En buen castellano Chuponeo, interceptación telefónica, es un medio que emplean algunas personas que se dedican al espionaje comercial, político, gracias al cual logran con aparatos especiales, escuchar las conversaciones privadas de los teléfonos, celulares, de políticos, artistas, autoridades publicas, etc.

La interceptación telefónica ha derribado incluso gobiernos, partidos políticos, a puesto al descubierto las malas artes de empresarios, coimas, actos de corrupción, en todas partes del mundo.

Recientemente han sido difundidos en los medios de comunicación muchos audios sobre presuntos sobornos obtenidos a través de interceptaciones telefónicas ilegal es (conocidas como chuponeo en nuestro país).

A pesar que éstas puedan destapar actos de corrupción, no son legales. Van contra la Constitución y son penadas legalmente, aunque con sanciones muy reducidas ya que atentan contra la privacidad y la intimidad de las personas.

Sin embargo, en Perú, la opinión pública piensa distinto de lo que señalan las leyes. La opinión publica si acepta, que se destapen los actos de corrupción tanto en los gobiernos, como los que involucran a políticos, mucho mas a los que son candidatos.

La población siente que estos destapes, les permiten saber, quien es quien en el país.

Muchos políticos que están décadas en el poder, ya como parlamentarios, ya como alcaldes, se muestran ante el pueblo, hipócritas, mentirosos, con discursos de plazuela aburridos, pero, un día….un audio grabado de su conversación telefónica con otro rufián, es presentado en la televisión y acaba su vida política.

Las interceptaciones telefónicas ilegales, además de significar un delito (art. 162 del Código Penal), representan un claro atentado contra el derecho de las personas al secreto e inviolabilidad de sus comunicaciones, demandado por la Constitución (art. 2 incisos 10, 6 y 7) y cuya protección corresponde al ministerio de Transportes y Comunicaciones (DS 013-93-TCC). Por el contrario, existen interceptaciones legales efectuadas ciñéndose a la ley 27697 de abril 2002, la cual otorga facultad constitucional a los jueces para poder controlar comunicaciones por delitos agravados en casos excepcionales –contra la seguridad nacional y traición a la patria, corrupción, secuestro, drogas, terrorismo, peculado, extorsión, robo, etc–.