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AL: HONORABLE JUEZ PRESIDENTE Y DEMÁS HONORABLES
JUECES MIEMBROS QUE INTEGRAN LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA EN CALIDAD DE INSTRUCTORES Y JUZGADORES BAJO
LA JURISDICCIÓN PRIVILEGIADA.
ASUNTO:
Formal interposición de Querella Penal con Constitución
en Actor Civil en contra del ciudadano DR.
FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO, Procurador
General de la República, por violación a los artículos 37,
38, 39, 40, 42, 44, 61, 68, 69, 73, 74 y 75 de la
Constitución Política de la República, 114, 117, 123, 126,
130, 131, 166, 179, 167, 184,186, 187, 188 y 189 del
Código Penal Dominicano, y quien en su indicada
calidad, goza de Jurisdicción privilegiada de acuerdo al
artículo 154-1 de la Constitución Política de la
República Dominicana.
QUERELLANTE: LIC. LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA.
ABOGADOS: LICDOS. JOAQUÍN ZAPATA MARTÍNEZ Y CERISE
CRISTINA BRONTE- BLEMINGS
HONORABLES MAGISTRADOS:
Quien suscribe LIC. LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA, dominicano, Mayor de
edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0790341-1, de
profesión empresario, actualmente pagando condena de reclusión en el recinto
penitenciario de Najayo – Hombres por medio de sus abogados constituidos
LICDOS. JOAQUÍN ANTONIO ZAPATA MARTÍNEZ Y CERISE CRISTINA
BRONTE-BLEMINGS, dominicanos, mayores de edad, de estado civil casados,
portadores de la cédula de identidad y electoral Nos. 001-1091329-0, y 001-
0096056-6 respectivamente, domiciliados y residentes en la ciudad de Santo
Domingo, D. N., abogados de los tribunales de la República con estudio
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profesional abierto en común para el caso de la especie en el edificio León &
Raful, sito en la calle Sócrates Nolasco No. 2 del Ensanche Naco de esta ciudad,
lugar donde hacemos formal y expresa selección de domicilio para todos los fines
y consecuencias legales de este recurso, tiene a bien exponeros primero y
solicitaros luego lo siguiente:
INFORMACIÓN DEL IMPUTADO.
Por medio de la presente instancia establece formal Querella Penal con
Constitución en Actor Civil por infracción de Acción Pública a instancia privada,
en contra del señor FRANCISCO DOMIGUEZ BRITO, dominicano, mayor de
edad, de estado civil casado, portador de la cédula de identidad y electoral No.
031-0191986-1, con domicilio conocido en la cuarta planta del Palacio de Justicia
del Constanza Maimón y Estero Hondo, (Centro de los Héroes, La Feria, edificio
de la Suprema), Santo Domingo, Distrito Nacional, imputado por la comisión de
los delitos que violan los derechos constitucionales establecidos en los artículos 37,
38, 39, 40, 42, 44, 61, 68, 69, 73, 74 y 75 de la Constitución Política de la
República, las obligaciones de su cargo establecidas en los artículo 169 y 170 del
referido texto constitucional, sasí como de los convenios y tratados internacionales
de los que nuestro país es signatario, y de igual modo, por violación a los artículos
114, 117, 123, 126, 130, 131, 166, 179, 167, 184,186, 187, 188 y 189 del Código
Penal Dominicano.
Y a la vez se constituye en Actor en contra de dicha persona; para reclamar la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la
violación a los tipos penales señalados, de conformidad con lo establecido por los
artículos 50 y 118 al 123 del Código Procesal Penal. En tal virtud, y haciendo una
aplicación de lo previsto por los artículos 27, 29, 31, 50, 59, 60, 83, 84, 85, 118,
119, 121, 123, 170, 171, 246, 267, 268, 269, 270, 294 y 297 del Código Procesal
Penal, aplicados de ordinario en cuanto a las querella penales se refiere, por lo que
a continuación procedemos a exponer los fundamentos de la presente acción en el
siguiente orden:
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I. Relación precisa y circunstanciada de los hechos punibles identificando
claramente la participación del imputado;
II. Fundamento de la acusación con los elementos de prueba que le sirven de
sustento y calificación jurídica del hecho punible;
III. Fundamento jurídico sobre la admisibilidad de la acusación por
infracción de acción penal privada y constitución en actor civil accesoria de
que se trata;
IV. Ofrecimiento de las pruebas que serán presentadas en juicio con la
indicación de los hechos y circunstancias que pretenden probarse;
I-) RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS
PUNIBLES.
POR CUANTO: Que el interno LUIS ALVAREZ RENTA ha venido
confrontando serios problemas de salud (Ver anexos 13, 14 , 15 y 16), para los
cuales ha requerido la atención de diferentes profesionales de la medicina,
incluyendo diabetes, hipertensión arritmia e insuficiencia cardíaca, apnea,
problemas gastrointestinales, y muy especialmente serias afecciones lumbares
incluyendo tres (3) hernias discales y escoliosis, todos los cuales han sido
debidamente documentados con los estudios y reportes de connotados
profesionales de la medicina, frente al Tribunal de Ejecución de la Pena del
Distrito Judicial de San Cristóbal, así como también ante las autoridades del
Departamento Médico de la Dirección General de Prisiones;
POR CUANTO: Que desde la misma fecha en que fuera ordenado su
internamiento en la Cárcel de Najayo, y durante toda su estadía en el penal, el
interno LUIS ALVAREZ RENTA, por determinación y voluntad propia, se ha
sometido a los exámenes médicos efectuados por los médicos que trabajan para la
Dirección General de Prisiones (Ver anexo 15);
POR CUANTO: Que así mismo, el Sr. LUIS ALVAREZ RENTA continuamente
le ha remitido a los médicos de la Dirección General de Prisiones y al Tribunal de
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Ejecución de la Pena copia del expediente médico, y de los análisis y otros
documentos sobre la evolución de su estado de salud para que pudieran comprobar
la situación de su estado de salud, y mantenerse al día con relación a estos temas;
POR CUANTO: Que como resultados de los esfuerzos del Sr LUIS ALVAREZ
RENTA se han producido un conjunto de once (11) informes médicos (Ver anexo
15) descriptivos de su estado de salud, citamos:
a) Informe médico del Dr. Pineda del Massachusetts General Hospital del
2003, sobre la salud general del Sr. ALVAREZ RENTA y de sus
problemas cardiovasculares;
b) Informe médico de CEDIMAT sobre la salud general del Sr.
ALVAREZ RENTA, emitido el 8 de Julio del 2008;
c) Informe médico del Cardiólogo Dr. Víctor Atallah emitido el 8 de
Julio del 2008 y del Dr. Nova Aquino, sobre los problemas
cardiovasculares del Sr. ALVAREZ RENTA
d) Informe médico del Dr. Ángel Contreras sobre las condiciones
generales de salud del Sr. ALVAREZ RENTA;
e) Informes de los médicos de la Dirección General de Prisiones emitido
el 26 de Marzo, 13 de Septiembre del 2010, y 10 de Marzo del 2012;
f) Informes médicos de los Dres. Alejandro Domínguez Brito y Giovanni
Ureña, Director de Neurocirugía de CEDIMAT, de fecha 12 de Octubre
del 2010
g) Informes Médicos sobre los problemas lumbares emitidos por los
Dres. Martin de Salas el 8 de Diciembre del 2008, Antonio Elmúdesi (2
informes), Dr. Santiago Valenzuela, Jefe de Neurocirugía de la Clínica
Corazones Unidos del 15 de Diciembre del 2010, y del Dr. Ramón
Yunén, Especialista de Ortopedia de CEDIMAT y de la Clínica Yunén
del 15 de Diciembre del 2010;
h) Dos (2) Informes Médicos del Dr. Frank Frassica, Jefe de la Cátedra y
de la Practica de Ortopedia del John Hopkins University Medical Center,
el primero del 3 de marzo del 2011 y el segundo del 28 de Julio del 2011;
i) Informe médico de CEDIMAT de fecha 9 de Julio del 2012, del
neuroradiólogo Rafael Fermín Delgado.
j) Varios informes médicos de departamentos oficiales del Estado
Dominicano
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POR CUANTO: Que en estos informes médicos, muy especialmente en los del
Dr. Pineda, Dr. Ángel Contreras, Dr. Victor Atallah, y el Dr. Frássica ( Todos ellos
separados como Anexo 16), se reconoce claramente la posibilidad que este
conjunto de enfermedades, incluyendo las crónicas e irreversibles como lo son la
diabetes y la insuficiencia cardiaca, puedan deterior la salud del Sr. ALVAREZ
RENTA hasta producir un desenlace fatal;
POR CUANTO: Que en fecha 13 de Septiembre del 2010 el interno LUIS
ALVAREZ RENTA le solicitó a los médicos de la DIRECCIÓN GENERAL DE
PRISIONES una evaluación médica para determinar si era posible atender su
estado de salud dentro de las facilidades médicas del recinto, resultando en un
informe de esa misma fecha (Ver anexo 15) mediante el cual los referidos galenos
recomendaron que se trasladase fuera para recibir los tratamientos
correspondientes
POR CUANTO: que en el informe médico emitido por CEDIMAT el 12 de
Octubre del 2010 (anexo 15 ) se identificó una enfermedad en el área CERVICAL
de la columna vertebral, para lo cual fue recomendada una terapia de recuperación,
que a su vez no pudo ser realizada por el deterioro que le causó al Sr. ALVAREZ
RENTA la estenosis en el área lumbar de la columna vertebral;
POR CUANTO: que las referidas lesiones en el área cervical se fueron agravando,
lo cual ocasionó la solicitud de un nuevo examen médico al CEDIMAT llevado a
cabo el 9 de Julio del 2012 (Ver anexo 1i), que determinó la ocurrencia de serias
lesiones a lo largo de prácticamente toda el área cervical de la Columna
vertebral y la necesidad de una cirugía adicional y de las terapias
correspondientes;
POR CUANTO: Que como preparativo a esta solicitud el Sr. ALVAREZ RENTA
ha solicitado al ESTADO DOMINICANO, en la persona institucional de la
Dirección General de Prisiones, un informe médico de las evaluaciones y
exámenes médicos que conforman su historial médico en la cárcel de Najayo en
relación a su estado de salud en general y de la afección cervical en particular;
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POR CUANTO: Que ha todo lo largo de la historia universal de los derechos
humanos fundamentales, el derecho a la salud, expresado directamente o como
parte del derecho a la vida, a la dignidad y la integridad personal ha sido definido
como uno de los derechos fundamentales del ser humano, contemplado desde el
principio en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS y en todos los pactos e instrumentos subsiguientes, y muy
especialmente en la CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
O PACTO DE SAN JOSE, mediante la cual se establecieron las garantía de los
Derechos Humanos fundamentales en América.
