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AGUA QUE NO HAS DE BEBER
ANÁLISIS HOLÍSTICO DE LA CUENCA DEL USUMACINTA
Autor(a): Elías José Alejandro Arceo Contreras
Seudónimo: 21 Blackjack
“Mientras el Norte trabaja, el Centro piensa y el
Sur descansa.”
Felipe González, ex Gobernador de
Aguascalientes
UN PRÓLOGO NECESARIO
Es lamentable que en este texto no sea posible, por elementales cuestiones de espacio, recolectar más
perlas del lenguaje, tal y como lo hacía Raúl Prieto, mucho más recordado como Nikito Nipongo, su
guasón seudónimo de trabajo. Prieto (fallecido en 2003, si bien su obra persiste en publicaciones de
diversa índole) era experto en monitorear y evidenciar a los grandes corruptores del lenguaje, con
políticos y gobernantes que, sin ser la misma cosa, compartían, y siguen compartiendo, el primerísimo
lugar en una lamentable situación de desprecio por el habla, misma que en la actualidad, lejos de
aminorar, sigue igual o peor que antaño.
Haber comenzado con la máxima del ex Gobernador González, que por sí misma bien pudo ser una
de las muchas perlas que Nipongo reunió y mostró a lo largo de su vida (esas frases que aun resultando
execrables o polémicas invitaban, de todos modos, a la reflexión), se justificaba por la necesidad de
señalar cuán desproporcionado puede ser el “pensamiento político mexicano” a la hora de encarar el
grave problema de las desigualdades regionales. Éstas, no está de sobra señalarlo, adquieren un cariz
todavía más preocupante cuando se incorporan los temas del medio ambiente, su apropiación y
destrucción. Y aunque evidentemente lo omitió, González (que también fue Subsecretario de
Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox, cargo que luego abandonó para ocupar una senaduría
durante el sexenio 2006-2012, siendo, en suma, uno de esos personajes que sólo usan los cargos como
trampolines) sabe, al igual que muchos otros gobernantes mexicanos, que mientras el Norte y el Centro
se secan rápidamente, el Sur efectivamente descansa... sobre grandes reservas de agua dulce1.
1 En Agua, libro editado por el periódico La Jornada, los corresponsales de éste ofrecen, estado por estado, un panorama de la situación hídrica de México, en donde, efectivamente, se nota que los estados norteños y centrales, muy poblados y con
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Mas, como no resulta conveniente seguir escribiendo acerca del “Sur” como si fuese una noción
abstracta, es momento de decir que a continuación se analizará lo que ocurre en uno de los más
cruciales escenarios de la situación hídrica de México: la cuenca del Usumacinta, donde ahora mismo,
y desde tiempo atrás, se está dando una peculiar forma de privatización del agua, puesto que allá el
acento no se ha puesto sobre la cesión del servicio de distribución al capital privado, sino sobre el
recurso mismo que se distribuye. Esto no puede ser tomado a la ligera, porque administrar
mercantilmente el agua, y de paso a la biodiversidad que este líquido procrea, son acciones que tienen
un gran impacto en costumbres y creencias fuertemente arraigadas, así como en sistemas políticos y
organizaciones económicas, todo lo cual descompone la convivencia social con que miles, acaso
millones de personas encaran su presente y planean, así sea de forma mínima, su “futuro”, y las
comillas valen porque éste es un concepto que el capitalismo globalizado dice prever, aunque, en los
hechos, lo soslaye de forma sistemática, situación que, acaso, es enmascarada, de acuerdo a lo dicho
por Roberto Fernández, con el “concepto de sustentabilidad [que] está prioritariamente referido –en el
marco de la Conferencia de Río de 1992– a la voluntad de sostener la producción capitalista, [por lo
cual] es obvio que la propia aplicación del concepto (por ejemplo, en torno del manejo racional de los
stocks de recursos naturales, de la gestión […] de los flujos de recursos y servicios naturales o de la
obtención de parámetros conjuntos de equidad social y eficiencia productiva) tiende a demostrar,
científicamente –sobre todo, con la ciencia de la ecología antes que con la pseudociencia de la
economía– la insustentabilidad de dicho modo de producción” (2000, p. 14).
El caso de México, vale precisarlo, no puede ser distinto, pues, desde la legalidad misma, el líquido,
según la Ley de Aguas Nacionales, reformada en 2004 respecto al ordenamiento original, promulgado
doce años antes, es concebido como un “bien de dominio público”, y no como un derecho. Tómese en
cuenta que el problema estriba en el sustantivo y no en el complemento del enunciado legal, pues la
economía clásica sostiene la idea de entender a los “bienes” como mercancías, lo cual es retomado
después por el pensamiento neoliberal, tan vigente no nada más en libros, sino aún más en las políticas
públicas que sigue fundamentando en todos los rincones del orbe.
Se les pide a los mexicanos, por ende, entender al agua como un bien convenientemente trasfigurado, e
incluido en las llamadas bulk commodities, que en la jerga económica anglófona son “mercancías”
gratuitas en un primer momento, pero que posteriormente se pueden vender a granel, por un precio
muy bajo, con la finalidad de ser insumos para la producción de mercancías más costosas y
redituables. sus fuentes de abastecimiento contaminadas y sobreexplotadas, ya tienen problemas de gravedad creciente (2005, pp. 73-108).
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MÁS DE LA ACTUAL LEY NACIONAL DE AGUAS
“El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico
y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado
y la Sociedad (sic), así como prioridad y asunto de seguridad nacional”.
Título tercero, capítulo único, sección primera, artículo 14 bis 5, apartado I
Con información de: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16.pdf (última fecha de consulta: 3 de
septiembre de 2008)
La electricidad es, precisamente, uno de esos insumos. Su generación, en la cuenca de marras,
constituye una actividad practicada desde hace décadas, y en pleno siglo XXI aún hay capacidad para
producir más de ella, sólo que buena parte del entorno natural y de la población difícilmente lo
resistirían; y si lo lograsen resistir, de todos modos, pagarían altísimos costos: sacrificio de
biodiversidad, pérdida de patrimonio histórico y cultural, muchos desplazamientos forzados, etcétera.
Por lo demás, en estos párrafos no se persigue la creación de conocimiento sobre uno o dos temas,
sino, más bien, lo que se busca es utilizar al agua, y a su problemática en la cuenca del Usumacinta,
como referentes de una situación que trasciende al ámbito nacional, misma que es abordada con un
enfoque holístico, nutrido de elementos que se suelen utilizar tanto en el análisis social, como en el
análisis científico-natural. Los resultados, ojalá, contribuyan a disminuir la brecha que
tradicionalmente hay entre ambos, y más en una época como la actual, obsesionada con la
especialización.
CAPÍTULO 1
La atención sobre la cuenca del Usumacinta y las subcuencas que la integran2, es relativamente
antigua. La “atención” puesta en el momento de hacer la planeación gubernamental del territorio,
entiéndase. Gustavo Garza lo ha comprobado, ya que en el periodo comprendido entre 1940 y 1976,
acaeció lo que este investigador ha denominado “cenit de la planeación urbana y regional en México”
(2003, p. 48), es decir, un proceso caracterizado por la intensa creación de mecanismos legales –leyes,
instituciones, fondos, fideicomisos y programas diversos– cuya finalidad era el ordenamiento
territorial. Sobre otro mecanismo también ideado e instrumentado en aquel periodo, Garza ha escrito:
“En 1947 se crean las Comisiones del Papaloapan, río localizado en los estados de Veracruz,
2 Siete en total: Tonalá-Coatzacoalcos, Alto Grijalva, Medio Grijalva, Bajo Grijalva (sierra), Bajo Grijalva (planicie), Lacantún-Chixoy y Usumacinta, asentadas en los estados de Chiapas, Tabasco y en pequeñas zonas de Campeche. Información tomada de: www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/402/cuencas.html (última fecha de consulta: 2 de septiembre de 2008).
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Puebla y Oaxaca, y del Tepalcatepec, cuyo cauce cubre Michoacán y Jalisco […] En 1953 y
1954 se inician las Comisiones del Grijalva y Usumacinta (Chiapas y Tabasco) y del Fuerte
(Sinaloa). Adicionalmente, aunque no pasaron más allá de la etapa de planeación, se
consideraron los proyectos de las cuencas del Lerma-Chapala-Santiago y del Pánuco […] En
1960 se crea la Comisión del Balsas, ampliando la zona que comprendía la del Tepalcatepec.
