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AL: Magistrado procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. ASUNTO: Querella. QUERELLANTES: Sociedad comercial JULY IMPORT, S.R.L. y señor JULIO ANTONIO CHECO MARTE. ABOGADOS: Dr. Manuel U. A. Bonnelly Vega y Licdos. Aura Celeste Fernández R. y Juan D. Moreno Fernández. IMPUTADOS: Señores RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO y MARINA ANGOMÁS CASTILLO, en su condición de administradores y funcionarios de AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA; así como cualquier otra persona que pudiera resultar implicada fruto de la investigación. IMPUTACIONES: Violaciones a los artículos 146 de la Constitución dominicana, y, 166, 167, 174 y 408 del Código Penal, que tipifican los crímenes y delitos de corrupción, prevaricación, concusión y abuso de confianza, así como cualquier otra infracción que se fuera a determinar en el transcurso de la investigación. ----- o0o ----- Honorable procurador: JULY IMPORT, S.R.L., sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en la avenida Pedro A. Rivera número 57, kilómetro 1, de la ciudad y municipio de Concepción de La Vega, provincia de La Vega, República Dominicana, con registro mercantil número 0755-2007 y registro nacional de contribuyentes (RNC) número 130377588, debidamente representada por su socio y gerente, señor JULIO ANTONIO CHECO MARTE, dominicano, mayor de edad, comerciante, casado, con cédula de identidad y electoral número 047-0137671-9, domiciliado y residente en la calle Primera número 4 de la urbanización Omelia de la ciudad y municipio de Concepción de La Vega, provincia de La Vega, República Dominicana, quien actúa por sí y en su antes indicada calidad, por mediación de sus abogados infrascritos, doctor MANUEL ULISES A. BONNELLY VEGA y licenciados AURA CELESTE FERNÁNDEZ R. y JUAN D. MORENO FERNÁNDEZ, dominicanos, mayores de edad, abogados, casados los dos primeros y soltero el último, titulares de las cédulas de identidad y electoral

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Page 1: AL: QUERELLANTES: ABOGADOS: IMPUTADOS: …acento.com.do/wp-content/uploads/JULY-IMPORT-c... · En el caso de terminación laboral, según el citado contrato, los empleados que adquirieron

AL: Magistrado procurador general de la Corte de Apelación delDistrito Nacional.

ASUNTO: Querella.

QUERELLANTES: Sociedad comercial JULY IMPORT, S.R.L. y señor JULIOANTONIO CHECO MARTE.

ABOGADOS: Dr. Manuel U. A. Bonnelly Vega y Licdos. Aura CelesteFernández R. y Juan D. Moreno Fernández.

IMPUTADOS: Señores RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO y MARINAANGOMÁS CASTILLO, en su condición de administradores y funcionarios de AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA; asícomo cualquier otra persona que pudiera resultar implicada frutode la investigación.

IMPUTACIONES: Violaciones a los artículos 146 de la Constitución dominicana, y,166, 167, 174 y 408 del Código Penal, que tipifican los crímenesy delitos de corrupción, prevaricación, concusión y abuso deconfianza, así como cualquier otra infracción que se fuera adeterminar en el transcurso de la investigación.

----- o0o -----Honorable procurador:

JULY IMPORT, S.R.L., sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de la RepúblicaDominicana, con domicilio social en la avenida Pedro A. Rivera número 57, kilómetro 1, de la ciudad ymunicipio de Concepción de La Vega, provincia de La Vega, República Dominicana, con registro mercantilnúmero 0755-2007 y registro nacional de contribuyentes (RNC) número 130377588, debidamenterepresentada por su socio y gerente, señor JULIO ANTONIO CHECO MARTE, dominicano, mayor deedad, comerciante, casado, con cédula de identidad y electoral número 047-0137671-9, domiciliado yresidente en la calle Primera número 4 de la urbanización Omelia de la ciudad y municipio de Concepciónde La Vega, provincia de La Vega, República Dominicana, quien actúa por sí y en su antes indicada calidad,por mediación de sus abogados infrascritos, doctor MANUEL ULISES A. BONNELLY VEGA y licenciadosAURA CELESTE FERNÁNDEZ R. y JUAN D. MORENO FERNÁNDEZ, dominicanos, mayores de edad,abogados, casados los dos primeros y soltero el último, titulares de las cédulas de identidad y electoral

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números 031-0200345-0, 001-0886268-1 y 001-1783289-9, con matrículas del Colegio de Abogados de laRepública Dominicana números 15462-291-94, 1008-2287 y 42499-298-10, y estudio profesional comúnabierto en el bufete GUZMÁN ARIZA, sito en la calle Pablo Casals número 12 del ensanche Serrallés deesta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; tienen a bien interponer la presentequerella en contra de los señores RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO y MARINA ANGOMÁSCASTILLO, en su condición de administradores y funcionarios de la AUTORIDAD PORTUARIADOMINICANA, así como cualquier otra persona que pudiera resultar implicada fruto de la investigación,por violación a los artículos 146 de la Constitución dominicana, y, 166, 167, 174 y 408 del Código Penal,que tipifican los crímenes y delitos de corrupción, prevaricación, concusión y abuso de confianza, así comocualquier otra infracción que se fuera a determinar en el transcurso de la investigación.

Esta querella estará organizada según lo establece el artículo 268 del Código Procesal Penal dominicano, dela siguiente manera:

I. De los datos generales de identidad de los querellantes.

II. Del listado de demás víctimas de los hechos imputados.

III. De la identificación de los autores y cómplices.

IV. Del relato circunstanciado de los hechos.

V. De las consideraciones de derecho y de las calificaciones penales.

VI. De los elementos de prueba disponibles.

VII. De las normas procesales aplicables.

VIII. De la solicitud de diligencias de investigación.

IX. Del petitorio.

I. DATOS GENERALES DE IDENTIDAD DE LOS QUERELLANTES

1. Las generales de los querellantes, debidamente representados por sus abogados infrascritos, son lassiguientes:

2. JULY IMPORT, S.R.L., sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de laRepública Dominicana, con domicilio social en la avenida Pedro A. Rivera número 57, kilómetro 1ro. de laciudad y municipio de Concepción de La Vega, provincia de La Vega, República Dominicana, con registromercantil número 0755-2007 y registro nacional de contribuyentes (RNC) número 130377588, debidamenterepresentada por su socio y gerente, señor JULIO ANTONIO CHECO MARTE, dominicano, mayor de edad,comerciante, casado, con cédula de identidad y electoral núm. 047-0137671-9, domiciliado y residente enla calle Primera, número 4 de la urbanización Omelia de la ciudad y municipio de Concepción de La Vega,provincia de La Vega, República Dominicana.

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3. JULIO ANTONIO CHECO MARTE, dominicano, mayor de edad, comerciante, casado, concédula de identidad y electoral núm. 047-0137671-9, domiciliado y residente en la calle Primera, número 4de la urbanización Omelia de la ciudad y municipio de Concepción de La Vega, provincia de La Vega,República Dominicana.

4. En lo adelante en la presente querella, las personas y sociedad comercial descritas en este acápiteserán referidas en conjunto como “LOS QUERELLANTES”.

II. DEMÁS VÍCTIMAS DE LOS HECHOS IMPUTADOS

5. Además de los querellantes representados por los abogados suscribientes, las personas incluidas enla lista que se encuentra como anexo número 1 de la presente querella, que son todos empleados o exempleados de la Autoridad Portuaria Dominicana, son víctimas de la comisión de los hechos delictivosllevados a cabo por los imputados según se describirá más adelante en la presente querella.

6. Como se describirá más adelante, todas estas personas y otras decenas más que aún no han sidodebidamente identificadas, han sido gravemente afectadas de igual forma que los querellantes por lasactuaciones delictuosas de los imputados, conforme se describirá a continuación, y si no figuran aún comoquerellantes, se debe a que en su mayoría simplemente no conocen aún de la presente acción, lo que noimplica que durante el transcurso de la investigación estos no se constituirán en querellantes y actores civiles.

7. En lo adelante en la presente querella las personas descritas en este acápite serán referidas enconjunto como “LAS DEMÁS VÍCTIMAS”.

III. IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES Y CÓMPLICES

8. Al momento de la interposición de la presente querella han sido identificados como las personas quematerial e intelectualmente han concebido y llevado a cabo las infracciones penales que se describirán másadelante, en perjuicio de LOS QUERELLANTES, de LAS DEMÁS VÍCTIMAS y de la sociedad dominicanaen general, la siguiente entidad y las siguientes personas:

9. RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO, dominicano, mayor de edad, ingeniero, casado, titularde la cédula de identidad y electoral número 001-0134520-5, con domicilio y residencia desconocida por losquerellantes, y que desempeña sus funciones de director ejecutivo en la Autoridad Portuaria Dominicana(APORDOM), sita en Puerto Río Haina, margen oriental, ubicado en el kilómetro 13½ de la carreteraSánchez - Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

10. MARINA ANGOMÁS CASTILLO, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidady electoral número 001-0045436-2, con domicilio y residencia desconocida por los querellantes, y quedesempeña sus funciones de directora financiera en la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), sitaen Puerto Río Haina, margen oriental, ubicado en el kilómetro 13½ de la carretera Sánchez, Santo Domingo,Distrito Nacional, República Dominicana;

11. AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA, entidad autónoma del Estado con personalidadjurídica propia, creada por la ley número 70 de 1970, con domicilio legal en Santo Domingo, DistritoNacional, República Dominicana; y con su establecimiento principal ubicado en Puerto Río Haina, MargenOriental, en el kilómetro 13½ de la Carretera Sánchez - Santo Domingo, Distrito Nacional, RepúblicaDominicana.

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12. Cualquier otra persona física o jurídica que pudiera resultar implicada en calidad de autora ocómplice en el transcurso de la investigación.

13. En lo adelante en la presente querella las personas descritas en este acápite serán referidas enconjunto como “LOS IMPUTADOS”.

IV. RELATO CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS

14. El querellante, señor JULIO ANTONIO CHECO MARTE (en lo adelante, el SR. CHECO) es unempresario de la importación y distribución de motocicletas radicado en la ciudad de La Vega. Es el gerentey socio principal de la querellante, sociedad comercial JULY IMPORT, S.R.L., (en lo adelante, JULYIMPORT), cuyo principal establecimiento también se encuentra en La Vega.

15. En el año 2010, los directivos de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) (en lo adelante,AUTORIDAD PORTUARIA), específicamente quien en ese momento era su director ejecutivo, el licenciadoJosé Francisco Peña Guaba, buscaron e iniciaron conversaciones con LOS QUERELLANTES, para laimplementación de un plan mediante el cual se realizó la distribución y venta bajo financiamiento demotocicletas nuevas a los empleados de esa institución.

