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50 años del Voto Femenino en el Perú
Historia y Realidad Actual
50Setiembre 2005
50 años del Voto Femenino en el Perú: Historia y Realidad ActualDirección General de la Mujer: MIMDES 2009.MUJERES – VOTO DE LA MUJER – SUFRAGIO FEMENINO – PARTICIPACIÓN DE LA MUJER – LATINOAMÉRICA – MIMDES – PERU
Elaboración de textos:Delfina González del RiegoEquipo Dirección de Derechos y Ciudadanía de las Mujeres-DGM/MIMDES
MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLO SOCIAL - MIMDESJr. Camaná 616 - LIMA CERCADO
Catalogación Bibliográfica:Cendoc MIMDES2da Edición Enero 2009
Hecho el Depósito legal 2005-8568Ley 26905 – Biblioteca Nacional del PerúAv. Abancay cdra 4 s/n - Lima
Diseño e impresión: Papelera Industrial y Derivados E.I.R.L.Tiraje: 2000 ejemplares
Indice
Presentación 5
Introducción 11
Capítulo I. La conquista del sufragio femenino en el contexto latinoamericano 17
Capítulo II. La conquista del Voto Femenino en el Perú 25
Capítulo III. 50 años de participación política de la Mujer 43
Capítulo IV. 1956-2006: 50 años de ejercicio del voto femenino en el Perú. Reflexiones desde el Estado Peruano 59
Anexo N° 1 Marco Normativo 77
Anexo N° 2 Crónica del Foro "50 años del Voto Femenino en el Perú" 87
Bibliografía 95
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La conmemoración del 50° Aniversario del reconocimiento legal del derecho al voto de las mujeres en el Perú, es un hecho de gran importancia para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la mujer y un paso trascendental en la lucha por la equidad entre mujeres y hombres.
Es un momento propicio para el reconocimiento de las precursoras del voto femenino María Jesús Alvarado, Zoila Aurora Cáceres, Ángela Ramos y Magda Portal, así como de aquellas que integraron la primera representación parlamentaria de mujeres en 1956, Senadora Irene Silva de Santolalla por Cajamarca, y las Diputadas Lola Blanco de la Rosa por Ancash; María Silva Silva por Junín; Alicia Blanco Montesinos por Junín; María Lozano de Gotuzzo por La Libertad; Manuela Billinghurt y Matilde Pérez Palacio por Lima; Juana Ubilluz de Palacios por Loreto y Carlota Ramos de Santolalla por Piura.
De 1955 a la fecha, los derechos políticos de la mujer se han ampliado. Las demandas de participación política femenina se han expresado en las cuotas de género, en sintonía con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de
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las mujeres. Las cuotas mínimas a favor de las mujeres, son acciones afirmativas en pro de la equidad, para garantizar su mayor participación en la vida política, pues las mujeres han sido históricamente excluidas del ámbito público.
Desde 1997, en que se incorpora el mecanismo de cuotas en la legislación nacional para garantizar la participación política de las mujeres en la lista de candidatos a cargos de elección popular, se ha incrementado el número de mujeres en el Parlamento y tímidamente en los Gobiernos Locales, sin llegar a cubrir todavía el mínimo de 30% delimitado. De las 1,615 alcaldías distritales, 46 son ocupadas por mujeres (3%), de las 195 alcaldías provinciales 4 son ocupadas por mujeres (2%), de las 25 presidencias regionales, ninguna es presidida por una mujer (0%).
Si bien en la actualidad, las medidas afirmativas están establecidas en la normatividad nacional, regional y local, como parte del proceso de descentralización del país, estas se refieren al derecho a elegir y ser elegidas, el derecho al referéndum, el derecho a solicitar la revocatoria de autoridades elegidas por el pueblo o a la remoción de las designadas por el gobierno central, el derecho a formar un partido político y a su reconocimiento e inscripción; los mismos que no garantizan aún la presencia equitativa de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones, pues la proporción de puestos ocupados por mujeres sigue siendo minoritaria.
Tenemos en contra, en primer lugar, la indocumentación de las mujeres. De acuerdo al INEI del total de mujeres de 16 a 49 años de edad, aproximadamente 312 mil no cuentan con un documento de identidad, siendo que para hacer efectiva la participación de la mujer en política así como para el ejercicio integral de sus derechos, la condición básica es la tenencia de su documento de identidad.
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Comprendiendo este problema, el MIMDES ha lanzado la Cruzada Nacional “Mi Nombre” por el derecho a la identidad de la niñez y las mujeres, pues las niñas sin partidas de nacimiento son luego mujeres sin Documento Nacional de Identidad, reproduciendo este ciclo de exclusión cuando son madres.
Asimismo esperamos que con el cumplimiento del programa “Juntos” que se viene implementando en los 100 distritos rurales más pobres de las regiones de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Huánuco se entreguen documentos de identidad a aproximadamente 20,000 mujeres indocumentadas, con lo cual estamos asegurando el acceso al ejercicio de la ciudadanía, a las mujeres más pobres del país.
Estas son medidas de acción afirmativa a favor de las mujeres, promoviendo la igualdad de oportunidades sin discriminación de acuerdo a lo establecido por la Undécima Política de Estado del Acuerdo Nacional.
Otro aspecto es la débil participación de la mujer peruana en la actividad política. Como sabemos las peruanas tenemos protagonismo social desde las organizaciones de base, como lo demuestra la gestión de 15,000 comedores populares y clubes de madres en todo el país. También hemos salido a las calles defendiendo la democracia y el respeto a los derechos ciudadanos. Sin embargo, existe limitado acceso a los cargos de representación política. Un problema es el cumplimiento formal del porcentaje de participación femenina por los partidos políticos, ubicando a las mujeres en forma aleatoria y disminuyendo sus posibilidades de ser elegidas. Hay pocas organizaciones políticas que están dando muestras de lo contrario.
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El establecimiento de cuotas de género en los procesos electorales ha constituido un significativo progreso normativo. Para hacerla realidad debemos desarrollar políticas educativas de respeto de los derechos humanos y de fortalecimiento de la ciudadanía. Debemos consolidar acciones afirmativas para incrementar la presencia de la mujer en las listas con criterio de paridad, garantizando su ubicación en lugares expectantes, también la alternancia en las listas internas de candidaturas tanto de partidos políticos como en las elecciones generales, la difusión del mecanismo de cuotas, la información desagregada por sexo y la definición de los distritos electorales con equidad de género y equidad social, como lo establecen los lineamientos para la Reforma del Estado Peruano.
En una democracia las mujeres debemos ejercer plenamente nuestros derechos ciudadanos y políticos. Los partidos políticos deben promover a las mujeres a posiciones de liderazgo al interior de sus agrupaciones. Así lo evidencian las encuestas de opinión pública.
El Perú es un Estado de Derecho que debe garantizar la participación de la mujer en la formulación y ejecución de las políticas públicas que afectan su vida, a fin de disfrutar del desarrollo en igualdad de condiciones con sus pares masculinos. Asimismo, deben tener mayor acceso e influencia en los espacios de decisión política.
Desde el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social invocamos a las Organizaciones de Mujeres, a las Organizaciones Sociales de Base, a los Partidos Políticos y a la Sociedad Civil a implementar estrategias de intervención para promover la participación política de las mujeres fortaleciendo su ciudadanía, tal como lo
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propone el recientemente aprobado Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres 2006-2010, en su lineamiento 5.
Debemos promover la mayor participación de las mujeres en órganos e instancias descentralizadas de representación política, gestión pública y toma de decisiones con políticas y estrategias de promoción de la participación ciudadana y política de las mujeres urbanas rurales, considerando su cultura política, nivel de información, nivel educativo e idioma.
La democracia representativa se enriquece cuando incorpora la participación femenina en la formulación de los planes y presupuestos y en la ejecución concertada de las acciones de su comunidad. La descentralización y la transferencia de los programas sociales a las Municipalidades también es una oportunidad para promover la vigilancia ciudadana en el cumplimiento de los derechos ciudadanos y exigir transparencia informativa a sus autoridades.
La publicación de este libro es un reconocimiento al trabajo pionero de las mujeres que conquistaron hace cincuenta años el voto femenino, así como de quienes ejercieron y ejercen con capacidad, esfuerzo y ética cargos políticos públicos no sólo en el Parlamento, Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales, sino también liderando organizaciones sociales y económicas de base. Tenemos la firme convicción, que la participación decidida de las mujeres en la política de nuestro país contribuirá a hacerlo más democrático, inclusivo y justo. La gobernabilidad y el desarrollo humano ganarán con ello.
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Introducción
Por largo tiempo en el Perú, muchos grupos sociales estuvieron excluidos de sus derechos políticos, entre ellos, el derecho al voto y a ser elegidos: mujeres, campesinos, obreros, trabajadores domésticos y, en general, individuos carentes de propiedades y de educación. Las mujeres han sido las más afectadas por la inequidad. Es en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que los derechos políticos devinieron en inclusivos. Hacia 1900, con el advenimiento del nuevo siglo, a diferencia de la mujer rural que ya se venía desempeñando como campesina, la mujer urbana empieza una lenta integración en el mundo laboral, ya sea en las nuevas fábricas textiles o en las nuevas profesiones de servicios auxiliares, afrontando la falta de una formación apropiada. De ahí los esfuerzos en pro de una educación igualitaria por parte de las primeras feministas.
El protagonismo de la mujer en la reivindicación de sus derechos se va acentuando conforme transcurre el siglo XX, de modo que, desde la segunda década del mismo ya se puede hablar de un movimiento feminista organizado, con metas definidas que se van alejando de la óptica patriarcal de la iglesia católica, la cual era reacia a sacar a la mujer de su rol tradicional de esposa y madre. El acceso al ejercicio del magisterio, el ingreso a la
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universidad, el desempeño de nuevas profesiones "femeninas", como enfermeras, modistas, peluqueras, etc., abrió lentamente la puerta a un nuevo modelo de mujer que se aleja de su papel tradicional familiar.
El primer capítulo, trata sobre el sufragio femenino en el contexto latinoamericano. Presta atención a la especificidad histórica de los respectivos casos. Esto es crucial para comprender la precariedad de la democracia en los países Latinoamericanos, con sus profundas y persistentes desigualdades.
El segundo capítulo, da una rápida mirada a la lucha de las feministas por conseguir la ciudadanía y el derecho al voto en nuestro país y, las características específicas que tuvo esta lucha en el Perú, así como los grandes obstáculos que tuvieron que sortear las mujeres para alcanzar la tan anhelada ciudadanía. Ponemos especial atención a la actuación de dos destacadas feministas como María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres, ambas fundadoras de dos importantes asociaciones Evolución Femenina (1911) y Feminismo Peruano (1924) respectivamente. Estas agrupaciones surgen con fines educativos y de promoción social de la mujer, pero también con fines sufragistas. Promovían el acceso de la mujer a la educación, para que de esta forma pudiera obtener trabajos mejor remunerados.
El tercer capítulo, indaga sobre lo qué ha sucedido en la práctica con las mujeres en cuanto a su participación en los espacios formales de la política desde que se les concede la ciudadanía y el derecho al voto. Esto permite reflexionar sobre el acceso de las mujeres a los espacios de decisión política.
