Sección: Política Exterior

de Colombia

El Grupo de los Tres: Una lectura política'

Diego Cardona C*

Este artículo busca analizar los intereses, diferencias y posibilidades reales en los procesos de integración y concertación en los cuales participa Colombia, con referencia específica al G-3. El tema puede trabajarse desde la perspectiva política, económica o cultural. El énfasis que hace este escrito en lo político no excluye otras consideraciones, sólo introduce elementos de juicio más amplios que los comerciales con los cuales se suele tratar el problema. Para comenzar, establezcamos algunas diferencias sin cuya comprensión podríamos incurrir en errores en el momento de juzgar las modalidades y la viabilidad de la diplomacia multilateral y la compaginación de políticas entre diversos países.

Integración y concertación

No se trata aquí de dos conceptos equivalentes en sentido estricto.

En los dos casos existen asociaciones de países con objetivos comunes, pero las diferencias entre un proceso y otro son importantes. La integración opera con dos alternativas: los Acuerdos de Libre Comercio y los Mercados Comunes. En los Acuerdos de Libre Comercio, como su nombre lo indica, los estados optan por facilitar al máximo el intercambio de bienes y capitales entre ellos y eventualmente de personas y servicios, conservando cada uno la autonomía para fijar sus propias reglas arancelarias y el régimen de importación de bienes procedentes de terceros países. Es decir, no incluyen un arancel externo común, ni autoridades centrales de diverso orden. No implican por ende, limitaciones formales a la soberanía. Estos acuerdos no tienen la vecindad geográfica como condición necesaria, aun cuando ésta facilita obviamente el proceso. Los países implicados permanecen soberanos, en la medida limitada en que tal categoría tenga aún aplicación en un mundo cada vez más interdependiente. Cada asociado conserva plena autonomía en política exterior, políticas monetarias y fiscales, defensa y régimen interno. Existen acuerdos de este tipo con algún grado de funcionamiento exitoso: el europeo (AELE) — que no debe confundirse con la Comunidad Económica Europea— está compuesto por Suiza, Austria, Finlandia, Islandia,

* El artículo es el resultado parcial de un seguimiento de los procesos de integración y concertación en los cuales se encuentra inscrito Colombia. Remito al lector a un libro de próxima aparición, en coedición Fescol-Cladei-Cámara de Comercio de Bogotá, que incluye además una serie de artículos de diversos autores sobre el Grupo de los Tres, Grupo Andino y la Iniciativa para las Américas. El seguimiento arriba indicado ha sido posible gracias al apoyo otorgado por la fundación Friedrich Ebert - Fescol-. Agradezco a la Fundación y en especial a su director, el Dr. Peter Schuett. También a las dos personas que en diferentes momentos han trabajado como asistentes de investigación, María del Rosario García y Paola Betelli, por sus valiosos aportes en la recolección de información de prensa y la elaboración de los cuadros estadísticos. ** Coordinador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Los Andes.

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Suecia y Noruega; el ya operativo entre Estados Unidos y Canadá, el de Estados Unidos con Israel, con algunas restricciones; y en América, el existente entre México y Chile1

y los futuros acuerdos entre México y Estados Unidos-Canadá2 a más de los que con seguridad se firmarán en el curso de los próximos meses.

Un mercado común, por su parte, implica la forma más desarrollada del proceso de integración. En la búsqueda de la unidad frente a terceros, poco a poco se pactan autoridades centrales con facultades crecientes, modelos económicos semejantes, libertad gradual de transferencia no sólo de bienes sino también de servicios, personas y capitales, normas arancelarias comunes frente a terceros, y en general todas las medidas que gradualmente van configurando una unidad internacional que semeja cada vez más un sólo país. El ejemplo más palpable de este proceso lo constituye hoy día el Mercado Común Europeo. En este sentido, el Grupo Andino3

es en su enunciado un proyecto de mercado común, pese a las dificultades operativas y la ausencia de algunas condiciones que han obstaculizado su marcha.

A diferencia de los ambiciosos propósitos de los dos tipos de integración (el uno solamente comercial y el otro estructural), encontramos por doquier una serie de Acuerdos de Concertación en la esfera económica y ante todo en la política, que son acuerdos más o menos estables y duraderos en varios puntos de la agenda, que implican unidad de voluntades para actuar mancomunadamente en el escenario internacional. Ejemplos interesantes, son los acuerdos para votar en determinado sentido en organismos internacionales, o para negociar conjuntamente en ciertas materias, o para promover la democracia o fortalecerla en niveles regionales, o para evitar rupturas diplomáticas por asuntos importantes en discusión, o en pro de la obtención de acuerdos pacíficos de solución de conflictos; en general, para aumentar mediante la asociación con otros el propio poder negociador en el escenario internacional. El Grupo de Contadora fue un intento logrado de concertación frente a la posible generalización de la guerra en Centroamérica4. En la misma dirección, el Grupo de Rió (antes llamado de los Ocho) constituye hoy día un conjunto permanente de consulta y concertación políticas5. Cada vez que

a esta última agrupación la han querido utilizar más allá de su propósito básico, hemos encontrado profundas diferencias entre sus miembros, con la consiguiente pérdida de capacidad negociadora y de legitimidad no sólo internacional sino dentro de cada uno de los estados que lo componen. El grupo de Rió no es en este sentido un acuerdo de integración sino un grupo de concertación política en América Latina.

Dicho lo anterior, la actuación colombiana dentro de los diversos grupos de concertación e integración en el continente, tiene varios frentes: el país se encuentra dentro del Acuerdo de Cartagena o Grupo Andino, con Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, en un proceso que se inscribe en la óptica de los grupos de integración por la vía de un proyecto de mercado común. En otro sentido, formamos con Venezuela y México un grupo en la perspectiva del libre comercio, si bien en sus comienzos tuvo otro propósito, como veremos más adelante. Autónomamente nos encontramos por razones de vecindad, de frontera activa y de necesidad no sólo histórica sino estratégica, en curso de integración bilateral inevitable —pese a los obstáculos coyunturales— con Venezuela,

1 Firmado el 22 de septiembre de 1991, es el primer Tratado de Libre Comercio entre dos países latinoamericanos. Se espera que como consecuencia del mismo, el comercio mutuo se incremente de 150 millones (cifra actual) a 500 millones de dólares, en 4 años. Véase "Chile y México firmaron Tratado de Libre Comercio", La Prensa, 23 de septiembre de 1991, p. 21. 2 Véase en especial: Gustavo Vega (coord.), México ante el libre comercio de América del Norte, México DF, El Colegio de México y Universidad Tecnológica de México, 1991, Víctor Bernal et«/., La integración comercial de México a Estados Unidos y Canadá, México DF, Siglo XXI editores, 2a. ed., 1991, United States International Trade Commission, The likely impact on the United States of a Free Trade Agreement with México, Washington DC, 1991. 3 Véase el texto del Acuerdo de Cartagena, Angelina Jaffe y Angelina Risquez, Régimen político e integración en América Latina, Caracas, Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad Simón Bolívar, 1988. 4 Véase Fernando Cepeda y Rodrigo Pardo (editores), Contadora, desafío a la a plomad tradicional, Bogotá, Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes y Oveja Negra, 1985, Rodrigo Pardo y Juan Tokatliar Política exterior colombiana: ¿de la subordinación a la autonomía?, Bogotá, Tercer Mundo Editores y Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, 1988. 5 Véase en especial "Declaración de Rió de Janeiro", 18 de diciembre de 1986, "Declaración le orna sobre las relaciones entre el grupo de Rió y la Comunidad Europea", Roma, 20 de diciembre de 1990, Grupo de rió: V Cumbre presidencial del mecanismo permanente de consulta y concertación política: Cartagena de Indias, 1 al 3 de diciembre de 1991, Bogotá, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1991.

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el país más semejante a Colombia entre los geográficamente cercanos. Y formamos parte con la mayoría de los países importantes de América Latina del mecanismo de concertación política dentro del Grupo de Rió.

Nos ocuparemos aquí, ante todo, del Grupo de los Tres, por ser una configuración menos conocida que la del Grupo Andino, de más corta historia y porque no existen aún estudios serios que exploren sus posibilidades reales y potenciales.

El Grupo de los Tres

Quizá valga la pena remontarse a 1988 y examinar el estado de las relaciones entre los tres países comprometidos. Colombia y Venezuela habían llegado en agosto de 1987 al más alto nivel de crisis en su historia reciente, a raíz del problema suscitado por el patrullaje de la corbeta Caldas en aguas en disputa entre los dos países y la movilización militar de importancia en Venezuela. El asunto estuvo a punto de llegar a un conflicto abierto entre los dos países hermanos, de no ser por la cordura que finalmente imperó en Bogotá y Caracas, y gracias a los buenos oficios de la diplomacia latinoamericana. Tal situación coincidió, como es sabido, con la adquisición de aviones de combate, equipo naval y demás armamento por parte de los dos países. Los diversos problemas fronterizos en todos los órdenes continuaban y

la situación de tensión sólo comenzó a disminuir gradualmente6.

En otra dirección, Colombia y México, teniendo menos elementos comunes que Colom-bia y Venezuela (espacios compartidos, frontera activa, historia común, migraciones), poseían también menores di-ferencias de intereses. No tenían para finales de 1988 un alto nivel de relaciones: comenzaba en México la obstaculización a la libre entrada de ciudadanos colombianos con argumentos que, paradójicamente, han sido utilizados por los Estados Unidos frente al ingreso de mexicanos a su territorio, en relación con problemas derivados del narcotráfico. México impuso restricciones al flujo de personas y aun, por primera vez en su historia, la obligación de visado para los visitantes colombianos a ese país. Incluso se impidió temporalmente el flujo de aviones charter a territorio mexicano. Al mismo tiempo, se renovaban las acusaciones sobre malos tratos a prisioneros comunes colombianos en las cárceles mexicanas. Si a esto añadimos que el intercambio cultural y de bienes se encontraba en un punto muy bajo, comprenderemos que el estado general de las relaciones no fuera ciertamente el mejor7.

En cuanto a México y Venezuela, las relaciones tampoco se encontraban en su mejor momento: el flujo comercial era bajo, la política petrolera

tenía confrontaciones, los acuerdos sobre Centroamérica no funcionaban adecuadamente y había diferencias de fondo en la apreciación de los problemas de Nicaragua y El Salvador. En diciembre de 1988 asumió el poder en México el actual presidente Salinas de Gortari, mientras que su homólogo venezolano, Carlos Andrés Pérez, lo hizo en febrero de 1989. Los cambios gubernamentales frente a las situaciones de enfriamiento de las relaciones y la visión renovada de los propios intereses en la región llevaron al inicio de un nuevo proceso de concertación o acuerdo político distensionador, protocolizado en marzo de 1989, mediante un "Grupo de los Tres"8.

Identidades e intereses conjuntos

Los motivos que puedan haber animado a los gobernantes de los tres países para la conformación del Grupo son de diverso orden. En primer lugar, se trata de los estados de mayor magnitud en los extremos norte y sur de Centroamérica, no sólo en el sentido geográfico, sino también en el demográfico, industrial y financiero. Un acuerdo de voluntades en pro de la armonización económica, cultural y política entre tales países podría ser un factor importante de prosperidad regional. En segundo lugar, los tres constituyen el eje energético por excelencia de América Latina. Además, con

6 El texto más explícito al respecto es: Liliana Obregón y Cario Nasi, Colombia-Venezuela: Conflicto o integración, Bogotá, Fescol y Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, 1990. 7 Véase Diego Cardona, "La política exterior de la administración Barco", Bogotá, Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, en Documentos Ocasionales No. 16, julio-agosto de 1990. 8 La primera actuación relevante en tal calidad se expresó un año más tarde, el 29 de marzo de 1990, mediante comunicado firmado por los cancilleres de los tres países, al margen de la VI Reunión ordinaria del Grupo de Rió. Este comunicado marca realmente la sustitución de Contadora por el Grupo de los Tres.

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una visión renovada de los asuntos centroamericanos, podrían contribuir eficazmente a los procesos de estabilización en cada uno de los países implicados. Veamos estos aspectos en detalle:

No olvidemos que, con una población de 141 millones de habitantes, una superficie acumulada de cuatro millones de kilómetros cuadrados y un Producto Nacional Bruto de 280 mil millones de dólares, la magnitud del Grupo de los Tres excede decenas de veces a la de los países de Centroamérica en su conjunto. En cuanto a desarrollo industrial y financiero, cada uno de los miembros del Grupo supera igualmente al conjunto de los países mencionados. No puede dudarse, pues, que una asociación como la analizada, debe pesar tarde o temprano en los diversos procesos regionales y en el Caribe insular, el cual podría convertirse de alguna manera en área de influencia del Grupo, a condición de darse las debidas condiciones económicas, sociales y políticas de la estabilidad regional (Véase el Cuadro No. 1, sobre Datos Básicos). Una comparación de magnitud con el Grupo Andino es también significativa.

El Grupo como tal tendría un importante poder de negociación, dado su inmenso potencial hidroeléctrico (Venezuela y Colombia), la existencia de enormes yacimientos de petróleo y gas natural, contando entre sus miembros a dos de los más grandes exportadores del mundo (México y Venezuela),

y el hecho de poseer igualmente las mayores existencias probadas de carbón en América Latina (Colombia y Venezuela). Este inmenso eje energético potencial, sumado a las actuales facilidades portuarias de carácter mediano y a la posibilidad de establecer conexiones futuras a través de Centroamérica, hace que una asociación estrecha sea del más alto interés de los países comprometidos y de los intermedios.

Es menester anotar que el interés demostrado por cada uno de los países miembro del Grupo respecto de los eventos centroamericanos, no es en manera alguna novedoso. Ya desde 1981, la Declaración franco-mexicana sobre El Salvador había indicado que los problemas de la guerra y la paz interesaban profundamente al Partido gobernante de México. El gobierno de este país tuvo, en efecto, un positivo interés en los acontecimientos

de Nicaragua; los sucesos desafortunados del conflicto interno en Guatemala habían acabado por afectar sus fronteras, en especial a partir de 19829. Por su parte Venezuela también se había mostrado activa frente al Caribe y en Centroamérica, en relación con Nicaragua y El Salvador. Con México, la otra potencia petrolera de la región, había firmado en su oportunidad el Acuerdo de San José, mediante el cual se comprometían los dos países a suministrar el precioso líquido, en ventajosas condiciones, a los pequeños países de la región; si el acuerdo tuvo poca posibilidad operativa después de algún tiempo, se debió en buena parte a la ausencia de capacidad de pago de algunos de los países centroamericanos. Adicionalmente, el rol de México y Venezuela, sobre todo de aquél en la formación de cuadros sindicales, políticos y culturales regionales fue también de gran

9 Véanse al respecto tres obras representativas: Mario Ojeda (compilador), Las relaciones de México con los países de América Central, México DF, El Colegio de México, 1985, Riordan Roett (compilador), Relaciones exteriores de México en la década de los noventa, México DF, Siglo XXI editores, 1991, Sergio Aguayo, Bruce Bagley, (compiladores), En busca de la seguridad perdida: aproximaciones a la seguridad nacional mexicana, México DF, Siglo XXI editores, 1990.

País Superficie (km2)

Población (millones)

PNB (millones, US)

GRUPO 3 4.016.394 141.311 279.520 México Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia

1.958.201 1.141.748 916.445 275.830

1.285.215 1.098.581

88.598 32.978 19.735 10.782 22.332 7.314

176.700 39.070 63.750 10.320 25.670 4.310

GRUPO ANDINO 4.717.819 93.141 143.120

CUADRO No .l SUPERFICIE, POBLACIÓN Y PNB: GRUPO DE LOS

TRES Y GRUPO ANDINO, 1989-1990

Fuentes: Cepal, Anuario Estadístico de América Latina: ONU, DemographicYearbook. Banco Mundial, Reporte.

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importancia desde finales de la década de los años setenta.

En cuanto a Colombia, de espaldas al problema durante el período de gobierno de Turbay Ayala, había vuelto sus ojos esperanzados hacia la posible solución pacífica de los conflictos, contribuyendo con su creatividad y esfuerzo en el experimento de Contadora, asociación singular que en pleno apogeo de la nueva guerra fría logró evitar un conflicto generalizado en la región. Esta iniciativa, que no hubiera sido posible de haber sido emprendida sólo por Colombia (por falta de instrumentos económicos), o sólo por Venezuela (por falta de credibilidad en la oposición de El Salvador) o sólo por México (por las presiones a las cuales fue sometido por su vecino allende el Río Bravo), selló de alguna manera un principio de acuerdo específico de los tres países en la región centroamericana. La paz convenía a todos; la guerra ampliada hubiera sido desastrosa para toda la región y sus efectos hubieran podido ser semejantes al infierno del sudeste asiático.

Las tensiones entre los países del futuro Grupo, tangibles a finales de 1988, se mostraron por fortuna pasajera y para mediados de 1989 ya los tres comenzaban a dar sus primeros aunque lentos frutos: una nueva situación y enfoque en las relaciones colombo-venezolanas10, los primeros acuerdos sobre vuelos y tratamiento de presos en México y en general

las conversaciones entre los tres gobiernos para concertar políticas en el seno del Grupo de los Ocho, orientando en buena medida sus resoluciones, fueron aspectos importantes en el momento. Sólo la falta de acuerdos en este último Grupo, en materias de fondo (narcotráfico, deuda), profundizó las diferencias y marcó el comienzo de su debilitamiento incrementado por la crisis panameña que no pudo ser relacionada ni por dicho mecanismo ni por la OEA. Por lo menos hasta comienzos de 1991, el Grupo de los Tres dinamizó en muchos aspectos la política del Grupo de Rió (antes de los Ocho) ejerciendo al mismo tiempo sus buenos oficios frente a Centroamérica.

Una nueva visión de Centroamérica

Empero, no podemos caer en el equívoco de considerar que la visión que el Grupo de los Tres tiene sobre Centroamérica es hoy la misma de hace diez años. En la actualidad, el interés en la región es básicamente económico —tanto en la óptica del sector público como del privado— con referencia a la posibilidad del establecimiento de industrias, inversiones, creación de una zona de influencia relativa, implementación de una base de consumo de productos regionales, y ante todo, como "puente" de procesos de transporte de mercancías, personas y principalmente energéticos (energía eléctrica como

elemento central). Para que los objetivos económicos puedan garantizarse se requieren dos condiciones: incentivos a la inversión procedente de la región, mediante medidas tributarias y garantías apropiadas seguidas de facilidades en infraestructura y eventualmente zonas francas que permitan paquetes financieros e industriales competitivos en monto y eficiencia en términos internacionales. Y en segundo lugar, aunque no es menos importante, estabilidad política y social en la región. A este efecto, y vista desde los miembros del Grupo de los Tres, la armonía de los países intermedios (vale decir de Centroamérica) se convierte en un imperativo del mantenimiento y permanencia de las redes comerciales y de interconexión energética. Es decir, se busca la estabilidad política y social, pero como condición de la mutua prosperidad económica11. Así la visión actual es diferente: lo político interesa pero sólo en relación con la estabilidad a mediano y a largo plazo. Ya estamos lejos de las concepciones más clásicas de los años ochenta cuando se trataba de evitar la generalización del conflicto. En los años noventa, la tarea parece ser garantizar la paz y establecer redes que permitan incrementar adecuadamente los intercambios. La posible puesta en operación, finalmente, de un Mercado Común Centroamericano, o de una red de acuerdos de libre comercio, no es ajena a este escenario de mutuo

10 Véase Obregón y Nasi, op. cit. 11 Véase "Cooperación de Colombia, México y Venezuela con Centroamérica", documento presentado en la Séptima

Conferencia Ministerial entre los países de Centroamérica y Panamá; la Comunidad Económica Europea y sus estados miembros, y Colombia, México, y Venezuela como países cooperantes. Managua, Nicaragua, C.A., marzo de 1991. Álvaro de la Ossa, "La zona de libre comercio en los 'Acuerdos de Tuxtla Gutiérrez'", en Centroamérica Internacional, No. 6, Flacso, marzo-abril, 1991, "Preferencias del G-3 se extenderían al Caribe", en La Prensa, 4 de abril de 1991.