16. En efecto, en fecha 5 de mayo de 2010, JULY IMPORT y AUTORIDAD PORTUARIA suscribieronel contrato número 014/2010, con firmas legalizadas por el doctor Manuel Valdez Paulino, mediante el cualJULY IMPORT se obligó a, entre otras cosas, entregar motocicletas a los empleados de AUTORIDADPORTUARIA que calificasen, y AUTORIDAD PORTUARIA se obligaba, por su lado, a descontarmensualmente “del salario o de las acumulaciones laborales” de los empleados que así lo aceptasen, lacantidad de DOS MIL TRESCIENTOS PESOS (RD$2,300.00), por un periodo de dos años, y de abonar aJULY IMPORT esas cantidades dentro de los primeros cinco días de cada mes “hasta el saldo total ydefinitivo de la deuda”. Dicho contrato estableció el día 25 de mayo de 2010 como fecha de partida para elcumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes, y creó una penalidad a cargo de AUTORIDADPORTUARIA de un 2.98% mensual sobre las sumas que esta dejare de pagar (Ver el anexo número 2 dela presente querella, consistente en el referido contrato número 014/2010).

17. La lógica detrás del referido contrato consistía en ofrecer un acomodado financiamiento a losempleados de AUTORIDAD PORTUARIA, durante dos años. Cada empleado terminaría pagando en capitale intereses las suma de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS (RD$55,200), pasados los dosaños.

18. En el caso de terminación laboral, según el citado contrato, los empleados que adquirieron lasmotocicletas autorizarían a AUTORIDAD PORTUARIA a que descontase de sus prestaciones laborales losmontos debidos para cubrir la deuda con JULY IMPORT, y si aún faltasen cuotas por pagar para cubrir elprecio de venta y financiamiento, AUTORIDAD PORTUARIA quedaría como deudora solidaria de losmontos adeudados.

19. Esta última cláusula eventualmente no fue del agrado de las autoridades, y no habiendo pasado unmes de la suscripción del referido contrato, AUTORIDAD PORTUARIA puso como condición para poderpagar a JULY IMPORT las mensualidades a las que se había comprometido, que se modificara esa parte delcontrato mediante la suscripción de una adenda.

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20. En efecto, y para no representar una traba para la operación en curso, LOS QUERELLANTESsuscribieron la referida adenda (número 008/2010) en fecha 15 de junio de 2010, con firmas legalizadas porel Dr. Manuel Valdez Paulino (Ver anexo número 3). Sin embargo, esa adenda no fue suficiente y alencontrarla mal redactada, AUTORIDAD PORTUARIA requirió la suscripción de una nueva adenda, bajoel compromiso –claro está– de que los pagos se iban a empezar a realizar a favor de JULY IMPORT a partirde su firma. Dicha adenda se materializó mediante contrato de fecha 10 de febrero de 2011, con firmaslegalizadas por el licenciado Nelson De la C. Castellanos Gómez (Ver anexo número 4)

21. Mediante las referidas adendas se buscaba que una vez terminada la relación laboral (despido,dimisión o desahucio) con AUTORIDAD PORTUARIA, el empleado que hubiese recibido una de lasmotocicletas fuera el único responsable de completar los pagos pendientes.

22. Desde el inicio de la operación, los querellantes procedieron a cumplir con sus obligaciones, yproveyeron motocicletas marca PREMIUM, del año 2008, a más de 541 empleados de AUTORIDADPORTUARIA que así lo solicitaron (LAS DEMÁS VÍCTIMAS) (Ver el anexo número 1, contentivo de lalista de casi todos los empleados de AUTORIDAD PORTUARIA que recibieron motocicletas en el marcode la negociación aquí descrita, con sus números de cédula y el número de chasis de cada una de lasmotocicletas entregadas) (Véase además, el anexo número 8, consistente en una muestra de 50 conducesque demuestran la entrega de las motocicletas a los beneficiarios).

23. Como sustento legal, LAS DEMÁS VÍCTIMAS suscribieron una comunicación dirigida aAUTORIDAD PORTUARIA por medio de la cual le autorizaban a “debitar de (sus) sueldos la suma deRD$2,300.00, y que dicha suma sea entregada a JULY IMPORT, para el pago de la cuota mensualcorrespondiente al financiamiento del Motor (...), por el valor de RD$55,200.00 concedido a mi favor”. (Veral efecto, el anexo número 7, contentivo de una muestra de 13 autorizaciones de este tipo emanadas de cadaempleado de AUTORIDAD PORTUARIA que fue “beneficiado” con el plan).

24. Para LOS QUERELLANTES, la adquisición, importación y entrega por adelantado de 541 motocicletas representó una cuantiosa inversión a la que solo podían aspirar cumplir bajo la promesa yseguridad de que AUTORIDAD PORTUARIA y sus directivos iban por su lado a cumplir con su parte delcontrato. Es importante dejar bien establecido que fue AUTORIDAD PORTUARIA quien buscó a LOSQUERELLANTES en primer lugar, y propuso el plan en beneficio de sus empleados.

25. Desde que comenzó la relación contractual entre LOS QUERELLANTES y AUTORIDADPORTUARIA, dos distintos funcionarios han pasado por su dirección ejecutiva: al inicio, como indicamos,se trataba del licenciado José Francisco Peña Guaba, y luego, desde agosto de 2010 hasta la fecha, se tratadel hoy imputado, ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO. Por su parte, durante toda la gestiónde este último, la directora financiera, persona que dirige la administración contable y financiera deAUTORIDAD PORTUARIA ha sido la licenciada MARINA ANGOMÁS CASTILLO, también imputada.

26. Durante la primera gestión -la del licenciado Peña Guaba-, las tres mensualidades que lecorrespondieron fueron pagadas a JULY IMPORT. Es luego, en la administración LOS IMPUTADOS, comoveremos, que los fondos retenidos de los empleados han sido distraídos en perjuicio de LOSQUERELLANTES y de los 541 empleados que autorizaron a descontar de sus salarios mensuales durantedos años, así como también de sus prestaciones laborales, el pago de las motocicletas bajo financiamiento.Veamos.

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27. AUTORIDAD PORTUARIA primero bajo la dirección del licenciado Peña Guaba, y luego de LOSIMPUTADOS, comenzó desde el 25 de mayo de 2010 a descontar DOS MIL TRESCIENTOS PESOS(RD$2,300.00) cada mes de 541 ciudadanos, de los que ya de por sí eran salarios mínimos o muy bajos. Estosin duda también representaba un sacrificio muy grande para la gran mayoría de esos empleados (véase elanexo número 9 contentivo de una muestra de los recibos mensuales de nómina otorgados porAUTORIDAD PORTUARIA a cada uno de sus 541 empleados beneficiados del plan de financiamiento demotocicletas, en donde se refleja claramente el descuento de RD$2,300 de sus nóminas, por conceto de“JULY IMPORT, C. POR A.”).

28. Resulta que a la fecha, a pesar del mandato que tiene LOS IMPUTADOS de cobrar a los empleadosel dinero que le pertenece a LOS QUERELLANTES por concepto de la indicada deuda, y dedesembolsárselo a estos últimos, estos no han honrado su mandato, habiendo únicamente realizadodesembolsos parciales y esporádicos, luego de muchos esfuerzos.

29. Lo anterior, a pesar de que LOS IMPUTADOS cobraron durante casi 2 años a sus empleados lasmencionadas cantidades. Y más aún, a los empleados despedidos o que simplemente terminaron su relaciónlaboral con la institución, LOS IMPUTADOS les retuvieron sus prestaciones laborales por concepto de pagode la deuda a LOS QUERELLANTES, sin haber usado ese dinero retenido para en efecto pagar la referidadeuda o lo que es decir cumplir con el mandato otorgado.

30. Como consecuencia de lo anterior, a los ojos de LOS QUERELLANTES, estos empleados no hansaldado sus deudas, lo que ha significado para ellos que no han podido recibir la documentación de losmotores, no pueden en consecuencia usarlos ni disponer de ellos legalmente, todo a pesar de haber pagado,en su gran mayoría y con sacrificio, la totalidad del precio del citado financiamiento, es decir, la cantidadde CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS (RD$55,200.00) a LOS IMPUTADOS.

31. Para LOS QUERELLANTES, por su lado, esta distracción de los dineros objeto del referidomandato ha significado que estos se vean en amplia dificultad de honrar su obligaciones generadas parainvertir en las motocicletas en primer lugar.

32. Si tomamos en cuenta que fueron 541 los empleados de AUTORIDAD PORTUARIA a quienes LOSQUERELLANTES les entregaron motocicletas en el marco del citado plan, y si asumimos que LOSIMPUTADOS les cobraron la totalidad del precio de venta y financiamiento a cada uno, tenemos que LOSIMPUTADOS entraron a sus arcas –personales o del presupuesto de AUTORIDAD PORTUARIA– aexpensas de LOS QUERELLANTES la cantidad de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOSSESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (RD$29,863,200.00).

33. Ahora bien, sin conocer las razones reales por la que las cifras presentadas por LOS IMPUTADOSindican números inferiores, pero, si nos guiamos de las relaciones contables de ellos mismos, nos percatamosque según ellos mismos disponen que los montos retenidos de los salarios mensuales de los empleadosdurante esos dos años de vigencia fueron los siguientes:

Fecha

Valor cobrado a nombre de JULY IMPORT a los empleados

Jun-10 984,400.00

Jul-10 1,232,800.00

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Aug-10 1,230,500.00

Sep-10 1,143,100.00

Oct-10 998,200.00

Nov-10 989,000.00

Dec-10 959,100.00

Jan-11 952,200.00

Feb-11 943,000.00

Mar-11 940,700.00

Apr-11 933,800.00

May-11 897,000.00

Jun-11 897,000.00

Jul-11 887,800.00

Aug-11 855,600.00

Sep-11 853,300.00

Oct-11 793,500.00

Nov-11 736,000.00

Dec-11 733,700.00

Jan-12 726,800.00

Feb-12 952,200.00

Mar-12 272,700.00

Apr-12 572,700.00

May-12 156,400.00

Jun-12 2,300.00

Total: RD$20,943,800.00

(Ver en anexos números 12 y 13 las relaciones contables tituladas “Relaciones Órdenes de Pago de JulyImport” y “Amortización Deuda July Import”, emanadas de AUTORIDAD PORTUARIA).

34. Al mes de febrero de 2012, es decir, 21 meses después de otorgado el mandato por LOSQUERELLANTES a LOS IMPUTADOS de cobrar en su nombre las cuotas relativas a la venta yfinanciamiento de las motocicletas, de esos presuntos RD$20,943,800.00 que 541 empleados debían a LOSQUERELLANTES y que pagaron a través de LOS IMPUTADOS, tan solo fueron pagados RD$3,447,700.00a LOS QUERELLANTES, es decir, en casi dos años tan solo desembolsó el 16.5 % de lo que debió haberdesembolsado ¿y a dónde vino a parar el saldo?

35. Ante los reclamos de LOS QUERELLANTES, LOS IMPUTADOS utilizaban un argumento hartoconocido por todo el que quiere justificar su falta: el supuesto déficit presupuestario de AUTORIDADPORTUARIA.