POR CUANTO: Que en lo que se refiere a la legislación internacional de
DERECHOS HUMANOS, y muy especialmente la del sistema Interamericano de
Justicia la cual, de acuerdo a los artículos 26 y 74 de la Constitución Política de las
República Dominicana conforman parte de su legislación interna, a partir de su
inclusión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, instrumento legal que ha servido como faro y bastión de la lucha de la
humanidad para definir y defender los derechos fundamentales de los seres
humanos, los derechos a la vida y a la salud, el Derecho a la dignidad humana,
el Derecho a la igualdad y a la no discriminación, y el derecho a la integridad
personal se han expandido a través de todo el planeta, por lo cual son parte de
todos y cada uno de los tratados de los derechos humanos fundamentales como
veremos en detalle más adelante en esta misma instancia;
POR CUANTO: Que tal y como puede ser comprobado en la sección denominada
ASPECTOS DE DERECHO de esta instancia, la República Dominicana es
firmante y ha refrendado todo y cada uno de los principales acuerdos, convenios y
protocolos para la garantía y defensa de los derechos humanos de las Naciones
Unidas y del Sistema Americano de Justicia, dándole jerarquía constitucional a las
normas y obligaciones establecidas en los referidos instrumentos internacionales;
POR CUANTO: Que además, en el caso particular del Sr. ALVAREZ RENTA en
dos oportunidades anteriores, el 11 de Noviembre del 2010 y el 22 de Julio del
2011, el Tribunal Para La Ejecución de la Pena de San Cristóbal le negó al Sr.
ALVAREZ RENTA el correspondiente permiso para recibir una operación para las
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lesiones lumbares. Ante la violación de su derecho a la salud descrita en el párrafo
anterior el Sr. LUIS ALVAREZ RENTA sometió una solicitud de medida cautelar
ante la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS con el
objetivo de que estableciera medidas cautelares a su favor para que el ESTADO
DOMINICANO;
POR CUANTO: Que como resultado de la referida solicitud la CIDH emitió
varios informes (Ver anexos 8 y 9) en fecha 12 de Abril, 12 de octubre y 15 de
Diciembre del 2011, solicitando al ESTADO DOMINICANO garantizar los
derechos humanos fundamentales del Sr. LUIS ALVAREZ RENTA.
POR CUANTO: Que el 12 de Abril del 2011 (Ver anexo 9), LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS emitió una comunicación
estableciendo lo siguiente, citamos:
“En esta oportunidad cumplo en solicitarles que en caso de solicitar la
operación recomendada por el CEDIMAT, informe y remita a la CIDH
copia simple del requerimiento formal realizado ante las autoridades
competentes.
Adicionalmente, les informo que en el día de la fecha la CIDH solicitó al
Estado que "una vez que el Sr. Renta solicite la realización de la cirugía
electiva y que el Juez de Ejecución de la Pena la hubiera autorizado,
conforme a las normas pertinentes al derecho interno y a los estándares
internacionales aplicables, se proceda a gestionar y realizar la cirugía
mencionada con la celeridad que el caso requiera".
POR CUANTO: Que finalmente la CIDH concedió la medida solicitada el 15 de
Diciembre del 2011 (Ver anexo 8), ordenando al ESTADO DOMINICANO que
ejecutara las siguientes acciones:
“1.- Adopte las medidas necesarias para proteger la integridad personal
del Sr. Álvarez Renta.
2.- Instruya a las autoridades competentes a realizar los exámenes
médicos que permitan evaluar la salud del beneficiario y autorizar el
tratamiento adecuado para los padecimientos del beneficiario.
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3.- Adopte estas presentes medidas en consulta con los beneficiarios y sus
representantes.”
POR CUANTO: Que así mismo, las violaciones que ha venido sufriendo el Sr.
ALVAREZ RENTA se han manifestado recurrentemente, hasta el punto que en
fecha 26 de Marzo del 2011, la Cuarta Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional
lo favoreció con un recurso de amparo de sus derechos a la dignidad, a la vida y a
la salud, de acuerdo a sentencia No. 59-2010 (Ver anexo 7), en razón de las
violaciones a esos derechos perpetradas por las autoridades de la Dirección
General de Prisiones;
POR CUANTO: Que finalmente, el Juez de la Pena del Departamento Judicial de
San Cristóbal, mediante la sentencia No. 340-2012-301-01 del 14 de Septiembre
del 2012 (Ver anexo 1), ABIERTAMENTE DESACATADA POR EL
IMPUTADO, le concedió una prisión domiciliaria al QUERELLANTE, con el
propósito de que pudiera curarse de sus múltiples dolencias de salud.
POR CUANTO: Que este historial de violaciones ha derechos fundamentales
puede ser debidamente evaluado con la lectura de la Réplica al Recurso de
Apelación presentado en contra de la referida sentencia del 14 de Septiembre del
2012, aportado como prueba en este caso (Ver anexo 2).
POR CUANTO: Que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos de
las Naciones Unidas del 30 de agosto del 1955 que están refrendadas por el Estado
Dominicano, definiéndolas la misma Suprema Corte de Justicia como
“vinculantes” en los temas del tratamiento de los reclusos, representan la espina
dorsal legal que sirve de base para el tratamiento de los reclusos por parte de los
Jueces de la Pena, como ha sido establecido en la Resolución de la Suprema Corte
de Justicia No. 296-2005 conocida como el “Reglamento del Juez de la Pena”,
dentro de la cual se debe enmarcar la conducta y las decisiones del magistrado con
respecto a los derechos fundamentales del recluso LUIS ALVAREZ RENTA
actuando dentro del marco de la ley, y que dicho instrumento reconoce claramente
la vigencia plena de los derechos fundamentales a favor de los reclusos, y muy
especialmente el derecho a la salud y asistencia médica;
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POR CUANTO: Que en efecto, de acuerdo a las referidas “Reglas Mínimas Para
el Tratamiento de los Reclusos”, muy especialmente en lo establecido en el artículo
22.1, el sistema penitenciario debe tener como uno de sus principales objetivos
proteger y garantizar la salud e higiene de los reclusos, proveyéndoles los servicios
médicos que requieran;
BASE LEGAL DE LA QUERELLA
1) VIOLACIÓN O VULNERACIÓN DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA:
a) Artículo 5: Respeto a la dignidad humana.
b) Artículo 6: Supremacía de la Constitución.
c) Artículo 8: Función del estado de proteger los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
d) Artículo 26.4: Donde el Estado Dominicano acepta un
ordenamiento jurídico dirigido a proteger los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
e) Artículos 37, 38, 39, 40, 42, 44 y 61: Derechos
fundamentales del QUERELLANTE, LUIS RAFAEL
ALVAREZ RENTA, que han sido violados por el
imputado DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO,
en el ejercicio de sus funciones públicas como
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA,
adscrito a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, organismo del Gobierno de la
República Dominicana.
a) Artículos 68 y 69: Violación de las garantías de los
fundamentales y del debido proceso en contra del
QUERELLANTE, LUIS RAFAEL ALVAREZ
RENTA, incurridas por el IMPUTADO DR.
FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO EN CONTRA
DEL QUERELLANTE LUIS RAFAEL ALVAREZ
RENTA; ASÍ MISMO, ESTOS ARTÍCULOS
PROVEEN UNA DE LAS BASES LEGALES DE
ESTA QUERELLA EN LO QUE SE REFIERE A
LOS ACÁPITES 1) Y 2) DEL ARTÍCULO 69,
MEDIANTE LOS CUALES SE LE GARANTIZA
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A TODOS LOS CIUDADANOS, INCLUYENDO
LOS RECLUSOS, EL DERECHO A SER OÍDOS
Y A QUE SE LES IMPARTA JUSTICIA
DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE;
f) Artículo 73: Subversión del orden constitucional, por
la emisión de actos contra la constitución, realizados
en contra del QUERELLANTE LUIS RAFAEL
ALVAREZ RENTA por el IMPUTADO DR.
FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO.
g) Artículo 74: Violación de los principios de
interpretación y aplicación de los derechos y garantías
constitucionales, llevadas a cabo por el IMPUTADO
DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO, en
perjuicio del QUERELLANTE LUIS RAFAEL
ALVAREZ RENTA.
h) Artículo 75.1 que establece el deber de cumplir y
obedecer con la Constitución y las leyes.
i) Artículo 139: Control de la Legalidad de la
Administración Pública, que sustenta esta querella, ya
que permite al ciudadano el apoderamiento de los
tribunales para controlar la legalidad de la
administración pública, de la cual es parte el
IMPUTADO DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ
BRITO;
j) Artículo 148: Que establece la responsabilidad civil
de los funcionarios de la administración pública frente
a actos antijurídicos, tal y como le corresponde al
IMPUTADO DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ
BRITO;
k) Artículos 169 y 170: Que establece la obligación de
los funcionarios del MINISTERIO PÚBLICO de
garantizar un sistema de justicia imparcial e
independiente que proteja los derechos fundamentales
de los ciudadanos, aplicando los principios de
legalidad y objetividad;
l) Artículo 276: Que establece un juramento que obliga
a los funcionarios públicos, a respetar la Constitución
y las leyes en el ejercicio de sus funciones, lo cual ha
sido violado en contra del QUERELLANTE LUIS
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RAFAEL ALVAREZ RENTA por el IMPUTADO
DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO en el
ejercicio de sus funciones como PROCURADOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA;
2) VIOLACIÓN O VULNERACIÓN DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS
DERIVADOS DE CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES que,
en materia de DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES, tienen aplicación
inmediata y rango constitucional, de acuerdo a los artículos 26.1, 26.2 y 74.3 de la
Constitución Política de la República Dominicana:
a) Artículos 2, 6, 7, y 8 y 9 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos;
b) Artículos 2, 2.1, 9 y 14, 16 del Pacto
Internacional de Derechos Políticos y Sociales;
c) Preámbulo y artículos 2 y 18 de la Declaración
Americana de los Derechos del Hombre
d) Artículos 1, 3, 7, 8, 11, 24 y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San
José);
e) Principios 1, 3, 7 y 33 del “Conjunto de Principios
para la protección de todas las personas sometidas
a cualquier forma de detención o prisión” de la
ONU.
f) Artículos 1, 2 y 5 de los “Principios Básicos para
el Tratamiento de los Reclusos” de la ONU.
g) Artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 56 y 57 y 59
de la “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos” de la ONU.
3) VIOLACIONES AL CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA, ESPECÍFICAMENTE LAS SIGUIENTES
DISPOSICIONES Y ARTÍCULOS:
3.1) ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD,
artículos 114 y 117;
3.2) COALICIÓN DE FUNCIONARIOS Y
PREVARICACIÓN, artículos 123 y 126;
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3.3) USURPACIÓN DE AUTORIDAD POR PARTE
DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORDEN
ADMINISTRATIVO O JUDICIAL, DEGRADACIÓN
CÍVICA, artículos 130 y 131;
3.4) PREVARICACIÓN, artículos 166 y 167;
3.5) ABUSOS DE AUTORIDAD CONTRA LOS
PARTICULARES, artículo 186;
3.6) ABUSOS DE AUTORIDAD, artículos 188 y 189;
3.7) DESOBEDIENCIA, DESACATO Y OTRAS
FALTAS COMETIDAS CONTRA LA AUTORIDAD
PÚBLICA, DENEGACIÓN DE SERVICIOS
LEGALMENTE DEBIDOS, Artículos 234 y 235;
4) VIOLACIONES A LA LEY NO. 224-84 SOBRE RÉGIMEN
PENITENCIARIO, ESPECÍFICAMENTE LAS SIGUIENTES
DISPOSICIONES Y ARTÍCULOS:
b) Artículo 5: Que establece el derecho de los reclusos a
elevar peticiones y quejas, así como la disposición de
que los reclusos no deben ser sujetos de maltratos y
vejaciones, y las sanciones en contra de los
funcionarios de la administración penitenciaria que
actúen en violación de estas normas;
c) Artículo 23: Que establece la obligación de las
autoridades penitenciarias de cuidar de la salud de los
reclusos, lo cual fue vulnerado por el IMPUTADO
DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO EN
CONTRA DEL QUERELLANTE LUIS RAFAEL
ALVAREZ RENTA;
d) Artículo 34: Que establece el derecho a petición de los
reclusos frente a toda autoridad administrativa o
judicial, y el cual sustenta el derecho del
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QUERELLANTE LUIS RAFAEL ALVAREZ
RENTA a presentar esta querella;
e) Artículos 80, 81 y 82 que establecen la obligación de
las autoridades penitenciarias de brindar atenciones
médicas a los internos del sistema penitenciario.