Estas comisiones han sido las acciones regionales más ambiciosas del periodo, y pretendían,
mediante la planeación directa, desarrollar las cuencas localizadas fuera de la mesa central del
país para desarrollar la agricultura, construir presas y plantas hidroeléctricas, con lo cual se
pretendía impulsar su industrialización y reducir las desigualdades regionales. A pesar de que
lograron extender el área cultivada –por ejemplo en Tepalcatepec la aumentó 2.5 veces y la
irrigada 6, estimándose que redituó 13 % de la inversión gubernamental […]–, desde el punto de
vista de la industrialización y la reducción de las desigualdades regionales, estos significativos
esfuerzos no tuvieron éxito. Por el contrario, considerando que para seguir creciendo las grandes
ciudades (Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, León) requerían energía eléctrica,
agua e insumos agropecuarios, esto es, la expansión territorial del sistema económico, ocurrió
que en buena medida el desarrollo de las cuencas hidrológicas estimuló el desarrollo industrial
de las ciudades más industrializadas (sic)” (ibíd., pp. 50-51).
Por aquellos mismos años, con la muy clara finalidad de aprovechar al máximo el potencial que
para la generación de electricidad habíase detectado ya en la cuenca del Usumacinta, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) planeó, desde 1960, la erección de once presas, las cuales, sumadas a las
restantes diez que planeaba construir en otros puntos del territorio de Chiapas, hubieran podido
brindar, usando toda su capacidad, hasta 46,140 gigavatios, con una potencia instalada que rondaría los
13,250,000 kilovatios.
DATOS TERMODINÁMICOS
Para la termodinámica, el “julio” es la medida estándar de trabajo y energía. Un “vatio” constituye, a
su vez, una unidad, también estándar, de “potencia”, la cual puede ser entendida como un fluido de
energía por unidad de tiempo. Por consiguiente, un vatio equivale a un julio por segundo. Debe
añadirse que un kilovatio (kw) corresponde a 103 vatios, un megavatio (mw) a 106, un gigavatio (gw)
a 109 y un teravatio (tw) a 1012.
Con información del libro Energías
La CFE necesitaba crecer. En 1961, tras haber sido fundada 24 años antes, su capacidad total de
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producción era muy pequeña: apenas 3,250 megavatios, de los cuales vendía el 25 % en un país cuyo
crecimiento económico demandaba, aproximadamente, un 10 % más de energía eléctrica cada año. No
obstante, la participación de la misma paraestatal en la propiedad de centrales generadoras de
electricidad, se había incrementado, luego de la nacionalización de la industria eléctrica, decretada un
año antes por el Presidente Adolfo López Mateos, de cero a poco más de la mitad (54 %) de las
existentes en el territorio mexicano.
UNO DE LOS GRANDES HITOS DEL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO
A pesar de que el desarrollo económico de México requería de más electricidad por año (sobre todo
para llevarla a pueblos y comunidades en estado de marginación), “por diversos motivos, las empresas
extranjeras habían reducido notablemente su nivel de inversión en México”, ha escrito Antonio Ortiz
Mena (1998, apud Fernando Ortega Pizarro, 1999). Esta situación, aunada a la obsolescencia de la
industria eléctrica y al errático manejo financiero de la misma, que recaía principalmente en
extranjeros que planteaban, como única solución, el aumento de tarifas, hecho perjudicial para el
desarrollo del país, fue determinante para que López Mateos procediese finalmente con su
nacionalización, operación impecablemente realizada por el propio Ortiz Mena, entonces Secretario de
Hacienda, y bien esbozada en el artículo de donde se ha tomado la anterior cita textual.
Con información y cita del artículo “Podemos afirmar que México es cada día más libre, cada día más
independiente’: López Mateos, en 1960, al nacionalizar la industria eléctrica”, p. 20
En el transcurso de los siguientes veinte años, la CFE logró posicionarse como la entidad rectora en
la producción de energía eléctrica en México, gracias, en buena medida, a que cinco de cada diez pesos
de inversión pública se canalizaban hacía obras de infraestructura. Con el final de la década de 1970,
registrando un considerable y sostenido ritmo de crecimiento, la capacidad instalada de la empresa
había llegado a los 17,360 megavatios3.
Para 1980, según la versión de Andrés Octavio Barreda Marín, la CFE contaba con datos más precisos
acerca del potencial hidroeléctrico de Chiapas, que asequiblemente podía ser incrementado hasta los
52 mil gigavatios. Y las cosas no paraban ahí, agrega Barreda, pues la paraestatal también propuso,
aunque finalmente no concretó, la creación de 56 presas para los ríos Grijalva y Usumacinta, las cuales
hubieran producido, para el caso del primer afluente (cuya capacidad generadora de electricidad
hubiese crecido en un 60 %) unos 20,982 gigavatios, y entre 18,491 y 24,953 gigavatios para el
3 Los datos históricos sobre el desarrollo de la CFE, fueron obtenidos de su propio portal electrónico, concretamente de: www.cfe.gob.mx/es/LaEmpresa/queescfe/historia/ (última fecha de consulta: 2 de septiembre de 2008).
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segundo. A todo este potencial chiapaneco “se [sumaba] el del río Tacotalpa que [incluía] al río Tulijá
con una capacidad generadora de 5,116 gigavatios” (1999, apud Gian Carlo Delgado, 2005, p. 126).
Pero en aquellos mismos años de la década perdida de 1980, la agudización de la debacle
económica, que había empezado, por poner una fecha más o menos exacta, en 1976, ocasionó una
enorme contracción de la inversión pública en infraestructura, así que a partir de 1982, y durante un
buen tiempo, dejó de haber grandes obras destinadas a la producción de electricidad, cuya demanda se
cayó casi al parejo de la actividad industrial.
Apenas, en años recientes, han cobrado vigor, al menos en el papel, los grandes proyectos
hidroeléctricos en la cuenca aquí estudiada. A ellos, pero sobre todo a sus graves implicaciones
sociales y medioambientales, estarán dedicados los renglones subsecuentes.
CAPÍTULO 2
Hay quienes sostienen que México es un país árido. Otras opiniones, con algo más de conocimiento
sobre la realidad del territorio de este país, lo conciben como semiárido. Sea como fuere, se trata de
posturas que pueden sustentarse con un simple vistazo a algún mapa de la vegetación en México, cuyo
territorio, mayoritariamente, está definido por tonalidades ocres y amarillentas. Sólo en el Sur, donde
empieza la Cintura de América, el verde es capaz de saturar la correspondiente porción mexicana.
No obstante, es en la parte austral de México, donde están localizadas sus mayores reservas
hídricas, gracias a que allá, como seguramente puede prefigurarse quien venga leyendo este documento
desde el principio, está emplazada la cuenca del Usumacinta.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que Gian Carlo
Delgado ha retomado en la página 111 de su citada obra, indican que si en México la disponibilidad
natural de agua, en promedio, es de 469 millones 199 mil km3 anuales, la región de la frontera Sur
puede disponer, también anual y promediadamente, de 155 millones 938 mil km3, con una extracción
que no supera el millón 553 mil. Ahora bien, según el mismo autor, la cantidad media de agua que se
registró en México allá por 2001 (y que desde entonces no ha variado mucho) fue de 4 mil 690 m3.
Sobre este mismo tenor, es de llamar la atención que Chiapas haya registrado la mayor disponibilidad
por habitante, con 25 mil 843 m3, mientras que la menor disponibilidad se ha identificado en la Ciudad
de México y su zona metropolitana, con menos de la centésima parte de aquella: apenas 190 m3. (Pero
las cosas del agua, vistas a detalle, distan mucho de serle tan favorables a Chiapas, ya que “menos del
50 % de la población puede abastecerse de agua debido al alto costo de llevar el líquido a las zonas
Sierra y Altos, donde se asientan las comunidades con mayor índice de pobreza en el estado y la
nación”, describe Ángeles Mariscal [2005, p. 78]. Y añade la autora: “[…] mientras en estados que no
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cuentan con significativos recursos hidrológicos, como Baja California, donde al menos 90 % de su
población dispone en sus viviendas del recurso, en Chiapas menos de la mitad –unas mil localidades–
dispone del agua potable en sus hogares. Y del 50 % que tiene acceso al recurso, sólo en la mitad de
los casos la toma se encuentra en el interior de sus casas; es decir, únicamente 26 % de las viviendas
en el estado cuentan con agua entubada” [ibíd., p. 78].)