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beneficio económico y estratégico.

El Grupo de los Tres, pues, por lo menos en el plano potencial, constituye un polo de desarrollo no sólo para cada uno de los países miembros, sino que contempla indirectamente el proyecto (aún no explícito pero necesario) de un desarrollo por lo menos aceptable de los países intermedios. En otro sentido, se ha indicado como una de sus ventajas el hecho de que podría contribuir a una gravitación más equilibrada de la capacidad negociadora latinoamericana. Justamente por las razones anotadas, lo que en sus comienzos constituyó un proyecto para evitar mayores tensiones, fue evolucionando poco a poco hacia un mecanismo de concertación regional que buscaba garantizar mayor estabilidad política en Centroamérica. También se convirtió en un mecanismo de incremento de la capacidad negociadora en América Latina, mediante el expediente de algunas iniciativas conjuntas en la OEA y el Grupo de Rió. Y en los últimos meses, la naturaleza del Grupo ha ido evolucionando hacia un germen posible aunque no todo lo cercano que sería deseable de un Acuerdo de Libre Comercio12. De ser un mecanismo de concertación se ha transformado pues en uno de posible integración, sin haber subsumido completamente su propósito inicial. Empero, vistos los intereses

conjuntos y las potencialidades, se hace necesario constatar la existencia de diferencias de intereses particulares

de cada uno de los miembros del Grupo.

Los intereses individuales

a) México: Los determinantes geográficos y los indicadores generales del país cumplen aquí un papel preponderante. En efecto, si entendemos que posee una extensión geográfica casi igual a Colombia y Venezuela juntos, y que su población asciende a 88 millones de habitantes frente a los 51 millones de los otros dos países asociados, comenzamos a comprender que las magnitudes son diferenciales y no necesariamente semejantes. Por otra parte, como lo muestra el Cuadro No. 1, el Producto Nacional Bruto mexicano asciende a 176 mil millones de dólares,

contra 102 millones de Colom-bia y Venezuela en conjunto, es superior en todo caso al total del Grupo Andino.

La magnitud de los capitales asociados al desarrollo del país es también cualitativamente superior y algo semejante sucede con el monto de sus exportaciones (Véase Cuadro No. 2) y lo más importante, de la composición porcentual de las mismas el 65% son manufacturadas13.

Existen, pues, diferencias cualitativas que hacen que México sea muy superior en muchos aspectos a cada uno de los otros socios del Grupo de los Tres. La situación geográfica hace también de México un caso especial en América Latina. Cerca del 70% de sus exportaciones e importaciones totales se relacionan con los mercados de Estados Unidos y en menor proporción con Canadá. Su mercado con América Latina en

12 En relación con este tema y asuntos afines, véanse "Cielos abiertos en G-3", en La Prensa, 24 de mayo de 1991, "Misión empresarial a México" ,'en El Tiempo, 6 de junio de 1991, Néstor Moreno, "La Energía del G-3", en El Espectador, 27 de octubre de 1991, "Zona de libre comercio entre Colombia, México y Venezuela", en El Tiempo, 3 de abril de 1991.

13 Véase Comercio Exterior, Banco de Comercio Exterior, México, enero de 1992.

CUADRO No. 2 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 1989 Y 1990

(millones US)

Fuente: BID, Progreso económico y social de

Exportaciones Importaciones País

1989 1990 1989 1990

TOTAL GRUPO 3 41.786 51.070 35.092 41.444

México Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia

22.765 6.029 12.992 2.534 3.542

724

26.773 7.019

17.278 2.714 3.276 808

23.410 4.548 7.134 1.693 2.140 730

29.799 5.102 6.543 1.711 2.885 776

TOTAL GRUPO ANDINO 25.641 31.095 16.245 17.017

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conjunto no alcanza al 9%, sien-do notable que con la totalidad del Grupo Andino tenga la irri-soria proporción de 1.5% de sus exportaciones y menos del 1% de las importaciones (Véase Cuadro No. 3). La magnitud de la frontera Norte (más de 3.000 kilómetros) va acompañada del establecimiento de industrias de procesamiento para consumo en Estados Unidos (la "maquila"), ausente por lo demás en Colombia y Venezuela.

En cuanto a los intereses en

América Latina y el Caribe, parten del supuesto de que una asociación política de importancia con la región, mejora la capacidad de negociación del país con Estados Unidos14. Ha sido ésta una posición mexicana tradicional que no cambia sino que se acrecienta aún más, por el hecho de encontrarse negociando en etapas muy avanzadas un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Desde el punto de vista

económico, México se dirige hacia una evidente incorporación o mejor, protocolización de una relación privilegiada ya existente con Norteamérica. Esta es su prioridad central. Parece un he-cho inevitable y más temprano o más tarde el Acuerdo se firmará porque también es importante para Estados Unidos: México constituye su tercer socio comercial mundial y un abastecedor primordial de recursos estratégicos y de manufacturas.

Los mexicanos parecen dirigirse más hacia la preservación de algún grado de autonomía cultural en el futuro proceso de integración con Norteamérica15. En este sentido, América Latina parece desempeñar un papel de importancia, al menos en las expresiones políticas oficiales. Situarse como un país incorporado al mercado del Norte, pero latino en su tradición cultural, parece ser la tendencia dominante a mediano plazo. Y en

cuanto al Grupo de los Tres, le permitiría una zona de in-fluencia importante para con-trabalancear la ya existente en la región norteña. Por otra parte, México ha sabido jugar con maestría las cartas del nuevo ordenamiento mundial: con Corea y los demás países del Pacífico frente al Japón, con Ja-pón que le ve como "cabeza de playa de Norteamérica" frente a Estados Unidos, con Estados Unidos para producir a bajo precio mercancías de exporta-ción hacia el Pacífico y quizás a Europa; con Europa frente a otros actores; con América La-tina frente al Norte16. Con una de las dos cancillerías dignas de ese nombre en América Latina, México cuenta con un servicio exterior eficiente y con una política exterior coherente con el lugar que quiere ocupar en el mundo. En esta dirección, el Grupo de los Tres es para este país un asunto secundario pero no deleznable: es el mecanismo para preservar influencia en América Latina, para mantener la estabilidad centroamericana, y en definitiva, para apoyar su proyecto de mantenimiento de la identidad cultural. En resumen, el Grupo constituye para los mexicanos una buena carta de negociación, a tal punto que en los altos círculos existe cierta decepción porque sus tareas no marchan con la celeridad que sería deseable.

b) Venezuela, país de vocación caribeña por excelencia, es también, como el nuestro,

14 Una excelente exposición en tal sentido puede encontrarse en Humberto Garza (compilador), Fundamentos y prioridades de ¡apolítica exterior de México, México DF, El Colegio de México, 1986. Véanse también Ojeda, op. cit., y Roett, op. cit.

15 El autor tuvo el placer de discutir este punto con varios analistas latinoamericanos en el curso de un Seminario de seguimiento de la Cumbre Iberoamericana de Naciones (Guadalajara 1991). El mismo fue auspiciado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE en México DF, en noviembre de 1991.

16 Posición expresada en los debates de mayo y junio de 1990 (Congreso, Cámaras de Comercio) que precedieron a la decisión presidencial de iniciar las negociaciones del Nafta.

CUADRO No. 3 MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS. Enero-

junio 1991 (millones US) Exportaciones Importaciones Región

Monto % Monto % Total Norteamérica Centroamérica Grupo Andino

13.455 9.494 271 205

100.0 75.3 2.0 1.5

17.720 11.822

57 119

100.0 69.8 0.3 0.8

Fuente: Comercio Exterior, Banco de Comercio Exterior,

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amazónico y andino. Posee un sobrante de energía hidroeléctrica, como que cuenta con una de las represas más grandes del mundo17, y posee condiciones para ser un potencial exportador de energía a bajo precio a Colombia, Centroamérica, México y quizás Estados Unidos. No hay que olvidar por otra parte, los excedentes de petróleo y gas a un precio muy competitivo en el mercado internacional. Busca, con el Grupo de los Tres, incrementar su influencia en el Caribe, pese a las dificultades derivadas de la pertenencia de la región a varios subsistemas: el de la Commonwealth, la Comunidad Francesa, Holanda y la dispersión del Caribe hispanófono. Busca también incrementar sus inversiones en Centroamérica, no tan cuantiosas como las mexicanas, pero relevantes. Su activa participación en el Grupo podría derivar en positivas ventajas para el país. Tiene empero dificultades derivadas de la situación interna y del manejo de la política económica. En efecto, aún está lejos de haberse repuesto del shock de 1989, que le representó una disminución del 8.3% en su PIB, con descensos del 14% en la industria, 27% en la construcción (con su efecto demoledor sobre el empleo y la provisión de vivienda para la población), y el 14% en el comercio18. Con tasas de inflación del 81% y 36.5% en los últimos años y una pérdida del salario real promedio del 16% al 17% para cada uno de los últimos cuatro años19, la mejoría

en su nivel de reservas internacionales como consecuencia de la guerra de Irak (ventas suplementarias de petróleo) no ha sido solución para los agudos males de la población. El grado de legitimidad interno es potencialmente el más bajo dentro del G-3.

c) Colombia, como Venezuela, busca por intermedio del Grupo un posible proceso de interconexión eléctrica y podría aprovechar la demanda mexicana de carbón y la oferta de energía barata proveniente de Venezuela. Sin una real vocación caribeña, podría derivar del G-3 un apoyo para profundizar sus relaciones diplomáticas y comerciales en la región. Además, podría obtener un apoyo diplomático y de variado orden frente al proceso de negociación con la guerrilla, asunto de enorme importancia, como lo prueba la propia mediación catalizadora del Grupo en la fase final del proceso negociador salvadoreño y el apoyo mexicano a todo lo largo del mismo. Por otra parte, la apertura de los mercados mexicanos sería de interés, dada su magnitud, pese a que por el momento las relaciones comerciales entre los dos países son de bajo nivel (Véase Cuadro No. 4).

Es menester efectuar algunas consideraciones adicionales: la primera es que no cabe esperar, como equívocamente creen algunos representantes gremiales en el país, que la implementación del Grupo de los Tres permitirá automáticamente

la penetración de productos colombianos en el mercado estadounidense. Cierto es que un acuerdo de libre comercio con México, preferiblemente a través del mecanismo del G-3 puede permitir el ingreso en óptimas condiciones (dependiendo de las leyes del mercado) de nuestros productos al medio mexicano, y para el caso, al venezolano. También abrirá canales, como es obvio, para el ingreso de sus productos y capitales en nuestro mercado, con consecuencias variables según el sector de la economía de que se trate. Pero se debe tener presente que el gobierno de Estados Unidos teme que mediante su Tratado de Libre Comercio con México se introduzcan, por esta vía lateral, los capitales y productos de Asia en el mercado norteamericano. De ahí que en las negociaciones en curso, referidas al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), se haya insistido hasta la saciedad en el requerimiento de establecer normas de origen muy estrictas20. Ello afecta obviamente a los productos latinoamericanos, salvo que existan acuerdos especiales con Estados Unidos, tal como está previsto en la Iniciativa para las Américas. Empero, ésta debe aún tardar para ser negociada con posterioridad a los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT y a la incorporación de México al Nafta. Además la iniciativa posiblemente se amplíe a actores extrarregionales, quizás asiáticos, y no cubra al final sino a

17 Se trata de la central de la represa de Guri, en el Caroní cerca a Guyana, con una capacidad instalada de nueve millones de MW. Es superada sólo por Itaipú (Brasil), de 12.7 millones de MW.

18 Véanse, Coyuntura Económica Latinoamericana, Bogotá, Fedesarrollo y Cladei, diciembre de 1990 y octubre de 1991, Progreso Económico y Soria! en América Latina. Informe 1990, e Informe 1991, Washington DC, Banco Interamericano de Desarrollo, octubre, 1990.

19 Ibíd. 20 United States International Trade Commission, op. cit.

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Fuente: Banco de la República y DAÑE

unos pocos países de nuestro continente. Así, es erróneo pensar en que México podría convertirse en puente privilegiado para llevar nuestros productos a los mercados del Norte. La única alternativa con algún fundamento sería el establecimiento dejoint ventures del Grupo de los Tres en territorio mexicano a fin de obviar los problemas derivados de la denominación de origen.

Atención especial merece el hecho de que conviene a Colombia y Venezuela negociar de preferencia unidas frente a México. El proceso sería así más equilibrado. En cuanto a la parte operativa, una negociación integral en su visión, pero asumida por sectores, aparece como la más adecuada, dada la diferencia entre las economías del Grupo (menos semejantes de lo que a primera vista podría creerse). Un paquete de negociación, una vez identificados cuidadosamente los puntos individuales, parece ser lo más conveniente. Es de sumo interés anotar que el

proceso de integración colombo-venezolano se desarrolla hasta el presente, no tanto por las medidas aún poco concretas del Grupo de los Tres, sino debido a las previsiones asumidas dentro del marco del Grupo Andino. Este importante asunto entraña conclusiones de orden concreto en el momento de diseñar políticas.

Una consideración final hace relación al aparente o real freno del proceso integrador de los tres países en los últimos meses. En efecto, luego de la inicial distensión y concertación, el ritmo de avance del Grupo parece haberse frenado un poco abruptamente, si juzgamos por el número de acuerdos suscritos y las reuniones conjuntas de alto nivel. Sin embargo, este proceso no implica un fracaso ni ausencia de voluntad política. Para aproximarnos a una explicación razonable del asunto, debemos comprender que el Acuerdo sub regional andino ha tenido una cierta reactivación, por lo menos parcial, a

partir de la reunión de Cartagena de Indias en diciembre de 1991. Bástenos insistir de momento en que, contra todas las previsiones que lo daban por extinto por sustracción de materia, la reunión en cuestión no se limitó a constatar incumplimientos de metas trazadas, como había sido el caso general en la historia del Acuerdo de Cartagena, sino que estableció pautas concretas para el desarrollo futuro de la actividad integradora. Dos elementos son de interés al respecto. Ante todo, la obligación de pactar conjuntamente asociaciones estrechas con terceros países21, con lo cual un posible acuerdo con México puede verse temporalmente entrabado; asunto ambivalente: según algunos sería conveniente aplazar cualquier acuerdo al respecto hasta observar los resultados de la Ronda Uruguay del GATT y el Acuerdo México norteamericano, que difícilmente podría firmarse antes de las elecciones presidenciales de noviembre en el último país. Según otros, esperar implica poco menos que quedar fuera del mercado cuando se presente el momento de implementar medidas concretas de comercio. Esta última posición parecería ser más razonable, pero un cierto tiempo mínimo puede también permitir a la economía colombiana prepararse mejor para afrontar la competencia externa, a la par que se incrementa el proceso de integración con Venezuela.

En esta misma dirección, por fortuna, el Acuerdo de Cartagena contempla la posibilidad de que un subgrupo de

21 Sobre este y otros puntos acordados en la Reunión de diciembre en Cartagena de Indias, véanse, Marcela Escobar, "Pacto Andino: una sola economía", en El Tiempo, 6 de diciembre de 1991 y Henry Rodríguez y Tadeo Martínez, "Apertura total", en El Espectador, 5 de diciembre de 1991.

Exportaciones Importaciones Países

Monto % Monto %

Total Grupo Andino Venezuela México Centroamérica Caribe Estados Unidos

5.739 309

185 25 52 7 2.477

100.0 5.4 3.2 0.4 0.9 0.1 43.1

5..010 383 206 123 7 0.3 1.806

100.0 7.6 4.1 2.5 0.1 0.005 36.0

CUADRO No. 4 COLOMBIA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

POR ÁREA GEOGRÁFICA, 1989

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países avance en medidas integradoras a una mayor velocidad que otros. Para el caso, Colombia y Venezuela han establecido las bases-marco para un Acuerdo de Libre Comercio mutuo dentro de los parámetros del Pacto Andino, sin que ello implique problemas serios para la existencia del Pacto22. Al mismo tiempo, el proceso puede permitir futuras conversaciones (en algunos meses) conjuntas frente a México, afinando y equilibrando así la capacidad negociadora dentro del Grupo de los Tres en condiciones de mayor equidad.

Lo anterior implica que posiblemente México deba comprender la necesidad de esperar quizás hasta finales de 1992, para reiniciar las negociaciones del Grupo de los Tres. No es que exista por el momento un freno al proceso integrador, ni falta de voluntad política por parte de los gobiernos o las empresas de Colombia y Venezuela. De lo que se trata, quizás, es que estos dos países deberían primero cumplir con algunas de sus metas parciales de integración antes de entrar a negociar un acuerdo dinámico con México.

Un problema adicional puede surgir del hecho de que algunos aspectos del proceso de asociación con Venezuela pueden verse temporalmente obstaculizados por la situación interna de ese país. Los inversionistas seguramente desearán permanecer a la expectativa de las medidas gubernamentales y la confianza tardará algún tiempo en retornar. La no solución del diferendo limítrofe en

los próximos meses, como parece preverse, no es óbice para la prosecución de otros aspectos esenciales del proceso integrador. En cualquier caso puede esperarse que una vez agilizados los mecanismos por el momento obstruidos entre Colombia y Venezuela, los dos países podrán entrar a negociar con su socio del Norte. Posiblemente convenga a éste una propuesta global, mientras que los dos países andinos preferirían una negociación por sectores, hallándose como están en relativa desventaja.

A manera de conclusión

Una evaluación de las tendencias y la actividad actual del Grupo de los Tres nos lleva a plantear varios aspectos centrales:

1. Existen semejanzas importantes entre los países del Grupo, pero también algunas diferencias profundas. Ante todo, no se trata de economías de desarrollo semejante, siendo la mexicana de mucha mayor envergadura. Colombia y Venezuela son, además, exportadores fundamentales de materias primas, mientras que México lo es de manufacturas. La comprensión de estas diferencias y de la diversidad de intereses de los países miembros del Grupo se hace necesaria para un apropiado proceso de negociación. En efecto, no puede pensarse que todos los puntos de la agenda sean coincidentes en el Grupo. Una negociación debe incluir empero aspectos de diverso orden y no sólo comerciales. Este es un interés común, a más del económico, más amplio, del estratégico y del derivado de

la ganancia de capacidad ne-gociadora en el escenario in-ternacional. Pero México pareciera tener en el mediano plazo un interés cultural muy importante en este proceso, a fin de reforzar una escala de valores, dada su incorpora-ción inminente al Acuerdo de América del Norte.