POR CUANTO: Que los artículos 68 y 69 incisos 1, 2 4 y 10 de la Constitución
de la República establecen lo siguiente, citamos:
“Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución
garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los
mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad
de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o
deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los
poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los
términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.
Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la
tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará
conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:
1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;
2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una
jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con
anterioridad por la ley;
POR CUANTO: Que el Sr. LUIS ALVAREZ RENTA ha elevado esta instancia
dentro del ámbito de aplicación de los Derechos Humanos fundamentales
consignados en la Constitución Política Dominicana entre los cuales vale destacar
los siguientes:
1) Derecho a la vida, consignado en el artículo 37, citamos:
Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la
concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni
aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.
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2) Derecho a la dignidad humana, consignado en el artículo 38, citamos:
Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a
la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva
de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser
humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección
constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.
3) Derecho a la igualdad:
Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones,
autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y
oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color,
edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión,
opinión política o filosófica, condición social o personal.
4) Derecho a la salud
Artículo 61.- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud
integral.
En consecuencia:
1) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas,
el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los
servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental,
así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las
enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando
asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran;
POR CUANTO: Que los derechos reclamados por el Sr. ALVAREZ RENTA se
enmarcan perfectamente dentro de los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución.
POR CUANTO: Que la nueva Constitución solo limita a los reclusos por ciertas
condenas (lo cual, en opinión de este Comité, es contrario a la normativa
internacional) en los llamados “Derechos de Ciudadanía” establecidos en el
artículo 22 de la referida constitución. La limitación anterior no se aplica a ninguno
de los llamados derechos fundamentales establecidos en los artículos 37 hasta el 67
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Capitulo I, Titulo II de la Constitución; De hecho, tal y como se señala
expresamente en el artículo 74 del Capítulo III de referido Titulo II de la carta
magna, los denominados “Derechos Fundamentales” son de aplicación general sin
limitación de ningún tipo, reiterando la misma constitución su carácter universal y
la aplicación constitucional de las normas internacionales de derechos humanos.
POR CUANTO: Que el Código Procesal Penal establece lo siguiente, citamos:
“Art. 8.- Plazo razonable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un
plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la
sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la víctima el
derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece este código,
frente a la inacción de la autoridad.
Art. 10.- Dignidad de la persona. Toda persona tiene derecho a que se
respete su dignidad personal y su integridad física, psíquica y moral.
Nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
Art. 11.- Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y
deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Los jueces y el
ministerio público deben tomar en cuenta las condiciones particulares de
las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base a
nacionalidad, género, raza, credo o religión, ideas políticas, orientación
sexual, posición económica o social u otra condición con implicaciones
discriminatorias.
“Art. 74.- Jueces de Ejecución Penal. Los jueces de ejecución penal tienen
a su cargo el control de la ejecución de las sentencias, de la suspensión
condicional del procedimiento, de la sustanciación y resolución de todas
las cuestiones que se planteen sobre la ejecución de la condena.
Art. 436.- Derechos. El condenado goza de todos los derechos y facultades
que le reconocen la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y
este código, y no puede aplicársele mayores restricciones que las que
expresamente dispone la sentencia irrevocable y la ley.
Art. 437.- Control. El juez de ejecución controla el cumplimiento
adecuado de las sentencias condenatorias y resuelve todas las cuestiones
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que se suscitan durante la ejecución. Las solicitudes planteadas se
resuelven conforme el procedimiento de los incidentes de este título.” Fin
de la cita, subrayado nuestro para énfasis.
POR CUANTO: Que la resolución 296-2005 Reglamento del Juez de la Ejecución
de la Pena, establece lo siguiente, citamos:
“II. ATRIBUCIONES
Son competencias del Juez de la Ejecución de la Pena, de conformidad
con los Arts. 28, 436, 437 y 441 del Código Procesal Penal:
Garantizar a los condenados el goce de los derechos humanos
fundamentales y de las garantías reconocidas por la Constitución, los
tratados internacionales, las leyes y el Código Procesal Penal, sin mayores
restricciones de las que resulten de la sentencia condenatoria irrevocable y
de la ley.
Controlar el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias, de
conformidad con los principios de legalidad, de dignidad de la persona
humana, de imparcialidad o no discriminación, resocialización como
finalidad de la pena y al debido proceso;
Decidir sobre toda reclamación fundada en violación a los derechos
humanos y garantías fundamentales de los reclusos, amparados ya sea en
la Constitución, Bloque de Constitucionalidad, Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas del 30 de agosto del
1955, y la Ley No. 224 y demás leyes vigentes, conforme con el
procedimiento de los incidentes.
2. Diligenciar lo necesario, a fin de que los reclusos mantengan un buen
estado de salud y de higiene general;” Fin de la cita, subrayado nuestro
para énfasis.
POR CUANTO: Que en fecha 15 de Septiembre del 2012 el Tribunal para la
Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal emitió la
sentencia No. 340-2012-301-01 (Ver anexo 1), la cual establece en su dispositivo
lo siguiente, citamos:
17
18
19
POR CUANTO: Que la referida sentencia fue debidamente notificada a la
DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES al ALCAIDE DE LA CÁRCEL
MODELO DE NAJAYO HOMBRES, y a la PROCURADURÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA mediante actos de aguacil (Ver anexos 4 y 5);
POR CUANTO: Que en fecha 14 de Septiembre del 2012, a pesar de tener a su
disposición la órdenes de traslado del Juez de Ejecución de la Pena del Distrito
Judicial de San Cristóbal, las autoridades de la PROCURADORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA, sin haberle proporcionado explicación o justificación alguna al
interno ALVAREZ RENTA, DESACATARON las ordenes de traslado
válidamente emitidas por el Juez de la Pena en la citada sentencia, e impidieron
que el Sr. ALVAREZ RENTA se trasladara a su nueva localización para la prisión
domiciliaria, de acuerdo al dispositivo de la sentencia, negando enviar al al
Alcalde, quien es subordinado del Director de Prisiones y del Procurador General
de la República las debidas autorizaciones para trasladar al Sr. ALVAREZ
RENTA, de acuerdo con el dispositivo de la sentencia No. 340-2012-301-01 de esa
misma fecha;
POR CUANTO: Que en varios medios de prensa el imputado Sr. POCURADOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA (Ver anexo 3), justificó su medida de impedir el
cumplimiento de la sentencia hasta que se llevara a cabo la apelación,
fundamentado en la supuesta interpretación de los artículo 401 y 442 del C. P. P.
reconociendo sin ambigüedad alguna, que se estaban desacatando órdenes de
traslado judiciales previstas en la ley, convirtiéndose en juez y parte, violando la
ley de manera olímpica y brutal.
POR CUANTO: Que ante Notario de la Jurisdicción de San Cristóbal, el alcalde
de la cárcel de Najayo (ver anexo 4) el Sr. Domingo Cuevas, declaró que se veía
impedido de cumplir con la orden de libertad por una orden expresa del Procurador
General de la República y del Director General de Prisiones, porque el “Sr.
ALVAREZ RENTA no era un preso cualquiera”. Así mismo, el nuevo Alcalde de
Najayo, el Procurador Pulinario, prestó declaración ante notario (Ver anexo 5)
20
señalando que no había recibido la orden de libertad del Procurador para
ejecutarla;
POR CUANTO: Que así las cosas, el IMPUTADO FRANCISCO DOMÍNGUEZ
BRITO se convirtió instantáneamente en Juez, con la capacidad de suspender
órdenes judiciales vigentes, y previstas en la ley. Este acto es ilegal y constituye
una violación de las siguientes normas:
1) EN LO QUE SE REFIERE AL DEBER DEL IMPUTADO
EN SU CONDICION DE FUNCIONARIO PUBLICO DE
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES:
VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA
- Artículos 6, 73, 74, 75.1, 139, 169, 170 y 276 de la
Constitución de la República.
VIOLACIONES AL CÓDIGO PENAL
- Artículos 114 (en este caso, por violar las disposiciones
relativas a desobedecer una orden judicial, contrario a la
disposición, especialmente en su artículo 276), así como los
artículos 123, 126, 127, y 131 (Todos ellos relativos a la
coalición de funcionarios para disponer medidas contrarias a
la ley y la usurpación de atribuciones judiciales), todos los
cuales hacen al IMPUTADO reo de las sanciones dispuestas
en los artículos 166 y 167 del referido Código Penal, que
establecen la PREVARICACIÓN Y LA DEGRADACIÓN
CÍVICA de los imputados culpables de las violaciones
señaladas;
- Artículos 186 y 188 del CÓDIGO PENAL POR ABUSOS
DE AUTORIDAD CONTRA PARTICULARES, por el
efecto que tuvo dicha orden EMITIDA POR EL
21
IMPUTADO DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO al
negar los derechos fundamentales del imputado LUIS
RAFAEL ALVAREZ RENTA, ASÍ COMO POR ABUSO
DE AUTORIDAD EN CONTRA DE LA COSA PÚBLICA,
por el hecho de haber expresamente contravenido una
ORDEN JUDICIAL, TODO LO CUAL HACE PASIBLE
AL IMPUTADO DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO
de las sanciones contempladas en los artículos 189 y 190 del
Código Penal.
- Artículos 209, 234 y 235 que reflejan la violación por
rebeldía y DESACATO DE UNA ORDEN JUDICIAL
emitida válidamente por los tribunales de la República.
2) EN LO QUE SE REFIERE AL DEBER Y OBLIGACIÓN
DEL IMPUTADO DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN
DEL ESTADO DOMINICANO Y DE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE PROTEGER LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS
CIUDADANOS:
VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA:
- En el acto de no permitir, la ejecución de la referida
sentencia No. 340-012-301-01 que el QUERELLANTE
LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA recibiera sus
tratamientos médicos, el IMPUTADO DR. FRANCISCO
DOMÍNGUEZ BRITO incurrió en la violación de los
derechos fundamentales establecidos 37, 38, 39, 40, 42 y 61
de la Constitución de la República;
- Así mismo, IMPUTADO DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ
BRITO violó las disposiciones de la Constitución relativas a
la obligación del Estado y de los funcionarios públicos a
proteger, garantizar y respetar la dignidad y los derechos
22
fundamentales de los ciudadanos, establecidos en los
artículos 5, 6, 8, 26.1, 26.4, 68 (muy especialmente el
párrafo que establece que “los derechos fundamentales
vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben
garantizar su efectividad en los términos establecidos por
la presente Constitución y por la ley”), 73, 74, 75.1, 169.
Párrafo 1, 170 y 276.