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Ante la ausencia de una igualdad real en el conjunto de la sociedad, la lucha por el fin de la discriminación de la mujer es fundamental. Si bien la situación actual de la mujer ha mejorado respecto a décadas pasadas, en base al esfuerzo conjunto del Estado, las organizaciones civiles, ONGs e instituciones públicas y privadas que trabajan a favor de las mujeres, todavía hay camino por recorrer hacia el logro de la equidad e igualdad de oportunidades y condiciones para la participación política.
En el cuarto capítulo, se da cuenta de los avances del Estado Peruano, los desafíos y estrategias que se está asumiendo para la equidad de género e igualdad de oportunidades entre las mujeres y varones de nuestro país.
Se incluye como Anexo, una breve referencia del Foro "50 años del Voto Femenino en el Perú" realizado en el Congreso de la República en el mes de setiembre de este año.
Lima, noviembre del 2005
La conquista del sufragio femenino en el
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La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda la más importante del siglo XX peruano. Las peruanas de entonces, tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera este derecho fundamental.
La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres, se le consideraba en inferioridad de condiciones: incapacidad cultural, fragilidad y sectaria religiosidad, fueron los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios y estereotipos sociales y culturales que las relegaban al ámbito privado, doméstico, al cuidado de los hijos y de los demás familiares.
La conquista del sufragio femenino en el contexto
latinoamericano
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"Las dificultades de acceso de las mujeres y de las voces femeninas al sistema político, entendido en sentido restringido de ámbito de poder y toma de decisiones, pueden tal vez comprenderse un poco más a partir de la inexistencia o la precariedad de espacios (realmente) públicos en los que los problemas que normalmente encaran las mujeres en una sociedad como la peruana dejen de ser estrictamente femeninos y se conviertan en asuntos de interés común."
(Patrón, 2000:15)
A nivel mundial, el primer país que otorgó el voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. En 1917, después de la Primera Guerra Mundial, serían las mujeres rusas, inglesas y alemanas quienes obtuvieron este derecho. La actuación de la mujer en la Primera Guerra Mundial, asumiendo labores científicas, desempeñando cargos técnicos permitió que esto fuera posible.
En el siglo XIX, las mujeres latinoamericanas iniciaron el camino hacia la igualdad y por sus derechos. En el Salvador, la constitución política de 1886 otorgó la ciudadanía a las mujeres, lo que no implicó su derecho al sufragio.
En Chile, también hubo tempranos intentos de adquirir la igualdad. La constitución de ese país no prohibía que las mujeres votaran, simplemente no contemplaba la posibilidad. Amparadas en esto, un grupo de mujeres de San Felipe se empadronaron para votar, con resultados negativos para ellas. La querella se resolvió con
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la inclusión de una cláusula, en 1884, que prohibía expresamente que las mujeres ejercieran el sufragio, a pesar de que el Ministro Ignacio Zenteno, defendió el pedido apoyado en la Constitución.
En México, las luchas comenzaron en 1870, con un grupo de mujeres que se alineó en torno al periódico Siempre Viva, y al Partido de corte liberal, adhiriéndose otras mujeres bajo el nombre de Las hijas de Anáhuac. En la siguiente década, surgieron varias revistas feministas, como El álbum de la mujer fundada por Concepción Jimeno de Flaquer, quien se atrevió a decir que la mujer no era sólo un útero, o Violetas de Anáhuac establecida por la feminista Laureana Wright de Kleinhauss, quien abogó públicamente por el sufragio de la mujer y su educación, y por la igualdad ante la ley. Juana Gutiérrez instauró el periódico Vesper y los clubes políticos femeninos Amigas del Pueblo e Hijas de Cuauhtémoc. Desde todos estos nuevos espacios, las mujeres mexicanas se expresaron, buscando la igualdad y su derecho de ejercer el voto.
Todas estas luchas, algunas con derramamientos de sangre, fueron obstaculizadas por la Iglesia Católica y en sus inicios incluso por los partidos políticos de izquierda. Años después, fueron las izquierdas y la anarquía, los campos desde donde se impulsaron los cambios políticos que llevarían a la mujer a obtener su derecho al voto.
El sufragio femenino se logra generalizar e institucionalizar en Latinoamérica desde hace cincuenta o sesenta años, aunque la participación femenina en la vida política de nuestros países está desde hace más de un siglo.
En el siguiente Cuadro, está el registro de las fechas de obtención del voto de las mujeres en América.
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País Año País Año
Canadá* 1918 Barbados 1950Estados Unidos 1920 Antigua y Barbuda 1951Ecuador 1929 Dominica 1951Brasil 1932 Grenada 1951Uruguay 1932 Santa Lucia 1951Cuba 1934 San Vicente y las Grenadines 1951El Salvador (limitado) 1939 Bolivia 1952República Dominicana 1942 San Kitts y Nevis 1952Jamaica 1944 México 1953Guatemala (limitado) 1945 Guyana 1953Panamá 1945 Honduras 1955Trinidad y Tobago 1946 Nicaragua 1955Argentina 1947 Perú 1955Venezuela 1947 Colombia 1957Suriname 1948 Paraguay 1961Chile 1949 Bahamas 1962Costa Rica 1949 Belice 1964Haití 1950
*Excepto en la Provincia de Québec donde se concedió el derecho al voto a la mujer en el año 1952
Cuadro Nº 1Cronología del voto femenino América Latina
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Las primeras mujeres en el Continente Americano que ejercen su derecho al voto son las canadienses (1918) y Ecuador (1924). Ecuador es un caso particular, porque logró este derecho sin grandes luchas. Matilde Hidalgo, primera doctora en medicina de ese país, se inscribió en el Registro Electoral de su país, utilizando el mismo resquicio legal que usaron sin éxito las mujeres chilenas. Fue empadronada con la reserva de someter su caso a consulta ministerial, obteniendo como dictamen que no había prohibición en la ley para que las mujeres se inscriban, ya que ésta no especificaba el sexo. Quedó así aprobado desde entonces el derecho al voto de la mujer en Ecuador. La Dra. Hidalgo sería elegida concejal en 1933 y diputada años después.
En Brasil fue larga la lucha de las mujeres por el sufragio. En 1870, proclamada la República, se debatió en la Asamblea Constituyente si se les concedía el derecho al voto. Fueron las mujeres del Movimiento Fundacional Feminista las que impulsaron este primer debate, con resultados negativos pese al apoyo de algunos diputados. La lucha se reinicia en 1920 hasta que en 1932 logran este derecho político y civil para la mujer. Al año siguiente lograron que una mujer sea elegida diputada por Sao Paulo.
En el Perú la lucha por el sufragio femenino se inicia a fines del siglo XIX y principios del XX, en un contexto de sociedad aristocrática y oligárquica, donde la mujer era abiertamente marginada de la política. Al igual que en el movimiento sufragista internacional, en un comienzo se pidió el voto sólo para las mujeres ilustradas de las capas medias y altas con acceso a la educación. Fueron
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las primeras socialistas mujeres, María Jesús Alvarado y Adela Montesinos, quienes plantearon como un derecho el voto universal para todas las mujeres, sin restricción. Otras como Zoila Aurora Cáceres y Elvira García y García luchaban, a su vez, por la educación general y el derecho al voto.
En los siguientes capítulos se analizará con más detalle lo sucedido en el Perú.
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En la lucha por el sufragio femenino, destacan nítidamente María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres, que pueden considerarse precursoras del movimiento sufragista en nuestro país.
La lucha por el voto femenino en el Perú
María Jesús Alvarado
María Jesús Alvarado, con sólo el tercer año de primaria, llegó a plantear reivindicaciones tan trascendentales como la jornada de las 8 horas para los obreros que se pretendió anular en 1924, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer, la protección a la maternidad y a la infancia, la defensa del medio ambiente y la agricultura afectado en La Oroya por la Cerro de Pasco Cooper Corporation y la reivindicación racial y social del indio.
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Autodidacta, logró una sólida formación intelectual. Se hizo educadora1, socióloga, periodista, teatrista2 y editora.
En 1911, en una Conferencia en la Sociedad Geográfica de Lima aborda el tema del feminismo3. Incide en la necesidad de otorgar igualdad de derechos civiles y políticos a la mujer peruana, darle acceso a una mejor educación, a los empleos públicos, y a las profesiones liberales para que puedan subsistir por sus propios medios4. Predica sobre la necesidad de liberar a la mujer casada de la dependencia del marido5. En aquella ocasión también disertó Dora Mayer, otra destacada luchadora social.
En 1914, funda Evolución Femenina, junto a otras mujeres, entre ellas, su madre. El acceso de las mujeres a las Sociedades de Beneficencia Pública, el reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres, los derechos de los hijos naturales, la defensa del aborigen y de los obreros, entre otros, fueron los objetivos principales de esta asociación. A través de esta institución realiza campañas para lograr que las mujeres tengan el acceso
1 Propuso una reforma y ampliación de la educación de la mujer, con la fundación de colegios de segunda enseñanza y profesionales. Ese mismo año, de 1914, funda la escuela "Moral y Tradición", declarada por el Congreso de utilidad Nacional, donde se dictaron por primera vez en el país cursos de alimentación racional, puericultura y eugenesia.
2 El fomento del teatro y la fundación de la Escuela de Arte Dramático que venía gestionando ante los poderes públicos desde 1937, fue a lo que se dedicó en sus últimos años la organización Evolución Femenina.
3 El título de esta conferencia es: El feminismo en la Sociedad Geográfica de Lima.4 Hacía muy poco tiempo, el presidente Leguía (l908) había promulgado la ley por
la cual se autorizaba que las mujeres que reunieran los requisitos a matricularse en la universidad, que pudieran optar grados académicos y ejercer su profesión respectiva.
5 La sujeción de la mujer respecto al marido recién se modifica en el Código Civil de 1984.
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a los puestos de trabajo en organismos e instituciones de la Beneficencia Pública, consiguiendo una ley favorable en el año de 1922. Ese mismo año, presenta una solicitud a la Comisión Reformadora del Código Civil para acabar con la discriminación de los llamados "hijos ilegítimos".
Frente a la indiferencia que muestran las más altas autoridades, los partidos políticos, la prensa y hasta las mismas mujeres a su propuesta, entiende que hay que educar primero a la mujer y a la mujer obrera y trabajadora, quien por sufrir más la discriminación social y laboral, es más susceptible de captar el mensaje de su reivindicación. Por ello, fomenta la formación de escuelas y talleres para mujeres jóvenes, publica artículos periodísticos, produce programas radiales, escribe novelas y redacta proyectos de ley.
Otra de las acciones destacadas de María Jesús Alvarado fue la preparación en 1923 de la visita de Mrs. Carrie Chapman Catt, Presidenta de la Internacional Woman Sufrage o Alianza Internacional de Mujeres por el Sufragio, en coordinación con el Consejo de Mujeres del Uruguay, con el objetivo de unificar a los grupos del Perú y afiliarlas a dicha asociación. Por entonces, las mujeres feministas o socialistas del país, se adhieren a la causa del sufragio femenino a pesar de las diferencias ideológicas. En dicha oportunidad se trabajará y gestionará la fundación del Consejo Nacional de Mujeres del Perú, cuyo principal objetivo era el reconocimiento al derecho de las mujeres al sufragio.
En 1945, como Concejal de la Municipalidad de Lima, sigue impulsando los derechos de la mujer, y en 1951, intenta la modificación del Código Civil para facilitar la participación de la mujer en la esfera pública.