2. El Grupo tiene una enorme importancia potencial, dada la condición de "potencia me día" de cada uno sus componentes y el hecho de estar constituido por los países importantes en los extremos de Centroamérica. Puede y debe incorporar obviamente en el futuro a los países de esta región, para mutuo beneficio. Quizás el aspecto más importante del Grupo es el constituir el eje energético por excelencia de América Latina: carbón, energía hidroeléctrica, petróleo y gas.

3. El G-3, siendo un acuerdo de concertación política en sus comienzos, ha devenido gradualmente como Grupo de integración a la manera de un posible Acuerdo de Libre Comercio. Ahora bien, la existencia futura del Grupo exige condiciones de estabilidad política en Centroamérica y de cierto equilibrio económico. Requiere además facilidades para la inversión y las empresas de la región. Un Mercado Común Centroamericano, o una red de Libre Comercio regional, ayudaría en este proceso. Los recursos diplomáticos y de otro orden de los países del Grupo de los Tres deberían también dirigir se en este sentido.

4. De momento existe una reciente revitalización parcial del Grupo Andino. El proceso de integración colombo-venezolano, esencial para el futuro de los dos países, se viene dando dentro del marco

22 Véase el texto del Acuerdo de Cartagena. El mejor trabajo reciente sobre el tema es Alfredo Fuentes y María Mercedes de Martínez, "El Pacto Andino: hacia un nuevo modelo de integración", en Documentos Cladei-Fescol, Bogotá, 1990.

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del Acuerdo de Cartagena. Aún no existen medidas concretas derivadas del Grupo de los Tres. Este último proceso de integración debe continuar, con la posibilidad de una negociación conjunta (si no en el aspecto operativo, por lo menos en la estrategia) frente al gigante mexicano. Conviene a este país negociar en bloque, mientras a Colombia

y Venezuela quizás les sea más aconsejable hacerlo en paquete, pero a condición de una plena identificación de los problemas, por sectores.

5. No es cierto que la sola existencia del G-3 permita ingresar mercancías colombianas o venezolanas a Estados Unidos, vía México. En efecto, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte establecerá

serias restricciones por denominación de origen de los productos. Así, sólo cabe pensar en el mercado mexicano —de por sí importante— salvo que se establezcan empresas conjuntas del Grupo en territorio de ese país, para obviar las interdicciones ha-cia Estados Unidos y Canadá.

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Sección: Relaciones Económicas . Internacionales

La Ronda Uruguay y la agricultura: Crónica de un conflicto anunciado

Martha Ximena Osorio*

Introducción

Aunque aún persisten debates acerca de la conveniencia de adoptar políticas neoliberales en América Latina, lo cierto es que la mayoría de las naciones del área han emprendido reformas orientadas a abrir sus economías y exponerlas a la competencia internacional.

Si bien dichos países llegaron al convencimiento de que la reformulación de sus modelos económicos era necesaria para estimular su desarrollo y modernizar sus estructuras productivas, no se puede desconocer la presión ejercida por parte de los países desarrollados para que los ajustes fuesen rápidos y realmente significativos. En numerosas ocasiones, organismos financieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han condicionado sus préstamos a estos países al seguimiento

de unas "recomendaciones" que por lo general se fundamentan en principios librecambistas.

Dentro de este contexto, cabría suponer que los países industrializados tienen una profunda convicción acerca del papel marginal que debe desempeñar el proteccionismo en el orden internacional, y que por lo tanto sus economías gozan de un clima de apertura y transparencia.

Sin embargo, una vez más la teoría y la realidad parecen caminar por senderos diferentes. Lo que sucede en el seno del que se supone es el foro más importante jamás realizado en materia de comercio internacional, la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), ejemplifica claramente esta situación1.

Este artículo no pretende agotar el complejo tenia de la Ronda Uruguay, sino que se centra en un aspecto específico: el sector agropecuario, estratégico tanto para los países desarrollados como para los del Tercer Mundo. Para ello, el trabajo se divide en cuatro secciones. En la primera, se hace una rápida revisión de los principios fundamentales del GATT En la segunda, se reseñan las principales características del sistema agrícola mundial. En la tercera, se esbozan los acontecimientos centrales ocurridos en la Ronda Uruguay en torno a la agricultura. Finalmente, en la cuarta se plantean algunas reflexiones a manera de con-clusión.

* Investigadora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. 1 El GATT no es un foro permanente sino que periódicamente se convocan Rondas de negociación para establecer las normas que regulan el comercio, para realizar negociaciones orientadas a cumplir con los principios básicos de liberalización y no discriminación, y para dirimir las diferencias comerciales. Desde que se inició el GATT se han llevado a cabo ocho Rondas de negociación; en la actualidad se está desarrollando la denominada Ronda Uruguay, lanzada en Punta del Este (Uruguay) en septiembre de 1986.

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1. El GATT: ¿del proteccionismo hacia la liberalización?

El GATT surgió en 1947 como parte de una estrategia orientada a estimular el crecimiento económico mundial y a equilibrar el comercio internacional, ambos seriamente afectados por la Segunda Guerra Mundial. Aunque desde su creación se han efectuado numerosas reformas, los principios básicos del acuerdo, la liberalización y la no discriminación en el comercio, se han mantenido.

En primer lugar, las prácticas discriminatorias se evitarían mediante la aplicación de los principios de la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF) y la cláusula de Trato Nacional. Por un lado, la NMF implica que si un país otorga una concesión a otro, dicho beneficio se hará extensivo automáticamente a todos los otros miembros del GATT Sin embargo, es importante señalar que los países en desarrollo han logrado un reconocimiento para ser tratados con mayor consideración y por lo tanto cuentan con ciertas preferencias. Por otro lado, la cláusula de Trato Nacional establece que los bienes importados a un país no podrán ser objeto de políticas discriminatorias vis-a-vis de los productos nacionales.

En segundo lugar, la liberalización de los mercados se lograría mediante la eliminación o limitación de todos los obstáculos que afectan el libre movimiento de las importaciones o exportaciones. En esa medida, tanto los subsidios como las medidas no arancelarias serían instrumentos

de baja popularidad en el contexto del GATT. Pese a la existencia de unos principios tan liberales y democráticos, la falta de cumplimiento a las normas del GATT ha tendido, en la práctica, a discriminar a los países en desarrollo. Las naciones industrializadas han intensificado el uso de barreras no arancelarias y hoy día son más proteccionistas que hace diez años. Estas circunstancias no son de manera alguna sorpresivas. Por ejemplo, en una de sus declaraciones, el presidente del Banco Mundial, Lewis Preston, manifestó en Bangkok que "el aumento del proteccionismo de las naciones industrializadas amenaza el crecimiento de los países en desarrollo..." y que "... las barreras no arancelarias a menudo se imponen en sectores, en que dichos países pueden competir a nivel internacional, por lo cual los ingresos provenientes de sus exportaciones se ven afectados gravemente"2. En ese sentido, las medidas especiales para proteger los intereses de los países desarrollados han tenido un impacto negativo en sectores prioritarios para el Tercer Mundo. De allí que una de las preocupaciones que tienen los países en desarrollo con relación a la Ronda Uruguay sea la discusión de las normas que regularán el comercio en sectores de interés, tales como textiles y agricultura, en que el proteccionismo es particularmente marcado.

2. La agricultura: del autoabastecimiento a la sobreproducción

La agricultura se ha perfilado como una de las áreas más espinosas en las mesas de negociación,

ya que hasta el presente se ha mantenido al margen de las normas generales del GATT. Durante muchos años, los productos agrícolas han contado con un estatus privilegiado y por lo tanto han gozado de numerosas excepciones. Desde que se creó el GATT los países desarrollados se opusieron a discutir en un foro multilateral las normas que deberían regular a la agricultura. Se consideraba que por razones de seguridad alimentaría dicho sector debería tener un manejo exclusivamente nacional.

Como resultado de esta si-tuación, la mayoría de los países desarrollados han favorecido el sector agropecuario, mediante el uso de instrumentos tales como los precios de sustentación, los subsidios a las exportaciones y las barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones, entre otros. Tales medidas permitieron a estos países no sólo alcanzar niveles de producción que garantizaron su autoabastecimiento, sino también generar excedentes destinados a la exportación.

Dichas políticas han generado profundos desequilibrios en el mercado mundial y han tenido un efecto devastador en los precios internacionales. El mercado del azúcar es uno de los ejemplos más representativos de la situación, "cerca de cien países controlan sus mercados con cuotas, precios domésticos fijos, subsidios a la producción y a la exportación, ocasionando un exceso de oferta a nivel mundial y consecuentemente una

2 La República, "El proteccionismo está en contra del desarrollo de América Latina", Bogotá, 15 de octubre de 1991, p. 7A.

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reducción en el precio del producto cercana al 400%"3.

En este escenario los países en desarrollo han tenido que enfrentar una competencia desleal. No sólo han tenido que asumir la disminución de sus ingresos por exportación a causa del deterioro en el precio de los productos agropecuarios, sino que también han perdido competitividad en terceros mercados al enfrentar a países que colocan sus productos a precios inferiores con respecto a los costos reales de producción.

Los resultados positivos obtenidos por los países desarrollados mediante la aplicación de políticas especiales agrícolas se agotaron rápidamente y durante los años ochenta los problemas superaron ampliamente los beneficios. Durante este período la desestabilización en el mercado mundial de productos agropecuarios se agudizó notablemente: la demanda aumentó a un ritmo muy inferior al de la oferta, el nivel de los productos agropecuarios creció en las bodegas de almacenamiento, los precios continuaron su descenso y los gastos para "mantener" la competitividad de las exportaciones aumentaron extravagantemente. Por ejemplo, "entre 1979 y 1981 los costos presupuéstales anuales de las políticas agropecuarias de la Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón fueron de 110.100 millones de Ecus y entre 1984 y 1986 llegaron a 208.200 millones"4.

Como era de esperarse, las situaciones anteriores llevaron a los países desarrollados, en particular

a la CEE y a Estados Unidos, a replantear sus políticas agropecuarias. Aunque aparentemente ambos están orientando las reformas hacia una mayor liberalización, las motivaciones y los mecanismos adoptados son diferentes. Las profundas divergencias en sus posiciones radican en condiciones internas particulares. A pesar de que Estados Unidos aún mantiene un alto nivel de subsidios, la mayoría de los estados han logrado adquirir un elevado nivel de competitividad, que se está viendo afectado por las políticas proteccionistas de la CEE. En consecuencia, con el fin de proteger su posición en aquellos sectores —agricultura y servicios— en los que mantiene ventajas comparativas frente a Japón y Europa, y con el objeto de aliviar la presión ejercida por los agricultores domésticos enfrentados a altos índices de endeudamiento y quiebras, Estados Unidos ha asumido el papel de líder para conseguir una mayor transparencia en el mercado mundial de bienes agrícolas.

En contraposición, la CEE desea reducir al mínimo el nivel de compromisos internacionales para así adoptar de acuerdo con sus propios criterios los instrumentos más idóneos con miras a modificar la Política Agraria Común (PAC). En esencia, las reformas apuntan a disminuir los excedentes y desequilibrios en el mercado de algunos productos específicos, a elevar los niveles de competitividad y a limitar el presupuesto destinado a la agricultura. La principal razón

por la cual la CEE pretende conservar su autonomía en el manejo de las decisiones que afectan el sector agrario tiene un carácter eminentemente político. El peso de cualquier reforma recaerá fundamental-mente sobre diez millones de agricultores que tienen un poder político considerable dentro de la Comunidad Europea.

De hecho, durante muchos años se ha mantenido a los agricultores de los países comunitarios completamente aislados de las señales del mercado y por ende los costos de los desequilibrios los han asumido los estados y los consumidores. Cabe señalar "que en 1986,1.3 millones de toneladas de mantequilla, 1 millón de toneladas de leche en polvo, 14 millones de toneladas de cereales y 700.000 toneladas de carne bovina estaban almacenadas en las bodegas de la CEE. Asimismo en 1987 dos tercios del presupuesto comunitario se destinaron para sufragar los gastos de la Política Agraria Común"5.

Grosso modo, las condiciones del sector agrícola en la Comu-nidad Europea y en Estados Unidos son heterogéneas y por consiguiente es previsible que las posiciones que tengan que defender en un foro como el GATT sean sustancialmente diferentes.

3. La Ronda Uruguay y la agricultura: entre la crisis y el consenso

Según los técnicos y conocedores del tema, el programa de la Ronda Uruguay es el más complejo

3 Alfredo Fuentes y María Clara Rueda, "Europa 1992 y América Latina: Relación entre bloques económicos en los anos noventa", en Colombia y América Latina frente a Europa 1992, CEI, Cladei, Fescol, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1991, p. 197.

4 La Prensa, "Subsidios que matan", 9 de diciembre de 1991, p. 19. 5 Martha Ximena Osorio, Las relaciones entre Colombia y la CEE en Colombia y América Latina frente a Europa en

1992, Bogotá, CEI, Cladei, Fescol, Tercer Mundo Editores, julio de 1991, p. 94.

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y ambicioso emprendido en la historia del GATT No solamente busca lograr una reducción significativa del proteccionismo y revisar todas las normas que actualmente regulan el comercio de bienes, sino que también incluye temas nuevos como los servicios, la propiedad intelectual y las inversiones relacionadas con el comercio. Adicionalmente, forman parte de la agenda la agricultura y los textiles, sectores que han estado tradicionalmente marginados de las normas generales del GATT y que hace que sus negociaciones puedan ser conflictivas6.

Para cumplir con el programa anterior, se consideró que cuatro años de plazo serían suficientes y por lo tanto la Ronda debería culminar en diciembre de 1990. Con relación a la agricultura en la Declaración Ministerial de Punta del Este, se estipuló que los países miembros tendrían la responsabilidad de lograr la mayor liberalización de comercio de productos agropecuarios para reducir la incertidumbre y la inestabilidad de los mercados. En otras palabras, el gran objetivo era el de someter a dicho sector a las disciplinas y normas generales del GATT.

Debido a que la agricultura es un asunto de interés tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados, desde el inicio del foro se presumió que ambos grupos desempeñarían un papel protagonice en los diálogos. Sin embargo, se produjo algo mucho más interesante:

por vez primera se establece una coalición Norte-Sur para luchar por un objetivo común: la liberalización del comercio agrícola. En efecto, catorce países que no subsidian sus exportaciones agropecuarias se reunieron en el Grupo de Cairns para tener mayor poder de negociación7.

En 1988, después de dos años de conversaciones, la primera oportunidad para realizar una evaluación completa y multilateral tuvo lugar en Montreal, Canadá. Pese a que se produjeron dificultades en sectores como los textiles, los servicios y las salvaguardias, se hizo evidente que el talón de Aquiles se encontraba en la agricultura. Sin embargo, las presiones políticas y diplomáticas fueron lo suficientemente persuasivas para que cuatro meses después, en Ginebra, se aprobara el proyecto como un todo y se diera luz verde para continuar las negociaciones.

Aunque en 1989 y 1990 los acercamientos técnicos bi y plurilaterales continuaron y algunos temas avanzaron significativamente, las concertaciones en el ámbito agrícola se hicieron cada vez más complejas. En consecuencia a finales de 1990, existía en el ambiente un gran escepticismo acerca del éxito de la Ronda.

En diciembre, fecha para la cual estaba prevista la culminación del foro, las principales propuestas en agricultura fueron presentadas por la Comunidad Europea y Estados Unidos.

La Comunidad estaba dispuesta a reducir en un 30% el apoyo interno a la agricultura en cinco años contados a partir de 19918. Por su parte, Estados Unidos consideraba que los subsidios a las exportaciones y las ayudas internas debían disminuir en el 90% y 75% respectivamente, en un período de diez años. El Grupo de Cairns apoyó la propuesta de Estados Unidos y anunció que no firmaría ningún acuerdo si no se solucionaban los problemas en la agricultura.

Pese a algunos intentos realizados en la reunión para lograr un consenso, las diferencias eran tan profundas que se prefirió suspender los diálogos, aun bajo el riesgo del fracaso de la Ronda.

El resultado finalmente fue la postergación de las negociaciones por un período indefinido y es "el 26 de febrero de 199Í cuando Arthur Dunkel, director general del GATT, anunció en Ginebra que los países miembros habían aprobado el programa de trabajo para reiniciar las negociaciones"9.

Sin embargo, a pesar de la aparente voluntad por llevar a buen término las negociaciones, 1991 fue un año de pocos sucesos y mucha incertidumbre. Aunque se llevaron a cabo numerosas reuniones a alto nivel con el fin de dirimir los conflictos, los avances fueron limitados. Ninguno de los países logró concretar una propuesta para fines de año. En

6 Focus, GATT, Boletín de Información No. 41, octubre de 1986: Lanzamiento de la Ronda Uruguay, p. 4. 7 Carlos Alberto Primo Braga, "The Threat of a Cold Trade War and Developing Countries", en SAIS Review,

Washington, 1991, p. 53. El Grupo de Cairns está integrado por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Hungría, Indonesia, Fiji, Filipinas, Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia y Uruguay.

8 El período base para efectuar los recortes sería 1986-1988 ya que allí se habían registrado unos precios altos y unos subsidios bajos.

9 Carlos Alberto Primo Braga, op. cit.

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consecuencia, el 20 de diciembre, Dunkel presentó un plan propio para evitar el colapso de la Ronda. El proyecto busca establecer un punto medio para satisfacer las aspiraciones de la Comunidad Europea y Estados Unidos. Concretamente, el documento propone lo siguiente: 10

1. Acceso al mercado

Todas las medidas arancelarias deberán convertirse en aranceles equivalentes. A partir de allí, se reducirán tanto los aranceles ordinarios como los equivalentes en 36% entre 1993 y 1999 y el año base para los cálculos sería 1986-1988.

2. Ayuda interna

Con relación a los precios de sustentación y subsidios a los insumos se aplicará una disminución del 20% entre 1993 y 1999 y el período base para los cálculos sería 1986-1988. Otro aspecto incluido en el capítulo de ayuda interna se relaciona con las políticas permitidas o caja verde. La propuesta de Dunkel permite que algunos pagos directos puedan mantenerse, desde ciertos criterios, aunque se considera que pueden tener un efecto de subsidio sobre la producción.

3. Subsidios a la exportación

Las reformas a los subsidios se realizarían en un período de seis años a partir de 1993 y consistirían en reducir el presupuesto de apoyo a la agricultura en un 36% y el volumen de las exportaciones subsidiadas

en un 24%. En este caso el período base para los cálculos sería 1986-1990.

Estados Unidos y la Comunidad Europea se comprometieron a revisar la propuesta y hacer las enmiendas que consideren necesarias con el fin de poder dar cierre a las negociaciones en el mes de abril. Entre tanto si bien el Grupo de Cairns no se ha pronunciado sobre el proyecto, algunos países como Brasil y Colombia ya han dado su aprobación.

4. Perspectivas

Aunque todavía no se puede prever el resultado final de las negociaciones, lo cierto es que las condiciones han mejorado sustancialmente.

En primer lugar, existe ya un texto concreto sobre el cual se puede trabajar. Una de las virtudes de la propuesta de Dunkel es que establece un nuevo punto de partida, sin lugar a dudas más realista. Es claro que las posiciones iniciales de Estados Unidos y la Comunidad Europea eran irreconciliables y que por lo tanto sobre esa base un acuerdo era prácticamente irrealizable. El nuevo planteamiento implica tanto costos como beneficios para las partes en conflicto y por ende llegar a un consenso requerirá una actitud más flexible. El reto para Estados Unidos será no sólo reconocer que algunos de los subsidios, que pueden tener efectos distorsionantes para la producción, continúen siendo utilizados por la Comunidad, sino también aceptar que la reducción en los

mecanismos de ayuda sea menor de lo que consideraba apropiado. En contraposición, la Comunidad deberá concientizarsen sobre la timidez de su propuesta y consecuentemente estar dispuesta a hacer recortes más profundos en los subsidios internos y externos.