VIOLACIONES AL CÓDIGO PENAL:
- Artículo 114 (en este caso, al haber cometido un acto
arbitrario o atentatorio a los derechos políticos, que
establece la degradación cívica), y la responsabilidad civil
que conlleva esta violación de acuerdo al artículo 117 del
mismo Código Penal;
- Artículos 123 y 124, por coalición de funcionarios dirigida a
impedir el ejercicio de derechos fundamentales, así como la
suspensión del cumplimiento de un servicio cualquiera;
POR CUANTO: Como se puede observar el IMPUTADO DR. FRANCISCO
DOMÍNGUEZ BRITO dispuso la suspensión del cumplimiento de la sentencia No.
340-2012-301-01 que favorece con una prisión domiciliaria al QUERELLANTE
LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA en contra de todas las normas del debido
proceso. Estas transgresiones son particularmente deplorables ante el hecho de que
se violaron los derechos de salud del QUERELLANTE, LO CUAL NO SE
PUEDE JUSTIFICAR; el DERECHO A LA VIDA, LA INTEGRIDAD
PERSONAL Y A LA SALUD son inviolable (Ver sentencias de Argentina y de
Colombia, (anexos 10 y 11), se le protege y se le reconoce a todos los ciudadanos
bajo cualquier circunstancia, incluso al peor delincuente que, por ejemplo, sea
herido en el mismo momento que comete un delito.
23
3) EN LO QUE SE REFIERE A LAS OBLIGACIONES DEL
IMPUTADO DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO DE
ACTUAR DENTRO DEL MARCO DEL DEBIDO
PROCESO.
VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA
- Artículos 39 (Igualdad ante la ley), Artículo 68, y artículo
69, especialmente en sus acápites 69.1, 69.2 y el 69.10 que
establece lo siguiente, citamos:
“69.10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativa” Fin de la
cita.
- Artículo 276, que obliga a los funcionarios públicos a actuar
dentro del marco de la ley.
VIOLACIONES AL CÓDIGO PENAL:
- Artículos 123, 126, 127, y 131 (Todos ellos relativos a la
coalición de funcionarios para disponer de la usurpación de
atribuciones judiciales), todos los cuales hacen al
IMPUTADO reo de las sanciones dispuestas en los artículos
166 y 167 del referido Código Penal, que establecen la
PREVARICACIÓN Y LA DEGRADACIÓN CÍVICA de
los imputados culpables de las violaciones señaladas;
POR CUANTO: Que las acciones de las autoridades de la Procuraduría General
de la República, encabezadas por Dr. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO
representaron un DESACATO JUDICIAL que viola el debido proceso de ley y
directamente pulverizó varios derechos fundamentales del recluso LUIS
ALVAREZ RENTA, específicamente el “DERECHO A LA VIDA”, EL
“DERECHO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA”, “EL DERECHO
A LA IGUALDAD”, EL “DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL” Y EL
24
“DERECHO A LA SALUD” consignados expresamente como derecho
fundamentales e inalienables en los artículos 5, 8, 37, 38, 39, 40, 42, 61, 68 y 69
de la Constitución Política Dominicana, y consignados igualmente en todos los
convenios y tratados internacionales que definen y garantizan los derechos
humanos especificados en el acápite de “Base legal” de la presente querella,
mediante un listado de los artículos de los convenios internacionales aplicables
a esta situación;
POR CUANTO: Que el IMPUTADO DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO
hizo caso omiso a las solicitudes y pedimentos del QUERELLANTE LUIS
RAFAEL ALVAREZ RENTA, notificadas por acto de alguacil de fecha 18 de
Septiembre y 5 de Octubre del 2012, informándole de la mora en el cumplimiento
del dispositivo de la sentencia, POR LO CUAL HA VIOLADO LAS
DISPOSICIONES RELATIVAS AL DERECHO DE LOS RECLUSOS A
HACER PEDIMENTOS, A SER OÍDO, Y A RECIBIR JUSTICIA, DENTRO
DEL DEBIDO PROCESO, de acuerdo a las siguientes normas legales:
1) “Conjunto de Principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión” de la ONU, Principios 1, 3, 7 y 33 de los cuales citamos los dos últimos principios
que se refieren directamente al derecho a hacer peticiones:
“Principio 7.3.
Toda otra persona que tenga motivos para creer que se ha
producido o está por producirse una violación del presente Conjunto
de Principios tendrá derecho a comunicar el asunto a los superiores
de los funcionarios involucrados, así como a otras autoridades u
órganos competentes que tengan atribuciones fiscalizadoras o
correctivas.
Principio 33.
1. La persona detenida o presa o su abogado tendrá derecho a
presentar a las autoridades encargadas de la administración del
lugar de detención y a las autoridades superiores y, de ser necesario,
a las autoridades competentes que tengan atribuciones
fiscalizadoras o correctivas una petición o un recurso por el trato de
25
que haya sido objeto, en particular en caso de tortura u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
2) Los “Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos” de la ONU,
Artículos 1, 2 y 5.
3) “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” de la ONU,
artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 56 y 57 y 59. De particular aplicación
es el artículo 36.1 de las referidas reglas que establece lo siguiente,
citamos”
36. 1) Todo recluso deberá tener en cada día laborable la
oportunidad de presentar peticiones o quejas al director del
establecimiento o al funcionario autorizado para representarle. 2)
Las peticiones o quejas podrán ser presentadas al inspector de
prisiones durante su inspección. El recluso podrá hablar con el
inspector o con cualquier otro funcionario encargado de
inspeccionar, sin que el director o cualquier otro recluso miembro
del personal del establecimiento se hallen presentes. 3) Todo recluso
estará autorizado para dirigir por la vía prescrita sin censura en
cuanto al fondo, pero en debida forma, una petición o queja a la
administración penitenciaria central, a la autoridad judicial o a
cualquier otra autoridad competente. 4) A menos que una solicitud
o queja sea evidentemente temeraria o desprovista de fundamento,
la misma deberá ser examinada sin demora, dándose respuesta al
recluso en su debido tiempo.” Fin de la cita, subrayado nuestro para
énfasis.
4) CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: Artículos 5,
38, 39, 42.1, 44.2, 49.1, 49.4, 68, 69.1 y 69.2 de los cuales es conveniente
citar, en este sentido:
Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda
persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene
derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido
proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se
establecen a continuación:
26
1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;
2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una
jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con
anterioridad por la ley;
5) El Código Procesal Penal establece lo siguiente:
“Art. 8.- Plazo razonable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada
en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca
de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la
víctima el derecho a presentar acción o recurso, conforme lo
establece este código, frente a la inacción de la autoridad.
Debemos enfatizar que esta ruptura del debido proceso, a la que hacemos
referencia en esta sección, por parte del DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO
es INDEPENDIENTE Y ADICIONAL de las señaladas anteriormente en este
documento, es un acto adicional al especificado anteriormente, derivado de la
comisión de un acto distinto, en este caso, el no dar ninguna respuesta a los
pedimentos realizados por el QUERELLANTE dentro de sus derechos
fundamentales.
POR CUANTO: Que las actuaciones del IMPUTADO DR. FRANCISCO
DOMÍNGUEZ BRITO son difamatorias e injuriosas en contra del honor y la
reputación del QUERELLANTE LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA, asunto que
no se ha incluido como sujeto de esta querella, ya que será tratado de acuerdo a las
leyes especializadas correspondientes a la difamación y la injuria;
POR CUANTO: Que ante los hechos que se han producido, el interno LUIS
ALVAREZ RENTA no podrá recibir atención la médica en condiciones de
señaladas en el dispositivo de la sentencia, negándosele todos los tratamientos
establecidos y violando sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad
humana, a la igualdad, a la seguridad, a la integridad personal, a la salud,
violándose también sus derechos al debido proceso y a la protección de sus
derechos bajos los artículos 5, 37, 38, 39, 40, 42, 61, 68, 69 y 74 de la Constitución
de la República; Que la conducta del IMPUTADO DR. FRANCISCO
DOMÍNGUEZ BRITO tiende a perpetuar estas violaciones, abusos de autoridad,
27
desacatos, usurpaciones de funciones y otras actos ilegales en perjuicio del
QUERELLANTE, por lo que dicho QUERELLANTE LUIS RAFAEL ALVAREZ
RENTA ha decido presentar formal QUERELLA ante la PROCURADURÍA
FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL en base a los argumentos de derecho que
pasamos a presentar para su consideración.
DE LA ADMISIBILIDAD DE ESTA QUERELLA
POR CUANTO: Los artículos 68 y 69 de la Constitución establecen el derecho de
todos los ciudadanos a recibir justicia, a que se oigan sus reclamos ante la ley.
POR CUANTO: Los delitos y agravios denunciados en esta querella se han
producido dentro de los plazos y condiciones que norman la materia, y que la
querella ha sido presentada en tiempo hábil, de acuerdo a las normas específicas
que rigen los delitos y agravios denunciados.
POR CUANTO: Es función del sector judicial ejercer el control de la legalidad de
los funcionarios público, en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 139 de la Constitución;
POR CUANTO: El imputado FRANCISCO DOMINGUEZ BRITO goza de la
jurisdicción privilegiada de acuerdo al Artículo 154.1 de la Constitución, al ejercer
el cargo de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, por lo que esta
querella debe ser presentada por ante la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, en
función de instructor y juzgador de aquellas personas sometidas al régimen de
Jurisdicción Privilegiada;
POR CUANTO: Que esta querella cumple con todos los requisitos de ley y debe
ser por tanto declarada ADMISIBLE.
SECCIÓN I: ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO
INTERNACIONAL EN RELACIÓN A LA PRESERVACIÓN Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
1) A través del tiempo, y muy especialmente a partir de la creación de la
Organización de la Naciones Unidas y de la Organización de los Estados
Americanos, la Nación Dominicana se ha adherido a numerosos instrumentos,
convenios, acuerdos y protocolos con el propósito especifico de garantizar para
28
todos los ciudadanos dominicanos el ejercicio pleno de los denominados Derechos
Humanos Fundamentales e Universales, consagrados originalmente en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ratificados posteriormente en
otros instrumentos, convenios, acuerdos y protocolos de las Naciones Unidas y de
la Organización de los Estados Americanos;
2) El 10 de Diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, atendiendo a
varios considerandos entre los cuales, para los fines de esta instancia, merece citar
los siguientes:
1) “Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
2) Que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo
en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria,
disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
3) Que es esencial que los derechos humanos sean protegidos
por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea
compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión;” Fin de la cita.
3) Tal y como señalamos anteriormente, el derecho a la salud es un derecho
humano fundamental, consagrado ampliamente en todas las instancias de los
derechos humanos que existen en el planeta, específicamente en el artículo 26 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en los artículos 63 y 64
de la propia Constitución Política de la Republica Dominicana;
4) El Estado Dominicano es miembro y signatario de un conjunto de
organizaciones, acuerdos, convenios y protocolos internacionales, los cuales,
fundamentados en los artículos 26 y 74 de la Constitución, la República
Dominicana reconoce y aplica como normas del Derecho Internacional general y
americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, entre los
cuales es preciso destacar los siguientes.