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En esta misma línea de luchadoras sociales esta Zoila Aurora Cáceres, ella vivió entre 1877 y 1958, fue hija del Presidente Andrés A. Cáceres. Se formó profesionalmente en Francia, en la universidad de la Sorbona, y tuvo una fuerte influencia del pensamiento anarquista y socialista de ese entonces. Fue escritora,
CENDOC MUJER. Archivo María Jesús Alvarado. Instalación del CONSEJO NACIONAL DE MUJERES DEL PERÚ en el Hotel Maury. En el centro de la foto aparece Mrs.
Chapman Catt; a su derecha María Jesús Alvarado Rivera (Secretaria), Julia Codesido, Julia Delanay. A la izquierda Luisa Dammert, María Engracia de Fryer. En el grupo de pie:
Rosa D. Pérez Liendo, Zenaida Moselli Conroy, Cristina Morter. (El Comercio de 4 de marzo de 1922 y la Crónica 5 de marzo de 1923)
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feminista y en 1924 funda la asociación Feminismo Peruano. La lucha por el sufragio femenino y la promoción de la organización sindical femenina fueron dos de los puntos centrales de su movimiento.
Escribió artículos periodísticos, dictó conferencias dirigidas a mujeres de diversos sectores sociales y se empeñó en promocionar la organización sindical femenina. En 1930 asesoró la creación del primer Sindicato de Costureras del Estado; y en 1931 asesoró a las trabajadoras telefonistas de la Compañía Peruana de Teléfonos a elaborar su pliego de reclamos y las apoyó en su huelga de protesta. Con ocasión de las elecciones para la asamblea constituyente de 1931, su organización Feminismo Peruano hace público un manifiesto a favor del sufragio.
Mientras tanto otros eventos ocurrían en el país, movilizando a los grupos feministas. En 1917, se realiza el primer encuentro de feministas con mujeres trabajadoras en homenaje a las mártires que cayeron en la masacre de un grupo de mujeres que se plegaron a la lucha laboral de sus familiares hombres, en Huacho6. En 1919, tendría lugar la primera movilización feminista de la historia peruana por la reducción del precio de los productos de primera necesidad. Mujeres feministas, anarquistas, indigenistas y trabajadoras se organizaron en un Comité Femenino Pro Abaratamiento de las Subsistencias.
6 En 1916 y 1917 los jornaleros de Huacho habían entrado en huelga para obtener la jornada laboral de 8 horas, siendo ferozmente reprimidos.
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En el ámbito político, en 1920, durante el gobierno del Presidente Augusto B. Leguía, se obstaculiza el debate sobre el sufragio femenino al considerarse que la mujer no estaba todavía preparada para asumir un compromiso de esta naturaleza.
En los años treinta, el país atravesaba por una coyuntura de transición hacia la democracia luego de derrocarse al presidente Augusto B. Leguía, quien había conducido los destinos del país durante once años. Se producen importantes cambios sociales y políticos gracias al crecimiento de la clase media y la aparición de nuevos partidos políticos: la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y el Partido Comunista del Perú (PCP). (Aguilar, 2003:3).
En el contexto de la elaboración de la Constitución de 1933, la discusión sobre los derechos de la mujer se plantea de manera más abierta y por primera vez se debate el tema en el Parlamento entre 1931 y 1932. El movimiento feminista va logrando diversos triunfos sociales, entre ellos, el derecho al voto. En 1933, el Congreso Constituyente luego de dos años de debates otorga el voto para las elecciones municipales a las mujeres alfabetas, mayores de edad, casadas o madres de familia, aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad.
El voto de la mujer enfrentó a conservadores (descentralistas), apristas y socialistas. Los descentralistas, representados por el educador Emilio Romero, se opusieron al voto femenino al igual que al de los analfabetos. Sostenían que las mujeres no podían tener ese derecho mientras las leyes no la pusieran en igualdad jurídica con los varones, y afirman que la participación de la mujer en la política provocaría una anarquía en el hogar.
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Los apristas abogaron por el voto calificado, es decir, sólo a las mujeres que trabajan. En su Primer Congreso Nacional, reconocieron la legitimidad del derecho al voto para las mujeres. Presenta un proyecto de ciudadanía que incluía el voto al analfabeto, a los menores de 21 años y a las mujeres que trabajaban. El diputado lambayecano Luis Heysen, sostenía entonces:
"… reconocemos el derecho al voto de la mujer que trabaja en el hogar, la fábrica o en el campo, y de la mujer que estudia y piensa, significando también esfuerzo y vida, porque diferimos con quienes quieren otorgarle ciudadanía a las niñas de sociedad, que siendo unas desocupadas están al mismo tiempo expuestas a sufrir influencias extrañas, si se quiere clericales que puedan contravenir las transformaciones esenciales que nosotros sostenemos dentro de un nuevo sentido de la realidad nacional, de acuerdo con un pensamiento económico del Estado "República de Trabajadores". El voto a la mujer que trabaja, estudia, piensa, no es cuestión de edad, como tampoco de sexo, es cuestión económica y espiritual en nuestra lucha para lograr que la costilla bíblica se transforme en ciudadana …" 7
7 "Voto femenino. Historia y tendencias". — En: Orígen y Sociedad. — Año 3, N° 6, p. 4. — Lima, noviembre de 1983
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8 Como dirigenta Aprista puso énfasis en que el voto calificado era una notable desigualdad con el varón ya que a éste, sea de la condición social que sea, se le permite el derecho al voto universal y a la mujer se la limita y se la califica de acuerdo a su posición social y económica. (Hacía una nueva mujer, 1931)
9 Ibidem, p.4
Sin embargo, en el Congreso de 1948 el APRA no reconoció a las mujeres militantes como miembros activos del partido, pues no eran ciudadanas. Magda Portal8, la poetisa y luchadora aprista, fue la voz disidente alejándose de su partido.
La Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro, abogó por el voto irrestricto de las mujeres, señalando que todas las que sabían leer y escribir debían ejercer el derecho de sufragio. Socialistas como Alberto Arca Parró, tuvieron reservas sobre la aplicación inmediata de dicha medida por las "condiciones de inmadurez" en que se encontraban las mujeres, quienes no habían luchado para conquistar este voto. Luciano Castillo, discrepando con el partido aprista, decía que la vida moderna crea el fenómeno de la desocupación en las filas proletarias y plantea únicamente el derecho al voto para la mujer que trabaja, significaba en la práctica negarlo para las mujeres del pueblo que sufrían desocupación9. A su vez los independientes como Víctor Andrés Belaúnde, planteaban el voto femenino amplio.
La Comisión presidida por Manuel Vicente Villarán, opinaba que la mujer no tenía independencia como para votar "con entera libertad":
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"No se concede voto a las mujeres, porque sus condiciones no son propicias todavía al ejercicio de derechos políticos. La mujer peruana, en general, no se halla en posesión de suficiente independencia civil, social, económica, ni intelectual y religiosa, para votar con entera libertad" (Villarán, 1962a, 27).
La norma en la práctica, fue letra muerta, de un lado por no haberse reglamentado la ley y de otro por las interrupciones de la vida democrática con los golpes militares. Las primeras elecciones municipales, después de las de 1912, se celebraron en 1963, ocho años después de que se modificara la constitución y de que las mujeres alfabetas mayores de 21 años adquirieran la plenitud de sus derechos políticos (1955).
En el ámbito internacional, en los años 40 y 50, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas, que en 1952 aprueba la "Convención de los Derechos Civiles y Políticos de las Mujeres", donde se sancionaba la plenitud de los derechos de la mujer. Se vive en un clima político y social signado por la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Latinoamérica se encontraba bajo la hegemonía ideológica y económica norteamericana, con procesos de democratización que siguieron al colapso de los regímenes oligárquicos o populismos dictatoriales.
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El movimiento internacional a favor del voto femenino se fortalece entre 1939 y 1945, y bajo el impulso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) se reconoce en muchos países latinoamericanos el derecho de las mujeres el goce pleno de su ciudadanía y el derecho a sufragar y a participar como candidatas en los procesos electorales.
En 1941 se retoma en el Perú el debate parlamentario sobre el derecho de la mujer al sufragio, atendiendo una solicitud del Comité Nacional Pro-Derechos Civiles y Políticos de la Mujer, presidido por Elisa Rodríguez Parra de García Rossell. Se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, por iniciativa del diputado Dante Castagnola, representante de la provincia de Huancané (Puno). El proyecto de ley que ingresó el diputado, fue admitido a debate pero encarpetado al no lograr la mayoría simple de votos.
En 1945, tiene lugar una Asamblea de Evolución Femenina para retomar la campaña por el sufragio a través de la entrega de un memorial a la Comisión que discutía el voto de la mujer en el Parlamento.
En los años cincuenta nuestro país pasa por profundas transformaciones, entre ellas, la migración masiva del campo a la ciudad, la conformación de las llamadas barriadas marginales, la industrialización y la incorporación creciente de la fuerza de trabajo proletaria y su organización gremial, y la conformación de un movimiento campesino.
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En 1953 se crea la Asociación Femenina Universitaria para realizar campañas educativas y lograr el derecho al voto. Ese mismo año se presentan dos proyectos de reforma constitucional para otorgarle el derecho al voto a la mujer, uno, por Francisco Pastor, diputado por Puno, pidiendo la modificación del artículo 84 en los siguientes términos: "Son ciudadanos los peruanos de ambos sexos mayores de edad, los casados mayores de 18 años y los emancipados", el otro, presentado por el diputado de Cajamarca, Luis Osores Villacorta, quien solicita la modificación de los artículos 84 y 86 de la Constitución para reemplazarlos por los siguientes: Art. 84. "Son ciudadanos los varones y las mujeres peruanas mayores de edad, los casados mayores de 18 años y los emancipados." Art. 86. "Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos de ambos sexos que sepan leer y escribir."
En octubre de 1954, el Poder Ejecutivo presentó otro Proyecto de Ley, así como por los diputados de Loreto, Arnulfo Rojas y Víctor Dávila. Ese año entra en vigor la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres aprobada en 1952, que se convirtió en una plataforma importante que permitió a las mujeres finalmente adquirir sus derechos políticos. Ese año, María Julia Luna funda junto con otras abogadas, la Asociación de Abogadas Trujillanas, la mayoría de ellas ligada con el Partido Aprista Peruano. Ellas enviaron al Presidente de la República un memorial en el que le pedían modificara los artículos 84 y 86 de la Constitución Política de 1933, y se le concediera el derecho al voto a la mujer peruana.
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El 5 de setiembre de 1955, el Gobierno dictatorial de Manuel A. Odría, promulga la ley 12391, que modifica la Constitución y concede el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años, que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito reconociendo su calidad de ciudadanas. Odría, en el sexto aniversario del golpe de Estado, había declarado que no había "...razón para que la mujer peruana esté en condiciones de inferioridad respecto a las otras del Continente y del Mundo [y que sería] obra de la Revolución Restauradora otorgar a la mujer la plenitud de sus derechos ciudadanos" (La Nación, 28-10-1954). Esta iniciativa fue vista como una medida para beneficiarse con el voto de las mujeres en las elecciones de 1956, porque tenía claras intenciones de postular a la reelección (Aguilar 2003: 6-7).
El Congreso, después de aprobada la ley, mediante Resolución Legislativa 12409, suscribió el 5 de noviembre de 1955, los acuerdos de la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, aprobados en la IX Conferencia Internacional Americana en 1948. La inscripción de las mujeres en el Registro Electoral se inició inmediatamente después de promulgada dicha ley, acreditando su identidad presentando cualquier documento.