36. El argumento de déficit presupuestario no puede ser una justificación de LOS IMPUTADOS parael no pago, pues ese dinero que pertenecía a LOS QUERELLANTES y que fue descontado de los empleadosestaba destinado específicamente para ser desembolsado a su favor. Es más, cada vez que LOSIMPUTADOS afirman que no pagaban pues AUTORIDAD PORTUARIA no tenía fondos suficientes,admitían que los dineros retenidos de los salarios de los empleados fueron utilizados para una finalidad

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distinta de la que le fue encomendada bajo mandato. Esto, como veremos más adelante, constituye unadistracción fraudulenta que es punible.

37. Ante tal situación, y ante la gran dificultad que esta distracción estaba generando en perjuicio deLOS QUERELLANTES, estos decidieron interponer una querella penal en contra de los directivosresponsables de la citada distracción de fondos.

38. En efecto, el 25 de agosto de 2011 los hoy querellantes interpusieron una querella por ante elprocurador fiscal del Distrito Nacional, por violación de varias disposiciones penales contra AUTORIDADPORTUARIA y el ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO. Luego en fecha 25 de agosto de2011, ambos se constituyeron en actores civiles.

39. Ante esa acción penal, el hoy imputado, ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO, tomóla aparente decisión de resolver la situación por la vía amigable, ante lo cual ambas partes se abocaron asuscribir un acuerdo transaccional, como al efecto lo hicieron en fecha 21 de febrero de 2012, mediantecontrato denominado “Acuerdo Transaccional y Acto de Desistimiento”, con firmas legalizadas por ladoctora Betty Francisca Vargas Acosta. (Ver el anexo número 11 contentivo del referido contrato).

40. Mediante el referido acuerdo transaccional, AUTORIDAD PORTUARIA en la persona del ingenieroRAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO, reconoció deber a JULY IMPORT por concepto de “losdescuentos aplicados a los empleados del programa de financiamiento de electrodomésticos y motocicletas”(véase el artículo segundo) la cantidad de DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRESMIL SEISCIENTOS PESOS (RD$16,373,600.00), y se comprometió a un plan de pago en diversas cuotasmensuales hasta el mes de mayo de 2013. Este acuerdo de pago implicaba las sumas debidas hasta la fechade la suscripción del contrato, es decir el 21 de febrero de 2012; aún restaban cuatro meses en los que seretuvieron mensualidades de los empleados.

41. En cambio, JULY IMPORT se comprometió a desestimar las acciones que tenía en contra deAUTORIDAD PORTUARIA “siempre y cuando se dé cumplimiento a este contrato” (véase artículo quintodel referido contrato).

42. Resulta que LOS IMPUTADOS no honraron su compromiso, por lo que el indicado desistimientoha quedado invalidado de pleno derecho. En efecto, luego de reponer algunas sumas distraídas, y de hacerlomuy fuera de los plazos convenidos, y como consecuencia de muchas gestiones, LOS IMPUTADOS aún nohan repuesto a LOS QUERELLANTES la cantidad de SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA YCUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS (RD$7,794,900.00) de las sumas que fueron distraídas en superjuicio. (Ver en anexos número 12 y 13, las relaciones contables tituladas “Relaciones Órdenes de Pago1

de July Import” y “Amortización Deuda July Import”, emanadas de AUTORIDAD PORTUARIA.) (Sobrelos esfuerzos y gestiones que tuvieron que hacer los querellantes véase a título de muestra, el anexo número10 contentivo de una comunicación dirigida al licenciado Simón Lizardo, Contralor General de la República).

En cuanto al aspecto civil, la deuda contractual de AUTORIDAD PORTUARIA frente a LOS QUERELLANTES –capital1

más intereses– asciende a TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOSCON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (RD$35,836,086.96) (Ver al efecto, el anexo 15 ilustrativo de esto, contentivo de una hojade cálculo en donde se verifica la deuda sumado el capital y los intereses.)

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43. Ante este claro incumplimiento del mandato y ante el incumplimiento de los términos establecidosen el contrato de transacción, LOS QUERELLANTES han decidido reanudar y reformular la acción penalcontra LOS IMPUTADOS, por la violación a diversas disposiciones penales que se detallarán a continuación,que criminalizan la distracción de fondos ajenos hecha por estos imputados.

44. LOS QUERELLANTES, tras muchos esfuerzos por lograr llegar a una solución amigable,formalmente pusieron en mora a LOS IMPUTADOS mediante acto 780/2014 de fecha 23 de mayo de 2014,instrumentado por el ministerial Eladio Lebrón Vallejo, de modo que no les sea legalmente posible a LOSIMPUTADOS alegar desconocimiento (Véase el anexo número 14, contentivo de la referida puesta enmora).

45. Ante la falta de reacción frente a la referida puesta en mora, y el no cumplimiento del plazo legal ahíotorgado para poner a disposición de LOS QUERELLANTES los dineros debidos, estos entienden pertinenteretomar el querellamiento inicial con la reformulación que la presente querella implica sobre la que seinterpuso en primer lugar, y así denunciar a las autoridades la comisión de sendos delitos por parte de losfuncionarios de LOS IMPUTADOS en perjuicio no solo de LOS QUERELLANTES sino que también de541 empleados de dicha institución.

46. Como quedará más adelante demostrado, LA PRESENTE ACCIÓN EN JUSTICIA NO ES UNAACCIÓN CIVIL; ella trata de imputar la comisión de tipos penales por parte de LOS IMPUTADOS, y noconstituye un obstáculo para que LOS QUERELLANTES interpongan cuantas acciones civiles considerennecesarias para hacer valer sus derechos frente al incumplimiento contractual de AUTORIDADPORTUARIA.

V. CONSIDERACIONES DE DERECHO Y DE LAS CALIFICACIONES PENALES

A. COMPETENCIA ESPECIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA CORTE

47. En virtud de lo que establece la Constitución de la República en su artículo 159:

son atribuciones de las cortes de apelación (...) 2) Conocer en primera instancia de las causas

penales seguidas a jueces de primera instancia o sus equivalentes; procuradores fiscales, titulares

de órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, gobernadores provinciales,

alcaldes del Distrito Nacional y de los municipios.

48. En virtud de lo que establece la ley 70-70, en su artículo 1ro., la Autoridad Portuaria Dominicanatiene “carácter autónomo, patrimonio propio e independencia y duración ilimitada”. Queda investida, segúnel artículo 2do, de “personalidad jurídica, con todos los atributos inherentes a tal calidad”.

49. De la interpretación conjunta de los tres artículos citados se desprende que la jurisdicción para juzgarpenalmente al imputado, ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO, es privilegiada y correspondea la procuraduría de corte llevar a cabo su investigación y acción pública.

B. CALIFICACIONES PENALES

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50. Los hechos precedentemente reseñados han sido calificados por los exponentes como violatorios delos artículos 146 de la Constitución de la república; 166, 167, 174, 408 y párrafo del Código Penal, quesancionan los tipos penales de “corrupción”, “prevaricación”, “concusión” y “abuso de confianza agravado”.

1. ABUSO DE CONFIANZA

51. El Código Penal dominicano, en su artículo 408, tipifica el delito de abuso de confianza, al preverlo siguiente:

... son también reos de abuso de confianza y como tales incurren en las penas que trae el artículo 406,

los que, con perjuicio de los propietarios, poseedores o detentadores, sustrajeren o distrajeren

efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga

obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido confiadas o entregadas en

calidad de mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o comodato o para un trabajo

sujeto o no a remuneración, y cuando en éste y en el caso anterior exista por parte del culpable

la obligación de devolver o presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación determinada.

Si el abuso de confianza ha sido cometido por una persona, dirigiéndose al público con el objeto de

obtener, bien sea por su propia cuenta o ya como director, administrador, o agente de una sociedad

o de una empresa comercial o industrial, la entrega de fondos o valores a título de depósito, de

mandato, o de prenda, la pena en que incurrirá el culpable será la de reclusión y multa de quinientos

a dos mil pesos. Si el abuso de confianza de que trata ese artículo, ha sido cometido por oficial

público o ministerial, por criado o asalariado, por un discípulo, dependiente, obrero o empleado,

en perjuicio de su amo, maestro o principal, se impondrá al culpable la pena de tres a diez años

de trabajos públicos. Estas disposiciones en nada modifican la penalidad impuesta por los artículos

254, 255 y 256, con respecto a las sustracciones y robos de dinero o documentos en los depósitos y

archivos públicos. (Las negrillas son nuestras).

52. El párrafo del mismo artículo continúa afirmando que:

... en todos los casos de abuso de confianza, cuando el perjuicio causado exceda de mil pesos, pero

sin pasar de cinco mil pesos, la pena será de tres a cinco años de reclusión y del máximum de la

reclusión si el perjuicio excediere de cinco mil pesos. (Las negrillas son nuestras).

53. Si analizamos cuáles son los elementos constitutivos del abuso de confianza agravado, a la luz delos hechos precedentemente narrados, concluiremos necesariamente que los imputados, ingeniero RAMÓNANTONIO RIVAS CORDERO y licenciada MARINA ANGOMÁS CASTILLO, son reos de este delito.Veamos.

54. Los elementos constitutivos del abuso de confianza agravado:

1) El hecho material de la distracción o disipación de bienes;

2) El carácter fraudulento de la disipación o distracción: existencia de la intención de cometerel delito;

3) El perjuicio causado al propietario, poseedor o detentador del objeto sustraído o distraído;

4) El carácter mobiliario de la cosa distraída o disipada; y,

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5) La entrega de los valores distraídos en virtud de uno de los contratos enumerados por la ley,siendo esa entrega hecha para un fin determinado.

1) El hecho material de la distracción o disipación de bienes

55. En la especie ha habido una distracción en tanto LOS IMPUTADOS dieron a los bienes a ellosconfiados de manera precaria un uso distinto para el que les fueron confiados.

56. El penalista Víctor Máximo Charles Dunlop, en su obra Curso de Derecho Penal Especial, explicaque hay distracción “cuando el que habiendo recibido una cosa de su dueño o poseedor, hace de ella unuso distinto de aquel para el que le fue entregada” .2

57. En la especie, como se desprende de los hechos y expondremos con detalles más adelante, existe undoble mandato, en ambos casos destinados a una aplicación determinada, mandatos estos de los cuales LOSIMPUTADOS son mandatarios. Por un lado, existe el mandato que JULY IMPORT dio a AUTORIDADPORTUARIA para que gestionara los cobros a LOS QUERELLANTES y LAS DEMÁS VÍCTIMAS de laspartidas mensuales para el pago de las motocicletas, y para que les desembolsara el dinero cobrado; y porel otro lado existe el mandato expreso que LOS QUERELLANTES y LAS DEMÁS VÍCTIMAS dieron aLOS IMPUTADOS de retenerles su dinero mensualmente durante dos años –y en muchos de los casos, desus prestaciones laborales– con la finalidad de pagarlos cada mes a su acreedora, JULY IMPORT.

58. En cuando al primer mandato, que es el que nos ocupa en la presente querella, cuando LOSIMPUTADOS descontaban mensualmente los montos de los salarios de cada uno de los empleados, noasumían la propiedad sobre estos, sino que tenían su posesión precaria y con un fin determinado:desembolsarlos a JULY IMPORT.