29
I) Miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y signatario de,
entre otros, los siguientes instrumentos de derechos humanos promovidos
por ese organismo:
a) La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los
Derechos Humanos del 10 de Diciembre de 1948;
b) El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y sus respectivos
Protocolos Facultativos (Adoptados por la Asamblea General el 16 de
Diciembre de 1966. El Pacto y el Primer Protocolo fueron ratificados por el
Estado Dominicano el 4 de Enero de 1978);
c) Resoluciones de la ONU, ratificadas en las respectivas Asambleas Generales
por el Estado Dominicano, relativas a:
i.- Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos
(Adoptados en la Asamblea General mediante Resolución 45/111 del 14 de
Diciembre de 1990);
ii.- Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
(Adoptadas por el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y
por las Resoluciones del Consejo Económico y Social de la ONU el 31 de
Julio de 1957 y el 13 de Mayo de 1977),
iii.- El Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas
Sometidas a cualquier forma de detención o prisión (Adoptadas por la
Resolución No. 43/173 de la Asamblea General del 9 de Diciembre de
1988);
II) Miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y
signatario de, entre otros, los siguientes convenios o instrumentos de
derechos humanos promovidos por ese organismo:
a) Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus correspondientes
Protocolos de Modificaciones;
b) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; aprobada en
la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia en
abril de 1948, ratificada por la República Dominicana como parte de su
adhesión a la Carta de la OEA;
c) CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto
de San José), aprobada en San José, Costa Rica el 22 de Noviembre de 1969
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y
ratificada por la República Dominicana el 19 de Abril de 1978;
30
5) En efecto el Estado Dominicano se ha adherido firme y ampliamente al catálogo
de los derechos humanos especificados por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, no solamente mediante la aprobación de la referida
Declaración sino de otros instrumentos relativos a los derechos humanos emitidos
por la ONU y por la OEA, los cuales también han sido consignados en la
legislación dominicana mediante su reconocimiento explícito en los Artículos 26 y
74 de la Constitución Política Dominicana y muy especialmente en la Resolución
1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia.
6) Además, es una obligación moral y legal del estado Dominicano ajustar en
consonancia con las normas internacionales de derecho ratificadas por el Estado
Dominicano todas las normas de ley internas, incluyendo la propia Constitución
Dominicana y los Códigos, leyes, Resoluciones y demás textos legales vigentes en
el país, que versen sobre el reconocimiento, aplicación y tutela de los derechos
humanos fundamentales;
SECCIÓN II: Aspectos de derecho internacional: Tratados, Convenios, y
Principios Internacionales sobre el derecho fundamental a la salud y su
aplicación al tratamiento de los reclusos.
7) La República Dominicana ha suscrito y refrendado los principales tratados
internacionales en materia de derechos humanos y de tratamiento de los reclusos.
Así mismo, la nueva Constitución Política Dominicana contiene un amplio legado
de reconocimiento de los derechos humanos fundamentales a favor de los
ciudadanos, y le dan amplia aquiescencia a los tratados y convenios internacionales
en la materia.
Esta legislación internacional le garantiza al Sr. LUIS ALVAREZ RENTA los
“derechos a la vida y a la salud, a la dignidad humana, a la igualdad, y a la
integridad personal”, bajo el cual está enmarcada esta instancia.
8) Empezaremos este análisis con las disposiciones de la Constitución en esta
materia, citamos los artículos 26 y 74 de la misma:
“Artículo 26.- Relaciones internacionales y derecho internacional. La
República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad
internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del
derecho internacional, en consecuencia:
31
1) Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y
americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado;
2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán
en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial;
3) Las relaciones internacionales de la República Dominicana se
fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e
intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho
internacional;
4) En igualdad de condiciones con otros Estados, la República
Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice
el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo
político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a
actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible
con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los
deberes de solidaridad con todas las naciones;
CAPÍTULO III
DE LOS PRINCIPIOS DE APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES
Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La
interpretación y reglamentación de los derechos y garantías
fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los
principios siguientes:
1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros
derechos y garantías de igual naturaleza;
2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá
regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales,
respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad;
3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía
constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y
demás órganos del Estado;
32
4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los
derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la
persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos
fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos
por esta Constitución.” Fin de la cita, subrayado nuestro para fines de
énfasis.
9) Como podemos observar en los artículos 26 y 74 de la Constitución
Dominicana, la nación dominicana acoge como legislación interna el derecho
internacional de los tratados que han sido refrendados, muy especialmente en lo
que se refiere a las normas internacionales de los derechos humanos
fundamentales.
10) Existe un argumento muy sustancial y esencial para defender la supremacía de
la norma internacional frente a la ley local (incluyendo la misma constitución) en
materia de la aplicación de los derechos humanos, relativamente sencillo: ¿Qué
sentido tiene para una nación soberana adoptar y ratificar la predominancia legal y
la consecuente vigencia plena de derechos humanos esenciales definidos por
normas del derecho internacional, sino se le va a dar tutela efectiva e inmediata a
esos derechos por el hecho de que estos mismos derechos estén parcialmente
coartados en un Constitución que, en el aspecto de los derechos humanos, puede
ser considerada antigua u obsoleta? Este argumento es particularmente válido si se
toma en consideración el hecho de que los instrumentos y convenios de derechos
humanos establecen, de forma tácita y absoluta, que su aplicación por parte de los
países signatarios no puede ser obstaculizada bajo ningún concepto, obligándose
cada nación a integrar estos preceptos plenamente en su legislación interna.
Además, la ratificación de las normas internacionales fue posterior a la emisión de
la Constitución Dominicana de 1966, que apenas había sufrido ligeras
modificaciones, y ha sido ratificada en la nueva Constitución Dominicana del
2010, mediante los artículos 26 y 74.
11) Pero además, existen dos precedentes adicionales que fundamentan elegir el
texto del derecho internacional. Por una parte, nos referimos a los términos de la
Resolución 1920-2003, el llamado Bloque de Constitucionalidad, en el cual se
establece con claridad meridiana que los “derechos humanos” son materia de un
tratamiento especial, diferenciado, ya que reflejan valores morales y legales de
dimensión universal, que han sido ratificados y reconocidos por el mundo
civilizado, en numerosos tratados, y son inalienables. El segundo precedente
33
aplica directamente al caso de la vigencia de los derechos humanos para los
reclusos, claramente reconocidos en el Artículo 436 del Código Procesal Penal
(CPP); Consecuentemente, es evidente que el referido Artículo 436 deroga en su
conjunto las limitaciones de los artículos 28, 33 y 42 del Código Penal, ya que,
como es rutina en nuestra legislación, el CPP es posterior al Código Penal y deroga
cualquier norma que le sea contraria.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
12) Existen siete (7) artículos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que son directamente aplicables a esta querella, citamos:
“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Artículo 3 .Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.
Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación.
Artículo 8.Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 10.Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad,
a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e
34
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.
Como podemos observar, los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 10 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos garantizan definen y garantizan la aplicación
de los derechos humanos fundamentales a favor de todos los seres humanos,
incluyendo los reclusos; Los artículos 3 y 25.1 garantizan el derecho a la vida y a
la salud, directamente aplicable a la instancia del Sr. ALVAREZ RENTA.
Pasamos ahora al segundo convenio.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
13) Este pacto representa el principal instrumento de aplicación y ejecución de los
derechos fundamentales del hombre, garantizados en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. De especial interés para esta instancia, en este pacto se
introducen de manera genérica el objetivo primordial de los sistemas
penitenciarios, dentro del contexto de los derechos humanos, citamos:
Artículo 2.3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente
Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun
cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en
ejercicio de sus funciones oficiales;
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o
cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal
recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;
35
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso.
Artículo 6
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho
estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida
arbitrariamente.
Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad
esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.”Fin de la
cita, subrayado nuestro para énfasis.
De nuevo, deseamos reiterar que la interpretación correcta, amplia y clara de las
leyes y convenios internacionales favorece la querella presentada por el Sr. LUIS
ALVAREZ RENTA.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Adoptado
y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966)
14) Este instrumento define claramente la aplicación de los llamados “Derechos
Económicos, Sociales y Culturales” derivados de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, resaltando dentro de los mismos el derecho a la vida y a la
salud, que fundamenta la solicitud del Sr. ALVAREZ RENTA. Citamos los
artículos aplicables:
“Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta
el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente,
por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de
medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna
36
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.
Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los
hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos
económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.
Artículo 4
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los
derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste
podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por
ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con
el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad
democrática.
Artículo 12
1) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2) Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a
fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las
necesarias para:
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia
médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”Fin de la cita,
subrayado nuestro para énfasis.
Como podemos observar de la lectura de los artículos anteriores, el derecho a la
salud es un derecho fundamental que no está sujeto a discriminación o limitación
de ningún tipo, de acuerdo a lo establecido en este instrumento internacional de
derechos humanos. Pasamos ahora a analizar la aplicación de los derechos a la
37
vida, a la igualdad ante la ley, al debido proceso y a la salud en el Sistema
Interamericano de Justicia.
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de
San José), aprobada en San José, Costa Rica el 22 de Noviembre de 1969 en la
Conferencia Especializada Interamericana
15) El pacto de San José, establece en su artículo 3, el derecho a la personalidad
jurídica; en el artículo 4, el derecho a la vida; En el artículo 7.1 el derecho a la
seguridad personal, y en el artículo 7.6 el derecho a recurrir las decisiones
judiciales; En el artículo 8, las garantías judiciales y de debido proceso; En el
artículo 11 la protección de la dignidad y privacidad; En el artículo 24 el derecho a
la igualdad ante la ley; y en el artículo 25 el derecho a la protección Judicial.
También este pacto, que rige las normas de derecho humanos en el Sistema
Interamericano de Justicia establece lo siguiente, en lo que se refiere a los derechos
de los reclusos, citamos:
Pacto de San José:
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la
reforma y la readaptación social de los condenados.
De nuevo, la querella presentada por el Sr. ALVAREZ RENTA, se enmarca dentro
de los derechos fundamentales establecidos por el Sistema Interamericano de
Justicia que ha sido refrendado por la Estado Dominicano, y bajo cuya Corte se
aceptado la jurisdicción de la justicia dominicana. Analizaremos ahora la
aplicación de estos principios de manera particular en el caso de los reclusos o
personas sometidas a prisión.
38
“Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a
cualquier forma de detención o prisión (Adoptadas por la Resolución No.
43/173 de la Asamblea General del 9 de Diciembre de 1988)”
16) En este convenio de Naciones Unidas se establecen los siguientes principios,
todos aplicables al caso del Sr. ALVAREZ RENTA:
“Principio 1
Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será
tratada humanamente y con el respeto debida a la dignidad inherente al
ser humano.
Principio 3
No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocidos
o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o
costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no
reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado.
Principio 5
1. Los presentes principios se aplicarán a todas las personas en el
territorio de un Estado, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión o creencia religiosa, opinión política o de otra índole,
origen nacional, étnico o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición.”
Principio 24
Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico
apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el
lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán
atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa
atención y ese tratamiento serán gratuitos.”Fin de la cita, subrayado
nuestro para énfasis.
17) Como podemos observar, la legislación internacional le garantiza a todos los
reclusos el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, entre los cuales está
claramente definido los aquí solicitados, a partir de la Declaración Universal de los
39
Derechos Humanos. Pasamos ahora al siguiente tratado relacionado con los
reclusos.
Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (Adoptados en la
Asamblea General mediante Resolución 45/111 del 14 de Diciembre de 1990)
18) Así mismo, este convenio también reitera la aplicación a los reclusos de todos
los derechos fundamentales, sin discriminación de ningún tipo, citamos:
“1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su
dignidad y valor inherentes de seres humanos.
2. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento u otros factores.
5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias
por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de
los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que
se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos
estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas.
9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el
país, sin discriminación por su condición jurídica.
9) Observemos que, en adición a los derechos a la dignidad humana y a la
igualdad, el artículo 9 de este Convenio establece claramente el derecho de los
reclusos a la salud que han sido violados por el IMPUTADO DR. FRANCISCO
DOMÍNGUEZ BRITO con sus actuaciones.