ALGUNAS ACLARACIONES NECESARIAS
Es importante no confundir, en cuanto al agua, los términos “disponibilidad” y “consumo”. Éste
último, para las 16 delegaciones políticas que integran al Distrito Federal, ha sido calculado por el
tándem Emilio Pradilla y Demetrio Sodi en 360 litros por habitante al día, “pero si descontamos las
fugas, el consumo promedio es de 221 a 231 litros por habitante, aún superior a la media de países
desarrollados, [lo] que implica un uso inadecuado”.
Con información y cita del libro La ciudad incluyente, p. 92
La alta disponibilidad de agua en Chiapas y demás territorios pertenecientes a la cuenca del
Usumacinta, puede ser atribuida a su baja densidad poblacional, pero, por sobre todas las cosas, a que
allá la precipitación pluvial es, por mucho, la más abundante de México, a razón de un 80 % de toda la
que se registra en el país. Siguiendo a Pierre Pagney, es posible entender el funcionamiento de las
copas de los árboles, mismas que fungen como recolectoras naturales del agua contenida en la
atmósfera, a la par de cumplir un importante rol en el clima, pues, como el mismo autor lo recalca:
“La vegetación debe ser considerada como un factor del clima, en el sentido que interviene sobre
los elementos del tiempo (a la vez que, por otra parte, es su reactivo) [...] La vegetación se
manifiesta de modo demostrativo con la presencia de árboles. El bosque ejerce, en efecto, un
micro-clima entre el follaje y el suelo, del mismo modo que impone, por encima de él en la
atmósfera libre, ciertas características locales (1982, apud Gian Carlo Delgado, op. cit., p. 195)”.
En el Sur de México, dicho sea de paso, se encuentran sus cuatro principales cuencas: las de los ríos
Papaloapan y Coatzacoalcos, y también la del Grijalva, por una parte, y la del Usumacinta, por otra,
siendo éstos últimos, de todas formas, los dos ríos más caudalosos de la nación. No obstante, si a los
afluentes mencionados se les consideraran como una sola cuenca, ésta quedaría entre las siete más
importantes del mundo, por su extensión de 129,132 km2, y con un escurrimiento anual que ronda los
105 mil 200 millones de m3. Todo esto, en suma, representa casi el 30 % de los recursos hídrico-
superficiales de México.
(De forma contigua, en los siete países de Centroamérica –Belice, Guatemala, Honduras, El
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Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá– existen alrededor de 120 cuencas hidrográficas
principales, con 23 de ellas de carácter internacional, y que constituyen el 19 % de los sistemas
hídrico-regionales, y un nada despreciable 10.7 % de las cuencas internacionales de la Tierra.)
Con semejantes cantidades de agua dulce de por medio, saltan a la vista algunos usos mercantiles
que a dicho líquido se le pueden dar. El primero y más extendido de todos, como ya se advirtió
previamente, es la obtención de electricidad para su distribución dentro y fuera de la cuenca; mas no
únicamente para ello, sino también para que el agua, si es vista como una bulk commodity, produzca
mercancías de mayor precio, tal es el caso del aluminio: un pingüe negocio que está fuertemente
vinculado al levantamiento de presas.
El aluminio, que desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial ha tenido muy diversas
aplicaciones –envasado y empaquetado de alimentos y bebidas, manufactura de electrodomésticos, en
la construcción, en diversas modalidades de transporte y en la actividad aeroespacial, entre otras
muchas–, requiere, antes de ser un producto final, de abundantes cantidades de electricidad barata,
cuyas fuentes generadoras, entre más cerca estén de los yacimientos de bauxita, mucho mejor. Es
necesario añadir que una sola tonelada de aluminio ha requerido, en números redondos, de 13 mil
kilovatios por hora, a fin de procesar las también necesarias cinco toneladas de bauxita4, mineral base
del que hay grandes filones en el Sureste de Chiapas. Empero, el aluminio así producido, generalmente
llamado primario, todavía requiere de ser aleado con elementos adicionales –carbono, criolita y
algunos otros– para así aumentarle sus principales atributos mecánicos: elasticidad y resistencia a la
corrosión. Esta última parte del proceso, que demanda un fluido energético adicional, también es
solventada, las más de las veces, con hidroelectricidad.
Si se piensa con seriedad en el valor que tienen las vetas chiapanecas de bauxita y de otros muchos
minerales, es posible descubrir la importancia que ha adquirido su explotación en el marco de un
peculiar proyecto que, desde hace años, se ha planteado, si bien su materialización aún no llega: el
corredor transístmico de Tehuantepec, que pasaría por Oaxaca y Veracruz. Pero esto no sería todo,
puesto que también se ha esbozado la necesidad de emplazar algunos canales de derivación, como el
llamado Balancán, con sus 236 kilómetros adecuados para la navegación (y que acoplaría al Golfo de
México, por medio de la Laguna de Términos, con un plan hidroeléctrico de nombre Boca del Cerro, a 4 Por lo elevados que suelen resultar los costos de transporte de la bauxita, lo que se comercializa es el principal subproducto que de ella se suele obtener: óxido de aluminio, también conocido como aluminia. Ésta, luego de recibir corriente continua a través de electrólisis, y tras la debida combinación de elementos, se convierte en el “aluminio” comúnmente conocido, que más bien es una aleación, como el acero y el bronce. Todo este proceso es más complejo, y aquí se le ha sintetizado, por lo cual es recomendable, para quienes deseen conocer más detalles acerca del mismo, así como de la historia y aplicaciones del producto, visitar la siguiente página de Internet: www.alumina.com.co/sobre/aluminio.php (última fecha de consulta: 2 de septiembre de 2008).
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través de las aguas del río Grijalva), y el San Pedro Candelaria, paralelo al anterior. Todo con el afán
de la bauxita y, por añadidura, del aluminio, cuyo usufructo recae, casi siempre, en compañías
multinacionales.
ECONOMÍA Y POLÍTICA: UNA SIMBIOSIS MUY ESTRECHA
Negocio muy redituable es, sin lugar a dudas, el aluminio, y por eso puede mover hasta los engranajes
políticos más pesados. A principios de 1994, rememora Joseph E. Stiglitz, “cuando vi caer el precio
del aluminio, supe que la industria pronto clamaría al Gobierno [norteamericano] por algún tipo de
ayuda, o nuevos subsidios o nueva protección frente a los competidores extranjeros. Pero incluso yo
quedé sorprendido por la propuesta planteada por el líder de Alcoa [el mayor productor del preciado
metal], Paul O’Neill: un cártel global del aluminio. Los cárteles funcionan restringiendo la oferta, lo
que eleva los precios, con lo que no era el interés de O’Neill lo sorprendente. También agitó el
fantasma de utilizar la legislación antidumping si no se creaba el cártel”. La encomienda de éste,
además, no consistía única y exclusivamente en elevar las cotizaciones internacionales del producto,
sino, de paso, nulificar la competencia de la Rusia postsoviética, cuyas ventajas comparativas residían
en los bajos costos de su electricidad, así como en la mucha bauxita que podía explotar. Al final, los
productores rusos no fueron procesados por competir deslealmente, vendiendo a precios por debajo de
los costos de producción (con dumping, según el significado de este tecnicismo inglés), pero al cártel sí
se le dio luz verde (con lo cual se evidenció que no nada más los narcotraficantes y delincuentes
forman cosas así), y durante algún tiempo funcionó, para luego disolverse por el aumento mundial de
la demanda, pues una situación inversa también había sido la causa de su nacimiento. Dada esta
experiencia, dos de los principales jerarcas de la Rusia capitalista, Boris Berezovsky y Roman
Abramovich, fusionaron sus empresas, y así surgió otro gran emporio aluminiero, sólo superado por
Alcoa, la misma empresa que llegó a tener al ex Presidente mexicano Ernesto Zedillo como miembro
de su Consejo de Administración.
Con información y cita del libro El malestar en la globalización, p. 220
CAPÍTULO 3
A riesgo de caer en repeticiones innecesarias, de todas formas es importante recalcar que ni el asunto
del aluminio, ni el de los medios para su explotación, constituyen esfuerzos aislados. Se trata, en
realidad, de acciones enmarcadas en algo más grande y complejo: el establecimiento de corredores.
