y Disposición de

Recursos Humanos en Salud

Evaluación de

Políticas

Públicas

0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 201-DS Calidad en la Atención Médica Desempeño 0.0 0.0 0.0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 206-DS Fortalecimiento de la Atención Médica Desempeño 0.0 0.0 0.0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 210-DS Regulación y Vigilancia en la Atención Médica Desempeño 0.0 0.0 0.0 7 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 208-DS Rectoría en Salud Desempeño 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 200-DSAportaciones a Organismos Internacionales y

Gastos de Comunicación Social

Financiera y de

Cumplimiento1,763,657.4 619,567.0 35.1 7 12 2 2 0 10 0 0 6 4 0 6,493.8 0.0 6,493.8

3 205-DSFormación y Capacitación de Recursos Humanos

para la Salud

Financiera y de

Cumplimiento1,787,500.5 633,571.0 35.4 4 9 3 3 0 6 0 0 4 2 0 1,265.3 0.0 1,265.3

1 0.0 0.0 0.0 10 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 212-DS Salud Materna, Sexual y Reproductiva Desempeño 0.0 0.0 0.0 10 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 751,145.0 728,516.1 96.9 10 16 7 7 0 9 0 0 7 2 0 42,909.7 0.0 42,909.7

2 213-DSInsumos para el Control de la Obesidad, Diabetes y

Riesgo Cardiovascular

Financiera y de

Cumplimiento751,145.0 728,516.1 96.9 10 16 7 7 0 9 0 0 7 2 0 42,909.7 0.0 42,909.7

1 2,571,742.8 1,321,835.8 51.3 9 22 11 11 0 11 0 0 6 5 0 35,069.3 0.0 35,069.3

3 211-DSAdquisición de Medicamentos para la Atención del

VIH/SIDA y Otras ITS

Financiera y de

Cumplimiento2,571,742.8 1,321,835.8 51.3 9 22 11 11 0 11 0 0 6 5 0 35,069.3 0.0 35,069.3

1 0.0 0.0 0.0 12 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 214-DS Programa de Vacunación Desempeño 0.0 0.0 0.0 12 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 1,287,291.9 815,546.1 63.3 12 16 7 7 0 9 0 0 8 1 0 30.0 1.2 28.8

1 221-DSGestión Financiera para la Prestación de Servicios

de Salud

Financiera y de

Cumplimiento1,287,291.9 815,546.1 63.3 12 16 7 7 0 9 0 0 8 1 0 30.0 1.2 28.8

1 642,587.0 22,661.7 3.5 3 4 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

2 215-DSIngresos por Derechos por Autorizaciones en

Materia Sanitaria

Financiera y de

Cumplimiento642,587.0 22,661.7 3.5 3 4 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

3 1,289,202.7 813,895.3 63.1 10 28 12 12 0 16 0 0 11 5 0 4,370.0 0.0 4,370.0

1 217-DS

Equipamiento para el Hospital General de 150

Camas en Tampico, Tamaulipas con Recursos del

Fondo de Previsión Presupuestal

Financiera y de

Cumplimiento796,561.3 389,067.2 48.8 3 9 2 2 0 7 0 0 2 5 0 4,370.0 0.0 4,370.0

2 218-DS

Intervenciones Cubiertas con el Fondo de

Protección contra Gastos Catastróficos en el Estado

de Guanajuato

Financiera y de

Cumplimiento351,974.1 351,974.1 100.0 3 4 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0

2 216-DS Auditoría de TICFinanciera y de

Cumplimiento140,667.3 72,854.0 51.7 4 15 8 8 0 7 0 0 7 0 0 0.0 0.0 0.0

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva


Entrega

Número

de

Auditoría

Título

SECTOR SALUD

Secretaría de Salud

Muestra

AuditadaTotal



Auditorías


(%)Observaciones


Universo

Seleccionado


164

Desarrollo Social


121 217,441,624.5 178,284,469.8 82.0 836 1,539 1,076 504 572 463 11 22 261 157 12 4,436,380.8 11,601.3 4,424,779.5

27 14,513,026.8 8,806,840.7 60.7 160 278 192 93 99 86 0 0 58 28 0 258,551.8 19.7 258,532.1

1 3,476,432.0 3,155,355.9 90.7 7 14 9 9 0 5 0 0 3 2 0 142,085.9 18.5 142,067.4

3 222-DS

Gestión Financiera de los Gastos de

Funcionamiento en la Prestación de los Servicios

Médicos

Financiera y de

Cumplimiento3,476,432.0 3,155,355.9 90.7 7 14 9 9 0 5 0 0 3 2 0 142,085.9 18.5 142,067.4