59. AUTORIDAD PORTUARIA, por mediación de los imputados, ingeniero RAMÓN ANTONIORIVAS CORDERO y licenciada MARINA ANGOMÁS CASTILLO, faltaron a su mandato en tanto nousaron la cosa dada en mandato para el fin determinado para el que le había sido otorgada.

60. AUTORIDAD PORTUARIA, por mediación de los imputados, ingeniero RAMÓN ANTONIORIVAS CORDERO y licenciada MARINA ANGOMÁS CASTILLO incorporaron esos fondos a las arcasde AUTORIDAD PORTUARIA –o las suyas propias– y los destinaron a otras funciones distintas a lasque habían sido destinados al momento de entregárseles de manera precaria, conjugándose así elelemento de la distracción constitutiva del delito de abuso de confianza.

61. Y contrario a lo que desesperadamente alegará la defensa de LOS IMPUTADOS ¡el cumplimientoparcial del mandato NO EXONERA la responsabilidad penal ya configurada! Está harto evidente porla materia en la que nos encontramos, la materia penal y no civil, que un delito se configura desde que sereúnen sus elementos constitutivos. En es sentido, para la constitución del delito de abuso de confianza, pocoimporta que en la especie los imputados hayan restituido parte de las sumas a ellos confiadas y por ellosdistraídas en violación de sus mandatos.

62. La jurisprudencia y doctrina tanto francesa como dominicana se han pronunciado sobre el particular:

Víctor Máximo CHARLES DUNLOP. Curso de Derecho Penal Especial. Librería “La Filantrópica”. 1994. Pág. 454.2

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La restitución de la cosa confiada no obstaculiza la persecución desde que se produce luego de la

distracción fraudulenta. El abuso de confianza, desde que es caracterizado por la constatación de

hechos de distracción o de disipación cometida con una intención culpable, se encuentra consumado

desde el momento en que tales hechos se cumplen y no queda cubierto por lla reparación del daño que

podría entrañar por su naturaleza. Así, la infracción subsiste si la restitución no ha tenido lugar más

que con posterioridad a las persecuciones judiciales elevadas por el juez de represión o con la

interposición de una querella (Crim. 13 sept. 1845, D.P. 46. 1 124; 4 août 1854, D.P. 54. 5. 6; 11 juin

1858, D.P. 58. 5. 5; 14 janv. 1859, D.P.. 59. 1 .144; 15 déc. 1860, D.P. 61. 5. 5; 25 avr. 1873, D.P.

73. 1. 220; 27 oct. 1916, Rec. Sirey 1918. 1. 105).3

2) El carácter fraudulento de la disipación o distracción: existencia de laintención de cometer el delito

63. Los doctrinarios franceses Marie-Paule Lucas de Leyssac y Alexis Mihman, a su vez parafraseandoal tratadista francés Garçon, exponen en su obra Droit Pénal des Affaires, que “la no restitución o el uso delbien contrario a lo que había sido convenido no pueden ser efectivamente constitutivos de una distracciónsino en el caso en que, a través de ello, el beneficiario de la entrega ha querido comportarse comodueño de la cosa sobre la que no tenía más que la posesión precaria”.4

64. Por su lado, el citado autor Charles Dunlop al referirse al carácter fraudulento de la distracción, loexpresa “es necesario, sin embargo, que haya actuado con conocimiento de causa, no pudiendo ignorar, poruna parte, que tenía posesión a título precario solamente, y sabiendo, por otra parte, que al disponer de lacosa confiada, se exponía a no poderla restituir”.5

65. En el presente caso resulta más que evidente que: 1) LOS IMPUTADOS conocían del carácterprecario de la posesión que tenían de los fondos a ellos confiados; y, 2) LOS IMPUTADOS conocían lasconsecuencias que podía tener la distracción de esos fondos.

66. Ello es así pues, pura y simplemente, en el presente caso no estamos hablando de un mandato quefuera realizado sin formalidades ni especificaciones. Más bien, la posesión precaria de los fondos entregadosbajo mandato está documentada mediante sendos contratos y adendas que son del conocimiento pleno deLOS IMPUTADOS; también en la citada autorización suscrita por los 541 empleados de AUTORIDADPORTUARIA. (Véase los anexos números 2, 3, 4, 7 y 11).

67. Y para que no quede duda, no solamente han existido acciones judiciales tendentes a hacer a LOSIMPUTADOS cumplir con sus mandatos, que se han discutido en su momento; no solamente existen loscontratos y autorizaciones firmadas por los mismos imputados que definen claramente el destino a dar a losfondos confiados; sino que, además, LOS IMPUTADOS fueron puestos en mora para el cumplimiento desus obligaciones mediante acto de alguacil en el que de manera extensa se les explicó los por cuantosdetallados de las consecuencias de su distracción e incumplimiento. (Véase el anexo número 14).

68. Al efecto, veamos qué dicen ambos autores ya citados sobre este particular:

Répertoire de Droit Criminel et de Procédure Pénale. Tomo I. 1953. Paris: Dalloz. p. 29.3

Marie-Paule LUCAS y Alexis Mihman. Droit Pénal des Affaires. Paris: Economica. 2009. Pág. 104.4

Víctor Máximo CHARLES DUNLOP. Op. Cit. p. 455.5

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Una intimación de restituir mediante una notificación extrajudicial, por carta, o aun verbal, podría ser

suficiente para facilitar esta Prueba y para determinar el carácter fraudulento de la

distracción.6

La puesta en mora puede sin embargo, permitir el establecimiento del elemento intencional pues si el

agente persiste en no restituir luego de la puesta en mora, esa resistencia puede ser juzgada

reveladora de su voluntad de desconocer el derecho de propiedad de su remitente”.7

3) El perjuicio causado al propietario, poseedor o detentador del objeto sustraídoo distraído

69. El doctrinario Charles Dunlop (antes citado), hace acopio de una cita jurisprudencial francesa queindica que “la distracción o la disipación deben haber producido un perjuicio a los propietarios, poseedoreso detentadores de los objetos confiados. Pero un perjuicio eventual es suficiente (Cas. 18 marzo 1936, Gaz.Pal., 1936.1.881)”.

70. Está más que claro que la distracción de los citados fondos que LOS IMPUTADOS han llevado acabo ha causado un perjuicio incalculable a JULY IMPORT y SR. CHECO. Ese perjuicio se materializa porel solo hecho de que la distracción ilegal hecha por LOS IMPUTADOS ha impedido que AUTORIDADPORTUARIA honre su compromiso económico frente a JULY IMPORT y SR. CHECO.

71. Constituye un perjuicio claro el solo hecho de que JULY IMPORT y SR. CHECO realizaron unainversión cuantiosa para la que asumieron innumerables compromisos económicos que han tenido dificultadde cumplir fruto de la distracción de LOS IMPUTADOS. Esto les ha causado pérdidas cuantiosas no soloa nivel económico sino que también a nivel moral, pues su reputación se ha visto gravemente cuestionada.

72. Y es que en la especie JULY IMPORT entra dentro de las víctimas contra quienes la distracciónactiva el delito de abuso de confianza, pues, tal y como ha quedado asentado en la doctrina y jurisprudenciade origen del país de origen de nuestra legislación, “poco importa que la cosa distraída haya sido recibidadel mismo mandante o de un tercero” y a título de ejemplo expone la doctrina francesa más calificada: “lapena es aplicable sobre la distracción de las sumas recibidas de parte de terceros por un cobrador o por unmandatario encargado de venta (Crim., 15 févr. 1939, DG, 1939.294)”.8

73. Por su parte, la jurisprudencia dominicana ha sido clara sobre este particular. En sentencia del 26de noviembre de 1919 (B.J. 112, p. 9), nuestro más alto tribunal dispuso que “se configura el abuso deconfianza en el caso en que el inculpado ha recibido mandato para cobrar un billete de lotería jugado ensociedad con la persona de quien se recibe el mandato y se apropia de fondos recibido”.

74. Tomemos como otra ilustración e importante precedente sobre este tema en particular el emblemáticocaso Baninter, en el que la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional

Íbid. p. 454.6

Marie-Paule LUCAS y Alexis Mihman. Op. Cit. p. 105.7

Robert Vouin y Michèle Rassat. Droit Pénal Spécial, infactions contre les biens, les personnes, la famille,8

les moeurs et la paix publique. 1983. Paris: Dalloz. pp. 82-83.

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tuvo a bien pronunciarse sobre las situaciones tripartitas en las que se imputa abuso de confianza no solo porparte de la persona que hace la entrega de los fondos directamente, sino que también cuando el abuso deconfianza afecta un mandato dado por una persona distinta a esa que entrega los fondos, como en la especielo es JULY IMPORT.

75. En efecto, mediante sentencia 0052-TS-2008, dicha Tercera Sala se pronunció de la siguientemanera:

75.-CONSIDERANDO: Que anto el mandato legal como el convencional, constituyen parte de los

elementos constitutivos específicos que configuran el tipo penal establecido en el 408 del Código

Penal Dominicano. Que si bien es cierto, que en el caso que nos ocupa según la reconstrucción de los

hechos realizada por el Tribunal aquo, las cosas entregadas a título de mandato han sido recibidas

por el mandatario por parte de terceras personas, los ahorristas, para entregarlas al mandante,

Banco Intercontinental, S. A., conforme las convenciones intervenidas entre ellos; es reconocido

por la jurisprudencia que la distracción o disipación de la cosa en tales circunstancias tipifica

el ilícito de abuso de confianza, por la defraudación de las obligaciones impuestas por el artículo

1193 del Código Civil, a cargo del mandatario, de rendir cuenta de su gestión al mandante de

todo lo que haya recibido como consecuencia de su poder, aunque las cosas o sumas recibidas

no se debieran al mandante. [Y EN LA ESPECIE CON MÁS RAZÓN PUES SÍ SE DEBEN A

JULY IMPORT].

76. Y continúa:

Por lo que la distracción de las cosas recibidas, independientemente del método o recursos

utilizados por el mandatario para ejecutar la distracción, que en el caso que nos ocupa, fueron

[...]. Que, los hechos así reconstruidos tipifican el ilícito penal de abuso de confianza previsto y

sancionado en el artículo 408 del Código Penal, por lo que procede acoger el motivo de apelación

propuesto por el recurrente.

77. Analizando este tema particular contra otro de los imputados del caso Baninter, la posteriormenteindultada Sra. Vivian Altagracia Lubrano Carvajal de Castillo, la referida Corte, razona lo siguiente:

“c) Un perjuicio causado al propietario, poseedor o detentador del objeto sustraído o distraído, que en

el caso de la especie está constituido por la distracción misma de los capitales, que unido a las demás

distracciones retenidas a los coimputados originaron un estado de iliquidez del BANINTER que lo

imposibilitó para responder a sus obligaciones de pago frente a sus clientes;“

78. Y continúa, al igual que para los demás coimputados como vimos anteriormente reconociendo alquerellante Banco Intercontinental, C. Por A., que repetimos, no fue la persona que directamente entregó losfondos a quienes distrajeron, la calidad de víctima del delito de abuso de confianza, como en la especie loes JULY IMPORT:

e) La entrega de los objetos distraídos o disipados, a título precario, ya que los ahorristas

depositaban su dinero en el BANINTER en calidad de depósito para ser entregados por el

mandatario VIVIAN ALTAGRACIA LUBRANO CARVAJAL DE CASTILLO, al mandante,

el banco; ...