Las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”
20) Así mismo, el convenio de Naciones Unidas denominado “Reglas Mínimas
Para el tratamiento de los reclusos” PRINCIPAL CONVENIO
INTERNACIONAL QUE RIGE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS DE
LOS PAÍSES QUE SE HAN ADHERIDO A ESTA INICIATIVA DE LAS
40
NACIONES UNIDAS, reitera la salud como derecho FUNDAMENTAL de los
reclusos y como parte del tratamiento que deben brindar los sistemas
penitenciarios de los países firmantes de los convenios, citamos:
Servicios médicos
22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los
servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos
conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse
íntimamente vinculados con la administración general del servicio
sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio
psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento
de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los
enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos
penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el
establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán
provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos
necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el
tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente
preparación profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios
de un dentista calificado.
21) Como podemos observar en el artículo 22.1 de las “Reglas Mínimas Para el
Tratamiento de los Reclusos” las mismas establecen claramente el derecho de los
reclusos a la los servicios médicos que es lo mismo que el “derecho a la salud”,
situación que se enmarca exactamente dentro de uno de los principales derechos
que le han sido violados al QUERELLANTE LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA
por el IMPUTADO DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO.
SECCIÓN III: Aspectos de derecho interno (1): La nueva Constitución
Política Dominicana y los derechos de los reclusos
22) En adición a lo establecido en los artículo 5, 8, 26 y 74 de la Constitución, los
derechos fundamentales consignados en la Constitución Política Dominicana que
le están siendo violados al QUERELLANTE LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA
por las órdenes del IMPUTADO DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO y
demás funcionarios de la Procuradoría General de la República, son los siguientes:
41
1) Derecho a la vida, consignado en el artículo 37, citamos:
Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable
desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse,
pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.
2) Derecho a la dignidad humana, consignado en el artículo 38, citamos:
Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el
respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección
real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes.
La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su
respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los
poderes públicos.
3) Derecho a la igualdad:
Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres
e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las
instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos
derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación
por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad,
vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica,
condición social o personal.
4) Derecho a la libertad y seguridad personal.
Artículo 40. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad
personal. Por lo tanto:
15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni
impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo
puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede
prohibir más que lo que le perjudica;
16) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad
estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la
persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados;
5) Derecho a la Integridad Personal.
42
Artículo 42.- Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a
vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de
amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia:
1) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o
procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o
disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica;
6) Derecho a la Intimidad y al honor personal.
Artículo 44.- Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda
persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no
injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la
correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al
buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que
los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley.
Por tanto:
2) Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los
datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o
privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los
mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los
datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse
respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y
finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la
actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción
de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos;
7) Derecho a la salud.
Artículo 61.- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la
salud integral.
En consecuencia:
1) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las
personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la
alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas,
el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la
43
prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el
acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y
hospitalaria gratuita a quienes la requieran;
8) Tutela Judicial efectiva y Debido Proceso.
Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La
Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales,
a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la
persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos,
frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los
derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los
cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos
por la presente Constitución y por la ley.
Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda
persona, en elejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene
derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido
proceso que estará conformado por las garantías mínimas
que se establecen a continuación:
1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;
2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una
jurisdicción
competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad
por la ley;
4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena
igualdad y con respeto al derecho de defensa;
5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma
causa;
6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;
8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;
9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El
tribunal condenada recurra la sentencia;
10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.
23) Como podemos observar las actuaciones y actos de desacato de sentencias
judiciales del IMPUTADO DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO representan
44
la violación a un rosario de derechos fundamentales del Sr. ALVAREZ RENTA,
reconocidos plenamente como derechos fundamentales en la Constitución, lo cual
de nuevo más que justifica esta QUERELLA y las sanciones correspondientes.
24) Es importante mencionar que la nueva Constitución solo limita a los
reclusos por ciertas condenas (lo cual, en nuestra opinión, es contrario a la
normativa internacional) en los llamados “Derechos de Ciudadanía”
establecidos en el artículo 22 de la referida constitución.
La limitación anterior no se aplica a ninguno de los llamados derechos
fundamentales establecidos en los artículos 37 hasta el 67 Capitulo I, Titulo II
de la Constitución; De hecho, tal y como se señala expresamente en el artículo
74 del Capítulo III de referido Titulo II de la carta magna, los denominados
“Derechos Fundamentales” son de aplicación general sin limitación de ningún
tipo, reiterando la misma constitución su carácter universal y la aplicación
constitucional de las normas internacionales de derechos humanos.
25) El Artículo 74 de la Constitución le da plena vigencia en el país, con rango
cuasi-constitucional a todos los Convenios Internaciones adoptados y ratificados
por el Estado Dominicano, y por consecuencia, a las normas y derechos humanos
derivados del derecho internacional.
26) Así mismo, los artículos 148 y 276 de la Constitución establecen lo siguiente:
“Artículo 148.- Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho
público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y
solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios
ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión
administrativa antijurídica”
Artículo 276.- Juramento de funcionarios designados. La persona
designada para ejercer una función pública deberá prestar juramento de
respetar la Constitución y las leyes, y de desempeñar fielmente los deberes
de su cargo. Este juramento se prestará ante funcionario u oficial público
competente.
45
Finalmente, en el caso particular del Sr. Procurador General de la República,
la Constitución lo abliga a actuar de manera objetiva, imparcial e
independiente, citamos el artículos 169 y 170:
Artículo 169.- Definición y funciones. El Ministerio Público es el órgano
del
sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la
política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y
ejerce la acción pública en representación de la sociedad.
Párrafo I.- En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público
garantizará los
derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas,
promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección
de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley.
Párrafo II.- La ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario
bajo la
dirección del Ministerio Público u otro organismo que a tal efecto se
constituya.
Artículo 170.- Autonomía y principios de actuación. El Ministerio Público
goza
de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus
funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de
actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad.
SECCIÓN IV: Aspectos de derecho interno (2): Otras leyes e instrumentos de
la legislación dominicana
27) El Principio de no discriminación y el de igualdad ante la ley están claramente
expresados en el Código Procesal Penal (Artículos 10 y 11) y en la Resolución
1920-2003, el llamado “Bloque de Constitucionalidad” emitido por la Suprema
Corte de Justicia en el año 2003.
De manera muy particular, el Código Procesal Penal establece lo siguiente,
citamos:
46
“Art. 3.- Juicio previo. Nadie puede ser sancionado a una pena o medida
de seguridad sin un juicio previo. El juicio se ajusta a los principios de
oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad y
concentración.
Art. 5.- Imparcialidad e independencia. Los jueces sólo están vinculados a
la ley. Los jueces deben actuar en forma imparcial y son independientes de
los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pudiere provenir de
los demás integrante del Poder Judicial o de los particulares.
Art. 8.- Plazo razonable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un
plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la
sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la víctima el
derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece este código,
frente a la inacción de la autoridad.
Art. 10.- Dignidad de la persona. Toda persona tiene derecho a que se
respete su dignidad personal y su integridad física, psíquica y moral.
Nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
Art. 11.- Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y
deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Los jueces y el
ministerio público deben tomar en cuenta las condiciones particulares de
las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base a
nacionalidad, género, raza, credo o religión, ideas políticas, orientación
sexual, posición económica o social u otra condición con implicaciones
discriminatorias.
Art. 436.- Derechos. El condenado goza de todos los derechos y facultades
que le reconocen la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y
este código, y no puede aplicársele mayores restricciones que las que
expresamente dispone la sentencia irrevocable y la ley.
28) Como podemos observar, el Código Procesal Penal establece claramente el
DEBIDO PROCESO, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, EL PRINCIPIO DE LA
DIGNIDAD HUMANA así como el requisito de cumplir con los demás requisitos
47
de la ley, y de observar y aplicar correctamente las normas jurídicas, todos los
cuales fueron violados por EL IMPUTADO DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ
BRITO con sus actuaciones en contra del QUERELLANTE LUIS RAFAEL
ALVAREZ RENTA.
SECCIÓN V: Aspectos de derecho interno (3): Los principios rectores y las
atribuciones bajo las se debe administrar el tratamiento de los reclusos de
acuerdo a la resolución 296-2005 de la Suprema Corte de Justicia
29) Ahora corresponde hacer una exhaustiva investigación y análisis de la
legislación dominicana que atañe directamente a los principios rectores bajo los se
debe administrar el tratamiento de los reclusos que están contenidos en la
Resolución No. 296-2005 de la Suprema Corte de Justicia, ya que los mismos
reflejan las obligaciones del Estado Dominicano con los reclusos, de acuerdo a
nuestra propia legislación como a los convenios internacionales.
30) Un aspecto de primordial importancia del referido reglamento es que
repetidamente cita como fuente de derecho de aplicación inmediata la
legislación internacional, y muy especialmente las “Reglas Mínimas Para el
Tratamiento de los reclusos”, reconociendo que son vinculantes para el Estado
Dominicano. Citamos:
“Atendido, que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de
las Naciones Unidas, vinculantes para el Estado Dominicano, en su Regla
58 establece …". Fin de la cita, subrayado nuestro para énfasis.
Como se puede observar a través de la estructura de la citada resolución, las
referidas “Reglas Mínimas” representan la espina dorsal de su estructura; y son
precisamente esas “Reglas Mínimas” las que se han citado reiteradamente en esta
instancia para fundamentar la validez de la querella presentada por el
QUERELLANTE LUIS ALVAREZ RENTA, EN CONTRA DEL IMPUTADO
MANUEL DE JESÚS DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO.
31) El referido reglamento, en sus “atendidos”, cita también los otros instrumentos
o pactos internacionales que han fundamentado esta QUERELLA, incluyendo
menciones específicas del derecho a la salud, citamos:
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“Atendido, a que la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos, dispone en su Art. 5.1: "Toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral"; 2. "Nadie debe ser
sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano"; 3. "La pena no puede trascender de
la persona del delincuente;" y 6. "Las penas privativas de libertad tendrán
como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados".
Atendido, a que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en
su Art. 10, inciso 1, establece que: "Toda persona privada de su libertad
será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente
al ser humano; y en su inciso 3, se consagra que:"El régimen
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la
reforma y la readaptación social de los penados…”.
Atendido, a que para alcanzar el fin y justificación de las penas y medidas
privativas de libertad el régimen penitenciario debe de aplicar, conforme a
las necesidades y tratamiento individual de los delincuentes, todos los
medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y
todas las formas de asistencia de que puede disponer, según lo prescribe
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones
Unidas, en su numeral 59.”Fin de la cita, subrayado nuestra para énfasis.
32) Posteriormente, la Resolución No. 296-2005 establece los llamados “Principios
Rectores”, los cuales todos protegen y justifican LA BASE LEGAL DE ESTA
QUERELLA, citamos:
Principio de legalidad: sujeción de la ejecución de las penas y medidas de
seguridad al respeto estricto de la Constitución, los tratados
internacionales sobre los derechos de los condenados, al Código Procesal
Penal; a la Ley 224, que establece el Régimen Penitenciario, del 13 de
junio de 1984 y la Ley 164, sobre el Libertad Condicional del 20 de agosto
del 1985 y otras leyes correlativas; de conformidad con el Principio 7 del
Código Procesal Penal”. Fin de la cita.