1 943,467.5 695,891.8 73.7 22 39 20 20 0 19 0 0 12 7 0 26,327.8 0.0 26,327.8

2 223-DS Gestión Financiera para la Prestación de Servicios

de Salud

Financiera y

de

Cumplimiento

943,467.5 695,891.8 73.7 22 39 20 20 0 19 0 0 12 7 0 26,327.8 0.0 26,327.8

2 0.0 0.0 0.0 19 27 27 19 8 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 225-DS Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud Desempeño 0.0 0.0 0.0 7 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 224-DSEvaluación del Control Interno al Proceso de

Adquisición de Medicamentos

Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 12 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 0.0 0.0 0.0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


1 0.0 0.0 0.0 5 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


1 0.0 0.0 0.0 5 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


1 0.0 0.0 0.0 7 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


1 0.0 0.0 0.0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 233-DSProtección y Restitución de los Derechos de las

Niñas, Niños y AdolescentesDesempeño 0.0 0.0 0.0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0


SECTOR SALUD


Entrega

Número

de

Auditoría

Título Auditorías


(%)Observaciones


Universo

Seleccionado

Muestra

AuditadaTotal


Instituto Nacional de Geriatría

Instituto Nacional de Pediatría

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Cancerología

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán


165

Desarrollo Social


121 217,441,624.5 178,284,469.8 82.0 836 1,539 1,076 504 572 463 11 22 261 157 12 4,436,380.8 11,601.3 4,424,779.5

17 96,344,206.9 90,694,681.9 94.1 176 392 315 133 182 77 0 0 47 30 0 316,531.9 282.6 316,249.3

10 86,058,084.1 82,617,984.0 96.0 104 215 157 57 100 58 0 0 32 26 0 313,540.3 282.6 313,257.7

1 266-DS Seguro de Vida para Jefas de Familia Desempeño 0.0 0.0 0.0 11 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 262-DS Programa 3x1 para Migrantes Desempeño 0.0 0.0 0.0 11 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 263-DS Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Desempeño 0.0 0.0 0.0 3 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 255-DS Comedores Comunitarios Desempeño 0.0 0.0 0.0 12 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 258-DS Cruzada Nacional contra el Hambre Desempeño 0.0 0.0 0.0 11 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 259-DS Erogaciones por ServiciosFinanciera y de

Cumplimiento2,578,911.5 925,265.2 35.9 8 18 7 7 0 11 0 0 5 6 0 30,674.1 5.7 30,668.4

2 261-DS Pensión para Adultos MayoresFinanciera y de

Cumplimiento38,846,259.1 37,435,943.0 96.3 19 37 19 19 0 18 0 0 11 7 0 24,605.9 0.0 24,605.9

3 1877-DS

Calidad de Datos de los Programas de Pensión

para Adultos Mayores, Empleo Temporal y Empleo

Temporal Inmediato

Financiera y de

Cumplimiento39,136,883.4 39,136,883.4 100.0 1 7 5 5 0 2 0 0 0 2 0 65,890.2 88.7 65,801.5

3 264-DS Programa de Empleo TemporalFinanciera y de

Cumplimiento1,773,830.1 1,700,940.4 95.8 16 34 18 18 0 16 0 0 9 7 0 122,980.4 187.6 122,792.8

3 65-DS Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a

Madres Trabajadoras

Financiera y de

Cumplimiento3,722,200.0 3,418,952.0 91.8 12 19 8 8 0 11 0 0 7 4 0 69,389.7 0.6 69,389.1

1 0.0 0.0 0.0 22 60 54 54 0 6 0 0 6 0 0 0.0 0.0 0.0

3 270-DS

Evaluación de los Controles Establecidos en el

Otorgamiento de Apoyos de PROSPERA Programa de

Inclusión Social

Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 22 60 54 54 0 6 0 0 6 0 0 0.0 0.0 0.0

1 8,110,222.6 5,980,803.2 73.7 9 20 13 13 0 7 0 0 4 3 0 734.7 0.0 734.7

3 275-DS Gestión Financiera y Operativa de DICONSAFinanciera y de

Cumplimiento8,110,222.6 5,980,803.2 73.7 9 20 13 13 0 7 0 0 4 3 0 734.7 0.0 734.7

1 0.0 0.0 0.0 12 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 273-DS Articulación de Políticas Públicas Integrales de