79. Hacemos énfasis en que tanto en aquél caso como en el caso que nos ocupa, los respectivosimputados (en la especie el ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO y licenciada MARINAANGOMÁS CASTILLO) tenían un mandato de parte de una persona distinta a quien materialmente les

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entregó los valores. En la especie, JULY IMPORT dio un mandato a AUTORIDAD PORTUARIAadministrada por el ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO y con el apoyo de la encargada deldepartamento financiero, licenciada MARINA ANGOMÁS CASTILLO para la entrega de los fondosretenidos a los 541 empleados durante dos años, lo que no hicieron, más bien, estos últimos a la cabeza dela institución mandataria los distrajeron y comprometieron así su responsabilidad penal personal.

80. Vamos aún más lejos. La doctrina y jurisprudencia del país origen de nuestra legislación penalespecial, Francia, se ha pronunciado ya sobre el particular indicando que “poco importa que el propietario,poseedor o detentador no sea la persona misma con la cual el contrato violado haya sido concluido. Es asícomo hay abuso de confianza [por ejemplo] con la distracción que comete el despachador a quien le ha sidoconfiado el mandato de entregar la mercancía por un vendedor que no resultaría perjudicado, contra unadquiriente que ya devino propietario (Crim. 25 oct. 1935, DH, 1935.557) .9

81. Y continúa:

Los acreedores de la víctima deberán pues invocar un derecho propio sobre la cosa para poder querellarse

contra el autor de la distracción (Crim. 8 juin 1849, Bull. Crim. 131).10

82. En la especie está harto establecido y probado el “derecho propio” que JULY IMPORT ostenta sobrelos fondos distraídos.

4) El carácter mobiliario de la cosa distraída o disipada

83. Como bien afirma el citado doctrinario Víctor Máximo Charles Dunlop:

Por las expresiones ‘efectos y mercancías’, se deben entender todas las cosas muebles que puedan entrar en el

patrimonio.11

84. En el caso que nos ocupa no hay dudas sobre el carácter mobiliario de la cosa distraída: valores osumas de dineros.

5) La entrega de los valores distraídos en virtud de uno de los contratosenumerados por la ley, siendo esa entrega hecha para un fin determinado

85. Como ya vimos, el artículo 408 dispone que quien sustrae el dinero actúa en base uno de lossiguientes contratos “mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o comodato o para un trabajo sujetoo no a remuneración”. También exige para la tipificación del delito que exista por parte del culpable “laobligación de devolver o presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación determinada”.

86. En el presente caso -tal y como hemos expuesto precedentemente-, existe un doble mandato, enambos casos destinados a una aplicación determinada. Por un lado, existe el mandato que 541 empleados

Robert Vouin y Michèle Rassat. Op. Cit. pp. 95-96. 9

Ibid. p. 96.10

Víctor Máximo Charles Dunlop. Op. Cit. p. 456.11

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dieron a AUTORIDAD PORTUARIA de retenerles su dinero mensualmente durante dos años para pagarloscada mes a JULY IMPORT. Por el otro lado existe el mandato que JULY IMPORT dio a AUTORIDADPORTUARIA para que gestionara los cobros de aquellos empleados que así lo aceptaran en el marco de laventa y financiamiento de las motocicletas, y para que una vez gestionados dichos cobros, les sean restituidosa su propietaria JULY IMPORT.

87. La entrega a la que se refiere este elemento constitutivo del delito de abuso de confianza sematerializó en la especie cada vez que 541 empleados autorizaban a AUTORIDAD PORTUARIA a reteneruna parte importante de sus salarios para un fin determinado, pagar su deuda frente a JULY IMPORT.

88. Existen precedentes en la jurisprudencia del país de origen de nuestra legislación que califican esa“retención” autorizada del salario como calificativo de la “entrega” requerida como elemento constitutivode este delito:

Es posible que un juez descomponga una operación jurídica compleja en varios contratos entre los cuales

puedan figurar uno o más contratos de los del artículo 408. La jurisprudencia así lo juzgó en el caso de [entre

otros], la distracción de sumas descontadas por una empresa sobre la remuneración de sus asalariados

para versarlas a una caja de ahorros convencional de jubilación – Crim., 11 juin 1978 Bull. Crim. 198.12

2. PREVARICACIÓN

89. El mismo Código Penal, en sus artículos 166 y 167 establece la agravante de los delitos cuando estosser constituyen prevaricación, al disponer lo siguiente:

El crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, es una prevaricación.

La degradación cívica se impondrá al crimen de prevaricación, en todos los casos en que la ley no pronuncie

penas más graves.

90. Los elementos constitutivos del delito de prevaricación son:

1) que el agente imputable sea un funcionario público;

2) que ese funcionario cometa un crimen; y,

3) que se encuentre en el ejercicio de sus funciones.

91. En la especie, está más que claro que LOS IMPUTADOS, ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVASCORDERO y licenciada MARINA ANGOMÁS CASTILLO, 1) son funcionarios públicos; 2) han cometidoun crimen, como lo hemos indicado en el cuerpo de esta querella; y, 3) lo han hecho en el marco de susfunciones.

92. En cuanto al segundo aspecto, es importante señalar la naturaleza criminal del abuso de confianzaconfigurado en la especie. A título de muestra veamos qué ha dicho la jurisprudencia dominicana:

Robert Vouin y Michèle Rassat. Op. Cit. pp. 95-96.12

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Cuando la suma sustraída es mayor a los mil pesos el hecho reviste características criminales” (SCJ, 20 de enero

de 1974, B.J. 758, p. 283-284).13

3. CONCUSIÓN

93. En el artículo 174 del Código Penal el legislador previó el delito de la concusión cometida porfuncionarios públicos y sus dependientes, al establecer:

los funcionarios y oficiales públicos, sus delegados o empleados y dependientes, los perceptores de

derechos, cuotas, contribuciones, ingresos, rentas públicas o municipales y sus empleados, delegados

o dependientes, que se hagan reos del delito de concusión, ordenando la percepción de cantidades

y valores que en realidad no se adeuden a las cajas públicas o municipales, o exigiendo o

recibiendo sumas que exceden la tasa legal de los derechos, cuotas, contribuciones, ingresos o rentas,

o cobrando salarios y mesadas superiores a las que establece la ley, serán castigados según las

distinciones siguientes: los funcionarios y oficiales públicos, con la pena de la reclusión; y sus

empleados, dependientes o delegados, con prisión correccional, de uno a dos años, cuando la totalidad

de las cantidades indebidamente exigidas o recibidas y cuya percepción hubiese sido ordenada, fuere

superior a sesenta pesos. Si la totalidad de esas sumas no excediese de sesenta pesos, los oficiales

públicos designados antes, serán castigados con prisión de seis meses a un año; y sus dependientes o

delegados, con prisión de tres a seis meses. La tentativa de este delito se castigará como el mismo

delito. En todos los casos en que fuere pronunciada la pena de prisión, a los culpables se les podrá

además privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a

lo menos, y cinco a lo más, contados desde el día en que hubieren cumplido la condenación principal;

podrá además el tribunal, por la misma sentencia, someter a los culpables bajo la vigilancia de la alta

policía, durante igual número de años. Además, se impondrá a los culpables una multa que no

excederá la cuarta parte de las restituciones, daños y perjuicios, y que no bajará de la duodécima parte

de esas mismas restituciones. Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a los secretarios,

oficiales y ministeriales, cuando el hecho se cometiere sobre ingresos de los cuales estuvieren

encargados por la ley.

94. En el presente caso, el ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO, con el apoyo de laencargada del departamento financiero, licenciada MARINA ANGOMÁS CASTILLO, se han hecho reosde concusión desde el momento en que en su calidad de “funcionarios públicos” y “sus dependientes” cobranmensualmente a 541 empleados de las institución pública de la que forman parte “cantidades y valores queen realidad no se adeudan a las cajas públicas o municipales”, como lo exige el artículo 174 del CódigoPenal dominicano, sin la intención de utilizarlos para el fin para el que realmente estaban destinados, el pagode la deuda frente a JULY IMPORT, sino que para distraerlos.

95. En la comisión de este delito, el pago de la deuda de los empleados con JULY IMPORT no era másque una excusa para exigir esos valores mensualmente de parte de los empleados y expropiarse de ese dineroilícitamente. A sabiendas de esto, desde el momento en que exigían premeditadamente el pago mensual departe de los empleados, se hacían reos de concusión.

4. DELITO CONSTITUCIONAL DE LA CORRUPCIÓN

Manuel U. Bonnelly V. Código Penal Dominicano y Legislación Complementaria, con jurisprudencia anexa.13

2002. Santiago: El Nuevo Diario, S.A.. p. 624.

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96. La Constitución política de la república, en su artículo 146 condena la corrupción cuando disponelo siguiente :

Artículo 146.- Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos

del Estado. En consecuencia:

1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos

públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado,

sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho

económico;

2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados,

familiares, allegados, amigos o relacionados;

3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los

funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después

de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente;

4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras

sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de

lo apropiado de manera ilícita;

5) La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos

de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivo.

97. Es apreciable como el mismo texto constitucional, en su numeral 4 dispone de por sí una pena a lacomisión de los actos que según la misma Constitución son definidos como corrupción en sus numeralesprimero y segundo. Es un funcionario corrupto, según este texto,“toda persona que sustraiga fondos públicoso que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependenciaso instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”.

98. En la especie, el imputado ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO, con el apoyo de laencargada del departamento financiero de AUTORIDAD PORTUARIA, licenciada MARINA ANGOMÁSCASTILLO, “prevaliéndose de sus posiciones dentro de” AUTORIDAD PORTUARIA, que es una“institución autónoma”, obtuvo “para sí o para terceros provecho económico”, mediante la distracción delos dineros confiados a ellos por 541 empleados de esa institución y por JULY IMPORT.

99. Está más que claro que en la especie el los imputados RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO, conel apoyo de la encargada del departamento financiero de AUTORIDAD PORTUARIA, licenciada MARINAANGOMÁS CASTILLO, son definidos por la Constitución de la república como funcionarios reos decorrupción, y en consecuencia les son aplicables, como mínimo, las penas y sanciones que la mismaConstitución establece: “la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado demanera ilícita”.

VI. ELEMENTOS DE PRUEBA DISPONIBLES

100. Los elementos de prueba que sirven de sustento para la comprobación de los hechos, crímenes ydelitos aquí narrados, sin perjuicio, de los demás elementos probatorios que surgirán fruto de lasinvestigaciones llevadas a cabo por los órganos públicos correspondientes, son los siguientes:

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A. ELEMENTOS DE PRUEBA DOCUMENTALES

1. Listado de empleados y ex-empleados de AUTORIDAD PORTUARIA; por medio del cualvamos a identificar a los empleados y ex-empleados a quienes LOS IMPUTADOSmensualmente les retuvieron dinero con el fin específico de cubrir sus deudas con JULYIMPORT; consecuentemente identificar a quiénes les fueron entregadas motocicletas en elmarco del referido plan de financiamiento; identificar también la motocicleta específica quele fue entregada a cada uno de ellos; bajo reserva de otros posibles usos probatorios quepudieran surgir en el curso de la investigación.