49
Principio de no discriminación: la aplicación de las reglas
imparcialmente, sin hacer diferencias de tratos fundados en prejuicios,
principalmente, de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o
cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u
otra situación cualquiera; lo que implica el respeto a las creencias
religiosas y los preceptos morales a que pertenezca el condenado, de
conformidad con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
aprobadas por Naciones Unidas del 10 de agosto del 1955.
Principio de humanización en la ejecución de la pena: lo que implica la
aplicación del principio de individualidad de las penas, desaparición de
castigos corporales, no hacer la ejecución más penosa de lo que es por sí
la condición de condenado, no pudiéndose aplicar mayores restricciones
que las que expresamente dispone la sentencia irrevocable y la Ley, de
conformidad, con la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del
Hombre; Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos;
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y Reglas Mínimas para
el Tratamiento de los Reclusos, en sus Arts. XXV, 10, inciso 1; 5, numeral
1 y 59, respectivamente.”Fin de la cita, subrayado nuestro para énfasis.
33) De particular importancia como fundamento de esta QUERELLA, es el
“Principio de dignidad de la persona humana” que claramente defiende el derecho
fundamental a la vida y a la salud de los reclusos, citamos:
“Principio de dignidad de la persona: el derecho de todo condenado a que
se respete su integridad personal y su integridad física, síquica y moral;
ningún condenado puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles,
inhumanos o degradante, de conformidad con el Art. 10 del Código
Procesal Penal y los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos citados.” Fin de la cita, subrayado nuestro para énfasis.
34) También de especial importancia en esta QUERELLA es la sección
comprende los Principios Rectores que establecen la VIGENCIA PLENA DE
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES:
“Principio de sujeción especial del condenado: lo que conlleva que el
status de condenado en un establecimiento penitenciario no puede
significar la eliminación de sus derechos fundamentales, lo que envuelve
50
el reconocimiento de que el condenado disfruta de los derechos de todo ser
humano, con la restricción que resulte de la aplicación de la pena, en
virtud del art. 436 del Código Procesal Penal”. Fin de la cita, subrayado
nuestro para énfasis.
SECCIÓN V: Aspectos de derecho interno (4): La ley No. 224 que establece el
Régimen Penitenciario, del 13 de junio de 1984 y el derecho a la salud de los
internos
35) La ley No. 224-84 sobre el Régimen Penitenciario está diseñada precisamente
para darle apoyo a esta QUERELLA, YA QUE EL IMPUTADO DR.
FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO ha violado numerosas disposiciones de la
misma, en violación de los derechos del QUERELLANTE LUIS RAFAEL
ALVAREZ RENTA. Se inicia con una definición de misión similar a la de los
instrumentos internacionales, citamos:
Artículo 2.- La ejecución de las penas privativas de libertad tiene por
objeto, fundamentalmente, la protección social y la readaptación del
condenado, a fin de restituirlo a la sociedad con voluntad y capacidad
para respetar la ley. El régimen penitenciario deberá usar, de acuerdo
con las características de cada caso, el tratamiento educativo y
asistencial de que pueda disponer, de conformidad a los progresos
científicos que se realizan en la materia.
Artículo 4.- Las normas de la presente ley y los reglamentos
correspondientes se aplicarán a los reclusos sin que pueda hacerse
discriminaciones o establecerse diferencias de tratamiento fundadas
en prejuicios de raza, color, religión, nacionalidad, clase social y
opinión política del interno.
36) Los artículos 80, 81, y 82 de la referida ley establecen la obligatoriedad de que
los sistemas penitenciarios brinden los servicios de salud requeridos por los
reclusos, u ofrezcan la oportunidad de recibir esos servicios fuera del
establecimiento, citamos:
Una vez más, nuestra propia legislación claramente reconoce el derecho a la vida y
a la salud como parte de los derechos integrales y fundamentales de los reclusos.
51
SECCIÓN VI: Aspectos de derecho interno e internacional (5): Del derecho
de los reclusos a hacer peticiones ante la autoridad judicial competente, y la
obligación del Poder Judicial, de oír y decidir sobre las peticiones de los
internos
37) LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Los artículos 68 y 69 de la
nueva Constitución Política de la República Dominicana claramente establecen el
derecho de los ciudadanos, incluyendo los reclusos, a reclamar que se les proteja
en el ejercicio de sus derechos fundamentales, y se les administre justicia de forma
accesible y oportuna, dentro de un plazo razonable, y por la jurisdicción
correspondiente, citamos:
“Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución
garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los
mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad
de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o
deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los
poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los
términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.
Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la
tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará
conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:
1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;
2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una
jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con
anterioridad por la ley;
10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.” Fin de la cita, subrayado
nuestro para énfasis.
38) Así mismo, el artículo 74 de la Constitución establece que el ejercicio de los
referidos Derechos Fundamentales no son limitativos, y establece claramente la
obligación de los poderes públicos, entre los cuales evidentemente está el Poder
Judicial, de reconocer a favor de los ciudadanos el ejercicio de estos derechos,
citamos:
52
“Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La
interpretación y reglamentación de los derechos y garantías
fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los
principios siguientes:
1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros
derechos y garantías de igual naturaleza;
2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá
regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales,
respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad;
3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía
constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y
demás órganos del Estado;
4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los
derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la
persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos
fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos
por esta Constitución”. Fin de la cita.
39) LOS TRATADOS INTERNACIONALES. La GARANTÍA Y
PROTECCIÓN de los derechos humanos de los reclusos es una función primordial
DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS como lo reflejan los tratados
internacionales que son vinculantes en esta materia bajo los artículos 26 y 74 de la
Constitución de la República, entre los cuales se pueden citar los siguientes:
a) Artículos 2, 6, 7, y 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos;
b) Artículos 2, 2.1, 9 y 14, 16 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y
Sociales;
c) Preámbulo y artículos 2 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos
del Hombre
d) Artículos 1, 3, 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos (Pacto de San José);
e) Principios 1, 3, 7 y 33 del “Conjunto de Principios para la protección de
todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión” de la
ONU, citamos los dos últimos principios que se refieren directamente al
derecho a hacer peticiones:
53
“Principio 7.3.
Toda otra persona que tenga motivos para creer que se ha
producido o está por producirse una violación del presente Conjunto
de Principios tendrá derecho a comunicar el asunto a los superiores
de los funcionarios involucrados, así como a otras autoridades u
órganos competentes que tengan atribuciones fiscalizadoras o
correctivas.
Principio 33.
1. La persona detenida o presa o su abogado tendrá derecho a
presentar a las autoridades encargadas de la administración del
lugar de detención y a las autoridades superiores y, de ser necesario,
a las autoridades competentes que tengan atribuciones
fiscalizadoras o correctivas una petición o un recurso por el trato de
que haya sido objeto, en particular en caso de tortura u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
f) Artículos 1, 2 y 5 de los “Principios Básicos para el Tratamiento de los
Reclusos” de la ONU.
g) Artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 56 y 57 y 59 de la Reglas Mínimas para
el Tratamiento de los Reclusos. De particular aplicación es el artículo 36.1
de las referidas reglas que establece lo siguiente, citamos”
40) LEY 224-84 SOBRE EL RÉGIMEN PENITENCIARIO: El derecho de los
internos a hacer peticiones está referenciado en los artículos 5, 20, 34 y 99 de la ley
224-84 sobre Régimen Penitenciario. Particular atención se le debe dar al artículo
34 de la referida ley, que establece lo siguiente, citamos:
Artículo 34.- Todo recluso tendrá derecho a formular y dirigir
peticiones y quejas a la dirección del establecimiento o a las
autoridades administrativas y judiciales, sin otra limitación que la
de proceder en términos respetuosos o convenientes.
54
SECCIÓN VII: Aspectos de derecho interno (6): De las violaciones al Código
Penal
41) Los siguientes artículos de Código Penal Dominicano son aplicables a los
delitos y violaciones de derechos fundamentales especificadas en esta
QUERELLA, citamos:
“LIBRO TERCERO:
DE LOS CRÍMENES Y DELITOS Y DE SU CASTIGO
TÍTULO I:
CRÍMENES Y DELITOS CONTRA LA COSA PÚBLICA
“CAPÍTULO II:
CRÍMENES Y DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN
SECCIÓN 2DA.:
ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD
Art. 114.- Los funcionarios, agentes o delegados del Gobierno que
hubieren ordenado o cometido un acto arbitrario o atentatorio a la
libertad individual, a los derechos políticos de uno o muchos
ciudadanos, o a la Constitución, serán condenados a la pena de la
degradación cívica. Si justificaren, sin embargo, que han obrado por
orden de superiores a quienes debían obediencia jerárquica por
asuntos de su competencia, quedarán exentos de la pena, la que en
este caso se aplicará a los superiores que hubieren dado la orden.
Art. 117.- Los daños y perjuicios que puedan pedirse, con motivo de
los atentados expresados en el artículo 114, se reclamarán en el
curso del procedimiento criminal, o por la vía civil, y se regularán
en atención a las personas, a las circunstancias y al perjuicio
irrogado, sin que en ningún caso, y sea quien fuere el agraviado,
puedan esas indemnizaciones, para cada individuo, ser menor de
cinco pesos por cada día de detención ilegal y arbitraria.
SECCIÓN 3RA.:
COALICIÓN DE FUNCIONARIOS
55
Art. 123.- Los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones
o depositarios de una parte de la autoridad pública que concierten o
convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones
contrarias a las leyes, o que con el mismo objeto lleven
correspondencia o se envíen diputaciones, serán castigados con
prisión de dos a seis meses, e inhabilitación absoluta de uno a cinco
años, para cargos y oficios públicos.
Art. 126.- (Modificado implícitamente por el artículo 8 de la
Constitución de la República). Los funcionarios públicos, que
deliberadamente hubieren resuelto dar dimisiones, con el objeto de
impedir o suspender la administración de justicia, o el cumplimiento
de un servicio cualquiera, serán castigados como reos de
prevaricación, y castigados con la pena de confinamiento.
SECCIÓN 4TA.:
USURPACIÓN DE AUTORIDAD POR PARTE DE LOS
FUNCIONARIOS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O
JUDICIAL
Art. 127.- Se considerarán reos de prevaricación, y serán castigados
con la degradación cívica: los jueces, fiscales o sus suplentes, y los
oficiales de policía que se hubieren mezclado con el ejercicio del
Poder Legislativo, dando reglamentos que contengan disposiciones
legislativas o suspendiendo la ejecución de una o muchas leyes o
deliberando en cuanto a saber si las leyes se ejecutarán o
promulgarán.
Art. 128.- Se castigarán con la misma pena, los jueces, fiscales o sus
suplentes, y los oficiales de policía que se excedieren en sus
atribuciones, ingiriéndose en materias que correspondan a las
autoridades administrativas, ya sea que reglamenten en esas
materias, o ya que prohíban que se ejecuten las órdenes que emanen
del Gobierno. (Vélez)
Art. 129.- Además de las penas señaladas en los artículos de esta
sección, se podrá condenar a los culpables a los daños y perjuicios
que hubieren ocasionado.