Éstos, con toda la infraestructura que implica su desarrollo, destacan entre las figuras más eficientes
(en términos netamente capitalistas) para la ocupación y posterior ordenación del territorio, así como
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también para la vigorización de importantes actividades económicas: transporte de mercancías por
tierra y agua, comercio, industria, agricultura de gran escala y turismo.
Los corredores deben ser entendidos como estratégicas rutas de desarrollo, con varios kilómetros de
longitud, en las cuales existen zonas de producción intensiva y, por consiguiente, son lugares donde se
explotan la fuerza de trabajo, los recursos naturales, los medios de comunicación, los asentamientos
urbanos, etc.
Pero ¿qué es un “corredor”? Básicamente, un esfuerzo de ordenación territorial que integra, cuando
menos, cuatro elementos básicos: 1) medios de transporte para la movilización de materias primas y
demás mercancías; en este rubro pueden caber canales de agua, puertos marítimos, ferrocarriles –si son
de alta velocidad, mejor–, autopistas y otros, según lo permita la disposición territorial; 2) energía para
poner en marcha esos mismos corredores y, sobre todo, para dinamizar a sus concomitantes sistemas
de producción; electricidad y combustibles fósiles pueden y suelen tener cabida en esta sección (lo
común es que el fluido eléctrico salga de centrales nucleares o de plantas geo, termo, e/o
hidroeléctricas, con su respectivo tendido para la interconexión remota; adicionalmente, para
transportar los combustibles de origen fósil, es requerida la construcción de ductos para gas y/o
petróleo); 3) agua para actividades productivas, a partir de acueductos, presas y trasvases, sin dejar de
considerar a los sistemas de bombeo, distribución y tratamiento, y 4) telecomunicaciones capaces de
integrar, en tiempo real, tanto a los componentes de la región propia del corredor, como a ésta con el
exterior, usando fibra óptica y diversos centros de comunicación, preferentemente dotados con
tecnología de punta.
Para el caso del austro mexicano, en el marco del llamado Plan Puebla-Panamá (cuyo “sustento
intelectual” se dio en un documento de nombre “El Sur también existe”, firmado por Georgina Kessel,
Secretaria de Energía en el Gobierno de Felipe Calderón), y que Vicente Fox, entusiasta, promocionó
desde 2000 y hasta, aproximadamente, la mitad de su sexenio, hubo, al menos en el papel, la idea de
fincar algunos corredores que, vistos históricamente, se reciclaron de viejos proyectos geopolíticos de
Estados Unidos. Así visto, el Plan Puebla-Panamá no era más que un “paquete”, que originalmente
contenía a los siguientes corredores: Acapulco-Veracruz, Salina Cruz-Coatzacoalcos, Villahermosa-
Cancún, El Salvador-Honduras, Bluefields-Corinto (“Gran Canal”), Centroamericano y Canal de
Panamá, complementarios, todos, a otros corredores ideados para el Norte de México. (Vale decir, así
sea de refilón, que con el apoyo de un mapa y de un esquema, Gian Carlo Delgado [op. cit., pp. 96 y
103] ilustra las partes torales de un corredor, y enumera a los que, desde hace tiempo, están
proyectados para América Latina en su conjunto).
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LA COMPRA GADSEN O ESOS CAPRICHOS DE LA HISTORIA
Después de que Estados Unidos invadiera y le arrebatara a México una gran porción de su territorio en
1847, se suscribió, entre vencedor y vencido, el Tratado de Guadalupe Hidalgo (nombre de la
población que sirvió como sede para tal firma). Tratado cuyo nombre completo, poco conocido y algo
irónico, fue Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de
América. En él se estipuló que la nueva frontera entre ambas naciones debía ser la misma que el curso
natural del río Bravo, desde su desembocadura en el Golfo de México hasta la línea de Nuevo México,
y después de encontrarse con éste último, la frontera debía continuar hacía el Noroeste, hasta llegar al
primer afluente del río Gila, luego hasta encontrarse con el río Colorado por el límite entre la Alta y la
Baja California, y así hasta terminar en el Pacífico.
Empero, una vez que se realizaron las mediciones territoriales, se descubrió que el derrotero más
viable para llegar de Texas a California (o sea, la mejor opción para construir caminos y vías de
ferrocarril), se ubicaba justo al Sur del Gila, fuera de los lindes de Nuevo México. Por tanto, apareció
en escena James Gadsen, un exitoso empresario ferrocarrilero que había estudiado en la Universidad
de Yale, y quien, como representante del Gobierno estadounidense, negoció con Antonio López de
Santa Ana la compra del territorio llamado La Mesilla (unos 100 mil km2), hecho consumado en 1853,
a cambio de 10 millones de pesos. Cabe señalar que, en virtud de un acuerdo paralelo al Tratado de la
Mesilla o Compra Gadsen, se estableció la construcción de una vía ferroviaria en el istmo de
Tehuantepec, pues éste resultaba prioritario para el dominio hemisférico e interoceánico de los
norteamericanos. Y si bien esto no se materializó nunca –en contraste con el Canal de Panamá,
inconclusa obra francesa que Estados Unidos retomó (1903), concluyó (1914) y poseyó hasta 1999–, el
Presidente James Buchanan, en 1858, denunció y gestionó ante su homólogo mexicano, Benito Juárez,
lo estipulado entre sus países cinco años atrás. Mas de nueva cuenta volvió a congelarse la idea de
comunicar por tren al Golfo con el Pacífico; no así el permiso dado, ¡a perpetuidad!, para que los
norteamericanos pudiesen transitar irrestrictamente por el istmo, hecho convalidado por un nuevo
tratado, suscrito, en diciembre de aquel mismo año, por Melchor Ocampo (México) y Robert McLane
(Estados Unidos), el cual, sin embargo, tampoco pudo entrar en vigor, pues, como aclaran Josefina
Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer, “el Senado norteamericano lo rechazó por 27 votos contra 18; 23
votos eran de senadores norteños que veían en el tratado un esfuerzo sureño por aumentar su zona de
influencia”. Recuérdese que de la Guerra de Secesión (1861-1865), que enfrentó al Norte
industrializado con el Sur mayoritariamente agrícola, aún se percibían los olores a pólvora y a carne
quemada. Como haya sido, “la soberanía mexicana se salvaba de nuevo por casualidad”, asientan
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Vázquez y Meyer.
Con información y citas del libro México frente a Estados Unidos, p. 82
Visto con algo más de puntillosidad, el Plan Puebla-Panamá, en opinión de Rhina Roux:
“[…] no es producto de la voluntad imperial del Estado estadounidense ni de la maldad de sus
representaciones hemisféricas. Es la organización del capital con todas sus contradicciones,
incluida la competencia mundial entre capitales, la que se expresa en la forma política de una
reconfiguración hemisférica. Es esta mutación la que busca acelerarse con el proyecto de
acentuar esa frontera imaginaria que divide a México entre una región Centro-Sur conectada con
Centroamérica (el “Corredor Mesoamericano”) y un Norte integrado a Estados Unidos” (2005, p.
242).
Regresando al tema de los corredores, es necesario acotar que éstos nada más son trazos generales,
con detalles manejados a escalas locales, nacionales, continentales y, a veces, internacionales. Detalles
siempre susceptibles de modificarse, no únicamente por imperativos técnicos, sino también por otros
aspectos que expresan, en efecto, una refuncionalización orientada hacía mejores opciones para la
acumulación de capital, a favor, siempre, de los principales grupos de poder económico y político de la
zona en cuestión.
Asimismo, la falta de certeza en cualquier corredor es muy notoria, lo mismo por su viabilidad
financiera y sus posibles restricciones tecnológicas y técnicas –peculiaridades biogeofísicas del
terreno, entre otras–, como por el entorno político y social. Y agrega Delgado: “en su caso, la
ejecución es progresiva y no siempre se presenta como un ‘paquete’, sino como una serie de proyectos
aislados de diversas dimensiones. En otras ocasiones, se pueden identificar proyectos que no estaban
considerados previamente, pero que han sido consecuencia de nuevas necesidades particulares de las
cúpulas del poder y de la competencia intercapitalista; y otras son resultado de la contradicción de
intereses capitalistas locales, nacionales, regionales o mundiales; siempre para un momento histórico
dado. Por tanto, no siempre todos los proyectos de infraestructura forman parte de un esquema mayor,
dígase ‘corredores’, aunque bien pueden ser integrados y adaptados posteriormente a ésos” (op. cit., p.