2. Contrato con número 014/2010, suscrito entre AUTORIDAD PORTUARIA y JULYIMPORT, en fecha 5 de mayo de 2010, con firmas legalizadas por el notario, doctorMANUEL VALDEZ PAULINO, en el cual se estableció la relación contractual inicial entreambas partes para la entrega y cobro a 541 empleados de AUTORIDAD PORTUARIA demotocicletas a ser distribuidas por JULY IMPORT; por medio del cual probaremos queLOS IMPUTADOS retuvieron y distrajeron de dineros retenidos a 541 empleados de esainstitución de sus salarios y prestaciones laborales durante dos años bajo el mandato decubrir la deuda con JULY IMPORT, mandato este que a sabiendas no cumplieron; que losimputados tenían un mandato por parte de JULY IMPORT de gestionar los cobros de suacreencia frente a los empleados de esa institución; que esos fondos en efecto estabandestinados para un uso específico; que los imputados no dieron a esos fondos un uso deacuerdo con el mandato dado tanto por JULY IMPORT como por los empleados afectados;la condición de funcionarios públicos de LOS IMPUTADOS; que estos tenían plenoconocimiento de causa de lo que hacían, pues conocían los pormenores de la operación, asícomo cuál era su responsabilidad para con sus empleados y frente a JULY IMPORT; bajoreserva de otros posibles usos probatorios que pudieran surgir en el curso de lainvestigación.

3. Contrato número 008/2010 suscrito en fecha 15 de junio de 2010 entre AUTORIDADPORTUARIA y JULY IMPORT, con firmas legalizadas por el notario doctor ManuelValdez Paulino, por medio del cual se adenda por primera vez el contrato 014/2010 suscritoentre las mismas partes; por medio del cual probaremos el alcance y descripción de laoperación aquí descrita; bajo reserva de otros posibles usos probatorios que pudieran surgiren el curso de la investigación.

4. Contrato suscrito en fecha 10 de febrero de 2011, entre AUTORIDAD PORTUARIA,representada por el imputado, ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO, y JULYIMPORT, con firmas legalizadas por el notario licenciado Nelson De La C. CastellanosGómez, por medio del cual se adenda por segunda vez el contrato 014/2010 suscrito entrelas mismas partes; por medio del cual probaremos el alcance de la relación existente entreLOS IMPUTADOS y JULY IMPORT; que LOS IMPUTADOS tenían pleno conocimientode los pormenores de la operación, y en consecuencia que una vez recibidos los fondosdestinados al pago del financiamiento de las motocicletas, estos finalmente distrajeron esosfondos; de igual forma, probar la condición de funcionarios públicos de LOSIMPUTADOS; bajo reserva de otros posibles usos probatorios que pudieran surgir en elcurso de la investigación.

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5. Muestra de 13 ejemplares de 541 que hay en existencia, de autorizaciones dirigidas aAUTORIDAD PORTUARIA por parte de cada uno de los empleados de esa institución alos que les fue entregada una motocicleta bajo el plan de financiamiento de que trata lapresente querella. Mediante esta comunicación, cada empleado autoriza expresamente aAUTORIDAD PORTUARIA a que haga las retenciones de RD$2,300 de los salariosmensuales y de sus prestaciones laborales con la finalidad de abonar a la deuda frente aJULY IMPORT; por medio de la cual probaremos que LOS IMPUTADOS retuvieron ydistrajeron de dineros retenidos a 541 empleados de esa institución de sus salarios yprestaciones laborales durante dos años bajo el mandato de cubrir la deuda con JULYIMPORT, mandato este que a sabiendas no cumplieron; que los imputados tenían unmandato por parte de JULY IMPORT de gestionar los cobros de su acreencia frente a losempleados de esa institución; que esos fondos en efecto estaban destinados para un usoespecífico; que los imputados no dieron a esos fondos un uso de acuerdo con el mandatodado tanto por JULY IMPORT como por los empleados afectados; la condición defuncionarios públicos de LOS IMPUTADOS; que estos tenían pleno conocimiento de causade lo que hacían, pues conocían los pormenores de la operación, así como cuál era suresponsabilidad para con sus empleados y frente a JULY IMPORT; bajo reserva de otrosposibles usos probatorios que pudieran surgir en el curso de la investigación;

6. Muestra de 13 ejemplares de 541 que hay en existencia, de certificaciones expedidas porAUTORIDAD PORTUARIA, suscritas por la directora de Recursos Humanos, por mediode la cual AUTORIDAD PORTUARIA hizo constar que cada uno de los empleados aquienes se le entregaron las motocicletas eran en efecto empleados de la institución, cuántodevengaban y cuál era su función; por medio de la cual probaremos que en efecto losbeneficiados con el plan de financiamiento de motocicletas eran empleados deAUTORIDAD PORTUARIA; que LOS IMPUTADOS retuvieron y distrajeron de dinerosretenidos a 541 empleados de esa institución de sus salarios y prestaciones laborales durantedos años bajo el mandato de cubrir la deuda con JULY IMPORT, mandato este que asabiendas no cumplieron; que los imputados tenían un mandato por parte de JULY IMPORTde gestionar los cobros de su acreencia frente a los empleados de esa institución; que esosfondos en efecto estaban destinados para un uso específico; que los imputados no dieron aesos fondos un uso de acuerdo con el mandato dado tanto por JULY IMPORT como por losempleados afectados; la condición de funcionarios públicos de LOS IMPUTADOS; queestos tenían pleno conocimiento de causa de lo que hacían, pues conocían los pormenoresde la operación, así como cuál era su responsabilidad para con sus empleados y frente aJULY IMPORT; bajo reserva de otros posibles usos probatorios que pudieran surgir en elcurso de la investigación;

7. Muestra de 13 ejemplares de 541 que hay en existencia, de autorizaciones emanadas deAUTORIDAD PORTUARIA, específicamente de su dirección de planificación y desarrollo,por medio de las cuales autorizaban a JULY IMPORT la entrega de una motocicleta alempleado referido en cada autorización, con indicación de la finalidad; por medio de lacual probaremos que LOS IMPUTADOS retuvieron y distrajeron de dineros retenidos a541 empleados de esa institución de sus salarios y prestaciones laborales durante dos añosbajo el mandato de cubrir la deuda con JULY IMPORT, mandato este que a sabiendas nocumplieron; que los imputados tenían un mandato por parte de JULY IMPORT de gestionarlos cobros de su acreencia frente a los empleados de esa institución; que esos fondos enefecto estaban destinados para un uso específico; que los imputados no dieron a esos fondos

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un uso de acuerdo con el mandato dado tanto por JULY IMPORT como por los empleadosafectados; la condición de funcionarios públicos de LOS IMPUTADOS; que estos teníanpleno conocimiento de causa de lo que hacían, pues conocían los pormenores de laoperación, así como cuál era su responsabilidad para con sus empleados y frente a JULYIMPORT; bajo reserva de otros posibles usos probatorios que pudieran surgir en el cursode la investigación;

8. Muestra de 50 ejemplares, de 541 que hay en existencia, de conduces emanados de JULYIMPORT y suscritos por cada cliente, mediante el cual se evidencia la entrega de lasreferidas motocicletas a cada uno de los empleados; por medio de la cual probaremos quea los referidos empleados les fueron entregadas sus motocicletas, a cada uno; que LOSIMPUTADOS retuvieron y distrajeron de dineros retenidos a 541 empleados de esainstitución de sus salarios y prestaciones laborales durante dos años bajo el mandato decubrir la deuda con JULY IMPORT, mandato este que a sabiendas no cumplieron; que losimputados tenían un mandato por parte de JULY IMPORT de gestionar los cobros de suacreencia frente a los empleados de esa institución; que esos fondos en efecto estabandestinados para un uso específico; que los imputados no dieron a esos fondos un uso deacuerdo con el mandato dado tanto por JULY IMPORT como por los empleados afectados;la condición de funcionarios públicos de LOS IMPUTADOS; que estos tenían plenoconocimiento de causa de lo que hacían, pues conocían los pormenores de la operación, asícomo cuál era su responsabilidad para con sus empleados y frente a JULY IMPORT; bajoreserva de otros posibles usos probatorios que pudieran surgir en el curso de lainvestigación;

9. Muestra de 5 recibos de nóminas con título “Nomina Normal Apordom - Sistema de Nómina- Saldo de un Empleado”, a título de muestra de cientos de recibos más, en el que claramentese indica el descuento que se le aplicaba a los empleados de RD$2,300 por concepto de“July Import, C. Por A.”, por medio de los cuales probaremos que LOS IMPUTADOSretuvieron y distrajeron de dineros retenidos a 541 empleados de esa institución de sussalarios y prestaciones laborales durante dos años bajo el mandato de cubrir la deuda conJULY IMPORT, mandato este que a sabiendas no cumplieron; que los imputados tenían unmandato por parte de JULY IMPORT de gestionar los cobros de su acreencia frente a losempleados de esa institución; que esos fondos en efecto estaban destinados para un usoespecífico; que los imputados no dieron a esos fondos un uso de acuerdo con el mandatodado tanto por JULY IMPORT como por los empleados afectados; la condición defuncionarios públicos de LOS IMPUTADOS; que estos tenían pleno conocimiento de causade lo que hacía, pues conocía los pormenores de la operación, así como cuál era suresponsabilidad para con sus empleados y frente a JULY IMPORT; bajo reserva de otrosposibles usos probatorios que pudieran surgir en el curso de la investigación.

10. Comunicación de fecha 24 de junio de 2011, suscrito por el querellante señor JULIOANTONIO CHECO MARTE, en representación de JULY IMPORT, dirigida al licenciadoSimón Lizardo, contralor general de la república, por medio del cual le explica la situaciónrespecto del no cumplimiento de los pagos mensuales convenidos con AUTORIDADPORTUARIA a pesar de que esta, por intermedio de sus administradores se habían cobradolos fondos cada mes, durante un año en la fecha de la comunicación; por medio de la cualprobaremos los esfuerzos desplegados por los querellantes para que de manera amigablelos imputados cumplieran con sus mandatos y repusieran las sumas debidas, aún estas

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hubiesen sido distraídas; que en efecto LOS IMPUTADOS retuvieron y distrajeron dedineros retenidos a 541 empleados de esa institución de sus salarios y prestaciones laboralesdurante dos años bajo el mandato de cubrir la deuda con JULY IMPORT, mandato este quea sabiendas no cumplieron; que los imputados tenían un mandato por parte de JULYIMPORT de gestionar los cobros de su acreencia frente a los empleados de esa institución;que esos fondos en efecto estaban destinados para un uso específico; que los imputados nodieron a esos fondos un uso de acuerdo con el mandato dado tanto por JULY IMPORTcomo por los empleados afectados; la condición de funcionarios públicos de LOSIMPUTADOS; bajo reserva de otros posibles usos probatorios que pudieran surgir en elcurso de la investigación.