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Cuadro Nº 2Electores según sexo
Departamento Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Diferencia % % %
Tumbes 4407 5918 10325 42.68 57.32 14.53Ica 24670 34943 59613 41.38 58.62 17.23Lima 219073 327769 546842 40.06 59.94 19.88Piura 32987 54572 87559 37.67 62.33 24.65Arequipa 32969 55448 88417 37.29 6271 25.42Loreto 14083 26027 40110 35.11 64.89 29.78Tacna 4007 7581 11588 34.58 65.42 30.84Lambayeque 19466 37.003 56469 34.47 65.53 31.06La Libertad 34190 65716 99906 34.22 65.78 31.56San Martín 9117 17833 26950 33.83 66.17 32.34Callao 18214 41033 59247 30.74 69.26 38.52Ancash 21668 51759 73427 29.51 70.49 40.98Amazonas 4741 11399 16140 29.37 70.63 41.25Moquegua 2434 6166 8600 28.30 71.70 43.40Cuzco 11815 33.567 45382 26.03 73.97 47.93Junín 24256 70590 94846 25.57 74.43 48.85Huanuco 8227 26848 35075 23.46 76.54 53.09Cajamarca 18436 62464 80900 22.79 77.21 54.42Pasco 3588 12335 15923 22.53 77.47 54.93Madre de Dios 546 1931 2477 22.04 77.96 55.91Ayacucho 6768 24421 31189 21.70 78.30 56.60Huancavelica 5573 20387 25960 21.47 78.53 57.06Puno 8172 35140 43312 18.87 81.13 62.26Apurímac 2134 13350 15484 13.78 86.22 72.44TOTAL 531541 1044200 1575741 33.73 66.27
Fuente: C.F. Macera y A. Souza Ferreira, s.f. (Los totales y porcentajes son de Roisida Aguilar)
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Del total de personas inscritas en el Registro Electoral para votar en las elecciones generales de 1956, aproximadamente el 34% eran mujeres y el 66%, hombres. Este resultado pone de manifiesto el interés de las mujeres por participar en la vida política del país. Fue en el norte donde se concentró el mayor número de electoras siendo menor en los departamentos del sur. La misma diferencia se manifestó entre la costa y la sierra. La menor participación de mujeres fue en los tres departamentos del trapecio andino, con mayor índice de pobreza: Huancavelica, Puno y Apurímac.
En las elecciones del 17 de junio de 1956, la mujer peruana pudo ejercer su derecho al sufragio por primera vez. En aquella ocasión salió electo Manuel Prado Ugarteche del Movimiento Democrático Pradista, con el 45% de los votos (Tuesta, 2001, 595)
Cuadro N° 3Elecciones Presidenciales 1956
Candidato Agrupación Votos %
Manuel Prado Movimiento Democrático 567,713 45Ugarteche Pradista Fernando Belaúnde Frente de Juventudes 457,966 37Terry Democráticas Hernando de Lavalle Unión Nacional / 222,619 18Vargas Concordia Democrática Votos válidos 1’248,298 94Votos nulos y en blanco 75,931 6Votos emitidos 1’324,229 84Ausentismo 251,512 16Total inscritos 1’575,741 100
Fuente: Perú Político en Cifras; Tuesta Soldevilla, Fernando; Fundación Friedrich Ebert; Tercera
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Elecciones generales de 1956
De 1956 al 2002 la participación de la mujer en los procesos electorales se ha incrementado de 34% a 49.7%, según los registros de la ONPE. De acuerdo al último Padrón Electoral emitido por el RENIEC para las elecciones de revocatorias de autoridades municipales del presente año, la población electoral asciende a 15 millones 923 mil 264, de los cuales, 7 millones 982 mil 622 (50.1%) son mujeres mientras que 7 millones 940 mil 642 son varones (49.8%).
El ejercicio por parte de las mujeres de su ciudadanía y de sus derechos políticos es un factor importante en el proceso político peruano. La democracia representativa, el derecho de elegir y ser elegido o elegida, se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. Esta participación se realiza con mucha dificultad, pues las mujeres tienen que vencer resistencias, prejuicios y estereotipos sociales y culturales que las relegan al ámbito privado, doméstico. La equidad de género, se vuelve entonces, un valor fundamental que fortalece la democracia, y favorece la participación de otros grupos excluidos: jóvenes, minusválidos, minorías étnicas y, en general, las comunidades pobres que forman la mayoría de nuestra población.
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50 años de participación
política de la mujer
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Al inicio de los años sesenta, el cuadro político se encontraba en un proceso de modificación debido a los cambios económicos y sociales que se estaban operando en la sociedad peruana. Uno de los rasgos más saltantes fue la participación en la política del país de las mujeres y de las clases medias del país. En los sectores populares, las organizaciones y movimientos sociales también se encontraban en un momento de auge y crecimiento.
En el plano internacional, se produce la revolución cubana encabezada por Fidel Castro, lo que tiene un fuerte impacto en casi todos los países latinoamericanos. El presidente Kennedy instaló la "Alianza para el Progreso" como mecanismo de respuesta a la revolución cubana. De 1964 en adelante se suceden en América del Sur una serie de gobiernos dictatoriales, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Perú.
En el Perú, la consagración del sufragio universal, incluyendo a los analfabetos en la Constitución de 1979, fue otro hito y un importante avance en el proceso de democratización de la sociedad peruana que favoreció particularmente a la mujer, si tenemos en cuenta que los mayores índices de analfabetismo se hallan en las mujeres.
50 años de participación política de la mujer
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La crisis económica10 de fines de los setenta, que se prolonga durante toda la década de los ochenta, tuvo un enorme impacto en la población y muy en particular en las mujeres, quienes comienzan a adoptar algunas estrategias de sobrevivencia. Esto generó un nuevo escenario con nuevos roles asumidos por las mujeres en el espacio público. También marcó un proceso de cambios estructurales, produciéndose en el Perú una transformación de la relación del Estado con las mujeres, se inauguran nuevos mecanismos de participación social y se otorga un status jurídico a las organizaciones femeninas. Si en los años setenta hay un renacer de las mujeres como actor colectivo, en los años ochenta su presencia en el escenario social y político es permanente.
Los Comedores Populares, creados en los años setenta para solidaria y colectivamente aliviar el hambre de las familias más pobres de Lima y Callao, se constituyen en la salvación de miles de familias empobrecidas súbitamente por el llamado Fujishock de 1990. Los iniciales 220 comedores de los años setenta pasan a ser 7,030. Los Comités del Vaso de Leche, creadas en 1984 por la Municipalidad Provincial de Lima para atender a la niñez y madres gestantes, también alcanzan dimensión nacional.
Igualmente, en los distritos más populosos de Lima, surgen otro tipo de organizaciones de mujeres como la Federación Popular de Mujeres de Villa el Salvador (FEPOMUVES), que aglutina a
10 Esta crisis se caracterizó por el aumento del desempleo, las altas tasas de inflación, los bajos niveles de inversión, el sobreendeudamiento externo y las enormes desventajas en la competitividad de los productos nacionales en el mercado internacional; lo que llevó al país a tomar medidas de ajuste en el ámbito macroeconómico, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, con enormes repercusiones sociales. Todo lo cual se agudizo con el surgimiento de los movimientos terroristas.
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diversas organizaciones de mujeres. En 1983 agrupaba a 10,000 mujeres y su dirigenta María Elena Moyano llegó a ser Teniente Alcaldesa de Villa el Salvador, lideresa asesinada por Sendero Luminoso en 1992.
Por esos años, la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán del distrito de Ate Vitarte, el mayor asentamiento humano del país con aproximadamente 60 mil pobladores, elige como Presidenta a la señora Pascuala Rosado, lideresa que también fue asesinada por Sendero Luminoso en 1994.
Si bien no se dispone de datos sobre la evolución de las asociaciones de mujeres campesinas en la Confederación de Campesinos del Perú (CCP), se conoce que en 1987 se celebró la Primera Asamblea Nacional de la Mujer Campesina, y que estos grupos han ido en aumento. En la Confederación Nacional Agraria (CNA), las mujeres desempeñan funciones cada vez más importantes, aunque siguen constituyendo una minoría entre los miembros y el personal directivo. En 1988 se creo en la CNA una Secretaría de Asuntos Femeninos. En los años noventa ha aumentado el número de organizaciones independientes de mujeres campesinas11.
Mujeres en el Parlamento
La inclusión de las mujeres en el parlamento es condición para la consolidación democrática, aunque el avance es lento como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
11 Molvina Cevallos. Punto Focal de Género, ALOP Lima, marzo 2005
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Cuadro Nº 4Mujeres en el Parlamento Peruano
Año Tipo de Sistema Distrito Mujeres Observaciones Congreso Electoral Electoral Electas
1956 Bicameral Proporcional 54 senadores con lista Múltiple 1 senadora (2%) 182 diputados incompleta 7 Diputadas (3%) 1963 Bicameral Proporcional 45 senadores con lista Múltiple 2 diputadas (1%) 139 diputados incompleta 1978 Asamblea Proporcional Constituyente con cifra Único 2 constituyentes (2%) 100 constituyentes repartidora 1980 Bicameral Proporcional 60 senadores con cifra Mixto 2 senadoras (3%) 180 diputados repartidora 13 diputadas (6%) 1985 Bicameral Proporcional 60 senadores con cifra Mixto 3 senadoras (5%) 180 diputados repartidora 10 diputadas (5%) 1990 Bicameral Proporcional 4 senadoras (6%) 62 senadores con cifra Mixto 12 diputadas (7%) 180 diputados repartidora 1992 C. Constituyente Proporcional 7 constiuyentes (9%) Democrático con cifra Único 80 constituyentes repartidora 1995 Unicameral Proporcional Único 13 congresistas (11%) 120 congresistas con cifra repartidora 2000 Unicameral Proporcional Único 26 congresistas (22%) 120 congresistas con cifra repartidora 2001 Unicameral Proporcional Múltiple 22 congresistas (18%) 120 congresistas con cifra repartidora
Fuente: Jurado Nacional de EleccionesElaboración: Programa Derecho a la Participación Política y Ciudadanía, del Movimiento Manuela Ramos. Abril, 2003
Primera elección luego de ser reconocido el derecho de las mujeres al sufragio.
Votarán por primera vez los analfabetos. Se incorpora por primera vez los símbolos de las agrupaciones en la cédula de votación.
Se aplica por primera vez el doble voto preferencial. Asume doble función: constituyente y legislativo. Se aplica cuota del 25% Se aplica cuota del 30%
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En 1956, fueron electas seis del interior del país y dos diputadas limeñas, correspondiendo seis al partido de Manuel Prado, dos al APRA y una a Acción Popular.
La segunda representación parlamentaria disminuyó ostensiblemente en el Congreso de 1963 con sólo dos mujeres reelegidas. Una de ellas la aprista María de Gotuzzo por La Libertad y la belaundista Matilde Pérez Palacio por Lima. Igual número tuvo la representación femenina en la Constituyente de 1978.
En 1995 el porcentaje de mujeres electas fue de 11%. En junio de 1997, el Congreso peruano adoptó por unanimidad una ley de cuotas12 que contó con el respaldo del Presidente Fujimori, cuya aplicación tuvo resultados positivos para las elecciones municipales. Para el período de 1995-1998, fueron elegidos regidores el 92% de varones y el 8% de mujeres. Para el período de 1999-2002, se incrementó a 24% el número de mujeres regidoras. En las elecciones del 2000 la mujer alcanzó su máximo nivel de incorporación con un 22% de representantes en el Congreso, reduciéndose en 4% su presencia en la presente legislatura. De los 120 cargos congresales actuales, 22 son ocupados por mujeres, lo que representa el 18,3% del total.