En segundo lugar, dentro de la Comunidad Europea parece existir hoy una mejor disposición para discutir el tema. Por ejemplo Alemania, uno de los más vehementes opositores a las reformas en el sector agrícola y cuyo peso político en el seno de la Comunidad es significativo, ha adoptado una posición menos drástica. El ministro de Agricultura manifestó su deseo de llegar a un convenio siempre y cuando se mantuvieran algunas condiciones que garantizaran la estabilidad de los agricultores. En el viraje de la posición alemana pueden haber tenido influencia las presiones de sectores motivados por el fortalecimiento de los vínculos económicos con países de Europa Oriental. Es bien sabido que Hungría y Polonia que son partidarios de la liberalización del mercado agrícola11 son mercados interesantes para Alemania. Por lo tanto es posible que la preocupación por estrechar los lazos con el este europeo hayan desempeñado algún rol en el cambio de actitud de las autoridades germanas.

Francia por su parte, que es el mayor productor agrícola dentro de la CEE, ha mejorado su disposición pero aún no da su brazo a torcer. Esto se debe principalmente a que este país

10 Memorando del consejero comercial de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y los organismos internacionales, Ginebra, diciembre de 1991. La información que se presenta en esta parte del artículo es un resumen de los principales puntos de este memorando.

11 Hungría es miembro activo del Grupo de Cairns y Polonia asiste como observador.

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atraviesa por una situación política interna compleja. La pérdida de popularidad del presidente Mitterrand, el creciente descontento por las políticas del Partido Socialista y el gran poder de los agricultores franceses son condiciones poco favorables para emprender reformas cuyos costos serían asumidos por "los campesinos".

En tercer lugar, en Estados Unidos también se han presentado algunos avances. El 10 de enero Richard Crowder, subsecretario de Agricultura para asuntos internacionales expresó "que la fórmula de Dunkel suministraba las bases necesarias para conducir las negociaciones a un final feliz". Indudablemente, esto muestra una actitud positiva que en principio debería traducirse en un menor dogmatismo en las mesas de negociación. Adicionalmente, no hay que olvidar que en mayo de 1991 el Congreso norteamericano dio luz verde a la vía rápida para las negociaciones comerciales. Ello significa que el Congreso podrá autorizar o rechazar un acuerdo final de comercio sin hacerle ningún tipo de enmienda12. Una decisión como ésta permite una mayor agilidad en el estudio de los convenios y reduce el espacio para que sectores aislados, por ejemplo, partidarios del proteccionismo, ejerzan presión política.

Grosso modo, los puntos mencionados anteriormente muestran que hoy en día las posibilidades para lograr un acuerdo son más amplias que

las que existían el año pasado. Sin embargo, el riesgo de un fracaso aún está presente. Por un lado, la Comunidad Europea tiene como prioridad la integración europea y por lo tanto sus esfuerzos van a dirigirse particularmente en esa dirección. Por otro lado, la renuencia de Japón a eliminar las protecciones al mercado del arroz continúa representando un peligro que no hay que desmeritar. Por todo esto, lograr un consenso depende no sólo de la voluntad política de los países desarrollados sino de la capacidad de Estados Unidos para revitalizar el sistema de comercio multilateral13.

Por lo tanto, en la actualidad se vislumbran dos escenarios factibles:

a. El fracaso de la Ronda: una opción como ésta llevaría indefectiblemente a una guerra comercial, la cual acarrearía enormes costos para todos los actores. Sin embargo, los países en desarrollo serían los más perjudicados ya que sus capacidades de negociación son muy limitadas.

b. El éxito de la Ronda: en la agricultura seguramente implicará el establecimiento de unas normas más liberales y transparentes que las que existen hoy en día. En el mediano plazo, dicha situación contribuirá a atenuar los desequilibrios en el mercado internacional y permitirá que los países en desarrollo puedan gozar de nuevo de sus tradicionales ventajas comparativas. No obstante, no se debe olvidar que algunos países, particularmente

aquellos que son importadores netos de alimentos, tendrían que asumir altos costos, ya que especialmente en el proceso de ajuste los precios aumenten y con ello se eleven los gastos en sus compras al exterior.

5. Conclusiones Aunque todavía es factible el éxito en las negociaciones de la Ronda Uruguay, éstas podrían eventualmente prolongarse hasta 1993. Si para abril no se ha logrado un acuerdo definitivo, lo más seguro es que en el presente año no se produzcan mayores avances pues las elecciones en Estados Unidos se avecinan y la fecha para la culminación del proyecto Europa 1992 está cerca.

Por otro lado, si la Ronda Uruguay culmina exitosamente, el escenario de comercio mundial tendería, en principio, a ser más liberal. Sin embargo, no hay que hacerse ilusiones pues cualquier cambio que se adopte será lento y por lo tanto sus efectos principales se manifestarán sólo en un mediano plazo. Adicionalmente, es factible que aunque se logre una concertación en las mesas de negociación, esto no necesariamente garantiza que la liberalización y la no discriminación se vayan a manifestar en la práctica. No se debe olvidar que los países desarrollados, especialmente, a pesar de haber sido activos participantes en los anteriores foros, hoy en día son más proteccionistas que hace diez años.

12 La República, "El GATT aplaude la decisión por vía rápida", Bogotá, 28 de mayo de 1991, p. 6A. 13 Carlos Alberto Primo Braga, op. cit., p. 56.

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Sección: Política Mundial

Tecnología y desarrollo en Latinoamérica: Algunas observaciones apropiadas para una economía abierta

Rafael Bautista*

Los comentarios que siguen tienen como propósito señalar algunos puntos sobresalientes del panorama que se abre frente a la mayoría de naciones latinoamericanas, que deben asumir el reto de continuar su desarrollo en el ámbito de una economía mundial en la cual la tecnología tiende a ocupar una posición dominante.

Este artículo parte de la premisa siguiente: El proceso de apertura económica de los estados en desarrollo se está produciendo a paso acelerado, en lo que respecta a la toma de decisiones de tipo político y las correspondientes de orden ministerial —típicamente en Hacienda, Agricultura, Industria y Comercio exterior. En consecuencia es indispensable proceder de manera planeada, pero con igual celeridad, para reformar —o construir desde la base— las estructuras de sostén tecnológico necesarias para darle una plataforma real, y credibilidad, a las metas que se pretenden alcanzar con la internacionalización de las economías.

Parece evidente que el proceso tiene como propósito fundamental el mejoramiento del empleo, el nivel y distribución de ingresos y, en general, logros de tipo socioeconómico benéficos para la población. En vista de ello, la forma de proceder en un mundo dinamizado por la tecnología, debe ser mediante una estrecha coordinación y sincronización entre las medidas políticas y macroeconómicas y aquéllas destinadas a establecer la infraestructura de investigación y desarrollo. Por ejemplo, si se abren rápidamente los canales a la competencia externa en el lapso de un par de años, pero se procede a "planear" la formación de la estructura de investigación relevante a un plazo de diez años, probablemente esto conducirá a un debilitamiento crónico de todo el sector que produce y consume tecnologías intermedias, generando secuelas de desempleo y exportación neta del capital a corto y a largo plazo. Entonces sería sorprendente que el resultado del ensayo de apertura sea la frustración e incluso la inestabilidad social.

La implicación de esta conjetura es que si un gobierno nacional estima que no puede reestructurar la capacidad de producción y adopción del conocimiento tecnológico con suficiente rapidez, entonces debe someterse al delicado ejercicio de ver cuáles barreras proteccionistas puede levantar y cuáles no.

En la actualidad, el desarrollo de tecnologías con bases científicas está revolucionando las economías. En primer lugar, la acelerada capacidad de innovación

* Profesor e investigador del departamento de física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes.

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tecnológica en los países desarrollados les permite mantener una posición privilegiada en los mercados internacionales, en términos de demanda y rentabilidad.

En segundo lugar, el conocimiento se ha convertido en un componente indispensable para la producción y comercialización de los bienes de consumo y de capital. Las ventajas comparativas que tiene una nación no desarrollada en factores tradicionales debido a la abundancia de mano de obra y recursos naturales, están siendo erosionadas por la capacidad de la tecnología para producir y vender productos más diversificados, novedosos y de menor costo. Esta situación, así como también los patrones de consumo tanto en los países de mayor desarrollo como en los latinoamericanos, ha generado una asimetría comercial. En ella los productos manufacturados tienen un elevado volumen de ventas, mientras que las materias primas experimentan un crecimiento muy lento en su demanda, creando un problema crónico de "términos de intercambio" desfavorable a los países de la región.

De allí la necesidad de hacer una revisión del papel que desempeñan la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en América Latina. La proporción de gasto en investigación de la región a principios de los años ochenta fue del orden del 0.24% del PIB total, mientras que el promedio para los países industrializados era de alrededor del 2%. En 1982 esto significó que por cada dólar de lo gastado en América Latina, se gastaron alrededor de cien en Estados Unidos o en Japón. En cuanto

al personal de investigación, la región tiene un estimado de 350 investigadores por cada millón de habitantes, que es menos de la tercera parte de la cifra para los Estados Unidos; la situación es aún más preocupante si se tienen en cuenta aspectos como la cuantía, la calidad y las consecuencias de los productos de investigación.

Este cuadro se traduce en la necesidad de definir cuáles serían las medidas que deben adoptarse para restablecer un cierto grado de competitividad en el comercio internacional, que se refleje en proporcionar unos niveles de vida aceptables para la población del continente. Algunas de las políticas que se deben tener en cuenta para lograr dicho objetivo son las siguientes:

Es necesario promover la innovación tecnológica y la creatividad aplicada a lo científico, empresarial, técnico y laboral. Este es un gran reto pues no sólo supone un cambio de enfoque dentro del aparato educativo en todas sus etapas sino también en las estructuras dirigentes.

- La capacidad para aplicar tecnologías está muy cercanamente ligada al know-how que estas tecnologías representan. Por lo tanto, el entendimiento por parte de los ingenieros de producción y del personal de planta, de los principios de funcionamiento y de los procesos se vuelve indispensable.

- La inversión de capitales para la renovación de tecnología en los sectores de producción, especialmente para las exportaciones, ha sido

muy tímida, en particular durante la última década.

- Los servicios de apoyo tecnológico necesarios para un sistema de producción eficiente y moderno, con sus infraestructuras de manejo de información y de investigación y desarrollo, requieren herramientas que en la actualidad se encuentran pobremente habilitadas o en un alto grado de dispersión. Estas herramientas, necesarias para una aplicación eficaz de técnicas de análisis de productos, control de calidad y estandarización, requieren un personal científico técnico especializado y laboratorios bien equipados.

También resulta conveniente recordar que la inserción de tecnologías nuevas, ya sea en el aparato productivo tradicional o en nuevas líneas de producción, tiene efectos tanto positivos como negativos en economías con las características de la región. Por un lado, las nuevas tecnologías traen por lo general un aumento en la producción de bienes de consumo y, a través de un ciclo de incorporación de innovaciones, una complejidad en los procesos que a su vez redunda en la necesidad de hacer más sofisticada la producción local de bienes de capital. La producción de bienes con una proporción relativamente alta de tecnología es deseable dentro de las condiciones actuales del comercio internacional, debido a que su precio está mucho menos sujeto a las fluctuaciones de los mercados internacionales, a diferencia de lo que ocurre con las materias primas.

Por otro lado, la mayor capacidad de producción que resulta de la introducción de

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nuevas tecnologías tiende a venir acompañada por una menor necesidad de mano de obra. En países desarrollados el excedente laboral es reabsorbido frecuentemente por el nuevo ciclo que se origina a partir de las últimas innovaciones, puesto que dichos países tienen la capacidad de generar rápidamente los bienes de capital asociados con el nuevo ciclo. En América Latina, en donde la capacidad de producción de maquinaria es muy reducida y se depende más bien de su importación, la situación es muy distinta y la mano de obra marginada por un nuevo sistema de producción no podrá ser reubicada fácilmente. Además, a ese problema de escasa producción de bienes de capital se suma el serio problema educacional que hay detrás: la fuerza laboral desplazada en general no puede ser reentrenada (en un tiempo razonable para adaptarse a tareas más complejas).

Si no se presta la suficiente atención a este último aspecto, puede generarse una secuencia en cadena cerrada entre desempleo estructural, bajos niveles de ingresos, debilidad del mercado doméstico y sesgo de la producción hacia una franja estrecha de consumidores de clase media y alta, que a su vez refuerza el ciclo. Para evitar esta situación, lo ideal sería implementar políticas que estimulen principalmente el crecimiento de industrias con tecnologías intermedias, que fácilmente incorporen la fuerza de trabajo disponible y las materias primas locales. No

se puede perder de vista, sin embargo, que la producción debe estar orientada hacia el abaratamiento de productos en el mercado interno y hacia la exportación.

Ambas condiciones sirven de guía para la adquisición y producción de tecnologías para el desarrollo. Aunque no determinan de manera unívoca qué se debe hacer en concreto, parece evidente que los sectores de materias semiprocesadas, productos biotecnológicos, alimentos, materiales plásticos y metalúrgicos, y algunos componentes electrónicos serían candidatos con buenas posibilidades de prosperar. Por supuesto, esto no excluye que se realicen proyectos de investigación y desarrollo de industrias que impliquen tecnología sofisticada, pero en un principio deben ser pocos proyectos escogidos sobre bases sólidas que tomen en cuenta el potencial de crecimiento, el estado de la competencia, el volumen de la economía nacional y muy en especial la verdadera capacidad de la infraestructura científico tecnológica local para enfrentar los problemas de investigación y desarrollo que inevitablemente se presentarían. En general, las naciones de mayor tamaño pueden explorar estas posibilidades; para economías nacionales pequeñas el camino más recomendable parecería ser especializarse en tecnologías intermedias y no dedicar muchos recursos, al menos de los públicos, a investigaciones tecnológicas avanzadas.

En todos los casos, si se acepta el vector tecnológico

como uno de los fundamentales para continuar el crecimiento social y económico de los países latinoamericanos, hay líneas generales de acción sobre las cuales se debe trabajar. Esto es indispensable para coordinar planes que den solución a cuestiones tales como la aplicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones a la producción, la adaptación de la base de producción a las características regionales o las modificaciones tecnológicas para preservar o incrementar las ventajas comparativas regionales de mano de obra abundante y de recursos naturales. Según E. M. Del Campo1, cualquier plan de acción debe contemplar las siguientes áreas:

- desarrollo de la capacidad tecnológica local;

- transferencia interna y ex terna de tecnología;

- proyectos estratégicos que integren ciencia y tecnología;

- políticas gubernamentales claras sobre ciencia y tecnología.

Cada una de estas áreas trae consigo su propia red de problemas: investigaciones mal orientadas o irrelevantes para los problemas del país, vínculos muy débiles entre las universidades y el sector productivo, pobre elección y gerencia de proyectos, mercados internos estrechos y desmotivantes, capacidad técnica comercial únicamente orientada al consumo de productos importados, rechazo generalizado por parte de la dirigencia del sector productivo

1 E. M. Del Campo, "Technology and the World Economy: The Case of the American Hemisphere", en Technological Forecasting and Social Change No. 35, pp. 351-364,1989.

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a asumir riesgos, en especial en innovaciones de origen local, políticas oficiales que no estimulan el crecimiento de la capacidad tecnológica local, recursos mal asignados e impuestos a actividades productivas inspirados en paradigmas fiscales de dudoso valor.

En lo concerniente al desarrollo de la capacidad tecnológica local, el Estado debe asumir el papel de promotor y arbitro del proceso global, pero debe dejar en manos de institutos autónomos todo lo relacionado con la generación, desarrollo y control de investigaciones cuya estructura administrativa y técnica los proteja de las fluctuaciones políticas que afectan a los Ministerios. Esto se puede lograr haciendo que la entidad oficial ante la cual los institutos son responsables esté compuesta por miembros cuyo trabajo principal sea pertenecer a dicha entidad y que además la movilidad del personal se dé con base en razones técnicas.

Por otro lado, en países no desarrollados no es suficiente ofrecer incentivos de impuestos a las empresas para que espontáneamente mantengan unidades propias de investigación y desarrollo. Esta medida por sí sola se podría convertir en muchos casos en otro corredor más del complicado laberinto de refugios fiscales ya existente. Es necesario introducir una legislación —atí-pica en países desarrollados— mediante la cual se obligue a las empresas que superen cierto tamaño en activos y cuyo régimen de negocios esté ligado a la importación, transferencia o producción de tecnología, a hacer un aporte anual de cierta fracción del valor declarado de sus activos (no de sus ganancias)

para la investigación y el desarrollo.

Los aportes financiarían directamente al instituto autónomo al cual la empresa se suscriba, por considerar que la investigación o el servicio investigativo que se ofrece allí, es útil para sus perspectivas comerciales a corto o a mediano plazo. Tal contribución obligatoria podría considerarse automáticamente para fines de alivio fiscal de la empresa.

A pesar de que sería necesario especificar numerosos detalles acerca de este esquema y aunque sin lugar a dudas tiene imperfecciones visibles, también tiene virtudes importantes que vale la pena destacar:

- Es una manera de fomentar la labor investigativa con incidencias económicas y a la vez proporciona una base de financiación estable que no dependería del todo de las arcas del gobierno.

- Los institutos se convertirían en focos de atracción para los recursos humanos locales que encontrarían allí mane ras de aplicar productiva mente sus capacidades.

- Los institutos podrían incluso convertirse en los mejores vínculos entre las universidades y la empresa privada y la pública.

- Asimismo, podrían ser centros diseminadores de la cultura tecnológica propia de la innovación, pues la migración de personal técnico entre institutos y empresas aumentaría las probabilidades para que la innovación ocurra en el interior mismo de las empresas.

- La inversión forzosa hecha en los institutos puede

- propiciar, más que cualquier otro mecanismo, la incorporación de valores asociados con la investigación y el desarrollo dentro de los cuerpos gerenciales y laborales de las empresas. Dicho proceso es fundamental ya que existe un claro desfase entre la educación y las nuevas realidades.

- Además, la inversión "obligatoria" en los institutos hará que las empresas ejerzan presión para que aquéllas sean eficientes y saquen adelante resultados y pruebas de servicio acordes con sus intereses económicos. Es importante recalcar que la empresa insatisfecha podría cancelar su afiliación a un instituto de desempeño pobre, y otorgársela a otro.

Por supuesto, una empresa podría preferir instalar y mantener su propio centro de investigación y desarrollo. Esto es al fin y al cabo lo ideal. En ese caso la transferencia de fondos a dicho centro tendría que ser la legal y el centro de investigación y desarrollo tendría que responder, al menos por algunos años siguientes a su fundación, ante la misma entidad oficial que regula los demás institutos.

Hay otras ventajas que en principio se pueden alcanzar a través del mecanismo de los institutos. Estos podrían tener una clara incidencia sobre el mejoramiento en la calidad de los productos y sobre el nivel técnico del personal de la industria. Adicionalmente, ser el mejor sistema para manejar mecanismos de cooperación técnica nacional e internacional que impliquen la introducción, adaptación e interpretación

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adecuada de nuevas tecnologías.