100).
CAPÍTULO 4
Si de corredores y energía se trata, por algo se explican los recientes proyectos hidroeléctricos para la
cuenca del Usumacinta.
Frente al cúmulo de presas en etapa de proyecto, y considerando a las que ya están construcción,
13
diversos factores medioambientales y sociales se convierten en asuntos de gravedad, pues tales obras
de ingeniería trastocan la estabilidad socio-ecológica de la región.
En cuanto a los factores de tipo ecológico, debe decirse que ya son conocidos los impactos
negativos que suelen traer consigo las grandes presas, e incluso las que no tienen un gran tamaño. Es
sabido cómo la construcción de embalses per se, así como de aeropuertos, autopistas, canales,
ferrocarriles y demás infraestructuras que los corredores traen consigo (sin dejar de mencionar a las
vialidades necesarias para la edificación y funcionamiento de las presas), son capaces de obstaculizar
la pervivencia de las bolsas subterráneas de agua y su recarga natural. También está el asunto de la
afectación, tanto de los sistemas biológicos, como de las rutas migratorias de especies conocidas o
desconocidas.
Un gran movimiento artificial de agua, si se concreta, puede causar una modificación regional del
clima, y zaherir, de paso, a los ecosistemas hidrológicos de la zona, perjudicando también la
distribución de las cuencas de agua, removiendo capas freáticas y ocasionando la desecación de ciertos
lugares y la anegación de otros (que, en términos de la ciencia ecológica, son llamados hot stains y wet
stains: los primeros son espacios otrora llenos de agua pero que han terminado por secarse, mientras
que los segundos aluden a una situación inversa). La concomitante destrucción de biodiversidad por
tales motivos, resulta mucho más perjudicial y extendida, ya que incontables organismos vivos son
vulnerables, en demasía, a los más mínimos cambios de temperatura y de otros elementos. Todas estas
cuestiones, incluso, se agravan a medida que son emplazadas más presas en un mismo entorno fluvial,
ya que esta situación conlleva un menoscabo mayor, e incluso acumulativo, de recursos naturales, así
como a la disminución, en cuanto a calidad, de los siguientes elementos ecológicos: hábitat,
sustentabilidad económico-ambiental e indemnidad ecosistémica.
Las presas (entre más grandes, peor) han dado al traste, en muchos puntos del planeta, con bosques,
grandes extensiones de hábitat natural y con cuantiosas poblaciones de especies, degradando, al mismo
tiempo, las cuencas río arriba (lógicamente, por la inundación de los sitios para los embalses). Todo
esto se traduce en la devastación de la biodiversidad acuática, tanto río abajo como río arriba, y
también en la pérdida, a menudo incompensada, de los servicios naturales brindados por las
explanadas de inundación río abajo. De la misma forma, suelen acabar muy dañados los cenagales y
los ecosistemas de estuarios y riberas lindantes. Perjuicios acumulativos en la composición del agua,
en las riadas naturales y en la distribución y cantidad de las especies animales y vegetales, cuando en
un mismo afluente se edifican varios embalses, caben asimismo en la extensa lista de impactos
negativos.
14
Todo lo anterior se vuelve aún más llamativo cuando se considera que, el Sureste de México, es una
de las regiones más biodiversas del país, e incluso del mundo, pues le da cabida a muchas especies
endémicas, que particularmente viven en Chiapas y Oaxaca5.
Los embalses ideados para rodear a las áreas naturales protegidas, o que incluso quedarían dentro de
ellas, son de lo más grave que puede haber en cuanto a los efectos antropogénicos sobre el medio
ambiente (como es el caso de la presa binacional Boca del Cerro-México-Guatemala). Peor todavía en
el marco del Corredor Biológico Mesoamericano, una iniciativa auspiciada por el Banco Mundial, a fin
de concentrar, para su “salvaguarda”, a cuantiosas áreas protegidas, como si se tratasen, todas juntas,
de un “corredor”6.
De la misma forma, al colapso de biodiversidad que los grandes embalses suelen traer consigo, se
añade el de aquellos puntos arqueológicos y de valor histórico-cultural que quedan bajo el agua, como
podría ser el fatal destino de Piedras Negras y Yaxchilán, ambos en Chiapas, y todo por proyectos que
duran, en promedio, 50 años, pues los embalses se llenan muy rápido de residuos provenientes de
actividades humanas y, aún más, de sedimentos naturales: partículas de arcilla y limo, materiales
menos finos como arena, e incluso guijarros rodados, sin olvidar a otros compuestos orgánicos en
estado de disolución, y al hecho de que los ríos fungen como depósitos atmosféricos.
Además de toda la riela de costes ecológicos ya advertidos, en cuanto a problemas sociales, las
presas traen, a menudo, un impacto ambivalente, que puede ser perjudicial o, hasta cierto punto
benéfico, según las diferencias en cuanto a tipos de obra, dimensiones y emplazamiento de las mismas.
Por una parte salen beneficiados los contratistas, nacionales o extranjeros, encargados de diseñar,
gestionar y erigir la presa en turno. También se benefician las compañías que fabrican materiales de
construcción, y las que hacen turbinas y generadores (General Electric, la misma que durante tantos
años dirigió el legendario Jack Welch, es un claro ejemplo). Asimismo, inclúyase al sector turismo. Y
ni qué decir de la agroindustria, mayoritariamente privada, que puede recibir mucha más agua por las
nuevas presas. Dentro del bando de los ganadores, también caben los asentamientos urbanos,
específicamente su población capaz de pagar el agua y la electricidad, así como las poblaciones que ya
estaban en la zona del embalse, cuando se les llevan servicios e infraestructura que antes no tenían:
redes de drenaje, superficies de rodamiento, luz eléctrica, agua entubada, etc.
5 México, por albergar entre el 8 y el 12 % de las especies vivas, es, junto con Australia, Brasil, Colombia e Indonesia, parte del grupo de países con más biodiversidad. Véase: www.conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/conabio.html# (última fecha de consulta: 2 de septiembre de 2008). 6 Sobre éste, es posible obtener información adicional en el siguiente sitio electrónico: www.cbmm.gob.mx/descripciondelproyecto.php (última fecha de consulta: 2 de septiembre de 2008).
15
UN CONTROVERSIAL NEGOCIO
La agroindustria, en aras de su irrigación, es responsable del 65 al 70 % del consumo mundial de agua.
Las tierras de regadío, según sostienen Maude Barlow y Tony Clark, abarcan casi una sexta parte de la
superficie cultivada en los cinco continentes, la cual aporta más de un tercio de la cosecha mundial.
Con información del libro Oro azul
En el reverso de la medalla están los aspectos sociales perniciosos, que abarcan desde daños a la
salud humana por el estimulo dado a ciertos vectores infecciosos (como el mosquito que transmite la
malaria, básicamente en los trópicos), pasando por un abanico más o menos amplio de repercusiones
directas e indirectas sobre los habitantes locales y circunvecinos (alejamiento y deterioro de sus
condiciones y estilos de vida, etc.), hasta llegar al que es, quizá, el saldo social más nocivo de la
erección de grandes presas: el proceso desplazamiento-reubicación de numerosos grupos
poblacionales. Giovanni Sartori y Gianni Mazzoleni abonan al respecto:
“La multiplicación de las presas (existen en el mundo más de 36,000 con altura superior a los
quince metros, la mitad de ellas en China) crea peligrosas variaciones microclimáticas y,
combinada con la extracción masiva de agua, destruye el equilibrio de los ríos; precisamente la
crisis de los ríos ha contribuido, en 1999, a elevar a 25 millones el número de los refugiados
ambientales, cifra que por primera vez ha superado a la de los refugiados bélicos y que en 2025
podría cuadruplicarse” (2003, p. 162).
Las grandes presas, luego entonces, han impulsado alrededor del 63 % de los desplazamientos
poblaciones en el orbe.
También suelen verse damnificadas, aunque en menor medida y sin llegar al desplazamiento, las
poblaciones río abajo, y las que se ven afectadas por infraestructuras colaterales, tales como caminos,
subestaciones eléctricas y, en general, aquéllas que son temporalmente ocupadas para dar pie a las
construcciones.