12 El sistema de cuotas es un mecanismo de discriminación positiva a favor de las mujeres, que tiene como finalidad garantizar la equidad en el acceso a los cargos públicos sin que ningún sexo quede marginado de la vida política. El sistema de cuotas determina un porcentaje o número de miembros de un órgano, lista de candidatos, congreso, gobierno u otro que debe estar integrado por el sexo minoritario.
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1980* 1985* 1990* 1992* 1995* 2000* 2001*
6.3%5.4% 5.8%
8.8%10.8%
27.7%
18.3%
Porcentaje de participación de la mujer peruana en el poder legislativo
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones Elaboración: Movimiento Manuela Ramos *Los porcentajes incluyen representantes de ambas cámaras.
Otro aspecto de análisis, es la participación de las congresistas en la Mesa Directiva del Congreso. Una revisión de los datos permite apreciar una muy escasa participación de las mujeres en las instancias directivas del parlamento con un retroceso en las directivas de las comisiones de trabajo. En el actual Congreso, sólo en una oportunidad la Mesa Directiva ha estado integrada por una mujer, la congresista Mercedes Cabanillas. En cuanto a las Comisiones, de las 24 sólo dos estuvieron presididas por mujeres en este período, Mujer y Desarrollo Social, y Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura.
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Cuadro Nº 5Composición de la Mesa Directiva del
Congreso de la República
Cargo
Período anual de sesiones 2001-2002 2002-2003 2003-2004
Presidencia Carlos Ferrero Carlos Ferrero Henry Pease Costa (PP) Costa (PP) Garcia (PP)1ra. Vice- Henry Pease Jesús Alvarado Marciano Rengifopresidencia García (PP) Hidalgo Ruíz (PP)2da. Vice- Jorge del Castillo Mercedes Pedro Morales presidencia (APRA) Cabanilllas (APRA) Mansilla (UDP)3ra. Vice- Xavier Barrón Hildebrando Carlos Infantas presidencia Cebreros (UN) Tapia (UN) Fernández (FIM)4ta. Vice- Javier Diez Natale Amprimo Carlos Ramos presidencia Canseco (UDP) Plá (SP) Loayza (GDP)5ta. Vice- Luis Iberico Gustavo Pacheco Edgar Villanueva presidencia Nuñez (FIM) Villar (FIM) Nuñez (PA)
2002-2003 (1) 2003-2004 (2) CARGOS Hombre Mujer Hombre Mujer Num. % Num. % Num. % Num. %
Presidencia 22 79 6 21 22 92 2 8Vicepresidencia 21 75 7 25 17 71 7 29Secretaria 23 82 5 18 19 79 5 21
Cuadro Nº 6Directivas de Comisiones Ordinarias por sexo
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Según el doctor Richard Martland, con datos obtenidos de la Unión Interparlamentaria, en el ámbito mundial las mujeres ocupan el 15.3% en los parlamentos nacionales y en ningún país las mujeres tienen mayoría de las curules. Es en los países nórdicos donde la representación femenina es más importante, aunque en ningún caso supera el tercio.
Costa Rica tiene 35,1% de parlamentarias y Argentina se ubica muy cerca de los primeros puestos de la lista. El Perú ocupa el número 48 de la lista, sobre el promedio mundial.
Mujeres en los Consejos Regionales
En las elecciones regionales del 17 de noviembre de 2003, el resultado fue el siguiente: de las 25 presidencias regionales, las mujeres obtuvieron 3, lo que representa un 12%. Ellas son Luzmila Temple en Huánuco, Cristala Constantinides en Moquegua y Rosa Medina en Tumbes. La vacancia del presidente regional de Apurímac, Luis Beltrán Barra Pacheco, permitió que Rosa Aurora Suárez Aliaga ocupe dicha presidencia regional, subiendo el porcentaje de su participación al 16%.
En cuanto a las vicepresidencias regionales las mujeres ocuparon 4 de los 25 puestos, Rosa Aurora Suárez en Apurímac13, Eufrosina Hilda Santa Maria Rubio en La Libertad, Nery Enni Saldarriaga de Kroll en Lambayeque y Sonia Gleci Frisancho Pacheco en Puno; lo que implica el 16% de representación. Asimismo, se logró el 22.3% de consejerías regionales con 50 consejeras regionales mujeres de las 228 plazas disponibles.
13 Al asumir la presidencia regional será reemplazada por el Sr. Ángel Barrantes Yucra
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Alcaldías Distritales por Sexo 2003-2006
Mujeres en las Municipalidades
Es en los gobiernos locales donde la ausencia de las mujeres es más notoria, como lo muestran las cifras electorales. El porcentaje de mujeres en las alcaldías distritales y provinciales apenas llega al 3%. Mientras que los varones ocupan 1,762 cargos, las mujeres sólo llegan a 54 en el ámbito nacional.
La reducida representación de las mujeres guarda relación con factores de pobreza y exclusión social, característicos de las zonas rurales que afectan sobre todo a las mujeres, se constituye en un obstáculo para el pleno ejercicio de sus derechos políticos.
Porcentaje de participación por género en las alcaldías distritales 2003-2006
Fuente: ONPE
varones mujeres
Alcaldías Distritales Regidurías Distritales
100908070605040302010
0
26.81
73.1996.98
3.02
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En resumen, pese a ser la mitad de la población electoral14, no ha sido elegida ninguna presidenta ni vicepresidenta de la República en el país, aunque sí dos Presidentas del Congreso y una Primera Ministra. Cabe mencionar, que en 1987, durante la presidencia de Alan García, se eligieron a las primeras ministras mujeres: Mercedes Cabanillas e Ilda Urízar. Asimismo, Lima sólo ha tenido una alcaldesa, Anita Fernandini de Naranjo, no por elección sino por designación.
Cuadro Nº 7Participación política de la mujer en el Perú
para el periodo 2003 –2006
14 Hay que remarcar que en el año 2001, las electoras hábiles representaban el 50% de la población electoral, es decir unas 7 millones 487,868 electoras. (ONPE 2001).
Cargo Mujeres Hombres Total Porcentaje de Mujeres
Congreso 22 98 120 18.33Presidencias de gobiernos regionales 3 22 25 12.00Vicepresidencias de gobiernos regionales 4 21 25 16.00Consejerías de gobiernos regionales 50 178 228 21.93Alcaldías provinciales 5 189 194 2.58Regidurías provinciales 395 1,284 1,679 23.53Alcaldías distritales 49 1,573 1,622 3.02Regidurías distritales 2,287 6,242 8,529 26.81Total 2,815 9,607 12,422 22.66
Fuente: Jurado Nacional de EleccionesElaboración: Movimiento Manuela Ramos
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Mujeres en los Partidos Políticos
La situación de la mujer en los partidos políticos, no es muy diferente, su postulación y elección para cargos públicos y su presencia en la dirección de los partidos es mínima. Aún sigue vigente una cultura política, que discrimina a las mujeres: horarios incompatibles con la vida familiar, mecanismos de competencia, agresividad, prejuicios, factores que las llevan a ocupar un lugar marginal desde el cual sólo se les delega la realización de tareas asistenciales, de tipo inmediato y cotidiano, y se las excluye de la planificación a largo plazo y de la negociación.
La mayor participación de la mujer en los partidos la tiene el APRA con 22.7%, seguida de Acción Popular con 20%, el Partido Popular Cristiano con 16.6%, Perú Posible con 15%, Somos Perú con 12.5%, Frente Independiente Moralizador con 11.1%. (Revista Cuarto Femenino. Enero del 2004).
Cuadro Nº 8Mujeres en directivas nacionales de partidos políticos
para el año de 1990
Partido Ambos Sexos Mujeres %m/t
Partido Aprista Peruano 4 1 25,0 %Izquierda Unida 6 0 0,0 %Frente Nacional de Trabajadores Campesinos 20 3 15,0 %Cambio Noventa-Nueva Mayoría 5 0 0,0 %
Fuente: Mujeres Latinoamericanas en cifras, FLACSO
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Acciones Afirmativas
Para alcanzar el reto de elevar los niveles de participación femenina es esencial contar con políticas afirmativas, que conlleven a su inclusión en todos los niveles y espacios de la sociedad, a fin de garantizar a las mujeres el acceso y la plena participación en las estructuras de poder y toma de decisiones, en igualdad de condiciones que los hombres.
En los años 90, las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en los cargos públicos con la Ley de Cuotas. Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos, promoviendo su derecho a ser electas, a participar activamente en la toma de decisiones que afectan centralmente sus vidas, la democracia y la sociedad. Así, el 31% de los cargos de responsabilidad en la administración pública fueron ocupados por mujeres: 45% en el Ministerio del Trabajo y Promoción Social, 41% en el Ministerio de Justicia y 39% en el Ministerio de Economía y Finanzas (PROMUDEH 1997). Se tuvo mujeres al frente de dos ministerios, seis viceministerios, tres importantes servicios públicos, un programa de créditos a la microempresa y un proyecto de reforma del estado elaborado por tres mujeres (Blondet 1997).
Mujeres en las zonas rurales
Las mujeres rurales soportan un mayor grado de exclusión y desventaja frente a las posibilidades de desarrollo. La tasa de analfabetismo se duplica en el campo lo que se traduce en falta de oportunidades y en profundas inequidades para este grupo poblacional. La situación de pobreza o de extrema pobreza en que se encuentran gran parte de ellas, tiene que ver con un menor
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acceso a la propiedad, a los créditos y a la asistencia técnica. Además han tenido que sufrir en mayor grado las consecuencias del conflicto armado, el desplazamiento y, la violencia intrafamiliar.
Limitaciones
Uno de los primeros factores, que limitan el pleno ejercicio de los derechos políticos de la mujer, se encuentra en la propia construcción social del género y rol femenino: su labor multifacética como trabajadora, profesional, ama de casa y madre de familia que tiene que estar pendiente de su hogar. Otra variable en contra es la propia estructura de la sociedad y la forma en que distribuye el poder, el status y los recursos de manera desigual entre hombres y mujeres.
Otro obstáculo, en especial de las zonas rurales y urbano marginales, es la situación de indocumentación. Según el censo de 1996, del total de mujeres de 16 a 49 años de edad, el 5,2%, es decir, aproximadamente 312 mil, no cuentan con un documento de identificación (partida de nacimiento, libreta militar, libreta electoral, etc). El mayor porcentaje de mujeres indocumentadas reside en el área rural (53,1%). El trabajo de campo, realizado por el Centro Flora Tristán15 en Arequipa, Cajamarca y Piura en el 2003, evidenció que cerca del 48% de mujeres rurales no tenían Partida de Nacimiento y en promedio el 82% no tenía Libreta Militar (LM). Esto las ha inhabilitado para elegir, ser elegidas y acceder a recursos productivos e incluso de ser titular de sus tierras.
15 En el 2003 - 2004, el Programa de Desarrollo Rural del Centro Flora Tristán asume el reto de promover los derechos ciudadanos de las mujeres rurales y su derecho a la identidad en seis regiones del país: Arequipa, Cajamarca, Piura, Puno, Cuzco y Huancavelica.
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Durante las elecciones regionales y municipales de 2002, la ONPE implementó un proyecto de educación electoral para promover la participación de mujeres rurales y de zonas urbano marginales, apoyada por la Agencia Internacional de Desarrollo de EEUU (USAID).