JuventudDesempeño 0.0 0.0 0.0 12 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 12 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 268-DS Programa de Coinversión Social Desempeño 0.0 0.0 0.0 10 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 267-DS Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en

las Entidades FederativasDesempeño 0.0 0.0 0.0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 2,175,900.2 2,095,894.7 96.3 8 15 9 9 0 6 0 0 5 1 0 2,256.9 0.0 2,256.9

1 272-DS Programa de Fomento a la Economía SocialFinanciera y de

Cumplimiento2,175,900.2 2,095,894.7 96.3 8 15 9 9 0 6 0 0 5 1 0 2,256.9 0.0 2,256.9

1 0.0 0.0 0.0 9 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 274-DS Servicios a Grupos con Necesidades Especiales Desempeño 0.0 0.0 0.0 9 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

Instituto Nacional de la Economía Social

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

SECTOR DESARROLLO SOCIAL

Secretaría de Desarrollo Social

Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social

Diconsa, S.A. de C.V.

Instituto Mexicano de la Juventud

Instituto Nacional de Desarrollo Social


Universo

Seleccionado

Muestra

AuditadaTotal



Entrega

Número

de

Auditoría

Título Auditorías


(%)Observaciones



166

Desarrollo Social


121 217,441,624.5 178,284,469.8 82.0 836 1,539 1,076 504 572 463 11 22 261 157 12 4,436,380.8 11,601.3 4,424,779.5

25 71,387,508.5 50,768,840.0 71.1 156 287 178 156 22 109 0 20 59 30 0 181,662.6 9,386.5 172,276.1

4 4,581,619.0 4,581,619.0 100.0 30 42 29 9 20 13 0 1 9 3 0 19,496.8 7,540.1 11,956.7

1 277-DS Planeación y Articulación de la Acción Pública

hacia los Pueblos IndígenasDesempeño 0.0 0.0 0.0 7 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 278-DS Programa de Apoyo a la Educación Indígena Desempeño 0.0 0.0 0.0 7 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 276-DS Otorgamiento de Apoyos para la Infraestructura

Indígena

Financiera y de

Cumplimiento4,472,697.1 4,472,697.1 100.0 8 14 7 7 0 7 0 0 7 0 0 7,540.1 7,540.1 0.0

1 279-DS

Proyectos de Inversión en las Delegaciones

Estatales de los Estados de Hidalgo, Sonora y

Campeche

Inversiones

Físicas108,921.9 108,921.9 100.0 8 8 2 2 0 6 0 1 2 3 0 11,956.7 0.0 11,956.7

12 38,720,183.4 25,660,939.3 66.3 82 156 94 92 2 62 0 14 33 15 0 115,788.3 1,821.2 113,967.1

1 252-DS Sistema de Profesionalización y Desarrollo de

PersonalDesempeño 0.0 0.0 0.0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

2 247-DS Gestión Financiera del Programa de Salud IMSS-

PROSPERA

Financiera y de

Cumplimiento23,223,409.2 18,826,372.7 81.0 8 12 5 5 0 7 0 0 7 0 0 662.8 662.8 0.0

2 249-DS Prestaciones del IMSS a través de Fondos y

Fideicomisos

Financiera y de

Cumplimiento1,575,919.8 1,309,600.3 83.1 17 34 26 26 0 8 0 0 5 3 0 868.7 0.0 868.7

2 250-DS Programa "A Todo Corazón"-"Código Infarto"Financiera y de

Cumplimiento1,702,601.4 825,970.3 48.5 8 21 16 16 0 5 0 0 3 2 0 781.0 0.0 781.0

2 251-DS Servicios Administrados de NubeFinanciera y de

Cumplimiento3,000,000.0 636,096.8 21.2 2 8 5 5 0 3 0 0 2 1 0 545.0 113.3 431.7

3 240-DS Aplicación de Subsidios para Estimular y Promover

la Incorporación a la Seguridad Social

Financiera y

de

Cumplimiento

2,674,169.0 1,349,305.5 50.4 4 7 3 3 0 4 0 0 4 0 0 0.0 0.0 0.0

3 245-DS Equipamiento y Sustitución de Equipo e

Instrumental Médico

Financiera y de

Cumplimiento2,260,284.6 599,740.3 26.5 6 23 18 18 0 5 0 0 0 5 0 2,712.5 1,045.1 1,667.4

3 246-DS Evaluación del Control Interno a la Operación de


Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 6 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 248-DS Inventario de Equipo Médico y de LaboratorioFinanciera y de