56
Art. 131.- (Modificado por la Ley 4427 del 5 de abril del 1956
G.O. 7971). En igual pena incurrirán los empleados administrativos
indicados en el artículo anterior que usurparen atribuciones
judiciales, ingiriéndose en el conocimiento de derechos e intereses
privados de la jurisdicción de los tribunales, y que después de la
reclamación de las partes o de una de ellas decidieren, sin embargo,
el asunto; o que de algún modo requirieren, instruyeren o hicieren
recomendaciones a las autoridades judiciales para que ciñan sus
actuaciones, decisiones o fallos, al interés o criterio particular de
aquellos. (Dr. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO)
CAPÍTULO III:
CRÍMENES Y DELITOS CONTRA LA PAZ PÚBLICA
SECCIÓN 2DA.:
DE LA PREVARICACIÓN, Y DE LOS CRÍMENES Y DELITOS
COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
Art. 166.- El crimen cometido por un funcionario público en el
ejercicio de sus funciones, es una prevaricación.
Art. 167.- La degradación cívica se impondrá al crimen de
prevaricación, en todos los casos en que la ley no pronuncie penas
más graves.
Art. 179.- (Modificado por la Ley 3210 del 26 de febrero 1952 G.O.
7397). El que con amenazas, violencias, promesas, dádivas,
ofrecimientos o recompensas, sobornare u obligare o tratare de
sobornar u obligar a uno de los funcionarios públicos, agentes o
delegados mencionados en el artículo 177, con el fin de obtener
decisión favorable, actos, justiprecios, certificaciones o cualquier
otro documento contrario a la verdad, será castigado con las mismas
penas que puedan caber al funcionario o empleado sobornado. Las
mismas penas se impondrán a los que, valiéndose de idénticos
medios, obtuvieren colocación, empleo, adjudicación o cualesquiera
otros beneficios, o que recabaren del funcionario cualquier acto
propio de su ministerio, o la abstención de un acto que hiciere parte
del ejercicio de sus deberes. Sin embargo, si las tentativas de
57
soborno o violencias hubieren quedado sin efecto, los culpables de
estas tentativas sufrirán tan solo la pena de tres meses a un año y
multa de cincuenta a doscientos pesos.
Párrafo.- En los casos de este artículo, si el sobornante, fuere
industrial o comerciante, la sentencia podrá incapacitarlo para el
ejercicio de la industria o el comercio por un período de dos a cinco
años, a contar de la sentencia definitiva.
PÁRRAFO V: ABUSOS DE AUTORIDAD
PRIMERA CLASE:
ABUSOS DE AUTORIDAD CONTRA LOS PARTICULARES
Art. 185.- El juez o tribunal que, maliciosamente o so pretexto de
silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, se negare a juzgar y
proveer los pedimentos que se le presenten y que persevere en su
negativa, después del requerimiento que le hagan las partes, o de la
intimación de sus superiores, será castigado con multa de veinte y
cinco a cien pesos, e inhabilitación desde uno hasta cinco años,
para cargos y oficios públicos. En la misma pena incurrirá
cualquiera otra autoridad civil, municipal o administrativa que
rehúse proveer los negocios que se sometan a su consideración.
Art. 186.- Los funcionarios u oficiales públicos, administradores,
agentes o delegados del Gobierno o de la policía, los encargados de
la ejecución de sentencias u otros mandatos judiciales, los
comandantes en jefe o subalternos de la fuerza pública que, en el
ejercicio de sus funciones o en razón de ese ejercicio, y sin motivo
legítimo, usaren o permitieren que se usen violencias contra las
personas, serán castigados según la naturaleza y gravedad de esas
violencias, aumentándose la pena conforme a las reglas establecidas
en el artículo 198.
SEGUNDA CLASE:
ABUSOS DE AUTORIDAD CONTRA LA COSA PÚBLICA
Art. 188.- (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio del 1984 y
46-99 del 20 de mayo del 1999). La pena de la reclusión menor se
58
impondrá: a los funcionarios públicos, agentes o delegados del
Gobierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que pertenezcan,
que requieren u ordenaren, hicieren requerir u ordenar la acción o
el uso de la fuerza pública, para impedir la ejecución de una ley, la
percepción de una contribución legal, la ejecución de un auto o
mandamiento judicial o de cualquiera otra disposición emanada de
autoridad legítima.
Art. 189.- (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio del
1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999). Si el requerimiento o la
orden hubieren producido sus efectos, se impondrá a los culpables
la pena de la reclusión menor en su grado máximum.
Art. 190.- Las penas enunciadas en los artículos 188 y 189, se
aplicarán siempre a los funcionarios o delegados que hayan obrado
por orden de sus superiores, a no ser que esas órdenes hayan sido
dadas por éstos, en el círculo de sus atribuciones, y que aquellos
debían, en fuerza de la jerarquía, acatar y cumplir. En este caso, las
penas pronunciadas por los artículos que preceden, no se
impondrán sino a los superiores que primitivamente hubieren dado
esas órdenes.
SECCIÓN 4TA.:
RESISTENCIA, DESOBEDIENCIA, DESACATO Y OTRAS
FALTAS COMETIDAS CONTRA LA AUTORIDAD PÚBLICA.
PÁRRAFO I: REBELIÓN
Art. 209.- Los actos de rebelión se clasifican, según las
circunstancias que los acompañen, crimen o delito de rebelión. Hay
rebelión, en el acometimiento, resistencia, violencia o vías de hecho,
ejercidas contra los empleados y funcionarios públicos, sus agentes,
delegados, o encargados, sean cuales fueren su grado y la clase a
que pertenezcan, cuando obren en el ejercicio de sus funciones, y
sea cual fuere la función pública que ejerzan.
PÁRRAFO III: DENEGACIÓN DE SERVICIOS LEGALMENTE
DEBIDOS
59
Art. 234.- Los encargados y depositarios de la fuerza pública que,
legalmente requeridos por autoridad civil, se negaren a prestar el
auxilio de la fuerza que tengan bajo su mando, se
castigarán con prisión de uno a tres meses.
Art. 235.- Se les condenará también a las indemnizaciones que
puedan decretarse, de conformidad con el artículo 10 del presente
código.”Fin de la cita.
42) Finalmente, la Constitución de la Republica, en su SECCIÓN IV DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, SUS
FUNCIONARIOS O AGENTES, artículo 148, establece lo siguiente, citamos:
Artículo 148.- Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho
público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y
solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios
ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión
administrativa antijurídica.
43) Consecuentes con el artículo anterior, el QUERELLANTE tiene el derecho y la
facultad de reclamar al imputado, DR. FRANCISCO DOMINGUEZ BRITO, en su
calidad de Funcionario Público, las indemnizaciones correspondientes, derivada de
la violación de sus derechos fundamentales y de la ley por parte del funcionario
imputado.
60
POR TANTO: EN VIRTUD DE UNO, VARIOS O TODOS EN
CONJUNTO DE MOTIVOS LE SOLICITAMOS:
PRIMERO: ADMITIR como buena y valida la presente Querella con
Constitución en Actor Civil en contra del señor RANCISCO DOMINGUEZ
BRITO, de generales que constan precedentemente en este escrito, por violación a
los artículos37, 38, 39, 40, 42, 44, 61, 68, 69, 73, 74 y 75, 169 y 170 de la
Constitución Política de la República, 114, 117, 123, 126, 130, 131, 166, 179, 167,
184,186, 187, 188 y 189 del Código Penal Dominicano, como persona penal y
civilmente responsable por la violación de derechos en contra del querellante.
SEGUNDO: Que el señor LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA, por medio de la
presente instancia se constituye en Actor Civil en contra del señor FRANCISCO
DOMINGUEZ BRITO, a los fines de reclamar las indemnizaciones que
correspondan para reparar los daños y perjuicios materiales y morales que ha
experimentado como consecuencia de las actuaciones fraudulentas e infracciones
cometidas en su perjuicio, las cuales, han sido descritas precedentemente en esta
instancia, por lo cual LA QUERELLANTE solicita una indemnización de
TREINTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 (RD$30, 000,000.00), sin
perjuicio de ampliar el monto señalado, en consideración a lo dispuesto por el
Artículo 297 del Código Procesal Penal.
TERCERO: Que EL QUERELLANTE, por medio de la presente instancia se
reserva el derecho de requerir oportunamente la imposición de medidas de
coerción en contra del querellado en su calidad de persona penal y civilmente
responsables, en consideración al derecho que le confieren a tales fines los
Artículos 226 y siguientes del Código Procesal Penal.
CUARTO: Que el señor LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA, se reserva el
derecho de aportar nuevas evidencias que podrían generar nuevos cargos
adicionales a los ya presentados mientras dure el proceso de investigación del
presente caso por parte de juez instructor designado.
QUINTO: Que el señor LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA, requiriere del Juez
designado en calidad de instructor de la presente querella que le mantenga
informado de cualquier pesquisa que resultare de la investigación del presente
61
caso, en consideración al derecho que le confieren a tales fines el Articulo 296 del
Código Procesal Penal.
ES JUSTICIA Y FAVOR QUE SE OS PIDE
BAJO LAS MÁS AMPLIAS RESERVAS DE DERECHOS Y ACCIONES
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a diez (10) días del mes de octubre del año dos mil doce (2012).
SR. LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA QUERELLANTE.
LIC. JOAQUIN ZAPATA MARTINEZ. LIC. CERISE BRONTE
Abogado. Abogado.
IV - INVENTARIO DE DOCUMENTOS Y PRUEBAS ANEXOS A LA
QUERELLA: Para probar desacato (Abuso de poder, violación de derechos
constitucionales, usurpación de funciones, y el desacato mismo) y violación al
derecho al debido proceso de ley, así como violación de los artículos de la
Constitución:
a) Sentencia del 14 de Septiembre del 2012 en que se ordenó el traslado a
prisión domiciliaria; Anexo 1
b) Sentencia de novena sala de la Cámara Penal del D. N. enviando caso a
jurisdicción de San Cristóbal, por que menciona claramente las
violaciones a la ley. Anexo 2
c) Declaraciones del Procurador a los periódicos a los medios - Anexo 3
d) Acto de notario al notificar la sentencia del 14/09/2012 con respuesta de
antiguo Alcalde - Anexo 4
e) Acto de notario al notificar la sentencia del 14/09/2012 con respuesta del
nuevo Alcalde - Anexo 5
62
1) Para probar violaciones a los derechos humanos fundamentales a la dignidad
humana, a la vida, la integridad personal, y a la salud:
a) Sentencia del 14 de Septiembre del 2012 en que se ordenó el traslado a
prisión domiciliaria, señalando que es por razones de salud, y
estableciendo cuales derechos fundamentales se están protegiendo -
Anexo 1
b) Copia de la réplica al escrito de apelación a esa sentencia presentado por
el Banco Central. Anexo 6
c) Decisión de amparo del 26 de marzo del 2010 – Anexo 7
d) Medida Cautelar de la CIDH del 15 de Diciembre del 2011 donde se
ordena cuidar de mi salud – Anexo 8
e) Carta de la CIDH del 12 de Octubre del 2011donde se ordena garantizar
mi derecho a la salud. – Anexo 9
f) Sentencia de Colombia – Anexo 10
g) Sentencias de la Argentina – Anexo 11
h) Certificación CECANOT y José J. Puello – Anexo 12
i) Certificación de Médicos de Prisiones 1 de Agosto del 2012 – Anexo 13
j) Informe Médico CEDIMAT – Anexo 14
k) Historial Médico de Luis Alvarez Renta – Anexo 15
l) Informes Médicos de los Dres. Allan Pineda, Dr. Ángel Contreras,
Víctor Atallah y Frank Frassica (Anexo 16)