Para que todo lo anteriormente descrito pueda darse, sería indispensable que, aparte de los principios metodológicos generales y técnicas básicas comunes, los institutos tengan concentración específica en las áreas del conocimiento que manejan y producen. Deben ser entidades especialidades en cierto tipo de know-how.

En lo referente a la transferencia interna y externa de tecnología es importante tener presentes varios aspectos. El medio local, para poder hablar de transferencia interna de tecnología, debe tener la capacidad y las motivaciones para generar productos tecnológicos. Para ello tiene que existir una cultura de innovación en el plano gerencial que busque mejoras en la producción y se preocupe por encontrar soluciones locales a bajo costo. Por lo general esto sucede si gran parte de la producción está orientada hacia un mercado externo, sujeto a lucha con la competencia. Sin ese principio dinámico no se puede esperar mucha transferencia interna de tecnología. Otro estímulo para el proceso de transferencia interna llega cuando se lo-

gran establecer pactos firmes de carácter subregional, que agrupan varios países bajo los mismos criterios de prácticas comerciales y con barreras arancelarias interestatales mínimas como lo podría llegar a ser el grupo de países andinos. Puesto que uno de los principales desestímulos a la transferencia interna de tecnología se origina en la estrechez de los mercados, las integraciones subregionales resultan beneficiosas ya que permiten ampliar el tamaño del mercado interno.

Estos factores son, sin embargo, de carácter pasivo. Por sí solos son insuficientes para generar un nivel adecuado de innovación local. Además se requiere una legislación adecuada en lo que respecta al régimen de propiedad intelectual —específicamente en lo relativo al manejo legal de patentes— para fortalecer e impulsar el proceso. Si dentro del escenario de acuerdos de libre comercio subregional se adopta una legislación común de fuerte protección a la innovación local, que garantice y refuerce privilegios de comercialización a las compañías que financian, desarrollan y llevan al mercado mejorías en

bienes y procesos, se estaría dando un instrumento activo para el fomento de la transfe-rencia tecnológica tanto interna como externa.

Por otro lado es necesario que el trato que la subregión le dé a los países no miembros del Grupo, con relación al tema de la propiedad intelectual, corresponda a una legislación diferente de la que se aplica a las innovaciones locales. La legislación que regule transferencias externas de tecnología debe tomar en consideración dos cosas fundamentales: que no desestimule la innovación local y que el acuerdo de respeto a derechos de patentes externas no se traduzca en un costo inaceptable del producto para los consumidores de la subregión.

En resumen, el uso efectivo de la tecnología debe ser consecuente con el criterio de que no hay crecimiento económico real sin que se refleje en un cambio positivo del empleo, el ingreso y la producción de bienes de capital y consumo, y en un costo de vida razonable para la mayoría. Estos factores están hoy en día fuertemente ligados al aprovechamiento o negligencia con que se manejen los asuntos tecnológicos.

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Sección: Temas Globales

La integración del bloque norteamericano

Martha Ardila* Germán Dobry**

Presentación

La firma de un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Estados Unidos y Canadá, y con toda probabilidad México, es la resultante de una serie de cambios que a nivel global se relacionan de manera directa con la conformación de bloques regionales, la transnacionalización del capital, la apertura de las economías e igualmente con el debilitamiento de Estados Unidos.

La integración norteamericana, fortalecida por la conformación de tres potencias regionales de diversa índole, busca adaptarse de la mejor manera posible a dichos cambios internacionales, así como Estados Unidos en particular pretende obtener beneficios derivados de la expansión del mercado y de las posibilidades de obtención de mano de obra barata. En este contexto la participación de Méxic3 en el bloque norteamericano adquiere gran significado no sólo por su ubicación geográfica y las características de sus recursos, sino por su doble adscripción

internacional: en lo económico con Estados Unidos y en lo político con América Latina. Así, consideramos que el bloque constituye una baraja que coloca sobre la mesa las cartas de la integración asimétrica, visualizada ésta como la interpretación de dos o más espacios económicos en condiciones no homogéneas, e igualmente de la cooperación Norte-Sur. El presente artículo pretende explorar las expectativas suscitadas por el ALC, así como su impacto.

I. Desorden internacional

En la actualidad se asiste al desgaste del orden mundial imperante y a la antesala de una nueva etapa del desarrollo histórico mundial. La transitoriedad, matizada por la multiplicidad y complejidad de los actores implicados en el escenario internacional, tanto por la dispersión del poder como por un creciente desequilibrio en las zonas periféricas y una menor polarización ideológica, hace más inestable al mundo actual que el de la inmediata posguerra.

La conjunción del poder militar, económico y político ha dejado de ser exclusividad de un sólo país. El poder internacional se ha fragmentado y relativizado. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones que poseían el llamado "poder duro" ostentaron la supremacía mundial. Ni otros recursos, ni el tamaño, ni la población, ni la estabilidad política eran comparables al significado de poseer el control nuclear y un considerable arsenal militar. El actual contexto ha cambiado cualitativamente y

*Politóloga, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

**Historiador, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

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la difusión del poder se ha vuelto compleja en la medida en que múltiples actores transnacionales y no estatales intervienen, y aun la misma expansión de la tecnología bélica hacia los estados débiles.

A lo largo de toda la centuria y no tan sólo durante la Guerra Fría, las relaciones internacionales y la toma de decisiones en sí reflejaron una aparente ideologización. Se estaba en el campo del mundo capitalista o en el del socialista, pero se descartaba la posibilidad de una combinación según conveniencias coyunturales. La tendencia actual señala lo contrario: divorcio y convivencia, afinidad y discordia, incluso de manera simultánea, cooperación económica y conflictos políticos. Hoy las relaciones se definen más en virtud de los intereses económicos que de postulados ideológicos. Prima, pues, la desideologización en estricto sentido político sin que se descarte una posible futura uní polaridad política1, entendida ésta más en función de los valores ideológicos capaces de ser transmitidos e impuestos por una potencia que del poderío militar y económico.

Finalmente, otros aspectos tales como la soberanía, la cultura y la propia configuración del Estado-nación están sufriendo modificaciones en el escenario internacional al constituirse nuevos ejes geoeconómicos y geopolíticos regionales2. Esta situación generará

conflictos y contradicciones acrecentados también por el ímpetu centrífugo de los grupos alógenos, poco dispuestos en realidad a ceder en lo que a derechos e identidad cultural se refiere. La transnacionalización, sin embargo, no es absoluta: continentalismo, proteccionismo y nacionalismos aún siguen desempeñando un destacado papel.

II. La integración asimétrica norteamericana

La diversidad de sus miembros, en cuanto a su población y producto interno bruto (PIB) entre otros indicadores socioeconómicos, constituye la principal característica del llamado bloque norteamericano. Sus diferencias más que sus similitudes lo convierten en un grupo de integración asimétrico y complementario. Esta característica contribuye a que los eventuales beneficios de la integración no se distribuyan de manera equitativa entre los tres países.

Mucho se ha especulado acerca de la integración entre países con diferentes niveles de desarrollo, discusión que se dio en el viejo continente a raíz de la posibilidad de incluir a los países mediterráneos europeos, excepción hecha de Italia, como parte de la Comunidad. Diversas interpretaciones teóricas han señalado que este tipo de integración asimétrica entre economías

complementarias tiende a beneficiar al país o a los países menos desarrollados. En razón de ello, el más industrializado buscará un "beneficio lateral" equiparable a la ganancia que a los demás les pudiera ocasionar la ampliación del intercambio comercial y de la inversión extranjera3. En Canadá, por ejemplo, los norteamericanos intuyeron enormes posibilidades en el sector de los servicios y en el aumento de las inversiones. México, por su parte, resulta atractivo para Estados Unidos por el bajo costo de su mano de obra, en la misma medida en que para Alemania en particular, y los demás países de la Comunidad Europea en general, lo es Europa Oriental. Pese a las posibilidades de sustituir la fuerza de trabajo, el bajo costo de ésta continúa ejerciendo importante atracción para los países centrales. No obstante, las disquisiciones teóricas no siempre encuentran, como se verá más adelante, efectiva comprobación empírica tal y como lo corrobora el caso canadiense.

Desde hace varios años los analistas han venido sugiriendo la posibilidad de integrar un bloque norteamericano, insinuación que adquirió especial significación merced a una serie de sucesos: la conformación del competitivo mercado regional europeo, la apertura externa de las economías así como el propio debilitamiento de Estados Unidos. Con este bloque, el país del Norte busca contrarrestar la crisis interna y

1 Al respecto puede consultarse a Charles Krauthmmer, "The Unipolar Moment" en Foreign Affairs, Vol. 70, No. 1, New York.. 1991 2 Respecto al nuevo orden mundial puede consultarse Luis Alberto Restrepo, "Hacia un nuevo orden mundial" en Análisis

Político, No. 14. Santa fe de Bogotá, septiembre a diciembre de 1991; Pierre Gilhodes, "¿Qué nuevo orden?" en Revista de la Cancillería de San Carlos, No. 7, Santa fe de Bogotá, mayo de 1991; Carlos Contreras (coordinador), Después de la Guerra Fría, Santiago de Chile-Caracas, Editorial Nueva Sociedad - Comisión Suramericana de Paz, 1990.

3 Respecto a la integración asimétrica y al "beneficio lateral" que busca Estados Unidos en el bloque norteamericano puede consultarse a Gerald K. Helleiner, "Consideraciones sobre un área de libre comercio entre Estados Unidos y México. Lecciones de la experiencia de la integración económica entre socios desiguales", en Gustavo Vega Cánovas (coordinador), México a te el libre comercio con América del Norte, México, El Colegio de México, Universidad Tecnológica de México, 1991, pp. 255-289.

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mostrar protagonismo y mayor influencia regional.

Aparentemente, en su conjunto, el bloque norteamericano tendría grandes ventajas. Su población alcanzaría más de 350 millones de habitantes; un PIB de 4.2 billones de dólares; los problemas que ha acarreado la amplia extensión de sus fronteras —9 mil kilómetros con Canadá y más de 3 mil con México— serían superados; el comercio y la inversión extranjera contribuirían al crecimiento económico de los tres países, en un contexto en el que el comercio de Canadá hacia Estados Unidos representa el 19% del total canadiense, y el de México el 67%. Además de la extensión del mercado y la complementariedad económica, esta región es rica en recursos naturales y mano de obra4.

No obstante, en las fronteras de Estados Unidos se configuran características étnicas, culturales y salariales muy diferentes. Mientras con la del norte tiene mayor similitud y ha tenido relaciones de cooperación, históricamente la del sur ha generado conflictos debido a dos factores estrechamente ligados: el desequilibrio producido por la condición de

subdesarrollo, y el continuo flujo de trabajadores indocumentados a través de la misma, un punto especialmente álgido de la agenda bilateral México Estados Unidos.

Canadá y México: ampliando mercados y disminuyendo aranceles

A pesar de que Estados Unidos es el principal destinatario de las exportaciones mexicanas, durante los años setenta el comercio de México con ese país experimentó un cambio de composición relacionado con el aumento de la industria maquiladora y las exportaciones de manufacturas5. Por varias décadas en México, fallidamente, se discutió la posibilidad de integrar un mercado económico con Estados Unidos. Aunque tal iniciativa careció de resonancia mientras la apertura económica no mostró resultados concretos, se presentó un cambio en la composición de las exportaciones y se dio a su vez un proceso de regionalización en otras partes del mundo.

Por su parte, Canadá buscaba ampliar y diversificar sus relaciones internacionales y contrarrestar los efectos de la

inversión extranjera en su país. Estados Unidos y Canadá son socios más igualitarios aunque las ventajas serán mayores para el primero. La principal de ellas se deriva del incremento de las posibilidades de inversión directa norteamericana y la expansión de su mercado para las empresas de alta tecnología y servicios .

En otros aspectos, Canadá y México han aducido diversos intereses en relación con la firma de un Acuerdo de Libre Comercio: mientras el primero buscaba liberalizar el régimen de importaciones con miras a insertarse en la economía global, México pretende mejorar el crédito y el financiamiento externo para reactivar su crecimiento económico entre 1981 y 1990 —su PIB había disminuido en un 8.4% y la deuda externa había aumentado de 34 mil millones de dólares en 1979 a 101.700 millones en 1990. Debido a que ambos mercados, aunque principalmente el mexicano, se encuentran lo suficientemente integrados al estadounidense, para México la firma de un Acuerdo significaría la formalización de una relación, que a diferencia de la cana-diense, carece de mecanismos bilaterales de mediación7.

4 Comparando con los oíros bloques regionales, tenemos:

TAMAÑO DE BLOQUES POBLACION PIB (millones de personas) (millones de US) Norteamericano 355 5,565 Europeo 390 5,380 Asia-pasifico(sin china) 410 3,700

5 Gustavo Vega Cánovas, "Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos: evolución reciente y perspectiva para el. futuro" en

México ante el libre comercio..., pp. 167-207. 6 Al respecto puede consultarse a Pedro Fernando Castro Martínez, "El acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y . . . Canadá" en Comercio Exterior, Vol. 39, No. 4, México D.F., abril 1989. 7 Una posición en contra del Acuerdo de Libre Comercio se encuentra en: William A. Orme Jr., "The sunbelt moves south", . . Nacla Report on the Americas, Vol. 24, No. 6, New York, mayo de 1991.

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Adicionalmente, y a pesar de que el Nafta aún no se presente del todo nítido, éste implica para México reforzar su política económica de apertura internacional, promover el crecimiento del ingreso y del empleo, favorecer el clima de las inversiones extranjeras y disminuir las barreras arancelarias. Del millón de personas que ingresan anualmente al mercado, la economía mexicana tan sólo está en capacidad de absorber entre 300 ó 400 mil. Pero, asimismo, presenta desventajas relacionadas con la economía y el mercado laboral estadounidense, y con aspectos políticos y culturales que hacen alusión a la pérdida de soberanía en un país supremamente celoso de su identidad nacional.

El Acuerdo: ¿apoyo o rechazo?

En general, aunque con diferente magnitud en México, Estados Unidos y Canadá, el Acuerdo ha contado con el respaldo de la población y resultaría erróneo afirmar que ha existido una oposición amplia y organizada al respecto. Las manifestaciones en su contra han sido aisladas y lideradas por sectores minoritarios que poco inciden en la toma de decisiones.

A pesar del apoyo con que cuenta, algunos sectores de la opinión pública de los tres países, por diferentes razones, se han opuesto a la conformación de un bloque regional norteamericano. A los mexicanos se les ha vendido la idea de que además de ser la opción más viable para su país, mejoraría sustancialmente

las condiciones de vida de su población, aunque educativamente no se encuentra capacitada para competir en condiciones ventajosas. Pese a ello, no se han canalizado movimientos de alcances sociales en contra del Acuerdo. Esporádicamente, se han opuesto el Partido Revolucionario Democrático, PRD, liderado por Cuahutemoc Cárdenas, así como ciertos sectores académicos. De cualquier manera, más allá de la creencia generalizada y sólidamente arraigada en la opinión pública, según la cual el Acuerdo reportará beneficios para el conjunto de la población, la certeza no resulta del todo clara, máxime cuando México adheriría a un convenio, ya existente entre Estados Unidos y gCanadá desde enero de 1989, sin ningún tipo de poder negociador.

La experiencia canadiense, por otra parte, no resulta alentadora en tanto no se han cumplido los supuestos teóricos, específicamente aquéllos referidos a exportaciones, empleo y libre circulación de capitales, según los cuales Canadá revitalizaría su economía. Ni se han materializado las expectativas de amplios sectores sociales, ni la población ha obtenido los beneficios económicos anhelados. Debido a ello, en Canadá el Acuerdo de Libre Comercio halló oposición en las confederaciones de trabajadores y productores agrícolas, en el Nuevo Partido Democrático, NPD, y en la facción liderada por el liberal John Turner8. Por su parte, en Estados Unidos, algunos grupos ecologistas, sindicalizados y otros como los Political Action Committees

PACs) se opusieron al Acuerdo impelidos por el temor de una competencia laboral insalvable por parte de los trabajadores mexicanos. No obstante, los congresistas con mayor incidencia en la toma de decisiones y los llamados "públicos atentos", entre los que se encuentran representantes de las transnacionales, apoyan el Acuerdo porque ven en México posibilidades de inversión así como una garantía de mano de obra barata.

De manera más concreta, las compañías transnacionales, como la AT&T, Dow Chemical, Ford, IBM y Pepsicola, entre otras, buscan asegurar a México como centro de producción para más adelante dinamizar su mercado de consumo. Debido a que gran parte de estas empresas tienen subsidiarias en México, eliminar las restricciones a las inversiones en lo que se ha denominado "industrias estratégicas" y establecer leyes de propiedad intelectual resulta ser un claro objetivo de las corporaciones. No sólo el bajo costo de la mano de obra y de la propiedad raíz, sino también el limitado poder contestatario de la clase obrera ejercen un importante atractivo. Recordemos que la Central de Trabajadores Mexicanos, CTM, el grupo sindical más grande del país, se encuentra cooptado por el Estado.

Aún existen muchos aspectos por definir y la situación no se perfila del todo clara. Problemas con connotaciones también políticas, que históricamente han afectado la agenda de negociaciones entre los tres países, por ejemplo el concerniente a la migración, han

8 Michel Duquette, "El acuerdo de libre comercio Canadá-Estados Unidos" en Foro Internacional, Vol. XXXI, No. 2,

México D.F., octubre-diciembre de 1990.

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sido débilmente examinados y su tratamiento está aún por definirse. Resulta más probable que las inversiones en maquilas, que requieren el petróleo suministrado por el gobierno mexicano a bajo costo, aumenten en México, lo cual fomentaría las fuentes de empleo pero a un alto precio ecológico; parece mucho menos factible que la población se pueda desplazar libremente entre estos países. No obstante, un pacto de libre comercio que no incluya un marco flexible para la inmigración, tenderá a aumentar las diferencias salariales y a provocar mayor desplazamiento poblacional.

La integración norteamericana no constituye una simple zona de libre comercio. Un mercado común supone un proceso de integración con libre tránsito de mercancías, personas y capitales. La historia regional y los problemas que ha acarreado el desarrollo desigual de sus fronteras requerirán un tratamiento mucho más complejo y un flujo más espontáneo no sólo de capitales sino también poblacional.

Las perspectivas de la integración asimétrica norteamericana

La integración norteamericana resulta de gran interés no sólo como fortín "proteccionista" frente a otros bloques comerciales, principalmente el europeo, sino porque debido a la creciente marginalidad de América Latina, en ella se vislumbra el futuro regional y la extensión de una zona de libre comercio a otros países de la

región. La Iniciativa Andina (noviembre, 1991) y la Iniciativa para las Américas (junio, 1990) constituyen el mejor ejemplo de una integración ampliada basada en la cooperación Norte-Sur.

Las perspectivas del bloque norteamericano y del ALT, en particular, dependerán de la dimensión de la apertura y de las características de los sectores que se abran a la competencia. En el caso mexicano, probablemente los mayores cambios se presenten en las manufacturas, los servicios y la agricultura. Difícilmente los pequeños productores de fríjol, maíz y otros alimentos básicos podrán competir, y deberán abrir su producción a siembras más rentables, tales como las verduras y frutas de invierno exportables a Estados Unidos9. Por lo pronto los efectos son difíciles de predecir.