EL ENEMIGO QUE VIENE
El cambio climático amenaza a la vida. Profusas especies están bajo peligro de desaparecer, pero, ni
con los mejores esfuerzos, se podría salvar al 0.1 % de ellas en colonias ad hoc, algo así como una
nueva y colectiva, aunque inútil de antemano, arca de Noe.
No obstante, por descabellado que pudiera parecer, algunas especies podrían beneficiarse de dicho
cambio, como esos parásitos que originan las cuatro cepas conocidas de malaria. Sobre este asunto,
Tim Flannery es previsor: “a medida que las precipitaciones aumentan, los mosquitos que propagan la
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malaria se extienden, la estación de la malaria se prolonga y la enfermedad prolifera. Desde Ciudad de
México al monte Hagen de Papúa Nueva Guinea, los valles de las montañas del mundo cobijan
poblaciones humanas muy densas. Y son lugares saludables y espléndidos en los que la enfermedad, si
la densidad de población no es muy grande, es rara. Justo por debajo de estas comunidades […] están
los grandes bosques donde nadie vive. Ello se debe a la malaria, que está tan extendida en algunas
zonas de los trópicos que controla las poblaciones humanas. En un futuro próximo, el calentamiento
global garantizará el acceso del parásito de la malaria y su vector, el mosquito Anopheles, a esos valles
de alta montaña, donde encontrarán a decenas de miles de personas sin la menor resistencia a la
enfermedad”.
Con información y cita del libro La amenaza del cambio climático, p. 211
El auténtico impacto se observa, no obstante, al conocer el perfil demográfico y sociocultural de
aquellas poblaciones desplazadas, que por lo general son pobres y observan una gran sujeción respecto
a los recursos naturales que las copan. Es una tendencia doblemente lastimera para el Sur mexicano,
donde los cálculos más conservadores indican que un 66 % de sus habitantes (cuando menos) subsisten
en la pobreza, a costa, mayoritariamente, de la tierra. No resulta extraño, pues, que frente a los diversos
y autoritarios planes para la creación de presas en la cuenca del Usumacinta y otros lugares del país, se
haya integrado, como frente de resistencia, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos7.
Sin cambiar de carril, y sabiendo que los más escaldados por el levantamiento de presas han sido,
comúnmente, los pueblos indígenas, entonces surge una complicación en la cuenca aquí estudiada, ya
que más de la tercera parte de sus pobladores pertenecen a un pueblo originario, a quienes el proceso
desplazamiento-reubicación les ha expedido múltiples daños, no sólo por el atentado contra sus
cosmovisiones (mismas que generalmente les han ayudado a mantener fuertes vínculos con la tierra, y
al establecimiento, incluso, de sitios sagrados), sino también porque alarga su triste historia de pueblos
segregados, esquilmados y, de continuo, desplazados, en los últimos 400 y pico años, hacía sitios cada
vez más agrestes –puntos montañosos, barrancas, cañadas, selvas, etc.–, de acuerdo, siempre, a lo
dictado por los grupos dominantes, que primero fueron los colonizadores españoles, después las
diversas elites criollas y blancas que han detentado el poder nacional y local después de la
Independencia y durante la Reforma, el Porfiriato y en el México posrevolucionario, hasta llegar,
recientemente, a algunas empresas farmacéuticas y biotecnológicas muy poderosas, cuya influencia se
7 http://mapder.codigosur.net/ (última fecha de consulta: 3 de septiembre de 2008).
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ha incrementado por su deseo de capitalizar el potencial que, para múltiples negocios, han detectado en
los estados sureños, dada su diversidad biológica.
Vale decir que algunas veces los desplazamientos no han sido negociados ni consensuados, sino
logrados por medio de la coerción oficial o, de plano, por la militarización y paramilitarización, que ya
una vez culminaron en una cruenta represión: la de los opositores a la Presa Chixoy, en Río Negro,
Guatemala, cuando 440 de ellos fueron masacrados en 1982, año en que aquel país estaba gobernado
por una corrompida dictadura militar, encabezada por Efraín Ríos Mont. Y todo por los “crímenes” de
ser mayas y vivir en un rancherío que, inundado, desaparecería del mapa. Por todo lo anterior, sabia y
concordantemente, se ha expresado Rodolfo Stavenhagen, cuando afirma que “no es válido tratar a los
seres humanos como si fueran toneladas de piedra que pueden ser removidas” (2000, p. 25).
DERROTA Y RESISTENCIA
Stavenhagen sabe de lo que escribe, pues él mismo colaboró, hace muchos años, con la Comisión del
Papaloapan, específicamente en la ingrata labor de convencer a los indígenas mazatecos del Norte de
Oaxaca para que abandonaran voluntariamente sus tierras, que les serían expropiadas e inundadas por
las aguas del río Tonto, en aras de levantar la Presa Miguel Alemán. Es de llamar la atención que lo
más indignante para los mazatecos no haya sido el abandono de sus viviendas (total, el Estado los iba a
dotar con otras nuevas y mejores), sino el de sus cementerios, porque ello equivalía a volver a perder,
ahora sí para siempre, el contacto físico con sus seres queridos que se habían adelantado en el
ineluctable encuentro con la muerte.
Decenios después, aunque en un contexto muy diferente, los campesinos de San Salvador Atenco,
estado de México, se enfrentaron y vencieron (los mazatecos no) a un Gobierno federal que les iba a
expropiar casas, parcelas, iglesias y hasta el camposanto de la comunidad, para demoler y cubrir todo
esto con concreto, a fin de levantar un nuevo, pero finalmente trunco, aeropuerto internacional para la
Ciudad de México.
Con información del texto “Por qué los derechos indígenas”
Aspectos como los anteriores deberían ser de la mayor importancia, porque en el Sur mexicano el
entorno sociopolítico es, desde hace mucho tiempo, inestable y conflictivo, con fuerte presencia militar
y paramilitar. Mayor atención necesita, por ende, la cuenca del Usumacinta, en cuyo seno están el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo, quienes, por cierto, reciben
un reconocimiento de Roberto Fernández, porque han reivindicado “los derechos por el territorio de
recursos naturales” (op. cit., p. 21); reconocimiento extendido hacía la lucha del Movimiento de los
18
Sin Tierra, en Brasil.
PARAMILICIA
Operan como una cuarta fuerza militar, adicional a las tropas de tierra, agua y aire. Son los
“paramilitares”, definidos por Gilberto López y Rivas como “aquellos que cuentan con organización,
equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas
armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que eso implique que reconozcan su
existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e
impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio
ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación de esa misma violencia”.
Complementariamente, el chiapaneco Centro de Investigación Económica y Política Acción
Comunitaria (CIEPAC)8, ha identificado la existencia de unos once grupos paramilitares que operaban
con total impunidad en Chiapas, a los cuales se les podía sumar la existencia de militantes armados del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de pistoleros y guardias blancas al servicio de los
poderosos finqueros del estado. Es probable que de 2000, año del que data esta información, al día de
hoy, la paramilicia en México haya sufrido importantes cambios, con grupos desapareciendo en unos
lugares y surgiendo en otros, como Oaxaca, donde su presencia ha sido requerida para contrarrestar el
vendaval social desatado por el movimiento magisterial de 2006, que más tarde mutaría en la
pleonástica Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Con información y cita del artículo “Paramilitarismo e insurgencia en México”, p. 45
Además, por si los tópicos previos fuesen poca cosa, es necesario añadir que no siempre son
pagadas las indemnizaciones por desalojos y reubicaciones. Y cuando sí ha sucedido, los montos
entregados, muchas de las veces, han rayado en la insignificancia, en lo irrisorio, y en ocasiones su
entrega ha sido ¡en parcialidades! Todo esto sin dejar de considerar que casi el 90 % de las
propiedades en el Sureste mexicano, se encuentran bajo el régimen de tierra comunal, así que a
campesinos e indígenas, al carecer de escrituras y títulos personales de propiedad, se les hace aún más
difícil reclamar alguna indemnización.