En los talleres desarrollados en zonas rurales pobres participaron 331,880 mujeres, de las cuales 10,800 fueron capacitadas en su lengua nativa.
En agosto del 2004, la ley 28316 que elimina la Libreta Militar como requisito obligatorio para la obtención del DNI, en solo seis provincias de dos regiones del país (Piura y Cajamarca), ha posibilitado la documentación directa de cerca de veinte mil mujeres y varones de las zonas rurales más pobres, con desplazamientos y registro in situ, por el Registro Nacional de Identidad (RENIEC). 50
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IV.
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El Estado Peruano moderno y contemporáneo no se circunscribe sólo al tradicional aparato público, denominado sector público, sino que se extiende a la sociedad civil. A la base de este concepto, se encuentra la consideración del Estado como representación de los intereses de todos los peruanos y las peruanas.
El aparato estatal tiene competencias precisas para la gestión pública y política desde el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos descentralizados y reguladores. Asimismo, la administración pública está formada por el conjunto de servidores y funcionarios de confianza que son los ejecutores finales de las acciones del Estado.
Es desde esta perspectiva, de la gestión política orientada por las normas establecidas en la Constitución Política y las Leyes, que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y el Vice Ministerio
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de la Mujer a través de su órgano de línea la Dirección General de la Mujer reflexiona el Quincuagésimo Aniversario del Voto Femenino.
¿En qué contexto histórico social y demográfico se ha ejercido el voto femenino a lo largo del siglo veinte?
El proceso histórico de incorporación de la mujer a la esfera pública laboral, fue la derrota de los prejuicios sociales con que la había perseguido la idea generalizada de la supuesta "inferioridad femenina" para desempeñarse en actividades ajenas al hogar y la familia.
Las mujeres de sectores populares como algunas mujeres de clases altas y medias, articulaban el trabajo con el cuidado de su numerosa familia, formada por más de 10 hijos.
Los registros históricos informan que muchas mujeres de la época fueron esposas, hijas, parientes y familiares de los obreros protagonistas del movimiento sindical peruano. Fue desde ese parentesco de familiares solidarias, como de trabajadoras que la población femenina participó en las primeras huelgas sindicales, como la defensa de la jornada de las 8 horas de trabajo en 1918. Lo mismo sucedió, en las luchas de Huacho y Vitarte como en la Huelga General contra el alza del costo de vida en 1919. En ese momento, el Comité Femenino Pro – Abaratamiento de las subsistencias estuvo formado por obreras, comerciantes y también, por amas de casa que pidieron el abaratamiento del costo de vida como de los alquileres. Las mujeres de la época, supieron imponer sus demandas derivadas de su rol reproductor doméstico, rebasando los intereses de los movimientos sindicalizados.
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Por otro lado, las pocas mujeres profesionales de entonces, fueron herederas de las escritoras contestatarias del siglo XIX especialmente de la prolífica generación de 1870, entre ellas Clorinda Matto de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa Gonzáles de Fanning, Elvira García y García, quienes consideraban la educación, factor fundamental del progreso de todas las mujeres.
María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres representaron a la población femenina culta, limeña, perteneciente a las clases altas y medias, que se asociaron con las obreras vinculadas al mutualismo y al anarcosindicalismo para orientar la actividad gremial hacia las acciones pedagógicas, culturales y artísticas. De esta manera, fundaron centros culturales y bibliotecas obreras en Lima y provincias.
La convergencia entre el pensamiento ilustrado de las sufragistas feministas y el anarco sindicalismo de las obreras, fue posible debido a que ambos proyectos libertarios abogaron por la educación femenina laica y postularon la "libertad e igualdad entre los sexos". Así como, sintonizaron con la lucha por la emancipación social de las mujeres que se desarrollaba en Europa y Estados Unidos.
Las sufragistas feministas sostuvieron que la supuesta inferioridad femenina se basaba en causas históricas y sociales, y, dado que el Estado era el ordenador de las relaciones sociales y representante del poder formal debía atender la demanda de educación y trabajo para las mujeres, ya que había un principio fundamental "de igualdad de la potencialidad mental y de la habilidad para el trabajo del hombre y de la mujer". Así, la mujer se convertía en
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sujeto activo del progreso y de la integración nacional. Era lógico entonces que exigieran la igualdad de derechos civiles y políticos para las mujeres, y que, una de sus demandas fuera el derecho al sufragio femenino y a la ocupación de cargos públicos.
El debate político ocurrido en 1930 y en 1950 para incorporar los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres refleja la dualidad de la sociedad moderna peruana expresada en la separación de la esfera pública (asuntos públicos, Estado a cargo de los varones) y privada (familia a cargo de las mujeres). La mentalidad de la época afirmaba que "el hombre es para la calle y la mujer para la casa". Este sentido común se expresó en la norma jurídica de la época. La Carta Política, consideraba sólo al hombre como ciudadano por ser el pater familis. Por ello, la mujer no era considerada sujeto de derechos del contrato social, negando la presencia femenina en la generación de riqueza para el país. Este debate demostró que ni el Estado ni las políticas son neutrales sino que reflejan y reproducen valores y normas vigentes en la sociedad incluyendo las percepciones acerca de lo femenino y lo masculino.
A mitad del siglo XX, el Perú pasó de un país rural y de lento crecimiento demográfico a convertirse en una sociedad predomi-nantemente urbana debido a los intensos flujos migratorios internos hacia Lima. Este crecimiento estaría relacionado con la transición demográfica, la evolución de la cobertura educativa y las repetidas crisis económicas que se vinieron produciendo en el país.
A fines del siglo XX, el Perú tenía definitivamente un rostro urbano. Los flujos migratorios internos se desplazaron a las ciudades intermedias del litoral costeño como a las zonas de colonización
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en la selva. En 1993 teníamos 22,5 millones de habitantes y 25,7 millones en el 2005.
El patrón reproductivo de las mujeres en edad fértil muestra un tendencia declinante. Hasta 1950 las peruanas tuvieron 6.9 hijos por mujer, a partir de 1988 fue de 4.4 hijos por mujer, y de 1997 al 2000 fue de 2.4 hijos por mujer. Sin embargo, el promedio nacional oculta las diferencias de fecundidad entre regiones y áreas urbanas y rurales, aunque da cuenta de un mayor acceso a los métodos anticonceptivos modernos por parte de algunos segmentos de la población femenina (1991 fue declarado el Año de la Planificación Familiar). En el 2000, la mortalidad materna era de 185 mil por cada 100 mil nacidos vivos debido a causas asociadas a la carencia de controles prenatales.
A nivel educativo, es oportuno señalar, que a pesar del incremento del grado de escolaridad femenina en los últimos años, ello no ha significado que las mujeres accedan a más y mejores empleos en comparación con sus pares masculinos.
Durante los años ochenta y noventa, con el conflicto armado interno, las mujeres rurales andinas y de la selva amazónica fueron víctimas de asesinatos indiscriminados y estuvieron sometidas a un régimen de terror y opresión. La violencia sexual fue ejercida con el fin de obligar a la mujer a autoinculparse o como una demostración del poder masculino sobre ellas o frente a los varones de la misma población. Como parte de la población civil, eran víctimas de las organizaciones subversiva o eran acusadas de colaborar con la subversión por los miembros de las Fuerzas Armadas. Al sufrir la desaparición y muerte de sus esposos, hijos, padres y hermanos, se hicieron cargo de la búsqueda, denuncias
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y reclamo de justicia para sus familiares y tuvieron que procurar la sobrevivencia de sus familias sin recursos económicos y en condiciones de desarraigo cultural y estigmatización social.
Las organizaciones feministas estuvieron activas desde los ochenta, inicialmente de militancias de izquierda se vincularon a las mujeres de sectores populares, concientizándolas en sus derechos y demandas femeninas. También colaboraron con las organizaciones sindicales en la elaboración de Planes de Igualdad de Oportunidades entre obreros y obreras con apoyo de la cooperación internacional.
Las organizaciones feministas de mujeres se institucionalizaron en organismos no gubernamentales y se dedicaron a una prolífica producción editorial, así como, a la ejecución de proyectos orientados al desarrollo de las mujeres. Promovieron en la comunidad académica los estudios de género, diplomados y maestrías sobre las relaciones asimétricas de poder entre las mujeres y los hombres. Algunas se involucraron en la gestión estatal en temas de género y derechos de las mujeres buscando institucionalizar el tema de género como política de estado.
En los años noventa y 2000, la incidencia de la pobreza ha provocado que un mayor número de miembros de la familia se incorpore al mercado de trabajo para la subsistencia del grupo familiar, convirtiéndose un 30% de ellas en jefas de hogar, muchas de ellas eligiendo como salida a sus problemas económicos la migración laboral hacia Japón, Estados Unidos, España, Italia, Chile, Venezuela, Argentina, Ecuador, entre otros. De cada tres mujeres trabajadoras, una es vendedora de comercio ambulatorio,
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el 18% son profesionales y técnicas, 15% trabajadoras de servicios y el 12.5% trabajadoras del hogar. La concentración de la ocupación femenina en el sector informal y en los empleos precarios las excluye de los sistemas de seguridad social así como de los sistemas provisionales. Asimismo, las mujeres están más expuestas al subempleo tanto por ingresos como por horas trabajadas que los varones.
La lucha contra la pobreza y las sucesivas crisis económicas del país han empujado a las mujeres populares a salir del ámbito doméstico para liderar en el ámbito público la gestión social de sus organizaciones y cubrir con su voluntariado el aporte del que el varón desempleado era incapaz de cubrir en el hogar. Sin embargo, estos logros son más urbanos que rurales. En las áreas rurales alto andinas y amazónicas, persisten mentalidades y prácticas que dificultan la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones y la equidad entre géneros.
A fines como al inicio del siglo veinte, las mujeres de sectores populares y las mujeres de sectores medios se han aliado para demandar al Estado por la igualdad ciudadana y la ampliación de sus derechos políticos y sociales.
¿Qué ha realizado el Estado para fortalecer la ciudadanía de las mujeres?
El Estado Peruano ha formalizado los derechos políticos de las mujeres a través de la normatividad jurídica. También ha institucionalizado la perspectiva de género, asumiendo el enfoque de derechos de las mujeres para la igualdad ciudadana femenina.
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Al respecto, el Estado ha firmado Tratados Internacionales a favor del adelanto de las mujeres, contribuyendo a consolidar los derechos políticos y civiles de las mujeres y la eliminación de toda forma de discriminación hacia ellas. El Perú, es uno de los países de la región que tiene aprobado y en ejercicio el sistema de cuota de género como mecanismo de promoción de la participación femenina en la política del país.
Como se menciona en capítulos anteriores, la igualdad de derechos ciudadanos de las mujeres peruanas se logró el 5 de setiembre de 1955 mediante la Ley N° 12391, luego la Constitución Política de 1979 garantizó la igualdad en derechos políticos a mujeres y varones. Esto ha permitido que más de la mitad de mujeres rurales y cerca de la cuarta parte del total de mujeres del país se integre por primera vez a los procesos de ejercicio ciudadano sin limitarles el voto por aspectos como el analfabetismo y el estado civil.
En los años noventa, la Constitución Política de 1993 reconoce el derecho a la igualdad ante la ley, y como consecuencia la no discriminación por motivo de sexo.
Art.2. Inc.2º. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole.