Para Canadá, a casi tres años de firmado el acuerdo con Estados Unidos, los beneficios han sido marginales. Por una parte, el acceso al mercado norteamericano no ha sido tan amplio como se esperaba. Aunque se han eliminado los aranceles, el proteccionismo estadounidense continúa bajo la modalidad de barreras pararancelarias, subsidios y licencias de importación, por ejemplo. Por otra parte, tampoco han aumentado las exportaciones canadienses. Se-gún la agencia gubernamental de estadísticas, el comercio con Estados Unidos, de un superávit promedio de 5.300 millones de dólares entre 1984 y 1988, ha disminuido a un déficit promedio de 1.500 millones

de dólares durante los dos últimos años. Analistas atribuyen este fracaso a las políticas macroeconómicas anti-inflacionarias que al fijar altas tasas de interés han sobrevaluado el dólar canadiense y hecho menos competitivos sus productos en el mercado de Estados Unidos10. Esta situación ha originado un aumento del desempleo que, según cifras oficiales, pasó del 7.8% en julio de 1990 al 10.5% en tan sólo un año. Informes sectoriales sobre las ramas automotriz, agrícola y licorera —supuestamente las más beneficiadas por el Acuerdo— se desconocen. Las microempresas al igual que el sector informal han sido los más perjudicados.

Como resultado del ALC, el Estado irá perdiendo poder decisorio en los asuntos internos del país, lo cual se verá reflejado en una disminución de la capacidad de negociación de los estados con menor desarrollo relativo, en este caso México y, en menor medida, Canadá. Asimismo, la territorialidad y la soberanía se harán más permeables y disminuirán en importancia. Dichos efectos se enmarcan en un proceso de desideologización y pragmatismo de alcances mundiales en el cual se perciben nuevas alianzas e igualmente mayor inestabilidad.

Por otra parte, cambios en la economía mundial tales como las transformaciones tecnológicas ocurridas a partir de la posguerra, la diferente capacidad de los países industrializados y las fluctuaciones en la

9 Respecto a la marginación del campesino mexicano puede consultarse Steven E. Sanderson, "Free Trade: Can México win?, en Hemisphere, Vol. 3, No. 2, winler-spring, 1991; David Barkin," About Face", en Nada Report on Ihe Américas, Vol. 24, No. 6, New York, mayo 1991.

10 Bruce Campbell. "Beggar thy neighbor", en Nada...; Richard Grinspun, "Free Trade Lessonsfrom Canadá", en Hemisphere, Vol. 3, No. 2, winter-spring,1991.

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oferta y la demanda de productos básicos como petróleo, café, cereales y azúcar conducirán a un mayor deterioro de la periferia. Desde 1982, las exportaciones perdieron dinamismo debido al debilitamiento de los precios de muchos productos básicos, a las políticas proteccionistas de los países desarrollados y al impacto recesivo del endeudamiento externo. Asimismo, la sustitución de la mano de obra por servomecanismos y las modificaciones de los procesos biológicos naturales mediante la ingeniería genética sitúan también en desventaja al Tercer Mundo. Frente a este panorama, las opciones que poseen países como los de América Latina no son muchas. La integración y la concertación renovada intrarregional y Norte-Sur parecen constituir las alternativas más reales aunque en el último caso no las más deseables.

Igualmente, se ha venido acentuando una creciente marginalización en África, China, el subcontinente indostánico y América Latina. Durante los años ochenta, como consecuencia del empobrecimiento, en el Tercer Mundo se produjo un cambio respecto a su propia concepción del mundo y a sus relaciones con el Norte y el Sur. Con el fin de la Guerra Fría, los territorios dejaron de tener importancia como una eventual expansión de las órbitas socialistas y capitalistas, y la ideología nacionalista hizo crisis. Aunque con diferente intensidad, los gobernantes de estos

países adquirieron conciencia del significado de la desintegración tercermundista y de la conveniencia de la cooperación en vez de la confrontación.

III. El bloque norteamericano y América Latina: ¿una nueva relación Norte-Sur?

La integración y constitución de bloques regionales se concibe como una necesidad del nuevo orden mundial en ciernes. Este hecho representa eventuales conflictos para América Latina, en lo económico y lo político.

El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones en América Latina condujo a la viabilidad y aplicación del esquema neoliberal en un contexto internacional en el que la importancia de la variable económica supera la militar y la política. Para la región, los años ochenta fueron una "década perdida" en términos de los principales indicadores socioeconómicos: entre 1981 y 1990 el PIB disminuyó el 10%, el crecimiento económico fue tan sólo de 1.2%y al comenzar los años noventa, la deuda externa había ascendido a 423 millones de dólares11. En cambio, en lo político (con el fin de la dictadura y los procesos de concertación encaminados a la negociación y apertura) se presenció la democratización del Cono Sur y Centroamérica. La crisis económica incidió en la falta de interés de otros países por la región y condujo a su vez a una mayor dependencia

de Estados Unidos, aunque en lo político, se ganaron algunos márgenes de autonomía.

Lentamente y debido a la recesión económica, al fin de la Guerra Fría y a los sucesos de la Unión Soviética, Estados Unidos ha modificado su actitud frente a América Latina. Tras muchas vacilaciones, para esa potencia resulta claro que la solución a los acuciantes problemas de la agenda global, tales como narcotráfico, medio ambiente, migraciones y comercio, requieren la colaboración regional. Países como Nicaragua, el istmo centroamericano, Cuba, e incluso otros como Perú y Colombia con presencia de una insurgencia prolongada, dejaron de ser amenaza de la expansión soviética. Muy probablemente en los próximos años se presencie un cambio en la concepción de la seguridad nacional que, en detrimento de concepciones estrictamente estratégicas y geopolíticas, orientará la acción estatal hacia la búsqueda del bienestar económico. En realidad, la seguridad y la estabilidad de la región se encuentran cuestionados más por el deterioro de la situación económica13 que por amenazas externas.

Al finalizar el siglo XX, Estados Unidos debe adaptarse a los cambios mundiales. El problema no es tanto su decadencia sino más bien su capacidad de integrarse al nuevo orden mundial. El poder y los recursos de poder han cambiado. En un escenario internacional cada vez más interdependiente, el uso de la fuerza resulta

11 Fuente de la Cepal, citada por Luis Alberto Lopera, "Economía latinoamericana: ¿se nivela por abajo?", en El Tiempo, 27 de enero de 1991, p.2C.

12 Al respecto puede consultarse a Alicia Frohmann, Puentes sobre la turbulencia. La concertarían política latinoamericana durante los 80s, Santiago de Chile, Flacso, 1990.

13 Abraham Lowenlhal, Patterns in conflict. The United States and Latín America ¡n the 1990s, The Johns Hopkins University Press, 1990.

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de muy costoso. Los nuevos recursos de poder, tales como las comunicaciones y los cambios tecnológicos, adquieren importancia y superan la estrategia bélica. El poder tradicional ha dejado de ocupar la cúspide debido a que en un mundo interdependiente la respuesta de terceros es muy importante. Los recursos "menos tangibles" como la tecnología, la información y la educación logran mayor peso relativo, en tanto que la geografía, la población y las materias primas tienden a perderlo. El impacto de los medios de comunicación masivos permite el ágil y expedito flujo de la información, es decir, la rápida toma de decisiones, la velocidad de las transacciones y la facilidad de los acuerdos, constituyéndose en un recurso de poder insustituible.

Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina atraviesan una etapa de redefini-ción que tuvo su punto de par-tida en los esquemas neolibe-rales de apertura económica. Del éxito de este modelo de-penderá la futura relación que será diferenciada según el país o grupo de países del cual se trate. América Latina es heterogénea y se encuentra fragmentada,

aunque hoy se perfile menos disímil que durante los años ochenta.

La integración norteamericana no es un simple acuerdo comercial, sino que más bien se percibe como un proceso de cooperación de gran envergadura para el futuro de América Latina, en el que se prueba la conveniencia de la integración asimétrica y la vinculación entre los aspectos económicos y políticos. Aunque no se niega la posibilidad del cambio en la percepción de los tomadores de decisiones de la política exterior norteamericana, la historia de las relaciones de este país con México —y América Latina en general— se encuentra marcada por intervenciones y sentimientos nacionalistas que en el caso estadounidense adquieren una connotación mesiánica y de superioridad de la cultura anglosajona. Pese a ello, la eventual recuperación del "imperio" camina por los senderos de la integración y la cooperación latinoamericanas.

La futura eliminación de los aranceles y la penetración en mercados más amplios se percibió como objetivo inicial de este bloque regional. Sin embargo, Estados Unidos continúa

con prácticas proteccionistas especialmente notorias en los subsidios a los productores de arroz, caña, algodón, ciertas carnes y lácteos. Por su parte, para Canadá el Acuerdo no ha significado el acceso a un mercado más amplio, ni ha fomentado fuentes de empleo. Esta situación nos llevará necesariamente a reflexionar acerca de la viabilidad de una zona de libre comercio entre países como los latinoamericanos, principalmente agro exportadores, y Norteamérica, empeñada en fomentar barreras paraarancelarias.

De cualquier manera, el bloque norteamericano apenas se está decantando y aún existen muchas preguntas sin respuesta. Por lo pronto se observa la necesidad de implementar una política coordinada pero autónoma frente a la migración y al petróleo, temas que han ocupado un primer lugar en la agenda de negociaciones no sólo de México sino de toda la región con los Estados Unidos. Falta tiempo para que Canadá, Estados Unidos y México constituyan un bloque económico efectivo. De momento, tan sólo se aproximan a un Acuerdo de Libre Comercio.

14 Respecto a la decadencia de los Estados Unidos y a los nuevos recursos de poder puede consultarse a Joseph Nye, Bound to lead: the changing tinture of American Potuer, New York, Basic Books, Inc., Publishers, 1990.

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Sección: Documentos

Cumbre sobre drogas en San Antonio, 1992

Nosotros los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Estados Unidos de América, y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, reunidos en San Antonio, Texas, el 26 y 27 de febrero de mil novecientos noventa y dos, formulamos la siguiente

Declaración de San Antonio

Reconocemos que la Declaración de Cartagena, emitida el 15 de febrero de 1990 por los presidentes de Bolivia, Colombia, Perú y Estados Unidos de América, sentó las bases para el desarrollo de una estrategia integral y multilateral para confrontar el problema de las drogas ilícitas. Por ello, quienes representamos a los países que se reunieron en Cartagena reafirmamos vigorosamente los compromisos que fueron asumidos en ese momento. Reunidos ahora como representantes de siete gobiernos, expresamos nuestra disposición a ir más allá de los logros de Cartagena, construir sobre el progreso alcanzado y adecuar la cooperación internacional a los nuevos retos que surgen de los cambios mundiales experimentados en el problema de la droga.

Reconocemos que el problema global de las drogas ilícitas y los delitos conexos representan una amenaza directa para la salud y el bienestar de nuestros pueblos, para sus economías, para la seguridad nacional de nuestros países y para la armonía de las relaciones internacionales. Las drogas inducen a la violencia y a la fármaco dependencia; constituyen una amenaza para las instituciones democráticas y un desperdicio de recursos económicos y humanos que podrían ser canalizados en beneficio de nuestras sociedades.

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Vemos con agrado los avances alcanzados du-rante los últimos dos años en reducir la producción y la demanda de cocaína, en disminuir los cultivos para fines ilícitos, en ejecutar los programas de desarrollo alternativo y en desmantelar y desbaratar las organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, así como sus redes de respaldo financiero. La estrecha cooperación entre nuestros gobiernos y la voluntad política de los mismos han dado como resultado un aumento alentador en la incautación de drogas y en la eficacia de las acciones de la aplicación de la ley. Asimismo, como resultado de esta cooperación y voluntad política, varios de los principales mandos vinculados activamente al comercio de la droga hace dos años se encuentran en prisión en varios países. Los programas de desarrollo alternativo han demostrado ser una estrategia eficaz para sustituir los cultivos de la coca en los países productores.

Si bien nos sentimos motivados por esos logros, reconocemos que las acciones de cooperación mutua deben ser ampliadas y fortalecidas en todos los campos. Exhortamos a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los medios de comunicación, a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra las drogas. El papel de los medios de comunicación es muy importante, y los convocamos a intensificar sus valiosos esfuerzos. Nos comprometemos a promover, a través de los medios de comunicación, los valores indispensables para una sociedad sana.

Además del problema de la cocaína, reconocemos la importancia de permanecer alertas frente al incremento de la producción, el tráfico y el consumo de heroína, marihuana y otras drogas. Enfatizamos la necesidad de ejercer mayor control y fiscalización de las sustancias que se utilizan en la producción de estas drogas y de ampliar las consultas sobre acciones de erradicación de estos cultivos ilícitos.

Estamos convencidos de que nuestras acciones contra las drogas deben llevarse a cabo sobre la base del principio de las obligaciones compartidas y en forma equilibrada. Es esencial enfrentarnos al problema con un enfoque integral que incluya la demanda, los cultivos con fines ilícitos, la producción, el tráfico y las redes ilegales de distribución de drogas, al igual que los delitos conexos como el tráfico de armas, de productos químicos esenciales y precursores y el lavado de dinero. Asimismo, nuestros gobiernos continuarán perfeccionando estrategias que comprendan el

desarrollo alternativo, la erradicación, el control y la interceptación, el fortalecimiento de los sistemas judiciales y la prevención del consumo de drogas ilícitas.

Reconocemos la importancia fundamental de fortalecer los sistemas judiciales para asegurar que existan instituciones eficaces para someter a la justicia a quienes delinquen. Asumimos la responsabilidad de fortalecer la cooperación judi-cial entre nuestros países para alcanzar estos ob-jetivos. Reafirmamos nuestra intención de llevar a cabo estos esfuerzos, en estricto cumplimiento del régimen legal internacional para la protección de los derechos humanos.

Reafirmamos que la cooperación mutua debe llevarse a cabo de conformidad con las respectivas legislaciones nacionales, con pleno respeto de la soberanía e integridad territorial de nuestros países y estricta observancia del derecho internacional.

Reconocemos que el problema de las drogas ilícitas es internacional. Todos los países directa o indirectamente afectados deben asumir obligaciones y acciones claras en la lucha contra ese problema. Exhortamos a los países de la región a fortalecer las acciones nacionales y de cooperación internacional en la lucha contra las drogas y a participar activamente en los programas regionales. Reconocemos que, en el caso del Perú, la complicidad entre el narcotráfico y el terrorismo perturba en gran medida la acción contra las drogas, amenaza a las instituciones democráticas y menoscaba la viabilidad de la economía peruana.

Nos solidarizamos con la lucha contra las drogas que realizan los países hermanos de las Américas, exhortándolos a redoblar esfuerzos y ofreciéndonos a estrechar con ellos la cooperación de nuestros gobiernos mediante los acuerdos específicos que deseen celebrar. Valoramos la importancia de la unidad hemisférica en este esfuerzo y la alentamos.

Observamos con preocupación que en Europa y Asia se abren y expanden los mercados para la comercialización de las drogas ilícitas, particularmente la de la cocaína. Exhortamos a las naciones de estos continentes y a los otros miembros de la comunidad internacional a que, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, estrechen la cooperación en la lucha contra las drogas en la que están comprometidos los países del hemisferio americano. En este sentido, hemos convenido formar un grupo de alto nivel, con representantes designados

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por los países firmantes de la Declaración, para que visite a otros países de este hemisferio, de Europa y el Japón, con el objeto de invitarlos a participar activamente en los esfuerzos y las estrategias de cooperación que se consignan en la misma.

Ratificamos nuestro decidido compromiso en la lucha contra las drogas de las organizaciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Inspirados en su mandato, expresamos nuestro pleno respaldo a los programas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.

Reconocemos la importancia fundamental de contar con economías fuertes e iniciativas económicas innovadoras para tener éxito en la lucha contra las drogas. Será esencial lograr mayores avances en los campos del comercio y la inversión. Apoyamos la Iniciativa para las Américas como medio para mejorar las condiciones económicas en el hemisferio y nos sentimos alentados por el progreso obtenido por los países de esta región en la reestructuración de sus economías.

Reafirmamos la importancia del desarrollo alternativo para la lucha contra las drogas. Toma-mos nota de que también son víctimas del narco-tráfico en la región aquellos sectores de la sociedad que viven en la extrema pobreza y que se ven atraídos a la producción y al tráfico de drogas ilícitas como medios de ganarse el sustento. Consideramos que para que nuestros esfuerzos por reducir el tráfico de drogas ilícitas tengan éxito, resulta esencial ofrecer opciones lícitas que generen empleos e ingresos.

Nos proponemos alcanzar los objetivos y las metas definidas previamente en la presente Declaración y en sus Estrategias para la Acción, adjuntas.

Reconociendo la necesidad de asegurar la cohesión y el progreso de nuestras acciones contra las drogas, nuestros gobiernos se proponen llevar a cabo una reunión de alto nivel anualmente.

Para ampliar aún más los esfuerzos internacionales en la lucha contra las drogas, invitamos a otros países o a representantes de grupos de países a unirse a esta Declaración.

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Relaciones exteriores: Estatuto orgánico del servicio exterior y de la carrera diplomática y consular

Ministerio de Relaciones Exteriores DECRETO NÚMERO 10 DE 1992

(Enero 3)

"Orgánico del servicio exterior y de la carrera diplomática y consular".

El presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades extraordinarias que le

confieren los literales b), e) del artículo 43 de la Ley 11 de 19911

DECRETA: CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ARTÍCULO lo. El presente decreto contiene las normas que regulan el servicio exterior de la República y la carrera diplomática y consular.

ARTÍCULO 2o. A través del servicio exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las misiones diplomáticas y consulares desarrollan en forma sistemática y coordinada todas las actividades relativas al estudio y ejecución de la política internacional de Colombia, la representación de los intereses del Estado colombiano y la tutela de los intereses de sus nacionales ante los demás estados, las organizaciones internacionales y la comunidad internacional.

1 La Ley 11 de 1991 estableció la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y determinó las funciones de sus dependencias. Véase Revista Legislación Económica Ne 923.

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ARTÍCULO 3o. El servicio exterior es un servicio especializado, profesional, jerarquizado y disciplinado, que se funda en el principio del mérito.

CAPÍTULO II Naturaleza de los cargos

ARTÍCULO 4o. Los cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores serán:

a) De libre nombramiento y remoción; b) De carrera diplomática y consular; c) De carrera administrativa, y d) De servicio administrativo en el exterior.

ARTÍCULO 5o. Son de libre nombramiento y remoción los siguientes cargos: a) Viceministro; b) Secretario general de ministerio; c) Director general de ministerio; d) Subsecretario de la secretaría general; e) Subsecretario de asuntos administrativos; f) Subsecretario de organización y sistemas; g) Subsecretario jurídico; h) Jefe de la oficina de estudios especiales; i) Jefe de la oficina de divulgación y prensa; j) Jefe de la oficina de planeación; k) Jefe de la oficina de coordinación nacional; 1) Subdirector de ministerio, y m) Personal del despacho del ministro, viceministro

y secretario general.