Cumplimiento3,752,187.2 1,710,717.5 45.5 10 20 11 11 0 9 0 0 5 4 0 36,783.0 0.0 36,783.0

1 242-DS

Construcción de un Nuevo Hospital General

Regional de 260 Camas en el Municipio de El

Marqués, en el Estado de Querétaro

Inversiones

Físicas173,627.5 173,627.5 100.0 6 6 0 0 0 6 0 5 1 0 0 10,230.7 0.0 10,230.7

1 243-DS Construcción del Hospital General de Zona de 144

Camas en Nogales, en el Estado de Sonora

Inversiones

Físicas232,583.1 104,106.8 44.7 10 12 1 1 0 11 0 6 5 0 0 20,543.7 0.0 20,543.7

1 244-DS Construcción del Hospital General Regional de 250

Camas en León, en el Estado de Guanajuato

Inversiones

Físicas125,401.6 125,401.6 100.0 3 4 0 0 0 4 0 3 1 0 0 42,660.9 0.0 42,660.9


Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Instituto Mexicano del Seguro Social


Recuperaciones (Miles de pesos)Universo

Seleccionado

Muestra

AuditadaTotal



Entrega

Número

de

Auditoría

Título Auditorías


(%)Observaciones

Acciones Promovidas


167

Desarrollo Social

R. Recomendación. RD. Recomendación al Desempeño. SA. Solicitud de Aclaración. PEFCF. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

Fuente: ASF; Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

PRAS. Promoción de Responsabilidad de Administrativa Sancionatoria. PO. Pliego de Observaciones. M. Multa


121 217,441,624.5 178,284,469.8 82.0 836 1,539 1,076 504 572 463 11 22 261 157 12 4,436,380.8 11,601.3 4,424,779.5

25 71,387,508.5 50,768,840.0 71.1 156 287 178 156 22 109 0 20 59 30 0 181,662.6 9,386.5 172,276.1

7 12,949,635.0 12,198,510.4 94.2 32 68 41 41 0 27 0 5 12 10 0 43,239.7 0.0 43,239.7

1 239-DS Servicio de Infraestructura de Centro de DatosFinanciera y de

Cumplimiento530,529.8 530,529.8 100.0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

2 1799-DS Adquisición de Material de Titanio para la

Atención de los Derechohabientes

Financiera y de

Cumplimiento113,453.0 78,569.4 69.2 7 15 9 9 0 6 0 0 3 3 0 29,031.2 0.0 29,031.2

3 234-DS Adquisición, Suministro y Servicios de

Osteosíntesis y Oxígeno Medicinal

Financiera y de

Cumplimiento791,740.8 791,740.8 100.0 4 11 8 8 0 3 0 0 2 1 0 2,023.7 0.0 2,023.7

3 1797-DS Arrendamiento de AmbulanciasFinanciera y de

Cumplimiento965,440.2 249,199.2 25.8 8 17 6 6 0 11 0 0 5 6 0 1,630.4 0.0 1,630.4

3 236-DS

Construcción y Operación de Unidades Médicas del

ISSSTE en la Modalidad de Asociación Pública

Privada

Financiera y de

Cumplimiento10,478,905.2 10,478,905.2 100.0 3 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 237-DS Evaluación del Control Interno a la Operación de


Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 4 12 11 11 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

3 235-DS

Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez,

en el Estado de Chiapas, y del Hospital Regional en

Mérida, en el Estado de Yucatán

Inversiones

Físicas69,566.0 69,566.0 100.0 5 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 10,554.4 0.0 10,554.4

1 14,000,032.0 7,215,558.9 51.5 3 6 5 5 0 1 0 0 1 0 0 25.2 25.2 0.0

2 253-DS Ingresos por Bursatil izaciónFinanciera y de

Cumplimiento14,000,032.0 7,215,558.9 51.5 3 6 5 5 0 1 0 0 1 0 0 25.2 25.2 0.0

1 1,136,039.1 1,112,212.4 97.9 9 15 9 9 0 6 0 0 4 2 0 3,112.6 0.0 3,112.6

3 254-DS Saneamiento de PasivosFinanciera y de

Cumplimiento1,136,039.1 1,112,212.4 97.9 9 15 9 9 0 6 0 0 4 2 0 3,112.6 0.0 3,112.6




Entrega

Número

de

Auditoría

Título Auditorías


(%)Observaciones


Universo

Seleccionado

Muestra

AuditadaTotal


Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado

SuperISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

comisión de vigilancia de la auditoría superior de la federación unidad … · 2018-04-04 ·...

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