La historia (“gran Maestra de la vida”, dijo Cicerón) ayuda a corroborar todas las aseveraciones
previas. Cuando se dan las reubicaciones, forzadas o no, los sitios de reasentamiento, con frecuencia,
no tienen recursos y están ambientalmente degradados, así queden cerca del embalse. Al respecto, es
muy ilustrativa la creación de presas en el alto río Grijalva, en el Papaloapan y en el Tehuantepec,
8 www.ciepac.org (última fecha de consulta: 3 de septiembre de 2008).
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procesos que se caracterizaron por las políticas sistemáticas de desalojo, y por las reconversiones
económicas a las que fueron obligadas muchas comunidades indígenas adyacentes. A las personas
desplazadas en los Altos de Chiapas para proceder con la inundación de 100 mil (o más) hectáreas de
feraces tierras agrícolas, para así alojar a las aguas contenidas por los vasos de las enormes presas
Belisario Domínguez-La Angostura, Manuel Moreno Torres-Chicoasén, Nezahualcóyotl-Malpaso y
Ángel Albino Corzo-Peñitas9, se les orilló a trocar la labor agrícola por la piscicultura. Cerca de allí, en
la región oaxaqueña de La Chinantla, a los pobladores se les trasladó, ruda y tumultuariamente, hacía
otros lugares del estado, e incluso fuera de él, en un procedimiento hasta cierto punto inverso, pero con
igual desprecio por la humanidad, al que sufrieron los yaquis rebeldes durante el Gobierno de Porfirio
Díaz.
DEPÓRTALOS EN CALIENTE O UN GENOCIDIO A LA MEXICANA
Allá por los años setenta y ochenta del siglo XIX, una gran porción del Valle del Yaqui le fue
arrebatada a sus pobladores, para luego entregársela a gente foránea (labriegos extranjeros incluidos),
que aprovecharon las fértiles tierras para sembrar algodón, caña de azúcar y otros productos
exportables, pero ajenos al ancestral maíz que plantaban, para su autoconsumo, los indios yaquis y
mayos. Ambas etnias, lejos de agachar masivamente la cabeza, se rebelaron, y durante un tiempo
resistieron acaudilladas por José María Leyva Cajeme, pero a la larga fueron vencidas por las tropas
federales al mando de los Generales Topete y Martínez. Con su caudillo muerto, muchos de los
alzados que habían sobrevivido a la soldadesca, fueron deportados, en calidad de esclavos, a las
plantaciones tabacaleras del Valle Nacional oaxaqueño, donde finalmente perecieron en masa.
Con información del texto “El liberalismo triunfante”
Pese a que el desplazamiento no es una necesidad ineludible para desarrollar infraestructura, y dado
que ésta tampoco debe causar, invariablemente, un empobrecimiento económico-ambiental, algunos
proyectos para el Sureste del país amagan con repetir las tribulaciones arriba señaladas, como podría
suceder con la Presa La Parota, en Guerrero, y con el Sistema Hidroeléctrico de la Cuenca del
Usumacinta, que es una colosal iniciativa ubicada en el cartabón que corre desde la frontera con el
Petén (Guatemala) a Marqués de las Comillas (Chiapas) y al proyecto binacional Boca del Cerro 9 Pertenecientes, todas, al Sistema Hidroeléctrico del Río Grijalva, construido entre 1959 y 1987, gracias, en buena medida, al tesón del ingeniero Raúl J. Marsal, del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Como parte de los proyectos para la cuenca del Usumacinta, se piensa ampliar este Sistema, con algunas presas que serían “continuación” de otras, como Chicoasén II. La ampliación es explicada a detalle (incluyendo datos técnicos, como altura de las cortinas y potencia esperada, sin excluir la mención de los principales impactos sociales y medioambientales) por Gian Carlo Delgado, en las páginas 136 a 143 de su citado libro, y en las cuales hay un mapa de apoyo.
20
(Tabasco). Sistema proyectado para contener múltiples presas10, canales de derivación, acueductos,
líneas de transmisión y superficies de rodamiento; su capacidad calculada rondaría los 10 mil
megavatios por año, pero implicaría, lamentablemente, la anegación de unas 73,700 hectáreas de
patrimonio biológico y cultural (Yaxchilán y Piedras Negras, lugares ya traídos a colación, quedarían
completamente inundados).
UN EPÍLOGO TAMBIÉN NECESARIO
A diferencia de lo que ocurre en algunas ciudades del país –Aguascalientes, Cancún, Ciudad Juárez,
León, Matamoros, Navojoa, Saltillo, Torreón y el propio Distrito Federal, por poner algunos casos en
donde la extracción, distribución, cobro por el servicio y el mantenimiento de la red de tuberías de
agua (incluso la recolección de ésta, una vez usada, para su posterior tratamiento), han sido
susceptibles de concesionarse a grandes empresas multinacionales, como RWE (Alemania), Suez y
Vivendi (ambas de Francia) y Bechtel (Estados Unidos)11– con el Sureste de México la realidad ha
adquirido una engañosa reversibilidad, toda vez que, primero, de forma repetitiva, se ha dado una
típica acción estatista, como es la expropiación, a fin de levantar presas, para luego no usar lo
expropiado en beneficio del pueblo, ni de la sociedad, ni de ninguna otra noción de colectividad, sino
de compañías e inversionistas del sector privado.
Vale tener presente que los debates sobre otros usos del agua, como lo son el industrial, el urbano y
el turístico (satisfechos todos, en buena medida, por las presas), son, en realidad, debates que tienen
fuertes lazos con cuestiones sociales y muy contradictorias, porque el derecho a acceder,
universalmente, a un elemento indispensable, como es el agua, está enfrentado con los derechos
privados de propiedad, entre los cuales caben el conocimiento, la biodiversidad, el arte y ahora, a raíz
sobre todo del laureado Proyecto Genoma Humano, hasta el material genético, pues, como cruel e
irónicamente ha marcado Jorge Volpi, “acaso los humanos no vivamos en el corazón del universo, el
Sol sea un astro insignificante y nuestro ADN apenas nos separe de bacterias y gorilas, pero hay algo
en nosotros, un egoísmo o una avidez irrefrenables, que nos convierte en las únicas criaturas que han
querido enriquecerse con sus genes” (2006, p. 405).
En este aspecto no es posible hacer conclusiones definitivas, toda vez que, si bien la tendencia
mundial va encaminada hacía el reforzamiento de los derechos privados de propiedad, también es
10 Las principales, incluso, tienen nombre propio: Bajatzen, Boca del Cerro (Chiapas-Tabasco), Chumpán (Campeche) y Salto del Agua. 11 Empresa que motivó, por las desproporcionadas cuotas que por el servicio de agua privatizada empezó a cobrar en Bolivia, una enorme protesta social, misma que la conminó a dejar definitivamente el país sudamericano, aunque siguen abiertos algunos juicios en tribunales que no son los del mencionado país. Este lamentable hecho, vale decirlo, ha sido documentado en una película llamada Sed.
21
verdad que cada día aumenta la conciencia social respecto a los límites necesarios que aquéllos deben
tener, y que en el caso del agua no han sido fáciles de marcar. Por esto mismo se explica la aparición
de movimientos sociales jóvenes y cada vez más nutridos, como el ya mencionado Movimiento
Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (que quizá se convierta, dentro de
algunos años más, en una organización no gubernamental), el cual se suma a los opositores de La
Parota, y a las mujeres mazahuas que desde hace tiempo están en pie de lucha para que no se siga
extrayendo, abusivamente, el agua de sus comunidades, en el estado de México, para llevarla a una
Ciudad de México cada vez más sedienta.
¿Quién decide, por lo demás, cuáles serán los usuarios de una presa y las actividades en que ha de
utilizarse el agua de la misma? Pregunta que los economistas clásicos (vilipendiados, mil veces
interpretados, pero muy observados aún) podrían responder anteponiendo a los llamados mercados de
agua, que suelen ser vistos como el “mecanismo óptimo de decisión”, con una operación
“democrática”, la cual responde siempre a la oferta y la demanda. Añadirían estos mismos economistas
que si los derechos sobre el agua, como los de cualquier otra propiedad privada, están bien definidos,
ejecutados y transferidos, las utilidades y los costos de su distribución podrían ser tomados en cuenta
con más seriedad y eficiencia por sus dueños, al tiempo que los mismos mercados distribuirían el
líquido con mayor efectividad.