PARÁGRAFO lo. Los jefes de misiones diplomáticas serán, asimismo, de libre nombramiento y remoción. PARÁGRAFO 2o. Los funcionarios inscritos en el escalafón de la carrera diplomática y consular podrán ser designados en comisión en los cargos señalados en este artículo, siempre y cuando reúnan todos los requisitos exigidos para ellos en las normas que regulan esta materia. ARTÍCULO 6o. Con las excepciones previstas en el anterior artículo, son cargos de la carrera diplomática y consular los de categoría superior a la de tercer secretario, inclusive, y sus equivalentes en el servicio interno, los cuales deberán ser provistos con funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular en los términos del presente decreto. Si no existiese personal escalafonado en la respectiva categoría, el Gobierno Nacional podrá

proveerlos provisionalmente, con personas que sin pertenecer a la carrera diplomática y consular, cumplan con los requisitos exigidos para estos cargos. Durante el período de provisionalidad el ministro adoptará todas las medidas necesarias para suplir la carencia de personal escalafonado.

ARTÍCULO 7o. Son cargos de servicio administrativo en el exterior, los desempeñados por personal administrativo, técnico y de servicio en las misiones diplomáticas y consulares. El ministro de Relaciones Exteriores determinará lo relativo a su ubicación, denominación, asignaciones y funciones.

ARTÍCULO 8o. Son cargos de carrera administrativa los demás del Ministerio, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia.

CAPÍTULO III De la carrera diplomática y consular

ARTÍCULO 9o. La carrera diplomática y consular es el estatuto que regula el ingreso, ascenso, permanencia, alternación, régimen de comisiones, evaluación, disponibilidad, asignaciones especiales y retiro de los funcionarios que desempeñan funciones diplomáticas y consulares.

ARTÍCULO 10. Las categorías de los funcionarios de la carrera diplomática y consular, son las siguientes:

a) Embajador; b) Ministro plenipotenciario; c) Consejero; e) Primer secretario; f) Segundo secretario, y g) Tercer secretario.

ARTÍCULO 11. Las equivalencias entre el servicio diplomático y el servicio consular son las siguientes:

En el servicio diplomático Ministro plenipotenciario Ministro consejero Consejero Primer secretario Segundo secretario Tercer secretario

En el servicio consular Cónsul general Cónsul general Cónsul general Cónsul de primera Cónsul de segunda Vicecónsul

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PARÁGRAFO. Los funcionarios escalafonados en la carrera podrán ser designados indistintamente, tanto en el servicio diplomático como en el consular. ARTÍCULO 12. Las equivalencias entre las categorías del escalafón de la carrera, los cargos del servicio exterior y los cargos de la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores para todos los efectos, son las siguientes:

Cargos en la planta interna

Viceministro, Secretario General. Director del Protocolo, Director de la Academia. .Ministro Plenipotenciario. .Subsecretario de Relaciones Exteriores, Subdirector, Jefe de . Oficina Ministro Consejero, Asesor, Subdirector del protocolo. Consejero de Relaciones Exteriores, Asesor. Primer Secretario de Relaciones Exteriores, profesional especializado Segundo secretario de Relaciones Exteriores, profesional especializado Tercer secretario de Relaciones Exteriores, profesional universitario.

CAPÍTULO IV Ingreso a la carrera

ARTÍCULO 13. El ingreso a la carrera diplomática y consular se hará exclusivamente por concurso público y en la categoría de Tercer Secretario.

ARTÍCULO 14. Los concursos de ingreso tienen por objeto establecer la aptitud e idoneidad de los aspirantes a ocupar los cargos de carrera. Se efectuarán una vez al año en el mes de septiembre y se convocarán, por lo menos, con tres meses de anticipación.

ARTÍCULO 15. El proceso de selección de aspirantes comprende:

a) convocatoria; b) pruebas;

c) elaboración y publicación de las listas de

seleccionados: d) ingreso a la academia diplomática; e) evaluación de rendimiento académico; y f) nombramiento en período de prueba.

ARTÍCULO 16. La resolución de convocatoria será expedida por el ministro de Relaciones Exteriores y en ella se determinarán, para cada concurso, el número de cupos de ingreso a la academia, las profesiones requeridas para participar en el mismo y las materias y temas sobre los cuales versarán las pruebas.

ARTÍCULO 17. Los aspirantes a ingresar a la carrera diplomática y consular deberán reunir y cumplir los siguientes requisitos, fuera de los previstos en la constitución y las leyes: a) ser colombiano por nacimiento y no tener doble

nacionalidad; b) ser menor de treinta años; c) tener título profesional universitario, reconocido

por el Estado; d) tener definida su situación militar, y e) hablar y escribir correctamente un idioma de

uso diplomático distinto del castellano.

ARTÍCULO 18. Los aspirantes serán seleccionados en estricto orden, según el puntaje que obtengan en las pruebas respectivas e ingresar a la academia diplomática para adelantar los estudios de capacitación que ésta programe, por el término de un año.

Quienes aprueben el período de capacitación en la academia serán nombrados en período de prueba por un año, en estricto orden de puntaje y de acuerdo con los requerimientos del servicio.

PARÁGRAFO. El Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias en relación con la academia diplomática, así como obtener el concurso de instituciones de educación superior de reconocida trayectoria y de entidades nacionales e internacionales afines, con el propósito de alcanzar el más alto grado posible de idoneidad académica en los programas y actividades que le corresponde adelantar.

ARTÍCULO 19. Cumplido el período de prueba, la comisión de personal de la carrera diplomática y consular evaluará los resultados del funcionario. Si la evaluación fuere satisfactoria, será inscrito

Categorías en la Carrera y cargos

del servicio exterior

Embajador

Ministro Plenipotenciario

Ministro Consejero

Consejero y Cónsul general

Primer secretario y Cónsul de primera

Segundo secretario y Cónsul de segunda

Tercer secretario y Vicecónsul

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en el escalafón, en la categoría de tercer secretario, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que concluyó el período de prueba. En caso contrario, será retirado del servicio mediante resolución motivada.

PARÁGRAFO lo. Se consideran como calificaciones y evaluaciones satisfactorias las que sean superiores al setenta por ciento (70%) del máximo puntaje posible, tanto para el período académico como para el período de prueba.

ARTÍCULO 20. La inscripción del funcionario en el escalafón se dispondrá por medio de decreto ejecutivo. El funcionario inscrito deberá ser trasladado dentro del año siguiente a un cargo en el servicio exterior.

ARTÍCULO 21. El escalafón de la carrera diplomática y consular es el medio de registro y de prueba de la situación, la categoría, el mérito y la antigüedad de los funcionarios inscritos en él.

ARTÍCULO 22. La función de llevar el registro actualizado del escalafón de la carrera diplomática y consular y la custodia del mismo, corresponden a la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la gestión de los recursos humanos, la cual prestará su concurso a la academia diplomática y a la omisión de personal de la carrera, para los fines a que haya lugar. El escalafón deberá contener todos los datos relativos a los funcionarios escalafonados que interesen a su desempeño como tales y, por lo menos, los relativos a inscripción, ascenso, traslados, comisiones, evaluaciones y pruebas presentadas, y retiro.

dos (2) años de servicio en el exterior, o a otro cargo en el servicio exterior, antes de cumplir un (1) año en la sede respectiva.

Los casos de traslados anticipados a que se refiere este artículo deberán ser conocidos por la comisión de personal de la carrera diplomática, la cual se pronunciará sobre el particular y hará las recomendaciones que sean del caso al ministro de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO 25. No podrá ser nombrada nuevamente en un cargo en el exterior la persona que no hubiera prestado sus servicios en la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores du-rante un período continuo, no inferior a la mitad del tiempo en que se hubiere desempeñado en el exterior. Exceptuase de esta disposición el nombramiento de embajadores.

ARTÍCULO 26. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, al término máximo de cuatro (4) años de permanencia del funcionario en el exterior o de dos (2) años en la planta interna, la autoridad nominadora de conformidad con los requerimientos del servicio producirá los correspondientes actos administrativos de nombramiento, traslado o retiro del servicio, según sea el caso.

ARTÍCULO 27. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará semestralmente a los funcionarios del servicio exterior y de la planta interna, el programa básico de traslados y la fecha probable de su efectividad. En todo caso la comunicación de traslado o retiro deberá hacerse al menos con dos meses de anticipación.

CAPÍTULO V

De la alternación

ARTÍCULO 23. Los funcionarios del servicio exterior con categoría diplomática y consular, salvo los embajadores y jefes de misión permanente, no podrán permanecer más de cuatro (4) años continuos en el servicio exterior.

PARÁGRAFO. Por circunstancias excepcionales, el término máximo de permanencia en el servicio exterior podrá ser prorrogado hasta por dos (2) años, previo concepto favorable de la comisión de personal de la carrera. ARTÍCULO 24. Los funcionarios de la carrera diplomática y consular nombrados en cargos del servicio exterior, no podrán ser trasladados inmotivadamente a la planta interna, antes de cumplir

CAPÍTULOVI De los ascensos

ARTÍCULO 28. Los ascensos dentro de la carrera diplomática y consular de la República se harán invariablemente de categoría en categoría, por decreto, en forma anual y previo concepto favorable de la comisión de personal de la carrera, sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto en el presente estatuto.

ARTÍCULO 29. Para ascender de categoría en el escalafón de la carrera, deberán reunirse los si-guientes requisitos:

a) tiempo de servicio; b) aprobación de pruebas de conocimiento, y c) evaluación satisfactoria de servicios.

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ARTÍCULO 30. El tiempo de servicio en cada categoría será el siguiente:

Tercer secretario: tres años incluido el período de prueba. Segundo secretario: cuatro años. Primer secretario: cuatro años. Consejero: cuatro años. Ministro consejero: tres años. Ministro plenipotenciario: tres años.

ARTÍCULO 31. Las pruebas de conocimientos para ascenso se efectuarán anualmente, entre los meses de agosto y octubre y versarán sobre cuatro (4) de las siguientes materias, una de las cuales será escogida por el funcionario:

a) derecho constitucional; b) derecho internacional; c) economía colombiana; d) economía internacional; e) relaciones internacionales; f) política exterior de Colombia; g) negociación internacional; h) función diplomática, práctica consular y cere-

monial diplomático; i) técnicas gerenciales; j) administración pública; k) idioma de uso internacional distinto del caste-

llano.

PARÁGRAFO lo. La academia determinará el programa básico de las materias sobre las cuales se harán las pruebas para los ascensos, desarrollará y programará para cada categoría los cursos de capacitación y actualización sobre las materias señaladas y recomendará, para su adopción por resolución ministerial, las disposiciones generales a las cuales se sujetará el desarrollo de estas actividades. De igual manera establecerá y administrará sistemas de educación e información a distancia, para los funcionarios que prestan sus servicios en el exterior. El Ministerio podrá celebrar convenios con instituciones de educación superior del país y del exterior para adoptar programas de apoyo a los procesos de capacitación, actualización y pruebas.

PARÁGRAFO 2o. Para el ascenso a la categoría de embajador, después de tres años de servicio en la categoría de ministro plenipotenciario, el funcionario debe superar las pruebas de que trata

este artículo o publicar una obra sobre temas afines a la política exterior. Esta obra deberá ser aprobada por una autoridad académica del nivel de educación superior, de acuerdo con los criterios que para el efecto se señale mediante resolución del ministro de Relaciones Exteriores, con el fin de garantizar el más alto nivel académico en los trabajos que se presenten.

ARTÍCULO 32. Las pruebas para los funcionarios de carrera que presenten sus servicios en el exterior, serán practicadas por una comisión integrada por el secretario general del ministerio y el embajador en el país de la sede en donde se realicen, de acuerdo con la concentración por áreas geográficas y demás modalidades que se establezcan mediante resolución ministerial.

ARTÍCULO 33. La dependencia encargada de la gestión de recursos humanos, comunicará por escrito a los funcionarios próximos a cumplir el período mínimo de permanencia exigido para el ascenso de categoría, y con una antelación no inferior a diez y ocho meses al vencimiento de dicho período, los temas globales sobre los cuales versarán las pruebas de conocimientos. Éstas deberán presentarse dentro del año inmediatamente anterior al vencimiento del período respectivo.

PARÁGRAFO. Mediante resolución ministerial se efectuarán los ajustes necesarios para que los funcionarios actualmente escalafonados en la carrera, dispongan del término previsto en este artículo tanto para informarse de los temas como para presentar las pruebas de conocimientos.

ARTÍCULO 34. El puntaje mínimo aprobatorio de las pruebas de conocimientos será el 70% del máximo posible, resultante de promediar las calificaciones en las cuatro (4) materias.

El funcionario que no obtenga el puntaje mínimo aprobatorio podrá repetir las pruebas por una sola vez, transcurridos seis meses. Si la segunda calificación no fuere satisfactoria, quedará automáticamente retirado de la carrera diplomática y consular.

PARÁGRAFO. Las pruebas de repetición se rendirán exclusivamente en la sede de la academia, abstracción hecha del lugar donde el funcionario preste sus servicios.

ARTÍCULO 35. La evaluación de servicios se efectuará anualmente por la comisión de personal de la carrera diplomática y consular en el primer trimestre de cada año y su aprobación será

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requisito para los ascensos. La evaluación se calificará como "satisfactorio" o "insuficiente".

ARTÍCULO 36. La evaluación de servicios comprenderá tanto el rendimiento y calidad del trabajo del funcionario como su comportamiento y superación profesional. La comisión de personal de la carrera, efectuará la evaluación con base en los siguientes documentos:

a) la hoja de vida del funcionario; b) el concepto analítico del jefe inmediato, y c) los que aporte el funcionario.

PARÁGRAFO. Para emitir el concepto analítico, que tendrá carácter confidencial, el jefe inmediato considerará y evaluará los siguientes factores, enunciados en orden alfabético.

a) adaptabilidad y sociabilidad; b) condiciones para dirigir, supervisar y calificar

personal, cuando fuere del caso; c) conducta; d) criterio y discreción; e) cumplimiento del deber; f) cumplimiento de compromisos particulares; g) capacidad de exposición verbal; h) iniciativa; i) lealtad, espíritu de cooperación y compañerismo; j) organización, y k) preparación profesional.

ARTÍCULO 37. Si en dos oportunidades la evaluación del funcionario fuere desfavorable, será retirado de la carrera diplomática y consular.

ARTÍCULO 38. Los ascensos se decretarán dentro de un plazo máximo de (60) sesenta días, contados a partir de la fecha en que la comisión de la carrera se pronuncie favorablemente. Si el concepto es desfavorable el ascenso se retrasará hasta la siguiente evaluación.

ARTÍCULO 39. En todo caso, el tiempo máximo de permanencia del funcionario en cada categoría dentro del escalafón será el siguiente:

Tercer secretario 5 anos Segundo secretario 6 años Primer secretario 6 años Consejero 6 años

Ministro consejero 5 años Ministro plenipotenciario 5 años

PARÁGRAFO. Será retirado automáticamente de la carrera, el funcionario que no hubiere obtenido su ascenso dentro del período máximo de permanencia aquí señalado para cada categoría, a menos que el ascenso no se hubiere producido por causas imputables a la administración o por razones de fuerza mayor calificadas y aceptadas por la comisión de personal de la carrera. En este caso, el excedente de tiempo de servicio en la respectiva categoría, se considerará como tiempo servido en la categoría inmediatamente superior.

CAPÍTULO VII De las comisiones

ARTÍCULO 40. Se entiende que un funcionario de la carrera se encuentra en comisión cuando:

a) desempeñe un cargo en entidades oficiales diferentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, o en organismos internacionales;

b) adelante estudios en asuntos que interesen al Ministerio de Relaciones Exteriores, previa autorización mediante resolución ministerial, y

c) desempeñe un cargo en la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores o en el servicio exterior superior o inferior al que le corresponde en el escalafón.

ARTÍCULO 41. El funcionario que le fuere destinado en comisión el desempeño de un cargo de inferior o superior categoría a la que le corresponde en el escalafón, tendrá derecho a que se le reconozca la diferencia que haya entre las asignaciones propias de su categoría y las del cargo que desempeñe en comisión.

ARTÍCULO 42. El funcionario de carrera diplomática y consular no podrá ser nombrado jefe titular de una misión diplomática si no estuviere escalafonado como ministro consejero y hubiere permanecido un mínimo de tres (3) años en esa categoría.

ARTÍCULO 43. La comisión para los funcionarios de carrera no podrá exceder de dos (2) años en los casos contemplados en los literales a) y b) del artículo 40 del presente estatuto, transcurridos los cuales, deberá ser reintegrado al servicio en la categoría que le corresponda. Si rehusare

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reintegrarse quedará fuera del servicio y eliminado del escalafón.

CAPÍTULO VIII De la disponibilidad

ARTÍCULO 44. La disponibilidad es la situación en la que se encuentra el funcionario de la carrera diplomática y consular que se margina, transitoriamente y por su propia voluntad, del desempeño de cargos remunerados en el servicio público. La disponibilidad será declarada mediante decreto y sólo procederá a solicitud del interesado. ARTÍCULO 45. La disponibilidad producirá la vacante del cargo y no podrá acumularse con licencias o vacaciones.

El tiempo transcurrido en situación de disponibilidad no se computará para efectos de prestaciones sociales o como tiempo máximo de permanencia en cada categoría. ARTÍCULO 46. La disponibilidad tendrá una duración máxima de dos (2) años, transcurridos los cuales el funcionario deberá reintegrarse al servicio. Si no lo hiciere en ese plazo quedará automáticamente retirado del servicio.

ARTÍCULO 47. El funcionario podrá renunciar en cualquier momento a la situación de disponibilidad, caso en el cual deberá ser reintegrado al servicio dentro de los tres (3) meses siguientes.

ARTÍCULO 48. No podrá ser declarado nuevamente en situación de disponibilidad el funcionario que no hubiere permanecido en servicio activo por lo menos tres (3) años continuos.

CAPÍTULO IX Del retiro de la carrera

ARTÍCULO 49. Los funcionarios de la carrera diplomática y consular sólo podrán ser retirados de la misma por las siguientes causas: a) por renuncia aceptada; b) por haber llegado a la edad de retiro forzoso

de acuerdo con la ley; c) por invalidez que lo incapacite para el servicio; d) por incurrir en las causales de retiro de que

tratan los artículos 34,37 y 39 del presente estatuto;

e) por haber sido sancionado disciplinariamente

con destitución; f) por incurrir en la causal de retiro prevista en

el artículo 46 del presente estatuto, y g) por retiro con pensión de jubilación.

PARÁGRAFO lo. Todo retiro de la carrera se dispondrá por decreto motivado. PARÁGRAFO 2o. En los casos en que el retiro se produzca por las causas establecidas en el literal d) del presente artículo, al funcionario se le aplicarán en lo pertinente, las normas generales que regulan la declaratoria de insubsistencia con indemnización.

CAPÍTULO X De los viáticos, asignaciones y prestaciones

sociales

ARTÍCULO 50. El Ministerio de Relaciones Exteriores suministrará a los funcionarios diplomáticos y consulares que deban prestar sus servicios en el exterior, los pasajes de ida y regreso al lugar de sus funciones, para ellos, su cónyuge y sus hijos e hijas menores de edad. A los mayores, sin superar la edad de veinticinco (25) años se les reconocerán siempre y cuando el funcionario compruebe que han dependido económicamente de él durante los tres (3) últimos años por lo menos. Tal dependencia se demostrará con la declaración de renta del funcionario o a través de otro medio de prueba idónea, a juicio de la comisión de personal de la carrera. Los embajadores y su cónyuge tendrán derecho a pasajes en primera clase, al igual que el ministro, viceministro y secretario general del ministerio.