El Anexo 1 de la presente publicación contiene una relación de la normatividad vigente para el adelanto de las mujeres.
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Asimismo, es bueno resaltar que tanto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), han participado activamente en la reforma del código electoral y cumplen actualmente importante labor en la educación del electorado, habiendo incorporado el enfoque de género en los últimos años. ¿Cómo se explicaría la subrepresentación femenina en política?
Si bien hay avances de las mujeres en el ámbito público respecto a los inicios del siglo veinte, todavía se constata subrepresentación femenina en la actividad política en este Siglo XXI.
Los registros estadísticos oficiales así como los electorales al ser analizados por género, demuestran que de 1955 al 2005 la participación política femenina ha sido de emisión del voto más que de ser elegidas. Esto se evidencia en la irregularidad del número de representantes femeninas en los diversos niveles de la gestión política y pública del Estado a diferencia de sus pares masculinos, quienes han tenido una presencia política constante en la representación nacional, regional o local, así como, en los niveles de toma de decisiones del Poder Ejecutivo.
Si bien la participación política está asociada a la democracia, derechos y ciudadanía, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social han afectado el ejercicio democrático de ciudadanía. En el caso particular de las mujeres las desigualdades son de tipo cruzado, es decir sociales (pobreza), éticas y raciales, etáreas, por discapacidad, por residir en áreas rurales y por género. Este
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conjunto de discriminaciones también influye en la representación política femenina. Para el caso de las mujeres pobres la exclusiva responsabilidad de la crianza de los hijos y de las tareas domésticas es una fuerte barrera para la actividad ciudadana y política.
Durante cincuenta años la mujer ha limitado sus derechos ciudadanos al ejercicio del voto, porque la mayoría de mujeres han estado confinadas al ámbito privado doméstico y de las responsabilidades familiares exclusivas, el que se presenta antagónico al ámbito público de las responsabilidades políticas. La socialización de las mujeres ha estado –y está– orientada hacia los afectos antes que a la despersonalización racional propia de la masculinización.
La subjetividad femenina ha internalizado la secular división sexual del trabajo, pese a los avances contemporáneos. A este fenómeno, se le conoce como el techo de cristal, hace referencia a la internalización de las jerarquías patriarcales en la mente y en las dimensiones irracionales y emocionales de las mujeres, lo que luego se transforma en limitaciones subjetivas para asumir cargos profesionales o responsabilidades de toma de decisiones políticas por considerar el cuidado del hogar y la familia como exclusiva responsabilidad. Esta mentalidad atrapa todavía a muchas mujeres con probadas capacidades de liderazgo. Las mentalidades son procesos culturales lentos en relación a la dinámica de las prácticas sociales.
La dicotomía entre lo privado y lo público, mantiene a las mujeres como únicas responsables del cuidado de los niños, los enfermos y los adultos mayores, desestimando la corresponsabilidad
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familiar con el varón, la misma que de ser atendida permitiría que las mujeres participaran en los espacios públicos de la política.
No todo es negativo, el ejercicio de ciudadanía activa está permitiendo a las mujeres dirigentas, fortalecer su liderazgo y empoderarse para participar en los escenarios políticos formales. Se crean nuevos espacios democráticos en la esfera pública desafiando las relaciones asimétricas de poder en su hogar.
El Estado Peruano desde su surgimiento ha evidenciado una aparente contradicción en su expresión legislativa, la que a pesar de sustentarse en los fundamentos de libertad e igualdad para conceptuar la ciudadanía, excluye socialmente a las mujeres como sujetos de ciudadanía y de derechos.
La ciudadanía política se refiere a la ciudadanía con derechos a ser miembro del cuerpo político y participante en los asuntos públicos, sin embargo, hasta 1984, fecha en que aprueba el código civil peruano, las mujeres debían ser representadas en lo público legal o social por un varón, padre, marido, hermano o hijo. Esta es una forma de exclusión social y cultural de género. En el Perú, todavía tenemos rezagos de la influencia del Código Civil napoleónico, en el se establece la subordinación legal femenina al varón como cabeza de familia, quien debe proteger a la esposa, ser su proveedor y representante público.
Es necesario enfatizar que los derechos políticos y ciudadanos no son posibles sin la ampliación de los derechos sociales, económicos y culturales, de la profundización de la democracia
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y la democratización de las relaciones entre los géneros. A lo largo del siglo veinte, hemos asistido a los hechos jurídicos del reconocimiento de los derechos de las mujeres como sujetos activos de ciudadanía pero ese reconocimiento también ha puesto de relieve que un acceso formal no es suficiente, porque es parte de desigualdades previas en las relaciones sociales entre los sexos. Así, no hay un ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres.
Desde esa perspectiva, es posible entender que la participación de las mujer en los partidos políticos, se ha basado en los estereotipos sociales y en el sistema patriarcal predominante en las mentalidades y en la cultura. Es conocido que diversos partidos políticos modernos han asignado a las militancias femenina a las secretarías de la mujer, de bienestar social o de tesorería antes que a los comités políticos encargados de la orientación política partidaria o que han desarrollado sus actividades de acuerdo a los horarios masculinos sin considerar los roles reproductivos de las mujeres con familia. También, se tiene conocimiento de la discriminación de género hacia las militantes femeninas para ser elegidas internamente como candidatas en las campañas electorales, con acceso equitativo a la asignación de recursos económicos del partido para lograr una campaña exitosa.
La ausencia de democracia interna y de apoyo financiero con equidad de género ha sido recogido correctivamente en la Ley de Partidos Políticos.
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Desafíos Pendientes
Aunque resulte paradójico mencionarlo, han sido los gobiernos autoritarios16 los que han dado mayor respaldo al posicionamiento de las mujeres aunque sin llegar a resolver la exclusión social de la población femenina para un ejercicio de ciudadanía plena. Toca a los gobiernos democráticos resolver las desigualdades sociales y de género, a través de políticas que sean inclusivas para las mujeres.
También es evidente que la armonización del ámbito privado con el público plantea desafíos en el campo de los valores y los comportamientos, y que se requiere de políticas públicas que favorezcan las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres para el ejercicio real e integral de los derechos humanos de las mujeres.
Por ello, si bien la agenda pública del Estado prioriza la lucha contra la pobreza, gobernabilidad y ciudadanía, sabemos que estos temas no son ajenos a los intereses de la población femenina. Además, la construcción de políticas públicas de género no es tarea exclusiva del Estado, sino que compromete al colectivo de mujeres como a la sociedad en su conjunto.
El Estado Peruano debería reconocer que opera con un conjunto de restricciones que pueden actuar en el mismo sentido o en contradicción con la equidad de género. La política económica
16 Gobierno Militar del Gral Odría 1955; del Gral. Velasco Alvarado 1975; de la dictadura cívico-militar de A.Fujimori 1995
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puede contradecirse con las propuestas de mejorar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo o la calidad de sus empleos, la política educativa si no disminuye la brecha entre mujeres y varones difícilmente permitirá logros educativos que redunden en mejores oportunidades económicas para las mujeres. Esto es, no siempre las políticas públicas y sociales de carácter general se articulan con propuestas a favor de la equidad de género. El desafío es articular la agenda de género con las Políticas de Estado y las Políticas de Gobierno. No son excluyentes la gobernabilidad, la ciudadanía, la participación política y el género, por el contrario son temas centrales de la consolidación democrática. Con la Reforma del Estado se busca redefinir la relación Estado-sociedad, en la que se tome en cuenta las demandas y propuestas de las mujeres en el diseño de las políticas públicas.
Esta realidad lleva a concluir que se tiene los siguientes desafíos pendientes:
• Articular las políticas públicas de igualdad entre mujeres yhombres y de equidad de género con las políticas de Estado y las políticas de gobierno.
• Fortalecer la transversalización de la perspectiva de géneroen la gestión pública nacional, regional y local, con asignación de presupuesto para la ejecución de planes y programas orientados a este fin.
• Lapromocióndelaplenaciudadaníadelasmujerespasaporresolver los intereses domésticos y reproductivos de las mujeres
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con la profundización de políticas públicas de igualdad, de acción positiva y de políticas paritarias de corresponsabilidad entre varones y mujeres.
• La relación familia-Estado debe ser revisada. Lacorresponsabilidad familiar debe ser promovida para superar las relaciones de desigualdad entre mujeres y varones. Es necesario que el principio de responsabilidad familiar compartida de la crianza, cuidado de los hijos, adultos mayores, enfermos y del trabajo doméstico sea apoyado con la creación de centros de cuidado diurno y no escolarizado para los hijos. Además de servicios de apoyo a las actividades domésticas.
• Noessuficientereivindicarlaigualdadformalentrelossexos.El Estado y la sociedad civil y el colectivo de mujeres deben establecer alianzas estratégicas para pasar de los mecanismos de acción positiva a la ampliación del concepto de democracia paritaria, más cercana a la democracia participativa que a la idea de democracia representativa.
• Reconocer al colectivo autónomo de mujeres organizadascomo interlocutoras legítimas del Estado para los derechos de las mujeres.
• El Estado debe colaborar con la formación política de lasmujeres, asignando cuotas de género para el acceso de la mujer a la toma de decisiones en el nivel ejecutivo sectorial así como en los niveles nacional, regional o local. Así las mujeres podrían adquirir experiencia en la gestión de los asuntos públicos.
• Usodeindicadoresdegéneroenlagestiónpolíticapública.
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• El Estado tiene como desafío garantizar con sanciones laobligatoriedad del cumplimiento de las cuotas de género y las medidas pertinentes establecidas en la reforma del código electoral.
• El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos y laigualdad entre varones y mujeres en el acceso en los bienes económicos, sociales políticos y culturales.
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ANEXO N° 1Marco Normativo
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Políticas de Estado
• Sétima Política de Estado, que propone la erradicación dela violencia, fomentando una cultura de paz a través de una educación y ética pública que incida en el respeto irrestricto de los Derechos Humanos.
• Undécima Primera Política de Estado, establece la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, fortaleciendo la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y concertan con el Estado y la sociedad civil.
Políticas Públicas de Igualdad de Oportunidades sin discriminación
• PlanNacionaldeIgualdaddeOportunidadesentreHombresyMujeres 2000 – 2005, vigente. Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006 – 2010. A cargo de la Dirección General de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES.
• PlanNacionalcontra laViolenciahacia laMujer,2002-2007,implementado por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMDES.
ANEXO N° 1
Marco Normativo
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Políticas de acción positiva
• LeyNº27982,quemodificóelTextoÚnicoOrdenadodelaLeyde Protección frente a la Violencia Familiar;
• Ley Nº 27942 de Prevención y Sanción del HostigamientoSexual;
• Ley de Cuotas electorales. Ley Orgánica de EleccionesGeneralesNº26859modificadaporLeyNº27387;
• Ley 26864 de Elecciones Municipales, 1997. Las listas decandidatos debe estar conformada por no menos de 25% de mujeres y varones;
• LeyNº27683deEleccionesRegionales,2002.Laslistasdecandidatos deben estar conformadas por no menos de un 30% de hombres o mujeres;
• Ley Nº 27558 de Fomento de la Educación de la niña yadolescente rural;
• LeyNº27867,LeyOrgánicadeGobiernosRegionales.Art.6.Establece entre los principios rectores de las políticas y la gestión regional el de inclusión para el desarrollo de políticas regionales sin discriminación (…) por razones de género. En el art. 60 enfatiza en la equidad de género;
• Ley 26300. Ley de los Derechos de Participación y ControlCiudadano,1994. Regula la participación de la ciudadanía en los gobiernos locales;
• LeyNº28094dePartidosPolíticos,establecequeenlaslistasde candidatos para cargos de dirección del partido político como para los candidatos a cargos de elección popular, el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 30% del total de candidatos.