Empero, aun asumiendo que tales mercados son muy eficientes, lo que no se suele decir es que los
actores reconocidos por éstos, en realidad, sólo son los que pueden ofrecer algo, bienes o capital, y
nada de esto puede ser aportado por millones y millones de personas en todo el mundo, a quienes, les
guste o no, quedan segregadas del agua y de muchas otras cosas.
Y hay que estar en alerta, porque no es imposible que el agua de la cuenca del Usumacinta, en un
futuro no muy lejano, pudiese abastecer directamente a los cada vez más resecos, por derrochadores,
Estados Unidos de América. Esto ocurriría si se llegase a concretar lo que en la década de 1960 diseñó
The Ralp M. Parsons Company (hoy Parsons Corporation12), el despecho privado de ingeniería más
grande de aquel país: un proyecto faraónico para bajar agua desde Alaska a los restantes estados de la
Unión Americana. Esta portentosa obra, llamada North American Water and Power Alliance, preveía
la posibilidad de anexar las reservas canadienses (cerca del 6 % de todas las existentes en el mundo, lo
cual ahora les brinda una importancia mayúscula), para “provecho” de América del Norte, pero ya se
sabe quiénes, y en cuál nación, se arrogan este nombre por antonomasia.
Por aquellos mismos años el proyecto se encajonó, porque su inversión necesaria era igual de
12 www.parsons.com (última fecha de consulta: 2 de septiembre de 2008).
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gigantesca. Pero, así como van las cosas, no sería raro que la idea reviviese, y ya no sólo para “invitar”
a Canadá, sino también a México, cuya agua (si bien por ahora se antoja técnica y económicamente
inviable) podría llevarse desde el Sur hasta la frontera Norte, igual como se hace con el gas y el
petróleo, a través de tuberías especiales, con bombeo energéticamente aportado, obviamente, por
hidroelectricidad, aunque tampoco puede descartarse, si el contexto lo llegase a demandar, la creación
de una segunda o tercera central nuclear, adicionales a Laguna Verde, con el fin de bombear con más
vigor. Buques especialmente adaptados como bolsas gigantes, podrían ser inventados y botados para
apoyar tal envío.
El pusilánime Gobierno de Vicente Fox, pese a todo, dio los primeros pasos en aquella dirección.
No sólo le pagó por adelantado a Estados Unidos, entre 2002 y 2004, el agua que se le debía a éstos, de
acuerdo a lo estipulado en el Acta 307 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, sino que,
merced a las reformas de la ya mencionada Ley de Aguas Nacionales, la descentralización del líquido
ha recaído en los estados y también, aunque de menor manera, en los municipios. Y si a ambos,
necesitados siempre de recursos frescos, se les ocurriese vender “su” agua al mejor postor, ¿quién se
los podría impedir? La ley, al menos, no.
Sobre esta situación, que no es privativa de México, ha reflexionado Joachim Hirsch, para quien “el
desplazamiento de los procesos políticos a un entramado de instancias regionales, locales y
supranacionales [ha abierto] nuevos márgenes adicionales de acción para las empresas que operan
globalmente como, por ejemplo, cuando la industria química alemana logra soslayar la política
ambiental nacional, valiéndose de la burocracia de la Unión Europea. En este sentido hace tiempo ya
que la política, como ‘sistema de negociación’, ha dejado atrás las fronteras del Estado nacional. Esto
significa que en esas condiciones, las posibilidades de una ‘autolimitación reflexiva de los
subsistemas’ y de que el Estado pueda forzar resultados negociados, deber ser consideradas tan
limitadas como la esperanza de que a partir de estos procesos pudiera surgir un bienestar general
aceptable” (2001, pp. 158-159).
Es más, alguna enmienda al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, podría facilitar,
todavía más, la entrega del agua mexicana (y canadiense) al tío Sam y sus derrochadores sobrinos,
quienes, sin chistar, pueden consumir entre 250 y 1120 litros diarios, y si bien su consumo varía entre
estados y ciudades, aún así la media queda en 660 litros. Experiencia manipuladora la hay, porque
Estados Unidos sabe cómo torcerle la mano a México en asuntos hídricos, así sea bajo un disfraz de
legalidad y política del buen vecino. Esto lo demuestran, críticamente desmenuzados, el Tratado de
1944 y la todavía más añeja Convención de 1906, supuestos acuerdos legales de carácter binacional,
23
pero que en el fondo escondían la sumisión de México ante el Big Stick, así que fue mejor
proporcionar mucha agua desde el Sur a cambio de migajas norteñas.
Tendremos que estar muy atentos.
Y para concluir van unas reflexiones que no pueden quedarse al margen. Es cada vez más cotidiano
escuchar, algunas ocasiones con verdad, algunas ocasiones con inexactitud, que las cuestiones relativas
al medio ambiente son exclusivas de las llamadas “ciencias duras”, y que éstas viven subordinadas al
capitalismo. La ciencia y su correlato, la tecnología, según se dice también con cada vez más ahínco,
no son más que “fetiches”, pues, aunque creaciones humanas, terminan por dominar a la humanidad.
Esto se puede corroborar en situaciones aparentemente baladíes, como esas aglomeraciones que se han
dado, en México y en otros países, afuera de las tiendas de telefonía celular, atestadas de gente deseosa
de tener un iPhone a toda costa.
Sin embargo, es una verdad irrebatible que sólo tenemos un planeta susceptible de ser habitado, y
por lo mismo es necesario cuidarlo. A fin de cuentas, nociones como “revolución”, “independencia”,
“socialismo”, “soberanía”, “nacionalismo”, entre muchas otras que se consideran “patrimonio” de
líderes políticos, intelectuales y teóricos de las ciencias sociales, quedan como nociones metafísicas sin
un entorno capaz de darles fundamento, ya que el mejoramiento de la sociedad pasa,
indefectiblemente, por el mejoramiento material y espiritual de quienes la componen. Por lo demás, es
un error la separación tajante entre sociedad y naturaleza, porque sucede a menudo que los
especialistas de cada esfera, se encierran en torres de marfil contiguas, incapaces, quizá, de entender el
lenguaje que se habla enfrente. Por lo mismo, este documento ha pretendido usar al tema del agua
como un puente entre lo social y lo natural, sin realizar distinciones categóricas. Es verdad que los
individuos, cuando se juntan, hacen guerras, inventan religiones, crean arte, eligen a otros individuos
como gobernantes, etc. Pero también es verdad que ellos mismos, juntos o separados, respiran, comen,
duermen, se mueven y, aunque no los guste, mueren.
“Uno de los mayores obstáculos para abordar el cambio climático [señala Tim Flannery] es que se
ha convertido en un cliché antes de haber sido comprendido. Lo que ahora necesitamos es información
fidedigna y atenta reflexión, pues en los años venideros este tema eclipsará a todos los demás juntos.
Se convertirá en el único tema” (op. cit., pp. 30-31). Esto, a muchos, les puede parecer inaceptable, por
tratarse de una profecía totalitaria, que de antemano destruye la riqueza que se ha ganado con la
diversidad del pensamiento a lo largo de la historia. Pero si la profecía llegara un día a cumplirse,
quizá sea muy tarde para enderezar el rumbo e iniciar una mayor colaboración entre los dos grandes
bloques en que se divide la ciencia actual. Podría ser que el relato bíblico de Babel, en una
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interpretación retrospectiva y prospectiva a la vez, resulte una premonición del fatal porvenir de la
humanidad. Cada quien se aferra a su lenguaje y todos pierden.
Por fortuna, aún hay mucho por hacer, y el rumbo puede ser enderezado. Comenta José Antonio
Aguilar Rivera que “después de la caída del muro de Berlín y el desplome del socialismo real a finales
de los años ochenta la democracia liberal quedo sin un adversario ideológico coherente. Quienes
negaron por décadas la democracia ‘burguesa’ y los derechos individuales ‘egoístas’ quedaron, de
pronto, en el desamparo filosófico. Nadie podía ya objetar a la libertad, la democracia y el mercado”
(2008, p. 25). Esto es cierto, aunque vale la pena complementarlo con una situación igual de
verdadera: las banderas que paulatinamente fueron perdiendo los “adversarios ideológicos” de la
Santísima Trinidad conformada por la libertad, la democracia y el mercado, las han ido ganando,
también progresivamente, los movimientos ambientalistas, que día tras día se van consolidando como
los contrapesos más fuertes de quienes arruinan a la Tierra con el amparo, claro está, de añagazas
libertarias y democráticas.
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