11. Contrato titulado “Acuerdo Transaccional y Acto de Desistimiento” suscrito entreAUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM) y JULY IMPORT, C. POR .A.,en fecha 21 de febrero de 2012, suscrito por la primera parte por el imputado ingenieroRAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO, con firmas legalizadas por la notario, doctoraBetty Francisca Vargas Acosta, por medio del cual probaremos que LOS IMPUTADOSretuvieron y distrajeron de dineros retenidos a 541 empleados de esa institución de sussalarios y prestaciones laborales durante dos años bajo el mandato de cubrir la deuda conJULY IMPORT, mandato este que a sabiendas no cumplieron; que los imputados tenían unmandato por parte de JULY IMPORT de gestionar los cobros de su acreencia frente a losempleados de esa institución; que esos fondos en efecto estaban destinados para un usoespecífico; que los imputados no dieron a esos fondos un uso de acuerdo con el mandatodado tanto por JULY IMPORT como por los empleados afectados; la condición defuncionarios públicos de LOS IMPUTADOS; que estos tenían pleno conocimiento de causade lo que hacían, pues conocían los pormenores de la operación, así como cuál era suresponsabilidad para con sus empleados y frente a JULY IMPORT; bajo reserva de otrosposibles usos probatorios que pudieran surgir en el curso de la investigación.

12. Documento titulado “Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) - Relación de órdenesde pago July Import”, preparado por AUTORIDAD PORTUARIA y debidamente firmadapor sus representantes, en la que se demuestra la relación de deudas y pagos abonados, connúmeros de cheques y fechas de pago, por medio del cual probaremos la admisión de partede los administradores de AUTORIDAD PORTUARIA de haber recibido las cantidades dedinero ahí reseñadas por parte de los empleados de la institución, así como el hecho de quede ese dinero tan solo pagaron una fracción a su legítima propietaria, JULY IMPORT, adestiempo; también que el saldo ha sido objeto de distracción punible penalmente; bajoreserva de otros posibles usos probatorios que pudieran surgir en el curso de lainvestigación.

13. Relación contable de título “Amortización Deuda July Import” firmada por el imputadoingeniero RAMÓN ANTONIO PÉREZ RIVAS, y sellado por AUTORIDAD PORTUARIA,en el que claramente se exponen las cantidades cobradas por AUTORIDAD PORTUARIAhasta esa fecha a los empleados afectados, así como el reconocimiento de la deuda a JULYIMPORT, por medio de la cual probaremos que LOS IMPUTADOS retuvieron ydistrajeron de dineros retenidos a 541 empleados de esa institución de sus salarios yprestaciones laborales durante dos años bajo el mandato de cubrir la deuda con JULYIMPORT, mandato este que a sabiendas no cumplieron; que los imputados tenían unmandato por parte de JULY IMPORT de gestionar los cobros de su acreencia frente a los

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empleados de esa institución; que esos fondos en efecto estaban destinados para un usoespecífico; que los imputados no dieron a esos fondos un uso de acuerdo con el mandatodado tanto por JULY IMPORT como por los empleados afectados;la condición defuncionarios públicos de LOS IMPUTADOS; que estos tenían pleno conocimiento de causade lo que hacían, pues conocían los pormenores de la operación, así como cuál era suresponsabilidad para con sus empleados y frente a JULY IMPORT; bajo reserva de otrosposibles usos probatorios que pudieran surgir en el curso de la investigación.

14. Acto del aguacil número 780/2014 del 23 de mayo de 2014, del ministerial Eladio LebrónVallejo, contentivo de intimación de pago dirigida a AUTORIDAD PORTUARIA, pormedio de la cual los hoy querellantes JULIO ANTONIO CHECO MARTE y JULYIMPORT intimaron a AUTORIDAD PORTUARIA en la persona de su director ejecutivoy hoy imputado, ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO, a devolver los valoressustraídos que legítimamente pertenecen JULY IMPORT so pena de recurrir a las víaslegales necesarias para hacer valer sus derechos en justicia; por medio del cualprobaremos que LOS IMPUTADOS tenían pleno conocimiento de causa al negarse a pagarlos valores retenidos de sus 541 empleados y distraídos en perjuicio de JULY IMPORT;bajo reserva de otros posibles usos probatorios que pudieran surgir en el curso de lainvestigación.

15. Hoja de cálculo preparada por la licenciada María Elena Acevedo, contadora públicaautorizada, por medio de la cual se establece hasta qué monto asciende la deuda al mes demayo de 2014, tomando en cuenta los pagos realizados por AUTORIDAD PORTUARIA,el capital adeudado y los intereses acumulados; por medio de la cual probaremos losmontos recibidos por LOS IMPUTADOS y sustraídos; también los montos a los cualesasciende la deuda civil de AUTORIDAD PORTUARIA frente a JULY IMPORT; bajoreserva de otros posibles usos probatorios que pudieran surgir en el curso de lainvestigación.

B. ELEMENTOS DE PRUEBA TESTIMONIALES

1. JULIO ANTONIO CHECO MARTE, dominicano, mayor de edad, comerciante, casado,con cédula de identidad y electoral núm. 047-0137671-9, domiciliado y residente en la callePrimera, número 4 de la urbanización Omelia de la ciudad y municipio de Concepción deLa Vega, provincia de La Vega, República Dominicana; por medio de quien probaremoslos esfuerzos desplegados por LOS QUERELLANTES para que de manera amigable losimputados cumplieran con sus mandatos y repusieran las sumas que les fueron entregadas,aún estas hubiesen sido distraídas; que en efecto el ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVASCORDERO, al frente de AUTORIDAD PORTUARIA, así como la encargada deldepartamento de finanzas de esa institución licenciada MARINA ANGOMÁS CASTILLO,retuvieron y distrajeron de parte de 541 empleados de esa institución parte de sus salariosy prestaciones laborales durante dos años bajo el mandato de cubrir la deuda con JULYIMPORT, mandato este que a sabiendas no cumplieron; que los imputados tenían unmandato por parte de JULY IMPORT de gestionar los cobros de su acreencia frente a losempleados de esa institución; que esos fondos en efecto estaban destinados para un usoespecífico; que los imputados no dieron a esos fondos un uso de acuerdo con el mandatodado tanto por JULY IMPORT como por los empleados afectados; la calidad defuncionarios públicos de LOS IMPUTADOS; el perjuicio material y moral sufrido por LOS

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QUERELLANTES, tanto JULY IMPORT como el mismo declarante; bajo reserva de otrosposibles usos probatorios que pudieran surgir en el curso de la investigación.

2. DIÓMEDES ANTONIO REMIGIO PICHARDO, dominicano, mayor de edad, soltero,titular de la cédula de identidad y electoral número 001-0153525-0, domiciliado y residenteen la calle Jhon F. Kennedy, número 28, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, RepúblicaDominicana.

3. JUAN MANUEL POLANCO JAQUEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, titular dela cédula de identidad y electoral número 001-1495987-7, domiciliado y residente en la calleparqueo 1, Manzana 1, San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana.

4. KENIA MARTÍNEZ ROSARIO, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la cédulade identidad o electoral número 001-1442709-9, domiciliada y residente en la calle Jhon F.Kennedy, número 28, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

5. WAGNER JOSÉ DE LA ROSA HERNÁNDEZ, dominicano, mayor de edad, soltero,titular de la cédula de identidad y electoral número 001-1855980-7 domiciliado y residenteen la calle El Retiro, número 102, Cristo Rey, Distrito Nacional, República Dominicana.

6. ROSA MARITZA BELLO, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula deidentidad y electoral número 001-0865332-0, domiciliada y residente en la calle 22 número43, esquina Santa Lucia, Los Libertadores, Los Alcarrizos, Santo Domingo oeste, RepúblicaDominicana.

7. JUAN FELIZ LUIS, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidady electoral número 001-0136149-1, domiciliado y residente en la calle Doly número 34,Carretera Sánchez km. 12, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

8. MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de lacédula de identidad y electoral número 224-0037927-1, domiciliado y residente en elkilómetro 10 y ½ de la Autopista Duarte número 5, Barrio Antillano, Santo Domingo,República Dominicana.

9. INOCENCIA MERCEDES ESPINAL FABIÁN, dominicana, mayor de edad, soltera,portadora de la cédula de identidad y electoral número 001-0720151-9, domiciliada yresidente en la calle Respaldo Lucas Mieses número 14, Los Alcarrizos, Santo Domingo.

10. LEONARDO ANTONIO REMIGIO PICHARDO, dominicano, mayor de edad, soltero,portador de la cédula de identidad y electoral número 001-1446199-9, domiciliado yresidente en la calle John F. Kennedy número 28, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste,República Dominicana.

11. PEDRO REGALADO BÁEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula deidentidad y electoral número 002-0095152-3, domiciliado y residente en la SecciónMalpaez, calle Principal, casa número 45, San Cristobal, República Dominicana.

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12. SATURNINO VENTURA SEVERINO, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de lacédula de identidad y electoral número 093-0025542-0, domiciliado y residente en laCarretera Sánchez, kilómetro 18 ½, Haina Casa No. 12, Barrio San Gerónimo, Itabo,República Dominicana.

Testigos estos, del número 2 al número 12, por medio de los cuales probaremos lasretenciones mensuales que hacía AUTORIDAD PORTUARIA, dirigida por el imputado,ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO, de 541 de los empleados de esainstitución, durante dos años; las retenciones que también hacían de sus prestacioneslaborales cuando dejaron de trabajar para esa institución; los móviles económicos y políticosque llevaron al imputado, ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO a materializarlos delitos y crímenes que se le imputan en esta querella; la entrega de las motocicletas; elmandato otorgado a AUTORIDAD PORTUARIA con el citado ingeniero RIVAS a lacabeza y su incumplimiento; la retención y distracción fraudulenta que hicieron de susdineros; los pormenores de la relación tripartita entre JULY IMPORT, los empleadosafectados y AUTORIDAD PORTUARIA; la participación de la directora del departamentofinanciero, licenciada MARINA ANGOMÁS CASTILLO; las consecuencias que se derivande la distracción de los referidos fondos; bajo reserva de otros posibles usos probatorios quepudieran surgir en el curso de la investigación.

13. LIC. MARÍA ELENA PICHARDO, dominicana, mayor de edad, con cédula 047-0107383-7, contadora pública autorizada, domiciliado y residente en La Vega, por mediode quien probaremos el incumplimiento del mandato que tenían LOS IMPUTADOS; ladistracción fraudulenta; el perjuicio ocasionado; los desembolsos esporádicos realizados porLOS IMPUTADOS; a cuánto asciende la deuda civil de AUTORIDAD PORTUARIA frentea LOS QUERELLANTES; bajo reserva de otros posibles usos probatorios que pudieransurgir en el curso de la investigación.