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Políticas de lucha contra la pobreza
• LaEstrategiadeSuperacióndelaPobreza(DSNº002-2003-PCM) ha incluído políticas que contribuirán a reducir la discriminación y las brechas sociales por sexo, incrementar la eficiencia del trabajo femenino y establecer las bases para el desarrollo de la población femenina, de manera tal, que no sólo logre el real reconocimiento social y económico a su esfuerzo, sino fundamentalmente, una mayor inserción en los niveles de decisión en igualdad de condiciones que el hombre.
Políticas de Igualdad de Género en los Gobiernos Regionales
• ElGobiernoRegionaldeTacna,declaradenecesidadsociale interés regional la perspectiva de equidad de género. OrdenanzaRegionalNº038-2004-CR/GobRegTacna.
• Gobierno Regional de Callao. Comisión Regional de laMujer.OrdenanzaRegional Nº 010-2003-RegiónCallao-CR.Conforman la Comisión Especial de la Mujer.
• GobiernoRegionaldeMoquegua.AcuerdoRegionalNº046-2005-CR/GRM. Acuerdan aprobar el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades.
• Gobierno Regional de Ayacucho. Ordenanza Regional Nº 015-2005/GRA. Crean el Instituto Regional de la MujerAyacuchana el Consejo Regional por los Derechos de la niña, niño y adolescente.
• GobiernoRegionaldeLima.OrdenanzaRegionalNº003-2005-CR/RL. Conforman el Consejo Regional de Promoción Social y de Género.
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• Gobierno Regional de Lambayeque. Ordenanza RegionalNº 017-2004. Disponen utilización del lenguaje sensible algénero o lenguaje inclusivo.
• GobiernoRegionaldePasco.OrdenanzaRegionalNº059-2004/ GRP-CR. Aprueban la elaboración del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito del Gobierno Regional de Pasco.
• GobiernoRegionaldeHuánuco.OrdenanzaRegionalNº011-E-2005-CR/GRH. Crean Consejo Regional de la Mujer. OR Nº025-E-2005-CR-GRHapruebanlautilizacióndellenguajeinclusivo en las dependencias del GRH.
• Gobierno Regional de Piura. Ordenanza Regional Nº 041-2004/GRP-CR. Aprueban lineamientos de Política Regional enmateriadelEnfoquedeGénero2004-2006.ORNº042-2004/GRP-CR. Aprueban lineamientos de Política Regional para una Educación en materia de enfoque de género para todas las edades 2004-2006.
• GobiernoRegionaldeIca.OrdenanzaRegionalNº011-2004-GORE-ICA. Aprueban lineamientos de Política Regional en materia de enfoque de género.
• GobiernoRegional deSanMartín.OrdenanzaRegionalNº012-2004-GRSM/CR. Constituyen el Consejo Regional de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor.
• Gobierno Regional de La Libertad. Ordenanza RegionalNº 011-2004-CR/RLL. Aprueban la creación del ConsejoRegional de Promoción de la mujer.
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Compromisos Internacionales adquiridos por el Estado Peruano
El Estado Peruano como Poder Ejecutivo ha suscrito y como Poder Legislativo ha ratificado un conjunto de Tratados Internacionales de carácter vinculante en relación a los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, ha estandarizado el derecho internacional específico de los derechos de las mujeres con la legislación nacional. Así tenemos:• Convenciónsobre losDerechosPolíticosde laMujer, 1952.
Establece el derecho de las mujeres a votar en todas las elecciones y a ser elegibles para todos los organismos públicos electivos.
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas lasFormas de Discriminación Racial, 1965.
• PactoInternacionaldeDerechosCivilesyPolíticos,1966.• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos,1966.• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 1966. Los Estados Parte se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual goce de los derechos económicos, sociales y culturales.
• ConveniosNº 100,111,122,156 yRecomendación 165 de laOrganización Internacional del Trabajo (OIT). Derecho a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, la no discriminación en materia de empleo, política nacional de empleo que promueva la igualdad de oportunidades y de trato y responsabilidades familiares.
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• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas deDiscriminación contra la Mujer, CEDAW 1979. Establece que la expresión discriminación contra la mujer denota toda distinción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, y los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
• Convención sobre los derechos del niño, 1989. Establecela obligatoriedad de la inscripción de niños y niñas inmediatamente después del nacimiento, etc.
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar yErradicar la Violencia contra la Mujer. Belém do Pará, 1994. Define como violencia contra la mujer cualquier acción basada en su género; por tanto los Estados tienen la responsabilidad de castigarla, prevenirla y erradicarla.
• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,1998.Reconoce como crimen de lesa humanidad, la violación sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada ó cualquier otra forma de agresión sexual comparable, así como la esclavitud, el tráfico de personas en especial de mujeres y niños.
• DeclaracióndelMilenio,2000.
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Mecanismos para el Desarrollo de la Mujer
• En 1996, se crea la Defensoría Adjunta de los Derechosde la Mujer de la Defensoría del Pueblo para concentrarse específicamente en los casos de vulneración de los derechos humanos de las mujeres.
• En 1996 crea el Ministerio de Promoción de la Mujer y elDesarrollo Humano (PROMUDEH) encargado de atender las brechas entre mujeres y hombres. Así como de establecer políticas específicas al respecto.
• En1997,seformalaComisióndelaMujerdelCongresodela República, para formular y evaluar proyectos legislativos referente al avance de las mujeres.
• EnelMarcodelaLeydeModernizaciónyReformadelEstadose da la Ley 27779. Ley Orgánica que modifica la organización y funciones de los Ministerios, 2002. En el art. 34.A establece como función del MIMDES la promoción de la equidad de género y la igualdad de oportunidades para la mujer.
• Ley 27793. Ley deOrganización y Funciones delMinisteriode la Mujer y Desarrollo Social, 2002. En el Art.2 señala que el MIMDES formula, aprueba, ejecuta y supervisa las políticas de mujer y desarrollo social promoviendo la equidad de género, es decir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se institucionaliza la tranversalización del enfoque de igualdad y oportunidades, es decir equidad de género, en las regiones y gobiernos locales con la creación de dos direcciones normativas dentro de la Dirección General de la Mujer.
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Crónica del Foro"50 años del voto de la mujer:
Participación política de las mujeres en el Perú"
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El 16 de setiembre 2005, al conmemorarse los 50 años de la ley del voto a la mujer en el Perú y como una forma de renovar nuestro compromiso con la estabilidad y consolidación del sistema democrático y gobernabilidad en el Perú, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en coordinación con la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso de la República, organizó en la Sala Grau del Congreso de la República, el Foro "50 años del voto de la mujer: participación política de las mujeres en el Perú".
Este Foro tuvo como objetivo generar un espacio abierto de reflexión con los partidos políticos sobre el derecho al voto y el proceso de ciudadanía de las peruanas en la vida política.
ANEXO N° 2
Crónica del Foro"50 años del voto de la mujer:
Participación política de las mujeres en el Perú"
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Contó con la participación de la Coordinadora de la Asociación de los Clubes de madres, la FEMOCCPAALC, la Coordinadora Nacional de Clubes de Madres y Comedores Populares, la Coordinadora Metropolitana de los Comités de Vaso de Leche, la Policía Nacional del Perú, Ministerios de Justicia, Pesquería, Salud, Trabajo, MIMDES, Defensa y Educación, Defensoría de la Policía, INDEPA, las Municipalidades de Lima, La Molina, Los Olivos, Ate-Vitarte, Callao y Rímac, las Federaciones de Ayacucho, Lucanas, Satipo, Huancavelica, Cajamarca, CUT, las ONGs FOVIDA, Chirapaq, Filomena Tomayra, RECARE, ANIPAD, CEDIN, Club de Leones, Asociación de Mujeres Cono Norte, por la Cooperación Internacional estuvo ACDI y DED, los Colegios Profesionales de Obstetrices y Abogados, y de las Universidades Federico Villarreal, UNIFE y Científica del Sur.
En el primer panel, expusieron la posición y propuestas de los partidos, la señora Josefa Ramírez del Partido por la Democracia Social – PDS, la señora Aída García Naranjo del Partido Democrático Descentralista – PDD, el señor congresista Jesús Alvarado del Partido Perú Posible - PP, y el señor Congresista José Luis Delgado del Partido Aprista Peruano - APRA. En su desarrollo, se tuvo consenso en impulsar la aprobación de la ley de alternancia de candidatos varones y mujeres en las listas electorales consagrando el principio de la paridad, así como alcanzar el 50% de participación de las mujeres en las cuotas electorales y también promover en el Congreso que el año 2006 se declare "Año del 50 aniversario del ejercicio del voto femenino".
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Durante el diálogo, dirigentas de organizaciones expusieron entre sus demandas que se ponga en la agenda legislativa del 2005, la Ley de partidos políticos, la ampliación de los beneficios para las mujeres en materia de capacitación, la ampliación de la presencia femenina en la franja electoral y la alternancia; la aprobación del proyecto de Ley que incrementa la cuota de equidad de género al 50 %, con el sistema de alternancia en las listas electorales, que se eliminen las trabas para la inscripción al Seguro Integral de Salud.
En el segundo panel, Estado y las Políticas Públicas: Prácticas y Experiencias de Participación Política de las Mujeres, hicieron uso de la palabra, la representante de la ONPE, Luz Marina Vera, quien presentó los distintos proyectos que tienen referente a la promoción del voto tanto de las electoras indígenas y rurales como mecanismos de vigilancia ciudadana; y la representante de la RENIEC, Carmen Velarde, quien presentó el Plan Nacional de Restitución de la identidad – Documentando a los indocumentados, como política de la RENIEC .
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La Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Ana María Romero-Lozada, inaugurando el Foro.
La Congresista Rosa Yanarico, Presidenta de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso, dio las palabras
de bienvenida. La acompaña la Ministra del MIMDES, Sra. Ana María Romero-Lozada y la Viceministra de la Mujer,
Sra. Elizabeth Querol de Arana.
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Primer panel "Ciudadanía de las Mujeres y su implicancia en los Partidos Políticos", Congresista José Luis Delgado Núñez del APRA,
Sra. Josefa Ramírez del PDS, Sra. Russela Zapata Zapata, Directora General de la Mujer del MIMDES,
Sra. Elizabeth Querol de Arana Viceministra de la Mujer, Sra. Aída García Naranjo del PDD, y Sr. Jesús Alvarado Hidalgo de PP.
Segundo panel "El Estado y las Políticas Públicas: Prácticas y Experiencias de Participación Política de las Mujeres". La Dra. Luz Marina
Vera de la ONPE y la Sra. Carmen Velarde de la RENIEC
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Acto de Clausura a cargo del Presidente del Congreso Sr. Marcial Ayaipoma Alvarado, lo acompañan los congresistas José Luis Delgado, Mercedes Cabanillas y Rosa Yanarico, la Viceministra de la Mujer del
MIMDES Elizabeth Querol, señora Luzmila de la Cruz, Presidenta de la Federación de Comedores Populares Autogestionarios de Lima y Callao,
señora Rosa Castillo de la Asociación de Clubes de Madres.
Participantes del Foro, Sala Grau del Congreso de la República.
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