Los jefes de las delegaciones a conferencias, ceremonias o reuniones internacionales y los miembros de dichas delegaciones tendrán derecho a sus pasajes personales y a los de su cónyuge cuando la índole de la misión así lo exigiere y el decreto correspondiente lo autorizare expresamente.

Estas personas recibirán, así mismo, los viáticos y gastos de representación que el gobierno señale en cada caso de acuerdo con las disposiciones vigentes.

ARTÍCULO 51. Los funcionarios diplomáticos y consulares de carácter permanente tendrán derecho a recibir por concepto viáticos para el traslado al lugar de sus funciones, una suma equiva

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lente al suelo básico del cargo de destino del funcionario, más el 75% del mismo. Para el viaje de regreso al país el funcionario tendrá derecho a recibir una suma equivalente a un sueldo básico del cargo que estaba desempeñando, y a otra suma equivalente al sueldo mensual básico de los funcionarios de igual categoría en el Ministerio de Relaciones Exteriores que será cubierta en pesos colombianos de acuerdo con las equivalencias establecidas en el artículo 12 del presente decreto.

ARTÍCULO 52. Las normas consignadas en los artículos 50 y 51 regirán igualmente cuando se trate de viáticos de funcionarios diplomáticos o consulares, que deban trasladarse de un país extranjero a otro y cuando se trate de traslado entre distintas ciudades del mismo país.

ARTÍCULO 53. Los funcionarios diplomáticos y consulares tendrán derecho, por concepto del transporte de su menaje doméstico, a una suma equivalente a un sueldo básico del cargo del destino en el exterior. Igualmente al regreso al país tendrán derecho a un sueldo básico del cargo que estaban desempeñando en el exterior.

ARTÍCULO 54. No podrá ordenarse el pago de prima de instalación, transporte de menaje, viáticos y pasajes, al funcionario que se retire del cargo por propia voluntad, antes de un (1) año de ejercicio del mismo.

ARTÍCULO 55. Los funcionarios de la carrera diplomática y consular que reúnan los requisitos legales en cuanto a edad y tiempo de servicio, que hayan alcanzado la categoría de embajador y que al retirarse del servicio soliciten su pensión de jubilación o invalidez, tendrán derecho a que ésta les sea liquidada y pagada con base en las asigna-ciones de los ministros del despacho, calculada a la fecha de retiro del funcionario.

ARTÍCULO 56. La liquidación de la pensión de jubilación o de invalidez de los funcionarios de la carrera diplomática y consular, se hará sobre la base del cargo de mayor categoría que haya desempeñado el funcionario durante su carrera, por un año al menos, conforme a las categorías y equivalencias establecidas en ese estatuto y aplicando, cuando fuere el caso, el artículo anterior.

ARTÍCULO 57. Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO 58. El funcionario que dentro de un mismo año hubiere desempeñado cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el exterior, tendrá derecho a que la prima de navidad le sea liquidada proporcionalmente, sobre la base del tiempo de servicio y de la moneda en que fueren pagadas las asignaciones correspondientes a los cargos desempeñados. ARTÍCULO 59. Los funcionarios del servicio exterior deberán hacer uso de las vacaciones en el año siguiente a la fecha en que se causen, salvo que por razones del servicio se autorice, por resolución, la acumulación máxima de dos períodos.

ARTÍCULO 60. Las vacaciones causadas en el servicio exterior y no disfrutadas por razones justificadas serán compensadas a los funcionarios retirados del servicio en la moneda en que se haya efectuado el pago de las asignaciones mensuales en el período laboral correspondiente.

ARTÍCULO 61. En caso de vacancia definitiva o temporal por más de cuarenta y cinco (45) días, del cargo de embajador, el encargado de negocios a. y. tendrá derecho a percibir los gastos de representación asignados al jefe de la misión diplomática.

ARTÍCULO 62. Sin perjuicio de los servicios que presta la Caja Nacional de Previsión, el Ministerio de Relaciones Exteriores, directamente o a través de su fondo rotatorio, podrá contratar seguros integrales de salud, médicos y hospitalarios que cobijen a los funcionarios del servicio exterior, su cónyuge y sus hijos menores.

CAPÍTULO XI De los funcionarios especializados

ARTÍCULO 63. El Gobierno Nacional, mediante decreto ejecutivo en el cual se señalen las funciones respectivas, podrá designar personas que en forma ocasional o permanente presten servicios especializados a las misiones en el exterior. Tal designación se efectuará en una de las siguientes categorías:

a) agregado o adjunto militar; b) consejero; c) agregado, y d) asesor.

PARÁGRAFO. En el decreto de nombramiento se indicará la entidad u organismo que sufragará

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los gastos que ocasione la designación, así como la categoría del servicio exterior a la cual se asimile dicho nombramiento.

ARTÍCULO 64. Los funcionarios especializados a que se refiere el presente capítulo, estarán subordinados al jefe de la misión respectiva, a quien corresponde exclusivamente la representación oficial de la República.

ARTÍCULO 65. Los funcionarios a que se refiere el presente capítulo no podrán actuar en calidad de encargado de negocios ad-ínterin, pero sí como "encargado de los archivos" de una misión. Los terceros secretarios tendrán precedencia sobre los funcionarios especializados para actuar como encargados de los archivos.

CAPÍTULO XII Del régimen disciplinario

ARTÍCULO 66. Además de las prohibiciones establecidas para los empleados públicos del orden nacional, a los funcionarios diplomáticos y consulares del servicio exterior les está prohibido expresamente:

a) elevar protestas o presentar reclamaciones de carácter formal por su propia cuenta, en nombre del Gobierno o del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin haber recibido las correspondientes instrucciones;

b) residir en ciudad distinta de la de la sede del gobierno extranjero, o de la que haya sido fija da expresamente en el decreto de nombra miento;

c) ejercer profesión, empleo u oficio diferente de las funciones que legalmente les corresponden;

d) usar de las franquicias aduaneras o de cual quiera de los demás privilegios del rango en forma inmoderada, o en favor de terceros o para cualquier fin u objeto que no sea el de atender decorosamente las necesidades de la representación oficial;

e) franquear el uso de las oficinas o elementos al servicio de la misión, aunque no sean de pro piedad del Estado, a personas extrañas a ellas; mantener a empleados particulares sin autorización del Ministerio; permitir a personas ajenas a la misión el acceso a los documentos, archivos y correspondencia oficial, o confiar el manejo o custodia de las claves a funcionarios no colombianos;

f) hacer uso particular de informaciones o

documentos no públicos que se haya producido, recibido o conocido por razón del servicio, o tomar copia de ellos sin previa autorización del Ministerio;

g) adelantar estudios regulares o de perfecciona miento en el país donde estuviesen destina dos, salvo que las clases no coincidan con la jornada normal de trabajo;

h) encargarse de la gestión o representación de negocios o intereses de gobiernos, entidades o personas particulares, a menos que se trate de un encargo oficial, e

i) a los funcionarios subalternos les está prohibido hacer declaraciones sin la autorización del superior respectivo, revelar asuntos tramitados por la misión o los demás de que hayan sido enterados en razón de sus funciones.

ARTÍCULO 67. Los funcionarios diplomáticos y consulares del servicio exterior están obligados a obtener permiso estricto previo del Ministerio de Relaciones Exteriores para ejecutar los siguientes actos:

a) ser miembro de instituciones, sociedades, y centros de carácter comercial o político, y en general, de cualquier índole, distinta de la meramente social, científica, literaria o docente;

b) renunciar a la exención de jurisdicción o a los fueros e inmunidades inherentes al diplomático, ya sea para comparecer en juicio o por otra causa;

c) respecto a los jefes de las misiones diplomáticas, ausentarse por más de cuatro (4) días laborales de la ciudad sede la representación. En caso de ausencia inferior a ese período, deberán informarlo así a la cancillería. Los subalternos deberán obtener autorización del respectivo jefe de misión para ausentarse de la sede. Dicha autorización no podrá exceder de tres (3) días hábiles, y

d) prestar colaboración en periódicos y otros me dios de comunicación sobre temas que puedan comprometer al país.

ARTÍCULO 68. La violación de las prohibiciones establecidas en los artículos anteriores, dará lugar, al igual que cualquier otra situación disciplinaria, a la aplicación del régimen disciplinario establecido en la Ley 13 de 1984, el Decreto 482 de 1985 y demás disposiciones legales que los adicionen o modifiquen.

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ARTÍCULO 69. Las disposiciones de los artículos 66 y 67 se harán extensivas a los funcionarios especializados, sin perjuicio del régimen disciplinario que les sea aplicable.

CAPÍTULO XIII De la comisión de personal de la carrera

diplomática y consular

ARTÍCULO 70. Para efectos de este estatuto habrá una comisión de personal de la carrera diplomática y consular de la República la cual estará integrada así:

a) el secretario general, quien la presidirá; b) un delegado del ministro de Relaciones

Exteriores; c) un funcionario de carrera con rango de consejero

o superior, designado por el ministro de Relaciones Exteriores;

d) el director de la academia diplomática; e) un representante de los funcionarios de carrera

elegido entre dichos funcionarios con aplicación en lo pertinente, de las disposiciones legales que regulan la elección de los representantes de los empleados oficiales en las comisiones de personal, y

f) el jefe de personal, o quien haga sus veces, quien actuará como secretario, con voz pero sin voto.

ARTÍCULO 71. Son funciones de la comisión de la carrera diplomática y consular, fuera de las previstas en otras disposiciones del presente estatuto:

a) efectuar la evaluación de que trata el artículo 19 y determinar los casos en que procede la inscripción del funcionario en el escalafón de la carrera, una vez superado el período de prueba;

b) verificar y convalidar la lista de ascensos de los funcionarios inscritos en la carrera, determinando el orden de prelación para los mismos dentro de cada una de las categorías;

c) poner en conocimiento del ministro el orden de clasificación de los funcionarios en el escalafón de la carrera de acuerdo con los puntajes obtenidos e indicando la especialidad y aptitud de cada uno de ellos, para los efectos pertinentes;

d) emitir concepto previo para el ascenso de funcionarios inscritos en la carrera;

e) examinar y decidir si se justifican las razones

que invoque un funcionario de carrera para excusarse de aceptar el cargo para el cual haya sido designado;

f) conceptuar sobre el retiro de los funcionarios de carrera cuando fuere del caso;

g) emitir concepto motivado en los casos de sus pensión por más de diez (10) días y/o destitución de funcionarios de carrera;

h) evaluar en el primer trimestre de cada año el comportamiento y desempeño de los funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular. La comisión deberá tener en cuenta, los aspectos señalados en el artículo 36 del presente estatuto, e

i) estudiar y conceptuar sobre los casos que le sometan a su consideración, los funcionarios de la carrera.

ARTÍCULO 72. La comisión de personal de la carrera diplomática y consular se reunirá por convocatoria del secretario general, en forma ordinaria, por lo menos una vez al mes y en forma extraordinaria a petición de tres de sus miembros.

CAPITULO XIV Disposiciones finales

ARTÍCULO 73. Las disposiciones del presente estatuto, son aplicables, en lo pertinente, a los funcionarios del servicio exterior y del Ministerio de Relaciones Exteriores aun cuando no pertenecieren a la carrera diplomática y consular.

PARÁGRAFO lo. TRANSITORIO. Los funcionarios designados en el servicio diplomático y consular antes del 31 de diciembre de 1991, que no pertenecieran a la carrera diplomática y consular y hubieren prestado sus servicios por más de cuatro (4) años en el exterior sólo podrán permanecer hasta un año más en sus cargos, a partir de la publicación del presente decreto.

PARÁGRAFO 2o. TRANSITORIO. Los funcionarios designados en el servicio diplomático y consular antes del 31 de diciembre de 1991, que no pertenecieren a la carrera diplomática y consular y hubieren prestado sus servicios por más de siete (7) años en el exterior, sólo podrán permanecer hasta un año más en sus cargos, a partir de la publicación del presente decreto, siempre y cuando mediaren razones de conveniencia pública, reconocidas por el Consejo de Ministros.

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ARTÍCULO 74. Los jefes titulares de las misiones diplomáticas deberán presentar renuncia a sus cargos, mediante comunicación escrita, al concluir el período de constitucionalidad del presidente de la República, bajo cuyo gobierno hayan desempeñado su misión. La renuncia de los embajadores inscritos en la carrera diplomática y consular no afectará su situación dentro de la misma. ARTÍCULO 75. Sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo del artículo 63 del presente decreto, la precedencia en la representación diplomática es la siguiente:

a) embajador; b) ministro plenipotenciario; c) general o almirante; d) ministro consejero; e) coronel u oficial naval de rango equivalente; f) consejero; g) consejero y asesores especializados; h) primer secretario; i) segundo secretario; j) agregado o adjunto; k) tercer secretario, e i) asesor.

PARÁGRAFO lo. Cuando en la misión existan varios funcionarios con la misma categoría, la precedencia se establecerá por antigüedad en el cargo dentro de la misión.

PARÁGRAFO 2o. Las misiones especiales de carácter transitorio u ocasional podrán ser integra-das con personal que pertenezca a la carrera diplomática y consular. ARTÍCULO 76. A partir de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de este decreto, por lo menos un diez por ciento (10%) de los jefes titulares de las misiones en el exterior, deberán designarse entre funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular, a medida que se presenten las vacantes y siempre y cuando exista personal escalafonado. Cada cuatro años (4), a partir de la misma fecha prevista en el inciso anterior, el Gobierno Nacional incrementará el porcentaje señalado en diez (10) puntos, hasta llegar

al cincuenta por ciento (50%) de los jefes titulares de misión. ARTÍCULO 77. La planta de personal de las misiones en el exterior podrá modificarse, de acuerdo con los requerimientos de la política internacional del país, mediante decreto ejecutivo suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. ARTÍCULO 78. A partir de la vigencia de este decreto, no menos del cincuenta por ciento (50%) de los ministros plenipotenciarios que presten sus servicios en el exterior, deberán designarse entre funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular, a medida que se presenten las vacantes y siempre y cuando exista personal escalafonado.

ARTÍCULO 79. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 2016 de 1968, el Decreto 1479 de 1990, los Decretos 1822 y 1823 de 1991 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa fe de Bogotá, DC., a 3 de enero de 1992.

FUNCIONARIOS QUE NO PERTENECEN A LA CARRERA DIPLOMÁTICA

Condiciones para su permanencia después de siete años de servicio

Ministerio de Relaciones Exteriores

DECRETO NÚMERO 38 DE 1992 (Enero 3)

"Por el cual se subroga una norma".

El presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confieren los literales b), c) y e) del artículo 43

de la Ley 1l de 19911,

1 La Ley 11 de 1991 estableció la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y determinó las funciones de sus dependencias Véase Revistas Legislación Económica N° 923..

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.

DECRETA

ARTICULO 1º. Subrogase el párrafo 2º transitorio del articulo 73 del Decreto numero 10 de 3 de enero de 1991, el cual quedara así 2

PARAGRAFO 2º TRANSITORIO. Los funcionarios designados en le servicio diplomático y consular antes del 31 de diciembre de 1991, que no pertenecieren a la carrera diplomática y consular y hubieren prestado sus servicios por mas de siete (7) años en el exterior, podrán permanecer en sus cargos, a partir de la publicación

Presente decreto , siempre y cuando mediante razones de conveniencia publica, reconocidas por el consejo de ministros ARTICULO 2º El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación

Publíquese y cúmplase

Dado en Santa fe de Bogota, DC, a 3 de enero De 1992

2 El Decreto 10 de 1992 contiene el Estatuto Orgánico del servicio exterior y de la carrera diplomática y consular. Véase este mismo número de la Revista Legislación Económic

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CEI

Centro de Estudios Internacionales Universidad de los Andes

Publicaciones periódicas

DOCUMENTOS OCASIONALES

1. Rodrigo Pardo y Juan G. Tokatlian. Teoría y práctica de las relaciones internacionales: el caso de Colombia, enero-febrero, 1988 (agotado).

2. Jaime Acosta Puertas. América Latina: ¿modelos de industrialización y de innovación tecnológica? Reflexiones, marzo-abril, 1988 (agotado).

3. Igor Kavass, Rainer Dombois y Juan G. Tokatlian. La cuestión de las drogas: una problemática, tres perspectivas, mayo-junio, 1988 (agotado).

4. Adriana de la Espriella. Panorama de los derechos humanos en Colombia, julio-agosto, 1988 (agotado).

5. Malcolm Deas y Marc Chernick. Colombia durante el gobierno del presidente Betancur: las relaciones entre política exterior, crisis centroamericana y proceso de paz nacional. Dos enfoques, septiembre-octubre, 1988 (agotado).

6. José Luis Ramírez León. Las relaciones inter nacionales de Colombia con el Medio Oriente. Evolución, desarrollo y perspectivas, noviembre-diciembre, 1988.

7. Dora Rothlisberger. Las relaciones internacionales de Colombia con los principales países asiáticos de la Cuenca del Pacífico, enero-febrero, 1989 (agotado).

8. Alejandro Valencia Villa. Derecho internacional y conflicto interno. La humanización de la guerra y el derecho de gentes en Colombia. Una aproximación histórica, marzo-abril, 1989 (agotado).

9. Cario Nasi. La política internacional de Colombia hacia Cuba y Nicaragua durante el gobierno del

presidente Julio César Turbay Ayala, 1978-1982, mayo-junio, 1989.

10. César Torres del Río. El presidente Eduardo San tos y la nueva práctica de la política exterior de Colombia, julio-agosto, 1989.

11. Gabriel Murillo, Mónica Rug y María Victoria Llórente. Las relaciones entre Colombia y Venezuela: dos aproximaciones, septiembre-octubre, 1989.

12. Ana Mercedes Botero. Un aporte interpretativo en torno a las drogas y su papel en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, noviembre-diciembre, 1989 (agotado).

13. José Luis Ramírez León. Las relaciones inter nacionales de Colombia con la Comunidad Económica Europea, enero-febrero, 1990.

14. Christian L. Fréres. Colombia y España: una reseña de sus relaciones, marzo-abril, 1990.

15. Mauricio Reina. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos (1978-1986), mayo-junio, 1990.

16. Diego Cardona. Evaluación de la política exterior de la administración Barco, julio-agosto, 1990.

17. Alberto G. Flórez Malagón y Luis Guillermo Baptiste. Ecología y política internacional. El caso colombiano, septiembre-octubre, 1990.

18. Martha Osorio. Las relaciones comerciales entre Colombia y la Comunidad Europea, noviembre-diciembre, 1990.

19. Daniel García. Democracias pactadas y política exterior: las experiencias de Colombia y Venezuela, 1957-1962, enero-febrero, 1991.

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20 Alfredo Fuentes. Reorientaciones en políticas económicas y científico- tecnológicas en América Latina, marzo-abril, 1991 21 Pío García P. Colombia en la era del pacifico, mayo-junio, 1991 22. Cristina Barrera. Trabas burocrático-administrativas en el comercio andino: Cinco estudios de caso, julio-agosto, 1991

23 Bagley, Fergusson, García, Peralta y Tokatlian. Las drogas bajo tres nuevos enfoques analíticos: De la narcodiplomacia y la simbología jurídica a la industria del placer, septiembre-Octubre, 1991 24 Amorin, Sohr y soto. La seguridad y la defensa en América latina en los años noventa: retos y perspectivas, noviembre-diciembre, 1991

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