VII. NORMAS PROCESALES APLICABLES

101. El artículo 85 del Código Procesal Penal prevé:

Calidad. La víctima o su representante legal puede constituirse como querellante, promover la acción

penal y acusar en los términos y las condiciones establecidas en este código. En los hechos punibles

que afectan intereses colectivos o difusos pueden constituirse como querellante las asociaciones,

fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos

intereses y se hayan incorporado con anterioridad al hecho. En los hechos punibles cometidos por

funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de

derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante. Las entidades del sector

público no pueden ser querellantes. Corresponde al ministerio público la representación de los

intereses del Estado en estos casos. La intervención de la víctima como querellante no altera las

facultades atribuidas al ministerio público ni lo exime de sus responsabilidades”.

102. El artículo 86 del mismo código establece:

Actuación y representación. El querellante es representado por un abogado. En los casos en que la

víctima puede delegar la acción civil a una organización no gubernamental también puede delegar la

acción penal. Cuando sean varios querellantes, deben actuar bajo la representación común de no más

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de dos abogados, los que pueden ser designados de oficio por el juez o tribunal en caso de que no se

produzca un acuerdo.

103. El artículo 267 del Código Procesal Penal indica:

Querella. La querella es el acto por el cual las personas autorizadas por este código promueven el

proceso penal por acción pública o solicitan intervenir en el proceso ya iniciado por el ministerio

público.

104. Asimismo, el artículo 296 del mismo Código Procesal Penal prescribe:

Notificación de la acusación. El ministerio público notifica la acusación al querellante o a la víctima

de domicilio conocido que haya pedido ser informada de los resultados del procedimiento, para que

manifieste si pretende presentar acusación o adherirse a la ya planteada por el ministerio público,

casos en los cuales debe indicarlo por escrito dentro de los tres días siguientes. La acusación del

querellante debe presentarse ante el juez dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo

anterior.

VIII. SOLICITUD DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

105. Nuestra normativa procesal penal otorga a la parte querellante la facultad de proponer diligenciasde investigación al Ministerio Público cuando dispone:

Art. 286. Proposición de diligencias. Las partes tienen la facultad de proponer diligencias de

investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El ministerio público las

realiza si las considera pertinentes y útiles; en caso contrario, hace constar las razones de su negativa.

En este último caso, las partes pueden acudir ante el juez, para que decida sobre la procedencia de la

prueba propuesta. Si el juez estima que la diligencia es procedente, ordena al ministerio público su

realización.

106. Conforme a lo establecido en los artículos primero y segundo de la Resolución No. 16956 del veinte(20) de diciembre de dos mil cuatro (2004) que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF),que rezan de la siguiente manera:

PRIMERO: Se crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana (INACIF),

como un órgano técnico funcionalmente independiente, adscrito administrativamente a la Procuraduría

General de la República, con la misión principal de brindar auxilio científico y técnico a los

órganos de investigación y a los tribunales penales y en las condiciones que establezca la

correspondiente reglamentación, a otros órganos públicos y privados y a los particulares.

SEGUNDO: El Instituto Nacional de Ciencias Forenses tendrá las siguientes funciones:

1. Brindar los informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el

Ministerio Público.

2. Practicar los análisis e investigaciones científicos y técnicos que sean requeridos por

el Ministerio Público, las autoridades judiciales, entes oficiales o privados o particulares, en

las condiciones que autorice la reglamentación.

3. Definir normas técnicas o científicas que deben cumplir organismos o personas que

realicen funciones periciales relacionadas con las ciencias forenses en sentido general y en

las demás áreas establecidas.

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4. Delegar o contratar en algunas personas naturales o jurídicas la realización

de algunas actividades periciales y controlar su ejecución.

5. Presentar al Magistrado Procurador General de la República los proyectos de

resoluciones que sean necesarios expedir para regularizar y estandarizar la prestación de

servicios de ciencias forenses.

6. Establecer protocolos de actuación en las distintas disciplinas científicas, a los fines

de fijar ciertos criterios científicos y asegurar niveles adecuados de calidad en los informes.

7. Difundir y promocionar los conocimientos en materia de ciencias forenses y

criminalística que construyan a desarrollar y dinamizar los sectores que actúan en la

administración de justicia en el país.

8. Actuar como centro de referencia en materia propia de su actividad en relación con

otras instituciones nacionales afines y con otros Institutos de Ciencias Forenses a nivel

internacional.

9. Efectuar estudios e investigaciones forenses conforme el Plan Nacional de Política

Criminal del Estado dominicano, implementado por la Procuraduría General de la República.

10. Colaborar con entidades educativas y sanitarias a nivel nacional en todas aquellas

materias que contribuyan al desarrollo de las Ciencias Forenses.

11. Cooperar con organismos nacionales e internacionales en materias relativas a la

investigación forense y criminalística, recogiendo y ordenando cuanta información se facilite

al respecto.

107. Por dichas razones es posible solicitar de este honorable Ministerio Público que sean realizadas lasdiligencias de investigación necesarias para constatar los aspectos técnicos requeridos para el esclarecimientode los hechos narrados en esta querella. En ese sentido, LOS QUERELLANTES tienen a bien solicitar a esteMinisterio Público a que designe los peritos contadores públicos autorizados necesarios paradeterminar el curso y destino de los fondos retenidos por AUTORIDAD PORTUARIA a 541 de susempleados y utilizados para otros fines distintos a los fines para los que fueron entregados, todo segúnse narra en el cuerpo de la presente querella.

IX. PETITORIO

108. Por las razones expuestas y las que se tendrán a bien exponer en su oportunidad, vistos los artículos146 de la Constitución de la República Dominicana; 166, 167, 174 y 408 del Código Penal; 1, 7, 27, 30, 85,267 y siguientes, 285 y 286 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, la sociedad comercialJULY IMPORT, S.R.L. y el señor JULIO ANTONIO CHECO MARTE, tienen a bien solicitarlerespetuosamente lo siguiente:

PRIMERO: ADMITIR la presente querella presentada por la sociedad comercial JULY IMPORT, S.R.L.y el señor JULIO ANTONIO CHECO MARTE, contra los imputados, señores RAMÓN ANTONIO RIVASCORDERO y MARINA ANGOMÁS CASTILLO, por haber sido hecha de conformidad con las normasprocesales vigentes y siempre antes de la formulación de la acusación.

SEGUNDO: DAR inicio formal a la investigación de los hechos aquí descritos y sea puesta en marcha laacción pública en contra de los imputados, señores RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO y MARINAANGOMÁS CASTILLO, así como cualquier otra persona que resulte implicada fruto de la investigaciónpenal, por haber violado los artículos 146 de la Constitución de la república; y, 166, 167, 174 y 408 delCódigo Penal, así como cualquier otro delito penal que resulte aplicable fruto de la investigación penal.

TERCERO: De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 122 del Código Procesal Penal,NOTIFICAR el presente escrito de querella a cada uno de los imputados RAMÓN ANTONIO RIVAS

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CORDERO y MARINA ANGOMÁS CASTILLO.

CUARTO: Que en aras de conservar la efectiva tutela de los derechos de las víctimas constituidas enquerellantes, NOTIFICAR todas las decisiones con respecto a este proceso en el domicilio procesal másarriba señalado.

QUINTO: REALIZAR las diligencias de investigación que consisten en designar los peritos contadorespúblicos autorizados necesarios para el esclarecimiento de los aspectos contables que se desprenden de loshechos narrados en esta querella; así como cualquier otra diligencia que pueda ser requerida en el transcursode la investigación.

BAJO LAS MÁS AMPLIAS RESERVAS DE DERECHO Y ACCIONES.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los dos (2) días del mes de juliodel cursante año dos mil cuatro (2014).

LOS QUERELLANTES:

JULIO ANTONIO CHECO MARTEPor sí y en representación de la sociedad comercial

JULY IMPORT, S.R.L.

SUS ABOGADOS:

DR. MANUEL ULISES BONNELLY VEGA LICDA. AURA CELESTE FERNÁNDEZ R.

LICDO. JUAN D. MORENO FERNÁNDEZ

Anexos:

1. Listado de empleados y ex empleados de AUTORIDAD PORTUARIA que fueron “beneficiados”con el plan de financiamiento de motocicletas con indicación de cédulas de cada uno y el número de chasisde la motocicleta entregada.

2. Contrato con número 014/2010, suscrito entre AUTORIDAD PORTUARIA y JULY IMPORT, enfecha 5 de mayo de 2010, con firmas legalizadas por el notario, doctor MANUEL VALDEZ PAULINO.

3. Contrato número 008/2010 suscrito en fecha 15 de junio de 2010 entre AUTORIDAD PORTUARIA

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y JULY IMPORT, con firmas legalizadas por el notario doctor Manuel Valdez Paulino..

4. Contrato suscrito en fecha 10 de febrero de 2011, entre AUTORIDAD PORTUARIA, representadapor el imputado, ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO, y JULY IMPORT, con firmaslegalizadas por el notario licenciado Nelson De La C. Castellanos Gómez.

5. Muestra de 13 ejemplares de 541 que hay en existencia, de autorizaciones dirigidas a AUTORIDADPORTUARIA por parte de cada uno de los empleados “beneficiados” por el plan de financiamiento demotocicletas.

6. Muestra de 13 ejemplares de 541 que hay en existencia, de certificaciones expedidas porAUTORIDAD PORTUARIA, suscritas por la directora de Recursos Humanos.

7. Muestra de 13 ejemplares de 541 que hay en existencia, de autorizaciones emanadas deAUTORIDAD PORTUARIA y dirigidas a JULY IMPORT para la entrega de las motocicletas.

8. Muestra de 50 ejemplares, de 541 que hay en existencia, de conduces emanados de JULY IMPORTy suscritos por cada cliente.

9. Muestra de 5 recibos de nóminas de AUTORIDAD PORTUARIA, con título “Nomina NormalApordom - Sistema de Nómina - Saldo de un Empleado”, a título de muestra de cientos de recibos más.

10. Comunicación de fecha 24 de junio de 2011, suscrita por el querellante señor JULIO ANTONIOCHECO MARTE, en representación de JULY IMPORT, dirigida al licenciado Simón Lizardo, contralorgeneral de la república.

11. Contrato titulado “Acuerdo Transaccional y Acto de Desistimiento” suscrito entre AUTORIDADPORTUARIA DOMINICANA (APORDOM) y JULY IMPORT, C. POR .A., en fecha 21 de febrero de 2012,suscrito por la primera parte por el imputado ingeniero RAMÓN ANTONIO RIVAS CORDERO, con firmaslegalizadas por la notario, doctora Betty Francisca Vargas Acosta.

12. Documento titulado “Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) - Relación de órdenes de pagoJuly Import”, preparado por AUTORIDAD PORTUARIA y debidamente firmada por sus representantes.

13. Relación contable de título “Amortización Deuda July Import” firmada por el imputado ingenieroRAMÓN ANTONIO PÉREZ RIVAS, y sellado por AUTORIDAD PORTUARIA.

14. Acto del aguacil número 780/2014 del 23 de mayo de 2014, del ministerial Eladio Lebrón Vallejo,contentivo de intimación de pago dirigida a LOS IMPUTADOS.

15. Hoja de cálculo preparada por la licenciada María Elena Acevedo, contadora pública autorizada.

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